Tras la voluntad del Poder Ejecutivo de convocar a sesiones extraordinarias, en Casa Rosada piensan en un potencial desdoblamiento de las fechas para tratar en tandas las principales reformas y proyectos de ley que aspiran a sancionar en el segundo tramo de la gestión. 

El Gobierno quiere tratar el Presupuesto 2026 durante diciembre, desde el 10 al 31 del mes, e incluir el debate por el proyecto de presunción de inocencia fiscal, presentado como “Plan de Reparación Histórica de los ahorros de los argentinos”.

En los planes, el presidente Javier Milei busca cambiar el régimen y blindar la normativa simplificada del impuesto a las Ganancias para los que tienen dólares fuera del sistema financiero los reintroduzcan sin recibir sanciones económicas ni persecuciones penales, según informa la agencia Noticias Argentinas.

Si bien el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tiene intenciones de extender las sesiones en enero, lo más probable es que durante ese mes haya un parate y la actividad se retome del 1 al 28 de febrero. 

Para el segundo mes del año, la administración libertaria apuesta a tratar las reformas de segunda generación, aún sin brindar precisiones del detalle de las mismas, y trabaja para aprobar cambios tributarios, laborales y en última instancia, previsionales.  

Otra “transformación” clave que intentarán pasar en febrero son las modificaciones al Código Penal, en las que trabajó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, para endurecer las penas, combatir el narcotráfico y la corrupción, entre otros puntos. 

En los nuevos contactos con los gobernadores establecidos por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, los flamantes funcionarios receptaron la insistencia por aprobar el decreto para aplicar cambios en la reglamentación de la Ley de Glaciares, con la idea de extender las áreas habilitadas de explotación.

“Es necesario concluir con el decreto reglamentario de la Ley de Glaciares o una nueva ley que vaya al Congreso de la Nación, estableciendo que sean las provincias la autoridad de aplicación para determinar lo que es un glaciar”, reclamó Marcelo Orrego, mandatario de San Juan, a la salida de su visita a Casa Rosada.

Sin embargo, no es el único. También adhieren al pedido las autoridades de las provincias mineras de Catamarca, Salta, Jujuy y Santa Cruz.  

A la espera de la formalización del llamado a prolongar las sesiones, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la reciente electa senadora Patricia Bullrich, quien a partir del 10 de diciembre se transformará en la jefa de bloque de La Libertad Avanza, ya activan sus primeras reuniones para avanzar en la resolución del temario durante el primer tramo del año. 

Con información de agencias.

IG

En la Argentina, para ingresar al Poder Judicial son más importantes las conexiones familiares que el currículum vitae. Daniel Herrera Piedrabuena, juez federal de La Rioja, es un ejemplo de esta lógica. Al menos una cuñada, un concuñado, yernos y un primo trabajan con él (según datos de julio de 2024) en la única dependencia federal de primera instancia existente en esa provincia.

El caso de Herrera Piedrabuena (quien no respondió la consulta que se le realizó en el proceso de identificación de los parentescos) se destaca porque, hasta hace un tiempo, regía una especie de regla tácita que disimulaba los nombramientos de parientes mediante la práctica de destinarlos a otras oficinas o unidades de la propia Justicia Federal. Pero con este juez esa regla no se aplica: todos sus parientes se desempeñan en su juzgado. Es una verdadera familia judicial, más unida y cercana que nunca.

Pero no es la única. Esta investigación periodística de Chequeado y CONNECTAS detectó que al menos 46 de 114 jueces federales de 14 provincias tienen familiares designados en el Poder Judicial. A esta cifra se llegó a través de un análisis de las planillas de personal de julio de 2024 publicadas por el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Tomando como punto de partida una base de datos elaborada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y otras fuentes, se pudo realizar por primera vez un mapa de las relaciones familiares que existen hoy en parte de la Justicia federal argentina.

Los nombramientos de parientes de magistrados son tantos que, en Córdoba, por ejemplo, han llevado a poner en duda la imparcialidad de los magistrados al momento de hacer justicia. En 2017, una abogada defensora alegó que temía la posible parcialidad de la jueza Graciela Montesi en un caso donde debía revisar la sentencia de un par suyo, Hugo Vaca Narvaja. Éste acababa de proponer la contratación de un hijo de ella, Tomás Bobone, pedido al que había accedido la Cámara Federal que integra la magistrada y madre.

La camarista impugnada respondió que ella no era la única que tenía familiares en los tribunales cordobeses y apuntó contra otro juez, Ignacio María Vélez Funes (hoy jubilado). Éste no se quedó atrás y también metió en el tema al magistrado Abel Guillermo Sánchez Torres por sus parientes nombrados. Al final de este paseo por la familia judicial de Córdoba, la Cámara (Vélez Funes entre ellos) rechazó la recusación de Montesi y afirmó que era “de mal gusto” hablar de los parientes empleados en los tribunales.

