El aborto es legal en España desde 1985, año en el que se aprobó la ley que permitía hacerlo bajo tres supuestos. Después vendría en 2010 la norma que permitió el aborto libre, pero fue hace 40 años cuando abortar dentro de los límites marcados dejó de considerarse un delito. Desde entonces, las mujeres que interrumpen su embarazo ejercen un derecho que, aunque a medias, está reconocido. Y que ha provocado efectos a largo plazo que conducen a una mayor satisfacción en la vida de las mujeres, según un estudio publicado este julio en la revista The Economic Journal.

Al contrario de lo que los sectores ultracatólicos que libran una cruzada contra el aborto suelen defender, asociando el derecho a decidir con la desintegración social, la caída de la natalidad o el fin de las familias, la investigación revela que a largo plazo eso no ocurre. En cambio, el estudio dibuja un escenario en el que permitir el aborto se traduce, en la práctica, en mujeres más felices, matrimonios más prósperos y no en un descenso pronunciado de hijos, aunque sí un retraso en tenerlos. Y son estos, precisamente, valores y fenómenos sociales que se plantean como deseables por quienes se declaran antiaborto.

El estudio, realizado por cuatro investigadores españoles de la Universitat Pompeu Fabra, el Instituto de Empresa y la Universitat de Barcelona, revela que aquellas mujeres que tuvieron acceso al aborto en España antes de los 21 años tuvieron menos probabilidades de tener hijos a una edad temprana, pero a la larga no dejaron de tenerlos. Además, la legalización redujo también los matrimonios precoces, pero al mismo tiempo estas mujeres se divorciaron menos a largo plazo que aquellas que no podían abortar.

“Lo que revela es que la legislación de 1985, es decir, mejorar el control de los tiempos de su fecundidad, tuvo consecuencias muy importantes para la vida de las mujeres jóvenes que se enfrentaban a un embarazo no deseado”, sostiene Libertad González, la economista experta en trabajo y salud de la Pompeu Fabra que ha liderado el estudio. Hay que tener en cuenta, además, que la de 1985 fue una ley restrictiva que solo permitía abortar en caso de violación, malformación del feto o riesgo para la vida, y que esta es la evaluada por los investigadores.

Menos hijos hoy...

Para ello, el estudio aplica un enfoque de diferencias en diferencias –usado en estadística para valorar el efecto de una ley– y utiliza distintas fuentes, desde certificados de nacimiento y matrimonio hasta datos de encuestas de población activa. Por otro lado, compara mujeres con diferente acceso al aborto. Debido a que la aplicación de la norma fue –y sigue siéndolo– desigual y hay provincias en las que no hay centros que practiquen interrupciones, la investigación las divide en dos grupos: las que contaban con al menos una clínica en 1989 y las que no, que eran 23 de 50.

“Nos interesaba mucho entender los efectos en los dos planos, a corto y largo plazo, de ser mujer joven y tener la posibilidad de abortar de manera sencilla, es decir, tener cercanía a un centro que practicara abortos sin tener que ir a otra comunidad u otro país”, explica González. Así que lo primero que hicieron los investigadores fue estudiar el impacto de la ley de 1985 en los nacimientos inmediatos, para lo que miraron las tasas de natalidad mensuales por provincia desde 1980 hasta 1990. Lo que encontraron es que las regiones que contaban con acceso al derecho “experimentaron una caída más profunda de la fecundad a corto plazo” fundamentalmente en menores de 21 años, en concreto de un 6% con respecto a la tasa de natalidad media.

Lo mismo ocurrió con el número de matrimonios, que descendieron un 8,5%. “En consonancia con la fuerte caída de la fecundidad en las mujeres más jóvenes, encontramos evidencia de una disminución significativa de matrimonios en las provincias con mayor oferta de servicios de aborto”, subraya el estudio. Al mismo tiempo, también las bodas de parejas motivadas por el embarazo no deseado sufren una caída del 8,6% tras 1985 entre, de nuevo, aquellas mujeres menores de 21 años que vivían en las provincias que sí practicaban abortos en comparación con las que no.

Ello se corresponde también con mayores probabilidades de terminar la educación secundaria obligatoria antes de ponerse a trabajar, concluye la investigación, que revela que las mujeres que eran jóvenes cuando se aprobó la ley en aquellas provincias con acceso al aborto “pudieron posponer la fertilidad y evitar nacimientos en la adolescencia”, lo que les llevó a “cursar estudios a tiempo completo” con más frecuencia que aquellas que cuando se legalizó el aborto habían abandonado ya el instituto y tenían hasta 30 años. En lo que no ha encontrado evidencia el análisis es en que esto impactara en la posibilidad de ir a la universidad ni en las tasas de empleo o salario.

... Pero no mañana

Pero junto al descenso de nacimientos y matrimonios en los años inmediatamente posteriores, la investigación se pregunta qué ocurrió más tarde y si esto condujo a las mujeres a tener menos hijos a lo largo de su vida. Para ello usa diferentes encuestas españolas de fertilidad e incluye en la muestra mujeres que tienen hasta 63 años en el momento de las entrevistas. Así, haciendo diferentes grupos de edad, concluye que las jóvenes con acceso al aborto sí retrasaron la edad de su primer hijo –medio año más, en promedio– y también que el efecto negativo en la fecundidad se mantuvo a los 18 y 21 años, pero a los 34 y a los 44 el efecto se redujo considerablemente.

“Esto quiere decir que el aborto no afectó a la fertilidad completa. Las mujeres que tuvieron acceso temprano al aborto, al final cuado son más mayores han acabado teniendo el mismo número de hijos pero a más edad. Vemos que estas mujeres, que ya habíamos visto que evitan un matrimonio temprano, se casan pero más tarde y también tienen hijos, es menos probable que se acaben divorciando probablemente porque evitan también el matrimonio no deseado y construyen parejas de más calidad”, resume González sobre el hallazgo que apunta a que aquellas mujeres “afectadas” por la ley de 1985 registran tasas de divorcio un punto por debajo de las que no.

El estudio utiliza una doble comparación para asegurar la atribución de diferencias al aborto y por eso coteja cohortes de mujeres menores de 21 en provincias de fácil acceso a la interrupción del embarazo con aquellas que eran más mayores, pero también compara ambos grupos en regiones sin centros. “De esta forma podemos limpiar esos otros factores posibles que pueden intervenir porque las diferencias que se ven en la primera comparación no se ven en la segunda”, explica González, que cree que los resultados son importantes en un momento en el que “en varios países, como Estados Unidos, hemos visto un retroceso en el aborto” y globalmente arrecia una ofensiva antiderechos.

La investigación analiza también qué bienestar autopercibido declaran las mujeres y hasta qué punto tiene esto relación con la ley. Y para ello utiliza la Encuesta de Condiciones de Vida de 2013, de la que obtiene una muestra de 4.546 mujeres de entre 38 y 58 años. Los autores encuentran evidencia de que tener la posibilidad de abortar antes de los 21 “mejora el bienestar a largo plazo” porque estas mujeres “tienen menos probabilidades de sentirse tensas o deprimidas y más de sentirse tranquilas” además de reportar un mayor grado general de satisfacción con su vida.

En total, poder abortar mejoró en un 7,6% estos niveles, según el estudio. Un efecto que “probablemente” se deba a causas tanto directas como indirectas, interpretan los investigadores: algunas mujeres porque pudieron evitar un embarazo precoz gracias a la legalización del aborto, pero también otras que no se sometieron a la intervención “podrían haberse beneficiado en términos de su propia tranquilidad”, concluyen.

Aproximadamente el 45% de todos los abortos practicados en el mundo son inseguros y suponen la hospitalización de cerca de siete millones de mujeres al año. El último informe sobre el estado de la población mundial del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), publicado recientemente, alertaba del riesgo para la salud y para la vida de las mujeres que implican las restricciones, legales o de facto, a los derechos sexuales y reproductivos. Sus conclusiones toman hoy otro cariz después de que la filtración de un documento muestre que el Tribunal Supremo de EEUU está a punto de desproteger el derecho al aborto en la primera potencia mundial, una decisión cuyo impacto sería enorme, en el país y fuera de sus fronteras.

La alta prevalencia de los abortos inseguros hace que la situación pueda describirse, asegura el UNFPA, como “una emergencia de salud pública”. El informe del Fondo de Población de Naciones Unidas aporta numerosos datos. Por ejemplo, que los abortos inseguros causan entre el 5 y el 13% de todas las muertes maternas, “lo que los convierte en una de las principales causas de la mortalidad materna”. Y que más del 60% de los embarazos no intencionales terminan en aborto, en condiciones de riesgo o sin riesgo, sea legal o ilegal allá donde se produce.

Pero es que, además, los abortos inseguros tienen también un impacto económico negativo para los estados. Solo en tratamientos posteriores al aborto suponen un coste de cerca 500 millones de euros.

Después de conocer el borrador del Supremo de EEUU filtrado a la prensa, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmaba este miércoles que restringir el acceso a esta práctica no reduce su incidencia sino que “arrastra a mujeres y chicas a procedimientos inseguros”. “Las mujeres siempre deberían tener el derecho a elegir en lo que respecta a sus cuerpos y a su salud. El acceso a un aborto seguro salva vidas”, ha dicho. Estos días, la propia OMS ha defendido en sus cuentas en redes sociales el derecho de las mujeres de todo el mundo “a acceder a prácticas abortivas seguras”.

Amnistía Internacional también ha advertido que, de confirmarse la decisión del Tribunal Supremo, EEUU estaría ante “una violación atroz de los derechos humanos” que obligaría a muchas mujeres a seguir adelante forzosamente con embarazos y a buscar abortos inseguros. “El aborto es una necesidad de salud médica básica para millones de mujeres, niñas y personas que pueden quedar embarazadas. Forzar a alguien a seguir adelante con un embarazo, por la razón que sea, es una violación grotesca de los derechos humanos. Mientras buena parte del mundo está expandiendo los derechos humanos, incluido el derecho al aborto, los Estados Unidos están volviendo atrás en el tiempo y poniendo en riesgo las vidas y la libertad de millones de personas”, decía la Directora Nacional de Programas de la organización, Tarah Demant.

Derecho al aborto y menos embarazos no planificados

Los embarazos no intencionales suman los no planeados y los no deseados. Cada año, tienen lugar en el mundo 121 millones de embarazos no intencionales. Que la cifra sea tan elevada, señala el informe del UNFPA, “hace cuestionarse hasta qué punto se priorizan y valoran los derechos y el potencial de más de la mitad de la humanidad”. El Fondo asegura que los países con mayor desarrollo social y económico y mayor nivel de igualdad de género tienden a registrar menores tasas de embarazos no intencionales.

En contra de lo que los sectores más conservadores suelen argumentar, restringir el derecho al aborto no reduce esta práctica, solo empeora las consecuencias para las mujeres. Las leyes restrictivas sobre el aborto, dice el informe, “no han demostrado reducir la cantidad de procedimientos de este tipo que se llevan a cabo”. Sin embargo, en los países con altos ingresos y leyes flexibles sobre el aborto, la proporción de embarazos que se interrumpen es “mucho menor” que la que se registra en países de ingresos similares pero normas estrictas.

Además, por lo general, los países en los que se permite la interrupción voluntaria del embarazo libre durante unas semanas o por ciertas razones, tienen tasas de embarazos no intencionales inferiores a los lugares donde cuentan con legislación que prohíbe la práctica o la restringe a casos muy concretos. El UNFPA cree que la correlación es “manifiesta” pero no casual: la hipótesis es que allá donde hay leyes flexibles sobre el aborto hay también servicios de salud sexual y reproductiva accesibles y adaptados a la vida de las personas.

