El próximo jueves 28 de septiembre, los colectivos feministas y disidencias realizarán una movilización “masiva y en unidad” a nivel nacional en defensa del aborto seguro, legal y gratuito, de la Educación Sexual Integral (ESI) y contra las derechas, el ajuste y el Fondo Monetario Internacional (FMI). La convocatoria se da en el contexto del alza del espacio de La Libertad Avanza, liderado por Javier Milei, quien advierte sobre sus políticas que atentan directamente contra los derechos adquiridos por las mujeres y disidencias.

Tras diversas asambleas multitudinarias, se lograron acuerdos dentro del movimiento feminista y llamaron a marchar el 28S, sugiriendo la utilización de los pañuelos verdes, representativos de la lucha de la legalización del aborto. La convocatoria, visibilizada a través de redes sociales, es para marchar desde Plaza de Mayo a Congreso a partir de las 16 del jueves, donde habrá una concentración y un pañuelazo a las 18,  con réplicas en las provincias.

“La consigna que vamos a levantar entre todxs es: Por el aborto seguro y gratuito, por la ESI y por vidas dignas. Contra las derechas, el ajuste y el FMI. La libertad es nuestra”, expresaron desde Ni Una Menos (NuM) en redes sociales.

En las publicaciones que aparecen en redes sociales se ven distintas consignas. “Para hacerle fernte al fascismo, más feminismo”, “Las trabajadoras organizadas salimos a la calle”, “Libertad es que haya 67 universidades públicas donde milones estudian y mejoran sus vidas para siempre”, “Al miedo lo conjuramos con más feminismo” y “La marea verde vuelve a la calle, si estuviste tenés que estar”, entre otros.

A ellos también se suma el Frente de Izquierda - Unidad (FITU) de todo el país, para marchar contra la violencia machista y a favor de los derechos ante “la reacción patriarcal” impulsada por La Libertad Avanza y la derecha de Juntos por el Cambio encabezada por Patricia Bullrich “que pretende arrebatarnos todas nuestras conquistas”.

A su vez, en defensa de la libertad y bajo el lema “La libertad es nuestra”, Incidencia Feminista ha lanzado esta campaña, un llamamiento a las mujeres de todo el país para que participen en la Marcha Nacional del 28 de septiembre. “Con esta campaña, te invitamos a sumarte en cada provincia de Argentina, para expresarnos con una movilización federal en las plazas y calles de las ciudades del país. En un contexto marcado por discursos que amenazan y ponen en riesgo la vida, la libertad, y la derechos conquistados con la movilización popular y feminista, como parte activa y protagonistas de la Marea Verde hacemos este llamado a todas las personas de cada rincón de Argentina”, comentan desde Incidencia Feminista.

28S: Por qué se marcha

El 28S es una fecha histórica para la lucha feminista ya que es el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Dicha iniciativa surgió en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en 1990 en nuestro país, y luego fue asumida por redes internacionales y locales de país de Europa, África, Asia y Norteamérica.

“Es una fecha que en Argentina normalmente está tomada por la Campaña por el Aborto legal Seguro y Gratuito en la que desde ahí salimos a la calle; este 2023 se juegan muchas cosas más en Argentina y por eso todas vamos a salir”, expresó en diálogo con Agencia Télam, Luci Cavallero, integrante del Colectivo Ni Una Menos. 

“Tenemos un punto de acuerdo y es que la posibilidad de que la derecha o la ultraderecha gobierne este país significaría la pérdida de muchísimos derechos y un empeoramiento de la vida de muchísimas mujeres, lesbianas, travestis y trans de nuestro país”, agregó.

Mónica Santino, directora técnica y parte de La Nuestra Fútbol Feminista, el equipo que entrena en el Barrio Carlos Mugica (exVilla 31), consideró a esta movilización “necesaria” para los feminismos populares. “Necesitamos recuperar la calle, volver a sentir que somos esa marea que supo disputar sentidos en las calles en relación a la despenalización del aborto. Este 28S marcho porque soy feminista, argentina y porque estoy muy preocupada ante el panorama social y político. Marcho porque tengo historia y porque no queremos retroceder ni un solo paso”, expresó.

Marcharán la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, organizaciones de mujeres y diversidades, partidos políticos --desde el peronismo al trotskismo--, y todo el arco sindical con las tres centrales obreras que acordaron movilizarse en unidad, además de movimientos de la economía popular.