Dos años después, Montesi volvió a ser cuestionada junto a su par Sánchez Torres por el impacto de sus relaciones personales en su deber de guardar imparcialidad. En aquella oportunidad, el planteo fue firmado por tres de sus compañeros en la Cámara, Liliana Navarro, Vélez Funes y Luis Roberto Rueda (falleció en 2021), y dirimido en la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Navarro, Vélez Funes y Rueda reprocharon la manera en la que Montesi y Sánchez Torres se habían manejado para cubrir un cargo en el estrado y, entre otros argumentos, alegaron que aquellos estaban obligados a inhibirse por “resultar incompatible que ambos magistrados cumplan funciones en ‘el mismo tribunal por la relación personal’ que los une, y que ellos han hecho pública en todos los ámbitos de la sociedad cordobesa...”.

¿Qué hizo el máximo tribunal del país? Rechazó el planteo, y dijo que las causales de excusación y de inhibición no se aplicaban a los temas de superintendencia. En cuanto a lo manifestado sobre el vínculo entre Montesi y Sánchez Torres, la Corte afirmó que se trataba de “expresiones impropias”, que “ponían de manifiesto una actitud teñida de subjetivismo e invasiva de la intimidad que es ajena, por cierto, a la prudencia, circunspección y mesura que son componentes indispensables de todos los actos de un magistrado”.

Los ministros Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Elena Highton (se jubiló en 2021) consideraron que los jueces sólo debían confrontar opiniones entre ellos con respeto y razones fundadas en el derecho. De esa manera, dieron el tema por cerrado, y avalaron la posición de Montesi y Sánchez Torres.

Pero a pesar de que en la Justicia prefieren no mencionar el tema, se trata de una realidad conocida y naturalizada en los juzgados y estrados federales de todo el país. E incluso en la propia Corte Suprema. Los 89 familiares de jueces identificados en esta investigación aparecen trabajando en distintos peldaños de la carrera judicial, algunos en los de mayor jerarquía: 15 de ellos son secretarios. Estos puestos valen por sí mismos y por su proyección en la escalera de ascensos. De hecho, ciertos magistrados en funciones iniciaron su trayectoria judicial designados “a dedo” y, luego, concursaron en el Consejo de la Magistratura de la Nación para acceder a sus juzgados y vocalías actuales.

Es el caso de Verónica Skanata, hoy titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº1 de Posadas (Misiones). Skanata es hija de la camarista federal Mirta Delia Tyden y del exjuez civil de Oberá, Julio José Skanata. Según el currículum vitae que presentó en el Consejo de la Magistratura de la Nación, Verónica Skanata se recibió de abogada en 2001 y poco después, en abril de 2002, fue designada en forma discrecional como secretaria del Juzgado Criminal y Correccional de Misiones. Esto quiere decir que, por decisión de la Cámara Federal que integra su madre, pasó a desempeñarse en uno de los puestos más altos del funcionariado judicial sin haber tenido experiencia laboral.

Nueve años más tarde, Skanata concursó en el Consejo de la Magistratura y se convirtió en jueza: primero con una subrogancia (designación temporaria) en el Juzgado Federal de Oberá; y después, con un nombramiento en propiedad, donde quedó sujeta a la jurisdicción de su madre. El cargo de secretaria era en 2011 uno de los antecedentes principales de su CV. Ni la hija, Verónica Skanata, ni la madre, Mirta Delia Tyden, quisieron hacer comentarios al respecto.

En 2013, el Congreso de la Nación sancionó la Ley de Ingreso Democrático para poner un freno al acomodo y a la cobertura “a dedo” de los empleos judiciales. Consultado al respecto, Alberto Binder, doctor en Derecho, experto en procesos judiciales y cofundador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), enfatiza que la Justicia Federal argentina incumple esta norma, que establece que los empleos judiciales deben ser cubiertos por concurso. “El nepotismo es ilegal porque existe una Ley Nacional que estipula cómo deben asignarse los cargos de la Justicia. Esto no implica que se trate de un delito, más allá de que sea una conducta muy reprochable desde el punto de vista ético”, observa el académico e investigador.