ARA

Amnistía Internacional emitió una acción urgente para detener el proceso judicial contra Miranda Ruiz, una médica de Salta que garantizó el derecho a la interrupción del embarazo. A través de esta iniciativa de alcance mundial, la organización llama al Fiscal de Tartagal, que dé marcha atrás con la imputación penal contra la profesional.

La acción urgente es una estrategia de solidaridad impulsada por Amnistía Internacional por la cual miles de personas de todo el mundo se suman para exigir el respeto de los derechos humanos. Por lo general, cuando Amnistía Internacional registra que una o más personas se encuentran en extrema situación de riesgo, activa una red integrada por decenas de miles de personas que unen su capacidad de presión enviando cartas y mensajes de correo lo más rápidamente posible al país de que se trate. La organización considera que el caso de Tartagal responde a esas características.

La historia

Miranda Ruiz es médica residente en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal. En esa ciudad asiste consultas sobre anticoncepción y planificación familiar, y se encuentra a cargo del consultorio interdisciplinario de interrupción voluntaria del embarazo. En septiembre de 2021, la fiscalía general de Graves Atentados contra las Personas a cargo del fiscal Gonzalo Ariel Vega impulsó una investigación penal en su contra a raíz de la atención brindada a una paciente adulta que requirió acceder a un aborto legal. En el marco del dicho proceso, la médica fue privada de la libertad y todavía se encuentra sometida a medidas de coerción sustitutivas a la prisión.

Como surge de la prueba producida en el expediente, Ruiz actuó de acuerdo con las obligaciones dispuestas en la ley 27.610 de interrupción voluntaria y legal del embarazo. Su intervención fue acompañada por un equipo interdisciplinario y respaldada por la dirección del hospital, lo cual también consta en la historia clínica. El procedimiento indicado para la práctica fue medicamentoso y autoadministrado.

Ante este caso, Amnistía Internacional ha sumado a toda su comunidad global para exigir al fiscal a cargo de la investigación, que desestime la imputación penal frente a la inexistencia de delito; y al sistema de justicia que se abstenga de judicializar a profesionales de la salud que garantizan el derecho al aborto dentro del marco legal.

“La criminalización contra Miranda Ruiz no puede continuar porque actuar en el marco de la ley para garantizar derechos no es un delito. El derecho a decidir y acceder a un aborto requiere que las personas que necesiten acceder a la práctica y los profesionales de la salud que la garantizan puedan actuar sin temor a ser perseguidos penalmente” señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

PP

707,2 millones de dólares para intentar hacer caer los derechos sexuales y reproductivos. Son las cifras de una investigación del Foro Parlamentario Europeo sobre Derechos Sexuales y Reproductivos (EPF) atribuye a la agenda ultracatólica en Europa con la que un conglomerado de fundaciones y ONG opera para socavar las leyes de aborto, educación sexual y LGTBI y evitar que se proclamen nuevas.

El foro es una red de parlamentarios de todo el continente que ha monitorizado la actividad de medio centenar de grupos y el dinero que han gastado en esta agenda, que llama antigénero. El informe La Punta del Iceberg. Financiadores religiosos extremistas contra los derechos sexuales y reproductivos revela que se ha multiplicado por cuatro en una década al pasar de los 22,2 millones en 2009 a los 96 de 2018. En total han sumado 707,2 millones en diez años en una aproximación “subestimada”, destaca.

Las cifras ilustran el auge en los últimos años de los movimientos contrarios al feminismo y los derechos de las mujeres, el aborto y el colectivo LGTBI. Entre ellos está la asociación española HazteOír o su filial internacional CitizenGo, a las que el estudio atribuye un gasto de 32,7 millones de euros en este periodo, y todo un conglomerado de actores con peso en el seno de la Unión Europea, donde intentan influir políticamente. Pero también dentro de sus fronteras. La investigación destaca Francia, Italia, Alemania, España y Polonia como los países base de las fundaciones más “importantes”. En nuestro país HazteOír se hizo conocido por fletar el autobús tránsfobo y lanzar iniciativas ultraconservadoras. Son conocidos sus vínculos con Vox, formación con la que comparte discurso e ideas, pero también nombres en las listas electorales.

“La imagen que emerge es de una comunidad transnacional de extremistas religiosos afines y actores de extrema derecha que toman decisiones estratégicas de financiación a través de las fronteras internacionales”, concluye la investigación, que describe una “estrategia cuidadosamente orquestada” contra el avance de derechos que ya “está produciendo resultados concretos”. Entre ellos, la prohibición del aborto casi total y las 'zonas libres de LGTBI' en Polonia o las leyes anti LGTBI en Hungría, que acaba de prohibir hablar de homosexualidad en las escuelas en una norma que la equipara con la pedofilia. Ahora estos grupos están concentrados en intentar tumbar el llamado 'informe Matic' sobre derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que votará este jueves el Parlamento Europeo.

El informe señala cómo la oposición a estos avances se consideró durante un tiempo “una reacción natural” al progreso o “una excentricidad local contenida en pocos países conservadores” y el actual resurgimiento “fue inicialmente subestimado [...] hasta que comenzó a movilizar apoyo popular, influir y dar forma al panorama político”. Los analistas llevan tiempo advirtiendo de que este entramado de actores se concreta en formaciones políticas que han crecido en los últimos años. El estudio nombra a España y Alemania como países en los que estos grupos han creado mecanismos “para canalizar el activismo” contra los derechos sexuales y reproductivos “y transformar a los participantes en actores políticos” a través de partidos como Vox, citan los expertos.

Una red internacional coordinada

El EPF ha identificado tres orígenes geográficos destacados de este tipo de organizaciones: Europa, Estados Unidos y Rusia. Es la primera la que mayor cantidad de dinero aporta al montante total a través de la actividad de fundaciones privadas “comprometidas” con la agenda 'antigénero'. En total, unas veinte organizaciones han gastado estos diez años 437,7 millones de dólares, cifra el estudio. Lo hacen mediante numerosas actividades, como la creación de medios, la recopilación de firmas online, la convocatoria de marchas o la celebración de foros y eventos. El estudio advierte de que los datos de estos actores europeos “son los más inconsistentes” y tienen “importantes lagunas que conducen a una subestimación”.

La investigación describe a HazteOír/CitizenGo como “una de las organizaciones más importantes en la extrema derecha del espectro político internacional” y le atribuye estrategias exitosas como el llamado astroturfing, que consiste en lanzar iniciativas haciéndolas pasar por una expresión popular y espontánea. Ambos en su web se definen como “una comunidad de ciudadanos activos que busca promover la participación de la sociedad en la política” a través de peticiones de firmas. La última le pide a Pablo Casado que recurra la Ley de Eutanasia que entrará en vigor en dos días. De este modo,“ fabrican la indignación social para canalizar su objetivos hacia partidos políticos de derecha y de extrema derecha”, detalla el estudio.

El estudio cita también a One of Us, una federación europea fundada en 2013 por el exministro popular Jaime Mayor Oreja con el objetivo de defender los “valores basados en raíces judeocristianas”; la Fundacio Provida Catalunya, o la francesa Fundación Jérôme Lejeune, también presente en España. Fundaciones en Francia, Alemania, Italia y Polonia completan el mapa de actores más activos que no actúan de forma aislada del resto, sino que se organizan y coordinan entre ellos y también con formaciones políticas e iglesias y actores religiosos destacados.

Esta “colaboración internacional” detrás de la que hay una estrategia formal de acción se concreta en iniciativas colectivas como la Agenda Europa, una red creada en 2013 a la que pertenecen muchas de estas organizaciones, o la red Political Network for Values, una plataforma “de representantes políticos para trabajar en red, en un intercambio global y local, promoviendo y defendiendo activamente un decálogo de valores compartidos entre los que se incluye la protección de la vida humana, el matrimonio, la familia o la libertad religiosa y de conciencia”. Entre sus miembros está Mayor Oreja, el exsenador popular Luis Peral y casi una veintena de políticos más de países de todo el mundo. La junta directiva está presidida por la ministra húngara de Familia Katalin Novák y es miembro de la misma Ignacio Arsuaga, presidente y fundación de HazteOír.

El uso de los litigios “para socavar los derechos humanos”

El estudio cifra en 81,3 millones de euros el montante que proviene de una decena de ONG y think tanks de Estados Unidos que “a su vez se benefician de fundaciones conservadoras producto de multimillonarios con conexiones con el Partido Republicano y la extrema derecha”, aseguran. Los actores de este grupo han pasado de ocho a diez en la última década y entre ellos destacan ADF International y ECLJ, dedicados activamente al litigio estratégico y que según el informe “han construido una infraestructura legal en Europa” con oficinas “en todos los centros de toma de decisiones” del continente desde las que han participado “en más de 30 casos” ante los tribunales europeos “para socavar los derechos humanos”. Esta última es una técnica utilizada en España por la organización ultracatólica Abogados Cristianos, que ha llevado ante los tribunales decenas de casos relacionados con el aborto o la educación sexual.

Otra de las organizaciones activas en Europa procedente de la derecha cristiana estadounidense que identifica la investigación es el Leadership Institute, fundada en el estado de Virginia en 1987 y conocida “por entrenar a activistas” del movimiento ultraconservador Tea Party y organizar en Europa, asegura el informe, “formación para audiencias ultraconservadoras y de extrema derecha como la española HazteOír”, en concreto, “ayudándoles profesionalizar las operaciones de recaudación de fondos”. Arsuaga, fue de hecho premiado en 2012 por un conglomerado de actores entre los que se encontraba este colectivo por convertir a HO “en uno de los movimientos de la sociedad civil más influyentes en la Europa Occidental”.

El último foco señalado la Federación Rusa, de donde proceden 188 millones de dólares para financiar la 'agenda antigénero'. Fundamentalmente de entidades “vinculadas a dos oligarcas rusos: Vladimir Yakunin y Konstatin Malofeev” y cuatro agencias gubernamentales. El informe también señala la existencia de dinero “negro” procedente de lavanderías en Rusia. El Foro Parlamentario Europeo sobre Derechos Sexuales y Reproductivos dice que así se han canalizado fondos a partidos de extrema derecha en el continente.

Esta nota fue publicada originalmente por elDiario.es

MB

Más de 260 carteles en 33 ciudades bajo el lema “rezar frente a una clínica abortista está genial” aparecieron la semana pasada en paradas de metro, marquesinas y otros soportes publicitarios. La campaña, que algunos ayuntamientos españoles han pedido retirar, ha sido desplegada por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) contra la prohibición del acoso en las puertas de estos centros y contra la reforma de la Ley del Aborto que prepara el Gobierno de España. Pero lejos de ser un hecho aislado, la iniciativa forma parte de la ofensiva antiaborto que se consolidó en España con la aprobación del aborto libre en 2010 y que se ha recrudecido en los últimos tiempos.

En la diana tienen ahora la norma que tramita el Congreso, con el apoyo de todos los grupos salvo PP y Vox, para penalizar el hostigamiento que sufren las mujeres que entran a abortar a estas clínicas por parte de grupos ultracatólicos que se concentran a las puertas. Afirman que lo que hacen es rezar para “salvar vidas”, pero la batería de acciones que ponen en marcha pasan también por exponer pancartas antiaborto, increpar a las mujeres, darles fetos de juguete, llamarles “asesinas” o abordarlas con folletos con información falsa y sesgada. Cuando consiguen que alguna de las mujeres dé la vuelta y no entre a la clínica, es cuando aseguran que han “salvado una vida”.

