Sabemos muy poco sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres mapuche, en términos de datos y etnoepidemiología mapuche. Para dar cuenta de las brechas de acceso y desigualdad a las prácticas de IVE/ILE que las mujeres mapuche tenemos respecto a las mujeres blancas no hay dato, no hay estadística, no hay información epidemiológica. La invisibilización estadística en salud del pueblo mapuche, específicamente en estadísticas vitales como en epidemiología, es una política estatal (nacional y provincial) asentada sobre el racismo institucional desde la transición democrática.

Silencio estadístico. Desde la aprobación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, en 2020, los ministerios de Salud de la Nación y los siete provinciales que se yuxtaponen (Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, La Pampa, sur de San Luis y Buenos Aires debajo del Río Salado) al Puelmapu ( territorio mapuche ) no han incorporado la variable étnica.

La naturalización del silencio estadístico por parte del feminismo blanco, es un pendiente a trabajar. Las prácticas feministas por sí mismas no dejan de ser racistas cuando se asume la gestión estatal, por lo cual, sería conveniente practicar la desracialización antes de volver a gobernar en pos de políticas de acción afirmativa para las mujeres mapuche.

En términos de derechos, la decisión voluntaria de interrumpir un embarazo por la biomedicina en el sistema público de salud para las mujeres mapuche está contemplada en la ley. Con su falta de pertinencia cultural y adaptación sociolingüística funciona. Mal pero funciona. Sin embargo, existen abortos provocados (no deseados por las mujeres) por la exposición a mega minería y agrotóxicos en el territorio mapuche. 

Vivo en la pampa húmeda y conozco el modelo sojero no solo en términos productivos sino del monocultivo de ideas que genera . ¿Cómo se registran, quienes documentan los abortos provocados por el agronegocio y la extracción minera ? Por ahora , es un enigma . Sin embargo, los estándares de calidad de información en salud establecidos por la CEPAL (Comisión Económica y la OPS (Organización Panamericana de la Salud) indican que la población indígena, también debe y puede ser medida.

De ejecutarlos, tendríamos data. “Tenía 18 semanas de embarazo. El domingo habíamos ido al tío Caliva a un asado... había manso olor a veneno. Ahí nomás se amuchamos pa ´ dormir. A la tardecita me agarraron unos achaques así, muy raro... vomitaba y no sabía que pasaba, el asado estaba bien, no estaba yarco. Me llevaron al hospital y me dieron unas gotitas, me mandaron pa ´ la casa. Más noche empecé a sangrar y sangrar. Lo perdí”.

Este narrar en primera persona de una mujer diaguita kapayan, de 28 años de Jachal en San Juan en 2024 ¿Dónde quedó registrado?

Aborto no deseado

La megaminería funciona provocando voladuras masivas para la remoción de roca. Luego es triturada, y se le aplica cianuro y otros productos químicos para separar los metales y para ello, se usa toneladas y toneladas de agua. La huella hídrica define el volumen total de agua utilizada en la elaboración de productos o servicios. Los metales pesados llegan al cuerpo humano por inhalación de polvo tóxico, por beber agua y por ingesta de alimentos producidos con agua contaminada con cianuro y otros químicos. También se puede dar por absorción dérmica pero en menor medida. ¿Sabemos cuál es la huella hídrica para el territorio mapuche ocupado por la provincia de Río Negro? Los metales pesados como plomo, cadmio, mercurio, arsénico, afectan el sistema endocrinológico de la mujer, generan una disrupción en las hormonas que afecta n su producción, metabolismo y señalización. La afección recae sobre la función normal del eje hipotálamo –hipófiso– ovárico que regula la producción de estrógenos, progesterona, FSH (Hormona Folículo Estimulante) y LH (Hormona Luteinizante) , el proceso ovulatorio y laa preparación del útero para engendrar. El plomo (Pb) puede alterar los niveles de FSH y LH y disminuir estrógenos.

Las mujeres mapuche que viven en las comunidades de Lipetren Chico, Putren Tuli Mahuida, Lipetren Grande, Newen Peñy, Rio Chico abajo, Nepuncura, Mamuel Choique y las mujeres desterritoralizadas que viven en Jacobacci, Maquinchao y toda la Línea Sur están expuestas a los efectos de la megaminería, tendrán  problemas de salud reproductiva y tendrán abortos sino se detiene la necro política. ¿Cuántas mujeres mapuche son, quienes son, de qué se enferman? Estos, son daños colaterales según el gobierno rio negrino quien autorizó sin legitimidad social la megaminería la cual, tuvo grandes falencias político-administrativa.

Existen varios desafíos en términos de defensa territorial y soberanía energética . Uno de los principales es construir un horizonte común, que permita conformar un poder político amplio, basado en alianzas sólidas, capaz de frenar proyectos extractivos como Calcatreu (oro y plata ) impulsado por la empresa Patagonian Gold y Amarillo Grande (uranio) a cargo de Blue Sky Uranium Corp. ¿Alguien puede considerar inocua para la salud humana y la integridad del territorio la instalación de una planta destinada a almacenar 120 toneladas de químicos(cianuro)?

Horizontes compartidos o fragmentados

El segundo horizonte compartido del movimiento mapuche con el ambientalismo y feminismo es incidir en el Ministerio de Salud rionegrino para que elabore un protocolo de atención para mujeres mapuche y no mapuche en edad fértil (la salud reproductiva será afectada) en contextos megamineros.

Nosotras, ya sabemos realizar sinergia entre los feminismos (apoyo a las presas políticas mapuche - 2021) y ambientalismo (Ley Glaciares -2010). El objetivo de la incidencia será registrar en las historias clínicas, la evolución del estado de salud reproductiva según la biomedicina, ya que hasta el momento , el cianuro no va direccionado solo a las mujeres mapuche sino a todos los cuerpos humanos. Los abortos no deseados vendrán y las disfunciones endocrinológicas también.

Todas las mujeres podemos ser inmoladas por la megaminería, pero el punto de inicio es diferente. Ya lo sabe bien María Kona, abuela mapuche de Wawel Niyew. Registrar los abortos provocados por la injusticia ambiental es evidencia epidemiológica.

Desde nuestra etnoepidemiología mapuche sabemos que el padecimiento del cuerpo físico, mental, emocional y ancestral tiene origen y causa fuera de nuestra matriz cultural y se vincula con el quiebre de la reproducción del modo de vida. De eso trata la etnoepidemiología mapuche: del vínculo entre historicidad, territorio y padecimientos comunes para contar desde nuestra propia episteme de qué nos enfermamos y de qué morimos. Construir evidencia en salud en clave mapuche , será herramienta de salud colectiva para la reorganización territorial. Algo sabemos: rümel yaful piwke zomogekeyiñ, fuimos mujeres poderosas del arco iris y estamos volviendo.

*La autora es politóloga mapuche.

El artículo completo puede leerse en Mink’a Comunicación

Sólo una mujer que haya pasado por una contracción sabe el dolor que produce. El cuerpo no responde. Huesos y músculos se retuercen de una manera inimaginable. Y mientras todo eso sucede, adentro hay un ser que pelea por salir. Cada contracción suele durar entre 30 y 60 segundos y cesa en el momento exacto en que el dolor se vuelve insoportable. Para darle un respiro a esa madre que ya no puede más.

En el parto en cadena, exprés o precipitado, nada de eso ocurre. La contracción no tiene fin. Se dispara y no cesa hasta que se produce el nacimiento. Un parto normal puede durar entre seis y 18 horas. En un parto en cadena, todo se resuelve en menos de tres. No hay tiempo para nada. Desaparece esa ventana que, entre contracción y contracción, permite a la mujer prepararse para el parto, pedir ayuda y llegar a un hospital. El dolor es tan grande que no se puede pensar.

Por eso, los médicos recomiendan que, para evitar los daños que un parto de este tipo puede provocar en la madre y el bebé, es fundamental que la mujer haya completado previamente sus controles prenatales, que sepa con anticipación a qué centro de salud dirigirse y, sobre todo, que tenga a alguien a su lado que la contenga.

Paola Ortiz no tuvo nada de eso. León Nicanoff contó este sábado su historia en esta nota. Paola vivía en una situación de extrema pobreza cuando tuvo un parto en avalancha, sola, en el cuarto que le prestaba su exsuegro a cambio de favores sexuales. Paola no recuerda con claridad qué fue lo que ocurrió: si se desmayó por el dolor o por la sangre que perdió. Lo cierto es que, cuando pudo reaccionar, el bebé estaba muerto. Fue detenida, acusada del asesinato de su hijo y condenada a prisión perpetua. Lleva ya 13 años presa.

Su caso es similar al de Belén, en Tucumán. Ese caso derivó en la investigación que realizó Ana Correa y que luego fue el sustrato de la película que dirigió y protagonizó Dolores Fonzi. Y es similar al de tantos otros que no llegan a una pantalla de cine: como el de Eva, también de Tucumán; el de Fátima, de Bahía Blanca; o el de Flor, de Misiones. Todas acusadas de haber provocado la muerte del bebé o del feto en medio de un parto en avalancha.

A fines de diciembre, aquí también contamos el caso de Vanesa, una mujer de 42 años y madre de seis hijos. Una diabetes descompensada ponía en riesgo su embarazo y su propia vida. Cuando quiso acceder a un aborto, se le cerraron todas las puertas: no había medicación, no estaban los médicos, no había voluntad.

Este 30 de diciembre se cumplieron cinco años de la ley que garantiza el acceso legal y gratuito al aborto. El acceso sigue siendo una cuenta pendiente, agravada durante la gestión de Javier Milei. A lo largo de 2025, las denuncias por barreras de acceso al aborto se triplicaron en comparación con 2024. A la falta de información en los centros de salud se suma la escasez de misoprostol y mifepristona, dos de los medicamentos más seguros para la práctica de abortos.

Pero hay más. El presupuesto 2026 reduce la cobertura de métodos anticonceptivos del 54 % al 34 %, mientras que un informe del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) señala que el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable sufrió un desfinanciamiento casi total en 2024. Su ejecución representó apenas el 20 % de lo invertido en 2023 y sólo el 8 % del nivel de 2021.

Lo que hay, entonces, son mujeres pobres, con poco acceso a los centros de salud, a las que les cuesta obtener información y métodos para tener relaciones sexuales seguras; que, cuando cursan un embarazo no deseado, no pueden ejercer su derecho a un aborto legal, seguro y gratuito; que son forzadas a parir en soledad, sin apoyo ni contención, aun cuando acaban de perder a un bebé.

No hay errores individuales en estas historias: hay una política pública. Un Estado que se retira de la salud sexual y reproductiva no se vuelve neutral, se vuelve punitivo. Llega tarde, llega mal y llega con patrulleros y expedientes judiciales. Llega para colocarles el rótulo de malas madres.

Se cumplen 5 años de la madrugada en la que el Senado argentino aprobó la Ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo, dejaba de criminalizar el aborto y legalizaba su acceso en toda la Argentina.

Llegamos a ese momento luego de un largo proceso en el que el movimiento de mujeres se propuso, entre otras demandas históricas por el reconocimiento de derechos básicos, descorrer el velo que pesaba sobre nosotras y nos sometía a una violencia ilógica e irracional. Porque la criminalización del aborto es un acto de violencia que estaba dictado y legitimado por las instituciones democráticas y era socialmente aceptado, por acción, distracción, omisión o complicidad. 

Cuesta pensar que, hasta comienzos del 2018, en los programas de televisión mainstream no se permitía pronunciar la palabra “aborto”. Solo lo hacían algunos medios gráficos y periodistas feministas, y en ese contexto adverso trabajaban la Campaña por el aborto, las socorristas y la abogadas feministas que lograron el fallo FAL de la Corte en el 2012. 

Pero en ese 2018 se revolucionaron amistades, familias, entornos sociales y laborales con mujeres que contaban por primera vez que habían abortado. Madres, abuelas a sus nietas, amigas. Mujeres que se animaban a contar experiencias dolorosas sin saber cómo iban a reaccionar sus entornos. Por necesidad, por decisión, espontáneos, terapéuticos, todos tratados con el mismo hostigamiento y maltrato institucional. El aborto siempre había estado ahí. De repente todo eso salía a la luz. 

Fue un camino largo. Es imposible pensar ese 2018 sin imágenes previas de lucha: la marcha del 8 de marzo de 1985, con unas pocas mujeres como Susana Rinaldi con carteles que decían: “Violación es tortura” y “Despenalizar el aborto”. O sin Dora Coledesky en 1991 en el IV Encuentro Nacional de Mujeres, sosteniendo aquel cartel de la Comisión por el derecho al aborto que decía: “Anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. O sin nuestras fabulosas cuatro Nelly Minyersky, Martha Rosenberg, Nina Brugo y Marta Alanis.

Hubiera sido difícil llegar a ese 2018 sin la marcha de Ni Una Menos que el 3 de junio de 2015 convocó millones de mujeres en todo el país pidiendo que dejaran de matarnos y violentarnos. Un gigantesco grito colectivo que significaba que no íbamos a callarnos más ante esas violencias. 

Ese grito colectivo le mostró también a las más jóvenes lo que se les venía si no arrancaban desde temprano a defender sus derechos. Y no hubiera habido 2018 sin esas mismas pibas saliendo con fuerza a decir que no iban a permitir que algún día a ellas las criminalizaran por abortar, las maltrataran en los hospitales, las dejadas en una camilla con una hemorragia como parte de una violencia obstétrica, el paso previo de la humillación, dolor evitable, clandestinidad, o cárcel, como le pasó a Belén. Ya llegaremos a Belén.

No puedo estar tranquila. ¿Quién va a estudiar, a investigar? ¿Ante quién vamos a denunciar los incumplimientos? ¿Cómo vamos a cuidar? ¿Quién va a cuidar a los que cuidan? La ley ya es nuestra, pero ¿qué va a quedar del Estado tal como lo conocíamos?

¿Por qué hablo del 2018 si el aborto se legalizó en el 2020? Porque en ese año casi lo logramos. Nos ganaron mintiendo en el Senado, diciendo que en la Argentina nunca hubo mujeres presas por aborto. Porque estuvimos cerca de lograrlo, pero no pudimos con la decisión política de quien gobernaba y con los legisladores para los que pesaron más los aprietes por apoyo económico y político que evitar la tortura de un aborto clandestino.

El 2020 nos encontró en plena pandemia dejando todas nuestras fuerzas en los cuidados de personas que estuvieron al límite: niñas, niños, viejos, discapacitados. Y sin ánimos de ser postergadas una y otra vez. Con la convicción de que no iban a dejarnos encerradas también en la clandestinidad, y para siempre. Nos encontró con la decisión política de que esta vez sí nos iban a escuchar. Al menos en la legalización del aborto. Y fue ley.

Pasaron cinco años. Desde que asumió Milei que en cada conversación pública o privada sobre los derechos de las mujeres me preguntan si creo que está en riesgo esta ley. Mi respuesta es dual: afirmo que no van a poder, aunque quieran. Ya nadie puede dudar de que es un derecho nuestro que no nos torturen. A la vez, siento que está en riesgo todo. Sin salud, sin ciencia, sin educación, sin ningún tipo de control de daños, estamos a la intemperie como sociedad. No puedo estar tranquila. ¿Quién va a estudiar, a investigar? ¿Ante quién vamos a denunciar los incumplimientos? ¿Cómo vamos a cuidar? ¿Quién va a cuidar a los que cuidan? La ley ya es nuestra, pero ¿qué va a quedar del Estado tal como lo conocíamos?

Cuando la ley se perdió en el Senado en el 2018 me quedé muy enojada porque, más allá de argumentos pueriles que se daban para oponerse a la ley, quienes pretendían argumentar con seriedad, mentían. Decían que en Argentina no había presas por aborto. Y en ese mismo recinto, Soledad Deza, entre otras, había estado relatando el caso de Belén, una chica que en el 2014 fue a un hospital público de Tucumán por un dolor de panza y amaneció presa. Estuvo casi tres años presa por un aborto espontáneo. Belén no es su nombre real, elige estar en la clandestinidad, por más que luego fue liberada y absuelta. Por más que el Estado debería darle una reparación por haberla encarcelado injustamente. Mi enojo tenía de donde agarrarse y decidí contar la historia de Belén, la real. Lo más difícil era que ella aceptara, luego de tanto maltrato sufrido y tantas desilusiones acumuladas. Pero Belén fue extremadamente generosa, aceptó contar su historia para que ninguna mujer volviera a pasar por lo mismo. Y así fue como escribí el libro “Somos Belén, la verdadera historia detrás de las máscaras”.

Un año después, en pleno debate por la ley IVE, el diputado por Tucumán Carlos Cisneros mostró el libro y convocó a leerlo, anticipando su voto positivo. Unos días después, la senadora Eugenia Catalfamo lo mostraba también en el Senado, también como preludio a su voto a favor. El primer objetivo, el de que la historia real de Belén contribuyera a tabicar la verdad en el Congreso, que nadie se animara a decir que la criminalización del aborto no traía consecuencias sin por lo menos quedar en ridículo, o que ya nadie se atreviera a decir que en la Argentina no había presas por aborto, de alguna manera se había logrado.

Pero las injusticias que se muestran en el caso de Belén continúan en cada causa en la que se acusa a una persona inocente, en un país en el que se quieren poner en duda las denuncias de violencia contra las mujeres en general. En una región y en tantos países en los que se limita o se cuestiona el acceso al aborto a las mujeres, en especial a las más pobres. En medio del camino que se transitaba con el libro, gracias a Blas Martínez conocí a Leticia Cristi, productora de K&S, que le propuso hacer la película a Javiera Balmaceda, de Amazon. El tiempo coincidió con una Dolores Fonzi que tomó la decisión de dirigir películas y quiso hacer “Belén”. Tuvimos esa suerte. Adaptó el guión junto a Laura Paredes y Carolina Santos, y convocó a Camila Plaate, Julieta Cardinali, Liliana Juárez, Luis Machín y otras gemas del cine argentino a ser parte del elenco. “Belén” se estrenó y muchos la amaron, otros aún no la vieron, pero está en la lista corta de los Oscars como película extranjera. Cuenta una historia que todo el mundo debería conocer, para que no se repita, como dice Belén -la de verdad, la que aún no quiere dar a conocer su identidad porque no se siente segura-. Pero a la vez es una gran película, hecha por un gran equipo que decidió correr riesgos, porque hacer cine hecho por mujeres y pretender que el mundo lo mire, en un país en el que el cine está castigado, y las mujeres también es arriesgar fuerte. 

El 22 de enero nos enteraremos si Belén quedó entre las cinco candidatas a mejor película extranjera para los Oscars. Hasta ahora Argentina ganó dos veces en esa categoría: La historia oficial dirigida por Luis Puenzo en 1986 y El secreto de sus ojos, dirigida por Juan José Campanella en el 2010.  

El único antecedente de una película argentina candidata al Oscar dirigida por una mujer fue con “Camila”, dirigida por la enorme María Luisa Bemberg y protagonizada por Susú Pecoraro en 1985. Es conocida la historia que termina con una frase que funcionaba como contraseña. Ladislao, ¿estás ahí? le preguntaba la protagonista antes de morir y él respondía “a tu lado, Camila”. Y era una forma de sentir que iban a vivir para siempre. 

En 2026 se cumplen 41 años de esta candidatura. Me ilusiono con la posibilidad de que otra película, titulada solo con un nombre de mujer y dirigida por una mujer, que relata parte de nuestra historia también, vuelva a ser candidata. Y me acordé de esos relatos antes de la legalización del aborto, de las preguntas que hacemos en ese momento para saber si alguien nos está acompañando, y me acordé de todas las historias, los relatos de los años del debate por la legalización, de esos meses frenéticos hasta conseguir que se apruebe la ley. De esa frase que hemos repetido hasta la desesperación y todavía repetimos: Amiga, ¿estás ahí? 

