El gobierno que prometió terminar con el déficit sin endeudarse acaba de firmar un nuevo préstamo con el FMI. Con la excusa de “ordenar las cuentas”, Javier Milei y Luis Caputo aprobaron por decreto un acuerdo que no solo viola la Ley de Sostenibilidad de la Deuda sino que refuerza la dependencia de la Argentina con el organismo internacional. Sin discutirlo en el Congreso y sin detallar las condiciones del pacto, la Casa Rosada repite la jugada de Mauricio Macri en 2018: pedir dólares prestados para sostener un modelo insostenible. La diferencia es que esta vez lo hacen mientras aseguran haber logrado superávit. Si el equilibrio fiscal es real, ¿por qué esta gestión necesita más deuda? La respuesta es tan simple como preocupante: porque sin dólares baratos, el plan económico tambalea.

Este martes se publicó en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/2025, el número 62 de la gestión Milei, en el cual se aprueba un nuevo préstamo con el Fondo, más precisamente un Acuerdo de Facilidades Extendidas, a 10 años.

Si bien no se busca realizar un análisis jurídico, al menos caben mencionar dos cuestiones en este plano. Por un lado, el DNU viola abiertamente la “Ley Guzmán” (la 27.612, de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de Deuda Pública), que establecía la obligatoriedad de que sea el Congreso el que autorice un programa de este tipo, y que había sido sancionada justamente para que no volviera a ocurrir lo que sucedió en 2018: Mauricio Macri celebró un acuerdo gigantesco sin aval legislativo. Por otro lado, se aprueban “las operaciones de crédito público” sin dar detalles de su contenido. Entonces, ¿qué es lo que se aprueba? ¿Tan perjudicial para la Argentina es que no lo puede enviar al Congreso?

Vamos al por qué. Milei y Caputo venían sosteniendo sistemáticamente que la deuda es hija del déficit fiscal. Ahora bien, si hay superávit, ¿por qué necesitan acudir a un préstamo en dólares con el FMI? Para sostener un tipo de cambio artificialmente atrasado, que traccione a la baja la tasa de inflación y conservar así su principal activo ante la ciudadanía en un año electoral.

Con el acuerdo, Milei termina confirmando lo que muchos analistas vienen señalando, incluido el exministro de economía Domingo Cavallo, que pasó de ser el mejor ministro de la historia a “un impresentable”: el tipo de cambio está atrasado, eso aumenta las importaciones (perjudicando a la industria local), desalienta las exportaciones y deteriora así la cuenta corriente de la balanza de pagos. Esta última presenta ya 8 meses consecutivos de saldo negativo. ¿Qué significa esto? Salen más dólares para pagar bienes y servicios e intereses de deuda que los dólares que ingresan por exportaciones o servicios vendidos al exterior. Esto implica que la economía argentina necesita constantemente un flujo de divisas que compense dicho déficit.

En el primer semestre del gobierno libertario, el tipo de cambio alto, el parate de la actividad y sobre todo la cuotificación del pago de importaciones (a 30, 60, 90 y 120 días) permitió que la cuenta corriente sea positiva. Ahora bien, para junio de 2024 ese efecto terminó y el saldo comenzó a ser negativo. El resultado: el Banco Central debió vender reservas en junio y julio. Pero en agosto, el Gobierno se garantizó un fenomenal ingreso de dólares: con el blanqueo, se depositaron en los bancos —y así ingresaron al sistema— US$22.000 millones.

Con esos dólares depositados, los bancos salieron a ofrecer préstamos: la normativa establece que al momento de otorgarse el crédito, no se otorguen los dólares sino que se depositen los pesos equivalentes, obligando así a los bancos a vender dólares en el mercado oficial. Esa oferta de dólares en el mercado oficial permitió que a partir de agosto, el BCRA pueda comprar divisas: se otorgaron más de US$7.300 millones en préstamos y el BCRA compró US$7.800 millones. Sin embargo, ese flujo tiene un tope que pareciera estar alcanzándose, y el Gobierno entonces, necesita una nueva canilla: el FMI.

El Presidente y su ministro de economía justifican el nuevo acuerdo diciendo que no implica un aumento de la deuda o, más aún, que reduce la deuda. ¿Cómo pueden afirmar tamaña falacia? Sostienen que el préstamo del Fondo se utilizará para pagarle al propio FMI y para cancelar deuda con el BCRA, y por ende, no aumenta la deuda del Tesoro. Esto implica ocultar la diferencia sustancial en términos cualitativos de la deuda que la Argentina sostiene con el FMI y la deuda que el Tesoro Nacional (en forma de “Letras Intransferibles”) mantiene con otro organismo del propio Estado como es el Banco Central. Pretenden así plantear como iguales una deuda que al vencimiento puede ser refinanciada sin mayor complejidad, como son las Letras Intransferibles que tiene el BCRA, con la deuda con un organismo multilateral que incluye un programa y una auditoría de su cumplimiento, con la pérdida de soberanía que ello implica. Como si fuera lo mismo deberle a tus padres que al usurero del barrio…

¿Qué sabemos hasta ahora del acuerdo? Poco y nada. Ni montos, ni plazos de desembolsos, ni condicionalidades. Sí se puede deducir del DNU que se trata de un acuerdo a 10 años (un Acuerdo de Facilidades Extendidas o EFF por sus siglas en inglés) y que mínimo alcanzará a cubrir los vencimiendo con el FMI de los próximos 4 años. Si sólo se refiere a los vencimientos de capital, esto equivale a US$14.000 millones, mientras que, si incluimos intereses y sobrecargos, ascienden a US$23.500 millones.

Si desagregamos los vencimientos por año, la justificación de Milei y Caputo se torna más inverosímil: en 2025 restan pagarle al Fondo US$1.900 millones (en concepto de intereses) y en 2026 habrá que afrontar US$3.600 millones. No pareciera que dicho perfil requiera un desembolso del tamaño que se está proponiendo y que el propio Gobierno señala como necesario: US$10.000 millones.

Sólo el componente político —la afinidad ideológica entre Donald Trump y Milei— permite entender cómo es posible que el Fondo aumente el tamaño del préstamo a la Argentina, su principal deudor en el mundo, violando las propias leyes argentinas (que exigen la aprobación del Congreso), para sostener un tipo de cambio atrasado (que incluye dilapidar dólares en el mercado financiero para contener baja la brecha) y permitirle al Gobierno llegar sólido a las elecciones. Cualquier parecido con 2018, no es pura coincidencia.

CB/JJD

El 10 de diciembre pasado, Javier Milei aseveró que “el salario básico en la Argentina pasó de 300 dólares a 1.100 dólares”. Su vocero, Manuel Adorni, lo ratificó hace 15 días en conferencia de prensa. Sin embargo, el fin de semana, para cuestionar a su vice Victoria Villarruel quien dijo que le pagan “dos chirolas”, el propio Presidente declaró en una entrevista radial que “el salario promedio de la economía es 400 mil y pico” de pesos. ¿En qué quedamos? ¿Cuál de las dos posiciones del mandatario es la correcta? Mejor repasemos los datos.

¿Es U$S1.100 el salario básico en Argentina? Definitivamente no. El salario mínimo –aquel por debajo del cual la ley establece que nadie puede cobrar (al menos de manera registrada)– a partir de diciembre es de $279.718 (240-270 dólares según tomemos el tipo de cambio oficial o el paralelo). Sin embargo, si miramos los datos de salarios registrados del sector privado que elabora la Secretaría de Trabajo, a septiembre de 2024 el sueldo de bolsillo alcanza en promedio algo menos de $1,1 millones (unos U$S 925 al MEP). La mediana, esto es, la “mitad de tabla” salarial, supera apenas los $800.000 (unos 700 dólares). Es decir, ni siquiera los mejores salarios de la economía argentina (privados registrados) alcanzan en promedio el valor señalado por Milei.

Si utilizamos el indicador de RIPTE, que incluye también salarios públicos, y considera sólo los “estables” (al menos 13 meses en el empleo), el panorama es peor: a noviembre no alcanzan en promedio el millón de pesos. 

Asimismo, calcular los salarios en dólares en un contexto de atraso cambiario resulta por lo menos engañoso. Lo relevante para medir salarios es cuánto pueden comprar: cuántos bienes y servicios pueden adquirir. En ese sentido, a contramano del discurso oficial, los salarios aún no recuperan el poder adquisitivo de noviembre de 2023: se ubican 0,9% por debajo, y en promedio percibieron, en 2024, 14% menos que en 2023. A su vez, si consideramos que la canasta con la que mide el INDEC la inflación ya no es representativa de los consumos de los argentinos (a partir del incremento en el peso de los servicios) y utilizamos la canasta de consumo de 2017/8, la pérdida de poder adquisitivo es mayor: 9% en el último año. 

Estos indicadores, a su vez, omiten lo que sucede en el mundo de la informalidad laboral que abarca el 36% de la población trabajadora. Para ello, debemos acudir a otra fuente de información: el informe sobre distribución del ingreso que elabora el INDEC a partir de la Encuesta Permanente de Hogares. 

Cuando Milei afirma que “el salario promedio de la economía es 400 mil y pico” está utilizando esta fuente, la del INDEC. El dato está actualizado al tercer trimestre de 2024 y básicamente divide el total de ingresos de la población entre la cantidad de personas. Efectivamente, en promedio, cada ciudadano percibe $414.785 por mes. Ahora bien, esto incluye ingresos laborales pero también no laborales, como la AUH, una jubilación, una renta, etc. Y abarca a las personas independientemente de que formen o no parte del mercado de trabajo. Por ende, es incorrecto traducir este dato y asimilarlo al “salario promedio de la economía”.

Si reducimos el universo a quienes perciben un salario, el promedio asciende a $640.470 con una desigualdad muy profunda al interior: el 40% que menos gana percibe en promedio $233.428, el estrato medio (deciles 5 a 8) $650.869 y el 20% más rico $1.433.890.

Podemos concluir entonces, que el salario promedio de la economía argentina se ubica más cerca de los $400.000 que señaló el presidente el fin de semana, que a los U$S1.100 que había afirmado un mes atrás.

CB/MC

El Indec dio a conocer dos indicadores muy festejados por la gestión libertaria el viernes pasado. El primero es el de actividad económica, que creció en octubre 0,6% intermensual en su medición desestacionalizada, acortando así las diferencias con 2023. La caída interanual fue de 0,7% y acumula en lo que va de 2024 una variación  de -2,7% (indicador que en marzo se ubicaba en -5,2%).

No obstante, la situación lejos está de ser homogénea para todos los sectores de actividad: el agro encabeza el rendimiento en el marco de la recuperación post sequía con un crecimiento de 36,7% acumulado en los primeros diez meses del año (de hecho, si quitamos este factor de la ecuación, la economía argentina de 2024 se ubica en un nivel 4,9% menor a 2023); le sigue la explotación minera e hidrocarburífera con un incremento de 7,2% acumulado, encadenando 43 meses seguidos de crecimiento interanual. 