NB con información de agencia Télam.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) autorizó la producción y venta en farmacias de mifepristona, el medicamento que junto al misoprostol constituye el procedimiento más eficaz recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), el cual podrá utilizarse en el sistema de salud público, obras sociales y prepagas.

La decisión fue oficializada mediante la disposición 1470/2023, como parte del cumplimiento de la Ley 27.610 de acceso a la ley de IVE/ILE, informó el Ministerio de Salud a través de un comunicado. Así, la ANMAT autorizó al Laboratorio Domínguez a comercializar la píldora, y con ello permite su distribución y venta de en farmacias.

Hasta ahora, el tratamiento combinado estaba garantizado por el sistema público de salud, que compraba la mifepristona en el exterior. Con la resolución, habrá ahora mifepristona elaborada en el país.

Ese medicamento figura en la lista de esenciales de la OMS desde el 2005 y conforma junto con el misoprostol el régimen “más eficaz y seguro de aborto con medicamentos”, según la cartera de salud que conduce Carla Vizzotti.

Y agregó que “las estadísticas muestran que entre los años 2020 y el 2021 se logró un descenso del 40% de la mortalidad materna por embarazo terminado en aborto. Las muertes maternas ligadas al 'aborto médico, otro aborto, aborto no especificado e intento fallido de aborto' cayeron de 13 en 2020 a 9 en 2021. Si se consideran todas las defunciones por aborto, se observa que la disminución fue de 23 en 2020 a 15 en 2021”.

El Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de Santa Fe, que es de gestión estatal, por otro lado, también espera conseguir la autorización para comercializar mifepristona.

MB

El acceso gratuito a métodos anticonceptivos, la línea telefónica que asesora sobre derechos sexuales y reproductivos, el trabajo en red de profesionales de la salud en las provincias y el monitoreo de la implementación de la ley de aborto legal son parte de los logros que definen los 20 años de la aplicación de la ley de Salud Sexual y Reproductiva (SSyR) en la Argentina.

La Ley 25.673, sancionada el 31 de octubre de 2002, reconoció la salud sexual y reproductiva como derecho de la población y convirtió en responsabilidad del Estado el desarrollo de políticas públicas para garantizarlo.

A modo de balance, se realiza en Buenos Aires hoy y mañana un encuentro federal, con participación de referentes de todo el país para analizar los avances y desafíos del acceso al derecho.

“Las conquistas en la salud sexual y reproductiva son el resultado de la incidencia de los feminismos y movimientos de mujeres de todo el país, los primeros programas y leyes sobre este derecho fueron provinciales”, dijo a Télam Valeria Isla, directora nacional de SSyR.

En la Argentina, la historia de las políticas públicas sobre este derecho se inicia con el retorno de la democracia en 1983.

En 1986 se crea el Programa de Procreación Responsable de la ciudad de Buenos Aires, en 1987 el de Río Negro, y entre 1991 y 2001, 14 provincias sancionan regulaciones propias.

Con la sanción de la ley nacional de SSyR, en 2002 se inicia un proceso donde se destacan -entre otros y en base a un informe oficial al que tuvo acceso Télam- hitos como la primera compra nacional de métodos anticonceptivos en 2002, la sanción de las leyes de Anticoncepción Quirúrgica y de Educación Sexual Integral en 2006, la creación del Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia en 2007 y la sanción de la ley 25.485 que reconoce las violencias obstétrica, contra la libertad reproductiva e institucional, y el lanzamiento de la línea de Salud Sexual 0800 222 3444 en 2010.

Otros hitos son la incorporación del implante subdérmico y el SIU (sistema intrauterino) a la canasta de métodos anticonceptivos gratuitos en 2013, la creación del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) en 2017, la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2020 y la primera distribución en el sistema público de salud de tratamientos combinados para aborto con medicamentos en 2022.

Isla destacó como “un logro enorme” la primera compra y distribución de anticonceptivos en 2002, y en 2010 “llegar a 5.600 centros de salud con el botiquín de salud sexual” ya que “esto mejoró muchísimo la disponibilidad gratuita de los métodos anticonceptivos gratuitos, proceso que continúa y se optimiza hasta hoy”.

