Argentina, 1985. El año del juicio a las juntas, el nombre de una película, sí, pero también el momento y el lugar de la asunción de Juan Sourrouille en el ministerio de economía de la nación. Probablemente la suya sea la gestión de la que más información tenemos gracias a la detallada crónica de Juan Carlos Torre en su ya célebre “Diario de una temporada en el quinto piso”. No hace falta leer la obra para saber que la historia económica de esa gestión y de todo el gobierno de Alfonsín tuvo al Fondo Monetario como amo y señor del futuro y el porvenir del país, de las negociaciones, de los pedidos de excepciones, de fondos frescos, de permisos para tomar determinadas políticas. 

La acelerada descomposición de la economía argentina de las últimas semanas vuelve a colocar en primera plana el arribo de una delegación ministerial a Washington, donde se negociarían las nuevas condiciones entre nuestro país y su principal acreedor. Pasan los años, pasan los gobiernos, pero el FMI continúa como el gran árbitro de la política argentina. El día de la marmota también se repite como farsa.

El Gobierno se juega sus últimas fichas –y ata sus remotas chances electorales- al adelanto de los desembolsos de todo 2023 -unos 10.800 millones de dólares- para engrosar reservas y con ello hacer frente a la volatilidad cambiaria. Aunque en época de guerra cualquier agujero es trinchera, es evidente que esta medida de dudosa aprobación no modificaría de manera contundente las exiguas reservas del Banco Central. Las matemáticas no mienten, Argentina afronta vencimientos con el FMI por 12.800 millones de dólares hasta fin de año y, de no renegociarse esos pagos, el adelanto sería fuego de bajo calibre y por poco tiempo para el BCRA.

En este contexto es entendible el anuncio con bombos y platillos de que se podrá comerciar apenas el 0,5% del intercambio exterior en yuanes o la necesidad de dejar correr la hipótesis de un posible préstamo del banco de los BRICS. Es que una gestión económica que vive de potencialidades, se enfrenta a un problema real, concreto y urgente. Las reservas brutas se encuentran en el nivel más bajo desde el 2016 y las reservas netas, según distintas estimaciones operan en niveles negativos. Una de las más importantes consultoras del mercado, 1816, afirma que “la cantidad de dólares que podrá usar el BCRA para intervenir en el MULC dependerá de la tranquilidad o el nerviosismo de quienes tienen depósitos en dólares y, vía encajes, son los acreedores del Central”. 

En jaque

Es lógico, entonces, que el aumento intempestivo del dólar de las últimas dos semanas pusieran en jaque las chances de Sergio Massa de ser encumbrado como candidato a presidente. Especialmente luego del fracaso del dólar soja 3, que aparece como menos atractivo para los productores luego de corrida. El único activo del que todavía se valía Massa era el acompañamiento de los mercados y, junto con eso, de cierta tranquilidad cambiaria desde su llegada. Según él, esta sería la prueba del apoyo del establishment al “bombero que llegó en el peor momento del incendio” como se quiere vender el ex intendente de Tigre. Sin embargo, la falta de dólares es inmune a cualquier campaña publicitaria y la corrida de los últimos días fue la manifestación de que el alambre que ataba el armado oficialista se está erosionando.

Es que el ministro que rápidamente perdió el mote de “súper”, incumplió con creces su promesas que le colocaban el traje de candidato: controlar la inflación, hacer que el índice de abril empezara con 3 y que las familias más vulnerables recuperaran algo del poder de compra perdido no ya con Macri, sino con su propio gobierno. 

Para sorpresa de nadie, el INDEC se encargó de mostrar el fracaso en toda línea, tanto en materia inflacionaria como también en el aumento de los índices de pobreza a partir de una canasta básica que aumentó más que la media de los precios y superó holgadamente el crecimiento de los ingresos.

Volviendo a Washington y más allá de la (in)eficiencia de la medida, el Fondo pide lo mismo de siempre: reducción de subsidios para achicar el déficit fiscal, devaluación y tasas de interés reales positivas. Como dijo en su momento su directora frente al cambio de los interlocutores argentinos: “tres ministros, un programa”. La diferencia es que Massa está haciendo los deberes de manera mucho más decidida que sus antecesores, de ahí el anuncio de un nuevo aumento de tarifas, una depreciación del tipo de cambio oficial que anualizado supera el 110% y el segundo aumento de la tasa de interés en menos de quince días, le dan material para tener al Fondo de su lado.

Todo a Massa

Junto con la cúpula del organismo y sus eternos contactos en la política norteamericana, el apoyo unánime de La Cámpora y el kirchnerismo a la tarea del ministro es quizás la herramienta clave con la que no contaron Guzmán ni Batakis en su efímero interinato. El sustento político de CFK al tigrense en su último discurso da cuenta de que todos los caminos conducen a Massa, aunque descubra que el acuerdo con el FMI es inflacionario, algo evidente al calor de los tarifazos, la devaluación y el encarecimiento del crédito. 

Tampoco propone nada distinto la oposición, artífice común del delicado momento que atraviesan economía y los pesificados de siempre. Los economistas de juntos no ofrecen un plan alternativo al encarado el peronismo, más que ponderar su de credibilidad y confianza. Ocurre que, con independencia de lo que opinen los acreedores y el Llao Llao, la bancarrota en que terminó el gobierno de Macri todavía está fresca en la memoria popular. La población trabajadora rechaza ser nuevamente ajustada luego de seis años consecutivos de caída del salario real.

Por su parte, la dolarización mileista atrae por desconocimiento, por bronca y por padecimiento pero es tan dañina como fantasiosa e implicaría llevar las condiciones de vida de los trabajadores al peor de los mundos, algo irrealizable tanto por su peso real como por el costo social que implicaría. Cuarenta años después del regreso de la democracia el consenso sobre el sistema aparece en sus falencias, sus fracasos, sus deudas y los actores que se repiten. Son ellos los que explican el ascenso de un hombre cuya mayor virtud es estar enojado.

Argentina 1985 fue el año del juicio a las juntas y el nombre de la película, sí, también el momento y el lugar en que se lanzó, unos meses luego de la asunción de Sourrouille, la canción que da título a este artículo. Y, hay que decirlo, el infierno no está encantador. 

CC

Incluso los más escépticos y científicos, quienes tratamos de aferrarnos a la razón antes que a las supersticiones, nos tomamos licencia durante el Mundial. Todos repetimos alguna fórmula ganadora que había funcionado en los partidos anteriores y, a nuestra manera, aportamos a esa conquista inolvidable. Hay un hecho en la historia de la selección que pone en jaque cualquier tipo de apelación iluminista y resulta inexplicable para nosotros, los no creyentes: el cinco de copas de Lionel Messi. 

Sergio Massa, asentado en el rol de ministro que tanto le costó conseguir, no cuenta con el destino escrito, ni la suerte echada. Sus decisiones (siempre compartidas con el FMI) serán determinantes para nuestro futuro, pero si las cartas volviesen a dar en el clavo es probable que le toque un cinco de espadas, simbolizando las grandes amenazas que pendulan sobre la economía argentina. 

La primera enmarca a todas las demás y es un escenario muy delicado a nivel internacional, que transita entre la guerra y sus consecuencias y el enfriamiento de la economía mundial. Este último es ya un hecho y no son pocos los que se animan a advertir acerca de la inminente recesión global, retrayendo la demanda pero con un alto precio de la energía que probablemente seguiremos importando el próximo invierno.

Por si fuera poco, es una tendencia que convive con la inflación mundial más alta en cuatro décadas y que ha llevado a un aumento de las tasas de interés tanto en Estados Unidos como en Europa, profundizando el retraimiento económico y, con él, la posibilidad de una caída del precio de las materias primas que Argentina exporta. 

