El secretario general de la CTA y diputado nacional (UXP), Hugo Yasky, dijo este jueves que está en “estudio” un eventual pedido de nulidad del DNU de desregulación de la economía impulsado en diciembre pasado por el presidente Javier Milei si se comprueba que pudo haber sido elaborado por estudios de abogados privados y no por funcionarios del gabinete.

“Estamos estudiando eso”, respondió el dirigente sindical, en declaraciones a El Destape Radio, cuando le consultaron sobre si la central gremial presentará alguna nueva acción judicial al respecto.

Yasky se refirió así al planteo hecho este miércoles por la exsecretaria Legal y Técnica (SLYT) Vilma Ibarra, quien cuestionó la “validez” del decreto por haberse dictado, dijo, “sin informes técnicos” de los ministerios, tras lo que consideró que si “se comprueba que no lo trabajaron funcionarios sino abogados de estudios privados, es una grave causal de nulidad”.

Yasky agregó que de comprobarse lo que advirtió Ibarra sería “alarmante” porque, sostuvo, “les estamos entregando a los dueños del país -con el DNU y también sumó la ley Bases- la definición de las leyes que van a reemplazar por lo menos las últimas cuatro décadas de consenso democrático”.

“Todo esto demuestra que las grandes empresas, en definitiva, son vándalos que solo quieren adueñarse de los recursos y de las riquezas del país así como también de lo poco que la gente tiene en el bolillo Lo quieren hacer a través de estas leyes que dicen que al país lo van a gobernar ellos”, sumó el gremialista y legislador.

Ibarra sostuvo que “en el DNU 70/23 no participaron los ministerios, no emitieron informes técnicos que expliquen el interés público comprometido ni hicieron dictámenes jurídicos”, y consideró que saber quiénes lo redactaron es “central porque se pone en juego la validez del DNU como acto administrativo”.

El paro de la CGT

Por otra parte, Yasky se refirió también a las declaraciones del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien sostuvo que el paro general previsto por la CGT para el próximo 24 de enero “es ilegal porque no tiene fundamento”.

“No hay ningún motivo para que se declare ilegal el paro”, opinó el sindicalista y descartó que pueda haber represalias contra los trabajadores “más graves” que la situación que viven en la actualidad.

“Hoy el castigo más duro que puede recibir un pueblo lo recibe con la caída de 20 puntos del salario en un solo mes, algo que no tiene precedentes en la Argentina” al tiempo que sumó que como dirigentes gremiales, los que conducen los sindicatos deben “hacerse cargo de ese sufrimiento”; y advirtió que “ninguna amenaza de sanción, ninguna persecución ni intento de criminalizar la protesta nos puede desviar del camino”.

Por otra parte, Yasky confirmó que este jueves asistirá al encuentro de dirigentes del PJ convocados por el gobernador Axel Kicillof, donde “las centrales sindicales y otros sectores” procuran “un espacio común para definir la realidad, que se agravará con el paso del tiempo, y las acciones que deberemos realizar en los distintos ámbitos donde nos toca actuar”.

Con información de agencias.

IG

Alberto Fernández sondeó, en persona, a varios gobernadores sobre su plan para iniciarle juicio político a Horacio Rosatti. La idea había sido conversada, a propuesta de varios mandatarios, en la reunión que mantuvieron el 22 de diciembre pasado en el salón Eva Perón de Casa Rosada, aquella de la que surgió el texto que, con la firma de 14 gobernadores, declaró “imposible de cumplir” el fallo de la Corte Suprema que ordenó incrementar en 183 mil millones de pesos los fondos que Nación le debe girar a CABA.

En aquel encuentro, se analizó la instancia del juicio político a partir de una serie de “comportamientos” considerados inadecuados del tribunal. El primero de todos, el que reestableció la integración del Consejo de la Magistratura según una ley derogada una década y media atrás. En medio, varios rechazos a planteos de Cristina Kirchner en la causa Vialidad y, por último, el fallo sobre los fondos para CABA que, en la lectura inicial, tenía error de confección y se tomaba, la Corte, atribuciones excesivas que avanzaban sobre facultades de otros poderes.

Sobre eso apareció otro hecho: tras la filtración de chats entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro con, entre otros funcionarios, Silvio Robles, operador todo terreno de Rosatti, Fernández terminó de precipitar la decisión y resolvió que su primera medida del año 2023 sería anunciar el inicio del juicio político al presidente de la Corte y, en paralelo, a los otros tres integrantes del tribunal.

Al trascender las comunicaciones, producto de un hackeo, en los que D'alessandro habla de fallos y recibe recomendaciones de Robles, el Gobierno decidió avanzar con el pedido de juicio político. No hubo, dicen en casa Rosada, consultas con los gobernadores pero se les informó sobre la decisión que el Presidente anunció en las primeras horas del 2023

“Se habló con todos los gobernadores, con algunos el Presidente, con otros sus colaboradores. Se les contó la decisión y se los invitó a la reunión en Casa Rosada”, explicó una fuente oficial a elDiarioAR. En paralelo, la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, trabajó en la redacción del escrito que difundió este martes el Gobierno con los argumentos y las mecánicas sobre la denuncia contra Rosatti y los demás cortesanos.

La funcionaria es señalada en el Gobierno como la redactora, con su equipo de Legal y Técnica, de la presentación que será enviada al Congreso para iniciar el proceso de juicio político. En Diputados, dan por hecho que tienen número suficiente para aprobar el pedido en comisión e iniciar el proceso de investigación. “Una vez abierto la investigación van a empezar a desfilar los testigos y a demostrarse cada vez más cosas. Ahí no va a ser tan fácil bancar a los supremos. El clima político va a ir in crescendo”, dicen en el oficialismo.

Bajas

Luego del anuncio del Presidente, hecho el 1° de enero a la mañana, surgieron los primeros indicios de que el número de catorce mandatarios, que en diciembre firmaron el documento contra el fallo de la Corte, empezaba a tener bajas. En la previa, desde algunas provincias se deslizaron planteos sobre la inconveniencia de avanzar en esa dirección.

La más notable, confirmada este martes, fue la de Sergio Uñac, el gobernador de San Juan. Uñac, que había sido muy enfático contra el fallo cortesano que favoreció a CABA, no estuvo en Casa Rosada ni participó por Zoom. Luego dejó trascender, vía voceros, que no compartía la decisión del juicio político. “No cree que sea la forma”, explicaron a su lado.

En el Frente de Todos (Fdt) hicieron otra lectura. “Uñac quiere reelegir en la provincia como gobernador y sabe que ese conflicto va a terminar en la Corte. Por eso no quiere apoyar el juicio a Rosatti, indicó un dirigente del FDT. En la provincia no refutan ese planteo. En el oficialismo entienden que el sanjuanino no quiere generar una tensión con la Corte porque imagina que el tribunal deberá resolver, eventualmente, un planteo sobre su reelección.

Hasta acá, cada vez que el máximo tribunal intervino en planteos sobre “interpretaciones” de constituciones provinciales referidas a intentos de reelección, falló en contra de los gobernadores. Gerardo Zamora en Santiago del Estero, Alberto Weretilneck en Río Negro y Sergio Casas en La Rioja son tres antecedentes de los últimos años.

Uñac lleva dos mandatos como gobernador y uno como vice de José Luis GIoja. Un tercer mandato aparece objetado por distintos sectores, desde JxC y, quizá, desde el peronismo judicialicen su candidatura, en caso que se presente. El gobernador anticipó su deseo pero hasta que no haya una candidatura anotada, el tema no puede discutirse en la Justicia porque sería una abstracción. Uñac convocó a elecciones para el 14 de mayo. Las listas cierran a fines de marzo. “El próximo 14 de mayo me presentaré como candidato a Gobernador por nuestro San Juan. Es un honor, un orgullo y una responsabilidad inmensa”, dijo días atrás.

El movimiento de Uñac se coló en la interna peronista. José Luis Gioja, ex gobernador que aparece como posible candidato rival de Uñac, cuestionó la actitud del mandatario. “Se dio vuelta como una media”, lo cruzó en Twitter.

La firma difusa

Al atardecer aparecieron dudas sobre otros mandatarios. Uno es Gustavo Bordet, de Entre Rïos, que aunque figura en la lista de firmas del juicio político, no habría acompañado la iniciativa. Desde el gobierno de Entre Rios plantearon a elDiarioAR que Bordet no acompaña el pedido de juicio político contra los integrantes de la Corte. No aclaran, sin embargo, sobre porque figura entre los gobernadores firmantes.Hablan que pudo haber un error. Bordet participó, por Zoom, durante un tramo de la reunión. En Casa Rosada dicen que el entrerriano le anticipó su apoyo a Fernández.

En torno a Bordet hay otra presunción: la Corte tiene en análisis un recurso presentado por Cecilia Goyeneche, la ex fiscal anti corrupción, que fue removida por un jury que ella objetó. Según se interpreta, el recelo de Bordet a apoyar el juicio político contra Rosatti y lo demás cortesanos, tendría que ver con el expediente Goyeneche.

Había otro interrogante abierto: Alberto Rodríguez Saa, el gobernador de San Luis. El mandatario puntano, que firmó el documento contra el fallo de la Corte días atrás, no había sumado su firma. Fuentes oficiales dijeron que no había podido ubicar al gobernador para conocer su postura. A su vez, no descartaban que con las horas pueda sumarse a la lista de mandatarios que avalan el pedido de juicio político.

En tanto, Mariano Arcioni, gobernador de Chubut, está de vacaciones y no participó aunque sí lo hizo su vicegobernador. Aunque su firma está en el documento, se generaron algunas dudas respecto a si Arcioni acompañaba o no. En Gobierno se dijo que el mandatario patagónico apoya la decisión y dijeron que para sumar su apoyo fue determinante un llamado del ministro de Economía, Sergio Massa, el funcionario nacional con mayor ascendencia sobre Arcioni.

La intervención de Massa habría sido sigilosa porque, hasta acá, el ministro casi no se involucró en la pelea política y mediática en torno al fallo de la Corte y, menos aun, en el planteo empujado por Fernández para iniciarle juicio político a los cortesanos. “A Sergio no se le pide que opine públicamente: su tarea es otra, ser ministro de Economía, así que no tiene necesidad de meterse en estas discusiones”, apuntó una fuente oficial.