Según cifras oficiales, en 2021 se distribuyen botiquines en 5.769 efectores de salud en 39 depósitos jurisdiccionales.

Al mismo tiempo que se daban estas políticas públicas en salud, en estos 20 años en el país hubo construcciones desde la sociedad civil que acompañaron el proceso como la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y la primera línea que informó sobre aborto “Más información menos riegos” de la colectiva Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto.

También se creó la Red de Acceso al Aborto Seguro (Redaas), las Socorristas en Red comenzaron el acompañamiento a personas que abortan, se produjo el movimiento Ni Una Menos y surgió la Red de Cátedras en Universidades Públicas nacionales sobre Educación Sexual Integral y Derecho al Aborto (RUDA).

Legislaciones sancionadas en estos años marcaron asimismo la adecuación de las políticas en SSyR, como la de identidad de género.

Fallos judiciales favorables que sentaron precedentes ante situaciones de jóvenes a las que se les negó el acceso al aborto a pesar de estar en condiciones de acceder al derecho, como LMR en provincia de Buenos Aires o el de FAL, incidieron también en la construcción de estrategias públicas en SSyR.

Además, cuando en 2015 se actualizó el Código Civil y Comercial de la Nación incorporando las reglas de capacidad y consentimiento para personas menores de edad y para personas con discapacidad, el programa de salud se adecuó a esta nueva norma.

Isla resaltó que la línea 0800 222 3444 “fue clave para el vínculo directo con la población para remover barreras de acceso y brindar información”.

Las estadísticas estatales indicaron que la línea recibió en el primer año de funcionamiento (2010) un total de 2.437 llamadas, y para 2021, fueron 30.041 consultas, el 93% relacionadas con acceso a interrupciones legales (ILE) y voluntarias (IVE) del embarazo.

Con la ley de ILE/IVE vigente, en 2021 se concretaron 73.487 intervenciones en el sistema público de salud, de acuerdo al informe oficial.

En cuando a los desafíos, la directora nacional de SSyR destacó “seguir mejorando el acceso gratuito a método anticonceptivos, fortaleciendo las decisiones autónomas de la población y poder realizar una encuesta nacional sobre salud sexual y reproductiva”.

Por Silvina Molina, agencia Télam.

El 24 de enero entró en vigencia la Ley 27.610, norma que amplió los derechos vinculados a la interrupción del embarazo. A partir de esta Ley, las personas gestantes tienen derecho a interrumpir su embarazo hasta la semana catorce, inclusive, sin tener que explicar los motivos de su decisión. También pueden realizarse un aborto legal cuando el embarazo es resultado de una violación o si está en peligro su vida o su salud.

Es por esto que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, para facilitar el acceso al derecho, construyó un mapa de la red de acceso al aborto.

El mapa cuenta con la señalización de los hospitales públicos y centros de salud en los que las personas gestantes que así lo deseen, pueden interrumpir voluntariamente su embarazo, de manera legal y respetada. Son más de 400 los establecimientos públicos de salud que cumplen la Ley, entre centros de primer nivel de atención y hospitales bonaerenses.

El mapa, además, cuenta con información importante y necesaria para despejar dudas, con un paso a paso de qué hacer ante la sospecha de un embarazo, preguntas frecuentes, junto con información para equipos de salud y contactos para que las personas puedan concientizarse previo a tomar cualquier decisión. El sitio web del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires acerca a la población el marco normativo de la ILE (Interrupción Legal del Embarazo), informes de gestión, además de las capacitaciones vigentes sobre el tema para profesionales de la salud.

MGF

El nombramiento del gobernador de Tucumán, Juan Manzur, como nuevo jefe de Gabinete de Alberto Fernández en reemplazo de Santiago Cafiero desató el enojo de asociaciones que agrupan a actrices y periodistas argentinas, que expresaron su malestar en redes sociales y recordaron que fue un ferviente opositor a la legalización del aborto.

“Ante la decisión de nombrar jefe de Gabinete de Ministros a Juan Manzur a pesar de sus nefastos antecedentes en el respeto a nuestros derechos en su provincia, Periodistas Argentinas manifiesta su repudio y exige que este gobierno garantice y profundice todas las políticas conquistadas”, señala el texto publicado por la agrupación Periodistas Argentinas en Twitter.