La segunda espada también viene por el lado de las exportaciones y está asociada a las consecuencias de la sequía. Es imposible calcular cuán afectada quedará la cosecha y deducir de allí las tensiones que podrían aparecer en el frente cambiario. Es lógico que en una economía donde el 85% de las divisas provienen de las exportaciones una menor cantidad de dólares del campo signifique una fuerte presión devaluatoria. En 2023 comenzarán a pagarse además los vencimientos de la deuda reestructurada en 2020 y, a diferencia de este año, el FMI demandará más dólares de los que ingresara al BCRA.

La escasez de dólares ya se hace sentir fuerte en la industria en la medida en que se restringen las importaciones de algunos insumos generando una profundizando de la recesión y potenciando la inflación por el aumento de los productos importados. Sin acceso al dólar oficial, se acude al CCL o a dólares propios, algo que ya reflejo el índice de precios mayorista de noviembre con un aumento de 8% en los productos importados, algo que indirectamente llegará a las góndolas. 

La tercera de las grandes dificultades que nos acechan y que podrían potencialmente desatar los alambres que sostienen a la economía argentina es la deuda en pesos, más subestimada que Scaloni en sus comienzos. Para ser precisos, se trata de dos problemas distintos englobados en el mismo concepto: no es lo mismo la deuda en pesos del tesoro, que la deuda en pesos del BCRA, ambas de consumo problemático.  

El Tesoro necesita financiarse mediante la absorción de los pesos que ya existen para no depender de la emisión. Acumula vencimientos verdaderamente importantes los primeros meses del año que, a pesar de estar en un 60% en manos de organismos del Estado, son cada vez más difíciles de renovar ya que nadie quiere prestar para después de las elecciones. El desarme de esos títulos terminaría con más presión sobre el dólar y una menor cantidad de reservas significaría menor poder de fuego para combatir o convalidar ese corrimiento. 

Por el otro, el BCRA acumula una deuda enorme. Los pasivos remunerados (Leliqs y pases) representan más del doble de la base monetaria, $ El mecanismo es sencillo: frente a cada vencimiento de letras, el Banco Central absorbe tanto la deuda vieja como los intereses a pagar que se generan acumulando un pasivo cada vez mayor y de características explosivas.

Es difícil subestimar esta cuestión: la deuda pública entre pesos y dólares (sin contar al BCRA) alcanzó según la Secretaría de Finanzas un nuevo récord de 384.688 millones de dólares, calculando el pasivo en moneda doméstica al tipo de cambio oficial. El mismo informe destaca que en los últimos doce meses los incrementos fueron  por el equivalente a US$ 30.320 millones, siendo mayormente deuda en pesos atada a la inflación. 

El cuarto problema, entonces, es que la inflación más alta en los últimos treinta años no solo destroza el poder adquisitivo de los pesificados de siempre, sino que además aumenta peligrosamente la deuda del Tesoro. Más allá del entusiasmo que se respira con facilidad en el quinto piso del ministerio, el panorama en esta materia no es promisorio. Las consultoras se debaten en sus proyecciones, pero el promedio de inflación que calcula el BCRA se coloca en el orden del 96,6% para 2023.

El aumento sostenido de los precios se coloca desde hace años como el principal padecimiento para los sectores trabajadores que en casi todos los casos viven hoy peor que en diciembre de 2019, al asumir el FDT. Esto se explica por la caída del salario real que si bien se acerca a los de finales del macrismo para el sector registrado, cae notablemente para los no registrados. 

Digamos todo: empardar con los finales de Macri no debería significar un logro para ningún gobierno, ya que durante ese proceso el salario había caído alrededor de un 20% desde los picos de 2017. Asimismo, que un sector empate y el otro pierda tampoco puede ser consuelo de nadie, ya que los datos del INDEC muestran cómo la recuperación del empleo estuvo basado en el trabajo informal y precario.

La quinta espada de Damocles que yace sobre la economía argentina es ni más ni menos que el ajuste fiscal, tan vox populi como naturalizado. El acuerdo con el FMI le trazó al gobierno un camino de reducción del déficit y el flamante ministro de economía viene haciendo la tarea con un rigor pocas veces visto. Aunque el Fondo apriete y no ahorque, la clave está en qué ítems son los que se deciden achicar y quiénes son las victimas de esa reducción presupuestaria. 

Si miramos los datos de noviembre, notaremos que para llegar a la meta el gasto primario real cayó nada menos que 27,7% respecto del año pasado, superando los cuatro meses anteriores en los cuales también se redujo el gasto real. Las partidas elegidas son las menos indicadas: las prestaciones sociales, las jubilaciones y las pensiones cayeron ese mes 4,4% y las asignaciones familiares, 14,7% descontada la inflación.

De esta manera, con una inflación galopante y un ajuste en marcha, no debería de sorprender el aumento de la pobreza ni que la resaca mundialista traiga reclamos populares. En este contexto es difícil pensar en una situación política y económica tranquila durante el año electoral, porque aunque el ministro no juegue a las cartas, tiene cinco espadas apuntándole. 

GL

El 21 de agosto de 1947 en pleno desarrollo del primer plan quinquenal Juan Domingo Perón, de cara a los trabajadores ladrilleros, pronunciaría una de esas frases que quedarían para la posteridad. Si bien todavía transitaba los años de bonanza por vender a ambos bandos de la guerra que coronaría a Estados Unidos como el gran rector del mundo occidental y cambiaría el mundo para siempre. Su moneda, el dólar, ya se había constituido como la moneda global y el entonces presidente preguntaba al público: ¿Alguien ha visto alguna vez un dólar?

El último domingo, en un horario que se le está haciendo costumbre por recomendación de un asesor extranjero, Sergio Massa anunció que había llegado a un acuerdo con el sector sojero. Los exportadores lograron acceder a un tipo de cambio preferencial -de $200 por dólar- concretando una medida cuyo impacto no puede limitarse al terreno cambiario, sino que se extiende también al plano fiscal, al balance del Banco Central y que puede dar lugar a un nuevo esquema de gobierno.

Es que el presente de las reservas del BCRA ameritaría ser la principal preocupación económica del Gobierno si no fuera porque convive con una inflación que seguramente supere la barrera simbólica de los tres dígitos. Luego de los dos primeros años en los que el superávit comercial no redundó en un crecimiento proporcional de las reservas, el Frente de Todos se encuentra con una situación acuciante, fundamentalmente en materia de reservas netas y liquidas, es decir de dólares disponibles. 

El balance de la autoridad monetaria volvió a resentirse en el octavo mes del año, esta vez asociado al fracaso del dólar soja que habían ideado entre la entonces ministra Silvina Batakis y el presidente del Banco Central, Miguel Angel Pesce, y que culminó con la menor liquidación en un agosto desde 2005. El golpe fue tan fuerte que las reservas cayeron en el mes US$520 millones a pesar de la mejoría que se vivió después del 10, cuando el central compro divisas en todas las ruedas.

Miguel Pesce, uno de los últimos albertistas en el barco del FdT, es consciente de que tiene por delante los meses más duros en materia de reservas, incluso habiendo adelantado las importaciones de energía, como gusta de remarcar. Alcanza con ver el desempeño de esta variable a lo largo de los años: en promedio en 2020-2021 se pasó de haber acumulado US$2700 millones en los primeros ocho meses a llegar a noviembre con un promedio inferior a los US$500 millones. En este año se llevan comprados apenas US$40 millones, si nos enfrentásemos a una caída como la que se vio en el aquel período pasaríamos a un balance negativo de un Banco Central con cada vez menos recursos para enfrentar las presiones contra el peso.