Con las horas se despejarán las dudas sobre Rodríguez Saá y Arcioni y terminará de aclararse el panorama sobre el nivel de adhesión de los gobernadores del FdT que ya en el planteo por el fallo de la Corte Suprema con los fondos tuvieron una baja: la de Omar Perotti, gobernador de Santa Fe, que aunque pidió el texto para sumar su firma, nunca lo hizo ni tampoco expuso una posición oficial de la provincia sobre el conflicto por la coparticipación aunque inicialmente participó en la demanda hecha por las provincias.

PI/MG

Gabriela Cerruti, la portavoz de la Presidencia, ratificó hoy sábado que el Gobierno Nacional sostendrá “las conquistas alcanzadas gracias al empuje del movimiento de mujeres y diversidades” y que se buscará “avanzar por todo lo mucho que falta”, luego de la renuncia de Elizabeth Gómez Alcorta.

“Vamos a sostener las conquistas alcanzadas durante este Gobierno gracias al empuje del movimiento de mujeres y diversidades y avanzar juntas por todo lo mucho que falta”, publicó Cerruti en Twitter, donde consideró “un disparate” una nota publicada por Infobae, la cual afirma que el Gobierno evalúa transformar el ministerio de Mujeres en una secretaría.

En ese sentido se pronunció Vilma Ibarra, asesora Legal y Técnica de la Presidencia: “Esto no es verdad. Necesitamos muchas políticas públicas para las mujeres y diversidades y el Ministerio seguirá siendo Ministerio”.

El viernes, el presidente Alberto Fernández aceptó la renuncia presentada por la ministra Gómez Alcorta, agradeciéndole la labor desempeñada en el gabinete desde el inicio de la gestión en 2019. Fuentes oficiales indicaron a Télam que en los próximos días será dado a conocer quién será su reemplazante.

En su carta de renuncia “indeclinable”, la exfuncionaria cuestionó el operativo de fuerzas federales realizado el martes pasado por orden judicial para el desalojo de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu de predios que ocupaban en Villa Mascardi, la mayoría de ellos de privados y uno de Parques Nacionales en la provincia de Río Negro.

En los últimos días, Gómez Alcorta había advertido públicamente su preocupación por a las siete mujeres de la comunidad del Lof Lafken Winkul Mapu que fueron detenidas por orden judicial durante el procedimiento, de las cuales cuatro fueron trasladadas luego al penal de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires.

En la misiva de renuncia, la ex ministra también enumeró las medidas implementadas desde el nuevo ministerio en su gestión, y agradeció a Fernández aunque que dejó claro que se alejaba del cargo por considerar que se había traspasado “un límite”.

LC con información de agencia Télam

El presidente Alberto Fernández se reunió este viernes con la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, para delinear el temario de proyectos de ley que será analizado en el período extraordinario de debate parlamentario.

El encuentro se realizó en la Quinta Presidencial de Olivos, donde Fernández concentró toda su actividad luego de haber resultado contacto estrecho de Covid-19 de una empleada de esa residencia, el miércoles pasado.

“Esta mañana me reuní con la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, @VilmaIbarraL. Definimos y ordenamos el temario de proyectos para el llamado a las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

Según informaron fuentes oficiales, entre los temas estará una actualización de la ley de HIV y los proyectos de Consenso Fiscal, de Consejo de la Magistratura, de producción de Cannabis y Cáñamo, de electromovilidad, de Promoción de la Industria Automotriz, de Hidrocarburos, de Agroindustria y del Acuerdo con el FMI.

Fernández e Ibarra ya se habían comunicado telefónicamente el miércoles último, cuando el jefe de Estado centró su trabajo en Olivos, en ese caso para terminar de pulir el decreto del llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso que será emitido en los próximos días.

Con información oficial.

IG

Eduardo “Wado” De Pedro no volvió a pisar Casa Rosada. El miércoles estuvo hasta el mediodía, se retiró y luego, minutos antes de las 2 de la tarde, envió su carta de renuncia. Luego no regresó y el jueves, con la renuncia en suspenso, no apareció por su despacho. Pasado el mediodía, desde Olivos, trascendió que Fernández le había aceptado la renuncia.

Aunque al rato, la secretaría de Legal y Técnica, Vilma Ibarra ofició de vocera para desmentir que eso haya ocurrido, en el Gobierno se da por hecho que la salida de De Pedro es inevitable aunque debería formar parte de una serie de cambios en el gabinete o, de mínima, a partir de tener confirmado quien iría al lugar de De Pedro.

“Se rompió la confianza: Wado renunció sin avisarle. Renunció por TN”, explicaron, con la misma figura, dos figuras del entorno presidencial. Para el presidente, que no haya existido ni un llamado ni un mensaje en el que le anticipaba esa decisión que se hizo pública, significó un golpe para la relación que, aun con diferencias, habían construido. Ahí, en ese mecanismo, se explica no solo la decisión de Fernández sino también se puede interpretar la forma.

Fernández había tenido una “buena charla” con Cristina Kirchner el martes a la noche en la que, según confiaron fuentes cercanas a la vice, se resolvió avanzar con una serie de medidas de gestión en paralelo a un cambio de gabinete. Se habló, incluso, de cargos y nombres, según indicó una fuente que conoce la intimidad del dispositivo K.

Pero el martes a la tarde, “Wado” renunció de manera intempestiva y se desató una crisis. “Estaba charlado pero Cristina pensó que interpretó que Alberto haría lo que hizo muchas veces: demorar las decisiones”, apuntó la fuente y remitió a lo que ocurrió con la salida de Marcela Losardo: la renuncia y el reemplazo se resolvieron un viernes, pero se concretaron diez días después.

Teléfonos rotos

Además de la confianza rota de Fernández con De Pedro, detrás de la renuncia-aceptación del ministro del Interior aparece otro asunto: el ultimátum público de los funcionarios K al Presidente para que produzca un cambio en el gabinete, no ofrecía muchas alternativas. Sin cambios, De Pedro debía irse pero, aun con cambios, De Pedro también tendría que dejar el Gobierno para que Cristina asuma su cuota parte de la derrota. En definitiva, Wado es el ministro político, el encargado de la relación con los gobernadores y el resultado electoral, aunque no se puede atribuir a eso, fue una paliza nacional.

La salida de De Pedro, se concretarse como se anticipa, debería estar en un marco más grande: no solo para que se anuncie con un reemplazo puesto sino también como parte de un recambio integral que abarque otros ministerios y se presente, luego de una crisis que todavía no terminó y con las horas sumó nuevos puntos de tensión, como una especie de “nueva foto del Frente de Todos” que integre a todos los sectores y actores del dispositivo.

La duda era, entonces, si Interior podría ir para una figura como Sergio Uñac, gobernador de San Juan, o para Aníbal Fernández. Queda, además, en suspenso lo que ocurra con la jefatura de Gabinete de Santiago Cafiero, donde se habla del desembarco de Sergio Massa o de Agustín Rossi, todo como parte de un movimiento que trate de reinstalar el equilibrio en el Frente de Todos.

PI

La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, informó en Casa de Gobierno que el presidente Alberto Fernández “no ha aceptado ninguna renuncia de las presentadas” en la jornada de ayer. Sin embargo, voceros de presidencia habían anticipado de manera extraoficial que la salida del ministro Eduardo “Wado” de Pedro había sido admitida por el primer mandatario, pero aguardarían las últimas definiciones que incluirían a otros ministros.

“Vengo a informar oficialmente que el presidente de la Nación Alberto Fernández no ha aceptado ninguna renuncia de las que están presentadas y que todas ellas, como la composición de su gabinete, están a su consideración y lo va a informar en el momento que lo tenga que informar”, dijo Ibarra en declaraciones a la prensa en Casa de Gobierno.

Más temprano, en una publicación a través de Twitter, el Presidente aseguró que “la coalición de gobierno debe escuchar el mensaje de las urnas y actuar con toda responsabilidad”, y remarcó que seguirá “garantizando la unidad del Frente de Todos a partir del respeto que nos debemos”.

Las declaraciones del Presidente e Ibarra se conocen luego de que el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y otros funcionarios del Gobierno pusieran a disposición sus renuncias, tras los resultados electorales de las PASO que se celebraron el último domingo. Sin embargo, fuentes presidencial habían anticipado de manera extraoficial que la renuncia del ministro del interior había sido aceptada por el primer mandatario. Ahora, aguardarían las últimas definiciones que comprenderían a otros ministros y funcionarios.

Ante la consulta de elDiarioAR a las diferentes carteras sobre la actividad de los funcionarios de este jueves, fuentes de Cultura, ANSES e INADI, no brindaron información al respecto. Desde el entorno del ministro de Justicia y DDHH, Martín Soria, comentaron que el mismo continúa con sus actividades con “total normalidad” y “sigue con su agenda de trabajo”. Por su parte, el presidente del ACUMAR, Martín Sabbatella, participará por la tarde “de una reunión del Consejo Directivo de ACUMAR, una reunión ordinaria que se realiza todos los meses”. El resto de las carteras no respondieron aún las consultas.

AB

La ministra de Salud, Carla Vizzotti; la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; y la asesora presidencial Cecilia Nicolini expusieron este martes ante la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo sobre el DNU que regula y actualiza la ley de vacunas contra el coronavirus, medida que permitirá ampliar contratos con laboratorios y facilitar la adquisición de dosis pediátricas.

El presidente de la comisión, Marcos Cleri (Frente de Todos), convocó a una reunión desde las 10 para debatir el DNU 431, emitido el pasado viernes por el Gobierno nacional, con el fin de avanzar en la firma de un despacho que convalide la norma.

Vizzotti e Ibarra expusieron sobre los cambios instrumentados en la ley de vacunas aprobada el año pasado por el Congreso, para poder avanzar en la compra a otros laboratorios extranjeros. Y después se sometieron a las preguntas de los miembros de la Bicameral.

Al inicio de su exposición, Ibarra aseguró que la intención del Gobierno al dictar el reciente decreto de necesidad y urgencia que allana el camino para la firma de contratos con laboratorios estadounidenses productores de vacunas contra el coronavirus es permitir avanzar con la adquisición de “un inmunizante para uso pediátrico” en el marco del Plan de Vacunación.

“La única opción para contratar vacunas con los laboratorios estadounidenses era la modificación de la ley” de vacunas, que se realizó a través de un DNU del Poder Ejecutivo. “¿Por qué se decidió un Decreto de Necesidad y Urgencia? Porque hay necesidad y porque hay urgencia. Y porque hacía un mes que Pfizer había aprobado” un inmunizante “para uso pediátrico”, aseveró la funcionaria al exponer sobre el DNU 431/2021 ante la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo

Por su parte, a su turno, la ministra Vizzotti detalló que el “58 por ciento de las personas mayores de 20 años han iniciado su esquema de vacunación” contra el coronavirus y destacó que, en el caso de los mayores de 50 años, “lo hizo el 85 por ciento, y en los mayores de 60 se eleva al 89 por ciento”.

