Hoy la Cámara de Diputados discute el proyecto de Ficha Limpia, enviado por el Poder Ejecutivo. Lo que está en discusión es la posibilidad de las personas condenadas penalmente de presentarse a elecciones. Actualmente, el Código Electoral impide que sean candidatos quienes hayan sido condenados a prisión, por una sentencia firme, por delitos dolosos. El proyecto de Ficha Limpia propone que para imposibilitar la candidatura de los condenados por ciertos delitos de “corrupción” no se requiera que la condena esté firme, sino que haya sido confirmada en “segunda instancia”. Esto implicaría que no podrían competir electoralmente personas cuyas condenas todavía pueden ser revocadas (lo que no sucede si la sentencia está firme). 

En abstracto, o desde lo normativo, la discusión tiene cierta complejidad. Por un lado, aparece la presunción de inocencia. Una postura plantea que este principio, que rige hasta que una sentencia esté firme, hace inconstitucional negar los derechos electorales de una persona cuya condena todavía puede ser revocada. Otra postura arguye que la presunción de inocencia tiene alcances ceñidos al derecho penal, por lo que adelantar la inhabilitación electoral no vulneraría derechos constitucionales. Por otro lado, aparece la democracia. Para algunos, adelantar el momento en el que se impide que alguien sea electo supondría debilitar la calidad democrática. Para otros, disminuir la probabilidad de que gobiernen personas penalmente culpables puede verse como un fortalecimiento de la democracia.

El principal problema del proyecto de Ficha Limpia es que no se trata en abstracto: el momento histórico en el que se debate, las personas que lo debaten y las personas que potencialmente lo aplicarían parecen ser especialmente inadecuados para que se de una discusión de esta índole. Ficha Limpia llega al Congreso dos meses después de que la condena a Cristina Fernández de Kirchner en el caso Vialidad haya sido confirmada por la Cámara de Casación y poco antes de que se oficialicen las listas de candidatos a las elecciones legislativas de 2025. Con la normativa vigente y en su situación actual, CFK podría participar de esos comicios. Si se aprobara la ley de Ficha Limpia, no. Esta temporalidad hace que la discusión, con razón, sea percibida por todas las partes como una disputa sobre el destino político de CFK. En diciembre, el diputado Juan Manuel López, al señalar los riesgos de que no se aprobara el proyecto de ley no se refirió a las consecuencias institucionales generales, sino a los peligros de un triunfo de Cristina: “Ae van a tener que hacer cargo ustedes si la señora de Kirchner gana la elección”, sostuvo. 

Algunos detalles del texto del proyecto también dan la imagen de una ley “anti Cristina” hecha a medida. La Constitución, en su artículo 36, habla de que quedarán inhabilitados electoralmente quienes cometan un delito contra el Estado que “conlleve enriquecimiento”. La Ley de Ficha Limpia, al enumerar los delitos por los que alcanzará una confirmación de condena para impedir una candidatura, incluye (pocas) figuras que no implican enriquecimiento. Entre ellas está la administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. No hay inconvenientes con que la ley vaya más allá que la Constitución, pero es llamativo que la adición sea, precisamente, la del delito por la que se condenó a CFK en la causa Vialidad. La redacción original del proyecto, que establecía que la nueva normativa “se aplicará únicamente en los casos en que la condena impuesta hubiera sido confirmada en segunda instancia, dictada antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral”, también calzaba justo para incluir a la expresidenta. Finalmente, lejos de ampliarse temporalmente (por ejemplo, a dictada antes de los dos años previos a las elecciones, para enviar suspicacias), esa parte del texto fue eliminada, con lo que también podría ser proscrito alguien condenado el día antes de un comicio.

Al momento que se eligió para presentar y debatir el proyecto se le agregan las crisis institucionales que atraviesan tanto el Congreso como la Justicia. La detención de Eduardo Kueider, quien cambió su voto al tratarse la Ley Bases, o la situación de Lucía Crexell, quien obtuvo una embajada antes de votar esa misma norma, generan la percepción de un Poder Legislativo que decide según intereses personales. Acusaciones como las que enfrentan Cristian Ritondo, a partir de una investigación de este diario, y Diego Santilli por operaciones millonarias en el exterior generan dudas sobre la probidad de quienes impulsan este proyecto para opinar y decidir sobre el combate a la corrupción. La situación de la Justicia, que de aprobarse el proyecto tendría una voz todavía más determinante en la definición de los escenarios democráticos, es todavía peor. 

El Poder Judicial se encuentra desde hace varios años en su piso histórico de imagen positiva. El Índice de Confianza en la Justicia (ICJ) publicado semestralmente por la Universidad Torcuato Di Tella y el Foro de Estudios sobre la Administración de la Justicia reflejó que la falta de confianza es especialmente pronunciada cuando se valora su deber de control respecto de los poderes político y económico. Frente a la pregunta de si el Poder Judicial es confiable a la hora de tratar a todos por igual, el 88% señaló que, a la hora de decidir, la Justicia se ve influida por los medios económicos, los contactos o la afiliación política de las personas. A la hora de valorar sobre la honestidad y honradez del Poder Judicial, el 90% lo hizo de manera negativa. 

Esta desconfianza es especialmente pronunciada en el caso específico por el que CFK no podría competir si se aprueba Ficha Limpia: que los jueces y el Fiscal que la condenaron jugaran juntos al fútbol, que durante el juicio uno de ellos mostrara, provocativamente, una taza del equipo que compartían, o que dos de los miembros de la Cámara que confirmó la condena visitaran a Mauricio Macri en Olivos hacen todavía más problemática una eventual proscripción. A esto se suma un momento casi sin precedentes de “rebelión judicial”, en el que los superiores tribunales de la Justicia Nacional se niegan a cumplir una sentencia de la Corte Suprema, por considerarla inconstitucional. ¿Cómo explicarle a la gente que no puede votar a una persona que la representa porque la condenó una Cámara, cuando muchas Cámaras no cumplen siquiera un fallo de la Corte? 

Tal vez, en otro momento, con legisladores probos y un Poder Judicial intachable, podría discutirse la posibilidad de restringir las posibilidades electorales de quienes tengan una condena confirmada por segunda instancia. El contexto actual, en un año electoral, con una de las candidatas más populares del país en riesgo de no poder competir si se aprueba el proyecto, y con un Poder Judicial diezmado, parece el peor posible. 

Ya hoy, sin una condena firme, hay mecanismos para que una persona presuntamente corrupta no acceda un cargo: desde la declaración de inhabilidad moral por parte del Congreso, utilizada en los casos de Bussi y Patti, hasta la más llana negativa del pueblo a votar a candidatos que considere corruptos. La experiencia de Brasil, recordada hoy por el Diputado Pichetto, es el mejor ejemplo de las consecuencias de otorgarle poder a jueces deslegitimados en contextos electorales complejos y de judicialización de la política. A Lula se le negó la posibilidad de competir por la confirmación de una condena en segunda instancia, exactamente lo que propone Ficha Limpia. Cuando la causa llegó al Tribunal Supremo Federal de Brasil, que la consideró “un error histórico”, el daño ya estaba hecho: Lula no pudo presentarse y millones de personas no pudieron votar a quien más los representaba. Repetir ese escenario sólo aumentaría la polarización, la desconfianza en el Poder Judicial y la crisis de representación que hoy definen a nuestro país.

Nota editorial: uno de los autores, Marcos Aldazábal, es abogado de CFK en la causa por el intento de homicidio de septiembre de 2022.

El último viernes de diciembre, el cordobés Juan Carlos Maqueda se retiró de la Corte Suprema al ritmo de la Mona Jiménez. La pintoresca escena ocultaba lo que había quedado firmado ese día dentro del Palacio de Justicia, una de las sentencias más importantes del siglo. Si logra su cometido, el fallo “Levinas” habrá modificado la estructura del Estado argentino más que casi cualquier otro. Nada en la causa hacía sospechar este destino: la viuda del artista plástico León Ferrari le reclamaba al periodista Gabriel Levinas que rinda cuentas por algunas obras que administró. Un caso del montón. Hasta que un abogado quiso ser creativo.

La cosa es así. La causa había tramitado en la Justicia Civil de la Capital. Ese fuero compone, junto al comercial, el penal y el laboral, lo que se conoce como la Justicia Nacional. Antes de 1994, la Ciudad de Buenos Aires no era autónoma: sus instituciones dependían del Estado nacional. El intendente, por ejemplo, era designado por el Presidente de la Nación. Sus jueces también. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió con casi todo el resto de los organismos de Gobierno local, la Justicia nunca se transfirió a la Ciudad. Por eso, mientras que a los conflictos locales de los salteños los resuelve la justicia salteña y a los de los fueguinos la fueguina, las contiendas entre porteños siguen siendo tratadas, en su mayoría, por jueces de la Nación.

Hoy, todos los poderes acuerdan en que, desde la reforma de la Constitución de 1994, la Justicia Nacional tiene que ser transferida a la Ciudad de Buenos Aires, que pasó a ser, prácticamente, una provincia más. Esta transferencia sigue pendiente. Mientras tanto, la Ciudad creó su propia justicia, con competencias diferentes a las de la nacional (derecho administrativo local, contravenciones, faltas), a las que se le fueron agregando competencias vinculadas con algunos delitos del Código Penal. Por lo tanto, en la Ciudad existe una anomalía: conviven dos “justicias”, la porteña y la nacional, que se reparten las competencias que en las provincias corresponden a una sola.

Volvamos a “Levinas”. La Corte tiene desde hace muchas décadas una regla que consiste en que, para que ella revise una causa, antes tiene que haberse expedido el tribunal superior de la provincia en la que tramita. El abogado de Levinas razonó: si ahora la Ciudad es como una provincia, antes de ir a la Corte debería pasar por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ). El TSJ, naturalmente, estuvo de acuerdo. La Cámara Civil no: ningún tribunal local va a revisar lo que yo, un tribunal de la Nación, hago. A mí me revisa la Corte o nadie.

La Corte decidió lo que se preveía (de hecho, la propia Corte, en un giro más bien inusual, concede que su decisión era “esperable”): quienes deseen apelar una sentencia de la llamada Justicia Nacional deberán antes presentar un recurso ante el TSJ. 

Esta Ciudad parece un desierto

¿Por qué dedicarle tiempo a una decisión en apariencia tan anodina? Detrás de las formalidades, el fallo “Levinas” podría tener consecuencias fundamentales. A veces dada por sentada, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires es una de las reformas constitucionales más importantes de 1994. De signo político generalmente opositor al Gobierno nacional, la política local ha engendrado desde entonces tres presidentes. Su cercanía a los medios de comunicación y sus recursos propios, envidiados por los 23 gobernadores (la Ciudad casi no depende del Gobierno nacional para sus gastos) la vuelven una vidriera formidable para ser exhibida en el resto del país, a punto tal que produjo al único partido distrital que dio el gran salto a la política nacional. Lo único que le falta a este ente para completar su poderío es tener, completa, su propia Justicia.

Todavía, la Justicia Nacional está regida por leyes nacionales, y sus miembros son elegidos igual que los jueces federales (lo que les da un estatus y poder de negociación que no tendrían de ser enviados a lo que era hasta hace poco un municipio). El Consejo de la Magistratura (nacional) realiza un concurso del cual salen tres nombres, el Presidente (de la Nación) escoge uno y el Senado (nacional) le presta su acuerdo. La situación es paradójica: legisladores, jueces, ministros y presidentes nacionales deben dedicarle tiempo a los conflictos judicializados de los porteños. Lo hacen con gusto, claro: la historia no recuerda muchos casos de políticos que devuelvan la posibilidad de manejar recursos y hacer favores. Si las cosas salen mal, los porteños les reclamarán a sus autoridades locales, que no pueden hacer nada al respecto. Los votantes jujeños o correntinos, entre tanto, no castigarán a su diputado o senador por cuánto duren los divorcios en la lejana Buenos Aires. 

La cuestión, desde ya, tiene implicancias complejas. Se dice que Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires. También litiga en Buenos Aires. Las empresas más importantes del país tienen su domicilio en la Capital y muchos contratos importantes poseen cláusulas que mandan a resolver sus conflictos allí. Así, en definitiva, lo que ocurre en la Justicia de la Ciudad tiene consecuencias económicas y políticas que la exceden en mucho.

La causa del Correo, de la que tanto se ha hablado, es una de ellas: si no es casualidad que haya terminado en la Justicia de Buenos Aires no es porque haya habido algún plan malévolo sino, simplemente, porque casi todo termina en Buenos Aires. A largo plazo, lo más importante tal vez sea el control que, a partir de ahora, el TSJ (cuyos miembros fueron, en su mayoría, nombrados por el PRO) podría tener sobre la crucial Justicia del Trabajo (de influencia mayoritariamente peronista y desde siempre en la mira de los reformadores laborales). Si bien no necesariamente fue su intención, tal vez la Corte le haya dado un espaldarazo importante a las reformas laborales impulsadas por el Gobierno: uno podría conjeturar, por ejemplo, que el TSJ porteño no habría suspendido el capítulo laboral del mega DNU 70/23, como sí lo hizo la Cámara Laboral nacional.

Aquello que ando buscando

Sobre esta transferencia de poder a la Ciudad, de todos modos, hay cierto consenso. El artículo 129 de la Constitución da a la Ciudad de Buenos Aires “facultades propias de jurisdicción” lo que, en general, se ha interpretado como ordenando su equiparación a las provincias. Originalmente, se consideró que estas facultades de jurisdicción eran simplemente una consecuencia de que la Ciudad pasara a tener un derecho propio: si ahora había una Legislatura local, debería haber también una justicia para aplicar sus leyes, mientras que las leyes nacionales seguirían siendo aplicadas por tribunales nacionales. Sin embargo, cuándo no, con el tiempo los porteños ganaron la batalla interpretativa. Fernando De la Rúa, que venía de ser el primer jefe de Gobierno porteño, firmó un convenio de transferencia de algunas competencias penales a la Ciudad y se fue imponiendo la idea de que la Justicia porteña debía ser equiparable a la de las provincias. La actual composición de la Corte Suprema convalidó esta interpretación en 2019. Tantas cosas cambian que esto podría cambiar también, pero por ahora parecería que es un mandato inexorable que la Justicia Nacional sea transferida a la Ciudad de Buenos Aires.

La contundencia del mandato constitucional, sin embargo, no se alinea con las motivaciones políticas. ¿Por qué un presidente votado por todo el país y legisladores votados por las provincias dedicarían esfuerzos a una política compleja y difícil de explicar que, en todo caso, beneficiará a un jefe de Gobierno que seguramente está, como todos, pergeñando una campaña presidencial? Incluso los presidentes porteños han refrenado sus impulsos frente a la presión de las asociaciones de magistrados: Macri firmó algunos convenios de transferencia pero luego no buscó su aprobación en el Congreso; Fernández, quien con gen peronista propuso transferir la Justicia Penal pero no la Laboral, retrocedió rápidamente; Milei incluyó una transferencia total en la Ley de Bases original y la retiró en silencio frente al lobby judicial. Los incentivos están prolijamente alineados del lado de la inacción.

La situación actual es casi la peor imaginable. Se podía convivir con una Justicia local solo para asuntos locales que dejara a la Justicia Nacional los asuntos en los que venía interviniendo, y se podría vivir con el traspaso finalizado, con la Justicia Nacional íntegramente transferida a la Ciudad de Buenos Aires. Lo que es invivible es el escenario actual: un traspaso realizado a medias, en el que nadie sabe bien quién decide qué cosa y en el que nadie tiene incentivos para planificar a largo plazo en una estructura que algún día será de otro.