Las alarmas se encendieron aún más cuando desde Washington advirtieron acerca de la contabilidad creativa. Es que según el entendimiento aprobado en el Congreso, para septiembre la acumulación de reservas netas debe ser de US$6400 millones y de US$8100 millones para diciembre, un objetivo todavía más ambicioso cuando se calcula que en la actualidad se encontrarían alrededor de US$1400 millones.

En este marco es que el Gobierno cede –como hizo en tantas otras oportunidades- pero esta vez en favor de los exportadores de soja, una fuente de dólares frescos que se estaba acumulando en las silobolsas, como reserva de valor a la espera de un nuevo esquema de retenciones o una devaluación. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su monitoreo permanente de la economía argentina, le prohibió explícitamente a Massa bajar las retenciones con el argumento de que la recaudación que surge de ese impuesto va a parar directamente al Tesoro, achicando el déficit fiscal y permitiendo acumular para el pago de intereses.

El exintendente de Tigre está obsesionado en no superar el 2,5% del PBI de déficit acordado con el FMI y por eso descartó la opción de las retenciones. Es la misma razón por la que implementó un recorte furioso sobre diversos ministerios como salud, educación, vivienda y obra pública para llevar como ofrenda a su encuentro con Georgieva el próximo lunes. Para congraciarse con la maestra, $180.000 millones valen mucho más que una manzana.

Así como no podía cambiar el esquema de retenciones, tampoco podía producir una devaluación tradicional como la que recomendaba el flamante viceministro Gabriel Rubinstein, ya que el impacto sobre los precios era sencillamente explosivo. En un contexto de suba de tarifas, aumentos del transporte e inflación mensual superior al 6% de manera sostenida, un salto del tipo de cambio como el que reclaman los exportadores hubiera tenido consecuencias irrecuperables para un gobierno que aspira a competir en menos de doce meses en las elecciones presidenciales.  

Descartado entonces la modificación fiscal y la devaluación brusca (la devaluación diaria avanza a paso redoblado) aparece el dólar-soja en su segunda versión como un compromiso entre lo que quiere el sector agrícola, lo que le permite hacer el Fondo y lo que necesita el FdT. Los problemas que se abren son varios y de diversa índole. En primer lugar el entuerto armado por el cual se les pagará $60 más por dólar, que implicará una mayor emisión de pesos por parte del BCRA que luego los buscará esterilizar vía Leliq, cuando el déficit cuasi fiscal es otra de las bombas de mecha corta para la nueva gestión. 

Al mismo tiempo, se incumple con una de las promesas que realizó Massa en su acto de asunción: terminar con el financiamiento del Banco Central al Tesoro. La medida esconde una maniobra, porque si bien la diferencia entre lo que se les pagaba y lo que se les pagará a quienes exporten soja correrá por cuenta del Tesoro, este se financia a través del BCRA colocándole una letra intransferible a diez años. 

Más importante aún es que, al abrirle la puerta al reclamo de los sojeros, se está dando lugar a que otros actores del agro reclamen un régimen especial para sus productos. En primer lugar el maíz y el trigo (o el malbec), que también exportan, pero quedaron fuera del beneficio porque son más consumidos en el mercado interno y permitirles un mejor tipo de cambio para exportar encarecería también la parte de la cosecha que se utiliza en el país, como si el dólar soja no impactara también sobre los precios ya que se usa para alimentar a la industria avícola y ganadera. 

Mientras avanza este régimen de excepciones, los importadores piden la liberación de los dólares que les restringe el BCRA atentando contra el nivel de actividad. Pesce explica que no es mala voluntad, pero que no tiene la cantidad necesaria de divisas para permitirles a los industriales saldar sus deudas en el exterior, que el “festival de importaciones” terminó.

 El futuro es incierto, pero los interrogantes claros: ¿Estamos en presencia de un desdoblamiento cambiario de hecho? ¿Puede este nuevo esquema cambiario evitar la devaluación por la que presiona una parte del mercado?

Parafraseando a Perón ¿alguien ha visto alguna vez un dólar oficial?

Van siete semanas consecutivas en las cuales el peso se deprecia en los mercados paralelos, aumentando la presión al dólar oficial y a un Banco Central con reservas cada vez más exiguas. La corrida más larga en muchísimo tiempo. La cercanía respecto de la última crisis y nuestra vasta historia de estallidos económicos generan comparaciones permanentes a la hora de adivinar la dinámica de la crisis o el desenlace de un nuevo capítulo en la larga saga del derrotero argentino. 

En el peor momento de los dos años y medio que lleva la experiencia del Frente de Todos, son cada vez menos quienes convocan los datos de la macro como un espíritu esperanzador, que redundaría en una mejora para los pesificados de siempre o, al menos, en un ordenamiento de la vida económica. El efecto derrame nacional y popular nunca llegó.

El descontento generalizado hace que sea cada vez más difícil encontrar entre propios y extraños quien defienda la gestión económica o alguien que confíe en revertirlo. No hay clases sociales conformes con el gobierno de los Fernández. 

A los trabajadores les sobran razones para protestar. El salario real de los registrados es aún más bajo que en diciembre del 2019, momento en el cual ya había caído 20% respecto del final del kirchnerismo. La realidad es todavía más adversa para los –y sobre todo las- no registradas que perdieron casi 30% durante el primer tiempo de Macri y, sin paritarias, están padeciendo como pocos el descalabro inflacionario del peronismo.

Ese retroceso se ve, también, en la caída de la participación de los asalariados en el PBI, una consecuencia esperable del retroceso salarial. Lo curioso es que la contracara de ese fenómeno -el crecimiento del porcentaje que se llevan los patrones- no alcanza al gobierno para ganarse el apoyo de una clase empresaria cuyos voceros son notablemente más ruidosos que los de sus empleados. Para muestra vale un botón: la CGT apenas atina a hacer una marcha dentro de tres semanas… para apoyar al gobierno.

Aunque la inflación sea, antes que nada, una confiscación de riqueza extremadamente regresiva, el empresariado tiene su rosario de quejas. Reclaman terminar con el cepo y la brecha cambiaria como su consecuencia más directa, demandan bajar el riesgo país que no le permite tomar deuda en dólares y del cambio permanente de las reglas de juego de parte de un gobierno que no tiene un rumbo claro y al que responsabilizan por los problemas en la producción. La burguesía nacional es además la acreedora de una parte importante de la deuda y trina frente al desplome de los títulos en dólares que cotizan a precios de buitres, ya  que se descuenta una reestructuración antes de empezar a pagar el capital.

De parte del gobierno es cada vez más evidente que no se quiso, ni se supo enfrentar la corrida. Todos los caminos conducen a una devaluación que reclaman los otrora “miserables” y que sobre todo es defendida por el FMI. Aunque se niegue, el ritmo de depreciación en el mercado oficial en las últimas semanas es del orden del 90% anualizado, tal como piden desde Washington. El dólar soja anunciado el martes a la noche no será la última de las concesiones a quienes Alberto dice enfrentar a la tarde para darle a la noche. El dólar a la carta que parece estar gestándose no evitará el traslado a precios.

En este contexto, es difícil pensar que lo peor ya pasó. Especialmente al advertir una situación internacional dominada por la guerra y la post pandemia que colocan al mundo frente a la inflación más importante en décadas y en las vísperas de una recesión mundial. La suba de la tasa de interés en Europa por primera vez en 11 años y la promesa de la FED de llevarla hasta 6% para 2023 no auguran un futuro prometedor para quien agarre la pesada herencia del FdT. 

