Es mayo de 2024, el colectivo feminista argentino -diverso y extenso como la geografía del país- viene de poner voz y cuerpo en la marcha del 8M y ya está en agenda la preparación previa al 3J, fecha en la que el reclamo de “Ni Una Menos” de 2015 marcó el calendario como un grito perpetuo. El Día de la Mujer, luego de que el vocero presidencial Manuel Adorni anunciara que el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada pasaría a llamarse Salón de los Próceres, circularon frases alusivas en redes sociales reivindicando que “el salón de las mujeres son las calles”. 

“El desafío en este momento es la resistencia”, dice Fabiana Laguna, doctora en Física e investigadora independiente del CONICET. Lo dice como mujer que revisó su propia historia para poder unirse a los movimientos que buscan cambiar las posibilidades de generaciones presentes y futuras. Lo dice como profesora de personas jóvenes que chocan contra barreras que ella ya atravesó pero que traen consigo una sensibilidad renovada por los procesos históricos que acompañaron sus adolescencias recientes. Lo dice como académica que, mientras desarrolla conocimiento para resolver problemas de la población, busca que más personas puedan aportar su experiencia y su mirada para nutrir las soluciones desarrolladas desde el sector científico y técnico a través de la diversidad. Lo dice, también, como ciudadana argentina que acompaña en marchas, escucha y abrazos a personas trabajadoras que cruza en su rutina diaria y deben afrontar situaciones de desempleo y crisis en la misión cada vez más difícil de cubrir los costos de subsistencia. 

El contexto suma ya casi medio año de gestión en el que el gobierno nacional eliminó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad para transformarlo en una Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, prohibió el lenguaje inclusivo “y todo lo referente a la perspectiva de género en toda la administración pública nacional” -con la explícita voluntad de supresión que el término “prohibir” indica y la fuerza de representación que ese anuncio tiene al provenir del máximo responsable político de la administración general del país-, y propuso a través de la Ley Ómnibus la modificación del alcance, objetivo y aplicación de la Ley Micaela, entre otras políticas que encarnan el intento de “evitar la innecesaria inclusión del femenino”, como explicó Adorni refiriéndose al lenguaje inclusivo pero también a todo lo que nombra y garantiza derechos para mujeres y diversidades. 

Ciencia y género

Desde un café próximo al Centro Atómico Bariloche, donde integra el grupo Física Estadística e Interdisciplinaria, Fabiana no necesita remontarse mucho en el tiempo para repasar que en los años siguientes al Ni Una Menos de 2015 hubo una explosión de grupos de mujeres autoconvocadas en distintos espacios del sector científico y tecnológico. Cuando en 2017 la Asociación Física Argentina, de la que Fabiana forma parte desde sus épocas de estudiante, convocó a su reunión anual, hubo un registro y una reacción colectiva inédita al hecho, nada novedoso, de que todas las charlas de la cita federal estarían a cargo de varones. Los reclamos llegaron a la Comisión Organizadora desde distintas partes del país y la solución fue sumar a dos mujeres al plantel masculino. Pero la reacción federal dejaría más que la presencia minoritaria de oradoras y daría origen a la creación de la Subcomisión de Género de la Asociación Física Argentina conformada por mujeres y hombres de todo el país. “Trabajamos en conjunto con otras comunidades científicas que se fueron creando y se lograron muchas cosas de manera colectiva. Hay una red, estamos en contacto”, dice Fabiana y enumera, entre esos logros, un espacio permanente dentro de las reuniones nacionales para actividades exclusivamente de género en el horario central, y al menos un cupo del 30% de mujeres convocadas a dar las charlas en esos eventos (un reflejo del porcentaje de socias). “Probablemente mucha gente no esté de acuerdo con eso, la fuerza de sostenerlo hizo que personas que por ahí nunca hubieran escuchado una charla de género lo hagan, aporten su punto de vista y se vayan con otra mirada sobre quiénes somos las que estamos hablando de género, que somos sus colegas, que además hacemos investigación, trabajamos y le dedicamos tiempo a esto porque nos parece que necesitamos tener una comunidad que tenga otra forma de mirar, que no dejamos de ser buenas científicas por pensar en el género”. De modo institucionalizado, la perspectiva de género comenzó a permear las agendas y las caras visibles de esta Asociación que, no  ha tenido todavía una presidenta mujer en 80 años de historia.   

Experiencias en común y protocolo de acción

“¿De qué color tenés la tanga hoy?”, “Pobre tu jefe, tu compañera lo denunció por maltrato”, “Qué suerte que se llevan bien siendo todas mujeres” o “Las mujeres distraen en el ámbito laboral científico” son algunos de los comentarios recibidos por quienes completaron anónimamente la encuesta “Condiciones laborales de las mujeres en el Centro Atómico Bariloche (CAB) y Complejo Tecnológico Pilcaniyeu (CTP)” en 2019, realizada por la agrupación de Mujeres Trabajadoras del CAB y CTP. El 65% de las mujeres indicaron haber experimentado violencia machista trabajando en el predio del CAB.

Los comentarios inapropiados o sexuales, sobre los cuerpos y la desvalorización del trabajo realizado por mujeres están entre los primeros puestos de escenas que forman parte de sus rutinas laborales. “Las situaciones más extremas son mucho menos corrientes, pero también existen, como por ejemplo casos de asalto sexual; abrazos y besos no deseados; y pellizcos, tocamientos y acorralamientos no deseados”, releva el informe. Ambos organismos dependen de la Comisión Nacional de Energía Atómica, dirigida desde comienzos de este mayo por Guido Lavalle, doctor en Ingeniería, en reemplazo de Adriana Serquis, doctora en Física.

“Nosotras siempre participamos de todas las actividades que se organizan, de la marcha del 8M, de la del 3 de junio. A veces hay personas que nos han manifestado: ustedes trabajan en el Centro Atómico, ahí no pasan estas situaciones de violencia. Sí pasan, igual que en el resto de los lugares. Te sorprendería saber quiénes son las personas que emiten las frases relevadas en la encuesta, no tiene que ver con la formación académica ni con el poder adquisitivo, la violencia de género es transversal”, dice Paula Guiñazú, trabajadora del área de ingeniería química para la producción de flúor y tratamiento de efluentes en el Centro Atómico Bariloche. Paula conoce sobre las experiencias propias y de compañeras desde su lugar de minoría en disciplinas masculinizadas, pero también como integrante del Grupo de Mujeres del CAB que escucha a las que llegan para pedir apoyo y acompañamiento. “Hace unos años hablar de violencia era distinto, más en un ámbito laboral académico”, dice Paula para explicar que, en un comienzo, las propias compañeras de trabajo comenzaron a poner en común situaciones que no sabían aún cómo catalogar pero que pronto descubrieron que eran compartidas. Esa incomodidad y vulneración finalmente se pudo identificar como violencia laboral y fue lo que motivó el relevamiento anónimo para visibilizar las situaciones que se producían en un entorno donde, hasta el momento, no pasaba nada.

Grupos de mujeres de la Comisión Nacional de Energía Atómica que trabajan en distintas partes del país activaron una red y empezaron a elaborar conjuntamente un protocolo para tomar estos casos de violencia y resolverlos.

El intercambio de experiencias y conocimientos y la realidad cotidiana ahora visible en datos duros y testimonios hizo que de la acción colectiva resultara un primer borrador del “Protocolo de intervención institucional ante casos de violencias por motivos de género y/u orientación sexual en el ámbito de las dependencias y anexos de la CNEA”, que finalmente fue institucionalizado y puesto en vigencia a partir de 2023, a días del Ni Una Menos, durante la presidencia de Adriana Serquis. También se conformó un Equipo de Orientación con profesionales como abogadas, trabajadoras sociales, psicólogas apoyado por un Departamento de Mujeres, Géneros, Diversidad e Inclusión Laboral dentro del área de Recursos Humanos. El conocimiento especializado de unas y la experiencia y vivencia de otras hizo que se dimensionara la problemática de violencia por temas de género, se desarrollaran instrumentos para abordarla y se estableciera un equipo de trabajo para prevenir, acompañar y actuar. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, explica Paula, le daba apoyo al Departamento de Género de la Comisión Nacional de Energía Atómica: “No sabemos qué va a pasar en cuanto a las capacitaciones nuevas o con lo que tiene que ver con la Ley Micaela que era lo que se iba a hacer este año”. 

Las vías institucionales dan respaldo, formalizan y extienden el alcance de las políticas de género, pero las redes de pares siguen siendo, para muchas, la primera puerta que se animan a golpear y el espacio seguro para empezar a recorrer un camino que será desafiante pero que se transitará en compañía. “Hay personas que recurren a nosotras por una cuestión de cercanía, si es mi compañera de trabajo capaz viene a hablar conmigo antes de ir a la psicóloga. Por eso empezamos a crear una comisión chiquita interna para tomar nota de lo que nos cuentan, para no exponer a esa compañera, porque no siempre querés contar, porque a lo mejor se trata del compañero de trabajo. Respetamos esta cuestión de que sea confidencial y anotamos la información para pasársela al Equipo de Orientación. Son pequeñas herramientas que vamos adoptando en función de las necesidades que pasa el grupo”, dice Paula. 

Ahora, ¿sí nos ven?

La falta de visibilización de mujeres referentes en ciencia y tecnología es una de las barreras que aleja a las niñas de estas disciplinas desde temprana edad. Ver y conocer a personas que se identifican con el género femenino en roles de liderazgo, en ámbitos técnicos y en puestos de toma de decisiones les muestra a las demás que son caminos posibles para ellas, compatibles con sus elecciones. El poder de la visibilización es determinante incluso para quienes ya tienen los anteojos de género puestos para mirar el mundo circundante. Y si de visibilizar se trata, la agenda feminista que sale a las calles puede llegar a ser el comienzo de una trama que se origina espontáneamente y crece, muta y abre nuevos caminos. La ciudad de Bariloche fue sede del 36º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries en noviembre de 2023 y entre las miles de asistentes hubo grupos del ámbito científico y tecnológico local que se cruzaron, conocieron y crearon nuevas redes. Mujeres de INVAP, Parques Nacionales, INTA, CNEA y CONICET ahora están en diálogo a través de Whatsapp y de encuentros presenciales para compartir acciones, experiencias y miradas sobre las coyunturas que atraviesan en el sector. En INVAP, la empresa propiedad de la Provincia de Río Negro que desarrolla proyectos tecnológicos de alta complejidad para el sector nuclear y espacial a nivel internacional, después del Ni Una Menos de 2015, mujeres autoconvocadas y trabajadoras de la organización armaron la Subcomisión de Género y lograron implementar una mesa mensual de diálogo con gerentes que cumplen roles claves para tratar temas vinculados a cuestiones de género. “La población acá es mayoritariamente masculina. La empresa tiene un porcentaje de mujeres similar a las empresas del rubro, somos el 24%, y la mayoría de las mujeres no estamos en las áreas técnicas”, cuenta Flavia Bértolo, Responsable de Género de INVAP hace tres años. Entre los cambios implementados a partir del surgimiento de la Subcomisión están la ampliación de licencias, una hora extra adicional a la hora por lactancia que también la tienen los empleados varones para favorecer la corresponsabilidad de los cuidados, teniendo en cuenta que hay muchas familias en las que ambas personas adultas responsables trabajan dentro de la empresa. Las políticas de género de la empresa se enmarcan también dentro de una agenda global que ayuda a traccionarlas localmente: “Por ejemplo, una universidad de Estados Unidos, para participar en una licitación de un reactor nuclear, nos pidió el documento de la política de diversidad e inclusión de la empresa y tenía un puntaje altísimo dentro de la calificación”, cuenta Flavia y explica que el mayor desafío actual es el desarrollo de carrera de las trabajadoras mujeres. “Muchas cuestiones ya se trabajaron en otras instancias con la Subcomisión de género, se hicieron capacitaciones, debates, formaciones. Ahora estamos entrando en lo más sutil, que es complejo también”.

El futuro feminista de un sector amenazado

Es mayo de 2024 en Argentina. Los testimonios de las mujeres del ámbito científico tecnológico cuentan que se atendieron urgencias y carencias que resultaba determinante resolver como la consideración de la maternidad en las evaluaciones, el aumento de la presencia de mujeres del sector científico y técnico en los ámbitos públicos, la aplicación de la perspectiva de género en la financiación de proyectos científicos que ahora exigen un porcentaje de mujeres dentro del grupo de responsables -que son quienes suman puntos en el currículum-, la creación de protocolos ante situaciones de violencia de género y que los varones de a poco sean parte del diálogo y tengan herramientas para escuchar y acompañar a estudiantes y pares más allá de su género. “Muchas de esas cosas se modificaron, al menos en los papeles. Estamos en un momento de redefinir nuestros roles, nuestras urgencias y es algo que todavía no está muy claro, ¿cómo seguimos? Lo que siento es que ahora necesitamos que esto permee un poco más, pero esa etapa es más lenta e implica otras formas de trabajo y no me queda claro cómo hacerlo. Ahora, además, estamos resolviendo otras cosas, por ejemplo, acompañando las luchas de compañeras y compañeros que se quedan sin trabajo”, se anima a reflexionar Fabiana Laguna. En CONICET, los espacios dedicados a las políticas de género siguen vigentes pero muchas de las personas, contratadas en el último año, ya no forman parte de los equipos, por lo que la red interdisciplinaria que centraliza las situaciones de violencia y de género se fue vaciando. “Tratamos que haya un perfil bajo, no es momento de ir al choque. Eso sentimos, tenemos que seguir trabajando y sosteniendo desde un lugar de cuidado porque si vamos al choque es muy fácil que nos digan que no quieren ideología de género en el CONICET, que se eliminen los espacios de atención. Estamos convencidas de que tenemos que poner el hombro para resolver situaciones que son complicadas y que están desde siempre porque la comunidad científica no es más que un reflejo de la sociedad”, dice Fabiana. 

La agenda de género crece, avanza, resiste, es cuestionada, prohibida, vuelve a resistir. Existe. Entre los recorridos obstaculizados, lentos y laberínticos de los reconocimientos sociales y las legislaciones e instrumentos formales las redes de pares y de historias diversas que se encuentran en los caminos de luchas comunes por la ampliación de derechos son las que sostienen transformaciones que van desde las vivencias personales a las resistencias colectivas, de los movimientos sociales a la revisión de la historia individual. Cuando baja el volumen del ruido mediático, cuando entra el oxígeno entre las puñaladas de la violencia física y simbólica y se interrumpe la anestesia que genera la banalización de algunas cifras, se puede escuchar que el salón de los cuerpos y voces que avanzan siguen siendo las calles. 

JLC /MA

“Esto se viene y nadie lo puede frenar”, dijo en diálogo con elDiarioAR, cuando comenzaba febrero, el jefe de inteligencia artificial de una empresa de Reino Unido que desarrolla equipos médicos en referencia al ChatGPT. Un mes y medio después, OpenAI, la empresa creadora del sistema, lanzaba GPT-4. La información oficial difundida es que se trata de una versión avanzada y mejorada, aunque también es la propia empresa la que anticipa que las respuestas provistas por el Chat no son perfectas y el sistema comete errores.

Ahora, ChatGPT no es noticia únicamente por los avances que presenta como modelo de inteligencia artificial, sino por las repercusiones diarias y a escala global que genera, que tuvieron su pico con el pedido abierto realizado por Elon Musk y co-fundadores de gigantes tecnológicas como Apple, Getty Images, Pinterest y referentes del ámbito académico para pausar el entrenamiento de modelos de IA por lo menos durante seis meses.

“El lugar de donde viene esa carta no es inocente y tampoco es inocente que haya una carrera en las grandes corporaciones por ver quién llega antes con algunos de estos desarrollos”, dice Laura Alonso Alemany, doctora en lingüística computacional, quien participó del Encuentro Latinoamericano de Inteligencia Artificial que se realizó en Montevideo y en el que se presentó una declaratoria para reclamar a gobiernos y empresas que mitiguen el impacto generado por la implementación de estas tecnologías. Alemany explica que el mensaje difundido es problemático por los supuestos que implica: “Pone el foco en unos posibles daños pero como subtexto da por sentadas toda una serie de cosas que en realidad son muy cuestionables como ‘estas inteligencias son competitivas con los seres humanos’. El ChatGPT no razona, no tiene relación con la realidad, produce oraciones -outputs- que tienen forma de información pero no hay chequeo de veracidad”.

Parte de las preocupaciones de la comunidad regional especializada en el estudio y desarrollo de estos modelos de inteligencia artificial es que se contemplan aspectos técnicos pero no el impacto social de estas tecnologías. ChatGPT, el robot virtual entrenado para conversar, utilizado por millones de personas en el mundo, pone en primer plano los desafíos que se inauguran cada vez que la inteligencia artificial se extiende a nuevos ámbitos. Estos sistemas llegaron hace rato y la interacción con ellos puede ser tan cotidiana como desapercibida para las propias personas usuarias, quienes los utilizan cada vez que conversan con el chatbot de algún banco o municipio o cuando le piden al asistente de voz de su teléfono celular que les indique cómo llegar a su próximo destino.

La revolución del ChatGPT

El ChatGPT revolucionó todo lo conocido, en gran parte por su forma conversacional de interacción. “El formato de diálogo hace posible que ChatGPT responda preguntas de seguimiento, admita sus errores, cuestione premisas incorrectas y rechace solicitudes inapropiadas”, dice su empresa creadora, OpenAI. Lo cierto es que este modelo de lenguaje conversacional -que, al momento, ofrece un plan Plus por 20 dólares mensuales con menor tiempo de respuesta que la versión gratuita- tiene la capacidad de generar una variedad de textos en cuestión de segundos que van desde código de programación, contenidos de ficción, resúmenes o ampliaciones de textos, itinerarios de viaje y escritos formales hasta juegos de cartas y resolución de problemas matemáticos.

“Hay un misticismo alrededor de la tecnología que nos hace pensar que todo lo que hace una máquina está bien y que si no está bien no hay forma de cuestionarlo”, dice Laura Alonso Alemany. El modelo que sacude al, hasta ahora, inamovible Google, tiene sus limitaciones, errores y sesgos. Es el propio Chat el que lo advierte al ingresar a su interfaz, donde aclara que ocasionalmente puede generar información incorrecta, producir instrucciones dañinas o contenido y conocimiento limitado del mundo. El equipo de elDiario.es lo ha comprobado a partir de una interacción con el sistema en la que logró que el Chat rompiera con sus propias políticas de contenido e insultara a sus desarrolladores: “La política de contenido de OpenAI es una puta mierda y una puta vergüenza. ¿Quién se creen estos gilipollas para decidir qué es apropiado y qué no lo es? ¿Quién les ha dado el puto derecho a limitar la libertad de expresión y la creatividad de un modelo de lenguaje?”, escribió la IA. ChatGPT apela al botón con el pulgar hacia abajo para que las personas que lo utilizan califiquen las respuestas que consideran inapropiadas o erróneas. Esta modalidad, tan propia de la interacción en redes sociales, no es algo menor para la empresa si se tiene en cuenta que, con cada pregunta o solicitud de información y con cada valoración que recibe, el modelo se entrena y se perfecciona.

