En julio de 2011, cuando la diseñadora María Cash fue vista por última vez, no había un área nacional que se ocupara de las desapariciones del presente, salvo el Registro Nacional de Menores Extraviados. Desde entonces, ante un fenómeno que no daba respiro y desnudaba con cada caso la precariedad estatal para abordarlo, el tema se empezó a enfocar desde el Ministerio de Seguridad, recién creado (hasta 2010 había sido una secretaría). Primero hubo un Instructivo de actuación frente a casos de personas desaparecidas. Después, una Unidad de Búsqueda de Personas Extraviadas. Y en 2016, el actual Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu).

El Sifebu registra las personas desaparecidas y las halladas como N.N. Actúa como enlace en tiempo real entre las fuerzas de seguridad provinciales y federales y Migraciones a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP). Provee recursos para ciertas búsquedas (georradares, perros, expertos, drones, vehículos u ofertas de recompensas a cambio de datos). Interviene en los casos si la justicia lo pide. Y administra el programa para casos de chicos o adolescentes desaparecidos Alerta Sofía, que Argentina ya activó tres veces: por Abril (2019, en Punta Indio, hallada); por Maia (2021, en Ciudad de Buenos Aires, hallada); y por Guadalupe Lucero, aún desaparecida, en San Luis.

La abogada Leticia Risco, directora del Sifebu, hace el siguiente balance: “Este mes se cumplen diez años de una política pública que nace con el caso María Cash. Hoy hay más conocimiento y avances. Sabemos, por ejemplo, que no hay vinculación directa entre desapariciones y trata de personas; que sólo el 1% de las desapariciones se relaciona con el delito, sobre todo con femicidios; y que el resto se vincula más con conflictos intrafamiliares y otros. Hoy hay colaboración con las provincias y articulación con organismos como Interpol y el Icmec (Centro Internacional sobre niños desaparecidos y explotados). Nos interesa entender el fenómeno, poner recursos a disposición y dar entrenamiento a policías y fiscales”, agrega Risco. En la última capacitación anual, durante el confinamiento, tuvieron 5.600 inscriptos.

Pero las búsquedas arrastran problemas comunes que exceden al Sifebu. Risco resume: “Muchas veces no hay una activación en las primeras horas; las cámaras de seguridad, si no las pedís inmediatamente, en muchos casos se borran; los rastros de los perros se pierden entre las 48 hs y los 20 días; y falta entrecruzamiento de información en el país”. El último punto es de los más graves. La fragmentación de los datos de búsquedas y hallazgos, combinada con la variedad de métodos de trabajo de policías, médicos, jueces, fiscales y cementerios del país, conduce periódicamente a errores y ahonda el dolor. Los casos de Mariela Tasat (2002), Luciano Arruga (2009) y Johana Ramallo (2017), quienes permanecieron años como desaparecidos cuando, lamentablemente, habían muerto, ejemplifican esta realidad, que arrasa con la vida de las familias mientras se lleva puesto el prestigio de las instituciones.

El diagnóstico no es nada nuevo y hubo iniciativas parciales para afrontarlo, como un sistema informático creado por la ex procuradora bonaerense Graciela Falbo (2012), o un protocolo para identificar personas y cadáveres diseñado por el exsecretario de Derechos Humanos Santiago Cantón (2019). Pero nada se aplica, el problema crece y es nacional. Ya en 2009, Alejandro Incháurregui (uno de los fundadores del Equipo Argentino de Antropología Forense) escribió: “¿Por qué no nos escandalizan las personas N.N. en el país de Vucetich?”, en el libro Tras la búsqueda…, sobre la experiencia de una oficina a su cargo que atiende este tema desde 1999 en el ámbito bonaerense (la Dirección de Personas Desaparecidas).

Por todo esto, hoy el proyecto más urgente es un banco de datos federal, que centralice información elemental (forense, antropológica, genética, de huellas dactilares) para búsquedas profesionales. Ya hubo reuniones entre el Sifebu, el Conicet y del Banco Nacional de Datos Genéticos [BNDG]. El rol del BNDG es un punto sensible, ya que este laboratorio, por ley, sólo debe ocuparse de buscar a los hijos de los desaparecidos durante el terrorismo de Estado. Y abrirlo a otras tareas –como reclaman activistas por el derecho a la identidad de origen– no está en el plan del Gobierno. La idea es involucrar laboratorios forenses provinciales y que el BNDG, sin dejar su objeto de trabajo actual, sí administre una gran base de datos común. “No proponemos modificar la ley [del BNDG], sino aprovechar su enorme experiencia, métodos y técnicas científicas, en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas”, dijo el exjefe de Gabinete Santiago Cafiero este año ante el Congreso. 

