Hace unos días Milei pasó por Córdoba y en medio de los varios disparates que dijo, volvió a atacar de modo virulento al ambientalismo. Entre las falacias y mentiras que desplegó, hay elementos muy consistentes con su visión más general de la vida y el individuo, así como lugares comunes que hoy difunden voceros de la minería. La idea central de Milei es que existiría supuestamente un “ambientalismo idiota y extremo” que “no nos quiere dejar gozar de nuestras riquezas naturales”, que están ahí no “para contemplar”, sino para explotar, incluso para “destruir el planeta”, en tanto “elegidos de Dios”.

En este artículo, desmontamos por parte los argumentos del presidente libertario y mostramos las falacias. Primero, nos referimos a la visión creacionista-destructiva de Milei; segundo, abordamos el ataque al principio de equidad intergeneracional; y por último, vamos a desmontar el mito acerca de que Chile y Argentina tienen -o deberían tener- las mismas riquezas minerales.

Visión creacionista y neoliberalismo

Primero. Milei afirmó que si seguimos “abrazados al ambientalismo idiota o extremo” no podremos tocar nada, solo nos queda contemplar, morirnos de hambre o lanzar una consulta a las generaciones que vienen y las otras, así ad infinitum. Acto seguido redobló la apuesta para afirmar: “Dicen que vamos a romper el planeta” , “¿Y para qué nos lo dio el creador?”

Podríamos esgrimir que no hay mucho que agregar ante tal barbaridad, una más entre las que Milei pronuncia a diario, sobre todo en sus viajes. Pero su referencia a que el ser humano está en todo su derecho a destruir el planeta no es una novedad, es parte consustancial de su pensamiento más profundo y se nutre de antiguas corrientes creacionistas, potenciadas por su ideario ultraliberal.

Empecemos diciendo que el cristianismo occidental fomentó una visión antropocéntrica, en la cual la naturaleza existe exclusivamente para servir al ser humano, legitimando así la explotación y el uso indiscriminado de los bienes naturales. Esta perspectiva de “dominio” bíblico, que posiciona al hombre por fuera y encima de la naturaleza (visión antropocéntrica), puede entonces justificar su manipulación y destrucción, cuyas consecuencias estamos viendo ahora. Milei retoma aquí una de las corrientes más reaccionarias y arcaicas de la religión cristiana, a lo que le suma el anarco-capitalismo o una visión exacerbada del moderno liberalismo económico. Desde esta posición filosófica y política, el individuo puede destruir el planeta sin límites, porque en eso consiste la libertad individual y para eso supuestamente lo ha colocado Dios en este mundo. Esto no es nuevo, ya había saltado cuando Milei defendió el derecho a la contaminación de los ríos en nombre del derecho de propiedad de las empresas. Y más aún, ese ultraneoliberalismo paleolibertario también salió a la hora de hablar de la compra y venta de órganos, incluso de la venta de niños, cuando era diputado nacional y lo planteó como una posición filosófica. O sea, Milei propone una radicalización neoliberal de una visión creacionista antropocéntrica, que no puede culminar sino en la celebración/legitimación de la destrucción (de bienes, personas y territorios) y todo eso en nombre del Supremo.

Dos cuestiones más: una, este tipo de visión creacionista antropocéntrica se coloca en las antípodas del pensamiento crítico contemporáneo, así como de todos los debates relacionados con la crisis ambiental, que toman en serio la cuestión de los límites físicos y ecológicos del planeta y la necesidad de poner freno a la voracidad del capital. No es casual que en tiempos de Antropoceno se esté instalando un nuevo paradigma ecosocial que cuestiona el paradigma binario y las diferentes versiones del antropocentrismo (no solo la visión creacionista, que es tan retrógrada o anacrónica que hasta hace poco no figuraba en la agenda), para plantear como punto de partida filosófico y ético la relación inescindible entre ser humano y naturaleza. Ante la policrisis civilizatoria, donde lo ambiental multiplica las amenazas, y de la mano de pueblos originarios, movimientos socioterritoriales, ecofeminismos, economía social y ecológica, entre otros, este pensamiento crítico propone una visión relacional que incorpora otros lenguajes, saberes y prácticas que colocan en el centro los cuidados de la vida y la eco-interdependencia.

Dos, esta visión creacionista-antropocéntrica-destructiva está lejos de ser la única mirada dentro del cristianismo, incluso si nos remitimos a tiempos lejanos. El ejemplo de Francisco de Asís es el que inmediatamente salta a la vista, pues proponía la humildad y la empatía para con los más pobres y vulnerables, y la humildad del ser humano en relación con las otras especies. No por casualidad el Papa Francisco haya retomado el nombre de esta personalidad carismática del cristianismo y propuesto una visión del “cuidado colectivo de la casa común” en su significativa Encíclica Laudato Si, de 2015, muy a contramano de estas visiones ultraneoliberales y pancapitalistas del fin, como la de Milei. En todo caso, sería bueno que otras corrientes religiosas de la Argentina se pronunciaran ante el retroceso y peligro que significa una visión creacionista-destructiva, como la que Milei encarna.

El principio intergeneracional

Segundo. Milei busca también malversar groseramente el principio de equidad intergeneracional, que es uno de los pilares del derecho ambiental internacional. Este principio establece que la generación actual tiene la responsabilidad ética y legal de gestionar los bienes naturales y económicos de manera sostenible o durable para que las generaciones futuras no hereden un entorno degradado o una menor calidad de vida. Se centra en la justicia distributiva y la conservación a largo plazo. Es un principio sostenido por la ONU e integrado incluso en el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional que establece que “las autoridades deben proveer a la protección del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”. Más aún, es la base sobre la cual se asientan las leyes de presupuestos mínimos -que garantizan una base común e igualitaria para toda la nación-, como es la Ley Nacional de Glaciares, que el gobierno pretende reformar ahora de manera regresiva. Es un principio que además se aplica no solamente a los bienes naturales sino también a otras cuestiones espinosas, como la deuda externa, pues el endeudamiento a gran escala compromete la inversión en derechos básicos como la salud, la educación, en fin, el sostenimiento de la vida colectiva en el presente y futuro.

El incumplimiento del principio intergeneracional es el que está en la base también del reclamo y la denuncia de jóvenes como Greta Thunberg, acerca de qué mundo les vamos a dejar, en un planeta ya herido por la crisis climática y ante el deterioro de los ecosistemas. Es un grito generacional que nos reprocha que hemos roto el compromiso intergeneracional dejándoles un planeta en llamas.

No es que tengamos “la misma cordillera”

Tercero y último. En su discurso Milei equipara las riquezas minerales existentes de ambos lados de la cordillera de los Andes, afirmando que, si existe tanto cobre en Chile, entonces debería haber también otro tanto del lado argentino. Hay que derribar este lugar común, que los voceros oficiales y extraoficiales de la minería han buscado instalar desde Argentina en su intento por reformar de manera regresiva la ley de glaciares hoy vigente. No es que tengamos “la misma cordillera” que Chile. Las reservas de minerales, de un lado y otro de la cordillera, no son las mismas y no tendrían por qué serlo. Según la Secretaría de Minería de Argentina, “a nivel regional, las reservas de cobre de Argentina representan el 9,2% de las reservas de cobre de Chile y el 17,5% de las de Perú, dos países líderes en la extracción global del cobre.”[1]  Las reservas de cobre de Argentina se calculan en 17,1 millones  de toneladas. En comparación, Chile cuenta con reservas por 190 millones de toneladas, cerca del 20% del total mundial, que se calcula en 870 millones, según el USGS[2]. Aun si existieran áreas por explorar, las reservas de cobre en Argentina están lejos de compararse con las de Chile.

Así que no es que “Chile, con la misma cordillera genera 30 veces más que nosotros, que tenemos la misma cordillera”, como dijo Milei en Córdoba y repitió antes, en otros lugares. No solo no genera “30 veces más” sino que, fundamentalmente, no se puede ser reduccionista y pensar que, de un lado y otro de la cordillera ha habido los mismos procesos geológicos a lo largo de millones y millones de años. Si bien las cuencas sedimentarias poseen continuidad a uno y otro lado, las condiciones de deposición no fueron necesariamente las mismas, y la evolución de esas cuencas fue distinta a ambos lados de la cordillera, antes y después de su formación, dando como resultado diferencias geológicas y geomorfológicas. Más aún, los geólogos que consultamos por este tema se mostraron sorprendidos por la sola idea de considerar que la cordillera es igual de un lado y otro. La mayor parte de los grandes yacimientos de cobre del lado chileno están ubicados en franjas asociadas a la ocurrencia de las raíces de cadenas volcánicas durante varios períodos del Cenozoico (desde 65 millones hasta 10 millones de años atrás).

Más claro, es evidente que en esto no tiene nada que ver el ambientalismo o las supuestas trabas ambientales a las inversiones económicas mineras. Tampoco es que el escaso 0,21% del territorio nacional que protege la Ley de Glaciares (26.639) sea responsable de esta diferencia entre Argentina y Chile. Chile tiene los mayores yacimientos de cobre del mundo, y ello se debe a un conjunto de procesos geológicos que, del lado argentino de la Cordillera, no ocurren.

Como contra-argumento podría añadirse que si consideramos que debería haber lo mismo de un lado y otro de la cordillera, la pregunta es por qué no sucede esto con las cuencas hidrocarburíferas. Así en nuestro documento, “10 mitos y falacias sobre la Ley de glaciares”[3], decimos: “Mientras vemos que del lado argentino la cuenca Neuquina posee abundantes hidrocarburos (como los de Vaca Muerta), no sucede lo mismo del lado chileno (por ejemplo, en la región de Lonquimay), así como tampoco hay hidrocarburos en la cuenca del Chañarcillo, que representa la continuidad de la cuenca Neuquina del lado chileno hacia el norte. De hecho, Chile es un país que casi no tiene hidrocarburos”. Sin embargo, ¡no vemos que ningún político chileno salga a vociferar que, si en Argentina hay hidrocarburos del otro lado de la cordillera, entonces en Chile también debería haber!

Colofón

En realidad, toda esta caterva de mentiras e insultos, por parte de un presidente desbocado e ignorante, cada vez más preocupado por los varios casos de corrupción a cielo abierto que involucran directamente su figura, no es casual. Si Milei exacerba el alarido y el insulto serial contra el ambientalismo es porque en las últimas semanas, el ambientalismo logró derribar parte del cerco mediático, al movilizar a la sociedad en la defensa de los glaciares.

A las pruebas nos remitimos. Ya hay más de 85 mil inscritos en las Audiencias Públicas por la modificación de la Ley de Glaciares, convocadas (muy a su pesar) por la Cámara de Diputados de la Nación. Esto constituye un récord a nivel nacional y mundial. Pero el interés de los 85 mil ciudadanos y ciudadanas anotadas no es lograr el Guinness (que lo podrían hacer), sino defender la ley 26.639 que hoy se encuentra bajo un nuevo ataque. La discusión no es meramente técnica o interpretativa, sino que está plagada de elementos de deslegitimación narrativa, tanto por parte de voceros oficiales como extraoficiales, que lejos de buscar “aclarar” o “mejorar” la norma o su aplicación, apuntan a una derogación encubierta de la ley vigente y entregar los glaciares y periglaciares a la gran minería transnacional. 

Más de ochenta y cinco mil voces hasta ahora. Esta brecha abierta en un escenario tan asimétrico o desigual apunta a poner en la agenda pública la necesidad de defender nuestras reservas de agua, nuestros glaciares y el ambiente periglacial, que están en el origen de 39 cuencas hídricas, que recorren más de 1800 localidades y abastecen nada menos que 7 millones de habitantes. Todos sabemos que no es fácil, ya que en una típica avanzada antidemocrática, los diputados de La Libertad Avanza apuntan a restringir/anular la participación en la audiencia pública.

Pero nuestra historia colectiva indica que, aun en los momentos más oscuros, siempre hay destellos de luz. Esas más de ochenta y cinco mil voces (que seguramente aumentarán de aquí a este viernes, que vence la inscripción) están enviando un mensaje claro y preciso, un “no” a la cultura de la resignación y de la derrota. Un mensaje de que es posible dar vuelta la media sanción en la Cámara de Diputados, y evitar así el daño irreversible que producirá, de aprobarse, la reforma que pretende Milei y un puñado de gobernadores y corporaciones mineras. Esas voces están enviando un mensaje de que el presidente Milei no encarna la mirada de las grandes mayorías argentinas y mucho menos nuestra posición filosófica frente a la vida. Esa multitud inscripta está asumiendo cada vez más el carácter urgente e ineludible de la batalla cultural y política.

[1] https://www.argentina.gob.ar/economia/mineria/siacam

[2]https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/rgeólogoecursos_y_reservas_minerales_en_argentina_sep_2025_0.pdf?referrer=grok.com

[3] https://aadeaa.org/10-mitos-ley-glaciares/

La reforma a la Ley de Protección de Glaciares que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional no puede interpretarse como un debate técnico ni como una discusión jurídica. Tampoco responde a una supuesta necesidad de “modernización” normativa frente a la crisis económica que atraviesa nuestro país. Lo que se intenta presentar como un modificación legal es, en realidad, una definición política de gran impacto, que vuelve a colocar en el centro del conflicto el extractivismo como modelo de maldesarrollo y la disputa por los bienes comunes.

Ley de Protección de Glaciares que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional vuelve a colocar en el centro del conflicto el extractivismo como modelo de maldesarrollo

No tenemos dudas de que estamos frente a la “reforma Barrick Gold”. Una modificación elaborada a la medida de las grandes corporaciones mineras transnacionales que, desde hace más de una década, presionan de manera sistemática para flexibilizar o vaciar la protección de glaciares y ambientes periglaciares. Hoy, esa vieja aspiración corporativa encuentra una nueva oportunidad política bajo el actual gobierno libertario, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y una ofensiva geopolítica más amplia orientada a desmantelar los presupuestos mínimos de protección ambiental. 

La Ley de Glaciares (26.639) no constituye obstáculo alguno para la actividad minera en nuestro país como repiten desde la mesa minera y los discursos oficiales. Se trata de un sector hiperliberalizado que goza de privilegios extraordinarios, regalías irrisorias escandalosas y ganancias definidas por simples declaraciones juradas que hacen las propias corporaciones mineras. En cambio, la ley de glaciares contiene un límite básico -democrático y constitucional- al avance del extractivismo (minero e hidrocarburífero), sobre ecosistemas frágiles y estratégicos, estableciendo zonas de exclusión frente a actividades de alto impacto ambiental. 

Entonces lo que hoy se encuentra en disputa no es solo una ley ambiental, sino el sentido mismo de la política pública frente a la crisis ecosocial. Se trata de decidir si la Argentina continuará contando con una legislación que resguarda de manera efectiva sus glaciares y ambientes periglaciares —una de las principales reservas de agua dulce del país— o si avanzará hacia su desprotección sistemática, legitimada con recicladas promesas desarrollistas con la única intención de habilitar la expansión minera en territorios que hasta ahora permanecen protegidos legalmente.

En ese marco, la reforma de la Ley de Glaciares no aparece como un hecho aislado, sino como una pieza central de una reconfiguración regresiva del estado de derecho ambiental, donde se vuelve a usar la crisis económica como oportunidad para profundizar el saqueo, debilitar los derechos colectivos y consolidar un modelo extractivo cada vez más excluyente, dependiente y territorialmente desigual.

La reforma tiene nombres y apellidos

 Para entender mejor el objetivo de la reforma que impulsa el lobby minero, es necesario aclarar que lo que buscan son los minerales que se encuentran debajo de los glaciares, y que la actual Ley los protege y prohíbe su destrucción. No es que quieren los glaciares para llevárselos “en cubitos” o “en helicóptero”, como intencionalmente confunden los trolls libertarios en redes, para intentar ridiculizar nuestro reclamo. Como lo venimos denunciando, esta avanzada tiene actores concretos, intereses muy definidos y territorios claramente identificables. La reforma tiene nombres y apellidos. En San Juan, los proyectos que presionan para modificar la Ley de Glaciares son emblemas del modelo extractivo a gran escala: Veladero, operado por Barrick Gold en sociedad con la estatal china Shandong Gold; el Proyecto Vicuña, de Lundin Mining y BHP; El Pachón, de Glencore; y Los Azules, de Río Tinto. Todos estos emprendimientos, manejados por las corporaciones mineras más grandes y poderosas del planeta, de llevarse a cabo bajo el régimen legal vigente, violarían la Ley 26.639. En Mendoza, el gobernador (filo libertario) Alfredo Cornejo aprobó recientemente ocho proyectos de exploración en zonas glaciares y periglaciares, anticipando el tipo de decisiones que se multiplicarán si la reforma prospera.

Crisis Climática

Esta ofensiva minera se produce, además, en un contexto global y nacional alarmante. Una crisis climática y ecológica que nos coloca ante un punto de inflexión histórico, posiblemente de no retorno. Los glaciares son las reservas estratégicas de agua dulce, reguladores del clima, sostienen numerosas cuencas hidrográficas, garantes de la vida de miles de comunidades y piezas clave en el equilibrio de los ecosistemas de montaña. Su función no se limita a alimentar ríos de deshielo sino que cumplen un rol central en la regulación climática, la biodiversidad, la estabilidad de los suelos y la seguridad hídrica de muchos territorios.

Hace apenas unos días, Naciones Unidas alertó sobre la “bancarrota hídrica” global, destacando el papel fundamental que cumplen los glaciares frente al calentamiento global. En un mundo cada vez más caliente, más seco y más desigual, los glaciares actúan como reservas naturales de agua, amortiguan sequías, regulan caudales y sostienen economías regionales enteras y en Argentina abastecen del vital recurso a gran parte de nuestro territorio. Avanzar sobre ellos es avanzar contra la ciencia, contra los consensos climáticos internacionales y contra el principio precautorio que debería guiar toda política pública en contextos de incertidumbre y riesgo irreversible.

No es casual que esta reforma se inscriba en una agenda más amplia de negacionismo climático, promovida por el gobierno libertario en nuestro país y por las extremas derechas a nivel global. Se trata de una visión que reduce la naturaleza a una mera mercancía, desprecia el conocimiento científico y concibe los bienes comunes como obstáculos al mercado. En esa lógica se inscribe esta reforma minera, que concibe a los glaciares y ambientes periglaciares no como reservas estratégicas de agua ni reguladores del clima, sino como “problemas legales” que deben ser removidos para facilitar negocios de cortísimo plazo para un puñado de corporaciones trasnacionales y de larguísimos e irreversibles daños ambientales y sociales para las mayorías. 

Inseguridad Jurídica y Judicialización

Desde el punto de vista jurídico, el proyecto de reforma P.E. 161/25 resulta abiertamente regresivo e inconstitucional. El artículo 41 de la Constitución Nacional establece con claridad que corresponde a la Nación dictar normas que contengan los presupuestos mínimos de protección ambiental, que funcionan como un piso común, obligatorio e inderogable por parte de las provincias que, pueden complementarlo y ampliarlo, pero nunca reducirlo. Esta arquitectura constitucional fue diseñada precisamente para poner límites al poder político frente a presiones económicas como las que estamos viendo, recordando que la Constitución no existe para acompañar los ciclos del poder, sino para contenerlos. La reforma propone exactamente lo contrario.

Paradójicamente, quienes impulsan esta reforma prometen “seguridad jurídica” y “más inversiones”. Más allá que la seguridad jurídica no es solo para las corporaciones, los ciudadanos también tenemos derecho a que se mantengan las normas que protegen nuestro bienes esenciales, como el agua. También desde el punto de vista empresarial, una norma regresiva e inconstitucional está destinada a ser judicializada, suspendida y declarada inválida. Además que, como está redactada la reforma, la protección de un glaciar dependerá de la voluntad política del gobernador, lo que podrá cambiar con cada elección. El resultado será exactamente el contrario al que busca el sector minero: mayor inseguridad jurídica, paralización de proyectos, conflictos territoriales y responsabilidades políticas y judiciales para quienes impulsan este retroceso. No hay inversión posible sobre la base de la destrucción de las reservas de agua y el incumplimiento de nuestra Constitución Nacional.

Es hora de interpelar a los Senadores

Esta reforma no es inevitable, tiene responsables. Por eso cada senador y senadora deberá decidir en los próximos días de qué lado está: del lado de Barrick Gold y las corporaciones mineras, o del lado de las comunidades, la Constitución y la defensa del agua y la vida. Su decisión quedará escrita para siempre en la historia.

Junto a organizaciones socioambientales, asambleas territoriales y espacios jurídicos de todo el país estamos impulsando una consigna clara y urgente: #LaLeydeGlaciaresNoSeToca. En las Sesiones Extraordinarias de febrero, el gobierno libertario, algunos gobernadores (y sus Senadores) y las grandes corporaciones mineras intentarán desarmar una de las leyes ambientales más importantes de Argentina. No podemos permitirlo. La decisión, ahora, está en manos de Senado, pero también en nuestras manos, es tiempo de escribir a cada legislador/a, de movilizarse en cada uno de los territorios y de exigirles una respuesta clara:

¿Va a votar con las megamineras o con las comunidades que defienden el agua?

Desde el inicio del gobierno libertario de Javier Milei, la Argentina se encuentra atravesando un vertiginoso proceso de despojo de derechos (sociales, laborales, económicos, culturales, ambientales), que abre aún más las puertas a la desprotección y explotación de los bienes comunes naturales, así como al desmantelamiento de la normativa ambiental generada en los últimos treinta años, a partir de una arquitectura jurídica basada en una serie de políticas regresivas de tipo regulatorias, institucionales y presupuestarias.

Desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas - Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (AAdeAA - CAJE) realizamos una sistematización de las regresiones socioambientales registradas desde diciembre de 2023 hasta el 8 de julio de 2025, fecha en la que finalizó el plazo de las atribuciones extraordinarias concedidas al Poder Ejecutivo a través de la “Ley Bases”. También incluimos aquellos hitos que implican una continuidad y/o aceleración de políticas públicas con impacto ambiental, que además de comprometer los bienes comunes naturales, afectan el cumplimiento de los acuerdos internacionales contraídos por la Argentina en materia de cambio climático en foros multilaterales.

A lo largo de casi ochenta páginas, el informe pone de manifiesto el carácter rotundamente regresivo y desregulador asumido de modo explícito por el gobierno de Milei en el marco de un proceso ultraneoliberal de reforma del Estado, lo cual amenaza la sostenibilidad socioambiental y la vida democrática en su conjunto. Por regresión socioambiental nos referimos al deterioro y retroceso en las condiciones ambientales y sociales, impulsada por el desmantelamiento, la desregulación, la derogación y/o modificación acelerada y de carácter negativo de un conjunto de normativas, organismos estatales y políticas públicas asociadas a la protección de los bienes comunes naturales, la lucha contra el cambio climático, la reducción de desigualdades socioambientales y el acceso a la participación ciudadana y la justicia.

Queda evidenciado como la Argentina atraviesa el mayor retroceso en derechos económicos, sociales, ambientales y culturales desde la recuperación de la democracia. El negacionismo climático se convirtió en política de Estado. En nombre de una supuesta libertad, el gobierno de Milei ejecuta un programa de saqueo planificado: se derogan leyes, se destruyen organismos públicos, se entregan ríos y montañas, y se criminaliza a quienes defienden el agua, la tierra y la vida. Un plan sistemático de desguace que abre aún más a la desprotección y explotación de los bienes naturales, mientras nos deja indefensos ante los graves impactos de la crisis climática.

En la introducción analizamos las consecuencias de la Ley Bases y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que no son solo reformas sino blindajes jurídicos para legalizar y perpetuar el despojo. Luego, el informe se despliega en dos partes.

En primer lugar, describe la aceleración del extractivismo en todas sus facetas y evidencia el modo en que los gobernadores, envalentonados, se han montado sobre la ola libertaria, para avasallar resistencias y avanzar con megaproyectos extractivos en las distintas provincias. Combustibles fósiles, desmontes, minería del litio, minería metálica a cielo abierto, privatización de ríos y de represas, criminalización de la protesta, plan de inteligencia antidemocrático. También se abordan las consecuencias de eventos extremos como incendios e inundaciones, que han golpeado regiones o ciudades, ante los cuales la población se encuentra cada vez más desprotegida.