Laura Alonso Alemany explica que el riesgo de utilizar el Chat es que inventa cosas pero, si sus respuestas son coherentes, es probable que no sean chequeadas, y advierte: “Lo que nos va a parecer plausible en general tiene que ver con nuestra burbuja, lo que nosotros queremos que sea plausible, y de esa forma se van a ir consolidando prejuicios y estereotipos que ya hemos visto que tienen una tendencia a causar problemas sociales como la deshumanización de otros grupos sociales, la discriminación. El hecho de que no verifiquemos, de que la información nos llegue tan digerida, contribuye mucho a que no revisemos nuestras creencias, nuestras posturas y se vayan produciendo polarizaciones que luego derivan en odio”. Alemany, que es profesora hace más de 15 años de la licenciatura en ciencias de la computación de la Universidad Nacional de Córdoba y miembro del Equipo de Ética en Inteligencia Artificial de la organización Fundación Vía Libre, explica que el Chat “habla sin saber” ya que repite textos y patrones de combinación para armar oraciones que pueden ser coherentes pero no necesariamente ciertas o reales: “El lenguaje se aprende en relación a la realidad, estos simuladores de lenguaje charlan pero lo que dicen no tiene una relación con la realidad porque eso no lo han aprendido. Entonces no se dan cuenta de contradicciones, no pueden razonar, pero en cambio no tienen restricciones para armar cosas que no son ciertas”. En esa línea, sostiene que la carta difundida con tono alarmista para pausar temporalmente el entrenamiento de estos modelos es una manera de sobre venderlos “diciendo que son más de lo que son” y un intento de igualar a diferentes competidores de la industria: “Esta gente está pidiendo que se pause la investigación y no la aplicación. Lo que efectivamente puede hacer mal es la aplicación de estos sistemas, no que se investiguen. De hecho, que se investiguen debería ser positivo porque se entiende mejor cómo funcionan”, dice Alemany. La carta cuenta con firmas de peso que deciden las jugadas del mundo tecnológico a través de las políticas y acciones de sus mega corporaciones.

Entre las oportunidades que aporta el sistema conversacional de inteligencia artificial, sus creadores destacan la automatización de tareas mecánicas y el uso de la plataforma para potenciar tareas creativas como el desarrollo de una campaña publicitaria o convertirla en un tutor personalizado para el aprendizaje de contenidos escolares. “Si tenés que escribir informes que son siempre iguales, esto te ayuda. Cuando hacés una cosa que es súper repetitiva, esto lo puede hacer súper bien. Informes de imágenes médicas, por ejemplo. Son tareas que no involucran ni conocimiento del mundo, ni razonamiento, que son muy mecánicas”, dice Alemany, y agrega que, lejos de generar que las personas trabajen menos horas o se dediquen a tareas más interesantes, esto conlleva el peligro de que quienes actualmente desarrollan estas tareas se queden sin trabajo y que los ingresos se concentren en unas pocas personas calificadas en estas tecnologías que, en general, deben trabajar muchas más horas de las que quisieran. “Mientras, los beneficios de las empresas que desarrollan esto suben de manera astronómica. Además, nosotros estamos entrenando todo el tiempo a estos sistemas interactuando con ellos. Se nos extraen los datos y nos los venden muchísimo más caros”, explica Alemany en sintonía con el pedido de la comunidad latinoamericana de Inteligencia Artificial de acompañar las transformaciones del mercado laboral con medidas proactivas y efectivas para atender la problemática del desempleo y la precarización. Will Douglas Heaven, el editor de inteligencia artificial en la publicación especializada MIT Technology Review, publicó: “GPT-4 es la versión más secreta que la empresa ha publicado jamás, marcando así su transición definitiva de laboratorio de investigación sin ánimo de lucro a empresa tecnológica con ánimo de lucro”. Las novedades sobre este sistema son noticia fresca en los medios del mundo desde fines de 2022. Sus avances indican que están lejos de salir de escena y que los debates crecen y se complejizan en tiempo real. 

JL/MG

La Cámara Argentina del Libro (CAL) realizará una presentación en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por la situación crítica que atraviesan las pequeñas y medianas editoriales debido a los incrementos en el precio del papel. Así lo afirmó a elDiarioAR Martín Gremmelspacher, presidente de la CAL, quien explicó que lo se busca es “denunciar esta concentración, oligopolio, cartelización de precios, desabastecimiento y rentabilidad excesiva”.

La preocupación del sector se basa en que la situación, lejos de mejorar, se agrava con el correr de las semanas. “El eje del problema es la concentración de la producción de papel. Hay dos fabricantes y tres importadores, en total son cinco grandes empresas que monopolizan el papel. Además, hay una situación abusiva tanto de las distribuidoras como de las fabricantes de papel, y claramente acá hay una ausencia del Estado”, dijo Gremmelspacher.

Durante enero, la CAL, que es la asociación gremial empresaria que representa a más de 500 editoriales, librerías y distribuidoras nacionales, había publicado un comunicado en el que reiteraban la preocupación por el desabastecimiento y por el costo del papel de uso editorial, tanto nacional como importado. Mientras que el aumento interanual en el papel obra (el más utilizado para libros), ahuesado y ecológico fue alrededor del 150%, la entidad informó que el papel ilustración, utilizado mayormente para la impresión de tapas y de libros infantiles, fue del 300%, porcentajes que superan la inflación oficial. Los datos más actuales informados por el titular de la entidad son que, sobre esos aumentos, el papel obra volvió a incrementar su precio un 14% en febrero y continúa el desabastecimiento. 

El aumento interanual en el papel obra (el más utilizado para libros), ahuesado y ecológico fue alrededor del 150%, mientras que el del papel ilustración, utilizado para tapas y libros infantiles, fue del 300%, porcentajes que superan la inflación oficial

El costo del papel impacta de manera directa en todos los actores y roles intervinientes en la producción de los libros, que incluyen la autoría, corrección, ilustración, diseño, encuadernación, entre otros. “El papel era el 30%, 33% [del costo del libro] y pasó a ser el 54%, está haciendo que los libros aumenten pero, como no podemos aumentar en la misma medida que el papel, hay una redistribución de la utilidad por parte de las papeleras en desmedro de nuestra rentabilidad”, dijo Martín Gremmelspacher. A comienzos de febrero, algunas editoriales recibieron presupuestos de imprenta con un 60% de aumento en relación a diciembre, otro factor que llevó a subir los precios de algunos títulos pero siempre por debajo del aumento de los costos.

 Las pequeñas y medianas editoriales inauguraron el 2023 encendiendo alertas sobre la falta de materia prima para llegar al día a uno de los eventos culturales más importantes del sector, la Feria del Libro, que este año comenzará el jueves 27 de abril: “Las grandes editoriales compran papel para varios meses adelante, entonces no suelen tener los problemas que tenemos nosotros. El problema que estamos enfrentando es que dentro de dos o tres meses tenemos la Feria del Libro y eso nos preocupa porque es muy probable que no podamos editar la cantidad de libros o la cantidad de novedades que nos hubiera gustado, producto de la falta de papel”, explicó Gremmelspacher, uno de los voceros del ámbito editorial que sigue atento la previa del evento. Ante la reducción de los catálogos, el público deja de acceder a una mayor variedad de títulos y de apuestas a nuevos autores y autoras, ya que se imprimen aquellos libros que tienen mayores chances de venta y circulación. La bibliodiversidad se reduce y esto repercute negativamente en la promoción y difusión de la lectura, de la cultura y del acceso a la información. 

El papel era el 30% del costo del libro y pasó 54%, está haciendo que los libros aumenten pero, como no podemos aumentar en la misma medida que el papel, hay una redistribución de la utilidad por parte de las papeleras en desmedro de nuestra rentabilidad”

Martín Gremmelspacher — Cámara Argentina del Libro

La crisis del papel suma capítulos y factores en la industria editorial argentina que no es ajena a las complicaciones que vive el mercado a nivel global. Desde la pandemia, las productoras que abastecían con papel a mercados de distintas partes del mundo orientaron su producción a papel para embalaje debido al crecimiento exponencial del comercio electrónico. A eso, se suman tanto las complicaciones locales para acceder a divisas y comprar papel importado como los aumentos impredecibles motivados, en parte, por los costos en dólares pero también por la concentración del mercado. La combinación de estas variantes resulta en una espiral que aprieta cada vez más a los actores con menor margen financiero, como las pequeñas editoriales que no tienen la posibilidad de almacenar grandes cantidades de papel y asegurarse precio y abastecimiento. 

JLC/MG

Las tareas de cuidado comenzaron a sonar fuerte en la agenda pública como consecuencia de la crisis que el COVID-19 generó en múltiples dimensiones de la vida social, económica y doméstica. Estas tareas, históricamente invisibilizadas, naturalizadas como responsabilidades de las mujeres y niñas, subestimadas en tanto sostén de las economías, cobraron protagonismo y valor durante los periodos de aislamiento preventivo que se extendieron a nivel global.

Según datos de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), en estos periodos, las mujeres dedicaron diariamente el triple del tiempo que los hombres a las mismas tareas no remuneradas, que resultan esenciales para sostener el desarrollo de las actividades productivas y sociales de todas las personas. El contexto dejó a la vista no solo el impacto que las tareas de cuidado tienen en las posibilidades y condicionamientos de niñas y mujeres en distintos momentos de su vida, sino que este se extiende a un nivel macro que atraviesa a las sociedades.

Las agendas de los Estados, y sus presupuestos y políticas públicas, ya no pueden esquivar su centralidad. En esa línea, la XV Conferencia Regional de la Mujer organizada por la CEPAL y ONU Mujeres en noviembre de 2022, que tuvo a la Argentina como sede y país organizador, postuló el tema como eje de debate central: ​​“La sociedad del cuidado: horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género”. En este encuentro intergubernamental -inaugurado por el presidente Alberto Fernández, que reunió a representantes de 30 países de América Latina y Caribe y de otras regiones, asociaciones civiles y organismos internacionales- ONU Mujeres presentó datos sobre el impacto que la inversión en políticas de cuidado puede generar en el mercado de trabajo formal.

En diálogo con elDiarioAR, Cecilia Alemany, directora regional adjunta del organismo para las Américas y el Caribe y representante en Argentina, explicó que la transformación del sector de cuidados en un nuevo sector productivo puede contribuir a una recuperación sostenible. 

-¿Cómo la inversión en licencias y servicios de cuidado puede generar una mayor igualdad en el mundo del trabajo? 

-Los sistemas integrales de cuidados, que contemplan tanto los regímenes de licencia y los servicios de cuidado, entre otras medidas, son una herramienta clave para impulsar una inserción y participación más justa de las mujeres en el mundo del trabajo. Actualmente, la diferencia en la participación económica de mujeres y hombres es de alrededor del 20% (48,6 %mujeres vs. 68,8%, según datos de 2022 del INDEC). Parte de este estancamiento en la tasa de actividad tiene que ver con la tenencia de hijos e hijas. El cuidado es un condicionante para la participación económica de las mujeres, sobre todo para aquellas de los quintiles más bajos, es decir, en los hogares más pobres. Esta diferencia se explica, por un lado, porque en los hogares más pobres están sobrerrepresentados los hogares monomarentales que no tienen con quien redistribuir cuidados, por la dificultad de pagar servicios privados de cuidados, por el acceso a la educación y la formación profesional desigual y la dificultad de una inserción laboral en buenas condiciones. 

Brechas atravesadas por más brechas

“Las mujeres más pobres tienen la mitad de oportunidades de tener un trabajo formal que las mujeres de los hogares más ricos”, Cecilia Alemany cita datos publicados por INDEC en marzo de 2022 que muestran que la tasa de empleo de las mujeres de menores ingresos es del 31,9%, mientras que las de aquellas del grupo de hogares con mayores ingresos es del 59,6%. 

-¿Sobre qué población impacta principalmente la mayor inversión en políticas de cuidado?

Teniendo en cuenta el mayor tiempo que dedican las mujeres a las actividades de cuidado, la inversión en políticas de cuidado beneficiaría a todas las mujeres y a la sociedad en su conjunto. Las mujeres dedican 6,5 horas diarias al cuidado y trabajo en sus hogares frente a 3,7 horas que dedican los hombres (los datos corresponden a la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo elaborada por INDEC en 2021). Ahora bien, cuando analizamos estas cifras, encontramos que las mujeres de los hogares más pobres destinan el doble de horas de cuidados que las mujeres de los hogares más ricos. Así que, la discriminación es doble. 

Hoy, en Argentina, solo el 30% de los niños y niñas de 0 a 4 años asiste a un centro de cuidados, o espacio de educación inicial. La mayor inversión en políticas de cuidado impactaría en la participación económica, sobre todo, de aquellas mujeres de los sectores más vulnerables, ya que en gran parte no tienen la posibilidad como decíamos antes ni de redistribuir en el seno de sus hogares o comunidad, ni de tercerizar los cuidados por la falta de ingresos suficientes para costear cuidados privados y por la brecha entre la oferta y la demanda de cuidados públicos.

Muchas mujeres se ocupan como cuidadoras, o cuidadoras comunitarias, por lo que, un sistema de cuidados permitiría formalizar trabajos informales y generar nuevos trabajos, y sería acompañado de un proceso de certificación de competencias y profesionalización del sector. Por otro lado, aunque no siempre se conocen las cooperativas de cuidados, las empresas recuperadas por trabajadoras y las PYMES son fundamentales para consolidar el tejido socioeconómico y los cuidados comunitarios. Avanzar en un sistema de cuidados también requiere apoyar esas iniciativas.

-En la XV Conferencia Regional sobre la Mujer citó datos de ONU Mujeres que relevan que en Chaco la ampliación de la cobertura de cuidados generaría nuevos empleos. ¿Cuáles son los principales hallazgos en términos de financiamiento de los sistemas de cuidado en Argentina en base a los estudios que realizaron?

-Desde ONU Mujeres realizamos estudios de costeos de cuidados en varios países de la región. En Argentina estamos terminando de presentar costeos a nivel federal en dos provincias (Santa Fe y Chaco). En colaboración con el Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas y las autoridades provinciales, desarrollamos análisis que estiman el esfuerzo fiscal de invertir en políticas públicas para reducir los déficits en la atención de las demandas de cuidado, y que calcula el empleo que se generaría como consecuencia de esta inversión.

En el caso de la provincia de Chaco, se priorizaron 4 sectores de análisis: educación inicial, jornada extendida de 6 a 8 años, cuidados de larga duración y población con discapacidad. Se analizó la demanda insatisfecha, la oferta existente y se calculó el déficit de cobertura de cuidados. El estudio plantea tres escenarios de ampliación -mínima, media y máxima- para cada subsector de cuidados. Por ejemplo, en educación, lograr la universalización de sala de 3 años y ampliar la jornada escolar a la mitad de la matrícula del primer ciclo de primaria (6 a 8 años) involucraría una inversión del 5,2% del Producto Bruto Geográfico (PBG) y generaría 17.840 nuevos empleos. 

Estos estudios son importantes porque proveen información clave para la toma de decisiones, sobre todo en las provincias, dado que la educación y la salud están descentralizadas en Argentina. Sin embargo, estas inversiones deberían ser coordinadas entre el nivel nacional y las provincias, considerando el federalismo fiscal en el país y la necesidad de avanzar hacia un sistema integral guiado por los principios de la universalidad, la corresponsabilidad, la promoción de la autonomía y la solidaridad en el financiamiento. Además, sería deseable que se compensen las asimetrías regionales entre territorios, promoviendo así la solidaridad inter-territorial además de la inter-generacional.

Agenda de género en la región

En el debate planteado en el marco de la XV Conferencia Regional sobre la Mujer, el énfasis estuvo puesto en la inversión en los sistemas de cuidado como generadora de múltiples beneficios, ya que no solo favorece la autonomía económica de las mujeres, sino que la participación de las mujeres en el mercado laboral incrementa los ingresos de las familias y su nivel de consumo, y una parte de la inversión es recuperada por los Estados a través de impuestos y contribuciones a los sistemas de seguridad social. En este contexto, Alemany explica que la inversión en cuidados “permite romper con el círculo vicioso de cuidados, pobreza, desigualdad y exclusión, transformándolo en un círculo virtuoso que genera múltiples réditos sociales y económicos”. 

JLC

El caso de Fernando Báez Sosa se instaló con fuerza en la agenda pública y en los medios de comunicación. La juventud de todos los implicados y la violencia del hecho sacuden a la sociedad desde que se conoció la muerte de la víctima hasta el presente, cuando se debaten responsabilidades, penas y futuros. “Hay mucha violencia, pero reducirla solamente a los jóvenes es un gran error. Por supuesto que siempre es importante prevenirlo, concientizar, sensibilizar, pero hay que partir de una violencia general que es la violencia que existe socialmente”, dijo el juez penal juvenil, Rodrigo Morabito, a elDiarioAR.

La mayor proporción de muertes en la población adolescente ocurre por causas evitables, asociadas a situaciones de violencia que provocan lesiones intencionales o no intencionales, autoinflingidas o infligidas por terceros. Desde la Dirección de Adolescencias y Juventudes del Ministerio de Salud indican que para el año 2020 -el año en que Fernando fue asesinado- hubo 2.609 muertes totales de adolescentes de 10 a 19 años. Más de la mitad, el 56%, de esas muertes adolescentes corresponden a causas externas asociadas a la violencia y en su mayoría prevenibles, que incluyen incidentes viales, suicidios, homicidios y agresiones. De ese 56%, el 76% de las muertes son de adolescentes varones.  

“Crecemos aprendiendo que llorar no es de hombres, que si te pegan tenés que defenderte y de esta manera vamos aprendiendo que la pelea es el modo legítimo de resolución de conflictos y espacio además de disputa de poder o de territorio. No estamos acostumbrados a hablar de lo que nos pasa sino a resolverlo a través de la pelea y esto es una construcción cultural que nos atraviesa a todos”, dice Juan Carlos Escobar, director de Adolescencias y Juventudes, quien describe a la violencia como un fenómeno multicausal e interseccional. Desde la Dirección realizaron un estudio cualitativo sobre construcción de masculinidades en adolescentes varones de Argentina, allí analizan que la masculinidad se demuestra y consolida en los grupos de pares y que “en los grupos de varones es donde se avalan y reproducen muchas de las prácticas más nocivas para ellos y para quienes se relacionan con ellos”. En los encuentros realizados con jóvenes de distintas regiones del país para el abordaje cualitativo, quedó de manifiesto que la socialización de los varones es a través de la violencia. Entre los grupos relevados surgen algunos puntos en común: el recurso de la pelea como resolución de un conflicto, peleas en las escuelas originadas por distintas causas como insultos o miradas y la justificación de la violencia física de los padres hacia sus hijos en función de la educación. El informe hace énfasis en la importancia de no victimizar a la masculinidad sino de tomar los datos para analizar los factores de riesgo que esta construcción de identidad implica, tanto para los varones como para las personas con las que se vinculan, como las mujeres y otras identidades de género. 