La contracara de estos datos virtuosos es la situación que exhibe la construcción, la industria y el comercio, que acumulan en 2024 desplomes de 19%, 11% y 10%, respectivamente. ¿Da lo mismo qué sectores crecen y cuáles caen? Definitivamente no. Mientras agro, minería e hidrocarburos emplean en 2024 el 6,6% de los trabajadores registrados privados, la industria, el comercio y la construcción emplearon al 44,5%. 

Por eso los datos de empleo continúan mostrando resultados negativos. Se perdieron 129.780 puestos de trabajo privados, que se suman a los 38.609 perdidos en el ámbito público, totalizando 168.389 puestos menos que en noviembre de 2023. Los despidos abarcan a todos los rubros: en Cargill y en Aceitera General Deheza (de los sectores más competitivos de la Argentina), en Danica, Dow y Canale por cierre, en Mirgor, en Topper, en Ledesma. Ello se suma a las suspensiones, entre las que se destacan las 700 en la acería de Acindar. 

El segundo dato relevante difundido es el de salarios. Los del sector registrado se incrementaron en octubre 4,1% y los no registrados, teniendo en cuenta el rezago estadístico de este indicador, crecieron en mayo 7,7%. En ambos casos, el incremento superó la inflación del mes y, por ende, recuperaron poder adquisitivo. Sin embargo, aún se encuentran significativamente por debajo de los niveles de noviembre de 2023: 5,5% los registrados y 21,3% los no registrados.

Al interior de los registrados, la situación es sumamente heterogénea en función de quién es el empleador: mientras los privados se ubican sólo 0,3% por debajo de noviembre 2023, los públicos perdieron 14,8% de su poder de compra.

¿Por qué los trabajadores privados no sienten esa recuperación en sus bolsillos? Una pista de ello podemos encontrar en el reciente lanzamiento del Indec: “La calculadora de tu propio IPC”. A partir del reconocimiento del organismo de que el índice de inflación no refleja el sentir de las grandes mayorías, crearon esta herramienta para “compensar”. 

Para entender a qué apunta la calculadora, hay que repasar cómo se mide la inflación en Argentina. El Indec primero construye una “canasta” de gastos, es decir, a partir de una “Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares” (ENGHO), determina qué bienes y servicios consumen los hogares en promedio y qué porcentaje del total del gasto se destina a cada bien y servicio (y mide la evolución de los precios de esos bienes y servicios). La encuesta que hoy utiliza el Indec para determinar la canasta de gastos data del año 2004/2005. Sin embargo, en 2017/8, se realizó una nueva encuesta que exhibió cambios sustantivos en la canasta de consumo, pero aún no se implementó. Aquella canasta de 2004/2005 ya no es representativa de los consumos de los hogares argentinos.

En un contexto en el cual los rubros que más se han incrementado desde la asunción de Milei son aquellos que aumentaron su peso en la canasta de consumo si comparamos 2004 con 2017, las diferencias son significativas. Algunos ejemplos: el rubro transporte representaba en 2004 el 11% del gasto de los hogares y en 2017 el 14,3%; el rubro vivienda, agua, electricidad y gas representaba el 9,4% del gasto en 2004 y se elevó a 14,5% en 2017. Desde la asunción de Milei, estos rubros aumentaron sus precios entre 40 y 100 puntos por encima de la inflación general, desanclando así la “sensación de los bolsillos” de la medición del Indec. 

Si hacemos el ejercicio de aplicar los ponderadores (esto es, el porcentaje de gasto que se destina a cada rubro) del 2017 en vez de 2004, la inflación acumulada desde noviembre de 2023 a octubre de 2024 no sería de 159,7% sino 181,2%. Entonces, la pérdida efectiva de poder adquisitivo de los trabajadores registrados no sería ya de 0,3% sino de 7,9%.

Este ejercicio teórico, que no implica cuestionar la veracidad del dato del Indec, nos permite explicar por qué los indicadores de consumo masivo se encuentran por el piso. En 2024, se consumió 11% menos de carne vacuna que en 2023, 11% menos de leche, 9% menos de yerba, por destacar algunos ejemplos.

La celebración por parte del Gobierno de los datos publicados por el Indec no acompaña el sentir de las mayorías, especialmente de aquellos que perdieron en este año su fuente de trabajo, fueron suspendidos o sus ingresos cayeron significativamente en su poder adquisitivo. Sin dudas, será un fin de año con mayor desigualdad entre ganadores y perdedores del modelo libertario.

CB/MC

Esta semana circularon diversos análisis sobre el primer año de la gestión libertaria. Para sumar al debate, nos propusimos el desafío de resumir estos doce meses en una palabra. Definitivamente, esa palabra sería desigualdad. Diversas variables muestran heterogeneidades: entre el mundo financiero y la economía real, entre los distintos sectores de actividad económica, en términos regionales, en los derechos en el trabajo, en materia salarial, impositiva y de haberes jubilatorios. 

1. Mientras el mundo financiero muestra guarismos positivos, la economía real se achica. La cotización de los títulos del Tesoro así como de las acciones mejoraron sustantivamente (más de 100%) desde la asunción de Milei, el riesgo país se ubica por debajo de los 800 puntos y la brecha cambiaria se redujo por debajo de 10%. Al mismo tiempo, la actividad económica cayó 3,1% en la comparación acumulada interanual a septiembre. Si excluimos el factor agro (que compara con un 2023 atravesado por la sequía), el derrumbe es de 5,5%.

2. El comportamiento de los distintos sectores económicos también exhibe signos de desacople: sectores como “Agricultura, ganadería, caza y silvicultura” (+38,9%), “Explotación de minas y canteras” (7,1%) y “Pesca” (8,2%) crecieron en la comparación interanual acumulada, pero “Construcción” (-19,5%), “Industria” (-12,4%) y “Comercio” (-10,8%) registraron bajas muy pronunciadas.

3. Esta heterogeneidad sectorial se refleja también en los puestos de trabajo asalariados registrados privados: mientras el agro creó más de 10.000 puestos desde la asunción de Milei y la minería otros 836, la construcción perdió más de 65.000 empleos y la industria 27.000.

4. En suma, se destruyeron más de 168.000 empleos asalariados registrados (130.000 privados y 38.000 públicos). No obstante, se crearon trabajos “independientes” con menores derechos (sin vacaciones, aguinaldo, licencias ni indemnización), esto es, se dieron de alta más de 123.000 monotributistas. 

5. La heterogeneidad en materia de empleo también es territorial: entre noviembre de 2023 y septiembre de 2024 se perdieron en la provincia de Buenos Aires 53.900 puestos de trabajo (una caída de 3% en la jurisdicción), y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 17.200 (1% de la jurisdicción), mientras que en Neuquén se crearon 3.800 puestos (+3%) y en Mendoza 1.200 (+0,5%).

6. La desigualdad también caracteriza a la evolución salarial: los trabajadores registrados privados lograron recuperarse y se ubican a septiembre 1,5% por debajo del poder adquisitivo de noviembre de 2023. Sin embargo, los públicos y los no registrados se desplomaron y luego se estancaron, registrando una pérdida de 16,1% y 20,1% respectivamente respecto del inicio del gobierno. El promedio ponderado de los salarios medido por el INDEC da un descenso del poder de compra de 9,6%.

7. La desigualdad también afecta a los adultos mayores: los jubilados cuyos haberes se ubican por encima de la mínima cobrarán este trimestre 3% menos que el último trimestre del gobierno anterior, pero quienes perciben la mínima -con el bono de $70.000 congelado desde marzo- verán recortados sus haberes 13,9% este trimestre respecto del último trimestre del gobierno anterior. 

8. En materia impositiva, el gobierno de Milei perjudicó a los trabajadores restituyendo el Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría y benefició a quienes pagan Impuesto a los Bienes Personales (menos de 1% de la población), ya que se les redujo la alícuota a abonar y se les otorgó la posibilidad de adelantar el impuesto (congelando la base imponible), accediendo además a la estabilidad fiscal hasta 2038.

9. Por último, a la par que un conjunto de empresas pudieron incrementar sus precios sin límite gracias a la mentada desregulación de Sturzenegger (prepagas, combustible, telecomunicaciones, medicamentos), las grandes mayorías no pueden consumir alimentos básicos: 

Así, mientras un grupo muy reducido puede celebrar en este año de Milei, los ingresos de las mayorías no logran recuperar su poder adquisitivo. El resultado de este primer año, entonces, es una sociedad más desigual.

Las autoridades de PAMI anunciaron el lunes último cambios profundos en la política de medicamentos que implican eliminar la cobertura al 100% para más de 1,7 millones de personas. Vale la pena darle un marco a esta decisión: no es una medida aislada sino que forma parte de una política previsional sumamente regresiva que viene llevando adelante el gobierno de Javier Milei.

Todas estas medidas tomadas por el gobierno de La Libertad Avanza afectaron profundamente al universo de adultos mayores de nuestro país. El resultado más tangible son las tasas de indigencia y pobreza en este sector etario. En el primer semestre de 2023, la indigencia afectaba al 1,6% de los mayores de 65 años y la pobreza abarcaba al 13,2%. Ambas tasas se duplicaron en el primer semestre de 2024: el 4% es indigente y el 29,7% es pobre.

Es en el marco de esta situación dramática en materia social, que el gobierno toma esta decisión sobre los medicamentos. Ya en el mes de agosto, se habían eliminado del “vademécum” (la canasta del PAMI) una serie de remedios indispensables. Ahora, se profundiza el recorte: quienes cobren más de un haber mínimo (es decir, $390.000), o tengan un auto de menos de 10 años de antigüedad o dos propiedades inmuebles, ya no contarán con la cobertura de 100% sobre sus medicamentos sino que deberán abonarlos. En promedio, esta cobertura representaba un ahorro estimado para cada afiliado a PAMI de $74.500. 

Por último, cabe destacar lo sucedido en el mercado de medicamentos desde que Milei ganó las elecciones en segunda vuelta en noviembre de 2023: apenas concretado el balotaje, los laboratorios salieron del acuerdo de precios y aumentaron en promedio 25,7% si analizamos los precios de venta al público de los medicamentos más consumidos por personas mayores. En diciembre, a ese incremento se le sumó otro mayor de 40,9%. Un año después, los incrementos acumulan 210,5%, muy por encima del incremento otorgado en estos meses a las jubilaciones mínimas con bono (+159,4%).

Sin embargo, si consideramos exclusivamente los medicamentos incluidos en la canasta PAMI actual, los incrementos fueron más pronunciados: 340,7% desde noviembre de 2023. Peor aún si incluimos las drogas que fueron excluidas en agosto: el total de la canasta aumentó su precio 422,5%. 

La “desregulación” tan festejada por el gobierno tiene grandes ganadores y perdedores: mientras los laboratorios aumentan sus precios sin ningún tipo de control estatal, los jubilados no sólo deberán afrontar sus medicamentos con haberes de miseria sino que deberán pagarlos mucho más caros que en noviembre del año pasado. 

CB/JJD

Conocidos los datos de inflación, correspondiente a octubre, y de salarios Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), al mes de septiembre, el Gobierno celebró. Sin embargo, también confirmaron una sospecha: de haberse sostenido la movilidad jubilatoria anterior, los ingresos de jubilados y jubiladas serían en diciembre 21,1% mayores a los que efectivamente percibirán con la fórmula del presidente Javier Milei.