En 2019 Manzur impidió en su provincia que una niña de 11 años violada accediera a un aborto y fue obligada a someterse a una cesárea.

En tanto, Actrices Argentinas difundió un comunicado en su cuenta de Instagram en el que señalan: “Expresamos nuestro repudio al nombramiento de Juan Manzur como Jefe de Ministros de la Nación, un gabinete donde sobresale la desigualdad de género. El movimiento de mujeres y diversidades lucha contra el horror e incumplimiento de leyes que arrasan con la vida de niñas, mujeres y diversidades”.

A continuación, enumeran una serie de casos, todos de Tucumán, de mujeres cuyos derechos fueron violados o que fueron víctimas de femicidios. “¿Quién garantiza que en todo el territorio nacional se implemente la ILE, y la IVE, nuestra ley, ganada en las calles? ¿Quién protege a las mujeres víctimas de intendentes, concejales, legisladores y policías tucumanos denunciados por abusos amenazas de muerte y violencias de todo tipo? ¿Quién velará para que la implementación REAL de la EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL se dé en todo el territorio nacional? ¿Quién nos asegura que las políticas de género van a seguir adelante? Seguramente no Manzur, conocido por sus posturas antiderechos e impulsor de que su provincia sea declarada ”pro-vida“”.

“Con decisiones como ésta, estamos muy lejos de haber acabado con el Patriarcado, Sr Presidente”, concluyeron, en referencia al nombramiento de Manzur y sobre una foto de Alberto Fernández cuando aseguró que estaba feliz de “ponerle fin al patriarcado” en ocasión de la aprobación del aborto legal en Argentina.

CRM

El Ministerio de Salud de la Nación respaldó este sábado el accionar de una médica que garantizó el derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la provincia de Salta y manifestó además su apoyo “a los equipos de salud que cumplen con respeto y profesionalismo” con lo establecido en el marco de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

“Desde la cartera sanitaria nacional se realiza el seguimiento del caso a través de las áreas relacionadas con el objeto de asegurar los derechos de las personas con capacidad de gestar y de los equipos de profesionales que intervienen para garantizar el cumplimiento de la ley IVE en todo el país”, señaló un comunicado de la cartera sanitaria.

De esta forma el Ministerio apoyó a una médica de la localidad salteña de Tartagal, que fue detenida y posteriormente liberada por acceder a garantizar el derecho a la ILE, en el caso de un proceso gestacional de 22 semanas y dos días, realizado a una joven de 21 años, el 24 de agosto pasado.

“Confiamos y apoyamos a las y los profesionales de la salud que se capacitan y trabajan garantizando el acceso a la IVE-ILE y posaborto, respetuosas y respetuosos de la ley, de los derechos, y de la autonomía de las personas”, indicó la Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva de la cartera sanitaria nacional, Valeria Isla.

“Desde que fue promulgada la Ley 27.610 el 14 de enero pasado, la cartera sanitaria nacional implementó una serie de acciones para garantizar el acceso efectivo a la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo, entre las que se cuenta la capacitación de los equipos de salud en la realización de prácticas asistenciales”, aseguró.

En este sentido, Isla puso en valor que “venimos trabajando con las directoras y referentes provinciales de salud sexual y reproductiva de manera conjunta para apoyar a los equipos de salud que garantizan el acceso a la práctica IVE-ILE”, y destacó “el rol de la sociedad civil y las redes feministas que acompañan a las mujeres y personas con otras identidades de género para acceder a este derecho”.

El Ministerio de Salud señaló en el comunicado que seguirá el caso particular de la profesional de Tartagal a través de las áreas relacionadas, “con el objeto de asegurar los derechos tanto de las personas con capacidad de gestar como de los equipos de profesionales que intervienen para garantizar el cumplimiento de la ley en todo el país”.

“Desde la sanción de la Ley 27.610 la interrupción del embarazo es legal en la Argentina ante la sola solicitud de las mujeres, hasta la semana 14 de gestación inclusive”, ratificó la cartera sanitaria.

Agregó que, “tal como ya establecía el Código Penal desde 1921, a partir de esa fecha la práctica es legal ante un riesgo para la salud o para la vida de la gestante o cuando el embarazo es producto de una violación”.

La médica detenida y luego liberada trabaja en el hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, que está 365 kilómetros al norte de la capital salteña, y a su detención la requirió el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas Gonzalo Ariel Vega, ante el Juzgado de Garantías 2, a cargo de Héctor Mariscal Astigueta.