El viento de frente puede ser determinante para lo que viene, Argentina es un engranaje en medio del mercado mundial. El rodrigazo, una fisionomía de la crisis cada vez más mencionada, no podría entenderse por fuera de la crisis del petróleo de 1973 ni la recuperación durante el gobierno de Kirchner sin la bonanza de los precios internacionales (y la destrucción del salario) que daban lugar a los famosos superávit gemelos.

¿Hay 2023?

Corría el mes de febrero de 2018. Las calles de Buenos Aires transpiraban todavía la tensión de un fin de año turbulento. El oficialismo amarillo, aunque triunfante en las elecciones de medio término apenas cuatro meses atrás, no se percibía victorioso. La reacción popular contra la reforma previsional lo habían obligado a recalcular sus planes. El principio del fin del macrismo coincidía con un estado de deliberación popular que se iría acrecentando los meses siguientes, acelerándose a partir del estallido de mayo, la vuelta del FMI y la historia que ya conocemos. 

Fue ahí cuando el peronismo (partido del orden si los hay) parió la consigna que iría moldeando al frente de todos: hay 2019. El mecanismo resultó ampliamente exitoso, no solo en la contienda electoral, sino especialmente antes de ella. Es que mientras se avanzaba en un proceso de endeudamiento, fuga y caída del poder adquisitivo de características históricas, el principal partido opositor de Argentina contenía el descontento social alejándolo de las calles, como sí ocurría en Chile o en Ecuador. Ese slogan y esa estrategia le permitieron al peronismo hacerse de la presidencia, pero antes que eso le dieron una sobrevida a Macri.

El problema para el peronismo hoy es que no tiene un peronismo que le garantice esa agonía pacífica. No hay una fuerza capaz de contener el descontento popular generando expectativas electorales para el año que viene. En eso consiste el intento del kirchnerismo de despegarse del gobierno, quitándose la responsabilidad de un fracaso que le es propio. Como dijo Larroque “Alberto no puede llevarse el gobierno a la mesita de luz, porque es nuestro”. Es lo que percibe una parte de la sociedad que sin nada que perder, busca que esta crisis, por una vez, no la paguen los de siempre.

La economía es política concentrada. Los tironeos y las operaciones políticas, la especialidad de la casa para el Frente de Todos, explican -en parte- la incapacidad de llevar adelante una política económica consistente habiendo pasado ya más de la mitad del mandato. En este contexto es normal preguntarse si existe alguien que determine el rumbo o, dicho en criollo, quién dirige la batuta.

Los movimientos de los últimos días fueron leídos por diversos analistas como si finalmente el tan cuestionado tándem Fernández-Guzmán se hubiese decidido avanzar en algunas medidas, desoyendo las críticas del sector más ligado a la vicepresidenta. Es cierto que el aumento del mínimo no imponible de Ganancias o el aumento del salario mínimo fueron iniciativas de otros sectores, pero tienen un impacto menor tanto en materia fiscal como de alivio a la población.

El caso más emblemático es el del aumento de las tarifas. Ahí se expuso el año pasado  que el ministro de Economía no tenía la autoridad para imponer su visión ni para prescindir de un secretario que debería responderle, pero que en el loteo de cargos entre los accionistas del FdT había quedado reservado para funcionarios camporistas. Por eso el incremento de los precios en los servicios públicos que se verá a partir de este mes se insinúa como un empoderamiento relativo de Guzmán, que aparece doblegando a quienes antes lo habían desautorizado. El tema es que, a veces, las apariencias engañan.

La suba de tarifas no es ya un anhelo exclusivo del ministro formado en Columbia, sino que está contemplado en el salvavidas de plomo que tiene el Gobierno: el acuerdo con el FMI. En ese esbozo de programa económico se coloca la meta de reducción del déficit fiscal para lo que queda del mandato, al mismo tiempo que se puntualiza la reducción de los subsidios como uno de los ítems que deberían liderar ese achicamiento. Por ahora, lejos de haberse reducido, los subsidios energéticos se triplicaron como consecuencia del aumento de los precios internacionales lo cual le valió un primer tirón de orejas al alumno estrella de Kristalina Georgieva.

Para colmo, los aumentos previstos a partir de junio no dejan contentos a ninguno de los actores relevantes: las empresas reclaman un incremento mayor de las tarifas, el Fondo insiste en que a este ritmo los subsidios no permitirán que se cumpla la meta fiscal y los usuarios lo sienten como un puñal más a sus bolsillos agónicos.

Es que las nuevas boletas de servicios echarán nafta al fuego inflacionario, que ya se proyecta por encima del 70% y que nadie descarta que pueda seguir escalando hasta llegar a un descalabro aún mayor. Con paritarias cerrando a la baja por quinto año consecutivo, sufrimos un deterioro del poder de compra de los salarios inédito por su constancia y agresividad. 

El discurso de todo el Gobierno insiste en buscar un aumento del salario real, pero la realidad de estos dos años de mandato está muy lejos de eso. Aunque se tiren la pelota mutuamente, ninguno de los sectores que se enfrentan en el FdT pueden obviar su responsabilidad sobre esta cuestión tan sensible. Unos por su lugar en el Ministerio de Trabajo, otros por estar a la cabeza de algunos sindicatos que no han tomado acciones para evitar el empobrecimiento de sus representados.

Nos encontramos frente a una inflación que erosiona los ingresos y es otro terreno en el que el kirchnerismo tiró la toalla o mejor dicho, se la regaló a Alberto. La renuncia de Feletti se sustenta en datos concretos: en sus siete meses a cargo de la Secretaría de Comercio Interior los precios crecieron 35% en promedio, mientras que los de los alimentos lo hicieron en 41%. Su reemplazo por Guillermo Hang, hombre de confianza de Guzmán, marca un hito ya que es la primera vez en dos años y medio de gobierno que la renuncia de un funcionario kirchnerista no es sustituida por otro funcionario de la misma línea.

No son pocos los que consideran que este nuevo lugar conquistado por el ministro no implica conquista alguna, sino por el contrario el intento del sector alineado con Cristina de quitarse la responsabilidad frente a un barco que se hunde. La parte que omiten quienes persiguen este objetivo es que a lo largo de todo este periodo fueron una parte nodal de la administración pública y que muchos de sus funcionarios siguen ocupando lugares claves en el Gobierno. “Cuando el mundo tira para abajo es mejor no estar atado a nada” dice Charly García, una enseñanza que difícilmente se aplique a las elecciones de 2023. 

'Cuando el mundo tira para abajo es mejor no estar atado a nada' dice Charly García, una enseñanza que difícilmente se aplique a las elecciones de 2023.

Las metas que nos metieron

El acuerdo con el FMI contempla revisiones trimestrales sobre objetivos fiscales, monetarios y de acumulación de reservas. La primera revisión está concluyendo en los próximos días y se descuenta que será aprobada por el equipo técnico encargado de auditar las cuentas nacionales.

Sin embargo, todo indica que los próximos trimestres la tarea no será tan sencilla. Al contrario, es de esperar que tan pronto como en la segunda revisión se incumplan las metas acordadas entre el organismo y el Gobierno dejando a merced del FMI si decide continuar con los desembolsos (por la vía de los waivers) o exigir mayores sacrificios para acercarse a lo planteado.

En materia fiscal el resultado de los primeros cuatro meses del año muestra un deterioro respecto de lo que fue 2021, pasando del 0,2% al 0,4% del PBI. Aunque todavía esté lejos del 2,5% que tiene permitido para todo el año, el periodo que ya se cerró es el de bonanza y todo lo que viene será más cuesta arriba. Para graficar la estacionalidad alcanza con ver que el año pasado se pasó de ese 0,2% a 3% acumulado en el año.  Si bien es cierto que la altísima inflación colabora en la licuación de los gastos del estado, también lo es que el ritmo de aceleración de la actividad es menor al del año pasado y eso aminora la capacidad recaudatoria.