En el mes de marzo, Milei derogó, a través del DNU 274/24, la Ley 27.609, del año 2021, que tomaba en consideración para la fórmula de movilidad la evolución de los salarios (medidos por el Ripte, que significa Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables, un indicador que mide el promedio de los salarios sujetos a aportes de los trabajadores registrados y estables; o Indec, el que sea más favorable para el jubilado) y de la recaudación de ANSES en partes iguales.

En su reemplazo, Milei estableció la actualización mensual (en detrimento de la trimestral) por la inflación disponible al momento de la liquidación del haber, esto es, de dos meses atrás. A su vez, otorgó una recomposición por única vez de 12,5%, a modo de reconocimiento por la inflación de enero (20,6%). 

Esto permitió una mejora en los haberes en relación al piso que habían tocado en el primer trimestre. Sin embargo, en el trimestre septiembre-noviembre de 2024, los haberes continúan por debajo del poder adquisitivo del mismo período del año pasado. La comparación trimestral es la más adecuada metodológicamente, por la frecuencia de actualización de la fórmula anterior, aún vigente en el período que estamos considerando (sep-nov 2023). 

Hay que destacar que la situación de las prestaciones no es homogénea, pero en ambos casos se ubican por debajo del trimestre equivalente del 2023: mientras que las jubilaciones sin bono se mantienen 4% abajo de 2023, las jubilaciones con bono se ubicaron 13,1% por debajo.  

¿A qué se debe esta divergencia? Al bono que perciben quienes cobran la mínima, que el oficialismo mantiene congelado en $70.000 desde el mes de marzo. Mientras que los haberes se incrementaron entre marzo y diciembre 93,1%, la mínima, con bono incluido, sólo aumentó 61,2%.

De haberse actualizado en la misma proporción, el bono debiera ser en diciembre de $135.140, prácticamente el doble del guarismo que efectivamente percibirán. Así, a los jubilados y pensionados de la Argentina les niegan por mes $65.140. Como si esto fuera poco, en el presupuesto 2025, se prevé que el congelamiento en $70.000 se mantenga, continuando así con la política de licuación sobre los de más abajo.

A los jubilados y pensionados de la Argentina el gobierno de Milei les niega por mes $65.140. Como si esto fuera poco, en el Presupuesto 2025 se prevé mentener el bono congelado en $70.000

En suma, entre la fórmula impuesta por el DNU 274/24 y el congelamiento del bono, las jubilaciones y pensiones continúan siendo el principal factor explicativo en el ajuste efectuado por el Gobierno. A septiembre, último dato disponible, constituyen el 25,3% del recorte de gasto que hicieron Milei y Caputo.

Asimismo, es importante destacar que la temporalidad del DNU 274/24 no fue casual. La modificación de la fórmula previsional se hizo en un momento preciso: una vez consumada la enorme pérdida del poder adquisitivo que produjo la aceleración inflacionaria, pero apenas antes de que la fórmula anterior comience a mostrar una mejora real en los haberes. 

Como cualquier fórmula de actualización, la de la Ley 27.609 se nutre de indicadores pasados, y por ende presenta un rezago. De este modo, en contextos de inflación creciente, el atraso en la captación de los datos implica que se actualice con valores más bajos que los vigentes. Por el contrario, en un contexto con inflación a la baja, la fórmula iba a otorgar aumentos que mejorarían la capacidad de compra. Con los datos publicados por Indec, se confirmó una vez más esta situación. En septiembre de 2024, las jubilaciones hubieran aumentado 33,4%, si Milei no hubiera derogado la fórmula por decreto. Por el contrario, en el trimestre sólo aumentaron, con el nuevo cálculo, 13,4%. 

Asimismo, en diciembre de 2024, las jubilaciones aumentarán 10,7% en el trimestre, mientras que, de haberse sostenido la fórmula anterior, se hubieran incrementado 24,1%. Así, mientras que la mínima sin bono orillará los $260.000, se ubicaría con la fórmula anterior en $314.000, esto es, 21% por encima. El problema no era la fórmula, sino la aceleración inflacionaria. Si el Congreso ratifica el DNU 274/24 (cuestión incluida en el proyecto de presupuesto 2025 del Ejecutivo), y la inflación se mantiene en estos guarismos, las jubilaciones ya no perderán, pero tampoco tendrán la posibilidad de recuperar poder adquisitivo. 

Por el contrario, la Ley 27.756 que este año sancionó el Congreso pero fue vetada por el Ejecutivo incluía una recomposición por única vez de 7,2% para todos los haberes y un haber mínimo equivalente al 109% de la CBT (Canasta Básica Total, un indicador económico utilizado por el Indec para medir el costo de una canasta que incluye bienes y servicios esenciales para satisfacer las necesidades básicas de una familia o individuo, y que define si se es pobre o no) de un adulto, que hubiera impedido la licuación del bono. A su vez, permitía en el mediano plazo una mejora progresiva en los haberes si la economía crecía, ya que contaba con una cláusula gatillo en marzo de cada año, que se activaba sólo en caso de que en el año calendario anterior, los salarios le hayan ganado a la inflación. Sin embargo, el oficialismo eligió el camino del ajuste: sostener el superávit a costa de jubilados y jubiladas.

CB/JJD

El gobierno de Javier Milei se excusó durante 2024 en la prórroga presupuestaria para justificar algunos recortes, entre ellos el efectuado contra las universidades públicas. Sostenían que los recursos asignados a la educación superior debían discutirse en el marco del presupuesto 2025. Ese debate se está dando en estos días en la Cámara de Diputados. Varios funcionarios asistieron esta semana a defender lo indefendible: la consolidación del ajuste perpetrado este año en materia de educación. El jueves fue el turno del secretario del área, Carlos Torrendell, dependiente del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, que asistió acompañado del Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. 

¿Qué implica en materia educativa el presupuesto 2025? En primer lugar, consolida el desfinanciamiento producido en 2024, ya que prevé una inversión en educación 43,3% menor en términos reales que en 2023. Asimismo, como muchas de las partidas, las educativas quedarán a discreción del Ejecutivo: la regla fiscal implica que si las previsiones presupuestarias fallan, o se recauda menos de lo estimado, o si los compromisos de deuda se incrementan, el presupuesto de educación quedará sujeto a un recorte mayor.

Además, se suspende la obligación del Estado consagrada en la Ley 26.206 de invertir el 6% del PBI en educación entre Nación y Provincias, así como la obligación estipulada por la Ley 26.058 de invertir el 0,2% de los ingresos del Sector Público Nacional en educación técnica. En este área, al ajuste previsto en 2024 (59%) lo profundizan (-68,4%) respecto a 2023. 

En partidas específicas, el ajuste se repite. Los programas Conectar Igualdad, Fonid (Fondo Nacional de Incentivo Docente) desaparecen (-100%) así como la actividad “Fortalecimiento de la Educación Sexual Integral”. En el caso de la ESI, implica una violación de la Ley 26.150, que desde 2006 consagró la educación sexual integral como un derecho de pibes y pibas que ha demostrado ser fundamental para prevenir y detectar abusos en la infancia por ejemplo. Pero no es de extrañar en el contexto actual: en 2024 su ejecución es de solamente 2% y se convocó a organizaciones ultracatólicas para su promoción.

En lo que respecta al Fonid, tampoco es de extrañar su eliminación ya que desde principios de año que el Gobierno decidió interrumpirlo, reduciendo nominalmente el salario de todos los docentes del país. En el caso del Conectar Igualdad, Torrendell sostuvo que se mantiene, pero se reduce más de 40% la cantidad de computadoras que estiman entregar. También señaló que ya no va a ser ARSAT el proveedor de las escuelas, sino que abrió la posibilidad a que se tercerice y mencionó explícitamente a Starlink, la empresa de Elon Musk, al igual que había hecho Milei en su discurso de presentación del DNU 70/2023 que continúa vigente.

La situación no es mejor para quienes cobran la beca Progresar, destinada a los pibes y pibas que quieran terminar la secundaria, o la universidad, o formarse para un oficio. En el presupuesto 2025 no se plasma un recorte en cantidades de becas pero en monto se estima un desplome adicional de 21% vs 2024, consolidando un derrumbe de 66% respecto a 2023. Además, si dividimos el monto de 2025 ($431.154 millones) en 1,52 millones de becarios que estiman alcanzar, el monto por mes ($23.638) es muy inferior al monto actual de la beca ($35.000). Algo no cierra.

Sobre el principal programa de la Secretaría, vinculado al financiamiento a las Universidades Nacionales (66,6% del total del presupuesto), se prevé en 2025 mantener el nivel de desfinanciamiento actual: -33,8% respecto a 2023 en términos reales.

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, intentó ocultar lo evidente: sostuvo que “no hubo recorte de salarios, lo que hubo es una actualización salarial que no siguió la pauta inflacionaria”. Terminó confirmando lo que venimos sosteniendo: el ajuste recae sobre los salarios docentes, y en 2025 no mejorará, ya que la partida destinada específicamente para ese fin caerá 38,8%. Continuará así con la situación de 2024: mientras que los salarios crecieron 102% desde noviembre, la inflación fue de 161% -estimando en octubre 3,3% del REM-BCRA-, consolidando una pérdida enorme del poder adquisitivo de 22,6%.

CB/JJD

Pese a que el Gobierno quiere construir un relato de que lo peor ya pasó, lo peor no pasó. Especialmente para jubilados y jubiladas: el ajuste continúa.

A septiembre, el ajuste sobre jubilaciones y pensiones alcanza el 23% en términos reales. Al interior del universo, quienes peor están son los que perciben la mínima: en el trimestre se ubican 14% debajo de 2023, mientras que los que perciben más de la mínima se encuentran 5% abajo. Así, en el ajuste de Milei, las jubilaciones explican $25,3 de cada $100 recortados. 

El 2025 no traerá alivio para este grupo etario. En el marco de la discusión sobre el presupuesto 2025, el día martes 8 de octubre, el Secretario de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación, Carlos Guberman, ante las consultas de algunos diputados sobre el bono para jubilaciones mínimas, no confirmó en qué partida presupuestaria estaban incluidos. Esto surgió a partir de la preocupación desatada a partir de la práctica desaparición de la partida desde la cual venía ejecutándose ese presupuesto (-99,9%). El funcionario dijo que estaba garantizado.

Una semana despúes, el 15 de octubre, se presentó ante la Comisión de Presupuesto el titular de ANSES, Mariano De los Heros, y confirmó lo que comenzaba a ser una obviedad: el bono que complementa las jubilaciones mínimas permitiéndoles alcanzar en octubre los $314.400 se mantendrá congelado en todo 2025.

Recordemos que es un bono que ya de por sí se encuentra congelado desde marzo, perdiendo mes a mes su poder adquisitivo. De haberse movido con la fórmula jubilatoria hoy debería ser de $127.223, es decir, le niegan a los jubilados en peor situación $57.223 por mes. Si las estimaciones de IPC del BCRA (en lo que resta de 2024) y las proyecciones que realiza el gobierno para 2025 (1,4% mensual) se cumplieran, a diciembre del 2025 el gobierno les estaría negando $97.446. 