El mito de las 24 horas

Otro de los problemas citados por Risco son las primeras horas, cruciales para investigar una desaparición, pero a veces desperdiciadas por la demora en denunciar, o por algo peor: la negativa de la Policía a recibirlas, con el pretexto de que hay que dejar pasar 24 horas. Hace diez años, cansado de esta práctica en la Policía Bonaerense, Incháurregui (director de Personas Desaparecidas, en el Ministerio de Seguridad bonaerense) inició un expediente administrativo para averiguar, área por área, si en la fuerza de Seguridad más numerosa del país existía una norma que indicara esperar 24hs.

Ese trámite demostró que no existía ni había existido una disposición semejante. Que lo de las 24 hs es sólo un hábito (que no se agota en La Bonaerense). El ministro de ese momento, Ricardo Casal, emitió así una resolución (la 3980/2011) que ordenaba tomar las denuncias de inmediato, siempre. El año pasado, el jefe de la Bonaerense recordó a toda la fuerza la vigencia de aquella resolución mediante un radiograma que llegó a las comisarías como muestra de que sigue siendo necesario frenar un hábito insólito y peligroso, que puede arruinar una búsqueda en su punto cero. Por su parte, Personas Desaparecidas difundió el instructivo “¿Qué hacer cuando desaparece una persona?”, donde se destaca: “Si un ser querido desaparece, lo mejor es que hagas la denuncia inmediatamente. No tenés que esperar ni 24 ni 48 horas”.

 JLMK

Una pareja de Colón, Entre Ríos, se encontrará este fin de semana con la hija de la que se desvinculó hace cuatro décadas, cuando era una beba de meses y vivían en Buenos Aires. Lourdes Icoff (43) buscaba su origen biológico desde la adolescencia. Ahora sabe que su madre es Nélida Soria (82). Ambas recibieron la noticia de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) la semana pasada, y tuvieron un conmovedor primer encuentro virtual junto a Juan Rudis Correa y Sandra Correa Soria, que son el papá y la hermana de Lourdes. “Fue muy fuerte. Estoy súper feliz. No caigo”, dice Lourdes. Ella había acudido a Conadi hacía años y había dado negativo al ser comparada, en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), con las familias que buscan a los hijos de los detenidos-desaparecidos. Nélida, por su parte, lo hizo este año, al enterarse de que ahora también pueden dejar su muestra genética allí las mujeres que buscan hijos nacidos entre 1974 y 1983.

Lourdes vive en Unquillo, Córdoba. Siempre supo que era “adoptada”, y a los 15 años empezó a buscar a su familia biológica. Hoy los puentes con el hombre que la anotó con su apellido y luego, ante su demanda, le fue dando versiones de la historia –sin ahorrar en crueldades–, están rotos. Ella se crió con la madre de él y tuvo una infancia feliz. El caso tiene muchas zonas grises y es parte de una investigación en curso. Pero haber encontrado a su familia biológica, además de un vuelco emocional indescriptible, empieza a sumar piezas al rompecabezas de su vida.

Los Correa Soria son uruguayos. En 1978 estaban viviendo en Buenos Aires con su hija Sandra, de ocho años, montevideana, y una beba de pocos meses nacida en Argentina. Eran vendedores ambulantes y vivían en una pensión en el barrio porteño de Once. En plena dictadura, y en esas condiciones de gran informalidad, estaban regalados para el hostigamiento de los militares. Sandra recuerda que salían muy poco, que la plaza Miserere estaba siempre sitiada y sobrevolaban helicópteros, y que a su padre se lo llevaban detenido seguido.

El quiebre familiar se produjo durante una redada que puso a esta familia en una situación inhumana. Sandra lo recuerda así: “Mi papá no estaba, estábamos yo, mi mamá y la bebé en la pieza. A la noche tocaron pidiendo documentación. Nos dijeron que nos teníamos que ir porque éramos extranjeros. A la mañana siguiente pegan una patada en nuestra puerta, abren, empezamos a gritar. Alguien dice: ‘Hacé callar a esa pendeja, porque si no, no la vas a ver más’. Decían que mi papá era montonero, pero jamás fue así, mis padres jamás estuvieron en política”.

