Nunca antes, en los convulsos primeros cuatro meses del Gobierno del ultraderechista José Antonio Kast en Chile, la llamada batalla cultural había irrumpido con tanta fuerza en la agenda pública. No ha sido prioridad de su Ejecutivo, enfocado casi con obsesión en reflotar la economía; ni tampoco lo fue durante la campaña, en la que lo evitó, a pesar de la insistencia de los periodistas.

Sin embargo, un proyecto para obligar a las mujeres a escuchar el latido del feto antes de abortar, presentado en el Parlamento por diputados del Partido Republicano —la formación fundada por Kast— y del Partido Nacional Libertario, situado aún más a la derecha, volvió a colocar los derechos sexuales y reproductivos en el centro del debate público.

Kast, ultracatólico, padre de nueve hijos y reconocido antiabortista, se verá obligado a posicionarse –ahora como presidente– sobre un frente que prometió no abrir durante su mandato y que ha evitado desde la campaña.

“Llama la atención la poca estrategia del Partido Republicano en un proyecto de esta naturaleza, considerando que el Gobierno evitó avanzar en una agenda 'valórica', entre otras cosas por la polémica que puede abrir un proyecto de este tipo”, dice Octavio Avendaño, de la Universidad de Chile.

Según el texto, que tiene un único artículo, la mujer podrá rechazar escuchar el latido. Sin embargo, si eso ocurre, “el médico deberá negarse a practicar la interrupción del embarazo” y dejar constancia por escrito en su ficha clínica.

Una iniciativa “contra la humanidad”

La propuesta levantó duras críticas de la oposición, del movimiento feminista, de expertas e incluso de sectores más moderados del oficialismo. El Colegio Médico defendió el consentimiento informado sin coerción y “sin revictimizar a las mujeres”. La exministra Antonia Orellana, al frente de la cartera de la Mujer y Equidad de Género en el Gobierno del progresista Gabriel Boric, publicó una carta en la que señala que más que en contra del aborto, la iniciativa “está en contra de la más mínima humanidad”.

Chile aprobó en 2017 la interrupción voluntaria del embarazo en tres supuestos básicos (inviabilidad fetal, riesgo para la madre y violación), tras años de pulso del movimiento feminista contra los sectores conservadores, que incluso llevaron la ley al Tribunal Constitucional. La Administración de Boric presentó un proyecto para despenalizar el aborto hasta la semana 14, pero su tramitación está estancada en el Congreso y sin posibilidades de prosperar en esta legislatura.

La nueva iniciativa, bautizada como “Escucha tu corazón”, no es inédita. Se basa en una medida del Gobierno húngaro del ex primer ministro Víctor Orbán, uno de los aliados europeos de Kast. En 2023, Vox también imitó ese protocolo para Castilla y León, pero en este caso acabó como una recomendación que las mujeres no están obligadas a seguir.

Según los expertos, es muy difícil que el proyecto prospere en el Congreso porque, además de la oposición, algunos sectores liberales y moderados de la derecha se manifestarán en contra. De avanzar, supondría “un retroceso respecto del proyecto de las tres causales y en los de derechos reproductivos de las mujeres”, apunta Avendaño.

El proyecto irrumpió, además, en un momento especialmente delicado para el Ejecutivo. Cuatro meses después de asumir el poder, Kast atraviesa un periodo de fuerte desgaste de su mandato y con una agenda económica que aún no logra mostrar resultados.

“El gobierno de emergencia, en el olvido”

Las expectativas sobre Kast –que llegó al poder presentándose como el salvador de la peor crisis de Chile– se desinflaron con el paso de los meses. Varias polémicas, torpezas y errores empañaron su debut, que afrontó el primer cambio de gabinete apenas dos meses después de asumir el cargo, el más rápido desde el retorno a la democracia, en 1990.

La mala racha de Kast empezó con el anuncio de una alza histórica de los precios de los combustibles provocada por la guerra en Irán y que golpeó con fuerza al bolsillo de los consumidores. Luego llegó la salida de las exministras Trinidad Steiner, al frente de Seguridad, pero sin un plan concreto para mejorar el orden público; y la portavoz Mara Sedini, que protagonizó varias declaraciones polémicas.

También pincharon las esperanzas en la mejora de la gestión migratoria, otra de las urgencias del llamado “gobierno de emergencia” levantado por Kast. El presidente justificó su incapacidad alegando que la advertencia tan repetida durante la campaña de expulsar a las personas migrantes en situación irregular fue “una metáfora” y que si alguien cree que “en un día se podrán expulsar a 300.000” es que “entendió mal”.

La idea del 'gobierno de emergencia' quedó prácticamente en el olvido

Héctor Ríos — Investigador de la Universidad Central de Chile

“Ni la delincuencia ni la inmigración han sido prioridad en los primeros meses para el Ejecutivo, por lo tanto, la idea del gobierno de emergencia quedó prácticamente en el olvido”, opina el académico de la Universidad Central de Chile Héctor Ríos. Para él, el principal desafío del actual Ejecutivo pasa por “resolver los coletazos financieros” que han dejado “las decisiones del primer mes de su gestión”.

La popularidad del ultraderechista fue cada vez más a la baja hasta el punto de atravesar su peor momento en las últimas semanas, cuando los indicadores de creación de empleo y crecimiento económico apuntaron a los pronósticos más desalentadores, por debajo del 2% para 2026. La última encuesta sitúa su aprobación en el 32%, la cifra más baja desde el inicio de su administración.

De vuelta la “neoliberalismo a ultranza”

Kast arrancó su mandato con la ambiciosa propuesta de una megarreforma económica y tributaria para reducir el impuesto a las empresas (del 27% al 23 %), garantizar la invariabilidad tributaria a las grandes inversiones y flexibilizar los permisos para acelerar inversiones, entre otros.

Para el Ejecutivo, su aprobación, que se enfrenta a los últimos trámites en el Congreso, es clave para reactivar la economía, elevar el crecimiento y reducir la tasa de desempleo. Pero la oposición, que no logró actuar unida contra la propuesta, critica que la futura ley solo beneficiará a los ricos y ya avanzó que la elevará al Tribunal Constitucional.

Además de esa medida, el presidente promovió una reducción “abrupta” de la inversión y el gasto social y “una agenda de austeridad”, señala Ríos, que quedó de manifiesto con la rebaja del 3% de los presupuestos de todos los ministerios. “El destino de Kast estará determinado por el desempeño de la economía”, dice el investigador Benjamin Gedan, del Wilson Center, en EEUU.

En este escenario, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, un economista ultraliberal y señalado hace años en una causa de colusión de precios en el sector avícola, se convirtió en el hombre fuerte del Gobierno.

“Hay un sesgo ideológico, un neoliberalismo a ultranza de Quiroz que lo lleva a defender la implementación de políticas de choque que no se conocían desde la época de la dictadura, cuando se implementó el modelo”, dice Avendaño.

Para Ríos, la gestión de Kast apunta a una “nueva versión de la batalla cultural” que apuesta por “retomar el camino del progreso y del orden a través de la defensa del legado de la dictadura y del éxito económico de los 90, cuando el país logró construir consensos bajo una agenda conservadora”.

La politóloga Javiera Arce, de la Universidad de Valparaíso, dice que “esta ola de autocratización” se cuece en un proceso lento de “deterioro y erosión de la democracia” del que la sociedad “no se da cuenta”. “Es una batalla cultural –cierra– sofocada por los aspectos económicos, pero que tiene un anclaje muy fuerte en el neoliberalismo”, concluye.

Un grupo de diputados de la ultraderecha chilena presentó un proyecto de ley para que las mujeres que quieran abortar tengan “oportunidad de escuchar la actividad cardíaca embrionaria o fetal” antes de la interrupción del embarazo, lo que generó controversia en las últimas horas.

La iniciativa legislativa, bautizada como “Escucha tu corazón”, fue presentada por parlamentarios del Partido Republicano, fundado por el presidente José Antonio Kast, y del Partido Nacional Libertario, entre otros.

El proyecto busca modificar el Código Sanitario para que los médicos, antes de realizar un aborto, informen a las mujeres sobre “la actividad cardíaca embrionaria o fetal” y le ofrezcan “la oportunidad de escucharla”.

En Chile, el aborto es legal desde 2017 solo en tres causales: riesgo para la madre, inviabilidad fetal y violación.

Según lo que establece el texto, la mujer podrá rechazar escuchar el latido. Sin embargo, si eso ocurre, “el médico deberá negarse a practicar la interrupción del embarazo” y dejarlo registrado por escrito en su ficha clínica.

“No puede haber algo menos ideológico que un latido de un bebé y una ley que permita que su latido se escuche antes de su muerte”, argumentan los parlamentarios de extrema derecha en el proyecto de ley.

Un proyecto “cruel”

Desde las organizaciones feministas, calificaron el proyecto de “cruel” y lo definieron como “una herramienta de disuasión ideológica que instrumentaliza el sistema de salud pública para invalidar la autonomía de mujeres y niñas”.

“En los últimos años hemos visto cómo sectores de la derecha chilena han ido adoptando estrategias y discursos impulsados por movimientos ultraconservadores internacionales”, indicó a medios la directora de la Corporación Miles, Javiera Canales.

La iniciativa, de hecho, no es pionera y ya fue adoptada en 2022 en Hungría, durante el mandato de Viktor Orbán, o en la región española de Castilla-León, donde gobierna una coalición de los partidos Vox y PP.

El proyecto legislativo también lo criticó Antonia Orellana, exministra de la Mujer del Gobierno progresista de Gabriel Boric, quien se preguntó en una carta publicada en sus redes si “realmente es necesario hacer eso a quien sabe que el fruto de su embarazo no sobrevivirá”.

Kast, declarado antiabortista y padre de nueve hijos, prometió en campaña no dar la “batalla cultural” y centrarse en las principales preocupaciones de los chilenos: la delincuencia y la economía.

La actual ministra de la Mujer, Judith Marín, conocida por su beligerante posición antiabortista, aún no se pronunció sobre la polémica medida, pero desde el Ejecutivo indican que es una iniciativa parlamentaria y no gubernamental.

Con información de la agencia EFE

“Sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra”. Clara Muzzio tiene el versículo 1:28 del Génesis como encabezado en sus cuentas personales en X y LinkedIn. La vicejefa de Jorge Macri, que dijo esta semana que la Educación Sexual Integral (ESI) “es una trampa mortal” y calificó al aborto como “la cultura de la muerte”, es una ferviente católica.

Muzzio generó una tirria interna en el gobierno porteño en los últimos días. El jefe de Gabinete de Macri, Gabriel Sánchez Zinny, en plena presentación de informe de gestión en la Legislatura no pudo esquivar las cuestionables declaraciones de la vicejefa: la oposición insistió en cada pregunta para que el funcionario diera un posicionamiento oficial al respecto. “La Ciudad sostiene una posición concreta: cumplir con la normativa vigente, garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes, respetar las creencias, la ciencia, el valor de la familia”, dijo Zinny. Y completó: “Ahora bien, ello no impide, como muchos legisladores manifestaron, la disposición de revisar y fortalecer las políticas implementadas”. Buscó una salida intermedia. Detrás suyo, sentada en el estrado principal, estaba Muzzio con cara seria.

La hermana del santo

Muzzio es la cuarta hija de Carlos Muzzio y Carola María Diehl Schindler, que luego de ella tuvieron dos hijos más. Nació en 1981, cuando entonces la familia ya vivía en Bella Vista, San Miguel, luego de un paso por San Isidro. Se recibió de abogada en la UBA (2006) y completó un máster en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés (2011). En 2010 se casó con Marcelo José Naveira, de quien se divorció en 2015 después de tener dos hijos.

A su segundo marido lo conoció tras las PASO de 2019: se trata de Jorge Aguado, un ingeniero que fue secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva durante el gobierno de Cambiemos. Su padre fue vicepresidente de Socma –la empresa de Macri– y titular del Correo Argentino. La pareja tiene un hijo que nació con síndrome de Down, lo que llevó a Muzzio a presentarlo en público el 3 de diciembre de 2022, por motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad: “Hay que mirar más allá de los ojos achinados”, dijo en aquella oportunidad.

Aquel diciembre Muzzio era ministra de Horacio Rodríguez Larreta. Fue su cargo anterior al actual de vicejefa de Gobierno porteño. Su trayectoria revela que se hizo en el mundo estatal desde abajo. Fue asesora legal en la Legislatura porteña entre 2008 y 2010, y luego saltó al Poder Ejecutivo local cuando Mauricio Macri terminaba su primer mandato. En nueve años pasó de custodiar cómo debían usar los espacios públicos los kioscos de diarios, los bares y restaurantes (su primer cargo fue directora operativa de Permisos de Publicidad y de Usos en la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público) a ministra.

Fue la vidriera en la cartera urbanística la que le permitió llegar a ser la compañera de fórmula de Macri primo en las elecciones 2023. “Empezó como pasante y fue creciendo gracias a su esfuerzo y compromiso. Fue directora, subsecretaria y, desde 2019 de la mano de Horacio, ministra. Representa lo mejor de los valores del PRO en la Ciudad”, la elogió entonces el actual jefe de Gobierno. Fue la elegida entre otras mujeres que el oficialismo amarillo había pensado para ubicar al lado de Macri: Soledad Acuña, entonces ministra de Educación; Carmen Polledo, secretaria para la Igualdad de Género y Asuntos Institucionales, y Gladys González, senadora nacional del PRO larretista.

En la foto de presentación Muzzio se mostró con una sonrisa y un saco verde, un color que le habrá costado usar por su conocido posicionamiento como “pañuelo celeste”. El vínculo de Muzzio con la Iglesia viene de familia. Su hermano Guillermo fue seminarista de la Diócesis de San Miguel y murió en 2002, a los 30 años, tras un diagnóstico de una enfermedad terminal y un trasplante de médula. El legado que dejó en el ambiente religioso llevó a la diócesis a comenzar en 2016 “a hablar de la posibilidad de comenzar el proceso de beatificación y canonización”, según una web oficial sobre la trayectoria del seminarista.

La propia Muzzio le pidió al papa León XIV que impulse la canonización de su hermano. En mayo pasado visitó El Vaticano, oportunidad en la que aprovechó para posicionarse internacionalmente en contra del aborto: “Quiero agradecer al Santo Padre que me recibiera en la audiencia en el Vaticano y que haya escuchado con atención la historia de mi hermano Guillermo y los avances de su causa de santidad. También agradezco haber podido hablar sobre el aborto en nuestro país y en el mundo, incluyendo el exterminio de niños con síndrome de Down antes de nacer. Esta es una lucha que quienes defendemos la dignidad y el valor de cada vida humana no podemos abandonar”, tuiteó el 26 de mayo. Desde la sanción de la Ley N° 27.610 –hace cinco años– en los centros de salud y hospitales públicos de la Ciudad existen equipos de salud sexual que brindan información y asesoramiento sobre interrupción del embarazo y garantizan su realización.

Conservadurismo desbocado

El posicionamiento ultraconservador de Muzzio ya le generó más que un dolor de cabeza a Jorge Macri, quien en más de una oportunidad tuvo que llamar a personas ofendidas por sus dichos para aclararle que el posicionamiento de la vicejefa “no expresan la opinión del gobierno”. elDiarioAR intentó en reiteradas oportunidades comunicarse con la vocería de Muzzio pero las consultas no fueron respondidas al cierre de esta nota.

Esa cosmovisión personal, sin embargo, convivió durante años con una gestión pública de signo aparentemente distinto. Al frente del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana porteño, Muzzio firmó disposiciones que visibilizaron la agenda de diversidad sexual en la Ciudad. El 15 de julio de 2020 ordenó iluminar los principales monumentos porteños para conmemorar los diez años de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario. Menos de un año después, el 18 de mayo de 2021, intervino tras el vandalismo sufrido por la bandera del colectivo LGBT que flameaba en el mástil del Obelisco –retirada por un grupo de derecha– y dispuso su reposición. El 20 de agosto de ese mismo año volvió a ordenar el encendido especial de los monumentos porteños, esta vez por el aniversario 25 de la muerte de Carlos Jáuregui, referente histórico del activismo LGBT en la Argentina, coincidente con el Día del Activismo por la Diversidad Sexual.

La coordinación con la agenda de diversidad no se limitó a los monumentos. Desde su ministerio se articuló con la Dirección General de Tránsito porteña la incorporación de los colores de la bandera del orgullo y la leyenda “Orgullo BA” en la cartelería vial de la Ciudad en distintas fechas conmemorativas. También dispuso la iluminación en rojo de los monumentos porteños por el Día Internacional de Lucha contra el VIH/Sida, una práctica que se sostuvo mientras estuvo al frente de la cartera. “Clarita, la que no es nada clara, ¿o sí?”, opinó a partir de sus dichos de esta semana un dirigente que la conoce en persona.

Muzzio parece haber destapado su verdadera personalidad al calor de la batalla cultural mileísta. El cambio se refleja en sus publicaciones en redes: en agosto de 2024 cuestionó el “día de las infancias” por considerarlo “una manipulación política del lenguaje” del kirchnerismo en 2020. En enero de 2025 publicó en sus redes una frase de Donald Trump que reforzaba el binomio sexo-género. En julio de 2025 difundió como “cuidado desde el momento en que comienza la vida humana” un protocolo que aplica la Ciudad a embarazadas durante los primeros mil días de vida. En mayo pasado se reunió con Eugenia Roccella, ministra de Familia y Natalidad del gobierno de Giorgia Meloni, y coincidió con ella en que la baja natalidad se debe a la llamada “ideología de género”.

La presión sobre Muzzio escaló de la Legislatura al Congreso. El diputado socialista Esteban Paulón, referente de la comunidad LGBT+, le envió una carta documento intimándola a retractarse públicamente de sus dichos sobre la ESI y el aborto. Y su colega Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) recordó datos oficiales que contradicen a la vicejefa. Por ejemplo: el Ministerio Público Tutelar porteño, que depende de la Justicia documentó que entre el 70% y el 80% de los chicos y chicas de 12 a 14 años atendidos en su Sala de Entrevistas Especializada pudieron reconocer y relatar situaciones de abuso gracias a lo aprendido en clases de ESI.

Lejos de bajar el tono, Muzzio redobló la apuesta con un extenso posteo en X en el que defendió un “enfoque biológico” de la educación sexual y citó el aumento de casos de sífilis entre jóvenes como prueba de que la ESI “no es una vacuna” contra las infecciones de transmisión sexual. Ese repunte de sífilis, en cambio, coincide con el desfinanciamiento del propio programa: el presupuesto para ESI en 2026 es de apenas $30 millones –el 2% de lo ejecutado en 2023–, los docentes capacitados cayeron de 65.000 a 900 entre 2023 y 2024, y la distribución estatal de preservativos se derrumbó 64% en el mismo lapso.