Pero el anuncio esconde algunas trampas: la partida de la cual De los Heros dijo que sacarían la plata para los bonos alcanza para 3,8 millones de beneficiarios por mes mientras que actualmente lo cobran 4,7 millones entre jubilaciones, pensiones, pensiones no contributivas y PUAM (pensión universal para el adulto mayor). ¿A quiénes se lo sacarán?

La segunda trampa se vincula a la denominada “regla fiscal” que el oficialismo propone como corazón del presupuesto 2025. Ésta implica que si se recauda más de lo estimado, se pagará deuda o se reducirán impuestos. Mientras que si se recauda menos de lo que se estima, o si la inflación resulta mayor y los gastos “automáticos” (aquellos que contienen cláusulas de aumento) se incrementan, en cualquiera de los casos lo que se recortará es el gasto “no automático”. El bono sería uno de ellos. 

Es decir, no sólo no van a aumentar el bono (aun si “hay plata”), no sólo van a reducir la cantidad de personas que lo perciben, sino que lo van a mantener congelado en $70.000 por 22 meses (marzo 2024 - diciembre 2025) siempre y cuando las estimaciones de recaudación se cumplan: si fallan, se reducirá el monto del bono.

Más acuciante aún resulta la situación para las personas que se encuentran pronto a jubilarse: el titular de ANSES confirmó ante la consulta de la diputada Julia Strada que en marzo de 2025 dejará de regir la moratoria previsional. Mientras le otorgan todo tipo de facilidades de pago a quienes deben impuestos o a quienes evadieron le dejan blanquear prácticamente sin pagar nada, a quienes no tienen los años de aporte para jubilarse le niegan esa posibilidad.

Un concepto cada vez más raro de libertad: a quienes fueron “libres” de no pagar impuestos, les perdonan; para quienes no fueron “libres” de que sus empleadores no le realicen los aportes, no hay perdón. Porque en este punto hay que ser precisos: las moratorias previsionales no constituyen un “regalo” sino que quienes acceden a ella, deben pagar por los años de aporte que no les efectuaron quienes deberían haberlo hecho que eran sus empleadores. Fuerte con los débiles. Débiles con los fuertes.

De los Heros también señaló que en todo caso, se les otorgará una PUAM, que está lejos de constituir una jubilación: representa el 80% de una jubilación mínima, no es pensionable (es decir, si fallece el/la titular, no se traslada a su cónyuge o hijo menor a 18 años o sin límite de edad en caso de discapacidad), pero además en el caso de las mujeres pueden acceder 5 años más tarde (a los 65).

Así, miles de personas no podrán jubilarse. El último dato disponible mostró un empeoramiento de la situación respecto a trimestres anteriores: 9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones en edad de jubilarse (55/59 o 60/64 según el género) no estarán en condiciones de acceder a una jubilación porque no poseen suficientes años de aporte.

CB/DTC

A diez meses de iniciado el gobierno de Javier Milei, el Ejecutivo celebra un logro: haber perforado el piso de 4% de inflación mensual que venía siendole esquivo en los cuatro meses anteriores: 4,2% en mayo, 4,6% en junio, 4% en julio y 4,2% en agosto. A su vez, el 3,5% de septiembre permitió retornar a una senda descendente, y desaceleró fuerte la inflación núcleo, es decir, aquella que deja de lado los precios regulados (en los que el Estado interviene, como las tarifas) y los estacionales (como las frutas y verduras o el turismo). De 4,1% en agosto, a 3,3% en septiembre. Los bolsillos argentinos celebran el alivio, pero lejos están de acompañar las buenas noticias.

Con el dato de septiembre, la inflación en lo que va de 2024 alcanzó el 101,6%, la inflación de la era Milei el 153% y la interanual 209%. ¿Qué rubros traicionaron al alza? El rubro con mayores aumentos fue “Vivienda, agua, electricidad, gas” con un incremento de 7,3%. Es el resultado del ajuste de tarifas y especialmente de alquileres. El rubro “Prendas de vestir y calzado”, a diferencia de los meses anteriores, ajustó sus precios por encima del promedio: 6%. En tercer lugar, “Educación” se movió en torno del 4,3% dados los aumentos autorizados para los colegios privados.

Por debajo del promedio destacó el rubro “Salud”, que mostró variaciones de 3,3%, como resultado del incremento en prepagas y de remarcación de 1,7% en los precios de medicamentos (y 4,9% en PVP PAMI aunque si se incluyen los medicamentos excluidos del vademécum recientemente el guarismo asciende a 9,7%).

Más destacable aún es el rubro “Alimentos y Bebidas”, que desaceleró fuertemente su incremento. Luego de 3,6% en agosto, 3,2% en julio, de 3% en junio, 4,8% en mayo, en septiembre alcanzó un 2,3%. En este punto colaboraron tanto la carne vacuna, que se movió a la baja en Hacienda -4,9% en promedio respecto al mes anterior, y las verduras que en el segmento mayorista se redujeron en 3,2%. En el primer caso, la caída del consumo está influyendo, y en el caso de las verduras, operó la estacionalidad. ¿Pero qué pasa con los ingresos?

¿A qué costo el Gobierno está desacelerando la inflación?

Los bolsillos de los argentinos no sólo no logran recuperar el poder adquisitivo de noviembre de 2023, sino que caen nuevamente: el dato publicado del RIPTE (Remuneración imponible promedio de trabajadores estables) arrojó un crecimiento de los salarios de 3,8% en agosto. Ese mismo mes, la inflación fue de 4,2%, por lo cual perdieron capacidad de compra.

Esta evolución de los precios, en septiembre, estuvo sostenida en la fuerte caída del consumo (la consultora Scentia midió en agosto un desplome del consumo masivo de 17,2%), el férreo control sobre el tipo de cambio oficial (que continúa en la senda del 2% mensual) y la moderación de los dólares financieros (el CCL bajó 4% punta a punta). También colaboró la medida del Impuesto PAIS, cuya alícuota el gobierno había aumentado en diciembre y retrotrajo a 7,5% el 1° de septiembre.

En octubre, la calma (con tendencia a la baja) en los dólares paralelos podría colaborar, así como la reducción del precio del gas y la nafta, si bien en este último caso, las empresas ya solicitaron aumentar nuevamente por el incremento del precio internacional en el marco de la tensión en Medio Oriente.

La cuestión es a qué costo el gobierno está desacelerando la inflación. Y allí preocupan seriamente los datos de actividad y empleo. Luego de sostener desde el Ejecutivo que lo peor ya había pasado, que comenzaba un sendero de recuperación, los datos de septiembre mostraron heterogeneidad: tanto las ventas de CAME como la construcción volvieron a caer contra el mes anterior (además de caer fuerte interanual): -0,5% y -5,43%.

Más grave aún es la situación del trabajo asalariado registrado: entre noviembre 2023 y julio de 2024 se perdieron 187.725 puestos, de los cuales 146.465 pertenecen al sector privado y 41.260 al ámbito público. Además, por segundo mes consecutivo, el sector industrial encabezó la caída con 2.855 empleos perdidos.

Con una economía que, según las propias previsiones presupuestarias del Gobierno, se dirige a terminar el año con una caída de 4%, el consumo privado derrumbado 6% y la inversión en el subsuelo de -22%, resulta difícil celebrar el dato de inflación.

CB/JJD

Transcurridos prácticamente 10 meses del gobierno de Milei, esta semana el Poder Ejecutivo confirmó que continúa haciendo uso de la licuadora para mantener el ajuste fiscal: el bono de $70.000 para jubilados de la mínima se mantiene congelado, al igual que los planes sociales (ex Potenciar Trabajo) y la garantía salarial para docentes universitarios. 

En los primeros ocho meses del 2024, el Gobierno sostuvo a rajatabla el equilibrio fiscal. Lo hizo principalmente mediante un ajuste en el gasto público, que acumula una caída interanual de 30%. En menor medida lo logró incrementando tributos (impuesto PAIS e impuesto a los combustibles), que lejos estuvieron de compensar el desplome de la recaudación por la parálisis de la actividad económica, que a julio su ubica 3,1% por debajo del nivel de 2023 (6,1% abajo si excluimos el factor agro, que creció enormemente por la recuperación post sequía).

Pese a que Milei sostiene que lo peor ya pasó, y a partir de ahora empiezan las buenas noticias, éstas no parecen abarcar ni a jubilados de la mínima ni a la comunidad universitaria. Ambos recibieron reveses esta semana. Por el lado de quienes cobran el haber mínimo, el día lunes salió publicado en el Boletín Oficial el otorgamiento del bono para este mes de octubre. Una vez más, tal y como ocurre desde marzo, el monto será de $70.000. En el medio, pasaron más de 30 puntos de inflación, y por ende, su poder de compra se licúa mes a mes. El ajuste, lo siguen pagando los de abajo. 

Este congelamiento del bono ubica a los jubilados de la mínima en peor situación que el resto: mientras que quienes no cobran bono se encuentran este trimestre (septiembre-noviembre) 4,9% por debajo de un año atrás en poder adquisitivo, los de la mínima perdieron 14% de capacidad de compra en tan solo un año. La comparación trimestral es la más precisa en términos metodológicos teniendo en cuenta que hasta marzo, las jubilaciones se incrementaban cada 3 meses, por ende el mes del aumento se mejoraba el poder adquisitivo y la inflación lo erosionaba los dos meses siguientes.

Desde marzo (primer mes que el bono fue de $70.000) a esta parte, los haberes aumentaron 81,7%. De haberse aumentado el bono en la misma proporción, hoy debería ser de $127.000, es decir, $57.000 más que lo que se otorgará efectivamente en octubre. Esta licuación es la que se buscaba evitar desde el Congreso al sancionar la ley de movilidad que fue vetada por el Presidente. 

A su vez, hacia adelante la incertidumbre es mayor: en el Presupuesto 2025, no parecen destinarse partidas para el bono, y seguramente sea uno de los debates que se den en el Congreso a partir de la semana que viene, cuando comience el tratamiento del proyecto que envió el Poder Ejecutivo.

Por otro lado, pese a las masivas marchas en todo el país en defensa de la universidad pública, el Presidente vetó la ley que sancionó el Congreso orientada a garantizar el financiamiento para la educación superior. En un año sin presupuesto, el recorte a las universidades (34%) fue más profundo que el promedio (30%), y en ese marco, el Poder Legislativo optó por garantizar los recursos por ley. La semana entrante seguramente, en la Cámara de Diputados se insista con la iniciativa, pero se necesitan dos tercios de los presentes para lograrlo (y luego, lo mismo en el Senado). 

Independientemente del derrotero que siga esta ley, la discusión continuará en el marco del Presupuesto 2025: en la presentación que hizo el Ejecutivo, los recursos para las universidades se mantienen en el nivel de este año en términos reales, es decir, no hay ningún tipo de recomposición. 

El ajuste sobre las universidades recae sobre los salarios docentes y no docentes. No sólo se otorgaron aumentos que estuvieron muy por debajo de la inflación (91% desde diciembre a octubre contra una inflación estimada de 163%) sino que, además, al mantenerse congelada la garantía salarial docente desde diciembre, quienes se encuentran en la base de la pirámide sufrieron pérdidas de poder adquisitivo que superan el 35%. La misma herramienta que el bono de la mínima, y podríamos agregar también el ex Potenciar Trabajo: congelar el monto perjudicando a los de más abajo y dejar que la licuadora haga su tarea. 