La denuncia contra la profesional fue radicada por una tía de la mujer. El fiscal consideró que la profesional no se adecuó a la Ley 27610, de IVE, que dispone en su artículo 4, que las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar, tienen el derecho a decidir acceder a la interrupción del embarazo hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional.

Fuera del plazo dispuesto, existen excepciones contempladas por el Código Penal, de las cuales una es que el embarazo fuera producto de un abuso sexual, o bien, que estuviere en peligro la vida o salud integral de la persona gestante. En este caso se trata de una ILE.

Las fuentes indicaron que “a prima facie, no surgió del análisis de la historia clínica ninguna de estas causales”.

Pero esto fue desmentido por la Regional Salta de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, que en un comunicado aseguró que la médica detenida “ha procedido desde los marcos normativos vigentes, respaldada por un equipo interdisciplinario que dejó constancia de todas las actuaciones en la historia clínica correspondiente, con transparencia activa y respetando los principios de autonomía y derecho a la salud de la persona que solicitó la ILE”.

CRM con información de la agencia Télam

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó este jueves movilizar todos los recursos de que dispone su Gobierno para proteger el derecho al aborto en Texas, después de la entrada en vigor de una ley que prácticamente prohíbe totalmente este tipo de intervenciones en el estado.

El mandatario arremetió en un comunicado contra el Tribunal Supremo del país, que con una mayoría conservadora reforzada, decidió no bloquear esa norma, que entró en vigor el miércoles y que prohíbe abortar a las seis semanas de gestación.

Biden ha pedido al Consejo de Políticas de Género y a la Oficina del Abogado de la Casa Blanca “un esfuerzo gubernamental integral”, en el que estén especialmente implicados el Departamento de Justicia y el de Salud y Servicios Humanos para “garantizar que las mujeres en Texas tengan abortos seguros y legales”.

La nueva norma de Texas veta el aborto a las seis semanas de gestación, cuando se puede detectar el latido del corazón del feto y muchas mujeres no saben aún que están embarazadas; y no contempla excepciones en casos de incesto o violación.

Además, permite a particulares presentar demandas civiles contra cualquier persona que ayude a una embarazada a abortar si creen que infringen la prohibición y ofrece indemnizaciones de hasta 10.000 dólares al demandante si gana el juicio.

Una ley impulsada por los Republicanos

La legislación fue firmada en mayo pasado por el gobernador del estado, el republicano Greg Abbott, después de que recibiera el visto bueno de la Cámara Baja y el Senado estatal, ambas controladas por los conservadores.

Poco después de su entrada en vigor, el Tribunal Supremo del país optó anoche por no bloquear la ley, con un resultado ajustado 5-4, lo que supuso un rechazo a la solicitud de emergencia presentada por varias clínicas y profesionales médicos de ese estado para detener la norma.

Biden lamentó que con la nueva legislación se dé poder a particulares en Texas “para denunciar a proveedores de servicios sanitarios, familiares que apoyan a la mujer que ejerce su derecho a elegir después de seis semanas o incluso al amigo que la lleva al hospital o la clínica”.

Y se quejó de que, gracias a esa norma, a partir de ahora en ese estado un completo desconocido pueda entrometerse en “las decisiones más privadas y personales que una mujer afronta sobre su salud”, además de incentivarle con la perspectiva de ganar 10.000 dólares si gana el caso.

Biden alerta “un caos anticonstitucional”

La medida “desata un caos anticonstitucional y da poder a individuos para que se erijan en encargados de aplicar la ley con unos efectos devastadores”, alertó Biden.

El aborto fue reconocido como un derecho constitucional en EE.UU. en 1973 gracias al fallo de la Corte Suprema en el caso “Roe contra Wade”, en el que reconoció que una mujer puede terminar con su embarazo durante los primeros seis meses de gestación. 

Ninguna otra ley similar a la de Texas que prohíba abortar a partir de las seis semanas de gestación -como las de Georgia, Misisipi, Ohio y Kentucky- ha entrado en vigor en el país.

La de Texas es distinta a otras legislaciones, porque en vez de depender de funcionarios públicos para su cumplimiento deja a los particulares denunciar a quienes ayuden a las embarazadas a recibir una intervención.