La discusión tiene, además, un dato que la despoja de grieta: el Plan ENIA nació en 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri. La propia funcionaria del Ministerio Público Tutelar que relevó el impacto de la ESI en la detección de abuso había coordinado ese mismo programa en la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal, también del PRO. Ese antecedente vuelve más incómoda la pregunta que el gobierno porteño todavía no respondió: si Muzzio expresa una convicción personal que puede sostener en soledad, o si su embestida contra la ESI empieza a correr el límite de lo que el oficialismo porteño está dispuesto a discutir como política de Estado.

MC

La vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Clara Muzzio, desató una gran polémica luego de sus fuertes críticas al Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI) que se imparte por ley en todas las escuelas del país. “Es una trampa mortal”, dijo y argumentó que introdujo ideas en los niños con “una fuerte destrucción de la información real”.

“La ESI fue otra trampa mortal. Creo que terminó metiéndonos ideas y sobre todo a los chicos en edad muy temprana, con una fuerte ideología de género, con una fuerte destrucción de real información”, dijo la funcionaria en diálogo con MDZ.

“Estoy convencida de que los niños tienen que tener información biológica y no ideologizada respecto de su cuerpo, de lo que ellos pueden hacer, de lo que no se les puede hacer a su cuerpo, pero todo basado en biología. Claramente, esta ideología que se fue poniendo en la cabeza de muchos de los chicos es lo que hoy hace que tengan poca información, que estén como completamente perdidos en algún punto respecto de cuáles son estas cuestiones que terminan siendo relevantes, ya sea para formar una familia o conocimiento de cuándo una mujer queda embarazada”, sostuvo la funcionaria.

Muzzio aseguró que la ESI transmite “ideas monstruosas” a los niños, a través de una “ideología siniestra”. “La ESI se da hoy desde el nivel inicial por ley. Creo que los argentinos nos debemos una revisión de esa normativa que en algún momento se aprobó pensando que era de vanguardia y progresista en términos de progreso, pero terminó siendo progresista en términos de que le destruyó la cabeza con este progresismo más woke. Le terminó destruyendo la cabeza a los niños”, sentenció la vicejefa del gobierno.

“Un niño que juega en sala de cinco con una muñeca, entonces una institución ya le dice al niño que tal vez él nació en un cuerpo equivocado. Estas cosas las empezamos a ver en los materiales, por ejemplo, que se dan en la ESI, en donde empieza a existir esta multidiversidad de géneros”, añadió.

“Yo sostengo que hay dos sexos, el masculino y el femenino, y uno nace con eso, y que además, dentro de lo femenino y lo masculino, puede haber un montón de diversidad. A mí cuando me dicen todas las mujeres queremos una cosa, no todas las mujeres queremos lo mismo y cada uno es único en su ser. Me parece que ahí hay mucho que tenemos que revisar”, concluyó en el medio mendocino.

La funcionaria analizó también la caída de la tasa de natalidad en Argentina y explicó que en los últimos 20 años disminuyó abruptamente, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, sostuvo que la influencia de corrientes “feministas radicales” y la implementación de ESI afectó negativamente la percepción de la maternidad entre las mujeres jóvenes.

“El proyecto de formar una familia, de tener hijos, ya no es un proyecto de vida, ya no existe. Empezó a desaparecer en la cabeza de muchísimos de los jóvenes”, dijo Muzzio, quien lo adjudicó, entre varios motivos, “a la última ola del feminismo radical”.

“Muchas cuestiones se fueron asociando; la implementación del aborto en los países, que se fueron asociando al tema de la caída de la natalidad, que no podemos dejar de mirar en el momento de dar estas discusiones, que no sólo con plata es que se va a solucionar o que se va a revertir el tema de que no nazcan más niños”, añadió.

Finalmente, Muzzio criticó también al aborto y dijo que Argentina “optó por la cultura de la muerte”.

“Me parece muy triste un país que al final termina valorizando la cultura de la muerte. Pero también me parece muy cínico escuchar personas que militaron y que además hoy sostienen seguir estando a favor del aborto, que se escandalicen por encontrar un bebé descuartizado, porque eso es el aborto”, dijo.

“No es ni más ni menos que niños que son asesinados. Y después también muchos que militaron el aborto hoy los escucho hablar muy livianamente de qué catástrofe es la caída de la natalidad. Claramente esta cultura que nosotros llevamos a hacerle creer a mujeres que estar embarazada, tener un hijo está mal, porque básicamente es eso, ¿no?”, sentenció.

El Papa cargó este lunes contra el aborto y la eutanasia durante su comparecencia en el Congreso español. León XIV aprovechó su intervención en la sede de la soberanía nacional para defender que “la dignidad inviolable de la persona humana” no puede “quedar subordinada a consensos sociales mudables o al vaivén de las mayorías de cada momento”.

Prevost, que a lo largo del fin de semana en su visita a España había alertado contra “enfoques identitarios” y contra la “polarización” y había dado voz a migrantes y jóvenes, aprovechó en esta ocasión para lanzar un mensaje político ante “quienes tienen la grave responsabilidad de ordenar jurídicamente la convivencia social”.

Al margen de las mayorías parlamentarias que configuran la legislación española, León XIV consideró que “la convivencia puede verse amenazada por la cultura del descarte”. “Si la vida deja de ser reconocida como un valor fundamental, ¿qué futuro pueden tener nuestras sociedades? ¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deja en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente del cuidado de los demás?”.

La de este lunes era la primera vez que un Papa toma la palabra en el Congreso español. Desde una posición de honor, León XIV insistió en que “toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia”. “Cuando esa certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas y la ley pierde su significado más profundo: servir y proteger a cada persona”.

Las palabras de Prevost llegan en un momento en el que el Gobierno trabaja por blindar el aborto en la Constitución. Una reforma que se está tramitando en la Cámara Baja, pese al rechazo del PP y Vox y algunas críticas de los socios por la fórmula elegida. El objetivo es que los poderes públicos garanticen “el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva en cuantas prestaciones y servicios sean necesarios”.

En cuanto a la eutanasia, el Congreso español la aprobó a finales de 2020, con los únicos votos en contra de PP, Vox y UPN, tras 25 años de intentos fallidos. Desde entonces, asociaciones ultras como Abogados Cristianos han batallado contra esa normativa. El último capítulo ha sido el aval del Tribunal Supremo a que un familiar con una “vinculación particularmente estrecha” con un solicitante pueda recurrir judicialmente su muerte digna, aunque esta ya esté avalada por los médicos.

En estos tiempos de contextos regionales con mensajes, proyectos y acciones gubernamentales que afectan negativamente a mujeres de todas las edades y condiciones, un refugio es recuperar la memoria de lo logrado, de lo vigente. Porque no comenzamos de cero. Hay un largo y fructífero camino recorrido y protagonizado por ellas, con acciones concretadas que cambiaron la historia de todas, y de todos. Sí, de todas y todos, porque ellas –nosotras– cuando accedemos a un derecho negado por siglos, aportamos a mejorar la sociedad.

Una de esas memorias históricas esta semana cumplió 20 años. Sucedió en Colombia e impactó en toda América Latina y Caribe.

Miré en loop este video que muestra colombianas sonriendo, saltando, festejando. Ese registro es del 10 de mayo de 2006, cuando recibieron la confirmación de la Sentencia C-355 de la Corte Constitucional de Colombia que dejó atrás la prohibición total del aborto en el país.

A partir de ese momento se accede al derecho cuando la salud o la vida de la mujer están en riesgo, cuando el embarazo es producto de incesto y violencia sexual, y cuando existe una grave malformación fetal incompatible con la vida. 

Luego, en 2022 la Corte Constitucional amplió el derecho al aborto mediante la Sentencia Causa Justa, despenalizándolo totalmente hasta la semana 24 de gestación, manteniendo las tres causales de la C-355.

¿Qué dicen las estadísticas de la situación de salud y vida de las mujeres en estos 20 años?

Colombia ha logrado “una reducción notable” en las cifras de mortalidad y morbilidad materna, pasando de 70.1 muertes por cada 100.000 nacimientos en 2006, a 45.6% actualmente, a pesar del impacto de la pandemia de COVID-19, aporta Laura Pedraza.

Ella es abogada feminista y magister en Derecho Internacional con estudios de bioestadística aplicada a la Salud, y actualmente está a cargo de la incidencia política de La Mesa por La Vida y La Salud de las Mujeres de Colombia.

Estas mejores condiciones en la vida de las mujeres, lo atribuye a un sistema normativo sanitario “robusto” que considera el aborto como un servicio de salud básico y gratuito. 

Logrado el derecho, siempre hay desafíos. ¿Cuáles son los más destacables?

“Persisten desafíos en el acceso que incluyen el desconocimiento o la negativa a aplicar las sentencias por parte de los prestadores de servicios de salud, la falta de protocolos y fallas en el servicio como malos tratos o falta de información”, resume la abogada colombiana Cristina Rosero Arteaga, magíster en Derechos Humanos y asesora Legal del Centro de Derechos Reproductivos para América Latina y el Caribe.

La profesional explica que si bien la objeción de conciencia individual está permitida “no debe constituir un obstáculo”, mientras que la objeción institucional está prohibida. 

“La falta de vigilancia y control por parte de la Superintendencia Nacional de Salud y las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales contribuye a estas barreras, afectando especialmente a mujeres y niñas en zonas rurales o alejadas de las capitales, así como a personas trans, migrantes en condición irregular y aquellas que enfrentan discriminación racial”, agrega.

Pedraza añade la experiencia de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres que, desde 2006, brinda acompañamiento legal a mujeres y niñas que enfrentan barreras de acceso al aborto: “Muchas veces los obstáculos son por falta de información o por miedo a las repercusiones sociales”. Es el caso de muchas niñas y adolescentes que “no pueden expresar su libertad y su autonomía por miedo a las consecuencias que puedan llegar a tener en sus hogares o ante la sociedad”.

Para llegar a las sentencias de la Corte, en paralelo, hubo y hay un trabajo de las organizaciones para sostener la despenalización social del aborto. ¿Cómo se hace y por qué es importante?

Arteaga dice que la despenalización social busca “cambiar imaginarios, mostrando que el aborto es una realidad que no es fácil, pero que siempre ha existido, y debe ser abordada desde la salud pública, no desde el derecho penal”.

Y Pedraza resalta “la conversación pública” que pone en cuestión el estigma y los prejuicios, y permite “entender la necesidad de las mujeres de acceder a este procedimiento”.

La despenalización social “evidenció el hecho de que este tema no debe quedarse oculto ni debe ser dejado por fuera de la discusión pública. Es una manera muy eficaz de crear confianza en el sistema de salud, de facilitar que más personas se acerquen a pedir información y que de esa manera puedan tomar decisiones libres e informadas que no pongan en riesgo ni su salud ni su integridad”.

Entonces ¿no se trata sólo del enfoque penal?

Arteaga responde que “es importante y hay que seguir avanzando en dejar de pensar en una lógica en donde el derecho penal es la única forma de regulación”, ya que se trata también “de la autonomía reproductiva y corporal de las mujeres”, algo que los fallos de la Corte analizan en profundidad.

Esa jurisprudencia sólida que “regula el aborto por medio del sistema de salud, por medio de política pública sanitaria en realidad puede permitir que las mujeres, niñas, personas trans, no binarias accedan a servicios de manera mucho más digna, pero también de manera mucho más rápida”.

Pedraza suma que los cambios legales “no sirven por sí solos y que es muy necesario acompañarlos de una transformación cultural que pueda realmente facilitar su implementación adecuada”.

El impacto en la región

Colombia cuenta entonces con una de las despenalizaciones más amplias de América Latina y el Caribe, que ha servido de referente para otros países, y que se alinea a los fallos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos “que cuestionan el uso excesivo del derecho penal en estos casos”, explica Pedraza.

Arteaga agrega que “se espera que esto contribuya a reducir muertes por procedimientos inseguros y la criminalización”.

Desde Argentina, la abogada Agustina Ramón Michel que integra la secretaria colegiada del Consorcio Latinoamérica Contra el Aborto Inseguro (Clacai), afirma que la sentencia de la Corte de Colombia fue “un parteaguas”.

“Le hizo un crac al imaginario de la época que presentaba al aborto como una cuestión criminal (y eventualmente de emergencia médica). Fue una inspiración además por varios de sus argumentos legales que hablaban de que era innecesario el sinnúmero de trámites y comités de ética para interrumpir un aborto por violacion, por ejemplo”.

La también investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) define la decisión como “constitucionalista humanista” en el sentido de que “se toma en serio la dignidad de las personas”.

En estas dos décadas, Uruguay, Argentina y México han legalizado el aborto, en tanto en Cuba se despenalizó en la década de 1960, y Guyana fue el primer país sudamericano en legalizarlo en 1995.

Estos avances siempre están en disputa, están atravesados por los cambiantes contextos políticos en la región. De hecho, Colombia elige nuevo gobierno el 31 de mayo próximo, y ante cada elección, en cada país latinoamericano, estos derechos vuelven a cuestionarse, como lo demuestran las posturas del argentino Javier Milei o el salvadoreño Nayib Bukele.

Por eso, siempre es necesario recuperar la historia de las conquistas que transforman vidas, sistemas de salud y democracias, para sostenerlas en cada coyuntura.

SM/MG

Sabemos muy poco sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres mapuche, en términos de datos y etnoepidemiología mapuche. Para dar cuenta de las brechas de acceso y desigualdad a las prácticas de IVE/ILE que las mujeres mapuche tenemos respecto a las mujeres blancas no hay dato, no hay estadística, no hay información epidemiológica. La invisibilización estadística en salud del pueblo mapuche, específicamente en estadísticas vitales como en epidemiología, es una política estatal (nacional y provincial) asentada sobre el racismo institucional desde la transición democrática.

Silencio estadístico. Desde la aprobación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, en 2020, los ministerios de Salud de la Nación y los siete provinciales que se yuxtaponen (Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, La Pampa, sur de San Luis y Buenos Aires debajo del Río Salado) al Puelmapu ( territorio mapuche ) no han incorporado la variable étnica.

La naturalización del silencio estadístico por parte del feminismo blanco, es un pendiente a trabajar. Las prácticas feministas por sí mismas no dejan de ser racistas cuando se asume la gestión estatal, por lo cual, sería conveniente practicar la desracialización antes de volver a gobernar en pos de políticas de acción afirmativa para las mujeres mapuche.

En términos de derechos, la decisión voluntaria de interrumpir un embarazo por la biomedicina en el sistema público de salud para las mujeres mapuche está contemplada en la ley. Con su falta de pertinencia cultural y adaptación sociolingüística funciona. Mal pero funciona. Sin embargo, existen abortos provocados (no deseados por las mujeres) por la exposición a mega minería y agrotóxicos en el territorio mapuche. 

Vivo en la pampa húmeda y conozco el modelo sojero no solo en términos productivos sino del monocultivo de ideas que genera . ¿Cómo se registran, quienes documentan los abortos provocados por el agronegocio y la extracción minera ? Por ahora , es un enigma . Sin embargo, los estándares de calidad de información en salud establecidos por la CEPAL (Comisión Económica y la OPS (Organización Panamericana de la Salud) indican que la población indígena, también debe y puede ser medida.

De ejecutarlos, tendríamos data. “Tenía 18 semanas de embarazo. El domingo habíamos ido al tío Caliva a un asado... había manso olor a veneno. Ahí nomás se amuchamos pa ´ dormir. A la tardecita me agarraron unos achaques así, muy raro... vomitaba y no sabía que pasaba, el asado estaba bien, no estaba yarco. Me llevaron al hospital y me dieron unas gotitas, me mandaron pa ´ la casa. Más noche empecé a sangrar y sangrar. Lo perdí”.

Este narrar en primera persona de una mujer diaguita kapayan, de 28 años de Jachal en San Juan en 2024 ¿Dónde quedó registrado?

Aborto no deseado

La megaminería funciona provocando voladuras masivas para la remoción de roca. Luego es triturada, y se le aplica cianuro y otros productos químicos para separar los metales y para ello, se usa toneladas y toneladas de agua. La huella hídrica define el volumen total de agua utilizada en la elaboración de productos o servicios. Los metales pesados llegan al cuerpo humano por inhalación de polvo tóxico, por beber agua y por ingesta de alimentos producidos con agua contaminada con cianuro y otros químicos. También se puede dar por absorción dérmica pero en menor medida. ¿Sabemos cuál es la huella hídrica para el territorio mapuche ocupado por la provincia de Río Negro? Los metales pesados como plomo, cadmio, mercurio, arsénico, afectan el sistema endocrinológico de la mujer, generan una disrupción en las hormonas que afecta n su producción, metabolismo y señalización. La afección recae sobre la función normal del eje hipotálamo –hipófiso– ovárico que regula la producción de estrógenos, progesterona, FSH (Hormona Folículo Estimulante) y LH (Hormona Luteinizante) , el proceso ovulatorio y laa preparación del útero para engendrar. El plomo (Pb) puede alterar los niveles de FSH y LH y disminuir estrógenos.

Las mujeres mapuche que viven en las comunidades de Lipetren Chico, Putren Tuli Mahuida, Lipetren Grande, Newen Peñy, Rio Chico abajo, Nepuncura, Mamuel Choique y las mujeres desterritoralizadas que viven en Jacobacci, Maquinchao y toda la Línea Sur están expuestas a los efectos de la megaminería, tendrán  problemas de salud reproductiva y tendrán abortos sino se detiene la necro política. ¿Cuántas mujeres mapuche son, quienes son, de qué se enferman? Estos, son daños colaterales según el gobierno rio negrino quien autorizó sin legitimidad social la megaminería la cual, tuvo grandes falencias político-administrativa.

Existen varios desafíos en términos de defensa territorial y soberanía energética . Uno de los principales es construir un horizonte común, que permita conformar un poder político amplio, basado en alianzas sólidas, capaz de frenar proyectos extractivos como Calcatreu (oro y plata ) impulsado por la empresa Patagonian Gold y Amarillo Grande (uranio) a cargo de Blue Sky Uranium Corp. ¿Alguien puede considerar inocua para la salud humana y la integridad del territorio la instalación de una planta destinada a almacenar 120 toneladas de químicos(cianuro)?

Horizontes compartidos o fragmentados

El segundo horizonte compartido del movimiento mapuche con el ambientalismo y feminismo es incidir en el Ministerio de Salud rionegrino para que elabore un protocolo de atención para mujeres mapuche y no mapuche en edad fértil (la salud reproductiva será afectada) en contextos megamineros.