Entre jubilaciones, universidades y programas sociales explican el 40% del ajuste de Milei. Poco puede sorprender entonces que la pobreza haya escalado 13 puntos porcentuales en un año, y que el salto haya sido más acentuado en los mayores de 65 años: en el primer semestre de 2023, el 13,2% se ubicaba por debajo de la línea de pobreza mientras que en 2024 alcanza el 29,7%. Es decir, la pobreza entre los adultos mayores escaló 16,5 puntos porcentuales.

Desde el Gobierno sostienen que la marcha universitaria del miércoles pasado fue política. Y sí, quién paga el ajuste es una decisión profundamente política.

Los datos de pobreza e indigencia del primer semestre de 2024 se ubicaron en niveles similares a los de comienzos de siglo, con el estallido de la convertibilidad, ese programa macroeconómico que el actual presidente añora.

Un dato que no por previsible deja de ser escalofriante. Era previsible porque la forma de medir la pobreza en Argentina se centra en los ingresos, y éstos fueron sistemáticamente licuados desde la asunción de Javier Milei, y aun a septiembre mayoritariamente no se han podido recuperar de la pérdida de poder adquisitivo. 

En la medición de pobreza se compara el precio de una canasta (compuesta por bienes y servicios básicos para la vida) con los ingresos de los hogares, ya sea por salarios, jubilaciones, pensiones, programas sociales, asignaciones, entre otras fuentes. Nunca está de más aclarar que la canasta no es única, sino que depende de la composición particular de ese hogar: la cantidad de integrantes, el género y la edad de cada una/o.

¿Cómo se mide la indigencia y la pobreza? Para la indigencia, se define una Canasta Básica Alimentaria (CBA) que contiene las calorías mínimas que se necesitan para sobrevivir. La CBA determina la línea de indigencia. Quienes perciban ingresos superiores serán considerados no indigentes, si se encuentran por debajo, están en situación de indigencia. Para la pobreza, se define una Canasta Básica Total (CBT), que incluye no sólo alimentos sino también otros bienes y servicios considerados básicos. La CBT determina la línea de pobreza: quienes perciban mayores ingresos son considerados no pobres, quienes perciben menores ingresos son considerados pobres.

Los datos difundidos hoy por el INDEC muestran que 13,6% de hogares, en los que vive el 18,1% de la población argentina, se encuentran en situación de indigencia. Es decir, no alcanzan a cubrir con sus ingresos la CBA. Esto implica un crecimiento de la indigencia de 6,2 puntos porcentuales si lo comparamos con el segundo semestre de 2023 (11,9%) y de 8,8 puntos en relación al primer semestre de 2023 (9,3%, semestre equivalente en términos estadísticos).

A su vez, 42,5% de hogares, en los que vive el 52,9% de la población, se encuentran en situación de pobreza. Es decir, no cubren con sus ingresos el precio de la CBT. Esta tasa resulta 11,2 puntos porcentuales más alta que en el segundo semestre de 2023  (41,7%) y 12,8 puntos porcentuales superior al mismo semestre de 2023 (40,1%).

Estamos hablando de 3,4 millones de personas (sólo considerando los 31 aglomerados urbanos que releva el INDEC) que cayeron bajo la línea de la pobreza en tan solo seis meses y 1,9 millones de personas que dejaron de poder comprar los alimentos básicos para sobrevivir.

¿Cómo se explica este salto? Los ingresos -salarios, jubilaciones, asignaciones, programas sociales- se movieron sustancialmente por debajo del precio de las canastas. 

En el primer semestre, la CBA aumentó en promedio un 295% interanual. A principios del semestre, una familia tipo 2 (cuatro personas, dos adultos y dos niños) requirió $285.600 para no ser indigente y hacia junio ya necesitaba $393.300. Por su parte, en el primer semestre de 2024, la CBT aumentó en promedio 289% interanual. En enero de 2024, su precio era $596.800 para una familia tipo 2 y terminó en junio de 2024 valorizada en $873.200. 

Por el lado de los salarios, medidos por SIPA, crecieron 243% promedio interanual, es decir, 52 puntos menos que la CBA y 46 puntos menos que la CBT. En el caso de la jubilación mínima, en promedio aumentó 203% interanual, 92 puntos por debajo de la CBA y 86 puntos menos que la CBT.  

Si consideramos otros ingresos, el aumento de la AUH del que se vanagloria el gobierno (359% promedio interanual) estuvo muy lejos de compensar la evolución de la Tarjeta Alimentar, que sólo aumentó 218% (77 puntos menos que la CBA), del ex Potenciar Trabajo que sólo fue incrementado 98% (197 puntos menos que la CBA), del Salario Mínimo Vital y Móvil que sólo creció 169% (126 puntos menos que la CBA).  

Así, el desplome de los ingresos en relación al precio de los bienes básicos para la vida explica el brutal salto tanto de la pobreza como de la indigencia. Pero la situación no es homogénea en toda la Argentina: mientras que la pobreza en la Patagonia afecta al 49,1% de la población, en el Noreste alcanza al 62,9%.   

Muchas veces se sostiene que Argentina es pendular, y esa caracterización también sirve para pensar la relación entre el Estado (o la sociedad) y Aerolíneas Argentinas. Al igual que con YPF, AySA, los ferrocarriles, la gestión privada ya se probó y fracasó. Sin embargo, los intentos privatizadores perseveran, y con distintos rostros, vuelven a la carga contra la empresa estatal, aprovechando la oleada libertaria.

Este viernes el vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que el Gobierno buscará avanzar con la privatización de Aerolíneas Argentinas, independientemente de que esa iniciativa fue desestimada en el debate de la ley Bases en el Congreso. Según indicó, avanzarán por decreto presidencial.

Algunos títulos noticiosos de la época pre-reestatización pueden permitir ilustrar la situación de Aerolíneas en manos privadas:

La línea de bandera privatizada en los 90 sufrió un proceso de desguace y vaciamiento que terminó generando las condiciones para que en el año 2008 se sancione la Ley 26.466, en la que se declara de utilidad pública y sujetas a expropiación las acciones de las empresas Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur Sociedad Anónima y de sus empresas controladas. 

16 años después, ese mismo Congreso quiere desprenderse de Aerolíneas, luego de haber saneado la compañía, incrementado sustancialmente la conectividad y reduciendo a 0 el aporte que recibe del Tesoro nacional. 

El saneamiento de la compañía y la reducción del aporte estatal

 Luego de la crisis del COVID, que quebró a más de 50 compañías aéreas en todo el mundo, Aerolíneas pudo año tras año mejorar su resultado operativo: de una pérdida de US$654 millones en 2020, a -439 millones en 2021, -247 en 2022 y -48 millones al primer semestre de 2023 (último dato auditado).

En lo que respecta a transferencias recibidas por parte del Estado Nacional, en 2022 recibió transferencias por $47.705 millones, esto es, 0,28% del total de gastos del Sector Público Nacional. En 2023, si bien se devengaron aportes del Tesoro por $40.500 millones, efectivamente pagados fueron 0. Es decir, al Estado Nacional no le costó plata sostener la línea de bandera en 2023, ya que su déficit lo financió con el sector privado, como hacen otras compañías. En lo que va de 2024, el Estado le transfirió a Aerolíneas $58.733 millones, que según la Oficina Nacional de Presupuesto fueron para financiar “un plan de reducción de personal”. Para eso sí hay plata.

Resulta paradójico que habiendo finalizado el primer año en el que Aerolíneas no recibió transferencias, busquen privatizarla. Lo hacen además en medio de una disputa feroz con el gremio que representa a los trabajadores. Los números muestran por qué el reclamo sindical: en el primer semestre de 2024, el gasto en remuneraciones de Aerolíneas Argentinas se redujo 50% con respecto al mismo período del año anterior.

Lo hacen también a la par que instalan una campaña de desprestigio de la empresa, mientras buscan que la compre la compañía que se encuentra en el top 10 mundial de mayor porcentaje de cancelaciones: FlyBondi. Aerolíneas Argentinas en manos estatales, por su parte, se encuentra en el top 10 de desempeño entre las compañías de América Latina.

¿Por qué una aerolínea de bandera?

Es una pregunta que se formula recurrentemente. Argentina es uno de los países de mayor extensión territorial del mundo. A su vez, su desarrollo económico al interior resulta sumamente desigual. Si no se garantiza desde el Estado la conectividad aérea, difícilmente pueda reducirse esa desigualdad regional. En esa misión, Aerolíneas Argentinas es un actor clave, que permite financiar con rutas rentables otras rutas menos rentables pero fundamentales para un proceso de desarrollo.

Es la empresa que conecta exclusivamente a 42 rutas federales; es la única empresa que llega a 21 destinos de cabotaje de la Argentina: Resistencia, Río Gallegos, Rosario, Santa Rosa, Catamarca, Formosa, La Rioja, San Luis, Santa Fe, Paraná, San Juan, Viedma, Río Grande, Río Hondo, Río Cuarto, San Rafael, Bahía Blanca, Reconquista, Mar Del Plata, Esquel y Merlo. Este panorama por lo menos era el que dejó la gestión anterior a diciembre de 2023, ya que al asumir Milei, hubo cambios y recortes: a Río Cuarto por ejemplo se anunció el cese de la ruta, y tuvo que intervenir la intendencia para financiar los vuelos; a Reconquista se interrumpieron; el denominado corredor atlántico también será suspendido a partir del primero de octubre.

Es también la compañía que trajo a quienes quedaron varados durante la pandemia, la que trajo las vacunas, las que repatrió a ciudadanos desde Israel tras el estallido del conflicto bélico, la que traslada tejidos y órganos para trasplantes en vinculación con el INCUCAI.

Y sin embargo, un conjunto de legisladores opositores aliados al gobierno, quieren entregarla a las low cost, que ya demostraron en la experiencia macrista que no garantizan conectividad, sino que sólo van allí donde la rentabilidad es alta. Es comprensible que lo hagan, y por eso mismo debe haber otro tipo de gestión aerocomercial (estatal) que vele por los intereses del desarrollo económico de nuestro país. Esa no es una tarea de privados, por más que así lo sostenga el actual presidente.

Bajo la regla del déficit cero, en una reedición acentuada del 2001, Milei presentó un presupuesto con una premisa: primero se paga la deuda, después están los derechos de argentinas y argentinos.

Desde la “presentación del presupuesto” de Milei el domingo pasado, se ha hecho mucho hincapié en las proyecciones macroeconómicas que se encuentran en el documento: inflación en lo que resta de 2024 de 1,2% (muy por debajo de las estimaciones del mercado, que no bajan de 3%), en todo 2025 de 1,4% mensual (18,3% anual), y un dólar moviéndose a ese mismo ritmo, llegando a $1.207 en diciembre de 2025. Pareciera más una expresión de deseo, pero aún así siembra dudas sobre la eventual salida del cepo antes de las elecciones del año que viene.