Hasta ahora los activistas y las clínicas habían logrado detener la aplicación de leyes antiaborto, porque lo normal en una denuncia que busca bloquear una ley si la considera inconstitucional es citar a funcionarios gubernamentales como acusados, pero en este caso no es posible porque son los particulares quienes demandan.

Pese al mazazo que ha supuesto la resolución del Supremo, varias organizaciones y clínicas de servicios reproductivos en Texas que presentaron la solicitud de emergencia ante al alto tribunal prometieron este jueves que seguirán plantando batalla.

Miedo y desesperación

La presidenta y directora ejecutiva de Whole Woman's Health, Amy Hagstrom Miller, cuya organización gestiona cuatro clínicas en Texas, afirmó en un comunicado que sus pacientes están “asustadas, confusas y desesperadas” intentando averiguar qué pueden hacer para conseguir un aborto en el estado.

Hagstrom Miller dijo que su personal médico también tiene miedo, aunque aseguró que sus clínicas, que permanecen abiertas, están cumpliendo con la prohibición.

Por su parte, Nancy Northup, presidenta y directora ejecutiva del Center for Reproductive Rights, que representa a las clínicas ante la Justicia, criticó a la Corte Suprema por su rechazo a bloquear una ley que “viola flagrantemente Roe contra Wade”.

Denunció que los políticos de Texas han tenido éxito por el momento “burlando” el imperio de la ley con las restricciones al aborto y forzando a las pacientes a abandonar el estado, si tienen medios, para lograr “una atención sanitaria protegida constitucionalmente”.

Aun así advirtió que seguirán luchando contra la prohibición en Texas hasta que se restaure el acceso al aborto en el estado.

NB con información de agencia EFE.

La reglamentación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), que se publicó hoy en el Boletín Oficial, reafirma que no es necesaria autorización judicial para acceder a la práctica, explica que la objeción de conciencia no puede aplicarse en caso de emergencia y fija una serie de pautas que garantizan la aplicación de la norma en todo el territorio argentino.

El decreto 516/2021 publicado este sábado en el BO reglamenta la ley IVE 27610, sancionada el 30 de diciembre de 2020, y promulgada el 14 de enero de este año. El 28 de mayo se había publicado en el Boletín el Protocolo para la Atención Integral de las personas con derecho a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo adecuado a la normativa.

Con estos antecedentes, sólo estaba pendiente la reglamentación que respalda el Protocolo y establece “la responsabilidad institucional” para garantizar el acceso a la IVE hasta la semana 14 de gestación, y a la Interrupción legal del embarazo (ILE) por tres causales: peligro para la vida, para la salud de la mujer o violación.

De esta manera se garantiza el derecho a las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar en todo el territorio de la Argentina “en condiciones de igualdad”.

Por lo tanto, el sector público de la salud, las obras sociales, las entidades de medicina prepaga “tienen responsabilidades y obligaciones” para garantizar el acceso a la interrupción del embarazo y la atención posaborto. Para cumplirlas, deben asegurar los recursos, mecanismos y personal de salud adecuado para su realización.

Según datos del área de Defensa de las y los Consumidores del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación a los que tuvo acceso elDiarioAR en julio pasado, el 55% de los reclamos vinculados al acceso a la IVE son formulados porque quien debía garantizar el ejercicio de ese derecho negó el acceso a esa práctica. 

De acuerdo a fuentes de ese organismo, hasta el 13 de julio -un día antes de que cumplieran seis meses de la promulgación de la ley que regula el acceso a la IVE- se presentaron un total de 242 reclamos, de los que 134 fueron formulados por personas a las que el acceso a la práctica les fue negado. Se trata de más de la mitad de los casos. Muy por debajo de ese motivo de acercamiento al área de Defensa de las y los Consumidores, 51 personas -el 21% del total- acudieron a esa dependencia para hacer una consulta sobre el acceso a la IVE, y 39 reclamos -el 16% del total- fueron porque el prestador no cubría el 100% de la práctica.

Los jefes del decreto de reglamentación

En un documento oficial al que tuvo acceso Télam se detallan los ejes del decreto reglamentario, que reafirma que todas las mujeres y personas con capacidad de gestar tienen derecho a interrumpir el embarazo sin necesidad de autorización judicial.