Nosotras, ya sabemos realizar sinergia entre los feminismos (apoyo a las presas políticas mapuche - 2021) y ambientalismo (Ley Glaciares -2010). El objetivo de la incidencia será registrar en las historias clínicas, la evolución del estado de salud reproductiva según la biomedicina, ya que hasta el momento , el cianuro no va direccionado solo a las mujeres mapuche sino a todos los cuerpos humanos. Los abortos no deseados vendrán y las disfunciones endocrinológicas también.

Todas las mujeres podemos ser inmoladas por la megaminería, pero el punto de inicio es diferente. Ya lo sabe bien María Kona, abuela mapuche de Wawel Niyew. Registrar los abortos provocados por la injusticia ambiental es evidencia epidemiológica.

Desde nuestra etnoepidemiología mapuche sabemos que el padecimiento del cuerpo físico, mental, emocional y ancestral tiene origen y causa fuera de nuestra matriz cultural y se vincula con el quiebre de la reproducción del modo de vida. De eso trata la etnoepidemiología mapuche: del vínculo entre historicidad, territorio y padecimientos comunes para contar desde nuestra propia episteme de qué nos enfermamos y de qué morimos. Construir evidencia en salud en clave mapuche , será herramienta de salud colectiva para la reorganización territorial. Algo sabemos: rümel yaful piwke zomogekeyiñ, fuimos mujeres poderosas del arco iris y estamos volviendo.

*La autora es politóloga mapuche.

El artículo completo puede leerse en Mink’a Comunicación

Sólo una mujer que haya pasado por una contracción sabe el dolor que produce. El cuerpo no responde. Huesos y músculos se retuercen de una manera inimaginable. Y mientras todo eso sucede, adentro hay un ser que pelea por salir. Cada contracción suele durar entre 30 y 60 segundos y cesa en el momento exacto en que el dolor se vuelve insoportable. Para darle un respiro a esa madre que ya no puede más.

En el parto en cadena, exprés o precipitado, nada de eso ocurre. La contracción no tiene fin. Se dispara y no cesa hasta que se produce el nacimiento. Un parto normal puede durar entre seis y 18 horas. En un parto en cadena, todo se resuelve en menos de tres. No hay tiempo para nada. Desaparece esa ventana que, entre contracción y contracción, permite a la mujer prepararse para el parto, pedir ayuda y llegar a un hospital. El dolor es tan grande que no se puede pensar.

Por eso, los médicos recomiendan que, para evitar los daños que un parto de este tipo puede provocar en la madre y el bebé, es fundamental que la mujer haya completado previamente sus controles prenatales, que sepa con anticipación a qué centro de salud dirigirse y, sobre todo, que tenga a alguien a su lado que la contenga.

Paola Ortiz no tuvo nada de eso. León Nicanoff contó este sábado su historia en esta nota. Paola vivía en una situación de extrema pobreza cuando tuvo un parto en avalancha, sola, en el cuarto que le prestaba su exsuegro a cambio de favores sexuales. Paola no recuerda con claridad qué fue lo que ocurrió: si se desmayó por el dolor o por la sangre que perdió. Lo cierto es que, cuando pudo reaccionar, el bebé estaba muerto. Fue detenida, acusada del asesinato de su hijo y condenada a prisión perpetua. Lleva ya 13 años presa.

Su caso es similar al de Belén, en Tucumán. Ese caso derivó en la investigación que realizó Ana Correa y que luego fue el sustrato de la película que dirigió y protagonizó Dolores Fonzi. Y es similar al de tantos otros que no llegan a una pantalla de cine: como el de Eva, también de Tucumán; el de Fátima, de Bahía Blanca; o el de Flor, de Misiones. Todas acusadas de haber provocado la muerte del bebé o del feto en medio de un parto en avalancha.

A fines de diciembre, aquí también contamos el caso de Vanesa, una mujer de 42 años y madre de seis hijos. Una diabetes descompensada ponía en riesgo su embarazo y su propia vida. Cuando quiso acceder a un aborto, se le cerraron todas las puertas: no había medicación, no estaban los médicos, no había voluntad.

Este 30 de diciembre se cumplieron cinco años de la ley que garantiza el acceso legal y gratuito al aborto. El acceso sigue siendo una cuenta pendiente, agravada durante la gestión de Javier Milei. A lo largo de 2025, las denuncias por barreras de acceso al aborto se triplicaron en comparación con 2024. A la falta de información en los centros de salud se suma la escasez de misoprostol y mifepristona, dos de los medicamentos más seguros para la práctica de abortos.

Pero hay más. El presupuesto 2026 reduce la cobertura de métodos anticonceptivos del 54 % al 34 %, mientras que un informe del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) señala que el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable sufrió un desfinanciamiento casi total en 2024. Su ejecución representó apenas el 20 % de lo invertido en 2023 y sólo el 8 % del nivel de 2021.

Lo que hay, entonces, son mujeres pobres, con poco acceso a los centros de salud, a las que les cuesta obtener información y métodos para tener relaciones sexuales seguras; que, cuando cursan un embarazo no deseado, no pueden ejercer su derecho a un aborto legal, seguro y gratuito; que son forzadas a parir en soledad, sin apoyo ni contención, aun cuando acaban de perder a un bebé.

No hay errores individuales en estas historias: hay una política pública. Un Estado que se retira de la salud sexual y reproductiva no se vuelve neutral, se vuelve punitivo. Llega tarde, llega mal y llega con patrulleros y expedientes judiciales. Llega para colocarles el rótulo de malas madres.

Se cumplen 5 años de la madrugada en la que el Senado argentino aprobó la Ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo, dejaba de criminalizar el aborto y legalizaba su acceso en toda la Argentina.

Llegamos a ese momento luego de un largo proceso en el que el movimiento de mujeres se propuso, entre otras demandas históricas por el reconocimiento de derechos básicos, descorrer el velo que pesaba sobre nosotras y nos sometía a una violencia ilógica e irracional. Porque la criminalización del aborto es un acto de violencia que estaba dictado y legitimado por las instituciones democráticas y era socialmente aceptado, por acción, distracción, omisión o complicidad. 

Cuesta pensar que, hasta comienzos del 2018, en los programas de televisión mainstream no se permitía pronunciar la palabra “aborto”. Solo lo hacían algunos medios gráficos y periodistas feministas, y en ese contexto adverso trabajaban la Campaña por el aborto, las socorristas y la abogadas feministas que lograron el fallo FAL de la Corte en el 2012. 

Pero en ese 2018 se revolucionaron amistades, familias, entornos sociales y laborales con mujeres que contaban por primera vez que habían abortado. Madres, abuelas a sus nietas, amigas. Mujeres que se animaban a contar experiencias dolorosas sin saber cómo iban a reaccionar sus entornos. Por necesidad, por decisión, espontáneos, terapéuticos, todos tratados con el mismo hostigamiento y maltrato institucional. El aborto siempre había estado ahí. De repente todo eso salía a la luz. 

Fue un camino largo. Es imposible pensar ese 2018 sin imágenes previas de lucha: la marcha del 8 de marzo de 1985, con unas pocas mujeres como Susana Rinaldi con carteles que decían: “Violación es tortura” y “Despenalizar el aborto”. O sin Dora Coledesky en 1991 en el IV Encuentro Nacional de Mujeres, sosteniendo aquel cartel de la Comisión por el derecho al aborto que decía: “Anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. O sin nuestras fabulosas cuatro Nelly Minyersky, Martha Rosenberg, Nina Brugo y Marta Alanis.

Hubiera sido difícil llegar a ese 2018 sin la marcha de Ni Una Menos que el 3 de junio de 2015 convocó millones de mujeres en todo el país pidiendo que dejaran de matarnos y violentarnos. Un gigantesco grito colectivo que significaba que no íbamos a callarnos más ante esas violencias. 

Ese grito colectivo le mostró también a las más jóvenes lo que se les venía si no arrancaban desde temprano a defender sus derechos. Y no hubiera habido 2018 sin esas mismas pibas saliendo con fuerza a decir que no iban a permitir que algún día a ellas las criminalizaran por abortar, las maltrataran en los hospitales, las dejadas en una camilla con una hemorragia como parte de una violencia obstétrica, el paso previo de la humillación, dolor evitable, clandestinidad, o cárcel, como le pasó a Belén. Ya llegaremos a Belén.

No puedo estar tranquila. ¿Quién va a estudiar, a investigar? ¿Ante quién vamos a denunciar los incumplimientos? ¿Cómo vamos a cuidar? ¿Quién va a cuidar a los que cuidan? La ley ya es nuestra, pero ¿qué va a quedar del Estado tal como lo conocíamos?

¿Por qué hablo del 2018 si el aborto se legalizó en el 2020? Porque en ese año casi lo logramos. Nos ganaron mintiendo en el Senado, diciendo que en la Argentina nunca hubo mujeres presas por aborto. Porque estuvimos cerca de lograrlo, pero no pudimos con la decisión política de quien gobernaba y con los legisladores para los que pesaron más los aprietes por apoyo económico y político que evitar la tortura de un aborto clandestino.

El 2020 nos encontró en plena pandemia dejando todas nuestras fuerzas en los cuidados de personas que estuvieron al límite: niñas, niños, viejos, discapacitados. Y sin ánimos de ser postergadas una y otra vez. Con la convicción de que no iban a dejarnos encerradas también en la clandestinidad, y para siempre. Nos encontró con la decisión política de que esta vez sí nos iban a escuchar. Al menos en la legalización del aborto. Y fue ley.

Pasaron cinco años. Desde que asumió Milei que en cada conversación pública o privada sobre los derechos de las mujeres me preguntan si creo que está en riesgo esta ley. Mi respuesta es dual: afirmo que no van a poder, aunque quieran. Ya nadie puede dudar de que es un derecho nuestro que no nos torturen. A la vez, siento que está en riesgo todo. Sin salud, sin ciencia, sin educación, sin ningún tipo de control de daños, estamos a la intemperie como sociedad. No puedo estar tranquila. ¿Quién va a estudiar, a investigar? ¿Ante quién vamos a denunciar los incumplimientos? ¿Cómo vamos a cuidar? ¿Quién va a cuidar a los que cuidan? La ley ya es nuestra, pero ¿qué va a quedar del Estado tal como lo conocíamos?

Cuando la ley se perdió en el Senado en el 2018 me quedé muy enojada porque, más allá de argumentos pueriles que se daban para oponerse a la ley, quienes pretendían argumentar con seriedad, mentían. Decían que en Argentina no había presas por aborto. Y en ese mismo recinto, Soledad Deza, entre otras, había estado relatando el caso de Belén, una chica que en el 2014 fue a un hospital público de Tucumán por un dolor de panza y amaneció presa. Estuvo casi tres años presa por un aborto espontáneo. Belén no es su nombre real, elige estar en la clandestinidad, por más que luego fue liberada y absuelta. Por más que el Estado debería darle una reparación por haberla encarcelado injustamente. Mi enojo tenía de donde agarrarse y decidí contar la historia de Belén, la real. Lo más difícil era que ella aceptara, luego de tanto maltrato sufrido y tantas desilusiones acumuladas. Pero Belén fue extremadamente generosa, aceptó contar su historia para que ninguna mujer volviera a pasar por lo mismo. Y así fue como escribí el libro “Somos Belén, la verdadera historia detrás de las máscaras”.

Un año después, en pleno debate por la ley IVE, el diputado por Tucumán Carlos Cisneros mostró el libro y convocó a leerlo, anticipando su voto positivo. Unos días después, la senadora Eugenia Catalfamo lo mostraba también en el Senado, también como preludio a su voto a favor. El primer objetivo, el de que la historia real de Belén contribuyera a tabicar la verdad en el Congreso, que nadie se animara a decir que la criminalización del aborto no traía consecuencias sin por lo menos quedar en ridículo, o que ya nadie se atreviera a decir que en la Argentina no había presas por aborto, de alguna manera se había logrado.

Pero las injusticias que se muestran en el caso de Belén continúan en cada causa en la que se acusa a una persona inocente, en un país en el que se quieren poner en duda las denuncias de violencia contra las mujeres en general. En una región y en tantos países en los que se limita o se cuestiona el acceso al aborto a las mujeres, en especial a las más pobres. En medio del camino que se transitaba con el libro, gracias a Blas Martínez conocí a Leticia Cristi, productora de K&S, que le propuso hacer la película a Javiera Balmaceda, de Amazon. El tiempo coincidió con una Dolores Fonzi que tomó la decisión de dirigir películas y quiso hacer “Belén”. Tuvimos esa suerte. Adaptó el guión junto a Laura Paredes y Carolina Santos, y convocó a Camila Plaate, Julieta Cardinali, Liliana Juárez, Luis Machín y otras gemas del cine argentino a ser parte del elenco. “Belén” se estrenó y muchos la amaron, otros aún no la vieron, pero está en la lista corta de los Oscars como película extranjera. Cuenta una historia que todo el mundo debería conocer, para que no se repita, como dice Belén -la de verdad, la que aún no quiere dar a conocer su identidad porque no se siente segura-. Pero a la vez es una gran película, hecha por un gran equipo que decidió correr riesgos, porque hacer cine hecho por mujeres y pretender que el mundo lo mire, en un país en el que el cine está castigado, y las mujeres también es arriesgar fuerte. 

El 22 de enero nos enteraremos si Belén quedó entre las cinco candidatas a mejor película extranjera para los Oscars. Hasta ahora Argentina ganó dos veces en esa categoría: La historia oficial dirigida por Luis Puenzo en 1986 y El secreto de sus ojos, dirigida por Juan José Campanella en el 2010.  

El único antecedente de una película argentina candidata al Oscar dirigida por una mujer fue con “Camila”, dirigida por la enorme María Luisa Bemberg y protagonizada por Susú Pecoraro en 1985. Es conocida la historia que termina con una frase que funcionaba como contraseña. Ladislao, ¿estás ahí? le preguntaba la protagonista antes de morir y él respondía “a tu lado, Camila”. Y era una forma de sentir que iban a vivir para siempre. 

En 2026 se cumplen 41 años de esta candidatura. Me ilusiono con la posibilidad de que otra película, titulada solo con un nombre de mujer y dirigida por una mujer, que relata parte de nuestra historia también, vuelva a ser candidata. Y me acordé de esos relatos antes de la legalización del aborto, de las preguntas que hacemos en ese momento para saber si alguien nos está acompañando, y me acordé de todas las historias, los relatos de los años del debate por la legalización, de esos meses frenéticos hasta conseguir que se apruebe la ley. De esa frase que hemos repetido hasta la desesperación y todavía repetimos: Amiga, ¿estás ahí? 

Ojalá Belén quede como candidata. Pero en cualquier caso, tenemos la respuesta: “A tu lado, Camila, Belén, Julieta, Antonia, Renata, Mercedes, etc etc. Estamos a tu lado, amiga. 

MC

Cinco años atrás, en el cierre de un debate en comisión en la Cámara de Diputados que tuvo 738 expositores, 15 reuniones y 130 horas de discusión, Cecilia Moreau tomó la palabra y relató, por primera vez, su experiencia abortando en la clandestinidad cuando tenía 16 años. “Yo era una nena y quería tener una vida”, comentó, emocionada, la diputada massista que presidía la comisión de Legislación General durante el gobierno del Frente de Todos y se encargó de conducir, junto a una maltipartidaria feminista integrada por diferentes espacios –Silvia Lospennato (PRO), Romina del Plá (Partido Obrero), Vilma Ibarra y Mayra Mendoza (peronismo)– el debate por la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

El 11 de diciembre de 2020, la Cámara de Diputados aprobó la ley ILE con 131 votos a favor y 117 en contra. Dos semanas después, la multipartidaria feminista –se hacían llamar “Las sororas”– logró lo que no pudo hacer en 2018: el 30 de diciembre, el Senado sancionó el aborto legal en la Argentina. 

Cinco años después, Moreau analiza la vigencia de la ley durante el gobierno de Javier Milei y cuestiona que el acceso al aborto “no se está cumpliendo como debería”. Denuncia falencias en la distribución de los medicamentos y una ampliación de las barreras en el acceso a la ley. “El no cumplimiento de una ley tiene mil formas de ponerse en práctica”, advierte la ex presidenta de la Cámara de Diputados que, sin embargo, señala que Milei no tiene los votos en el Congreso para derogar la ley.

“No hay un clima social para volver atrás. Es un tema que a Milei no le va a salir gratis, ni siquiera en su bloque”, señala, en diálogo con elDiarioAR. 

–A 5 años de la sanción del aborto, ¿ve posible que el gobierno de Milei logre derogar la ley?

–No tienen margen para derogarla. Fue una ley construida con una fuerte movilización popular, desde afuera hacia adentro del Congreso. Hay temas con los que quedó claro que no se jode. Sin embargo, lo que sí veo es un ataque constante a los colectivos más vulnerables, con los jubilados a los que les rompen la cabeza, las personas con discapacidad a quienes no le quieren cumplir la ley, las personas que padecen enfermedades graves. 

Tenés a un Gobierno que dice que la justicia social es una aberración o que el Estado es una organización criminal. Hay una negación de las desigualdades y un intento de hacerlas invisibles. Y no tengo dudas de que las mujeres y las disidencias somos parte del colectivo que el Gobierno eligió como blanco de ataque.  

–Más allá del Gobierno, ¿ve un clima social que acompañe un retroceso en materia de acceso al aborto? 

–Los derechos se conquistan, la gente los asimila y no se retrocede. Pero sí veo que hay un retroceso en cuanto a la implementación de la ley, que no se está cumpliendo como debería. El Gobierno no está comprando y distribuyendo los medicamentos para realizar la práctica, como el Misoprostol. Tampoco está trabajando en lo más importante que la ley establece, que es la prevención del embarazo no deseado. Le tiró todo a las provincias y las provincias están desdobardadas y denuncian faltante de insumos. El derecho de las personas gestantes a la ILE está siendo vulnerado. 

Hay un informe de Amnesty que dice que, este año, se triplicaron las barreras en el acceso a la ley. Es falta de información, pero también falta de profesionales y problemas de derivación en los prestadores cuando hay objetores de conciencia. El no cumplimiento de una ley tiene mil formas de ponerse en práctica. 

–Después de la victoria electoral de LLA, voceros del Gobierno, como Agustín Laje, empezaron a deslizar que iban a ir por el aborto. ¿Mantienen conversaciones con otras legisladoras que impulsaron la ley sobre cómo estaba la relación de fuerzas?

–Sí, estamos alertas pero con la convicción de que no hay un clima social para volver atrás. El diálogo se mantiene con quienes trabajamos en la ley, como Lospe (por Silvia Lospennato), Myriam (Bregman) y (Karina) Banfi. Es una ley que se construyó de manera muy transversal y consensuada, así que no veo riesgo de derogarla. 