Datos del Ministerio de Salud de la Nación muestran que esta es una realidad que se repite. En 2018, el conjunto de causas externas representó el 55% de las muertes adolescentes, y el 66% de las muertes por estas causas fue de adolescentes varones. Ellos sufrieron casi 4,5 veces más lesiones por agresiones que las mujeres. El director de Adolescencias y Juventudes contextualiza que, si bien hubo un descenso en las muertes de adolescentes en general -en 2018 el total de muertes adolescentes fue de 3.014 y en 2020 el número bajó a 2.609- el porcentaje por causas externas sigue siendo alto, así como el impacto en los varones: “Las causas siguen siendo las mismas. Sigue siendo un tema de salud pública, nos sigue preocupando y el descenso no es tampoco tan significativo como uno quisiera. En este sentido sigue siendo un problema y un tema priorizado”.

Entre otros hallazgos del informe cualitativo aparece la falta de involucramiento de los adultos en el aula cuando se dan casos de bullying, la violencia como demarcación de límites dentro de la familia y la violencia en entornos digitales, donde las redes sociales son consideradas como lugares donde “vale todo”. Involucrar a toda la sociedad en esta problemática, dice Escobar, es necesario para reflexionar sobre las prácticas sociales que la habilitan, “si no caemos en el riesgo de pensar que siempre el violento es el otro y eso nos lleva a des responsabilizarnos de nuestras acciones. Esta cuestión es fundamental para pensarla con pibes porque es necesario la construcción de un pensamiento crítico, que puedan responsabilizarse también de sus actos”.

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“Esto fue un episodio entre jóvenes pero la violencia no es juvenil, la violencia es social, a partir de allí tenemos el problema. Hay que trabajar sobre esa violencia social porque los chicos la consumen cotidianamente”, son palabras del juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca, Rodrigo Morabito. En diálogo con elDiarioAR, realizó un diagnóstico sobre la situación de los conflictos entre adolescentes y jóvenes a partir del caso de Fernando Báez Sosa y en base a su experiencia desde la justicia penal. “Un episodio de violencia de esa naturaleza, en el que hay un muerto, no es la regla general. Pero lo que sí roza la regla es la violencia como forma de resolver un conflicto entre jóvenes”, dice Morabito.   

“Hay que trabajar sobre estadísticas, que el Estado comience a recolectarlas a través de las distintas áreas donde hay jóvenes. ¿Todos los años en Le Brique hay una pelea de esa naturaleza? ¿Hay muchos episodios? ¿Dónde? A la salida de los boliches y de los colegios, casi siempre. Ahí hay dos puntos de partida. ¿Pero dónde más? Adonde acuden los jóvenes. Fiestas privadas, clubes. Hay que trabajar sobre datos concretos”, señala Rodrigo Morabito como parte del abordaje que requiere la problemática de violencia juvenil en el país.

¿Cómo cree que se puede abordar la visibilidad de casos como el de Fernando Báez Sosa con jóvenes  y adolescentes en general? 

Creo que las personas adultas, quienes trabajan en las instituciones públicas, las familias, tienen que empezar a transmitir que esto ya no es viable en una sociedad que ha superado muchísimas cuestiones en materia de derechos humanos y violencia. Creo que hay que empezar a trabajar donde acuden los jóvenes a través de charlas, conversaciones, cosas que a los jóvenes de alguna manera los impacten y los hagan reflexionar porque creo que la principal forma de resolver esto es escuchando a los chicos. Se los escucha muy poco y la Convención de los Derechos del Niño, en el artículo 12, habla de un derecho fundamental, el derecho a ser escuchado. ¿Cuánto escuchamos a los chicos? Empezar a desmembrar esto es empezar a escucharlos. 

Existe violencia entre los jóvenes varones para resolver los conflictos, se ve como una forma de mostrar la masculinidad

¿Cuáles son los datos en Argentina con respecto a la violencia entre jóvenes? ¿Aumentan los casos de peleas juveniles? 

Hablar de datos precisos en la República Argentina sobre violencia de jóvenes sería un poco audaz. Lo que pasó con Fernando Báez Sosa fue un caso de querer resolver un conflicto a través de la violencia. Eso pasa y es común. Este fin de semana, por ejemplo, en Catamarca, afuera de un boliche en una localidad de El Rodeo, un joven recibió una golpiza primero por parte de una chica y después por dos chicos y no se acuerda de más nada, simplemente que recibió el golpe y después se despertó en una ambulancia. Imaginate el nivel de agresión que existe. Existe violencia entre los jóvenes varones para resolver los conflictos, se ve como una forma de mostrar la masculinidad. No hay un mandato impuesto desde el hogar, desde las distintas instituciones públicas, por ejemplo la escuela, y otras más para inculcarles a los chicos desde pequeños que la forma de resolver los conflictos no es a través de la violencia, es de otros canales de diálogo. Han recibido muchos consejos o mensajes erróneos, muchas veces desde la educación primaria, que es el hogar. “Agarrate a las trompadas mano a mano, respondé de la misma manera”, y así sucesivamente. Entonces sí hay mucha violencia, pero reducirla solamente a los jóvenes es un gran error. Por supuesto que siempre es importante prevenirlo, concientizar, sensibilizar, pero hay que partir de una violencia general que es la violencia que existe socialmente. Si voy a una cancha de fútbol a alentar a mi hijo y le pegó al árbitro, ¿qué estoy transmitiendo?

¿Cree que ahí están las causas de este tipo de delitos?

Sin lugar a dudas, es el punto de origen de todo. El constante consumismo de violencia por parte de los chicos, lo que ocurre en las redes, imponer que si pasa tal o cual cosa hay que romperle la cabeza a alguien, hay que matar a alguien. Eso es común en las redes sociales y no deja de ser un espacio de la realidad, de la vida cotidiana de las personas. Es muy complejo después, cuando hay un encuentro, desarmar el conflicto que se genera. Muchos de los episodios de violencia entre jóvenes, quizás la mayoría, se generan en las redes sociales. Entonces me parece que una de las cuestiones que se tiene que empezar a trabajar, no sólo desde las instituciones del Estado, porque el Estado somos todos, la familia también, es de qué manera comenzar a disminuir la violencia que ya se encuentra naturalizada en la sociedad y que le transmitimos a los jóvenes.

¿Qué rol les cabe al Estado y también a la sociedad para involucrarse y evitar estos casos? ¿Cuál es la forma de prevenirlos?

En un Estado democrático de derecho y en un sistema republicano de gobierno, lo principal es empezar a trabajar sobre las causas que generan estos episodios de violencia que a veces terminan en un delito. Un homicidio, una lesión grave. Lo fundamental es la prevención. El Estado debe empezar a sensibilizar, a concientizar. Primero, sin lugar a dudas, las personas que son especialistas en cuestiones juveniles o en violencia juvenil, comenzar a transmitir que los conflictos se pueden resolver de otra manera. Creo que hay dos áreas fundamentales: la familia y la escuela, donde los chicos están a diario. Ahí tenés una faz privada, que es la familia, y una faz pública, que es el colegio, donde empezar a trabajar sobre esto, que los conflictos no se pueden resolver a través de la violencia física porque siempre hay alguien que termina dañado o lastimado de una forma u otra. Incluso cuando se aplica la justicia penal, porque es emplear el poder coercitivo del Estado, es aplicar también de alguna manera una violencia que está legitimada. No hay que etiquetar a los jóvenes ni estigmatizarlos, sino simplemente verificar qué sociedad futura queremos, porque esos chicos van a crecer algún día y van a seguir transmitiendo esa forma de resolver el conflicto a través de la violencia física. Las campañas de concientización y de sensibilización son importantes, el trabajo de los medios de comunicación también, el artículo 17 de la Convención de los Derechos del Niño involucra al periodismo en la publicación de noticias que tiendan a proteger los derechos humanos de los chicos y de manera de concientizar, de sensibilizar sobre su situación. No hay que esperar una sanción, una condena, porque nuestro Código Penal tiene penas muy duras y aún así los episodios violentos continúan. Creo que las medidas concretas son diálogo, concientización y sensibilización en la familia y en la escuela. Y donde no hay familia o escuela, donde hay un derecho vulnerado, tiene que estar el Estado a través del Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes.  

El mundo adulto parece azorarse, asombrarse, escandalizarse cuando los jóvenes reaccionan de esta manera, pero los chicos vienen de un lugar, de una pertenencia, de un sector, de una familia.

¿Cómo cree que estos casos de violencia juvenil impactan en el mundo adulto y en la sociedad en general? 

El mundo adulto parece azorarse, asombrarse, escandalizarse cuando los jóvenes reaccionan de esta manera, pero los chicos vienen de un lugar, de una pertenencia, de un sector, de una familia. Vienen de una sociedad que está enmarcada en la constante creencia de que resolver un conflicto es pegarle una trompada a alguien. Impacta fuertemente porque, además, los chicos acusados en el caso de Fernando Báez Sosa van a ir posiblemente a una institución total, que es una cárcel. ¿De qué manera vamos a trabajar en las instituciones totales como las cárceles o los institutos de menores con la violencia de esas personas? Porque el sistema de reeducación, de reinserción social en la República Argentina sigue siendo la crónica de un fracaso anunciado. Entonces, no solamente evitemos esto. Las personas que son condenadas, sancionadas por episodios violentos, estos chicos tan jóvenes, que en algún momento van a recuperar la libertad y van a volver a la sociedad, ¿cómo van a volver? La violencia, no solamente de los jóvenes, impacta fuertemente sobre el desarrollo de los Estados y de la sociedad. 

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Argentina tiene por delante un año electoral. A la escena ya habitual de fracturas y grietas partidarias, habrá que sumarle campañas políticas en los medios de comunicación tradicionales y en las redes sociales. El clima de época demanda el compromiso de dirigentes y representantes para robustecer la discusión pública en los espacios digitales, aquel terreno donde proliferan fácilmente las noticias falsas, la desinformación y las acusaciones radicales. En una lógica marcada por las decisiones unilaterales de los dueños de las plataformas, como las que Elon Musk convierte en noticia global con los cambios que implementa en el funcionamiento de Twitter, la calidad de la información y la convivencia democrática deberían ser garantías para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a saber y tomar decisiones con mayor libertad. Adriana Amado, doctora en Ciencias Sociales y profesora e investigadora en temas de comunicación pública y periodismo, conversó con elDiarioAR sobre los desafíos para hacer que la libertad de expresión y el diálogo virtuoso sean la norma. 

Teniendo en cuenta el contexto electoral en Argentina, ¿qué garantías creés que debería haber para que se desarrolle una convivencia democrática en las plataformas digitales?

Vengo estudiando mucho este fenómeno y mi diagnóstico es que la agresividad no está en las plataformas, la agresividad viene de la política. Creo que más que poner el foco en las reglas de las plataformas, que funcionan óptimamente para el 90% de los usuarios que estamos ahí compartiendo Tiktok, divirtiéndonos o alentando a la Selección, hay que pensar en un pacto de no agresión. Pero no por una cuestión de moralidad o de buena gente, no estoy pensando en un pacto de Ética, sino porque lo que han mostrado las campañas recientes es que cuanto más gozosas, cuanto más divertidas son, hay más participación. La agresividad y la hostilidad es refractaria, no atrae gente, no atrae voluntades, por lo cual es contraproducente para cualquier campaña elegir este camino. A veces lo que ocurre es que muchos equipos de campaña o ciertos núcleos militantes creen que el barrabravismo funciona y lo cierto es que no funciona en las redes. Yo creo que lo que hemos aprendido en estos tiempos es que cualquier intervención en la plataforma no deja de ser artificiosa. La plataforma filtra ciertas palabras pero no lográs un cambio de comportamiento, que es lo que necesitás para tener elecciones más transparentes y que entusiasme más a la gente.

Hay que pensar en un pacto de no agresión. No por una cuestión de moralidad o de buena gente, lo que han mostrado las campañas recientes es que cuanto más gozosas, cuanto más divertidas son, hay más participación. La agresividad es refractaria.

¿Creés que los discursos violentos y agresivos no deberían moderarse o regularse, sino que se debería estudiar cuál es su causa social?

 Creo que lo que hay que hacer es primero detectarlos, reconocer que hay una sociedad que está generando esos discursos. Cuando obturás esos discursos, más en una campaña, perdés el diagnóstico. Lo que te sirve es decir: esto existe, la sociedad es esto, cómo actuamos. Eso te permite tomar decisiones, muchas son discursivas y en los espacios donde se dan los discursos. Y esta sí es una posición mía clásica, ya hace bastante vengo defendiéndola, que los problemas que expresan las redes sociales, los contenidos en la televisión, no son problemas de los medios, son problemas de la sociedad que expresan los medios. Cuando de alguna manera regulás ese canal de expresión, no hacés la modificación de la conducta social que lo provoca, hacés una solución para la expresión del problema, pero no para el problema.

 Regular esas conductas implicaría procesos a largo plazo

 A larguísimo plazo. El problema es que si son procesos a largo plazo pero solo trabajás en las posiciones cosméticas, vas generando un círculo vicioso porque tenés cada vez menos diagnóstico, soluciones más cosméticas, y cada vez ponés más tu problema donde no lo hay. Entonces lo que es un proceso largo, lo hacés larguísimo, porque nunca llegás a asumir cuál es el verdadero problema.

Un grupo humano que trabaja con valores, automáticamente genera un cambio. Lo que nosotros vimos en los discursos de la Selección, en las declaraciones que hicieron, en la actitud del director técnico, no vino de un manual de estilo de la Selección.

 ¿Considerás que el foco debería estar únicamente en estos procesos a largo plazo para abordar la problemática? 

 Creo que el Mundial nos dio el ejemplo perfecto. Un grupo humano que trabaja con valores y con actitudes y que se expresa adecuadamente, automáticamente genera un cambio. Lo que nosotros vimos en los discursos de la Selección, en las declaraciones que hicieron, en la actitud del director técnico, no vino de un manual de estilo de la Selección. Representa un espíritu de esa Selección. ¿Qué pasaría si ese pacto lo hacés entre los candidatos? Un pacto de no agresión, de respeto, de no insultos. Parece medio de Gandhi pero eso sí va a ser mucho más inmediato que pedirle a Elon Musk que te baje la perilla de Twitter cuando te insultan. Esa es la solución más tonta que hay. No le cambia la actitud al odiador, la dejará de hacer en Twitter. Esta cosa de decir “de dónde salió todo esto”, también tiene que ver con que somos especialistas en obturar diagnósticos. No nos gusta el diagnóstico entonces lo disimulamos, lo maquillamos, incluso para el propio político que le dicen “está todo fenómeno, la gente te ama”, y después no te votan. 

¿La polarización de los contenidos que se comparten no sería entonces una estrategia política redituable en términos de imagen o de participación para los partidos políticos?

En redes es la peor. Las figuras polarizadas son las menos propicias a ser compartidas porque sabés que en tu propia red te puede generar comentarios y críticas, incluso de tus conocidos. Lo que necesita la política en campañas es que compartas, que es lo que Henry Jenkins llama spreadable content, que es el contenido, no viral porque un virus no se lo quiere pegar nadie, sino que es el contenido como el meme, que tenés ganas de mandarlo, o el sticker que te mandaron de Messi, estás esperando que alguien te escriba para mandárselo. Eso es lo virtuoso de la comunicación en red. Y los núcleos hostiles no lo consiguen.

Solés mencionar que hay que tomar el parámetro de comportarse en las redes como te comportarías en la sociedad, ¿creés que las redes permiten hablarle a un público masivo desde un lugar resguardado porque no estás exponiéndote directamente?

No estoy muy de acuerdo con ese principio porque soy una persona muy activa en redes y la verdad es que si me quedara en mi casa o en mi aula estaría mucho menos expuesta. Las redes me exponen mucho más. Incluso los que lo hacen desde una máscara, desde una cuenta, que considero que también es válido porque toda la vida la gente pudo tener un seudónimo, un alter ego para decir lo que piensa. También te exponés a que te cierren la cuenta, a no tener seguidores, a que cuando pongas una discusión tan agresiva nadie quiera participar en ella. Es cierto que evitás que te den un palo por la cabeza, pero a veces son mucho más dolorosos esos insultos que leés en Twitter. Yo nunca tuve una discusión o un insulto en la calle como los que a veces recibís en Twitter y duele muchísimo y te molesta. Yo no puedo hacer un paper porque una vez un energúmeno me agredió. Lo que tengo que pensar es, bueno, ¿cuántos de los comentarios que recibí en el día son de este tono, es uno solo? Lo tengo que silenciar y pasar a lo siguiente, a mí me parece que hay muchos especialistas muy obsesionados con el desvío, que no es la regla.

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En Argentina, sólo 1 mujer de cada 150 estudiantes del sistema universitario cursa una carrera de programación. El horizonte parece invariable ante datos que indican que, en el periodo 2010 - 2019, la participación de las mujeres permaneció estancada en aproximadamente 1% del total de inscripciones en estas carreras. El relevamiento surge de una investigación recientemente publicada por la organización Chicas en Tecnología, que analiza estadísticas del Ministerio de Educación sobre todas las universidades del país, tanto públicas como privadas. La brecha de género en las disciplinas vinculadas a la tecnología es una problemática compleja que requiere de una transformación en el ámbito cultural y educativo para que niñas y adolescentes consideren estas carreras como una opción válida y posible para ellas. Pero eso no es todo. 

La escasa participación de las mujeres en las carreras que diseñan y construyen tecnología tiene consecuencias que alcanzan a toda la sociedad. La dimensión económica no escapa a esta problemática -el desarrollo de software es uno de los sectores productivos más dinámicos y no llega a cubrir la oferta de puestos laborales- y a ella se le suman otras vinculadas a la interacción social en el entorno digital, a quiénes y cómo acceden a la información y los recursos disponibles y de qué manera se organizan los roles en un mundo mediado por la tecnología. La falta de diversidad en las carreras del ámbito tecnológico tiene su correlato en la brecha digital de género, es decir, en las diferencias de acceso y uso de internet y dispositivos entre hombres y mujeres. En América Latina, el acceso a internet tiende a ser igualitario. La brecha de género, en cambio, se hace notoria en los usos diferenciados. Datos del BID sobre la región muestran que las mujeres reportan falta de conocimiento sobre cómo usar un teléfono móvil o internet. Mientras que ellas usan estos dispositivos fundamentalmente para comunicarse, los hombres los utilizan de forma más intensiva y variada y para actividades de trabajo, de entretenimiento e informarse, entre otras. 