La Corte Suprema, viendo este escenario, decidió que era su turno de intervenir. Admitió que realizar el traspaso está “absolutamente” fuera de sus “posibilidades materiales”, pero no se rindió. Lo que sí puede hacer, parece haber pensado, es establecer sus propias facultades: se negará a recibir recursos que antes no hayan pasado por el TSJ de la Ciudad. Con lo que parece un tecnicismo, transfiere buena parte del poder que la política no transfiere. Los jueces nacionales seguirán siendo nacionales, nombrados por el Presidente y con sueldos del Tesoro Nacional, pero deberán subordinarse, en definitiva, a jueces porteños. Para las asociaciones de magistrados, esto supuso un traspaso “de hecho”. Sin ir tan lejos, lo cierto es que la Corte empoderó a un organismo local como superior jerárquico de organismos nacionales, lo que no tiene precedentes.

Los jueces nacionales seguirán siendo nacionales, nombrados por el Presidente y con sueldos del Tesoro Nacional, pero deberán subordinarse, en definitiva, a jueces porteños. Para las asociaciones de magistrados, esto supuso un traspaso “de hecho”. Sin ir tan lejos, lo cierto es que la Corte empoderó a un organismo local como superior jerárquico de organismos nacionales, lo que no tiene precedentes

Tal vez la Corte haya pensado que este golpe, material y simbólico, vencería la resistencia que la Justicia Nacional ha venido oponiendo al traspaso. Por ahora, parece haber pasado lo contrario. 

Arrancarte de mi vida no puedo

Como nota el juez Rosenkrantz expuso en su disidencia que no es función de la Corte elaborar políticas públicas. Que tengamos hambre no significa que tengamos pan, decía Bentham: que la política no esté resolviendo lo que se espera de ella podrá llenarnos de impotencia, pero no necesariamente significa que la Corte tenga que arremangarse para resolverlo. 

Se podría debatir si lo que hizo la Corte fue implementar la Constitución o diseñar una política pública: Lorenzetti, Maqueda y Rosatti dirían que hizo lo primero; Rosenkrantz, quien consideró lo decidido “una grave distorsión en la separación de poderes”, lo segundo. Lo que es insoslayable es que, al carecer de los instrumentos institucionales adecuados, los intentos de la Corte de promover cambios políticos entran en una zona de turbulencias para la que no necesariamente tienen el timón.

Los problemas prácticos son importantes. Por ejemplo, la Justicia Nacional tiene un sistema informático distinto al de la Ciudad: ¿cómo harán los jueces del TSJ para ver los expedientes nacionales sobre los que tendrán que resolver? El TSJ fue creado para entender sobre materias específicas, ni civiles ni comerciales ni laborales: ¿tiene personal y capacidades suficientes para encarar este desafío inmediatamente? El sistema nacional, en lo penal, a veces tiene hasta cuatro instancias, por lo que el TSJ sería una quinta, ¿no podría haberse pensado cómo reducir el camino de una causa, que suele durar lustros o décadas, en vez de alargarlo? Los tribunales superiores, a veces, disponen medidas con respecto a los inferiores, como, por ejemplo, enviar los antecedentes al Consejo de la Magistratura para investigar a un juez que intervino de modo defectuoso en una etapa anterior del procedimiento, ¿a qué Consejo deberá enviarlos el TSJ en este caso? 

Estos problemas son precisamente el tipo de dificultad que se habría estudiado si la solución hubiera sido política: posiblemente, tras firmar el traspaso, se habrían creado las instituciones que permitirían sortearlos y, recién ahí, se habría concretado. El fallo de la Corte, dictado antes de la feria judicial de enero, da un mes a los involucrados para resolver todo esto —un mes en el que, suponemos, todos los pasajes a Búzios ya estaban comprados—. 

Un mes es poco tiempo para hacer todo esto bien, pero, tal vez, si se sumaran esfuerzos, algunas cosas podrían solucionarse, si no bien, al menos rápido. Aquí llegamos al último escollo, tal vez el más importante en el corto plazo: el fallo de la Corte parece haber exacerbado aún más la resistencia al traspaso de los jueces nacionales y sus empleados:no tardaron ni un día hábil en emitir un comunicado unánime anunciando, prácticamente, la desobediencia civil. Sin importar quién tiene razón, esta resistencia pone a la Corte en una encrucijada: se puede llevar el caballo al río, pero no obligarlo a tomar agua. ¿Cómo harán los jueces de la Corte, sin mayorías y en el medio de un vendaval político, para doblegar a los díscolos, de cuya colaboración voluntariosa necesita? 

Díganme, sólo quiero saber

El Año Nuevo nos coloca de nuevo en el punto de partida: la política tiene la pelota. La Legislatura porteña y el Congreso nacional tienen la oportunidad de responder al fallo de la Corte mostrando que pueden reaccionar rápidamente a una situación desafiante, estableciendo reglas y creando estructuras que ordenen un traspaso que de otro modo se promete caótico. Es más: en la antesala de las elecciones porteñas, las fuerzas políticas de la Ciudad podrían mostrarle a la ciudadanía que pueden dar respuesta a un problema acuciante. Podrían, además, recuperar algo de la potencia de la que la política últimamente carece: podrían mostrarnos cómo, contra lo que siempre sostuvieron los opositores al traspaso, cuando se hagan cargo definitivamente de la Justicia en la Ciudad, tendremos juicios más rápidos, contratos más previsibles, encarcelamientos y excarcelaciones menos arbitrarios.

Si esto ocurre, el fallo “Levinas” habrá sido el empujón final para resolver una situación que ha venido impidiendo la modernización de la Justicia en la Ciudad de Buenos Aires. La Corte habrá demostrado que conserva la capacidad de movilizar a los actores políticos cuando éstos no tienen incentivos para hacerlo y el sistema institucional conserva sus correas de transmisión para hacer que las cosas pasen. Si éste es el escenario, además, las objeciones de los jueces nacionales quedarán descoloridas: superados los reparos atendibles al fallo de la Corte, quedará una resistencia al traspaso que, a esta altura, necesitará de mejores argumentos si se quiere ganar algún apoyo en la ciudadanía.

También puede pasar lo contrario. En un momento de tensión entre el Gobierno nacional y el porteño, es posible que La Libertad Avanza no quiera avanzar con un traspaso, que sería una victoria política para la gestión de Jorge Macri. Otros actores, como el peronismo, podrían tomar el traspaso de rehén en la negociación por la designación de jueces, supremos y federales. En este contexto, los intentos de los jueces nacionales de retrotraer no solo el fallo “Levinas” sino la idea misma del traspaso, podrían tomar nuevos ímpetus. Esta combinación podría terminar con una situación de estancamiento y tensión institucional incluso peor que la actual.

Si sucede esto último, habremos al menos aprendido algo más sobre la necesidad de dejar de esperar de los jueces que resuelvan desde un fallo los problemas que nuestros representantes no quieren o no pueden resolver.

SG/MA/JJD

Postales de una semana mileísta como cualquiera. El martes, luego de que fuera agredido en un aeropuerto, Patricia Bullrich acusó a Juan Grabois de huir “como rata por tirante”. El jueves, Javier Milei acusó a militantes de la Cámpora de haber causado los incendios en Córdoba. El sábado, en una de sus usuales generalizaciones, el Presidente trató de “corruptos”, “ensobrados” y “manga de soretes” a los periodistas que lo critican. La violencia retórica es un rasgo saliente de este Gobierno. El mismo que han compartido, en los últimos años, líderes autoritarios de ultraderecha como Giorgia Meloni, Jair Bolsonaro o Donald Trump. De por sí moralmente reprensible, esta forma comunicacional tiene el problema adicional de fomentar la violencia política material entre la ciudadanía.

Hace algunos años, este fenómeno fue caracterizado en el ámbito académico como “terrorismo estocástico”. El concepto refiere a comunicaciones masivas que, aunque individualmente no sean causales de un hecho violento, en conjunto hacen probable su comisión por parte de un “lobo solitario”. Es relevante notar que el terrorista estocástico no es quien finalmente ejerce la violencia, sino quien la promueve. Juliette Kayyem, asesora de Barack Obama en materia de seguridad, explica que la demonización de ciertas personas o grupos a través de plataformas comunicaciones tiene el potencial de llevar a actos violentos, debido a que los receptores interpretan el mensaje como un llamado a la violencia direccionada hacia los demonizados. 

Milei y su círculo responden con ataques personales y demonizaciones a todo aquel que los cuestione o que no haga lo que ellos quieran. Lo hacen, además, con dos de las principales características que marcan en los discursos violentos quienes estudian el terrorismo estocástico. Una es la deshumanización del adversario. Cuando los congresistas hacen lo que Milei quiere, son héroes, pero, cuando no, son ratas. Lali Espósito es “un parásito” que “vive de la teta del Estado”. Dado su alejamiento de la verdad (Lali es una artista indiscutiblemente exitosa) esta última referencia nos lleva al otro atributo frecuentemente presente en la comunicación libertaria: la violencia retórica suele apoyarse, total o parcialmente, en datos falsos. La ya referida acusación a militantes de La Cámpora de causar incendios intencionalmente es un caso claro. Esta situación trae, además, una perturbadora reminiscencia: en 1933, el partido nacionalsocialista alemán utilizó el incendio al Reichstag para acusar a militantes comunistas y suspender el orden constitucional.

De todos modos, lo más preocupante del accionar de LLA y lo que más lo acerca al terrorismo estocástico es su clara conciencia de los posibles efectos de su agresividad discursiva. La violencia retórica del Gobierno, lejos de ser un exabrupto recurrente, es una estrategia política. Basta con ver cualquier alocución del Presidente, o con leer a los twitteros libertarios, paradójicamente devenidos en funcionarios estatales. Estos últimos son la cara de otro atributo del terrorismo estocástico: complementa los mecanismos formales de represión con otros informales, que también asustan — recuérdese a Julio Garro al pedir perdón al “Gordo Dan” por haber condenado al racismo–. Milei y su círculo cuentan, además, con muestras claras de los efectos de los discursos violentos. El caso más cercano es el de Sabag Montiel, que, tras años de escuchar que CFK era una “ladrona, asesina” intentó matarla. El Gobierno también sabe perfectamente como sus referentes ideológicos Bolsonaro y Trump utilizaron sus plataformas comunicacionales para, a través de noticias falsas sobre fraudes electorales, fomentar el ataque de sus militantes a las instituciones democráticas.

La respuesta más frecuente de quienes emiten discursos violentos es que se trata, simplemente, de palabras, y que lo que pueda hacer un loquito suelto no les compete. Los ejemplos del párrafo anterior son muestras de que no es así. Los loquitos no suelen ser tales, sino personas a las que se les dice, sin pausa, que cierta persona o cierto grupo son los causantes de todos sus males. Milei y muchos de sus laderos hacen esto continuamente, y lo hacen desde la plataforma con más llegada, la Presidencia de la Nación. No son los primeros en deshumanizar, ni en degradar, ni en acusar falsamente. Como quienes los precedieron en estas prácticas, conocen el poder performativo del lenguaje. 

MA

Luego de que la bala disparada por Matthew Crook rozara la cabeza de Donald Trump, su flamante candidato a vicepresidente, J.D. Vance, compartió una reflexión que resuena tanto en estos lares como a nivel global. Para Vance, el intento de asesinato no fue un incidente aislado, sino el producto de una campaña presidencial, la de Biden, que constantemente insiste en que Trump es un peligro para la democracia que debe ser detenido como sea. Hay mucho de cinismo en que este análisis venga del espacio de Trump: el magnate tiene en su prontuario cosas tales como compartir un video de un seguidor suyo que expresa “el único demócrata bueno es un demócrata muerto” o como alentar una toma violenta del Congreso. Pero este cinismo no hace a la reflexión de Vance menos interesante ni menos atinada: que le quepa también a Trump no quiere decir que esté errada.

Cuando la vida con la que se quiso terminar fue la de Cristina Fernández de Kirchner, uno de los focos del análisis sociológico sobre lo que había pasado fue la retórica violenta con que la oposición y algunos medios se referían, constantemente, a la entonces vicepresidenta. Las expresiones estigmatizantes que existieron por años se habían intensificado en los meses previos al ataque de Sabag Montiel: bolsas mortuorias en Plaza de Mayo con leyendas tales como “los pibes de la Cámpora” o “Estela de Carlotto” y horcas y guillotinas acompañadas de la frase “Presos, muertos o exiliados” habían pasado a tener un lugar en el discurso público. Esto llevó a gran parte del espectro político a señalar algo similar a lo marcado por Vance: el atentado sólo podía ser leído en un contexto de crecientes discursos de odio.

Si viajamos hasta Eslovaquia, luego de que, el 15 de mayo de este año, cinco balas impactaran en el primer ministro Robert Fico, la presidenta Zuzana Čaputová señaló que lo sucedido había sido producto de un ambiente de agresiones y odio entre políticos, y llamó a los diferentes partidos a bajar el tono de sus campañas al parlamento europeo. Una vez recuperado, Fico también marcó el rol de ciertos medios de comunicación en la difusión de discursos violentos.

Percibir la conexión entre la creciente virulencia del debate político y el reavivamiento de formas de violencia política que por largo tiempo habían sido controladas es, quizás, la lección más importante para sacar algo positivo de eventos como los de Trump, Fico o Cristina y construir una sociedad mejor y más funcional. Si el adversario es presentado como un enemigo y el debate no es de conveniencia de una política sobre otra, sino entre el bien y el mal, es esperable que muchos demonicen a dirigentes políticos, les atribuyan las culpas de todas sus desgracias y tomen decisiones tan radicales como intentar matarlos. 

Por ahora, al menos en nuestro país, venimos mal. Tal vez el trumpismo férreo del presidente de la Nación y de la ministra de Seguridad les haga llegar las consideraciones de Vance y puedan meditar sobre sus propias acciones. Tal vez, así se den cuenta de que llamar a exterminar al kirchnerismo, decir que el Congreso es un nido de ratas o ser los únicos que no repudiaron el atentado contra CFK es, exactamente, el tipo de conducta que su principal referente ahora denuncia. 

La semana pasada, en un fallo de enorme trascendencia institucional, la Corte Suprema se expidió en el caso donde se investiga la conducta de Donald Trump tras perder las elecciones del 2020: al líder del Partido Republicano se lo acusa de haber realizado una serie de maniobras destinadas a poner en duda la transparencia de los comicios y, así, no reconocer su derrota. La mayoría de la Corte estableció que el presidente tiene inmunidad penal (lo que implica que no puede ser perseguido ni condenado) respecto de todas sus acciones realizadas en carácter oficial. Las acciones oficiales son tanto aquellas que son propias y exclusivas del Poder Ejecutivo porque así lo establece la Constitución, como aquellas en las que el Ejecutivo actúa por delegación del Legislativo. Las acciones no oficiales son las que se ejercen por fuera de la autoridad constitucional o legal del Ejecutivo. 

El aspecto más comentado del fallo fue la protección que le otorga al titular del Poder Ejecutivo. Es que no sólo blinda sus acciones oficiales, sino que, para distinguir acciones oficiales de no oficiales, no permite invocar los motivos por los que se llevó a cabo una acción. Esto podría generar situaciones tales como que un indulto dictado a cambio de un soborno no pueda perseguirse: el indulto es una decisión oficial y el motivo (el soborno) no podría invocarse para sostener lo contrario. Este grado de inmunidad es insostenible constitucionalmente (pueden ahondar en eso aquí y aquí, entre muchos otros lugares), pero no es esto lo que aquí me interesa. Lo que me parece más relevante para el contexto argentino y latinoamericano es la justificación que la Corte le da a la inmunidad presidencial.