Se aclara que hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional se puede acceder a la IVE con el requisito de prestar un consentimiento informado que debe tener un formato accesible y estar disponible en braille, digital, audio “y cualquiera que resulte adecuado” a la persona solicitante.

Ante situaciones de violencia sexual se requerirá, además del consentimiento informado, una declaración jurada de las personas mayores de 13 años, y antes de esa edad no se debe exigir ningún documento adicional ni denuncia.

En casos de peligro para la vida o la salud de la mujer o persona gestante, se requerirá el consentimiento informado y la constancia de la causal en la historia clínica.

También “se robustece” el deber de respetar el derecho a la confidencialidad por parte de todo el personal sanitario, y se aclara que no podrá entregarse información clínica, salvo que exista orden judicial expresa que releve de este deber en una causa judicial.

Sobre el derecho a la autonomía de la libertad fija que “en ningún caso” el personal de salud “puede obstaculizar, presionar o interferir engañosamente” en la decisión de las personas gestantes.

Y contempla que, ante situaciones de violencia de género, el personal de salud deberá entregar información sobre sus derechos a las víctimas, como también sobre los recursos de atención y canales para realizar una denuncia penal y contar con asesoramiento.

En cuanto al acceso a la interrupción del embarazo de personas con capacidad restringida, la reglamentación señala que “estas limitaciones son excepcionales y expresamente establecidas”.

Cuando la persona hubiera sido declarada incapaz judicialmente para este tipo de actos deberá implementar el sistema de apoyo que haya sido designado judicialmente, o a falta o ausencia de esta, la de una persona allegada, en los términos del artículo 59 del Código Civil y Comercial de la Nación, detalla el decreto.

Al referirse a la objeción de conciencia deja en claro que el personal de salud “no podrá negarse” a la realización de la interrupción del embarazo en caso de emergencia, cuando la práctica deba realizarse en forma urgente “pues su no realización inmediata pondría en riesgo la salud física o la vida” de la persona gestante.

Asimismo, el reglamento de la ley IVE indica que el Ministerio de Salud de la Nación y los ministerios provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán definir indicadores “que permitan evaluar la consecución” de los programas de capacitación.

Ley de los 1.000 días

El Gobierno reglamentó también la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, conocida también como de los 1.000 días (ley 27611/2020).

El decreto fue publicado con la firma del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y los ministros Carla Vizzotti (Salud), Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Géneros y Diversidad), Claudio Moroni (Trabajo) y Eduardo “Wado” De Pedro (Interior).

En el decreto 515 se establece que “a los fines de garantizar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones establecidos” en la ley de los 1.000 días “resulta necesario el diseño del modelo de atención y cuidado integral por parte de la Autoridad de Aplicación”, que en este caso corresponde, al igual que en la ley IVE, al Ministerio de Salud.

En ese sentido, el decreto también dispone que la cartera sanitaria -en tanto autoridad de aplicación- deberá “establecer las prestaciones que brindará el sistema, definir su cobertura y/o su inclusión en el Programa Médico Obligatorio”, y que también tendrá que elaborar “un Plan Nacional de Implementación” con un cronograma público a cumplir.

En el anexo al decreto, suscripto por la secretaria de Acceso a la Salud Sandra Tirado, se precisan montos y competencias para cumplir con los distintos artículos de la ley 27611/2020, que en uno de sus apartados fundamentales creó la Asignación por Cuidado de Salud Integral y la incorporó al Régimen de Asignaciones Familiares.

En este último caso, se trata de un pago una vez por año de “una suma a las personas por cada niño o niña menor de tres años que se encuentre a su cargo, siempre que hayan tenido derecho al cobro de la AUH para protección social dentro del año calendario, y acrediten el cumplimiento del plan de vacunación y control sanitario”.

Con información de Télam (Silvina Molina)

CB

Con la publicación en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional oficializó hoy la promulgación de las leyes de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y la ley del Plan Mil Días, de cuidado integral de salud en el embarazo y la primera infancia. Los decretos de promulgación fueron publicados luego del acto que encabezó ayer el presidente Alberto Fernández en el Museo del Bicentenario, donde firmó las normas, a 14 días de su sanción en el Senado.