–En tiempos de polarización Milei-anti Milei, ¿es posible reconstruir esa misma alianza multipartidaria?

–Ya lo hicimos para defender a la emergencia en discapacidad, para defender el Garrahan, para defender la universidad pública. Existe un armado transversal para poner límites a los avances contra los pilares que construyeron el pacto democrático, como la salud, la educación pública, y también el aborto. Que es un tema de salud pública. El aborto existió, existe y va a seguir existiendo con o sin ley. El debate siempre fue cómo garantizás el acceso al aborto de manera segura, legal y gratuita para terminar con la desigualdad que generaba muertes. 

–¿Qué implicaría que el aborto vuelva a ser clandestino en Argentina?

–Sería un retroceso tremendo. Volver a la clandestinidad implicaría un grave daño a los derechos de las mujeres, piensen lo que piensen o voten lo que hayan votado. A veces parece que estamos en un tiempo en el que se pueda volver atrás en la consolidación de algunos derechos, la lógica del ‘sálvese quien pueda’, pero las mujeres son las que más resistencia ponen. Y no tengo duda que este es un tema que a Milei no le va a salir gratis, ni siquiera en su propio bloque. 

– Uno de los discursos que más quedó grabado en el debate hace cinco años fue el relato de su experiencia personal con un aborto clandestino, ¿recibe historias de mujeres que pudieron abortar en otras condiciones después de la sanción de la ley?

–Sí, sobre todo por redes sociales. Yo nunca hablo de cuestiones personales, pero en el debate hice un clic y sentí que tenía que contarlo porque yo viví el miedo de la clandestinidad, pese a tener la posibilidad económica de hacer la intervención. Y lo dije porque en ese momento sentí que no iba a ser juzgada por mis compañeras que estaban en contra de la ley. Porque hubo una comprensión final de muchas que, aunque tenían el pañuelo celeste, entendieron que estábamos discutiendo una cuestión de salud pública. Por eso hay que sostenerlo, para que en Argentina, que significó un paso adelante en toda la región, no retroceda en derechos. En ninguno.

MCM/MG

El Centro por los Derechos Reproductivos presentó este martes una demanda en nombre de la mayor red de clínicas de salud reproductiva de Maine contra la Administración Trump por la nueva disposición que le impide recibir reembolsos federales de Medicaid, la cobertura médica para personas de escasos recursos.

La organización detalló que la “gran y hermosa” ley que firmó el presidente Donald Trump el 4 de julio apunta a organizaciones de salud que ofrecen servicios de aborto, prohibiéndoles aceptar pagos de Medicaid incluso por servicios no relacionados con este, como pruebas de ITS, exámenes de cáncer, atención primaria, consultas ginecológicas de rutina y anticoncepción.

Subrayó que la Maine Family Planning (MFP) opera 18 clínicas en Maine, muchas de ellas en zonas rurales con difícil acceso a la atención. Se trata del único proveedor de salud para aproximadamente el 70% de sus pacientes, la mitad de los cuales depende de Medicaid.

Nancy Northup, presidenta y directora ejecutiva del Centro por los Derechos Reproductivos, señaló en un comunicado que la nueva ley impedirá que miles de habitantes de Maine acudan a su proveedor de atención médica de confianza, simplemente porque brindan atención de aborto entre muchos otros servicios.

La demanda argumenta que este recorte dirigido viola la Cláusula de Igual Protección de la Constitución de Estados Unidos, que protege contra la discriminación gubernamental y garantiza el trato igualitario bajo la ley.

“El Congreso y la Administración Trump han quitado a los pacientes la libertad de elegir a su propio proveedor de atención médica de confianza y han cortado el acceso a la atención para miles de habitantes de Maine”, se lamentó George Hill, presidente y director ejecutivo de Maine Family Planning.

Medicaid cubre a 396.000 niños y adultos en Maine y a más de 70 millones de personas en todo el país.

En todo el país, los recortes presupuestarios de la administración Trump ponen en riesgo el cierre de cientos de otros centros de salud, señala el comunicado del Centro.

¿Qué pasa en la Argentina con la salud reproductiva y el gobierno de Javier Milei?

En la Argentina, los derechos sexuales y (no) reproductivos también enfrentan un retroceso alarmante bajo el gobierno de Javier Milei. Mientras el Presidente se muestra alineado internacionalmente con figuras como Donald Trump y defiende una agenda conservadora, su administración desfinanció programas claves como el Plan ENIA, destinado a prevenir el embarazo no intencional en adolescentes, y recortó presupuestos en políticas de género, asistencia a víctimas de violencia y acceso a la anticoncepción.

La situación fue expuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde representantes de organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron el abandono estatal de las poblaciones más vulnerables. La eliminación del Programa Acompañar, la reducción del personal en la Línea 144 y los recortes del 85% en comedores comunitarios son algunas de las medidas que, según los peticionantes, configuran una violación sistemática de los compromisos asumidos por el Estado argentino.

El caso del Plan ENIA es paradigmático. Fue una política pública que, en sus primeras experiencias piloto, logró reducir un 50% el embarazo no intencional en adolescentes, especialmente en zonas rurales y de alta vulnerabilidad. Su desmantelamiento, junto con el despido de 500 profesionales y la cancelación de la compra y distribución de anticonceptivos, dejó sin protección a miles de jóvenes, muchas de ellas víctimas de abuso y violencia sexual.

Además, se denunciaron ante la CIDH recortes en infraestructura básica y servicios esenciales en barrios populares, lo que agrava las condiciones de vida de millones de personas. La respuesta oficial fue calificada como “evasiva” por los comisionados: el Gobierno se limitó a defender sus decisiones en nombre del “déficit cero” sin detallar cómo garantizará derechos básicos como salud, educación o alimentación.

En este contexto, las similitudes con lo que ocurre en Estados Unidos bajo políticas antiabortistas y restrictivas son notorias. Mientras en Maine se impide que clínicas que brindan atención integral accedan a fondos públicos por ofrecer servicios de aborto, en Argentina el Ejecutivo recorta el financiamiento incluso de programas que ni siquiera están vinculados con la interrupción voluntaria del embarazo, sino con el acceso a derechos fundamentales para adolescentes, mujeres y diversidades. El resultado, en ambos casos, es el mismo: un retroceso en salud pública y una mayor vulnerabilidad para quienes más lo necesitan.

JJD, con información de EFE.

Mientras usted lee esto, una mujer puede estar abortando. En el hospital público del pueblo o en el de la ciudad, en la casa propia o en la de una amiga, sola o junto a su madre, su hermana o su vecina. Pese a los ataques del presidente Javier Milei y su gobierno, a partir de la sanción de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo las mujeres y personas con capacidad de gestar pueden hacerlo de manera voluntaria hasta la semana 14 de gestación, inclusive, y luego de ese plazo, en caso de que el embarazo sea producto de una violación o si corre riesgo su salud integral.

El aborto dejó de ser clandestino en nuestro país y se convirtió en un derecho ganado. Ni las miles de mujeres, adolescentes y niñas que salieron a las calles con sus pañuelos verdes y el glitter en sus rostros, con la vitalidad de un movimiento que se convirtió en marea e instaló la agenda del aborto en los medios, en las aulas, en los pasillos y mesas familiares; ni las médicas, que desde el Fallo FAL dictado en 2012 vienen abriendo paso desde adentro de los hospitales y centros de salud para que el aborto se garantice en el sistema público como bien dice la ley, dejarán que se pierda.

Porque el aborto existe y persiste. Frente al abandono del gobierno, las redes feministas, activistas y médicas amigables se organizan en cada rincón del país para sostener y cuidar el derecho a abortar.

Abortar con ley y con Milei

“Uno de los mayores miedos que tienen quienes se comunican con nosotras es el miedo a no poder resolver”, cuenta Sol Cañumil, de la colectiva de Socorristas en Red que acompaña en el sur de Chubut y Santa Cruz. Socorristas en Red es una articulación de colectivas de distintos rincones del país que acompañan y brindan información a quienes necesitan abortar para que lo hagan de manera segura y cuidada. Desde el 2014 mantienen su tarea, lo hicieron durante la pandemia, después de la sanción de la Ley 27.610 y ahora, con Milei en el gobierno.

“Nos hemos encontrado con muchas personas que creen que la Ley ya no está vigente”, señala Sol. En la conversación con quienes acompañan, las socorristas se ocupan de desmitificar y de informar que la Ley 27.610 sigue en pie y las usuarias pueden exigir que se cumpla a pesar del contexto adverso. “Tenemos una ley que está vigente pero que comienza a tener más obstáculos para su garantía”, dice la activista. El acompañamiento socorrista ayuda a sortear todo eso que se presenta: brindan información y seguimiento a las personas que se ponen en contacto.

Juliana Montoya es integrante de La Revuelta y Socorristas en Red del Gran Buenos Aires, donde acompañan y brindan información para un aborto seguro. “Las políticas públicas son bien diferentes de un municipio a otro. Hay alguno, como en San Miguel, donde ha habido situaciones donde se les brinda información falsa sobre el acceso al derecho al aborto o han buscado convencer a las personas para que no aborten. Después hay otros donde se garantizan con mayor accesibilidad”, relata. Esta disparidad en el acceso, causa que algunas personas deban trasladarse hacia otros municipios para poder resolver, pero “hay algunos municipios que empiezan a no recibir usuarias porque escasean los insumos”, advierte.

Desde Neuquén, Nadia Mamani, activista de La Revuelta y Socorristas en Red, cuenta que la capital y alrededores de esa ciudad el acceso a la IVE/ILE se está garantizando en el sistema de salud formal, aunque “depende de los equipos de los centros de salud y del respaldo que tengan por parte de las direcciones de los hospitales”. Un caso paradigmático en esa provincia es el Hospital Heller, que supo estar a la vanguardia de la garantía del aborto legal y hoy registra obstáculos y dilaciones. “Notamos que hay demoras entre las consultas que hacen las personas hasta la entrega de la medicación. La disponibilidad de turnos es de 10 personas cada día que hay atención, además de los estudios de laboratorio y ecografía. Hasta que logran hacerse los estudios pasan algunas semanas”, grafica Nadia. “Esto genera angustia, preocupaciones o que tengan que pedir permiso en los trabajos y eso no siempre es posible”. La ley establece claramente que el plazo entre el pedido y la concreción debe ser de 10 días. El incumplimiento es un problema también porque los tiempos son sensibles teniendo en cuenta que el plazo para la interrupción voluntaria es la semana 14.

El rol del Estado

A propósito del 28 de mayo, Día Mundial de Acción por la Salud de las Mujeres, Amnistía Internacional publicó un informe donde visibilizan los obstáculos que enfrentan las mujeres y personas gestantes de todo el país para acceder a la IVE/ILE en tiempos de Milei.

El estudio describe la coyuntura global de ataques contra la llamada “ideología de género” y en ese contexto ubica a la Argentina de Milei: “Amparado en esta retórica, ha impulsado procesos de desmantelamiento progresivos de la política pública destinada a garantizar la igualdad de género y la salud sexual y reproductiva mediante la eliminación de programas estratégicos y la drástica disminución de recursos”, aseguran. Y alertan: “no solo se busca limitar el derecho de las mujeres y personas con capacidad de gestar para decidir libremente sobre sus cuerpos y proyectos de vida, sino que se vacía de contenido el rol del Estado como rector de la política sanitaria”.

Es que, desde que el líder libertario asumió la presidencia, el Ministerio de Salud de la Nación suspendió el envío a las provincias de insumos claves para la salud sexual, reproductiva y no reproductiva, tales como la medicación para el aborto o métodos anticonceptivos. “La falta de planificación de este traspaso de responsabilidades y la poca flexibilidad del mercado de insumos para negociar precios han complicado aún más la situación. Esto se refleja en las diferencias de precios en compras de insumos a nivel provincial”, subrayan en el último informe del Proyecto Mirar, publicado en diciembre de 2024.

Dentro de esas medidas se encuentra el desmantelamiento del Plan ENIA, el programa que había logrado reducir significativamente el embarazo en niñas y adolescentes. Valeria Isla, coordinadora de Proyectos de Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS) y ex Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, es contundente al respecto: “con el desfinanciamiento del Plan ENIA, sin sus equipos de trabajo territoriales y sin insumos disponibles, se va a generar una brecha de desigualdad entre las provincias en materia de prevención de embarazos no intencionales. El impacto sobre la vida de las adolescentes será importante”.

En comparación con 2023, desde Amnistía Internacional registraron un aumento del 275% en las denuncias por obstáculos en el acceso al aborto. Entre las más frecuentes se encuentran que “no hay medicamentos”, que “es imposible comunicarse con el 0800 y, si atienden, no dan información adecuada sobre dónde y cómo acceder”, “Consejerías” en hospitales públicos que buscan convencer a las mujeres de no abortar, maltratos y demoras. La línea 0800 a la que se refiere es la de Salud que el ministerio creó en 2010 y que ha sido una vía de reclamo en materia de derechos sexuales y reproductivos incluso antes de la sanción de la IVE. Hoy señalan su baja capacidad operativa.

“Me sentí aliviada”: la experiencia de abortar acompañadas

Frente a este escenario, el acompañamiento socorrista encarna la consigna de que la salida es colectiva. En los “talleres”, esos encuentros donde las socorristas se reúnen con quienes necesitan acceder a una interrupción de un embarazo no deseado para conversar y brindarles información, las personas encuentran alojo, alguien que las mira a los ojos para que el miedo se disperse: el aborto se va a resolver.

El dispositivo de acompañamiento socorrista tiene cuatro momentos: la llamada telefónica, el taller, el acompañamiento y el seguimiento post aborto.

“A veces lo que está necesitando la persona que estamos acompañando es que la escuchemos, poder verbalizar todo eso que le está pasando que no puede contárselo a cualquiera, porque corre el riesgo de ser juzgada. Poder expresarse, poder llorar, abrazarnos. Poder insistir juntas frente a una negativa”, dice Sol desde Comodoro Rivadavia.

Nuria tiene 37 años y vive en Viedma, provincia de Río Negro. Supo que estaba embarazada porque empezó a sentirse mal, cansada, con sueño y una pesadez inusual. Se hizo un test y dio positivo. “No era lo que quería, no estoy en el momento indicado para volver a ser mamá, la cosa está muy difícil”, asegura. “Necesito mi cuerpo”, dice la mujer. Es madre de dos adolescentes y sostiene varios trabajos para llevar el día a día.

“Muchas veces no se puede destinar tiempo a realizar varias consultas en el sistema de salud, pedir los días si requiere varias visitas.Y hoy existe un enorme temor a perder el trabajo, sea este formal o informal. Lo económico es una carga más para quienes están intentando resolver su interrupción”, explica Sol.

Los días están más exigidos, las jornadas laborales son más largas, las tareas de cuidado llevan más tiempo. “Lo que hacemos es ayudar a pensar estrategias de cómo acomodar la vida para poder resolverla. Ya sea proponiendo ideas o contando experiencias que le han servido a otras mujeres”, dice Juliana.

“Antes de la ley los temores eran por el riesgo en la salud. Ahora, las preocupaciones tienen que ver con las formas de acceder, de cuánto les va a llevar, aventurarse a pedir un turno o a comunicar la decisión a una persona que tal vez no está a favor de la ley, el temor a esa mirada negativa, al seño fruncido”, cuenta Nadia. Por eso, durante el encuentro presencial se conversa sobre todas esas preguntas. “Las personas se quedan mucho más tranquilas, notás la diferencia en cómo una persona venía con mucha preocupación y cómo sale de esa reunión”.

Cuando llamó a socorristas, Nuria dice que se sintió “aliviada”. Quien la atendió fue Bárbara, integrante de la colectiva de Socorristas en Red de Viedma. “Salgo del trabajo y te llamo”, le escribió y a los pocos días coordinaron para encontrarse en el taller.

“Sentí dolores pero no fue traumático, no lo siento pesado en mi cabeza. Me sentí tranquila y cuidada”, cuenta Nuria tiempo después de haber abortado.

Sostener la ley

“Los equipos de salud sostienen la ley y el compromiso de brindar atención de calidad a las personas”, asegura Mariana Romero, Co-directora de la Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS).

Entre los desafíos que enfrentan las médicas amigables que garantizan en el sistema de salud, Romero menciona la falta de disponibilidad de insumos, las “dificultades y desinformación que enfrentan las mujeres para acceder a los servicios”, las “amenazas a la legitimidad de sus prácticas” y “el debilitamiento del sostén que brindaba un equipo central, en articulación con referentes provinciales”.

Selva Palaveci es ginecóloga y trabaja en el hospital de Maimará, Jujuy, a donde llegan usuarias desde los puntos más lejanos de la provincia para acceder al aborto legal en el sistema público de salud. “Las opciones son pocas, por eso se tienen que trasladar muchas horas, lo que implica tiempo y plata para poder resolver”, relata. “Somos cada vez menos quienes garantizamos”, asegura Palaveci.

Ella es una de las pocas médicas de esa provincia que garantizan Interrupciones Legales del Embarazo (ILE), es decir abortos de segundo trimestre, y alerta que el gobierno dejó de pagarle las guardias pasivas por ese trabajo, que le requiere, entre otras cosas, dejar de atender en su hospital de origen en Maimará para ir a resolver las ILE de otras jurisdicciones. Palaveci sólo trabaja en el sistema público de salud. Por esa razón, en mayo tuvo que suspender esta tarea y aguarda a que la situación salarial se regularice porque, reclama, su labor debe ser retribuida. Mientras tanto, desde Maimará, sigue garantizando abortos en primer trimestre.

Desde Comodoro Rivadavia, en el otro extremo del país, Sol Cañumil, integrante de Socorristas en Red, coincide: “ha habido una gran baja de profesionales y lugares que venían garantizando este derecho”.

“Objetores”

La llamada objeción de conciencia está estipulada por ley y le permite a los médicos negarse a realizar la práctica. Sin embargo, tienen la obligación de brindar la información necesaria para que la persona que lo solicite pueda acceder a su derecho y deber de derivarla de buena a fe para que pueda resolver.

Según el estudio sobre objeción de conciencia en aborto en Argentina “Los malos usos”, se registraron 223 eventos de negación a la práctica de aborto por objeción de conciencia desde la sanción de la ley 27.610 hasta el 2023. De ese total, 87 fueron casos de negación institucional, “ya sea porque todo el personal médico alegó objeción de conciencia (situación permitida sólo en efectores privados) o porque declararon la objeción de conciencia institucional (a pesar de no estar permitido por la ley)”, señalan.

“De mantenerse la desidia del gobierno nacional, y frente al vacío de rectoría del ministerio de salud de la Nación, no es apresurado decir que los malos usos de la objeción de conciencia aumentarán, alentados por el entorno y por la falta de aquellas condiciones que hicieron posible su delimitación”, alerta Agustina Ramón Michel, Co-directora de REDAAS.