Además, la funcionaria explicó que “el 44 por ciento de los mayores de 70 ya han completado su esquema de vacunación” y ratificó que “se está trabajando fuertemente para recibir la segunda dosis de la vacuna Sputnik V”.

Los cambios en la Ley

La reforma de la ley de vacunas había sido solicitada por Juntos por el Cambio para poder destrabar la adquisición de vacunas de la firma Pfizer, con lo cual se estima que ese bloque acompañará la firma del dictamen.

Uno de los cambios centrales del DNU es el que elimina la causal de “negligencia” como atributo de responsabilidad del proveedor y reemplaza los términos “maniobras fraudulentas y conductas maliciosas” por “conductas dolosas”, concepto incluido en el artículo 1724 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Además, se faculta al Ministerio de Salud a “incluir en los contratos que celebre para la adquisición de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el coronavirus cláusulas que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones, con excepción de aquellas originadas en conductas dolosas por parte de los sujetos aludidos”.

Otro eje del proyecto es la creación del “Fondo de Reparación Covid-19” para responder al pago de indemnizaciones ante la eventualidad de que alguna persona pueda ser dañada por la aplicación de una vacuna.

El artículo 3° incorpora como artículo 8° bis de la Ley 27.573 la creación del Fondo, cuyo objeto es “el pago de indemnizaciones a las personas humanas que hayan padecido un daño en la salud física, como consecuencia directa de la aplicación de la vacuna destinada a generar inmunidad adquirida contra el coronavirus”.

Además, establece que “la indemnización a cargo del Fondo por la muerte o incapacidad física total y permanente del damnificado será igual a 240 veces el haber mínimo jubilatorio”.

También señala que el Fondo deberá constituirse con una suma igual al 1,25% del valor FCA (Free Carrier, según Incoterms 2020) por dosis de las vacunas suministradas.

Con información de agencias.

IG

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, respaldaron este miércoles en un plenario de comisiones del Senado el proyecto de ley enviado por el Gobierno que establece criterios básicos epidemiológicos para mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus en el país.

En su estrategia por sumar apoyos para que el proyecto sea ley lo antes posible, las funcionarias argumentaron la “importancia de administrar las restricciones en tiempos de pandemia”, con la idea de comenzar a allanar el camino de la propuesta en la Cámara de Senadores (donde lograrían la mayoría con relativa facilidad) y llegar a Diputados con mayor fuerza para rebatir las voces de la oposición, que ya se manifestó reticente a votar en favor de la iniciativa presidencial.

En su exposición, Vizzotti ratificó que “se ha visto una disminución” del crecimiento de casos de Covid-19 en todo el país como consecuencia de las medidas sanitarias adoptadas en todas las jurisdicciones. Al referirse al proyecto del Ejecutivo para regular las restricciones por el Covid, la ministra de Salud aseguró que se requiere “fortalecer muchísimo las medidas de cuidado” y advirtió: “Vamos a seguir teniendo un número de fallecimientos en las próximas semanas acorde a las personas que se fueron complicando”.

Asimismo, la funcionaria recordó que “estamos a más de un año de la declaración de la pandemia” y “hemos transitado diferentes momentos”, en los que “el Gobierno nacional y el Ministerio de la Salud hemos trabajado en conjunto con cada una de las jurisdicciones”.

La titular de la cartera de Salud defendió que la cuarentena adoptada la mayor parte del año pasado y las demás medidas “cada vez más específicas y acordes a minimizar el impacto” fueron “fundamentalmente para fortalecer el sistema de salud”. En ese sentido, destacó que se aumentó casi en un 50% el número de “camas de terapia intensiva, con respiradores y capital humano capacitado”.

Vizzotti repasó que en el verano se registró un aumento de casos que finalmente “se logró disminuir” y sostener el turismo, pero en las últimas semanas hay “una curva con un aumento exponencial, muy rápido y acelerado, especialmente en el AMBA”, y que posteriormente se replica en el resto del país.

La ministra señaló que este incremento “ha puesto en riesgo el sistema de salud”, registrándose “un pico de casos en la semana epidemiológica número 14” con “un ingreso de personas a terapia intensiva muy importante”.

No obstante, informó que en las semanas epidemiológicas 15 y 16 se vio “una disminución de ese crecimiento” y, en la número 17, que estamos transitando, “por primera vez en todo el país y también en AMBA se está intensificando la tendencia de dejar de aumentar los casos, todavía con tensión en el sistema de salud porque están ingresando las personas que se han infectado cuando teníamos el número de casos más alto”.

“Vamos a seguir teniendo un número de fallecimientos en las próximas semanas acorde a las personas que se fueron complicando”, pronosticó.

Al explicar los indicadores para definir las situaciones sanitarias en distintas zonas del país, la funcionaria detalló que la “alarma epidemiológica” se da frente a “una situación de riesgo muy específica, donde involucra una incidencia en los últimos 14 días de 500 o más casos cada 100 mil habitantes y una ocupación de la terapia intensiva del 80%”. Ese momento es el que “requeriría que se tomen medidas bien intensificadas”.

Vizzotti defendió que los parámetros adoptados en el proyecto de ley están en línea con los aconsejados por “la Organización Mundial de la Salud, los comités de expertos, las direcciones de epidemiología, con una mirada de adopción a nuestro país”, al tiempo que tienen “la mirada de un país federal”. “No hay ningún indicador que pueda incluir todas las situaciones epidemiológicas” que se presentan, aclaró.

En otro tramo, ponderó que ya se ha vacunado “al 70% de las personas entre 60 y 69 años; al 82,3% de las personas entre 70 y 79 años; y al 74,5% de las personas mayores de 80 años”, lo cual presentó “un impacto positivo en la distribución de la internación en la terapia intensiva y mortalidad en este grupo de edad”.

La ministra manifestó la “expectativa” por “el ingreso de un millón de dosis de la vacuna Sputnik V” en los próximos días y de cinco millones de vacunas de AstraZeneca antes del 31 de mayo.

“Tenemos la perspectiva de que, gracias al trabajo de las jurisdicciones, se pueda escalar muchísimo en la vacunación y ampliar la cobertura de esta población de riesgo. Por eso, necesitamos tener este marco legal y fortalecer muchísimo las medidas de cuidado para la población que todavía no está alcanzada por la vacunación”, sostuvo.

Y concluyó: “Si se desborda el sistema de salud, sobre todo en algún aglomerado urbano importante, el aumento de la mortalidad es relevante y la posibilidad de prestar cuidado a otras patologías también se ve impactada”.

Los argumentos de Ibarra

La secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, por su parte, consideró que “es un enorme desafío administrar las restricciones de derechos” en medio de una pandemia como la que afecta al país y destacó la importancia de contar con apoyo del Congreso para sancionar una ley que reglamente las medidas para mitigar la expansión del virus.

La funcionaria declaró que el Gobierno acude al Congreso “con la vocación de trabajar para tener una ley que permita tener un marco previsible y que cada jurisdicción sepa qué medidas tienen que enfrentar de acuerdo a la situación en que viven”.

En la apertura del debate, la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun, valoró la predisposición de todos los bloques políticos para abrir el debate de la iniciativa.

En representación de la oposición, el jefe de los senadores de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, y la vicepresidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, Laura Rodríguez Machado, manifestaron cuestionamientos por el escaso tiempo otorgado para permitir incluir expositores y para acercar aportes a la propuesta oficial.

El jefe de los senadores del Frente de Todos, José Mayans, informó que el objetivo del oficialismo es “emitir dictamen hoy mismo”, algo que fue objetado por los opositores.

Con información de agencias y El Parlamentario.

IG

El Gobierno nacional envió este lunes al Congreso el proyecto de ley de emergencia Covid, que promueve la estandarización de los escenarios epidemiológicos y define las facultades del Presidente y de los gobernadores para dictar “medidas de cuidado de la población”.

El proyecto de ley distribuye las facultades de tomar decisiones entre el Poder Ejecutivo, gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, “otorgando una amplitud de intervenciones para la toma de decisiones respecto de la evolución de la pandemia”, según indicaron fuentes oficiales.

La secretaria de Legal y Técnica Vilma Ibarra confirmó este lunes que el Poder Ejecutivo presentó este lunes el proyecto que el presidente había anticipado la semana pasada tras el fallo de la Corte Suprema, que le dio la razón al recurso que presentó la Ciudad en relación al conflicto por la suspensión o no de las clases presenciales por decreto y la autonomía de CABA.

Según la funcionaria, se trata de un proyecto “equilibrado y razonable, que atiende a un sistema federal de Gobierno, atiende a las competencias que tiene cada uno de los gobernadores, los Municipios y el Gobierno Nacional”, y aclaró que “como Estado, estamos obligados a cuidar y proteger la salud de los habitantes. Por eso se propone un esquema general con parámetros sanitarios precisos que establecen inmediatamente el grado de riesgo epidemiológico”, detalló.

Además, para Ibarra, en ciudades de más de 300.000 habitantes, el riesgo “implica restricción horaria y se suspende la presencialidad de las clases; con un tiempo corto, se achicaría el número de contagios y la tensión del sistema de salud para, cuanto antes, recuperar la normalidad”.

Para finalizar, la funcionaria explicó que en casos de riesgo epidemiológico elevado, “pueden tomar decisiones el Gobierno nacional y los gobernadores para evitar un alto número de muertes de argentinos. Se está planteando un sistema muy equilibrado con una forma escalonada de tomar medidas”, concluyó.

Los puntos destacados del proyecto

Se fundamenta en las facultades que le da la Constitución Nacional y en los compromisos internacionales que asumió nuestro país (art. 41 y 42 de la CN; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Convención Americana sobre Derechos Humanos; entre otros).

El proyecto de ley distribuye las facultades de tomar decisiones entre el Poder Ejecutivo, Gobernadores/as y Jefe de Gobierno de la CABA, otorgando una amplitud de intervenciones para la toma de decisiones respecto de la evolución de la pandemia:

👉🏻Las provincias continuarán ejerciendo las facultades concurrentes de control y fiscalización.