La Corte estadounidense deja en claro que la inmunidad presidencial no protege a la persona del presidente, sino a su cargo. No se trataría, entonces, de un privilegio, sino de una forma de preservar el funcionamiento del Estado. Para fundamentar esta posición, la Corte repasa el rol que los constituyentes pensaron para el Ejecutivo: es un poder diseñado para actuar de modo rápido, enérgico y decidido, frente a los desafíos constantes que supone administrar un país. Por eso es el único poder concentrado en una sola persona, el presidente, y el que más grado de discrecionalidad tiene en su accionar. 

Según los cortesanos, estas funciones no pueden ejercerse si, al momento de optar por un curso de acción, además de ponderarse qué es lo mejor para el país, se piensa en las posibles consecuencias legales que podría tener tomar una decisión en lugar de otra: el temor a una posible persecución penal haría imposible actuar con coraje y sin titubeos, características esenciales en un presidente. En la misma línea, la Corte señala que ocuparse de un constante escrutinio penal tiene el efecto de distraer a un mandatario de lo que requiere toda su atención: gobernar. Es interesante notar que ya en 1982 la Corte estadounidense había establecido la inmunidad del presidente ante juicios civiles por motivos similares. La Corte actual retruca e indica que si una potencial responsabilidad patrimonial puede tener efecto disuasivo en un presidente, mucho mayor será el efecto de un proceso penal.

Es interesante notar que, a la hora de perseguir delitos de funcionarios públicos, nuestros jueces utilizan argumentos inversos a los de la Corte estadounidense. Muy brevemente, la concepción que prima es que para evitar excesos en el ejercicio de poder de nuestros gobernantes es necesario fijar estándares que los sometan a una vigilancia legal constante. Lejos de cualquier inmunidad, cuando se trata de funcionarios públicos, muchas veces se relaja, o hasta invierte, la presunción de inocencia; se dictan prisiones preventivas por motivos que no operan en otros casos; y se aplican innovaciones procesales que impulsan la persecución aun a riesgo de errores graves, como pasa con la figura del arrepentido.

Desde mi perspectiva, ni la aproximación de la Corte estadounidense ni la de nuestra justicia federal pueden brindar resultados satisfactorios si no dialogan entre sí. Es evidente que un gobernante no puede tener una inmunidad cuasi monárquica, que haga impune decidir a cambio de coimas. Pero también está claro que el efecto disuasivo de perseguir sin ton ni son existe, y es corrosivo para el funcionamiento del aparato estatal. La historia reciente nos ha mostrado qué pasa cuando, para usar términos criollos y actuales, los funcionarios no quieren usar la lapicera por miedo a la persecución penal: para muchos, el gran déficit de la gestión 2019/2023 no fueron sus errores, sino sus constantes titubeos y vacilaciones. Si el miedo paraliza al Estado, las consecuencias de la inacción las sufrimos todos. Para el futuro, el desafío es construir sistemas que permitan la rendición de cuentas pero que no frenen las lapiceras.

MA/JJD

El 30 de mayo, Darío Villarruel hizo un análisis editorial en el que criticó lo dicho por Javier Milei en la Universidad de Stanford: que “va a llegar un momento donde la gente se va a morir de hambre” y que, ante esa situación, “la gente va a decidir algo para no morirse de hambre”. Villarruel expuso lo obvio: que quien debía hacer algo para evitar la inanición del pueblo era el gobierno nacional y que, si no lo hacía, lo más probable es que exista algún tipo de reacción popular en la que la gente busque proveerse de comida. El periodista, además, marcó que la gravedad de lo dicho por el Presidente era aun mayor dado que se había hecho público que el Poder Ejecutivo tenía comida almacenada, pronta a vencer, sin repartir. En vez de responder con argumentos, el ministro de Justicia de la Nación decidió denunciar penalmente a Villarruel por “instigación a cometer delitos”. Es paradójico que un gobierno que concibe a la libertad como la no intervención del Estado en la sociedad responda a las críticas con la activación de la forma más intensa del poder estatal: el derecho penal. Además de denunciar a Villarruel, el ministro (que se define como “libertario en lo jurídico”) denunció por opinar a Nancy Pazos.

La denuncia de Cúneo Libarona es un precedente grave para nuestra vida democrática. Tanto a nivel nacional como internacional, la libertad de expresión es considerada un elemento básico del constitucionalismo liberal. En su génesis, el rol central de la libertad de expresión se debe, en gran parte, a la idea, arraigada en los fundadores del Estado moderno, de que la ciudadanía debe poder criticar a sus gobernantes sin temor a represalias. Por eso, la forma de expresión con mayor protección constitucional es aquella que cuestiona a funcionarios públicos. En el famoso caso NY Times v. Sullivan, la Corte Suprema estadounidense estableció que los cuestionamientos al gobierno pueden incluir hasta “ataques vehementes y desagradables”. Es que si quien se expresa contra el gobierno es sancionado, el efecto será el acallamiento de ideas y, con él, el cercenamiento del debate público.

Esto no quiere decir que se pueda decir cualquier cosa, claro, pero sí que toda restricción tiene que estar totalmente justificada. Aquí hay que diferenciar entre dos situaciones. Cuando una expresión sobre funcionarios públicos es objetada por ser falsa, la conocida como “doctrina de la real malicia” exige probar que quien la vertió sabía (o fue gravemente negligente) de su falsedad y que se tratara de afirmaciones sobre hechos, y no de opiniones. Pero Cúneo Libarona no denuncia falsedades, sino que las opiniones periodísticas instigaron la comisión de delitos. Los principios aplicables son, entonces, otros, que imponen que solo puede restringirse una opinión si causa un “peligro actual y concreto”. Este concepto fue acuñado por la Corte Suprema estadounidense en 1969 (Brandenburg v. Ohio) y establece que solo pueden ser sancionados los discursos que hayan estado dirigidos a incitar o producir un delito de forma inminente y que sea probable que deriven en la producción de ese delito. Nada más lejos que lo dicho por Villarruel, que se limitó a exponer lo que consideró posibles consecuencias de dejar morir a la gente de hambre y que no incitó a la comisión de delito alguno. Por si esto fuera poco, hoy la Cámara Federal de Apelaciones del fuero penal expuso lo mismo que dijo Villarruel: el gobierno debe repartir los alimentos retenidos.

El único peligro actual y concreto de toda esta situación es que la denuncia a Villarruel y Pazos genere temor en los periodistas al momento de cuestionar al gobierno. En el fallo Kimel, la Corte Interamericana expuso que “la libertad de prensa proporciona uno de los mejores medios para conocer y juzgar las ideas y actitudes de los dirigentes políticos”. Esto es lo que se pierde cuando se busca disuadir a periodistas a través de represalias estatales. La denuncia del ministro de Justicia hace a este efecto sumamente probable: como tienen dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la persecución penal tiene el máximo efecto inhibidor sobre la libertad de expresión. De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, desde la asunción de Milei, Argentina retrocedió 26 puestos en la clasificación mundial de la libertad de prensa debido a las agresiones gubernamentales a periodistas por parte de funcionarios públicos. La denuncia a Villarruel y Pazos supone una nueva degradación institucional y lleva al país a un terreno muy peligroso en términos democráticos.

Si a este gobierno no se le puede exigir humanidad, al menos deberíamos pedirle que respete sus propias máximas. En el siglo XIX, John Stuart Mill postulaba que las expresiones nunca debían ser sancionadas por el Estado, y proponía un “libre mercado de ideas”. Según Mill, censurar opiniones podía llevar a intromisiones estatales basadas en prejuicios o conveniencia. En vez, la competencia de mercado entre ideas llevaría a que prevalezcan las mejores y que caigan las falsas y no persuasivas. Llamativamente, ahora parece que el gobierno del libre mercado quiere un mercado no tan libre: la libertad parece tener sus límites cuando se molesta al poder.

JMU/MA/IG

Ayer, el Ministerio de Seguridad anunció que enviará un proyecto de ley relativo al acceso de armas de fuego en Argentina. Lo que surge del comunicado ministerial es la voluntad del gobierno de que “los argentinos que quieran tener armas en sus casas, puedan hacerlo”. El objetivo sería intensificar “el combate a fondo contra los delincuentes que, con armas ilegales, ponen en riesgo la vida de todos los argentinos”. Entre las formas de implementar esta política, estarían eliminar pasos burocráticos para ser Legítimo Usuario, eliminar una nueva acreditación de idoneidad en el manejo de armas para renovar la credencial de Legítimo Usuario y regularizar la tenencia de armas por parte de usuarios irregulares.

Es difícil saber qué está detrás de esta nueva iniciativa gubernamental, pero lo que es seguro es que no es la evidencia científica. Los estudios disponibles muestran que, lejos de aumentar la seguridad ciudadana, la flexibilización en los requisitos para la tenencia de armas aumentan el crimen violento, en particular, y la seguridad ciudadana, en general. Esto es claro aun cuando los estudios sobre el impacto de la libre portación y tenencia de armas son escasos, debido a restricciones gubernamentales a su financiamiento, producto de lobbies de asociaciones pro-armas.

El país en el que más se ha investigado sobre la tenencia de armas es Estados Unidos, dado que su regulación es más laxa que la del resto de países occidentales desarrollados. Estados Unidos es, además, el lugar al que Milei mira con mayor admiración a la hora de importar políticas, lo que parece especialmente claro en este tema en concreto. Allí, la desregulación en la portación de armas se expandió en el último medio siglo: en 1970, sólo cinco estados tenían leyes abiertas respecto de la libre tenencia y portación de armas. Hoy, la cifra pasó a cuarenta y dos estados (de un total de cincuenta). Esto ha llevado a que, en la actualidad, Estados Unidos sea el país con más armas per cápita del mundo. En el mismo lapso, se ha convertido, entre los países desarrollados, en el líder, por habitante, en homicidios causados por armas de fuego, en violencia con armas de fuego en general y en suicidios y accidentes por el uso de armas de fuego.

Desagregados, los datos son aún más ilustrativos. Entre otras cosas, se ha observado que las personas que conviven con un portador de armas tienen el doble de posibilidades de morir en un homicidio; además, tienen siete veces más posibilidades de ser asesinadas por su conviviente (el 80% de las víctimas son mujeres). Tener un arma en casa también facilita el suicidio: los hombres que tienen un arma en casa se suicidan con un arma de fuego ocho veces más que los que no la tienen; entre las mujeres, la tasa es de treinta y cinco veces más suicidios entre las que pueden acceder a un arma en su casa. Para los niños la situación no mejora: en los Estados con leyes que facilitan la tenencia de armas hay dos veces más muertes de niños producto de heridas con armas de fuego y también es mayor el suicidio infantil. Otra consecuencia de las desregulaciones en materia armamentística son los tiroteos masivos, especialmente en escuelas, que destruyen comunidades enteras.

Aun así, podría objetarse que si la tenencia de armas genera un descenso en el delito tan grande que compensa los efectos ¿colaterales? expuestos, todavía es posible argumentar a favor de la desregulación. Pero esto no es así. Por el contrario, el delito violento tiende a aumentar hasta un 15% en lugares con pocas restricciones a la tenencia de armas. En suma, ni siquiera un argumento de ultraderecha tal como “la gente tiene que poder matar al que entra a robar” sirve para sostener la desregulación. La libre circulación de armas facilita el acceso a ellas, también, por parte de bandas criminales y grupos violentos, con lo que, como muestran los números, el delito sube con este tipo de políticas.

Todos estos números, ya de por sí más que preocupantes, podrían ser peores aún en nuestro país si se combinan con otras iniciativas gubernamentales. Aquí no me refiero, simplemente, a que en una situación de recesión económica y de desmantelamiento de la asistencia estatal el delito tiende a subir (lo que muestran todos los estudios), y a que con armas en circulación esto puede generar un combo explosivo. Apunto a cuestiones más concretas. Como marcaron los senadores Lousteau y Di Tullio, en la Ley Bases, el silencio administrativo positivo genera que ante un pedido al Estado, la no respuesta se tome como un sí. En esta ley, a diferencia de lo que sucede en otros países, no hay una excepción en materia armamentística. Es decir que si pido un arma y por problemas burocráticos no me responden, podré tenerla. Esto, sumado a la falta de acreditación de idoneidad en la renovación de la credencial de Legítimo Usuario que impulsa el Ministerio de Seguridad, puede dar lugar a que todos, aun los menos aptos y recomendables, tengan armas.

Por último, es importante notar que, aun cuando es indudable que la seguridad es un problema grave en Argentina, el delito violento no llega a cifras que ameriten decisiones excepcionales. La tasa de homicidios en Argentina es de las más bajas de la región (31 entre 46 países) y, además, ha bajado a la mitad en los últimos quince años. Es, incluso, más baja que en Estados Unidos, donde ronda los 6/100.000 homicidios, contra 4/100.000 en Argentina. Liberar la tenencia de armas en un contexto recesivo, con un Estado ausente y sin controles administrativos terminará con esta realidad y pasaremos a subir posiciones en otro ranking que nadie quiere liderar: el de homicidios y muertes por uso de armas de fuego. Y esto no servirá, ni siquiera, para que neo-fascistas celebren la muerte de quienes cometen delitos. Porque también morirán niños, mujeres, personas con problemas de salud mental o gente que, ante la crisis, vea el arma en su cajón como una salida.

MA/JJD

El domingo, Rosario amaneció desolada. Tras cuatro muertes de inocentes en una semana a manos de bandas narco, sus habitantes tienen un justificado terror a salir a las calles. El silencio dominical rosarino es la otra cara del ruido ensordecedor del pedido de su ciudadanía a la política: “Que alguien haga algo; así, ya no podemos ni salir de casa”. La forma en que los gobernantes, tanto nacionales como provinciales, encaren estos reclamos determinará el futuro de la amenaza narco.

Por ahora, el Gobierno nacional tomó el camino del populismo penal. En criminología, el populismo penal es caracterizado como la adopción de respuestas emocionales, en lugar de técnicas, ante el delito. A diferencia del populismo en general, que puede ser tanto de derecha como de izquierda, el populismo penal siempre es de derecha, porque la reacción emocional que propone es la de la mano dura. Patricia Bullrich recayó en su muletilla de “guerra sin cuartel” y prometió duplicación de penas y la aplicación de sanciones a personas por “participar de la banda” que no se entiende cómo funcionarían. Javier Milei, por su parte, habló de “ellos contra nosotros”. La semana pasada, el Gobierno provincial también había optado por el populismo penal al difundir imágenes bukelianas de las cárceles santafesinas y explicar que los narcotraficantes la iban a pasar cada vez peor.

El populismo penal puede servir para fines políticos a corto plazo, pero no va a resolver el problema del narcotráfico: lo va a empeorar y, de yapa, va a generar problemas paralelos. La retórica de la guerra contra las drogas tiene su antecedente más conocido en la campaña que llevó a Nixon a la presidencia en 1968. Una vez en el poder, Nixon aumentó penas, desplegó fuerzas de seguridad y bajó estándares probatorios para condenar gente. El resultado, cuarenta y cinco años después, es una multiplicación de la población carcelaria norteamericana del 500%, que convierte a Estados Unidos en el país occidental con más presos cada 100.000 habitantes. Estos presos son, en su mayoría, pertenecientes a minorías y a clases desaventajadas económicamente (hay 4.8 afroamericanos presos por cada persona blanca presa). El delito, mientras tanto, continuó su crecimiento. La retórica y las técnicas de la guerra contra las drogas luego se extendieron a todo tipo de delitos, lo que exacerba la utilización de la prisión como método de exclusión social, y no como resolución de problemas. Esta dinámica, además de crear un complejo carcelario cada vez más caro, retroalimenta la delincuencia: quienes son encarcelados por ofensas menores, luego son incapaces de reinsertarse en la sociedad. 