En segundo lugar, analiza hasta qué punto el negacionismo climático convertido en política de Estado implica la destrucción, vaciamiento y/o desfinanciamiento de organismos públicos y el desmantelamiento de normativa ambiental trabajosamente instalada en los últimos 30 años. Desde el Ministerio de Ambiente hasta el INTA, el INA (Instituto Nacional de Agua) y ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo), INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), Dirección Nacional de Emergencias, entre otros. Y directamente la disolución de organismos como la Dirección Nacional de Agroecología, el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena (INAFCI), el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, entre otros. Innumerables leyes y fondos afectados, desmantelados o derogados, como la ley 26160, de emergencia territorial de comunidades indígenas, o la Ley de tierras (esto último, frenado por la justicia).

El delirio de desregulación del gobierno arremete incluso en contra de lo poco que en este país había de promoción de energías renovables (la ley de generación distribuida y el plan de fabricación nacional de calefones solares), así como desregula normativas de protección animal, que habilitan la exportación de ganado vivo (prohibida desde 1973) y desregula la exportación de fauna silvestre, lo que abre la puerta al tráfico de animales.

Es importante tener en cuenta que el programa político que se propone el actual gobierno de extrema derecha es integral, pues en lo económico, apunta a la ultraliberalización de la economía que se ejecuta a través de la desregulación del Estado en áreas clave, el endeudamiento externo y el ajuste fiscal, en favor de los sectores más concentrados de la economía. Esto se ha ido expresando en el desmantelamiento de políticas públicas ligadas a lo ambiental, a la salud, a la educación, a los sectores más vulnerables (comedores barriales, jubilados, movimientos sociales y sectores de la economía popular, personas con enfermedades graves, con discapacidad), los pueblos originarios, las mujeres, las diversidades. No es que dichas políticas públicas y organismos funcionaran de manera óptima, pero sin duda constituían una base regulatoria desde la cual reclamar derechos y reducir desigualdades.

En lo cultural, el actual gobierno se propone suprimir toda narrativa centrada en la defensa de la justicia (sea social, ambiental, étnica, de género, entre otros). La llamada “batalla cultural” conlleva un ataque a gran escala contra el campo de la cultura, la ciencia, la salud y la educación pública, el periodismo, incluso artistas populares, así como a la totalidad de los colectivos y sectores que buscan instalar una agenda de derechos (mujeres, indígenas, minorías sexuales, ambientalismo, entre otros), a quienes el gobierno libertario responsabiliza de un supuesto “adoctrinamiento”. Ya dijimos del alineamiento del gobierno con las posiciones más retrógradas del negacionismo climático, algo asociado a las extremas derechas a nivel global.

En lo social, este programa de destrucción se articula con la implementación de una política de criminalización y represión de la protesta social, en todos sus aspectos. Se advierte un retroceso en términos de derechos y garantías, en la tendencia abiertamente iliberal y antipluralista que se propone abiertamente obstaculizar la posibilidad misma de expresarse (contra la libertad de expresión y manifestación). Las reformas introducidas otorgan un poder punitivo a las fuerzas policiales y confirman la tendencia a la militarización de territorios extractivos, lo que aparece como altamente peligroso e inconstitucional. En suma, el objetivo no es solo producir confusión sino también miedo y desmovilización, a fin de generar una sumisión social absoluta que suprima no solo los derechos sino la posibilidad misma de manifestar. Todo lo dicho es de tal gravedad política e institucional que coloca en un tembladeral los cimientos mismos de la democracia en Argentina.

Así, el escenario regresivo que está en marcha desde diciembre de 2023 es claro y contundente. Una de las mayores características del programa de la extrema derecha libertaria es la vertiginosidad y aceleración de las reformas en curso, posibilitadas por las facultades extraordinarias, de alto impacto económico, cultural y social.

Por último, este Primer Informe de Regresiones Ambientales será presentado formalmente ante la Cámara de Diputados y el Senado Nacional, así como en organismos internacionales como las autoridades del Acuerdo de Escazú. Como acto de memoria colectiva, es necesario dejar constancia sobre los retrocesos y violencias de estos últimos tiempos. Pero también creemos que dicho informe puede ser una herramienta de contestación y resistencia, para imaginar y defender otro futuro, fundado en la protección de la vida, la defensa de los derechos y la participación democrática. Al sistematizar la regresión, también se busca señalar caminos para resistir y, pensar claves para reconstruir y defender lo común, activar redes de solidaridad y cooperación, exigir justicia. Porque narrar el saqueo y el negacionismo climático es urgente. Pero imaginar salidas también es un acto político. La política ambiental de Milei no es una anomalía: es el proyecto. Y hay que frenarlo.

Parece una obviedad, pero como en este país el sentido común se ha invertido y bastardeado, hay que arrancar por lo más básico. Hay que comenzar justificando por qué defendemos los glaciares:

Defendemos los glaciares porque -sea la forma que adopten- son nuestras fábricas de agua, esas que desde la cordillera van alimentando más allá de las fronteras provinciales, nuestras cuencas y ríos, de las que depende toda la actividad económica, la salud de los ecosistemas y nuestra propia subsistencia.

Defendemos los glaciares porque en todo el mundo están cada vez más amenazados por el cambio climático y el estrés hídrico que ha hecho que éstos retrocedan, hasta en algunos casos desaparecer (como ya sucedió en Perú y Bolivia). Defendemos los glaciares contra aquellos negacionistas del cambio climático que por acción u omisión, alientan su destrucción y/o desaparición.

Defendemos los glaciares porque la otra gran amenaza es la expansión de las actividades extractivas, sobre todo de la gran minería, que se emplaza sobre zonas glaciares y periglaciares, utilizando millones de agua dulce y destruyendo estas fabulosas reservas de agua, como ya lo hecho en San Juan, y también del lado chileno, un país sometido a un estrés hídrico ya dramático.

La Ley 26.639, sancionada en el año 2010, resguarda los sistemas de glaciares y sus ecosistemas asociados, colocando límites razonables a actividades extractivas (petróleo y minería) en ambientes glaciares y periglaciares. Su sanción no fue fácil. Hubo antes un veto presidencial en 2008, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (conocido como “veto Barrick Gold”), pero finalmente la ley fue sancionada dos años más tarde, gracias a la articulación de organizaciones sociales, movimientos ambientales y sectores políticos que de este modo buscaron colocar un límite a una minería descontrolada, símbolo de la reprimarización de nuestra economía, del despojo y la contaminación.

En ese entonces había políticos de fuste, que se animaban a enfrentar al poder político y empresarial. En la cámara de Diputados la autora de la primera ley de glaciares fue Marta Maffei y tuvo grandes defensores como Miguel Bonasso, Pino Solanas, el bloque completo de Elisa Carrió e incluso, luego de varios debates televisivos, el propio Daniel Filmus votó por la buena ley, contrariando a su propio bloque. En el debate en el Senado representantes como Norma Morandini y Ruben Giustiniani abrieron el espacio a las organizaciones sociales y a científicos e investigadores de la universidad pública. Muchos de nosotros fuimos a hablar con los diputados y senadores que estaban indecisos, uno por uno, ofreciendo argumentos y datos científicos. En la sesión que desembocó en su aprobación el entonces senador jefe de bloque del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, votó a favor e incluso el cordobés Luis Juez, hoy tan libertario, también lo hizo; todos ellos alegando que era necesario afirmar nuestra soberanía, resguardar nuestros bienes comunes y colocar límites a un lobby minero que se creía todopoderoso.

La CAEM (Cámara Argentina de Empresarios Mineros), que de Argentina no tiene nada porque está conformada por las grandes mineras transnacionales, nunca se resignó a perder esa batalla. Siempre tuvo a la Ley de Glaciares en la mira, cuestionando a ésta cual piedra en el zapato. La Ley fue objetada judicialmente apenas sancionada y logró ciertos frenos en las provincias más colonizadas por el poder minero (como en San Juan). La CAEM volvió a la carga bajo el gobierno de Macri en 2016, pero no pudo modificarla debido a la filtración del proyecto y las denuncias públicas que le siguieron. Dicha modificación estuvo a punto de ser introducida en el marco del proyecto de Ley Ómnibus (enero/febrero de 2024), aunque tampoco aquí pudieron lograrlo, debido al rechazo social que provocó.

Ahora la CAEM redactó un proyecto de Decreto que pretende saltear el Congreso, con el explícito propósito de avanzar con la explotación minera al área de glaciares y periglaciares, actualmente protegidos, lo que habilitaría su destrucción. La información que circula, de varias fuentes, es que irían contra la Ley de Glaciares a través de un Decreto nacional, por la vía de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifique directamente la ley, o mediante un decreto reglamentario que termine desvirtuando los alcances de protección de la norma. Lo que es seguro es que la modificación habilitaría la minería en la zona periglaciar y limitaría además la protección solo a glaciares mayores de una hectárea, desconociendo el carácter semi-árido de gran parte de nuestro país, mucho más expuesto por eso al estrés hídrico, agravado por la crisis climática global.

Así, la modificación es abiertamente regresiva pues dejaría afuera de la protección a todo el ambiente periglaciar. Cientos de kilómetros cuadrados a merced de su destrucción. Este ambiente, que rodea los glaciares, además de tener una importancia hídrica en sí misma, es -a su vez- elemental para la conservación de los cuerpos de hielo principales por su rol ecosistémico. También, como dijimos, dejarían fuera de protección todos los glaciares menores a una hectárea (una manzana urbana). Esta distinción, absolutamente arbitraria y sin sustento científico, dejaría fuera cientos de glaciares actualmente protegidos. Además habría una modificación que habilitaría la discrecionalidad total para destruir cualquier glaciar, pues pretenden exigir que los glaciares demuestren “relevancia hídrica” para que sea protegido. Esto abriría la puerta a la destrucción de cualquier glaciar, de cualquier tamaño, con la sola declaración de una provincia de que el glaciar en cuestión no tiene esa condición. En definitiva, todos los glaciares estarán en la mira de las grandes mineras.

Si bien la modificación que se pretende hacer es “quirúrgica”, es suficiente para permitir la destrucción de estas fábricas de agua. Y ello para llevar a cabo una actividad netamente extractivista e irracional, que puede durar sólo 15 o 20 años, y que tiene como consecuencia la destrucción de los glaciares para siempre. Sí, claro, hay que decirlo una vez más aunque sea obvio: los glaciares una vez que se destruyen, no se pueden reconstruir ni recomponer.

Además, el Decreto sería abiertamente inconstitucional, por su carácter regresivo. No se puede retroceder en protección ambiental, esto lo establece el Acuerdo de Escazú al consagrar expresamente el Principio de No Regresión, tratado internacional que Argentina firmó y, por lo tanto, está obligado a respetar y, además, ya forma parte de nuestra legislación.

Por otro lado, las compañías mineras y sus voceros suelen decir que la Ley de Glaciares impide el avance de la minería. Que quede claro, por si hay todavía algún distraído: no es que la megaminería no haya avanzado en Argentina a raíz de la Ley Nacional de Glaciares. Ciertamente esta impuso límites razonables sobre polémicos proyectos que pretenden asentarse en zonas protegidas, pero no pudo evitar que la minera Barrick Gold continuara destruyendo glaciares en San Juan. En realidad, pese a los grandes logros de los movimientos en defensa del agua -como en Mendoza y Chubut- la megaminería sigue avanzando descontroladamente en las provincias. Hoy, en 2025, solamente en Río Negro hay unos 53 proyectos en distintos estados de avance, y más de 35 en San Juan y es así en casi todas las provincias. Así, la voracidad de las empresas mineras no conoce límite, mucho menos ahora que están envalentonados como nunca por una política nacional negacionista del cambio climático. Los gobernadores y los sectores promineros se han subido al carro triunfal libertario, avalando en lo provincial una política nacional que suprime derechos, que reprime en las calles la protesta social, que encarcela a activistas sociales y ambientales, y ofrece en bandeja de plata al capital transnacional y sus socios nacionales los bienes públicos y naturales de los argentinos.

Estamos en tiempo de revancha; el lobby minero se frota las manos y ve por fin llegar su hora, la de avanzar y destruir los glaciares. Seguramente van a minimizar el peligro de destrucción, mentirán sobre nuestras fuentes de agua y las posibilidades de contaminación. Mentirán como lo hacen también sistemáticamente a la hora de prometer la creación de fuentes de trabajo, pues según fuentes oficiales la minería solo representa el 0.15% del trabajo privado registrado nacional. Dirán que ellos protegen el ambiente, pese a las ingentes muestras de que es todo lo contrario. Dirán que están acá para desarrollar el país, pese a que las zonas mineras -enclaves de exportación- siguen teniendo altos índices de pobreza. Dirán que aportan al fisco, cuando la Ley de Inversiones Mineras, de la década de los 90, establece exenciones impositivas y financieras y el tope de cobro de regalías (actualmente están pagando 1,6% del mineral que extraen), a lo que se suma ahora el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) en la denominada Ley Bases (2024).

En fin, sacaran a relucir su reforzada confianza de clase, porque además tienen enfrente un presidente-chucky que los llama “héroes” y “benefactores sociales” y un ministro fanático de la desregulación hasta la obscenidad como Federico Sturzenegger, que se deleita haciendo entrega de nuestros bienes al conjunto de las fuerzas corporativas.

Pese a todo, no es hora de temer, de paralizarse o de hacer la política de la avestruz. Es hora de exigir seguridad jurídica. Aunque parezca un concepto exclusivamente relacionado con los grandes intereses económico, es importante remarcar que los ciudadanos también tenemos derecho a la seguridad jurídica. Tenemos derecho a que se respeten las leyes, como en este caso, que protegen las fuentes elementales de vida. A que no sean modificadas o subvertidas intempestiva y arbitrariamente y así se cambien las reglas de manera regresiva. ¿Permitiremos que destruyan nuestras reservas de agua, algo tan prioritario para la vida, máxime en el marco de la aceleración de la crisis climática? ¿Lo aceptaremos pasivamente? ¿Habrá algún legislador o legisladora - como lo hubo en 2010 y también en 2016- que salga a defender estos bienes comunes que pertenecen a todas las y los argentinos?

Un plan de vigilancia secreto y antidemocrático

A esto se suma el peligroso plan de vigilancia, claramente antidemocrático, que se estaría ya aplicando contra los sectores ambientales. El pasado 25 de mayo el periodista Hugo Alconada Mon reveló la existencia de un Plan de Inteligencia Nacional 2025 (PIN), elaborado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) del actual gobierno de Milei. La revista Crisis accedió a una copia de dicho Plan y evidenció la extrema gravedad de su contenido. La descripción del “objetivo de inteligencia” de la SIDE sobre el movimiento socioambiental es escalofriante.

Es una caracterización detallada de las acciones elementales que realizamos desde hace décadas: “actores estratégicos, vinculados a organizaciones ambientalistas, con capacidad de incidir en la toma de decisiones y en la obstrucción de proyectos ligados a la exploración y explotación de Recursos Naturales Estratégicos (RNE)”

El delirio es tal que alcanza incluso a aquellos que propicien un cambio de matriz energética, algo que es una obligación nacional e internacional, que establece el Acuerdo de París, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Así se dice: “actores que propician proyectos relacionados con el desarrollo de energías renovables e hidrógeno verde a nivel global que aceleren el cambio de matriz energética en detrimento de la posible comercialización de recursos hidrocarburíferos por parte del Actor Nacional”.

También se encarga de poner como objetivo de inteligencia a las comunidades indígenas: “actores que en función de la protección de patrimonios culturales y/o sagrados para las comunidades locales deriven en la obstrucción de proyectos”. Y el dislate es total al incluir a los científicos: “actores que promocionen actividades científicas ligadas a la conservación de la biodiversidad y protección de los océanos…”

Es decir que la totalidad del espacio socioambiental, que incluye organizaciones, colectivos, activistas, referentes académicos y periodistas, comunidades indígenas y científicos, son -somos- el blanco del Servicio de Inteligencia del Estado solo por promover elementales acciones que realiza pacíficamente cualquier defensor ambiental. Todo ello nos plantea las preguntas acerca de qué tareas de inteligencia ya se están realizando sobre nosotros. ¿Nos están siguiendo físicamente? ¿Penetran o infiltran nuestras comunicaciones y redes sociales? ¿Preparan “operaciones” mediáticas para desprestigiarnos? El objetivo así no es solo provocar confusión sino además producir miedo y desmovilización, generar una sumisión social absoluta que suprima no solo los derechos sino la posibilidad misma de manifestarnos. Es de tal gravedad que debería producir un escándalo nacional de proporciones. Pero en realidad, hay que preguntarse a quién le importa el movimiento ambiental, sus luchas territoriales y su defensa de nuestros bienes comunes, si este ha sido sistemáticamente ninguneado, estigmatizado e invisibilizado por todos los gobiernos argentinos de los últimos veinte años…

La cineasta Lucrecia Martel dijo hace poco que: “Nos toca algo que da mucho trabajo y es muy cansador, nos toca inventar el futuro próximo... Inventemos un futuro que nos guste, que no sea solo el futuro del apocalipsis... Hay que inventar de cero.” Así, es tiempo de pensar otro futuro y también de cuidarse, cuidarnos, mucho, juntos, para sostener y hacer retroceder colectivamente esta ofensiva autoritaria que se perfila en todos los frentes. Es tiempo de abrir el espacio -político y cognitivo- a la imaginación radical y, sobre todo, tiempo de unir las luchas.

Enfrentamos un gobierno negacionista que, por definición, niega la crisis ecológica y climática y, por ende, suprime políticas ambientales y recorta cada vez más el presupuesto en nombre del ajuste fiscal, mientras los incendios previsiblemente se multiplican y devoran bosques, destruyen ecosistemas, seres humanos, animales y viviendas. ¿Cómo incidir públicamente o con qué estrategias responder en medio de esta crisis que no es solo ambiental, sino también política? Parece difícil de responder porque al Gobierno no le interesan los grandes incendios, ya que todavía percibe que no paga ningún costo político frente a la sociedad. 

En todo caso, creemos que es necesario recuperar o repensar algunas claves para poder enfrentar estos megaincendios del Antropoceno o el Capitaloceno: por un lado, información y capacitación. Por otro lado, solidaridad y empatía ambiental a gran escala.

El primer eje apunta al Estado, porque requiere de políticas públicas, que es lo que efectivamente no está en la agenda del Presidente. Contamos con un sistema de información meteorológico altamente capacitado, que también ha sido afectado por despidos del Gobierno. Lo mismo ha sucedido con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que además de ser desfinanciado y precarizado, pasó de la cartera ambiental a la órbita del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich. Así, en vez de estar planificando cómo activar las alertas tempranas (que se basan en datos meteorológicos, territoriales y en el monitoreo de las zonas más propensas a sufrir incendios), y que servirían para controlar la propagación de focos de incendios (intencionales o no), lo que el Gobierno está haciendo es reducir el personal científico y de defensa civil, mantenerlos en la angustia de la precariedad laboral permanente y amenazarlos con despidos o represalias si –por ejemplo- hablan de “cambio climático”. Es evidente que una política pública de adaptación y mitigación de la crisis climática debe pasar por el fortalecimiento y la contratación de más personal científico y de defensa civil, incluso de formación de más brigadistas entre la población y dotarlos de equipamiento y la logística adecuada.  

Pero lo cierto es que estamos ante un ecocidio anunciado: al Gobierno le interesa usar la información para sembrar noticias falsas en las redes sociales (como explica Giuliano Da Empoli en su libro Los Ingenieros del caos, al referirse a las extremas derechas), no para fortalecer un sistema de defensa civil o una red de información científica que permita prevenir, adaptarse y mitigar la crisis climática en curso. Las respuestas del Gobierno siempre van en la línea de la negación (como lo muestra el constante “Yo no dije lo que dije” del Presidente), a lo que se suman toda suerte de teorías conspirativas. Por ejemplo, se prefiere buscar un chivo expiatorio –como hizo el gobernador de Chubut hace un par de semanas y ahora replica la superministra de seguridad nacional Patricia Bullrich—, en continuidad con la campaña anti-indígena (que inició la propia Bullrich durante el mandato de Mauricio Macri), y alentar la hipótesis de que los responsables están entre la comunidad mapuche, lanzando todo tipo de acusaciones absurdas, cuando lo real es que las comunidades indígenas, por su cosmovisión, jamás prenderían fuego un árbol y son tan afectadas como cualquier otro sector de la población en estos incendios. Incluso muchos de los brigadistas en la primera línea de fuego son miembros de esta comunidad indígena. El racismo anti-indígena de este Gobierno otorga combustible fácil para encender aún más la mecha del odio y habilitar toda suerte de teoría conspirativa.

Más aún, las fuerzas policiales de la provincia estarían persiguiendo y deteniendo incluso a brigadistas comunitarios que están colaborando en el combate contra los incendios y del centro de donaciones en la Comarca Andina, de manera aleatoria, afirmando que han encontrado a los responsables de los incendios intencionales. También corre el rumor en la Patagonia que sería inminente el ingreso del Ejército a la región. Queda claro que están dispuestos a habilitar una verdadera cacería.

Falta que Milei culpe de los incendios a algún ambientalista también… Parece chiste, pero si Milei dijo hace poco en una entrevista que la izquierda debería hacerse cargo del “nacionalsocialismo” de la segunda guerra mundial, todo es posible en la Argentina de hoy. A algún troll envalentonado o alguna entusiasta diputada oficialista se le podría ocurrir y lanzarlo sin aspavientos al tóxico debate político que hoy impera en los medios televisivos.

El colmo del carácter anticiencia de este Gobierno, que viene desmantelando y desfinanciando el aparato científico nacional, se logró con la noticia de la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Un hecho sin precedentes, que provoca a nuestro país innumerables perjuicios muy concretos y un aislamiento en relación a la cooperación internacional en materia de salud.

Solidaridad y Empatía Ambiental

La pregunta también es cómo desmantelar las lecturas conspirativas. Estas no solo tienen por objetivo dar una respuesta fácil, rápida y mentirosa. Las lecturas conspirativas habilitan a quien las esgrime a “recuperar” el control, cuando todo es incontrolable. La extrema derecha LO SABE y lo viene haciendo en todos lados, utilizando hechos siniestros –se trate de un crimen aberrante o de un desastre ambiental— para apelar a teorías conspiranoicas, que des-responsabilicen al Gobierno y a los poderes económicos, y que fabriquen un culpable —que ineludiblemente está entre los sectores mas vulnerables de la sociedad—. Eso suele amainar las angustias de sectores de la sociedad que solo quieren volver a la situación anterior, negando las verdaderas causas de la crisis. 

El segundo eje apunta a la necesidad de organizar social y políticamente la solidaridad y la empatía, como claves para transitar una crisis ecológica anunciada, que se va agravando. La solidaridad que vemos emerger en los territorios dañados es conmovedora y de una gran potencia. Pero por el momento es posible en un escenario de colapso climático localizado. La pregunta es cómo potenciar esas solidaridades y empatía a una escala mayor. Necesitamos, como dicen Omar Giraldo e Ingrid Toro en un hermoso libro sobre “La Afectividad Ambiental”, de 2020, volver sobre la cuestión de las emociones y el régimen de afectividad. “Este régimen establece qué elementos pueden ser amados y ante cuáles se debe permanecer indiferente, modulando así la economía afectiva de los individuos. En este contexto, la afectividad no es caótica, sino que responde a una lógica y un orden que son determinados por las estructuras de poder.” Lo cierto es que deviene complicado y difícil en un contexto nacional donde la población —o más bien, diríamos, el régimen de afectividad— está siendo constantemente bombardeado con mensajes de insensibilidad y de crueldad.

En el contexto de la policrisis contemporánea, uno de nuestros grandes desafíos es trazar una vía de construcción colectiva hacia un cambio en la afectividad que nos reconecte con la pluralidad de la vida. Esto no se logra solamente por una vía racional o a través del conocimiento científico (que a veces asusta y desmoviliza), sino “por la revolución de los afectos y las emociones”, por la movilización en defensa de la vida que incluye no solo la nuestra y la de los vecinos, sino la de los seres no humanos, animales, bosques, fuentes de agua, que están siendo devastadas. Si no alentamos esa pulsión de vida, nuestros mejores sentimientos y emociones, en clave de construcción colectiva e interdependencia, de democracia plural y participativa, nadie se salvará. Ni siquiera los ricos o los grandes empresarios que hoy contratan bomberos privados para salvar sus propiedades… 

En suma, varias veces hemos hablado aquí que de cara a una transición ecosocial justa y popular es necesario pensar en las bases de un Estado Ecosocial para hacer frente al doble desafío, el de la crisis climática y el de las desigualdades sociales. Pero afrontar la policrisis en la que vivimos también exige activar colectivamente la pulsión de vida, el respeto por la diversidad y la interdependencia como condición de la vida misma, frente al proyecto destructivo que tanto hacia arriba (instituciones/Estado) como hacia abajo (subjetividades) impulsan políticos como Milei y el conjunto de las extremas derechas.