Ojalá Belén quede como candidata. Pero en cualquier caso, tenemos la respuesta: “A tu lado, Camila, Belén, Julieta, Antonia, Renata, Mercedes, etc etc. Estamos a tu lado, amiga. 

MC

Cinco años atrás, en el cierre de un debate en comisión en la Cámara de Diputados que tuvo 738 expositores, 15 reuniones y 130 horas de discusión, Cecilia Moreau tomó la palabra y relató, por primera vez, su experiencia abortando en la clandestinidad cuando tenía 16 años. “Yo era una nena y quería tener una vida”, comentó, emocionada, la diputada massista que presidía la comisión de Legislación General durante el gobierno del Frente de Todos y se encargó de conducir, junto a una maltipartidaria feminista integrada por diferentes espacios –Silvia Lospennato (PRO), Romina del Plá (Partido Obrero), Vilma Ibarra y Mayra Mendoza (peronismo)– el debate por la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

El 11 de diciembre de 2020, la Cámara de Diputados aprobó la ley ILE con 131 votos a favor y 117 en contra. Dos semanas después, la multipartidaria feminista –se hacían llamar “Las sororas”– logró lo que no pudo hacer en 2018: el 30 de diciembre, el Senado sancionó el aborto legal en la Argentina. 

Cinco años después, Moreau analiza la vigencia de la ley durante el gobierno de Javier Milei y cuestiona que el acceso al aborto “no se está cumpliendo como debería”. Denuncia falencias en la distribución de los medicamentos y una ampliación de las barreras en el acceso a la ley. “El no cumplimiento de una ley tiene mil formas de ponerse en práctica”, advierte la ex presidenta de la Cámara de Diputados que, sin embargo, señala que Milei no tiene los votos en el Congreso para derogar la ley.

“No hay un clima social para volver atrás. Es un tema que a Milei no le va a salir gratis, ni siquiera en su bloque”, señala, en diálogo con elDiarioAR. 

–A 5 años de la sanción del aborto, ¿ve posible que el gobierno de Milei logre derogar la ley?

–No tienen margen para derogarla. Fue una ley construida con una fuerte movilización popular, desde afuera hacia adentro del Congreso. Hay temas con los que quedó claro que no se jode. Sin embargo, lo que sí veo es un ataque constante a los colectivos más vulnerables, con los jubilados a los que les rompen la cabeza, las personas con discapacidad a quienes no le quieren cumplir la ley, las personas que padecen enfermedades graves. 

Tenés a un Gobierno que dice que la justicia social es una aberración o que el Estado es una organización criminal. Hay una negación de las desigualdades y un intento de hacerlas invisibles. Y no tengo dudas de que las mujeres y las disidencias somos parte del colectivo que el Gobierno eligió como blanco de ataque.  

–Más allá del Gobierno, ¿ve un clima social que acompañe un retroceso en materia de acceso al aborto? 

–Los derechos se conquistan, la gente los asimila y no se retrocede. Pero sí veo que hay un retroceso en cuanto a la implementación de la ley, que no se está cumpliendo como debería. El Gobierno no está comprando y distribuyendo los medicamentos para realizar la práctica, como el Misoprostol. Tampoco está trabajando en lo más importante que la ley establece, que es la prevención del embarazo no deseado. Le tiró todo a las provincias y las provincias están desdobardadas y denuncian faltante de insumos. El derecho de las personas gestantes a la ILE está siendo vulnerado. 

Hay un informe de Amnesty que dice que, este año, se triplicaron las barreras en el acceso a la ley. Es falta de información, pero también falta de profesionales y problemas de derivación en los prestadores cuando hay objetores de conciencia. El no cumplimiento de una ley tiene mil formas de ponerse en práctica. 

–Después de la victoria electoral de LLA, voceros del Gobierno, como Agustín Laje, empezaron a deslizar que iban a ir por el aborto. ¿Mantienen conversaciones con otras legisladoras que impulsaron la ley sobre cómo estaba la relación de fuerzas?

–Sí, estamos alertas pero con la convicción de que no hay un clima social para volver atrás. El diálogo se mantiene con quienes trabajamos en la ley, como Lospe (por Silvia Lospennato), Myriam (Bregman) y (Karina) Banfi. Es una ley que se construyó de manera muy transversal y consensuada, así que no veo riesgo de derogarla. 

–En tiempos de polarización Milei-anti Milei, ¿es posible reconstruir esa misma alianza multipartidaria?

–Ya lo hicimos para defender a la emergencia en discapacidad, para defender el Garrahan, para defender la universidad pública. Existe un armado transversal para poner límites a los avances contra los pilares que construyeron el pacto democrático, como la salud, la educación pública, y también el aborto. Que es un tema de salud pública. El aborto existió, existe y va a seguir existiendo con o sin ley. El debate siempre fue cómo garantizás el acceso al aborto de manera segura, legal y gratuita para terminar con la desigualdad que generaba muertes. 

–¿Qué implicaría que el aborto vuelva a ser clandestino en Argentina?

–Sería un retroceso tremendo. Volver a la clandestinidad implicaría un grave daño a los derechos de las mujeres, piensen lo que piensen o voten lo que hayan votado. A veces parece que estamos en un tiempo en el que se pueda volver atrás en la consolidación de algunos derechos, la lógica del ‘sálvese quien pueda’, pero las mujeres son las que más resistencia ponen. Y no tengo duda que este es un tema que a Milei no le va a salir gratis, ni siquiera en su propio bloque. 

– Uno de los discursos que más quedó grabado en el debate hace cinco años fue el relato de su experiencia personal con un aborto clandestino, ¿recibe historias de mujeres que pudieron abortar en otras condiciones después de la sanción de la ley?

–Sí, sobre todo por redes sociales. Yo nunca hablo de cuestiones personales, pero en el debate hice un clic y sentí que tenía que contarlo porque yo viví el miedo de la clandestinidad, pese a tener la posibilidad económica de hacer la intervención. Y lo dije porque en ese momento sentí que no iba a ser juzgada por mis compañeras que estaban en contra de la ley. Porque hubo una comprensión final de muchas que, aunque tenían el pañuelo celeste, entendieron que estábamos discutiendo una cuestión de salud pública. Por eso hay que sostenerlo, para que en Argentina, que significó un paso adelante en toda la región, no retroceda en derechos. En ninguno.

MCM/MG

El Centro por los Derechos Reproductivos presentó este martes una demanda en nombre de la mayor red de clínicas de salud reproductiva de Maine contra la Administración Trump por la nueva disposición que le impide recibir reembolsos federales de Medicaid, la cobertura médica para personas de escasos recursos.

La organización detalló que la “gran y hermosa” ley que firmó el presidente Donald Trump el 4 de julio apunta a organizaciones de salud que ofrecen servicios de aborto, prohibiéndoles aceptar pagos de Medicaid incluso por servicios no relacionados con este, como pruebas de ITS, exámenes de cáncer, atención primaria, consultas ginecológicas de rutina y anticoncepción.

Subrayó que la Maine Family Planning (MFP) opera 18 clínicas en Maine, muchas de ellas en zonas rurales con difícil acceso a la atención. Se trata del único proveedor de salud para aproximadamente el 70% de sus pacientes, la mitad de los cuales depende de Medicaid.

Nancy Northup, presidenta y directora ejecutiva del Centro por los Derechos Reproductivos, señaló en un comunicado que la nueva ley impedirá que miles de habitantes de Maine acudan a su proveedor de atención médica de confianza, simplemente porque brindan atención de aborto entre muchos otros servicios.

La demanda argumenta que este recorte dirigido viola la Cláusula de Igual Protección de la Constitución de Estados Unidos, que protege contra la discriminación gubernamental y garantiza el trato igualitario bajo la ley.

“El Congreso y la Administración Trump han quitado a los pacientes la libertad de elegir a su propio proveedor de atención médica de confianza y han cortado el acceso a la atención para miles de habitantes de Maine”, se lamentó George Hill, presidente y director ejecutivo de Maine Family Planning.

Medicaid cubre a 396.000 niños y adultos en Maine y a más de 70 millones de personas en todo el país.

En todo el país, los recortes presupuestarios de la administración Trump ponen en riesgo el cierre de cientos de otros centros de salud, señala el comunicado del Centro.

¿Qué pasa en la Argentina con la salud reproductiva y el gobierno de Javier Milei?

En la Argentina, los derechos sexuales y (no) reproductivos también enfrentan un retroceso alarmante bajo el gobierno de Javier Milei. Mientras el Presidente se muestra alineado internacionalmente con figuras como Donald Trump y defiende una agenda conservadora, su administración desfinanció programas claves como el Plan ENIA, destinado a prevenir el embarazo no intencional en adolescentes, y recortó presupuestos en políticas de género, asistencia a víctimas de violencia y acceso a la anticoncepción.

La situación fue expuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde representantes de organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron el abandono estatal de las poblaciones más vulnerables. La eliminación del Programa Acompañar, la reducción del personal en la Línea 144 y los recortes del 85% en comedores comunitarios son algunas de las medidas que, según los peticionantes, configuran una violación sistemática de los compromisos asumidos por el Estado argentino.

El caso del Plan ENIA es paradigmático. Fue una política pública que, en sus primeras experiencias piloto, logró reducir un 50% el embarazo no intencional en adolescentes, especialmente en zonas rurales y de alta vulnerabilidad. Su desmantelamiento, junto con el despido de 500 profesionales y la cancelación de la compra y distribución de anticonceptivos, dejó sin protección a miles de jóvenes, muchas de ellas víctimas de abuso y violencia sexual.

Además, se denunciaron ante la CIDH recortes en infraestructura básica y servicios esenciales en barrios populares, lo que agrava las condiciones de vida de millones de personas. La respuesta oficial fue calificada como “evasiva” por los comisionados: el Gobierno se limitó a defender sus decisiones en nombre del “déficit cero” sin detallar cómo garantizará derechos básicos como salud, educación o alimentación.

En este contexto, las similitudes con lo que ocurre en Estados Unidos bajo políticas antiabortistas y restrictivas son notorias. Mientras en Maine se impide que clínicas que brindan atención integral accedan a fondos públicos por ofrecer servicios de aborto, en Argentina el Ejecutivo recorta el financiamiento incluso de programas que ni siquiera están vinculados con la interrupción voluntaria del embarazo, sino con el acceso a derechos fundamentales para adolescentes, mujeres y diversidades. El resultado, en ambos casos, es el mismo: un retroceso en salud pública y una mayor vulnerabilidad para quienes más lo necesitan.

JJD, con información de EFE.

Mientras usted lee esto, una mujer puede estar abortando. En el hospital público del pueblo o en el de la ciudad, en la casa propia o en la de una amiga, sola o junto a su madre, su hermana o su vecina. Pese a los ataques del presidente Javier Milei y su gobierno, a partir de la sanción de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo las mujeres y personas con capacidad de gestar pueden hacerlo de manera voluntaria hasta la semana 14 de gestación, inclusive, y luego de ese plazo, en caso de que el embarazo sea producto de una violación o si corre riesgo su salud integral.

El aborto dejó de ser clandestino en nuestro país y se convirtió en un derecho ganado. Ni las miles de mujeres, adolescentes y niñas que salieron a las calles con sus pañuelos verdes y el glitter en sus rostros, con la vitalidad de un movimiento que se convirtió en marea e instaló la agenda del aborto en los medios, en las aulas, en los pasillos y mesas familiares; ni las médicas, que desde el Fallo FAL dictado en 2012 vienen abriendo paso desde adentro de los hospitales y centros de salud para que el aborto se garantice en el sistema público como bien dice la ley, dejarán que se pierda.

Porque el aborto existe y persiste. Frente al abandono del gobierno, las redes feministas, activistas y médicas amigables se organizan en cada rincón del país para sostener y cuidar el derecho a abortar.

Abortar con ley y con Milei

“Uno de los mayores miedos que tienen quienes se comunican con nosotras es el miedo a no poder resolver”, cuenta Sol Cañumil, de la colectiva de Socorristas en Red que acompaña en el sur de Chubut y Santa Cruz. Socorristas en Red es una articulación de colectivas de distintos rincones del país que acompañan y brindan información a quienes necesitan abortar para que lo hagan de manera segura y cuidada. Desde el 2014 mantienen su tarea, lo hicieron durante la pandemia, después de la sanción de la Ley 27.610 y ahora, con Milei en el gobierno.

“Nos hemos encontrado con muchas personas que creen que la Ley ya no está vigente”, señala Sol. En la conversación con quienes acompañan, las socorristas se ocupan de desmitificar y de informar que la Ley 27.610 sigue en pie y las usuarias pueden exigir que se cumpla a pesar del contexto adverso. “Tenemos una ley que está vigente pero que comienza a tener más obstáculos para su garantía”, dice la activista. El acompañamiento socorrista ayuda a sortear todo eso que se presenta: brindan información y seguimiento a las personas que se ponen en contacto.

Juliana Montoya es integrante de La Revuelta y Socorristas en Red del Gran Buenos Aires, donde acompañan y brindan información para un aborto seguro. “Las políticas públicas son bien diferentes de un municipio a otro. Hay alguno, como en San Miguel, donde ha habido situaciones donde se les brinda información falsa sobre el acceso al derecho al aborto o han buscado convencer a las personas para que no aborten. Después hay otros donde se garantizan con mayor accesibilidad”, relata. Esta disparidad en el acceso, causa que algunas personas deban trasladarse hacia otros municipios para poder resolver, pero “hay algunos municipios que empiezan a no recibir usuarias porque escasean los insumos”, advierte.

Desde Neuquén, Nadia Mamani, activista de La Revuelta y Socorristas en Red, cuenta que la capital y alrededores de esa ciudad el acceso a la IVE/ILE se está garantizando en el sistema de salud formal, aunque “depende de los equipos de los centros de salud y del respaldo que tengan por parte de las direcciones de los hospitales”. Un caso paradigmático en esa provincia es el Hospital Heller, que supo estar a la vanguardia de la garantía del aborto legal y hoy registra obstáculos y dilaciones. “Notamos que hay demoras entre las consultas que hacen las personas hasta la entrega de la medicación. La disponibilidad de turnos es de 10 personas cada día que hay atención, además de los estudios de laboratorio y ecografía. Hasta que logran hacerse los estudios pasan algunas semanas”, grafica Nadia. “Esto genera angustia, preocupaciones o que tengan que pedir permiso en los trabajos y eso no siempre es posible”. La ley establece claramente que el plazo entre el pedido y la concreción debe ser de 10 días. El incumplimiento es un problema también porque los tiempos son sensibles teniendo en cuenta que el plazo para la interrupción voluntaria es la semana 14.

El rol del Estado

A propósito del 28 de mayo, Día Mundial de Acción por la Salud de las Mujeres, Amnistía Internacional publicó un informe donde visibilizan los obstáculos que enfrentan las mujeres y personas gestantes de todo el país para acceder a la IVE/ILE en tiempos de Milei.

El estudio describe la coyuntura global de ataques contra la llamada “ideología de género” y en ese contexto ubica a la Argentina de Milei: “Amparado en esta retórica, ha impulsado procesos de desmantelamiento progresivos de la política pública destinada a garantizar la igualdad de género y la salud sexual y reproductiva mediante la eliminación de programas estratégicos y la drástica disminución de recursos”, aseguran. Y alertan: “no solo se busca limitar el derecho de las mujeres y personas con capacidad de gestar para decidir libremente sobre sus cuerpos y proyectos de vida, sino que se vacía de contenido el rol del Estado como rector de la política sanitaria”.

Es que, desde que el líder libertario asumió la presidencia, el Ministerio de Salud de la Nación suspendió el envío a las provincias de insumos claves para la salud sexual, reproductiva y no reproductiva, tales como la medicación para el aborto o métodos anticonceptivos. “La falta de planificación de este traspaso de responsabilidades y la poca flexibilidad del mercado de insumos para negociar precios han complicado aún más la situación. Esto se refleja en las diferencias de precios en compras de insumos a nivel provincial”, subrayan en el último informe del Proyecto Mirar, publicado en diciembre de 2024.

Dentro de esas medidas se encuentra el desmantelamiento del Plan ENIA, el programa que había logrado reducir significativamente el embarazo en niñas y adolescentes. Valeria Isla, coordinadora de Proyectos de Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS) y ex Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, es contundente al respecto: “con el desfinanciamiento del Plan ENIA, sin sus equipos de trabajo territoriales y sin insumos disponibles, se va a generar una brecha de desigualdad entre las provincias en materia de prevención de embarazos no intencionales. El impacto sobre la vida de las adolescentes será importante”.

En comparación con 2023, desde Amnistía Internacional registraron un aumento del 275% en las denuncias por obstáculos en el acceso al aborto. Entre las más frecuentes se encuentran que “no hay medicamentos”, que “es imposible comunicarse con el 0800 y, si atienden, no dan información adecuada sobre dónde y cómo acceder”, “Consejerías” en hospitales públicos que buscan convencer a las mujeres de no abortar, maltratos y demoras. La línea 0800 a la que se refiere es la de Salud que el ministerio creó en 2010 y que ha sido una vía de reclamo en materia de derechos sexuales y reproductivos incluso antes de la sanción de la IVE. Hoy señalan su baja capacidad operativa.

“Me sentí aliviada”: la experiencia de abortar acompañadas

Frente a este escenario, el acompañamiento socorrista encarna la consigna de que la salida es colectiva. En los “talleres”, esos encuentros donde las socorristas se reúnen con quienes necesitan acceder a una interrupción de un embarazo no deseado para conversar y brindarles información, las personas encuentran alojo, alguien que las mira a los ojos para que el miedo se disperse: el aborto se va a resolver.

El dispositivo de acompañamiento socorrista tiene cuatro momentos: la llamada telefónica, el taller, el acompañamiento y el seguimiento post aborto.

“A veces lo que está necesitando la persona que estamos acompañando es que la escuchemos, poder verbalizar todo eso que le está pasando que no puede contárselo a cualquiera, porque corre el riesgo de ser juzgada. Poder expresarse, poder llorar, abrazarnos. Poder insistir juntas frente a una negativa”, dice Sol desde Comodoro Rivadavia.

Nuria tiene 37 años y vive en Viedma, provincia de Río Negro. Supo que estaba embarazada porque empezó a sentirse mal, cansada, con sueño y una pesadez inusual. Se hizo un test y dio positivo. “No era lo que quería, no estoy en el momento indicado para volver a ser mamá, la cosa está muy difícil”, asegura. “Necesito mi cuerpo”, dice la mujer. Es madre de dos adolescentes y sostiene varios trabajos para llevar el día a día.

“Muchas veces no se puede destinar tiempo a realizar varias consultas en el sistema de salud, pedir los días si requiere varias visitas.Y hoy existe un enorme temor a perder el trabajo, sea este formal o informal. Lo económico es una carga más para quienes están intentando resolver su interrupción”, explica Sol.

Los días están más exigidos, las jornadas laborales son más largas, las tareas de cuidado llevan más tiempo. “Lo que hacemos es ayudar a pensar estrategias de cómo acomodar la vida para poder resolverla. Ya sea proponiendo ideas o contando experiencias que le han servido a otras mujeres”, dice Juliana.