El Decreto 14/2021 promulga “parcialmente” la Ley N° 27.610 de IVE, con la firma del Presidente y de la totalidad de los ministros que integran el Gabinete nacional. El texto “observa” en su primer artículo “la palabra ´integral´ a continuación de la palabra ”salud“ en el inciso b) del artículo 4° y en el artículo 16, en el inciso 2) del artículo 86 del Código Penal que sustituye, del Proyecto de Ley registrado bajo el N° 27.610”.

La aclaración fue realizada debido a que la palabra ´integral´ a continuación de la palabra ´salud´ figuraba en dos artículos (4 y 16) de la ley sancionada por el Congreso y su eliminación fue acordada por los legisladores en su tratamiento en la Cámara alta para garantizar el trámite de aprobación.

El cambio, introducido a través de un veto parcial, evitó que el Senado tuviera que modificar esos artículos, lo que hubiera obligado a tratarla nuevamente en Diputados.

La norma establece las condiciones en las cuales una mujer podrá llevar a cabo la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación sin necesidad de que medie causal alguna y sin costo, ya que la práctica se incorpora al Programa Médico Obligatorio (PMO) del sistema de salud.

En tanto, el decreto 15/2021 promulga la Ley 27.611 de los Mil Días, con la firma del Presidente; el jefe de Gabinete, Santiago Andrés Cafiero; el ministro de Salud, Ginés Mario González García; la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, sus colegas de Desarrollo Social, Daniel Fernando Arroyo; y de Trabajo, Claudio Moroni.

Con información de Télam

La legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) ya tiene número: es la ley 27.610. Es que el Senado, que dio la última media sanción este miércoles, informó oficialmente al Poder Ejecutivo sobre ese trámite y así se estableció el número de la normativa.

El próximo paso es que Presidencia de la Nación promulgue la ley: para eso hay diez días hábiles desde la sanción de la ley. Esa promulgación, que prepara la Secretaría Legal y Técnica a cargo de Vilma Ibarra y firmará Alberto Fernández, contendrá un veto parcial al texto que se aprobó tanto en Diputados como en Senadores: la medida fue un compromiso de Presidencia y parte de la negociación que se llevó a cabo para conseguir los votos suficientes de cara a la legalización.

Se borrará la palabra “integral” del artículo de la ley que describe las causales por las que el aborto es legal sin límites en la semanas de gestación, algo legislado desde 1921. En el proyecto que fue aprobado dice que ese aborto es legal en caso de que el embarazo sea producto de una violación o “si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante”. El veto parcial eliminará esa palabra y el texto quedará tal como figura en el Código Penal desde hace casi un siglo. El pedido de veto parcial había sido encabezado por el senador Alberto Weretilneck, quien finalmente votó a favor tras el compromiso del oficialismo a ocuparse del cambio.

Según explicó al canal A24 la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, entre las consecuencias inmediatas desde el momento de la promulgación se cuenta la despenalización automática de cualquier mujer o persona gestante que decida abortar hasta la semana 14 de gestación, y la caída de las causas penales que ahora mismo están vigentes contra personas que abortaron o que ayudaron a que otras abortaran.

“Esas causas se tienen que extinguir por el principio de aplicación de la ley penal más benigna, que es retroactivo”, dijo Gómez Alcorta. Según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre 2012 y 2020 se iniciaron causas penales por abortos en 17 provincias argentinas. En total, 1.532 personas tienen causas abiertas. Esos son los procedimientos que se extinguirían con la promulgación de la ley, según explicó la ministra.

Tras la promulgación, un equipo compuesto por integrantes de la Secretaría Legal y Técnica, el Ministerio de Salud de la Nación, y el de Mujeres, Géneros y Diversidad trabajará en el texto que reglamente la ley. Esa reglamentación deberá establecer la incorporación de la práctica al Programa Médico Obligatorio (PMO) para que el sistema público de salud, las prepagas y las obras sociales garanticen el procedimiento y su gratuidad.

Además, será esa reglamentación la que determine cómo se instrumentará la derivación de una persona cuando acuda a un centro de salud en el que todos sean objetores de conciencia, de cara a que el aborto no se dilate y se cumpla con el plazo máximo de 10 días para garantizar el derecho.

Los plazos para que se publique la reglamentación aún no están definidos, pero Ibarra señaló en declaraciones a TN que trabajaran “con rapidez, cuidado y diálogo”.

BJ