Elizabeth Gómez Alcorta sobre la legalización del aborto: “No somos triunfalistas, estamos trabajando para que salga”

Hay una lámina enmarcada que dice “Feminismo es justicia social”, otra en la que se lee “Nosotras movemos el mundo”, y un casco de los de andar en una obra en construcción color verde-aborto-legal. Una wiphala, que es la bandera que representa a los pueblos originarios, una de la Argentina y otra del Orgullo LGBT.

Es el octavo piso del Ministerio de Economía y es también el despacho de Elizabeth Gómez Alcorta, que inauguró el 10 de diciembre del año pasado una cartera inexistente hasta ese momento: Mujeres, Géneros y Diversidad. El ministerio todavía no tiene sede. La pandemia y la cuarentena pusieron en pausa la mudanza al edificio de 8.000 metros cuadrados que ocupará en Cochabamba y Azopardo. Por ahora, funciona dentro del Palacio de Hacienda. 

Del edificio venidero hay renders que Gómez Alcorta muestra sobre su escritorio: “Obviamente vamos a tener un espacio de guardería”, se apura a señalar en ese dibujo del futuro.

Hace algo más de un mes, cuenta, su cabeza está completamente tomada por el debate parlamentario sobre la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Este martes desde las 16 el Senado definirá si la iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, se convierte en ley.

- ¿Por qué la IVE debería ser legal?

-  Primero porque con IVE no muere ninguna mujer a causa de un aborto clandestino e inseguro, ni corren riesgo su vida o su salud. También porque la criminalización no previene ni inhibe la práctica, y sólo hace que la puedan llevar a cabo de manera segura quienes pueden pagarla, y aquellas que no pueden son las que corren riesgos. Y finalmente, más allá de la cuestión de salud y de justicia social, porque debería existir el derecho de las mujeres y las personas gestantes a elegir su proyecto de vida. Se trata de la gran demanda pendiente de los movimientos de mujeres.

- ¿Cree que será ley?

- Nosotros tenemos expectativas positivas. Es muy difícil arriesgar números y sería irresponsable. No somos triunfalistas, no estamos en una posición que nos permita decir “estamos tranquilos”, pero somos optimistas y estamos trabajando para que salga. Sin 2018 -cuando el debate llegó al Congreso, avanzó en Diputados y fue rechazado por el Senado- no estaríamos acá. Hay también un Gobierno que tracciona el proyecto.

En los días previos a la votación en la Cámara Alta, diarios como Página/12 y Clarín dieron cuenta de posibles cambios que algunos senadores de Juntos por el Cambio a favor de la IVE impulsarían para dar su voto positivo a algunos artículos de la iniciativa. De haber modificaciones, el proyecto rebotaría hacia Diputados, donde debería volver a votarse.

- ¿Está previsto que se modifique el proyecto antes de llegar al recinto?

- Hoy, en el momento que estamos, no hay decisión de que se trate un proyecto distinto respecto del que se presentó en Diputados. Al momento de trabajar el dictamen que llegaría a la Cámara Baja se trabajó mucho no sólo con diputados y diputadas, sino también con senadores y senadoras, de distintos bloques en todos los casos, para construir consensos de cara a la votación en ambas cámaras. No estamos previendo que el proyecto tenga cambios antes de llegar al recinto. Si tiene cambios, como ocurre con cualquier proyecto de ley, ocurrirán en el momento de la votación.

- ¿Qué preguntan los indecisos?

- Hay dudas sobre si no habría que poner límites para las causales de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), sobre todo en los casos de violación, porque cuando la causa es que está en riesgo la salud de quien gesta, por el Código Penal, la persona estaría exenta de pena. 