La intención inmediata del lobby ultracatólico será intentar frenar esta iniciativa, pero con la vista puesta en la futura reforma de la Ley del Aborto en la que está inmerso el Ministerio de Igualdad de España. Detrás hay toda una constelación organizada de actores que buscan imponer la agenda ultracatólica y frenar los avances relacionados con los derechos sexuales y reproductivos, el colectivo LGTBI o la eutanasia.

No ocurre solo en España. De hecho, son colectivos que se organizan a nivel internacional e incluso algunos cuentan con peso en el seno de la Unión Europea, donde intentan influir políticamente. Y están, además, en auge: según constató un reciente informe del Foro Parlamentario Europeo sobre Derechos Sexuales y Reproductivos (EPF), el dinero que mueven estos grupos se ha cuadruplicado en diez años.

Cónclave anual de los ultracatólicos

Socavar este tipo de derechos sociales es el objetivo que enarbola la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), que está detrás de la campaña en España. Fundada en 1909 por Ángel Herrera Oria y propietaria, entre otros buques insignia, del CEU y del periódico El Debate, esta institución se ha radicalizado cada vez más en los últimos meses, coincidiendo con el cambio de presidencia. Y apuesta por la confrontación directa contra el Gobierno en campañas contra el aborto, la eutanasia, el feminismo o el laicismo. Otra de sus últimas iniciativas fue la instalación de una lona gigante de 500 metros cuadrados con una calavera en Madrid contra la aprobación del derecho a la muerte digna.

La ACdP es, además, organizadora del Congreso Católicos y Vida Pública, uno de sus ejes de actuación. Tras arrancar a mediados de los noventa con el objetivo de convertirse en 'casa común' de los católicos de distintas sensibilidades, estos eventos fueron convirtiéndose en el cónclave anual del catolicismo más ultraconservador y beligerante. Y de ellos salieron, –con la aquiescencia del cardenal Rouco Varela y de su delfín Fidel Herráez, actual arzobispo emérito de Burgos y que todavía hoy continúa siendo Consiliario nacional de la ACdP– los gérmenes de las concentraciones anuales contra los gobiernos de Zapatero en la madrileña plaza de Colón, o las manifestaciones contra el matrimonio igualitario o Educación para la Ciudadanía.

Poco a poco, los propagandistas fueron aglutinando en torno a la 'marca CEU' a los grupos ultra (Kikos, Opus Dei, Legionarios de Cristo…), y se convirtieron en patrocinadores de muchas de sus campañas. “Echamos de menos la posibilidad de hacer manifestaciones ciudadanas”, lamentaba hace unos meses su presidente, que no descarta movilizaciones similares a las que convirtieron a los grupos ultracatólicos en el primer partido de la oposición durante de 2004 a 2008, durante la primera legislatura socialista.

HazteOir y nuevos actores

El pasado noviembre ya hubo un intento en España. Entonces la ACdP y HazteOir, otro de los protagonistas en España del lobby ultracatólico, patrocinaron una fallida manifestación contra la eutanasia y al mismo tiempo apadrinaron el nacimiento de un movimiento llamado a servir de “brújula” de la derecha ultracatólica española, NEOS, liderado por el exministro Jaime Mayor Oreja (también miembro de la ACdP), la ex dirigente popular María San Gil o el ex embajador en el Vaticano Francisco Vázquez.

La entidad, que afirma luchar “contra la descristianización de España” surge para “defender el derecho a la vida, la libertad religiosa, la Corona y la unidad de la nación”. Entre sus desafíos más acuciantes está la derogación de leyes como la del aborto, la reguladora de la eutanasia y la de Memoria Histórica, así como convertirse en una plataforma contra el “relativismo moral”. Y se propone “pasar de la indignación a la acción”.

Habrá que esperar a ver si NEOS se concreta en iniciativas, pero de momento tanto HazteOir como su filial internacional CitizenGo llevan un tiempo encadenando varias campañas contra los anuncios del Gobierno en relación con la interrupción voluntaria del embarazo. Entre ellas, una para frenar la prohibición del acoso en las clínicas afirmando que “permitirá a Pedro Sánchez meter en la cárcel a los voluntarios provida que ayudan a las embarazadas a las puertas de los centros abortistas” u otra que llama a “reventar” la consulta pública que Igualdad abrió sobre la reforma de la Ley del Aborto calificándolo de “crimen” que “ha permitido la muerte de 1.113.324 inocentes” desde 2010.

Entre los actores se encuentra también Derecho a Vivir, una plataforma antiaborto fundada por HazteOir que puso en marcha la llamada 'Ambulancia Vida', otra de las piezas del hostigamiento a las puertas de las clínicas: el vehículo se dedica a hacer ecografías para intentar que las mujeres que ya han tomado su decisión “puedan saber que su hijo está vivo, que su corazón late” y no aborten. Derecho a Vivir ha convocado en los últimos meses varias concentraciones tanto a las puertas del Congreso como frente a la sede del PSOE y ante el Tribunal Constitucional, que tiene pendiente aún el recurso del PP a la Ley del Aborto.

Vínculos políticos

El informe que ha monitorizado la actividad de estos grupos durante años destaca la interconexión y organización de este entramado de actores y sus vínculos con partidos que han llegado a tener amplia representación. Destaca en este sentido países como Alemania y España, donde han creado mecanismos “para canalizar el activismo” y “transformar a los participantes en actores políticos” a través de partidos como Vox, cita el estudio. Es el caso de HazteOir, que no comparte con la formación de extrema derecha solo discurso e ideas, sino también nombres en las listas electorales. Como ejemplo, la diputada de Vox en la Asamblea de Madrid, Gádor Joya, que ha sido portavoz de Derecho a Vivir.

A nivel internacional, además de CitizenGo, existen plataformas influyentes como One of Us, una federación europea fundada en 2013 por Mayor Oreja, o iniciativas colectivas como la red Political Network for Values, que incluye en su decálogo la protección de la vida humana, el matrimonio y la familia. Entre sus miembros está también Mayor Oreja, el exsenador popular Luis Peral y casi una veintena de políticos más de países de todo el mundo. La junta directiva está presidida por la ministra húngara de Familia Katalin Novák y es miembro de la misma Ignacio Arsuaga, presidente y fundador de HazteOir.

MB/JB

La ausencia de los varones en el Código Penal

De los cuatro artículos que regulaban el castigo para las abortantes en el Código Penal previo al 30 de diciembre de 2020, ninguno hacía mención del varón conceptuante. Después de la aprobación de la nueva ley se introdujeron las modificaciones siguientes: el aborto antes de la 14ª semana no es un crimen, la mujer que aborta después de ese plazo sigue siendo una criminal (aunque con una pena menor que antes) y los varones siguen estando ausentes. 

En otros crímenes, como el suicidio, el instigador está penado por la ley. En el aborto, cuya práctica estuvo infestada de instigaciones masculinas a lo largo de la historia, la figura del instigador nunca existió. Ausentes como instigadores, ausentes como co-responsables de la decisión. Al excluir a los varones de los artículos que penalizan el aborto, el Código Penal instituye al embarazo, y por tanto al aborto, como un acto que compete exclusivamente a las mujeres. 

Sabemos que hay incontables casos en que los varones acompañan y padecen los abortos de un modo agudo y singular, un padecimiento que está en la sombra de las conversaciones. Sin embargo, cómo no preguntarnos: ¿cuántos varones que apoyaron la legalización estarían dispuestos a incluirse como coautores y culpables de violar el Código Penal? 

Cuando el aborto era clandestino nadie se preocupaba por la desigualdad entre varones y mujeres en las leyes que lo regulaban. Al no correr aquéllos el riesgo de embarazarse y antes de que pudiese comprobarse genéticamente la paternidad, no estaban atrapados en el temor constante que padecían muchas mujeres de quedar embarazadas. Y si ellas querían continuar el embarazo y él no, debían arreglárselas solas. ¡Qué ironía que ahora, con el aborto legal, irrumpa el temor de que la mujer decida sola! 

Una diferencia insalvable: los varones no gestan ni dan a luz

Cuando el aborto estaba prohibido las mujeres no teníamos el derecho de abortar pero teníamos el poder. La legalización ha reconocido nuestro poder y lo ha legitimado.

Pero ¿qué quiere decir tener un poder? Veamos un ejemplo: ¿cuál es la potencia de un camello? Acumular agua. ¿Puede el beduino compartir la potencia del camello? No puede. Puede usufructuarla. Ni más ni menos. Así también: ¿puede un varón que no puede gestar una vida, abortarla? No, no puede. Puede influir sobre la decisión de la mujer y llegar incluso a obligarla a abortar o impedírselo; ni más ni menos. Lo que no puede es abortar. Sin embargo, en pos de una ilusoria igualdad, se ignora, o más bien se desecha esta contundente diferencia. Que no haya límites para las construcciones simbólicas del cuerpo, que se privilegien éstas por sobre sus poderes concretos, ¿lo arroja del mundo material? Hay cuerpos dotados de una matriz donde puede anidar un óvulo fecundado y hay cuerpos donde esto es imposible, no por defecto, castidad o infertilidad, sino porque no hay matriz. Como dice Spinoza, a la piedra no le falta la visión.

Los hombres pueden tener un hijo y pueden perderlo. Pueden fecundar a una mujer, pueden ser donantes de semen. Pueden usar condones o hacerse una vasectomía. Pueden concebir y criar, esterilizarse, abstenerse sexualmente, no reconocer la paternidad o soñar con ella y construir lazos que la sostengan. Pero entre la anidación y el nacimiento, no pueden más que ser testigos de la gestación: como no pueden gestar una vida, no pueden abortarla ni parirla, los dos destinos de un embarazo.

Entre la fecundación y el parto, ¿cómo podrían estar implicados de igual manera la persona  embarazada y quien la fecundó? No lo están aunque quisieran, aunque ambos se sientan “embarazados”. El equivalente masculino del embarazo no existe. Es difícil hablar de esto: es tan obvio que se vuelve indecible. El derecho regula las acciones de las personas que sí pueden embarazarse, ¿significa esto discriminar a las personas que no pueden embarazarse porque no tienen con el embarazo esa relación especial, irrescindible, que se llama “cuerpo propio”? Si muere la mujer embarazada, muere el embrión; si muere el futuro padre, la naturaleza sigue su curso. 

Entre la anidación y el nacimiento, (los hombres) no pueden más que ser testigos de la gestación: como no pueden gestar una vida, no pueden abortarla ni parirla, los dos destinos de un embarazo.

El privilegio de las mujeres

Si la prohibición del aborto no hizo que las mujeres dejáramos de abortar ni que los hombres dejaran de incidir sobre la decisión de abortar, ¿qué cambia hoy cuando, en lugar de arriesgar la vida en un aborto clandestino, las mujeres abortamos dentro de la ley? Conversación y acompañamiento en muchos casos, pero también chantaje, amenazas de abandono, violencia física en muchos otros: ¿hará desaparecer la legalización del aborto estas formas de presión? 

Las relaciones de poder están en proceso de transformación. Se desvanece el estigma de la madre soltera, se afloja la presión para casarse y tener hijos, ser un buen padre se convirtió en una realización importante en la vida de muchos varones. Y forma parte de este proceso que ahora muchos hombres se sientan desprotegidos y amenazados por una ley que saca a las mujeres del aborto inseguro y las resguarda en la legitimidad. 