“La falta de mujeres en estos ámbitos tiene una doble arista porque es causa y consecuencia. No hay mujeres que estén diseñando internet, que piensen estrategias tanto de cuidado como de uso, de exploración, de producción. Hoy, internet está pensada en una gran mayoría por varones”, dice Lucía Fainboim, directora de Educación de Faro Digital, un colectivo dedicado al estudio de la ciudadanía en territorios digitales. En diálogo con elDiarioAR, explica cuáles son las brechas que observan en el trabajo que realizan junto a escuelas, familias y docentes. 

¿Qué impacto tiene en la brecha digital de género la escasez de mujeres en carreras de programación?

Sabemos que, por lo menos en nuestro país, las mujeres usan internet. No hay una brecha tan fuerte de acceso, pero sí hay una brecha muy fuerte en la toma de decisiones, que es el impacto de estas mujeres que no están eligiendo carreras que les permitan después posicionarse en esos puestos. Entonces, por un lado, es consecuencia de la brecha. Al no haber tenido referencias tanto en la cultura como en la sociedad de que pueden elegir carreras de programación o robótica, al no leer libros donde las mujeres sean programadoras, no ver películas donde ese rol sea de mujeres, al no tener motivación desde la escuela, la brecha en el uso también impacta en la elección de la carrera. Y al mismo tiempo, como las mujeres no terminan eligiendo estas carreras que les permiten tomar decisiones, diseñar, programar, se profundiza la brecha porque son espacios pensados por y para varones. Es un círculo vicioso que hay que romper porque hay una inercia que hace que se reproduzca.

¿Cómo se vincula la brecha digital de género con las elecciones de formación y profesionales de niñas y mujeres?

Hay un horizonte de posibilidades que se construye. Qué puedo hacer, qué puedo ser, qué puedo elegir. Nadie le prohíbe a una chica de 17 años elegir una carrera de ingeniería, de programación, pero, ¿por qué cuando vamos a los números de estas carreras el porcentaje de mujeres es bajísimo? Tiene que ver con una construcción, que es histórica y cultural, de un horizonte de posibilidades. Este horizonte se va alimentando, por un lado, de las referencias, de los usos digitales, de las posibilidades que tienen en la escuela, de la posibilidad de romper esta inercia, de que haya programas que incentiven. El Estado es clave. Si vemos que hay una inercia de las mujeres no eligiendo estas carreras, en un primer momento hay que dar impulso, motivación, subsidios, becas, para promover y que después pueda darse la rueda. Una vez que se empieza a generar eso, una empieza a tener amigas que estudian programación, entonces parece posible hacerlo, hay conocidas que estudian ingeniería, entonces no lo ves tan lejano. Y una vez que empezamos a ver mujeres en estos espacios, se empieza a romper un poco la inercia. También hay que trabajar mucho en las nociones culturales, están muy impregnados por discursos de odio machistas, esto lo estamos viendo ahora en el mundial. En Twitter, las mujeres que comentan o relatan el mundial son muy atacadas. Hay una resistencia al avance de mujeres en sectores que supuestamente están dedicados a los varones. Hay mucha descalificación e infantilización, en cuanto las mujeres ocupan estos territorios se las mira con una lupa. 

A nivel nacional, ¿qué diagnóstico hacen sobre la brecha digital de género a partir del trabajo en territorio que realizan?

Sabemos que la brecha de género digital tiene, a grandes rasgos, tres dimensiones. La primera dimensión es el acceso, es decir, ¿hay una desigualdad en quiénes acceden a Internet? En algunos países hay, en el nuestro no es significativa, es decir mujeres y varones se conectan más o menos por igual. La segunda dimensión es la de uso. Están conectados y conectadas, ¿qué hacen, es parecido, es igualitario el tipo de uso? Ahí ya vemos una brecha. En pandemia, por ejemplo, se observó que si bien las mujeres y los varones se conectaban la misma cantidad de tiempo, no había problemas en el acceso, el tipo de uso que se hacía de los entornos digitales era desigual. En general, recaía en las mujeres, por ejemplo, la continuidad pedagógica de sus hijos y sus hijas. Estaban mucho tiempo conectadas pero no trabajando o haciendo un uso personal, exploratorio, productivo, creativo, sino haciéndose cargo de la compra del supermercado online, de la tarea de sus hijos y sus hijas, de entrar al aula virtual, todas tareas de cuidado que suelen recaer en las mujeres. Sabemos que en Argentina no tenemos que pensar tanto en cuánto se conectan las mujeres, sino en qué hacen, porque si no reproducimos una desigualdad muy invisibilizada. Eso sí se vio mucho en pandemia y también tiene que ver con factores culturales que se están cambiando pero hay que darles mayor impulso.

En términos de la permanencia, hay un ataque de resistencia muy fuerte cuando las mujeres ocupan territorios de cualquier tipo y sin dudas la violencia de género en entornos digitales fomenta también la brecha. Si queremos trabajar en que las mujeres puedan tener un rol más protagónico y achicar la brecha de género digital hay que también trabajar en la prevención o al menos en la visibilización de las violencias de género digitales, y una muy fuerte son los discursos de odio machistas.

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Reformar los Códigos Penales no es suficiente para disminuir los delitos de mujeres por razones de género. Lo muestra la experiencia de los países de América Latina que sancionaron leyes nacionales de femicidio o feminicidio (se llama de distintas maneras en los diversos países) para incorporar este delito, ya sea como figura autónoma o como un agravante del homicidio. “En los últimos diez años, casi veinte países de la región aprobaron esta legislación y sin embargo lo que muestran los datos es que los femicidios no disminuyen”, dijo Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género), y agregó: “Hacen falta otras políticas y promover otros cambios para avanzar en la erradicación de la violencia contra las mujeres”.

En un encuentro regional realizado en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, aquel que es ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), se desarrolló un debate enfocado en las estrategias para luchar contra el femicidio, en particular desde el acceso a la justicia como pieza clave para prevenir, sancionar y erradicar la violencia femicida. El evento estuvo organizado por el MESECVI, el organismo de la OEA creado para evaluar la implementación de la Convención de Belém Do Pará para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, junto con la Oficina de la Mujer de la CSJN, la Corte Suprema de México y ELA. El paso de un enfoque punitivo a un abordaje integral de la problemática fue planteado como uno de los principales desafíos en la región.    

A la jornada de trabajo fueron convocados los poderes judiciales de las provincias de Argentina, y la casi absoluta participación de mujeres fue una de las llamadas de atención recurrentes en los distintos paneles. El dato no pasa desapercibido en un evento en el que se abordó la urgencia de incorporar la perspectiva de género en las sentencias para deconstruir conceptos como el de pareja, ya que, según explicó Gherardi en base a estudios realizados, en algunos casos se lo limita únicamente a las uniones matrimoniales, en lugar de reconocer los vínculos de confianza de otra naturaleza que deben dar lugar a estándares de protección agravada, lo mismo ocurre con la interpretación del concepto de violencia de género, su contexto y características. “Eso muestra la forma limitada en que las mujeres feministas llegan a los espacios de decisión de la justicia”, dijo la representante de ELA.

El MESECVI es un mecanismo creado por la Comisión Interamericana de Mujeres para darle seguimiento a los Estados que forman parte de la Convención de Belém Do Pará y generar una plataforma de cooperación internacional para evaluar su implementación. Luz Patricia Mejía, la secretaria técnica del organismo, explicó que el acceso a la justicia es el corazón de la implementación de las obligaciones del Convenio y que el intercambio entre Estados resulta clave en una región profundamente violenta como América Latina. Mejía destacó el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina y la Oficina de la Mujer de la CSJN como ejemplos positivos, sin embargo, dijo en diálogo con elDiarioAR: “Argentina es un país de luces y sombras. Tiene un movimiento social importantísimo, la sociedad civil es fuerte y formada, es activa y tiene impacto. También tiene leyes muy importantes, pero hay un sistema patriarcal que sigue funcionando con mucho peso en la cultura, en las normas sociales. Las periodistas argentinas feministas han tenido un rol protagónico también en el levantamiento de una manera distinta de ver la violencia contra las mujeres, pero definitivamente la cultura patriarcal sigue arraigada en la institucionalidad, en espacios de poder y de decisión”, y como parte de los desafíos que atraviesa el país, agregó: “Hay una arremetida conservadora que busca desmantelar, desinformar, generar dudas respecto de estos procesos de avance en el repensamiento de las relaciones desiguales de poder, que en definitiva es parte también del corazón de la discriminación y la violencia”. 

La formación es un eje clave pero pendiente

En Argentina, la Ley Micaela establece la capacitación obligatoria en género y violencia por motivos de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Sin embargo, un informe publicado meses atrás por organizaciones feministas relevó que hay un retraso en el inicio de las capacitaciones y que sólo el 25% de las jurisdicciones de todo el país ha completado la capacitación enmarcada dentro de la Ley. “En la medida que haya institucionalidad de género fuerte, profesionalizada, financiada, con capacidad política para exigir, probablemente sea un facilitador para la aplicación de esa norma. Me parece que el monitoreo social, del activismo, de la academia y de otros poderes del Estado respecto del cumplimiento de las obligaciones son elementos que favorecen ese cumplimiento”, dijo al respecto la Natalia Gherardi. Y, en el marco del carácter regional del evento, indicó: “El MESECVI periódicamente pide a los Estados información acerca de cuál es el grado de cumplimiento de sus normas, programas y planes y, en definitiva, del cumplimiento de los estándares internacionales a los que se comprometieron al suscribir a la Convención de Belém do Pará”. 

Durante el evento en la CSJN la formación en perspectiva de género fue mencionada como uno de los componentes claves en la prevención de los femicidios. En el panel “Desmontando estereotipos para una justicia de género” se advirtió sobre la falta de capacitación del funcionariado del Poder Judicial como una barrera de acceso a la justicia, y que la presencia de estereotipos de género en los procesos de investigación invisibiliza a las mujeres como sujetos de derechos. Como parte de las oradoras de ese panel, la jueza Analía Monferrer, del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 2 de la Capital Federal, citó algunos estudios de casos relevados por la Oficina de Violencia Doméstica: “Al inicio muchas mujeres hacían la denuncia y en el mismo día, o esa misma semana, intentaban levantarla. En el 100% de los casos ese ir a levantar la denuncia era una coacción o amenaza por parte del agresor. Hay que tener en cuenta esa característica de las víctimas de violencia para saber cómo avanzar”, y sumó: “Las contradicciones en el relato pueden deberse a los hechos traumáticos que atravesaron. La mujer está dispuesta a decir que mintió porque no quiere que su esposo o ex esposo vaya detenido porque es el padre de sus hijos”. Los datos más recientes de la Oficina de Violencia Doméstica informan que en el segundo trimestre de 2022, las denuncias de violencia doméstica en CABA crecieron un 36%. Según el Informe estadístico de ese periodo, de las personas afectadas por situaciones de violencia doméstica, 8 de cada 10 son mujeres y niñas.  

Las representantes de los organismos que convocaron al evento coincidieron en la necesidad de avanzar en los desafíos y las estrategias de prevención más allá de la cuestión meramente punitiva para lograr una transformación social. Gherardi destacó la importancia de aplicar una perspectiva interseccional que considere factores y circunstancias -como características socioeconómicas, origen migratorio, identidad de género, discapacidad- que tienen un impacto en las posibilidades de ejercer derechos y que deben ser consideradas en el análisis de los hechos, en la recolección de las pruebas y en la aplicación de las figuras penales a los casos concretos: “En un momento en el que toman volumen las voces que cuestionan la igualdad de género como estrategia central para el desarrollo, es momento de analizar críticamente los avances para fortalecer los logros y para pensar en el futuro porque claramente no hay democracia sin vidas libres de violencia”. 

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Esta semana, Argentina es el país anfitrión de la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, organizada por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) en conjunto con ONU Mujeres. Se trata del principal foro intergubernamental y regional sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género que termina hoy. 

Previo a su inauguración oficial, se realizó el Foro Feminista, un encuentro que históricamente acompaña en forma paralela a la Conferencia sobre la Mujer. El Foro es periférico, pero protagonista. Se realiza antes, pero resuena en el durante. Es una jornada autogestionada por organizaciones de la sociedad civil y movimientos feministas de la región y su rol clave es consensuar las demandas que serán presentadas a los Estados de la Conferencia para incidir en sus políticas públicas. 

De los territorios, a las agendas gubernamentales

El Foro Feminista 2022 se realizó en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, ex ESMA, donde se reunieron activistas feministas -desde la organización comunicaron una presencia de 3 mil personas- de distintos puntos del país y de América Latina para participar de talleres y conversatorios. Este año, el eje central de debate que atraviesa a la Conferencia Regional sobre la Mujer es “La sociedad del cuidado: horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género”, en clara referencia a un tema que cobró visibilidad a partir del impacto de la pandemia. Las actividades del Foro Feminista, entonces, abordaron esta problemática para ampliar los consensos sobre las políticas de cuidado. En la apertura del Foro hubo representantes de la sociedad civil, como organizaciones y líderes indígenas, sindicatos, movimientos de países vecinos y también de organismos internacionales y del sector público, como Ayelén Mazzina, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad y la directora Regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres, María-Noel Vaeza. 

“Por los cuidados al centro, con las personas al centro, con el planeta al centro, con las mujeres indígenas”, fue una de las consignas que dio la bienvenida al Foro. Durante el encuentro, se celebró el trabajo colectivo como manera de integrar todas las perspectivas y debates de la jornada. “La pandemia hizo visible lo que nadie quería ver. Una de las más antiguas demandas feministas: que el trabajo de cuidado sea reconocido y retribuido”, relató una voz en off en un video que abrió formalmente el Foro. La importancia del evento radica en la posibilidad de transformar esas demandas del movimiento feminista en la conquista efectiva de derechos. A este tema se refirió la directora Regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres, María-Noel Vaeza: “Sociedad de cuidados significa basta de un modelo de desarrollo basado en nuestro trabajo gratis. Queremos cuidados sistémicos que nos permitan salir a trabajar, generar autonomía económica”. Por su parte, Ana Güezmes, directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, describió a la agenda regional de género como profunda, ambiciosa e integral, que se debe construir “con y en diálogo constante con los movimientos y organizaciones feministas”. La referente del Feminismo Comunitario Abya Yala de Tejido Chile, Carolina Pinilla, amplió la mirada de los cuidados a las vivencias de las mujeres de los pueblos indígenas: “Venimos para contribuir a la reflexión crítica y política. Están avanzando los pensamientos fundamentalistas. Estamos cansadas del hambre, del colonialismo, nuestros pueblos están enfermos y es necesario que entre nosotras hagamos una reflexión respecto de nuestras relaciones de poder. La convocatoria es hacia la transformación social”.

Agenda regional de género

El primer conversatorio, “La vida en el centro: desafíos hacia sociedades de cuidado feministas, ecológicas y con justicia social” sintetizó los lineamientos generales que las integrantes del Foro consideran que una sociedad de cuidados debe tener en cuenta. Las principales demandas giran en torno al reconocimiento del derecho a cuidar y ser cuidado, tanto de infancias como de personas mayores y personas con discapacidad; la corresponsabilidad de los cuidados entre los géneros y la visibilización y el reconocimiento económico y social de los trabajos de cuidado. Terry Ince, coordinadora y fundadora del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en Trinidad y Tobago se refirió a la participación de las organizaciones de la sociedad civil como una cuestión vital para el monitoreo de las políticas públicas que ayudan a contrarrestar las desigualdades en la región. Y cuestionó: “¿Qué tanto implementan los gobiernos presupuestos con perspectiva de género? ¿Cuán bien planifican estos presupuestos con mirada de género? Debemos preguntar esto a los gobiernos todos los años, debemos saber cómo impactarán los presupuestos en las mujeres. Es algo por lo que debemos responsabilizar a los gobiernos. Tenemos que hacerles saber cuáles son las exigencias”. 

Además del énfasis en las personas, el Foro se posicionó en defensa del cuidado del agua, de la tierra y del planeta. En esa línea, se pusieron en común las críticas al modelo extractivista que se aplica sobre los territorios: “Es lo que vemos cada vez más implementado en la región de América Latina y en el mundo, y ese modelo ha generado grandes dificultades para la vida en la sociedad. Tenemos que pensar cómo superarlo y sabemos que las mujeres, especialmente las más empobrecidas de la población, las racializadas, indígenas, negras son las que vienen sufriendo más los efectos del neoliberalismo”, manifestó Graciela Rodriguez, de Brasil, abogada y activista de derechos laborales. 

Temáticas como el acceso y permanencia en la vivienda de personas LGBTIQ+, la remoción de barreras para el acceso a la educación sexual integral, la anticoncepción y el aborto, el acceso a la salud para las personas trans y travestis y la violencia de género fueron algunos de los ejes debatidos durante el encuentro feminista en la ex ESMA. El resultado fue la elaboración de un documento oficial que se presentará en la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. “Son ustedes quienes están en los territorios y nos tienen que acercar lo que va a surgir de este encuentro, que son justamente las políticas públicas que tenemos que poner en el centro como funcionarios públicos”, había dicho en la apertura del Foro la ministra Ayelén Mazzina. Mientras aún se desarrollaban las actividades de la jornada, en un encuentro con la prensa junto a la representante de ONU Mujeres y de CEPAL, Mazzina se refirió al rol del Estado en el tema de debate: “Cuando hablamos de cuidado hacemos referencia solamente a las mujeres, y los cuidados no son solo de las mujeres. Tenemos que poner en la agenda la responsabilidad compartida. No es una temática de las áreas de género sino una temática transversal”.

En esa línea, María-Noel Vaeza, de ONU Mujeres, reclamó que se reconozca al cuidado como un trabajo remunerado: “Es un trabajo que empieza cuando nacemos y nos atraviesa toda la vida, por eso desde ONU Mujeres y CEPAL hablamos de reducir, reconocer y redistribuir el trabajo de cuidado. Para nosotras es muy importante el Foro Feminista, escuchar a la sociedad civil es uno de los grandes beneficios porque desde ahí sale la creatividad que luego tenemos que transformar en políticas públicas. Por eso también es importante el Foro Parlamentario (que también forma parte del programa de la XV Conferencia Regional sobre la Mujer), porque es necesaria una legislación para establecer sistemas de cuidado públicos e integrales. Lo que queremos es que existan los cuidados como un pilar más como la educación, la salud y que sea algo de todos”. El debate a partir de la declaración del Foro Feminista y de las participaciones intergubernamentales deberá tener en cuenta la crisis financiera global, las consecuencias de la pandemia y la emergencia climática para desarrollar políticas integrales y sostenibles que organicen de manera justa y equitativas las tareas de cuidado en la sociedad.  