La retórica de la guerra contra las drogas tiene antecedente en la campaña de Nixon de 1968. Aumentó penas, desplegó fuerzas de seguridad y bajó estándares probatorios para condenas. El resultado, 45 años después: se multiplicó 500% la población carcelaria

La contracara de la expansión del Estado represivo suele ser el desmantelamiento del Estado de Bienestar, que es precisamente lo que está sucediendo en Argentina. La criminología comparada revela que los países con mayor contención social y mayor igualdad de oportunidades son los que mejor controlan el delito. Suecia, Noruega o Japón tienen tasas de encarcelamiento hasta veinte veces menores que países que desmantelaron su estructura de contención social estatal, como Estados Unidos, Inglaterra y Gales o Nueva Zelanda. En el caso de Rosario, el recorte del Estado Nacional al Estado Provincial posiblemente genere un aumento de la cantidad de personas cuya vulnerabilidad las lleve optar por el delito como vía de ganarse su sustento. Al mismo tiempo, situaciones como la desfinanciación de comedores generan vacíos que pueden ser ocupados por el narcotráfico, que puede brindar contención social como modo de legitimación popular. La experiencia de Pablo Escobar en Medellín es una muestra de esa realidad.

Con todo esto no pretendo decir que no sean necesarias la presencia policial ni la severidad penal para combatir al narcotráfico. Por mucho tiempo, la izquierda recayó en visiones ingenuas que planteaban a la cárcel y al derecho penal como mecanismos de disciplinamiento que había que abolir en nombre del pueblo. Pero estas posturas venían desde universidades y profesores de élite, sin contacto con las realidades urbanas. Los estudios disponibles reflejan que los lugares más azotados por el crimen suelen ser los barrios carenciados, y que sus habitantes reclaman, y con razón, presencia policial y castigo a los delincuentes.

El desafío es cómo compatibilizar el despliegue de mecanismos de seguridad con otro tipo de políticas y enfoques, para poder erradicar el narcotráfico. En Medellín, por ejemplo, parte de la solución consistió en incluir a los barrios carenciados en la ciudad, a través de programas de asfaltado e iluminación de las calles, de construcción de edificios públicos en esos barrios y de inclusión a través de transporte público. Otra vía a explorar es la legalización de ciertas sustancias. En Holanda, la legalización de la marihuana fue una vía para desincentivar el consumo de otras sustancias más peligrosas. Hoy, Holanda tiene un promedio de consumo de drogas menor a la media europea, y el narcotráfico, con legalización, pierde su razón de ser. Estas son sólo algunas muestras de que hay otros caminos que el ya gastado y sistemáticamente fracasado del populismo penal.

Otra vía a explorar es la legalización de ciertas sustancias. En Holanda, la legalización de la marihuana fue una vía para desincentivar el consumo de otras sustancias más peligrosas. Hoy tiene un promedio de consumo de drogas menor a la media europea

Si el gobierno quiere, realmente, terminar con el narcotráfico, tiene que plantearse alternativas serias, con sustento científico, y no para la tribuna. Además, debe frenar con el señalamiento a otras fuerzas políticas como responsables del narcotráfico, porque un problema de esta índole requiere de un trabajo mancomunado tanto de las distintas fuerzas políticas como de los distintos niveles estatales. Por ahora, también en este tema, las medidas de LLA parecen apuntar más a Twitter que a mejorar la vida de los rosarinos.

MA/JJD

Estamos en 2024. La mayoría de las personas tenemos Twitter o conocemos a alguien que tenga Twitter. Es usual que tanto nosotros como nuestros amigos o amigas usemos Twitter para comentar cuestiones políticas, a veces en serio y a veces en broma. Llegamos a casa y, después de un día de trabajo, nos tiramos en el sillón y vemos algún meme o algún comentario pintoresco, o quizás lo hacemos nosotros. Por esta conducta, tan extendida como banal, Nahuel Morandini está preso hace 40 días, al igual que Roque Villegas.

No puede ser, pensará quien nos lea, aquí debe haber algo más, nadie está preso por tuitear. Nahuel Morandini, docente universitario y padre de dos hijas pequeñas, sí. Todo lo que hizo fue publicar este mensaje el 26 de diciembre de 2023: “Hace ya varios años que en Jujuy se hace el carnaval de los tekis (una estafa en la que caen los turistas). Pero este año no se hace. Y todo parece que es porque uno de los tekis le enseña a tocar la quena a la mujer del exgobernador. Imposible aburrirse en kukuy”.

Diez días después de compartir ese mensaje, Tulia Snopek, la pareja del ex gobernador jujeño Gerardo Morales, presentó una denuncia contra Morandini. Al otro día, Morandini fue detenido y se le imputaron los delitos de lesiones leves contra Snopek y de supresión de la identidad respecto de la hija de dos años de Morales y Snopek.

A esta altura, usted se preguntará cómo un tuit puede lesionar a alguien y de dónde sale la supresión de la identidad a una persona que el tuit no nombra. Según el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, el tuit de Morandini derivó en una serie de publicaciones en distintas redes sociales que hacen alusión a un romance entre Snopek y el cantante del grupo los Tekis y que ponen en duda la paternidad de Morales sobre su hija. En cuanto a las lesiones, el mensaje de Morandini y los mensajes publicados por otras personas en otras redes sociales habrían provocado daños psicológicos en Snopek. Lo cierto es que Morandini no tiene vínculo alguno con quienes publicaron mensajes que sí refieren a la hija de Morales y Snopek, que su mensaje ni siquiera menciona a Morales y Snopek, y que, evidentemente, está escrito en un tono satírico.

En nuestro país, que sigue la jurisprudencia norteamericana, la libertad de expresión siempre fue considerada un baluarte democrático y fue ampliamente protegida. Esta protección es aún mayor cuando la expresión cuestionada se refiere a personajes públicos. Ya la difusión de noticias contra estas personas está protegida si se usa el potencial, cosa que aquí sucede (“Todo parece que es…"). Sin embargo, esto ni siquiera es una noticia, es un comentario humorístico, y ese tipo de comentarios tiene todavía mayor protección.

En un fallo reciente, la Corte Suprema recordó que al evaluar un mensaje siempre debe considerarse el medio en el que es emitido y el grado de agresividad discursiva del medio en cuestión. Lógicamente, no todo está permitido en Twitter (no puedo, por ejemplo, amenazar a alguien), pero es evidente que es una red social propensa a bromas subidas de tono y hasta a insultos. Para algunos, puede no ser moralmente agradable, pero es la dinámica en la que todos sus usuarios están inmersos. Otro punto relevante es que las lesiones al honor suelen ser tramitadas como reclamos dinerarios en juicios civiles, pero no hay antecedentes conocidos que las traten como lesiones y, menos, como supresión de la identidad en causas penales.

Pero la vulneración a la libertad de expresión no quedó en la imputación penal, sino que se extendió, debido a la orden del juez relativa a que los imputados, sus familias o incluso sus amigos se abstengan de “efectuar expresiones públicas por cualquier medio” que siquiera mencionen al exgobernador o a su familia. Además, ordenó borrar la cuenta de Morandini y sus publicaciones desde el 26 de diciembre hasta la fecha. En algunas de esas publicaciones, Morandini denunciaba la persecución que sufre. Esto, de acuerdo con normas constitucionales y de tratados internacionales de derechos humanos, es censura previa, y va contra la base misma de la libertad de expresión: poder cuestionar a quienes nos gobiernan.

Estamos, entonces, ante un caso tan excepcional como oscuro en nuestra historia democrática. Sin justificación legal alguna, la causa solo se explica como un ejercicio totalitario contra quienes molestan al poder. Una muestra es la prisión preventiva, que solo procede para evitar obstrucciones al proceso. En este caso, el fiscal la justificó como medio para que no se cometan nuevos delitos (es decir, que no se siga tuiteando). El mismo fiscal dejó entrever que podía llegar a existir una “pena máxima”: su razonamiento parece ser que cada tuit, aunque no los haya escrito Morandini, debe considerarse un delito independiente, por lo que si hubiera muchos tuits sus penas se sumarían y alcanzarían una condena muy elevada. Un ejemplo aún más concreto de la voluntad de mostrar qué le puede pasar a quien se meta con él es que en la causa se presentaron como parte, además del fiscal principal, una fiscalía especializada en violencia de género y una defensoría de niños, niñas y adolescentes. Hay, en total, seis dependencias que trabajan en la acusación contra Morandini.

El caso, claro, tramita con métodos y concepciones casi medievales. Las lesiones de Snopek surgen de un informe psicológico en el que la defensa de Morandini no pudo participar, a pesar de que la ley dice expresamente que, para ser válida, una pericia debe dar la posibilidad de intervenir a todas las partes. Además, a Morandini le impusieron asistencia psicológica obligatoria en la cárcel por violencia de género (todo por ese tuit). Pero, mientras el fiscal manda a otros a formarse en género, en las audiencias ha dicho que el daño a las víctimas era irreparable y se refirió a la virginidad existencial como el daño o la perdida a la que hacía referencia.

Tras más de un mes de detención arbitraria, los organismos de derechos humanos más importantes del país y la región (CELS, ANDHES, Amnistía Internacional) han informado del caso de Morandini a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU. Otros actores de la sociedad civil, entre los que hay organizaciones como CONADU o Pensamiento Penal, y personas individuales de diferentes campos, han expresado su preocupación. Hasta ahora, el Poder Judicial de Jujuy es impermeable a todo esto. Morandini sigue preso, en la cárcel no lo dejan ver la luz del sol, la pobre alimentación que recibe le ha provocado cólicos renales y su familia no puede ni mencionar a Morales sin ser también imputada. Esta es, hoy, la democracia en Jujuy.

Los autores son abogados de Nahuel Morandini.

MA/EGA/CRM

El lunes, en una situación legislativa sin precedentes, la ley insignia de LLA volvió al debate de comisiones. De una entrevista al Ministro del Interior, pareció surgir que el gobierno desconocía las consecuencias legales de ese paso atrás: Francos pensaba que se mantenía la aprobación en general, pero en realidad el trámite volvió a cero. De ómnibus a combi, de combi destartalada a combi chocada. Funcionarios y legisladores mileistas acusaron de traición a gobernadores y llegaron a señalar a otras fuerzas políticas por haber “abusado de su inexperiencia”. Milei, por su parte, validó un tweet que decía que su objetivo siempre había sido que la ley fracasara, porque así dejaría expuesta a la casta.

No es posible acceder a la psiquis ajena, pero, más allá de cuál haya sido su intención original con la Ley Ómnibus, lo que es evidente es la voluntad presidencial de usar su caída para reforzar su cruzada anti-casta. La retórica “pueblo” contra “casta” siempre fue el slogan de LLA, pero en los últimos días “casta” pasó de ser un término genérico a ser una serie de personas con nombre y apellido. El martes a la noche, Milei compartió una lista en la que aparecían fotos de los políticos que lo habían traicionado. Hoy por la mañana, el Presidente publicó una foto suya retratado como Terminator, con el mensaje “Casta a la vista, baby”, precedida por las categorías “gobernador_detectado, sindicalista_detectado, diputado_detectado y Belliboni_detectado”. Así, de amenazas genéricas tales como “fundir” a los gobernadores, Milei pasó a amenazas concretas. De esta forma, el Presidente cruzó la línea entre lo que coloquialmente conocemos como amenaza y lo que penalmente es una amenaza o una instigación a cometer delitos.

De todos modos, lo central en la escalada de violencia en el discurso presidencial es el riesgo de que se convierta en  violencia material. Diversos estudios han mostrado la importancia que tienen en nuestras percepciones y decisiones nuestros grupos de referencia identitaria. Por un lado, las personas tienden a validar la versión del mundo más compatible con quienes les son afines. Los argentinos vimos penal a Di María en la final del mundial y los franceses no, y ambas percepciones fueron genuinas. Por otro lado, los grupos de referencia son una guía para saber qué pensar o qué conductas tomar en situaciones determinadas. Si me siento progresista, y el progresimo está unánimemente a favor del aborto, tenderé a posicionarme a favor aun antes de informarme sobre distintas posturas.

En su último libro, Erza Klein estudia cómo impacta este fenómeno a nivel político. Entre otras cosas, explica que en Estados Unidos por mucho tiempo la pertenencia geográfica fue más importante que la partidaria. Eso explica que las personas votaran a distintos partidos en distintas elecciones. Con el tiempo, los partidos tomaron posturas más divisivas sobre asuntos de interés general y la identificación partidaria pasó a ser más fuerte que la regional a la hora de votar. El activo de generar identificación incentivó a los partidos a tomar posiciones cada vez más antagónicas a las de sus rivales y, así, construir identidades cada vez más marcadas. Recordemos que nuestro grupo identitario es tanto un espacio donde queremos ser aceptados como un manual que nos orienta al definir quiénes somos. El resultado de esto (sumado a otros factores), para Klein, es la polarización, que tanto conocemos acá. Una vez que sucede, la polarización parece irreversible. Un estudio experimental analizó qué pasa cuando se expone a personas de un grupo identitario a argumentos de otro grupo, para ver si salir de nuestra zona de confort nos cambia. Todo lo contrario: tras leer tweets demócratas por un mes, los republicanos eran más republicanos, y viceversa. 

Todo esto es lo que LLA mejor conoce: su estrategia comunicacional siempre se basó en crear identidad a partir de consignas extremas y en generar perfiles impermeables a las ideas de otros grupos. En este contexto, la publicación de listas negras y el señalamiento de las caras de los enemigos desde la cuenta oficial del Presidente pone a las millones de personas que se referencian en su figura en conocimiento de que el enemigo ya no es una casta difusa, sino que son personas con nombre y apellido. La única razón para publicar una foto de un traidor es que si alguien se lo cruza sepa quién es. Después verá qué hacer. 

El 1 de septiembre de 2022, tras la bala de Sabag Montiel que no salió, casi todo el arco político pareció recordar las consecuencias de abusar de discursos violentos en una sociedad hiperpolarizada. Las únicas dos personas de relevancia política que no condenaron el ataque fueron Patricia Bullrich y Javier Milei. Hoy, el ahora Presidente no solo no condena, sino que fomenta la creación de identidades referenciadas en la violencia hacia personas determinadas. Lo hace, además, desde el puesto político más importante del país.

La errática, acaso indescifrable, estrategia política del gobierno viró la semana pasada de la euforia intransigente a las apretadas desnudas. El jueves, el ministro de Economía afirmó que recortará todas las partidas de las provincias si no se aprueba la ley ómnibus. El viernes, en una reunión de gabinete, el presidente de la Nación habría dicho lo mismo a su estilo: “Los voy a fundir a todos” (frase que los likes del Twitter presidencial parecen confirmar). En este contexto de amenazas para nada veladas, el vocero presidencial anunció que el Ejecutivo le propondrá al procurador general de la Nación la creación de una fiscalía especializada en investigar la corrupción de funcionarios públicos, “especialmente en los casos de enriquecimiento político e incrementos patrimoniales no justificados”. El vocero puso especial énfasis en que esta fiscalía investigaría a funcionarios tanto federales como provinciales.