“Antes de la ley los temores eran por el riesgo en la salud. Ahora, las preocupaciones tienen que ver con las formas de acceder, de cuánto les va a llevar, aventurarse a pedir un turno o a comunicar la decisión a una persona que tal vez no está a favor de la ley, el temor a esa mirada negativa, al seño fruncido”, cuenta Nadia. Por eso, durante el encuentro presencial se conversa sobre todas esas preguntas. “Las personas se quedan mucho más tranquilas, notás la diferencia en cómo una persona venía con mucha preocupación y cómo sale de esa reunión”.

Cuando llamó a socorristas, Nuria dice que se sintió “aliviada”. Quien la atendió fue Bárbara, integrante de la colectiva de Socorristas en Red de Viedma. “Salgo del trabajo y te llamo”, le escribió y a los pocos días coordinaron para encontrarse en el taller.

“Sentí dolores pero no fue traumático, no lo siento pesado en mi cabeza. Me sentí tranquila y cuidada”, cuenta Nuria tiempo después de haber abortado.

Sostener la ley

“Los equipos de salud sostienen la ley y el compromiso de brindar atención de calidad a las personas”, asegura Mariana Romero, Co-directora de la Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS).

Entre los desafíos que enfrentan las médicas amigables que garantizan en el sistema de salud, Romero menciona la falta de disponibilidad de insumos, las “dificultades y desinformación que enfrentan las mujeres para acceder a los servicios”, las “amenazas a la legitimidad de sus prácticas” y “el debilitamiento del sostén que brindaba un equipo central, en articulación con referentes provinciales”.

Selva Palaveci es ginecóloga y trabaja en el hospital de Maimará, Jujuy, a donde llegan usuarias desde los puntos más lejanos de la provincia para acceder al aborto legal en el sistema público de salud. “Las opciones son pocas, por eso se tienen que trasladar muchas horas, lo que implica tiempo y plata para poder resolver”, relata. “Somos cada vez menos quienes garantizamos”, asegura Palaveci.

Ella es una de las pocas médicas de esa provincia que garantizan Interrupciones Legales del Embarazo (ILE), es decir abortos de segundo trimestre, y alerta que el gobierno dejó de pagarle las guardias pasivas por ese trabajo, que le requiere, entre otras cosas, dejar de atender en su hospital de origen en Maimará para ir a resolver las ILE de otras jurisdicciones. Palaveci sólo trabaja en el sistema público de salud. Por esa razón, en mayo tuvo que suspender esta tarea y aguarda a que la situación salarial se regularice porque, reclama, su labor debe ser retribuida. Mientras tanto, desde Maimará, sigue garantizando abortos en primer trimestre.

Desde Comodoro Rivadavia, en el otro extremo del país, Sol Cañumil, integrante de Socorristas en Red, coincide: “ha habido una gran baja de profesionales y lugares que venían garantizando este derecho”.

“Objetores”

La llamada objeción de conciencia está estipulada por ley y le permite a los médicos negarse a realizar la práctica. Sin embargo, tienen la obligación de brindar la información necesaria para que la persona que lo solicite pueda acceder a su derecho y deber de derivarla de buena a fe para que pueda resolver.

Según el estudio sobre objeción de conciencia en aborto en Argentina “Los malos usos”, se registraron 223 eventos de negación a la práctica de aborto por objeción de conciencia desde la sanción de la ley 27.610 hasta el 2023. De ese total, 87 fueron casos de negación institucional, “ya sea porque todo el personal médico alegó objeción de conciencia (situación permitida sólo en efectores privados) o porque declararon la objeción de conciencia institucional (a pesar de no estar permitido por la ley)”, señalan.

“De mantenerse la desidia del gobierno nacional, y frente al vacío de rectoría del ministerio de salud de la Nación, no es apresurado decir que los malos usos de la objeción de conciencia aumentarán, alentados por el entorno y por la falta de aquellas condiciones que hicieron posible su delimitación”, alerta Agustina Ramón Michel, Co-directora de REDAAS.

Sostenerse en red

“En estos tiempos de hostilidad lo mejor que podemos hacer es sostenernos en comunidad, eso nos da esperanzas”, dice Nadia de La Revuelta de Neuquén. En la era de la instantaneidad, el socorrismo ofrece tiempo. “Y ahí es donde el acompañamiento socorrista renueva su sentido”, dice Sol, “es tiempo que ponemos a disposición de otras personas, rompemos la lógica de la fragmentación y aislamiento”. “A las personas que acompañamos les decimos que somos feministas y desde los feminismos las acompañamos. Son momentos de alianzas, de pactos. Es un momento para mirar la realidad de manera diferente”, añade Juliana desde el Gran Buenos Aires.

Para Mariana Romero, Co-directora de REDAAS, “las redes de profesionales son fundamentales como espacios de sostén, aprendizaje y apoyo”. No solo para compartir información clínica para brindar atención de calidad, sino también como “forma de sortear los obstáculos en la provisión de los servicios y también facilitar el acceso de las personas”. “Trabajar en red significa articular entre los equipos, compartir estrategias, eventualmente derivar y acompañar a las personas usuarias”, asegura.

Así, en tiempos de vaciamiento del Estado, frente a las dilaciones y los obstáculos, los maltratos y la crueldad, las redes de médicas y de activistas siguen tramando ingenierías de escucha y de cuidados para resguardar eso que tanto costó lograr: el derecho al aborto legal.

CV / MA

–Amor, ¿vos tenés 15 o ya cumpliste los 16?

–No, tengo 15 todavía. Recién en agosto cumplo 16. 

–Ah, cuando nace la gordita. Che, hay que pensar en un nombre. ¿Qué nombres te gustarían?

–Yo pensé Natasha. Le quería poner Hilda, por el nombre de mi abuela, pero ese nombre lo tiene mi hermana.

–¿Y si le ponés Natasha Hilda? Si tu abuela es importante para vos... ¿O no? ¿Tu abuela es de parte de tu mamá? ¿Cómo te llevás con ella?

–Falleció cuando yo tenía siete años. Era más pegada a mi abuela que a mi mamá. 

Dos mujeres –una sentada, sonriente, de unos cuarenta años, y otra muy joven, de pie, con una carpeta en la mano y tomando notas todo el tiempo– interrogan a una chica flaquita y en pijama rosa, sentada en una silla destartalada del comedor comunitario de Barrio Mitre. Acá el frío se combate con mate y tortas fritas recién hechas. M, la chica del pijama, no se mueve de su rincón. Llegó hace un rato con su noviecito lleno de piercings y no se la ve demasiado feliz. La panza, oculta debajo del buzo, ni siquiera se adivina. Está de siete meses. En realidad, de “28 semanas y tres días”, apunta la chica parada frente a ella, que se llama Maricruz y no pierde un solo detalle de nada: toma apuntes, revisa un celular y mira a M fijamente. 

Aquí, en este mismo patio de contrapiso desnudo, María Rosa –la vecina a cargo del comedor, nacida y criada en Barrio Mitre, madre de siete– prepara y distribuye 80 viandas por noche. “Este es un barrio de gente humilde, casi todos son cartoneros. Está complejo todo. Y el consumo está instalado, como en todos lados. El tema de la droga y el del alcohol. Nosotros tratamos de acompañar a los chicos y de contener, desde nuestro lugar, hasta donde podemos. Ahora viene más gente que antes, no damos abasto”, cuenta. El municipio les lleva la mercadería y María Rosa la convierte en raciones para 190 personas. El comedor tiene ya 20 años. Cinco más que M, a quien la mujer sonriente sigue interrogando. 

–Contanos qué hacés en el día. ¿Vos te levantás y qué hacés? 

–Estoy mirando videos. Nada, estoy ahí, en casa. Al pedo. 

–¿Te gustaría ir a algún taller? Nosotros tenemos talleres. Una vez por semana  podrías ir dos horas a conocer ahí a mamás embarazadas del barrio, comer algo rico, escuchar otras historias. Te van a decir que sos valiosa, todo lo que podes aprender, hacer pulseritas .¿Te gustaría? 

La mujer que habla es María Emilia Carman, “Emi” para las nueve personas que la acompañan en su trabajo. Es la coordinadora del programa municipal llamado El Camino de la embarazada. Emi tiene un aire a la mujer que en 2018 militaba contra la ley de aborto repartiendo bebitos de plástico y, como ella, sonríe mucho, todo el tiempo. Su alegría parecería ser contagiosa; por algo todas las chicas que la acompañan sonríen igual. Del cuello de Emilia cuelga un medallón de San Benito y de su boca, muchísimas preguntas. Quiere saberlo todo de M: qué hace, qué no hace, con quiénes vive. A qué hora se duerme y se despierta. Si tiene abuela, tíos, mamá. Y qué come, sobre todo eso: qué come. 

–¿Estás yendo a la escuela, vos?

–Sí, pero no me querían. Como tengo casi como seis meses de panza... no te quieren de cinco para arriba

–¿Vos este año habías empezado el cole?

–Si, pero me mandan tarea a casa. No quieren que vaya por si me agarra… algo. 

El temor de los docentes se explica con sólo mirar a M: tiene los ojitos apagados, la piel amarillenta  y una flacura que la ropa holgada no consigue disimular. Tiene también, bajo la silla, una bolsa con turrones, alfajores, una banana y una mandarina que le acaban de dar “las chicas”, como ella les dice a las operadoras del programa. Pero Emi ya tiene, para cada problema, una solución. Le cuenta de los talleres que da el municipio, del programa Envión de apoyo escolar. Es apabullante. Y nunca, nunca se detiene.

–Escuchá: ¿a qué hora te acostás de noche?

–A las doce.

– ¿Y te levantas y desayunas?

–Sí, a veces. A veces me levanto y no queda nada. Son una banda los hijos de mi tía. 

–¿Y almuerzo?

–A veces hacen a la noche nomás de comer.  

–Pero si vos vas al Envión, ahí vas a tener para desayunar. Para desayunar y para almorzar, o sea que tenés cubierto para tu bebé, eso es re importante. Vos lo que tenés que buscar es un lugar donde puedas dedicarte tiempo a vos, donde puedas comer bien, donde te sientas cómoda. 

Pero lo más importante de todo, aclara, es que M esté en contacto con Maricruz, su acompañante perinatal, una chica morocha y seria que anota todo. Es ella, de hecho, la que sabe cuántas semanas faltan para el parto de M y hasta quien contesta cuando pregunto de cuántos meses está. Con esa chica, explica Emilia, M debe estar en contacto sí o sí. 

–Cualquier cosa, vos sabés que la tenés a Maricruz. ¿Vos le escribis a Mari? 

–Sí, sí.

–¿Le mandas mensajitos?

–Cambié el número 

–Pero ahora podemos tomarlo. Mira, acá Maricruz estaba en contacto con tu mamá porque vos no tenías celular. ¿Sí? Pero ahora ya tenés celular y, ¿Sos mamá o  no sos mamá? Sos mamá. Porque si tenés a tu bebé en la panza, ya sos mamá. Entonces, Maricruz puede empezar a comunicarse directamente con vos para decirte qué tenes que hacer. Vos le podes escribir, le podes decir “Mari, tengo tal turno”, o “Me fue bien”. ¿Entendés? Estas cosas que son de las mamás. 

M, 15 años, asiente. 

Mamá corazón

El Camino de la embarazada es un programa local nacido en 2016 como la respuesta del municipio a una realidad bien concreta: la mayoría de las gestantes, sobre todo en los barrios populares, llegaban a la sala de parto casi sin controles de salud. Funciona desde hace nueve años y operó aun en pandemia, cuando una camioneta con altavoces recorría los barrios instando al vecindario a avisar sobre la existencia de embarazadas en la cuadra. “Buscamos, detectamos y acompañamos a mujeres que por algún motivo no controlan su embarazo. Gracias a este programa tuvimos mortalidad materna 0 en 2020”, twitteaba desde su cuenta personal Pablo De la Torre, por entonces funcionario de Salud en San Miguel. Pocos años después, con la llegada al poder de Javier Milei y de la mano de la ministra Sandra Pettovello, De la Torre saltó al nivel nacional: quedó al frente de la Secretaría Nacional de Infancia, Adolescencia y Niñez (SENAF), de la que sería excluido a principios de 2024 en medio del escándalo por la distribución de alimentos a los comedores populares.

Declarado el 10 de mayo de 2018 como “municipio pro vida” por su Concejo Deliberante, San Miguel es – junto a Capitán Sarmiento– uno de los dos últimos municipios que aparecen en rojo en el mapa de acceso al aborto legal en l provincia de Buenos Aires. Esto es, uno de los territorios en donde el derecho a interrumpir un embarazo, amparado por una ley nacional promulgada hace cuatro años (la 27.610, de Interrupción Voluntaria del Embarazo) no se cumple y fuerza a niñas y mujeres a dos situaciones igualmente violentas; viajar para abortar o resignarse a gestar contra su voluntad, como en El cuento de la criada. 

Por algo en la presentación oficial de El camino de la embarazada, hace ya nueve años, se hablaba de un “acompañamiento cálido y cercano”. Con el tiempo, tanto la terminología como la retórica fueron mutando. Hoy el verbo utilizado es “detectar”, al tiempo que se hacen “operativos” y “rastrillajes” en busca de gestantes. Estos últimos consisten en recorrer un determinado barrio casa por casa, consultando si hay en la familia –o si se conoce– a alguna embarazada. Este rastrillaje se hace el día anterior a la llegada del operativo, como para ir sobre datos seguros y actualizados. “Lo que estamos haciendo hoy se llama operativo. Lo hacemos martes y jueves, en distintos lugares. Emi se encarga de hacer una logística y de ver qué barrio elegimos”, explica con una sonrisa enorme Dolores, una chica que se presenta como “acompañante perinatal. Nosotros acompañamos, sacamos turnos… Es como una asistencia medio psicológica también porque hablamos las 24 horas del día con las mamás. Las tenemos por el celular entonces hablamos todo el tiempo. A veces se sienten mal, hay veces que están tristes, entonces capaz necesitan que alguien las escuche. También hay muchas mamás criando en soledad. Siento que está muy bueno el programa porque nosotras las acompañamos un montón. Hay veces que te llaman a cualquier hora. Capaz son primerizas y tienen miedo. Entonces te llaman por cosas que las asustan pero son parte del embarazo”, explica. 

–¿Vos sos mamá?

–No. Tengo 21.

–¿Sos psicóloga?

–No,  estoy estudiando Obstetricia. Entonces, más o menos entiendo todo. Acompañamos a las mamás en todo eso que es más psicológico capaz. Que es lo más importante, creo yo, porque hay muchas madres adolescentes también. Yo tengo una mamá de catorce años que acompaño. Otra de quince…Y bueno, ellas necesitan más que nada del acompañamiento –dice. Y sonríe. 

Los operativos se realizan por la mañana –de 9.30 a 12.30– en todos los barrios del partido pero con especial énfasis en las barriadas populares como Barrio Obligado, Barrio Mitre o Santa Brígida. Esos días, en esos horarios, un móvil identificado con el logotipo de la municipalidad se estaciona en algún punto concurrido del vecindario y las embarazadas se acercan a hacerse controles y ecografías. En el interior del móvil hay un ecografista y una obstetra. Llega con él una bandada de chicas sonrientes, muy jóvenes todas, que bajan con bolsas, conservadoras, cajas con frutas, papeles. Como el trineo de Papá Noel, sólo que sin renos. Son, como Dolores, las denominadas “acompañantes perinatales”.  “Las que tienen delantal son las chicas de la UCA. Está buenísimo que vengan porque nos dan una mano. Les toman la presión a las embarazadas y a veces les dan charlas también para concientizar porque hay muchas en consumo. O vienen de seis meses a hacerse el primer control. Eso es una locura”, cuenta Dolores.

El sueño de poder elegir

Según el informe de gestión 2024, se asistió a 560 embarazadas durante esas visitas y realizó 294 ecografías. El ingreso al programa se basa en una serie de criterios, tanto sociales como sanitarios. Un criterio social es “ingreso por debajo de la canasta básica”, otro es “situación habitacional crítica” y otro es “madre criando en soledad”. Hay más. Un criterio sanitario es la ausencia de controles. Otro, la “falta de aceptación del embarazo”. Se consigna, de hecho, que 1 de cada 4 embarazadas acompañadas por el programa no quiere estarlo, más de la mitad (65%) no llega a cubrir la canasta básica y 1 de cada 4 tiene antecedentes de consumo. En 2024 hubo 78 operativos. 

El Diario AR participó –entre abril y mayo de este año– de tres de esos operativos. Uno tuvo  lugar en un centro de salud, otro en un comedor dependiente de la municipalidad y el tercero fue en la plaza central de San Miguel, frente a la iglesia y de espaldas a la estatua de Sarmiento que, desde la altura, parece retar a todos los que pasan. A metros de ahí, en diagonal, otro busto –el del “Che” Guevara– fue perdiendo la cara de ataque en ataque, de martillazo en martillazo. Hoy, si no fuera por la placa al pie, sería difícil reconocerlo. Y no por casualidad. San Miguel, municipio alguna vez bautizado como “el Tucumán del conurbano”, es un territorio marcado por la presencia eclesiástica y militar: el Colegio Máximo de los jesuitas, por un lado,  y Campo de Mayo, por el otro, son los dos ejes entre los que queda encerrado todo lo demás. 

“Nosotros trabajamos con UNICEF en San Miguel y hace muchos años, cuando llegó De la Torre al municipio, nos echó. Echó a UNICEF porque ya estaba en contra de todo lo que tuviera que ver con la igualdad de las niñas, con la protección que tenían que tener las niñas y menos que menos en relación a la educación sexual integral”, afirma la doctora Mabel Bianco, directora de FEIM. “Lo único que va a hacer es apoyar a las embarazadas, hacer un seguimiento de ellas para que (si alguna quiere interrumpir ese embarazo) sea rápidamente ubicada y disuadida. Lo único que quiere es que lleguen al nacimiento. San Miguel es un municipio que está alambrado, no deja entrar a nadie. Es uno de los municipios con peores indicadores en cuanto a salud de mujeres y niñas.  Es terrible y lo peor es que querían llevar a Nación todas esas barbaridades que planteaban”, dispara. 

En la misma línea habla una ex trabajadora de la salud que pide reservar su nombre por cuestiones de seguridad y que se desempeñó por años en el centro de salud del Barrio Obligado. Desde esa experiencia, explica que “el gobierno sanmiguelino está, desde siempre, copado por el Opus Dei. Desde esa perspectiva, el derecho no está ni siquiera en el discurso. La palabra ”derecho“ no existe. No existe”, insiste. Y agrega que “lo que sí hay es la perspectiva religiosa y por eso la anticoncepción no está bien vista. Se vencían los anticonceptivos en atención primaria de la salud. Lo que pasa es que para que funcione el programa de salud sexual y reproductiva vos tenés que ir a ofrecerlo, no esperar que vengan. Y eso no sucede. Recuerdo una anécdota tremenda: cae una piba con un bebito y con el que sería su compañero. Y con una vocecita muy finita, dice que viene a buscar un anticonceptivo. Entonces la administrativa comenzó: ”¿Y cuál es tu apellido?“, ”Pero, ¿cuál es la pastilla que tomás?“. ”Bueno, tenés que venir cuando venga la médica porque yo acá no encuentro cuál es la que tomás“. Y la piba, con todo lo que le había costado ir a buscar esa pastilla, pegó media vuelta y se fue. ¿Cómo quieren después que no se embaracen?”