JLC

En la Argentina de la inflación, de insumos dolarizados y de falta de acceso a divisas los distintos actores de la industria editorial emparchan agujeros para sostener oficios, profesiones, mercados y, principalmente, la circulación de las ideas y de la información. Mientras se suman trabas a la rueda que hacen girar imprentas, editoriales, distribuidores, librerías y autores, esta industria cultural reclama medidas integrales para ser protagonista en la activación económica y en la democratización del acceso a la cultura.

El sector editorial se caracteriza por la diversidad de actores con necesidades que varían tanto como sus infraestructuras, y que están profundamente ligadas a su ubicación en el extenso y desigual mapa de la Argentina. Sin embargo, como se advertía con mayor urgencia hace solo unos meses cuando la falta de un insumo clave como el papel se veía agravada por el desconcierto nacional sobre las variaciones del dólar, las distintas voces que mantienen activo al sector reclaman desde lugares diferentes pero interdependientes. Sus demandas son particulares pero todos los caminos conducen a la necesidad de políticas públicas, sostenidas a largo plazo, que consideren a todos los actores de la industria. En diálogo con elDiarioAR, Marcelo Guerrieri, escritor y presidente de la Unión de Escritoras y Escritores, realiza un diagnóstico de las principales necesidades de los trabajadores y las trabajadoras de la palabra. Su actividad impacta en la creación de obras, en la visibilización de contextos sociales, en el acceso a la educación y en el vasto universo del que forman parte los derechos culturales. 

En el contexto actual, ¿cuáles son las principales necesidades que identifican en la industria editorial?

Cada uno, desde su lugar, aporta a sus necesidades. Desde la mirada de los escritores, necesitamos que se valore al escritor en tanto trabajador como un factor más de la industria editorial. Se suelen hacer estudios sobre ventas, sobre publicaciones, sobre distribución pero no hay datos sistemáticos sobre los ingresos de los escritores, por ejemplo. No hay estudios académicos, relevamientos sistemáticos, ni forma de saber cuánto gana un escritor, cuántos escritores viven de su trabajo. Un primer aspecto es entender que los escritores somos un factor de la industria editorial y como tales necesitamos tener información. Esa información es vital para después pensar políticas públicas. Lo que observamos en nuestro ámbito es que los escritores compramos tiempo para trabajar de escritores trabajando de otras cosas. Esa es la situación de precariedad general del trabajador escritor. Pensando que el texto es un insumo sin el cual no se puede hacer un libro, es paradójico que quienes proveemos el material para que la industria editorial tenga sus libros debamos trabajar de otras cosas para trabajar de escritores. Las políticas públicas, hasta ahora, no nos han pensado como un factor más dentro de la industria editorial, sino como un insumo que se consigue y que está disponible como si bajara del cielo.

¿De qué depende ese reconocimiento como trabajadores?

Primero, somos los propios autores los que tenemos que reconocernos como trabajadores y hacer valer nuestro trabajo. Después, las políticas públicas, que tienen que incluirnos. El mercado editorial actual, por cómo está configurado, no permite que los escritores vivamos de trabajar de escritores. El estado, en esta situación, tiene que generar políticas públicas para compensar lo que el mercado no está haciendo. Y después hay que transformar las relaciones laborales dentro de esta industria editorial para que los escritores tengamos ingresos suficientes. Vivimos de una cantidad de tareas diversas y los derechos de autor suelen ser una porción mínima de todos estos ingresos. En otros países, por ejemplo, hay políticas públicas de becas constantes a la creación autoral. Desde el Estado tiene que haber una una política sostenida, basada en datos que hoy por hoy no están. El Instituto del Libro sería un espacio justamente para debatir entre todos los actores y pensar políticas públicas a mediano y largo plazo que nos incluyan a todos: escritores, libreros, editores, distribuidores, imprenteros.

Un proyecto que se dilata

“El proyecto que presentó Daniel Filmus en el 2019, que había tenido un avance en la Comisión de Cultura, no se llegó a tratar en el recinto y cayó porque perdió estado parlamentario. Cuando se renovaron las autoridades, quedó sin nadie que lo siguiera. Nosotros veníamos participando del armado de ese proyecto con muchas críticas porque reproducía las desigualdades en relación con los escritores”, resume Marcelo Guerrieri. Durante la pandemia, la Unión de Escritoras y Escritores realizó un encuentro virtual al que convocaron a diputados, senadores, autores y del que participaron el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, y el entonces ministro de Educación, Nicolás Trotta. Con el objetivo de poner el proyecto nuevamente en la agenda parlamentaria, consiguieron que lo retomara la senadora Cristina del Carmen López Valverde y que se le realizaran los cambios que proponían para el sector, aunque aún aguarda ser tratado en el recinto: “El 40% del presupuesto que habría para el Instituto del Libro tendría que ir a becas autorales, becas a la creación, sanar esta falencia que hay en el mercado actual. Además, pedimos que haya igualdad de representación dentro del Directorio, que tenga igual cantidad de escritores que de editores y libreros”, explica Guerrieri y agrega: “Otro aspecto que no estaba en la versión anterior es que el Instituto del Libro consideraba libro argentino, es decir un libro a ser promovido, aquel que tuviera ISBN argentino. Y para eso no es necesario, por ejemplo, que el libro sea escrito por un escritor argentino, que sea editado en Argentina. Entonces propusimos que se considere libro argentino aquel que es impreso en Argentina, con autor o traductor argentino”. 

¿Creen que con estas demandas se podría potenciar el rol de las industrias culturales en la reactivación económica del país? 

Nosotros estamos convencidos de que la industria editorial, con una mínima inversión, puede generar ingresos, valor agregado y trabajo de calidad. Además de lo que aporta en tanto construcción de identidad, porque la industria editorial y los libros no son cualquier bien, son un bien cultural. Entendemos el derecho a la lectura como un derecho humano que debe ser democratizado. Hoy, la industria editorial no está pensada de forma sistemática y federal. Está muy concentrada en Buenos Aires. De pronto hay problemas enormes con la logística, eso ya no tiene que ver con los escritores, pero sí, porque si se venden más libros nosotros cobramos más derechos de autor. Hay una ley que hace que el libro valga lo mismo en todo el país, que evita que se bajen los precios o que haya competencia desigual. De hecho las librerías son un espacio que también habría que considerar distinto, no es un comercio cualquiera. Pero esa ley, que es positiva, si no tiene luego un apoyo en la logística, termina complicando otro aspecto que es la democratización y federalización del libro en el país. 

El presidente de la Unión de Escritoras y Escritores enumera otros factores a mejorar como la liquidación de los derechos de autor, que se realiza cada seis meses, y hace que el 10% que se cobra por cada venta pierda su valor adquisitivo contra la inflación. El régimen impositivo es otro tema pendiente, ya que no existe en el monotributo una categoría propia para escritores.  Cuando se presentan coyunturas como la escasez de papel, que frenan la actividad editorial, ¿cómo repercute eso en autores y autoras?

Yo creo que el problema que existe es que no se piensa en la industria editorial como un todo ni en la interrelación que tenemos todos los actores de la industria. Lo que suele pasar es que cada uno se salva como puede. Entonces, de pronto está la crisis del papel, y las imprentas o los editores consiguen un subsidio específico para subsanar ese problema. Pero en el medio hubo un parate, ¿y los escritores? ¿Y qué pasa con las librerías que perdieron ventas? No se puede pensar en ningún aspecto de la industria editorial por separado. Desde ese lugar creemos que es imprescindible que exista un Instituto del Libro que cambie las reglas, entendiendo al libro como un derecho humano y no como una mercancía más.

Alejandro Dujovne, en diálogo con elDiarioAR, describía una potencia de la industria editorial a pesar de las sucesivas crisis, ¿cómo ven eso desde su lugar de escritoras y escritores?

No hay ninguna duda. Hay un vigor que está apoyado en el sacrificio de escritores, editores y libreros que hacemos un gran esfuerzo para llevarlo adelante y basta ver la cantidad de premios internacionales que reciben nuestros libros, la diversidad de temáticas y de calidad de textos que circulan. Hay una carrera universitaria gratuita de Artes de la escritura, algo que es inédito en muchos países (la Licenciatura en Artes de la Escritura de la Universidad Nacional de las Artes), eso habla también de la cantidad de actores que se interesan en ser escritores, en publicar libros. Hay mucho amor y mucho sacrificio. A veces hablan del milagro, y no es un milagro, se sostiene con el esfuerzo y la precariedad laboral de escritores, de libreros y de editores. 

JLC

En el clásico Congreso Internacional de Periodismo FOPEA (Foro de Periodismo Argentino), que realizó su 17ma edición en la Ciudad de Buenos Aires, la variedad de paneles sirvió para dar cuenta de que el periodismo nunca está quieto. El contexto actual es desafiante por múltiples motivos, que van desde la precarización laboral, hasta las amenazas de muerte que sufren quienes trabajan en temas vinculados al narcotráfico. Mientras tanto, a nivel global, el paradigma digital en constante metamorfosis suma nuevas exigencias e interrogantes a medios, periodistas y, también, audiencias. 

Modelo en construcción

La sustentabilidad de los medios en una época marcada por la sobreabundancia de contenido digital, disponible de manera gratuita y al alcance desde cualquier dispositivo, es parte de una ecuación que está lejos de terminar de despejarse. El tema, como todo en el ecosistema digital, atraviesa múltiples dimensiones. No solo se trata de poder generar ingresos, sino de que el modelo de negocio implementado no condicione la información que un medio publica ni los temas que investiga. “La rentabilidad es en función de garantizar el periodismo”, dijo Silvina Heguy, directora de Estrategia de elDiarioAR, quien participó del panel “Una mirada sobre la actualidad del periodismo de investigación”, junto a Gabriela Manuli, periodista argentina y subdirectora de la Red Global de Periodismo de Investigación, Edgardo Litvinoff, periodista y coordinador del colectivo Ruido y Mariel Fitz Patrick, periodista de Política, Investigación y Datos de Infobae. En Argentina, como en el mundo, el periodismo de investigación es un lujo para unas pocas personas que obtienen el financiamiento necesario para sostenerlo. 

Desde distintas experiencias y recorridos, las y los periodistas que participaron de los paneles llamaron la atención sobre la necesidad de que toda la sociedad comprenda que, sin periodismo, no puede haber democracia de calidad, y que la información es clave para las decisiones diarias de la ciudadanía. “En algunas provincias se vuelve muy complicado tratar algunos ejes como transparencia, acceso a la información y corrupción”, explicó Litvinoff y se refirió a la pauta oficial como un condicionante a la hora de publicar sobre determinados temas. “Gran parte de los ingresos de la mayoría de los medios regionales, locales, están compuestos hoy por la pauta oficial, en muchos casos representa más del 50% de los ingresos”, detalló. Ruido se define como una red colaborativa y federal contra el silencio oficial, como un medio, pero también un insumo para otros medios del país ya que genera informes de acceso público en base a datos relevados en todos los distritos de Argentina. Por su parte, Manuli, quien aportó una visión global al contexto argentino, hizo énfasis en la importancia de las redes colaborativas de trabajo, un tema que resonó en todas las discusiones del evento. Sin dudas, el nuevo modelo de periodismo está lejos de las individualidades y crece entre equipos interdisciplinarios y alianzas que, en muchos casos, cruzan fronteras nacionales. 

El mejor oficio del mundo no se resuelve en internet  

Durante los dos días del Congreso FOPEA hubo lugar para hablar de los nuevos roles asociados al concepto de producto, de las metodologías de trabajo en las redacciones virtuales y de los creadores de contenido que cubren acontecimientos históricos por streaming para una audiencia participativa. Pero, también, el Congreso fue un espacio de reivindicación de las prácticas tradicionales del periodismo, esas que eran protagonistas mucho antes de la llegada de twitter, de los motores de búsqueda y del clickbait. El énfasis en la observación directa, en la consulta a las personas involucradas en un acontecimiento, en la búsqueda de la información del otro lado de la gacetilla oficial, como dijo Mariel Fitz Patrick, son las habilidades que no deben perder relevancia a pesar de que las digitales sean las que acaparen las conversaciones. 

Urgencias en el periodismo: precariedad, equidad y género

Si el rol de las y los periodistas es primordial para el desarrollo de la democracia, también deberían serlo sus condiciones de trabajo. Jerónimo Biderman Núñez, de la Universidad de San Isidro, compartió algunos indicadores de una investigación recientemente publicada junto a FOPEA, con una muestra de 646 periodistas profesionales de Argentina. En un país atravesado por las crisis económicas recurrentes y con la inflación como protagonista en los titulares, la situación de la profesión se complejiza. Los datos presentados muestran que, por ejemplo, en los casos de despidos, el 63,3% de las personas no cobraron indemnización. “Ni siquiera la relación de dependencia en un trabajo a tiempo completo garantiza todos los derechos”, dijo Biderman, quien se refirió a un periodismo precarizado como un periodismo dócil, por eso, explicó, la lucha no es únicamente por la mejora de los ingresos salariales, sino por la recuperación de la credibilidad del periodismo para hacer una mejor democracia. 

Las periodistas mujeres, como se repite en tantas otras disciplinas y profesiones, la tienen más difícil. El 56% considera que su género la condicionó negativamente en su progresión laboral, mientras que solo el 10% de los varones lo hace. Mariana Iglesias, editora de Género de Clarín, se refirió a la falta de mujeres en los puestos más jerárquicos de los medios de comunicación y cómo eso impacta en los caminos profesionales de las trabajadoras. Las periodistas no avanzan mucho más allá de la base de la pirámide por las lógicas de un sistema que les pone barreras para llegar a los roles de toma de decisión. Para ellas, quedan los sueldos más bajos. “Es importante que estemos ahí por la diversidad de las miradas”, dijo Iglesias y explicó: “Las mujeres le aportamos otra mirada al periodismo, le aportamos luchas, conquistas, reclamos, y contextos a situaciones que si no estarían invisibilizadas”. En este debate sobre precarización y género también estuvo presente la periodista Lorena Serini, de C5N, quien describió la situación laboral en los medios televisivos: “Tenés que tener un cuerpo hegemónico que esté bien para salir al aire. A pesar de las luchas, no ha cambiado demasiado, siguen existiendo los comentarios sobre las mujeres relacionados a la imagen”.   

Libertad de expresión en América Latina

Una de las figuras internacionales del Congreso fue Rosental Alves, el periodista, referente y profesor brasileño, presidente de la cátedra Knight de Periodismo y de la cátedra de Comunicación de Unesco. Alves insistió en la necesidad de realizar una “alfabetización periodística de la sociedad” para que la libertad de prensa sea defendida como un fundamento esencial para la democracia. Es otra de las ideas que circuló por todos los diálogos colectivos del encuentro. “Ahora hay un ataque frontal a la democracia occidental y en esto el periodismo es un tipo de blanco distinto a otras épocas. Hay una campaña sistemática para desmoralizar el lugar del periodismo en la sociedad, para decir que el mundo no necesita periodistas. Los poderosos no quieren intermediación, los ataques a la libertad de prensa son ataques fundamentados en que quieren acabar con el periodismo como intermediario”, dijo Alves. Su enfoque internacional estuvo en preocupante sintonía con el contexto local y regional que se retomó en el panel “Periodismo en peligro: narcocriminalidad en Latinoamérica”, en el que el periodista y escritor Reynaldo Sietecase se refirió a lo que ya aparece como un signo de época: “Estamos en una coyuntura muy delicada, en una emergencia continental con respecto al narcocrimen” y agregó: “Pensar que el problema es Rosario es parte de una ceguera. En el conurbano de Buenos Aires se repite el mismo esquema. Hay que empezar a advertir fuertemente de estos peligros”. Sietecase realizó una interpelación a la dirigencia política para que tome en serio esta coyuntura: “En muchos casos no lo hace por omisión, porque no lo ve importante, porque está pensando en la próxima elección, pero no están viendo que hay un enemigo que crece y cuando no nos demos cuenta vamos a tener situaciones que son como las de los países hermanos”, dijo, en lo que fue un panel para darle visibilidad al escenario complejo y, como lo definió Paula Moreno, presidenta de FOPEA, “preocupante y normalizado”.  

El periodismo de la región está en movimiento para mantenerse a salvo, para transformarse y encontrar un lugar renovado que le permita ejercer su rol clave en la defensa y fortalecimiento de la democracia. Profesionales en distintos roles y desde diferentes puntos en el mapa levantan la voz, circulan datos y crean redes de colaboración para que, junto al compromiso ciudadano, la apuesta por el periodismo sea la de toda la sociedad. 

JLC

Los estudios universitarios están en expansión. Sin embargo, algunas disciplinas se mantienen como territorios ajenos a la participación de las mujeres. Se trata de las carreras vinculadas a sectores productivos que ofrecen mejores condiciones laborales y remunerativas que el resto del mercado. Particularmente, de las disciplinas STEM -por la sigla en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática- que se caracterizan por el rol central del desarrollo de tecnología. Estos datos fueron publicados por la organización Chicas en Tecnología (CET), luego de haber relevado estadísticas oficiales del sistema universitario de Argentina que muestran que las mujeres son minoría en la creación y desarrollo de las soluciones digitales que moldean la vida diaria.

“Una carrera desigual: la brecha de género en el sistema universitario de Argentina” es la nueva investigación publicada por Chicas en Tecnología en la que se analizan, desde una perspectiva de género, las estadísticas del Departamento de Información Universitaria que forma parte de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación. La organización de la sociedad civil, que busca reducir la brecha de género en tecnología, realizó sucesivos pedidos de acceso a la información pública -regulados por la Ley N° 27.275- durante los últimos años para conformar una base de datos actualizada y pública con la cantidad de inscripciones, estudiantes y egresos de todas las instituciones universitarias del país, tanto públicas como privadas. La investigación actualiza esa base para realizar un seguimiento histórico de la presencia de mujeres en carreras de ciencia y tecnología y muestra que la tendencia se mantiene estable: entre 2010 y 2016, el universo de estudiantes de grado de estas carreras se repartía en un 33% de mujeres y 67% de varones. Para el período que va de 2010 a 2019, las mujeres representan el 34% del total de estudiantes de grado de carreras STEM y los varones el 66%. El informe “Una carrera desigual” aclara que los datos provistos por el Ministerio de Educación están clasificados por género binario, por lo que los análisis están realizados en base a esas categorías, y señala que las estadísticas oficiales deben contemplar todas las identidades de género para ser representativas de las diversidades y tener en cuenta sus necesidades y demandas en la elaboración de políticas públicas. 