El zorro pierde el pelo pero no las mañas: como ya varios notaron, el proyecto es o bien redundante o bien imposible. Si la fiscalía busca investigar a los funcionarios nacionales, el gobierno busca reinventar la rueda de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que existe desde la década de 1960. Si es cierto, en cambio, que el gobierno busca investigar a funcionarios provinciales y municipales, descubrirá rápidamente que no podrá hacerlo: en nuestra organización federal, los delitos que afectan administraciones provinciales, y no al erario nacional, deben ser investigados por los fiscales y jueces de sus provincias. Éste y otros problemas técnicos, en cualquier caso, pasan a un segundo plano: el momento del anuncio de la creación de la fiscalía y sus potenciales investigados parecen revelar al inviable proyecto gubernamental más como otra amenaza contra mandatarios provinciales no colaborativos que como una preocupación legal. Esta persistente voluntad amedrentadora es lo que aparece a simple vista. Sin embargo, bajo la superficie se revelan tendencias ideológicas más profundas.

En una segunda capa de análisis nos encontramos con una estrategia frecuentemente utilizada por el gobierno: acusar de corruptos a quienes simplemente están en desacuerdo. Ya ante el tratamiento del decreto de necesidad y urgencia de los 366 artículos, el Presidente señaló, en varias ocasiones, que los legisladores que se oponen en realidad hacen tiempo mientras esperan coimas. La creación de la fiscalía especializada en corrupción, con especial competencia sobre funcionarios provinciales, contiene un mensaje similar. Lo que se trasluce es que los gobernadores también son, en la jerga gubernamental, “casta chorra”, lo que será evidente si se los investiga. 

En esto no hay sólo una amenaza; hay también un mensaje al público: los que se interponen entre las ideas de la libertad y su materialización no son más que delincuentes que se mueven por intereses personales. Estas acusaciones —para las que, naturalmente, jamás se presentan pruebas o siquiera indicios concretos— obturan cualquier debate. Con los ladrones no se discute, se los apresa. La disputa ya no es política sino moral; ya no importa qué hacer con el plazo mínimo de los alquileres, el precio de los libros o la protección de los glaciares, sino que todo es tan simple como optar entre buenos y malos. ¿O acaso usted está a favor del robo?

Con los ladrones no se discute, se los apresa. No es política sino moral; no importan el plazo mínimo de los alquileres, el precio de los libros o la protección de los glaciares. Es simple: optar entre buenos y malos. ¿O acaso usted está a favor del robo?

La oposición entre buenos y malos —en la que los políticos en general, naturalmente, ocupan el lugar de los malos— alcanza intensidades cómicas. En ocasiones, el Presidente ha llegado a plantear que está esperando la respuesta de “la política” a sus propuestas. El Presidente, entonces, no es un político, es un outsider que, en un sacrificio altruista, decide meter sus pies en el barro de la política para salvarnos a todos de ella. El resto —legisladores, gobernadores, jueces, hasta académicos o artistas— no son más que parias que viven de lo público. Cualquier reserva que planteen es —a no engañarse— miedo a perder sus privilegios. 

Así llegamos, finalmente, al núcleo de la cuestión. Debajo de las acusaciones de corrupción dirigidas contra determinados grupos de políticos, según la necesidad del día, yace una impugnación más general y más fuerte: la política en sí es corrupta. Como explica Martin Gurri en La rebelión del público, “no se puede condenar a los políticos durante demasiado tiempo sin que se haga necesario cuestionar la legitimidad del sistema que los produce”. Parafraseando al Presidente, cuestionar la legitimidad del sistema político en general es, en todo tiempo y todo lugar, un fenómeno populista. Ninguna sociedad compleja puede organizarse sin lo que llamamos política; nuestro deseo de que sea mejor de lo que es en la decepcionante realidad no puede llevarnos a negar un hecho tan inevitable. La antipolítica, como es obvio, es también política (más precisamente, mala política).

Estas diatribas selectivas contra la política en momentos de crisis desde ya no son nuevas, ni lo son sus consecuencias. En 1915, un joven periodista italiano escribía que estaba “firmemente convencido de que para la salud de Italia hace falta fusilar —sí, fusilar— por la espalda una docena de diputados y encerrar de por vida al menos a un par de ex ministros”. “No sólo eso —decía—: creo, con fe cada vez más profunda, que el Parlamento en Italia es el forúnculo pestífero que envenena la sangre de la Nación. Hay que extirparlo”. Siete años después, cumplió su promesa.

MA/SG/JJD

En los últimos días, con inusual coordinación, miles de usuarios de redes sociales descubrieron su pasión por la optometría. De modos a veces mecánicos y a veces creativos, miles de libertarios repiten que el problema de los críticos al gobierno es que “no la ven”. El presidente de la Nación también ha adoptado ese latiguillo y no se cansa de señalar la ceguera de sus detractores. (Ya que estamos: en Nochebuena fue más allá y a los defectos visuales de sus opositores les agregó perversiones morales: dijo que no aprobar el DNU en el Congreso era propio de sádicos o corruptos).

No está claro qué es lo que los críticos “no ven”. Ni siquiera está claro que los que sí la ven (a veces adolescentes ensimismados en la épica que les tocó en suerte, otras veces prestigiosos profesores reivindicando viejas disputas) vean lo mismo. Nada indica que detrás de esta diáfana óptica libertaria haya algo más que un mantra burlón para cohesionar a un grupo que (al menos todavía) no tiene mucho para mostrar. No será la primera religión fundada en el acceso privilegiado a la luz, ni la primera que asume que los herejes son, en realidad, ignorantes: las fuerzas del cielo contra los viejos meados.

Tampoco es casualidad que el “no la ven” haya aparecido junto con el DNU 70/2023, que deroga o modifica, a sola firma del Presidente, más de cien leyes y, así, flexibiliza el régimen laboral y de alquileres, permite la conversión de clubes de fútbol a sociedades anónimas y la importación de neumáticos usados, entre tantas otras cosas. Es un eslógan muy útil para respondernos a quienes nos hemos limitado a señalar que, según los parámetros que, desde hace años, ha establecido la Corte Suprema (con muy distintas composiciones), estas reformas no son “necesarias y urgentes”. Lo único que dijimos ver es que el DNU más voluminoso de nuestra historia va en contra de una de nuestras más canónicas doctrinas constitucionales. 

No será la primera religión fundada en el acceso privilegiado a la luz, ni la primera que asume que los herejes son, en realidad, ignorantes: las fuerzas del cielo contra los viejos meados

Pero parece que hay algo, no sabemos qué, que no vemos. ¿Es posible que estos guerreros de Twitter estén viendo algo que nosotros no? Sí. Pero, también, es posible que nosotros estemos viendo algo que ellos no. De hecho, no sólo es posible: la democracia se basa, precisamente, en la certeza de que los ciudadanos vemos cosas diferentes. Por eso, tenemos canales de deliberación para que las decisiones sean tan informadas como sea posible. Si uno ve algo que otro no, la democracia le da la posibilidad de intentar convencer a sus conciudadanos. Si no lo logra, en democracia, debe sufrir el destino de Casandra. Decepcionar a salvadores poco convincentes es el precio para evitar ineptos aspirantes a tiranos. Por eso, además de una posibilidad, el explicarle al otro qué es lo que hay que ver y no está viendo es una obligación. Esto es especialmente así cuando lo que muchos deberíamos ver no es un detalle, sino por qué deberíamos convertirnos, en palabras de Milei, en el primer país “liberal libertario del mundo”. Si van a refundar la patria, al menos, explíquennos por qué. 

Sobre esto, es interesante marcar, una vez más, que los inquisidores del “no la ven” no apuntan sólo contra los que critican el contenido del DNU, sino contra quienes se limitan a decir que el DNU no es la vía para modificar la estructura social, económica y cultural de un país. A diferencia de los encuadramientos de Twitter, el país no se divide entre el 55% y el 45%. El país se divide en múltiples identidades sociales y políticas. Dentro de los límites que encuentra la representación en una sociedad de masas, el lugar donde mejor están representadas esas identidades es en el Congreso.

El país no se divide entre el 55% y el 45% sino en múltiples identidades sociales y políticas. Dentro de los límites que encuentra la representación en una sociedad de masas, el lugar donde mejor están representadas esas identidades es en el Congreso

La representación legislativa es el mejor intento de que esas identidades puedan expresarse. En este sentido, tampoco el 55% es un ancho de espadas. Interpretar el mandato de las mayorías es un arte en sí mismo: las urnas no hablan, las que hablan son las personas. Entre los que votaron al actual gobierno, en primera o segunda vuelta, seguramente habrá muchos que no están satisfechos con la anulación del debate legislativo. Ni siquiera ellos no dejaron de ver el 19 de noviembre. Por todo esto, el llamado a que las leyes se hagan en el Congreso es, fundamentalmente, un llamado al diálogo. Es aceptar que, quizás, nosotros no veamos algo, pero pedir, también, ser escuchados. Tras la deliberación que propone el debate parlamentario, quizás concluyamos que entre dos antagonistas uno era ciego. Pero, quizás, tras debatir nos demos cuenta de que no solo hay dos bandos, sino muchos. Quizás, además, percibamos que todos tenemos cierta miopía, y que es una miopía particular: curable no con rayos láser, sino con una discusión civilizada.

MA/SG/JJD

El viernes, el Ministerio de Seguridad publicó un nuevo “protocolo antipiquetes”. El anuncio es más importante desde lo simbólico que desde lo jurídico: el protocolo rige únicamente en la jurisdicción federal y, fundamentalmente, no es una norma con efectos más allá de los agentes del propio Ministerio. Lo que era delito antes del protocolo sigue siéndolo; lo que era un derecho constitucional, también. El protocolo se limita a indicar cómo actuarán las fuerzas de seguridad frente a lo que, burocráticamente, llama “impedimentos al tránsito”. Por cierto, el protocolo en ningún momento aclara que se refiere a la protesta social: impedimentos al tránsito son, también, maratones, actos religiosos y festejos deportivos. Menos mal que se aprobó ahora, y Javier Milei pudo asumir en paz, sin que nadie lo desalojara de la tarima desde la que anunció la llegada de la libertad.

Un pasaje simpático del protocolo ordena a los agentes reportar el daño ambiental causado por quienes impidan el tránsito. En concreto: si alguien quema una rueda, se le hará pagar por los efectos del humo. Ojalá esta súbita preocupación por el ambiente presagie un giro en la postura del Gobierno respecto del cambio climático o la contaminación de los ríos. Por lo pronto, el único humo preocupante es el propio protocolo: en todo lo que no es inconstitucional o superfluo, es sencillamente inviable. Lamentablemente, será el tejido social argentino el que pagará los efectos de este humo.

El protocolo es inconstitucional, como explica mejor que nosotros Roberto Gargarella. El protocolo plantea que todos aquellos que obstruyen la circulación están cometiendo un delito, independientemente de por qué lo hagan, incluso si dejan carriles libres o existen vías alternativas. Pero la cuestión está lejos de ser tan simple: nuestra convivencia social se constituye por derechos en tensión y, a diferencia de lo que sugiere el dicho, no es fácil saber cuándo arranca el derecho de uno y termina el del otro. Tanto quienes circulan como quienes protestan ejercen un derecho constitucional, y los cuerpos ocupan espacio: salvo que sean un puñado, decirle a los que quieren reunirse que deben quedarse en la vereda equivale a prohibírselo. Una norma consciente de esta dificultad intentaría buscar mecanismos para compatibilizar el derecho a circular con el derecho a manifestarse. Al disponer que las vías alternativas o los carriles libres son irrelevantes, el protocolo directamente ignora que hay derechos que conciliar. 

El protocolo es superfluo. Indica que las fuerzas de seguridad deberán cuidar a mujeres y niños, identificar a los autores de delitos, prevenir delitos flagrantes y reportarlos a las autoridades competentes. Esto es así porque la ley lo indica, con o sin protocolo: sólo el Congreso puede crear leyes penales y regular el uso de la fuerza. Además, siendo realistas, las fuerzas policiales no reprimirán ninguna protesta de importancia sin una orden política expresa. El protocolo, así, no es más que una señal para mostrar a lo que el Poder Ejecutivo está dispuesto, y una bastante poco creíble: agarrame que lo mato.

Pero entonces, también, el protocolo es inviable. Es inimaginable que la Policía, por más vitoreada que haya sido en el acto de asunción presidencial, reprima todos los impedimentos al tránsito. ¿Reprimiría la Ministra a la turba que festejará la Cuarta Copa del Mundo? ¿Detendría a los maratonistas, reincidentes obstructores de arterias urbanas? ¿Se incluirá la Ministra a sí misma en los registros de infractores, reconociendo sus protestas contra la cuarentena en el medio de la Avenida 9 de Julio o apoyando a los productores agropecuarios en el lejano 2008?

El protocolo, podría decirse, no busca reprimir estas situaciones. Sin embargo, la sola existencia de estos ejemplos muestra que antes de decidir la represión, la política indagará acerca de las causas del corte y decidirá si fue realizado por argentinos de bien o, por el contrario, por la casta queriendo conservar sus privilegios. De hecho, al crear un registro de infractores, al protocolo se le escapa el inconsciente y ejemplifica con gremios, no con clubes de fútbol. Incluso si confiamos en quienes ejerzan estas decisiones, es evidente que el protocolo no puede cumplir con la generalidad que promete. Como hasta ahora, algunos cortes serán reprimidos, otros tolerados, y aun otros celebrados. Acaso habrá que preguntarse si el Gobierno reprimirá a su propia Plaza del Sí si algún día ésta existe.

El protocolo, de todos modos, no es inocuo. Al anunciar una política de represión de la protesta, el Gobierno le hace saber a las fuerzas policiales que contarán con su respaldo al reprimir manifestaciones y por los eventuales excesos que se cometan en este cometido. Visualizar cómo podría verse esta habilitación no nos exige utilizar nuestra imaginación, sino tan solo nuestra memoria. En la Argentina, la mala imagen de la policía no se debe a que seamos progresistas incurables, sino a una larga historia de arbitrariedades, discriminación y brutalidad que deberíamos intentar revertir más que fomentar. El protocolo, por ejemplo, puede servir como una defensa penal para policías violentos. “La Ministra me dijo que reprimiera, y yo reprimí”. La defensa de “obediencia debida” es improcedente en situaciones de clara ilegalidad, como una orden de torturar a un preso político. Pero, en situaciones moralmente menos claras, es difícil argumentar que un gendarme debe tener claro que un protocolo tiene menor jerarquía normativa que la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Un protocolo que autorizara a disparar por la espalda a alguien que huye no hubiera convertido lo que hizo Chocobar en legal, pero le habría dado argumentos para una defensa penal más sólida.

Es de prever que el protocolo antipiquetes irá a parar a la larga lista de fracasos argentinos. Como ya viene ocurriendo, la política decidirá en cada caso qué postura adopta frente a cada manifestación, evaluando si se trata de una protesta sincera o una maniobra extorsiva. Según el caso, reprimirá, negociará o protegerá. En el medio, esta pantomima de generalidad ratificará que las normas no están hechas para cumplirse sino, a lo sumo, para habilitar el ejercicio del poder cuando conviene. De este protocolo, en definitiva, volveremos peores: igualmente poco dispuestos a dejarnos limitar por la ley, pero, esta vez, más violentos.

La muerte de Morena, de 11 años, tras ser asaltada cuando caminaba hacia su escuela, reflejó, una vez más, la falta de respuestas de la dirigencia política en materia de seguridad. Todos los partidos políticos suspendieron sus actos de cierre de campaña, a modo de duelo, pero, probablemente, también como forma de no tener que decir mucho sobre un crimen que salpica a todos. El mal manejo municipal es evidente ya en el hecho de que está en funciones un intendente interino, Diego Kravetz, debido a que el intendente electo, Néstor Grindetti, se tomó licencia para presidir un club de fútbol. La reacción de Kravetz ante el hecho consistió en señalar como responsable del delito a un chico de 14 años, pero la participación del menor fue desmentida rápidamente por la fiscal del caso. Al nivel del gobierno provincial el delito también representa un problema, dado que sucedió en jurisdicción de la policía bonaerense. En el plano nacional, está claro que el abandono de zonas carenciadas no puede escindirse de la situación económica del país. Ante la dificultad para dar explicaciones serias, lo que proliferó fueron los pedidos genéricos de justicia, fácilmente traducibles como “castigo a los responsables”.