👉🏻El ejercicio de las facultades del Poder Ejecutivo, relativas a ampliar lo dispuesto en la ley, se encuentran condicionadas a la previa consulta con las autoridades jurisdiccionales, en los lugares de Alto Riesgo Sanitario y Alarma Epidemiológica.

👉🏻Las autoridades locales podrán disponer medidas focalizadas en lugares de menos de 40000 habitantes y de Mediano Riesgo -más allá de las limitadas restricciones vigentes en todo el país-.

👉🏻En los lugares de Medio Riesgo Epidemiológico y Sanitario son las autoridades locales quienes disponen las restricciones temporales y localizadas en el ámbito de las menores unidades geográficas. En los lugares de Alto Riesgo pueden establecer restricciones adicionales.

👉🏻 En los lugares de Alto riesgo epidemiológico y sanitario y de Alarma epidemiológica y sanitaria, de observarse un empeoramiento o permanencia del estatus sanitario, y de ser necesario continuar con medidas restrictivas o profundizarlas, se faculta al Poder Ejecutivo a disponerlas de forma razonable y proporcionada, previa consulta con los gobernadores/as y Jefe de gobierno de la CABA y con intervención de la autoridad sanitaria nacional (conforme lineamientos del fallo de la CSJN).

Además, puede morigerar o suspender las prohibiciones.

Criterios Epidemiológicos

El Proyecto no distingue entre zonas geográficas del país, sino que establece estrictos parámetros epidemiológicos y sanitarios conforme los cuales las jurisdicciones locales y el Gobierno nacional, según las competencias de cada uno, adoptarán medidas para mitigar la propagación del virus.

Según dichos parámetros, el proyecto establece restricciones y, con relación al Poder Ejecutivo, establece los criterios a utilizar para el ejercicio de sus facultades.

😷 La modificación de los parámetros para determinar la existencia de Bajo, Medio o Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario y Alarma Sanitaria corresponde a la Autoridad Sanitaria Nacional, previa consulta con los ministros y ministras de Salud de las provincias y el ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del Consejo Federal de Salud.

El debate parlamentario permitirá analizar en profundidad los parámetros propuestos. Los legisladores podrán proponer otros.

Educación

La suspensión de las clases presenciales se dispone únicamente para los lugares de Alarma epidemiológica y se prevé que, previa consulta con las provincias, el Poder Ejecutivo podrá morigerar o dejar sin efecto esa restricción.

Facultades del Poder Ejecutivo

- Actividades prohibidas en todo el país: puede dejar sin efecto o morigerar las prohibiciones con intervención de la Autoridad Sanitaria Nacional.

- Actividades prohibidas en lugares de Alto Riesgo y de Alarma Epidemiológica: establecer suspensiones adicionales y ampliar previa consulta a las provincias, con informe de autoridad sanitaria local.

👉🏻 Siempre se deberán observar los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad en las medidas dispuestas como así también su justificación científico-sanitaria

- Actividades prohibidas en lugares de Alto Riesgo y Alarma epidemiológica: puede morigerar o suspender las prohibiciones.

- Morigerar o dejar sin efecto la suspensión de clases presenciales bajo Alarma Epidemiológica, según la mejora de datos sanitarios, previa consulta a la jurisdicción local.

👉🏻 Todas las medidas adoptadas en los lugares clasificados como de Medio, Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario, Alarma Epidemiológica y Sanitaria y las disposiciones locales y focalizadas para partidos o departamentos de menos de 40.000 habitantes son temporales, correspondiendo su revisión a los 21 días de adoptadas en el marco de las especificaciones contenidas en la ley. Ello apunta a la temporalidad de la medida y a la evaluación y análisis en relación a las particularidades de cada jurisdicción.

- Ampliar o reducir el plazo de 30 días establecidos para el cierre de fronteras.

Facultades del Jefe de Gabinete

- Empleo público: excepciones a virtualidad en ámbito laboral.

- Ampliar o reducir las excepciones a la restricción de circulación nocturna en lugares de Alto Riego

- Transporte Público 🚎: puede ampliar o reducir las excepciones a prohibición de utilización.

Duración

Desde el 22 de mayo hasta el 31/12/21 (hasta la vigencia del Decreto N° 260/20 (emergencia sanitaria), prorrogado por Decreto N° 167/21.

Con información de agencias.

IG

El presidente Alberto Fernández anunció este sábado la creación del Consejo Federal para el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios y ratificó la “convicción” del Gobierno nacional de “dar respuesta ante los hechos de violencia extrema” en contra de las mujeres y el colectivo LGBTI.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario informó que se reunió con las ministras de Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta; de Justicia, Marcela Losardo; y de Seguridad, Sabina Frederic y la secretaría Legal y Técnica, Vilma Ibarra para trabajar en la creación del nuevo organismo.

“Con la convicción política de dar respuesta ante los hechos de violencia extrema contra mujeres y LGBTI, con @EliGAlcorta, @mmlosardo, @VilmaIbarraLy @SabinaFrederic trabajamos en la creación del Consejo Federal para el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios”, informó el jefe de Estado en su cuenta de Twitter.

En el mismo sentido, agregó que “para poner fin a estos hechos aberrantes necesitamos llevar adelante estrategias coordinadas entre el Gobierno nacional, las provincias y los municipios de la Argentina, que ayuden a prevenir e identificar situaciones de riesgo y garantizar un Estado que responda con celeridad”.

El anuncio se conoce luego de que esta semana se produjeran los femicidios de la joven Úrsula Bahíllo, en la localidad bonaerense de Rojas, y de Vanesa Carreño, de 29 años, que fue asesinada delante de sus hijos en Marcos Paz por su expareja.

Según se informó oficialmente, el objetivo del consejo federal será desarrollar un ámbito de coordinación interinstitucional que garantice un abordaje “integral, eficaz y articulado” por parte de los distintos organismos de la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires “en materia de prevención, investigación, sanción, asistencia y reparación de ese tipo de delitos”.

El consejo estará integrado y coordinado por las máximas autoridades de los Ministerios de Seguridad; Justicia y Derechos Humanos y de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y se invitará a participar también a las máximas autoridades del Ministerio Público Fiscal de la Nación, del Poder Judicial, y del Poder Legislativo de la Nación.

También formarán parte las autoridades en materia de seguridad, género y justicia de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; cada uno de los Ministerios Públicos Fiscales de todos los distritos; y cada uno de los Poderes Judiciales de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires.

Se precisó además que el Consejo se creará mediante un decreto de Presidencia y que se desarrollará bajo el Programa Interministerial de Abordaje Integral de las Violencias Extremas por Motivos de Género.

“La creación del mismo permitirá trazar líneas de trabajo comunes, centralizar la información estadística y de los casos, generar herramientas compartidas, conformar estrategias para todas las provincias teniendo en cuenta las particularidades territoriales”, se informó en un comunicado oficial.

De esta manera, se buscará “nuclear a los distintos organismos involucrados en la materia, provinciales y nacionales, para establecer lineamientos y criterios rectores que promuevan respuestas más eficaces por parte del Estado argentino en su conjunto”.

El anuncio de Fernández se completa este sábado con la publicación en el Boletín Oficial de la creación del “Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género en la órbita de la Dirección Nacional de Planificación , Seguimiento y Gestión de la Información de la Unidad de Gabinete de Asesores del ministerio” a cargo de Gómez Alcorta, mediante la Resolución 48/2021.

Gómez Alcorta contó este sábado que en el encuentro con el Presidente “se resolvió crear un consejo federal con las provincias y los poderes de todas las provincias entendiendo que uno de los principales ejes para reducir los femicidios es la ausencia de una coordinación institucional”. “Será creado por decreto y tendremos más detalles los próximos días” afirmó.

Apenas conocido el femicidio de Úrsula, el ministerio coordinó acciones para abordar integralmente el caso y, en especial, para incorporar a las personas del círculo íntimo de la víctima al Programa para el Apoyo Urgente y la Asistencia Integral Inmediata ante Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios (PAU).

El miércoles pasado, la ministra había asegurado que “no alcanza con indignarnos” y prometió “buscar las responsabilidades” por el femicidio de Úrsula tras citar que “todos los días tenemos casos y situaciones vinculadas a violencias extremas, femicidios o travesticidios”.

Por su parte, el movimiento feminista Ni Una Menos (NUM) convocó a una manifestación frente al edificio de Tribunales porteño el próximo miércoles a las 17, en memoria de Úrsula.

El comunicado que circuló en la red social Instagram de NUM señala que la convocatoria es “Por Úrsula y por todes” y pide “¡Basta de justicia patriarcal!” y “¡Basta de represión policial!”.

Asimismo, señala que “uno de cada cinco femicidios en nuestro país son cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad” y pide marchar a todos los tribunales del país.

Con información de agencias.

IG

Hace algunos años se popularizó un blog llamado “congrats, you have an all male panel”, que juntaba fotos de eventos de todo el mundo donde los únicos expositores eran varones cis. Al lado de cada foto, salía una divertida calcomanía del estelar Baywatch David Hasselhof con el pulgar arriba y el nombre del blog, a manera de irónico sello de calidad. El blog se burlaba de una realidad patriarcal insoportable: los varones cis suelen tener la palabra pública y muchos más lugares de poder y reconocimiento que las mujeres. 

Las feministas nos hicimos muy ágiles en rechazar esa clase de convocatorias a través de redes y medios. Cada vez que aparecían esas fotos de reuniones oficiales hacíamos toda clase de críticas, desde comentarios serios e indignados hasta algunos divertidos como “mucho olor a huevo” e incluso recordábamos la histórica frase que Christine Lagarde le dijo al ex Ministro Nicolás Dujovne cuando vio al equipo económico del ex presidente Macri: “You look short on woman”. Debimos ser muy eficientes, porque a mediados del año pasado, el Poder Ejecutivo hizo oficial la presentación de un protocolo ceremonial con perspectiva de género que especifica que todas las audiencias de más de 4 personas con el presidente deben ser celebradas con 33% de mujeres.

Las fotos de puros tipos se hicieron cada vez más extrañas y anacrónicas, aunque todavía las hay. Esa imagen lamentable de hace apenas unos meses que mostraba la reunión de Alberto Fernández y algunos de sus ministros con la UIA titulada “el Presidente se reunió con empresarios y sindicalistas”, tuvo tanto repudio que parecería no volver a repetirse. En su momento, hasta la Secretaria legal y técnica del Presidente, Vilma Ibarra, tuvo que salir a levantar la voz por lo absurdo que era que ni el ejecutivo ni representantes de sectores sindicales y empresariales tuvieran mujeres, así fuera para la foto. Todas celebramos la escasez de esas imágenes y la eficiencia de nuestros repudios como una victoria simbólica muy contundente. Yo también. 