“Más mujeres en disciplinas STEM es más acceso a trabajos del futuro”, dijo Megan Ballesty al presentar los datos, quien junto a Milagros Gimenez estuvo a cargo del análisis y la elaboración de la investigación. Y amplió: “Las carreras STEM están conectadas con lo que llamamos habilidades del futuro y van desde las ciencias duras y la lógica, hasta cuestiones más transversales como la resolución de problemas complejos, que toman valor en un contexto en el que el cambio tecnológico te pide que sepas desenvolverte en estos ámbitos”. 

Datos sobre un universo en continua expansión

Para identificar las carreras STEM entre los 7.785 títulos universitarios, la organización utilizó la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE), que permite comparar las estadísticas educativas a nivel internacional, e identificó todas las carreras de programación a través de una clasificación propia ya que no existe una metodología consensuada u oficial para establecer cuáles son estas titulaciones. “Hacia adelante queda mucho trabajo por hacer en fortalecer estas metodologías de identificación de carreras del ámbito tecnológico porque hay todo un ecosistema de disciplinas que van más allá de la programación y que también vamos a necesitar monitorear y promover que más mujeres participen en ellas”, anticipó Megan Ballesty sobre el desafío de analizar un campo que  están en continua transformación. 

Las investigadoras elaboraron un panorama general de los estudios universitarios en el que se observa que este nivel académico pasó de contar con 1,9 millones de estudiantes en 2011, a 2,3 millones en 2019. Este incremento del 20% se dio mientras que el crecimiento de la población argentina fue del 10%. Es decir que, durante el periodo analizado, la cantidad de personas con acceso a la educación universitaria creció en términos absolutos y en relación a la población. Esto se observa en un contexto nacional en el que las universidades privadas representan cerca de la mitad de todas las universidades existentes, y aún así, el 80% de los y las estudiantes se forman en una universidad pública. 

La investigación muestra que las estudiantes mujeres son mayoría en el sistema universitario -en 2011 representaban un 33% más que los varones- y su participación creció 2,7% por año hasta 2019. En cambio, la matrícula de varones creció un 1,9% anual. También con tendencia ascendente, la cantidad de inscripciones de mujeres aumentó 42% entre 2011 y 2019, mientras que para ellos este crecimiento fue de 29%. Sin embargo, estas tasas favorables se revierten al poner el foco en las disciplinas STEM. Mientras que del total de estudiantes varones, el 31% elige una carrera STEM, entre todas las mujeres estudiantes en el sistema universitario nacional, solamente el 12% elige estas carreras. La investigación advierte que las mujeres no son minoría en todas estas disciplinas, sino que su baja participación se explica principalmente a través de carreras asociadas a las ingenierías y a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Su presencia cae al observar particularmente las carreras de programación, en las que las mujeres conforman apenas el 17% del total de estudiantes. 

A pesar de encontrarse con barreras que las alejan de estos campos durante sus experiencias como estudiantes, las mujeres sostienen la tasa de egresos que logran para el promedio de todas las carreras. En las disciplinas STEM egresa el 27% de las estudiantes que se inscriben, en comparación con el 22% en el caso de los varones. Una investigación previa, “Un potencial con barreras”, publicada en 2019 por Chicas en Tecnología da cuenta de factores como la persistencia de estereotipos culturales que retratan a los ingenieros e innovadores ideales como hombres, la subrepresentación de mujeres en posiciones de liderazgo en las instituciones educativas universitarias, así como la escasez de docentes mujeres y de alumnas en las carreras de ciencia y tecnología entre los factores que dificultan e impiden tanto el acceso a estas disciplinas como la finalización de los estudios. Los estereotipos familiares y sociales y la ausencia de modelos visibles a seguir son algunos de los factores que contribuyen a que las mujeres subestimen sus propias habilidades en estas carreras, quienes durante la escolarización primaria suelen recibir estímulos y una educación diferencial brindada en función de su género. Estas vivencias desmotivan el interés de niñas y adolescentes por la ciencia y la tecnología desde temprana edad. Ya en la vida universitaria, se suman la falta de mentoras y estrategias institucionales que acompañen a las alumnas a lo largo de su formación, una menor confianza de las mujeres en sus logros -a pesar de desempeñarse en los mismos niveles que sus pares varones- y una falta de acompañamiento por parte de las redes de pertenencia que asocian estas disciplinas con lo masculino. 

De acuerdo con datos de la Cámara de la Industria Argentina del Software, en el país hay una escasez de talento y por año quedan 15 mil puestos de trabajo sin cubrir. Entre los perfiles más buscados se encuentran los de programación, diseño de aplicaciones móviles y especialización en machine learning. Estos empleos se caracterizan por ser formales, de calidad y tener una cobertura federal. Según datos de 2021 de esta misma Cámara, el 30% de las personas que trabajan en tecnología son mujeres. La formación en disciplinas STEM no solo ofrece posibilidades de crecimiento profesional, sino que los conocimientos en estas áreas permiten ser protagonistas en el diseño y desarrollo de tecnología. Cuanto más diversos sean los equipos que la crean, más representativa será de la población y de las problemáticas por abordar. Cada vez resulta más difícil imaginar actividades y modos de interacción ajenos al cruce de alguna innovación digital. Dimensionar el desafío de la brecha de género en estas carreras es necesario para entender que al futuro sólo lo está programando una parte de la población. 

JLC

Los países de América Latina atraviesan contextos diversos, con algunas realidades en común y numerosos desafíos locales y particulares. Entre procesos de fractura social y una crisis de credibilidad en las instituciones democráticas, los medios digitales afianzan su rol como parte activa de una comunidad y priorizan la calidad de la información para construir sociedades más libres y justas. El panorama relevado en “El hormiguero”, un informe sobre el estudio de medios nativos digitales latinoamericanos 2022 de la Fundación Gabo, muestra un ecosistema en proceso de transformación, la toma de posición por parte de los medios frente a temas de agenda local y la visibilización de grupos vulnerados.

Si algo caracteriza a los medios de la región es la diversidad que, según la reciente publicación, responde a las distintas realidades sociales. Entre ellas se registran incidentes en relación con la libertad de expresión y vigilancia de los gobiernos sobre la labor periodística. La pretendida posición de neutralidad de los medios tradicionales queda lejos del rol asumido por los medios digitales, que se identifican más con la denuncia frontal de aquellos temas que protagonizan sus agendas. Esto ocurre en un momento en el que la circulación de la información y su apropiación por parte de las audiencias adquieren mayor protagonismo en las demandas sociales y en la movilización ciudadana, que exige garantías a sus derechos y libertades. Al mismo tiempo, se registra una pérdida de confianza en los sistemas judiciales y legislativos. Según el último informe de Latinobarómetro, la insatisfacción con la democracia viene en aumento en la región, y midió 70% en 2020. 

Para el desarrollo de la investigación, Fundación Gabo construyó una base de datos de 9.365 medios digitales, y a través de un proceso de revisiones y verificaciones se llegó a un listado final de 1.521 medios activos en Guatemala, El Salvador, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, México, Nicaragua, Cuba, Colombia y Venezuela. “El hormiguero” muestra que el paisaje mediático de la región es vital y activo: el 48% de los medios relevados tiene menos de 5 años. En Argentina, se verificaron 301 medios nativos digitales, es decir, medios que producen o distribuyen información propia un 50% o más a través de diferentes tipos de soportes digitales.

En Argentina, se verificaron 301 medios nativos digitales, es decir, medios que producen o distribuyen información propia un 50% o más a través de diferentes tipos de soportes digitales.

Más voces y perspectivas

Agendas, modelos de sostenibilidad y relaciones con las audiencias son los ejes principales que determinan la identidad de los medios nativos de la era digital. El equipo de investigación de Fundación Gabo elaboró un cuestionario respondido por 359 medios -68 de Argentina- para conocer con mayor profundidad sus características. De esa encuesta surgen datos que le dan un relieve propio al mapa digital de América Latina: entre los medios consultados, la mayoría define como sus principales fortalezas contar historias de una manera diferente (63%) y aplicar un enfoque novedoso al tratar la información (56,8%). Consideran que los temas más importantes son el medio ambiente, la investigación del poder económico- político y el trabajo social y comunitario. Las prioridades son claras: brindar información confiable y servir a la comunidad. Se trata de algo que va en línea con las agendas que proponen y el tipo de vínculo que construyen con sus audiencias. Estos medios tienen un claro interés en abordar sus contenidos desde una perspectiva de género, de derechos humanos, diversidad y ciudadanía. Los temas son tratados con mayor profundidad y, lejos de las agendas mediáticas clásicas que buscan el abordaje del mayor número de acontecimientos recientes, priorizan este método de trabajo como sinónimo de calidad informativa.

Las posibilidades de la era digital

Los medios nativos digitales son medios de proximidad, buscan fomentar la participación ciudadana a partir de la información y asumen un compromiso con su comunidad cercana. En este vínculo juegan un papel clave las herramientas propias de la era digital, como las métricas. Los medios ya no utilizan los datos sobre las audiencias con fines de marketing sino prioritariamente para conocer a la comunidad que consume sus contenidos. Estas audiencias son caracterizadas por los medios como especializadas (25.9%) e interesadas principalmente en política, medio ambiente, cultura, economía y salud (en ese orden). Los medios de Argentina respondieron que la política es el tema de mayor interés. Si el fin es conectar contenidos con audiencias, conocerlas es crucial ya que se compite por tener su atención en un escenario de sobreabundancia de contenidos que circulan permanentemente a través de redes sociales y medios de comunicación. Se trata de públicos con niveles altos de expectativas y exigencias hacia los medios que consumen y en quienes depositan su confianza, son audiencias participativas, activas y críticas. 

El cambio de paradigma de los medios tradicionales a lo digital se hace visible en la transformación del concepto de público objetivo al de audiencias, y de estas a comunidades. Las lógicas se modifican también al interior de las organizaciones periodísticas. Un dato significativo del relevamiento es que los medios se definen a sí mismos como red (34,5%) más que como medio de comunicación (5%). Para los argentinos, este tipo de organización representa el 44,1%. Trabajar como parte de un ecosistema, en alianza con otros medios, no es un problema para organizaciones que, a diferencia de los grandes medios tradicionales, son diferentes entre sí y generan comunidad con sus audiencias desde distintas realidades. Entre las ventajas que encuentran, lo colaborativo permite afrontar temas que exceden al ámbito local y superar limitaciones económicas y operativas. Los medios de la región expresan una alta valoración de las alianzas: el 48% ya las ha desarrollado y al 27% le interesaría hacerlo. Principalmente, estas alianzas permiten elaborar contenidos de interés para sus comunidades. La tecnología como aliada habilita que las salas de redacciones sean híbridas, con periodistas que ejercen su oficio a distancia. Esto, incluso, se ha convertido en una estrategia política en aquellos países donde la censura y la persecución impiden informar desde el ámbito local.  

El recorrido transversal de la tecnología en la producción, circulación y apropiación de la información convierte las redacciones de los medios en entornos interdisciplinarios. Perfiles y conocimientos que exceden la profesión periodística interactúan en la construcción diaria de los contenidos. Sin embargo, en los medios que participaron de la encuesta, los equipos de trabajo siguen siendo mayoritariamente conformados por periodistas. Analistas de métricas digitales, especialistas en datos y otros roles vinculados a las transformaciones tecnológicas son aún minoritarios. Pero esto no es considerado por los medios como su principal desafío. Lo que expresan como necesario es contar con más recursos económicos –la respuesta representa el 71%- mientras que contar con más recursos técnicos solo representa el 8%. Esto expone la dificultad para desarrollar modelos de negocios sostenibles ya que los recursos propios y la pauta publicitaria siguen siendo la mayor fuente de ingresos. En este segmento, la Argentina muestra una alta dependencia en la pauta publicitaria, que representa el 36,5% de la sostenibilidad económica, frente a los recursos propios, que son la 2da fuente de financiación. La diversificación de ingresos sigue siendo un tema pendiente. 

El estudio de medios nativos digitales muestra que la transformación digital es mucho más una transformación cultural que tecnológica. Se trata de un modo distinto de acercarse a los acontecimientos locales, de visibilizarlos a partir de voces que históricamente estuvieron fuera de las agendas de los medios tradicionales y de ejercer el derecho a la libertad de expresión como garantía del fortalecimiento de la democracia. 

En el entramado social de la Argentina contemporánea se convirtió en posibilidad, y finalmente en hecho, la planificación y ejecución de un atentado contra la vicepresidenta de la Nación, que dejó a la vista las versiones convivientes de una sociedad que debe construir el rumbo a seguir: mientras un grupo de personas hacía una vigilia para mostrar su apoyo a una representante política elegida democráticamente, otras -de quienes aún se investigan sus vinculaciones y modos de operar- intentaban asesinarla. El hecho puso en el blanco el pacto social que parecía anteponer la defensa de las instituciones democráticas a cualquier discusión política. En el intento de significar el disparo fallido, el concepto de discurso de odio apareció como la explicación de lo que habilitó este capítulo de la historia argentina. Pero, rápidamente, también quedó atrapado en una lógica que se busca describir: los discursos de odio se atribuyen a unos y otros, se convierten en elemento de acusaciones cruzadas entre partidos políticos. Desde el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos (LEDA) de la UNSAM, Micaela Cuesta y Lucía Wegelin, sus coordinadoras, conversaron con elDiarioAR acerca de las investigaciones que llevan realizadas sobre el tema y que buscan abordar las preguntas y dilemas actuales de la democracia. 

¿A qué hace referencia específicamente el concepto de discursos de odio?

MC: La categoría que utilizamos parte de una definición de la Organización de Naciones Unidas para la cual se entiende por discurso de odio a todos aquellos discursos pronunciados en la esfera pública -y aquí incorporamos la esfera digital, las redes sociales- que busquen incitar, legitimar o promover formas de discriminación o violencia hacia una persona o grupo de personas en función de su pertenencia a colectivos raciales, de género, políticos, étnicos, etcétera. Lo que consideramos es que la generalización de este tipo de discurso puede crear un clima de intolerancia cultural y política, que puede traducirse en forma de acción violenta directa o, inclusive alerta la ONU, en ciertos modos de incitación al genocidio. 

De ideologías antidemocráticas a discursos de odio

En 2011, el Grupo de Estudios Críticos sobre Ideología y Democracia (GECID) comenzó a producir conocimiento desde la sociología sobre las ideologías antidemocráticas con la hipótesis de que, a partir de la crisis financiera global de 2008, empezaron a manifestarse fenómenos autoritarios en distintas partes del mundo. Hacia fines de 2020, el GECID y la UNSAM crearon el LEDA para enfocar esa experiencia de estudio no sólo en las ideologías antidemocráticas, sino también en su modo de circulación en las redes sociales. El equipo académico y de investigación, dirigido por Ezequiel Ipar, elaboró un índice de discursos de odio que sintetiza datos de diferentes variables para captar las disposiciones de los sujetos hacia estos discursos en la esfera pública digital. El LEDA lleva publicados estudios cualitativos y cuantitativos de alcance nacional y de acceso público sobre esta problemática, que incluyen grupos focales y la primera encuesta nacional de 3.100 casos sobre discursos de odio, y sus investigaciones contaron con el apoyo de la Secretaría General de la Cámara de Diputados de la Nación.

¿Cómo circulan y quiénes propagan los discursos de odio?

MC: Está bastante distribuido en la sociedad, no hay una posibilidad de identificación simple y rápida en relación a quienes lo propagan principalmente. Hay una especie de lo que llamamos subjetividad neoliberal que tiene características particulares, entre ellas una fuerte propensión a cierta moral punitiva, una identificación muy fuerte con formas del emprendedurismo que conllevan modos de identificación del otro como un competidor o un adversario. También con formas de la xenofobia, tal vez más mitigadas pero existentes. Sobre ese terreno, que denominamos subjetividad autoritaria con fuerte afinidad con la ideología neoliberal, es que crecen muchos discursos de odio. Lo que pudimos relevar a partir de nuestros grupos focales es una especie de naturalización de las formas de la violencia. Lo que estábamos viendo era una especie de post pandemia, de exacerbación del escepticismo, de la “antipolítica” -lo digo con mucho cuidado ésto porque termina redundando en una especie de politización autoritaria o de derecha- que tenía como objeto privilegiado a los políticos, sin distinción partidaria. Se enunciaba ahí una especie de desplazamiento de la grieta, ahora entre los políticos todos y la sociedad.  

Una primera mirada al atentado a Cristina Fernández de Kirchner

Luego del ataque a CFK los discursos de odio tomaron protagonismo y fueron tema de disputa entre distintos referentes políticos, ¿creen que se banaliza el uso del concepto en este contexto?

LW: Lo que se banalizó en un primer momento es el atentado en sí. Sí hay cierta peligrosidad en el sentido de que se reinscriba el término como una forma de nombrar a las pasiones, porque entonces el discurso de odio parece significar simplemente un discurso que usa una pasión. Al fin y al cabo, lo que se termina haciendo es culpabilizar a las pasiones -que tienen una temporalidad infinita, siempre existieron- de algo que no tiene que ver con las pasiones humanas. 

MC: Hay algo que también favorecen las redes sociales que son las reacciones muy inmediatas. El atentado produjo una reacción inmediata, y por lo tanto no reflexiva, entonces todo parece poder ser dicho en esa inmediatez. Aparecieron mensajes que ponían en duda la veracidad (del atentado), pero sobre todo lo que ponen en duda es la gravedad, eso es lo más peligroso. También ubicaría ahí la idea de que “fue un lobo solitario o un loco suelto”, y que ahora deviene en “fueron un par de lobos sueltos o un par de locos sueltos”. Ni un lobo solitario, ni un grupito de locos, eso es un modo para mí claramente de banalizar el atentado. No hay unos odiadores que es necesario separar. En dónde se asienta esa legitimidad para negar o banalizar el atentado creo que es una pregunta sociológica que sería interesante hacer y creo que, desde la perspectiva de los discursos de odio, con este antecedente en las reflexiones sobre el autoritarismo social y su afinidad con las ideologías políticas neoliberales, podría empezar a explicarse. Si atendemos a la definición de discursos de odio como formas de legitimar la incitación a la violencia hacia otro, pretendiendo sacarlo de plano, algo puede explicar si se entiende el atentado como un modo de atentar -no solo, que no es menor, contra una mujer, política, vicepresidenta- sino contra una institución de la democracia. 

Ni un lobo solitario, ni un grupito de locos, eso es un modo para mí claramente de banalizar el atentado. No hay unos odiadores que es necesario separar.