Este tipo de reacción genérica no es una novedad. Hace tiempo que los principales partidos políticos convergen en discursos de mano dura ante los delitos más frecuentes en barrios carenciados: hurtos y robos (el garantismo penal aparece cuando hay que defender a algún empresario amigo o respaldar la violencia policial). Que la mano dura sea la respuesta, por ejemplo, del bullrichismo, no sorprende: al fin y al cabo, la suya es una plataforma expresamente de derecha. Lo que quizás sí es más llamativo es cómo dirigentes políticos con otras ideologías también se suben al tren punitivista en materia de seguridad.

La desesperación de Larreta por mostrar que su intransigencia con el delito es igual a la de Bullrich quedó clara cuando le dio el primer lugar en la lista de senadores por PBA a un candidato que defiende la pena de muerte. Otro exponente de que puede haber diversidad de enfoques en muchos temas, pero no en seguridad, es Martín Lousteau. El candidato a jefe de gobierno de la UCR se define como liberal de izquierda, pero propone una ciudad 100% vigilada por cámaras de seguridad: extraño el liberal que propone vivir monitoreado por el Estado. También en la CABA, Leandro Santoro propone mejorar la seguridad con “políticas de shock en zonas calientes”.

La derechización del discurso sobre el delito no es una excepción argentina. Hace tiempo que la criminología detectó cómo partidos en competencia comparten discursos de mano dura y cómo, en muchos casos, fue la izquierda la que llenó las cárceles. Blair y Clinton son los ejemplos clásicos. Una explicación posible de este fenómeno sería que la ciudadanía exigiera unanimemente más dureza penal: castigos más largos, más incapacitaciones, prisiones preventivas por motivos de seguridad. Sin embargo, los estudios disponibles desacreditan esa lectura. Cuando la gente participa en escenarios deliberativos en los que se le da información de calidad, suele pensar políticas públicas y leyes menos severas que las existentes. Además, cuando cuentan con la información real de una causa, las personas suelen ser menos críticas de la labor judicial que al leer los medios de comunicación. A esto se suma que la mayoría de las personas entienden que cuando alguien que delinquió tiene un valor asociacional alto (capacidad de reincorporarse a la sociedad) debe buscarse resocializarlo, y no excluirlo. Naturalmente, hay sectores que piden por soluciones de mano dura, pero nada indica que se trate de toda la población.

Otra explicación del enfoque punitivo hacia el delito por parte de la dirigencia política podría tener que ver con que, más allá de lo que piense la ciudadanía, aumentar el castigo penal funciona como respuesta al delito. Sin embargo, esto no es así. Los estudios empíricos sobre el tema reflejan que aumentar las penas no genera un impacto disuasivo relevante sobre el crimen. Además, el aumento de las tasas de prisionización que se experimentó a nivel mundial a partir de 1970 y que dejó atrás políticas de rehabilitación e inclusión no llevó a una baja del delito, sino más bien lo contrario. En este sentido, un paso por la cárcel excluye a una persona del sistema y le hace difícil reintegrarse a la sociedad al recuperar la libertad, lo que ya de por sí fomenta el delito, al tiempo que facilita la generación de vínculos criminales.

Pero si no es la presión ciudadana y ni la eficiencia de la mano dura, ¿qué fomenta la unificación del discurso político en el punitivismo penal? Una posibilidad es una mala lectura de la realidad. Esto se daría, por ejemplo, si la dirigencia política supusiera que todos pedimos más penas cuando no es así. Algo de esto puede haber, pero tiendo a pensar en que el punitivismo es consecuente con el debilitamiento del Estado, fenómeno que es evidente en la Argentina de hoy. La incapacidad del Estado para abordar muchas temáticas que en algún momento reguló con éxito es evidente. Por ejemplo, hace años que queda clara la incapacidad estatal, más allá de los gobiernos, para controlar la inflación o para redistribuir la riqueza.

En el plano educativo, la educación pública sigue siendo enorme, pero la educación privada, en todos los niveles, se ha convertido en una opción que consideran cada vez más sectores. Lo mismo sucede con la salud, donde la diferencia entre contar con una prepaga y no hacerlo es muy notoria. En este contexto, la seguridad es, quizás, el espacio en el que el Estado aun conserva un dominio más claro: a pesar de la proliferación de mecanismos de seguridad privada, como los barrios cerrados, todavía el Estado es el único que puede imponer un castigo penal y el único apto para brindar seguridad a gran escala. Solo en seguridad el Estado puede justificar con contundencia su existencia y decir “acá estoy yo y te voy a brindar un servicio que no puede brindarte otro”.

Esto, de todos modos, podría explicar por qué la seguridad suele ser un eje constante del discurso público, pero no por qué ese discurso es, a su vez, punitivo: lógicamente, podría enfocarse la seguridad desde otras miradas. Sin embargo, la explicación a la convergencia punitiva es parte del mismo problema: dar respuestas al delito alternativas a la mano dura y de probado éxito requiere una estructura estatal hoy no disponible. A nivel global, lo que más correlación tiene con la baja del delito es la inclusión económica y social: en sociedades con igualdad de oportunidades el crimen es mucho más infrecuente.

Cuando existe redistribución, fomento de la participación política genuina, educación y salud de calidad, planes de desempleo y herramientas similares el delito no es un problema

Cuando existe redistribución, fomento de la participación política genuina, educación y salud de calidad, planes de desempleo y herramientas similares el delito no es un problema. En cuanto a lo que hace específicamente a la seguridad (porque delito siempre hay) lo más eficiente son sistemas que priorizan una alta detección del delito y condenas cortas dictadas con rapidez: lo que disuade no es el miedo a una pena alta, sino el miedo a que te agarren (el caso argentino refleja bien por qué: podemos subir las penas todo lo que queramos, pero es difícil disuadir cuando menos del 1% de los delitos investigados judicialmente, que, a su vez, son muchos menos que los cometidos, terminan en condena). Esto se logra con policías y jueces provistos de recursos y altamente capacitados. Pero, claro, proponer que no haya más crímenes como el de Morena bajando la inflación, redistribuyendo y creando una justicia eficiente sería casi lo mismo como decir “voy a prevenir el delito arreglando el país”. Eso no está en el menú. Lo que por ahora pueden ofrecernos es caerle a los pocos que agarremos con todo el peso posible. Con esto, tal vez todavía nos convenzamos de que el Estado nos cuida y podamos dormir tranquilos un ratito más.

“Así empieza lo malo y lo peor queda atrás”, piensa Beatriz Noguera al estrellar su moto contra un árbol. Tal vez Javier Marías, quien le dio vida al personaje de Noguera, haya pensado lo mismo antes de morir, ayer, a los 70 años. Para quienes seguro que es al revés, y ahora empieza lo peor, es para sus lectores, quienes sabemos que ya no habrá más de esas novelas de las que no podíamos despegar los ojos. Porque el principal problema de leer a Marías era que, al terminar un libro suyo, el próximo que pasaba por nuestras manos parecía una afrenta al lenguaje. La carga de saber que lo próximo que uno leyera iba a ser necesariamente peor que lo recién terminado se compensaba con la esperanza de que Marías escribiese algo más. Hoy, esa esperanza ya no existe. Es el estilo del mundo, sí, pero eso no lo hace menos doloroso.

Es probable que él hubiese perdido hace tiempo la ilusión de que nuestro mundo acelerado entregara algo de interés. Reacio a internet (al que calificaba como “imbecilidad organizada”), al celular y a la computadora, Marías utilizaba máquina de escribir y hasta llegó a amenazar con no escribir más si no conseguía una Olympia Carrera de Luxe cuando se le rompió la última que le quedaba. Era también, de otro tiempo, el tiempo que dedicaba a escribir sus novelas: dos, cuatro, diez años, en un presente en el que los escritores escriben, a veces, más de un “libro” por año. La dedicación se notaba y esperar valía la pena. 

Un símbolo de su desprecio por los tiempos que corren fue su decisión de situar su anteúltima novela, Berta Isla, de 2019, entre los sesenta y los noventa. Usualmente, las historias de Marías transcurrían en los momentos históricos en los que eran escritas. Sin embargo, al final, decidió ir para atrás. Su explicación fue que veía una “desustanciación de la gente”, una menor densidad en las personas de hoy, que le impedía imaginar personajes actuales con la densidad moral que a él le interesaba. Otra muestra de su nostalgia era su evidente admiración por quienes encarnaban tiempos pasados: Francisco Rico, experto en El Quijote, quien aparecía una y otra vez en sus relatos con su desdén contra todo lo posterior al medioevo (Rico respondió al discurso de ingreso de Marías a la RAE), o W.G. Sebald, de quien cuenta que, al pedirle una nominación para un premio, le contestó “Querido Javier: yo no leo autores contemporáneos”.

Hijo de una de las figuras más importantes de la filosofía hispana, Julián Marías, Javier hizo de la hidalguía de su padre en su rechazo al franquismo uno de los principales temas de su obra. Tu rostro mañana, su principal obra, aborda directamente el tema, pero la decisión de los perseguidos de seguir adelante y no victimizarse tras la caída del dictador no falta nunca en sus libros. Esta combinación de entereza política y dignidad que Marías tanto admiraba se contrapone con su obsesión de los últimos años: una sociedad de víctimas, en la que nuestra primera reacción es señalar, buscar culpables, cancelar (“Nadie acepta ya que las cosas pasan a veces sin que haya un culpable, o que existe la mala suerte, o que las personas se tuercen y se echan a perder y se buscan ellas solas la desdicha o la ruina”). Como era de esperar, no callarse le supuso el escarnio de todos los tipos de progresismo que él veía como una reencarnación del totalitarismo (“calla, calla, y entonces sálvate”). Supongo que no pudo importarle menos. Acreedor de todo tipo de galardones, profesor de Oxford y de la Universidad Complutense, académico de la RAE, al igual que su padre, y reverenciado por sus pares (de largo el mejor prosista español, decía Roberto Bolaño), Marías no ganó el Nobel y, con los criterios actuales, probablemente no lo hubiera ganado nunca. Un mundo en el que la corrección política parece ser la medida más relevante al mesurar la calidad literaria no era para él.

No tenemos más a la pluma de Marías entre nosotros, y difícilmente encontremos un sustituto rápidamente. Frente al desasosiego, quizás la respuesta esté en no mirar para adelante, sino para atrás: en no buscar nuestro nuevo libro en las novedades de la librería de la esquina, perdido entre manuales de autoayuda e intentos de políticos de tapar su falta de ideas con obras escritas por escritores vicarios, sino en explorar el mundo literario al que la obra de Marías es una privilegiada puerta de entrada para todos los que no somos literatos pero nos apasiona la literatura. El último gran escritor español nos conduce a través de la obra de Shakespeare, que les da título a sus novelas y marca los dilemas morales que exploran, devuelve a la vida a autores como Donne, Marlowe o Hawthorne, tan esenciales como olvidados, y nos marcá un sinfín de historias que nos llevan de sus libros a muchos otros. Marías descansará en la negra espalda del tiempo, “el interminable tiempo que ni siquiera vacila ni aminora el paso tras nuestro acabamiento, y sigue añadiendo y hablando, murmurando e indagando y contando aunque ya no oigamos y hayamos callado”. De este lado, su trabajo quizás nos ayude a que el indefectible avance de la imbecilidad organizada sea, al menos, un poco más lento.

MA

Son casi las diez de la noche del domingo del primer fin de semana tranquilo en meses, que parecen décadas, cuando empieza a circular un twit de Cristina Fernández de Kirchner: “he instruido a mi abogado para que recuse a los jugadores de fútbol”. Los jugadores de fútbol son Diego Luciani y Rodrigo Giménez Uriburu, el fiscal y uno de los tres jueces que intervienen en la causa en la que la vicepresidenta está más cerca de una condena que, dijo, ya está escrita. De acuerdo con información que se conoció el fin de semana, ambos jugarían en un mismo equipo de fútbol, junto con otros judiciales y personajes de la política.

El daño de esta foto es difícil de calcular. La legitimidad del Poder Judicial, que ya repta en el fondo de las encuestas de opinión pública, sufre un nuevo golpe. Si la vicepresidenta fuera condenada, ya no importarán las pruebas ni las leyes: para una buena parte de la población, habrá sido condenada por dos amigotes que se pusieron de acuerdo en un entretiempo. Y todo esto pasa independientemente de quién tiene razón.

Los políticos de todos los partidos saben que esta situación es insostenible. Y a grandes problemas, grandes soluciones. Se barajan  reformas faraónicas: cambiar el sistema procesal, fusionar fueros y crear más juzgados, cambiar los mecanismos de selección y remoción de jueces y fiscales, ¡ampliar la Corte Suprema a veinticinco miembros! Algunas de estas ideas tienen más sentido que otras, pero todas comparten destino. Una tras otra, naufragan por falta de los consensos políticos necesarios para los grandes cambios.

Quizás, la llave esté en cambiar de enfoque y en reparar en que con poco se puede hacer mucho, en que ciertas cosas aparentemente menores pueden tener efectos muy profundos. Y ya que hablamos de llaves, hablemos de edificios. Porque una explicación muy plausible de por qué se tejen vínculos entre los diferentes actores de los procesos judiciales es, simplemente, porque pasan casi todos los días de su vida en el mismo lugar. El edificio de la avenida Comodoro Py 2002 concentra a todos los juzgados y todas las fiscalías federales de la Ciudad de Buenos Aires, de todas las instancias. La fraternidad deportiva de Luciani y Giménez Uriburu no debería sorprender: fiscales, jueces, defensores oficiales y abogados particulares recorren los mismos pasillos día tras día, pasan por el mismo y único café del edificio, compran en el mismo quiosco. 

Podemos enojarnos con Luciani y Giménez Uriburu, recusarlos si es que se prueba que eran amigos, destituirlos si es que se prueba que cometieron un delito, pero en este contexto lo raro no sería que sean amigos, sino que no lo fueran. Muchos de los jueces y fiscales federales hicieron toda su carrera en ese edificio: desde que entraron como administrativos hasta llegar a ser funcionarios. Son décadas de cruzarse, compartir comidas, gente en común, celebraciones de fin de año. La mayoría de nuestros amigos son las personas que nos cruzamos en los ámbitos que habituamos: compañeros de trabajo, de facultad, de colegio. De hecho, hasta la aparición de las apps de citas, los lugares de trabajo eran el principal lugar en el que se formaban parejas (y tampoco es infrecuente que los que trajinan Py se casen entre ellos).

Cuando haya bajado la espuma de este caso (sin dudas importantísimo) tendremos que pensar qué vamos a hacer para separar, en los hechos, a los jueces de los fiscales. El profesor Martín Böhmer insiste hace años, con razón, en que un buen comienzo sería regular su participación en actividades académicas (prohibiéndoles dar clases, o, si esto es demasiado, al menos impidiendo, por ejemplo, que un fiscal sea titular de cátedra de un adjunto que es juez y ante el que en algún momento tendrá que alegar). 

Aquí proponemos, para arrancar, algo más simple: ¿y si nos deshacemos de Comodoro Py? No el concepto “Comodoro Py”, no la famosa corporación judicial: el edificio. Usémoslo para otra cosa (digamos, el hospital de niños que se iba a hacer en el Sheraton que está a unas cuadras). Y que los jueces vayan a su edificio, los camaristas a otro, los fiscales a otro, los defensores a otro. Que tengan culturas de oficina diferentes, chusmeen sobre cosas distintas, no se lleven un tupper para almorzar juntos. 