A es una chica desconfiada. Es martes, estamos en pleno operativo y esta cronista intenta –en vano– charlar con alguna embarazada. Sistemáticamente, es acercarse a alguna y que aparezca alguien del programa a llevársela rápidamente a algún otro lado. Pregunto si podré conversar con alguien. “Podes hablar siempre que no sean menores”, advierte una acompañante perinatal. Notable: contra lo que dice la Organización Mundial de la Salud (OMS), para la que la mortalidad materna es una de las tres principales causas de muerte entre las adolescentes de entre 15 y 19 años, en San Miguel las menores pueden gestar y parir sin problemas. Hablar, no. Por suerte, A no es menor de edad y espera, en una sala del centro, pasar al consultorio de la obstetra. Está embarazada “de muy poquito: nueve semanas” pero ya está siendo “acompañada” por el programa. Es madre de la nena que revolotea a su alrededor chupando la mandarina que acaban de regalarle. A. me muestra sus pequeños trofeos, en una bolsa: “Me dieron un turrón, galletitas y hasta un huevito de Pascua”, dice. Cuenta que además tiene otro hijo, un nene de siete. “Lo tuve a los 15, no disfruté nada. Me junté muy chica, me embaracé muy chica”. Perdió a su mamá a los seis años y a su papá poco tiempo después. La criaron entre una abuela y un tío. No pudo terminar el colegio. Con el padre de sus nenes estuvo un tiempo; hoy vive con ellos y no tiene trabajo. La historia es calcada de otras mujeres de este programa: empobrecidas, sin grandes recursos educativos, sin trabajo y con pocos o ningún referente afectivo. A la intemperie. 

Se las arregla, cuenta A, con “la asignación, pero con dos chicos y otro más en camino, no alcanza para nada. Yo recomiendo mucho El Camino de la embarazada porque te ayudan mucho con los turnos”, dice, como de memoria. Le pregunto entonces qué le gustaría para sus hijos. Me mira, seria. “Todavía son chicos, pero lo que ellos quieran va a estar bien. Eso me gustaría: que puedan elegir”. 

Con las mejores intenciones  

Jueves radiante en el centro de San Miguel. Hoy el operativo sucede en la plaza y coincide, me cuentan, con el Día Internacional de la familia. Hay mucha gente y muchas fotos. El equipo entero posa con una bandera que reza “Cuidar la familia es cuidar la Patria” y conversar con alguna embarazada se vuelve cada vez más difícil. Hasta que una chica muy jovencita y con cara de susto acepta la charla. Tiene entre sus manos la carpeta celeste y rosa con la que se recibe a cada nueva embarazada. En la tapa, la silueta de una mujer sosteniendo su propio vientre, el sello de la municipalidad y unos renglones vacíos como para completar: “Esta carpeta pertenece a…”. Pero la ilusión duró sólo un instante: en tres minutos aparece una acompañante perinatal rubia y de pelo largo a explicarme que no. “Ella no quiere hablar. Lo que pasa que es tímida. Te dijo que sí, pero no. Así que no”, anuncia, y sonríe. Busco entonces a otra embarazada y de nuevo lo mismo, sólo que con otro pretexto. “Esta chica no, es muy rebelde. Yo te voy a buscar con tiempo una con la que puedas hablar, una que conozca bien cómo es el programa”, se acerca entonces a explicar Emilia. Esta periodista se impacienta: “Vine a buscar voces y datos. Pero quizá éste sea el dato: que no pueden hablar”, digo. Por primera vez, Emilia deja de sonreír y se pone seria. Hay una tormenta armándose ahí, a la altura de su frente, pero termina bien: veo a una señora grandota sentada en la plaza junto a su hija, le propongo la nota a ella directamente y acepta. Hasta hace un rato, las dos lloraban por turnos: un poco la chica, otro poco la mamá, sentadas las dos frente a Emilia y a dos acompañantes de “Camino”, como le dicen todos. Se secaban las lágrimas con las palmas de las manos. Ahora, me cuenta la mujer, ya están mejor. Más tranquilas. “Y todo gracias a las chicas, porque me consiguieron todos los turnos. Pasa que ella se quedó embarazada y tiene muchos problemas. De adicción y ahora le detectaron que tiene un problema neurológico. Tengo mucho apoyo, mucha contención. Porque ellas me están ayudando en todo. ¡No sabés todo lo que anduve para conseguir un turno para el neurólogo, para el psiquiatra! Y hoy me lo consiguieron. Me voy aliviada porque ella tiene todos los turnos”. “Ella” es B, la menor de sus siete hijos. Una chica jovencita con un buzo de capucha negra que se baja constantemente hasta taparse casi toda la cara. Desde ahí asoma cada tanto, curiosa. Y sonríe. 

“¿Por qué no te dejan hablar con la gente?”, pregunta la señora apenas las funcionarias del programa se alejan un poco. Le digo la verdad: que no sé. “A mí me hace re bien hablar, me alivia. Ella está de cuatro meses. No quería venir pero anoche eran las 11, 12 de la noche y la pobre P estaba llamando, ”Que mañana B no se olvide el turno, B, veni que te voy a esperar“. Hoy, de nuevo: ”B, por favor hoy vení, que te estoy esperando“. B no quería venir pero ella la acompaña, la convenció para venir” cuenta, contenta. P es la acompañante perinatal de B, la chica que –hasta el día del parto– no debe perderle el rastro ni a sol ni a sombra.

Además de turnos y compañía, “las chicas” están ayudado a la señora (que tiene otra hija con discapacidad) a obtener el Certificado Único de Discapacidad (CUD) también para B. “Eso la va a ayudar muchísimo”, se entusiasma la madre. “Y si hablo con la psiquiatra voy a pedir que le hagan una ligadura de trompas porque no vaya a ser que un día se me escapa y vuelve a quedar embarazada. No puede. Porque si no está apta para criar un bebé, si no está apta para tener un bebé, ligale las trompas porque no va a estar apta nunca para tener un bebé”, razona en voz alta. Le cuento que, por ley, su hija podría acceder a una interrupción pero ni lo considera. “Yo soy anti aborto. Ella dijo que no quería tener. Pero en este caso el psiquiatra dijo que ella no puede tomar ninguna decisión. Igual ya ahora no se puede interrumpir el embarazo. Está muy avanzado. Crié siete, voy a criar una nieta más. Es así: caerse, levantarse y seguir. Hoy estaba en un pozo porque andaba buscando los turnos para el psiquiatra porque ya no sé qué hacer. ¡Y ahora me consiguieron el turno!”, celebra. B sonríe. Le pregunto entonces a la chica qué le gusta hacer. Asoma un ojo desde la capucha. “Estar acostada. Durmiendo. A veces estoy con el celular, mirando Tik Tok. Miro la tele y a veces tomo mate con mi papá o con ella. Tengo dos perros y dos gatos. Y una gata.  Los perros la corren por todos lados, ¡y ella se escapa!”,  dice. Y se ríe. 

Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de Derechos Reproductivos, Salud y Justicia en las Américas.

DTC

Rocío tiene claro que quiere ser mamá. Por eso, hace dos años, cuando cumplió 34 y ya no podía evadir el tic tac del reloj biológico sonando de fondo, congeló sus óvulos. Mateo, su pareja, le había dicho varias veces que “no estaba preparado” para ser padre. Ella esperó 5 años que llegara el momento epifánico de la preparación, que un día se despetaran en el dos ambientes en el que convivían en Belgrano y le dijera: “¡Estoy listo!”. El fin de semana pasado se separaron. 

Cada vez que el derrumbe de la tasa de la natalidad entra en la conversación pública como un dardo lanzado, en general, por quienes se oponen a que la autonomía sexual de las mujeres, las responsabilidades del fenómeno apuntan a ellas y a las políticas de derechos sexuales y (no) reproductivos que permitieron planear y elegir cuándo, cómo y con quién ser madres. En X muchas mujeres jóvenes sin hijos se hicieron eco de la interpelación y contaron historias como las de Rocío.

Ahora que ellas pueden decidir que sí, parece que no encuentran cómplices para la misión de una maternidad deseada. Parece que no alcanza con enunciar “mi cuerpo, mi decisión”, en la era de “tus dólares, tu decisión”.  “Este año salí con tres chabones, dos me ghostearon y a otro lo dejé de ver porque no había escuchado hablar nunca ni de Bad Bunny ni de Karl Marx, ¿con quién chota quieren que seamos madres?, ironizó @merdgie en X. La usuaria @flortundis escribió algo en la misma línea: ”Con quienes vamos a tener hijos si los tipos tienen 40, entradas y siguen diciendo que no quieren nada serio o ghostean por no tener la madurez emocional de decirte no va más. Sean serios“. 

Además de la transición demográfica que muestra ese derrumbe como una realidad global sostenida hace 70 años, si habitamos una época de desencuentro heterosexual y recesión sexual, ¿no suena lógico que existan dificultades para la reproducción y no sean únicamente biológicas?  

Esta vez, esta semana, fue el propio presidente, Javier Milei, un hombre soltero y adulto que a los 54 años no ha tenido hijos, quien habló en tono catastrófico sobre la baja de la tasa de natalidad. Para él, es un problema que reduce el mercado y frena la división social del trabajo, y consideró que este descenso se debía al “globalismo” de la “Agenda 2030”, a la que considera promotora del aborto. En Argentina, según las cifras del Ministerio de Salud de la Nación, la natalidad empieza su desplome a partir de 2014. El aborto es legal recién en 2020. Es cierto: la cantidad de nacimientos cayó 35% en la última década. El 90% de esa caída se produjo antes de la interrupción voluntaria del embarazo. Los datos desmienten, otra vez, al mandatario libertario. Sin embargo, algo del contexto y la época es necesario poner en conversación para entender el fenómeno. 

Los motivos del descenso de la fecundidad son diversos y personales. El factor económico y las cuestiones materiales (en marzo, en este país, se necesitó $410.524 para criar a un bebé menor de 1 año y $515.984 para niños, niñas y adolescentes de 6 a 12 años. Mientras que el salario mínimo es de $308.000) plantean una maternidad/paternidad realista y efectiva. Pero también el simple hecho que hoy la no reproducción es una opción que quizás era impensada para las generaciones anteriores. 

Hace poco a la actriz Fernanda Mitelli le preguntaron en una entrevista en Revista Caras: “¿Por qué estás tan convencida de no tener?”. Es un interrogante que suele aparecer en las entrevistas a las artistas, escritoras y mujeres con voz pública pero que muy pocas veces se les hace a los varones. “Porque no encuentro un para qué, si estoy espléndida así, si estoy bien. Me encanta mi vida así cómo está”, contestó ella con simpleza genuina. 

¿Y ellos?

En octubre de 2024 la revista Social Psychological and Personality Science publicó un estudio en donde entrevistaron a casi 6.000 personas adultas para que evaluaran qué tan satisfechas se sentían con su vida en general, y en particular con su vida sexoafectiva. La investigación mostró que las más felices, saludables y satisfechas sexualmente eran las mujeres solteras y sin hijos, y que los más felices de entre los hombres eran los casados. El estudio también mostró que los más insatisfechos eran los hombres jóvenes y solteros. 

La periodista y escritora colombiana Catalina Ruiz-Navarro cita esta investigación en su libro Deseada. Maternidad feminista, publicado el año pasado. Ella dice: “El costo que tienen que asumir las madres es altísimo. Son costos físicos, de salud mental, a su vida profesional. Y me parece natural que las mujeres no estén dispuestas a asumirlos. Me llama mucho la atención que cada vez que se tiene esta discusión la culpa siempre es del feminismo, de los derechos sexuales y reproductivos. El mensaje es: ¡mujeres tienen que tener hijos para salvar la economía o la raza humana! Nadie les está diciendo a los varones que necesitan ser buenos padres, padres presentes para salvar a la economía o a la raza humana”.   

Sobre las maternidades y no maternidades hay una extensa bibliografía y filmografía. Conocemos los motivos y el derrotero de las madres y las derivas de quienes no quieren serlo por la industria cultural. ¿Y ellos? Es paradojal que el propio Presidente, que no se reprodujo hasta el momento, sea quien reclame que el resto lo hagamos. El varón que representa Milei tiene mucho de la masculinidad epocal. 

El Instituto de Masculinidades y Cambio Social es una de los pocos espacios que viene estudiando estas subjetividades contemporáneas emergentes en la que confluyen el capitalismo financiero y la digitalidad. Nicolás Pontacuarto, uno de los integrantes del Instituto, dice: “Si bien hay una retórica en el discurso libertario de ‘repoblar el mundo’ y regresar a una masculinidad socialmente más tradicional, el modelo de varón que proponen es uno que tiene más afecto por el dinero que por las personas. Algunos vendecursos muestran en redes a ‘sus novias’ pero más como ‘mirá lo que logré con el estilo de vida que llevo’ que valorando la afectividad o planificando ‘futuros’ con esa persona. Es decir, Rolex, Lamborghini, novia. Es parte de su fetichismo por los objetos y cosificación, no valoración en un sentido humano. Al menos cómo lo muestran en redes”.

“Para los vendecursos y los criptobros, expresiones más acabadas de la subjetividad masculina de la época mileista, el otro es una pérdida de tiempo –sigue Pontacuarto–. Es decir, su relación con el otro siempre está mediada por un interés económico: pueden ser sus alumnos o bien obstáculos para el cumplimiento de esos intereses. Aparece esta idea de denostar el ocio porque es un tiempo improductivo. Si hay familia o amigos que no ‘suman al cumplimiento de los objetivos’ es tarea del mentor, el vendecurso, orientar a su alumno para que deje atrás a esas personas que no le suman”.

La socióloga Sol Prieto lanzó la pregunta en X, “como un ejercicio de ideación, no para contrastar hipótesis sistemáticamente”: “Para la gente que no tiene hijos al momento de leer esto ¿Cuántos años tenés? ¿por qué no tenés hijos ahora?”. Al cierre de la nota el tuit tenía 8.000 respuestas, lo cual ya representa, según la investigadora “un corpus”. Ella todavía no había procesado toda la información, pero consultada para este artículo sobre las diferencias en las respuestas según el género, dijo: “Hay varones que dicen 'No tengo novia', 'No tengo con quién', 'No tengo mucho sexo' como argumento. Ellas van más por el lado del no deseo, la inestabilidad de ingresos y sobre todo de vivienda y, algo que sí me sorprendió, es el tema de la salud mental: 'Tengo TDAH” 'Tengo depresión', 'Tengo trastorno bipolar', 'Estoy medicada' e incluso 'Todavía no encuentro la medicación para estar bien'“. 

Después de la revolución 

Las formas de amar y vincularnos que conocían las mujeres y los varones que nos antecedieron cambiaron, pero no tanto. Están todavía moviéndose y acomodándose como placas tectónicas. 

Este año se cumple una década de Ni Una Menos y un lustro del reconocimiento estatal como ciudadanas del derecho a decir que no a un embarazo que no se desea. En la última década, en Argentina, hemos estado teniendo una conversación –por momentos hablando todas y todos al mismo tiempo– sobre los riesgos de género, con una linterna apuntando especialmente a las parejas heterosexuales y los hogares. Las cadenas de violencias que despliega el machismo que pueden ser letales y las desigualdades cotidianas en los cuidados y la crianza que quitan tiempo de ocio y calidad de vida. Hubo oleadas de denuncias masivas por acoso y abuso sexual. Demasiados agresores, abusadores y violadores fueron destapados de la sábana de impunidad que los cubría. ¿Cómo entregarse a lo incierto con la conciencia del riesgo constante? ¿De qué manera amar bajo sospecha? ¿Cómo tramitar el desencanto y seguir apostando a los vínculos heterosexuales? 

Hace poco leyendo una columna Catalina Ruiz Navarro en la revista que ella fundó, Volcánicas, descubrí el término “heteropesimismo”. Lo nombró así por primera vez Asa Seresin en un ensayo que publicó, en 2019, en la revista The New Inquiry. El “heteropesimismo” se define como “una desafiliación performativa de la heterosexualidad, usualmente expresada como arrepentimiento, vergüenza o desesperanza frente a la experiencia heterosexual”. Y agrega “que estas desafiliaciones sean performativas no significa que no sean sinceras, más bien es que rara vez van acompañadas de un abandono real de la heterosexualidad”.

La conversación digital da cuenta que son muchas las que todavía no abandonan la heterosexualidad porque el deseo no es un vestido que una se pueda poner y sacar. Las que insisten se preguntan: “¿con quién quieren que tengamos hijos?”. Los varones, ¿qué preguntas se están haciendo?  La maternidad deseada parece una misión complicada entre la insistencia y el heteropesimismo.

MFA/DTC

Una mesita en la vereda. Un grupo de mujeres que junta firmas para que se legalice el aborto.  Están frente al Congreso de la Nación, en la ciudad de Buenos Aires; pero también en Córdoba en la Plaza San Martín; en Rosario, frente al Monumento a la Bandera; en Mendoza, en La Plata y en cada vez más provincias y ciudades de todo el país. Están en plena campaña. Acaban de parir una organización que luchará y conseguirá la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, conseguirá importantes avances en derechos sexuales y reproductivos, hasta nuestros días. Corre el año 2005 y ha nacido la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. 

A punto de cumplirse veinte años de su lanzamiento, protagonistas de aquellos días -y que hoy continúan en las luchas feministas- comparten diferentes impresiones y una convicción común que sigue vigente. Una de las pioneras es la médica y psicoanalista feminista Martha Rosenberg. Para ella “la Campaña encarnó la voluntad de reunir de manera democrática, federal, participativa y plural todos los movimientos que nos precedieron”. Cita un hito previo: el Encuentro Nacional de Mujeres de 2003, en Rosario. “Allí tuvo lugar una gran asamblea feminista organizada por Dora (Coledesky) y otras compañeras, que venían trabajando juntas en las asambleas populares que nacieron al calor de las luchas del 2001”, recuerda. Esa construcción derivó en una plenaria que se hizo en Córdoba el 14 de mayo de 2005. “Ahí se dio una operación de confluencia, una constitución orgánica  -con todo lo orgánica que pudo ser la Campaña-, que discutió sus objetivos y sus lemas”. Dos semanas después se fijó la fecha oficial de nacimiento. 

Ni (tan) feministas ni (tan) a favor

Otra de la pioneras, la abogada laboralista Nina Brugo, sonríe acordándose de una anécdota del año 2003, con Dora Coledesky: “Estábamos  en el Encuentro de Rosario, en la fila para entrar al comedor, y se me acerca Dora -a quien yo no conocía- para pedirme que firme por el derecho al aborto. ‘De ninguna manera’, le contesté. Dije: ‘No tengo problema con las mujeres que abortan, siempre las voy a acompañar, pero es un asunto individual, privado’”. Ese mismo día Brugo participó de una asamblea inmensa en el salón de actos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario. La actividad no sólo la emocionó, la convenció. Buscó a Dora y le dijo “vení, dónde hay que firmar”. Después se puso el pañuelo verde y ya no se lo sacó nunca más.

Una de las comisiones de trabajo en los Encuentros de Mujeres estaba dedicada a debatir “anticoncepción y aborto” y no había un pronunciamiento explícito a favor de la legalización. Pero cuando la preocupación creció y las compañeras que venían trabajando el tema propusieron una comisión exclusiva para debatir sobre aborto, quienes estaban en contra se presentaban y obstaculizaban el debate. Con argumentos conservadores, morales o religiosos, intentaban obstruir los acuerdos y devolver el problema, una preocupación concreta de las mujeres, al silencio o al susurro clandestino.