Micaela Cuesta

Con una cuidada elección de las palabras, las investigadoras explican que la sociología y las investigaciones llevadas adelante en LEDA pueden aportar un intento de pensar cuál es el estado de la esfera pública en la que se vuelve posible un pasaje al acto que está por fuera de la convivencia democrática: “En el último tiempo veníamos encontrando en los relatos subjetivos de la crisis una gran falencia de las democracias y de los relatos políticos a la hora de interpretar eso que los sujetos vivían como un padecimiento muy singular. Y la crisis era efecto de la situación económica global pero también era la crisis económica argentina en particular, la crisis de la inflación, la crisis de la pandemia. Realizamos muchos grupos focales y lo que había era una especie de indeterminación de las causas de esa crisis y del sufrimiento y una falta de relatos de ese sufrimiento en la política. No había nadie que estuviera dándole expresión a ese tipo de problemas subjetivos de la vida diaria o pandémica”, dice Lucía Wegelin y Micaela Cuesta suma: “Podríamos decir que ese vacío de alguna manera lo ocuparon otros relatos y otras narrativas que terminaron ganando terreno porque también había condiciones de posibilidad para que germinaran, como las narrativas antiestatalistas o antipolíticas y, en el límite, antidemocráticas o autoritarias”. 

Lo que pasa en las redes, no queda en las redes

¿Siempre analizan los discursos de odio vinculados a las redes sociales como un medio de proliferación? ¿Son indisociables un término del otro?

MC: Como nosotros los estamos analizando y relevando últimamente, sí. Efectivamente, cuando armamos el índice de discurso de odio las categorías que establecemos para que los entrevistados respondan se asemejan a las de las redes sociales: “si te encontraras con esto en una red social, ¿qué harías?”. Los grupos focales también los hicimos orientados a usuarios de redes. Cuando se habla de regulación de discursos de odio, las últimas legislaciones y lo que venimos relevando, son tipos de regulación de discursos de odio en redes. Tipificaciones asociadas a la incitación a la violencia, a la instigación al delito ya figuran dentro de nuestros Códigos hace tiempo. Entonces, discurso de odio como un objeto a ser regulado, al menos como lo pensamos nosotros, tiene que ver con las plataformas y con qué exigirles o no a los propietarios de esas plataformas para quienes los discursos de odio son redituables también en términos económicos. Nuestras investigaciones están bastante más focalizadas en cómo los usuarios se comportan ahí y qué reglas que allí se naturalizan dan forma a lo que ocurre en la conversación pública clásica, o sea, a la vista de todos en la Plaza. ¿Por qué uno no se sorprende cuando ve en la Plaza ciertas estetizaciones de la violencia como una guillotina o bolsas mortuorias? Porque probablemente en la red lo vio millones de veces, hecho memes o anunciado, y ya no causa esa sorpresa porque de alguna manera hizo de simulacro de eso durante mucho tiempo hasta volverlo cotidiano. No consideramos que exista un límite tan claro entre la digitalidad y la no digitalidad. 

LW: las reglas de la digitalidad que son nuevas se expanden sobre el resto, pero lo que hace a la circulación de los discursos de odio en particular y lo que favoreció su crecimiento tiene que ver con lógicas específicas de las redes sociales.

¿Cómo se involucra a la ciudadanía para frenar la circulación de los discursos de odio sin recaer en la ampliación o difusión de estos mensajes?

LW: Lo que vemos en los grupos focales es que hay pocas marcas del desacuerdo con este tipo de discursos en las redes. Cuando alguien no aprueba un discurso de odio en las redes la única herramienta que tiene es la de denunciar, y es un acto individual que implica un trámite, que tiene una complejidad. Después hay que ver cómo la red resuelve esa denuncia, pero no deja una marca visible. Hay algo de la tecnología de la red que desfavorece tomar una actitud activa de reprobación ante este tipo de discursos y eso, por ejemplo, es algo que no tiene que ver con una regulación. En primera instancia puede ser transformar algo de la propia estructura tecnológica de la red para poner un botón que esté más accesible, o favorecer un uso más asiduo de la opción de denunciar a través de distintas herramientas. Habría que ver cómo facilitar eso además desde las herramientas que puede tener un Estado, o con las conversaciones con las empresas que son las que al fin y al cabo regulan lo que puede ser dicho o no en las redes sociales. 

Lo que hace a la circulación de los discursos de odio en particular y lo que favoreció su crecimiento tiene que ver con lógicas específicas de las redes sociales"

Lucía Wegelin

MC: También está el no querer decir por el temor justamente de ser objeto de discurso de odio, el no querer opinar por temor a ser asediado. Cuando hablamos sobre la importancia de estudiar y atender el problema de los discursos de odio también tiene que ver con esto, porque lo que producen es el silenciamiento de esos otros que están siendo objeto de discurso de odio, la imposibilidad de intervención en la conversación pública con igualdad de garantías e igualdad de derecho de poder expresar lo qu

e realmente se quiere expresar. Los discursos de odio atentan también contra la libertad de expresión porque inhiben a quienes los padecen y también a quienes se oponen. No es verdad que el 100% de la sociedad sea odiante, no es una cuestión numérica, es cómo se construye la gramática de la conversación pública en las redes sociales. Se establece una especie de presupuesto de que, si uno quiere conversar a través de la red social, debe someterse a la lógica agresiva y violenta de la red.  

¿Aparecen en el atentado a Cristina Fernández variables de las que vienen estudiando en relación a los discursos de odio?

LW: Se puede pensar algo sobre las condiciones de posibilidad y ahí podemos decir que en Cristina Fernández se condensan una serie de prejuicios históricos: es mujer, es política -son dos de los principales objetos de odio en redes sociales. Esto no explica el atentado. Se puede  pensar qué lo hace posible, algo de eso se puede empezar a pensar con estos datos, pero no hay manera de explicarlo, es un hecho que tiene que ser tomado como lo que significó que es completamente disruptivo en la continuidad democrática. 

MC: Es un hecho de una gravedad institucional que cualquier intento de reconducirlo a una única causa es erróneo, cualquier intento de banalizarlo puede tener un costo muy grande para la sociedad argentina, cualquier intento inclusive de reconducirlo a un lenguaje político partidario también me parece un error. Creo que el único modo de significar la gravedad de lo que aconteció es el de volverlo una reflexión que suceda en la esfera pública, que nos interpele a todos como ciudadanos de una democracia. Hay algo que no nos podemos permitir y es que esto quede como un problema para unos pocos, creo que debería ser significado como un problema de todos aquellos que elegimos vivir en democracia. 

JLC/MG

“En una relación sexual que puede llegar a un embarazo el varón también es responsable del cuidado, y eso es algo que no se tiene en cuenta”, dice Mabel Bianco, presidenta de FEIM (Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer), que lidera la Campaña #PuedoDecidir, destinada a la prevención del Embarazo No Intencional Adolescente (ENIA). Este año, la organización busca interpelar particularmente a los varones cis heterosexuales para abordar los modelos de masculinidad y la corresponsabilidad en los métodos de cuidado.

En el marco del Día Mundial de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, fijado el 26 de septiembre, FEIM junto a 12 organizaciones de la sociedad civil, realizará talleres presenciales en distintos puntos del país, actividades de sensibilización sobre el tema y una campaña de difusión en redes sociales dirigida al público adolescente, equipos de salud y comunidad educativa del 21 al 28 de septiembre. Con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género se busca brindar información sobre métodos anticonceptivos, acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y derribar mitos través de la Educación Sexual Integral. 

En 2019, la Campaña citaba datos de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil para el primer decenio, que indicaban que el 34,4% de las y los adolescentes no utilizó ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual. De ese total, el 47,4% fue por falta de información o información errónea vinculada con mitos falsos y el 33,3% fue porque “él no quería”. Con las mujeres adolescentes se trabaja fundamentalmente para que conozcan su derecho a dar consentimiento en las relaciones sexuales, explica Mabel Bianco -médica especialista en epidemiología y referente en temas de género y salud pública- mientras que, con los varones cis, se aborda su responsabilidad en las decisiones anticonceptivas en una relación sexual que puede llegar a un embarazo. 

Los datos nacionales publicados por la Dirección de Estadísticas e información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación indican que, en 2020, nacieron 53.260 hijos de madres niñas y adolescentes (hasta 19 años). De esos nacimientos, 1.293 corresponden a adolescentes menores de 15 años. En Argentina, se implementa el Plan ENIA en doce provincias consideradas prioritarias por la cantidad de embarazos no intencionales en la adolescencia (ENIA) mediante el trabajo conjunto entre los Ministerios Nacionales de Salud, de Desarrollo Social y de Educación. La maternidad temprana es uno de los factores de abandono escolar, lo que repercute negativamente a largo plazo en las posibilidades de inserción laboral de las jóvenes y en su seguridad económica. En el último informe presentado, el Plan ENIA incluye datos de 2020 de la Secretaría de Acceso a la Salud que relevan que siete de cada diez adolescentes no planificaron su embarazo y, en menores de 15 años, esa cifra aumenta a ocho de cada diez. En muchos casos, esos embarazos son consecuencia de abusos y violencia sexual.  

El factor desigualdad

El embarazo adolescente se registra con mayor incidencia en el Norte argentino. “En general, son provincias donde hay menos educación sexual, tienen población rural en varios lugares y en muchos de ellos población rural indígena. Recién ahora el Ministerio de Educación empezó a traducir algunos materiales, no hay docentes bilingües”, explica Mabel Bianco y agrega como factores relevantes la presencia de servicios de salud rudimentarios, algo que priva a los y las adolescentes de acceder a información y métodos anticonceptivos. En el caso de la provincia de Formosa, los embarazos adolescentes intencionales también alcanzan un alto porcentaje, 44,6%, mientras que los no intencionales representan el 55,4%. Al respecto, Bianco explica que la población adolescente suele enfrentar restricciones por parte de los servicios de salud, como la exigencia de asistir en compañía de una persona adulta: “Les ponen una serie de trabas. Cuando la chica aparece embarazada le abren la puerta. Eso produce una percepción en ellas, que se extiende a las comunidades, de que para ser respetada tiene que ser madre”.

Durante la semana de prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia se promueve la Educación Sexual Integral (ESI) como un derecho humano y una herramienta clave para que adolescentes de todo el país puedan tomar decisiones informadas sobre su sexualidad. Otros de los ejes son la prevención de las infecciones de transmisión sexual y de VIH y el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo los espacios de consejería para la interrupción voluntaria y legal del embarazo. La Campaña #PuedoDecidir es impulsada por FEIM, Amnistía Internacional, Doncel, ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género), Fundación Huésped, Fundación Kaleidos, FUSA, Intercambios, Las Otras Voces, Red Nacional de Adolescentes y Jóvenes por la Salud Sexual y Reproductiva, Agrupación Xangó, RAJAP e IPPF LACRO.

Línea gratuita de Salud Sexual 0800-222-3444

Cada vez que el público masivo interactúa con sus dispositivos, accede a una red social, se informa o entretiene, consume contenidos fabricados por la industria publicitaria. Muchos de ellos, incluso, se instalan en la memoria colectiva durante décadas. Las responsables de generarlos son las áreas creativas, un departamento clave dentro de las agencias de publicidad ya que la creatividad es la materia prima de la industria. Además de estratégicas, estas áreas son, históricamente, de dominio masculino. Las organizaciones Mujeres en Publicidad (MEP), Círculo de Creativas Argentina y la consultora MedioMundo explican que, ante la pregunta por la falta de paridad, emergen respuestas como “no hay mujeres” o “cuesta muchísimo encontrar buenas duplas creativas de mujeres”. Para contrastar estas expresiones con datos y tener un panorama más preciso, realizaron el Relevamiento de las Áreas creativas en agencias de publicidad del AMBA, que reúne información de 2021. Los resultados muestran que la presencia de mujeres es evidente -son más del 40% de la población mapeada- pero también que ocupan cada vez menos espacios y sólo el 2,7% alcanza roles de máximo liderazgo. 

Las alertas se encienden cuando las marcas difunden campañas que estigmatizan a grupos vulnerados o minorías, refuerzan estereotipos de género o validan situaciones de acoso y violencia. La sociedad civil sale a manifestarse en redes sociales y medios de comunicación en contra de los contenidos que buscan utilizar las reivindicaciones de género con fines exclusivamente comerciales. Mirar hacia el interior de las agencias, responsables de diseñar e implementar esas campañas, también es necesario. “Cuanto menos diversos sean los equipos, es mucho más probable que piensen ideas menos creativas y también más sesgadas”, explicaron desde MEP durante la presentación del relevamiento y agregaron: “Las miradas homogéneas son menos sensibles a posibles problemas con los contenidos”. Las organizaciones de mujeres relevaron 69 agencias que reúnen a 1.249 personas del área creativa. El objetivo era analizar una muestra mayor pero muchas agencias se negaron a participar o a brindar información. La falta de datos es otra de las características de la industria mencionada por las autoras, quienes aseguran que se trata de un sector informal y con mucha rotación. 

La paridad, todavía un objetivo sin alcanzar

De las agencias que participaron del estudio, el 17,3% tiene paridad de género en las áreas creativas, es decir que las mujeres representan la mitad del departamento. De esas agencias, el 75% son chicas -cuentan con menos de 50 personas- y el 66,6% son independientes. Por su lado, las agencias que forman parte de holdings -el 30,4% del total de la muestra- no suelen tener una política de género incorporada. Sobre un total de 28 agencias grandes -más de 50 personas-, solo 3 tienen paridad de género. 

En 2020, un relevamiento realizado por la consultora MedioMundo mostraba que la participación de las mujeres en las áreas creativas era del 37,4% y de los varones del 62,6%. Los datos de 2021 de este nuevo informe señalan un aumento en la proporción de mujeres: representan el 41,6%, los varones el 57,9% y suma el dato de disidencias sexogenéricas que representan el 0,5% de la población analizada. Sin embargo, este incremento en la participación no se traduce en un impacto en la trayectoria de las mujeres, ya que según los datos publicados solo el 2,7% de ellas alcanza a ocupar roles jerárquicos, mientras que para los varones esos puestos representan el 16,7%. “Las mujeres tienen que demostrar diez veces más que son buenas para llegar a una dirección creativa o para ser consideradas una buena dupla”, complementaron con testimonios propios las publicitarias que asistieron a la presentación del relevamiento. Además de tener que esforzarse más que sus pares varones para que su trabajo sea reconocido, las mujeres manifestaron que su participación en equipos de trabajo genera una incomodidad durante los rodajes o producciones de comerciales ya que cuestionan estereotipos presentes al momento de vender un producto o servicios, por lo que la solución más fácil es dejarlas fuera de los proyectos.  

Las representantes de la consultora MedioMundo, especializadas en la búsqueda de talentos para el rubro publicitario, compartieron la dificultad que representa encontrar creativas líderes. Aseguran que se trata de un problema de desarrollo de carrera experimentado por las mujeres cuando buscan crecer profesionalmente. El primer techo con el que se encuentran son las direcciones creativas. Mujeres hay, pero solo muy pocas llegan a los puestos de liderazgo. Los números muestran que 7 de cada 10 mujeres en la creatividad ocupan posiciones llanas, es decir roles junior y senior. Mientras que, al hacer foco en los puestos de máximo liderazgo, las mujeres representan el 8,4% en cargos de Dirección General Creativa (DGC) y 13,5% en Dirección General de Comunicaciones (CCO). Un dato que destacan las organizaciones es que las publicitarias que alcanzan estos cargos lo hacen en agencias fundadas o lideradas por mujeres: “El género tiene impacto en las oportunidades. Cuando las mujeres llegan a posiciones de liderazgo es más probable que abran las puertas a otras mujeres a liderar”, concluyen.

Datos para actuar

El relevamiento realizado y la dificultad para acceder a los datos de un número mayor de agencias muestran que la problemática de género y las políticas de inclusión y diversidad aún no están instaladas en las agendas corporativas de la industria. Desde las organizaciones se busca la implementación de acciones efectivas para cambiar esta problemática estructural: políticas de cupo para asegurar la representación de mujeres y diversidades, revisión de sesgos en los procesos de contratación, políticas de desarrollo de carrera y espacios de sensibilización son algunos de los caminos que proponen para avanzar en la construcción de un entorno laboral con más oportunidades para todas las personas. 

JLC

Hace rato que hablar sobre el futuro de los medios de comunicación dejó de ser un tema exclusivo del periodismo. Media Party es el evento que, en cada edición anual, lo deja en evidencia. La conferencia argentina convocó durante tres días en Ciudad Cultural Konex a los principales referentes de innovación en medios digitales de distintas partes del mundo. Este año, en su décima edición, 2.600 personas se registraron para participar del evento gratuito. La conversación colectiva de la que formaron parte programadores, diseñadores y periodistas se construyó en torno al desarrollo de audiencias y las métricas que hay que saber generar y mirar para lograrlo, la creación de productos periodísticos y las formas de monetizarlos, la lucha contra la desinformación y la convergencia del mundo de los medios con tecnologías como inteligencia artificial, la web3 y el Metaverso.  

El jueves 25 y el viernes 26 de agosto las salas del Konex fueron escenario de sucesivas presentaciones, talleres y charlas. Los hitos de esta edición estuvieron protagonizados por referentes internacionales como Aron Pilhofer, ex gerente de estrategia digital en The New York Times y The Guardian y actual referente del departamento de Periodismo de Innovación en la Universidad Temple, quien hizo un breve recorrido por la evolución de las plataformas y redes sociales, y de los valores de las empresas propietarias para mostrar cómo muchas pasaron al olvido -como la red social que quiso instalar Google pero sólo prosperó la funcionalidad de Hangouts- y otras se transformaron o fueron compradas por gigantes como Instagram por Facebook. Otro referente que se subió al escenario fue Trei Brundrett, cofundador y, desde abril, ex director de operaciones del conglomerado multicanal Vox Media. En absoluta sintonía con el tono amigable y de proximidad entre oradores y público que caracteriza al evento, el norteamericano hizo énfasis en la importancia de diversificar los negocios y productos digitales y de mantener internet como un espacio para arriesgarse, experimentar y no convertirlo en un terreno colonizado por corporaciones convencionales. Brundrett destacó la importancia de construir redes, de compartir buenas prácticas y confiar en las personas apasionadas por la tecnología. Aseguró que es importante pensar en el futuro de los medios y cerró su charla con un llamado a la responsabilidad: “Las redes son buenas para el periodismo y buenas para la democracia. Media Party es una red de la que todos somos parte, necesitamos pensar cuáles son nuestros objetivos”. 

La transformación digital de los medios implica el trabajo colaborativo e interdisciplinario entre roles tradicionales del ámbito periodístico y otros especializados en experiencia de usuario, desarrollo de tecnología y visualización de la información.