Sin embargo, hay algunos elementos del presupuesto que merecen ser puestos en discusión. ¿Qué implica el “blindaje fiscal” que se propone? Autorizar al Poder Ejecutivo a que asigne recursos de manera discrecional con el único objetivo de alcanzar el equilibrio o superávit financiero. Es un cheque en blanco para que recorte (aún más de lo que ya está estimado en el propio presupuesto) fondos para salud, educación, seguridad, y los destine a pagar la deuda pública, sin pasar por el Congreso.

Otra arista para destacar se vincula con las asignaciones familiares. Actualmente, las asignaciones por hijo, por hijo con discapacidad y la AUH, entre otras previstas en la Ley 24.714, que perciben tanto trabajadores registrados como no registrados, se actualizan automáticamente en función de la fórmula previsional. Lo mismo sucede con los límites y rangos de ingresos del grupo familiar que determina el cobro (o no) de la asignación. A junio de 2024, estamos hablando de 8,9 millones de asignaciones. En el proyecto de presupuesto, se elimina la movilidad: los aumentos van a quedar a discreción del Ejecutivo, del mismo modo que el rango de ingresos. Por ende, con un mero congelamiento, se licuaría el poder adquisitivo de la asignación y bajaría progresivamente la cantidad de trabajadores que la perciben.

Un tercer punto a señalar es que a través del presupuesto 2025, se suspenden una serie de leyes que estipulaban los montos mínimos que el Estado debe invertir en áreas consideradas prioritarias: ciencia y técnica, educación, educación técnica y defensa, oponiéndose así a un proyecto de desarrollo nacional. No sólo se reducen las partidas de todas estas áreas, sino que podrían ajustarse más aún si el Ejecutivo así lo decidiera.

Además, el proyecto intenta nuevamente (ya lo hizo en la primera versión de la ley ómnibus pero no contó con el aval del Congreso)  otorgarle al Ministerio de Economía la posibilidad de renegociar la deuda sin cumplir con la Ley de Administración Financiera, que establece que en una operación de ese tipo, deben mejorarse 2 de 3 variables: tasa, plazo y/o capital. Darle un cheque en blanco a Caputo en esta materia constituye un riesgo que la política argentina no debería tomar.

En suma, el presupuesto 2025 contiene mucho más que una estimación de recursos y gastos para el año siguiente: involucra una amplia delegación de facultades al Ejecutivo para que disponga de los fondos públicos de manera discrecional y deja supeditada todas las funciones del Estado en virtud de pagar la deuda pública. Esta propuesta no resulta para nada innovadora: en julio de 2001 se sancionó una “ley de déficit cero”. No es de extrañar entonces que muchos de los artífices de esa experiencia, hoy tengan lugares relevantes en el gabinete. Lo que sí es extraño es que intenten nuevamente algo que ya fracasó.

Aún así, vale la pena detenerse en el ajuste que el gobierno prevé en áreas muy sensibles. En materia de salud, el Estado Nacional destinará 14% menos de recursos que en 2023 para el programa de medicamentos y 47,5% menos para el Instituto Nacional del Cáncer. Para las Universidades Nacionales, se sostiene el nivel presupuestario de 2024, esto es, 34% menos que en 2023.

Para el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) se prevén mayores recortes que en 2024: 40% menos que en 2023. Lo mismo ocurre para el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) y el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), dos organismos clave para el desarrollo tecnológico: 43% y 38% menos de recursos que en 2023 respectivamente.

Por último, pese a que el gobierno asegura que los fondos para las jubilaciones están garantizados, resultan 10% menos que en 2023 (aunque 3% más que en 2024) pero con un dato muy alarmante: la partida que cubría los adicionales para la mínima prácticamente desaparece (-99,9%), lo cual hace sospechar que a partir de 2025, se eliminará el bono de $70.000. Para quienes perciben la mínima, esto implicaría perder el 23% de su haber.

El gasto continúa ajustándose, a las mayorías se les sigue pidiendo sacrificios y el plan económico y de desarrollo para la Argentina brilla por su ausencia. 

CB/DTC

En la madrugada de hoy, el Senado de la Nación convirtió en Ley la iniciativa que apunta a garantizar el financiamiento para las Universidades Nacionales de todo el país. Sin embargo, es una posibilidad que el presidente Javier Milei ejerza el veto, del mismo modo que lo hizo con la mejora en los haberes jubilatorios.

Esta Ley se enmarca en una situación excepcional del 2024: no se sancionó el presupuesto correspondiente sino que el nuevo gobierno decidió prorrogar el vigente en 2023, para poder disponer discrecionalmente de los recursos públicos. Como parte de esa discrecionalidad, el Poder Ejecutivo decidió desfinanciar significativamente a las universidades: en los primeros siete meses de 2024, las casas de estudio recibieron 34% menos de recursos en términos reales que en el mismo período de 2023.

Ese ajuste se basó principalmente en la licuación de los salarios docentes y no docentes: en lo que va de 2024, el poder adquisitivo de los sueldos se derrumbó 25% con respecto a noviembre de 2023. Es decir, perdieron un cuarto de su capacidad de compra. 

En peor situación se encuentran quienes poseen categorías más bajas: desde diciembre no se actualiza la garantía salarial docente, ese piso mínimo para quien ingresa a dictar clases, que continúa en $125.000 netos en la dedicación simple, $250.000 en la semi exclusiva y $500.000 en la exclusiva.

Al igual que ocurre con el congelamiento del bono de $70.000 para los haberes previsionales, la garantía salarial docente se encuentra totalmente licuada desde diciembre a esta parte. Como consecuencia, quienes estaban alcanzados por este piso, sufrieron un recorte mayor de sus salarios. Por caso, un Jefe de Trabajos Prácticos de dedicación simple sin antigüedad, perdió desde noviembre a esta parte un 34% de su poder adquisitivo.

Es en este marco, el Poder Legislativo sanciona un proyecto para revertir esa situación de manera temporal. Es decir, su alcance se limita al año 2024 en el cual no hay presupuesto sancionado sino que el Ejecutivo dispuso una prórroga del año anterior. En este punto, hay que recordar que la propia Constitución Nacional establece en su artículo 75 inciso 8 que es atribución del Congreso de la Nación fijar el presupuesto de gastos de la administración nacional. Es en uso de esa atribución que este proyecto se convirtió en Ley.

¿En qué consiste la Ley? Establece una actualización de las partidas presupuestarias para las universidades. En lo que refiere a los gastos de funcionamiento, los hospitales universitarios, incentivos a la ciencia y a la técnica y actividades de extensión, el aumento toma en consideración la inflación de 2023, y luego actualiza bimestralmente, también por inflación (descontando los incrementos que ya se hayan efectivizado de manera discrecional por el Ejecutivo).

En el caso de los salarios, tanto docentes como no docentes, la recomposición se debe calcular en función de la inflación acumulada desde el 1° de diciembre de 2023 hasta la sanción de la Ley. Según los datos publicados por Indec, hasta agosto inclusive, el IPC fue de 144%. Los aumentos otorgados hasta septiembre ascienden a 89,5% (incluyendo septiembre), por ende, los salarios deberían incrementarse 29% si Milei no veta la ley sancionada. A su vez, hacia adelante, debieran aumentarse de manera mensual en función del índice de inflación de dos meses atrás (de igual manera que el Decreto dictado por el presidente para actualizar las jubilaciones). 

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó el gasto correspondiente (considerando que la Ley se sancionaba en agosto) en 0,14% del PBI, unos $739.000 millones. Este monto resulta muy inferior al que el Estado dejará de recaudar por reducir la alícuota del impuesto PAIS (que el propio gobierno había aumentado al asumir en diciembre). En septiembre representará una pérdida de recaudación de $400.000 millones. Es decir, con dos meses de recaudación, alcanzaría y sobraría para abonar la recomposición a las universidades. 

Una vez más, se trata de prioridades. Plata hay, lo que no hay es una decisión de impulsar la educación pública, gratuita y de calidad.

Esta semana Javier Milei formalizó su promesa: vetar la recomposición de los haberes previsionales. En medio de una catarata de agresiones a los legisladores, acusándolos de “degenerados fiscales”, el rechazo presidencial a la norma aprobada fue total y no parcial, como se había especulado en algún momento. Sin embargo, el Congreso podría insistir en la sanción y que de esta manera la ley que en vigencia definitivamente, ya sin la posibilidad de un nuevo veto. La amplia mayoría en ambas cámaras que con se sancionó hace dos semanas la Ley 27.756, que permitía una mejora en los haberes previsionales, vuelve verosímil esa posibilidad.

La pelota está en la cancha legislativa: con dos tercios de los presentes en cada Cámara, la ley se puede ratificar. De hecho, en Diputados ya se solicitó una sesión especial para su tratamiento el próximo miércoles. La política ahora debe definir si hay voluntades suficientes o triunfará la decisión del Presidente. 

Ahora bien, ¿en qué consistía esta iniciativa? Por un lado, otorgaba una recomposición para todos los haberes de 7,2%. A su vez, establecía un piso mínimo para todos los haberes de 109% sobre la valuación de la canasta básica total de un adulto equivalente. Por último, contenía una cláusula gatillo a activarse una vez al año (en marzo) equivalente al 50% del crecimiento real de los salarios en el año calendario anterior. 

No obstante, la fórmula de actualización que proponía la ley es la misma que Milei impuso por DNU en marzo de este año: de periodicidad mensual, atado a la inflación de dos meses atrás. El encono del presidente con el Poder Legislativo fue tal que ni siquiera aceptó ese artículo de la ley y decidió vetar la iniciativa de manera total.

En términos prácticos, la ley permitía incorporar el bono al haber y reducir la discrecionalidad que el Poder Ejecutivo tiene sobre este componente tan significativo para quienes cobran la mínima. Esa discrecionalidad es la que le permitió al ministro de Economía, Luis Caputo, mantener las jubilaciones como variable de ajuste: el bono se encuentra congelado desde marzo en $70.000 y perdió gran parte de su poder de compra. La licuación es tal que si el bono se hubiera ajustado en la misma proporción que el haber, debería ser en septiembre de $122.000, es decir, $52.000 más por mes.

Asimismo, la ley sancionada, y ahora vetada, permitía que la pérdida de poder adquisitivo ocasionada por la inflación de enero fuera totalmente compensada: el Ejecutivo había otorgado 12,5% de recomposición, restaba un 7,2% acumulado para equiparar la suba de precios promedio de enero de 20,6%. Estas dos cuestiones hubieran permitido que las jubilaciones mínimas mejoraran 5% en términos reales en el próximo trimestre. 

Por último, la cláusula gatillo sólo se activaba una vez al año, y siempre que los salarios hayan crecido en términos reales. Si los salarios crecen, la recaudación de los tributos de la seguridad social también lo hacen, y por ende el Estado tendría los recursos para afrontar ese incremento extra. Este artículo de la ley era el único que permitía pensar en la posibilidad de que las jubilaciones ganen en algún momento del mediano plazo en términos reales. De lo contrario, si mañana la inflación se “destruyera” como se propone el gobierno, las jubilaciones quedarían por siempre en este piso, bajo en términos históricos (32,5% debajo de 2015), sin posibilidad de recuperación. 