Lo que les explicamos es que sería regresivo respecto de lo que está legislado hace ya 99 años. Además, según investigamos, en el 94% de los casos la ILE siempre se da en el primer trimestre del embarazo, o si no en las semanas inmediatamente posteriores, que suelen ser casos de niñas violadas, donde la niña y la familia tardan en saber que existe ese embarazo, con todas las dificultades que eso tiene porque en general esas violaciones se dan dentro de los vínculos familiares. Ese es uno de los temas que más nos han preguntado. La IVE es un tema en el que no hay una alineación partidaria, entonces vos tenés que convencer con ideas, con diálogo en los distintos bloques.

- ¿Qué va a tener que pasar para que efectivamente el derecho esté garantizado en caso de legalizarse la IVE?

- En principio hay que llegar hasta la ley y después empieza otro camino. Habrá que asegurar la existencia de misoprostol en los tres sistemas de salud: pública, prepagas y obras sociales. También habrá que asegurar las redes de derivación en donde los efectores sean todos objetores de conciencia y verificar si se avanza o no con la producción de mifepristona en el país (N. de la R.: se refiere a la droga que, junto al misoprostol, la Organización Mundial de la Salud recomienda para efectuar abortos medicamentosos seguros, que actualmente no está autorizada en Argentina).

Pero desde el momento en que eventualmente se promulgue la ley, la interrupción del embarazo hasta la semana 14 deja de ser un delito. Cualquier mujer o persona gestante que decida esa interrupción lo haría en el marco de un derecho.

- En la Argentina la tasa de femicidio no baja desde hace más de diez años. ¿Por qué es tan difícil erradicar esa violencia extrema?

- Centralmente porque no se trata de un delito que esté vinculado a temas de seguridad. Corre por otro carril, que es el patrón cultural. Tiene que ver con el dominio del cuerpo y de la vida de las mujeres por parte de los varones. No sale de la nada: a lo largo de la historia los hijos, las mujeres y los esclavos eran propiedad de los varones. Debe trabajarse en el mediano y largo plazo para que haya un cambio cultural.

En el mientras tanto hay dos focos centrales. Uno es la asistencia. Deben activarse alarmas frente a las que el Estado, sea municipal, provincial o nacional, tiene que reaccionar. Estamos poniendo en marcha el programa Acompañar, que implica que el Estado nacional acompañe a la mujer que está en riesgo por violencia de género con una asignación correspondiente a un salario mínimo, vital y móvil durante 6 meses. No es una condición suficiente, pero sin eso esa persona no puede salir de ese escenario.

El otro gran foco son los enormes déficits cuando el Estado interviene en una situación violenta. En una situación de violencia que requiere atención urgente, una falla estatal contribuye a que esa violencia ocurra. La Ley Micaela -que establece la capacitación con perspectiva de género obligatoria para los funcionarios estatales- debe llegar a todas las Policías, los Poderes Judiciales y las oficinas de Género de todas las provincias: es un enorme paso.

- Hay muchos femicidios -1 de cada 7, según estadísticas de la ONG especializada La Casa del Encuentro- en los que la víctima había hecho una denuncia o un pedido de ayuda urgente y no recibe nada de eso.

- El trabajo concreto es capacitar. Pero claro que la pregunta es cómo se implementa, cómo llega, y si en todo el país ocurre de la misma manera. Este año la Ley Micaela tuvo una implosión. Pero en cada lugar hay mucho de decisión política, de capacidades técnicas. En las provincias uno ve que, cuando alguna empieza a quedar atrás por ejemplo en cuanto a la implementación de esa ley, hay una especie de efecto contagio. La agenda se mueve así: no es magia, sino que cuantas más áreas de Género tengamos, será más fácil llevar adelante la capacitación. 

- Si efectivamente se legaliza la IVE, ¿cuál será el próximo gran tema para los feminismos?

- Va a ser un enorme desafío para los feminismos. Creo, sin hablar en nombre de los movimientos, que lo próximo que tiene que pasar es exigir un Estado que garantice una organización social del cuidado que no recaiga sobre las vidas de las mujeres. Sobre nuestros cuerpos, nuestros tiempos, nuestros deseos. Hay que exigirlo con toda claridad.