Sostenerse en red

“En estos tiempos de hostilidad lo mejor que podemos hacer es sostenernos en comunidad, eso nos da esperanzas”, dice Nadia de La Revuelta de Neuquén. En la era de la instantaneidad, el socorrismo ofrece tiempo. “Y ahí es donde el acompañamiento socorrista renueva su sentido”, dice Sol, “es tiempo que ponemos a disposición de otras personas, rompemos la lógica de la fragmentación y aislamiento”. “A las personas que acompañamos les decimos que somos feministas y desde los feminismos las acompañamos. Son momentos de alianzas, de pactos. Es un momento para mirar la realidad de manera diferente”, añade Juliana desde el Gran Buenos Aires.

Para Mariana Romero, Co-directora de REDAAS, “las redes de profesionales son fundamentales como espacios de sostén, aprendizaje y apoyo”. No solo para compartir información clínica para brindar atención de calidad, sino también como “forma de sortear los obstáculos en la provisión de los servicios y también facilitar el acceso de las personas”. “Trabajar en red significa articular entre los equipos, compartir estrategias, eventualmente derivar y acompañar a las personas usuarias”, asegura.

Así, en tiempos de vaciamiento del Estado, frente a las dilaciones y los obstáculos, los maltratos y la crueldad, las redes de médicas y de activistas siguen tramando ingenierías de escucha y de cuidados para resguardar eso que tanto costó lograr: el derecho al aborto legal.

CV / MA

–Amor, ¿vos tenés 15 o ya cumpliste los 16?

–No, tengo 15 todavía. Recién en agosto cumplo 16. 

–Ah, cuando nace la gordita. Che, hay que pensar en un nombre. ¿Qué nombres te gustarían?

–Yo pensé Natasha. Le quería poner Hilda, por el nombre de mi abuela, pero ese nombre lo tiene mi hermana.

–¿Y si le ponés Natasha Hilda? Si tu abuela es importante para vos... ¿O no? ¿Tu abuela es de parte de tu mamá? ¿Cómo te llevás con ella?

–Falleció cuando yo tenía siete años. Era más pegada a mi abuela que a mi mamá. 

Dos mujeres –una sentada, sonriente, de unos cuarenta años, y otra muy joven, de pie, con una carpeta en la mano y tomando notas todo el tiempo– interrogan a una chica flaquita y en pijama rosa, sentada en una silla destartalada del comedor comunitario de Barrio Mitre. Acá el frío se combate con mate y tortas fritas recién hechas. M, la chica del pijama, no se mueve de su rincón. Llegó hace un rato con su noviecito lleno de piercings y no se la ve demasiado feliz. La panza, oculta debajo del buzo, ni siquiera se adivina. Está de siete meses. En realidad, de “28 semanas y tres días”, apunta la chica parada frente a ella, que se llama Maricruz y no pierde un solo detalle de nada: toma apuntes, revisa un celular y mira a M fijamente. 

Aquí, en este mismo patio de contrapiso desnudo, María Rosa –la vecina a cargo del comedor, nacida y criada en Barrio Mitre, madre de siete– prepara y distribuye 80 viandas por noche. “Este es un barrio de gente humilde, casi todos son cartoneros. Está complejo todo. Y el consumo está instalado, como en todos lados. El tema de la droga y el del alcohol. Nosotros tratamos de acompañar a los chicos y de contener, desde nuestro lugar, hasta donde podemos. Ahora viene más gente que antes, no damos abasto”, cuenta. El municipio les lleva la mercadería y María Rosa la convierte en raciones para 190 personas. El comedor tiene ya 20 años. Cinco más que M, a quien la mujer sonriente sigue interrogando. 

–Contanos qué hacés en el día. ¿Vos te levantás y qué hacés? 

–Estoy mirando videos. Nada, estoy ahí, en casa. Al pedo. 

–¿Te gustaría ir a algún taller? Nosotros tenemos talleres. Una vez por semana  podrías ir dos horas a conocer ahí a mamás embarazadas del barrio, comer algo rico, escuchar otras historias. Te van a decir que sos valiosa, todo lo que podes aprender, hacer pulseritas .¿Te gustaría? 

La mujer que habla es María Emilia Carman, “Emi” para las nueve personas que la acompañan en su trabajo. Es la coordinadora del programa municipal llamado El Camino de la embarazada. Emi tiene un aire a la mujer que en 2018 militaba contra la ley de aborto repartiendo bebitos de plástico y, como ella, sonríe mucho, todo el tiempo. Su alegría parecería ser contagiosa; por algo todas las chicas que la acompañan sonríen igual. Del cuello de Emilia cuelga un medallón de San Benito y de su boca, muchísimas preguntas. Quiere saberlo todo de M: qué hace, qué no hace, con quiénes vive. A qué hora se duerme y se despierta. Si tiene abuela, tíos, mamá. Y qué come, sobre todo eso: qué come. 

–¿Estás yendo a la escuela, vos?

–Sí, pero no me querían. Como tengo casi como seis meses de panza... no te quieren de cinco para arriba

–¿Vos este año habías empezado el cole?

–Si, pero me mandan tarea a casa. No quieren que vaya por si me agarra… algo. 

El temor de los docentes se explica con sólo mirar a M: tiene los ojitos apagados, la piel amarillenta  y una flacura que la ropa holgada no consigue disimular. Tiene también, bajo la silla, una bolsa con turrones, alfajores, una banana y una mandarina que le acaban de dar “las chicas”, como ella les dice a las operadoras del programa. Pero Emi ya tiene, para cada problema, una solución. Le cuenta de los talleres que da el municipio, del programa Envión de apoyo escolar. Es apabullante. Y nunca, nunca se detiene.

–Escuchá: ¿a qué hora te acostás de noche?

–A las doce.

– ¿Y te levantas y desayunas?

–Sí, a veces. A veces me levanto y no queda nada. Son una banda los hijos de mi tía. 

–¿Y almuerzo?

–A veces hacen a la noche nomás de comer.  

–Pero si vos vas al Envión, ahí vas a tener para desayunar. Para desayunar y para almorzar, o sea que tenés cubierto para tu bebé, eso es re importante. Vos lo que tenés que buscar es un lugar donde puedas dedicarte tiempo a vos, donde puedas comer bien, donde te sientas cómoda. 

Pero lo más importante de todo, aclara, es que M esté en contacto con Maricruz, su acompañante perinatal, una chica morocha y seria que anota todo. Es ella, de hecho, la que sabe cuántas semanas faltan para el parto de M y hasta quien contesta cuando pregunto de cuántos meses está. Con esa chica, explica Emilia, M debe estar en contacto sí o sí. 

–Cualquier cosa, vos sabés que la tenés a Maricruz. ¿Vos le escribis a Mari? 

–Sí, sí.

–¿Le mandas mensajitos?

–Cambié el número 

–Pero ahora podemos tomarlo. Mira, acá Maricruz estaba en contacto con tu mamá porque vos no tenías celular. ¿Sí? Pero ahora ya tenés celular y, ¿Sos mamá o  no sos mamá? Sos mamá. Porque si tenés a tu bebé en la panza, ya sos mamá. Entonces, Maricruz puede empezar a comunicarse directamente con vos para decirte qué tenes que hacer. Vos le podes escribir, le podes decir “Mari, tengo tal turno”, o “Me fue bien”. ¿Entendés? Estas cosas que son de las mamás. 

M, 15 años, asiente. 

Mamá corazón

El Camino de la embarazada es un programa local nacido en 2016 como la respuesta del municipio a una realidad bien concreta: la mayoría de las gestantes, sobre todo en los barrios populares, llegaban a la sala de parto casi sin controles de salud. Funciona desde hace nueve años y operó aun en pandemia, cuando una camioneta con altavoces recorría los barrios instando al vecindario a avisar sobre la existencia de embarazadas en la cuadra. “Buscamos, detectamos y acompañamos a mujeres que por algún motivo no controlan su embarazo. Gracias a este programa tuvimos mortalidad materna 0 en 2020”, twitteaba desde su cuenta personal Pablo De la Torre, por entonces funcionario de Salud en San Miguel. Pocos años después, con la llegada al poder de Javier Milei y de la mano de la ministra Sandra Pettovello, De la Torre saltó al nivel nacional: quedó al frente de la Secretaría Nacional de Infancia, Adolescencia y Niñez (SENAF), de la que sería excluido a principios de 2024 en medio del escándalo por la distribución de alimentos a los comedores populares.

Declarado el 10 de mayo de 2018 como “municipio pro vida” por su Concejo Deliberante, San Miguel es – junto a Capitán Sarmiento– uno de los dos últimos municipios que aparecen en rojo en el mapa de acceso al aborto legal en l provincia de Buenos Aires. Esto es, uno de los territorios en donde el derecho a interrumpir un embarazo, amparado por una ley nacional promulgada hace cuatro años (la 27.610, de Interrupción Voluntaria del Embarazo) no se cumple y fuerza a niñas y mujeres a dos situaciones igualmente violentas; viajar para abortar o resignarse a gestar contra su voluntad, como en El cuento de la criada. 

Por algo en la presentación oficial de El camino de la embarazada, hace ya nueve años, se hablaba de un “acompañamiento cálido y cercano”. Con el tiempo, tanto la terminología como la retórica fueron mutando. Hoy el verbo utilizado es “detectar”, al tiempo que se hacen “operativos” y “rastrillajes” en busca de gestantes. Estos últimos consisten en recorrer un determinado barrio casa por casa, consultando si hay en la familia –o si se conoce– a alguna embarazada. Este rastrillaje se hace el día anterior a la llegada del operativo, como para ir sobre datos seguros y actualizados. “Lo que estamos haciendo hoy se llama operativo. Lo hacemos martes y jueves, en distintos lugares. Emi se encarga de hacer una logística y de ver qué barrio elegimos”, explica con una sonrisa enorme Dolores, una chica que se presenta como “acompañante perinatal. Nosotros acompañamos, sacamos turnos… Es como una asistencia medio psicológica también porque hablamos las 24 horas del día con las mamás. Las tenemos por el celular entonces hablamos todo el tiempo. A veces se sienten mal, hay veces que están tristes, entonces capaz necesitan que alguien las escuche. También hay muchas mamás criando en soledad. Siento que está muy bueno el programa porque nosotras las acompañamos un montón. Hay veces que te llaman a cualquier hora. Capaz son primerizas y tienen miedo. Entonces te llaman por cosas que las asustan pero son parte del embarazo”, explica. 

–¿Vos sos mamá?

–No. Tengo 21.

–¿Sos psicóloga?

–No,  estoy estudiando Obstetricia. Entonces, más o menos entiendo todo. Acompañamos a las mamás en todo eso que es más psicológico capaz. Que es lo más importante, creo yo, porque hay muchas madres adolescentes también. Yo tengo una mamá de catorce años que acompaño. Otra de quince…Y bueno, ellas necesitan más que nada del acompañamiento –dice. Y sonríe. 

Los operativos se realizan por la mañana –de 9.30 a 12.30– en todos los barrios del partido pero con especial énfasis en las barriadas populares como Barrio Obligado, Barrio Mitre o Santa Brígida. Esos días, en esos horarios, un móvil identificado con el logotipo de la municipalidad se estaciona en algún punto concurrido del vecindario y las embarazadas se acercan a hacerse controles y ecografías. En el interior del móvil hay un ecografista y una obstetra. Llega con él una bandada de chicas sonrientes, muy jóvenes todas, que bajan con bolsas, conservadoras, cajas con frutas, papeles. Como el trineo de Papá Noel, sólo que sin renos. Son, como Dolores, las denominadas “acompañantes perinatales”.  “Las que tienen delantal son las chicas de la UCA. Está buenísimo que vengan porque nos dan una mano. Les toman la presión a las embarazadas y a veces les dan charlas también para concientizar porque hay muchas en consumo. O vienen de seis meses a hacerse el primer control. Eso es una locura”, cuenta Dolores.

El sueño de poder elegir

Según el informe de gestión 2024, se asistió a 560 embarazadas durante esas visitas y realizó 294 ecografías. El ingreso al programa se basa en una serie de criterios, tanto sociales como sanitarios. Un criterio social es “ingreso por debajo de la canasta básica”, otro es “situación habitacional crítica” y otro es “madre criando en soledad”. Hay más. Un criterio sanitario es la ausencia de controles. Otro, la “falta de aceptación del embarazo”. Se consigna, de hecho, que 1 de cada 4 embarazadas acompañadas por el programa no quiere estarlo, más de la mitad (65%) no llega a cubrir la canasta básica y 1 de cada 4 tiene antecedentes de consumo. En 2024 hubo 78 operativos. 

El Diario AR participó –entre abril y mayo de este año– de tres de esos operativos. Uno tuvo  lugar en un centro de salud, otro en un comedor dependiente de la municipalidad y el tercero fue en la plaza central de San Miguel, frente a la iglesia y de espaldas a la estatua de Sarmiento que, desde la altura, parece retar a todos los que pasan. A metros de ahí, en diagonal, otro busto –el del “Che” Guevara– fue perdiendo la cara de ataque en ataque, de martillazo en martillazo. Hoy, si no fuera por la placa al pie, sería difícil reconocerlo. Y no por casualidad. San Miguel, municipio alguna vez bautizado como “el Tucumán del conurbano”, es un territorio marcado por la presencia eclesiástica y militar: el Colegio Máximo de los jesuitas, por un lado,  y Campo de Mayo, por el otro, son los dos ejes entre los que queda encerrado todo lo demás. 

“Nosotros trabajamos con UNICEF en San Miguel y hace muchos años, cuando llegó De la Torre al municipio, nos echó. Echó a UNICEF porque ya estaba en contra de todo lo que tuviera que ver con la igualdad de las niñas, con la protección que tenían que tener las niñas y menos que menos en relación a la educación sexual integral”, afirma la doctora Mabel Bianco, directora de FEIM. “Lo único que va a hacer es apoyar a las embarazadas, hacer un seguimiento de ellas para que (si alguna quiere interrumpir ese embarazo) sea rápidamente ubicada y disuadida. Lo único que quiere es que lleguen al nacimiento. San Miguel es un municipio que está alambrado, no deja entrar a nadie. Es uno de los municipios con peores indicadores en cuanto a salud de mujeres y niñas.  Es terrible y lo peor es que querían llevar a Nación todas esas barbaridades que planteaban”, dispara. 

En la misma línea habla una ex trabajadora de la salud que pide reservar su nombre por cuestiones de seguridad y que se desempeñó por años en el centro de salud del Barrio Obligado. Desde esa experiencia, explica que “el gobierno sanmiguelino está, desde siempre, copado por el Opus Dei. Desde esa perspectiva, el derecho no está ni siquiera en el discurso. La palabra ”derecho“ no existe. No existe”, insiste. Y agrega que “lo que sí hay es la perspectiva religiosa y por eso la anticoncepción no está bien vista. Se vencían los anticonceptivos en atención primaria de la salud. Lo que pasa es que para que funcione el programa de salud sexual y reproductiva vos tenés que ir a ofrecerlo, no esperar que vengan. Y eso no sucede. Recuerdo una anécdota tremenda: cae una piba con un bebito y con el que sería su compañero. Y con una vocecita muy finita, dice que viene a buscar un anticonceptivo. Entonces la administrativa comenzó: ”¿Y cuál es tu apellido?“, ”Pero, ¿cuál es la pastilla que tomás?“. ”Bueno, tenés que venir cuando venga la médica porque yo acá no encuentro cuál es la que tomás“. Y la piba, con todo lo que le había costado ir a buscar esa pastilla, pegó media vuelta y se fue. ¿Cómo quieren después que no se embaracen?”

A es una chica desconfiada. Es martes, estamos en pleno operativo y esta cronista intenta –en vano– charlar con alguna embarazada. Sistemáticamente, es acercarse a alguna y que aparezca alguien del programa a llevársela rápidamente a algún otro lado. Pregunto si podré conversar con alguien. “Podes hablar siempre que no sean menores”, advierte una acompañante perinatal. Notable: contra lo que dice la Organización Mundial de la Salud (OMS), para la que la mortalidad materna es una de las tres principales causas de muerte entre las adolescentes de entre 15 y 19 años, en San Miguel las menores pueden gestar y parir sin problemas. Hablar, no. Por suerte, A no es menor de edad y espera, en una sala del centro, pasar al consultorio de la obstetra. Está embarazada “de muy poquito: nueve semanas” pero ya está siendo “acompañada” por el programa. Es madre de la nena que revolotea a su alrededor chupando la mandarina que acaban de regalarle. A. me muestra sus pequeños trofeos, en una bolsa: “Me dieron un turrón, galletitas y hasta un huevito de Pascua”, dice. Cuenta que además tiene otro hijo, un nene de siete. “Lo tuve a los 15, no disfruté nada. Me junté muy chica, me embaracé muy chica”. Perdió a su mamá a los seis años y a su papá poco tiempo después. La criaron entre una abuela y un tío. No pudo terminar el colegio. Con el padre de sus nenes estuvo un tiempo; hoy vive con ellos y no tiene trabajo. La historia es calcada de otras mujeres de este programa: empobrecidas, sin grandes recursos educativos, sin trabajo y con pocos o ningún referente afectivo. A la intemperie. 

Se las arregla, cuenta A, con “la asignación, pero con dos chicos y otro más en camino, no alcanza para nada. Yo recomiendo mucho El Camino de la embarazada porque te ayudan mucho con los turnos”, dice, como de memoria. Le pregunto entonces qué le gustaría para sus hijos. Me mira, seria. “Todavía son chicos, pero lo que ellos quieran va a estar bien. Eso me gustaría: que puedan elegir”. 