Al probable incumplimiento de la meta fiscal se le suman situaciones muy delicadas respecto de lo acordado en materia monetaria y de reservas. Es que para que el financiamiento del déficit no dependa del BCRA (algo impedido por el FMI), el Gobierno debía de captar mucha más deuda en pesos de la que tenía hasta ahora. La tasa de interés estuvo subiendo, acrecentando las tendencias recesivas, pero sin llegar a ganarle a la inflación como pretendían en Washington.

Lo que ocurre es que los eventuales prestamistas del Gobierno solo están dispuestos a hacerlo si se les garantiza que le ganarán a los precios y por eso el apetito está centrado en la deuda que se ajusta por CER, un índice que replica el IPC. Los datos en las últimas licitaciones no fueron auspiciosos: en abril el tesoro tomó el 90% de la deuda que tenía que pagar y en mayo un 108%, cuando el objetivo que se había trazado era de un 125%. Un problema adicional es el plazo de esa deuda, porque el fondo pretende que sea a mediano plazo, pero el 91,3% de los acreedores se volcaron a instrumentos que venzan antes de las próximas elecciones, por miedo a reperfilamientos como los que se vivieron en el macrismo. 

Por si todo esto fuera poco, aparece una situación delicada en materia cambiaria y de acumulación de divisas. Concluido el quinto mes del año el BCRA lleva comprados unos 900 millones de dólares, de los cuales 718 millones fueron durante mayo. Esta tendencia será muy difícil de sostener y preocupa especialmente si se la compara con los dos últimos años en los que en promedio se llevaba comprado más del doble para el mismo periodo. Peor aún si tenemos en cuenta que los precios de las exportaciones argentinas están en sus máximos históricos y que existe una limitación a la compra de dólares por parte de los minoristas. 

Esta combinación deja al país en una situación de vulnerabilidad total. El FMI cuenta con todos los recursos necesarios para elegir frente a cada desembolso si quiere ampararse en la situación extraordinaria a nivel mundial, apretar más las clavijas de una sociedad que no aguanta más ajuste o directamente dejar de prestar y seguir exigiendo los pagos. 

Una situación de este tipo vendría asociada a una corrida cambiaria, el default de la deuda y nos colocaría directamente frente a una hiperinflación que barrería con los magros ingresos de la mayoría y pondría en jaque a quien gobierne. La pelota está del lado del Fondo, el gran árbitro de la elección del año que viene y en definitiva, quien maneja la batuta.

CC

La imagen de la avenida más ancha del mundo cubierta por carpas durante dos días recorrió el país reflejando la realidad de millones que pelean para garantizar alimentos en los comedores populares. Ignorar esa situación es pretender tapar el sol con la mano y relativizarla con datos de recuperación económica que por ahora son solo estadística no parece una estrategia muy efectiva.

La sabiduría popular muchas veces distingue lo urgente de lo importante, pero en este caso parecen coincidir. ¿Cómo pensar una Argentina en el largo plazo sin atender la necesidad de los sectores más carenciados? ¿Cómo desarrollar un país sin políticas que reviertan el deterioro social? ¿Cómo levantar la mira en medio de la crisis y apuntar a una reconstrucción duradera? 

La última semana nos enteramos de que a diciembre del año pasado había más de 17 millones de argentinos y argentinas pobres, que más de la mitad de los menores de 14 años viven en esa condición y que una de cada 12 personas que habitan en nuestro país directamente son indigentes, no cubren sus necesidades alimenticias. Son cifras que estremecen y que todo indica que la aplicación de las políticas acordadas con el FMI tenderá a agravar.

Por eso resulta incomprensible que muchos funcionarios hayan festejado que la pobreza sea solamente de un 37,3%. Lo hicieron con el argumento de que no se trata de la foto, sino de la película y que respecto de la medición anterior hay una pequeña mejoría. Mal de muchos y consuelo de tontos, en su festejo omiten que con la inflación acumulada de los primeros tres meses del año y la evolución de los ingresos por debajo de ella, la pobreza y la indigencia volverán a crecer. 

Los entusiastas del gobierno se valen también de otras noticias para sostener su relato, como que el desempleo cayó al 7%, el menor registro de los últimos años. El lado B de esta recomposición es que la precarización laboral hizo estragos sobre la fuerza de trabajo: estamos en presencia del récord de trabajadores ocupados pobres -según la UCA un 28,2%- y el pico histórico de trabajadores que, incluso teniendo un empleo, buscan otro para poder llegar a fin de mes. No se trata solamente de los desocupados, sino de un empeoramiento generalizado de las condiciones para quienes viven de su trabajo.

La panorámica de la Argentina tiene como protagonista una inflación galopante, incluso antes de que aumenten las tarifas, se profundice la devaluación o se sienta aún más la contienda bélica;  con una fuerza laboral cada vez más diezmada en sus ingresos y una realidad social que coquetea permanentemente con el estallido. 

En este contexto, no es de sorprender el descreimiento de una parte creciente de la sociedad en la política, a pesar de una necesidad cada vez más acuciante de transformación. El enojo y la impugnación a quienes nos vienen gobernando es un clima de época que, si bien trasciende las fronteras nacionales, impacta con especial crudeza en nuestro país. Los analistas buscan constantemente las razones para explicar por qué todavía no hubo una reacción popular como la que sí se generó frente a realidades parecidas, ya sea en otros momentos de nuestra historia como en otros países en los últimos años. 

La desprestigiada dirigencia política ha tomado nota de esta realidad y se sabe en la cornisa. Incluso en su desorientación busca dar alguna señal de esperanza frente a un futuro cada vez más difuso. No es de extrañar, entonces, que en las últimas semanas hayan proliferado a ambos lados de la grieta dos formas de abordar el complejo entramado de la economía argentina: ideas rimbombantes de dudosa aplicación en el congreso y planes ambiciosos para el largo plazo.

Los manotazos de ahogado como el proyecto de dolarización de Alejandro Cacace, solo buscan golpes de efecto, valerse del descontento popular frente a la inflación y ganar un poco de popularidad. Lo quiso presentar antes que Milei, que al menos tuvo la decencia de saber la inconsistencia de su planteo antes de exponerlo en la mesa de entradas del Congreso. 

Lo mismo vale para el proyecto presentado por el bloque de senadores kirchneristas, un blanqueo para los evasores, que difícilmente pasará la Cámara de Diputados y que, en el hipotético caso de promulgarse, no tendría ninguna aceptación por parte de quienes han fugado sus divisas. El kirchnerismo ya intentó bajo el gobierno de CFK políticas de blanqueo que nunca recaudaron montos significativos. Bien visto, el proyecto del instituto Patria termina legitimando la deuda con el FMI que ellos mismos pretendían condenar.

Melconian y la Fundación Mediterránea quisieron contribuir a la confusión generalizada, pero con la agudeza de presentar un plan general de gobierno, partiendo de la idea de que hace falta tiempo para arreglar tierra tan arrasada. La profundización del ajuste vigente es música para los oídos del círculo rojo, que se quemó con Macri y quiere certezas sobre el plan que le piden financiar en poco más de un año.

El albertismo por su parte, lanzó el Plan Argentina 2030, en el que se propone llegar a esa fecha con el doble de las exportaciones de 2021 y dos millones de puestos de trabajo más que los que existen en la actualidad. El gran problema de la presentación es que sus planes inciertos, por fuera del desarrollo extractivista y las exenciones impositivas a quienes inviertan, relegando el afán recaudatorio del Fondo y poniendo todos los huevos en la canasta de una burguesía nacional que incluso subsidiada suele escatimar sus desembolsos.