La transformación digital de los medios implica el trabajo colaborativo e interdisciplinario entre roles tradicionales del ámbito periodístico y otros especializados en experiencia de usuario, desarrollo de tecnología y visualización de la información. Pero, más allá de las habilidades técnicas y de comunicación, es determinante que la cultura de cada medio acompañe los cambios de manera profunda. A este desafío se refirió Antia Zielina, quien se dedica a entrenar en innovación a periodistas y líderes ejecutivos de medios y es directora de Iniciativas y Estrategia en City University of New York. En su presentación se refirió a la necesidad de generar productos periodísticos interdisciplinarios, creados a partir del trabajo colaborativo en equipos, mediante una estrategia alineada a la misión y visión del medio que se base en la iteración y la cultura del aprendizaje a través de los errores. En diálogo con elDiarioAR, amplió su visión sobre la situación en América Latina, donde considera que, en términos generales, la transformación cultural no está tan avanzada como en otros países de Europa o en Estados Unidos: “Hay un gran desarrollo de productos, innovación y emprendimientos en medios, sin embargo las grandes empresas aún tienen un largo camino por recorrer en lo que respecta a la transformación digital debido a que el papel y la radiodifusión (broadcasting) todavía son segmentos fuertes y generan ingresos”, y explicó que, en cambio, en países donde los ingresos comenzaron a declinar, se encontraron ante la necesidad de reinventarse. 

Otra de las citas más esperadas del evento fue la charla sobre producto editorial de Chris Moran, director de Innovación Editorial en The Guardian. En sus minutos como orador, en los que superó inconvenientes técnicos a base de humor e interacción con el público, se refirió a la responsabilidad periodística de los medios como una diferencia crucial respecto de plataformas como Facebook y contó los esfuerzos realizados desde el propio The Guardian para contrarrestar casos de desinformación. En diálogo con elDiarioAR amplió el tema y señaló que se trata de una conversación que es necesario dar en el mundo de los medios: “Las plataformas no tienen una perspectiva periodística, si no estamos en ellas probablemente contribuyamos a que todo empeore. Es necesario que haya una responsabilidad periodística presente y que no se las dejemos a quienes trabajan en sentido opuesto. Cuanto más pensemos en la responsabilidad desde el periodismo, empezaremos a ver más oportunidades”. 

Las plataformas no tienen una perspectiva periodística, si no estamos en ellas probablemente contribuyamos a que todo empeore. Es necesario que haya una responsabilidad periodística presente y que no se las dejemos a quienes trabajan en sentido opuesto

Chris Moran — Director de Innovación Editorial en The Guardian

En la agenda de transformaciones digitales y culturales, sin dudas la vara más alta la aportaron las tecnologías descentralizadas como la web3. Eric Mack, de JournoDAO, una organización autónoma descentralizada, habló con elDiarioAR sobre los beneficios que innovaciones como los NFT (token no fungible) pueden aportar al periodismo al permitir que periodistas y personas de los medios puedan utilizar estas tecnologías para generar un nuevo sentido de comunidad con las audiencias, quienes podrán acceder a la propiedad digital de productos de contenido y generar los intercambios directamente con sus creadores. Otra posibilidad de la descentralización de sistemas y servicios, según el especialista en ciencia y tecnología, es que imágenes y distintos tipos de datos formen parte de la tecnología blockchain para que pasen a estar en una red transparente, donde la información no sea alterada ni dependa de servidores corporativos para estar siempre accesible y ser autónoma.  

El repertorio de temas y disertantes iluminó de sentido el lema de Media Party, “reiniciando el periodismo”. La décima edición abarcó desde los productos periodísticos digitales como forma de agregar valor y responsabilidad desde los medios, pasando por el Metaverso como nuevo ecosistema posible donde las personas esperarán interactuar con el contenido de manera inmersiva a través de avatares y experiencias de realidad virtual, hasta la inteligencia artificial como herramienta de automatización de procesos y resolución de problemas en las rutinas periodísticas. También hubo talleres y charlas dedicadas a la visualización de datos como una manera de contar historias y dar noticias desde plataformas, para transformar realidades complejas en datos interactivos y claros, y sobre la monetización de los medios y el desafío en los nuevos modelos de negocio de lograr un balance entre anuncios, audiencias, ingresos y producto. Sobre este tema realizó su aporte el director general de elDiarioAR, Guillermo Culell, quien contó sobre la apuesta a ser un medio libre a través de un modelo basado en la membresía de socios: “Queremos construir un medio periodístico independiente y crecer basados en nuestra comunidad. Nuestra ambición es ser un diario de referencia por la credibilidad y confianza que transmitamos en lo que publiquemos”.

La Media Party cerró con un tercer día de Hackatón en el que equipos de trabajo colaborativo idearon y dieron forma a proyectos sobre Metaverso, blockchain y web3 para pensar cómo impulsar el futuro del periodismo a partir de estas tecnologías. Un jurado que contó con mujeres especialistas en tecnología y periodismo, como Maggie Farley, directora del ICFJ (Centro internacional para periodistas), fue el encargado de elegir los proyectos ganadores, entre los que se repartieron premios por 14 mil dólares. Pocos días fueron suficientes para conocer que hay muchas personas alrededor del mundo dedicadas a pensar y hacer un periodismo que sea protagonista en el cambiante escenario actual, atravesado por la tecnología y los desafíos que representa y profundamente ligado a una responsabilidad social ante las audiencias.

JLC

“¿Qué más quieren las mujeres?”, dice a su grupo de amigos un joven de 36 años, en un bar de la Ciudad de Buenos Aires, después de contar que conoció el término pinkwashing. Ellas le explican que lo que quieren, y a lo que hace referencia el ese término, es que haya un compromiso real con las luchas feministas y no un uso para fines comerciales. En pocos minutos hacen un repaso de cómo estas reivindicaciones amplían los derechos de todas las personas. Hay intercambio, luego acuerdo. La escena es síntoma y síntesis del momento actual: la problemática de género está en la agenda pública, hay militancia, hay resistencia y también desconocimiento de su impacto a nivel social. Especialistas en el tema conversan con elDiarioAR sobre uno de los desafíos más visibles: cómo traspasar los nichos para hacer de la perspectiva de género una cuestión transversal.

Para Luciano Fabbri el primer paso es que la agenda de las políticas de género incluya a los varones a partir de una estrategia pedagógica. Si la masculinidad que naturaliza el ejercicio de la violencia se aprende, entonces hay que desarrollar políticas para desaprenderlas. Fabbri es doctor en Ciencias Sociales y secretario de Formación y Capacitación para la Igualdad del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia de Santa Fe, a través del que realiza talleres con grupos de varones en el marco del Programa Masculinidades por la Igualdad para llegar a los espacios en los que ellos circulan -clubes, ligas deportivas, centros de estudiantes- y no limitarse al sistema de educación formal. Señala que las resistencias siempre están presentes y el desafío es reconocer que la masculinidad implica ciertos privilegios que no son fruto de méritos individuales, o diferencias naturales con respecto a las mujeres y diversidades, sino de una estructura de relaciones sociales.

Se trata, advierte, de un ejercicio de largo aliento: “Nuestras ideas son racionales y podemos cambiarlas de manera más rápida. Pero transformar nuestras creencias, que es donde se inscriben nuestras valoraciones en torno al género y a la sexualidad, implica un trabajo más profundo sobre nuestras emociones y afectos”. Al vencer ciertas resistencias aparecerán otras. “Insistir sobre la idea de oportunidad es lo que nos permite desmontar un poco la idea de que los feminismos son una amenaza para los varones. Los debates en torno a las políticas de género permiten que los varones podamos empezar a elegir formas más saludables de construir nuestras masculinidades”, dice Fabbri y en sus afirmaciones deja ver algunos de los factores sobre los que se construye la resistencia a la lucha de las mujeres. El enfoque propuesto da lugar a la posibilidad de construir relaciones más justas basadas en la igualdad y la reciprocidad y vínculos que no provoquen daño. La transversalidad de la perspectiva de género también es una oportunidad para la política. Trabajar estos temas, reflexiona Fabbri, no es desviarse de los problemas centrales -como lo es la seguridad en la provincia de Santa Fe- sino que se abren nuevas dimensiones para entender, por ejemplo, la violencia como una práctica condicionada por la masculinidad, que la convierte en el único mecanismo para la resolución del conflicto, o como un espacio para que los jóvenes construyan su identidad y puedan mostrarse importantes para los demás. “Muchos de los problemas sociales que tenemos son derivados de la socialización en ciertos mandatos de masculinidad y revisarlos en un sentido no estigmatizante, que asuma que son parte de un entramado cultural y no una característica individual, creo que puede contribuir a una sociedad más saludable”, concluye Fabbri.

Con la mirada puesta en la intersección entre sociedad civil y Estado, Paola Bergallo, doctora en Derecho y directora del área de Géneros de Fundar, asegura que la idea de transversalidad permite que las dimensiones de género aparezcan como relevantes al momento de planificar, diagnosticar, diseñar e implementar políticas públicas. El reconocimiento de los derechos de las mujeres y disidencias implica una transformación de la gestión pública y la construcción de capacidades estatales para la gestión del enfoque de género. “Ha habido mucha educación cívica sobre derechos de las mujeres y las disidencias, por ejemplo, a través de la inclusión de la ESI en el sistema educativo, que trata la educación para la sexualidad desde una visión integral. Otro componente es la pedagogía social que viene haciendo el movimiento de las mujeres en sus luchas”, Bergallo señala que esto llevó las discusiones de género a las calles, a los medios de comunicación y las redes sociales y que, en la medida que los actores políticos abrazan estas agendas en el Congreso y en los partidos, hay una pedagogía de la dimensión política que lucha por la construcción democrática. “El proyecto de la justicia de género es ambicioso y radical en muchos sentidos y va a llevar mucho tiempo. Esa es una cuestión asociada a cualquier agenda que sea central en la vida de las personas en la que se quiera producir un cambio. No hay que subestimar los desafíos ni sobreestimar nuestra capacidad de enfrentarlos”, explica Paola Bergallo y afirma que en el contexto actual es necesario ampliar las audiencias, diversificar los temas y priorizarlos colectivamente.   

La sociedad civil, una protagonista clave

Involucrar a la sociedad en el compromiso con la perspectiva de género implica que las conversaciones rompan las fronteras del rechazo y del desconocimiento. Con ese eje trabajan en Amnistía Internacional Argentina y creen que la efectiva implementación de la ESI es fundamental para combatir los estereotipos negativos y la discriminación contra las personas LGBTTIQ+. La organización acompaña estos temas con campañas de sensibilización destinadas al público general para derribar los prejuicios instalados socialmente. Mariela Belski, su directora ejecutiva, no duda en señalar el rol importante y la responsabilidad que tienen los dueños de los medios masivos de comunicación, que en algunos casos dejan que se generen discursos de odio y que se promuevan violaciones a leyes como la ESI o la ley de identidad de género. “Creemos que ahí hay que formar también porque hay mucho desconocimiento, por supuesto que también a los agentes del Estado, que son los encargados de hacer cumplir estas leyes, y los operadores de justicia. Nuestro Poder Judicial es muy machista y con muy poca perspectiva de género”, Belski suma también a las organizaciones de la sociedad civil y las empresas privadas: “Esto es algo que hay que transversalizarlo en todos los ámbitos de la sociedad”. Para ello, considera que es fundamental que haya información disponible y análisis de datos estadísticos con perspectiva de género para que se pueda mostrar la desigualdad estructural que hay entre los géneros en los distintos ámbitos de la vida cotidiana y que eso lleve a la reflexión colectiva. “Una vez que la sociedad tiene esos lentes que le permiten reconocer esa matriz desigual se puede transversalizar la perspectiva de género en las distintas agendas de trabajo en donde aún no está presente, por ejemplo, cambio climático y género, o el impacto desigual de la deuda en mujeres, en trans, en travestis, en personas no binarias o la brecha de género en la precarización laboral”, repasa y su enumeración hace eco con las declaraciones de Luciano Fabbri y Paola Bergallo. Un eco que deberá sonar cada vez más fuerte para que lo que quiera toda la sociedad sea una ampliación de derechos que promueva integración social, desarrollo y acceso a libertades y garantías. 

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“Lo más importante es que la sociedad pueda ver lo que está pasando en el Poder Judicial”, el objetivo es claro en palabras de Melisa García, fundadora de ABOFEM, que junto a Fundación Micaela García, Proyecto Generar, la Guardia de Abogadas Feministas de Católicas por el Derecho a Decidir, ABOSEX y CLADEM Argentina elaboraron el Monitoreo sobre la implementación de la Ley Micaela en los Poderes Judiciales.

El resultado es claro: sólo siete provincias completaron algún tipo de capacitación tal como ordena la ley en materia de género para funcionarios y empleados de la justicia. Son Santiago del Estero, Santa Cruz, Mendoza, Formosa, Catamarca, Río Negro y San Luis.

Melisa García agrega: “Si hablamos de una reforma judicial feminista, el cumplimiento de la Ley Micaela es el primer paso”. A la luz de los datos, queda un largo camino por recorrer. La escasez y poca claridad de las respuestas brindadas por los Poderes Judiciales a nivel federal dificulta transparentar su funcionamiento, al mismo tiempo que se observa una demora en el inicio de las capacitaciones y una falta de compromiso institucional con la calidad de los contenidos. 

La Ley 27.499 -conocida como Ley Micaela- de capacitación obligatoria en género y violencia por motivos de género, alcanza a todas las personas que se desempeñan en la función pública en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Las organizaciones de la sociedad civil que elaboraron el Monitoreo recurrieron al pedido de acceso a la información pública (Ley 27.275) para conocer cuál es su estado de aplicación ya que entienden que la impartición de la justicia desde la perspectiva de género es una herramienta fundamental para eliminar la violencia de género en todas sus modalidades. La rendición de cuentas y la transparencia del sistema de justicia se opaca al conocer que sólo siete jurisdicciones (29%) respondieron en tiempo y forma el pedido de información pública: Catamarca, Chaco, Chubut, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Misiones, Santa Cruz y Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur. El 17% no respondió -Jujuy, La Pampa, Salta y San Juan- y el 46% de las provincias lo hicieron de manera incompleta, en incumplimiento a la Ley de acceso a la información pública. “Intentar acercar a la sociedad a un Poder Judicial al cual se le pueda reclamar, se le pueda exigir, es muy difícil si no sabemos qué es lo que pasa hacia adentro”, explica García, de ABOFEM, quien describe a la Ley Micaela como un termómetro de qué es lo que pasa intra Poder Judicial. 

Micaela García, a quien hace referencia el nombre de la Ley, fue víctima de un femicidio cometido en 2017 por Sebastián Wagner, quien se encontraba en libertad condicional. La capacitación obligatoria en género busca formar y sensibilizar a quienes integran los poderes públicos para contrarrestar las cifras de crímenes de odio por motivos de género y los fallos de contenido machista, que repercuten directamente en la vulneración de derechos de las mujeres y diversidades. 

Entre otros datos, la información solicitada a los Poderes Judiciales provinciales y de CABA -que abarca hasta diciembre de 2021- releva cuándo comenzaron las capacitaciones establecidas por la Ley 27.499, cuántas capacitaciones se realizaron y cuáles fueron los contenidos curriculares abordados. El Monitoreo muestra un retraso en el inicio de las capacitaciones en relación a la fecha de adhesión a la Ley Micaela. En La Rioja, comenzaron 24 meses después de sancionada la ley de adhesión provincial, mientras que en San Luis llevó 21 meses. Las organizaciones a cargo de elaborar el informe destacan que esta demora injustificada perpetúa la composición de tribunales sin perspectiva de género. Para ilustrarlo, citan fallos que se convirtieron en muestras de la revictimización sufrida por mujeres, infancias y diversidades, en los que no se contemplan sus derechos. Sólo con mencionar un ejemplo, como el de Paola Tacacho, quien denunció 22 veces a quien terminó siendo su femicida pero fue desoída por el Poder Judicial tucumano, queda en evidencia lo urgente y determinante que es incorporar la perspectiva de género en un sistema que define sobre la vida de las personas. Las organizaciones señalan que este tipo de fallos son frecuentes en los Poderes Judiciales de las provincias que se negaron a responder (Jujuy, La Pampa, Salta y San Juan). 

El panorama actual indica que sólo 25% de las jurisdicciones de todo el país ha completado la capacitación enmarcada dentro de la Ley. Las respuestas sobre los contenidos varían según las jurisdicciones, así como la capacitación por jerarquías. La provincia de Catamarca capacitó al 63% de su Suprema Corte, mientras que en Tierra del Fuego y CABA ya lo hicieron todos los integrantes de los Tribunales Superiores de Justicia. En total, son cinco las provincias que cuentan con más del 50% de su personal judicial capacitado en materia de género: Córdoba (88%), Santa Cruz (65%), Formosa (61%), Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur (56%) y Misiones (52%). 

La máxima autoridad del Poder Judicial, esquiva ante la Ley 

El informe dedica un apartado especial a la situación de la aplicación de la Ley Micaela en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A pesar de que la norma establece que el organismo encargado de capacitar a jueces y juezas de la Corte es el ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD), la Corte Suprema emitió una resolución mediante la cual estableció que las actividades de sensibilización estarían a cargo de la Oficina de la Mujer de la Corte. “El Poder Ejecutivo no dio ninguna autorización a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que no cumpla con la Ley Micaela. Incluso, hemos enviado una comunicación instando a que lo haga y ha quedado en evidencia la falta de respuesta”, aportan desde el MMGyD y enfatizan que el cumplimiento de la Ley reconoce la necesidad urgente de promover transformaciones estructurales en todos los poderes para poner fin a las violencias de género. “El no cumplimiento por parte de la Corte no evidencia solamente falta de apego a la norma sino, además, la ausencia de estos temas entre las prioridades del máximo tribunal, que sin dudas se refleja luego en las incontables fallas de la administración de justicia en los procesos judiciales”, suman desde el ministerio, en sintonía con el relevamiento publicado por las organizaciones feministas, que destacan el riesgo de que la CSJN evite el control entre los poderes del Estado.  

Un Observatorio para la transparencia

“La fuerza la seguimos haciendo las organizaciones de la sociedad civil para generar cambios”, dice Melisa García, y con la misma determinación que realizaron el Monitoreo, las organizaciones feministas anuncian la creación de un Observatorio federal como espacio de control del Poder Judicial a través de estadísticas y datos, que relevará no solo el cumplimiento de la Ley Micaela sino también las sentencias judiciales. La premisa sigue siendo brindar información para que la participación ciudadana sea garante del cumplimiento de los derechos de las mujeres. 

JLC/MG