Con las mejores intenciones  

Jueves radiante en el centro de San Miguel. Hoy el operativo sucede en la plaza y coincide, me cuentan, con el Día Internacional de la familia. Hay mucha gente y muchas fotos. El equipo entero posa con una bandera que reza “Cuidar la familia es cuidar la Patria” y conversar con alguna embarazada se vuelve cada vez más difícil. Hasta que una chica muy jovencita y con cara de susto acepta la charla. Tiene entre sus manos la carpeta celeste y rosa con la que se recibe a cada nueva embarazada. En la tapa, la silueta de una mujer sosteniendo su propio vientre, el sello de la municipalidad y unos renglones vacíos como para completar: “Esta carpeta pertenece a…”. Pero la ilusión duró sólo un instante: en tres minutos aparece una acompañante perinatal rubia y de pelo largo a explicarme que no. “Ella no quiere hablar. Lo que pasa que es tímida. Te dijo que sí, pero no. Así que no”, anuncia, y sonríe. Busco entonces a otra embarazada y de nuevo lo mismo, sólo que con otro pretexto. “Esta chica no, es muy rebelde. Yo te voy a buscar con tiempo una con la que puedas hablar, una que conozca bien cómo es el programa”, se acerca entonces a explicar Emilia. Esta periodista se impacienta: “Vine a buscar voces y datos. Pero quizá éste sea el dato: que no pueden hablar”, digo. Por primera vez, Emilia deja de sonreír y se pone seria. Hay una tormenta armándose ahí, a la altura de su frente, pero termina bien: veo a una señora grandota sentada en la plaza junto a su hija, le propongo la nota a ella directamente y acepta. Hasta hace un rato, las dos lloraban por turnos: un poco la chica, otro poco la mamá, sentadas las dos frente a Emilia y a dos acompañantes de “Camino”, como le dicen todos. Se secaban las lágrimas con las palmas de las manos. Ahora, me cuenta la mujer, ya están mejor. Más tranquilas. “Y todo gracias a las chicas, porque me consiguieron todos los turnos. Pasa que ella se quedó embarazada y tiene muchos problemas. De adicción y ahora le detectaron que tiene un problema neurológico. Tengo mucho apoyo, mucha contención. Porque ellas me están ayudando en todo. ¡No sabés todo lo que anduve para conseguir un turno para el neurólogo, para el psiquiatra! Y hoy me lo consiguieron. Me voy aliviada porque ella tiene todos los turnos”. “Ella” es B, la menor de sus siete hijos. Una chica jovencita con un buzo de capucha negra que se baja constantemente hasta taparse casi toda la cara. Desde ahí asoma cada tanto, curiosa. Y sonríe. 

“¿Por qué no te dejan hablar con la gente?”, pregunta la señora apenas las funcionarias del programa se alejan un poco. Le digo la verdad: que no sé. “A mí me hace re bien hablar, me alivia. Ella está de cuatro meses. No quería venir pero anoche eran las 11, 12 de la noche y la pobre P estaba llamando, ”Que mañana B no se olvide el turno, B, veni que te voy a esperar“. Hoy, de nuevo: ”B, por favor hoy vení, que te estoy esperando“. B no quería venir pero ella la acompaña, la convenció para venir” cuenta, contenta. P es la acompañante perinatal de B, la chica que –hasta el día del parto– no debe perderle el rastro ni a sol ni a sombra.

Además de turnos y compañía, “las chicas” están ayudado a la señora (que tiene otra hija con discapacidad) a obtener el Certificado Único de Discapacidad (CUD) también para B. “Eso la va a ayudar muchísimo”, se entusiasma la madre. “Y si hablo con la psiquiatra voy a pedir que le hagan una ligadura de trompas porque no vaya a ser que un día se me escapa y vuelve a quedar embarazada. No puede. Porque si no está apta para criar un bebé, si no está apta para tener un bebé, ligale las trompas porque no va a estar apta nunca para tener un bebé”, razona en voz alta. Le cuento que, por ley, su hija podría acceder a una interrupción pero ni lo considera. “Yo soy anti aborto. Ella dijo que no quería tener. Pero en este caso el psiquiatra dijo que ella no puede tomar ninguna decisión. Igual ya ahora no se puede interrumpir el embarazo. Está muy avanzado. Crié siete, voy a criar una nieta más. Es así: caerse, levantarse y seguir. Hoy estaba en un pozo porque andaba buscando los turnos para el psiquiatra porque ya no sé qué hacer. ¡Y ahora me consiguieron el turno!”, celebra. B sonríe. Le pregunto entonces a la chica qué le gusta hacer. Asoma un ojo desde la capucha. “Estar acostada. Durmiendo. A veces estoy con el celular, mirando Tik Tok. Miro la tele y a veces tomo mate con mi papá o con ella. Tengo dos perros y dos gatos. Y una gata.  Los perros la corren por todos lados, ¡y ella se escapa!”,  dice. Y se ríe. 

Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de Derechos Reproductivos, Salud y Justicia en las Américas.

DTC

Rocío tiene claro que quiere ser mamá. Por eso, hace dos años, cuando cumplió 34 y ya no podía evadir el tic tac del reloj biológico sonando de fondo, congeló sus óvulos. Mateo, su pareja, le había dicho varias veces que “no estaba preparado” para ser padre. Ella esperó 5 años que llegara el momento epifánico de la preparación, que un día se despetaran en el dos ambientes en el que convivían en Belgrano y le dijera: “¡Estoy listo!”. El fin de semana pasado se separaron. 

Cada vez que el derrumbe de la tasa de la natalidad entra en la conversación pública como un dardo lanzado, en general, por quienes se oponen a que la autonomía sexual de las mujeres, las responsabilidades del fenómeno apuntan a ellas y a las políticas de derechos sexuales y (no) reproductivos que permitieron planear y elegir cuándo, cómo y con quién ser madres. En X muchas mujeres jóvenes sin hijos se hicieron eco de la interpelación y contaron historias como las de Rocío.

Ahora que ellas pueden decidir que sí, parece que no encuentran cómplices para la misión de una maternidad deseada. Parece que no alcanza con enunciar “mi cuerpo, mi decisión”, en la era de “tus dólares, tu decisión”.  “Este año salí con tres chabones, dos me ghostearon y a otro lo dejé de ver porque no había escuchado hablar nunca ni de Bad Bunny ni de Karl Marx, ¿con quién chota quieren que seamos madres?, ironizó @merdgie en X. La usuaria @flortundis escribió algo en la misma línea: ”Con quienes vamos a tener hijos si los tipos tienen 40, entradas y siguen diciendo que no quieren nada serio o ghostean por no tener la madurez emocional de decirte no va más. Sean serios“. 

Además de la transición demográfica que muestra ese derrumbe como una realidad global sostenida hace 70 años, si habitamos una época de desencuentro heterosexual y recesión sexual, ¿no suena lógico que existan dificultades para la reproducción y no sean únicamente biológicas?  

Esta vez, esta semana, fue el propio presidente, Javier Milei, un hombre soltero y adulto que a los 54 años no ha tenido hijos, quien habló en tono catastrófico sobre la baja de la tasa de natalidad. Para él, es un problema que reduce el mercado y frena la división social del trabajo, y consideró que este descenso se debía al “globalismo” de la “Agenda 2030”, a la que considera promotora del aborto. En Argentina, según las cifras del Ministerio de Salud de la Nación, la natalidad empieza su desplome a partir de 2014. El aborto es legal recién en 2020. Es cierto: la cantidad de nacimientos cayó 35% en la última década. El 90% de esa caída se produjo antes de la interrupción voluntaria del embarazo. Los datos desmienten, otra vez, al mandatario libertario. Sin embargo, algo del contexto y la época es necesario poner en conversación para entender el fenómeno. 

Los motivos del descenso de la fecundidad son diversos y personales. El factor económico y las cuestiones materiales (en marzo, en este país, se necesitó $410.524 para criar a un bebé menor de 1 año y $515.984 para niños, niñas y adolescentes de 6 a 12 años. Mientras que el salario mínimo es de $308.000) plantean una maternidad/paternidad realista y efectiva. Pero también el simple hecho que hoy la no reproducción es una opción que quizás era impensada para las generaciones anteriores. 

Hace poco a la actriz Fernanda Mitelli le preguntaron en una entrevista en Revista Caras: “¿Por qué estás tan convencida de no tener?”. Es un interrogante que suele aparecer en las entrevistas a las artistas, escritoras y mujeres con voz pública pero que muy pocas veces se les hace a los varones. “Porque no encuentro un para qué, si estoy espléndida así, si estoy bien. Me encanta mi vida así cómo está”, contestó ella con simpleza genuina. 

¿Y ellos?

En octubre de 2024 la revista Social Psychological and Personality Science publicó un estudio en donde entrevistaron a casi 6.000 personas adultas para que evaluaran qué tan satisfechas se sentían con su vida en general, y en particular con su vida sexoafectiva. La investigación mostró que las más felices, saludables y satisfechas sexualmente eran las mujeres solteras y sin hijos, y que los más felices de entre los hombres eran los casados. El estudio también mostró que los más insatisfechos eran los hombres jóvenes y solteros. 

La periodista y escritora colombiana Catalina Ruiz-Navarro cita esta investigación en su libro Deseada. Maternidad feminista, publicado el año pasado. Ella dice: “El costo que tienen que asumir las madres es altísimo. Son costos físicos, de salud mental, a su vida profesional. Y me parece natural que las mujeres no estén dispuestas a asumirlos. Me llama mucho la atención que cada vez que se tiene esta discusión la culpa siempre es del feminismo, de los derechos sexuales y reproductivos. El mensaje es: ¡mujeres tienen que tener hijos para salvar la economía o la raza humana! Nadie les está diciendo a los varones que necesitan ser buenos padres, padres presentes para salvar a la economía o a la raza humana”.   

Sobre las maternidades y no maternidades hay una extensa bibliografía y filmografía. Conocemos los motivos y el derrotero de las madres y las derivas de quienes no quieren serlo por la industria cultural. ¿Y ellos? Es paradojal que el propio Presidente, que no se reprodujo hasta el momento, sea quien reclame que el resto lo hagamos. El varón que representa Milei tiene mucho de la masculinidad epocal. 

El Instituto de Masculinidades y Cambio Social es una de los pocos espacios que viene estudiando estas subjetividades contemporáneas emergentes en la que confluyen el capitalismo financiero y la digitalidad. Nicolás Pontacuarto, uno de los integrantes del Instituto, dice: “Si bien hay una retórica en el discurso libertario de ‘repoblar el mundo’ y regresar a una masculinidad socialmente más tradicional, el modelo de varón que proponen es uno que tiene más afecto por el dinero que por las personas. Algunos vendecursos muestran en redes a ‘sus novias’ pero más como ‘mirá lo que logré con el estilo de vida que llevo’ que valorando la afectividad o planificando ‘futuros’ con esa persona. Es decir, Rolex, Lamborghini, novia. Es parte de su fetichismo por los objetos y cosificación, no valoración en un sentido humano. Al menos cómo lo muestran en redes”.

“Para los vendecursos y los criptobros, expresiones más acabadas de la subjetividad masculina de la época mileista, el otro es una pérdida de tiempo –sigue Pontacuarto–. Es decir, su relación con el otro siempre está mediada por un interés económico: pueden ser sus alumnos o bien obstáculos para el cumplimiento de esos intereses. Aparece esta idea de denostar el ocio porque es un tiempo improductivo. Si hay familia o amigos que no ‘suman al cumplimiento de los objetivos’ es tarea del mentor, el vendecurso, orientar a su alumno para que deje atrás a esas personas que no le suman”.

La socióloga Sol Prieto lanzó la pregunta en X, “como un ejercicio de ideación, no para contrastar hipótesis sistemáticamente”: “Para la gente que no tiene hijos al momento de leer esto ¿Cuántos años tenés? ¿por qué no tenés hijos ahora?”. Al cierre de la nota el tuit tenía 8.000 respuestas, lo cual ya representa, según la investigadora “un corpus”. Ella todavía no había procesado toda la información, pero consultada para este artículo sobre las diferencias en las respuestas según el género, dijo: “Hay varones que dicen 'No tengo novia', 'No tengo con quién', 'No tengo mucho sexo' como argumento. Ellas van más por el lado del no deseo, la inestabilidad de ingresos y sobre todo de vivienda y, algo que sí me sorprendió, es el tema de la salud mental: 'Tengo TDAH” 'Tengo depresión', 'Tengo trastorno bipolar', 'Estoy medicada' e incluso 'Todavía no encuentro la medicación para estar bien'“. 

Después de la revolución 

Las formas de amar y vincularnos que conocían las mujeres y los varones que nos antecedieron cambiaron, pero no tanto. Están todavía moviéndose y acomodándose como placas tectónicas. 

Este año se cumple una década de Ni Una Menos y un lustro del reconocimiento estatal como ciudadanas del derecho a decir que no a un embarazo que no se desea. En la última década, en Argentina, hemos estado teniendo una conversación –por momentos hablando todas y todos al mismo tiempo– sobre los riesgos de género, con una linterna apuntando especialmente a las parejas heterosexuales y los hogares. Las cadenas de violencias que despliega el machismo que pueden ser letales y las desigualdades cotidianas en los cuidados y la crianza que quitan tiempo de ocio y calidad de vida. Hubo oleadas de denuncias masivas por acoso y abuso sexual. Demasiados agresores, abusadores y violadores fueron destapados de la sábana de impunidad que los cubría. ¿Cómo entregarse a lo incierto con la conciencia del riesgo constante? ¿De qué manera amar bajo sospecha? ¿Cómo tramitar el desencanto y seguir apostando a los vínculos heterosexuales? 

Hace poco leyendo una columna Catalina Ruiz Navarro en la revista que ella fundó, Volcánicas, descubrí el término “heteropesimismo”. Lo nombró así por primera vez Asa Seresin en un ensayo que publicó, en 2019, en la revista The New Inquiry. El “heteropesimismo” se define como “una desafiliación performativa de la heterosexualidad, usualmente expresada como arrepentimiento, vergüenza o desesperanza frente a la experiencia heterosexual”. Y agrega “que estas desafiliaciones sean performativas no significa que no sean sinceras, más bien es que rara vez van acompañadas de un abandono real de la heterosexualidad”.

La conversación digital da cuenta que son muchas las que todavía no abandonan la heterosexualidad porque el deseo no es un vestido que una se pueda poner y sacar. Las que insisten se preguntan: “¿con quién quieren que tengamos hijos?”. Los varones, ¿qué preguntas se están haciendo?  La maternidad deseada parece una misión complicada entre la insistencia y el heteropesimismo.

MFA/DTC

Una mesita en la vereda. Un grupo de mujeres que junta firmas para que se legalice el aborto.  Están frente al Congreso de la Nación, en la ciudad de Buenos Aires; pero también en Córdoba en la Plaza San Martín; en Rosario, frente al Monumento a la Bandera; en Mendoza, en La Plata y en cada vez más provincias y ciudades de todo el país. Están en plena campaña. Acaban de parir una organización que luchará y conseguirá la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, conseguirá importantes avances en derechos sexuales y reproductivos, hasta nuestros días. Corre el año 2005 y ha nacido la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. 

A punto de cumplirse veinte años de su lanzamiento, protagonistas de aquellos días -y que hoy continúan en las luchas feministas- comparten diferentes impresiones y una convicción común que sigue vigente. Una de las pioneras es la médica y psicoanalista feminista Martha Rosenberg. Para ella “la Campaña encarnó la voluntad de reunir de manera democrática, federal, participativa y plural todos los movimientos que nos precedieron”. Cita un hito previo: el Encuentro Nacional de Mujeres de 2003, en Rosario. “Allí tuvo lugar una gran asamblea feminista organizada por Dora (Coledesky) y otras compañeras, que venían trabajando juntas en las asambleas populares que nacieron al calor de las luchas del 2001”, recuerda. Esa construcción derivó en una plenaria que se hizo en Córdoba el 14 de mayo de 2005. “Ahí se dio una operación de confluencia, una constitución orgánica  -con todo lo orgánica que pudo ser la Campaña-, que discutió sus objetivos y sus lemas”. Dos semanas después se fijó la fecha oficial de nacimiento. 

Ni (tan) feministas ni (tan) a favor

Otra de la pioneras, la abogada laboralista Nina Brugo, sonríe acordándose de una anécdota del año 2003, con Dora Coledesky: “Estábamos  en el Encuentro de Rosario, en la fila para entrar al comedor, y se me acerca Dora -a quien yo no conocía- para pedirme que firme por el derecho al aborto. ‘De ninguna manera’, le contesté. Dije: ‘No tengo problema con las mujeres que abortan, siempre las voy a acompañar, pero es un asunto individual, privado’”. Ese mismo día Brugo participó de una asamblea inmensa en el salón de actos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario. La actividad no sólo la emocionó, la convenció. Buscó a Dora y le dijo “vení, dónde hay que firmar”. Después se puso el pañuelo verde y ya no se lo sacó nunca más.

Una de las comisiones de trabajo en los Encuentros de Mujeres estaba dedicada a debatir “anticoncepción y aborto” y no había un pronunciamiento explícito a favor de la legalización. Pero cuando la preocupación creció y las compañeras que venían trabajando el tema propusieron una comisión exclusiva para debatir sobre aborto, quienes estaban en contra se presentaban y obstaculizaban el debate. Con argumentos conservadores, morales o religiosos, intentaban obstruir los acuerdos y devolver el problema, una preocupación concreta de las mujeres, al silencio o al susurro clandestino.

Pero la militancia y la creatividad feminista cambiaron la estrategia: “Llevamos a Rosario la propuesta de una comisión de Estrategias para el derecho al aborto. De este modo, allí nos reunimos todas las que queríamos el derecho y lo que se discutió no fue ‘aborto sí/aborto no’ sino cómo nos organizábamos para conseguir el derecho a decidir”, recuerda Martha Rosenmberg. Algo así como “si no estás de acuerdo, esta no es tu comisión”, agregan otras.

En la marcha final, la movilización que cierra todos los Encuentros, más de 10.000 mujeres marcharon cantando y portando carteles a favor del aborto. Y allí apareció por primera vez el famoso pañuelo verde. La fundadora de Católicas por el Derecho a Decidir Marta Alanís trajo una bolsa con unos cientos y los repartieron. Jamás pensaron que estaba naciendo un símbolo mundial. 

Dice Marta Rosenberg: “La lucha por el derecho al aborto fue una lucha contra el silencio”. No se publicaba nada, recuerda, y si la palabra “aborto” aparecía era únicamente para criminalizar.  Entre las que trabajaron por hacer público el tema se destaca la periodista Mariana Carbajal. “Convertimos el aborto en un tema sobre el que había que informar, haciéndonos eco del activismo mucho antes de que la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto se conformara como colectivo político transversal y transformador”, escribió Mariana en un reconto de Página 12 donde comenzó a publicar sobre la temática desde 1991. 

No nació de un repollo

En el año 2005, tras los debates y acuerdos en los Encuentros Nacionales, unas 70 mujeres se reunieron en Córdoba para dar a luz a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. “Esa que se toca la nariz soy yo” dice Alejandra Domínguez, referente histórica de la Campaña, frente a una foto descolorida de la plenaria que se hizo en Córdoba. Recuerda ese 14 de mayo frío y húmedo en el local de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado Córdoba) de la calle Entre Ríos: “Había mujeres que venían de distintos lugares del país y de diferentes trayectorias y organizaciones de la sociedad civil. Ese día definieron el nombre completo de la Campaña Nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, el lema: Educación sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar, Aborto legal para no morir. 