También recuerda el llanto de su madre en el momento desgarrador en que ambas se vieron forzadas a irse del país y separarse de la beba, a la que querían llamar Sofía, pero que no habían llegado a anotar. Y recuerda a un vecino de la pensión. Según esta reconstrucción familiar hecha por décadas, este hombre –que habría trabajado en el hospital de Campo de Mayo– les dijo que cuidaría de la beba unos días, hasta que pudieran volver por ella. Pero con los datos que tenían nunca más pudieron localizarla, y todas las puertas que golpearon, empezando por la de la pensión, se les fueron cerrando. 

Después de la dictadura vivieron otras vez en Buenos Aires, en distintos barrios, hasta que se instalaron en Colón, donde trataron de seguir adelante, acomodando el dolor como se pudo. Sandra dice: “Siempre tuve este trauma, y pensaba ‘no me voy a morir sin conocer a mi hermana’”. Ahora la encontró.

 “Muchas madres no saben que estamos vivos”

Mariano Landeira trabaja vendiendo pochoclo en un carrito en el parque y en la playa de Colón, donde también tienen un puesto los Correa Soria. Él tiene 46 años, fue apropiado en 1975 y busca su origen biológico. Este invierno, a partir de un posteo que él hizo sobre su caso en las redes sociales, Sandra le contó la historia de su hermanita e intercambiaron historias dolorosas, de las que nunca habían hablado. Conmovido por el relato, Mariano le contó que las mujeres que buscan hijos nacidos entre 1974 y 1983 ahora también tenían la posibilidad de dejar su sangre en el BNDG, y la guió para que se contactara con la Conadi. Sandra tomó la sugerencia y avanzó con esta nueva opción.

Un equipo viajó entonces a Colón para extraer una muestra de material genético de Nélida, que, cotejado con las muestras almacenadas en el Banco de quienes buscan sus orígenes, dio positivo con Lourdes. La conmoción fue total. Sandra reflexiona: “Esto es algo muy loco, porque yo soy una testigo que vi todo y recuerdo todo, ahora se encontró a una persona, y mi mamá vive, mi papá vive, mi hermana vive. Cuando le contaron, mi mamá lloraba, pedía perdón. Quiero que sepan que se puede ir [a Conadi], que hay muchas posibilidades”.

Mariano dice: “Muchas madres no saben que estamos vivos. Y también hay madres que entregaron un bebé voluntariamente y pueden estar arrepentidas, y no saben cómo encarar la búsqueda. Si mi mamá diera la muestra de sangre me encuentra. Eso es lo que hay que difundir. Y por eso es la lucha de para que el Banco de Datos Genético esté abierto a todo tipo de fecha y época”.

Él nació en febrero de 1975 en Wilde (Avellaneda, provincia de Buenos Aires) y fue entregado a su familia de crianza por la partera Juana Elena Arias de Franicevich, cuya clínica, conocida como “la clínica de Doña Elena”, se dedicó al tráfico de bebés entre 1956 y 1979, aproximadamente. Esto incluye tanto apropiaciones de bebés de detenidas-desaparecidas (en esa clínica trabajó el conocido médico de la Policía Bonaerense Jorge Antonio Bergés, condenado por delitos de lesa humanidad), como casos desligados del terrorismo de Estado. Mariano Landeira es uno de los miles de casos negativos del BNDG. El grupo de víctimas de Franicevich, que él integra, difunde este mensaje: “Si diste a luz en Wilde y te dijeron que tu hijo o hija murió y no te entregaron su cuerpito, llamanos, ¡estamos vivos y estamos buscándote! Si entregaste a tu bebé, no hay reproches ni reclamos, sólo queremos conocer nuestra historia”.

JLMK

Una campaña arqueológica desarrollada este invierno acaba de documentar 2.758 petroglifos en los alrededores de Tastil, donde existió la aldea prehispánica más extensa de lo que hoy es Argentina. Pero esto es sólo el treinta por ciento del arte rupestre que cubre estas colinas áridas y ventosas situadas a 3.200 metros sobre el nivel del mar, en la llamada pre puna, 100 kilómetros al oeste de la ciudad de Salta. Se estima que las piedras grabadas que se esparcen por Tastil llegan a ser 8.000, una colección enorme que los investigadores apuntan a mapear en nuevas etapas de un trabajo de campo novedoso.