MS/EV/JJD

Cuando algo nuevo asoma en el horizonte, como son para muchas personas los Derechos de la Naturaleza, al desinterés le sigue la burla. Poco más adelante, en la medida que avanzan esas ideas innovadoras, mientras se mantiene una ignorancia bastante generalizada, que normalmente es terreno fértil para alimentar los miedos a lo desconocido, no faltan amenazas e incluso acciones represivas violentas.

Recordemos un episodio casi anecdótico ocurrido en el Senado de la República Argentina. Era el martes 3 de noviembre de 2015. Fernando “Pino” Solanas, senador nacional y presidente de la Comisión de Ambiente de la Cámara Alta, había organizado el primer “Encuentro Latinoamericano para una Agenda Común sobre Alternativas al Extractivismo”. En plena discusión, cuando estábamos hablando de las graves afectaciones que provocan los extractivismos y de las posibles alternativas a tanta destrucción, recuperando el valor de los Derechos de la Naturaleza, aprobados constitucionalmente pocos años antes en Ecuador, disertantes y oyentes debimos abandonar precipitadamente la sala. ¿El motivo? Una amenaza de bomba en el Salón Illia, donde se realizaba la conferencia.

El edificio entero fue desalojado y solo se pudo regresar una hora más tarde, luego de que la Brigada de Explosivos revisara las instalaciones y constatara que no había ningún explosivo. Sobre el particular, el senador Solanas afirmó a la prensa:

“Parece que reflexionar sobre estos temas le molesta a alguna gente. La amenaza nos obligó a evacuar mientras exponíamos sobre alternativas al extractivismo. Estábamos con siete senadores nacionales, uno uruguayo, seis legisladores brasileños, invitados de Ecuador y trescientas personas que colmaron también el salón Azul. Una vergüenza internacional.”

Pino había arrancado el encuentro marcando que el objetivo era generar una agenda ambiental en común sobre los principales temas relacionados con los extractivismos que padecemos en nuestros territorios. Señaló también que ese encuentro se realizaba porque en la Argentina no existía aún ningún tipo de debate sobre una cuestión tan acuciante. Para finalizar, manifestó:

“Los paradigmas oficiales son los temas que nosotros combatimos con todo nuestro corazón: grandes explotaciones extractivistas amparadas por un neocolonialismo puro, son la enajenación y la destrucción que transitan esta civilización del lucro. Nuestra intención es empujar proyectos comunes y construir un foro de temas ambientales de la región.”

Es indudable que, casi diez años después de aquel episodio, ha llegado el momento de instalar un debate político serio y responsable sobre estos temas no solo en Argentina, sino en el mundo entero. Esta es la voluntad que nos anima cuando proponemos debatir sobre los Derechos de la Naturaleza.

La posibilidad de que algo distinto al ser humano pueda ser pensado como sujeto de derechos constituye una “aberración”. Este es un criterio bastante generalizado en círculos sociales considerados ilustrados. Es más, muchos juristas reconocidos y personalidades influyentes ven grandes dificultades en la aplicación de una jurisprudencia que reconozca a la Naturaleza como sujeto de derechos.

Esto no es nuevo. A lo largo de la historia, toda ampliación de derechos fue, en un comienzo, impensable. Recordemos que al iniciar la colonia los pueblos originarios no solo no tenían derechos, sino que incluso se afirmaba que carecían de alma. La emancipación de los esclavizados o la extensión de los derechos a los afroamericanos, a las mujeres y a los niños y niñas fueron rechazadas en su tiempo por considerarse un absurdo.

Bastaría recordar que, cuando las personas esclavizadas fueron liberadas, no faltaron quienes reclamaron por las “pérdidas” sufridas por sus “propietarios”, cuya “libertad” para comercializarlas, utilizarlas y explotarlas resultó irremediablemente restringida. Algo similar pasó cuando se cuestionó el trabajo infantil –una bienvenida mano de obra barata en el naciente proceso de industrialización– en Inglaterra a inicios del siglo XIX. La polémica fue grande. “La propuesta socava la libertad de contratación y destruye los cimientos del libre mercado”, proclamaban los ilustrados de la época. Finalmente se pudo eliminar ese tipo de trabajo casi esclavo, al menos en términos legales, aunque todavía está presente incluso en muchas cadenas de valor transnacionales.

En el mundo en el que todavía vivimos parece “normal” que las empresas disfruten de derechos casi humanos. En países como los Estados Unidos, modelo de la justicia universal para algunas personas, la ley extendió el ámbito de los derechos a las corporaciones privadas a fines del siglo XIX. Desde entonces se les reconoce a las empresas derechos equiparables a los de las personas humanas: derecho a la vida, a la libre expresión, a la privacidad, etc. Esta realidad –distópica a nuestro juicio– está vigente de diversas maneras en el resto del planeta. Y a nadie le llama la atención puesto que se trata de una tradición de larga data.

En la actualidad muchas de esas posiciones se mantienen más o menos estancadas, a tal punto que pretender que incluso científicos o juristas connotados entiendan y acepten este tema equivale a pedirles que escapen de su propia sombra. Y de eso exactamente tratan los Derechos de la Naturaleza: tenemos que huir de las sombras de la Modernidad. Solo con esa firme convicción podremos superar las taras que arrastramos desde hace cientos de años. Y eso no es fácil, pues alterar esa verdad casi revelada, que considera al ser humano como una especie superior, y aceptar que la Naturaleza es sujeto de derechos resulta una tarea mayor.

Estos nuevos derechos –que en realidad son una suerte de derechos originarios– no son simplemente otro campo del derecho cuyo fin es asegurar un ambiente sano para los humanos; esa es tarea de los Derechos Humanos en su faceta ambiental. Los Derechos de la Naturaleza son algo diferente, plantean un giro radical. Aunque de entrada cabe apuntar que no se oponen a los Derechos Humanos, pues no solo que complementan, sino que se potencian entre si.

Si se acepta la totalidad de su complejidad jurídica, estos Derechos de la Naturaleza rompen con las bases mismas de la Modernidad, abriendo la puerta a una subversión epistémica en todos los ámbitos de la vida humana, incluido el económico. Estamos frente a una suerte de giro copernicano. Así, desde estos derechos podemos prefigurar cambios estructurales que tarde o temprano nos permitirán transitar hacia otros horizontes civilizatorios. En realidad, no habrá una gran transformación si simultáneamente no hay cambios en la humanidad misma.

Estas son algunas de las reflexiones con las que empezamos el libro de reciente publicación La naturaleza sí tiene derechos. Aunque algunos no lo crean (Siglo XXI), que recoge propuestas y reflexiones de varios grupos humanos y de muchas personas comprometidas en la construcción de otros mundos posibles, en clave de PLURIVERSO: un mundo donde quepan otros mundos -según la fórmula zapatista-, sin que ninguno de ellos sea víctima de marginación y/o explotación, y donde todos los humanos y no humanos vivamos con dignidad y en armonía con la Naturaleza. En palabras del gran intelectual colombiano Arturo Escobar, precisamos “mundos y saberes construidos sobre la base de los diferentes compromisos ontológicos, configuraciones epistémicas y prácticas del ser, saber y hacer”.

Con la llegada del gobierno libertario, asistimos a una vuelta de tuerca del extractivismo a gran escala en Argentina. No es que los anteriores gobiernos no desarrollaran políticas extractivistas. Sabemos que la visión instrumental de los bienes naturales y la indiferencia hacia las problemáticas ligadas a la crisis climática/ecológica traza una fuerte línea de continuidad entre progresismos y neoliberalismos. Pero el triunfo de la extrema derecha libertaria instaló una inflexión violenta que conllevó un sorprendente corrimiento del umbral de lo posible, tanto respecto de la (des)regulación estatal, el desmantelamiento de derechos, el cuestionamiento de la que creíamos era una idea consensual de la democracia, así como en sus modos hiper-represivos y violentos de tratar el conflicto social.

La firma del Pacto de Mayo (el pasado 9 de julio) dice explícitamente en su tercer punto  que las provincias deben avanzar en la explotación de los recursos naturales. Ese discurso de Milei dio luz verde a los gobernadores, una señal que habilita el avance brutal del extractivismo en los diferentes territorios, sin importar los costos, tanto respecto de la minería metalífera y de litio, como en relación a otras figuras extremas del extractivismo como el agronegocio o el avance hidrocarburífero. Más claro: el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), al cual adhirieron casi de inmediato las provincias, envalentonó a los gobernadores, que hoy se suben eufóricos a la ola libertaria, para ir en la dirección extractivista que hasta hace poco se les hacía esquiva o más difícil, debido a la fuerza de los movimientos socio-ambientales, en el marco de una narrativa más o menos consensual en torno a la defensa de derechos.

Obras de teatro con actores pagos

Esto ya está sucediendo en las provincias y uno de los ejemplos más notorios es el caso de Río Negro, primera jurisdicción que adhirió al RIGI (incluso antes de que estuviera reglamentado por el gobierno nacional), sobre todo con la gran minería a cielo abierto, una actividad que no había podido llevarse a cabo, debido a la resistencia de las poblaciones y las comunidades indígenas, pese a que desde 2011 se derogó la llamada ley Anticianuro (sancionada en 2005).  

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilnek, cuyo partido provincial gobierna ininterrumpidamente desde 2011, viene avanzando en el control de los tres poderes del Estado y de los medios de comunicación, para generar un nuevo entramado legal, a través de la derogación de leyes de protección ambiental (como la que protegía el Golfo San Matías), modificando otras leyes (de tierras, código minero), dividiendo a las comunidades indígenas (sin consultar a las que se oponen), para habilitar así la instalación de un puerto petrolero, una planta de GNL y avanzando en la minería a cielo abierto. Este espeso entramado legal al servicio de un modelo petrolero-minero, apunta a limitar y controlar también los dispositivos de participación ciudadana, generando simulacros de participación, montajes que convalidan la decisión gubernamental, tal como lo ilustró de manera casi surrealista la audiencia pública de Ingeniero Jacobacci, por el proyecto minero Calcatreu, realizada el viernes 30 de agosto.

Una de las cuestiones que más saltó a la vista en dicha audiencia pública, a la cual la coautora de esta nota participó como expositora, fue no solo el triunfalismo del gobierno sino también la manipulación política de las expectativas de la población sobre el trabajo prometido. Jacobacci es una pequeña y humilde localidad de la Línea Sur, vaciada económicamente en términos de políticas públicas, y muy probablemente sean muchos los pobladores –sobre todo, los jóvenes– que aguardan legítima y ansiosamente a la minería como oportunidad de trabajo. 

Debido a que gran parte de las asambleas socioambientales rechazaron participar, la audiencia pública se convirtió en un estrado donde los inscritos subían para exclamar enfáticamente “Sí a la minería” y manifestar su expectativa laboral. Sin embargo, según el Estudio de Impacto Ambiental, el proyecto minero Calcatreu creará solo 100 empleos durante la fase de construcción y 250 durante la explotación del proyecto que durará cinco años. Pese a ello, en sintonía con el discurso libertario, los funcionarios rionegrinos anuncian exultantes la solución al desempleo, la pobreza y el desarrollo local de la mano de la minería. Atacan el “pobrismo” para fomentar el pensamiento mágico.

Tanto los especialistas como las poblaciones afectadas son conscientes de que la minería metalífera a cielo abierto no genera muchos puestos de trabajo. Hace 20 años que venimos documentando datos desalentadores. Según datos del SIPA (2023), elaborados por el profesor y geógrafo Marcelo Giraud, de la Universidad Nacional de Cuyo, la minería metalífera solo emplea el 0,15% del empleo privado registrado total. Si seguimos la trayectoria de las localidades mineras, en Belén (Catamarca), solo el 1,5% trabaja en minería, mientras que en Jachal (San Juan) es de 3,3% (datos elaborados por la investigadora del Conicet Cecilia Agnistein). Mientras tanto, el Indec informaba para el segundo trimestre de 2023 que la pobreza en Catamarca era del 45% y el 41% en San Juan, antes de que el gobierno de Milei sumara unos 10 puntos porcentuales. 

En Perú, país minero por excelencia, en la actualidad el empleo en minería metalífera es del 1,5% de la población económicamente activa, mientras que la agricultura llega al 27,5%, según el exviceministro de Ambiente, el economista José de Echave.

La conclusión es que el trabajo minero que se crea es poco y de mala calidad; el impacto en términos de desarrollo local es insignificante. El empleo indirecto es de inserción muy precaria, trabajadores informales, comercio, empleadas domésticas. Y no es casual que en las provincias extractivas crezca el empleo público y la economía popular. Para colmo, la ruta del extractivismo está marcada históricamente por la prostitución y la trata de personas. 

El día después de la audiencia el gobernador de Río Negro publicó un tuit en X que dice: “Somos una provincia minera”. Y ello no es casual, hay 53 proyectos mineros en distintas fases, que colocan a la provincia en el top del ranking nacional, por encima, incluso de San Juan, la provincia prominera por excelencia. Así, en Río Negro, se juega algo más que un proyecto minero: Calcatreu es la puerta de entrada que convertirá a esa provincia en una zona de sacrificio a gran escala, con proyectos de oro, plata, litio y uranio, entre otros. Una apuesta a la reconfiguración productiva hacia un modelo primario extractivo exportador, sin valor agregado, de la mano del RIGI, que amplificará la destrucción de los territorios, a lo cual hay que sumar la construcción del puerto petrolero y la Planta de GNL. 

Mientras tanto, en otra localidad rionegrina, en Chimpay, los que hicieron sentir su voz durante la peregrinación anual para homenajear al beato Ceferino Namuncurá fueron los obispos de la provincia, quienes manifestaron su crítica, diciendo: “No les importa el cuidado de la tierra, los proyectos que hipotecan el agua y la tierra (…). Que escuchen a la gente y haya un diálogo transparente, no audiencias públicas que son obras de teatro con actores pagos”.

Embestida a gran escala

Pero esto no es todo. La embestida de gobernadores y corporaciones, envalentonados por la política libertaria, abarca numerosas provincias. La genuflexión es total, incluso en gran parte de las oposiciones provinciales. En Mendoza el embate minero es aplastante. Modificaron el Código Minero, pretenden reformar el Código de Aguas, algo que nadie se había atrevido a tocar hasta ahora. Y con el RIGI –ya aprobado a nivel provincial– pretenden destrozar la histórica ley 7722 que protege el agua.  

En San Juan, el avance del proyecto minero Josemaría supondrá el despilfarro de 1700 litros de agua por segundo, 151 millones por día, durante los 20 años del proyecto. También, ya se contó acá, en la provincia de Chaco se modificó el mapa de protección de bosque nativo para habilitar la destrucción de casi un millón de hectáreas por parte del agronegocio y las tanineras. En Corrientes, el avance del RIGI supone el corrimiento de la poderosa industria de monocultivo forestal que ya domina medio millón de hectáreas rurales y va por los Esteros y humedales provinciales. Por su parte, avanza la privatización definitiva del río Paraná visto solamente como una ruta de transporte de mercadería, la vena mayor de desangrado y saqueo de nuestro país.

Y así, en la era de la demencia y la crueldad, el gobierno de Milei creó la Secretaría de Culto y Civilización. No es una fake news ni una broma de mal gusto; así se llama, por más de que no estemos en el siglo XIX, sino en el XXI. Allí pusieron a cargo de esta tragicómica secretaría a Nahuel Sotelo, un personaje ignoto cuyas primeras declaraciones fueron “ojalá Argentina contaminará más” y que pretende “declarar a Greenpeace como terrorista”, una denominación genérica, que por supuesto busca abarcar cualquier organización ambientalista. Esto es muy peligroso porque acusar a alguien de “terrorista” implica perseguirlo, encarcelarlo, considerarlo un enemigo que debe ser aniquilado, como sucedió en los años 70. Además, esta provocación resulta inaceptable en América Latina, que posee el récord mundial de asesinatos de defensores ambientales.

Queda claro que la ola libertaria, a la cual se han subido muchos de los gobernadores, se propone instalar un nuevo régimen político que apunta a barrer no solo con toda narrativa de derechos sino con toda resistencia social. Con el corrimiento del umbral de lo posible, se abre así un nuevo ciclo político de luchas para las organizaciones sociales en Argentina. Hay que ser consciente de ello. 

Ciertamente, vivimos momentos de gran oscuridad, pero el acumulado de luchas en Argentina en defensa de los derechos humanos, sociales, ambientales, de género y raciales no puede nunca ser desestimado. Hoy no se trata solo de “una lucha ambiental” sino de saber y ser consciente que el núcleo de las dramáticas políticas económicas del gobierno de Milei pasan medularmente por habilitar el saqueo a gran escala de los bienes naturales. Comprender esto reconfigura el escenario de lucha frente a las políticas de entrega y saqueo. Ellos lo saben, por eso el escarnio y la descalificación de parte de los diversos oficialismos hacia el movimiento ambiental. 

En consecuencia, las resistencias vendrán de ahí, de los territorios, como lo fueron el Mendozazo y el Chubutazo. Allí puede estar el germen de resistencias más integrales que avancen hacia la construcción de propuestas de cambio que aborden la nueva situación y apunten a generosas articulaciones sociales y políticas en el plano de la justicia social y ambiental. 

MS/EV/MT

El río Paraná y el río Paraguay son utilizados como un corredor fluvial de transporte que une los puertos de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Además, por allí sale hacia el mundo la mayor parte de la producción agroexportadora de granos y subproductos a través de puertos privados. Son venas de desangrado, donde la ausencia de control es la regla y mediante las cuales se saquean a los países de nuestra región. Es por ello que existe una confusión cada vez más generalizada de nombrar al río Paraná como “Hidrovía”. En nuestro país, a este término lo utilizan medios de comunicación, funcionarios, gobernadores y dirigentes de casi todas las fuerzas políticas. La confusión surge porque el nombre de la empresa que hace años tiene el manejo económico-fluvial del río es Hidrovía S.A., una sociedad integrada por la empresa belga Jan de Nul y la local Emepa (ya retirada). Fue en la década menemista (año 1995) cuando el gobierno nacional le concedió las tareas de dragado y balizamiento del río y, desde entonces, cobra un peaje a las embarcaciones de ultramar que pasan por allí. En el año 2010, la concesión se renovó hasta abril de 2021, siendo hoy una gran oportunidad para que el Estado recupere algo de control sobre una de las cuencas más importantes de América Latina.

Pero en épocas donde manda el dios mercado, el Gobierno pretende licitar nuevamente el control de la navegabilidad del río, con un fuerte lobby de Eduardo Eurnekian y Mauricio Macri a favor del consorcio holandés Boskalis Dredging International. El plan del Gobierno también prevé la eliminación del “Consejo Federal de la Hidrovía”, creado en el 2020, y en el que estaban representadas las provincias ribereñas. Sumado a esto, este plan pretende transferir el manejo del proceso mencionado al Ministerio de Economía y quitársela a la Administración General de Puertos Sociedad del Estado, a quien el gobierno de Alberto Fernandez se lo había otorgado en el año 2021. Todo un procedimiento en el que no se prevén mecanismos de contralor estatal.

El Paraná es un río de vida 

En la reciente estrenada película “Por el Paraná” (di Risio & Gonzalez 2023) se retrata una travesía a lo largo del río y en la cual se evidencian las tensiones entre los proyectos exportadores globales, la naturaleza y las comunidades humanas que habitan una de las la cuencas hídricas más importante de Sudamérica.

Es que el Paraná, ese majestuoso río, es mucho más que un canal de navegación de grandes buques exportadores. Cualquier litoraleño lo sabe, en sus orillas sucede de todo: este complejísimo ecosistema es hogar, fuente de trabajo y recreación de las 12 millones de personas que viven en su cuenca. Grandes ciudades como Corrientes, Paraná, Rosario, Resistencia, entre muchas otras, tienen a este río como centro de sus vidas. No por casualidad el arte le ha dedicado tantas obras a este río: canciones, pinturas, poemas y cuentos. ¿Alguna vez viste un atardecer a su vera? ¿Alguna vez te adentraste en alguno de los bosques ribereños de sus afluentes, donde la naturaleza te toca y te transforma? Hacelo y vas a ver que el Paraná no es solo una vía fluvial para el transporte de materias primas.

Como seres sensibles a la diversidad de expresiones de la vida y atravesados por la magnitud de este caudal, estamos convencidos de la necesidad de conformación del Comité de Cuenca del río Paraná en el tramo nacional, a los efectos de un ejercicio de visión y gestión generalizada e integral, tal como el río se merece. Esto debe darse respetando su biodiversidad, mucho más allá de aquella mirada limitada y focalizada en una mera vía de circulación de mercaderías. Debemos entender nuestro impacto como seres humanos en la heterogeneidad de ambientes naturales que existen en una cuenca como la del Paraná. A lo largo de su recorrido encontramos distintas comunidades de bosques, pastizales y humedales que son utilizados por bacterias, animales y funga como fuente de alimento y refugio. En conjunto, las asociaciones de plantas y quienes las habitan, han evolucionado en relación directa con las variables ambientales locales como los regímenes de lluvia, temperatura, humedad y tipo de suelo, y contribuyen a crear las condiciones ambientales que nos favorecen como seres humanos y de las cuales hacemos uso.

Recientemente la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas, el Colectivo de Acción para la Justicia Ecosocial y la Fundación la Hendija lanzaron el informe “Propuestas urgentes hacia la sanación del Delta Argentino. Un núcleo de propuestas para recuperar los ecosistemas afectados del Delta del Paraná tras las múltiples afectaciones recibidas en los últimos años, como los devastadores incendios, la bajante de la cuenca del Paraná o los procesos de pampeanización. El informe plantea una hoja de ruta en las políticas públicas necesarias y propuestas que buscan el desarrollo de una transición ecosocial destinada a lograr la restauración y recomposición integral del Delta, su sanación. La utilización del término sanación se asienta sobre la necesidad y urgencia de un tratamiento humilde, de igualación con los otros seres  que intentan aún habitar, sobrevivir, perdurar. 

El Paraná tiene derechos 

Con este contexto, el desafío del momento es abandonar la hegemónica idea de conquista, colonización y explotación de la Madre Tierra, en el marco de un cambio civilizatorio profundo que implique el pasaje de un paradigma antropocéntrico a otro de carácter sociobiocéntrico. Es que el río Paraná (y sus afluentes) tiene derechos: el primero y fundamental es que se respete integralmente su existencia, funciones y procesos evolutivos. También, entre otros, a vivir libre de actividades y obras que alteren su capacidad de sostener y recomponer a los ciclos vitales y ecosistemas que de él dependen.

Y hay antecedentes en el mundo sobre esto:

- Río Atrato, su cuenca y afluentes en Colombia: una entidad sujeto de derechos.

Mediante la sentencia T-622 de 2016, la Corte Constitucional de Colombia reconoció al río Atrato como sujeto de derechos, con miras a garantizar su conservación y protección. Para ello, se le ordenó al gobierno nacional que eligiera un representante legal de los derechos del río. Y dijo: “En síntesis, sólo a partir de una actitud de profundo respeto y humildad con la naturaleza, sus integrantes y su cultura es posible entrar a relacionarse con ellos en términos justos y equitativos, dejando de lado todo concepto que se limite a lo simplemente utilitario, económico o eficientista.”

Sobre la base de estos argumentos, la Corte colombiana no solo consideró los derechos fundamentales de las personas afectadas por las actividades de­sarrolladas en torno al río Atrato sino que también evaluó su propia vida, no en términos de explotación económica, sino en términos de su valor intrínseco. Anotemos también que en Colombia cinco ríos ya han adquirido derechos propios.

Otro fallo histórico de la Corte Suprema de Colombia data del 5 de abril de 2018 y reconoce a la Amazonía como sujeto de derechos.