Unas semanas atrás, una compañera que cumple un rol legislativo -excelente profesional y mucho más capacitada que la mayoría de sus compañeros y superiores, como casi todas las mujeres en espacios públicos y políticos que conozco-, me contaba que se había incomodado porque la habían invitado a un evento de altísimo rango solo para que saliera en la foto. Por supuesto que nadie se lo dijo explícitamente, pero ella era la única mujer y el tema no era su área de expertise. En su momento yo le di un abrazo optimista. Está bien, le dije, es mejor ocupar cualquier espacio a no ocupar ninguno. No importa cómo llegues, le repetí, lo importante es que vas a estar ahí y quizás puedas hablar y ser tomada en cuenta y valorada como deberían haberte reconocido hace tiempo. Es un avance, la consolé, que al menos no quieran el escrache en Twitter (del que eufóricamente he participado cuando se trata de fotos de eventos en las que solo hay hombres cis) y te inviten así sea para la foto.

Ahora me resulta injusto haberle dado ese consejo. ¿Es suficiente? No. No lo es. Y además es tremendamente humillante. Seguramente lo fue para ella, como lo ha sido para mí y como lo ha sido para todas las mujeres que conozco que muchas veces tenemos que ocupar lugares testimoniales que con condescendencia y temor nos abren, pero no participar de las reuniones, de las discusiones, del poder. A veces pienso que deberíamos dejarlos sacarse sus fotos de mierda solo con hombres y rehusarnos al rol simbólico. Que ya no estamos para eso. Que hasta que no nos inviten con voz y voto se tengan que aguantar nuestra burla en todas partes y el bochorno. Después pienso en que la foto esa sería arcaica y que mal que bien es un avance, diminuto, injusto, pero hay que ver el vaso medio lleno. Nosotras siempre tenemos que ver el vaso medio lleno. 

La última vez que fui invitada para una foto ya no me sentí alegre y agradecida por haber logrado ese lugar, cualquiera que fuera, y poder estar en una reunión en la que todo el mundo me trataba con condescendencia y de la que no tenía participación real. Más bien sentí que trabajaba para fortalecer a un enemigo. Fui, me senté, mis intervenciones no fueron tenidas en cuenta y posé sonriente cuando llegó la cámara a documentar una charla que en la vida real solo habían tenido tipos, pero estaba yo, para que no se vieran “short on woman”. Cuando se divulgó la bochornosa imagen de los empresarios y sindicalistas con el presidente Fernández, muchos de los participantes argumentaron que en las altas esferas de esos espacios simplemente no hay mujeres, y que no las podían embutir en una foto porque ellas no habían estado en la reunión. En el momento igual nos pareció desatinado que se juntaran solo entre ellos, pero me pregunto si, al cumplirse el nuevo cupo del 33% de mujeres en la reunión, el diálogo no hubiera sido exactamente igual, solo que con el mensaje público de que era un ambiente más “diverso”.

 El problema no es que faltaran mujeres en la foto, es que hay muy pocas en los lugares de poder y toma de decisiones. Me pregunto cuál podrá ser una estrategia más eficiente para que seamos las mujeres también las representantes de las y los sindicalistas y las y los empresarios, en lugar de las acompañantes decorativas que nos invitan a ser. No tengo la respuesta, pero me resulta cada vez menos grato para mí y para compañeras valiosas y brillantes, tener que prestarnos a esa clase de roles ornamentales como si no nos diéramos cuenta, como si no supiéramos que lo que hacemos es un favor, y ya no sé bien a quién favorece.

El problema no es que faltaran mujeres en la foto, es que hay muy pocas en los lugares de poder y toma de decisión.

La paridad en los espacios es una iniciativa importante para lograr la igualdad de género en ámbitos de poder y toma de decisión. Nadie, a esta altura, podría criticar eso. Sin embargo, esta clase de anécdotas, sumado a la cantidad de directrices (oficiales y extraoficiales) que señalan que lo que hay que cuidar son las imágenes que llegan al público, nos da la creciente sensación de ser usadas para la foto y para evitar las críticas, pero no estar teniendo ni más voz ni más voto. Temo que esas medidas empiecen a tener una intención únicamente cosmética y que nos quedemos a mitad de camino emitiendo recomendaciones para que aparezcan mujeres y hombres en todas las reuniones, aplaudiendo esas imágenes, haciendo una fiscalización excesiva de todo lo que sucede en la esfera pública, pero perdiendo de vista que esos gestos no se están traduciendo en un cambio de prácticas fuera de los flashes de las cámaras. 

La foto en la que salió mi conocida, por supuesto, pasó sin pena ni gloria porque ahí estaba ella: obediente y con sonrisa. Nadie la escrutó ni la criticó ni la repudió. Yo tampoco. 

Estamos en zonas australes, exploramos bosques y turbas. Subimos una montaña con mi hija de 20 años. En el camino, rocoso, empinado, con cambios de temperaturas y pulsos, avanzamos rumbo a un objetivo preciso, nos cruzamos con aves, liebres y castores. Entre las dos, intentamos superar la anosmia de la clandestinidad alojada en nuestra prosapia: cuartos sin ventanas, la soledad del silencio de décadas. La zoología emergente en manadas preciosas define una nueva compañía. El paisaje se ha puesto en marcha.

Andamos por senderos tortuosos, se nos entumecen los pies, se nos humedecen las orejas, pasamos frío, pero de a poco el calor del abrazo va fogueando nuestras ideas. Estamos desviadas de la civilización, alejadas de nuestros lugares habituales. Caminamos rodeadas de desconocidos, nos guían dos mochilas con pañuelos verdes. Nos entregamos a explorar un paisaje en el que mi hija y yo, así como mi madre, abuelas, amigas, estamos empardadas: el placer, el cuerpo, la decisión, el derecho, el futuro. El deseo y lo político, lo íntimo y lo colectivo, lo singular y el Estado.

Luego de esprints agudos y maquinales, llegamos a la Laguna Esmeralda. Ese manto tremendo de verde nos envolverá como la imagen colosal de un movimiento ampuloso. Bajo el agua se concentra, en su lecho lacustre, un sustrato tan poderoso como la ampliación de derechos. Hoy somos mejores, y el mundo es mejor. El reflejo de la laguna cromática ofrece la misma paleta del bosque que atravesamos en silencio; así aparecen las voces compañeras que, en conversación suculenta, nos animan a seguir debatiendo, pensando, discutiendo y ofreciendo conocimientos lozanos: otras, ningunas o nuevas genealogías maternas en las que los mandatos y la clandestinidad son anulados, para dar lugar a la ejecución del deseo. 

Sentadas en el borde de la Laguna Esmeralda, que en este trajín se ha convertido en un oráculo, me comunico con Florencia Basso (integrante de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Regional Tierra del Fuego). Le hago una consulta que no tarda en contestar; comenta respecto a la implementación efectiva de la Ley 27.610: “Estamos expectantes para ver cómo va a ser la aplicación de la norma en nuestra provincia de Tierra del Fuego, que tiene aprobado, sancionado, el protocolo ILE desde el año 2012, pero con la aprobación de esta nueva ley se abre un nuevo escenario en lo que tiene que ver con la interrupción voluntaria, sobre todo en los hospitales de la provincia y los profesionales y las profesionales que son objetores de conciencia. En cuanto al futuro de nuestra militancia, vamos a seguir adelante para lograr la aplicación efectiva de la norma”.

Tranquilas en la orilla de la laguna, habilitamos unos mates. Estamos de vacaciones, pero continuamos produciendo, craneando. Recorremos el espinel de estas redes enormes que configura la militancia feminista, y la conversación telefónica se orienta a Tucumán. Guada Rearte (artista visual, docente, integrante del colectivo La Lola Mora junto a trabajadoras de distintos lenguajes artísticos, la agrupación Acción Respeto Tucumán y la Subcomisión de Mujeres del Club Atlético de Tucumán) envía su voz, dice que la militancia no se detiene: “Desde La Lola Mora somos muy conscientes de cómo los criterios personales y las creencias religiosas acá en Tucumán están lo suficientemente arraigados como para que pensemos que el hecho de que se haya aprobado la ley hoy nos da quizás una herramienta más, pero la vamos a tener que luchar, ya que el sector antiderechos va a utilizar todas sus herramientas y toda su perversidad para dificultar la aplicación de la Ley 27.610”.

Pasamos un par de horas mirando la laguna, nos hidratamos, y aquello que comenzó siendo turismo aventura se vuelve una prueba de resistencia que no teníamos contemplada. Oscurece tarde en la Patagonia argentina, por suerte todavía es de día, tenemos cierto margen para algunos llamados más, ahora a Córdoba. 

En conversación con Ayelén Altamirano (integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y la Colectiva Córdoba), ella reflexiona: “Ahora comienza una nueva etapa, tal vez como un poco más complicada, asumir un compromiso político en donde iniciemos capacitaciones, charlas con profesionales que se dediquen y asisten a personas que deciden no continuar con el embarazo, y sobre todo que comencemos una disputa cultural para eliminar discursos absolutamente desinformantes, específicamente de las diputadas y diputados antiderechos”. Por su parte, Virginia Digón (periodista de La Voz del Interior, activista del Círculo de Mujeres de Monte Cristo) retoma algunas discusiones vigentes: “Una de las mayores deudas es la violencia de género, que se cobra la vida de una mujer cada 32 horas en Argentina. El femicidio es un delito que tuvimos naturalizado durante muchísimo tiempo y requiere de políticas públicas para su prevención y eliminación, y también de un cambio real en la sociedad, no solo desde el empoderamiento de la mujer y disidencias, sino también desde las vivencias de nuevas masculinidades. Otro de los temas que más fuerte resuena y que no es exclusivo del feminismo es el pedido de separación de la Iglesia del Estado. Tanto en 2018 como en 2020, lo que queda en evidencia es el enorme poder de influencia de las religiones —ya no es solo la católica— sobre las decisiones de los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales. Para que no suceda de nuevo con otro derecho a reclamar, los movimientos feministas y un sector del progresismo ya comienza a gestar esa nueva lucha”.