Coincida o no con la voluntad o el deseo masculinos, hoy las leyes amparan la decisión de la mujer tanto para abortar como para parir. Pero ¿sería posible resolver esta “injusticia” promulgando una ley que otorgue a los varones algún lugar en esa decisión sobre el destino del embarazo? 

Volvamos a las dos situaciones básicas de conflicto: 1) ella quiere ser madre, él quiere que aborte; 2) ella quiere abortar, él quiere ser padre. 

Hoy es impensable una ley que habilite a los varones a decidir un aborto contra la voluntad de la mujer. Pero ¿cómo es que ellas pueden decir “No” hasta la 14ª semana y ellos no? Hay quienes proponen revertir esta situación desigual, de modo que, si una mujer decide continuar un  embarazo, el hombre pueda también decidir hasta la 14ª semana no ser padre, quedando eximido de las obligaciones que actualmente se le imponen: alimentos, apellido y herencia.

Proponer para los varones un derecho supuestamente equivalente al de las mujeres a abortar, implicaría cuestionar una jurisprudencia antiquísima que obliga a los padres a hacerse cargo de sus hijos. Recordemos que desde hace unos cuarenta años, a la puesta en práctica de esa ley se han incorporado las pruebas de determinación genética, de modo que todo varón cuyos genes se comprueban en una criatura humana está obligado a reconocerla como hijo dándole su apellido y pasándole dinero para alimentos a quien tiene la guarda, generalmente la madre. ¿Se trataría entonces de derogar esta ley o establecer una excepción a la misma? O sea, ¿que los hombres puedan “borrarse” en ese mismo tramo del embarazo donde cabe un aborto legal?

Compliquemos el panorama imaginando algunos hechos posibles trayendo a cuento situaciones frecuentes en las conversaciones de clase media: acuerdos, proyectos, promesas y, no olvidemos, las ilusiones. Por ejemplo: una pareja no quiere tener hijos y decide cuidarse, la mujer queda embarazada e inesperadamente se da cuenta de que no quiere abortar. 

Pero a él no le ocurre lo mismo, no quiere tener ese hijo. 

Hubo una promesa. Y una ruptura de la promesa. ¿Qué hacer? ¿Debe la justicia inmiscuirse en toda palabra no cumplida, en toda promesa rota? ¿Debe tomarse el consentimiento previo como un contrato? Se puede llamar traición, decepción, estafa, desamor, venganza. Ahora bien, que una mujer se eche atrás ignorando el deseo de su partenaire y tenga el derecho de hacerlo y lo ejerza ¿significa que está actuando bien? No sabemos, no se trata aquí del bien y del mal. Ella decide seguir el embarazo y él quisiera decidir, pero no es su cuerpo y no está en su poder evitar que nazca: aceptemos que está sujeto a una violencia no menor. Conminado por la vida, ¿habría que darle por tanto la chance legal de no hacerse padre de ese hijo? 

Multipliquemos los caminos abiertos por esta chance. ¿Qué pasaría si un hombre se entera del embarazo cuando ya venció el plazo supuesto en que podría decidir? ¿Qué, si la mujer no le contó que estaba embarazada porque vio venir una oposición a la que no quiere –o no puede- enfrentar, o porque siente que el embarazo no lo involucra, o porque no pudo contactarlo, o porque no lo supo hasta el cuarto mes, o no quiso decírselo, o decidió tenerlo sola y después se le complicó? ¿O qué pasaría si el tiempo pasa y el hijo que nació quiere conocerlo, y él se entera cuando le llega la citación para hacerse el test de ADN que confirmaría que ese hijo es suyo? ¿Podría el trámite que le haría posible desprenderse de la paternidad jurídica extenderse en el tiempo, y hasta cuándo? Sabemos que negarse a la paternidad no anula la inquietud de saber que hay un hijo ahí. También podría ocurrir que años después ese hombre quiera recuperar al hijo, hacerse cargo, reconocerlo. ¿Necesitaría en ese caso el consentimiento de la madre y/o del hijo? ¿O esa renuncia a ser padre que habría firmado antes de cumplirse la 14ª semana de la gestación sería definitiva?

Como vemos, nada más fácil que proponer la idea de una ley, nada más difícil que darle una forma aplicable a los casos concretos. 

En mayo del 2021, en Salta, un hombre recurrió a la Justicia para impedir que su ex mujer se realizase un aborto. Se habían separado hacía poco tiempo y ella, que estaba embarazada, había tomado la decisión (unilateral) de abortar. Aunque la medida cautelar presentada fue rechazada por improcedente, el hecho pone sobre el tapete la existencia cierta de esa amenaza que se cierne sobre la legalización del aborto. Un mes antes en San Juan un joven, cuya novia vacilaba entre abortar o no, también intentó impedir que aborte presentándose a la Justicia y a los medios. Antes de la promulgación de la Ley IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) esta escena era casi imposible: las mujeres abortábamos clandestinamente y si no había consenso con quien nos fecundó podía haber amenazas, chantaje y otras formas de violencia aunque difícilmente el recurso a un tribunal. 

A primera vista, el reclamo suena legítimo. Pero ¿cómo sería posible una ley que concediera a los varones un derecho a su paternidad, derecho que entraría en conflicto con el de la mujer a abortar? ¿Cómo haría un varón para tener ese hijo si la mujer se opone? ¿Podría legítimamente decidir sobre un cuerpo que no es el suyo? ¿Y si el varón que quiere ser padre no es la pareja ni el amante de la mujer que quiere abortar? ¿Y si es la expareja o una relación casual? ¿O violó a la mujer a la que quiere hacer madre? ¿Gozarían todos ellos por igual del derecho a intervenir en la decisión? ¿O ella, para abortar, tendría que tener el acuerdo del fulano o el marido que la dejó embarazada? En los centros de atención de mujeres ¿debería haber un requerimiento de que, de ser casadas, concubinas o civilmente unidas, venga él y firme?

Hacer lugar a ese reclamo sería establecer una especie de derecho al veto. No sólo anularía la ley recién conquistada que despenaliza el aborto y legitima la decisión de la mujer sino que repondría los peores momentos de la historia de las mujeres.

Está en ciernes una figura nueva, la del “padre soltero”. Vos tenelo que después yo me hago cargo: esta frase, repetida, pretende nada más ni nada menos que a una mujer le son indiferentes los nueve meses de embarazo y sobre todo traer una criatura a este mundo. 

Poderes desiguales, derechos injustos

Estamos asistiendo y siendo protagonistas de una mutación cultural de alcances y efectos inconcebibles. El impacto de los feminismos hizo estallar las relaciones no sólo entre varones y mujeres, sino también entre las mujeres -con todo lo que esto significa en términos de poder- y avanza cuestionando las identidades mismas. Respecto de nuestro asunto, algunos indicios de los cambios que sacuden el teatro de la vida muestran que disminuyó la presión social sobre las mujeres para que sean madres, desapareció el estigma de la madre soltera, ya no es necesaria una pareja masculina para hacer una familia, y abortar dejó de ser peligroso, se puede hacer en casa y además ahora es legal. En cuanto a los hombres, disminuyó su poder de presión sobre las mujeres tanto para que sean madres como para que aborten, su papel de proveedores se alivió al ser compartido, y creció el deseo y la posibilidad (subjetiva y legal) de ser padres sin necesidad de fundar una familia ni de estar en pareja. Hay una urgencia generalizada por resolver las angustias inevitables que entrañan estos procesos. Imaginando leyes, inventando nuevas formas políticas, movilizando a ocupar el espacio público, con foros de críticas y denuncias antipatriarcales y talleres de deconstrucción (de las masculinidades), y tanto más.

Hasta hoy la responsabilidad de evitar el embarazo cabía casi exclusivamente a las mujeres. Para que las “consecuencias de la sexualidad” estén más repartidas, los caminos por ahora siguen siendo los clásicos: condones, coitus interruptus, abstinencia, vasectomías –y se están investigando otros métodos como el gel inyectable o las píldoras anticonceptivas masculinas, aún en fase experimental.

En un momento en que impera la ilusión de resolver las injusticias de la vida a través del  derecho, las situaciones planteadas arriba desnudan lo estéril de la creencia en ese atajo. Porque si es imposible equiparar el derecho de la mujer a abortar con un hipotético derecho de los varones a evitar ser padres, es porque se trata de algo más que de una cuestión de derechos y decisiones sobre el futuro. El futuro, de algún modo, ya está aquí, pero de distintas maneras para ambos. Además de tomar la decisión (con o sin el respaldo legal), la mujer aborta. ¿Y cómo no ver que es su cuerpo lo que se desgarra? Lo que está en juego en el acto de abortar es material, corporal -vital o mortífero- y también, por supuesto, jurídico. 

Si es imposible equiparar el derecho de la mujer a abortar con un hipotético derecho de los varones a evitar ser padres, es porque se trata de algo más que de una cuestión de derechos y decisiones sobre el futuro.

Abortar significa que el proceso de gestación finaliza no sólo para la gestante sino también para el cigoto. Abortar es destruir lo gestado, no “negar” ni “renunciar” ni “repudiar” al embrión: es que cese de existir. Tanto para la medicina como para el derecho, el aborto se define no sólo por el fin del embarazo sino simultáneamente por la muerte del embrión. 

Si una mujer se queda embarazada y decide tenerlo, el varón puede reconocer o no al recién nacido; lo que no puede –a menos que lo mate- es evitar que exista ese ser vivo que lleva sus genes. Mientras que si es él quien quiere tenerlo y ella está decidida a abortar, nada puede hacer él para que ese ser llegue a existir. Hay quienes afirman que la gestación de una vida en el vientre es comparable a una “locación temporaria”, que no es para tanto pedirle a una mujer embarazada que espere a que nazca, y que tanto la nueva vida como su progenitor también tienen derechos. Lo que en este razonamiento tan razonable queda desdibujado es que obligar a una mujer a terminar el embarazo equivale casi a un secuestro… ya que la distinción entre el cuerpo del embrión y el de la gestante, tan clara en la imagen de una ecografía como la de un corazón que palpita, no existe en la vida. Impedirle abortar implica una apropiación radical de su cuerpo, su vida y su libertad. 

Más importante aún: si ella quiere abortar por lo general no es sólo ni principalmente porque no quiere ser una incubadora nueve meses sino porque lo que quiere es que esa vida no venga al mundo, y esa vida sólo puede venir al mundo si ella la trae. Una mujer aborta no sólo porque no quiere estar embarazada. Aborta porque no quiere tener un hijo, lo entregue o no a otros para que lo críen. Abortamos no porque no hay otro, sino para que no haya Otro.

Hay quienes no pueden abortar porque no tienen el poder de embarazarse y hay quienes pueden abortar porque tienen el poder de embarazarse. Nadie elige libremente ese poder y ese no poder. Hasta que tal vez algún día la tecnología logre darle una matriz a quienes nacieron sin ella o inventar una matriz artificial que permita gestar fuera de un cuerpo. Hasta entonces, habrá desigualdad; la justicia o injusticia pasan por otro lado. 

Si hay una experiencia imposible de compartir por todos ¿qué haremos con ella? ¿dejarla afuera de la ley, ponerla a disposición de los excluidos de tal experiencia por la naturaleza? ¿Igualdad de derechos significa igualar lo desigual? ¿anular las diferencias?¿Hay igualdad posible respecto del aborto? No. La respuesta es cruda pero por ahora inexorable. 

No somos iguales: ¿eso hace injusta la vida? 

LK/IH

Ahora que una ley respalda la interrupción voluntaria del embarazo, muchos se preguntan si los varones no deberían estar también contemplados en la ley. Porque no parece justo que nosotras, las otrora excluidas, excluyamos ahora a los varones de las “consecuencias” reproductivas del sexo (léase embarazo e hijos). 