La clase dirigente del país y su brazo político vienen de un traspié tras otro. Son los grandes responsables de habernos traído hasta esta situación lamentable no solo por su obsesión en el corto plazo, sino por la defensa de sus intereses minoritarios. Ahora han cambiado de estrategia, poniendo planes más extensos sobre la mesa y modificando la pregunta: ¿Saben hacia dónde ir o solo patean la pelota hacía adelante?

GL

“A partir de esta extraordinaria operación económica podremos crecer y comenzar a generar los empleos que necesitamos. Ahora nos toca crecer mucho (…) El mundo ha sabido ver las virtudes de un país con futuro”. Las palabras elegidas, las promesas de crecimiento económico y el tono triunfal frente a un acuerdo con el FMI podrían confundirnos, pensando que es un extracto del discurso de Alberto Fernández el último 28 de enero. Pero no, ese futuro promisorio lo enunciaba Fernando De La Rúa, a finales del año 2000 en un video que pasaría a la posteridad por su remate: qué lindo es dar buenas noticias. 

Aunque la relación entre Argentina y el FMI data de la década del cincuenta, ningún millennial dudaría en calificarla de “tóxica”. Capaz más acertada haya sido la célebre analogía de Álvarez Agis entre la deuda y “la falopa” (“al principio es rica, pero después te mata”) para describir cómo el macrismo decidió recurrir al organismo con sede en Washington en medio de la catástrofe económica que significó su gobierno. 

 Del otro lado esperaba Christine Lagarde primero y Kristalina Giorgieva después para dar cuenta de que  en el Fondo siguen rigiendo las ideas de siempre y de que priman las mismas recetas que fracasaron, solamente en nuestro país, 21 veces.

El contexto para el acuerdo 22 es extremadamente delicado, con la mayoría de los indicadores sociales deteriorándose desde hace cuatros años. El 41% de pobreza contrasta con el crecimiento económico que vivió el país durante el año pasado, aunque se explica -en parte- por una inflación altísima que mes a mes va erosionando el poder adquisitivo de los salarios y acrecienta la suma que es necesaria percibir para no caer en la pobreza o la indigencia. 

Lo llamativo es que más allá de alguna declaración forzada, ni Guzmán ni los burócratas del FMI se plantearon una política consistente para controlar este fenómeno que transfiere constantemente riqueza de quienes les falta a quienes les sobra. Al contrario, las políticas que se llevarán a cabo a partir del entendimiento son en buena medida inflacionarias, como el aumento de tarifas o una devaluación que, aunque se esconda bajo el eufemismo de la “acumulación de reservas”, será difícil de evitar.  

Por ahora, las reservas del BCRA no solo no crecen sino que están en una caída sostenida, demostrando la verdadera magnitud de una crisis tantas veces subestimada: las reservas netas se encuentran en el nivel más bajo desde 2011, tienden a cero y dejan al gobierno y al Banco Central con muy poca capacidad de acción por fuera de restringir aún más el acceso a la divisa.

En el gabinete económico saben que no están en condiciones de atender todos los problemas al mismo tiempo y parecen haberse resignado frente al descontrol de precios. Es que, a pesar de ser un golpe al bolsillo popular, la inflación es también un mecanismo para cumplir con uno de los mandatos más tradicionales del Fondo: la reducción del déficit fiscal. El Gobierno ya se valió el año pasado y todo indica que se valdrá también en 2022 del aumento sostenido de los precios como una manera de recaudar al ritmo de la inflación y de licuar su propio gasto en pesos. 

Los jubilados ven estas perspectivas y temen por su suerte. Razones no les faltan, son un sector que termina perdiendo siempre en periodos de alta inflación, sus haberes se actualizan cada tres meses luego de haber sufrido los aumentos. Al no hacerlo  de manera retroactiva, terminan siempre perdiendo en el acumulado, aunque empaten en la medición punta a punta. Desde el gobierno reivindican haber acordado sin tener que pasar por una nueva reforma previsional, pero la realidad es que el 63% de los jubilados cobra en la actualidad por debajo de la línea de la indigencia. No les pidan que festejen. 

Por si fuera poco, apenas 72 horas después de que se den a conocer estos lineamientos, la coalición oficialista sufrió un nuevo cimbronazo con la renuncia epistolar de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque en la cámara de diputados. En la Casa Rosada temieron lo peor: una nueva ola de renuncias y la posibilidad de un resquebrajamiento que -esta vez sí- ponga en juego el futuro del gobierno. 

Sin embargo, nada de esto ocurrió. La decisión de Máximo no solo no tuvo réplicas en otros funcionarios camporistas, sino que la agrupación sigue siendo una pata fundamental del Gobierno y manejando algunas de las principales cajas del Estado, como el PAMI o la ANSES. Además continúa como diputado del bloque y plantea no obstaculizar las decisiones del presidente. ¿Cuál es, entonces,  el sentido de la renuncia?

Es claro que la crisis al interior del Frente de Todos viene de larga data y que se ha ido exacerbado en el último tiempo. El naufragio del proyecto de presupuesto erosionó una relación que ya venía desgastada posterior a la derrota electoral y que se terminó de romper luego del pacto con el Fondo. Es curioso, porque a pesar del intento de presentarlo como el acuerdo más laxo de la historia, nadie quiere hacerse cargo de las consecuencias que generará.

En su última columna dominical en elDiarioAR, el siempre lúcido Martín Rodríguez señala que “la renuncia de Máximo sincera su sensibilidad a ser corrido por izquierda”. Es cierto, pero también lo es que la izquierda cuenta hoy con una capacidad de movilización y una influencia, al menos en términos relativos, creciente. Una prueba fue la convocatoria masiva donde se rechazó el acuerdo, algo que ni La Cámpora ni ningún sector representativo del Gobierno está dispuesto a hacer. Dicho de otra manera, la izquierda juega en la actualidad un papel diferente del que jugaba en el pasado y la preocupación de Kirchner, exagerada o no, no es en vano.

Los reparos dentro del Frente de Todos al entendimiento son diversos y es probable que una porción muy importante de sus votantes se vean perjudicados por su aplicación. La renuncia del jefe del bloque no es un hecho coordinado con el ejecutivo, pero tiene la pretensión de que el descontento se contenga dentro de las fronteras del peronismo. A veinte años de la última gran crisis con el FMI, Alberto Fernández espera que la vicepresidenta rompa el silencio y sueña con que sea para garantizar la aprobación parlamentaria. Aunque se mire en el espejo de Alfonsín y no en el de De la Rúa cierra los ojos y se imagina su propio video: qué lindo es dar buenas noticias.

GL

Martín Guzmán cruzó este lunes las puertas del anexo del Congreso para someterse a lo que prometía ser un escrutinio riguroso del proyecto de presupuesto que había sido enviado el 15 de septiembre y dormido tres meses en los cajones, con rumores (o promesas) de grandes retoques que le cambiarían el espíritu original. 

Adusto, serio y un poco tenso comenzó a recorrer en su presentación los pormenores de un proyecto cuyo diagnóstico es casi tan cuestionable como sus proyecciones. Es que el presupuesto 2022 parte de caracterizar a la situación económica como si estuviera en franca recuperación, aun cuando el 43% de los habitantes son pobres según los datos de la UCA y cuando el año cerrará con una inflación superior al 50%.