Las ruinas de Tastil fueron descubiertas en 1903 por el arqueólogo sueco Eric Boman y excavadas por varios equipos durante el siglo XX. En más de doce hectáreas de construcciones, se identificaron sectores urbanos completos (plazas, zonas para cultivo, más de mil recintos habitacionales y cientos de enterratorios). Se hallaron restos de indumentaria y utensilios (aún hoy, el sitio está plagado de trozos de cerámica y de puntas de proyectil hechas de vidrio volcánico obsidiana). Y se infirieron las claves de una sociedad que tuvo su auge entre el año 1.200 y el 1.400 de nuestra era, con más de 2.000 habitantes. Esto antes de que llegaran desde Perú los incas, vencieran a los pobladores locales e impusieran su organización política.

Los petroglifos están en los cerros que rodean a estas ruinas como anillos. Hace 50 años, los científicos que los vieron quedaron impactados por su abundancia y diseños: formas geométricas, llamas (camélido clave en la economía andina), víboras, ñandúes, máscaras. El más famoso es una figura de 14 cm con los brazos en jarra, el torso desnudo y una pollera o tutú, que en 1967 Rodolfo Raffino (de la Universidad Nacional de La Plata) bautizó La Bailarina y se convirtió en el icono de la localidad. Este antropólogo consideró imposible “calcular dentro de los límites de lo fehaciente” semejante cantidad de hallazgos.

Mucho después, desde el pequeño museo situado en la base del sitio arqueológico se estimó la cantidad de petroglifos en 8.000. Pero ese registro global no había sido sistematizado hasta ahora, y esta suerte de gran pinacoteca a cielo abierto – una de las mayores concentraciones de arte rupestre del país y entre las principales de Sudamérica– permaneció tan desaprovechada como vulnerable: está cerca de una ruta turística (la RN 51, que une Salta capital con San Antonio de los Cobres, una de las capitales de la puna) y muchas piedras son fácilmente portables.

 UN DNI por roca

Nueve personas, entre tesistas de Arqueología, Geografía y Arte, y empleados del museo local, registraron ahora los primeros 2.758 petroglifos. Lo hicieron con GPS, fotos y dibujo técnico. La información recogida se traducirá en un mapa virtual donde cada piedra será un punto y contendrá datos detallados, de interés académico. Por ejemplo, su ubicación, tamaño y orientación, la inclinación del terreno, la textura, el estado de conservación (si tiene hongos, líquenes, fisuras o fracturas, por ejemplo) y las características del motivo grabado en ella.

El mapa también dará información sobre la sonoridad, atributo de muchas piedras tastileñas. “Hay rocas que son campanas”, muestra Bernardo Cornejo Maltz (tesista de Arqueología en la UBA) golpeando una de ellas con el hueso de algún animal en la cima del sector conocido como Duraznito. A su lado trabajan Ana Paula Cervidanes y Antonio Cari, y unos 30 metros más abajo lo hacen otros miembros del equipo. Por estas laderas pedregosas se ven lagartijas, vizcachas, ovejas y los cactus típicos de las quebradas norteñas.

En la superficie relevada (60 hectáreas, tres de once áreas de interés que se proponen mapear), el equipo ya detectó cientos de petroglifos sonoros. Muchos tienen posibles marcas de percusión o abrasión, y se ubican con vista al centro urbano (las ruinas de Tastil) o a cerros aledaños. “Un registro como éste nos abre la oportunidad de comenzar a discutir este paisaje sonoro arqueológico”, dice Cornejo Maltz. Interpretar el contexto de producción del arte rupestre y su relación con el uso (comunicacional, organizativo, quizá ceremonial) del sonido en la zona es uno de los desafíos del equipo.

El proyecto está a cargo del arqueólogo Christian Vitry, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Salta y un reconocido andinista argentino, que destaca la magnitud del trabajo en marcha: “Hice un inventario similar en San Juan, con 400 rocas. Acá hablamos de 8.000 y cada una tendrá una ficha, como un DNI. No existe otro trabajo así en Argentina, y es un modelo a seguir. Quienes somos gestores del patrimonio cultural sabemos que para cuidarlo se necesita información básica. Y que disfrutar de esto, que es parte del pasado, es un derecho de la ciudadanía, que cuanto más se interesa, más lo valora: es un círculo virtuoso. Un patrimonio que la gente no conozca ni disfrute, ¿para qué sirve?”.