Hace algunos años, la concentración de la justicia federal en Comodoro Py podía llegar a justificarse en facilitar que los abogados particulares puedan ir a ver todos sus casos en un solo viaje y en agilizar la interacción formal entre las distintas partes e instancias de un proceso. Hoy el expediente es electrónico; la enorme mayoría de las presentaciones se puede realizar desde una computadora con internet. Si abogados que cobran cientos de dólares la hora siguen yendo a Comodoro Py no es para llevar un escrito, sino para cruzarse con jueces y fiscales con los que hacer buenas migas que luego serán su principal activo.

Esta propuesta ni siquiera implicaría un gran costo: la cantidad de recursos podría no variar, sino simplemente habría que reubicar a los funcionarios en los distintos edificios que ya existen. Una incomodidad tal vez, y tal vez una que importune temporariamente a quienes ya han construido su vida alrededor del mítico edificio. Pero en el largo plazo nos beneficia a todos. A nosotros, porque tendremos una Justicia así sea un poquito más imparcial. Y a jueces y fiscales porque les permitirá ir a jugar al fútbol tranquilos con sus compañeros de trabajo.

MA/SG

Pasan los minutos, el gol no llega y hace rato que River está sin ideas. Todo parece perdido cuando Barco se va por la derecha, engancha, tira el centro y Suárez mete el cabezazo salvador. La serie está uno a uno y el Monumental se viene abajo. Pero la euforia entra en un impasse: el árbitro frena el saque del medio y va a ver el VAR; son casi diez minutos de zozobra, nadie sabe qué mira el juez. No pareció offside y no hubo ninguna falta previa. Sin embargo, Tobar anula el gol. La agonía del partido está atravesada por un sentimiento de injusticia. En la salida de la cancha la gente mira fotos y videos. Las imágenes son increíblemente confusas: desde un ángulo parece mano, desde otro no. La discusión sigue en los medios y es el tema de los próximos días. Algunos no vemos la mano, otros sí.

Es casi una obviedad que cada uno interpreta los hechos del mundo de acuerdo con su conveniencia o, más precisamente, su identidad. En un fenómeno que los psicólogos llaman “razonamiento motivado”, nos inclinaremos a aquella interpretación de los hechos que mejor se ajuste a nuestras creencias y sentimientos previos. Pero hace falta irse a la psicología experimental moderna: nuestra propia sabiduría criolla nos da varios ejemplos de esta tendencia, como cuando nos recuerda que “el ojo del amo engorda el ganado”.

Uno de los experimentos más conocidos sobre este fenómeno involucra, precisamente, un evento deportivo. En 1951, se enfrentaron, como tantas veces, los equipos de fútbol americano de las universidades rivales Princeton y Dartmouth. Era un partido particularmente importante: era el último de la temporada, y Princeton deseaba mantener su invicto y la reputación de su mejor jugador, que acababa de aparecer en la tapa de la revista Time. El encuentro estuvo tan cargado de emoción como de faltas: uno de los jugadores de Princeton (el que había salido en la revista Time) tuvo que retirarse con la nariz rota, uno de los de Dartmouth, con una pierna rota. Princeton fue sancionado 25 veces, Dartmouth, 70. Finalmente, Princeton ganó.

Un equipo de psicólogos, sin embargo, observó algo curioso: las versiones de los diarios de ambas universidades diferían. Para el periódico estudiantil de Princeton, Dartmouth comenzó a jugar sucio, desesperado por estar perdiendo. Para el de Dartmouth, los jugadores de Princeton comenzaron a jugar sucio en venganza por lo que le pasó a su jugador estrella. Estos psicólogos, entonces, aprovecharon la oportunidad para hacer un experimento. Reclutaron a estudiantes de ambas universidades y les mostraron los mismos fragmentos del partido, preguntándoles luego qué faltas veían (no sólo qué opinaban, o qué querían: les pedían que contaran las faltas que veían). El resultado, a esta altura, es previsible: los de Princeton veían las faltas de Dartmouth, los de Dartmouth veían las de Princeton. Sencillamente, vivían en mundos diferentes.

Hace unos años, otro equipo de investigadores replicó este estudio en un contexto más cercano al nuestro. Tomaron el video de una protesta y se la mostraron a grupos conservadores y progresistas en los Estados Unidos. A algunos, les decían que se trataba de una protesta de grupos pro-vida contra una clínica que practicaba abortos; a otros, les decían que se trataba de una protesta de grupos progresistas contra un centro de reclutamiento del ejército por su política contra los grupos LGBT.

Nuevamente, ocurrió lo que uno esperaría. Los progresistas percibían que la protesta progresista había sido pacífica y legítima, que nadie había sido amenazado ni violentado, que no había habido disturbios ni daños a la propiedad. Por supuesto, cuando veían la protesta conservadora, inmediatamente la percibían como violenta, amenazadora y destructiva. Exactamente lo inverso ocurría con los espectadores conservadores. Y no se trata solo de opiniones. Por ejemplo, una de las preguntas era si uno de los participantes de la protesta había escupido a un transeúnte, lo que no se veía muy claro en el video. Obviamente, el enemigo escupía, el enemigo solo estaba gritando. De nuevo: todos estaban viendo exactamente el mismo video.

Los hinchas de Dartmouth nunca se pondrán de acuerdo con los de Princeton, los conservadores seguirán viendo algo distinto que los progresistas y nunca consensuaremos si fue o no mano. Los hinchas de River recordaremos que nos anularon un gol válido; los velezanos sostendrán que la tecnología los salvó de árbitros que siempre favorecen a los equipos grandes. Pero el sentimiento de injusticia que atraviesa Núñez tiene un motivo adicional. En el último minuto del partido, un defensor de Vélez pareció pegarle un codazo a un delantero de River. El banco millonario y la cancha entera le pidieron a Tobar que también ahí fuese al VAR, pero no fue. Nadie entendía por qué el árbitro revisó la primera jugada, ni por qué no revisó la segunda. A la percepción de que se tomó una decisión objetivamente equivocada se sumó la sensación de que el proceso de decisión fue arbitrario. 

En la medida que nuestras identidades condicionen nuestras perspectivas seguiremos habitando nuestros propios mundos. Sin embargo, las decisiones deben tomarse y deben ser las mismas para todos: la mano se cobra o no se cobra, el acusado cometió o no cometió el homicidio. El derecho deberá darnos una respuesta: no podrá hacer que todos veamos lo mismo, pero sí puede ayudar a que percibamos que la decisión a la que se llegue se tomó de la forma lo más neutral y justa posible. Esto excede el fútbol. Sin ir más lejos, en un presente en el que algunos ven procesos judiciales donde otros ven persecuciones políticas y en el que algunos ven mártires en quienes otros ven delincuentes, que las respuestas jurídicas tengan lugar en procesos transparentes puede ser un primer paso para que nuestros razonamientos motivados encuentren hechos en los que anclarse para, al menos por un ratito, al menos estar hablando de lo mismo. Aunque veamos todo distinto, podemos estar de acuerdo en una cosa: no querer que nuestro futuro lo decida Tobar.

MA/SG

La invención de la birome es el típico hito que a los argentinos nos enorgullece. Y tanto estiramos nuestros logros que, casi ochenta años después de la creación de Lászlo Biró, el bolígrafo fue el eje del debate político del fin de semana. Todo comenzó el viernes por la tarde, cuando Cristina Kirchner le pidió a Alberto Fernández que “empiece a usar la lapicera con los que tienen que darle cosas al país”. La alusión fue a la demora de Techint en la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, obra a su cargo dirigida a revitalizar Vaca Muerta. La respuesta no tardó en llegar: el Ministerio de Producción difundió un mensaje en off que atribuyó la parálisis del gasoducto como producto de que “los funcionarios de Cristina… no usaron la lapicera como corresponde”, al armar su licitación a la medida de Techint.

Esta disputa excede el caso concreto y refleja dos situaciones más generales del funcionamiento de nuestro país. Por un lado, el pedido de Cristina a Alberto se enmarca en la percepción de que muchos funcionarios públicos buscan evitar firmar (tomar decisiones) por miedo a generar malestares y, principalmente, a ser carne de cañón de acusaciones penales. Estos, en la retórica cristinista, serían los funcionarios que no funcionan. Por otro lado, la contestación en off desde Producción muestra algo que pasó en gran medida desapercibido: ciertos grupos económicos siguen siendo intocables. 

Viernes: biromes asustadas

 Durante el kirchnerismo, Cristina y sus ministros fueron denunciados 745 veces. En los cuatro años de su gestión, Macri acumuló 145 acusaciones. A diferencia de lo sucedido en otros periodos, las causas avanzaron: entre los casos más resonantes, Cristina Kirchner fue procesada más de 10 veces y hasta se ordenó su detención y el ex vicepresidente Amado Boudou fue condenado y preso. Mauricio Macri fue procesado en 2021 y algunos miembros de la cúpula de su gobierno también enfrentan procesos penales. 

Durante el kirchnerismo, Cristina y sus ministros fueron denunciados 745 veces. En los cuatro años de su gestión, Macri acumuló 145 acusaciones.

Además, las persecuciones penales no se limitaron a dirigentes de primera línea (presidentes, ministros), sino que alcanzaron a funcionarios de rangos menores (secretarios, subsecretarios, directores). Para este segundo grupo de personas, la situación es especialmente dramática. Nadie sabe quiénes son los subsecretarios de Estado, menos los directores, menos los empleados. Con los salarios estatales, estas personas no pueden acceder a ningún estudio jurídico de alto rango sin rematar todos sus bienes y nadie los defenderá “por chapa”. Como nadie los conoce, tampoco pueden defenderse públicamente. Las causas judiciales duran años y corroen vidas por la ansiedad que provocan y por algunas de las consecuencias del proceso, aun si terminan en sobreseimientos o absoluciones. Por ejemplo, un procesado por delitos contra la administración pública no puede ejercer cargos públicos, que son muchas veces el único trabajo que tuvieron estas personas.

Entonces, si los ministros y presidentes están asustados, los que tienen abajo están asustadísimos. En una nota ayer, Claudio Scalleta habló de “el temor paralizante de muchos funcionarios de ser perseguidos judicialmente por sus actos de gobierno”. Ya de por sí grave en el caso del presidente, cuando la disfunción del nervio radial atraviesa las capas del Estado el problema pasa a ser gravísimo: aunque no pongan la cara, los que hacen suelen ser los que no vemos, funcionarios y empleados que diseñan y ejecutan políticas públicas. Si tampoco ellos firman, la gestión se detiene. 

La arenga de la vicepresidenta a sacarse el miedo y firmar (que leída en conjunto con otros discursos es también un mensaje al funcionariado oficialista en general: “hagamos, porque si no perdemos”) muestra el efecto psicológico de la criminalización de la política. Más allá de los procesamientos, condenas o prisiones preventivas, las causas contra funcionarios públicos parecen haber generado un halo disuasivo en el Estado: la perspectiva de enfrentar un proceso penal refrenaría la gestión gubernamental. En algunos casos, esto puede ser positivo: mejor que los funcionarios piensen dos veces antes de firmar cualquier cosa. En líneas más generales, el detenimiento estatal en un contexto de pobreza extrema, inequidad y catástrofes sanitarias es muy preocupante.

Lo cierto es que el miedo parece estar dejando a las BICs de algunos escritorios estatales con la tinta intacta.

La arenga de la vicepresidenta a sacarse el miedo y firmar muestra el efecto psicológico de la criminalización de la política

Sábado: biromes irrefrenables

El sábado empezó con el ya clásico sticker de Alberto demacrado y pensando “qué pasó ahora”. Parte de la política leyó el mensaje difundido desde Producción como una operación sucia dentro de la interna gubernamental. Otra alteró “que se haya difundido en off es lo de menos, es una denuncia a funcionarios públicos”. Lo que pocos destacaron fue al beneficiario de la licitación, Techint. Esta omisión muestra el otro lado de la birome.

Como cuenta la nota de Emilia Delfino que publicó ayer elDiarioAR, la multinacional ítalo-argentina fue investigada por delitos vinculados a la obra pública en Italia, Estados Unidos, Brasil y Argentina. Una y otra vez, la empresa y sus principales figuras sortearon las causas penales, aun cuando hubo funcionarios que admitieron haber recibido sobornos de la compañía y directivos que reconocieron haberlos pagado. Las consecuencias, por ahora, fueron solo civiles: multas menores a las ganancias que la empresa habría obtenido por las maniobras ilegales.

El caso de Techint y sus peripecias globales explica que las lapiceras de ciertos grupos empresarios tengan una actividad inversamente proporcional que las de los funcionarios estatales. Está claro que las persecuciones judiciales les pasan muy lejos y que, aun si se prueba que cometieron actos de corrupción, tienen medios de sobra para sortear o enfrentar las consecuencias. Quizás el caso más emblemático fue el de la crisis del 2008 en Estados Unidos: aun cuando se comprobó que el colapso de Wall Street fue, en gran medida, causado por maniobras delictivas de directivos empresarios, solo un ejecutivo de segunda línea fue preso. La mayoría fueron despedidos, pero con indemnizaciones millonarios y sin consecuencias penales. 

A esto se suma la imagen cultural del empresariado, muy distinta a la de la política. Ya en 1949, en su libro “El delito de cuello blanco”, Edwin Sutherland marcaba cómo los crímenes corporativos eran usualmente vistos, simplemente, como muestras de peripecia o como avivadas. En el cine y la televisión, el empresario poderoso y sus maquinaciones e intimidaciones son presentadas como pintorescas o hasta heroicas (Suits, El lobo de Wall Street, Succesion). Incluso los propios empresarios que cometen crímenes no suelen considerarse a sí mismos como delincuentes (la evasión como un acto de resistencia ante un Estado opresor). Esto se traduce en la práctica jurídica: en la causa “cuadernos”, por ejemplo, los empresarios arrepentidos son imputados que mutan casi en víctimas y declaran que colaboraban “porque el sistema era así” y no porque ellos también obtenían enormes ganancias. En la mayoría de los casos, ni hace falta hacer esto, ya que no se concibe la delincuencia empresarial. Hoy, por ejemplo, algunos dirigentes de JxC denunciaron a funcionarios de IEASA por el “Kulfasgate”, pero no a Techint y sus directivos.

Naturalmente, también colaboran los entramados de poder, la escasa cobertura mediática, el lobby empresarial, los lazos familiares o de amistad entre empresarios y políticos de todos los signos y, principalmente, la posición de poder de estas empresas, que las pone en una situación de intangibilidad. Si son monopólicas, todo gobierno estará obligado a negociar con ellas y no habrá incentivos a denunciar. 

Con un gobierno u otro, las BICs (o, quizás, sean Mont Blanc) corporativas están siempre en uso.