El problema es más complejo de lo que aparenta. ¿Qué es esta necesidad de inclusión de los varones en el derecho sobre el embarazo, ahora que se ha legalizado su interrupción a voluntad de la mujer embarazada? Si se concede a ésta un derecho ¿habría que ser equitativos con el otro sexo y adscribirle un derecho igual, análogo o correlativo? ¿Puede concebirse equidad alguna respecto del aborto aunque el hombre no pueda gestar y por tanto le sea imposible abortar? 

¿Quién tiene derecho a decidir el destino de un embarazo? Veamos las dos situaciones básicas donde puede haber desencuentro entre las partes: 

a) ella quiere continuar el embarazo y él quiere que aborte. Pero ¿cómo es que él tendría la obligación de ser padre si no quiere serlo cuando ella puede optar legalmente a decir no a tener un hijo?

b) ella quiere abortar y él quiere tener ese hijo. ¿Tendría que tener él algún derecho que ampare su decisión de tener ese hijo?

Supongamos que, conversando, presionando, suplicando o prometiendo, no hay modo de revertir el deseo contrario. ¿Qué hacer?

La legalización del aborto puso el derecho reproductivo del lado de las mujeres. Pero para muchos resulta arbitrario o injusto que los varones queden fuera de esta decisión tan importante para sus vidas. De ahí que surja la idea de que habría que equilibrar los tantos con un derecho análogo para la parte masculina.

La relación de los varones con el aborto ya había cambiado unas cuatro décadas antes de su legalización con la irrupción de los tests para determinar la paternidad genética. Este fue un punto de inflexión en la relación de los hombres con el sexo, el embarazo y la paternidad. Cuando no era posible tener certeza respecto de quién era el padre, solía bastar con decir “¿Y cómo sé que es mío?” para sentirse a salvo de la responsabilidad; en todo caso quedaba una duda fácilmente descartable. Pero desde que se pudo identificar al “autor” del embarazo, el sexo se volvió un riesgo de paternidad no deseada también para ellos, cambiando así su relación con el aborto, hasta entonces una cuestión casi exclusivamente femenina. Al mismo tiempo, como lo empezaron a mostrar películas como Kramer versus Kramer, algunas telenovelas y cientos de casos judiciales de varones reclamando la tenencia compartida, la paternidad se instalaba con más fuerza como una nueva posibilidad vital de realización masculina. 

En esta nueva configuración de los afectos surge la pregunta acerca de si hay derecho a dejar afuera a los varones de la decisión de la vida por venir. ¿Acaso son ellas las dueñas del embrión? ¿Acaso ellos no tienen nada que ver con la concepción, termine en aborto o en parto? Sin el gameto macho no hay concepción, ¿no es entonces necesaria la participación masculina, si no la del órgano viril, al menos la del espermatozoide?

En esta nueva configuración de los afectos surge la pregunta acerca de si hay derecho a dejar afuera a los varones de la decisión de la vida por venir.

En el interior de esta inquietante nebulosa perdemos de vista que aborto remite a embarazo, una experiencia intransferible para quienes no pueden embarazarse. Abortar significa, etimológicamente, privar de nacer. O sea, si la embarazada no aborta nace una criatura, hay un hijo. Abortar, se dice, es “perder” un embarazo o “sacarse” un embarazo, ponerle punto final. No significa destruir un óvulo fecundado. Por eso ni la gente ni las leyes llaman “aborto” a la destrucción de un embrión de probeta (técnicamente se llama “desechar” y todavía no hay un término unificado en el habla cotidiana para poder nombrarlo de otro modo). 

Los embriones de probeta no son “abortables” porque no forman parte de la mujer embarazada: no están confundidos, atados y amparados por una persona que los está gestando. En la probeta, en cambio, congelados, los embriones están suspendidos a la espera de entrar en el tiempo, a la espera de anidar en un cuerpo capaz de darles el poder de crecer. En fin, un óvulo fecundado artificialmente no puede ser abortado si no es antes implantado en una matriz.

El derecho a tener derecho

Con el aborto prohibido, los hombres incidían no poco en las decisiones y los actos de las mujeres. Cuando querían tener hijos, el matrimonio era suficiente presión y alcanzaba para domesticar a esposas rebeldes e inclinarlas a una maternidad que no hubieran “elegido libremente”. En general, no había necesidad de que los maridos subrayaran su decisión de ser padres o vigilaran a la mujer para que no usara anticonceptivos. La escasa autonomía económica  y la equivalencia mujer=madre funcionaban eficazmente. Y cuando ellos no querían tener hijos, la prohibición del aborto no era óbice para disuadir a las mujeres de seguir un embarazo que ellos no iban a acompañar, de un hijo que no iban a reconocer y de arreglar con el abortero de turno para que les ligara las trompas a sus espaldas.

El oprobio que significaba ser madre soltera empujaba a muchas mujeres al aborto clandestino. La vergüenza familiar de una hija adolescente y parturienta llevó a padres a hacer abortar a niñas. Los juristas del siglo XIX se apiadaron y, para salvar a estas desgraciadas de la indignidad en que caerían, incluyeron en el Código Penal la benigna figura del infanticidio honoris causa, que atenuaba el homicidio del recién nacido en pos de resguardar el honor familiar (figura que lamentablemente fue derogada en 1995, permitiendo que Romina Tejerina fuera sentenciada a cadena perpetua). La prohibición de abortar, más que convertir en madres a muchas mujeres que no querían serlo, conminaba a abortar en la clandestinidad y correr el riesgo de quedar con secuelas en su salud física y psíquica, o incluso morir. 

Siempre hubo mujeres que abortaron contra la voluntad manifiesta de maridos, padres o amantes. Y muchas que jamás les informaron de su embarazo y abortaron sin que ellos pudieran siquiera estar o no de acuerdo. Pero desde la existencia de las pruebas de la paternidad, cuando las mujeres decidían continuar el embarazo sin consultarle al varón o incluso contra su expresa voluntad, empezaron a poder recurrir a la justicia y, coercitivamente, hacerlo padre frente al tribunal, con lo que esto conlleva: dinero, apellido y herencia. Y para colmo, décadas más tarde, con el aborto legal, ellas legítimamente pueden impedirle al varón consumar su paternidad. 

En fin, si a partir de las técnicas de reconocimiento genético ellas pueden reclamar alimentos y reconocimiento del dueño del esperma, ¿podrán ellos reclamar algún papel en el drama? La pregunta es si podrán reclamar alguna participación legal en la decisión de abortar o no: ¿podrían negarse a asumir la paternidad o podrían vetar la decisión de la mujer de abortar? 

En la carta al director general de la Unesco que envía Gandhi en 1947 en respuesta a la invitación a participar en las reflexiones preparatorias de la Declaración Universal de los Derechos Humanos decía que derechos sin deberes son usurpación. En este nuevo estado de cosas lo que se plantea es si los hombres tienen derecho a tener derecho. 

LK/IH

Con un pañuelazo frente al Congreso que se replicará en diferentes puntos del país, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito se manifestará mañana para reclamar “la efectiva implementación de la ley IVE” y que la interrupción voluntaria del embarazo sea ley en todos los países de la región, en coincidencia con el Día de la Acción Global por el Acceso a este derecho en América Latina y el Caribe.

“Salimos por la efectiva implementación de la ley de IVE 27.610 en todo el territorio nacional, por educación sexual integral en todas las escuelas, por acceso a métodos anticonceptivos en todo el país”, explicó a la agencia Télam Yanina Waldhorn, referente de la Campaña en la Ciudad de Buenos Aires.

También se movilizarán para “exigir la libertad de todas las presas por abortar y que no haya ninguna niña más obligada a gestar, parir y criar”.

Esta acción también fue pensada en “sororidad con todas las compañeras de América Latina y el Caribe que salen a las calles para conquistar este derecho”.

La actividad, que también incluirá una mesa de difusión, se desarrollará de 16 a 19 en Callao y Avenida Rivadavia, en la esquina de la Confitería del Molino.

El “28S” también se conmemorará a lo largo y ancho del país, con diferentes acciones organizadas por los colectivos feministas de cada lugar.

Así, en la Ciudad de San Luis la convocatoria es a las 18 en la Plaza Pringles y a la misma hora las ciudades puntanas de Villa Mercedes y Merlo realizarán sus propias acciones en la Plaza del Mercado y la Plaza del Casino, respectivamente.

En Tierra del Fuego habrá sendos pañuelazos también a las 18 en la Torre de Agua de Río Grande y en el “cartel Ushuaia” de bienvenida a esa ciudad, junto al Canal Beagle, para “exigir el cumplimiento de la ley IVE”.

A la misma hora habrá también un pañuelazo en la plaza San Martín, de la ciudad santafesina de Rosario.

También a las 18, la ciudad de Córdoba se sumará al “grito global por el aborto legal” con una movilización frente al Museo de Antropología.

Mañana a partir de las 17 en la plaza Moreno de la ciudad de La Plata habrá un “agite cultural por el aborto legal”, que incluirá música, poesía, intervenciones y micrófono abierto con el planteo de que “tenemos la ley, exigimos que se cumpla”.

A la misma hora, frente al municipio de San Justo, en el partido bonaerense de La Matanza, se realizará un pañuelazo con radio abierta para reclamar “basta de obstáculos” en la implementación de la ley IVE, “separación de la iglesia y el Estado”, en repudio “a la designación de Juan Manzur” como jefe de gabinete y contra el ajuste.

El aborto es legal sin causales hasta la semana 12° en Uruguay, Puerto Rico, Cuba, Guyana, Argentina y en los estados mexicanos de Distrito Federal, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz de México.

En Chile, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela se cuenta con la despenalización por causales; mientras que persiste la restricción total en países como El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua o República Dominicana.

Con información de la agencia Télam.

PP

Organizaciones feministas de San Luis repudiaron este domingo el fallo de una jueza puntana que dictaminó inconstitucional la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en esa provincia y en los próximos días presentarán sus fundamentaciones legales contra esta medida.

En un comunicado, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Regional San Luis, Villa Mercedes, Merlo y Traslasierras, expresó que “no tiene valor por sí misma” la sentencia del juzgado laboral N°2 que se conoció el sábado, a cargo de la jueza María Eugenia Bona, por la acción declarativa de certeza presentada por la exsenadora nacional Liliana Negre de Alonso contra el Gobierno de San Luis.

Negre de Alonso, una ferviente defensora del rechazo al aborto, solicitó que “cese el estado de incertidumbre en el ámbito provincial” que ocasiona la “contradicción” entre dos artículos de la ley del aborto legal, y el artículo 19 de Código Civil y Comercial, y se prohíba en San Luis “la práctica quirúrgica, clínica o medicamentosa del aborto, salvo en las causales contempladas en los incisos a (embarazo resultado de una violación) y b (peligro la vida o la salud integral de la persona gestante) del artículo 4 de la Ley 27.610”.

En sus justificaciones, la Campaña alegó que la presentación carece de ‘’legitimación activa entre otras cosas porque la actora se arroga la representación del sector de la sociedad estrictamente afectado“. Además, que ”su planteo es un debate superado ampliamente en el tratamiento de la Ley 27.610 y en su trayecto histórico hasta su sanción“ en diciembre del año pasado.