Desde el Gobierno, acusaron a los legisladores de atentar contra el plan económico y, como en otras ocasiones, presentaron cálculos de dudosa consistencia teórica para mostrar la imposibilidad del Estado de afrontar dichas mejoras. En parte, esto implica asumir una cuestión que el presidente niega: el superávit fiscal se sustenta en gran medida en el recorte a jubilados y jubiladas (27,7% en el período enero-julio de 2024).

La pregunta que en definitiva rodea la cuestión es: ¿se constituye realmente como impagable la mejora de los haberes, tal como sostiene el presidente? Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, si comparamos la situación vigente (con bono inclusive de $70.000 hasta fin de año) con la ley que sancionó el Congreso, el costo extra es de 0,44% del Producto Bruto Interno, incluyendo no sólo jubilaciones sino también pensiones no contributivas y asignaciones familiares, cuyos aumentos están ligados a la movilidad previsional. Este cálculo se realizó suponiendo que la ley se comenzaba a aplicar en agosto y retroactivo a abril, con lo cual, en términos efectivos, el impacto sobre el gasto sería aún menor.

¿Eso es mucho o poco? Es un guarismo similar al que dejará de recaudar el Estado por la reducción de la alícuota del impuesto a los Bienes Personales en 2024 establecida en la Ley de Bases. Este impuesto al patrimonio lo abonan 409.081 contribuyentes (dato 2022, último disponible). Es decir, genera prácticamente el mismo impacto mejorar el ingreso a 6.089.252 de jubilados y pensionados y a 5.347.470 titulares de asignaciones familiares (dato junio de 2024) que beneficiar a las personas más ricas de nuestro país. Entonces, no se trata de una cuestión de si hay o no recursos, sino de prioridades: ¿para quién gobierna el gobierno?

CB/JJD

Una vez más, los datos oficiales contradicen el discurso del Gobierno: la economía no hizo piso y la recuperación no aparece.

El INDEC publicó el estimador mensual de la actividad económica (EMAE), indicador que se aproxima al PBI, y arrojó que en junio de 2024 la economía argentina se redujo 3,9% respecto al mismo mes de 2023. A su vez, tampoco creció con respecto del mes anterior (mayo 2024) sino todo lo contrario: presentó una caída de 0,3%. Mucho menos se recupera en términos acumulados: en el primer semestre de 2024 la economía argentina fue 3,2% más chica que en el mismo período de 2023.

Si quedara en este nivel el resto del año, en 2024 el producto bruto interno mostraría una reducción de 4,7%. ¿Esto es mucho o poco? A modo de referencia, durante los años del macrismo, la economía cayó en 3 de los 4 años, y la caída más profunda, en 2018, fue de “sólo” 2,6%. Es decir, la situación actual es extremadamente preocupante.

Si el desplome no fue mayor es solamente porque un sector fundamental —el agro—, presentó un aumento significativo, luego de dejar atrás el año de sequía: creció interanualmente 82,4% en junio. Sin embargo, si excluimos a este sector de la ecuación, la economía argentina se contrajo 8,8% interanual, es decir, más cercana en profundidad al derrumbe de la actividad durante la pandemia (-9,9%).

Si es excluye al campo, que creció exponencialmente este año con respecto a 2023 porque ya superó la sequía del año pasado, la economía argentina habría caído aún más: un 8,8% interanual

Además del agro, otros sectores de actividad que crecieron interanualmente fueron Pesca (+34,8%) y Explotación de minas y canteras (+4,6%). Sin embargo, entre estos 3 sectores explican sólo el 7% de los puestos de trabajo registrados privados. Por el contrario, los 3 sectores que más cayeron en actividad (industria, construcción y comercio) explican el 45% del empleo. Los desplomes no revisten precedentes: la construcción cayó 23,6% interanual, la industria se derrumbó 20,4% (el peor registro de 2024) y el comercio -18,6% (también la peor caída del año).

Así, a contramano del discurso oficial, los datos muestran que no hay rebote, ni “en V” (recuperación rápida) ni en “pipa de Nike” (lenta pero sostenida), y tampoco se apuesta a ello.

Pareciera que el Gobierno no está dispuesto a que el consumo se reactive, pese a que representa dos terceras partes del PBI. Por eso, desde las oficinas gubernamentales deslizan dos decisiones opuestas a la recuperación de los ingresos: el veto de la ley que mejoraba el poder adquisitivo de las jubilaciones —pero que podrá ser ratificado por el Congreso si alcanzan mayoría de dos tercios en ambas Cámaras— y la no homologación de paritarias superiores a 2% desde octubre. Pareciera que en el país de la libertad, el único precio que no es libre es el salario.

De este modo, resulta impracticable una recuperación de los salarios, que a junio continúan muy por debajo del nivel de noviembre de 2023, y con una fragmentación muy profunda en su interior: mientras que los salarios registrados privados se ubican 4,8% abajo, los salarios públicos perdieron 18,9% y los no registrados se derrumbaron 24,8%.

La expectativa en todo caso del Gobierno es que si el consumo se recupera, esa reactivación no se sustente en un mejoramiento de los ingresos sino en todo caso en un incremento del endeudamiento o en el tan mentado uso de los ahorros. En esa línea van el sostenimiento de las tasas de interés bajas, el Ahora 12 versión libertaria (“cuota simple”) y las promociones de supermercados que incentivan el uso de dólares “cara chica, cara grande, arrugados, viejos, manchados, o dibujados” a un tipo de cambio preferencial ($1.400).

Pero la verdadera apuesta del Gobierno es que la economía deje de caer sustentada en la inversión privada (cercana al 12% en importancia en el PBI). En ese sentido, tanto el presidente Javier Milei como su ministro de Economía, Luis Caputo, insisten en cada micrófono que tienen ante empresarios en convencerlos de que inviertan “antes de quedarse afuera”. Sin embargo, resulta difícil imaginar un incremento de la inversión en un país en donde una de cada dos máquinas se encuentra apagada (la capacidad utilizada de la industria en junio fue de 54,5%). En todo caso, esto podría darse en los sectores promovidos por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), cuyo decreto reglamentario ya fue publicado en el Boletín Oficial, si bien resta la letra chica de otros organismos como la AFIP.

Por ahora, no se vislumbran indicios de recuperación, pero tampoco resulta claro si el Gobierno efectivamente aspira a la reactivación económica, ya que esto podría generar tensiones en dos frentes: incrementar la demanda de dólares para importaciones y detener la desaceleración inflacionaria.

CB/JJD

El exministerio y actual Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social publicó los datos sobre trabajo registrado al mes de mayo de 2024. De los mismos se desprende una caída brutal de los puestos desde la asunción de Milei: en 6 meses, se perdieron 123.123 trabajos registrados asalariados en el sector privado y 36.940 en el sector público. 

La pérdida en el privado no es mayor sólo en términos nominales, también lo es en proporción: se perdieron el 2% de los puestos privados y el 1% de los públicos, contrastando con la idea del Gobierno de que sea el sector privado el que “absorba” al personal despedido en el Estado (principalmente nacional).

En mayo, específicamente, se destruyeron 9.101 puestos privados y 8.845 públicos. Más de la mitad de los despedidos devinieron en monotributistas: éstos aumentaron 9.636 en el mismo mes, materializando la propuesta que realiza La Libertad Avanza en materia de legislación laboral: trabajadores con cada vez menos derechos. 

Esta visión se plasmó en la Ley Bases que el Gobierno logró sancionar con ayuda de sus aliados en el Congreso: promover el cuentapropismo sin derechos laborales. En dicha ley se incluyó la figura del “colaborador”, un trabajador “independiente” pero que en realidad trabaja —en relación de dependencia— para otro trabajador independiente. Es decir, se trata de una relación laboral asalariada encubierta, que resulta más barata para el empleador, y con menos derechos para el trabajador: ni licencias, ni aguinaldo, ni vacaciones pagas, ni indemnización en caso de despido. 

En materia de sectores, la construcción encabeza la destrucción de puestos de trabajo, tras la decisión del Gobierno nacional de paralizar la obra pública. Ello trajo aparejado un desplome absoluto de toda la actividad: la construcción acumula en el primer semestre de 2024 un derrumbe de 32,7%, sólo comparable en magnitud con la pandemia. Como consecuencia, en mayo se destruyeron 1.108 puestos de trabajo y en los primeros seis meses de gestión de Milei, se perdieron en este sector 64.179 puestos (sólo contando registrados), es decir, una caída del 15%. A su vez, representan la mitad de los puestos totales perdidos en el sector privado en esta etapa.

Le sigue en importancia (tanto nominal como porcentual) la pérdida de puestos de trabajo en la industria manufacturera: 4.607 sólo en el último mes, y 22.750 en los seis primeros meses de Milei, explicando el 18% de los puestos totales perdidos en el sector privado. La actividad no muestra signos ni siquiera de detener la caída, y ello resulta especialmente preocupante por el peso que tiene la industria en materia de empleo: 19% del total privado registrado.

Esta destrucción de empleo va en línea con la situación de la actividad: en junio, una de cada dos máquinas de la industria manufacturera en Argentina estuvieron apagadas. Son datos que aporta el INDEC: sólo se usó el 54,5% de la capacidad instalada, frente a un 68,6% de hace un año atrás.

Por el contrario, los únicos sectores que crearon empleo en los últimos 6 meses fueron aquellos ligados a actividades primarias: agricultura, ganadería y pesca, que sumaron 11.000 puestos, pero lejos estuvieron de compensar la caída del resto de los sectores.  

Por otra parte, resulta interesante analizar la enorme heterogeneidad de la crisis de empleo en materia territorial: mientras provincias como Formosa y Tierra del Fuego perdieron el 9,9% de su trabajo registrado privado en los seis primeros meses de Milei, Salta incrementó su empleo 1,2% y Chubut 0,9%. Sin embargo, lejos están de compensar los desplomes en la zona núcleo: Buenos Aires perdió 50.743 empleos privados, CABA 13.958, Santa Fe 11.876 y Córdoba 8.001. 

Argentina parece adentrarse en su tercera crisis de empleo en menos de 10 años. La primera fue generada por el macrismo, que desde agosto de 2018 a diciembre de 2019 implicó perder 279.000 empleos privados. La segunda fue provocada por la pandemia, que ocasionó una pérdida de 155.000 puestos en 4 meses. A partir de allí, entre julio de 2020 y noviembre de 2023, se logró recuperar la totalidad de los empleos perdidos y superar en 90.000 puestos los niveles de abril de 2018 (punto máximo anterior). Hacia mayo de 2024, los empleos perdidos en tan poco tiempo generan alarma, y hacia adelante no hay perspectivas de mejora: la Encuesta de Indicadores Laborales que elabora la Secretaría de Trabajo calcula que en junio se destruyeron otros 12.500 puestos de trabajo. Mientras otros temas copan la agenda pública, la crisis de empleo asoma cada vez con más fuerza.

CB/JJD

El Gobierno podrá festejar que retornaron a una tendencia decreciente de inflación. Luego de la aceleración de junio (de 4,2% a 4,6%), la suba de precios promedio de la economía fue de 4% en julio, en línea con el promedio arrojado por el Relevamiento de Expectativas de Mercado que realiza el Banco Central (3,9%). Sin embargo, la desilusión gira en torno de que no pudo perforarse el piso de 4%, mientras que en el Gobierno se entusiasmaban con un dato que empiece con 3. 

