El ahogo a las universidades nacionales pone en riesgo su funcionamiento en el segundo cuatrimestre

La gran mayoría de las universidades públicas del país se encuentran en una situación de emergencia financiera que pone en riesgo la continuidad de su funcionamiento a partir del segundo cuatrimestre de cursada. Es la consecuencia del ajuste en las partidas destinadas al sistema educativo puesto en marcha con la llegada a la presidencia de Javier Milei, quien decidió prorrogar para este año el presupuesto 2023 sin contemplar que la inflación interanual, tomando en cuenta la medición oficial de febrero último, superó el 270%.

Las autoridades universitarias, los gremios que nuclean a los trabajadores docentes y no docentes y las agrupaciones estudiantiles se manifestaron en las últimas tres semanas en contra del recorte presupuestario aplicado por el Gobierno nacional y advirtieron, mediante huelgas y protestas callejeras, las dificultades que padecen para afrontar el pago de los salarios, los servicios públicos y sostener la oferta educativa a lo largo del año.

En Buenos Aires, el reclamo se hizo visible mediante un masivo “banderazo” realizado este pasado miércoles en la puerta de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Allí se concentraron representantes de gremios de docentes universitarios y secundarios, quienes llevaron adelante un paro de 24 horas para rechazar, entre otros puntos, la reducción presupuestaria y exigir la restitución por parte del Gobierno del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), una herramienta surgida tras la histórica Carpa Blanca, que estuvo montada a fines de los 90 durante más de 1.000 días frente al Congreso Nacional, y que representa una masa de recursos que la Nación transfiere a las provincias para mejorar los haberes de los docentes.

Desde su creación, el FONID fue prorrogado año tras año hasta enero de 2024, cuando Milei decidió discontinuarlo acaso como una reprimenda en medio de la discusión que mantuvo con la mayoría de los gobernadores tras el fracaso del tratamiento legislativo de la llamada “Ley Ómnibus” en la Cámara de Diputados. Según estadísticas oficiales, el Fondo representó en 2023 la segunda partida más importante del entonces Ministerio de Educación de la Nación, degradado por Milei a rango de Secretaría: el 14,03% del presupuesto educativo, con un total de $333.000 millones.

Con motivo del “banderazo”, llevado adelante en la plaza que lleva el nombre de Bernardo Houssay, galardonado con el Premio Nobel de Medicina en 1947, fue ratificado por los sindicatos docentes un paro por 48 horas previsto para el miércoles 10 y jueves 11 de abril próximo.

Advertencia de autoridades y docentes

“Si no actualizan el presupuesto no podrán mantenerse abiertas las universidades. La plata no alcanza para más de mayo”, destacó el vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), German Pinazo, en declaraciones realizadas esta semana a El Destape Radio. Días antes, el Consejo Superior de la misma universidad había declarado la emergencia económica y financiera en todo el ámbito de la institución, tras asegurar que la prórroga del presupuesto de 2023 “conlleva importantes consecuencias sobre los recursos disponibles para los gastos que garantizan el funcionamiento” del establecimiento. Pinazo indicó que sólo afrontar el incremento del servicio de energía eléctrica representa para la universidad “un poco menos del 50% de los gastos de funcionamiento” total, que incluye, citó como ejemplos, la compra de alimentos para abastecer al comedor de la escuela infantil a la que asisten los hijos e hijas de los estudiantes y trabajadores, el mantenimiento de los laboratorios de investigación y del campus de la institución, situada en un predio de 68.000 metros cuadrados de extensión.

El Consejo de Administración de la Universidad Nacional del Comahue, ubicada en Neuquén, formalizó que ya no puede afrontar las erogaciones que implica el funcionamiento de la casa de estudios. A las suspensiones de las convocatorias a nuevos proyectos de investigación y extensión, se sumó la imposibilidad para cubrir los gastos de la luz, el gas y el servicio de limpieza. “Por favor, no miremos para otro lado. No seamos parte de la generación que deje morir a la Universidad Pública”, expresaron mediante un comunicado desde “Defendamos la UNCo”, una agrupación conformada por estudiantes, docentes y no docentes.

También el Consejo Superior de la UBA se declaró en estado de emergencia económica por la crisis presupuestaria, una medida que podría traducirse en una reducción de la oferta académica, las becas y los servicios que brinda en los más de 71 institutos de investigación y hospitales (Clínicas, Odontológico, “Alfredo Lanari”, “Prof. Dr. Raúl Vaccarezza” y “Ángel Roffo”), que atienden a más de medio millón de pacientes por año y en los que se forman los futuros profesionales en la salud. La UBA, además, lanzó una campaña de recolección de firmas en contra del recorte presupuestario. Con el lema “Cuidemos lo que funciona”, distribuyó un petitorio por medio de sus redes sociales en el que advierte sobre los problemas que provoca la decisión gubernamental. “El principal desafío es involucrar a la sociedad en el reclamo. Si el Gobierno no ve que cerrar la UBA es un problema, la va a pasar por arriba”, opinó el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, en declaraciones a la plataforma online Blender.

Además del “banderazo” de este miércoles, más de un centenar de estudiantes de Derecho escucharon este jueves la clase magistral a cargo de los profesores titulares de la Cátedra de Derecho Penal de la UBA , el fiscal Alejandro Alagia y el juez Alejandro Slokar, convocada con la consigna “ganar la calle para no perder el aula”.