En Europa también hay antecedentes, el Senado español aprobó una ley histórica en septiembre de 2022: convirtió a la laguna del Mar Menor en el primer ecosistema de Europa con personalidad jurídica propia, al igual que las personas humanas o las empresas.

La necesidad de un ordenamiento ambiental de los territorios

La ausencia de ordenamiento ambiental de los territorios es una constante en nuestro país.

Los actuales ordenamientos territoriales que se realizan en gran parte de nuestro país nada tienen que ver con un enfoque del desarrollo territorial integral, que contemple tanto la satisfacción de las necesidades sociales y económicas de la población como la sustentabilidad ambiental de los territorios. En realidad son los grandes intereses económicos los que terminan definiendo la normativa y perfil territorial en el país, a medida de sus incumbencias lucrativas.

Y todo ello está exacerbado en las provincias atravesadas por el Paraná. En Corrientes, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, quien decide que se impone en los territorios son los sectores concentrados del agronegocio (agricultura y ganadería extensiva y forestales) y no el interés general a través de procesos participativos-vinculantes y en base a conocimientos científicos sobre los ecosistemas. La sistemática ausencia de un proceso verdaderamente participativo para el ordenamiento y diseño territorial, acorde con las leyes de la naturaleza lleva a pasivos socio-ambientales que paga toda la población con inundaciones, incendios, sequías, contaminación del aire, la tierra y cuerpos de agua, mortandad de animales, falta de acompañamiento de estado a las propuestas alternativas de producción, éxodo rural, etc.

Un ejemplo paradigmático de cómo los negocios son los que “ordenan” el territorio es el proyecto de Ley que el Poder Ejecutivo de la provincia de Entre Ríos envió recientemente a la Legislatura provincial que posibilitará la venta de bienes inmuebles del Estado Provincial a través de la conformación de una Agencia Administradora de Bienes. El Estado provincial es titular de aproximadamente 188.773 hectáreas de islas en el sistema de humedales del Delta entrerriano. El proyecto no otorga ningún tipo de excepciones por lo que podrían venderse para su transformación lo que provocaría un daño ecológico inimaginable. No podemos habilitar su mercantilización: el Delta, con todos sus bienes públicos, están fuera del comercio y las islas como sistema son inalienables e imprescriptibles conforme a sentencias de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Debemos proteger sus esenciales funciones ecológicas y sociales, garantizando la conservación de este complejo sistema de humedales, considerando sus especiales funciones ecosistémicas y resguardando su integridad ecológica, la calidad del agua, biodiversidad y paisajes, así como sus valores culturales y los derechos de sus pobladores.

Por su parte, en la provincia de Corrientes, la industria forestal de especies exóticas (pino y eucalipto) ya superan las 500.000 hectáreas convirtiéndola en la provincia más forestada del país (con un crecimiento del 84% con relación al año 2013). Este crecimiento vertiginoso se hizo sin ninguna planificación territorial que contemple algo más que la obtención de ganancias extraordinarias por parte de las poderosas corporaciones forestales. Existe sobrada evidencia científica y empírica de que la transformación de los pastizales naturales de esta provincia por monocultivos forestales, son los que facilitan la ocurrencia y propagación de incendios que aquejan a este sector de la cuenca del Paraná.

Cruzando el puente, la provincia de Chaco, acaba de recibir un (re) ordenamiento territorial a medida del agronegocio, modificando el mapa de la Ley de Bosques Nativos para permitir el desmonte de cientos de miles de hectáreas de monte nativo. Los ambientes naturales sanos y conectados entre sí, son fundamentales para afrontar los eventos climáticos extremos como épocas de sequías e inundaciones. 

No es casual que los lobbies más fuertes en contra el proyecto de Ley de Humedales (que pretende ordenar ambientalmente el territorio para su protección y uso racional) sean de la poderosa industria forestal y del resto del agronegocio (sojeros, arroceros y ganaderos). Una característica común de todas las figuras extremas del extractivismo es la invisibilización de la diversidad biológica y cultural que existe en los territorios donde pretende avanzar, desestimando -deliberadamente- su importancia, para poder así imponerse.

Con una vertiginosa lógica de mercado se consolida un modelo de acumulación por desposesión, que conduce a la concentración de la propiedad de la tierra (el territorio) e implica el desprecio por el ambiente, la naturaleza y los bienes comunes. Paralelamente se va dando un proceso de extranjerización de la tierra que, por ejemplo en Corrientes, ya se acerca al millón de hectáreas de las aproximadamente 9 millones totales de la superficie rural total de la provincia.

Debemos avanzar en un correcto ordenamiento territorial, con parámetros ecosistémicos y biológicos y participación ciudadana. Es fundamental cumplir y promover procesos de ordenamiento territorial ambiental en todo el territorio de la cuenca del Paraná, en base a los principios ambientales y con participación ciudadana permanente (artículos 9 y 10 de la Ley General del Ambiente). Ese ejercicio de planeamiento estratégico participativo ambiental será un mecanismo de fortalecimiento de la democracia en la materia y prevendría fragmentadas (e interesadas) decisiones legislativas y administrativas que van generando daños ambientales graves y acumulativos irreversiblemente.

Insistimos, debemos batallar por el cambio de la mirada simplificada, utilitarista, de provecho inmediato que el ser humano tiene sobre la Naturaleza, y más en nuestras latitudes cooptadas por el extractivismo desde inicio de la conquista por parte de los pueblos septentrionales, desde hace ya 5 siglos. Esa sesgada mirada que se tiene hacia la Naturaleza sólo como fuente de extracción, como objeto a ser explotado hasta el infinito (como si eso fuese posible). En palabras del gran teólogo Leonardo Boff, “de amos y señores, a ser hermanos y hermanas entre nosotros y con todas las criaturas”. Esta nueva óptica implica una nueva ética de responsabilidad compartida, de cuidado y de sinergia para con la Tierra“. 

El río Paraná no es la Hidrovía… es la fuente de vida de nuestros territorios.

EV/DTC

Superado el traspié con la ley ómnibus, devenida luego de seis meses en Ley de Bases, el pasado 9 de julio el presidente Javier Milei firmó el diferido Pacto de Mayo. En un despojado escenario tucumano, con temperaturas gélidas en todo el país, el presidente libertario leyó un largo discurso, desarrollando cada uno de los diez puntos del pacto. 

Pese a que habló mucho de la necesidad de poner el énfasis en la alfabetización primaria y secundaria, la lectura accidentada del texto parecía desmentirlo. A nadie se le escapó que en todo momento Milei, tropezaba con las palabras y parecía a punto de despeñarse. Sin embargo, la mala lectura es lo de menos; la anécdota es absolutamente olvidable en medio de tanta desmesura destructiva. Lo importante es que Milei logró su cometido; tuvo su foto de época, su foto del poder, en la cual se destacan los 18 gobernadores presentes, con sus rígidos trajes oscuros y ante la ausencia estentórea de mujeres. Tiempo de disciplinamientos, de nuevas subalternidades, como también de retornos machirulos explícitos. Sola la hermana presidencial sobresalía con su larga cabellera y el rojo de la vestimenta, aun si hay que recordar que ella también ostenta un apodo masculino, “El Jefe”.

La letanía se advierte ya en la primera oración que arranca con “Ante la mirada del Eterno…” Y la última oración, “Dios bendiga a todos los argentinos y nos otorgue la sabiduría y la fortaleza necesarias para superar los desafíos que enfrentamos como sociedad, para construir un futuro próspero para nuestra Nación. Que las Fuerzas del Cielo nos acompañen”. 

Ante tal imprecación, los gobernadores continuaron con sus rostros inmutables. Todo suena a escándalo y al mismo tiempo ya no lo es tanto. Los argentinos estamos normalizando el brutalismo y la destrucción social, todo ello en nombre de fuerzas divinas. Así, estamos en las manos de Dios, nos dicen. No sabemos de qué Dios, ni tampoco qué Fuerzas del Cielo. Pero para aquellos que todavía conservamos una mirada laica de la política, aquellos que creemos que lo social sólo se explica por lo social y no por la intervención de fuerzas divinas, resulta claro que hasta hace poco estábamos en manos de las y los distintos diputados y senadores, esos mismos que, pese a las grandes movilizaciones sociales, finalmente decidieron entregar facultades delegadas a un presidente con abierta vocación antidemocrática que asegura además haber venido, como un “topo” para destruir el Estado… Hecho el pase legislativo, otorgada ya en bandeja el arma de destrucción masiva al ejecutivo con la Ley de Bases, desde el 9 de julio todo quedará en las manos exclusivas de Milei y su equipo, con la colaboración de los gobernadores, la cual se espera sea muy, pero muy activa. Y a eso vamos.

Uno de los puntos más destacados del pacto de mayo es el número 7, que establece “El compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país”. Una sentencia que viene a reasegurar lo que ya dice el RIGI (Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones), que impulsa la profundización de las figuras extremas del extractivismo, como la gran minería, el gas y petróleo, la industria forestal y el agronegocio, todas actividades primarias que se integran a un régimen de entrega que casi no encuentra parangón en el mundo. Recordemos, además, que el RIGI tiene una cláusula que le otorga prioridad absoluta a las grandes corporaciones para obtener los insumos que necesite en su proceso extractivo. Y que, con está cláusula, por ejemplo, las empresas tendrán prevalencia en el uso del agua, incluso sobre el consumo humano de una comunidad, en el caso de escasez del vital recurso.

Pero lo que esencialmente el Pacto de Mayo viene a decir también es que ahora es el turno de los gobernadores, quienes para abrir abrir el juego del RIGI, deberán derogar o hacer caso omiso a las leyes que protegen el ambiente en las provincias, leyes contra la minería que utiliza sustancias contaminantes, ordenanzas locales de protección contra las fumigaciones y el fracking, leyes y ordenanzas que limitan la deforestación de bosques y montes. 

Así, otra cláusula del RIGI establece que cualquier norma provincial que se oponga o entorpezca las actividades beneficiadas, serán nulas de nulidad absoluta. Con ello atacan las leyes provinciales de protección ambiental, como la Ley 7.722 de Mendoza, que protege el agua, o la 5.001 de Chubut, la primera ley provincial (de 2003) que limita la minería contaminante. Más simple, van a militarizar los territorios a fin no solo de “proteger” los intereses específicos de las empresas, sino sobre todo para garantizar la instalación y avance de nuevos proyectos extractivos, ahi donde hay resistencias y/o donde están prohibidas ciertas actividades extractivas desde hace más de 15 años. Así blindarán con fuerzas federales no sólo Vaca Muerta sino también las zonas con litio y otros minerales críticos, buscando barrer con cualquier resistencia de las comunidades locales. En el caso de que una comunidad salga a protestar por escasez de agua o en defensa de sus leyes protectoras, o simplemente en defensa de la salud y los ecosistemas, aparecerán las fuerzas federales para reprimir. El combo perfecto para concretar el saqueo y entrega. Un Estado deliberadamente ausente para regular en términos de derechos y bienes colectivos, pero muy presente para garantizar por la fuerza el despojo, ahora en nombre del “individuo”, que en realidad termina siendo no el individuo común y silvestre, sino las corporaciones económicas.

Ya lo dijimos también en este diario: en simultáneo con el RIGI, hubo un anticipo del Ministerio que ocupa Patricia Bullrich. Mediante la Resolución 499/2024 del Ministerio de Seguridad Nacional (publicada el 10 de junio pasado en el Boletín Oficial), el gobierno acaba de conformar una “unidad de seguridad productiva” que permite blindar los territorios del extractivismo. Así habilita el despliegue de fuerzas federales en las provincias en el caso de conflictividad social ante el avance del extractivismo. 

En consecuencia, se advierte un nuevo embate contra los movimientos socioambientales, único colectivo que el Presidente nombró expresamente en su enrevesado discurso. No es casual: los ambientalismos territoriales cuestionan de raíz los modelos de maldesarrollo y denuncian su carácter neocolonial; cuestionan la destrucción de los territorios y el empobrecimiento de las poblaciones; cuestionan también la hipocresía y el desinterés de los gobiernos en dar respuestas a la crisis climática. 

Los ambientalismos territoriales desafían al modelo extractivista que se ha venido profundizado como política de estado durante más de veinte años, pese a que más de la mitad de los pibes y pibas argentinas siguen hundidos en la pobreza. Sostienen que si durante décadas, con la expansión del fracking, el agronegocios y la minería a cielo abierto, más del 50% de la población sobreviven bajo la línea de pobreza, proceso además acompañado por la la concentración de riqueza y la expansión de conflictos ambientales, parece poco razonable que, haciendo más de lo mismo, vayamos a tener resultados distintos.

Es por ello que en nuestro país no hay tensión real entre ambiente y desarrollo. Para decirlo de otro modo: no es que la Argentina no logra el desarrollo porque tiene limitaciones ambientales. El agronegocio, las forestales, el fracking en Vaca Muerta y la megaminería, son todas actividades que se llevan a cabo casi sin límites ni controles ambientales por parte del Estado (en sus diversas escalas). Nuestro país está absolutamente liberalizado desde el punto de vista ambiental. Y los resultados están a la vista.

Es cierto que no todo es nuevo en el discurso negacionista de Milei. Parte de los lugares comunes que el Presidente dijo al hablar sobre el punto 7 del Pacto de Mayo (explotación de Recursos Naturales) también están presentes en sectores conservadores e incluso progresistas. Por ejemplo, el ex ministro Matías Kulfas —y su equipo—, cuando ocupaba el Ministerio de Producción de la Nación, fue una muestra de la falta de conexión con los territorios y la ausencia de empatía e indiferencia sobre los impactos locales —ambientales y sociales— de las figuras extremas del extractivismo. Así desde la ciudad de Buenos Aires se desplegaron varias campañas de demonización: “ambientalismo bobo” o “ambientalismo falopa”, al tiempo que sectores del oficialismo trataron de instalar a jóvenes referentes ambientales sin conocimiento del territorio, que aceptaban el extractivismo y rol de la Argentina como proveedores de naturaleza. Con ello, buscaron instalar otros interlocutores, darle aire en los medios, para intentar invisibilizar las voces de las luchas socioambientales territoriales. 

También hay casos más extremos. Hace muy poco, alguien con tan pocas credenciales democráticas como Guillermo Moreno defendió en una entrevista a Jair Bolsonaro por el “nacionalismo en la Amazonia”. Si, decimos bien: defendió al expresidente brasileño que, entre otras cosas, instauró el “día del fuego” y provocó un verdadero ecocidio en la Amazonia brasilera con la deforestación en manos del agronegocio, lo cual fue también una declaración de guerra contra los pueblos indígenas.

Pero volviendo a Milei, hoy lo novedoso es que en su discurso en Tucumán volvió a colocar al ambientalismo en el lugar del enemigo interno, ya no de la mano de un negacionismo climático implícito o interpretativo (como el de muchos progresistas), sino de un negacionismo climático explícito o literal. Y ello no es casual, pues quienes defienden el negacionismo climático de modo literal (como Trump, Bolsonaro y Milei) no sólo niegan la responsabilidad de la actividad económica humana en la destrucción de los ecosistemas y el calentamiento global. En el fondo, lo que buscan es rechazar cualquier tipo de regulación estatal que limite la actividad económica y la propiedad privada; cualquier política que apunte a la protección de los bienes naturales o combata la crisis climática. Y claro está, quienes promueven esas regulaciones protectoras así como políticas de adaptación no son otros que los ambientalistas. Alberto Benegas Lynch hijo lo puso en claro en varios artículos, en donde incluso sugirió la privatización del mar en nombre de la propiedad privada… Detrás del ambientalismo “se agazapa el socialismo”, “como una manera más eficaz de liquidar la propiedad privada” también dijo, entre otros desvaríos a los que ya nos tienen acostumbrados, Benegas Lynch nieto.

Más allá de los elementos antediluvianos que encontramos en el paleolibertarianismo, el caso es que en todas partes del mundo, mucho más en el sur global, donde el extractivismo se despliega, suele hacerlo con corrupción y represión, reduciendo la democracia al mínimo. Por ello es tan peligrosa la posición del Presidente, máxime en América Latina, región que ostenta el triste récord de tener la mayor cantidad de defensores/as ambientales asesinados y perseguidos.

En definitiva, en estas confesiones de invierno, los gobernadores fueron a avalar un “Pacto para el Saqueo”. Y se les pidió que no se hagan los distraídos, que hagan los “deberes”. Como consecuencia de ello, el ambientalismo territorial y el ambientalismo crítico serán nuevamente perseguidos, pero ahora en el marco de un Estado de excepción, de la mano de un gobierno que instaló de modo vertiginoso el brutalismo, la política de la crueldad y el disciplinamiento social, como arma de destrucción masiva de la sociedad. 

No tenemos dudas de que el modelo que viene de la mano de Milei (y no de las fuerzas del cielo) no es otro que el de la autocracia y del capitalismo del fin. La reforma, derogación o modificación de leyes y normas ambientales por la vía del DNU, el RIGI en la Ley Bases, profundizarán la crisis ecológica y apuntalarán la desigualdad producida por el actual modelo económico concentrador, excluyente y extractivista. Abiertamente vienen por más extractivismo y por menos democracia. Vienen por más colonialismo y mayor reprimarización de la economía. Vienen por mayor ganancia de las grandes transnacionales mineras, petroleras y del agronegocio, y máyor desigualdad social y ambiental. Imposible mirar para otro lado. Habrá que elegir el campo, en una lucha que no solo es ambiental, sino también política, económica, social y cultural, y que inevitablemente nos involucrará a todos y todas.

MS/EV/JJD

La democracia languidece en la Argentina. La situación de los detenidos y detenidas por manifestarse, y las gravísimas y arbitrarias imputaciones que se les hacen, es propia de regímenes autoritarios. Se está instalando un estado de excepción, donde los derechos constitucionales más básicos son suspendidos. 

Pero la democracia no se suicida sola. Con el proyecto de ley de Bases, la derecha y la centroderecha entregaron el país en bandeja a la extrema derecha, que sólo contaba con siete votos propios en el Senado. Ahora, con dicha “ley de leyes” casi aprobada, se vienen en la Argentina tiempos aún más ominosos, más represión, más autoritarismo, menos derechos, más destrucción del Estado.

Por la arbitrariedad de las detenciones realizadas en la manifestación del pasado miércoles 12 de junio, queda de manifiesto que las mismas forman parte de una estrategia de persecución política y un ataque deliberado a la libertad de expresión y el derecho de protesta. El pedido de detención del fiscal federal Carlos Stornelli enumera las circunstancias que lo justificarían genéricamente y de modo tendencioso pues expresa ya una condena política. Las normas exigen que debería describirse persona por persona y con detalle —esto es, haciendo referencia a pruebas concretas— las razones para privar de libertad a un ciudadano. Legalmente, en lugar de atribuir conductas delictivas concretas, como exigen las garantías penales, se describe un contexto general y de modo sesgado, sin distinguir casos ni precisar prueba. Salta a la vista que la Justicia no está actuando en función de elementos objetivos del caso y respetando las normas procesales, sino en respuesta a la presión política del Gobierno. 

Todos los organismos estatales involucrados están avanzando con una absoluta falta de transparencia, de modo antidemocrático. El Ministerio de Seguridad nacional, que dio la orden de reprimir y que en la causa penal se presentó como querellante; la Policía, en la calle; la Fiscalía, solicitando las detenciones en base a tuits de un organismo que no existe en el organigrama estatal (“Oficina del Presidente” sólo existente en la red social X). Durante las primeras veinticuatro horas después de detenidas las personas, los funcionarios responsables negaron su paradero a familiares y organismos de derechos humanos. 

La represión, en sintonía con el accionar de infiltrados en la marcha, comenzó alrededor de las 15-16 horas. No es casual, el plan de Patricia Bullrich era generar imágenes a través de los medios oficialistas (La Nación, TN y redes sociales amplificadas por Infobae) para romper la nutrida manifestación y provocar el temor y la inacción de los “sueltos” que pretendían acercarse a manifestar a la plaza Congreso luego de terminada la jornada laboral. Y lo lograron, ya que a las 18, como consecuencia de la brutal represión, la plaza había quedado casi vacía, a pesar que restaban varias horas aún de debate parlamentario. 

La Banelco del siglo XXI tuvo una nueva vuelta de tuerca en la decidida tarea de cambiar favores por votos: el nombramiento como embajadora de la Unesco en París para la Senadora Lucila Crexell de Neuquén, que dio su voto positivo a la Ley Bases, contradiciendo su accionar hasta ese momento. Miembro de la oligarquía —política y económica— de Neuquén, Lucía Crexell Sapag se lució el día de la sesión con una imponente cartera de US$2000 en un Senado que la conoce por su pasión por los viajes al exterior. Hija de Luz Sapag, forma parte del clan político del poder neuquino y del emporio empresarial Crexell, representante de una burguesía local que se enriquece gracias a la actividad petrolera de Vaca Muerta. Es que Vaca Muerta es un gran negocio para un pequeño grupo de proveedores provinciales, que casi siempre caen en manos de la clase política-empresarial local, los que monopolizan millonarios contratos de transporte, hoteles, comidas, etc. Un patrón que se repite en otras provincias, en relación, por ejemplo, con los servicios mineros.

Además, pese a su discurso anticasta, la extrema derecha naturalizó la corrupción de modo acelerado. El diputado nacional del oficialismo Oscar Zago (Movimiento de Integración y Desarrollo, MID) reconoció que a la senadora Crexell le dieron una embajada a cambio de su voto, pero alegó “consensos y acuerdos”, confundiendo torpe y malintencionadamente debate político con lo que es lisa y llanamente el delito de dádivas.

A esto se suma al caso de los siempre resbaladizos senadores Carlos “Camau” Espínola (Corrientes) y Edgardo Kueider (Entre Ríos), elegidos con la boleta del Frente de Todos (ahora Unión por la Patria), que garantizaron con su voto la aprobación de la ley a cambio de favores personales, lo cual se va revelando con el correr de los días. Otro caso, que pasó mas inadvertido, es el de la senadora peronista Carolina Moises (Jujuy), que votó en contra en general pero a favor en particular en el polémico Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). 

Para explicar lo sucedido no habrá que apelar a las ciencias políticas o la sociología, sino más bien al Derecho Penal. Hubo claramente compras de voluntades; hubo dádivas que están tipificadas en el Código Penal.

Volviendo a los detenidos, ninguno de ellos es responsable de haber prendido fuego a un auto. Los que sí lo hicieron están filmados, retratados y continúan libres. Ninguno de los detenidos tiene siquiera una fotografía participando de hechos de violencia. No las hay ni las habrá porque se lanzó una cacería a manifestantes de modo arbitrario, con un plan preconcebido de represión y criminalización. 

Entre los que siguen detenidos —en prisiones de máxima seguridad— hay tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín, Camila Juarez (estudiante de sociología), Nicolás Mayorga (estudiante de relaciones internacionales) y Sasha Lyardet (estudiante de comunicación), quienes estaban retirándose, lejos del Congreso; Lucía Belén Puglia, estudiante de letras de Letras de la Universidad de Hurlingham; Juan Spinetto, ambientalista y Maria de la Paz Cerruti, profesora de Historia (detenida cruzando la calle, está filmada), solo por haber ejercido el derecho a manifestarse. No es casual. Buscan disciplinar a las clases medias, y especialmente a aquellos que representan lo que el propio presidente Javier Milei -junto con uno de sus asesores estrella, el ultraderechista Agustín Laje- consideran como expresión del “marxismo cultural”. 

La represión y las detenciones forman parte así de la llamada “batalla cultural” que el gobierno de extrema derecha lleva a cabo en contra de la educación pública, la ciencia pública y la cultura, a las que viene demonizando y acusando en múltiples oportunidades de “adoctrinar”. Muy particularmente, las ciencias sociales y humanas, los ambientalismos y feminismos, están en la mira de esta campaña de amedrentamiento, que ahora ha pasado a la acción concreta de los palos y el disciplinamiento.

Uno de los casos que conocemos personalmente es el de Juan Ignacio Spinetto, ambientalista, docente y abogado. Fue detenido en San Telmo, a cinco cuadras de su casa. Cualquiera que lo conoce a Juan sabe que es alguien muy pacífico, un encanto de persona, incapaz de generar violencia por más mínima que sea. 