El diario del lunes: biromes en peligro y biromes seguras

El cuadro final muestra a funcionarios que no usan la birome por (justificado) miedo y a empresarios que la seguirán usando por (justificada) tranquilidad ante las potenciales consecuencias legales, aún si su uso es irregular. Desde Bentham, la disuasión es una de las principales funciones que se le asignan al castigo penal: que en un cálculo costo beneficio, el potencial criminal opte por no delinquir ante el peligro de una sanción penal. Los estudios recientes muestran que la disuasión depende de tres factores: la posibilidad de que haya un castigo, la velocidad con que se imponga y el monto de ese castigo. Los tres son importantes, pero los primeros dos lo son aún más: si la pena que prevé el tipo penal es alta, pero sé que las chances de que me castiguen son casi nulas, o que será en veinte años, el efecto de la disuasión será menor. A la frase de CFK del viernes la subyace la sensación de que la disuasión tiene un fuerte efecto en la política actual: ha habido castigos, ha habido prisiones preventivas y hasta ha habido condenas, y esto hace temblar muchas manos. Lo desapercibida que pasó la mención a Techint en el mensaje en off del Ministerio de Producción (los apuntados por potencial corrupción fueron solo funcionarios) muestra que en el mundo empresarial de primera línea la sensación es la inversa: el primer cálculo que haría cualquier empresario es que, si los ejecutivos no van presos, no son objeto de escarnio público y, de última, si los problemas se arreglan con una multa, el beneficio de un delito será siempre más alto que el costo.

MA

“¿Villa? ¿Otra vez? Mañana jugamos la semifinal de la liga, no puede ser. Tiene que ser una opereta de Angelici. Y aun si no lo es, ¿para algo está el principio de inocencia, no? Tampoco le vamos a exigir a Boca que haga de juez penal.” Desde que el viernes pasado salió a la luz una nueva denuncia contra Sebastián Villa, un garantismo enfervorizado atravesó las redes sociales, las declaraciones de dirigentes del club de la ribera, de algunos hinchas (no todos y mucho menos todas, claro) y de ciertos penalistas iluminados. Parecía que el jurista estrella de Boca era Rosatti, con su tratado de la historia azul y amarilla: sorpresa, es Zaffaroni.

Los argumentos que más se usan para sostener que Boca no tiene que tomar ninguna medida contra Villa, no solo porque no le convenga, sino porque es lo que corresponde, son los dos parafraseados al principio de esta nota. El primero es que el club tiene que respetar el principio de inocencia. El segundo, que el empleador no tiene que meterse en conductas del empleado fuera de su ámbito de trabajo. Aunque similares, son dos argumentos distintos. El que hace alusión al principio de inocencia es directamente erróneo (el derecho no es solo opinión, como pretenden sofistas y vagos, hay argumentos que están mal). El segundo puede tener cierto sustento jurídico, pero es endeble, y moral y políticamente cuestionable.

La presunción de inocencia es uno de los principios más antiguos del derecho. En su definición más restringida (propia de los países anglosajones) no implica más que el hecho de que la carga de la prueba en un proceso penal le corresponde a la acusación, y que, para condenar a alguien, debe considerárselo culpable “más allá de toda duda razonable”. En nuestros lares, la presunción supone algo más: que nadie puede ser tratado como culpable antes de ser condenado penalmente. Esto se explica desde dos perspectivas. Por un lado, la del ciudadano, que cede su poder al Estado, pero le dice “solo me podés condenar por esta lista de cosas, para hacerlo tenés que probar mi culpabilidad con certeza y, hasta que no lo hagas, seré inocente igual que mis conciudadanos”. Por otro lado, la del Estado, para quien la presunción de inocencia es una expresión de su autoridad soberana: como el que manda soy yo y presumo que la población me obedece, voy a sostener que todos cumplieron mis leyes hasta que se demuestre lo contrario.

Esta definición general requiere varias aclaraciones. Para empezar, la presunción de inocencia es estatal. Es el Estado el que no puede tratar a alguien como culpable, ya que es el Estado el que condena y a quien le cedimos nuestra autoridad. Pero la presunción no se extiende necesariamente a privados. Boca no es el Estado y no tiene ninguna obligación de aplicar el principio de inocencia, así como tampoco tiene la potestad de condenar penalmente a Villa. 

A esto se le suma algo más: el tratar a alguien como inocente refiere a lo que pasa en el proceso penal y a no imponer medidas restrictivas de la libertad de una persona hasta que haya una condena, pero no es una máxima general que tenga que aplicarse a todas las áreas de la vida. Por ejemplo, la ley 25.164 prohíbe que quienes están procesados por delitos contra la administración pública puedan ejercer cargos públicos. Esta disposición tiene su razón de ser: el proceso penal avanza a medida que la probabilidad de que alguien haya cometido un delito avanza. Se empieza con una sospecha y se termina con una condena, pero hay pasos intermedios: por ejemplo, el procesamiento requiere lo que se conoce como “probabilidad positiva” de la comisión del delito. Frente a esto, es lógico que el Estado le diga a una persona: “yo no te voy a tratar como culpable, pero tampoco quiero que trabajes para mí si hay probabilidad positiva de que me hayas robado”. 

Por este motivo, si la postura de Boca fuese “sé que la presunción de inocencia es estatal, pero quiero hacerla extensiva al club y esperar a ver que dice la justicia” el razonamiento también sería endeble. ¿Por qué? Porque la reciente denuncia a Villa, en la que se lo acusa de violación e intento de asesinato, se suma a una primera, en la que se lo imputó por golpear a su ex mujer y que está en condiciones de ir a juicio oral (en otras palabras, hay todavía más que probabilidad positiva, aunque menos que certeza, de que esto haya pasado). De este modo, la justicia ya dijo algo y es que hay indicios fuertes de que el jugador haya cometido un delito grave. Aun así, Boca podría decidir creerle al jugador o simplemente no intervenir, pero lo que no puede es fundar esta decisión en la aplicación del principio de inocencia, que ni ata al club ni es absoluto.

Así llegamos al segundo argumento, esbozado por el vicepresidente de Boca, relativo a que el club no debe meterse en la vida privada de los futbolistas. Esta puede ser una postura válida, pero es problemática. Es cierto que la Ley de Contrato de Trabajo solo habilita la suspensión de un trabajador si se dictó su prisión preventiva o si la acusación se hace en el marco de la relación laboral. Pero esto es un tecnicismo, ya que hay muchas otras cosas que Boca podría hacer. Algunas más extremas, como rescindirle el contrato, otras menos, como no ponerlo de titular o sacar un comunicado genuino en el que expresase cierta preocupación, y no solo que el tema fue remitido al Departamento de Inclusión (que recién ayer emitió un comunicado en el que dice estar a disposición de la justicia y de la víctima, pero que, hasta el momento, no fue replicado por las principales redes del club). Boca no está obligado a dar ninguno de estos pasos, pero hay motivos para que lo haga. Uno es que Boca no es solo un club de fútbol, ni es una sociedad anónima. Es una sociedad civil, que en el artículo 1 de su Estatuto fija como propósito: “Propulsar el desarrollo integral de la cultura física, social, moral e intelectual de sus asociados”. Pero, más allá de esto, clubes como Boca o River tienen un rol central en el desarrollo de nuestra cultura cívica. Son instituciones con millones de hinchas, cuyos mensajes cruzan fronteras, clases sociales y géneros. 

Hace ya ochenta años que la criminología insiste en la importancia de los clubes como creadores de valores para reducir el delito. En este sentido, es cierto que Boca no está obligado a meterse en la vida privada de sus jugadores, pero también lo es que moral y políticamente tiene el potencial de transmitir mensajes sociales valiosos. Esto no supone suspender o no poner a Villa, pero quizás expresar preocupación y regular ciertos comportamientos: por ejemplo, educar al jugador en cuestiones de genero para que no se defienda en las redes sociales con alusión a un relato que es una metáfora de una violación. Además, si la regla es no meterse en la vida privada, es paradójico que dos días después el club felicite a Villa por su cumpleaños (un ámbito de la vida privada) como si nada hubiera pasado, a la vez que es provocador señalar que lo único que puede hacer Boca con él es “sacarse el sombrero”.

Es cierto que Boca no está obligado a meterse en la vida privada de sus jugadores, pero también lo es que moral y políticamente tiene el potencial de transmitir mensajes sociales valiosos

Al final del camino, cuando los argumentos legales son erróneos y los morales cuestionables, lo que queda es la sensación de que no estamos ante una discusión sincera de un tema central (cómo reaccionar ante este tipo de casos), sino ante los intentos de los directamente interesados de no perder a un futbolista que vale millones de dólares, y frente al oportunismo de cierto progresismo que cuando lo progresista pasó a ser mainstream busca ser transgresor como sea.

MA

Éramos pocos y parió la abuela: como si faltaran temas de los que ocuparse, esta semana comenzó a debatirse en el Congreso la ampliación de la Corte Suprema. En el undécimo aniversario de la recesión argentina, tal vez pueda parecer una discusión sin sentido. Sin embargo, no deberíamos apresurarnos en ridiculizarla. Según una reciente encuesta de la Universidad de San Andrés, el Poder Judicial argentino se encuentra en el subsuelo de la legitimidad social. Más despacio: los jueces argentinos (es decir, aquellos encargados de solucionar nuestras disputas de modo pacífico y consistente) son los actores de la vida pública con la peor imagen pública del país, por debajo de periodistas, políticos y sindicalistas. La Corte, sin ir más lejos, pasó en tres años de ser duramente acusada de peronista por el macrismo a ser duramente acusada de macrista por el peronismo. Ok: tenemos un problema serio del que ocuparnos. Pero, ¿ampliar la Corte apunta a resolverlo? Veamos, entonces, qué problemas y qué soluciones identifican quienes proponen la ampliación.

Una primera y constante obsesión es la de los miles de causas que debe resolver la Corte anualmente, ya que revisa sentencias de todos los tribunales del país. Con ese flujo de trabajo, se nos dice, nuestra Corte no tiene más remedio que tomarse largos años para decidir y, por si fuera poco, no puede concentrarse en el centenar de casos que son realmente importantes. Ampliar la Corte, continúan, permitiría dividirla en “salas” especializadas que puedan repartirse el trabajo.

Es interesante detenerse en lo que este argumento deja de lado. Primero, como alerta uno de los proyectos en danza, más de la mitad de las 28 mil causas por año que llegan a la Corte son recursos en causas previsionales. Son causas en las cuales la justicia le reconoce a un jubilado lo que le correspondía y el Estado no le pagó. La ANSeS apela estos fallos para postergar su pago hasta llegar a la Corte, que los resuelve de a cientos. Pensemos en explicarle esto a un marciano: ¿cómo resolvemos el problema de la población pasiva en la Argentina? ¡Muy simple! Tenemos una oficina (el Congreso) que fija un monto para los jubilados, otra (la ANSeS) que les paga cualquier otro monto, y un montón de otras oficinas (los jueces de todo el país) ante la cual reclamar cuando la segunda oficina no obedece a la primera. El marciano lo pensaría un rato y nos diría que si la ANSeS dejara de apelar los juicios contra los jubilados, se despejaría la mitad del trabajo de la Corte (o propondría tal vez que el Estado pague lo que corresponde desde el principio, pero claro, es marciano, no tarado).

Más de la mitad de las 28 mil causas por año que llegan a la Corte son recursos en causas previsionales. Son causas en las cuales la justicia le reconoce a un jubilado lo que le correspondía y el Estado no le pagó

Es verdad, nos dirán, pero todavía nos quedan unas 13 mil causas, suficientes para distraer a los cortesanos de las cosas relevantes y para privar a la gente de una respuesta de calidad. Lo primero no parece verificarse en la realidad. Como dijo un ex juez de la Corte al exponer en el Senado, las causas que tratan sobre temas mundanos son proyectadas por la burocracia de la Corte y firmadas por los jueces sin leerlas, con la sola pregunta “¿hoy estamos sacando algo importante?”. En cuanto a lo segundo, se critica que la enorme mayoría de las causas son rechazadas en dos líneas, en las que la Corte dice “esto no es tema nuestro”, sin más fundamentación. Pero tampoco está claro que haya aquí un problema genuino: antes de la intervención de la Corte hubo dos o tres instancias previas, en las que las partes recibieron una explicación de por qué ganaron o perdieron. No existe, contra lo que parecen creer algunos, un derecho a que a nuestra causa la resuelva la Corte Suprema.

Otras voces eligieron no alzarse contra el flujo de causas, sino contra la estructura que debería tener la Corte para cumplir mejor su rol: no es lo suficientemente representativa, o no es lo suficientemente federal. Estos argumentos también causan alguna perplejidad. 

¿Qué significa que no sea lo suficientemente federal? Aparentemente, a pesar de que los jueces de la Corte son aprobados por dos tercios del muy federal Senado, debería haber en ella menos porteños y más provincianos (como quienes escriben esta nota). Sin embargo, este argumento es contradictorio con el de la cantidad de causas. Hoy, el noventa y tantos por ciento de las causas que llegan desde los tribunales provinciales son rechazadas sin más trámite. Es decir: la Corte permite que sean las provincias las que, a través de sus respectivos jueces, decidan sus cuestiones internas. Preparar a la Corte para resolver más causas es, entonces, armarla para revisar más sentencias provinciales. En nombre del federalismo, lo que se propicia es una constante intervención en los poderes judiciales desde el Estado federal y en Buenos Aires (eso sí, mientras escuchamos al Chaqueño Palavecino).

¿Qué significa que no sea lo suficientemente representativa? “¡La Argentina tiene 45 millones de habitantes!”, nos dicen, “¡un país tan rico, vasto y diverso no puede ser representado por sólo cinco jueces!” Entonces, nos proponen nueve. Es decir, en vez de un juez cada 9 millones de habitantes, uno cada 5 millones. Ahora sí quedaría representada la magnífica diversidad de la Argentina. Una vez, hablando de la Conmebol, Daniel Osvaldo se quejó amargamente: “cinco gordos de traje en un escritorio se robaron la ilusión de mi sobrino”. No sabemos si se hubiera contentado con nueve. Nosotros no: ya tenemos una institución pública en la Argentina que representa, con imperfecciones pero con ahínco, la diversidad de nuestro país. Se llama Congreso Nacional.

Y aquí deseábamos llegar. Los sucesivos oficialismos han criticado, una y otra vez, el rol de la Justicia en el diseño de políticas públicas. Y puede que tengan razón: ya hemos hablado en esta columna sobre la excesiva judicialización de los temas públicos. El problema no es que la Corte no sea representativa, sino que asuma un rol que debería ser de los representantes. El problema no es que no sea federal, sino que asuma un rol que debería ser de las provincias. Si el diagnóstico es que la Corte tiene mucho poder, la solución pasaría por devolver el poder a los lugares de los que no debería haber salido: mejorar nuestros procesos legislativos, mejorar los poderes judiciales provinciales. 

Pero la tentación es más fuerte: ¿ya que tiene tanto poder, qué pasaría si lo usara para hacer el bien? Resolvemos los temas rápido y con la última palabra. Y detrás de las propuestas parece subyacer esta idea: con mayoría de gobernaciones peronistas y la mitad de ambas Cámaras, una Corte federal y representativa le convendría al oficialismo.

Spoiler alert: no le convendría al oficialismo ni a nadie. Este plan, aun ejecutado con buenas intenciones, adolece de dos errores fatales. El primero, es que el poder de la Corte depende de su legitimidad pública. Si la ciudadanía percibe que el tribunal es una dependencia partidaria, habrá dejado de ser un tribunal. Gran parte de la mala imagen actual de la Corte tiene que ver justamente con la percepción de que hace política. Si el objetivo no es evitar esto, sino hacer otra política, será robarse el caballo ganador… cortándolo en pedacitos. 

Si con esto no convencemos a los escépticos, tenemos otro. Los jueces, una vez nombrados, ya no son del gobierno, sino del derecho (o de lo que ellos dicen que es el derecho). Nada nos garantiza que en tres o siete o diez años seguirán pensando igual, o que nosotros lo seguiremos haciendo. La historia de los Estados Unidos está llena de presidentes que declararon que sus elegidos para la Corte Suprema fueron los peores errores de sus gobiernos. La argentina también. Tal vez podamos, por una vez, aprender de la experiencia.

MA/SG