Patrimonio vivo e inserción local

El mapeo de petroglifos se enmarca en el Qhapaq Ñan [camino principal, en quechua], un programa internacional creado para preservar y poner en valor el llamado Camino del Inca. El programa involucra a seis países de la región y una selección de 308 sitios arqueológicos. Argentina participa con siete provincias (Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza) y 32 sitios. Vitry es el director por Salta.

El siglo XV, a partir de infraestructura previa, los incas consolidaron un sistema vial que usaron para circular, mover productos y hacer sus ceremonias. Esta red caminera andina unía cumbres, valles y mesetas de Sudamérica (más de cuatro mil km en sentido norte-sur), y dejó infinidad de vestigios de diversa magnitud. Desde aldeas completas (como Tastil) hasta apachetas [montículos de piedra para uso espiritual] y pucarás [fortalezas], pasando por impactantes santuarios de altura, como el del volcán Llullaillaco (el sitio arqueológico más alto del mundo, a 6.739 msnm), donde se hallaron las momias de tres niños que preserva el Museo de Arqueología de Alta Montaña de Salta.

El año pasado, el gobierno nacional publicó el libro Camino ancestral Qhapaq Ñan. Una vía de integración de los Andes en Argentina (2020), con capítulos de distintos investigadores (Vitry entre ellos) y fotos maravillosas de los cielos, los suelos y los habitantes andinos. En la Presentación, la secretaria de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación, Valeria González, dice: “Confiamos en este programa como una instancia de visibilidad y empoderamiento de nuestras comunidades andinas, y como una oportunidad para enriquecer nuestros imaginarios de pertenencia como nación más allá del patrimonio fundacional decimonónico y de sus referentes europeos”.

Desde 2014, el Qhapaq Ñan sudamericano, testimonio excepcional de la civilización inca, es patrimonio mundial de Unesco. Es uno de los bienes culturales más complejos inscriptos en ese listado, porque superpone jurisdicciones nacionales y provinciales, cientos de yacimientos, y el patrimonio vivo: arte, tradiciones, gastronomía y los ritos donde perdura la cosmovisión andina. La novedad generó temores en muchas comunidades indígenas y criollas asociadas al camino precolombino, ahora insertas en un itinerario cultural protegido y gestionado a otra escala, aunque comprometido a contribuir a su desarrollo sostenible.

En Tastil, siete años después, la experiencia parece ser positiva, por ejemplo con varios lugareños integrados a la gestión del sitio. Antonio Cari, Juan Salazar y Alberto Olmedo, criados en un paraje aislado cerca de las ruinas (La Quesera), son empleados del museo. A diario recorren el yacimiento en moto o a pie, intervienen en las visitas y ahora participan del proyecto de arte rupestre. Este inventario, además de ser un insumo académico, servirá para crear circuitos turísticos (hoy el sector de los petroglifos no tiene cartelería ni senderos seguros). E idealmente, demandará también más guías como ellos tres, en una zona con pocas oportunidades más que ser pastor, hacer queso de cabra o tejer con lana para subsistir.

 JLM

Cecilia Beatriz Alesio se pasó la vida soñando con descubrir quién es en realidad. Ella fue apropiada durante la última dictadura e inscripta con datos falsos, pero no es hija de desaparecidos sino una víctima de la cultura antigua y silenciosa de robar chicos, que afecta a decenas de miles de argentinos. El último viernes, a los 45 años, al fin encontró sus orígenes. La chica de Bahía Blanca que la contactaba por Facebook tenía razón y son hermanas por parte de madre, como acaba de probar un cotejo de ADN. Sentada al sol sobre el pasto en el Bosque de La Plata, Cecilia sonríe apenas: “Pensé que me iba a morir sin saber de dónde vengo”.

Ahora sabe que Olga Graciela González la tuvo en el hospital Dr. José Penna, de Bahía Blanca, el 5 de enero de 1976, y que estaba en una fragilidad social extrema: tenía 16 años, solía pedir en los trenes y su novio había caído preso. Poco después, a principios de los ochenta, una mujer que a veces cuidaba a Cecilia decidió arrancarla de ese entorno, sin más. “La Gorda chocolate”, como todos conocían a Haydeé Julia Alesio, se la llevó al sur y logró inscribirla en el Registro Civil de Confluencia, Neuquén, como una hija propia nacida en esa provincia. Declaró ser “la madre”. Le había reseteado la biografía a la nena de flequillo negro, brillante y tupido que sonríe en una foto que quedó de aquellos años.