Mientras tanto, pasó desapercibida la Resolución 499/2024 del Ministerio de Seguridad Nacional (publicada el 10 de junio pasado en el Boletín Oficial), que permite blindar a los territorios del extractivismo de cualquier resistencia social. El gobierno acaba de conformar una “unidad de seguridad productiva” que habilita así el despliegue de fuerzas federales en las provincias. Esta dispone “analizar las situaciones de inseguridad que presentan o pueden previsiblemente presentar sectores de la economía que, a causa de su gran contribución al crecimiento del país debido al volumen de su producción, a la magnitud de su aporte, a la sensibilidad del material derivado de su actividad o al alto valor de sus productos, requieren de un cuidado especial en el proceso de elaboración o en el transporte de las mercaderías” y “brindar” “la seguridad que demandan las situaciones enunciadas” Más claro, Bullrich blindará Vaca Muerta y las zonas con litio con fuerzas federales. En sintonía con el RIGI (Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones), el objetivo será “proteger” los intereses específicos de las empresas que operan en Vaca Muerta o en las provincias en las que hay litio y resistencias sociales, como en Jujuy (particularmente Las Salinas Grandes) y Catamarca (donde ya la empresa minera Livent es responsable de haber secado un río).

Estos primeros siete meses del gobierno de Milei nos han instalado de modo acelerado en el campo del suicidio político, en lo que se refiere a valores, ideas y creencias democráticas. Todos los días hay una nueva noticia o un hecho político —o incluso mucho más de uno—, todos ellos empeorando la noticia o el hecho político del día anterior. Nunca, en tiempos de régimen institucional, los y las argentinas hemos estado tan cerca de un gobierno autocrático y de un Estado de excepción como hasta ahora. Más que nunca, no hay que bajar los brazos ni ceder al disciplinamiento social y político. Hay que defender la democracia argentina, esa que logramos con la lucha de tantas mujeres valientes defensoras de los derechos humanos que hace poco nos dejaron, como la gran Norita Cortiñas. 

No basta con pensar que en un futuro —ojalá próximo— nos avergonzaremos como sociedad de todo lo sucedido y cedido en este período funesto. La regresión política es hiperbólica, desmesurada, vertiginosa, pero no por ello irreversible. La historia, nuestra historia pletórica de luchas y resistencias justas, nos lo ha demostrado con creces. Es hora de apelar a la imaginación política así como a la solidaridad nacional —y también internacional—, para lograr desactivar este cuadro político y social demencial y antidemocrático en el que nos ha sumergido el gobierno actual.

MS/EV/JJD

Desde hace cinco meses, nos encontramos inmersos en un vertiginoso proceso de despojo de derechos (sociales, laborales, económicos, ambientales), de entrega explícita, sin pudor alguno, a los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales, a la vista de todo el mundo. La denominada nueva Ley Bases, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados empeora notablemente la anterior, aquella que fuera retirada por el gobierno en febrero pasado. De ser aprobada por el Senado, la Ley Bases nos convertiría en un no-país, sin control del territorio, ni estado de derecho. Nos quedaría solo la bandera, el himno, el escudo y la selección nacional de futbol (¡si no la privatizan!).

La Ley Bases habilita, por un lado, lo que algunos políticos y políticas levantamanos parecen ya haber olvidado de febrero a esta parte, y es el hecho de que otorga facultades extraordinarias al presidente, casi la suma del poder público, convirtiéndolo en un autócrata consumado que podrá decidir por decreto, a gusto y piacere, en casi todos los campos (económico, financiero, social, laboral, ambiental, científico, cultural). Estamos acá ante una situación paradójica sumamente grave desde el punto de vista institucional: sin golpe de estado ni disolución del Congreso, es el propio Congreso Nacional el que renuncia a gran parte de sus potestades, para cederlas a manos de un ejecutivo abiertamente antidemocrático y antiderechos.

Por otro lado, la Ley Bases implica una nueva escalada en términos de despojo de soberanía nacional. De aprobarse el Régimen de Incentivo de las Grandes Inversiones (RIGI), esta nueva normativa nos convertirá en una suerte de no-país, sin leyes que contemplen el interés nacional, un territorio completamente colonizado por las corporaciones, sometido de modo irrestricto a tribunales extranjeros en cuestiones tan estratégicas como aquellas relativas a nuestros bienes naturales. Nuevamente, acá estamos ante una paradoja: será a partir de leyes nacionales que la Argentina se quedará sin capacidad ni herramientas institucionales y judiciales posibles para actuar en su propia defensa y la de sus ciudadanos.

La creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) declara como objetivo atraer inversiones de más de 200 millones de dólares con fines de exportación a través de una serie de beneficios aduaneros, tributarios, cambiarios y regulatorios. Al igual que el Régimen de Inversiones para la Actividad Minera, creado en 1993 mediante la Ley N° 24.196, el RIGI otorga estabilidad fiscal por un período de 30 años para las empresas beneficiarias a escala nacional, provincial y municipal, limitando a las tres jurisdicciones en su capacidad de realizar modificaciones al alza sobre los beneficios mencionados.

En esta línea, la Ley Bases nos propone más extractivismo y menos soberanía; más colonialismo y reprimarización de la economía, mayores ganancias de las grandes transnacionales mineras, petroleras y del agronegocio. Ciertamente, podría decirse que la Argentina ya conoce y padece todo esto desde hace 40 años, cuando el régimen de Carlos Menen reconfiguró la sociedad en un sentido neoliberal, desmantelando el Estado y privatizando grandes empresas públicas. Sin embargo, el RIGI profundiza este régimen de privilegio que ya tiene la minería hacia otros sectores, incluso avasallando facultades de los gobiernos provinciales, ya que a diferencia de la Ley 24.196 que indica que la adhesión al Régimen minero es una opción de las Provincias, en el caso del RIGI la aprobación del proyecto de ley Bases las incluye de manera compulsiva.

La entrega y retrocesos que propone la Ley Bases nos obliga a recordar que luego lleva décadas recuperar derechos, conquistas sociales y bienes naturales y sociales perdidos. Fíjense con todo aquello que se entregó y se retrocedió durante la fiesta menemista de privatizaciones y nuevas normativas de saqueo. Algunos parecen olvidar que de esa fiesta neoliberal salimos supuestamente más globalizados, pero también más pobres, más desiguales y menos soberanos. Gran parte de lo que se perdió todavía no pudo ser recuperado, como los trenes que vertebraban el país. Los retrocesos legales, relativos a la legislación minera de saqueo, continúan intactos.

La Ley Bases es una vuelta de tuerca del extractivismo. Es algo así como el golpe del final. Profundizará hasta el paroxismo el modelo primario exportador colonial, no solo de la mano del extractivismo depredatorio que ya conocemos sino también del nuevo extractivismo verde que asoma detrás de una transición energética corporativa y neocolonial. En materia ambiental significaría una ilegal delegación legislativa en materia de gestión ambiental de hidrocarburos, el otorgamiento de privilegios impositivos y cambiarios para las industrias extractivas inaceptable sin siquiera contemplar o incorporar una mirada social ni ambiental. Permitiría la eliminación de organismos fundamentales para el sector ambiental como la Administración de Parques Nacionales o Acumar (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo) y organismos científicos. A su vez, permitiría la disolución de fondos – hoy escasos- destinados a conservar bosques nativos y combatir grandes incendios. Por si esto fuera poco, además de ello, apunta a la limitación de los espacios de participación pública.

 Esta ley establece la prioridad a las empresas (mineras, petroleras o del agronegocio) que usen insumos, como agua o energía, por encima de las necesidades de la población. Todos los extractivismos consumen enormes cantidades de agua y energía, desde la minería a cielo abierto, la minería del litio y el fracking en Vaca Muerta. Es decir que si en alguna provincia de Argentina escasea el agua (como sucede hace tiempo en Catamarca), las provincias no podrán priorizar el consumo humano. Agreguemos a esto lo que podría suceder o más bien, lo que ya está sucediendo en contextos repetidos de colapsos localizados, como los que se producen en la actualidad, provocados por eventos extremos (inundaciones, incendios, tormentas, tornados) o por stress hídricos (sequías). Las consecuencias serán tan imaginables como catastróficas para el conjunto de la población, con un Estado inexistente o atado de manos para tomar cualquier decisión orientada al bien público. Solo existirán los intereses y necesidades de las empresas.

Ninguno de los artículos específicos del RIGI impone condiciones a las empresas beneficiarias que impliquen la presentación de Estudios de Impacto Ambiental ni la realización de Evaluaciones de Impactos Acumulativos de sus proyectos. Tampoco establece condicionamientos a la generación de puestos de trabajo a escala local, provincial o nacional, ni se explicita ningún tipo de política de escalamiento en cadenas de valor, o transferencia de tecnología.

Finalmente, en medio de esta vorágine destructiva, uno se pregunta que se oculta en esta entrega de facultades extraordinarias, a un presidente que dice odiar el estado y la justicia social y que elogia todo el tiempo a empresarios llamándolos “héroes” y promoviendo que fuguen divisas. ¿Qué hay detrás del RIGI, que sorprende en su abierta y absoluta concesión que implica incluso una entrega de todo por nada?

En realidad, nos quieren convertir en una zona de “Crack-Up capitalismo”, concepto acuñado por el historiador Quinn Slobodian en un libro publicado en 2023. Con Crack-Up capitalismo (que se puede traducir como choque, desplome, desmoronamiento), el autor se refiere a la creación de zonas liberadas para el capitalismo de mercado, sin límite alguno, sin derechos sociales, sin regulaciones estatales, libres de impuestos. Canary Wharf en Londres, Liechtenstein, comunidades cerradas en Estados Unidos y enclaves privados en Sudáfrica y Centroamérica, y Dubai entre otros, son ejemplos de esta peligrosa tendencia. No por casualidad el subtítulo del libro Crack-up Capitalism es “Los radicales del mercado y el sueño de un mundo sin democracia”.

Ciertamente, esa es la aspiración del anarco-capitalismo; la de convertirnos en una zona de mercado en estado puro, un modelo afín a las aspiraciones libertarias de los superricos, como Elon Musk o, en su versión local, el magnate dueño de Mercado libre, que no quieren regulaciones estatales y sociales que controlen el capital ni pagar impuestos al Estado. Lo notable hoy de este experimento reaccionario es que hasta ahora el capitalismo libertario se había animado con determinadas ciudades o zonas; nunca con un país completo. Pero Milei les devuelve el sueño hecho realidad, entregándoles en bandeja la Argentina como territorio “libre” para un pancapitalismo en el cual solo existen el mercado y el derecho del capital.

Vivimos tiempos ominosos, de policrisis civilizatoria, en el cual proliferan proyectos políticos monstruosos que alientan utopías reaccionarias que buscan fagocitar todo lo que sea sinónimo de derechos sociales, de estado protector y cierto igualitarismo de masas. En esa línea, la Argentina todavía no es un modelo del horror y de autoritarismo, como lo es Bukele (presidente de El Salvador) con sus cárceles, sino un experimento de liquidación del Estado y todo depende si en estos meses ese proyecto se consolida para que se convierta en un modelo a seguir internacionalmente. Así, hoy nuestro país es un experimento que a nivel global se sigue muy de cerca, con mucha atención, porque está hecho a medida del deseo del pancapitalismo y de odio a la democracia.

Milei es un experimento a nivel internacional que busca mostrar cómo y hasta dónde se puede avanzar con un capitalismo concentrador, desmesurado y ecocida y hasta donde es posible despojar de derechos de manera rápida a toda una población, sin que ésta diga basta. Hasta dónde es posible que la ciudadanía de a pie en un país aguante tanta demolición institucional y crueldad social. Le toca decidir al Senado Nacional en esta encrucijada mayor de nuestra historia nacional. Y está en nuestras manos que el proyecto destructivo de Milei no se convierta en un experimento consolidado y empecemos de una vez por todas a pensar colectivamente en cómo reconstruir derechos, estado y sociedad en clave de solidaridad, de sostenibilidad de la vida y de transiciones ecosociales justas.

MS-EV/MF

Martes 30 de abril, 2.40 de la madrugada, Legislatura de la provincia de Chaco. De espaldas a la sociedad, diputados provinciales votaron modificar el mapa de la Ley de Bosques, habilitando que más de un 1 millón de hectáreas puedan ser desmontadas, arrasadas. Escondieron una sesión dentro de otra. Los flashes en la Capital (en el mismo momento se estaba tratando en el Congreso Nacional la Ley Bases) permitieron el camuflaje perfecto para aprobar un negociado mayúsculo. Así, en un tratamiento express, la legislatura de Chaco votó una ley que reduce dramáticamente la protección de sus bosques y permitirá el avance de las topadoras sobre el monte nativo, territorios de campesinos e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté, entre otros.

Y todo a medida de las grandes empresas tanineras y el agronegocio. La Mafia del Desmonte en acción.

A partir de la sanción, en el año 2007, de la Ley Nacional de Protección de Bosques Nativos, cada provincia tiene que realizar un mapa donde se pintan –de rojo, amarillo y verde– los bosques nativos para su preservación (Ordenamiento Territorial de  Bosques Nativos, OTBN). Sólo en el área verde (de bajo valor de conservación) se permite el desmonte pero dentro de los criterios establecidos en la ley. Este ordenamiento, señala la ley nacional, tiene que realizarse mediante un proceso participativo y respetando los criterios de sustentabilidad ambiental que establece la norma. 

Chaco realizó su OTBN en el año 2009. Debería haberlo actualizado cada 5 años, siempre para más protección, nunca para menos. Jamás lo hizo, hasta ahora que lo hizo en sentido inverso al espíritu y letra de la Ley de Bosques. Una carta blanca al Ecocidio. 1.250.000 hectáreas de monte nativo a merced del negocio de unos pocos.

Es que la norma votada en la madrugada es manifiestamente ilegal e inconstitucional ya que dispone un mapa regresivo, yendo contra principios reconocidos por el Acuerdo de Escazú (del cual Argentina forma parte), de la Ley General del Ambiente, de la Ley de Bosques Nativos y hasta de los laxos criterios de sustentabilidad del Consejo Federal de Medioambiente (COFEMA).

La organización ecologista Greenpeace advirtió que la nueva normativa forestal de Chaco “no respeta el principio de no regresión ambiental ya que permitirá el desmonte en zonas actualmente clasificadas en la Categoría II (amarillo), al pasarlas a Categoría III (verde), algo prohibido por la normativa nacional. Se trata de un área de corredores de conservación y de amortiguamiento del Parque Nacional Copo, la Reserva La Pirámide y la Reserva Provincial Loro Hablador. Esto pone en riesgo la supervivencia de grandes mamíferos, como el yaguareté. De esta forma no se cumple con los Criterios 1, 2, 3, 4 y 5 de Sustentabilidad Ambiental establecidos por la Ley Nacional de Bosques”.

Incluso el nuevo mapa pretende “legalizar” las recategorizaciones prediales (que permitieron desmontar ilegalmente miles de hectáreas), otorgadas fundamentalmente en la gestión del exgobernador Domingo Peppo, que fueron realizadas en contra de las normas ambientales vigentes, como denunció la organización APDH. 

Por otra parte, Greenpeace destacó la falta de participación de pueblos originarios en la elaboración de la nueva zonificación. “No se realizaron talleres en sus territorios y en su idioma originario, requisito para cumplir con la consulta libre, previa e informada establecida en tratados internacionales firmados por Argentina. La grave crisis climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos  obliga a poner fin a los desmontes y promover el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos, respetando los derechos y territorios de las comunidades indígenas”, apuntó. 

Como señala la antropóloga e investigadora del Conicet Malena Castilla, y según los datos del Monitoreo de los Bosques Nativos, en Chaco, desde el año 1998 (década en la cual se aprobó la utilización de la soja transgénica) hasta el 2022 se deforestaron 859.503 hectáreas de bosques nativos. Solo en el año 2023 se desmontaron en esa provincia más de 57.000 hectáreas, de manera completamente ilegal.

Las causas del desmonte en Chaco se deben, fundamentalmente, a dos factores: 

En primer lugar, el aumento de la frontera del agronegocio (soja transgénica principalmente y pasturas para ganado) sobre monte y territorio campesino e indígena. 

Y, por otro lado, a la actividad de extracción del tanino, subproducto de los quebrachos desmontados, por parte de las poderosas empresas tanineras. El tanino se usa principalmente para el procesamiento y curtido del cuero y también, en menor medida, para el encamisamiento de tubos petroleros. Actividad netamente extractivista y colonial (recordemos la británica La Forestal hace más de un siglo) que promueve una economía de enclave, que se realiza de manera cuasi minera y basada en la destrucción del monte. Monopolio controlado por un puñado de corporaciones, ligadas siempre al poder político, con escaso eslabonamiento local y concentración fundiaria (también se da en la soja). La megaempresa Indunor S.A., del grupo Italiano Silvateam, y Unitan, también de capitales transnacionales, son las dos tanineras responsables de, al menos, la pérdida de 30.000 hectáreas anuales de masa boscosa en la provincia.

Chaco es uno de los grandes ejemplos de lo que venimos denunciando hace décadas en América Latina: las actividades extractivistas solo dejan como resultado más pobreza y exclusión. Es que a pesar del brutal retroceso de los montes chaqueños y que la producción agroganadera incrementó sus superficies cultivadas, los índices de pobreza e indigencia de la provincia no sólo no se modificaron sino que empeoraron notablemente.

Pero aquí siquiera el debate gira en torno al enfrentamiento entre “ambiente o desarrollo”. Es importante entender que detrás de la destrucción del monte chaqueño hay una concentrada y millonaria maquinaria político/corporativa que se enriquece y maneja los hilos de la provincia según sus propios intereses. A este comportamiento la sociología lo ha bautizado como “la Puerta Giratoria”. Funcionarios/Empresarios que pasan de un lado a otro del mostrador sin disimulo y para favorecer sus propios negocios. Esto no solo es indignante e inmoral sino que está previsto como un delito por nuestra legislación: “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”, conforme al artículo 265 del Código Penal.

Con la organización Greenpeace iremos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a denunciar esta ilegalidad y solicitaremos que, mediante una medida cautelar, suspenda la aplicación de esta regresión normativa. Lo haremos en la causa conocida como “Yaguareté” (porque la iniciamos en nombre y representación de esa especie animal que se encuentra casi extinta como consecuencia de la pérdida de su hábitat, el monte). Iniciada en el año 2019 ante el máximo Tribunal tiene como demandadas a las provincias de Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Salta y al Estado Nacional y Parques Nacionales en preservación de los bosques nativos en una de las zonas de mayor desmonte del mundo (el Gran Chaco Argentino). 

También acompañaremos las acciones judiciales que harán organizaciones locales, como Somos Monte o Conciencia Solidaria que histórica y valientemente le pusieron el cuerpo a la protección de los bosques. Con una justicia independiente no habría ninguna duda de la suspensión judicial del nuevo ordenamiento que permite el Ecocidio, la ilegalidad e inconstitucionalidad es tan manifiesta que no se requiere un gran proceso.

Pero no alcanzará sólo con conseguir la anulación judicial de la regresión normativa que se votó en la Legislatura chaqueña. Hay que ir más allá. Es indispensable desarticular a esta Mafia del Desmonte de Chaco y eliminar su cooptación sobre el Estado Chaqueño (en sus tres poderes). Esa organización criminal que se enriquece a costa del Ecocidio dejando exclusión, pobreza y destrucción. Si sigue en funcionamiento, el futuro de uno de los ecosistemas más importantes de América del Sur, el gran Chaco Argentino (y la población, flora y fauna que allí viven) tienen solo como destino su desaparición definitiva.

EV/DTC

Nos estamos acostumbrando a vivir en constante alerta metereológica. Hoy es la lluvia imparable, una lluvia intensa zarandeada por tormentas eléctricas cada vez más potentes, que hace que en distintas regiones de la Argentina numerosas ciudades y localidades se vean irreconocibles pero homogéneas, todas iguales, cada vez más pasadas por agua, viviendo de inundación en inundación. También son cada vez más frecuentes los vientos fuertes y los tornados que castigan la región pampeana, así como los megaincendios forestales (intencionales y no intencionales) a toda hora y en todas las provincias, cuando no la brusca oscilación entre temperaturas altas y bajas, y la sequía en los cuatro puntos cardinales, antes de que vuelvan una vez más las lluvias y las supertormentas... 

No hay récord posible ni estable en esta olimpíada del desastre climático, tan asociada a la dinámica concentradora y excluyente del capitalismo contemporáneo y sus modelos de maldesarrollo. Los eventos extremos y los picos de temperatura se van superando día a día en todo el planeta. La Organización Metereológica Mundial ya dijo que el 2023 fue el año más caluroso de la historia, y que hemos tocado el umbral de 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, tan cerca ya de convertir el Acuerdo de París en papel mojado, en pura letra muerta. Y aunque lo parezca, en esta cadena de eventos extremos, nada es circular. La flecha está yendo hacia un nuevo régimen climático inestable, peligroso y hostil para el mantenimiento de la vida humana, muy lejos de los ciclos de regeneración de la vida toda.  

En este cuadro de situación quisiéramos apuntar a dos tesis generales, importantes de asimilar, para finalizar con una reflexión-desafío en relación al rol del Estado en la crisis.

En primer lugar, hay que entender el alcance y la dimensión del colapso ambiental. Decimos colapso, a condición de entender que éste no se traduce sin más por la desaparición del mundo, sino más bien por la transformación de sus condiciones de vida y muerte. Esto es, el colapso es el fin del mundo tal cual lo conocíamos antes. Sistémico y acelerado, el colapso climático no se manifiesta por un click o un chasquido de dedos que de un día para otro hace desaparecer el planeta (aunque Hollywood insista con esas imágenes catastrofistas), ni siquiera, creemos, en un blackout energético total (responsabilidad del o los villanos de turno). Es que en realidad el colapso ecológico ya está aquí, pero en forma de colapsos parciales. Su forma actual es lo que podemos llamar una persistente acumulación de “colapsos localizados”, que afectan ciudades y zonas aledañas y van erosionando las condiciones de vida, generando desastres cada vez más amplios y potenciándose entre si. 

Van algunos ejemplos recientes de colapsos localizados, a nivel global. El 23 de octubre de 2023, el tornado Otis destrozó la ciudad de Acapulco. De un día para otro, la joya turística de México, que cuenta con un millón de habitantes, quedó devastada. En menos de 14 horas, el huracán Otis pasó de categoría 1 a categoría 5, lo que en términos meteorológicos se conoce como fenómeno de “intensificación rápida”. En esa ventana de tiempo, el huracán aumentó su velocidad en 185 km/h.  Luego ya todo oscureció y Acapulco se convirtió en zona de guerra. Con más de 50 personas fallecidas, numerosos desaparecidos y una infraestructura de servicios destruida, la ciudad estuvo días y días sin luz, sin agua, sin víveres, asolada por los saqueos.

Poco antes, en agosto de ese mismo año, también otro conocido destino turístico internacional, Hawai, vivió un incendio forestal de proporciones dantescas, que hizo que sus habitantes huyeran hacia el mar. Los fuertes vientos y las condiciones climáticas secas crearon las condiciones para la expansión del fuego, en un contexto de interfaz urbano-forestal, donde las viviendas se encuentran en medio de la vegetación. Más de un centenar de muertos, ecosistemas destruidos de raíz, el incendió acabó con histórica ciudad de Lahaina. Seis meses más tarde la Cruz Roja continúa con sus equipos de Transición para Residentes en refugios. Para esas personas que lo perdieron todo, nada volverá a ser igual.

Si volvemos a la Argentina, contamos con ejemplos recientes de colapsos localizados. Uno, que tuvo su epicentro en la ciudad de Bahía Blanca, luego del paso de una tormenta fuerte, con ráfagas de viento intensas que siguieron el mismo frente de tormenta, y que afectó varios cientos de kilómetros, incluyendo el AMBA y ciudad de Buenos Aires. La desaforada tormenta dejó al menos 13 personas fallecidas en Bahía Blanca, mientras el viento derribaba centenares de árboles, postes de luz, volaba techos, con múltiples anegamientos y masivos cortes de luz, que durarían varios días.  

Otro caso, del que menos se habla, es la ciudad capital de Corrientes, donde a principios de marzo de este año llovieron 300 milímetros de agua sólo en cinco horas (más de lo previsto para todo el mes). Una catástrofe climática que dejó centenares de evacuados, cortes de luz masivos y en los barrios mas afectados protestas de los vecinos por la lentitud de la ayuda estatal. Ahí también el mismo escenario, personas –sobre todo pobres, sectores vulnerables- que lo perdieron todo; otras cuya vida no volverá a ser la misma de antes. 