Pero la militancia y la creatividad feminista cambiaron la estrategia: “Llevamos a Rosario la propuesta de una comisión de Estrategias para el derecho al aborto. De este modo, allí nos reunimos todas las que queríamos el derecho y lo que se discutió no fue ‘aborto sí/aborto no’ sino cómo nos organizábamos para conseguir el derecho a decidir”, recuerda Martha Rosenmberg. Algo así como “si no estás de acuerdo, esta no es tu comisión”, agregan otras.

En la marcha final, la movilización que cierra todos los Encuentros, más de 10.000 mujeres marcharon cantando y portando carteles a favor del aborto. Y allí apareció por primera vez el famoso pañuelo verde. La fundadora de Católicas por el Derecho a Decidir Marta Alanís trajo una bolsa con unos cientos y los repartieron. Jamás pensaron que estaba naciendo un símbolo mundial. 

Dice Marta Rosenberg: “La lucha por el derecho al aborto fue una lucha contra el silencio”. No se publicaba nada, recuerda, y si la palabra “aborto” aparecía era únicamente para criminalizar.  Entre las que trabajaron por hacer público el tema se destaca la periodista Mariana Carbajal. “Convertimos el aborto en un tema sobre el que había que informar, haciéndonos eco del activismo mucho antes de que la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto se conformara como colectivo político transversal y transformador”, escribió Mariana en un reconto de Página 12 donde comenzó a publicar sobre la temática desde 1991. 

No nació de un repollo

En el año 2005, tras los debates y acuerdos en los Encuentros Nacionales, unas 70 mujeres se reunieron en Córdoba para dar a luz a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. “Esa que se toca la nariz soy yo” dice Alejandra Domínguez, referente histórica de la Campaña, frente a una foto descolorida de la plenaria que se hizo en Córdoba. Recuerda ese 14 de mayo frío y húmedo en el local de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado Córdoba) de la calle Entre Ríos: “Había mujeres que venían de distintos lugares del país y de diferentes trayectorias y organizaciones de la sociedad civil. Ese día definieron el nombre completo de la Campaña Nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, el lema: Educación sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar, Aborto legal para no morir. 

También la fecha oficial del lanzamiento. Alejandra insiste en que la historia empezó antes: cita encuentros, asambleas, viajes. “Me parece importante describir el proceso, porque las construcciones colectivas claramente son procesos. Y no lo digo como un discurrir teórico, es una precisión, porque fuimos decidiendo entre todas, con avances y con retrocesos, acuerdos y desacuerdos, con errores y aciertos”, marca la flamante decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Y se le quiebra la voz. 

La fecha elegida para el lanzamiento oficial de la Campaña Nacional por el Aborto legal, seguro y gratuito fue el 28 de mayo de 2005, de tal manera de hacerla coincidir con el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, instituido mucho tiempo atrás.

Ahí comenzó una nueva etapa de trabajo: “Nosotras llevábamos las mesitas y las planillas a la calle y nos poníamos en la Legislatura, en la Plaza San Martín, en distintas esquinas de la ciudad. Íbamos los jueves, los viernes, en algunas fechas claves de las efemérides feministas y así juntamos firmas por un año”, recuerda Alejandra Domínguez. “Era re difícil en ese momento: muchas personas nos trataban mal, otras pasaban en silencio y algunas firmaban. Poco a poco fuimos rompiendo ese silencio y festejamos cada firma como un triunfo”. Era un trabajo duro pero que se disfrutaba. “Decíamos estamos en campaña hasta que lo logremos; pueden ser años y de hecho fue más largo de lo que pensábamos, pero lo logramos”, manifiesta orgullosa.

Grandes acuerdos para grandes batallas

Estela Díaz, actual ministra de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires, también estuvo entre las primeras militantes que se sumaron a la Campaña. “Necesitábamos sacar el tema de la clandestinidad. Para legalizar el aborto había que dar el debate y construir masa crítica. Y eso requería transversalidad política y social, además de un debate federal”, recuerda.  

Marca como un gran acierto político haber comprendido que no iba a conseguirse con organizaciones pequeñas. Ella venía del sindicalismo, era secretaria de Igualdad de Género de la CTA (Central de Trabajadores de la Argentina), y sintió la responsabilidad de articular: “En diversos congresos de la CTA habíamos definido lo que en ese momento nombrábamos como la ‘despenalización’ del aborto y el acceso a la salud sexual y reproductiva, y desde esas definiciones se planteó la participación en la Campaña. Participamos de la recolección de firmas, de los primeros proyectos, y procuramos la inclusión de las organizaciones que integran la CTA, sindicatos y movimientos sociales”. No fue un proceso sencillo. 

“Ya como ministra pude verificar que hasta en las localidades más pequeñas de la provincia de Buenos Aires llegó la Campaña, el pañuelo verde, la movilización en las plazas, en los centros de estudiantes y se produjo ese enorme cambio social por el derecho a la autonomía y a la decisión y al mismo tiempo la responsabilidad de la sociedad para garantizar ese derecho”, concluye.

El palacio y la calle en el mismo sentido

La presentación en el Congreso de la Nación del primer proyecto de ley para la legalización del aborto fue en 2007 y la hizo una delegación de la Campaña. En la calle, las compañeras que vinieron de diferentes lugares del país protagonizaron una gran movilización, alegre y colorida. “Eran cientos de miles de firmas -recuerda Alejandra Domínguez- desde Córdoba salió un flete con cuatro cajas repletas de planillas firmadas”. 

Pronto aprenderían que también necesitaban ampliar las alianzas en el Congreso de los diputados, que no bastaba con el apoyo de dos o tres. Julia Martino, otra compañera histórica de la Campaña y actual presidenta de Incidencia Feminista, recuerda que un año después de haber presentado ese proyecto en forma particular se resolvió presentar uno nuevo, esta vez con firmas de diputados y diputadas. “Y lo pensamos con firmas de diferentes bloques, porque teníamos claro que había que sumar a todas las personas que estuvieran de acuerdo, de todas las fuerzas políticas”, recuerda. Así, un grupo de compañeras caminaron los pasillos del Congreso durante días; tomaron incontables cafés; hablaron durante horas; organizaron reuniones y por primera vez se logró presentar un proyecto con 21 firmas, en el 2008. Y así siguieron insistiendo hasta la octava vez, 10 años después de aquella primera presentación, pero esta vez con 72 firmas. Ese fue el proyecto que por primera vez logró su camino hasta el recinto en 2018. Y aunque fue rechazado en el Senado, el debate que suscitó fue clave en el consenso social que llevó finalmente a la aprobación en 2020. 

20 años ¿no es nada?

Marta Alanís, la fundadora de Católicas por el Derecho a Decidir y militante de la Campaña desde el inicio, tiene cierta renuencia a hablar del pasado. Con un tono amable y pausado, afirma que prefiere hablar del presente. “Tengo una profunda preocupación por los tiempos que corren; recuerdo con emoción y me enorgullezco de todas las compañeras y de todo lo que hicimos para lograr la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2020. Pero la actualidad urge”, explica.  Por eso está “cada vez más involucrada en la defensa del estado de derecho y en la defensa de nuestros derechos”. 

Dice que reivindica el trabajo de la Campaña más allá de la obtención de la ley. Pero ahora, piensa, “estamos en otra etapa”: “Apuesto todo a la construcción de un frente antifascista que le ponga fin a estas medidas antipopulares de este gobierno que odia, que reprime, que entrega”. De la Campaña se lleva la experiencia de que la salida no sólo es colectiva sino también organizada. 

GW / MA

Fernanda emerge desde una calle que parece hundida entre los árboles. Camina de la mano de su mamá. Se destaca con su ropa rosada y su sonrisa permanente. Cruza la calle. Las saludo a través de la ventana del bar de una estación de servicio donde acordamos encontrarnos. Es un día donde los 42° de temperatura se hacen sentir. Fernanda elije tomar helado, mientras su mamá Raquel me cuenta la historia que las tuvo como protagonistas en el año 2007, cuando en Argentina no había ley de aborto legal.

Fernanda de 37 años tiene una discapacidad intelectual. En sus primeros años de vida no caminaba. Raquel la crio junto a su prole de otras 10 hijas e hijos, en un barrio humilde, cercano a un basural, en una ciudad ubicada a 500 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires.

Cuando en 2007 Raquel hizo la denuncia judicial y fue al hospital a pedir que le hicieran un aborto a su hija que había sido abusada sexualmente le dijeron que sí, que volviera al otro día para concretar la práctica. Pero no, la realidad fue otra: aparecieron los objetores de conciencia, las dilaciones, las amenazas.

“Me corrieron por la calle y me gritaban cosas horribles”, recuerda Raquel, una mujer convencida de lo que hizo y lo que hace por esta hija, algo palpable en todo su relato, donde a veces le cuesta encontrar las palabras, pero cuando las encuentra, suenan potentes.

 “A la jueza le dije: yo voy a hacer todo lo que pueda por mi hija, todo. Yo no voy a parar, no me importa que me miren, porque hay que ser fuerte. Porque si no te pisan la cabeza. Mire, hay gente que esconde estas cosas. Hay nenas de 12 años abusadas embarazadas. Yo no me callo”.

A la jueza le dije: yo voy a hacer todo lo que pueda por mi hija, todo. Yo no voy a parar, no me importa que me miren, porque hay que ser fuerte. Porque si no te pisan la cabeza. Mire, hay gente que esconde estas cosas. Hay nenas de 12 años abusadas embarazadas. Yo no me callo

Raquel — Mamá de una mujer con discapacidad intelectual

“Me sacaban fotos sin permiso. En la justicia me agredían porque decían que yo había llamado a los periodistas. Yo no llamé a nadie”, dice. Sí, porque también fue un escarnio mediático para ella y su hija. Por eso, sellamos un compromiso de que en esta crónica no aparecen sus nombres reales ni la ciudad donde viven. 

Raquel no tenía dinero para ir en transporte cada día al juzgado, caminaba casi una hora de ida y una hora de vuelta desde y hacia su casa.

Mientras los días corrían, alguien llamó al progenitor para tratar de impedir el aborto: “Apareció de la nada. Nunca se hizo cargo de la hija, jamás. Yo lloraba sangre para pagar las cuentas. ¡Por favor! Si incluso siempre la negó. Fue increíble. Por supuesto, cuando vio que estaba todo muy feo, desapareció otra vez”, relata la mujer.

“Qué linda música”, dice de pronto Fernanda, e interrumpe amorosamente la charla, con su sonrisa contagiosa. Es que en el bar alguien armó una playlist alegre que invita a bailar.

¿Bailas?, pregunto. Ella se ríe, habla mucho, me cuesta interpretar sus palabras, pero se hace entender. Me cuenta: “Voy a la escuela, cocino, dibujo. Me enseñan a hacer las compras”.

“Es para que sea independiente”, agrega su mamá. Ellas se miran y ese cruce de miradas emociona. 

Retomo la entrevista: Raquel ¿Cómo lograste que finalmente le hicieran la intervención?

“Bueno, aparecen las chicas –se refiere a feministas que se acercaron para acompañarla– y ahí todo cambió. Me ayudaron. Consiguieron que se lo hicieran en otra ciudad”.

Sí, se activaron las redes feministas para acompañar a la mamá y a la hija. Redes que incluyeron a activistas, personal de salud, y hasta a funcionarios. Tuvieron que recorrer más de 700 kilómetros para acceder al derecho.

Raquel recuerda ese momento como “muy bueno, nos trataron muy bien. Se resolvió todo en una hora”.

Fernanda me dice que tenemos el mismo color de ropa, que es rosada y que es su color favorito. Ella pasó por internaciones, aprendió a caminar luego de muchos tratamientos, y aún tiene dificultades en el habla. Y sonríe, siempre sonríe.

Tu hija es una chica feliz, le digo a Raquel.

“Sí, si, ¿vió? Nos costó mucho, pero acá estamos. Yo hablo de todo con ella, le digo que nadie la puedo tocar sin su permiso, y en la escuela también le dicen. Va a la psicóloga. Somos muy compañeras, y con dos de sus hermanas fuimos a las marchas por el aborto. Fernanda tiene una remera verde por el aborto”, relata la mamá, mientras su hija afirma con la cabeza, y sonríe.

Estela y Clara

A Estela le hablaron de un Centro de Salud donde la podían ayudar con la situación de su hija Clara  de 17 años, con discapacidad intelectual y problemas físicos. Quería que Clara accediera a una interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Era el año 2022 en una Argentina con ley de aborto legal, la 27.610 que contempla la práctica hasta la semana 14 de gestación, y luego de ese periodo, si el embarazo es producto de una violación o ante el peligro de vida y de la salud de la persona gestante, manteniendo el derecho que ya existía en el Código Penal como interrupción legal del embarazo (ILE).

Ellas viven en una ciudad a orillas del río Uruguay, a 400 kilómetros de la capital argentina. En esa ciudad. El Concejo Deliberante comunal dictó una ordenanza que declara a la ciudad como “provida”.

“Llegó esa mamá que también tenía muchas dificultades a nivel cognitivo, a nivel económico, a nivel de acceso a derechos sociales”, comparte la psicóloga Agostina Pisacco Cal, que integra el equipo del Centro de Salud.

“La chica tenía problemas en la cadera, entonces esa mamá, con todas sus dificultades, entendía  que podía correr riesgo”, agrega.

En las primera consulta, la psicóloga usó un dominó “con caritas que hablaban de las emociones” para generar un vínculo con Clara. Luego se sumó la obstetra del equipo.

“Ella nos pudo referenciar que le dolía la panza, que le molestaba algo en la panza, y nos contó que se había escapado con un chico de 17 años. Era muy aniñada, y había ahí una asimetría de poder”, destaca la profesional.

¿Cómo se trabaja la autonomía para decidir en esta situación?, le pregunto a Agostina.

“Fue el tema candente –reconoce–, porque tenemos muy arraigado  infantilizar a las personas con discapacidad. Todas las personas somos autónomas y en todo caso esa autonomía se va construyendo y se va acompañando”.

“Yo no me sentía capaz de decidir sobre el cuerpo de alguien, y si estamos militando para que toda las personas tengamos capacidad para decidir sobre nuestros propios cuerpos, como psicóloga propuse poner una pausa adecuada a los tiempos –porque el tiempo corre y es fundamental en estos casos– y que escuchemos y que construyamos”, añade.

La psicóloga tuvo varias entrevistas con Clara, y siguió apelando a juegos: “Ella pudo manifestar que le dolía, que estaba incómoda, que estaba afectada emocionalmente y que no había idealización”.

Luego, en el examen médico, que fue difícil porque Clara nunca había pasado ni siquiera por una extracción de sangre,  se constató que la joven tenía problemas físicos, y la indagación del equipo llevó a un expediente donde se verificaron anteriores abusos sexuales.

La intervención se concretó. El equipo de salud comunicó la situación a la Justicia y entregó pruebas para que se investigue el abuso sexual.

“Clara salió del hospital y al día siguiente estaba jugando, porque ella seguía jugando a sus 17 años. Tuvimos consultas posteriores y no detecté efectos traumáticos. Se fue con un método anticonceptivo, un implante subdérmico. Hace poco la vi junto a su mamá en la calle, me saludaron. Clara estaba con su novio”, comparte la psicóloga.

Nadia

No se sabe mucho sobre la historia de Nadia. Ella tenía 15 años, no hablaba, iba a una escuela especial para personas con discapacidad. Tenía una discapacidad intelectual y el cuerpo de una niña.

Llegó al Centro de Salud donde trabaja la psicóloga Agostina Pisacco Cal en 2022.

“Fue una situación muy difícil. Tuvimos que estudiar, estudiar clínicamente. Tenemos protocolos, pero son el piso. Después está el caso singular, está la subjetividad. Estos casos que te sacuden y que sacuden los protocolos”, analiza la profesional.

La ley 27.610 de IVE/ILE establece que las personas con discapacidad pueden brindar su consentimiento informado requiriendo, en caso de que así lo deseen, la asistencia del sistema de apoyos. El sistema de salud debe adoptar medidas tendientes a facilitarles que puedan ejercer sus derechos de manera autónoma y recibir la atención sanitaria en los términos que les resulten más accesibles, aceptables y con la mejor calidad disponible. Además, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad está incorporada a la Constitución Nacional Argentina.

Nadia llegó con una referente afectiva, la situación “no era clara, nunca supimos quién era esa mujer, cuál era el trasfondo, pero nunca dudamos de que se trataba de un abuso sexual”, comenta la psicóloga.

“Jugamos a la cocinita, para generar confianza. Ese primer día ella se descompone, empieza a vomitar. Estaba muy descuidada, era una situación muy crítica. Volvimos al consultorio, seguimos jugando, empieza a dibujar algo que estaba conteniendo algo. En psicología le decimos contenido continente. Y después con las masas también metía y sacaba algo”, es el detalle que da la profesional sobre el camino que fue encontrando para comunicarse con la niña.

Luego, la situación se complejizó porque apareció una tía preocupada porque en la escuela le dijeron que si seguía yendo al Centro de Salud, la niña no podría volver a estudiar. También entró en escena una abuela enojada que intento golpear a las profesionales que dieron intervención a la Justicia para que investigue toda la situación.

Otra vez, el equipo debatió: “La autonomía progresiva es eso, progresiva, se construye. Está escrito, pero cuando tenemos el caso en concreto…Aparece esto del sistema de salud, de la heroína que quiere salvar. La verdad que no sé cuál es el bien. El bien es el que decida ella”, reflexiona la psicóloga.

Agostina insiste: “La que pone el cuerpo y se tiene que someter al procedimiento es ella. O sea, hay que hablar con ella, hay que construir su autonomía”.

Y eso hizo. Hubo varias entrevistas más con Nadia. Le presentó a la médica que le haría la práctica, le explicó cómo sería, ya que los exámenes médicos habían determinado que tenía un cuerpo infantil.

“Ella me agarró de la mano y me dijo: ‘Sí’”. Y ahí estuvo el consentimiento construido por la profesional y la niña.

Nadia siguió yendo a consultas, se le aplicó un implante subdérmico anticonceptivo. Su abusador fue identificado y está prófugo.

La persona antes que la discapacidad

Fernanda, Clara y Nadia  son mujeres que conviven con distintas discapacidades intelectuales, y esa condición hace que sea una de las situaciones más desafiantes cuando se cruza con el derecho al acceso al aborto.

Porque cuando se trata de discapacidades físicas hay apoyos específicos: lengua de señas para personas sordas o sistema braille para personas ciegas, por citar algunos ejemplos.

Pero hay otras barreras culturales e ideológicas que dificultan ejercer el derecho.

Hay una barrera ideológica en algunos profesionales de la salud, ya que frente a una mujer con discapacidad, se nota la impotencia de ver una mujer

María Alfonsina Angelino — Activista

“La discapacidad, para muchas personas funciona como una categoría totalizante”, aporta María Alfonsina Angelino, que se define como activista feminista en discapacidad, ha escrito libros al respecto,  es docente universitaria de Trabajo Social, y brinda una primera aproximación al problema general.

Y agrega que “hay una barrera ideológica en algunos profesionales de la salud, ya que frente a una mujer con discapacidad, se nota la impotencia de ver una mujer”.

Además, cuando se trata de personas con discapacidad “hay una sexualidad absolutamente reprimida o negada por el entorno, por la familia, sumado a una infantilización”,  una opinión que repetirán las profesionales consultadas para esta crónica.

Otro aporte de Angelino es la noción de intimidad, porque hay personas con discapacidad que necesitan de otras personas, como es el caso de quienes son sordas.

“Si hay algo que reconfigura el debate que se plantea en el campo de la sordera es la noción de intimidad, porque la persona necesita un sistema de apoyo, contar con un intérprete de lengua de señas en situaciones que tienen que ver con su  salud sexual y reproductiva. Y la intimidad está garantizada por la transmisión fidedigna de información”, resume la profesional.