También, destacó que “dicha presentación fue orientada hacia un juzgado Laboral de Primera Instancia sabiendo que es afín, por lo que esta sentencia no tiene carácter definitivo, no obliga, ni impide nada”. Por último, señala la declaración que en el fallo la jueza Bona “se arroga la capacidad de definir en primera instancia la disarmonía entre artículos de la Constitución Nacional, la Constitución provincial, el nuevo Código Civil y Comercial, las leyes 26.061 y la 27.610, reconociendo que eso es materia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Además, subrayó que “desde la Campaña Nacional y con el aporte de compañeras expertas en la materia jurídica de distintas partes del país se están elaborando fundamentos que acercaremos a la Justicia construidos en años de lucha y experiencia por el reconocimiento de nuestro derecho a decidir”.

Por otro lado, durante todo el día se viralizó en la redes sociales una foto del pañuelo verde con una leyenda que decía “En San Luis es y seguirá siendo ley”, que fue compartido por funcionarias y funcionarios provinciales, entre ella la Secretaria de la Mujer, Diversidad e Igualdad, Ayelén Mazzina.

Por su parte, ayer la Fiscalía de Estado respondió en el marco de las actuaciones que la Corte Suprema de Justicia es el órgano competente para analizar la “disarmonía” en el ordenamiento legal que alegó Negre de Alonso.

También, la fiscalía consideró que “la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es referida a la salud pública y se dicta dentro del marco de los compromisos del Estado argentino en esta materia y derechos humanos de las mujeres” y advirtió que es “una ley de orden público y de aplicación obligatoria” en todo el país.

Con información de la agencia Télam y redes sociales

CRM

La Justicia sanluiseña declaró inconstitucional la interrupción voluntaria del embarazo en esa provincia al dictaminar a favor de una presentación realizada por la exsenadora nacional Liliana Negre contra el gobierno de San Luis por ser el primer responsable del cumplimiento de las leyes en el distrito.

Así lo informaron este sábado fuentes judiciales, que señalaron que la jueza laboral 2 María Eugenia Bona declaró este viernes la plena vigencia del artículo 19 del Código Civil y Comercial “que reconoce la existencia de la persona humana desde la concepción”, declaró la “inconstitucionalidad” y “la inconvencionalidad” de los artículos 4 apartado 1 y 2, y apartados a, b y c, de la ley nacional 27.610 que autoriza la interrupción voluntaria del embarazo.

En el dictamen, señaló que había actuado conforme al “artículo 27 de la Convención de Viena, artículos 1 y 4 de la Convención de los Derechos Humanos, (Pacto de San José de Costa Rica), artículo 1, 2 y 3 CDN, artículo 75 inciso 22 CN, artículos 49 y 210 Constitución de la Provincia de San Luis y jurisprudencia citada, artículo 75 inciso 23 CN”.

La exsenadora peronista Liliana Negre de Alonso, una ferviente defensora del rechazo al aborto, había presentado una declaración declarativa de certeza para que “cese el estado de incertidumbre en el ámbito provincial” que ocasiona la “contradicción” entre dos artículos de la ley del aborto legal, y el artículo 19 de Código Civil y Comercial, y se prohiba en San Luis “la práctica quirúrgica, clínica o medicamentosa del aborto, salvo en las causales contempladas en los incisos a (embarazo resultado de una violación) y b (peligro la vida o la salud integral de la persona gestante) del artículo 4 de la Ley 27.610”.

La jueza Bona no hizo lugar al pedido sobre el inciso “d” del artículo 2, entendiendo que se trata de “medidas preventivas y de educación sexual que no violentan derechos constitucionales, ni afectan al artículo 19 del Código Civil y Comercial”.

Por su parte, la Fiscalía de Estado respondió en el marco de las actuaciones que la Corte Suprema de Justicia es el órgano competente para analizar la “disarmonía” en el ordenamiento legal que alegó Negre de Alonso.

También, la fiscalía consideró que “la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es ”referida a la salud pública y se dicta dentro del marco de los compromisos del Estado argentino en esta materia y derechos humanos de las mujeres“ y advirtió que es ”una ley de orden público y de aplicación obligatoria“ en todo el país.

En un breve diálogo con la prensa, la jueza Bona compartió la postura de que debe ser la Corte la que en definitiva resuelva, pero sostuvo que “debe seguirse la vía procesal para llegar a esa instancia, debiendo por ende, resolver”.

Con información de la agencia Télam

CRM

Cuando Manuela –de 33 años y madre de dos hijos en una zona rural de El Salvador– tuvo un aborto espontáneo en 2008, hizo lo que la mayoría de las mujeres habrían hecho, ir al hospital. Allí, la esposaron a la cama y fue acusada de haber abortado. La demandaron por homicidio agravado. Las autoridades argumentaron que era la culpable de matar a su bebé, pues este había sido concebido fuera del matrimonio.

A Manuela, cuyo nombre completo nunca se ha hecho público en El Salvador, no le permitieron hablar con un abogado durante los interrogatorios. La condenaron a 30 años de cárcel. También le diagnosticaron un cáncer linfático. Dos años después, murió de su enfermedad en la cárcel.

El pasado miércoles, la Corte Interamericana de Derechos Humanos escuchó los argumentos de las partes en el caso 'Manuela contra El Salvador', un juicio histórico que podría dar forma a las políticas y debates sobre el aborto en toda América Latina.

Los demandantes, un conjunto de grupos especializados entre los que figuran el Centro de Derechos Reproductivos y el Colectivo Feminista para el Desarrollo Local, piden al tribunal una reparación para la familia de la fallecida y que obligue al Estado a asumir su responsabilidad por no haber garantizado el derecho a la salud y a la vida de Manuela.

Uno de los países más severos contra el aborto

Es la primera vez que un tribunal internacional tiene la oportunidad de cuestionar el agresivo enfoque penal en materia de aborto que defiende este religioso país centroamericano.

“Recuerdo a mi madre, nos daba consejos y nunca nos dejaba solos. Es doloroso crecer sin una madre porque ese amor es incomparable”, dijo a los medios Santos de Jesús, el hijo mayor de Manuela, antes de la audiencia. “Pido al Estado que no haga estas cosas porque nos han dejado abandonados sin madre”.

El trato que recibió Manuela no es una excepción. El Salvador tiene una de las legislaciones más severas del mundo en materia de aborto, y el procedimiento está prohibido. A diferencia de muchos países latinoamericanos, El Salvador no permite abortar en casos de violación, incesto, o peligro para la salud de la madre o del niño.

Las penas para las mujeres se suelen hacer cumplir. Según las organizaciones civiles, unas 181 mujeres que sufrieron emergencias obstétricas han sido procesadas por aborto o por homicidio agravado en las últimas dos décadas.

“Sabemos que el caso de Manuela no es aislado y que muchas otras mujeres están en la misma situación”, dice Catalina Martínez Coral, directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos. “Cuando Manuela acudió al hospital, los médicos y las autoridades dieron por sentado inmediatamente que era culpable, en contra de todas las garantías del debido proceso”.

Un caso determinante para Latinoamérica

La decisión del tribunal, que se espera para finales de este año, podría tener un efecto arrollador en la región porque la mayoría de los países latinoamericanos respeta la jurisprudencia de la corte.

“Este caso fijará un estándar, no solo para El Salvador sino para toda la región, sobre cómo se protegen los derechos reproductivos de una mujer cuando llega al hospital”, dice Martínez Coral. “Un buen fallo será una victoria para los derechos reproductivos”.

Las asociaciones de derechos dicen que el calvario de Manuela es habitual en El Salvador, no solo por su crueldad, sino por su condición de mujer pobre del campo. “Lo que también estamos viendo en El Salvador es la criminalización de las mujeres que viven en la pobreza”, dice Paula Ávila-Guillén, directora ejecutiva del Centro para la Igualdad de la Mujer en Nueva York, al hablar de otras 25 mujeres que están en cárceles salvadoreñas tras sufrir emergencias obstétricas.

“Estoy segura de que si estas mujeres hubieran tenido abogados adecuados en el hospital, si hubieran tenido la capacidad de contar su historia, si les hubieran asesorado sobre qué hacer en su situación, ninguna de ellas estaría en la cárcel”, dice.

Ávila-Guillén cree que la audiencia de esta semana podría servir para presionar a los tribunales salvadoreños de forma que traten con más clemencia a Sara, otra mujer en la situación de Manuela que también tuvo un aborto espontáneo. “No necesitamos que mueran más mujeres en la cárcel”, dice Ávila-Guillén. “Y eso es lo que esperamos que salga de todo esto”.

Traducido por Francisco de Zárate

El Gobierno recordó este domingo que la entrada en vigencia de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) implica, entre otras cosas, que “los servicios públicos de salud, las obras sociales nacionales y provinciales, las entidades y empresas de medicina prepaga” deben incorporar “la cobertura integral y gratuita de esta práctica”.

En un hilo de posteos en Twitter sobre los alcances de la norma que entra en vigencia este domingo, la Casa Rosada también informó en su cuenta @CasaRosada que cualquier “problema, negativa u obstáculo para acceder a la IVE” puede ser reportado al número gratuito 0800-222-3444 de lunes a viernes de 9 a 21 y los fines de semana y feriados de 9 a 18.

Los flyers publicados también reafirman que a partir de ahora la interrupción voluntaria del embarazo es legal en Argentina y que la ley no requiere “adhesiones provinciales ni reglamentación para entrar en vigencia”.

El posteo también resume los derechos consagrados por la ley para las mujeres y personas con capacidad de gestar: a decidir y acceder a la IVE hasta la semana 14 del proceso gestacional, no habiendo límite de tiempo en el caso de que el embarazo sea producto de una violación o si estuviera en peligro la vida de la persona gestante.

El hilo recuerda que el único requisito para el acceso a la práctica es la firma de un “consentimiento informado de la persona gestante expresado por escrito”.

“La ley establece un plazo máximo de 10 días corridos desde el requerimiento para acceder a la práctica en los sistemas del servicio de salud o con su asistencia”, agregó.

La Casa Rosada resaltó también que la norma incluye otras prestaciones, tales como “información sobre procedimientos y cuidados posteriores, atención de la salud durante todo el proceso, información y provisión de todos los métodos anticonceptivos disponibles”.

Argentina integra oficialmente la lista de países donde el aborto es legal desde las 0 horas de este domingo, ya que entra en vigencia la ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Su aplicación es “inmediata”, según sostuvo la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, ya que se hace efectiva luego de 8 días transcurridos de su promulgación por parte del presidente Alberto Fernández, el pasado 15 de enero, por medio del decreto 14/2021.

Tanto desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal como abogadas especialistas en temas de género manifestaron que la entrada en vigencia representa “un triunfo de la lucha colectiva”, y esperan que “se cumpla en todo el país con políticas educativas”.

“Hoy se reaviva la declaración que hicimos desde la Campaña el día de su aprobación en el Congreso: Este es un triunfo de la lucha colectiva y de los años de organización con el foco puesto en este derecho”, le dijo a Télam Patricia Bustamante, integrante de la Campaña. Y remarcó que “la entrada en vigencia de la Ley es en todo el país y de orden público”.

Los opositores, los llamados grupos “provida”, que luego de su aprobación el pasado 30 de diciembre anunciaron que insistirían por la vía judicial para impedir su aplicación, tuvieron su primer revés este jueves cuando la justicia de Salta habilitó la feria judicial para rechazar un recurso colectivo interpuesto, entre otros, por la ex senadora nacional María Cristina Fiore Viñuales.

“No ha lugar por improcedente”, sostuvo en su escrito el titular del Juzgado Federal Nº 1 de Salta, Julio Leonardo Bavio.