Recordemos que ya en 2022, Corrientes perdió casi 1 millón de hectáreas arrasadas por el fuego, el 12% de la superficie provincial. La sequía histórica y la crisis climática, asociada a la expansión de modelos concentradores de la tierra (como el monocultivo forestal) fueron la chispa del incendio que devoró una quinta parte de los Esteros de Iberá, el mayor humedal de la Argentina. Cómo olvidar las imágenes de ese tremendo incendio, con los cuerpos de animales carbonizados y aquellos otros con el horror en los ojos, intentando escapar del fuego y la muerte. Ahora, a principios de marzo, la inundación en la capital correntina pasó casi desapercibida, casi normalizada. A esto se suma que en la última semana una ola de calor de varios días llevó la temperatura a 55º de sensación térmica. La segunda ola de calor en Corrientes en lo que va del año; la primera sucedió en los primeros días de febrero y se extendió durante 12 días. Ante este embate climático, las maestras pidieron suspender las clases, imposibles de realizar a la hora de la siesta. 

Ciudades y regiones enteras se están convirtiendo en lugares imposibles de vivir. En estos días, en la ciudad de Río de Janeiro la sensación térmica superó los 60º. Si un horno de cocina arranca en 70º, parecería que casi –o literalmente– vivimos en un horno. Vamos de récord en récord y la única certeza que tenemos es que éste será el verano más fresco del resto de nuestras vidas. Mientras tanto, al compás del colapso ambiental, la salud empeora y las enfermedades infecciosas se esparcen. Por ejemplo, los casos de dengue se multiplican en todo el país, no sólo en el norte sino también en el AMBA. Tal como anticipaban los científicos hace décadas, el cambio climático va tropicalizando a gran parte del país, y llevando no sólo su errante clima sino también sus enfermedades. El dengue que tenía picos en el verano y solo en en el Norte de Argentina, después descendía y en época invernal no circulaba. Ahora la transmisión se da en todo el año, incluso en invierno, y en casi todo el país. 

Y así van sucediendo y acumulándose, cada vez más regiones y ciudades que sufren colapsos, que se convierten en zona de guerra, sumando más sufrimiento ambiental y social, más afectación a la salud, y en ciertos casos –como en Corrientes– los eventos extremos, aunque diferentes, se potencian entre sí. Todo eso frente a la creciente naturalización de los fenómenos climáticos por parte de las autoridades, quienes parecen estar a la espera de que “el tiempo se normalice”. 

Pero ya no hay nada normal. Eso que llamábamos “normalidad” ya no existe y ésta es la segunda tesis que debemos asimilar. Estamos, como afirman los españoles Juan Bordera y Antonio Turiel, en “El final de las estaciones”. Hemos roto el ciclo normal de la naturaleza, al que estábamos acostumbrados, nosotros, hijos de la Modernidad conquistadora, del Holoceno y la estabilidad climática. Por ejemplo, durante 2023, en la región de la Patagonia, el frío y la nieve no dejaron que terminara de cuajar la primavera. Así, mientras los turistas se enamoraban de una estupenda Bariloche cubierta tardíamente de nieve tupida, nada menos que a fines de octubre pasado, todo a su alrededor florecía a destiempo, ralentizado, desprogramado en sus ciclos naturales, y hay que decirlo -porque algunos ni se han dado cuenta-, hubo pocos cultivos y huertas que resistieran a tal oscilación y amplitud térmica. 

Como los gobernantes terraplanistas que nos tocan ahora, el clima se exacerba en violencia y crueldad; cada fenómeno parece mucho peor que el anterior, se entrelaza y potencia con otros fenómenos extremos, mientras el desconcierto y la falta de preparación nos hace preguntarnos si tenemos que acostumbrarnos o rebelarnos… 

Sabemos que los últimos informes del IPCC (Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático), la experiencia acumulada acerca de la aceleración de la crisis climática y la multiplicación de eventos extremos, revelan que la ventana de tiempo con la cual contamos es cada vez más estrecha, antes de sobrepasar las fronteras planetarias, un punto de inflexión que conllevaría un cambio del régimen climático. Ese resquicio pequeño exige una gran imaginación y una audacia política para pergeñar y poner en práctica políticas públicas de adaptación y mitigación, en todas las escalas, con el objetivo de evitar que los colapsos localizados generen mayores impactos destructivos. Porque efectivamente no podemos evitar muchos de estos fenómenos extremos, pero sí podemos mitigar sus impactos, adoptando medidas de emergencia, de prevención y adaptación, que exigen una fuerte transformación del Estado, en todas sus escalas. 

Los nuevos riesgos sociales y ambientales y los colapsos localizados harán que la tendencia estatalista, que reemergió durante la pandemia del Covid 19, se acentúe. Desde una óptica democrática, el cambio climático plantea, como sostiene el economista Ruben Lo Vuolo, la creación de un Estado Ecosocial que incorpore los riesgos ambientales. Se trataría de un Estado diferente del que conocemos, a partir de una reorganización del mismo, que ponga en jaque “las bases del Estado de bienestar, que por otro lado en los países del Sur nunca se consolidaron”. Ello implicaría reformas amplias, que apunten al corazón de las desigualdades existentes y de los riesgos ecológicos, que confronte con la doble injusticia –social y ambiental– de esta nueva realidad, desde la renta básica y la reforma tributaria, el reparto del trabajo, la creación de nuevos oficios y empleos verdes, hasta políticas de adaptación a los riesgos ambientales y un sistema nacional de cuidados, entre otras. Reformas profundas y complejas, que apunten a un horizonte de transición ecosocial justa y popular. Porque necesitamos más Estado y no menos, aunque un Estado diferente, con vocación democrática e igualitaria, que incorpore los desafíos ambientales globales y locales y vaya elaborando estrategias en clave de transición justa. 

En definitiva, de cara al cambio climático, es el momento para imaginar y crear una nueva institucionalidad estatal, un Estado ecosocial que incorpore respuestas a los riesgos ambientales a través de nuevas políticas de infraestructura (viviendas seguras, protección de la salud, ordenamiento territorial, cuidados, ciencia pública) que vayan en la dirección de la adaptación y prevención del daño múltiple. Citando nuevamente a Lo Vuolo, “se trata de un sistema de políticas públicas cuya función es garantizar, en el contexto de la crisis climática, que todas las personas accedan a los elementos necesarios para continuar con la reproducción de su vida en nuestras sociedades sobre bases igualitarias”.  

También exige el cuestionamiento de la ideología ciega del crecimiento económico, base del Estado de bienestar, como antiguo modelo de intervención sobre la sociedad, ya que éste fomenta modelos de maldesarrollo en los territorios, que acentúan los efectos negativos de la crisis ecológica. Todo ello no hace más que reforzar la idea de que es la economía la que debe adaptarse a la crisis climática y ecológica y no al revés, como pretenden las élites dominantes.

Porque si la política de ajuste del actual Gobierno ya genera más pobreza y desigualdad, todo ello se potencia con un Estado ausente en un contexto de agravamiento de la crisis climática, que siempre golpea de modo mas feroz a los más excluidos y vulnerables. Por eso el peor escenario es reducir y triturar la capacidad reguladora del Estado, tal como hoy está haciendo el gobierno libertario de Javier Milei. Un gobierno que no solo destruye lo que queda de institucionalidad estatal, que no solo desprecia la ciencia, la salud y la cultura, sino también atenta contra las mismas posibilidades de sobrevida de las y los argentinos, y sobre todo, de los más pobres, en un contexto de crisis climática y colapsos localizados, cada vez más generalizados.

Ahora es la agencia Télam. Después será un hospital público, una Universidad también pública vallada, una escuela desmantelada. Hoy un diputado libertario sentencia que la organización Greenpeace es terrorista, mañana lo dirán de todas las organizaciones ambientalistas, pasado buscarán cerrarlas.

Hoy vacían el Conicet, la institución de investigación pública académica más prestigiosa de América Latina, después irán por ARSAT, como ya han ido por el INADI, el INAI, y quieren hacerlo con instituciones culturales.

Tenemos que reaccionar, urgente, ya.

En el marco de medidas económicas totalmente deshumanizadas que están destruyendo a la clase media, empujándola a la pobreza, y a la pobreza a la indigencia, la vertiginosidad de los retrocesos es alarmante. Solo anunciadas con “likes” en cuentas random en la frenética actividad orgiástica del Presidente en X (ex Twitter). El vaciamiento del Conicet es ya una realidad concreta y la imposibilidad de pagar los gastos corrientes de las universidades e institutos de investigación públicos hará inviable cualquier presente consistente.

Esta semana el propio Ministerio de Seguridad, comandado por Patricia Bullrich, anunció en un comunicado oficial que se detuvo a un joven por una discusión en Instagram por su “pensamiento apegado a la propaganda de la ex Unión Soviética” y que “contaba con vínculos con grupos comunistas” (el entrecomillado es textual). 40 años de Democracia y se detiene a una persona por su ideología. En otras palabras, la persecución política ya es una realidad en la Argentina distópica de Milei.

En la apertura de las sesiones legislativas en el Congreso Nacional, el presidente Milei anunció el denominado “Pacto de Mayo”. El punto 6 incluye “un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país”. Un “Pacto para el Saqueo” denuncian las organizaciones socioambientales. Reformar, derogar o modificar leyes y normas ambientales por el DNU o en el intento en la Ley Ómnibus (Ley de Tierras, Ley de Manejo del Fuego, Ley de Glaciares, Ley de Bosques, entre otras), solo profundizan las crisis ecológica y apuntalan la desigualdad producida por el modelo extractivista. En definitiva nos proponen más extractivismo y menos democracia. Más colonialismo y reprimarización de la economía. Ganancia de las grandes transnacionales mineras, petroleras y del agronegocio.

Con este contexto preocupan las declaraciones del Legislador bonaerense de la Libertad Avanza, Agustín Romo, que pide declarar “organización terrorista” a Greenpeace. Sabemos que es un disparate, pero estamos rodeados de disparates que luego se consuman. Desde un Decreto Nacional para prohibir el “lenguaje inclusivo y la perspectiva de género”, hasta un Presidente que habla con el perro muerto (ojo que hablar con los perros, todos hablamos, pero no todos le entendemos cuando ladran y, seguro, ninguno puede hablar con un perro muerto). Por eso en el contexto actual las declaraciones del referente del partido de gobierno preocupan. Señalar de “terrorista” a una reconocida organización ambientalista, que lleva la palabra “paz” en su nombre, es parte de la construcción del enemigo. Y eso es peligroso, máxime en América Latina que ostenta el triste récord de más defensores/as ambientales asesinados y perseguidos.

Y este ataque al movimiento socioambiental también viene de sectores de la ¿oposición? El exsenador eterno Miguel Pichetto, ahora devenido en diputado nacional señaló que el ambientalismo es una construcción “de la izquierda boutique de la Capital que llevó a todo el país al rechazo a la minería”. Cuando es exactamente al revés, los que más resisten al extractivismo son las poblaciones de las provincias, no son ambientalistas de CABA: Famatina (La Rioja) Esquel (Chubut) Mendoza Jachal (San Juan) Pueblos Fumigados Mar del Plata (PBA) Jujuy, son solo algunos ejemplos. De ellas tenemos que aprender a cuidar derechos y conquistas sociales. Fueron los movimientos populares más grandes y efervescentes de los últimos tiempos. Desde el Famatinazo, hasta los más recientes Chubutazos y Mendozazos. Con gran protagonismo de las mujeres y maestras.

Es fundamental comprender que lleva décadas recuperar derechos, conquistas sociales y bienes perdidos. Fijense con todo lo entregado, retrocedido y saqueado de la fiesta menemista. Todavía no pudo ser recuperado, desde los trenes hasta retrocesos legales que continúan aún hoy intactos como toda la legislación minera de saqueo.

¿Hasta cuándo vamos a seguir siendo meros espectadores pasivos de este brutal retroceso de derechos y conquistas sociales? Lo abrumador de la realidad no puede quitarnos la solidaridad ni la ternura (si, la ternura, no hay nada más político que reivindicarla en estas épocas de crueldad). Tampoco la indignación, que debemos transformarla en acción. Resistir en este contexto es una obligación histórica. Hay que dejar de lado las especulaciones, las mezquindades y los cálculos políticos. Las bases mismas de la democracia y donde se asienta, están más que en peligro, ya están siendo vertiginosamente erosionadas.

EV/DTC

La Argentina está ingresando de modo vertiginoso a un Estado de Excepción, que coloca en manos del presidente la suma del poder público. La reforma que busca imponer Milei abre a un escenario de autocracia mesiánica, que desconoce la división de poderes del Estado y pretende borrar de un plumazo las normativas y regulaciones protectoras en materia social, económica, ambiental y de género, de la mano de un modelo represivo, de criminalización de la protesta social. Para las corporaciones, este momento de desdemocratización a gran escala es también el momento de la “gran piñata”, de la gran repartija de los “dulces” que quedan, ofrecidos gentilmente por un presidente anarco-capitalista, que busca suprimir cualquier regulación estatal, en favor de los privados. Y esto sucede de modo tan obsceno como visible, comparable solo con el menemismo, que encontró a una sociedad exhausta por la hiperinflación (1989-1990); y con la última dictadura cívico-militar, que se propuso una reestructuración social y económica, de la mano del terrorismo de Estado.

En materia socioambiental, el proyecto de Ley Ómnibus enviado recientemente por el presidente Milei al Congreso Nacional es un golpe al corazón de la legislación de protección ambiental argentina, ya que se propone liquidar las dos leyes que mayor esfuerzo ciudadano costaron en los últimos quince años: la Ley de Protección de Bosques (Ley 26.631, de 2007) y la Ley de Glaciares (Ley 23.639, de 2010). Dos leyes de presupuestos mínimos de protección que conllevaron grandes luchas ambientales, involucrando no sólo al conjunto del movimiento socioambiental (asambleas territoriales en las diferentes provincias) y a ONGs ecologistas (Greenpeace, FARN, Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas), sino también a amplios sectores de la sociedad argentina, que apoyaron la defensa de nuestras “fábricas de agua” (los glaciares y su ambiente periglaciar), amenazadas por la expansión de la megaminería; y la defensa de los bosques, arrasados por los desmontes y el avance de la frontera del agronegocio.

Digámoslo una vez más.  Nunca, como en estas dos leyes marco hubo tanto apoyo de la ciudadanía, gracias al debate público y a la conciencia de la realidad palpable de la destrucción y despojo de nuestros ecosistemas. También es cierto que el lobby empresarial jamás cesó de atacarlas y conspirar contra ellas, a fin de flexibilizarlas y torcerlas en su favor, utilizando para ello los bloques parlamentarios afines. Sin embargo, pese a ello, no pudieron lograrlo hasta ahora. Hoy, en el marco de un gobierno libertario-empresarial, primero a través de un DNU que deroga la Ley Nacional de Tierras Rurales (ver abajo) y desregula el sistema energético a ultranza; segundo, con esta propuesta de Ley Ómnibus, que apunta de lleno a la madre de todas las batallas socioambientales, las corporaciones tienen la posibilidad de una formidable revancha social, asestando un golpe de gracia a la totalidad de nuestros bienes comunes naturales. Al parecer la casta para este gobierno, además de los trabajadores y los sectores populares afectados por el ajuste, también son los Glaciares y los Bosques.

En el caso de la Ley de Bosques, en primer lugar la desfinancia casi a cero al sacarle al Fondo Nacional para la Conservación de los Bosques Nativos el porcentual de las retenciones de exportaciones del agronegocio. Pero, fundamental y con una confusa técnica legislativa, este proyecto de ley pretende autorizar los desmontes en las áreas de protección I (roja, sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse) y II (amarilla, sectores de mediano valor de conservación), esto es las áreas más importantes y vitales, desmontes que actualmente están expresamente prohibidos. Más aún; ése es el núcleo de la Ley de Bosques: si no se protegen las zonas más frágiles y fundamentales para la vida de nuestros ecosistemas ya en peligro, ¿qué sentido tiene entonces una Ley de Bosques? De aprobarse esta propuesta de ley, todos los bosques argentinos podrían ser desmontados, para garantizar el avance de los negocios (soja, cultivos transgénicos, ganadería, monocultivo forestal, entre otros).

Respecto de la Ley de Glaciares, la propuesta de reforma habilitaría la actividad minera en ambiente periglaciar (expresamente prohibida por la ley). Este retroceso ambiental es la exigencia histórica de grandes mineras transnacionales como Barrick Gold que pretenden avanzar sobre estos ecosistemas y, con dicha modificación, podrán hacerlo sin limitaciones, estrechando de manera considerable la zona de protección. Las asambleas de provincias -como San Juan- defienden a rajatabla el ambiente periglaciar, el que es significativamente más reducido en las provincias áridas del centro y norte del país -y por eso más frágil-, que en el sur argentino, más pródigo en hielos.

El proyecto de Ley Ómnibus también tiene otros aspectos abiertamente destructivos, ya que facilita la quema de tierras para “limpiarlas” en favor de cualquier “actividad productiva”. El proyecto de ley reformaría la precedente, Ley 26.562 de control de actividades de quemas, ya que habilita que si al cabo de 30 días, la autoridad competente no se expide en relación al pedido de autorización de quema “se considerará que la quema ha sido autorizada tácitamente”. Con un Estado desguazado, con escasos o nulos controles, esto significa la institucionalización de la quema indiscriminada, tal como hizo Bolsonaro años atrás en Brasil, hecho que impactó severamente en la Amazonía, sus ecosistemas y los pueblos indígenas que la habitan. También habilita y liberaliza la quema de Pastizales, ecosistemas valiosísimos e imprescindibles, bajo el eufemismo de realizar “cortafuegos” y “acciones preventivas”, hoy acciones vedadas o solo permitidas a las autoridades competentes y de forma excepcional. Aquí lo hemos vivido ya en varias provincias, lo más reciente son los incendios en Corrientes (verano de 2023), que afectaron no solo a los Esteros de Iberá, de los cuales arrasaron con más de 100.000 hectáreas, entre esteros, bañados y pastizales. Esta modificación potenciaría los incendios de manera impensada y absolutamente ilimitada.

Otro elemento de la ley ómnibus es que propone adherir al tratado de 1991 de la Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades Vegetales (UPOV 91) para privatizar las semillas y criminalizar el intercambio de semillas criollas. 

Por último, la propuesta de Ley Ómnibus dispone ingresar de lleno al capitalismo verde -que es compatible con el negacionismo climático-, que habilita a las corporaciones el derecho a seguir contaminando, a través de la compra de “bonos verdes” en el mercado de carbono. Sobre la transición hacia energías renovables, no hay nada. Solo el afán por insertar a las grandes corporaciones (del tipo que sean, pero fundamentalmente extractivas) en el negocio del carbono, en lo que hemos llamado el “Consenso de la Descarbonización”, un acuerdo capitalista que pretende combatir la crisis climática sin tocar el modelo de negocios actual, exacerbando el proceso de explotación extractivista de los bienes naturales y manteniendo una relación depredatoria con la naturaleza. 

En este vértigo destructivo y desdemocratizador en el que nos sumerge el gobierno libertario-corporativo, el 29 de diciembre entra en vigencia el Decreto de Necesidad y Urgencia del día 20 de diciembre que, por sus impactos, también conlleva una fuerte regresión ambiental. Por ejemplo, dispone la derogación de la Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011. Dicha ley colocó un freno al proceso de extranjerización de tierras que desde los ‘90 venía operándose en el país, acelerado luego por la crisis de 2001-2002. La ley apunta a limitar la extranjerización de las tierras, instalando un más que razonable régimen restrictivo para la compra de tierras rurales por extranjeros, como sucede en la mayoría de los países del mundo.

Un artículo importante de dicha ley es aquel que prohíbe a extranjeros ser propietarios de inmuebles que sean ribereños de cuerpos de agua (ríos, lagos o cuencas) y zonas de seguridad de frontera. Aunque no es retroactiva (Lewis y Benetton, entre otros, hicieron mucho provecho de esta falta de regulación), la derogación de esta ley conlleva directamente la liberación total de la compra o posesión a capitales extranjeros. Corporaciones transnacionales forestales como ARAUCO, que ya tienen cientos de miles de hectáreas en nuestro litoral, estarían también detrás de esta flexibilización. Este proceso de extranjerización se traduce en la pérdida de nuestra soberanía sobre los bienes comunes asociados al suelo y agua (cuencas hídricas, lagos, ríos). A su vez, implica el desplazamiento de poblaciones vulnerables; comunidades campesinas e indígenas podrán ser expulsados por la megaminería metalífera y de litio, la expansión de la frontera sojera-ganadera, foresto-industrial y el corrimiento de la explotación hidrocarburífera. 

Respecto del sector energético, el DNU abre la puerta a la privatización total de las empresas públicas (con su transformación de sociedades mixtas a sociedades anónimas), lo cual anticipa mayor pérdida de soberanía y de control de los bienes comunes. Asimismo, establece la liberalización tarifaria sin salvaguardas, lo cual amenaza el mercado interno y aumenta riesgos ambientales y sociales. A su vez la eliminación del Fondo para el Desarrollo de la Generación Distribuida (FODIS) y afectación de certificados de crédito fiscal representan un retroceso en la implementación de energías renovables de baja escala necesarias para la transición ecosocial. Lo más indignante es la absoluta ausencia de cualquier tipo de regulación o modificación de los grandes subsidios existentes para las grandes petroleras y empresas energéticas. Es decir, mientras se reducen o suprimen los subsidios al consumidor en las tarifas de combustible y energía, se siguen subsidiando a las grandes petroleras multinacionales, no para el consumo interno, sino para la exportación. Un llamado explícito al despojo y el saqueo, que suena como música en los oídos de las corporaciones transnacionales.

A 40 años de recobrada la institucionalidad democrática, más allá de sus deficiencias y errores, asistimos a una vertiginosa embestida en términos de desdemocratización, que pareciera dejar desamparada a la ciudadanía, ante la salvajada de reformas y derogaciones propuestas por el presidente libertario. Frente a ello, cabe preguntarse dónde se encuentran en este país las reservas democráticas que puedan contrarrestar esta arremetida autocrática e inconstitucional, que transfiere nuestros bienes públicos y naturales y deroga nuestros derechos (civiles, sociales, económicos, ambientales, laborales, entre otros), en favor de las corporaciones privadas.

Hoy una parte importante de la ciudadanía se encuentra cada vez más movilizada en diferentes ciudades del país (a través de marchas, paros generales o parciales, cacerolazos), convocados por diferentes organizaciones (sociales, sindicales, territoriales). Sabemos que la movilización social es absolutamente necesaria, pero no suficiente si no va acompañada por la intervención política urgente del Poder Legislativo, rechazando el DNU y las reformas de esta Ley Ómnibus, así como de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, frente a la inconstitucionalidad de tales medidas. Una pregunta atraviesa esta indignación colectiva que gana las calles, cada vez más militarizadas: ¿acaso nuestra institucionalidad es tan frágil que puede venir un nuevo presidente y llevarse puesto en tres semanas las instituciones democráticas y nuestros derechos? Esta es la madre de todas las batallas. Ojalá las fuerzas políticas de la oposición y la Justicia argentina estén a la altura de esta responsabilidad histórica.

ED

Sabemos que muchas y muchos estamos enfrascados en la micromilitancia, en la recta final, empeñados en erigir un muro democrático para evitar el arribo de la ultraderecha en Argentina, representado por la dupla libertaria-militar Milei-Villaruel. Estamos viviendo momentos de honda angustia y dramatismo, una encrucijada no sólo política sino también ética, civilizatoria, para nuestro país, instalados ya en una tensa e interminable espera. Por eso mismo, quisiéramos invitarlos a cerrar los ojos un momento y tomarnos con ustedes un respiro para comentar un potente acontecimiento vivido el domingo pasado en un pequeño pueblo del sur de Córdoba, San Marcos Sud, situado en el corazón de la pampa sojera.

Allí se llevó a cabo el primer gran Festival Musical Socioambiental del país, “Canciones Urgentes para mi Tierra”, el “Woodstock Ambiental” como bien se dijo en las redes sociales, entre las 14 y la medianoche, en el cual pasaron reconocidas bandas musicales, muchas de ellas también de diferentes provincias argentinas, para acompañar la conmovedora experiencia de los y las niñas de escuelas rurales, dirigidos por el maestro y músico cordobés Ramiro Lezcano. Allí fuimos testigos del hecho político-ecológico más potente del que tengamos recuerdo en los últimos años.