Se hace de noche, pero no está oscuro, nunca está del todo oscuro, y del otro lado del teléfono se oye la voz entrerriana de la Colectiva Feminista Federal, que se define como una agrupación horizontal, independiente, de personas que militan el feminismo entendiéndolo como un posible espacio de pluralidad de voces que históricamente no son tenidas en cuenta. En ese sentido, la escucha es su principal sostén. Las personas que integran la colectiva son o viven en Federal, ubicado en el centro norte entrerriano, zona de monte tupido, gauchos con celular, ruralidad, precarización de todo tipo, lo que da como resultado un lugar de violencia machista extrema, atravesado en absolutamente todos los ámbitos por el discurso religioso. 

Una de sus integrantes, Virginia Negri (artista, poeta y productora cultural), comenta: “En marzo de 2021 llega a juicio oral el primer caso que acompañamos en 2018 por abuso sexual con acceso carnal, o sea violación. Lamentablemente, la mayoría de las mujeres, niñas y disidencias en este pueblo han sufrido algún tipo de vulneración de sus derechos, sus cuerpos y emocionalidades. Aquí las situaciones de abandono por parte de los organismos estatales ejecutivo, legislativo y judicial es abrumadora. Hay leyes, pero a la Argentina profunda no llegan”.

La llamo a Carolina Balderrama (docente y periodista) y mientras se oyen de fondo las chicharras del monte achaparrado de su Santiago del Estero natal, señala: “Hubo un par de cosas en los debates y en las exposiciones que dan cuenta de que el sistema judicial, la corporación médica y también las organizaciones antiderechos sin dudas están intentando continuar una sinergia de obstrucción de la efectiva implementación de la ley. Con lo cual, y eso también pensando en las provincias que no tuvieron ni diputados, ni diputadas, ni senadores, ni senadoras que hayan votado a favor, me parece que es importante ver ese mapa, ver esas regiones, ver esos territorios, porque ahí sí, sin duda, hay que fortalecer aquellos efectores, efectoras de salud, aquellas organizaciones que promueven el cumplimiento efectivo de los derechos, y en este caso, este que garantiza el acceso no sólo a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, sino también el acceso pleno a la salud”. 

Ante la misma pregunta, sobre cómo se vive en la ciudad de Santiago del Estero la aprobación y promulgación de la Ley 27.610, Rosa Isaac (militante de Ni Una Menos) realiza de manera rigurosa un pantallazo necesario para dimensionar los distintos latidos en la extensión territorial de nuestro país: “Podemos decir que logramos como movimiento poner en crisis las costumbres, los valores y las morales únicas. En nuestra provincia esta ley viene a saldar una deuda histórica con las niñas y mujeres que murieron en un aborto clandestino o fueron obligadas a parir en contra de sus deseos. También viene a hacer visible con más fuerza la obscena injerencia que las religiones han tenido en los gobiernos en todo nuestro NOA. Por ello, esta ley permite vislumbrar un horizonte emancipatorio para repensar las políticas, y sobre todo el rol de las y los políticos con el pueblo. La aprobación de la ley permitirá en nuestra provincia tener una herramienta potente para la exigibilidad de la aplicación, pero por sí sola no alcanza para cambiar tantos años de conservadurismo, por ello la tarea central como movimiento feminista hacia adelante es, por un lado, monitorear que se aplique la ley en la provincia, pero también que se imparta educación sexual en las escuelas, se capacite a las y los funcionarios en cada centro de salud y en todos los poderes del Estado, que se realicen campañas para informar a todas las niñas y mujeres de nuestra provincia acerca de este derecho. La batalla cultural que hay seguir dando es inmensa”.

La Laguna Esmeralda se ha fijado a nuestra corteza cerebral y afectiva, se ha constituido un momento de debate, libertad y conducción política, y estoy al habla con Leticia Kabusacki (abogada, socia del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género) quien destaca la necesidad de sostener las redes colectivas de militancia: “El trabajo de las mujeres de todas las edades, de todas las generaciones, en distintos aspectos, haciendo opiniones jurídicas, amicus curiae, buscando dónde hay casos de mujeres que van a seguir siendo perseguidas por abortos, y tratando de que sean sobreseídas las que hoy están procesadas, tratando de que los médicos y médicas sean protegidas y sobreseídas de las cuestiones penales que tienen pendientes”. 

Por su parte, también desde Buenos Aires, Ingrid Beck (docente y periodista) se detiene en el sistema de salud: “El personal médico y el personal de salud en general, que tenía miedo de ser penalizado por realizar estas prácticas, ahora van a estar mucho más protegidos. Creo que el desafío es monitorear que se cumpla, porque no nos la van a hacer fácil, obviamente”. 

Con ímpetu la llamo a Marina Mariasch (docente y escritora): “La conquista por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es un logro enorme para los feminismos. Es un logro que representa la potestad sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras decisiones, en el marco de los derechos humanos. Pero sin dudas no es el único reclamo, el único objetivo de lucha de los feminismos. Hay que trabajar para combatir las violencias contra las mujeres en los distintos ámbitos, y las distintas formas en los diferentes grados que estas adoptan, hasta llegar a su forma extrema que es el femicidio. Y sabemos que van transitando distintos niveles, pero que todas son importantes para construir esa última posibilidad que es el femicidio. Y también sabemos que hay un montón de otras modalidades que nos ocupan y que son las violencias en el ámbito de la política, o la violencia obstétrica, que ya existe la ley, pero sigue ocurriendo. Tenemos que combatir las inequidades siempre de manera transversal, en los territorios de los feminismos populares. Hay también hambre y hay que combatir las inequidades que se atraviesan desde las diferencias de género, pero también de clase y de la mala distribución de la riqueza, de cómo se acumulan las riquezas en los varones”.

Por la noche, con mi hija leemos a coro Rally de Santos de la escritora Ángeles Alemandi. Pensamos en La Pampa. El libro relata la historia de una enfermedad en la vida cotidiana de una madre y su hija. A la mañana siguiente, logro dar con Pilar Galende (médica generalista, trabajadora en un centro de salud público en Santa Rosa, integrante del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal y de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir) quien asevera: “El desafío de implementación efectiva de la IVE será en nuestra provincia una continuación del trabajo que se viene llevando ya con la ILE, fortaleciendo la difusión de este derecho y articulando entre las redes militantes que integran el Foro y el sistema de salud. El Foro conformó en La Pampa un espacio de ”monitoreo“ de implementación de la ILE —en observación del acceso a Misoprostol, objeción de conciencia, dilaciones innecesarias, recurso humano, estadística, garantía de los dos trimestres, entre otros aspectos— que ha mantenido un diálogo sostenido con la gestión de salud, lo cual creo será fundamental sostener a modo de rendición de cuentas al Estado para que las posibles resistencias a la IVE sean superadas y se garantice su cumplimiento”.

Se terminan las exploraciones, volvemos a nuestra ciudad, al río seco, al humo y al fuego en las islas. A escribir desde la sequía de un escritorio urbano. Decido llamar a Analía Chumpitaz (médica, docente, mujer indígena y feminista) quien desde Rosario relata ciertas referencias de la historia de la salud pública en la ciudad, y algunas alertas en cuanto a la objeción de conciencia: “Tenemos como antecedente las políticas que desde hace tres décadas se llevan adelante en la ciudad de Rosario. Con el acceso al Programa de Salud Sexual y Reproductiva. Con una ordenanza que en el 2007 permitió aplicar un protocolo de ILE y que desde el 2012 garantiza Misoprostol en los centros de salud. Con equipos de salud comprometidos con la ampliación de derechos. Estas políticas han tenido sus resultados: disminución del embarazo adolescente, disminución en las internaciones por abortos con complicaciones, y sólo dos muertes maternas en la última década. Todas las personas con posibilidad de gestar debemos estar atentas al cumplimiento, ya que es preocupante la cláusula de objeción de conciencia, que permite que les profesionales de la salud no realicen abortos por sus creencias personales. Esto, en algunas localidades, puede ser un obstáculo para acceder a nuestro derecho, ya que el tiempo es crucial”.

Se abre una nueva ventana en el paisaje, plena de aplausos; podemos reconocer el subsuelo y la luz prístina que arrojan todos los colores en la sala del Museo del Bicentenario. El jueves pasado, el gobierno nacional promulgó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y también la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia —conocida como el Plan de los 1000 días— que recibió apoyo unánime en el Senado. La escena presenta altos niveles de eficiencia: back led de fondo que dice “es ley” como una nueva bandera que oscila entre el celeste emblema y el verde campaña. 

Muy emocionada, Vilma Ibarra, Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, toma la palabra: cuidado, salud pública y maternidad son los ejes en los que se detiene. Su notable sensibilidad se expone en el cuerpo, no por eso menos certera. Se vuelve a emocionar: “Hoy el Estado cambia el paradigma; el Estado recibe a las mujeres y a las personas gestantes en sus sistemas de salud tratándolas con dignidad y respeto”. Destaca el enorme trabajo de las distintas fuerzas políticas, de les militantes que han tomado las calles y los territoritos para construir una red de acuerdo y compromiso conjunto. Una voz en off preclara en guion protocolar anuncia la política: “Hicimos historia, es ley”.

Fueron días largos, que bien podrían traducirse en décadas de trabajo, tejido y acción militante. Abrazo a mi hija, rodeo su cuello para olerla y conocer su espíritu de libertad, de juventud, para detectar ahí los aromas de las calles y los paisajes recorridos, y saber que dispone ya de espacios de instrumentación y deseo: la Laguna Esmeralda es nuestra, es de todes.

El famoso historiador británico Eric Hobsbawm ha distinguido entre el “largo siglo XIX” –desde la Revolución francesa hasta la caída de los grandes imperios– del “corto siglo XX” –desde la primera guerra mundial a la caída del muro de Berlín–. Este gesto de pensar el siglo XX apenas como short twentieth century muestra que los tiempos, aunque parezcan tan macizos, tienen algo de invento. Diríamos: período y época no son sinónimos, ni equivalentes, a veces entre sí se empastan, se pisan, pero raramente comienzan y culminan juntos. La periodización, aunque no está dada y pueda construirse, es una cronología, una cuenta, un lapso que empieza y termina, mientras que lo epocal es –como ha dicho la crítica literaria Josefina Ludmer– “la fábrica de presente que es la imaginación pública”, algo escurridiza, hecha de espectros y promesas (un ejemplo obvio: las presidencias están fechadas pero los “ciclos políticos” desbajaran ese mazo y lo rearman con lógicas, a veces, superpuestas). Entonces: ¿cuántos 2020 hubo en 2020? ¿Vivimos un diciembre realmente existente? ¿Ha empezado el 2021? ¿Enero,estás ahí? Y lo más crudo: los tiempos calendario no son los tiempos de la pandemia, que –apuntemos otra obviedad– no se toma vacaciones y asoma de nuevo con su monstruo de dos cabezas (más aperturas, más casos), poniendo en jaque las proyecciones políticas y nuestros propios planes.