La abogada Marisa Herrera, especialista en Derecho de Familia y miembro del equipo que redactó el nuevo Código Civil, destacó la importancia de ese fallo: “Si bien los argumentos del juez salteño fueron muy escuetos, focalizados en cuestiones procesales, destaco que la intención de voltear el Protocolo Nacional y su aplicación, no tuvo cabida en el Poder Judicial salteño ”, afirmó.

Además, Herrera señaló que el planteo judicial lleva el acompañamiento letrado de tres hombres (Vanossi, Bianchi y Barra) “que en mi opinión, forman parte del derecho constitucional patriarcal, de una doctrina constitucional perimida, conservadora y atrasada”.

La judicialización de la norma

Para Bustamente, la estrategia de judicializar la ley impulsada por sus opositores “carece de lógica, siendo una de las leyes más debatidas en la historia de nuestro país, en las calles, en las aulas y que cumple con todos los tratados y convenciones a las que este país suscribió en materia de derechos humanos”.

Desde el Equipo Latinoamericano de Justicia Y Género (ELA), Natalia Gherardi afirmó que la entrada en vigencia de la ley “es el comienzo de un nuevo paradigma, sabemos que los esfuerzos de los grupos opositores estarán dirigidos a tratar de obstruir la práctica. En algunos casos, esos esfuerzos tratarán de contar con los tribunales de justicia. Pero veremos que los argumentos están de nuestro lado y por eso serán rechazados”, anticipó.

La iniciativa

Cien años después de que la segunda reforma del Código Penal, en 1921, estableciera las causas en que la interrupción del embarazo está autorizada, y luego de que en 2018 quedara trunco el primer proyecto que alcanzó el debate parlamentario, el Senado terminó convirtiendo en ley la iniciativa enviada al Congreso por el presidente Fernández.

En su promulgación, el Presidente vetó parcialmente el artículo 4, al que le agregó la palabra “integral” al referirse a la salud de la “persona gestante”, una modificación que permitió que la ley fuera finalmente aprobada.

El Plan de los Mil Días

Junto con la IVE, el parlamento también aprobó la ley del Plan Mil Días, de cuidado integral de salud en el embarazo y la primera infancia.

“El aborto dentro de las primeras 14 semanas de embarazo (o dentro de las causales con posterioridad) ya es ley en absolutamente todas las provincias y se tiene que cumplir, con guías y protocolos o sin ellas, porque ya es legal”, explicó Bustamente sobre la entrada en vigencia de la IVE.

Además, recordó que partir de la entrada en vigencia de la ley, también, “se deberían terminar inmediatamente los procesos penales de quienes fueron criminalizadas por abortar, porque en la ley penal existe el beneficio de la retroactividad y esas personas deberían quedar sin antecedentes”.

“Es necesario hacer una revisión de los procesos penales y analizar los casos en que los abortos fueron disfrazados con figuras legales más gravosas, para que el peso de la ley caiga con mayor fuerza”, sostuvo.

En tanto, Celeste Mac Dougall, también integrante de la Campaña, coincidió con su compañera y agregó que “va a hacer falta una campaña por parte del Estado que establezca dónde y cómo se va a garantizar este derecho, debido a que existe la objeción de conciencia”.

Por otro lado, Mac Dougall refirió la necesidad de una política estatal que apunte a la educación y formación respecto de los derechos en general a todas las personas, “porque la ley IVE establece nuevos derechos”.

Asimismo recordó un pedido histórico de la Campaña: “Que se garantice la producción pública de Misoprostol y Mifepristona, con el reconocimiento de la ANMAT”, drogas reconocidas como “válidas para realizar abortos seguro”.

Pero además, también pidió que se aseguren las otras vías para realizar un aborto como “la provisión de lo que se necesita para la Aspiración Manual endouterina (AMEU) y la capacitación a los profesionales de la salud respecto de estas prácticas”.

Con información de la agencia Télam.

IG

El Gobierno bonaerense presentará este lunes la guía de acción para orientar en la aplicación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) a los profesionales de la salud del distrito, en el marco de la promulgación de la Ley 27.610 y la firma de la resolución que aprueba su aplicación en la provincia de Buenos Aires.

Según confirmaron fuentes oficiales, los ministros de Salud y de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Daniel Gollán y Estela Díaz, respectivamente, junto a autoridades provinciales brindarán precisiones sobre la Guía de Implementación de la IVE y su aplicación en la provincia.

Fuentes oficiales adelantaron que la guía está dirigida a todo el personal de salud, como así también a funcionarios públicos con el objetivo de “orientar las prácticas del equipo de salud en la atención y cuidado de las personas en situación de interrupción del embarazo y postaborto, garantizando estas prácticas, contribuyendo a la disminución de la morbimortalidad prevenible y promoviendo el ejercicio pleno de los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de las personas”.

El acto se desarrollará a las 12 de modo virtual a través de canal oficial de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Con información de agencias.

IG

“La marea verde llega a Chile”. Con ese anuncio por redes sociales se difundió los últimos días el inicio de la tramitación del proyecto de despenalización del aborto hasta la semana 14 en la Cámara de Diputados. “Iniciamos el camino hacia la despenalización legal y social del aborto en el país. Los abortos existen y seguirán existiendo. En nuestras manos está dejar de perseguir a adolescentes y mujeres que no tienen recursos para hacerlos en clínicas fingiendo apendicitis”, dijo el pasado miércoles al inicio del debate la diputada Maite Orsini, de la coalición de izquierda Frente Amplio y presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género.

El proyecto, que estuvo desde 2018 en los cajones del Congreso, fue impulsado por un grupo de parlamentarias opositoras al partido del presidente Sebastián Piñera que consideran insuficiente la Ley de Interrupción del Embarazo (IVE) en tres supuestos: riesgo para la mujer, inviabilidad fetal y violación. Esta ley fue aprobada en septiembre de 2017, y acabó con la regulación impuesta durante la dictadura de Augusto Pinochet, que prohibía el aborto en cualquier situación. 

A diferencia del texto aprobado el 30 de diciembre pasado en la Argentina, la iniciativa chilena no pretende legalizar el aborto, sino que se limita a su despenalización. Tanto las mujeres que se someten a él como quienes lo asisten se arriesgan a penas de entre 541 días y 5 años de prisión. “Despenalizar es distinto a legalizar: es la legalización la que asegura la garantía. Pero como diputadas, no podíamos presentar un proyecto así porque requiere el apoyo del gobierno”, argumentó la diputada frenteamplista Camila Rojas.

“Con el marco constitucional vigente, los parlamentarios no tienen potestad para presentar proyectos de ley que impliquen gasto público, por lo que no era posible presentar un proyecto que definiera garantías de atención de salud para las mujeres y las niñas, que hubiese sido lo deseable”, dice la abogada Camila Maturana, de la Corporación Humanas, una de las organizaciones artífices de la propuesta, junto con la Mesa por el Aborto. “Lo único que se podía presentar es un proyecto que apunte a eliminar las sanciones penales para las mujeres y niñas que interrumpan su embarazo fuera de las tres circunstancias antes nombradas y dentro de las 14 semanas”.

150.000 abortos clandestinos al año

Según datos presentados durante la sesión de esta semana, en Chile se practican más de 150.000 abortos clandestinos al año. Aunque es difícil obtener cifras con exactitud porque no existen registros oficiales, la realidad es que miles de niñas y mujeres ponen en riesgo sus vidas para interrumpir embarazos no deseados. Si bien la ley de IVE ha tratado (en tres claras circunstancias) de paliar esta situación, para las organizaciones feministas y defensoras de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres esa norma queda demasiado corta.

“El aborto es una decisión de las mujeres que requiere salir de la clandestinidad, de la inseguridad y del estigma. Requiere terminar con la criminalización y con la maternidad obligatoria que tenemos en Chile”, recalcó Camila Rojas. 

Las cifras publicadas por el Ministerio de Salud indican que entre 2018 y 2020, período en que se ha implementado la ley IVE, se han practicado más de 2.000 abortos, en su mayoría por inviabilidad fetal (49,6%), seguido del riesgo para la salud de la mujer (32%) y violación (18,4%). La gran mayoría se han producido en los establecimientos públicos de salud.

Sin embargo, los porcentajes cambian en las cifras de casos de niñas y adolescentes. De los 144 abortos que se han efectuado a menores de edad en este período, un 82,6% han sido por causa de violación. 

“No hay facilidades en las tres circunstancias permitidas”

Los datos también muestran una disminución considerable de abortos a partir de 2020, respecto a los dos años anteriores. “Es absurdo que ocurra eso tratándose de una prestación que se va instalando en la población desde la esfera institucional, pero como no hay facilidades para acceder a las tres circunstancias concretas, las mujeres buscan otras alternativas para interrumpir sus gestaciones”, dice la coordinadora de la Mesa Acción por el Aborto, Gloria Maira.

La falta de información que se ofrece a las pacientes de los servicios de salud o las deficiencias en la formación del personal sanitario son algunas de las barreras que han denunciado las feministas. El punto más polémico recae en las facilidades para que un profesional se declare objetor de consciencia y se niegue a practicar un aborto, aunque sea bajo una de estas tres condiciones. “Es una normativa de manga ancha con algo que debería ser una excepción y no una regla”, dice Maira.

La norma actual permite no solo que centros de salud privados se definan como “objetores de conciencia institucionales”, sino que amplía esta categoría a los profesionales, tanto del sistema público como del privado. Un informe publicado a finales de noviembre de 2020 por la Corporación Humanas revela que, desde la aplicación de la ley, la mitad de los tocólogos de hospitales públicos se han declarado objetores de consciencia en al menos uno de los tres supuestos, principalmente ante embarazos causados por violación.

“En lugar de garantizar la atención a las mujeres y niñas en los centros de salud que les corresponden, se plantea que, ante la falta de personal no objetor, sean trasladadas a otro recinto que muchas veces está a kilómetros de distancia y donde no cuentan con las redes que sí tienen en su territorio”, dice Maturana. 

El debate se espera largo y polémico

La tramitación parlamentaria que acaba de comenzar se estima larga y polémica, como lo fue el debate del proyecto aprobado en 2017. La diputada del Partido Comunista Karol Cariola recordó el clima que marcó la discusión entonces: “Nos tiraban fetos sobre la mesa (...) vimos un camión con nuestras caras y fetos descuartizados recorrer distintos lugares del país, iban a nuestras sedes parlamentarias”.

Desde este miércoles, las parlamentarias adoptaron un compromiso para llevar el proceso legislativo, al menos el que mantendrán en la Comisión de Mujeres, en un ambiente de “respeto y altura de miras”. Con el avance de la tramitación, el debate calará en las campañas electorales de los constituyentes que se elegirán en abril para redactar la nueva Constitución, y de las presidenciales de noviembre.

Si fracasa en el Congreso o ante una eventual impugnación en el Tribunal Constitucional, la posición de las feministas será revertir este escenario en la discusión constituyente, donde las voces de las mujeres tendrán un protagonismo histórico que podría colocar los derechos sexuales y reproductivos en el centro de la discusión.

Después de que el presidente Alberto Fernández promulgara el jueves la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, explicó la legislación estará en plena vigencia a partir del 24 de enero, día en que la aplicación de la norma será “inmediata”.

“Hay que esperar ocho días para que entre en vigencia la ley. A partir del 24 de enero, la aplicación será inmediata porque la reglamentación no hay que esperarla para que el derecho que reconoce la ley sea efectivo”, dijo la ministra durante una entrevista con la señal de noticias TN.