Quisiéramos contarles sobre todo lo que sucedió en el horario central cuando subió al escenario Ramiro Lezcano, el maestro rural y músico que desde 2018 lleva a cabo este maravilloso proyecto, el de organizar un coro de niñes cantores que provienen de una veintena de escuelas rurales de la provincia, niñes que cantan sus propias canciones, compuestas colectivamente, donde se denuncia la crudeza e injusticia del agronegocio. Canciones ya grabadas (que ya van por el tercer disco), junto con famosos cantantes de toda América Latina (desde Rubén Blades, de Panamá, y Aterciopelados, de Colombia, hasta el cubano Pablo Milanés antes de su muerte; desde Chizzo Napoli de La Renga y Juanse hasta Fabiana Cantilo, Hilda Lizarazu y Juan Carlos Baglietto).

Habían pasado ya muchas bandas y casi siete horas de concierto. La gente bailaba, mientras los puestos de comida locales se multiplicaban al costado del predio, en una San Marcos Sud superada por las casi diez mil personas que pasaron ese día por el concierto. Con la noche y el frío, eran miles y miles los que se apretujaban de pie frente al inmenso palco central. Y el público seguía allí, firme e indesmayable, aguardando la llegada de los y las niñas cantoras.

Fue entonces, a eso de las 21, que subieron unos 40 niñes con sus guardapolvos blancos, junto con su maestro Ramiro Lezcano. Subió también el elenco estable de la orquesta sinfónica del teatro Libertador de Córdoba; aparecieron el gran, enorme León Gieco y el talentoso Lito Vitale. Y el público rugió de alegría y comenzó a conmoverse cuando el coro de niños alzó su voz, alta y potente, en el cielo de la noche cordobesa. 

El maestro Ramiro contó la anécdota, refiriéndose a un periodista que le había preguntado si el festival “era un concierto contra el campo”. Él respondió: “¿Cómo va a ser contra el campo, si nosotros somos el campo? Son alumnos de escuelas rurales”. Dejó así en evidencia la mirada hegemónica del denominado “campo”, emparentada de modo lineal sólo con el agronegocio.   

En la segunda o tercera canción, una decena de esos niñes se plantó en la primera línea del escenario, frente al público, desafiantes, con máscaras antigas cubriendo sus rostros. Imposible no ver esas máscaras negras sobre los guardapolvos de les infantes que además aparecían proyectadas en enormes pantallas al costado del palco.

La música comenzó con un “seño, seño, mirá el avión”. Entonces se escuchó el inquietante bramido de las avionetas fumigadoras de agrotóxicos. Y les niñes, en una sola voz alta que nos puso de inmediato la piel de gallina, arrancaron con la estrofa: “Caranchos de metal, caranchos de metal... Soldados de la muerte”. Imposible no conmoverse, mucho menos no llorar mientras todos escuchamos por segunda vez la canción (es, creemos, el mismísimo León Gieco que concentrado, pregunta a los y las niñas: “¿Repetimos la canción?”). Ramiro Lezcano, ese joven maestro rural tocado por la magia y la bondad, sigue acompañando con su guitarra, mientras el coro vuelve a cantar “Caranchos de metal”. Y las madres de todos esos niños y niñas al lado del escenario, donde nosotros seguimos apretujados, ya sin tratar de ocultar nuestras lágrimas, también cantan y rugen con ellos...

Basta escuchar esta canción y la que le sigue, “Bichitos de luz”, que habla de la desaparición y exterminio de las luciérnagas en los campo de soja, para comprender que no existe un hecho más potente, más revolucionario que las voces de estas niñeces amenazadas, que cantan a voz en cuello, para despertar la adormilada conciencia ambiental de la sociedad argentina.

Cerremos los ojos otra vez y pensemos: Niñeces amenazadas. Adultocentrismo, ruptura del llamado Pacto intergeneracional. Tres cuestiones que nos llevan a abrir los ojos para pedir perdón en público a esos niños y niñas del campo argentino, a todas esas niñeces amenazadas de nuestro país. Perdón niñes por haber roto nuestra parte del pacto intergeneracional, ese que decía que debíamos garantizarles un ambiente sano, un mundo vivible y respirable, como el que conocimos nosotros en nuestras infancias. Perdón por todos aquellos que creen que se trata solo de crecer y crecer, de extraer y producir infinito, apostando a modelos de desarrollo devastadores, mientras desertifican los territorios y les dejan un planeta roto, herido por el colapso. Perdón por todos aquellos que se quejan de la sequía, mientras siguen creyendo que no es la economía la que debe adaptarse al clima y a la naturaleza; sino la naturaleza y el clima a la economía. Perdón por todos aquellos que siguen pensando que los caranchos de metal son un símbolo del progreso y del desarrollo del campo argentino.

Gracias por generar un lugar de (re) encuentro con compañeros y compañeras de todo el país. Un momento de esperanza con risas, de cariño y ternura, importantísimo en épocas de individualismos y encierros prolongados en la postpandemia. Necesitamos vernos en persona, salir de nuestra zona de confort, de nuestro ombliguismo y nuestra apatía, y coincidir, apostar al amor y abrazarnos más, porque la salida es colectiva.  

Tenemos la obligación de escucharlos, de apoyar a estos niños y niñas, expresión de la ruralidad, “del interior del interior”, como dice Lezcano, con sus voces multicolores, voces que nos cantan, nos gritan, nos impulsan a realizar transformaciones sociales y ecológicas de modo urgente.

Y gracias, sobre todo, por abrirnos la puerta de la esperanza, por ser esos “bichitos de luz” que todavía aletean con alegría en medio de la oscura noche de la pampa sojera. Gracias por abrir la posibilidad de pensar que otro campo es posible. Gracias por devolvernos la idea de que todavía es posible construir un mundo mejor. Porque a la hora de agitar la conciencia ambiental, un concierto como el del 12 de noviembre realizado en un pequeño pueblo rural vale más que todos los libros que podamos escribir sobre el tema. Necesitamos uno, dos, tres, infinitos conciertos urgentes para nuestra tierra.

MS/EV/JJD

El movimiento socioambiental no sólo no debe votar a Javier Milei sino que debe militar abiertamente para que éste no se convierta en el próximo presidente de la Argentina. No sólo por las obvias razones económicas y las disparatadas y dañinas propuestas de gobierno de La Libertad Avanza sino esencialmente porque es necesario actuar en defensa propia. 

A esta altura de la realidad, con eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes en todo el planeta y con el consenso científico que hay, el negacionismo climático equivale a acelerar exponencialmente el proceso de colapso ambiental en curso. En la actualidad, ser negacionista del cambio climático es equivalente a ser terrraplanista (¿No será terraplanista Milei? Hasta ahora nadie se lo preguntó).

A pesar de ello, Milei, el candidato de la ultraderecha local, sostuvo en un vivo de Twitch que el cambio climático no existía. “Es otra de las mentiras del socialismo, hay toda una agenda del marxismo cultural. Hace 10, 15 años se decía que el planeta se iba a congelar, ahora dicen que se calienta. Aquellos que conozcan cómo se hacen esas simulaciones van a ver que las funciones están saturadas en determinados parámetros a propósito para generar el miedo”, dijo hace un tiempo, entrevistado en directo por el youtuber y actor Julián Serrano.

Hace unos días habló del derecho de las empresas a contaminar los ríos, preguntando “dónde está el daño”, aplicando una lógica mercantilista elevada hasta el absurdo, como si los ríos fueran meros bienes privados y/o privatizables, y no bienes públicos o comunes, que hoy están en peligro.

Lo cierto es que el negacionismo climático responde a una matriz ideológica ultraliberal y conservadora, que objeta el rol regulador del Estado. Desde esta perspectiva, cualquier intervención reguladora del Estado supone un atentado contra la libertad de mercado y, por ende, contra la libertad individual. 

En los Estados Unidos, esta posición involucró durante décadas a un mismo conjunto de actores sociales y políticos que, a fin de rechazar la intervención del Estado, negaban la evidencia científica. Esto incluyó desde presidentes como Ronald Reagan, los Bush (padre e hijo), hasta recientemente Donald Trump. Detrás de esta política están las grandes petroleras que financiaron, y continúan financiando, este tipo de posicionamientos. Se crearon poderosas instituciones para incidir en el debate a nivel internacional, negando las bases científicas del cambio climático global y oponiéndose a cualquier tipo de regulación que limitase las emisiones de gases de efecto invernadero. También hay fundaciones de extrema derecha, ligadas a Koch Industries, que ya antes habían financiado campañas para negar los efectos del tabaco, tal como lo muestra con ingente documentación el libro de Eric Conway y Noemi Oreskes, Los Mercaderes de la duda, publicado en 2010. 

Asimismo, los sectores ultraliberales y de derecha ven en el ecologismo un renacimiento del socialismo por otros medios. Las demandas del campo ecologista, que exigen a los Estados la instrumentación de políticas públicas que apunten a la protección de los bienes comunes y a regular las emisiones de gases CO2, son entendidas como una “nueva trampa” asociada al comunismo.

En América Latina fue el expresidente peruano Alan García (situado en la derecha más reaccionaria) quien expresó esta idea en 2009 durante un sangriento conflicto con los pueblos amazónicos —conocido como la Masacre de Bagua— que se oponían a la expansión de la frontera extractiva. En un recordado artículo en el diario El Comercio, García expresó: “Y es así que el viejo comunista anticapitalista del siglo XIX se disfrazó de proteccionista en el siglo XX y cambia otra vez de camiseta en el siglo XXI para ser medioambientalista”.

Más cerca, tenemos al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, quien entre otras cosas instauró el “día del fuego” y provocó un verdadero ecocidio en la Amazonia brasilera con el avance de la deforestación en manos del agronegocio, lo cual se tradujo también en una declaración de guerra contra los pueblos indígenas.

Vayan a preguntarles a los Yanomami, que sufrieron el etnocidio en carne propia con Bolsonaro, de la mano de la expansión de la frontera minera, sobre todo de la minería ilegal, que aumentó el 632%, y que fue el principal factor del colapso del modo de subsistencia de este pueblo. Y sin duda, sin la resistencia decidida de los pueblos indígenas de la Amazonia, el propio Lula en el inicio de su tercer mandato no hubiese incorporado en el programa cuestiones urgentes como frenar el avance de la deforestación, proteger la Amazonía (lo que lo coloca en visible tensión con el poderoso sector de los agronegocios) y dar representación a los pueblos originarios, a través de la creación de un ministerio propio, comandado por una mujer indígena, la luchadora Sonia Guajajara.

Al igual que otros representantes de la ultraderecha autoritaria, Milei también considera al ambientalismo como una “creación del marxismo” y, por ello, lo coloca del lado del enemigo a combatir. Así lo marcó expresamente en un reciente artículo uno de sus mentores, Alberto Benegas Lynch (h), quién enumera los peores enemigos en su resumido “decálogo”, colocando en primer lugar al ambientalismo. “Primero, el ambientalismo. De un tiempo a esta parte los socialismos se han agazapado en el llamado ambientalismo como una manera más eficaz de liquidar la propiedad privada: en lugar de decretar su abolición al estilo marxista, la tragedia de los comunes se patrocina con mayor efectividad cuando se recurre a los llamados ”derechos difusos“ y la ”subjetividad plural“ a través de lo cual se abre camino para que cualquiera pueda demandar el uso considerado inadecuado de lo que al momento pertenece a otro”, dijo.

Nadie ha llegado a tanto ni tan lejos, ni siquiera acá en Argentina donde la ceguera ecológica atraviesa a tantos actores políticos y económicos, tal como podemos ver en los impactos de la reciente sequía, valuados en unos 20.000 millones de dólares. La élite local no hace más que quejarse como si la sequía fuera una plaga bíblica producto de un Leviatán Climático global, sin querer establecer la relación estrecha que en términos territoriales existe entre modelos de (mal)desarrollo vigentes y crisis climática.

En la actualidad, todos los debates internacionales están atravesados por la problemática ambiental, con lo cual hasta resulta geopolíticamente relevante abandonar la ceguera ecológica, si el país quiere acceder a fuentes de financiamiento internacional y establecer de una vez por todas una agenda de adaptación al cambio climático.

El negacionismo y sus múltiples rostros

La candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, no le va a la zaga; todo lo contrario. Multiplica los rostros del negacionismo. Se trata de una defensora de los militares genocidas, respecto de los crímenes de lesa humanidad cometidos por éstos durante la última dictadura militar.

La provocación que supone en la fórmula libertaria la presencia de Villarruel apunta a impugnar el corazón mismo de nuestro imaginario democrático, justo ahora que deberíamos estar conmemorando los 40 años ininterrumpidos de vida institucional, período en el cual se fue construyendo de modo colectivo, dinámico y en conflicto, un “pacto democrático”, a fuerza de luchar contra la impunidad de los militares responsables de las violaciones de derechos humanos. 

A esto Villarruel le suma la negación de los derechos de los pueblos indígenas, a los cuales también promete combatir. Ya en mayo de 2022 presentó un proyecto para derogar la ley 26.160, de emergencia territorial indígena, que suspende los desalojos, “en contra de las usurpaciones de supuestos pueblos indígenas”.

Ante lo sucedido en Jujuy, redobló la apuesta y habló de que “el indigenismo” buscaba “incendiar el sistema democrático”, desconociendo no sólo la deuda que el Estado argentino tiene para con los pueblos indígenas, sino los derechos internacionales de éstos (al territorio, a la autonomía, a la defensa de su cultura, a ser consultados, entre otros), recogidos en nuestra carta constitucional en 1994.

Sabemos que nada de esto es inocente, pues los territorios indígenas son hoy lugares codiciados por el capital extractivista, se trate del litio, otros minerales, o del petróleo y gas. El racismo antiíndigena, estructural en nuestro país, encuentra una peligrosa actualización basada nuevamente en el desprecio étnico y los intereses económicos.

Así, que en las PASO haya triunfado el “Que se vayan todos” en su versión de derecha (como dicen Mariano Schuster y Pablo Stefanoni) es muy preocupante. Es cierto que no todos los que votaron la dupla Milei-Villarruel adhieren al paquete completo de negacionismos que éstos proponen, pero el caso es que existe un amplio sector de clases medias y populares desencantadas, empobrecidas y olvidadas, que padecieron más que otros sectores sociales los impactos económicos de la pandemia y la torpeza gubernamental y que encuentran en los discursos contra el Estado y “la casta” un aglutinador diferente.

Milei con su estilo insultante y denigrador llegó al corazón de ese sentimiento, que atraviesa un sistema político degradado y autocentrado, incapaz de responder a los grandes problemas y desigualdades del país. Un sentimiento de agravio y de no-futuro que trocó en búsqueda de una nueva utopía antisistémica, que muchos —sobre todo jóvenes y varones— creyeron encontrar en el discurso libertario. 

La Libertad Avanza, lejos de combatir a 'la casta', repite y amplifica todos los vicios de los partidos tradicionales, como la venta de puestos, los negociados con sellos y el dinero negro

Sin embargo, el partido La Libertad Avanza, lejos de combatir a “la casta”, repite y amplifica de manera acelerada todos los vicios de los partidos tradicionales: venta de puestos, negociados con sellos y partidos tradicionales, dinero negro, purgas de los sectores libertarios que pudieran cuestionar la dirección política, vínculos con grandes empresarios, entre otras herramientas ya conocidas de la vieja política. La negación de la crisis climática también retoma la visión de los intereses concentrados. Nada mejor que revisar el libro “El Loco. La vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina”, del periodista Juan Alvarez, para desmitificar y poner en perspectiva el vacío de la llamada “utopía libertaria” que se hizo eco en un sector de la juventud. 

Así, se equivocan aquellos ambientalistas que piensan que una eventual presidencia de Milei sería solo más de lo mismo. Es un partido que contiene lo peor de lo viejo, al tiempo que instala un nuevo umbral que no solo significaría un enorme retroceso en relación a nuestra débil institucionalidad ambiental, sino que se convertiría, como ya sucedió en otras latitudes pero fundamentalmente en América Latina, en un peligro concreto para la integridad física de los y las defensores y de la propia existencia del movimiento socioambiental.

Es cierto que hay también ahora persecución y hostigamiento del ambientalismo, y el extractivismo continúa expandiéndose. Véase lo sucedido en Jujuy, vinculado al litio y la reforma (in)constitucional, o yendo apenas un poco más atrás, a Chubut, que sufrió una vez más el intento de imponer la minería a cualquier precio, lo cual si bien fracasó, generó un contexto de criminalización del ambientalismo. Pero una presidencia del binomio militar-libertario que expresan Milei-Villaruel potenciaría lo peor de todos esos modelos, significaría una vuelta de tuerca, habilitaría un umbral de violencia política, institucional y discursiva, con consecuencias imposibles de prever. 

Los ambientalismos, los feminismos, los progresismos y las izquierdas debemos replantearnos la autocrítica y el diálogo. No podemos ser indiferentes a quienes potencian a niveles desconocidos lo peor de la Argentina de las últimas décadas. La historia reciente, con el ascenso de las extremas derechas, muestra que no todo es lo mismo y que hay que hacerse cargo, individual y colectivamente de esta evidencia, a la hora de posicionarnos en relación con lo que representan Milei y Villaruel en nuestro país. Estos implican un cambio de escala respecto del rechazo del sistema democrático y sus bases, lo cual incluye la totalidad de los derechos humanos, sociales y ambientales. 

MS/EV/JJD

Nunca me pasó con una serie lo que me está pasando con la de Fito Páez.

La vi todo el tiempo con los ojos llorosos y, por momentos, llorando fuerte, a moco tendido. Pero no con los momentos trágicos, que son muchos, sino con los instantes de amor, de amistad, de relaciones familiares... Reminiscencia de nuestra juventud.

Pero la serie no es sobre Fito como pareciera. Es sobre el amor (los primeros), la amistad juvenil, la familia, viaje directo a nuestra amada adolescencia. Una verdadera explosión de nostalgia para los cuarentones como yo.

Confieso que la fui viendo de a poco, como si se tratara de un buen whisky que se saborea despacio. 

Creo que una de las cosas que más conmueve son esos lazos y vínculos de amor y amistad que existían en esas épocas. Muy distintos a los actuales que se encuentran hegemonizados por la cultura del descarte y la inmediatez. El actual protocolo social de generar y mantener vínculos frágiles, que aparecen y desaparecen como si nada (fantasmagóricamente), donde hoy sí y mañana ni me acuerdo. Donde todo es cálculo y estrategia y nada de corazonada. Donde sólo importa el goce propio e inmediato aún si con eso se descuidan los afectos. Un gran desinterés por el otro, sin importar si le haces daño. Relaciones mediadas, hoy día, por pantallas y aplicaciones que contrastan con la presencia, los abrazos, las terrazas y las juntadas que se ven en la serie (con excepción de algún teléfono público, previo conseguir un cospel)

Y tiene detalles, muy pensados, que disparan recuerdos de nuestras infancias. El primer plano de los ravioles de la abuela, los autos, los cassettes, las veredas, la casa. Y un viaje directo a la secundaria, a las trasnochadas con amigos y amigas tirados en una cama escuchando música con las paredes llenas de posters de nuestros ídolos. Las complicidades juveniles para desafiar al mundo, los enamoramientos y decepciones. Por eso tenemos los ojos húmedos toda la serie. Emociones que estaban dormidas, se despiertan y te parten como un rayo. 

Es que la serie, excepto por la singular genialidad de Fito, en realidad es como vernos a nosotros mismos retrospectivamente. 

Las actuaciones son geniales. La de la actriz Micaela Riera, como Fabiana Cantilo, es deliciosa. La interpretación perfecta del amor juvenil que alguna vez nos atravesó: rebelde, salvaje, indomable, intenso. Y la de Martín Campilongo (Campi), haciendo del padre de Fito, es superlativa. Sin tener la personalidad de mi viejo, me llevó directo a él. En definitiva, ella interpretaba a un amor y él a un padre, y el enorme logro de ambos es llevarnos a cada uno de los nuestros, aunque sean bien distintos. 

Por supuesto que ayuda para la fascinación que estén reflejados los super iconos del rock argentino. El casual encuentro con el Flaco Spinetta. La escena donde toca, en vivo, Virus dan ganas de un spin off sobre Federico Moura y su fascinante vida. Pero también me pregunto ¿cómo no hay una sobre Charly? Y con varias temporadas. Incluso una sobre el productor Daniel Grinbank, que las vivió todas. En realidad necesitamos una especie de Universo Marvel pero del rock argentino. 

Fito fue la banda sonora de nuestras vidas. En realidad todo el rock nacional lo fue, por eso lo llevamos tan adentro del corazón. De eso no hay duda. Teníamos un tema musical para cada momento de nuestras vidas. Cuando andábamos de amores o de desamores, siempre había una canción que aparecía para ese instante de gloria o sufrimiento. Nuestro cable a tierra. 

Es nuestra historia y es la que genera esa montaña rusa de sensaciones.

Olas de calor nunca antes vistas, cortes de energía eléctrica en una buena parte de la Argentina, incendios forestales y de pastizales que no cesan y que se expanden, mientras puede verse cómo el fuego rodea peligrosamente a la central atómica Atucha. Humo constante en decenas de medianas y grandes ciudades del país. Una sequía histórica potenciada por los efectos del cambio climático global y destrucciones locales tanto de bosques nativos como de humedales. Las imágenes del colapso ecológico están entre nosotros, como si se tratara del comienzo de una película o una serie distópica de las que abundan en las plataformas televisivas. 

En el mundo de la biología, a finales de la década de los 90, se acuñó el término “plant blindless” o “ceguera botánica” que define la incapacidad del ser humano para ver o percibir las plantas en el propio entorno. Si se le preguntara a una persona acerca de elementos del paisaje mientras camina por un bosque, por un ser vivo, la mayoría indicaría a lo sumo un animal, a pesar de que la mayor parte de los seres vivos presentes en un bosque son especies vegetales. 

Aplicado esto a la coyuntura actual, podríamos decir que, como sociedad, vivimos una especie de “ceguera ecológica”. Una negación colectiva que se expresa en la naturalización de los eventos climáticos y ecológicos extremos. El humo en las ciudades, producto de las quemas intencionales de bosques, humedales y pastizales, se convirtió en un elemento más del paisaje urbano y rural. Tal es así que ya es un dato más que aportan los servicios meteorológicos, junto con la temperatura, la humedad y la sensación térmica. Otra imagen elocuente es la gente bailando entre el humo, como pudo verse en los sensacionales carnavales correntinos, en una provincia literalmente prendida fuego como nunca antes en su historia. 

Claro que esta ceguera ecológica está íntimamente relacionada con la visión de la modernidad que colocó al ser humano -figurativamente hablando- por fuera de la Naturaleza. Se redefinió la Naturaleza sin considerar a la Humanidad como parte integral de la misma, desconociendo que los seres humanos también somos Naturaleza. Esto consolidó un paradigma binario que ignora las interdependencias y complementaridades y reduce a la Naturaleza a una mera canasta de recursos infinitos y manipulables. Selló nuestro divorcio con quien nos da alimentos, ambiente y vida y sentó las bases de la destrucción a gran escala.

Pero obviamente esta ceguera tiene a la clase dirigente (política, empresarial y mediática) y su perspectiva economicista como su máxima expresión. Abstraídos de lo que ocurre, desestimando las alarmas, se toman decisiones que aceleran aún más la emergencia ecológica y climática. Esta ceguera no es exclusiva de nuestras élites vernáculas ni de nuestros economistas (sean ortodoxos o heterodoxos), aunque en Argentina se expresa de una manera potenciada, ante la falta de un horizonte político de cambio.

Así, es posible ver al Gobierno nacional y aquellos provinciales, promoviendo la ampliación de la frontera hidrocarburífera sobre el Mar Argentino, incluso en el Golfo San Matías (lindante con la invaluable península Valdés). Podemos ver como se aumentan los beneficios fiscales a las petroleras en Vaca Muerta. También cómo se incentiva la ampliación del agronegocio y de la especulación inmobiliaria sobre bosques nativos (según un informe de Greenpeace se desforestaron 200 mil hectáreas de bosque nativo solo en 2022) o la quema y destrucción de pastizales y humedales (que alcanzó sus niveles récords durante la pandemia hasta la actualidad). Podemos escucharlos hablar con pasmosa linealidad sobre el litio como el nuevo eldorado, aguardando “la lluvia de inversiones”, desestimando el debate acerca de la transición energética y los costos sociales y ambientales que están pagando los pueblos de Sudamérica.