También la fecha oficial del lanzamiento. Alejandra insiste en que la historia empezó antes: cita encuentros, asambleas, viajes. “Me parece importante describir el proceso, porque las construcciones colectivas claramente son procesos. Y no lo digo como un discurrir teórico, es una precisión, porque fuimos decidiendo entre todas, con avances y con retrocesos, acuerdos y desacuerdos, con errores y aciertos”, marca la flamante decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Y se le quiebra la voz. 

La fecha elegida para el lanzamiento oficial de la Campaña Nacional por el Aborto legal, seguro y gratuito fue el 28 de mayo de 2005, de tal manera de hacerla coincidir con el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, instituido mucho tiempo atrás.

Ahí comenzó una nueva etapa de trabajo: “Nosotras llevábamos las mesitas y las planillas a la calle y nos poníamos en la Legislatura, en la Plaza San Martín, en distintas esquinas de la ciudad. Íbamos los jueves, los viernes, en algunas fechas claves de las efemérides feministas y así juntamos firmas por un año”, recuerda Alejandra Domínguez. “Era re difícil en ese momento: muchas personas nos trataban mal, otras pasaban en silencio y algunas firmaban. Poco a poco fuimos rompiendo ese silencio y festejamos cada firma como un triunfo”. Era un trabajo duro pero que se disfrutaba. “Decíamos estamos en campaña hasta que lo logremos; pueden ser años y de hecho fue más largo de lo que pensábamos, pero lo logramos”, manifiesta orgullosa.

Grandes acuerdos para grandes batallas

Estela Díaz, actual ministra de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires, también estuvo entre las primeras militantes que se sumaron a la Campaña. “Necesitábamos sacar el tema de la clandestinidad. Para legalizar el aborto había que dar el debate y construir masa crítica. Y eso requería transversalidad política y social, además de un debate federal”, recuerda.  

Marca como un gran acierto político haber comprendido que no iba a conseguirse con organizaciones pequeñas. Ella venía del sindicalismo, era secretaria de Igualdad de Género de la CTA (Central de Trabajadores de la Argentina), y sintió la responsabilidad de articular: “En diversos congresos de la CTA habíamos definido lo que en ese momento nombrábamos como la ‘despenalización’ del aborto y el acceso a la salud sexual y reproductiva, y desde esas definiciones se planteó la participación en la Campaña. Participamos de la recolección de firmas, de los primeros proyectos, y procuramos la inclusión de las organizaciones que integran la CTA, sindicatos y movimientos sociales”. No fue un proceso sencillo. 

“Ya como ministra pude verificar que hasta en las localidades más pequeñas de la provincia de Buenos Aires llegó la Campaña, el pañuelo verde, la movilización en las plazas, en los centros de estudiantes y se produjo ese enorme cambio social por el derecho a la autonomía y a la decisión y al mismo tiempo la responsabilidad de la sociedad para garantizar ese derecho”, concluye.

El palacio y la calle en el mismo sentido

La presentación en el Congreso de la Nación del primer proyecto de ley para la legalización del aborto fue en 2007 y la hizo una delegación de la Campaña. En la calle, las compañeras que vinieron de diferentes lugares del país protagonizaron una gran movilización, alegre y colorida. “Eran cientos de miles de firmas -recuerda Alejandra Domínguez- desde Córdoba salió un flete con cuatro cajas repletas de planillas firmadas”. 

Pronto aprenderían que también necesitaban ampliar las alianzas en el Congreso de los diputados, que no bastaba con el apoyo de dos o tres. Julia Martino, otra compañera histórica de la Campaña y actual presidenta de Incidencia Feminista, recuerda que un año después de haber presentado ese proyecto en forma particular se resolvió presentar uno nuevo, esta vez con firmas de diputados y diputadas. “Y lo pensamos con firmas de diferentes bloques, porque teníamos claro que había que sumar a todas las personas que estuvieran de acuerdo, de todas las fuerzas políticas”, recuerda. Así, un grupo de compañeras caminaron los pasillos del Congreso durante días; tomaron incontables cafés; hablaron durante horas; organizaron reuniones y por primera vez se logró presentar un proyecto con 21 firmas, en el 2008. Y así siguieron insistiendo hasta la octava vez, 10 años después de aquella primera presentación, pero esta vez con 72 firmas. Ese fue el proyecto que por primera vez logró su camino hasta el recinto en 2018. Y aunque fue rechazado en el Senado, el debate que suscitó fue clave en el consenso social que llevó finalmente a la aprobación en 2020. 

20 años ¿no es nada?

Marta Alanís, la fundadora de Católicas por el Derecho a Decidir y militante de la Campaña desde el inicio, tiene cierta renuencia a hablar del pasado. Con un tono amable y pausado, afirma que prefiere hablar del presente. “Tengo una profunda preocupación por los tiempos que corren; recuerdo con emoción y me enorgullezco de todas las compañeras y de todo lo que hicimos para lograr la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2020. Pero la actualidad urge”, explica.  Por eso está “cada vez más involucrada en la defensa del estado de derecho y en la defensa de nuestros derechos”. 

Dice que reivindica el trabajo de la Campaña más allá de la obtención de la ley. Pero ahora, piensa, “estamos en otra etapa”: “Apuesto todo a la construcción de un frente antifascista que le ponga fin a estas medidas antipopulares de este gobierno que odia, que reprime, que entrega”. De la Campaña se lleva la experiencia de que la salida no sólo es colectiva sino también organizada. 

GW / MA

Fernanda emerge desde una calle que parece hundida entre los árboles. Camina de la mano de su mamá. Se destaca con su ropa rosada y su sonrisa permanente. Cruza la calle. Las saludo a través de la ventana del bar de una estación de servicio donde acordamos encontrarnos. Es un día donde los 42° de temperatura se hacen sentir. Fernanda elije tomar helado, mientras su mamá Raquel me cuenta la historia que las tuvo como protagonistas en el año 2007, cuando en Argentina no había ley de aborto legal.

Fernanda de 37 años tiene una discapacidad intelectual. En sus primeros años de vida no caminaba. Raquel la crio junto a su prole de otras 10 hijas e hijos, en un barrio humilde, cercano a un basural, en una ciudad ubicada a 500 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires.

Cuando en 2007 Raquel hizo la denuncia judicial y fue al hospital a pedir que le hicieran un aborto a su hija que había sido abusada sexualmente le dijeron que sí, que volviera al otro día para concretar la práctica. Pero no, la realidad fue otra: aparecieron los objetores de conciencia, las dilaciones, las amenazas.

“Me corrieron por la calle y me gritaban cosas horribles”, recuerda Raquel, una mujer convencida de lo que hizo y lo que hace por esta hija, algo palpable en todo su relato, donde a veces le cuesta encontrar las palabras, pero cuando las encuentra, suenan potentes.

 “A la jueza le dije: yo voy a hacer todo lo que pueda por mi hija, todo. Yo no voy a parar, no me importa que me miren, porque hay que ser fuerte. Porque si no te pisan la cabeza. Mire, hay gente que esconde estas cosas. Hay nenas de 12 años abusadas embarazadas. Yo no me callo”.

A la jueza le dije: yo voy a hacer todo lo que pueda por mi hija, todo. Yo no voy a parar, no me importa que me miren, porque hay que ser fuerte. Porque si no te pisan la cabeza. Mire, hay gente que esconde estas cosas. Hay nenas de 12 años abusadas embarazadas. Yo no me callo

Raquel — Mamá de una mujer con discapacidad intelectual

“Me sacaban fotos sin permiso. En la justicia me agredían porque decían que yo había llamado a los periodistas. Yo no llamé a nadie”, dice. Sí, porque también fue un escarnio mediático para ella y su hija. Por eso, sellamos un compromiso de que en esta crónica no aparecen sus nombres reales ni la ciudad donde viven. 

Raquel no tenía dinero para ir en transporte cada día al juzgado, caminaba casi una hora de ida y una hora de vuelta desde y hacia su casa.

Mientras los días corrían, alguien llamó al progenitor para tratar de impedir el aborto: “Apareció de la nada. Nunca se hizo cargo de la hija, jamás. Yo lloraba sangre para pagar las cuentas. ¡Por favor! Si incluso siempre la negó. Fue increíble. Por supuesto, cuando vio que estaba todo muy feo, desapareció otra vez”, relata la mujer.

“Qué linda música”, dice de pronto Fernanda, e interrumpe amorosamente la charla, con su sonrisa contagiosa. Es que en el bar alguien armó una playlist alegre que invita a bailar.

¿Bailas?, pregunto. Ella se ríe, habla mucho, me cuesta interpretar sus palabras, pero se hace entender. Me cuenta: “Voy a la escuela, cocino, dibujo. Me enseñan a hacer las compras”.

“Es para que sea independiente”, agrega su mamá. Ellas se miran y ese cruce de miradas emociona. 

Retomo la entrevista: Raquel ¿Cómo lograste que finalmente le hicieran la intervención?

“Bueno, aparecen las chicas –se refiere a feministas que se acercaron para acompañarla– y ahí todo cambió. Me ayudaron. Consiguieron que se lo hicieran en otra ciudad”.

Sí, se activaron las redes feministas para acompañar a la mamá y a la hija. Redes que incluyeron a activistas, personal de salud, y hasta a funcionarios. Tuvieron que recorrer más de 700 kilómetros para acceder al derecho.

Raquel recuerda ese momento como “muy bueno, nos trataron muy bien. Se resolvió todo en una hora”.

Fernanda me dice que tenemos el mismo color de ropa, que es rosada y que es su color favorito. Ella pasó por internaciones, aprendió a caminar luego de muchos tratamientos, y aún tiene dificultades en el habla. Y sonríe, siempre sonríe.

Tu hija es una chica feliz, le digo a Raquel.

“Sí, si, ¿vió? Nos costó mucho, pero acá estamos. Yo hablo de todo con ella, le digo que nadie la puedo tocar sin su permiso, y en la escuela también le dicen. Va a la psicóloga. Somos muy compañeras, y con dos de sus hermanas fuimos a las marchas por el aborto. Fernanda tiene una remera verde por el aborto”, relata la mamá, mientras su hija afirma con la cabeza, y sonríe.

Estela y Clara

A Estela le hablaron de un Centro de Salud donde la podían ayudar con la situación de su hija Clara  de 17 años, con discapacidad intelectual y problemas físicos. Quería que Clara accediera a una interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Era el año 2022 en una Argentina con ley de aborto legal, la 27.610 que contempla la práctica hasta la semana 14 de gestación, y luego de ese periodo, si el embarazo es producto de una violación o ante el peligro de vida y de la salud de la persona gestante, manteniendo el derecho que ya existía en el Código Penal como interrupción legal del embarazo (ILE).

Ellas viven en una ciudad a orillas del río Uruguay, a 400 kilómetros de la capital argentina. En esa ciudad. El Concejo Deliberante comunal dictó una ordenanza que declara a la ciudad como “provida”.

“Llegó esa mamá que también tenía muchas dificultades a nivel cognitivo, a nivel económico, a nivel de acceso a derechos sociales”, comparte la psicóloga Agostina Pisacco Cal, que integra el equipo del Centro de Salud.

“La chica tenía problemas en la cadera, entonces esa mamá, con todas sus dificultades, entendía  que podía correr riesgo”, agrega.

En las primera consulta, la psicóloga usó un dominó “con caritas que hablaban de las emociones” para generar un vínculo con Clara. Luego se sumó la obstetra del equipo.

“Ella nos pudo referenciar que le dolía la panza, que le molestaba algo en la panza, y nos contó que se había escapado con un chico de 17 años. Era muy aniñada, y había ahí una asimetría de poder”, destaca la profesional.

¿Cómo se trabaja la autonomía para decidir en esta situación?, le pregunto a Agostina.

“Fue el tema candente –reconoce–, porque tenemos muy arraigado  infantilizar a las personas con discapacidad. Todas las personas somos autónomas y en todo caso esa autonomía se va construyendo y se va acompañando”.

“Yo no me sentía capaz de decidir sobre el cuerpo de alguien, y si estamos militando para que toda las personas tengamos capacidad para decidir sobre nuestros propios cuerpos, como psicóloga propuse poner una pausa adecuada a los tiempos –porque el tiempo corre y es fundamental en estos casos– y que escuchemos y que construyamos”, añade.

La psicóloga tuvo varias entrevistas con Clara, y siguió apelando a juegos: “Ella pudo manifestar que le dolía, que estaba incómoda, que estaba afectada emocionalmente y que no había idealización”.

Luego, en el examen médico, que fue difícil porque Clara nunca había pasado ni siquiera por una extracción de sangre,  se constató que la joven tenía problemas físicos, y la indagación del equipo llevó a un expediente donde se verificaron anteriores abusos sexuales.

La intervención se concretó. El equipo de salud comunicó la situación a la Justicia y entregó pruebas para que se investigue el abuso sexual.

“Clara salió del hospital y al día siguiente estaba jugando, porque ella seguía jugando a sus 17 años. Tuvimos consultas posteriores y no detecté efectos traumáticos. Se fue con un método anticonceptivo, un implante subdérmico. Hace poco la vi junto a su mamá en la calle, me saludaron. Clara estaba con su novio”, comparte la psicóloga.

Nadia

No se sabe mucho sobre la historia de Nadia. Ella tenía 15 años, no hablaba, iba a una escuela especial para personas con discapacidad. Tenía una discapacidad intelectual y el cuerpo de una niña.

Llegó al Centro de Salud donde trabaja la psicóloga Agostina Pisacco Cal en 2022.

“Fue una situación muy difícil. Tuvimos que estudiar, estudiar clínicamente. Tenemos protocolos, pero son el piso. Después está el caso singular, está la subjetividad. Estos casos que te sacuden y que sacuden los protocolos”, analiza la profesional.

La ley 27.610 de IVE/ILE establece que las personas con discapacidad pueden brindar su consentimiento informado requiriendo, en caso de que así lo deseen, la asistencia del sistema de apoyos. El sistema de salud debe adoptar medidas tendientes a facilitarles que puedan ejercer sus derechos de manera autónoma y recibir la atención sanitaria en los términos que les resulten más accesibles, aceptables y con la mejor calidad disponible. Además, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad está incorporada a la Constitución Nacional Argentina.

Nadia llegó con una referente afectiva, la situación “no era clara, nunca supimos quién era esa mujer, cuál era el trasfondo, pero nunca dudamos de que se trataba de un abuso sexual”, comenta la psicóloga.

“Jugamos a la cocinita, para generar confianza. Ese primer día ella se descompone, empieza a vomitar. Estaba muy descuidada, era una situación muy crítica. Volvimos al consultorio, seguimos jugando, empieza a dibujar algo que estaba conteniendo algo. En psicología le decimos contenido continente. Y después con las masas también metía y sacaba algo”, es el detalle que da la profesional sobre el camino que fue encontrando para comunicarse con la niña.

Luego, la situación se complejizó porque apareció una tía preocupada porque en la escuela le dijeron que si seguía yendo al Centro de Salud, la niña no podría volver a estudiar. También entró en escena una abuela enojada que intento golpear a las profesionales que dieron intervención a la Justicia para que investigue toda la situación.

Otra vez, el equipo debatió: “La autonomía progresiva es eso, progresiva, se construye. Está escrito, pero cuando tenemos el caso en concreto…Aparece esto del sistema de salud, de la heroína que quiere salvar. La verdad que no sé cuál es el bien. El bien es el que decida ella”, reflexiona la psicóloga.

Agostina insiste: “La que pone el cuerpo y se tiene que someter al procedimiento es ella. O sea, hay que hablar con ella, hay que construir su autonomía”.

Y eso hizo. Hubo varias entrevistas más con Nadia. Le presentó a la médica que le haría la práctica, le explicó cómo sería, ya que los exámenes médicos habían determinado que tenía un cuerpo infantil.

“Ella me agarró de la mano y me dijo: ‘Sí’”. Y ahí estuvo el consentimiento construido por la profesional y la niña.

Nadia siguió yendo a consultas, se le aplicó un implante subdérmico anticonceptivo. Su abusador fue identificado y está prófugo.

La persona antes que la discapacidad

Fernanda, Clara y Nadia  son mujeres que conviven con distintas discapacidades intelectuales, y esa condición hace que sea una de las situaciones más desafiantes cuando se cruza con el derecho al acceso al aborto.

Porque cuando se trata de discapacidades físicas hay apoyos específicos: lengua de señas para personas sordas o sistema braille para personas ciegas, por citar algunos ejemplos.

Pero hay otras barreras culturales e ideológicas que dificultan ejercer el derecho.

Hay una barrera ideológica en algunos profesionales de la salud, ya que frente a una mujer con discapacidad, se nota la impotencia de ver una mujer

María Alfonsina Angelino — Activista

“La discapacidad, para muchas personas funciona como una categoría totalizante”, aporta María Alfonsina Angelino, que se define como activista feminista en discapacidad, ha escrito libros al respecto,  es docente universitaria de Trabajo Social, y brinda una primera aproximación al problema general.

Y agrega que “hay una barrera ideológica en algunos profesionales de la salud, ya que frente a una mujer con discapacidad, se nota la impotencia de ver una mujer”.

Además, cuando se trata de personas con discapacidad “hay una sexualidad absolutamente reprimida o negada por el entorno, por la familia, sumado a una infantilización”,  una opinión que repetirán las profesionales consultadas para esta crónica.

Otro aporte de Angelino es la noción de intimidad, porque hay personas con discapacidad que necesitan de otras personas, como es el caso de quienes son sordas.

“Si hay algo que reconfigura el debate que se plantea en el campo de la sordera es la noción de intimidad, porque la persona necesita un sistema de apoyo, contar con un intérprete de lengua de señas en situaciones que tienen que ver con su  salud sexual y reproductiva. Y la intimidad está garantizada por la transmisión fidedigna de información”, resume la profesional.

Por su parte, la obstetra, epidemióloga y docente universitaria Yanina Miragaya explica que “generalmente” rige un modelo médico paternalista “que impone las decisiones sin considerar la voluntad de la persona” contrario al social establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que habla de autonomía y accesibilidad.

“También está el modelo de la prescindencia o de la exclusión que separa, que excluye a las personas con discapacidad reforzando obviamente los prejuicios que tienen que ver con la salud reproductiva. Se las ignora por completo”, añade.

En su práctica en el sistema público de salud se ha encontrado con distintas situaciones frente a un pedido de aborto, donde al indagar aparecía el abuso sexual en la familia, por ejemplo, o el otro extremo: una joven con síndrome de Down que había buscado un embarazo con su novio, pero su papá quería obligarla a una interrupción de embarazo.

En la práctica en el sistema público de salud conviven distintas situaciones desde el abuso sexual en la familia o una joven con síndrome de Down que había buscado un embarazo con su novio, pero su papá quería obligarla a una interrupción de embarazo

“Así se van adquiriendo herramientas y especificidades en función de la empatía que se pueda ir desarrollando o en función de los casos que llegan”, dice la obstetra.