Señaló que “a partir del 24 de enero, cualquier mujer embarazada que por razones personales decide interrumpir su embarazo antes de la semana 14 puede acudir a su obra social, prepaga, sala de atención o establecimiento de salud y estos deben proveerle esa posibilidad y en los diez días posteriores debe ser garantizado su derecho”.

En esa línea, la funcionaria precisó que “ya se está distribuyendo en todo el país a través del Programa Cuidar el medicamento” que se aplica para generar la interrupción del embarazo. Este medicamento, según dijo, “debe ser recetado por un médico” y “no requiere internación” para su aplicación, que puede hacerse en el hogar, pero sí necesita con posterioridad “controles ambulatorios”.

La ministra asumió que “no resultará sencillo” este proceso, ya que “en algunos lugares van a poner sus obstáculos”.

Por eso, se dispuso una línea gratuita (0800-222344) para los casos en que una mujer haya sacado turno o haya ido a una salita o acudido a un centro de salud y encontrara un obstáculo. En esa línea estará disponible un equipo del Ministerio de Salud “los siete días de la semana, para atender” esos casos, agregó.

Ese equipo, dijo Gómez Alcorta, “trabajará para que esa mujer que reclama esa práctica sea derivada a otro lugar”, pero también se activará un seguimiento para corroborar el motivo del incumplimiento por parte del establecimiento de salud, o la obra social, o la prepaga, o el médico o la salita.

Además, “a partir del 24”, paralelamente con la aplicación de la ley, “se extinguirán las más de 1.500 causas penales en trámite contra médicos o mujeres que abortaron, porque deja de ser un delito, incluso para quienes están cumpliendo sus condenas”, recordó la funcionaria.

Existirá además una red en todas las provincias para que este derecho esté garantizado y se respetará también, tal como dispone la ley, el derecho del médico o enfermero a no realizar la práctica “por razones de conciencia personal”.

En diálogo con radio La Red esta mañana, Gómez Alcorta se refirió a la etapa que sigue tras la promulgación de la ley al “fin de una historia de mucha lucha”, pero asumió que el tiempo que sigue para garantizar su aplicación en todo el país es “arduo”.

En un acto realizado el jueves en el Museo del Bicentenario, encabezado por el presidente Fernández, el Gobierno promulgó las leyes de IVE y el Plan de los 1.000 días, oficializadas con su publicación en el Boletín Oficial esta mañana.

CB con información de Télam

Con la publicación en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional oficializó hoy la promulgación de las leyes de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y la ley del Plan Mil Días, de cuidado integral de salud en el embarazo y la primera infancia. Los decretos de promulgación fueron publicados luego del acto que encabezó ayer el presidente Alberto Fernández en el Museo del Bicentenario, donde firmó las normas, a 14 días de su sanción en el Senado.

El Decreto 14/2021 promulga “parcialmente” la Ley N° 27.610 de IVE, con la firma del Presidente y de la totalidad de los ministros que integran el Gabinete nacional. El texto “observa” en su primer artículo “la palabra ´integral´ a continuación de la palabra ”salud“ en el inciso b) del artículo 4° y en el artículo 16, en el inciso 2) del artículo 86 del Código Penal que sustituye, del Proyecto de Ley registrado bajo el N° 27.610”.

La aclaración fue realizada debido a que la palabra ´integral´ a continuación de la palabra ´salud´ figuraba en dos artículos (4 y 16) de la ley sancionada por el Congreso y su eliminación fue acordada por los legisladores en su tratamiento en la Cámara alta para garantizar el trámite de aprobación.

El cambio, introducido a través de un veto parcial, evitó que el Senado tuviera que modificar esos artículos, lo que hubiera obligado a tratarla nuevamente en Diputados.

La norma establece las condiciones en las cuales una mujer podrá llevar a cabo la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación sin necesidad de que medie causal alguna y sin costo, ya que la práctica se incorpora al Programa Médico Obligatorio (PMO) del sistema de salud.

En tanto, el decreto 15/2021 promulga la Ley 27.611 de los Mil Días, con la firma del Presidente; el jefe de Gabinete, Santiago Andrés Cafiero; el ministro de Salud, Ginés Mario González García; la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, sus colegas de Desarrollo Social, Daniel Fernando Arroyo; y de Trabajo, Claudio Moroni.

Con información de Télam

La ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) quedará promulgada este jueves en un acto que encabezará el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada, con el que el Gobierno buscará resaltar el peso histórico de una norma que amplía los derechos de las mujeres y personas gestantes, garantiza su atención en el sistema de salud y pone fin a una legislación vigente desde 1921.

La ceremonia, prevista para las 18.30 en el Museo del Bicentenario, reunirá a referentes de los colectivos que reclamaron durante años la legalización y despenalización del aborto, legisladores nacionales y a la mayoría de los funcionarios del Gabinete nacional.

Impulsada por el Presidente -incluso desde antes de asumir el Gobierno-, la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue convertida en ley por el Senado el 30 de diciembre pasado, con el voto favorable de 39 legisladores y el rechazo de otros 29.

Ese día, Argentina se convirtió en uno de los primeros países de América Latina en disponer de una legislación de este tipo y se sumó a una lista de 66 naciones que permiten el aborto, mayoritariamente ubicadas en el hemisferio norte.

En el acto de este jueves, el jefe de Estado también promulgará la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia -conocida como el Plan de los 1000 días- que recibió un apoyo unánime en el Senado cuando la sancionó, también el 30 de diciembre último, poco después de haber votado el aborto legal.

Hasta ese día Argentina contaba con una ley casi centenaria que exponía a las mujeres que acudían al aborto a una condena de cárcel y sólo permitía la interrupción de los embarazos en casos de violación o de riesgo para la vida de la persona gestante. Ahora, las mujeres podrán interrumpir un embarazo hasta la semana 14 sin temor a ser penalizadas y el sistema de salud pública deberá garantizar la cobertura de la intervención de manera gratuita. En tanto, el Plan de los 1000 días establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo -una vez por año- para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años.

La ley del aborto entrará en vigencia nueve días después de su publicación en el Boletín Oficial.

La IVE tiene como eje central la consagración del “derecho de las mujeres y personas con otras identidades de género a decidir la interrupción del embarazo” en los servicios del sistema de salud “en un plazo máximo de diez (10) días corridos desde su requerimiento”. Establece que el aborto “se permitirá hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional”, que fuera de ese plazo “sólo se podrá acceder en caso de violación o si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante”.

NB con información de la agencia Télam.

Este jueves habrá un acto oficial para promulgar la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). El Presidente, Alberto Fernández, firmará el texto legal en el Museo del Bicentenario, según confirmaron a elDiarioAR fuentes de la Casa Rosada.

En ese mismo acto se promulgará la ley de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, que se dio a conocer como Ley de los Mil Días y que fue aprobada en ambas cámaras legislativas a la par de la legalización de la IVE, luego de que el Poder Ejecutivo impulsara ambos proyectos.

El acto llega 9 días hábiles después de que ambas iniciativas fueran aprobadas como leyes en el Senado, tras obtener media sanción previamente en Diputados. Los plazos legales dan al Presidente 10 días hábiles para promulgar -o vetar- leyes, y si ese plazo se cumple la promulgación resulta automática.

Tras el acto de promulgación de este jueves, el texto -preparado por la Secretaría Legal y Técnica que encabeza Vilma Ibarra- se publicará en la siguiente edición del Boletín Oficial. El propio texto deberá determinar la fecha de entrada en vigencia de la ley: de no haber aclaraciones específicas, en la Argentina las leyes empiezan a regir 8 días después de publicarse en el Boletín pero podría establecerse su entrada en vigencia inmediata.

Según había explicado a este diario la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, cuando la legalización de la IVE entre en vigencia desplegará efecto inmediatos. “Desde ese momento la interrupción del embarazo hasta la semana 14 deja de ser un delito. Cualquier mujer o persona gestante que decida esa interrupción lo haría en el marco de un derecho”, sostuvo.

A la vez, las personas que hayan tenido una denuncia o causa judicial abierta por aborto deberán ser sobreseídas porque en la Argentina funciona, como regla general en materia jurídica, el principio de la aplicabilidad de la ley penal más benigna, que es retroactivo. Según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), hay 1.532 personas de 17 provincias alcanzadas por este tipo de causas.

Se espera que en la promulgación se efectivice el veto parcial al que el Poder Ejecutivo se había comprometido para lograr el consenso necesario de cara a que la legalización de la IVE avanzara en ambas cámaras. El proyecto describía las dos causales por las que el aborto es legal en cualquier instancia de la gestación desde 1921: cuando el embarazo es producto de una violación o cuando está en riesgo la salud integral de la persona que gesta. El veto parcial borraría la palabra “integral” del texto para que quede tal como figura en el Código Penal desde hace un siglo. Aún así, el enfoque por el que se evalúan esos casos en la actualidad contempla la definición de salud integral propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS): el cambio es una formalidad.

El paso siguiente, en términos administrativos, es que ambas leyes sean reglamentadas. Para eso trabajan coordinadamente las áreas que encabezan Ibarra y Gómez Alcorta junto al Ministerio de Salud de la Nación. La reglamentación de la legalización de la IVE será la que efectivamente establezca las obligaciones que deberán cumplir el sistema de salud público, las obras sociales y las prepagas para que abortar hasta la semana 14 de gestación de forma segura y gratuita esté garantizado para la persona que lo requiera sin que pasen más de 10 días. Es decir, para que el derecho sea pleno.

JR

Después de la aprobación en la Argentina de la ley que legaliza el aborto, Chile inicia el mismo camino. La Comisión de Mujer y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados comenzará el próximo miércoles, 13 de enero, la discusión de un proyecto que busca despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana catorce de gestación.

“La marea verde de Argentina nos irradió a todas”, le dijo para confirmar la noticia la abogada Camila Maturana a LatFem -el medio que dio la primicia-. Maturana pertenece a la Corporación Humanas, la organización feminista que preparó la propuesta. 

Tras dos años, los grupos feministas lograron que se llame a la discusión en la Cámara Baja. De esta manera, Chile comenzará el tratamiento en la comisión a poco más de tres años de que la interrupción del embarazo en tres causales entrara en vigencia.

La cita del comienzo del tratamiento es para las 15 horas del miércoles cuando está citada la comisión que discutirá dos proyectos. Primero la normativa que establece la calidad recíproca de carga familiar entre ambos cónyuges para efectos de las prestaciones de salud y después la discusión en general de la ley que modifica el Código Penal para despenalizar el aborto consentido por la mujer dentro de las primeras catorce semanas de gestación.

Como encargada del Programa Seguimiento Legislativo, Maturana es una de las invitadas a la comisión, según también informó Latfem. Además convocaron a Gloria Maira, de la Mesa por el aborto. Y las diputadas Karol Cariola, Natalia Castillo, Daniella Cicardini, Cristina Girardi, Claudia Mix, Emilia Nuyado, Maite Orsini, Camila Rojas, Camila Vallejo y Gael Yeomans. Además, se ha extendido la invitación a la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett Said.

La iniciativa, que se encuentra desde 2018 en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara y fue firmada por una decena de diputadas, modifica el Código Penal para señalar que, en las ocasiones en que se habla de sanciones por abortar, éstas se aplicarían solo si la interrupción del embarazo ocurre después de la semana 14.

Maturana explicó a LatFem que “la aprobación de las causales en 2017 fue un hito importante porque permitió salir de la criminalización total pero sigue siendo limitada porque restringe la posibilidad de acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales muy limitadas”.

Con información de LatFem y agencias de noticias