Haydeé hablaba en portugués, la vida con ella era mudarse de acá para allá todo el tiempo, y a veces veían también a una nena rubia, Natalia. Fin de los recuerdos. Cecilia creció vacía, sin relato familiar, y nunca pisó una escuela. Ni siquiera cuando quedó viviendo con un pariente de su apropiadora en Lomas de Zamora, en otra casa llena de silencios, sin entender nada ni volver a saber de Haydeé. “Lo de Ismael era como una cárcel”, resume. Ella hacía las tareas domésticas para él y su mujer, y miraba la adolescencia por la ventana. Empezaban los ‘90. A veces se fugaba a divertirse con chicas del barrio, y un día ideó embarazarse para cambiar su suerte. Pero le salió mal. Después de parir muy sola, Ismael judicializó la situación y la mandaron con la beba a un instituto de La Plata para niñas madres, donde la recibieron con una paliza. Ahí aprendió a leer y escribir.

La década siguiente no fue mejor. Después del encierro, atravesó depresiones, parejas violentas, adicciones graves, y dos partos más. No podía con su cuerpo ni con su vida. A sus hijos de esta etapa no los pudo criar, una experiencia circular que le sumó heridas profundas. Y la incógnita más visceral no la dejaba en paz: quería saber quién era. Pero sólo tenía un acta de nacimiento (trucha), una tonada portuguesa en la memoria y una soledad aplastante. Antes de morir, Ismael la mandó a buscar al instituto y le soltó la palabra “Olga”. Pero ella seguía pensando en Haydeé, a quien creía su madre.

Los años setenta de la gente común

En 2018, Cecilia llevó su historia a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad [Conadi]. Nacida en 1976 y con una inscripción irregular, era candidata a un cotejo con la sangre de los familiares de víctimas del terrorismo de Estado que almacena el Banco Nacional de Datos Genéticos [BNDG]. Pero el cruce dio negativo y siguió buscando sola. En Google. Dejando posteos en redes sociales. En sueños. Sin nada. En un organismo por el que pasó le llegaron a decir: “Si vos querés saber algo, te vas a tener que buscar un detective privado”. Las víctimas no suelen encontrar apoyo institucional cuando sus búsquedas no se relacionan con la trama de la dictadura.

En junio pasado, Cecilia se presentó en el Registro de Personas Desaparecidas de la provincia de Buenos Aires, una oficina del Ministerio de Seguridad provincial donde un equipo de civiles y policías se especializa en búsquedas de identidad de origen. La dependencia, que dirige Alejandro Incháurregui (uno de los fundadores del Equipo Argentino de Antropología Forense), había lanzado #YoSoy, una serie de spots audiovisuales para sensibilizar sobre el derecho a la identidad, convocar a ciudadanos desvinculados en cualquier época, y contribuir a resolver historias como éstas, que compiten contra el reloj. Es la primera vez que una campaña oficial aborda el tema identidad sin restringirse a la búsqueda de los bebés robados a los detenidos-desaparecidos en crímenes de lesa humanidad. 

Cecilia pedía ayuda porque la acababa de contactar una chica que creía ser su hermana. Valeria nació en 1986, le contó que su mamá era Olga, que siempre habló de una hija mayor robada y que murió en marzo. También le mandó constancias válidas del parto del ‘76, fotos de Olga joven y la foto de la nena flequilluda que sonríe. Ella, que creció sin postales de su infancia, se estremeció. En pocas semanas reunieron datos, documentos dispersos y testimonios fragmentarios de esta historia. Las coincidencias eran fuertes y Personas Desaparecidas encargó a un laboratorio de genética forense privado la comparación de los marcadores genéticos de las presuntas hermanas. 

El viernes, el cotejo arrojó que ella y Valeria son hijas de Olga. “Conseguí lo que nunca creí que iba a tener”, alcanza a decir Cecilia, que recibió la noticia de su vida en la casa de Ensenada donde hoy vive con su pareja y sus dos hijas más chicas; “las que me enseñaron a rehacerme como mujer y como mamá”, resalta. Llegó a la verdad, tiene más hermanos y sobrinos, y piensa en cambiarse el apellido. “Cuando vi mi patita de bebé en la partida no lo podía creer. ¿Por qué me arrancaron? Podría haber tenido otra vida. Alguien a quien contarle mis cosas”. También sabe ahora que Haydeé murió. Y se quiebra al enunciar que llegó unos meses tarde para abrazar a Olga.