Más allá de este detalle, lo más preocupante para el Gobierno seguramente sea el aumento de la inflación núcleo, es decir, aquella que deja de lado los precios regulados (en los que el Estado interviene, como las tarifas) y los estacionales (como las frutas y verduras o el turismo). Tras el estancamiento de junio (cuando se repitió el 3,7% de mayo), en julio creció a 3,8%.

A su vez, tanto la inflación acumulada en 2024 (87%) como la inflación interanual (263,4%) siguen en niveles sumamente altos. Durante julio, volvió a verificarse una inflación traccionada por el rubro Servicios (6,4%), frente a Bienes (3,2%), principalmente por los aumentos de los rubros salud, educación y recreación y cultura.

Si desagregamos por sectores, el que más aumentó fue Restaurantes y Hoteles (6,5%), impulsado por el contexto de vacaciones de invierno, y el que menos creció fue Prendas de vestir y calzado (1,6%). 

Por encima del nivel general subieron los rubros “Vivienda, agua, electricidad…” (6%), principalmente por los incrementos de alquileres (el ICL que aún tiene impacto en algunos contratos subió en julio 9%), ya que la decisión fue postergar los aumentos de las tarifas para agosto. A su vez, el rubro Salud aumentó 5,8% vinculado a los aumentos en los medicamentos (que aumentaron 5,0% en general, y 7,5% la canasta PAMI), y la finalización de los topes de aumentos de las prepagas.

Por debajo del nivel general podemos destacar los rubros Transporte, que sólo crecieron 2,6% impulsada por el congelamiento de las tarifas de colectivo en el AMBA y el incremento de combustibles de 4% tras la decisión del Ejecutivo de postergar la actualización del impuesto a los combustibles. También es destacable el rubro Alimentos, cuyos precios crecieron 3,2%, principalmente por frutas y verduras.

La evolución de los precios tiene dos anclas claras: la recesión y el atraso cambiario.

Por más que el Gobierno lo niegue, la actividad económica continúa en un nivel muy bajo en relación al año anterior. Los principales sectores muestran caídas significativas: la industria produjo en el primer semestre de este año 16,1% menos que en el mismo período de 2023; las ventas minoristas no sólo se derrumbaron con respecto a un año atrás (-15,7%) sino que cayeron incluso con respecto a junio (-1,6%), y la construcción acumula en el primer semestre de 2024 un derrumbe de 32,7%. En este contexto, los márgenes para subir precios son sumamente reducidos.

El segundo factor explicativo del dato que hoy conocimos es la evolución del tipo de cambio. El dólar oficial siguió el ritmo previsto por el Gobierno de 2%, conteniendo los precios. Sin embargo, hubo movimientos en los paralelos. Si bien de punta a punta, el dólar CCL bajó 5%, si comparamos promedios mensuales, en julio el CCL subió 3%, dada la aceleración producida la primera quincena de julio -que desembocó en la decisión de intervenir en la brecha-. Por más que desde el Gobierno sostengan que el objetivo es controlar la cantidad de dinero, la preocupación fue que la inflación se dispare. Tras los anuncios, el ritmo de aumentos comenzó a desacelerarse.

Por eso, las preguntas hacia adelante pueden resumirse en estas dos: si la economía se reactiva como pretende el Gobierno, ¿se puede sostener una desaceleración inflacionaria? ¿Caputo va a seguir atrasando el tipo de cambio como ancla para contener los precios?

CB/JJD

Esta semana tres datos de la economía real contradijeron el relato que intenta instalar el presidente Javier Milei. El más preocupante es el que refiere a la producción industrial: en junio, se ubicó 20,1% por debajo de un año atrás y se retrajo incluso respecto de mayo en la serie desestacionalizada (-1,6%). Si nos centramos en el dato acumulado del primer semestre del año, junio mostró el peor registro de 2024: se produjo 16,1% menos que en el mismo período de 2023.

Mirando más a mediano plazo, junio de 2024 fue el peor junio de la serie (desde 2016) y en la serie desestacionalizada, sólo hay 3 meses peores que este: marzo, abril y mayo de 2020, en plena pandemia.

Junio de 2024 fue el peor junio para la producción industrial desde que comenzó a registrarse la serie, en 2016.

Asimismo, no hubo ningún sector que escape a la tendencia general, sino que todos cayeron con respecto a junio de 2023, si bien con diferente intensidad: mientras que “Otros equipos, aparatos e instrumentos” (-37,4%), “Muebles, colchones y otros” (-36,3%) y “Productos minerales no metálicos” (-35,6%) fueron los más afectados, “Refinación del petróleo” (-1,2%), “Alimentos y bebidas” (-8%) y “Sustancias y productos químicos” (-12,3%) exhibieron las menores caídas.

La industria no parece encontrar piso y esto resulta especialmente preocupante en materia de empleo: estamos refiriéndonos a uno de los principales sectores que emplea personal registrado en el sector privado. En promedio, en los últimos 15 años, representó el 20% de todos los puestos de trabajo asalariados. Le sigue en importancia la rama de actividad “Comercio y Reparaciones”, que ocupó en promedio el 19% de trabajadoras/es de los últimos 15 años. Este rubro tampoco está repuntando. 

Un ejemplo en este sentido lo aporta la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que informó que en julio las ventas minoristas no sólo se derrumbaron con respecto a un año atrás (-15,7%) sino que cayeron incluso con respecto a junio (-1,6%) en su serie desestacionalizada. Acumula así un desplome de 17% en los primeros 7 meses del año en comparación con 2023.

Si desagregamos por sectores, todos presentaron caídas interanuales, y en la intermensual sólo creció “Ferretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción” (+1%). Los sectores más perjudicados interanualmente fueron “Perfumería” (-32,6%), “Farmacia” (-26,4%) y “Alimentos y bebidas” (-20,9%) que resultan llamativos por tratarse de sectores que cubren necesidades básicas.

Pese a este difícil panorama, las pymes están intentando sostener el empleo: según las bases estadísticas de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, del total de empleo perdido en los primeros 5 meses de gestión de Milei sólo el 26% es explicado por empresas de hasta 500 trabajadoras/es mientras que la mayoría (74%) tuvo lugar en empresas de más de 500.

Por último, la construcción quizás ha podido dejar atrás su peor momento: el traspaso de obra pública a las provincias reactivó algunas de ellas. Ello permitió que en términos intermensuales, la actividad haya repuntado 2,7% en junio. Sin embargo, se ubica en un nivel 35,2% por debajo del mismo mes de 2023, y en el primer semestre acumuló un desplome de 32,7%.

Lamentablemente, las perspectivas hacia adelante no son esperanzadoras: sólo 14,5% de las grandes empresas del sector de la construcción que realizan obras privadas consideran que aumentarán en el tercer trimestre del año y esta perspectiva empeora entre las empresas ligadas a la obra pública: sólo 9,9% consideran que mejorará la actividad.

En materia de empleo, el promedio de los últimos 15 años arroja que este sector ocupa el 7% del personal asalariado registrado. Pocas empresas prevén contratar personal en este rubro: 12,7% de las empresas de obras privadas y 5,4% de las empresas de obra pública.

En síntesis, las perspectivas de la actividad económica y de la posibilidad de que se cree empleo registrado resultan sumamente desalentadoras.

DM/CB

El Ministerio de Capital Humano acusó recibo del reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sobre la situación crítica de los salarios y de la declaración de emergencia salarial de parte de algunas universidades nacionales como las de Buenos Aires y Córdoba y esta semana intentó en redes una respuesta. La cartera a cargo de Sandra Pettovello apeló al enfrentamiento entre trabajadores y argumentó que entre diciembre y julio los docentes universitarios incrementaron sus ingresos un 71%, mientras que la pauta general establecida para los salarios del Estado nacional fue de 58,5%.

Resulta al menos curioso que en el mismo comunicado termina reconociendo lo que los sindicatos de docentes universitarios, de no docentes, así como las autoridades mismas vienen denunciando: la licuación de los salarios resulta ya insostenible.

Asimismo, continúan asegurando en el Poder Ejecutivo que el problema de las universidades nacionales, por el cual se produjeron masivas marchas en abril de este año, ya está solucionado: los gastos de funcionamiento fueron incrementados 270%.

Sin embargo, como señaló este diario en mayo tras el anuncio, es un aumento significativo, para una porción insignificante del presupuesto universitario: menos del 10% del total (8% en lo que va de 2024). La gran mayoría de los fondos (más de 80%) se destinan a salarios. Pero la medida le sirvió al Gobierno en términos políticos: desmovilizó a la comunidad en general, y a la universitaria en particular, y logró postergar, con complicidad de sus aliados, el debate en la Cámara de Diputados sobre diversos proyectos tendientes a garantizar el financiamiento de la educación superior. 

Así, mes a mes las transferencias a universidades continúan cayendo en términos reales. En el primer semestre, los fondos recibidos por las casas de estudio fueron 37% menores a los del mismo período de 2023. A su vez, se ubican 36% por debajo del promedio de los últimos 8 años.

Quienes pagan el peso de este ajuste son los docentes y no docentes universitarios. Desde diciembre, perciben incrementos unilaterales, sin ningún espacio para la negociación colectiva. Así, el primer aumento de la era Milei fue un 6% para diciembre, frente a una inflación que escaló a 25,5% tras la mega devaluación y la desregulación de diversos sectores de la economía. En enero, los salarios permanecieron inalterados, frente a una inflación de 20,6%. Esa profunda licuación está lejos de recuperarse: a julio, los docentes perdieron 23% de poder adquisitivo en relación a noviembre de 2023. En dicho período, la inflación escaló 134,6%, mientras que los salarios universitarios sólo subieron 80,4%. 

En el comunicado publicado, sin embargo, utilizan otra referencia temporal, y comparan con diciembre, en una estrategia que lleva adelante el gobierno en términos discursivos que implica desresponsabilizarse por la enorme pérdida de poder adquisitivo que implicó la devaluación y la consecuente tasa de inflación de 25,5% en diciembre. Así,  hacen referencia a un 71% de aumento desde dicho mes. Pero aún si tomáramos ese corte temporal, la inflación también estuvo muy por encima (87%).

A su vez, un importante conjunto de docentes está en peor situación, y paradójicamente son los que se encuentran en la base de la pirámide. Gran parte de quienes tienen cargos de dedicación simple sufrieron recortes salariales mayores. Por ejemplo, un Jefe de Trabajos Prácticos de dedicación simple perdió de noviembre a julio 32,2% de su poder adquisitivo. Es decir, le recortaron prácticamente un tercio de su salario. 

¿A qué se debe esta diferencia? A la decisión del Gobierno Nacional de congelar la garantía salarial docente, esto es, el mínimo que debe percibir un docente universitario. Al dejar fijo este monto, los salarios que estaban alcanzados por este piso, recibieron aumentos menores al resto: en el ejemplo señalado, el sueldo sólo creció 59,2% entre noviembre y julio, frente a una inflación de 134,6%.

Al igual que sucede en el caso de los jubilados, con el congelamiento del bono para quienes cobran la mínima, entonces, los más perjudicados son los de más abajo.

CB/DTC