Por su parte, la obstetra, epidemióloga y docente universitaria Yanina Miragaya explica que “generalmente” rige un modelo médico paternalista “que impone las decisiones sin considerar la voluntad de la persona” contrario al social establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que habla de autonomía y accesibilidad.

“También está el modelo de la prescindencia o de la exclusión que separa, que excluye a las personas con discapacidad reforzando obviamente los prejuicios que tienen que ver con la salud reproductiva. Se las ignora por completo”, añade.

En su práctica en el sistema público de salud se ha encontrado con distintas situaciones frente a un pedido de aborto, donde al indagar aparecía el abuso sexual en la familia, por ejemplo, o el otro extremo: una joven con síndrome de Down que había buscado un embarazo con su novio, pero su papá quería obligarla a una interrupción de embarazo.

En la práctica en el sistema público de salud conviven distintas situaciones desde el abuso sexual en la familia o una joven con síndrome de Down que había buscado un embarazo con su novio, pero su papá quería obligarla a una interrupción de embarazo

“Así se van adquiriendo herramientas y especificidades en función de la empatía que se pueda ir desarrollando o en función de los casos que llegan”, dice la obstetra.

Esa experiencia se potencia con la creación de Yakúo, un Centro de Salud Mental Integral y Comunitario especializado en Salud Sexual y Reproductiva con Centro de Día, una iniciativa que define como “inédita en América Latina. Damos acceso a control de embarazo, tenemos grupos de apoyo de crianza con dulas y acompañantes terapéuticos a aquellas personas con discapacidad  que decidan continuar con su embarazo. Y también acompañamos la interrupción voluntaria del embarazo cuando la persona lo solicita”.

El equipo está haciendo un registro para investigar cómo funciona el acompañamiento de abortos con medicación, que se hace en el mismo centro de salud.

“No aconsejamos, lo que hacemos es orientar, y la persona decide y acompañamos esa decisión”, afirma la profesional.

Educación sexual para decidir

Lihue Mendoza es enfermera, vive en Jujuy. Es una de las protagonistas del documental “Estoy acá” de REDAAS, sobre salud sexual y reproductiva de personas con discapacidad.

En el documental ella se conmueve, se le quiebra la voz cuando cuenta que una mujer sorda fue a verla en una consulta sobre métodos anticonceptivos y ella no sabía cómo comunicarse.

“A partir de ese día comencé a capacitarme”, cuenta en una entrevista que hacemos por teléfono, porque donde trabaja, no hay señal de Internet.

Ahora, es una referente en consultoría sobre salud sexual y reproductiva para personas con discapacidad.

Para eso se apoya “mucho en los materiales de REDI (Red de Personas con Discapacidad de Argentina) y otros que me facilitaron las Socorristas, y todo lo que voy encontrando. Ya estoy en contacto con una intérprete de lengua de señas, tengo materiales adaptados para personas ciegas o con disminución visual, videos…y hasta logré que, con aportes de la comunidad, podamos adaptar la entrada al Centro de Salud para personas usuarias de sillas de ruedas”.

Lihue también tiene una red de profesionales de la salud amigables, hace consejerías presenciales, y una vez a la semana, por WhatsApp.

Comenzó a dar talleres de educación sexual en un centro adonde asisten niñas y niños con discapacidad. En la primera jornada, cuando mostró el cuerpo de un hombre, una niña salió corriendo. Luego, junto a las docentes, pudieron saber que había una situación de abuso en la familia.

“En las familias no se les habla. Creen que sus hijos serán niños por siempre, y  ellos y ellas tienen deseos sexuales, enamoramientos, por eso entendí que el taller también debía darlo a las personas que son referentes afectivas de los chicos”, comenta.

El objetivo de Lihue es “lograr la accesibilidad al sistema de salud para las personas con discapacidad, sobre todo en lo que hace a derechos sexuales y reproductivos”. 

“Desear es un derecho” es el título de una guía escrita por y para personas por discapacidad por un equipo de REDI, para hablar de la sexualidad y la autonomía de las mujeres con discapacidad.

Allí se lee: “Si queremos abortar, debemos pedir el aborto en un centro de salud u hospital. Podemos ir solas o con una persona de apoyo que elijamos. No necesitamos hacer una denuncia ni necesitamos autorización de un juez. Solo la persona embarazada puede firmar el consentimiento para el aborto. Si tenemos una declaración de incapacidad jurídica igual vale nuestra opinión o firma  junto con la firma de nuestra tutora o tutor”.

Deseo, autonomía, información, decisión y respeto, solo algunas palabras para definir los procesos de tantas Fernandas, Claras y Nadias.

SM/MG

Este reportaje ha contado con el apoyo del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro ( Clacai )

Agradecimientos: Lucy Grimal/  Equipo Mirar/ Constanza Leone

“Erróneos y fuera de lugar”. Así calificó el rector de la Universidad Católica Argentina (UCA), Miguel Ángel Schiavone, sus propios dichos en los que había culpado a las mujeres por la baja natalidad y las acusó de preferir el trabajo y el deporte antes que ser madres. Y aseguró que se trató de un “error grave”.

El martes pasado, Schiavone participó de un evento organizado por la vicepresidenta Victoria Villarruel en el Salón Azul del Senado llevaba el título de “Políticas para cuidar a la vida” bajo la premisa de una defensa de la vida humana “desde el momento de la concepción”. Allí dijo: “Parecería un éxito, pero en realidad creo que es un fracaso hacernos trabajar día y noche. Esto es más o menos como incorporar a la mujer al tema de la práctica deportiva. Qué hay detrás de todo esto: la venta de botines, la venta de vinchas, hay un gran comercio”.

Tres días después y luego de que sus declaraciones provocaron el repudio de organizaciones feministas, Schiavone pidió perdón y dijo que sus dichos fueron a “título personal” . “Pido perdón a las mujeres y a todos quienes se hayan sentido ofendidos. Nunca fue mi intención hacerlo”, dijo el rector de la UCA en una carta.

Aunque el escrito lleva el membrete de la universidad, Schiavone aclaró: “Creo oportuno desvincular a la Pontifica Universidad Católica Argentina de los sucedido. Mis palabras han sido a modo personal y no reflejan el pensamiento y actuar de la UCA”.

La carta remata con “en este año jubilar, tiempo de misericordia, me uno en oración y pido nuevamente perdón”.

Ante sus declaraciones, la Red Mujeres en la Justicia habia señalado que “sus palabras no son una simple opinión: refuerzan estereotipos sexistas, desvalorizan la autonomía de las mujeres y vulneran normas de jerarquía constitucional”.

En otro tramo de su presentación en el Senado, el rector de la UCA habia dicho: “Hay un hipertecnicismo, y la sociedad hipertecnicista necesita hiperconsumo. La gente necesita consumir permanentemente, y si tengo que consumir no puedo tener un hijo, porque si tengo un hijo no voy a poder ir al gimnasio y si tengo un hijo no voy a tener tiempo de juntarme con los amigos porque voy a destinarle tiempo a otra persona y esto ha impregnado a la sociedad hoy”.

Excomulgada del gobierno libertario, Victoria Villarruel definió arrancar la semana encabezando su propia batalla cultural. La agenda negacionista, por el Día de la Memoria, y una avanzada contra el aborto legal, al día siguiente. Rodeada de referentes católicos y conservadores, la vicepresidenta encabezó en el Senado una charla por el “Día del niño por nacer” con el objetivo de arremeter contra la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). “Ofrecer el aborto es abandonarnos a la mediocridad y desaliento”, lanzó Villarruel, entre los aplausos de decenas de militantes provida que hacían cola para sacarse una foto con su referenta embanderada en la consigna “Dios, Patria y Familia”.

No era la primera vez que Villarruel aprovechaba su lugar como presidenta del Senado para impulsar su agenda anti derechos. Hace exactamente un año, también en ocasión del Día por el Niño por Nacer –una fecha decretada por Carlos Menem en el 98’ luego de una visita que le hizo al Papa Juan Pablo II en el Vaticano–, la vice había mandado a iluminar el Congreso de azul. El mismo Congreso que, hace cuatro años, había sancionado la ley 27.610 y había establecido que el el aborto tenía que ser legal, seguro y gratuito. Esta vez, sin embargo, Villarruel decidió ir por más.

El evento organizado en el Salón Azul del Senado llevaba el título de “Políticas para cuidar a la vida” bajo la premisa de una defensa de la vida humana “desde el momento de la concepción”. Fueron solo invitados académicos y referentes religiosos que están en contra del derecho al aborto. Y Villarruel fue la encargada de cerrar el acto.

“Hay una verdad fundante que en la actualidad parece olvidada: la legitimidad del Estado moderno se basa ante todo en su función de protector de la vida y dignidad de las personas. Especialmente de aquellas más débiles e indefensas para construir una convivencia armónica donde rijan la justicia social y la paz”, afirmó, en un mensaje que parecía estar dirigido al peronismo más conservador que, al día de hoy, se rebela ante el respaldo que Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner le dieron a la ley durante el gobierno del Frente de Todos. Villarruel reivindicaba el concepto maldito del cosmos libertario: la justicia social. Ese pilar de la doctrina peronista que Javier Milei ha calificado, en más de una ocasión, de “aberración”.

“Cuando se priva de derechos fundamentales a determinado grupo de personas porque todavía no nacieron se resiente la legitimidad del mismo Estado y la convivencia humana. El derecho vida y dignidad humana se protegen siempre y para todos”, argumentó la vice, que 24 horas antes había aprovechado el Día de la Memoria para homenajear a las verdaderas “víctimas”. Es decir, a los militares presos y condenados por diferentes tipos de violaciones a los derechos humanos en la dictadura militar, como el asesinato, tortura y robo de bebes. 

Villarruel efectuó un discurso profundamente religioso. Recordó que el 25 de marzo se celebraba la Anunciación del Señor –que es, según la liturgia católica, el momento en el que el ángel Gabriel le anunció a la virgen María que estaba embarazada de Dios- y clamó para que cada embarazo se viese “como un don invaluable y una manifestación confianza de Dios en la humanidad”. “Poner vida y familia en centro preocupaciones políticas es revolución moral y política”, insistió, entre los aplausos de los asistentes.

Uno de los que aplaudía era Carlos Stornelli. El fiscal –que fue recientemente absuelto en la causa que lo investigaba por integrar una supuesta red de espionaje ilegal y extorsión durante el gobierno de Mauricio Macri– había sido ubicado en la primera fila y, cuando el encuentro terminó, hizo cola para saludar a Villarruel como el resto de los asistentes. Rodeado de estudiantes y militantes provida, Stornelli escuchó con atención las dos horas de exposiciones y fue uno de los últimos en irse. 

El fiscal había quedado envuelto, hace unos seis años, en el caso de una niña jujeña de 12 años que había sido violada y forzada a ser madre a través de una cesárea. Según afirmó el entonces gobernador Gerardo Morales, Stornelli había manifestado su voluntad de adoptar a la beba. El fiscal no se desentendió del caso, pero sí aclaró que su voluntad había sido la de “ayudar, no adoptar” a la beba recién nacida. No tuvo oportunidad: la beba, prematura, murió a los pocos días. 

Baja natalidad, cantos y testimonios desgarradores: la defensa provida 

La actividad organizada por Villarruel tuvo solo una voz: la de los pañuelos celestes. Hubo figuras, como la del rector de la Universidad Católica Argentina, Miguel Ángel Schiavone, que optaron por hacer un desarrollo de la caída de la tasa de natalidad en el mundo. Con filminas que iban desde fotos de cunas vacías a gráficos que mostraban que la población de Japón compraba más pañales para adultos mayores que para bebés, Schiavone apuntó a encarar el tema desde una perspectiva demográfica.

“Estamos frente a una verdadera epidemia silente que se propaga en todo el mundo”, comenzó, comparando la caída de la tasa de natalidad con el Covid. Schiavone mencionó diversos factores que explicaban esta problemática, desde acusar a los jóvenes de preferir irse de viaje a Oceanía que a tener hijos hasta el acceso a métodos anticonceptivos. Nunca mencionó, sin embargo, que hubiera un vínculo entre la baja de la tasa de natalidad y el acceso al aborto.

Otro de los presentes fue el pediatra Abel Albino, que pasó a ser conocido luego del debate por la Legalización del aborto por afirmar que “el preservativo no funciona” y que el VIH puede “atravesar la porcelana”. Albino preside la Fundación Cooperadora Nutrición Infantil (CONIN) y firmó varios acuerdos con Sandra Pettovello para implementar políticas en contra de la desnutrición infantil. Esta vez, sin embargo, no optó por desmerecer el uso de preservativos, sino que se abocó a hacer hincapié en la importancia de acceder a cloacas y agua corriente. No tocó el tema del aborto, pero si cantó la canción de “Los tres chanchitos”. 

Participaron también dos coordinadoras de una agrupación católica llamada La Merced Vida. Lorena Aguilar se refirió a los 40 centros de acompañamientos que la agrupación tenía para convencer a las mujeres que no abortaran o que, las que sí lo habían hecho, pudieran ir “para trabajar la culpa”. “El aborto es algo violento. Es un corte abrupto entre la madre e hijo. Es algo antinatural”, cuestionó y, a modo de ejemplo del trabajo que realizaban en la asociación, mostró una foto de una sonriente adolescente sosteniendo un bebé: era “Brisa”, una chica de 14 años a la que habían convencido para que no abortara. 

Después fue el turno de Matilde Gagliolo, también integrante de La Merced Vida, que relató en primera persona su experiencia abortando de manera ilegal. El relato estuvo marcado por su arrepentimiento y culpa, haciendo una narración tremebunda de la falta de acompañamiento que tuvo cuando, siendo una adolescente, fue a abortar a una clínica ilegal. “El dolor te acompaña toda la vida. El aborto mata al bebé y traumátiza a la mamá”, afirmó Matilde, que terminó en llanto (así como varias de las asistentes). 

Todas las exposiciones fueron provida: ni una sola referenta, jurista o profesional de la Salud pro aborto fue invitada. No hubo referencia ni al desfinanciamiento del Plan de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) ni a los problemas de compra y distribución de anticonceptivos y de insumos para interrumpir embarazos. Nadie mencionó que el gobierno nacional estaba dejando cada vez más en manos de las provincias los mecanismos para atender los problemas de salud sexual. Solo se mencionó que el aborto era un trauma.

MC

La Cancillería designó este viernes a Úrsula Basset, abogada especialista en derecho de familia cercana a Karina Milei y a Santiago Caputo, como directora de Derechos Humanos en la Subsecretaría de Política Exterior. Basset es conocida por sus posturas ultraconservadoras de larga data: por ejemplo, se opuso a la aprobación del matrimonio igualitario y a la legalización del aborto.

Basset se graduó en la UBA y se doctoró en Ciencias Jurídicas en la Universidad Católica Argentina. En 2010 publicó un artículo en el que llama a la Ley de Matrimonio Igualitario “apresurada”, “disolvente” e “irrazonable”. En 2018 y 2020, expuso en el Congreso contra la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Aunque designada el viernes (y por un período de 180 días desde el 1 de febrero, según la resolución 71/2025 del Ministerio de Relaciones Exteriores), ya fungía como interventora sin cargo en la Cancillería desde junio, bajo el mando de la hermana presidencial y antes de que la entonces canciller Diana Mondino terminara expulsada en favor del actual ministro Gerardo Werthein. Según una investigación de la revista Crisis, el personal diplomático de carrera la recibió con indiferencia en el Palacio San Martín. Allí, Basset tenía la orden de combatir la “agenda woke” en los organismos multilaterales: una especie de “guardiana de los valores” conservadores que abrazó el gobierno libertario.

Basset tuvo su bautismo cuando, durante la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), vigiló cada coma del documento presentado por la embajadora ante ese organismo, Sonia Cavallo, para evitar cualquier posible desviamiento diplomático hacia alguna postura vinculada a la Agenda 2030. En su informe, Cavallo objetó todos los proyectos de Resolución referidos a los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia y la promoción de la igualdad de género en la diplomacia global. En aquel momento, diputados radicales y parlamentarios del Mercosur de Unión por la Patria pidieron información sobre el rol de Basset ante foros internacionales, pero la Cancillería lo negó. “No obra registro referido a Úrsula Basset” ni “se halla en proceso de contratación de personal”, respondió el ministerio.

Al contrario de Basset, Cavallo y Mondino terminaron expulsadas de la gestión libertaria.

Pero Basset demostró en noviembre tener ciertos indicios de pragmatismo. En una reunión de alto nivel en Nueva York por el 25° aniversario del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Basset dejó atrás las posturas que había defendido meses atrás y presentó un encendido alegato en favor de los derechos de las mujeres, según consignó el diario La Nación.

“La violencia contra las mujeres y las niñas constituye una violación intolerable a los derechos humanos y un obstáculo para el desarrollo y el bienestar de nuestras sociedades. Este flagelo no conoce fronteras ni contextos”, afirmó con énfasis frente a distintas figuras del ámbito internacional, como el presidente de la Asamblea General de la ONU, Philemon Yang. En ese encuentro, Basset también subrayó que “sólo la cooperación internacional permitirá avanzar en estrategias de prevención basadas en evidencia” y prometió: “Argentina reafirma su compromiso inquebrantable con este desafío global”.

Días antes, sin embargo, había expuesto en la presentación de un libro contra el aborto conducida por el entonces candidato a juez de la Corte Suprema, Manuel García-Mansilla.

FI

“Las pequeñas personitas de este tamaño, un bebé de nueve semanas, en nuestro países miles mueren y son asesinados porque el aborto es legal hasta las catorce semanas sin justificación. ¿Lo aplastaríais? ¿Lo mataríais si fuera real? Miles de personas, asesinados legalmente, igualmente que lo fueron los judíos legalmente en los campos de concentración. La falta de empatía no disminuye la gravedad moral de esta eliminación”.

En estos términos se expresaba el concejal delegado de Familia e Infancia del Ayuntamiento de Castelló, España, Alberto Vidal (Vox), durante un debate en el pleno municipal sobre una moción del grupo Compromís para condenar el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas de interrupción del embarazo en la capital de La Plana.

La portavoz del grupo municipal socialista en el consistorio castellonense, Patricia Puerta, ha exigido a la alcaldesa, la popular Begoña Carrasco, el “cese fulminante” del regidor de la formación de ultraderecha a raíz de las “barbaridades que dijo en el pleno ordinario de ayer [jueves], donde fue capaz de comparar el derecho al aborto de la mujer con el exterminio de los judíos en los campos de concentración nazis”.

Puerta señala que en Castelló, con el gobierno municipal en manos de PP y Vox, “asistimos de forma periódica a espectáculos bochornosos, con discursos de odio y xenófobos que tienen siempre el beneplácito de la alcaldesa, que ha sido capaz de convertir el ayuntamiento en un auténtico altavoz para los ataques a los inmigrantes, para negar la violencia machista y, ahora, para poner en cuestión un derecho de la mujer como es el aborto”.

Para la portavoz socialista, Vidal ha cruzado una línea intolerable, faltando el respeto a la memoria de las víctimas del Holocausto y poniendo en cuestión un derecho fundamental de la mujer que le permite decidir libremente sobre sus propios cuerpos“. Tal y como subraya Patricia Puerta, ”la maternidad es una opción, no una obligación, y en este tema no caben más manipulaciones ni discursos de odio“.