Esa experiencia se potencia con la creación de Yakúo, un Centro de Salud Mental Integral y Comunitario especializado en Salud Sexual y Reproductiva con Centro de Día, una iniciativa que define como “inédita en América Latina. Damos acceso a control de embarazo, tenemos grupos de apoyo de crianza con dulas y acompañantes terapéuticos a aquellas personas con discapacidad  que decidan continuar con su embarazo. Y también acompañamos la interrupción voluntaria del embarazo cuando la persona lo solicita”.

El equipo está haciendo un registro para investigar cómo funciona el acompañamiento de abortos con medicación, que se hace en el mismo centro de salud.

“No aconsejamos, lo que hacemos es orientar, y la persona decide y acompañamos esa decisión”, afirma la profesional.

Educación sexual para decidir

Lihue Mendoza es enfermera, vive en Jujuy. Es una de las protagonistas del documental “Estoy acá” de REDAAS, sobre salud sexual y reproductiva de personas con discapacidad.

En el documental ella se conmueve, se le quiebra la voz cuando cuenta que una mujer sorda fue a verla en una consulta sobre métodos anticonceptivos y ella no sabía cómo comunicarse.

“A partir de ese día comencé a capacitarme”, cuenta en una entrevista que hacemos por teléfono, porque donde trabaja, no hay señal de Internet.

Ahora, es una referente en consultoría sobre salud sexual y reproductiva para personas con discapacidad.

Para eso se apoya “mucho en los materiales de REDI (Red de Personas con Discapacidad de Argentina) y otros que me facilitaron las Socorristas, y todo lo que voy encontrando. Ya estoy en contacto con una intérprete de lengua de señas, tengo materiales adaptados para personas ciegas o con disminución visual, videos…y hasta logré que, con aportes de la comunidad, podamos adaptar la entrada al Centro de Salud para personas usuarias de sillas de ruedas”.

Lihue también tiene una red de profesionales de la salud amigables, hace consejerías presenciales, y una vez a la semana, por WhatsApp.

Comenzó a dar talleres de educación sexual en un centro adonde asisten niñas y niños con discapacidad. En la primera jornada, cuando mostró el cuerpo de un hombre, una niña salió corriendo. Luego, junto a las docentes, pudieron saber que había una situación de abuso en la familia.

“En las familias no se les habla. Creen que sus hijos serán niños por siempre, y  ellos y ellas tienen deseos sexuales, enamoramientos, por eso entendí que el taller también debía darlo a las personas que son referentes afectivas de los chicos”, comenta.

El objetivo de Lihue es “lograr la accesibilidad al sistema de salud para las personas con discapacidad, sobre todo en lo que hace a derechos sexuales y reproductivos”. 

“Desear es un derecho” es el título de una guía escrita por y para personas por discapacidad por un equipo de REDI, para hablar de la sexualidad y la autonomía de las mujeres con discapacidad.

Allí se lee: “Si queremos abortar, debemos pedir el aborto en un centro de salud u hospital. Podemos ir solas o con una persona de apoyo que elijamos. No necesitamos hacer una denuncia ni necesitamos autorización de un juez. Solo la persona embarazada puede firmar el consentimiento para el aborto. Si tenemos una declaración de incapacidad jurídica igual vale nuestra opinión o firma  junto con la firma de nuestra tutora o tutor”.

Deseo, autonomía, información, decisión y respeto, solo algunas palabras para definir los procesos de tantas Fernandas, Claras y Nadias.

SM/MG

Este reportaje ha contado con el apoyo del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro ( Clacai )

Agradecimientos: Lucy Grimal/  Equipo Mirar/ Constanza Leone

“Erróneos y fuera de lugar”. Así calificó el rector de la Universidad Católica Argentina (UCA), Miguel Ángel Schiavone, sus propios dichos en los que había culpado a las mujeres por la baja natalidad y las acusó de preferir el trabajo y el deporte antes que ser madres. Y aseguró que se trató de un “error grave”.

El martes pasado, Schiavone participó de un evento organizado por la vicepresidenta Victoria Villarruel en el Salón Azul del Senado llevaba el título de “Políticas para cuidar a la vida” bajo la premisa de una defensa de la vida humana “desde el momento de la concepción”. Allí dijo: “Parecería un éxito, pero en realidad creo que es un fracaso hacernos trabajar día y noche. Esto es más o menos como incorporar a la mujer al tema de la práctica deportiva. Qué hay detrás de todo esto: la venta de botines, la venta de vinchas, hay un gran comercio”.

Tres días después y luego de que sus declaraciones provocaron el repudio de organizaciones feministas, Schiavone pidió perdón y dijo que sus dichos fueron a “título personal” . “Pido perdón a las mujeres y a todos quienes se hayan sentido ofendidos. Nunca fue mi intención hacerlo”, dijo el rector de la UCA en una carta.

Aunque el escrito lleva el membrete de la universidad, Schiavone aclaró: “Creo oportuno desvincular a la Pontifica Universidad Católica Argentina de los sucedido. Mis palabras han sido a modo personal y no reflejan el pensamiento y actuar de la UCA”.

La carta remata con “en este año jubilar, tiempo de misericordia, me uno en oración y pido nuevamente perdón”.

Ante sus declaraciones, la Red Mujeres en la Justicia habia señalado que “sus palabras no son una simple opinión: refuerzan estereotipos sexistas, desvalorizan la autonomía de las mujeres y vulneran normas de jerarquía constitucional”.

En otro tramo de su presentación en el Senado, el rector de la UCA habia dicho: “Hay un hipertecnicismo, y la sociedad hipertecnicista necesita hiperconsumo. La gente necesita consumir permanentemente, y si tengo que consumir no puedo tener un hijo, porque si tengo un hijo no voy a poder ir al gimnasio y si tengo un hijo no voy a tener tiempo de juntarme con los amigos porque voy a destinarle tiempo a otra persona y esto ha impregnado a la sociedad hoy”.

Excomulgada del gobierno libertario, Victoria Villarruel definió arrancar la semana encabezando su propia batalla cultural. La agenda negacionista, por el Día de la Memoria, y una avanzada contra el aborto legal, al día siguiente. Rodeada de referentes católicos y conservadores, la vicepresidenta encabezó en el Senado una charla por el “Día del niño por nacer” con el objetivo de arremeter contra la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). “Ofrecer el aborto es abandonarnos a la mediocridad y desaliento”, lanzó Villarruel, entre los aplausos de decenas de militantes provida que hacían cola para sacarse una foto con su referenta embanderada en la consigna “Dios, Patria y Familia”.

No era la primera vez que Villarruel aprovechaba su lugar como presidenta del Senado para impulsar su agenda anti derechos. Hace exactamente un año, también en ocasión del Día por el Niño por Nacer –una fecha decretada por Carlos Menem en el 98’ luego de una visita que le hizo al Papa Juan Pablo II en el Vaticano–, la vice había mandado a iluminar el Congreso de azul. El mismo Congreso que, hace cuatro años, había sancionado la ley 27.610 y había establecido que el el aborto tenía que ser legal, seguro y gratuito. Esta vez, sin embargo, Villarruel decidió ir por más.

El evento organizado en el Salón Azul del Senado llevaba el título de “Políticas para cuidar a la vida” bajo la premisa de una defensa de la vida humana “desde el momento de la concepción”. Fueron solo invitados académicos y referentes religiosos que están en contra del derecho al aborto. Y Villarruel fue la encargada de cerrar el acto.

“Hay una verdad fundante que en la actualidad parece olvidada: la legitimidad del Estado moderno se basa ante todo en su función de protector de la vida y dignidad de las personas. Especialmente de aquellas más débiles e indefensas para construir una convivencia armónica donde rijan la justicia social y la paz”, afirmó, en un mensaje que parecía estar dirigido al peronismo más conservador que, al día de hoy, se rebela ante el respaldo que Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner le dieron a la ley durante el gobierno del Frente de Todos. Villarruel reivindicaba el concepto maldito del cosmos libertario: la justicia social. Ese pilar de la doctrina peronista que Javier Milei ha calificado, en más de una ocasión, de “aberración”.

“Cuando se priva de derechos fundamentales a determinado grupo de personas porque todavía no nacieron se resiente la legitimidad del mismo Estado y la convivencia humana. El derecho vida y dignidad humana se protegen siempre y para todos”, argumentó la vice, que 24 horas antes había aprovechado el Día de la Memoria para homenajear a las verdaderas “víctimas”. Es decir, a los militares presos y condenados por diferentes tipos de violaciones a los derechos humanos en la dictadura militar, como el asesinato, tortura y robo de bebes. 

Villarruel efectuó un discurso profundamente religioso. Recordó que el 25 de marzo se celebraba la Anunciación del Señor –que es, según la liturgia católica, el momento en el que el ángel Gabriel le anunció a la virgen María que estaba embarazada de Dios- y clamó para que cada embarazo se viese “como un don invaluable y una manifestación confianza de Dios en la humanidad”. “Poner vida y familia en centro preocupaciones políticas es revolución moral y política”, insistió, entre los aplausos de los asistentes.

Uno de los que aplaudía era Carlos Stornelli. El fiscal –que fue recientemente absuelto en la causa que lo investigaba por integrar una supuesta red de espionaje ilegal y extorsión durante el gobierno de Mauricio Macri– había sido ubicado en la primera fila y, cuando el encuentro terminó, hizo cola para saludar a Villarruel como el resto de los asistentes. Rodeado de estudiantes y militantes provida, Stornelli escuchó con atención las dos horas de exposiciones y fue uno de los últimos en irse. 

El fiscal había quedado envuelto, hace unos seis años, en el caso de una niña jujeña de 12 años que había sido violada y forzada a ser madre a través de una cesárea. Según afirmó el entonces gobernador Gerardo Morales, Stornelli había manifestado su voluntad de adoptar a la beba. El fiscal no se desentendió del caso, pero sí aclaró que su voluntad había sido la de “ayudar, no adoptar” a la beba recién nacida. No tuvo oportunidad: la beba, prematura, murió a los pocos días. 

Baja natalidad, cantos y testimonios desgarradores: la defensa provida 

La actividad organizada por Villarruel tuvo solo una voz: la de los pañuelos celestes. Hubo figuras, como la del rector de la Universidad Católica Argentina, Miguel Ángel Schiavone, que optaron por hacer un desarrollo de la caída de la tasa de natalidad en el mundo. Con filminas que iban desde fotos de cunas vacías a gráficos que mostraban que la población de Japón compraba más pañales para adultos mayores que para bebés, Schiavone apuntó a encarar el tema desde una perspectiva demográfica.

“Estamos frente a una verdadera epidemia silente que se propaga en todo el mundo”, comenzó, comparando la caída de la tasa de natalidad con el Covid. Schiavone mencionó diversos factores que explicaban esta problemática, desde acusar a los jóvenes de preferir irse de viaje a Oceanía que a tener hijos hasta el acceso a métodos anticonceptivos. Nunca mencionó, sin embargo, que hubiera un vínculo entre la baja de la tasa de natalidad y el acceso al aborto.

Otro de los presentes fue el pediatra Abel Albino, que pasó a ser conocido luego del debate por la Legalización del aborto por afirmar que “el preservativo no funciona” y que el VIH puede “atravesar la porcelana”. Albino preside la Fundación Cooperadora Nutrición Infantil (CONIN) y firmó varios acuerdos con Sandra Pettovello para implementar políticas en contra de la desnutrición infantil. Esta vez, sin embargo, no optó por desmerecer el uso de preservativos, sino que se abocó a hacer hincapié en la importancia de acceder a cloacas y agua corriente. No tocó el tema del aborto, pero si cantó la canción de “Los tres chanchitos”. 

Participaron también dos coordinadoras de una agrupación católica llamada La Merced Vida. Lorena Aguilar se refirió a los 40 centros de acompañamientos que la agrupación tenía para convencer a las mujeres que no abortaran o que, las que sí lo habían hecho, pudieran ir “para trabajar la culpa”. “El aborto es algo violento. Es un corte abrupto entre la madre e hijo. Es algo antinatural”, cuestionó y, a modo de ejemplo del trabajo que realizaban en la asociación, mostró una foto de una sonriente adolescente sosteniendo un bebé: era “Brisa”, una chica de 14 años a la que habían convencido para que no abortara. 

Después fue el turno de Matilde Gagliolo, también integrante de La Merced Vida, que relató en primera persona su experiencia abortando de manera ilegal. El relato estuvo marcado por su arrepentimiento y culpa, haciendo una narración tremebunda de la falta de acompañamiento que tuvo cuando, siendo una adolescente, fue a abortar a una clínica ilegal. “El dolor te acompaña toda la vida. El aborto mata al bebé y traumátiza a la mamá”, afirmó Matilde, que terminó en llanto (así como varias de las asistentes). 

Todas las exposiciones fueron provida: ni una sola referenta, jurista o profesional de la Salud pro aborto fue invitada. No hubo referencia ni al desfinanciamiento del Plan de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) ni a los problemas de compra y distribución de anticonceptivos y de insumos para interrumpir embarazos. Nadie mencionó que el gobierno nacional estaba dejando cada vez más en manos de las provincias los mecanismos para atender los problemas de salud sexual. Solo se mencionó que el aborto era un trauma.

MC

La Cancillería designó este viernes a Úrsula Basset, abogada especialista en derecho de familia cercana a Karina Milei y a Santiago Caputo, como directora de Derechos Humanos en la Subsecretaría de Política Exterior. Basset es conocida por sus posturas ultraconservadoras de larga data: por ejemplo, se opuso a la aprobación del matrimonio igualitario y a la legalización del aborto.

Basset se graduó en la UBA y se doctoró en Ciencias Jurídicas en la Universidad Católica Argentina. En 2010 publicó un artículo en el que llama a la Ley de Matrimonio Igualitario “apresurada”, “disolvente” e “irrazonable”. En 2018 y 2020, expuso en el Congreso contra la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Aunque designada el viernes (y por un período de 180 días desde el 1 de febrero, según la resolución 71/2025 del Ministerio de Relaciones Exteriores), ya fungía como interventora sin cargo en la Cancillería desde junio, bajo el mando de la hermana presidencial y antes de que la entonces canciller Diana Mondino terminara expulsada en favor del actual ministro Gerardo Werthein. Según una investigación de la revista Crisis, el personal diplomático de carrera la recibió con indiferencia en el Palacio San Martín. Allí, Basset tenía la orden de combatir la “agenda woke” en los organismos multilaterales: una especie de “guardiana de los valores” conservadores que abrazó el gobierno libertario.

Basset tuvo su bautismo cuando, durante la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), vigiló cada coma del documento presentado por la embajadora ante ese organismo, Sonia Cavallo, para evitar cualquier posible desviamiento diplomático hacia alguna postura vinculada a la Agenda 2030. En su informe, Cavallo objetó todos los proyectos de Resolución referidos a los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia y la promoción de la igualdad de género en la diplomacia global. En aquel momento, diputados radicales y parlamentarios del Mercosur de Unión por la Patria pidieron información sobre el rol de Basset ante foros internacionales, pero la Cancillería lo negó. “No obra registro referido a Úrsula Basset” ni “se halla en proceso de contratación de personal”, respondió el ministerio.

Al contrario de Basset, Cavallo y Mondino terminaron expulsadas de la gestión libertaria.

Pero Basset demostró en noviembre tener ciertos indicios de pragmatismo. En una reunión de alto nivel en Nueva York por el 25° aniversario del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Basset dejó atrás las posturas que había defendido meses atrás y presentó un encendido alegato en favor de los derechos de las mujeres, según consignó el diario La Nación.

“La violencia contra las mujeres y las niñas constituye una violación intolerable a los derechos humanos y un obstáculo para el desarrollo y el bienestar de nuestras sociedades. Este flagelo no conoce fronteras ni contextos”, afirmó con énfasis frente a distintas figuras del ámbito internacional, como el presidente de la Asamblea General de la ONU, Philemon Yang. En ese encuentro, Basset también subrayó que “sólo la cooperación internacional permitirá avanzar en estrategias de prevención basadas en evidencia” y prometió: “Argentina reafirma su compromiso inquebrantable con este desafío global”.

Días antes, sin embargo, había expuesto en la presentación de un libro contra el aborto conducida por el entonces candidato a juez de la Corte Suprema, Manuel García-Mansilla.

FI

“Las pequeñas personitas de este tamaño, un bebé de nueve semanas, en nuestro países miles mueren y son asesinados porque el aborto es legal hasta las catorce semanas sin justificación. ¿Lo aplastaríais? ¿Lo mataríais si fuera real? Miles de personas, asesinados legalmente, igualmente que lo fueron los judíos legalmente en los campos de concentración. La falta de empatía no disminuye la gravedad moral de esta eliminación”.

En estos términos se expresaba el concejal delegado de Familia e Infancia del Ayuntamiento de Castelló, España, Alberto Vidal (Vox), durante un debate en el pleno municipal sobre una moción del grupo Compromís para condenar el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas de interrupción del embarazo en la capital de La Plana.

La portavoz del grupo municipal socialista en el consistorio castellonense, Patricia Puerta, ha exigido a la alcaldesa, la popular Begoña Carrasco, el “cese fulminante” del regidor de la formación de ultraderecha a raíz de las “barbaridades que dijo en el pleno ordinario de ayer [jueves], donde fue capaz de comparar el derecho al aborto de la mujer con el exterminio de los judíos en los campos de concentración nazis”.

Puerta señala que en Castelló, con el gobierno municipal en manos de PP y Vox, “asistimos de forma periódica a espectáculos bochornosos, con discursos de odio y xenófobos que tienen siempre el beneplácito de la alcaldesa, que ha sido capaz de convertir el ayuntamiento en un auténtico altavoz para los ataques a los inmigrantes, para negar la violencia machista y, ahora, para poner en cuestión un derecho de la mujer como es el aborto”.

Para la portavoz socialista, Vidal ha cruzado una línea intolerable, faltando el respeto a la memoria de las víctimas del Holocausto y poniendo en cuestión un derecho fundamental de la mujer que le permite decidir libremente sobre sus propios cuerpos“. Tal y como subraya Patricia Puerta, ”la maternidad es una opción, no una obligación, y en este tema no caben más manipulaciones ni discursos de odio“.

Desde el Partido Socialista “defenderemos siempre un aborto libre, seguro y gratuito y trabajaremos para garantizar la libertad y la dignidad de todas las mujeres frente a los ataques de la extrema derecha, de los que son cómplices los representantes del Partido Popular si la señora Carrasco no actúa con contundencia y destituye de inmediato a Alberto Vidal”.