Aunque impacte el tono triunfal que recorre el texto, la mayor dificultad radica en comprender cómo se justifica la estimación de que el aumento de los precios será de 33% para todo el año que viene, bajando casi veinte puntos porcentuales respecto de un año en el que el ministro se valió de dos “anclas inflacionarias”: un dólar oficial que aumentó un tercio que la media de los precios y unas tarifas que en el AMBA lo hicieron una quinta parte que el IPC. Anclas que no anclaron.

El Fondo Monetario tiene un papel protagónico en toda esta escena. El presupuesto 2022 no contempla ningún pago al organismo, con lo cual da por descontado un acuerdo que siempre está por llegar, pero del que se desconoce la letra chica. En Washington son conscientes de los desequilibrios de la economía argentina y están dispuesto a usar la carta del acreedor privilegiado para imponer una política económica que le garantice la devolución del préstamo más grande de su historia, o todavía mejor, el cobro parcial y la continuidad de las auditorias permanentes.

El comunicado que salió el viernes pasado, casi en simultáneo al acto del Frente de Todos, tiene diversas interpretaciones, pero lo que es seguro es que el Fondo sigue siendo el Fondo. Aunque se maquille con toda clase de eufemismos, las recetas siguen siendo las mismas que fracasaron tantas veces. Reducción del déficit al arco, reformas estructurales en el medio y devaluación arriba: equipo que pierde no se toca.  

Allí se plantea una preocupación especial acerca de la inflación en nuestro país, pero al mismo tiempo se recomiendan políticas que es probable que la aceleren. Todos los cañones apuntan a una reducción de los subsidios energéticos que son claramente ineficientes. Sin embargo, la segmentación -que casi le cuesta la cabeza al ministro- puede ser el golpe de gracia para un sector de los trabajadores que ahora solo tiene la añoranza de un pasado mejor. Las reacciones populares en la región frente a aumentos en los servicios públicos mantienen al peronismo en vilo.

Otra política recomendada es la “recomposición de las reservas”. La sugerencia no podría ser más razonable en un contexto tan adverso para el BCRA, pero la solución que proponen los soldados de Giorgieva es que ese crecimiento de las reservas venga de la mano de una significativa modificación del tipo de cambio, también conocida como devaluación. El presupuesto que se apresta a votar el Congreso contempla una devaluación del 21% del dólar oficial, llegando a $131 a diciembre de 2022. Las consultoras que mide el Banco Central, en cambio, consideran que por ese entonces va a estar en $161.

La mitad del vaso lleno de las crisis recurrentes en la historia reciente de Argentina es que nos permitieron ver en poco tiempo la aplicación de distintas políticas económicas y cómo cada una de ellas se encontró con escollos que componían el lado B de esas mismas políticas. El denominador común de la devaluación de Kicillof y la de Prat Gay es que rápidamente se trasladaron a los precios, una consecuencia inevitable de la estructura económica argentina y el bimonetarismo. Una pesada herencia y un vaso de agua no se le niegan a nadie. 

En resumen, mientras el gobierno y el FMI señalan que el principal problema de la economía es la inflación, se le va a echar nafta al fuego de la mano de un aumento de tarifas y una devaluación. Al sostener el 33% el gobierno no podrá aducir que es la primera vez que le pasa, repite lo hecho en 2021 cuando alcanzó en apenas 7 meses la inflación proyectada para todo el año.

Se trata, entonces, de un error recurrente y, si miramos un poco más fino, de una maniobra antes que un mal cálculo. Es que subestimar a la inflación proyectada permite por un lado, una mayor recaudación a la inicialmente estimada y una licuación de los gastos en pesos que terminan teniendo un ajuste real aunque aumenten nominalmente. 

El ajuste inflacionario es el peor padecimiento para quienes les sobra sueldo a fin de mes, pero es al mismo tiempo la estrategia que se llevó adelante en los últimos dos años, ambos con un sobrecumplimiento de la meta fiscal, es decir con un déficit menor del que se había anunciado. 

Más allá de las inconsistencias, es de esperar que el proyecto que se tratará hoy en la Cámara de Diputados será aprobado y lo mismo ocurrirá en el Senado, luego de otro tratamiento exprés. La oposición de Juntos por el Cambio ha declarado que no tiene intenciones de poner palos en la rueda, lo cual no quita que el PRO vote en contra siempre y cuando la CC garantice su abstención.

El panorama económico para 2022 no estará regido por la ley de leyes, sino por un acuerdo con el FMI del que todavía no hay certezas. En su intervención Guzmán clarificó qué pasaría con la economía argentina en caso de que se pague al Fondo, es decir de que no haya acuerdo. Lo que omitió decir es cuáles serán las consecuencias de ese acuerdo y si existirá o no una chispa que encienda la pradera en un clima social con la mecha corta.  

GL

Tocar fondo tiene una injustificada mala prensa. Es, en realidad, un momento bisagra, un punto de inflexión en el cual queda un solo camino: subir. En las últimas semanas se viene dando un debate acerca de si la golpeada economía argentina se encuentra efectivamente en un piso que la coloca próxima a un despegue o si, por el contrario, lo peor está por venir.

La divergencia en cuanto a los pronósticos contrasta con un diagnóstico que es indiscutible. Llegamos a las PASO con las peores condiciones económicas en las últimas seis elecciones tanto si miramos el índice de consumo como el de empleo o salario real. Argentina tiene el mismo PBI que hace diez años y el mismo PBI per cápita que hace cincuenta, un lapso en el cual la pobreza pasó del 5% al 42% y donde casi seis de cada diez niños son pobres.

Analizando un periodo más corto, el árbol no es muy distinto del bosque. La degradación del salario real en los últimos cuatro años alcanza el 23%, con una inflación que erosiona cualquier poder adquisitivo y que ha derivado en el récord histórico de trabajadores ocupados que no alcanzan la línea de pobreza, el 30%.

Con un pasar todavía más cuesta arriba se encuentran los centenares de miles de desocupados que pueblan las calles de todo el país reclamando por trabajo genuino, pero sabiendo que si eso no llega, el Estado debería dar un auxilio mayor al que recibieron hasta ahora. Los trabajadores pasivos, los jubilados, se ubican también en el pelotón de los grandes ajustados en el último periodo.

Mal que le pese a muchos de los colegas que pululan por el panelismo televisivo, economía y futurología deberían ser asuntos separados. No tenemos la bola de cristal, intentamos hacer ciencia y en ese camino evaluamos las tendencias que existen, cuales son los desequilibrios y las potencialidades que, bien interpretadas, pueden transformar la realidad.

En el Gobierno se ilusionan con que el “segundo semestre” de Alberto Fernández sea el que finalmente muestre los brotes verdes, parafraseando la nomenclatura macrista. Se valen para ello de dos datos: el del crecimiento de la actividad económica (que más allá de la injusta comparación con 2020, en algunos sectores supera también la pre pandemia) y la meseta de los últimos meses de la inflación.

Quienes se vuelcan al escepticismo consideran que ese rebote es muy heterogéneo y todavía no alcanzó a los sectores populares y que la inflación menor al 3% mensual que prometen para la segunda mitad del año va a durar poco una vez que se levanten algunas anclas inflacionarias como las tarifas semi congeladas o el dólar, cuyo precio creció en el último año un tercio que la inflación.

De todas maneras, más allá de un punto más o menos de inflación, lo determinante pasa por el acuerdo con el Fondo. El Frente de Todos llegó al poder sabiendo que debería enfrentarse a una deuda inmensa y que los vencimientos más cuantiosos con el FMI comenzarían el año próximo. En el medio estuvo la reestructuración con los acreedores privados, mucho más festejada por Martín Guzmán que por los mercados, que continúan valuando los bonos argentinos con un rendimiento cercano al 20%.