La política siempre hace algo con el tiempo: lo corta y lo organiza de algún modo (“Hay que pasar el invierno”, una –adjetivemos rápido– inolvidable de esa serie) y en esa operatoria, diciembre es un mes “especial”, de historial caliente en la democracia reciente. Balance a la vez del año, del gobierno –cada 10– y de la democracia misma –desde 1983–. Eso hace que diciembre se vuelva un poco el perro del hortelano, agobiando la escena final con la pregunta del “margen” que un gobierno tiene para su diciembre.

Balance a la vez del año, del gobierno –cada 10– y de la democracia misma –desde 1983–. Eso hace que diciembre se vuelva un poco el perro del hortelano, agobiando la escena final con la pregunta del “margen” que un gobierno tiene para su diciembre.

Este año insólito, ¿qué 31 días finales tenía por delante? Pero un año inesperado, inesperado termina. La última semana del año –aunque no faltó el apagón de Edesur– tiene algo de short twentieth century en sí misma: vertiginosa, demoledora, épica, incompleta. Y redondea un tiempo oásico: para todos, un poco: aún con el recorte del IFE y el ATP la continuidad de las políticas para los sectores más vulnerabilizados –con los “plus” de fin de año– junto con el dólar estabilizado descomprimieron las ansiedades económicas pegoteadas al arbolito de Navidad y a la ilusión de un cachito de agua fresca. Al menos, digamos, las ansiedades más próximas y sobre todo, las de la clase media, para quien el inconsciente económico se estructura en dólares, aunque no se los tenga. Todas las familias son una historia montada sobre dólares: sobre los que hay, sobre los que faltan, sobre los que se sueñan. Una clase que empieza, aunque no termina, en la billetera y contractura el mismo nudo: dinero –qué somos capaces de pagar para no hacer– y ahorro –qué somos capaces de hacer para poder ahorrar–. Un gobierno es, a veces, lo que hace con lo que diciembre hace de él. Puede no haber sido en absoluto el mejor año (en la misma semana se conoció un reporte de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa que dice que cerraron más de 90 mil comercios en todo el país; la necesidad de la recuperación económica espeja el desafío ante la pobreza estructural), pero simple y definitivo: no fue el diciembre temido. Y tuvo un remate histórico: a la expectativa que trae el comienzo del plan de vacunación se suma la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que graba sobre la roca una mayor igualdad entre cuerpos gestantes y cuerpos que no, y transforma la ciudadanía política como la conocíamos. Este año terminan muchas más cosas de las que creemos. 

Pero, a la vez, los últimos días del año han sido proféticos porque, como el siglo de Hobsbawm, ponen un pie en lo que viene en el 2021: política sanitaria y poder legislativo. Sobre lo primero: la Organización Mundial de la Salud anunció que el 1 de enero fue la mayor cifra diaria de toda la pandemia de coronavirus. Mirar Europa (esas fotos delante de la puerta de Brandenburgo o en Beijing, con la copa en mano y una sonrisa triste escondida bajo el barbijo) y apretar los dientes: el deseo compartido, que la segunda ola no cruce el Atlántico. Mientras, volvieron a encontrarse en Olivos Alberto con Axel Kicillof y Rodríguez Larreta para analizar las medidas si persisten los contagios (del aumento de casos en el país, con la cifra más alta el último mes y medio, prácticamente la mitad se concentra en el AMBA). El endurecimiento del cierre de fronteras y de las medidas de confinamiento chocan con una sociedad esperanzada en el “hola, te podés ir de vacaciones” de la aplicación Cuidar. El grado cero de la ilusión. Una época saturada de “yo” parece poco dispuesta al límite absoluto de lo real: el misterio, un acontecimiento, el salto a la banca del tiempo; una pandemia. La vacunación es uno de los emblemas de la modernidad. Ciencia y comunidad. Por eso “mi cuerpo, mi vacunación” rompe la vida institucional: una mayoría vacunada disminuye las posibilidades de contagio. Poner el hombro. Que la vacuna no se agriete.

El endurecimiento del cierre de fronteras y de las medidas de confinamiento chocan con una sociedad esperanzada en el “hola, te podés ir de vacaciones” de la aplicación Cuidar. El grado cero de la ilusión.

Circuló en las redes sociales la foto de un vino cuya etiqueta era un insulto para el 2020 que pasó. Dos verdades a medias: el acople entre sociedad y Estado en que han sido 365 días difíciles; y, a la vez, que la agenda es también la capacidad que tenga el gobierno para volver a imponer la pandemia como tema, cuando la sociedad está desbordando la pandemia. Una zona un poco ciega, tironeada por el mérito de que no hubo colapso sanitario y, a la vez, la imposibilidad de una cuarentena infinita. Fue el año más estatal de nuestras vidas: una institución ante la que agachar la cabeza pero ahora el “volver al volver a casa” precisa de acuerdos más comunitarios que institucionales –familias que se dividen entre dos para festejar los cumpleaños, colonias de niños en burbujas, cumplimiento del uso del barbijo, aislamiento una semana antes de ver a adultos mayores, aire libre y así–. La ciénaga sobre el después de las fiestas. Ese sopor caluroso. Diciembre no pareció diciembre pero enero puede no parecer enero. 

Pero volvamos: la segunda cuña de la semana es el Congreso con la legalización del aborto sin dudas, pero también en el plan de los mil días (un programa de ayuda durante el embarazo y la primera infancia), la nueva fórmula de movilidad provisional y –un poco más atrás– el aporte solidario a las grandes fortunas. El Congreso comenzará las sesiones extraordinarias con la reforma judicial como protagonista en un año de elecciones legislativas. Sí, quizá vayamos a votar con alcohol en gel. 

Verde que te quiero verde

“…Verde viento verdes ramas”, decía el poeta Federico García Lorca. Alberto hizo una apuesta, corrió un riesgo; una apuesta que ni siquiera hace unos meses estaba definida (y rompe las reglas de la politología clásica de que sólo en la primavera económica ganan las ampliaciones de derechos), que Vilma Ibarra –figura clave tanto de esta ley como de la de matrimonio igualitario y sobre todo columna vertebral de la sobriedad y eficacia que esta época precisa– fue la encargada de anunciar el 9 de noviembre. El envío del proyecto de la IVE. Después vino la media sanción en Diputados y luego la disputa en el Senado (porque en estas leyes no se canta victoria hasta el último minuto). Y no importa sólo ganar, sino cómo. Para el movimiento de las mujeres y las disidencias sexuales, para la transversalidad en el Frente de Todos (la ley fue empujada por Alberto, por Cristina, por Massa, por Malena Galmarini, por Máximo y la lista sigue) y para la transversalidad en la política: tan cierto como quien aportó la mayoría de votos fue el peronismo es que sólo con esos votos no se lograba. Y la Iglesia que, no siempre emparentada con los “celestes” o “anti derechos”, ejerció una crítica módica si se la compara con otras leyes, como la de divorcio en 1987. La senadora por el PRO Gladys González condensó parte de este riesgo que muchos y muchas católicas asumieron al apoyar la ley: “¿Creen que es cristiano condenar a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo? Hoy quiero preguntarle a mi iglesia si no es hora de hacer una autocrítica”. Un cristianismo para el que también es tiempo de empezar de nuevo, ya mismo en la lucha por la implementación de la Educación Sexual Integral.

La democracia es la sucesión de leyes de última generación que atraviesan las vidas de su ciudadanía. Casi todas las presidencias desde 1983 tienen su ley hito, aunque el peronismo es quien más ha empujado la imaginación política. Raúl Alfonsín, patria potestad y divorcio; Carlos Menem, cupo y reforma constitucional; Néstor Kirchner, educación sexual integral (ESI); Cristina Fernández de Kirchner, matrimonio igualitario e identidad de género; Mauricio Macri, paridad política. Y Alberto metió la suya. Pero si es todo, es nada. Un gobierno es una zona de promesas y la zona de promesas tiene que continuar. El twitter de @alferdez como resumen es auspicioso; de arriba para abajo: saludo de fin de año (en el que aparece el apretón de manos con el Papa Francisco), aborto en la Argentina, plan de vacunación. Un oasis en el desierto. Y un elogio del riesgo. Mientras, la incertidumbre nos pisa los talones. 

La legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) ya tiene número: es la ley 27.610. Es que el Senado, que dio la última media sanción este miércoles, informó oficialmente al Poder Ejecutivo sobre ese trámite y así se estableció el número de la normativa.

El próximo paso es que Presidencia de la Nación promulgue la ley: para eso hay diez días hábiles desde la sanción de la ley. Esa promulgación, que prepara la Secretaría Legal y Técnica a cargo de Vilma Ibarra y firmará Alberto Fernández, contendrá un veto parcial al texto que se aprobó tanto en Diputados como en Senadores: la medida fue un compromiso de Presidencia y parte de la negociación que se llevó a cabo para conseguir los votos suficientes de cara a la legalización.

Se borrará la palabra “integral” del artículo de la ley que describe las causales por las que el aborto es legal sin límites en la semanas de gestación, algo legislado desde 1921. En el proyecto que fue aprobado dice que ese aborto es legal en caso de que el embarazo sea producto de una violación o “si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante”. El veto parcial eliminará esa palabra y el texto quedará tal como figura en el Código Penal desde hace casi un siglo. El pedido de veto parcial había sido encabezado por el senador Alberto Weretilneck, quien finalmente votó a favor tras el compromiso del oficialismo a ocuparse del cambio.

Según explicó al canal A24 la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, entre las consecuencias inmediatas desde el momento de la promulgación se cuenta la despenalización automática de cualquier mujer o persona gestante que decida abortar hasta la semana 14 de gestación, y la caída de las causas penales que ahora mismo están vigentes contra personas que abortaron o que ayudaron a que otras abortaran.

“Esas causas se tienen que extinguir por el principio de aplicación de la ley penal más benigna, que es retroactivo”, dijo Gómez Alcorta. Según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre 2012 y 2020 se iniciaron causas penales por abortos en 17 provincias argentinas. En total, 1.532 personas tienen causas abiertas. Esos son los procedimientos que se extinguirían con la promulgación de la ley, según explicó la ministra.