Desde el Partido Socialista “defenderemos siempre un aborto libre, seguro y gratuito y trabajaremos para garantizar la libertad y la dignidad de todas las mujeres frente a los ataques de la extrema derecha, de los que son cómplices los representantes del Partido Popular si la señora Carrasco no actúa con contundencia y destituye de inmediato a Alberto Vidal”.

Meses atrás, María se enteró de que estaba embarazada, con un retraso de pocos días. No quería seguir adelante. Decidió ir al hospital Materno Infantil de San Isidro, el más cercano a su domicilio, y donde una de sus vecinas había interrumpido un embarazo sin ningún inconveniente, muy bien acompañada. María fue tranquila y confiada. 

Cuando llegó a la Maternidad le dijeron que tenía que pasar por un consultorio. En la puerta leyó “Maternidad Vulnerada”. No entendió muy bien qué significaba, pero esperó. Entonces se presentaron unas mujeres que le dijeron que eran voluntarias de un grupo llamado “Obstetricia Escucha”, y que querían escuchar el porqué de su elección. Ella explicó sus razones: estaba sola, sin pareja ni trabajo.

 Las mujeres empezaron a interrogarla, cuestionaron su decisión.

—Te vas a perder lo más lindo que te puede pasar en la vida, que es ser mamá—, le dijeron.

—No puedo afrontar esta situación, estoy decidida—, respondió ella.

Ante su resistencia, la llevaron a hablar con el director asociado de Obstetricia, quien volvió a cuestionar y la mandó a su casa para que lo pensara mejor.

A los pocos días María volvió, sabía que no debía dejar pasar mucho tiempo, que cuanto antes mejor. La recibieron nuevamente las voluntarias. Ella les repitió que quería interrumpir el embarazo, que estaba desesperada. Las mujeres le insistieron para que siguiera adelante.

—Si tenés a tu bebé te vamos a acompañar durante los dos primeros años—, prometieron.

Le regalaron un par de escarpines y la mandaron de nuevo a su casa. María comprendió que no debía volver a ese lugar. Buscó otro hospital en Zona Norte, donde sí pudo interrumpir aquel embarazo no deseado.

Las Marías de este mundo

María no se llama María (y no quiere revelar su identidad por miedo), pero más de sesenta millones de mujeres se llaman así. Es el nombre más común del mundo, un mundo donde cada año se realizan 73 millones de abortos. Seis de cada diez embarazos no deseados son interrumpidos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que anualmente se producen 39.000 muertes de mujeres por abortos inseguros, la enorme mayoría en países donde la práctica es ilegal.

En Argentina el aborto es legal desde su aprobación en el Congreso de la Nación, en la madrugada del 30 de diciembre de 2020. La ley 27.610 entró en vigencia el 24 de enero de 2021 y desde entonces todas las mujeres tienen derecho a pedir –sin dar explicaciones- la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) hasta la semana 14 inclusive, o la Interrupción Legal (ILE) si su salud corre peligro, o el embarazo es producto de un abuso. 

Hubo otra María en San Isidro, con distinta suerte. Ella pidió interrumpir el embarazo, y las voluntarias también intentaron persuadirla. Pero tuvo miedo, se fue y terminó sometiéndose a un aborto inseguro en un lugar incierto que le provocó una sepsis generalizada. Tuvo que ser internada en terapia intensiva en el hospital central. 

“Esta agrupación de voluntarias religiosas se jactan que, desde que empezaron, bajaron las IVE”, denunciaron médicas de la institución. Cifras oficiales confirman la disminución: comparando los registros de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud provincial de 2023 y 2024 las prácticas fueron 60 menos en el último año. “Es totalmente ilegal lo que están haciendo”, asegura Gisela Stablum, directora de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud provincial. “A raíz de diferentes tipos de comunicaciones que hemos recibido sobre el Consultorio de Maternidades Vulnerables del Hospital Municipal Materno Infantil recordamos la obligatoriedad del marco normativo vigente, las obligaciones asumidas por el Hospital y la Secretaría, como así también las responsabilidades que acarrea cualquier tipo de incumplimiento”, recordó a la Secretaría de Salud del municipio. 

El Concejo Deliberante hizo un pedido de informes al Ejecutivo: “Hemos recibido denuncias de vecinas de San Isidro que expresan su preocupación ante la imposibilidad de llevar adelante procedimientos de IVE, incumpliendo con lo dictado por la ley nacional”. No hubo respuesta.

Médicas, funcionarias y concejales locales aseguran que hay una avanzada anti derechos, que las voluntarias son religiosas del Opus Dei y que no deberían estar dentro de la maternidad, pero que están habilitadas por los nuevos directivos, que se oponen al aborto y bajan la línea de objeción de conciencia al resto del personal.

San Isidro parece sumarse a otro municipio bonaerense que no garantiza el aborto, como San Miguel, que se declaró “pro vida” en 2018. 

Hace poco, una nena de 13 años violada por su tío pidió una interrupción legal en un hospital de Exaltación de la Cruz. La institución no se opuso, pero pidió tutela para la niña por la situación familiar. Se presentó un defensor, pero no para apoyar a la niña sino “al niño por nacer”. Semejante figura judicial no existe, pero es promovida por la Procuración bonaerense, que ya envió “defensores de niños por nacer” en varios casos. 

Cada día se escuchan más historias de obstaculización de este derecho. No sólo en la zona norte bonaerense sino en muchas provincias. 

Tres años de avances, uno de retroceso

El último informe oficial de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva es de diciembre de 2023 y dice que 250 mil personas accedieron a un aborto seguro en instituciones públicas de salud en todo el país desde que la IVE es legal hasta esa fecha. Desde entonces no hay datos porque el gobierno libertario suspendió la publicación de informes de rendición de cuentas. Lo que sí se sabe es que Nación dejó de comprar y distribuir insumos para las prácticas de IVE e ILE y hasta anticonceptivos. No da apoyo financiero a las provincias en lo relacionado a temas de salud sexual y reproductiva. 

Para garantizar el derecho al aborto se necesitan insumos, el misoprostol y la mifeprestona son los medicamentos recomendados por la Organización Mundial de la Salud. “Nación dejó de proveer misoprostol y mifepristona, lo último que recibieron las provincias fue el año pasado”, aseguran desde la Red de Referentes de Salud Sexual y Reproductiva de Argentina. Es decir, que se garantice el aborto depende de la situación financiera y la voluntad política de cada municipio y cada provincia, lo que profundiza aún más las evidentes desigualdades de este país federal.

Las prestaciones están incluidas en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el Plan Médico Obligatorio con cobertura total, junto con las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo. La ley no dice que Nación debe pagar todo, pero sí que es responsable de que se cumpla la ley.

El Proyecto Mirar -una iniciativa del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) junto a Ibis Reproductive Health-, se lanzó en 2021 para controlar si se cumplía la ley. Sus reportes aseguran que en los tres primeros años la ley se cumplió, aunque el acceso podía ser dispar según las provincias, o por trabas, como la objeción de conciencia de ciertos actores, pero concluyó que se había alcanzado “un escenario de ampliación de derechos en materia de salud sexual y reproductiva”.

También relevó que en 2023 se reportaron 86.565 abortos en el sistema de salud público, en su mayoría realizados con medicamentos y antes de la semana 12 de gestación.

Ahora no hay estadísticas oficiales para analizar. Se sabe, por las redes de socorristas y profesionales, que se está tratando de hacer todo lo posible. También destacan que muchos funcionarios, aunque no acuerden del todo con este derecho, tratan de garantizar la ley por una cuestión de costos: es más barato comprar misoprostol que costear los gastos asociados a las complicaciones de abortos inseguros. 

“A cuatro años de la ley vemos que los sectores reaccionarios del avance de nuestros derechos se vieron profundamente amenazados y por eso vienen a querer destruir todo lo que nos llevó tantos años lograr. La ley es parte de un proceso de debate democrático histórico y una muestra de que la organización no sólo logra reformas de Ley sino un piso mínimo y fundamental para disputar poder y autonomía sobre nuestros cuerpos”, dice Martina Ferretto, una de las referentes de la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito.

“A diferencia de otros países que siguen luchando por el reconocimiento del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, en Argentina la lucha fue por un derecho que es personal, político y colectivo –asegura-. Porque el derecho al aborto es un bien para la sociedad en su conjunto, es un bien para los feminismos comunitarios que nos permiten pensar otros mundos posibles donde las desigualdades sociales y las violencias no sean el régimen de convivencia como así lo proponen desde el gobierno en articulación con la extrema derecha global”.

Del faro luminoso al oscurantista

Gracias a los movimientos feministas de Argentina, y las leyes de avanzada que se lograron conseguir -incluida la de aborto-, se dice desde hace años que el país es un faro no sólo para la Región sino para el mundo. Un faro que se apaga con las medidas regresivas del Gobierno libertario, como el cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, con todos sus programas de protección, y el desmantelamiento del Plan de Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), que había logrado reducirlo a la mitad en cinco años.

Argentina también retrocede en política exterior: ha sido el único país que votó en contra de apoyos a mujeres y diversidades, pueblos originarios, cambio climático e incluso el abuso y la violencia contra niñas, niños y adolescentes. 

Los grupos conservadores y de extrema derecha se han apropiado, una vez más, de ciertas palabras. Tomaron la “vida” para su slogan “pro-vida” antiaborto, tomaron la “libertad”, para armar “La Libertad Avanza”. Y tomaron “faro”. 

El mes pasado estos grupos junto al gobierno lanzaron la “Fundación Faro”. Al frente está el politólogo Agustín Laje, uno de los principales referentes de la ultra derecha local, autor de varios libros en los que habla en contra de las izquierdas, los feminismos, el progresismo y lo que él llama el globalismo, en el que arremete contra la agenda 2030 de Naciones Unidas y cualquier idea de unidad entre países. 

Laje es un ferviente opositor al aborto, al que describe como “el asesinato de un ser humano en gestación”. Habla de gametos, biología, células, ADN, y metafísica, dejando de lado cualquier argumento psicológico o social. “No hay nada más violento que hacer un aborto”, asegura. En su visión no importan los riesgos de salud que corren las mujeres. Tampoco si fueron violadas. En sus declaraciones públicas sobre el tema habla de bisturíes, aspiradoras y descuartizamientos. 

Laje es uno de los principales asesores de Milei. Y la cabeza de la batalla cultural contra el progresismo. Los más entusiastas le auguran una carrera política, incluso como eventual sucesor de Javier Milei. El faro del oscurantismo. 

MA

Si ustedes van y leen El Libro de Shemot, van a encontrar que en esa época el aborto era un mecanismo para masacrar poblaciones que estaban usando los egipcios para liquidar a los judíos. Más acá en el tiempo todo lo que está inspirando la agenda asesina de hoy es el Club de Roma. Cuando se desclasifican los archivos de Nixon se encuentran que sugerían impulsar la agenda del aborto, para aquellos que se creen tan avanzados. Les aviso que es una agenda absolutamente asesina hecha por un par de salames que hicieron mal las cuentas

Un error de cálculo. Para el presidente Javier Milei la “agenda del aborto” y lo que llevó a consagrar en 2020 el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo tiene en el origen a “un par de salames que hicieron mal las cuentas”. Todo en su universo se codifica en números, teoremas y ecuaciones. Aun mal entendidos, aun mal aplicados. 

Se refirió al tema del aborto muchas veces. Dice poder demostrar que se trata de un homicidio agravado por el vínculo “desde una perspectiva matemática, filosófica, desde el liberalismo y lo biológico”. Pero fue tal vez su presentación en el Luna Park (ese día en que convocó a sus militantes bajo la promesa de que cantaría y rebotó en el escenario con su sobretodo de cuero al ritmo de “Panic show”) en la que su argumentación aterrizó como una nave averiada en los planetas más exóticos, habitados de textos religiosos y teorías conspirativas. 

Salteo la explicación de El Libro de Shemot, la diatriba contra las ideas del Club de Roma supuestamente encontradas en los papeles filtrados de Nixon: la línea argumental del Presidente es que el “control de la natalidad” (en la ensalada presidencial sinónimo del aborto) fue una reacción a la teoría equivocada de un posible colapso del planeta Tierra producto de un exceso de población. Los salames que hicieron mal las cuentas, porque pasó el año 2000 y todo indica que todavía estamos aquí, lo más bien. 

Aun si el cálculo estaba efectivamente mal y no sólo no hay que producir menos humanos sino, como coincidieron en la última reunión con Elon Musk, “poblar” el planeta. ¿Y el deseo, Javier? ¿Los proyectos de vida? ¿La voluntad de las mujeres? ¿Sus emociones? No trabajamos. 

En un año de gobierno los argumentos del Presidente nunca se encontraron con las inquietudes de las mujeres, ni dialogaron con ninguna de sus preocupaciones concretas. No hay una sola idea que les sea útil a quienes plantean que el aborto es una cuestión de salud pública, ni a la preocupación por las muertes que la práctica genera cuando se realiza en condiciones desesperadas. Los razonamientos del Presidente se tejen en una maraña paralela a los hechos, indiferente a las preocupaciones de la mitad de la humanidad, a la que desatiende deliberadamente, le retacea recursos y derechos y, sobre todo, le niega la capacidad de autodeterminación. Pero el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo.  

Perros, hombres, tal vez luego las plantas, los hongos o las bacterias: las mujeres (sobre todo las jóvenes) son los seres vivos con los que menos empatiza el Presidente. A Milei y su “guardia pretoriana” las mujeres los tienen sin cuidado porque ni siquiera las necesitan. Su apoyo electoral es esencialmente de la juventud masculina. Un segmento social que –teorizan los consultores– no tenía representación frente a una agenda progresista de la que se sintieron marginados.

Es posible que así haya sido. Milei –y seguramente muchos de sus seguidores hardcore– nunca vio de cerca la marea verde ni, menos, fue parte. No vio las calles llenas de glitter y la alegría que da saberse con el derecho a decidir. No sintió los abrazos de las mujeres en la vigilia de diciembre de 2020 ni escuchó las canciones que inventamos. Seguramente nunca adivinó la determinación y el miedo en los ojos de una amiga ni la acompañó en la toma de misoprostol.

¿Cuánto puede importarle a una mujer que ve un positivo en un test de embarazo y está firme en su decisión de no tener un hijo en ese momento lo que dicen las páginas del Éxodo o los papeles desclasificados de Nixon? Nos da lo mismo el error de cálculo de los científicos de Roma o las necesidades del planeta para evitar su extinción o aumentar su riqueza. ¿Tiene, el presidente Milei, contacto con alguna mujer joven? ¿Algún puente tendido, alguna manera de conocer el universo de sus deseos y preocupaciones? (¿Será  Brenda di Aloy, la hija de Yuyito González, nuestro nexo?)

Esto es un hecho: nunca vimos que la invocación de una mujer –diría que a excepción de su hermana, pero tampoco– le ablandara la voz o los gestos como el relato de su encuentro con Sylvester Stallone o con Elon Musk. Musk es para él un “héroe de la historia de la humanidad” con quien, afortunadamente, tuvo oportunidad de hablar largamente de demografía. En su último encuentro en Estados Unidos compartieron la preocupación de poblar el planeta. Musk tiene 12 hijos (una de ellas transgénero, sin vínculo con su padre y acusada por él de ser quien es producto del “adoctrinamiento progresista” del colegio al que asistió). 

–¿Y usted para cuándo va a avanzar en esto? –le dijo Musk, según relató el Presidente en una entrevista con Lex Fridman. “Por qué les hace el juego a los salames”, pudo haber agregado. 

–Mire, yo tengo cinco hijos –contestó él, tal vez emocionado por el recuerdo de Conan, solamente muerto en el irrelevante plano de la experiencia.  

–Los de cuatro patas no cuentan. 

FN

Nueva York, Colorado, Maryland, Missouri y Arizona, entre otros, votaron a favor de enmiendas constitucionales que protegerán el acceso al aborto tras la derogación de la sentencia del Supremo Roe v. Wade que garantizaba este derecho a nivel federal.

En el caso de Maryland, donde el aborto ya es legal, la reforma consagra en la constitución “el derecho a la libertad reproductiva, incluida y no limitada a la habilidad para tomar decisiones para prevenir, continuar o terminar el embarazo”. La medida complica cualquier intento de revertir el derecho al aborto.

En Missouri, donde Donald Trump ha ganado con un 63% de los votos y el primero en ilegalizar el aborto tras la revocación de Roe v. Wade, ha aprobado una reforma constitucional que protege el derecho al aborto, revocando así una prohibición casi absoluta. La petición ciudadana legalizará el aborto hasta las 24 semanas. “No aceptamos que se nos imponga esta pesadilla”, afirmó Tori Schafer, directora adjunta para política y campañas de la ONG de derechos ACLU Missouri.

Por su parte, la medida en Nueva York no es tan explícita, ya que amplía las leyes contra la discriminación sobre la base de “sexo, incluida orientación sexual, identidad de género, embarazo y salud reproductiva”.

Colorado, donde actualmente no hay límite gestacional, también reforzó la protección del aborto en la Constitución. La medida, además, elimina el actual veto constitucional a la financiación pública para los abortos, lo que permitiría al estado cubrir este proceso a través del programa Medicaid.

Otro de los estados en los que el aborto estaba en la papeleta es Arizona, que aprobó una enmienda que consagra el derecho al aborto en la constitución estatal. La proposición creará el “derecho fundamental” a abortar hasta la viabilidad del feto, es decir, hasta la semana 24 de embarazo, con excepciones tras este periodo si un médico decide proteger la vida de la madre.

En Nevada también ha salido adelante la medida por el derecho al aborto, pero no entrará en vigor hasta 2026, cuando los electores deberán volver a votar la enmienda.

Aunque en la campaña electoral el republicano ha asegurado que no impondrá una prohibición nacional, sino que dejará a los estados elegir, Trump siempre se ha jactado de ser el artífice de la eliminación de Roe vs Wade.

Entre los estados que han votado sobre medidas para proteger el aborto, destacan los casos de Florida, Dakota del Sur y Nebraska, donde han fracasado las iniciativas para blindar el derecho al aborto. En Florida, por ejemplo, se mantendrá vigente la prohibición al aborto a partir de la sexta semana. En este caso, la mayoría de los votantes votó a favor de levantar la prohibición al aborto, pero la participación no alcanzó el 60% necesario.

“La realidad es una minoría de los votantes de Florida ha decidido que la Enmienda 4 no se apruebe”, ha lamentado Lauren Brenzel, directora de campaña de la Campaña Sí a la 4, mientras se le caían las lágrimas. “La realidad es que una mayoría acaba de votar para poner fin a la prohibición del aborto en Florida”, ha añadido.

Vecinas, organizaciones feministas, concejalas, y referentes políticos de la Provincia de Buenos Aires denuncian que el Municipio de San Isidro, uno de los más importantes de la zona norte del conurbano bonaerense, no cumple actualmente con la ley de Interrupción voluntaria del embarazo en el Hospital Materno Infantil del distrito. 

Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Zona Norte (ZN) informan que desde abril hay irregularidades con respecto al acceso a la práctica. La fecha coincide con el cambio de gestión de las autoridades del hospital, ahora a cargo de Santiago Calello. Este derecho es legal en Argentina desde el año 2021 con la sanción de la Ley 27610 que garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Por su alcance nacional, no requiere de una ley provincial que adhiera. Por eso, desde la Campaña, denuncian que la gestión de Ramón Lanús, intendente de San Isidro, está cometiendo un delito por no garantizar el derecho en su municipio. 