“Con estas acciones, queremos salir a visibilizar la situación” que aqueja a la universidad pública, dijeron los magistrados. En las escalinatas de la Facultad de Derecho, Alagia y Slokar resaltaron la importancia de oponerse a medidas que “dinamitan la educación pública”, como también “defender su rol democratizador e inclusivo en la sociedad”. 

Slokar, en tanto, consideró que “el ahogo presupuestario” al que son sometidas las universidades tiene como objetivo “disciplinar en un contexto de persecución a todo lo público como parte de una narrativa antiestatal”.

Antecedentes

Algunas autoridades universitarias y dirigentes sindicales consultados por elDiarioAR emparentaron en los últimos días la situación que viven las instituciones educativas con el recorte presupuestario que durante su breve gestión de 15 días al frente del Ministerio de Economía había anunciado en marzo de 2001 el ahora diputado nacional Ricardo López Murphy, parte en aquel momento del gabinete del fallecido presidente Fernando de la Rúa. En solo dos semanas en el Palacio de Hacienda, López Murphy había anunciado un plan de recorte presupuestario que preveía un recorte de 2.000 millones de dólares en el gasto público que afectaba, principalmente, a los subsidios a la educación y las provincias, y una reducción en la planta de empleados del Estado. Específicamente, López Murphy propuso medidas para achicar las partidas universitarias en casi $900 millones entre 2001 y 2002. En ese momento, por ejemplo, la UBA tenía un presupuesto de $305 millones, de los cuales el 85% de ese monto correspondía a salarios. El plan económico anunciado por el actual legislador del bloque Hacemos Coalición Federal provocó masivas manifestaciones callejeras y clases públicas que derivaron en su renuncia apenas 15 días después de asumir el cargo. 

Veintitrés años más tarde, las universidades enfrentan una nueva crisis presupuestaria que llevó a 55 rectores, representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), a reclamarle a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, una actualización de los fondos del 300%. Lo hicieron poco después de que el Gobierno anunciara un aumento del 70% para afrontar únicamente los gastos de funcionamiento de las universidades; es decir que no contempla el pago y la actualización de los salarios, que representan el mayor porcentaje de erogación de las instituciones de educación superior.

La partida oficial, sin embargo, también fue considerada insuficiente por las autoridades universitarias. El secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, se reunieron días atrás al presidente del CIN, Carlos Greco, y al vicepresidente, Víctor Moriñigo, rectores de las universidades nacionales de San Martín (UNSAM) y de San Luis (UNSL). quienes plantearon su “extrema preocupación” por el congelamiento en el financiamiento de la educación pública superior. Greco y Moriñigo expusieron a los funcionarios un escenario de complicaciones para enfrentar la segunda mitad del año, no sólo para pagar los salarios de los trabajadores docentes, no docentes, investigadores y profesionales de la salud, sino las tarifas de los servicios públicos, los insumos y hasta los productos de limpieza. Los representantes del CIN pidieron que las partidas tuvieran una actualización acorde con el aumento de la inflación, que entre diciembre y febrero superó el 60%.

La Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) recibió este viernes una factura de luz correspondiente a febrero de $14 millones, un monto tres veces mayor al pagado en enero. “Tenemos 100 años de historia como facultad. No nos merecemos como comunidad universitaria, ni como sociedad estar discutiendo si tendremos que cerrar las puertas en unos meses porque no podemos pagarla luz”, dijo el decano de Exactas, Mauricio Erben, en declaraciones a Somos Télam. Con un consumo de energía eléctrica apenas 4% superior al anterior, la factura de febrero fue de $14.158.623, mientras que la de enero había sido tres veces inferior: $4.986.730.

En tanto, los gremios que nuclean a los docentes y no docentes universitarios afirmaron que los salarios de sus representados perdieron poder adquisitivo en los últimos meses. El ofrecimiento de un aumento de 12% presentado por el Gobierno fue rechazado al ser considerado “insuficiente”. Además, en distintas asambleas, decidieron “mantener el estado de alerta para adoptar las medidas que pudieran resultar oportunas y necesarias para enfrentar la política de ajuste del gobierno de Milei”, dijeron a elDiarioAR fuentes de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU).

Promesas mileistas

Durante la campaña electoral que lo llevó a la presidencia, Milei anunció que más temprano que tarde promovería el arancelamiento de las universidades públicas nacionales, a las que, además, llamó “lugares de adoctrinamiento”. Inclusive, en uno de los cientos de artículos establecidos en el proyecto de “Ley Ómnibus”, Milei introdujo la posibilidad de que los estudiantes extranjeros tuvieran que pagar por estudiar en los establecimientos de educación superior argentinos.

“Se le van a dar los recursos a la gente para que pueda elegir la institución a la que quiere asistir en vez de favorecer a ciertos sectores políticos y después voy a darle los recursos a la gente para que decida a qué universidad quiere asistir”, dijo Milei en agosto último, durante uno de los debates presidenciales previos a los comicios nacionales.

Distintas fuentes consultadas no desestimaron, justamente, que el ahogo financiero al que son sometidas las universidades tuviera como objetivo introducir esa medida para hacer frente a los gastos cotidianos. En aquel momento de 2023 la Universidad Nacional de San Juan había difundido un estudio en el que estimó que el arancel anual universitario rondaría entre $1.500.000 o $2.000.000. De agosto a febrero último, según el Indec, la inflación superó el 105%.

GT/DTC