Tras la promulgación, un equipo compuesto por integrantes de la Secretaría Legal y Técnica, el Ministerio de Salud de la Nación, y el de Mujeres, Géneros y Diversidad trabajará en el texto que reglamente la ley. Esa reglamentación deberá establecer la incorporación de la práctica al Programa Médico Obligatorio (PMO) para que el sistema público de salud, las prepagas y las obras sociales garanticen el procedimiento y su gratuidad.

Además, será esa reglamentación la que determine cómo se instrumentará la derivación de una persona cuando acuda a un centro de salud en el que todos sean objetores de conciencia, de cara a que el aborto no se dilate y se cumpla con el plazo máximo de 10 días para garantizar el derecho.

Los plazos para que se publique la reglamentación aún no están definidos, pero Ibarra señaló en declaraciones a TN que trabajaran “con rapidez, cuidado y diálogo”.

BJ

Es el último cálculo, el de la tarde del miércoles y sembró preocupación en el gobierno: el punteo de votos en el Senado del sector verde que manda en el oficialismo anticipa que si la elección fuese hoy tendrían un voto menos que los celestes.

“Uno abajo”, advirtió una fuente oficial involucrada al detalle, y en el día a día, del poroteo y de las charlas para juntar las manos imprescindibles para que sea ley el proyecto de despenalización del aborto que el 17 de noviembre envió Alberto Fernández “Pero vamos a ganar, tenemos que ganar”, agregó en esa zona blanda entre la voluntad y el deseo.

Sobre un mapa líquido gravitan muchos factores. Uno, crucial, refiere a si hay o no fisuras en la cima del Frente de Todos (FdT) sobre la aprobación del proyecto.

Todo está cruzado por climas y expectativas. Luego del triunfo holgado en Diputados se instaló, como presunción, que eso allanaría la votación en el Senado. Pero, en verdad, en la Cámara alta que preside Cristina Kirchner los números nunca dejaron de estar justos y sometidos a los vaivenes -o los antojos- de un grupo mínimo de senadores y senadores.

El bloque de los inciertos varía entre 2 y 5, pero en las cuentas los verdes aparecen uno voto abajo o, en el mejor de los casos, empatados, según el detalle que hicieron desde la trinchera pro legalización a elDiarioAR.

En el senado a su vez circula una hipótesis: que algunos senadores de Juntos por el Cambio, votantes por la afirmativa en 2018, se opongan para no permitir que el gobierno capitalice la sanción. Por ahora, no parece posible o masiva. El macrista Humberto Schiavoni, por ejemplo, está firme en sostener su aval al proyecto

Sobre ese mapa líquido gravitan muchos factores. Uno, crucial, refiere a si hay o no fisuras en la cima del Frente de Todos (FdT) respecto a la aprobación. Se nutre del supuesto malestar de Cristina Kirchner respecto al momento en que el presidente decidió enviar el proyecto. Esa disputa, indican en ambos campamentos, están subsanadas y los Fernández se mueven en tándem.

Vilma Ibarra, secretaria de Legal y Técnica y espada verde del albertismo, y Anabel Fernández Sagasti, senadora preferida y ejecutora de Cristina, tejieron una joven confianza y se mueven en sintonía con el objetivo de garantizar la aprobación del proyecto para legalizar el aborto. El viernes pasado, Sagasti y el senador fueguino Matías Rodríguez hicieron una ronda por Casa Rosada: se reunieron con Ibarra y luego con el jefe de Gabinete Santiago Cafiero que ese mismo día recibió a Oscar Parrilli.

Cristina fijó pautas: confirmó el plenario para emitir dictamen este jueves, día en que el Papa Francisco cumple 84 años, y ratificó que la sesión se hará el 29 de diciembre. Días atrás, el mensaje era: “se vota si o si”, dando a entender que el resultado no era problema o no era determinante en la voluntad de cerrar el expediente aborto antes de que termine el año. Todo avanza para que este jueves esté el dictamen necesario para que el proyecto pueda llegar al recinto antes de que termine el año.

El involucramiento de Cristina supone, de acuerdo a la lectura que hacen en el PJ verde, que activará mecanismos para garantizar la elección. El presidente, como contó elDiarioAR, está decidido a empujar para que salga el proyecto que además de un compromiso de campaña -uno de los pocos que podría cumplir- figura como un puntal de revitalización a partir de una victoria legislativa.

Viajes, pedidos personales y hasta una gestión para que José Alperovich renuncie y asuma en su lugar una mujer que ponen en la cuenta de los “verdes” figuran en el menú, un tanto febril, de posibles movimientos para juntar los votos a favor de la aprobación.

Como contracara, en Juntos por el Cambio (JxC) gana fuerza la idea de leer un posible fracaso del proyecto como un revés de Fernández. “El macrismo empezó a operar para convencer a algunos de que no le den una victoria al gobierno”, confió a elDIarioAR un senador peronista.

Hay otros jugadores en ese póker. En el oficialismo, ahora con las cuentas difíciles, aparecen quejas por la intensidad con que juega José Mayans, presidente de la bancada del FdT y abierto detractor de la despenalización del aborto. “Mayans está usando la jefatura del bloque en contra de un proyecto enviado por el presidente”, apuntó molesto un armador oficial.

La guerra fría está en el panperonismo. Una fuente oficial apuntó que JxC tiene, en porcentajes, más votos verdes que el FdT. Lo contrario ocurrió en DIputados el 77% de los legisladores votaron a favor mientras que en JxC el 70% lo hizo en contra.

Para desactivar la operación de macristas celestes respecto a que la aprobación sería una victoria política de Fernández, en Casa Rosada hablan de sacar de la agenda inmediata del presidente los temas referidos al aborto. Que baje el perfil público no implica que no active en privado. “¿El ”Oso“ Leavy, que hizo campaña con Alberto, ahora se declara un celeste?”, se enfoca, como ejemplo, un operador en referencia a Sergio Levay, el senador por Salta que ingresó a la cámara el año pasado.

Desde JxC proyectan un empate o, a lo sumo, un voto de diferencia: ¿A favor de quién? Depende del momento en el que se realice el poroteo. “Está muy parejo realmente”, confirmó un senador opositor. El presidente del interbloque, el senador formoseño Luis Naidenoff, trata de mantenerse prescindente del lobby cruzado. Si bien es verde, no se mete a fondo en la dinámica de las tribus que componen la coalición opositora. Eso también dificulta la existencia de un panorama preciso sobre un comportamiento que no será homogéneo.

Con la colaboración de Andrés Fidanza

Alberto Fernández abrazó como una apuesta propia, política y personal, la sanción del proyecto de despenalización del aborto. Llamó a legisladores dudosos o que se confiesan en contra, refutó argumentos de funcionarios de su staff y operó abiertamente sobre dirigentes peronistas, como gobernadores, que puedan ser determinantes en la votación del Senado, a priori más gaseosa que la de Diputados.

La postura del presidente se sintetiza en una frase: “Los que compartieron la lista conmigo no deberían votar en contra del proyecto”, les dijo Fernández a sus colaboradores, según confiaron a elDiarioAR desde su entorno. “En la campaña electoral fijé mi posición, dije que enviaría el proyecto: siempre fui claro. Nadie se puede mostrar sorprendido. Sino estaban de acuerdo tendrían que haberlo pensado antes”, completó su planteo.

En Olivos estiman que luego de la votación en Diputados, en un Senado más ajustado, el proyecto se tratará en diciembre pero Fernández avisó que no tendría inconvenientes que se demore. La secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, espada oficial en la cruzada verde, patentó la frase “derrota era no enviar el proyecto”, frente a la eventualidad de un traspié en el Congreso. Fernández la suscribe en parte y le agrega un plus: un eventual fracaso del proyecto sería un fracaso del gobierno, su gobierno.

En los últimos días, el presidente siguió el debate. En privado objetó un argumento que replican curas villeros y dirigentes que forman parte del Frente de Todos (FdT), referido a que en sectores humildes tener hijos es asumido como una realización personal, sino la única, la más accesible. Lo discutió con un funcionario y puso sobre la mesa el proyecto de los Mil Días. “¿Por qué decís eso? A nadie van a obligar a abortar, y a las que quieran tener a su hijo, el Estado las va a acompañar”, le planteó.

Así como antes lo planteó en la campaña y el 17 de noviembre envió proyecto, ahora puso a sus ministros a respaldar la iniciativa —a Diputados fueron Ibarra, Ginés González García, Sabina Frederic, Fernanda Raverta y Elizabeth Gómez Alcorta—, y en persona habló con dirigentes peronistas que rechazan la iniciativa para pedirle que se abstengan.

Con los gobernadores la situación es más brumosa porque, según explican en el gobierno, saben que en las provincias la presión social y de la Iglesia es intensa. “Sé que van a ayudar”, le dijo a un colaborador que le preguntó sobre cómo se comportarían jefes provinciales pintados de celeste. Hasta acá, se han mostrado cautos..

En Casa Rosada dan por hecho que Cristina Kirchner, al igual que el presidente, empujará para que el proyecto se apruebe antes de fin de año. Los matices entre los Fernández respecto al momento de poner en agenda la despenalización no deberían impedir que jueguen en línea para que se apruebe.

“Cristina va a jugar”, afirmó a elDIarioAR un funcionario y recordó que el presidente y la vice tuvieron lecturas diferentes sobre cuándo disparar la discusión legislativa, coincidieron en que no se debía tratar en plena pandemia pero que, a su vez, debía resolverse a fin de año.

Hubo, además, un análisis sobre el eventual impacto en un sistema sanitario sobre exigido por el COVID-19. La explicación fue que la mayoría de los procedimientos de interrupción de embarazos se realizan con medicamentos sin requerir intervención quirúrgica.

Fernández admite que la Iglesia sostendrá su postura de rechazo, que son “posiciones respetables” pero que es una medida de salud pública. Confía que no afectará la relación con el Papa Francisco, a quien Fernández le agradece sus aportes respecto a la renegociación de la deuda.

En su encuentro con el Papa en el Vaticano, el último verano, el tema no estuvo en la conversación mano a mano. Hubo, luego, algunas referencias cuando se sumó a la mesa el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin.

Con la victoria holgada en Diputados, Fernández seguirá al detalle el mapeo de votos en el Senado que podría derivar en un desempate de Cristina Kirchner. El mensaje que el presidente irradia hacia los peronistas que votan en contra expone un modo: que desde Casa Rosada están dispuestos a jugar a fondo para que el proyecto verde se convierta en ley antes de fin de año.

PI