El objetivo inicial del Gobierno era llegar a un acuerdo rápido con el Fondo, algo que obviamente no ocurrió. Ante la inminencia electoral las voces fuertes de la coalición decidieron posponer la rúbrica, sabiendo que lo que se firmará en Washington serían los lineamientos fundamentales de la segunda mitad del mandato y, probablemente, diste mucho de lo que necesitan los bolsillos de los votantes.

Es lo que Alejandro Rebossio adelantó en elDiarioAR: para acordar con el Fondo las condiciones son las mismas de siempre, las famosas “reformas estructurales”. Modificaciones importantes en materia laboral, tributaria y fiscal de manera que el principal acreedor del país se asegure el repago a partir de un achicamiento del déficit y más facilidades para los supuestos inversores.

La particularidad de que cuando se firme el acuerdo deberá pasar por el Congreso no es un dato menor. En el Gobierno quieren compartir con la oposición el costo político de lo que se vaya a aplicar y de parte del Fondo prefieren abrir el paraguas ante un recambio electoral en dos años y comprometer a todo el régimen político.

El ajuste en el gasto público que llevó adelante Guzmán en la primera mitad del año, incluso suspendiendo la IFE y recortando las partidas vinculadas a la pandemia, está todavía muy lejos de lo que le demanda el organismo dirigido por Kristalina Giorgieva. Al menos le permitió un mayor margen de cara a los comicios, donde su slogan de cabecera “el achicamiento del déficit no es derecha” chocó de frente con las necesidades electorales del FdT.

De cara a las PASO, la suerte ya está echada. Ningún anuncio o decisión económica cambiará el rumbo de lo que suceda dentro de diez días. Vamos camino a una elección que es presentada a ambos lados de la grieta como la más importante de la democracia, pero que se vive con más apatía que cualquier otra en los últimos veinte años. 

El resultado de los comicios, sin embargo, no será indiferente para lo que viene. Demostrará, entre otras cosas, el grado de hartazgo de la población para con la situación económica y quienes nos trajeron hasta acá. Ese dato, a su vez, será crucial para las decisiones que se tomen en el futuro inmediato y será un indicador de cuán corta está la mecha del humor popular. Lo que difícilmente tengamos es una respuesta a si ya tocamos fondo y si al hambre de hoy lo sustituye el pan de mañana.

GL

En su nuevo rol como vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner es mucho más selectiva para decidir sobre sus apariciones públicas que cuando se ocupaba el sillón de Rivadavia. Reflexiona más acerca del momento y el lugar para pronunciar sus discursos y parece estar concentrada como nunca en elegir su contenido, más consciente sobre el peso de su palabra y las repercusiones que tendrá en la agenda pública. 

A pesar de todos los cuidados, su referencia a la economía argentina como “bimonetaria” no sorprendió a nadie. Puso de relieve algo evidente, que a pesar de que el Banco Central solo emite pesos y que es la única moneda de curso legal, la influencia del precio del dólar en nuestro país es determinante para las finanzas nacionales y, en muchos casos, es el termómetro más preciso que se encuentre para conocer el clima político.

La literatura económica de los últimos años ha sido muy prolífica para intentar entender lo que aparece como una afición de los argentinos por ahorrar y pensar en dólares, algo que no ocurre de manera tan marcada en otros países de la región, con independencia de si son más o menos desarrollados económicamente. Existen distintas concepciones para explicar esto, por un lado se encuentran quienes lo adjudican a un factor cultural o idiosincrático y, por otro, quienes nos inclinamos por la necesidad de comprenderlo a partir de los factores materiales o económicos, es decir un abordaje racional de esta peculiaridad argentina.

La situación se complejiza en la medida en que esos ahorros (o ganancias) dolarizados se encuentran en su mayoría fuera del sistema bancario local. El INDEC publicó la semana pasada un informe que muestra con crudeza la magnitud de este problema, insoslayable a la hora de pensar el desarrollo económico argentino: son 347.875 millones de dólares los que tienen los argentinos en esta condición, ya sea en propiedades e inversiones en el extranjero como en billetes, que pueden estar tanto en otro país como abajo del colchón o en una caja de seguridad.

El crecimiento trimestral de los activos externos fue de unos 900 millones de dólares. El resultado impacta en un contexto por demás crítico para la mayoría de las familias trabajadoras en el país, con un crecimiento desmesurado de la pobreza y la indigencia y el récord histórico –también publicado por el instituto dirigido por Marco Lavagna- de trabajadores ocupados que no llegan a cubrir la canasta de pobreza, un 30%. 

Una primera conclusión es que la concentración de la riqueza en el país ha desnudado la verdadera grieta: mientras a una porción importante de la población le sobra mes a fin de sueldo, hay otra que acumula una riqueza suficiente para girarla al exterior o, al menos, sacarla de circulación. 

Lo que expresó el INDEC con estos números es que la fuga de capitales, como popularmente se conoce este fenómeno, tiene un peso enorme en relación con el tamaño de la economía argentina, el más alto de su historia. Para tomar dimensión de lo que significa semejante cantidad de dinero por fuera de todo el sistema nacional conviene compararla con otros datos: es equivalente a casi nueve veces las reservas del BCRA y prácticamente igual a toda la deuda pública, que según el Ministerio de economía suma USD 335.560 millones. Coincide también con la medición del Producto Bruto Interno, que en 2020 se situó en unos 360.000 millones de dólares. 

Este proceso no surgió de un día para el otro, ni ocurrió exclusivamente durante el gobierno de Cambiemos, como sugieren algunos analistas. Al contrario, es una tendencia que se viene profundizando desde la última dictadura militar y que pegó un salto en los últimos años, en los que pasó de los 161.918 millones en 2009 a más del doble en la actualidad. Durante el mismo periodo que los dólares de los argentinos en el extranjero se duplicaban, la divisa en el país pasaba de valer $3,82 a los actuales $101, con su traslado a los precios que significó una erosión del poder adquisitivo de los salarios. 

Es que en un contexto altamente inflacionario los pesos valen cada vez menos, pierden poder de compra. A esto se suma la amenaza que recorre a todo aquel poseedor de moneda local, que asiste timorato a la posibilidad de que su patrimonio se reduzca en apenas unas horas en una cuantía inadmisible para quienes consiguieron alguna clase de ahorro, aunque sean cada vez menos en un país asediado por la recesión y las crisis. En síntesis, en Argentina no se ahorra en dólares porque así lo indican nuestras costumbres, sino porque la memoria colectiva nos enseña que el que ahorró en pesos perdió siempre. En todo caso, la costumbre es una consecuencia y no la causa de nuestro comportamiento. 

Sin embargo, la fuga de capitales no se concentra en los pequeños ahorristas, sino en los grandes actores económicos. Según el Banco Central, durante el gobierno de Macri el 1% de las empresas compradoras (853 compañías) adquirieron el 73,8% de los dólares comprados por personas jurídicas y entre las físicas, el 10% adquirió un 64%.

El panorama no se completa sin la deuda externa, la contracara de la fuga que, a pesar de ser refinanciada una y otra vez, no deja de aumentar. El informe del INDEC puso de relieve un problema estructural cuya solución no será sencilla. Lo que está claro que no se puede aspirar a tener resultados distintos haciendo lo mismo de siempre. 

La dinámica económica en las últimas décadas habla a las claras de que una parte importante de la riqueza que se produce en Argentina, en lugar de reinvertirse en el país y permitirle un desarrollo creciente de la productividad, es enviada al exterior o, en muchos casos, alejados de toda utilización productiva. La pregunta, entonces, surge por sí sola: ¿Faltan los dólares o es que se fugaron un PBI?

GL