Es inaceptable que no se vinculen los efectos de la ola de calor récord y la sequía con los modelos de maldesarrollo imperantes en nuestro país. Los medios de comunicación suelen hablan sólo del lado pintoresco mientras la clase política continúa ignorando de modo sistemático la emergencia ecológica. Argentina debe ser uno de los pocos lugares del mundo donde la crisis climática no genera ningún tipo de debate político ni mediático. Al contrario, se cancela al ambientalismo por “prohibicionista” y hasta hay jueces federales que para justificar el fallo en favor del offshore en Mar del Plata sobreactuaron su lealtad al poder político y económico hablando de “fascismo ambiental”... 

Dos caras de la misma crisis

El avance de la megaminería también es muy fuerte. En provincias como Mendoza la Legislatura provincial aprobó ilegalmente (porque viola, entre otras cosas, la Ley Nacional de Glaciares) el proyecto de Cerro Amarillo. Lo hizo a espaldas de una sociedad que, recordemos, en 2019, salió masivamente a las calles en defensa de la ley 7.722 que protege el agua y restringe la minería.

Si algo faltaba, la reciente designación de Antonio Aracre, ex CEO de la poderosa corporación del agronegocio Syngenta, como jefe de asesores del Presidente de la Nación no hizo más que confirmar que el embate extractivista y corporativo es total. Aunque hubo reclamos de diferentes sectores de la sociedad civil -que incluyen franjas del oficialismo- el presidente Alberto Fernández se mantuvo ajeno e indiferente.

La excusa de esta avanzada es siempre la misma: hay que enfrentar la crisis económica y pagar la deuda externa. Como si la crisis económica y la crisis ecológica no tuvieran las mismas causas, sobre todo en nuestra región. Son los modelos de maldesarrollo los que mantienen a más de la mitad de los niños bajo el nivel de pobreza en Argentina y que convirtieron a América Latina en la región más desigual del planeta. No es casual tampoco que los mapas de la pobreza o exclusión social coincidan en el Sur global con los de las figuras extremas del extractivismo. Como si la crisis de la deuda externa y la deuda ecológica no estuvieran vinculadas y no se retroalimentaran de modo perverso. La sobreexplotación de los bienes naturales se intensifica cuando las relaciones comerciales empeoran para las economías extractivas, que tienen que hacer frente a los pagos de la deuda externa y financiar las importaciones necesarias. 

Salir de la ecoansiedad y la visión distópica

¿Cómo hacemos entonces para que la problemática ecosocial sea transversalmente considerada a la hora de discutir sobre las políticas de nuestro país? ¿Cómo hacemos para que el Congreso nacional sancione una ley que realmente proteja los humedales y el gobierno tome decisiones que superen el economicismo estrecho y el poder de los lobbies? ¿Cómo hacemos para no naturalizar el humo y las visitas a los hospitales por problemas respiratorios, mientras nos convertimos -como dijo un activista rosarino- en un crematorio a cielo abierto? ¿Cómo superar esa ansiedad ecológica que genera una actitud colapsista poco proclive al cambio? 

Para comenzar, creemos fundamental colocar el foco en algunas de las respuestas más comunes desde la sociedad civil a esta ceguera ecológica, en un contexto de clausura política: la impotencia y la resignación que hoy se expande en muchas franjas sociales y etarias; incluso lo que hoy se denomina “ecoansiedad”. Esta puede ser definida rápidamente como la condición de ciertas personas que sienten un temor constante a un cataclismo ambiental debido a la acción humana sobre el clima y la naturaleza. Este término relativamente nuevo tuvo sus primeras apariciones a finales de la década de 1990 y cobró más notoriedad durante la pandemia y los recientes eventos climáticos extremos. 

Sin ser ingenuos, creemos que resulta prioritario transformar la distopía y la ecoansiedad en ampliación de la imaginación política y ecológica. No podemos sucumbir a la tentación colapsista y pensar el quiebre civilizatorio como si éste fuera un destino único, predeterminado. Porque si sólo imaginamos un futuro distópico, caemos en la parálisis y actuamos de manera individualista y egoísta. Pensar (y buscar) un futuro justo -social y ecológicamente- nos lleva a enfrentar las dificultades de manera colectiva, empática y solidaria. Y en épocas de emergencia, como la actual, esto se transforma en una obligación. 

Cultivar re-existencia o cómo no bajar los brazos

La preocupación tiene que dar paso a la indignación, porque ése es el motor colectivo de los cambios. Y la indignación convertirse en acción. No hay que traicionarse ni autoconsolarse ante la sensación de que no hay nada para hacer, o que ya está todo perdido o clausurado porque eso desalienta aún más o impulsa a tomar atajos.

La aceptación tácita o explícita del “consenso del extractivismo” contribuyó a instalar un nuevo escepticismo o ideología de la resignación que impone la idea de que no existen alternativas al desarrollo extractivista actual, como si éste fuera un destino inevitable y no una imposición geopolítica colonial que, con la intervención activa de las elites nacionales, nos coloca en el lugar de proveedor de commodities para el Norte Global. Un consenso extractivista que, además, califica de insensato e irrazonable a quien cuestiona los modelos de maldesarrollo que nos llevaron (y continúan haciéndolo) a la actual crisis ecológica.

Lo cierto es que no hay nada más insensato e irracional, máxime en el contexto actual, que consentir el seguir destruyendo bosques, humedales, ríos, ecosistemas enteros para la ganancia de unas pocas corporaciones locales y del Norte Global.

Una estrategia para combatir estos tiempos de resignación y ansiedad ecológica es pasar a la acción. Organizarse y buscar a quienes están organizados. En cada provincia argentina, en cada pueblo o ciudad hay una asamblea, un grupo de ciudadanos/as, multisectoriales que están día a día disputando sentidos y defendiendo causas vinculadas a un horizonte ecosocial justo y sostenible. No estamos hablando de autoayuda, sino de organización colectiva y solidaria.

No es cierto tampoco que todo sea derrota. En nuestro país hay una gran multiplicidad de colectivos y organizaciones solidarias que van generando otros espacios de re-existencia. Eso nos lleva a entender que el camino no es lineal, que está atravesado no solo por regresiones, sino también por avances importantes.

En Argentina ha habido grandes triunfos ambientales, desde que la asamblea de Esquel dijo “no a la minería”, un acontecimiento que justo en estos días cumplirá 20 años (el 23 de marzo habrá conmemoración), pasando por la Ley Nacional de Glaciares (2010), hasta las grandes movilizaciones socioambientales que culminaron recientemente en triunfos populares, desde el Mendozazo (2019, contra la minería), el Chubutazo (2021, idem), el rechazo a las megafactorías de cerdo (2020), y las primeras movilizaciones y amparos en contra de la exploración offhsore en el Mar Argentino (2022). 

A nivel latinoamericano, hay propuestas como las del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, cuyo propósito es generar plataformas regionales y debatir condiciones de transición ecosocial justa, desde la perspectiva de los pueblos. En Colombia, pese a todos los obstáculos de una guerra que se ha extendido por décadas, el gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez apuesta a la vida y la esperanza; más aún, se propone revolucionar los progresismos fósiles para colocar otra agenda, la de un progresismo socioambiental. Incluso Lula Da Silva, quien asumió la presidencia en Brasil por tercera vez, comprendió que hay que salir de la ceguera ecológica, para detener la deforestación y el genocidio de los pueblos indígenas en la Amazonía. No sería raro que ambos gobiernos -Colombia, a la cabeza, y Brasil- generen un nuevo espacio latinoamericano para articular propuestas regionales en estos tiempos de colapso, pero también de transición. 

Finalmente, para poder romper con la ceguera ecológica de gran parte del establishment (los lobbies políticos, económicos y mediáticos) y replantear las condiciones de habitabilidad de nuestra tierra, es necesario indignarse, luchar colectivamente y expandir el horizonte de imaginación política, para incluir por ejemplo el agua, los ríos, los humedales, el conjunto de seres sintientes no humanos, que son parte indisoluble de la red de sostenibilidad de la vida. Entender que nuestra tierra está dañada pero no definitivamente perdida, reconectar nuestra indignación con las prácticas de resiliencia que aportan otros lenguajes de valoración del territorio, de la naturaleza, son la vía para la construcción de “una clase ecológica consciente y orgullosa de sí misma”, como plantean Bruno Latour y Nikolaj Schultz, en su fascinante Manifiesto ecológico-político.

Comprender que la salida es colectiva y no individual; que no es solo técnica, sino profundamente política es la clave para generar procesos de liberación cognitiva que nos permitan percibirnos como sujetos valiosos, aunque no únicos, en la construcción urgente y necesaria de una historia multiespecie que merezca ser vivida. 

ED

Los incendios forestales en Chile están alcanzando niveles inimaginables. Observamos imágenes dantescas, que parecen sacadas de una película distópica. Ya han provocado muertes y la destrucción de más de 45.000 hectáreas y un centenar de viviendas carbonizadas. Son, en total, 251 incendios que golpean la zona central y sur del país, de los cuales 80 -al menos- están fuera de control. El Gobierno chileno declaró el “estado de catástrofe” a las regiones de Biobío, Ñuble y La Araucanía, lo que le permite disponer recursos adicionales para controlar la emergencia, restringir el libre tránsito de las personas y utilizar a las fuerzas militares para contener el desastre. De acuerdo al último balance oficial, ya han dejado al menos 24 personas fallecidas, 979 lesionados (80 graves) y más de 1100 refugiados.

Este desastre en el país trasandino coincide con una larga sequía -que ya dura más de 13 años- y con una ola de calor inédita en el sur, con temperaturas que pueden llegar hasta los 40 grados. Pero el principal responsable no es el Cambio Climático, que provoca estos eventos climáticos extremos, sino la industria forestal chilena que generó las condiciones ideales para este verdadero polvorín.

Existe sobrada evidencia científica y empírica de que son los (mal) usos de suelo los que facilitan la ocurrencia y propagación de estos incendios forestales. La enorme extensión de plantaciones forestales de especies exóticas, que en el país trasandino bordean las tres millones de hectáreas, actúan como un arsenal que, combinado con el Cambio Climático, explota sin control.

El Informe a las Naciones denominado “Incendios forestales en Chile: causas, impactos y resiliencia del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2)”, señaló con contundencia que “según los tipos de uso de suelo, un 50% de la superficie quemada como consecuencia de megaincendios entre 1985 y 2018, estaba cubierta por plantaciones exóticas, principalmente de Pinus radiata y Eucalyptus sp.”

En efecto, los mapas de los incendios coinciden mayoritariamente con las explotaciones forestales exóticas, o son vecinos. Donde predomina el monocultivo de pinos y eucaliptos, el fuego arrasa comunidades y mata personas. En cambio, los incendios se reducen considerablemente donde aún queda bosque nativo.

El informe de la ONU confirma que “el riesgo de incendios se concentra en mayor proporción en los paisajes dominados por plantaciones forestales y, en menor grado, en aquellos dominados por bosque nativo. Cuando la proporción de bosque nativo es menor a un 50% en el paisaje, se observa una mayor ocurrencia de incendios. Sin embargo, a mayor cobertura de bosque nativo el riesgo disminuye”.

 La contracara de estos incendios, que sufre toda la sociedad, son las enormes ganancias de las grandes corporaciones forestales. Por ejemplo, en el año 2022 el Grupo Matte (CMPC) registró un récord de ventas y utilidades y el poderoso grupo Arauco se constituyó en una de las mayores productoras de pulpa de celulosa del mundo.

Durante la dictadura de Augusto Pinochet (1974) se dictó el Decreto Ley (DL-701) de “Fomento Forestal” que impulsó el monocultivo de pinos y eucaliptos, verdaderas bombas de succión de agua, generando terrenos secos, sin vida y susceptibles a incendios. 40 años convirtiendo los ambientes naturales en monocultivos conduce a tal devastación.

Plantar árboles no siempre es bueno

Existe un mito, alimentado por gobiernos y corporaciones, que plantar árboles, no importa si son especies nativas o foráneas, siempre es bueno.

Lo cierto es que no es así. Incluso es contraproducente. Debemos entender la diversidad de ambientes naturales que existen en una región. Son mosaicos de comunidades de bacterias, animales, funga y vegetales que han evolucionado en relación directa con las variables ambientales locales como los regímenes de lluvia, temperatura, humedad y tipos de suelos. Estas comunidades determinan la identidad de los ambientes, por ejemplo: pastizales (predominados por pastos), humedales (donde dominan plantas acuáticas y anfibias), bosques (dominados por árboles autóctonos) y están conformadas por especies nativas. Cuando plantamos árboles donde originalmente no existían, por ejemplo en un pastizal, estamos modificando la estructura original de este ambiente, que llevaría a desplazar la fauna asociada a este tipo particular de vegetación, pero además, estamos favoreciendo la pérdida de humedad de los suelos y reduciendo la carga y descenso de las napas freáticas, ya que los árboles implantados tienen acceso a fuentes de agua más profundas que los pastos, a la vez que la evaporan con mayor rapidez hacia el medio.

Es que, en definitiva, estás plantaciones no son bosques, no reproducen la vida, por el contrario. En el célebre texto “Úselo y Tírelo”, el escritor uruguayo Eduardo Galeano, ya nos alertaba hace casi 30 años, que “en estas nuevas plantaciones madereras, no cantan los pájaros. Nada tienen que ver los bosques naturales aniquilados, que eran pueblos de árboles diferentes abrazados a su modo y manera, fuentes de vida diversa que sabiamente se multiplicaba a sí misma, con estos ejércitos de árboles todos iguales, plantados como soldaditos en fila y destinados al servicio industrial. Las plantaciones madereras de exportación no resuelven problemas ecológicos, sino que los crean, y los crean en los cuatro puntos cardinales del mundo. Un par de ejemplos: en la región de Madhya Pradesh, en el centro de la India, que había sido célebre por la abundancia de sus manantiales, la tala de los bosques naturales y las plantaciones extensivas de eucaliptos han actuado como un implacable papel secante que ha acabado con todas las aguas; en Chile, al sur de Concepción, las plantaciones de pinos proporcionan madera a los japoneses y proporcionan sequía a toda la región. El presidente del Uruguay hincha el pecho de orgullo: los finlandeses están produciendo madera en nuestro país. Vender árboles a Finlandia país maderero, es una proeza, como vender hielo a los esquimales. Pero ocurre que los finlandeses plantan en el Uruguay los bosques artificiales que en Finlandia están prohibidos por las leyes de protección a la naturaleza”.

Un bosque es un bosque, las plantaciones no lo son

Cuando hablamos de un bosque, nos imaginamos árboles, porque la predominancia de estos organismos le confiere el nombre. Pero en sólo una hectárea de bosque correntino podemos encontrar hasta 40 especies de árboles distintos - disetános, que van desde plántulas a más de 20 m de altura- coexistiendo con helechos, enredaderas, epífitas, hongos, dando refugio y alimento a una amplia biodiversidad.

En cambio, en una hectárea de monocultivo forestal encontramos solamente clones de árboles de una especie y de la misma altura, porque así como su nombre lo dice es un cultivo único y es un desierto verde para los animales nativos. Además, estas especies forestales (generalmente pinos y eucaliptus), se encargan de deteriorar las condiciones del ambiente en el cual crecen rápidamente: secan los suelos (cada pino o eucalipto absorbe decenas de litros de agua por día) e impiden el ingreso de luz suficiente para el desarrollo de otras especies vegetales que sí son fuente de alimento para la fauna local.

¿Y en Argentina cómo estamos?

En Argentina, el espejo del Decreto Ley de Pinochet es la Ley 25.080 (Ley de inversión para bosques cultivados) del año 1998. Esta norma estableció estabilidad fiscal y una serie de beneficios, desgravaciones y exenciones impositivas, que multiplicó la producción de plantaciones con especies exóticas. Como se multiplicaron sus consecuencias ambientales. Por ejemplo, en la provincia de Corrientes, que en 2022 sufrió incendios equivalentes al 12% de su territorio, las plantaciones de exóticas ya superan las 500 mil hectáreas (la convierten en la provincia más forestada del país, con un crecimiento del 84% con relación al año 2013).

Una vuelta de tuerca a la actividad ocurrió en el año 2017 cuando se iniciaron las reuniones de la denominada Mesa de Competitividad Foresto Industrial, con el fin de implementar fuertemente la ley nacional 25.080, en coordinación con las provincias. Esta mesa lleva adelante, sin un proceso transparente ni participativo, un plan foresto industrial (denominado “ForestAr 2030”), el cual declama, falsamente, que la actividad en Argentina “no competirá con la agricultura ni bosques nativos”, asumiendo abiertamente que otros ambientes como humedales y pastizales del país son áreas de sacrificio en el altar de las ganancias económicas de unos pocos. Es que esta actividad invisibiliza el enorme aporte ecológico de los humedales y pastizales, como si no tuviesen valor a menos que estuvieran intensamente explotados, como si no existieran, como si estuviesen vacíos, la nada misma. No es casual que uno de los lobbies más fuertes contra el proyecto de Ley de Humedales (que pretende conservarlos) sea el de la poderosa industria forestal. Una característica común de todas las figuras extremas del extractivismo es la invisibilización de los territorios donde pretende avanzar, ignorar -deliberadamente- su importancia, para poder así imponerse.

Es importante entender que la sustitución de pastizales o humedales por árboles lleva a un desequilibrio en la dinámica de estos ambientes, con consecuencias tan extremas como la extinción de especies. Este desequilibrio se acentúa con la introducción de especies exóticas. Éstos son organismos que han sido traídos de otras partes del mundo y por lo tanto, han evolucionado en equilibrio con sus propios ambientes y condiciones climáticas. A su vez estas especies pueden volverse invasoras, como es el caso de las especies de pinos cultivadas en la provincia de Corrientes. Las semillas que producen estos pinos se dispersan con el viento, invadiendo nuevos terrenos que originalmente no estaban destinados a la actividad forestal, disminuyendo incluso su valor para otras actividades productivas. Esta invasión no está siendo controlada por ninguna autoridad gubernamental e incluso está normalizada por la población ya que por falta de información, no distinguen la amenaza que esto representa.

Por su parte, si uno mira un mapa satelital de Corrientes puede ver cómo las plantaciones forestales rodean al Parque Nacional Iberá como una especie de espada de Damocles que pende amenazantemente sobre este invaluable ecosistema. Solo en los pocos días que van del 2023 son decenas de miles de hectáreas de la provincia que ya arden, incluyendo parte del Parque Nacional mencionado. Las ciudades se han acostumbrado a convivir con el humo y las cenizas, naturalizando una forma de vivir inaceptable.

El resultado es una invitación al desastre, no solo porque son grandísimas extensiones donde predominan las especies que ayudan a la propagación del fuego (pinos y eucaliptus que producen aceites esenciales altamente inflamables y sus hojas se acumulan en los suelos generando materia seca que actúa como combustible) sino que paralelamente provocó la pérdida de los valores ecosistémicos que proveían los zonas donde avanzó la industria forestal (humedales, pastizales y bosques nativos) que podrían prevenir el inicio de incendios o mitigar sus impactos.

¿Desarrollo? ¿Progreso?

Y aún haciendo el difícil ejercicio de obviar las gravísimas consecuencias ambientales del monocultivo forestal, también hay que subrayar que las promesas “eldoradistas” sobre la actividad no sirvieron para revertir los inaceptables niveles de pobreza e indigencia de provincias que se embarcaron ciegamente como Corrientes o Misiones.

Es que, entre otras cosas, la expansión de la actividad forestal lleva a la disminución de otros tipos de aprovechamientos agropecuarios atento el sostenido proceso de acaparamiento de tierras que provoca. Como afirma el investigador Diego Chifarelli de la Universidad Nacional de Misiones, “el avance de la actividad forestal, disminuye las explotaciones agropecuarias como emergente del marcado proceso de concentración de la tierra que genera, además de producir migraciones desde zonas rurales a urbanas, generando pobreza, exclusión, desocupación, degradación de los recursos naturales y pérdida de la dignidad humana.” (...)

El citado Plan Forestar 2030 también tiene, engañosa y genéricamente, el objetivo de “fortalecer las economías regionales” pero lo cierto es que opera en territorio destruyendo las posibilidades de desarrollo de las actividades económicas que acompañan la cultura y forma de vida de la población local. En provincias como Corrientes estos proyectos forestales que serían inviables si no fueran subsidiados, avanzan sobre pastizales en los cuales se ha practicado ganadería (hace al menos 400 años según señaló el Ing. Agr. Romeo Carnevali), siendo una actividad, que llevaba adelante con buenos y reales criterios de conservación, podría ser el modo de producir sin eliminar la biodiversidad y favoreciendo a medianos y pequeños productores.

Paralelamente se va dando un proceso de extranjerización de la tierra que, en Corrientes, ya supera el millón de hectáreas de las aproximadamente 9 millones totales de la superficie rural total de la provincia. En el año 2019, la Legislatura correntina aprobó una Ley que habilitó a los grandes capitales extranjeros a que adquieran grandes extensiones de tierra, a medida (y pedido) del grupo chileno ARAUCO, el mismo del desastre tras la cordillera.

Peor aún, como vimos, la concentración de tierras parece alejar perpetuamente la posibilidad de desarrollar verdaderamente las economías regionales y el escaso empleo generado se caracteriza por el trabajo precarizado, la explotación laboral e incluso infantil y esclavo. Se multiplican las noticias de establecimientos con malas condiciones de vivienda y de seguridad e higiene, ausencia de elementos de seguridad adecuados para la protección de los trabajadores, falta de agua y comida y bajos salarios. En un relevamiento del 2020 del RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores) la tasa de no registración de los trabajadores en las actividades forestal y extracción de resina fue del 35%. En Corrientes, en el corto periodo 2019-2021 se han registrado 443 adultos y 10 menores trabajando en situación de explotación laboral y condiciones inhumanas de trabajo.

La reprimarización de la economía es, quizá, uno de los rasgos más distintivos de la industria forestal. En Corrientes solo el 20 % de la producción de madera se industrializa en la provincia, el resto se comercializa como mera materia prima. Y solamente el 10 % de los aserraderos que existen en la provincia comercializan sus residuos, con lo cual cerca de medio millón de toneladas/año de costaneros, astillas de aserrín y corteza se desperdician o son desechados en el humedal más cercano. Pocas cosas nos remiten más a la época de la colonia que la exportación de madera para el centro mundial.

Conclusión

En definitiva, nuevamente convertimos nuestros territorios, bosques nativos, humedales y pastizales, en una zona de sacrificio para el sobreconsumo del norte global y las ganancias de unos pocos acá (siempre los mismos). Pero las consecuencias las pagamos la mayoría con los incendios, la pérdida de biodiversidad y el desplazamiento o empobrecimiento de la población que vive (o vivía) en esos ecosistemas arrasados.

Cualquier acción real de adaptación al Cambio Climático Global (e incluso de Desarrollo) tiene que tender a la reducción sustancial de las plantaciones de árboles exóticos y la conservación de bosques nativos, humedales y pastizales para que, por un lado, las actividades productivas, que generan encadenamientos económicos y arraigo social, puedan seguir existiendo, de manera regulada. Pero además, porque las olas de calor, las sequías extremas, las inundaciones, son fenómenos que serán cada vez más recurrentes y feroces, debemos estar preparados para ello y los ecosistemas saludables son los grandes aliados en amortiguar estos eventos extremos.

No podemos permitir que sigan avanzando generando formas de vida distópicas. Necesitamos una economía de (y para) la vida, no de la muerte y destrucción. Que sostenga y promueva la vida rural, garantice acceso equitativo a la tierra y genere posibilidades reales de progreso a la mayoría de la población y no que la expulse a malvivir en los cordones de las grandes ciudades. Como sociedad es momento de actuar, de poner un freno, no debemos seguir soportando pasivamente las consecuencias ambientales, sociales y económicas de un modelo que solo trae territorios devastados, saqueo y exclusión. Hay un límite, y lo sobrepasaron hace rato.