En la clínica, según informan desde la campaña, se habría instalado un consultorio clandestino donde son derivadas las mujeres que se acercan a pedir más información para abortar. “Allí no son atendidas por profesionales de la salud, sino por ”voluntarias“ que buscan manipular y persuadir a quienes se acercan a solicitar un aborto”, detallan. 

 Las voluntarias de este espacio serían monjas sin el hábito que les muestran a las solicitantes videos anti aborto, los mismos que proyectaron los representantes provida durante los debates en torno al tratamiento de la ley en 2020. “Les brindan información falsa sobre el proceso, también las hacen jugar con muñecas de plástico para incentivar su instinto maternal y las someten a ecografías por ultrasonido”, cuenta Manuela Schupinnes, concejala por Unión de la Patria. 

Las denuncias que recibieron de las vecinas de la zona coinciden en que al salir del consultorio les obsequian escarpines y las felicitan. “Otra manera que tienen para entorpecer el procedimiento es ralentizando la fecha del mismo, hasta el punto que el embarazo está muy adelantado y ya es peligroso hacer un aborto”, añade Schupinnes. 

Debido a la difusión de los casos de obstaculización al derecho y la intervención que hizo la campaña del aborto regional el 28 de septiembre en la puerta del hospital, las autoridades encargadas del consultorio cambiaron el nombre Maternidades vulnerables por Embarazos vulnerables. La última denuncia registrada por la línea provincial 148 para recibir información sobre métodos conceptivos y aborto es del 20 de septiembre, según lo informado a este medio por Gisela Stablun, Directora de Salud Sexual y Reproductiva de la Provincia.

A todo esto se suma la reciente renuncia del Secretario de Salud Pública de la Municipalidad de San Isidro, Ángel Yebara. A principios de agosto, Stablun le envió una carta para solicitar información sobre las prácticas llevadas a cabo en el interior de la clínica y no tuvo respuesta alguna. Tampoco el intendente de San Isidro se pronunció al respecto. “Institucionalmente no puede ser objetor de conciencia. No podemos denunciarlos nosotras de manera civil o penal”, cuenta la directora. 

Por su parte Manuela Schupines realizó desde su bloque un pedido a la Secretaría de Salud de San Isidro para que responda la solicitud de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva. A su vez, junto con varios concejales, le pidió al poder ejecutivo un informe sobre las prácticas que se están dando en el distrito además del número de personas que fueron atendidas. “Ninguna de las peticiones fueron respondidas”, detalla la edil. 

Uno de los casos que más trascendió fue el de una chica de 17 años que a principios de octubre acudió al Hospital Materno Infantil solicitando más información para abortar. Allí fue recibida por el consultorio de Maternidades Vulnerables y ante la negativa, salió de la clínica y abortó por su cuenta. “Terminó en Terapia Intensiva por una sepsis uterina. Ya le dieron el alta”, cuentan desde la campaña. 

Otras mujeres que se acercaron a la clínica maternal de San Isidro tuvieron que ser derivadas por Región Sanitaria hacia otros municipios de Zona Norte, como San Martín, para poder abortar de manera segura. Tal es el caso de una joven sin trabajo y en situación de calle, que estaba pasando por un embarazo de cinco meses. 

“Junto con la Región Sanitaria estamos intentando que se garantice el derecho”, dice la edil. Entre otro de los proyectos que también envió está el de la creación de Consejerías en el interior de la comuna que tengan como objetivo reducir riesgos y daños en situaciones de embarazos no planificados. 

Por otro lado, el Hospital Materno Infantil ya no reparte preservativos. “Se redujo la licitación de compras de profilácticos a nivel nacional. Todo esto responde a la crisis que estamos vivenciando”, dice la concejala de Unión por la Patria. Y detalla que Región Sanitaria se encarga de repartir chips anticonceptivos para las vecinas. 

Desde la Campaña Nacional por el Aborto Legal ZN señalan que la metodología utilizada por el hospital público de San Isidro es la misma que se utiliza también en el Municipio de San Miguel con el famoso “camino de la embarazada vulnerable”. El distrito del Oeste de Buenos Aires se declaró provida desde 2018 por lo que su sistema público de salud no practica la IVE, ni tampoco derivan a otros municipios para que se garantice la práctica como marca la Ley 27.610. 

“Hay una avanzada anti abortista en la Provincia de Buenos Aires”, reconoce Stablun. Entre los distritos donde crece cada vez más la ola celeste, menciona a La Plata y Zárate. “En las puertas de las clínicas y hospitales hay mujeres que reparten folletos sobre una supuesta verdad sobre el aborto”, dice. 

Las páginas tienen imágenes de fetos desmembrados, comparaciones entre el número de abortos y el holocausto nazi. También hay oraciones en mayúscula que dicen “el niño por nacer sufre y siente dolor cuando lo matan” y frases de referentes cristianos en contra del aborto. “Están infundiendo terror con información falsa y anti científica”, concluye la directora.

LF/MG

Desde que supo que estaba embarazada, Chiara Mancini no había tenido dudas. No quería seguir adelante. Llamó a una amiga y le pidió consejo sobre los pasos a dar. Fue al centro público de planificación familiar próximo a su casa y allí descubrió que el hospital más cercano que practicaba el aborto era el de un pueblo de montaña a 45 minutos en coche, dos horas en transporte público. Un lugar al que tendría que acudir dos veces para los exámenes previos y una más el día de la intervención. En el nosocomio de su ciudad, Chieti, en los Abruzos, no era posible. Allí, como en otras provincias de esta región del centro de Italia, el 90% del personal es objetor de conciencia.

“En el centro fueron muy formales, diría que casi fríos, pero por una parte lo agradecí. Fue todo bien hasta que llegó la visita con la anestesista. Empezó por preguntarme la edad. Yo tenía entonces 36. Siguió preguntando: '¿Tienes otros hijos? ¿No? ¿Y entonces por qué quieres abortar? Le expliqué que no quería hijos. 'Bueno, pero te lo tienes que pensar bien'. Y allí empezó una larga explicación sobre la sacralidad de la vida... Yo la interrumpí de una manera algo brusca, diciéndole que eran asuntos míos, que la decisión era mía y que ya estaba tomada”, recuerda Mancini, mientras repasa los documentos de su historial médico, que saca con calma de una carpeta de cartón apoyada sobre la mesa de la cocina de su casa de Chieti.

“Fue una intrusión, aunque a mí en ese momento me daba igual su juicio. Yo había elegido y sabía lo que estaba haciendo, pero otra persona en mi lugar, quizá sin tanta convicción, más frágil, lo habría pasado muy mal. Fue algo verdaderamente fuerte. No es fácil escuchar estas cosas en esas circunstancias”, añade, mientras un velo de tristeza nubla sus brillantes ojos verde oscuro.

Sin embargo, echando la vista atrás y tras haber conocido las historias de otras mujeres que han vivido una odisea para interrumpir su embarazo, lo primero que le viene a la cabeza es que “podría haber sido mucho peor”, en un país en el que los colectivos feministas y amplios sectores de la sociedad civil denuncian la progresiva pero sistemática erosión del derecho al aborto. Una erosión que, lamentan, está sufriendo un acelerón desde la llegada al Gobierno de Giorgia Meloni.

La líder ultraderechista hizo campaña electoral hace dos años, ante las legislativas que la encumbraron al poder, prometiendo que no iba a “tocar la 194”, la ley que desde 1978 regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.

Después de haber contado en su biografía la decisión de su madre de no abortar, como se había planteado cuando se quedó embarazada de ella, siempre ha repetido en más de una ocasión que no quiere modificar esa norma sino “aplicarla en su totalidad”, en la parte que habla de “prevención” y de “tutela social de la maternidad”. Para las asociaciones en defensa del derecho de elección y de los derechos de las mujeres, esto se traduce en la realidad en una manipulación de la ley a través de las “zonas grises” que el texto contiene desde su aprobación hace 46 años, fruto del compromiso al que se llegó tras dos años de debate parlamentario.

Las “zonas grises” de la ley

“Era una ley que no nos gustaba porque es una ley del aborto de Estado, en la que es el Estado el que decide. No hay de hecho plena libertad”, comenta Tiziana Antonucci, operadora social en un centro de Ascoli Piceno, en la región de Las Marcas, abierto en 1974 por la Asociación Italiana para a la Educación Demográfica (AIED). La organización fue fundada, entre otros, por el partigiano antifascista y uno de los padres de la Constitución italiana, Piero Calamandrei, inicialmente para pedir la abrogación de un artículo del código penal, heredado de la época fascista, en la que se punía con la reclusión la distribución de métodos anticonceptivos.

“La 194 obliga a las mujeres a obtener un certificado para abortar y a esperar a una semana para pensárselo, porque igual eres tonta y no sabes qué estás haciendo...”, comenta Antonucci en una larga conversación telefónica en la que explica cómo por esas “zonas grises” se ha ido minando el derecho, empezando por su propria región, Las Marcas, una de las primeras conquistadas por Hermanos de Italia y que se ha convertido en un “modelo” de las restricciones al acceso al aborto y en un “laboratorio” del partido de Meloni.

En la región, el 71% de los ginecólogos es objetor, superando la ya muy alta media nacional (63,4%), según los últimos datos del Ministerio de la Salud italiano, recogidos en un informe publicado a mediados de septiembre por la sección italiana de la ONG Médicos del Mundo. “La situación [en las Marcas] no es sin embargo homogénea, y hay lugares donde la objeción alcanza el 100%”, se lee en el documento. “Y en esas situaciones, la región no interviene aunque sea de su competencia supervisar el cumplimiento de la ley”, dice Antonucci.

Una de las primeras medidas aprobadas por la nueva administración ultra en este territorio del centro de Italia fue, cuenta, abrogar la convención que el centro de AIED tenía con un hospital para que, ante las dificultades de acceso al aborto en otros centros hospitalarios, facilitara un contacto y un acompañamiento de las mujeres que lo requiriesen. “Nos llegó una notificación el 29 de diciembre de 2022, en la que se decía que se ponía fin a la convención y que teníamos tiempo hasta febrero para gestionar las citas pendientes”, recuerda Antonucci.

Limitaciones al aborto farmacológico

Por aquel entonces la región llevaba ya tiempo haciendo oídos sordos a un decreto ministerial de 2020 que ella había contribuido a impulsar junto a ginecólogos de la región, teniendo en cuenta las restricciones de acceso a los hospitales durante la pandemia: el decreto permitía el aborto farmacológico, con la píldora abortiva conocida por el nombre de RU486, también en los centros de salud y no solo en los hospitales, y ampliaba el plazo para su suministración de siete a nueve semanas. Cuatro años después, las nuevas líneas dictadas por el Ministerio siguen sin ser aplicadas en Las Marcas, así como en otras regiones gobernadas en su mayoría por la derecha.

“En la práctica esto se traduce en que muchas mujeres no pueden acceder al aborto farmacológico, porque, teniendo en cuenta la semana de reflexión impuesta por la ley y la necesidad de un certificado, algunas ya llegan demasiado tarde”, explica la ginecóloga Cristina Conti, que opera en la región y lamenta cómo, a los largo de los años, se han ido depauperando los recursos para los consultorios familiares, como se llaman en Italia los centros de salud dedicados a la prevención y a la salud de las mujeres, a la planificación familiar y al asesoramiento sobre los métodos contraceptivos.

“Hay que luchar cada día para la aplicación de una ley que es de 1978 y debería ser algo ya asumido. Se trabaja en un entorno de tal polarización que, de alguna manera, acabas casi obligada a ser activista”, reflexiona Conti, quien reconoce que, en muchos casos, sobre todo cuando los plazos son muy apurados, el acceso al derecho al aborto se fía al conocimiento del territorio por parte de profesionales como ellas. “Saber dónde hay personal non objetor, poder dar indicaciones precisas, saber que la mujer que acude a ese hospital no se va a encontrar con alguien que la obliga a la enésima ecografía innecesaria o le proponga escuchar el latido... Estamos obligados a tratar de esquivar estos golpes bajos, evitar que las mujeres sufran violencia por su derecho a elegir”, añade.

Mientras la administración regional se ha resistido hasta ahora a aplicar las directrices sobre el aborto farmacológico, si ha ido abonando el terreno para un mayor protagonismo de las organizaciones confesionales y provida. Los datos obtenidos tras una petición de transparencia, presentada por la diputada regional del Partido Democrático, Manuela Bora, y el activista de la red Pro-Choice, Marte Manca, relevan que el gobierno regional concedió en 2021 63.000 euros a la federación regional de consultorio de inspiración cristiana.

Asociaciones antiabortistas en los centros sanitarios

Ahora, la región se prepara para adoptar la medida aprobada por el Gobierno de Meloni el pasado abril, con una enmienda a la ley para la actuación del Plan de resiliencia y recuperación para el uso de los fondos europeos postpandemia: prever en los centros sanitarios públicos la presencia de asociaciones antiabortistas, definidas como organizaciones con “experiencia calificada en el apoyo a la maternidad”.

La norma se apoya en el artículo 2 de la misma ley 194 que preveía los centros podían contar con “la colaboración voluntaria de formaciones sociales de base idóneas y asociaciones de voluntariado, que pueden ayudar a la maternidad difícil después del parto”.

El informe de Médicos del Mundo señala que, precisamente gracias a este artículo, los movimientos abortistas habían ya entrado, en varias formas, en los centro de planificación familiar y también en los hospitales, como ha ocurrido recientemente en un nosocomio de Turín, en el norte de Italia, con la firma de una convención, impulsada por el asesor regional a las Políticas Sociales, de Hermanos de Italia, con la sección local del Movimento per la Vita, una asociación antiabortista de inspiración católica.

“Que las asociaciones provida puedan entrar en los consultorios familiares es una ofensa a la profesionalidad de quienes trabajamos allí”, comenta Conti.

Los profesionales también lamentan las distorsiones causadas por los altos porcentajes de objeción. Como en los Abruzos, la segunda región, tras Sicilia, por número de médicos objetores, el 84%. “Ahora somos tres. Ha habido momentos, antes de que suspendieran el servicio por cuestiones organizativas, en los que estaba yo sola”, explica Carolina Iannantuono, ginecóloga del hospital de Lanciano, donde desde junio pasado se ha vuelto a practicar la interrupción del embarazo, dos veces a la semana. “Todos mis turnos estaban dedicados a esto. También a nivel profesional se convierte en una carga muy pesada, te quita motivación porque nosotros como ginecólogos hacemos muchas cosas y, en cambio, siendo el único profesional no objetor no tienes más opciones. Hay compañeros que a veces eligen ser objetor no por razones ideológicas sino por la carga que no serlo supone en la situación actual”.

“Rabia y frustración”

En un contexto de creciente presión, Tiziana Antonucci no duda en decir que “en Italia en el tema del aborto se ejerce una violencia institucional”. Para protestar contra esta situación, y con ocasión del Día de Acción Global por un aborto legal y seguro, este sábado hay convocadas varias manifestaciones en distintas ciudades italianas.

“Yo lo que siento ahora cuando leo lo que ocurre es rabia y frustración. De verdad no entiendo la necesidad de cosas como el acceso de las asociaciones provida en los centros hospitalarios públicos”, comenta Chiara Mancini. “Y estoy enfadada pensando en tantas mujeres que pueden encontrarse en situaciones más difíciles que la mía. Cuando la anestesista me estuvo dando ese sermón de 15 minutos, lo metabolicé porque mi objetivo era acabar con aquello cuanto antes. Pero no deja de ser una forma de violencia”. 

Manuel García-Mansilla tuvo que dar explicaciones en el Senado sobre cómo actuaría siendo juez de la Corte Suprema ante el derecho al aborto, luego de que en 2018 se manifestara enfáticamente en contra cuando la ley tuvo un primer derrotero parlamentario en la gestión de Mauricio Macri, pero no prosperó. El candidato al máximo tribunal propuesto por Javier Milei –a la par del juez Ariel Lijo– intentó este miércoles una salida técnica a su polémica postura en el marco de la audiencia pública que enfrenta en la comisión de Acuerdos de la Cámara alta.

El catedrático fue abordado desde el radicalismo y el kirchnerismo sobre qué haría al respecto como miembro del máximo tribunal en caso de que le toque definir la constitucionalidad o no de la ley 27.610 de Interrupción Involuntaria del Embarazo (IVE), que se sancionó finalmente durante el gobierno de Alberto Fernández. Afirmó que “las leyes vigentes se tienen que cumplir”, pero dejó dudas sobre su postura de fondo, ya que entendió que la norma choca con tratados internacionales que tienen rango constitucional, como la Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la ONU y la Convención Interamericana de Derechos Humanos. 

Mansilla también ensayó una respuesta más personal para defenderse de lo que acusó como un “prejuzgamiento” en su contra. Justificó que sus posiciones en el debate de 2018 las hizo como “académico” y que no corresponde a una postura “confesional” y negó ser parte del Opus Dei, pese a sus conocidos vínculos con los sectores más conservadores de la Iglesia –actualmente es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral–.

En aquella intervención en el Senado de hace seis años, García Mansilla planteó “objeciones jurídicas” en contra del aborto legal, postura de la que ya se sabe que Milei está en contra. “El aborto es un delito, que tiene algunas causales de no punibilidad previstas en el Código Penal”, había dicho en 2018 el abogado, cuando apuntó fundamentalmente contra la posibilidad de acceder al derecho hasta la semana 14 del embarazo –como quedó establecido en la norma vigente–. Explicó entonces que “la Convención Interamericana de Derechos Humanos impide la legalización del aborto en la forma que el proyecto propone” y que “el proyecto choca frontalmente con la Convención sobre los Derechos del Niño”. Había pedido a los senadores que no se “convalide un atropello a nuestro sistema constitucional”.

“No hablé sobre toda la ley”, dijo García Mansilla este miércoles ante la Cámara alta con respecto a sus opiniones de 2018 y explicó que solo apuntaba contra el artículo 4 inciso a) del proyecto de aquel entonces, que refería sobre la legalización. “Entiendo que hay un conflicto normativo entre ese inciso y dos tratados internacionales”, ratificó el candidato a la Corte, pero cuando el senador Martín Lousteau (CABA-UCR) le dijo si eso definiría una potencial definición suya en la Corte, acotó: “Si usted interpreta que lo que opiné como académico implica un prejuzgamiento, la respuesta es no”. Y amplió ante el requerimiento del legislador: “Cómo fallaría en un caso en particular no se lo puedo decir porque estaría prejuzgando”. 

Antes había salido por arriba del laberinto: “Todas las opiniones las vertí como académico, con una libertad en abstracto que un juez no tiene. Académico y juez son dos roles absolutamente distintos”, buscó desentenderse de sus expresiones pasadas. También dijo como argumento “que la Corte Suprema no decide casos de aborto periodicamente”.

Fue la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) quien le señaló a García Mansilla si su postura sobre la IVE tenía que ver con una visión confesional, y el candidato contestó: “Los argumentos que esgrimí cuando vine al Senado no son argumentos confesionales, salvo que tengamos que explicar que el derecho esgrimido es sostener una postura confesional. No es así”. Luego agregó: “Si tuviese que decidir en cualquier caso, deberá fallarse conforme a derecho”. 

La oposición también le lanzó un dardo a García Mansilla luego de que ayer el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, contrariara a la ley de Identidad de Género al decir que el Gobierno rechaza “las identidades sexuales que no se alinean con la biología”. “Honestamente no vi las manifestaciones de Cúneo Libarona”, aclaró primero el candidato, pero luego agregó: “La ley de Identidad de Género es vigente y las leyes vigentes se tienen que cumplir. Las leyes vigentes se aplican y para no aplicarlas hay que declararlas inconstitucionales”.

MC/JJD