Para el sociólogo y doctor en Ciencias Sociales Juan José Nardi, “el principal problema del nepotismo es que desdibuja la carrera administrativa y que, de alguna manera, también termina generando conflictos hacia el interior de los juzgados por cuestiones que tienen que ver con los ascensos”. De acuerdo a este experto, “los integrantes de estas familias de sangre y políticas —en el sentido de afinidad, y de padrinazgos y madrinazgos— hacen carreras maratónicas, muchas veces saltándose peldaños, lo que produce desigualdades enormes dentro del Poder Judicial”.

El fenómeno nepotista ha llegado hasta tal extremo que la Corte de la Nación dejó de lado su renuencia y espontáneamente puso el asunto a la vista hace poco. Lo hizo a través del ministro Ricardo Lorenzetti, en la Acordada 18/2024 del 17 de mayo de 2024 sobre la creación de una nueva secretaría en el máximo tribunal. En ella, el magistrado afirmó que “se designa personal con cargos de funcionarios, sin concurso, con base en la amistad o el parentesco, y contrariando las expectativas de austeridad que la sociedad argentina exige”.

En su voto minoritario y opuesto al de sus pares Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz, Lorenzetti insistió en que en la Justicia argentina “deben ser austeros, concursar los cargos, respetar el mérito y evitar el nepotismo”.

Sin embargo, la misma Corte —incluso durante la presidencia de Lorenzetti— nunca reglamentó la Ley de Ingreso Democrático, que ya tiene 11 años en vigor en la Argentina. Este vacío reglamentario permitió que continuara en general la histórica designación de parientes de la magistratura sin evaluaciones objetivas de sus capacidades, a diferencia de lo que ocurrió en los ministerios públicos de la Nación, donde los empleos están sometidos al régimen legal de los concursos.

Curiosamente, Lorenzetti también cuenta con familiares en la Justicia Federal. Su esposa, Mara Beatriz Perren, es prosecretaria administrativa del Juzgado Federal de Rafaela (ciudad santafesina de origen del juez de la Corte). Y su cuñada Ana Marcela Perren es escribiente de la Cámara Federal de Rosario.

Consultado por esto, la oficina de Lorenzetti respondió que como su esposa ingresó al Poder Judicial dos años antes al matrimonio, “no se configura en el caso un supuesto de nepotismo”. Y “en cuanto a Ana Marcela Perren, esta fue designada en Rosario, siendo una jurisdicción totalmente ajena a la que ejerce el ministro”.

Otros dos magistrados de la Corte Suprema, Rosatti y Maqueda, también cuentan con familiares nombrados en la Justicia federal. El primero es padre de Emilio Rosatti, secretario del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe. Y Maqueda es padrastro de Verónica Ferrer Deheza, secretaria de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. 

Ambos jueces justificaron y se desligaron de estos nombramientos. Rosatti, que preside el máximo tribunal y el Consejo de la Magistratura, dijo que su hijo ingresó a la Justicia federal en el tramo inicial del escalafón (escribiente auxiliar interino) el 28 de diciembre de 2007, y que él asumió en la Corte el 29 de junio del 2016, “es decir ocho años, nueve meses y un día después” que su hijo.

Maqueda, por su parte, expresó que su hijastra ingresó a la Justicia en 1998, cuatro años antes de que él asumiera en la Corte Suprema. A continuación, precisó los seis ascensos que recibió Ferrer Deheza en 26 años de carrera judicial, y destacó los títulos y diplomas que adquirió. También enumeró los antecedentes de la mujer para probar que es “absolutamente ajeno” a su nombramiento y a sus ascensos.

Un gremio de cónyuges, hijos y hermanos

La base de datos analizada por CONNECTAS y Chequeado releva la lista de empleados de la Justicia federal en 14 provincias –de las 24 que tiene el país– que integran siete circunscripciones judiciales: se trata de 3.601 cargos sobre un total de 19.847. Y en todas se encontraron casos de jueces con familiares nombrados en la misma jurisdicción o en tribunales federales de otros distritos. Si bien no todos implican actos de nepotismo, pues algunos pueden haber ingresado por otras razones o antes de la unión familiar, como puede ocurrir respecto de algunos cónyuges, el volumen de casos detectados –desde ya una porción de los efectivamente existentes– sí sugiere la injerencia de los nexos familiares en la selección de nuevos empleados.

El número de jueces con familiares en la Justicia federal podría ser más grande, en la medida en que el parentesco pudo pasar desapercibido o no ser comprobado en esta producción.

En todo caso, del universo examinado surge un patrón: un número relevante de familiares nombrados está relacionado con jueces con más de 10 años de antigüedad en cuerpos colegiados (camaristas). Los jueces de tribunales orales en lo criminal federal son un buen ejemplo de esa tendencia: conforman el 48%, casi la mitad, de los 46 casos hallados.

En Santa Fe, la provincia de origen de Lorenzetti y Rosatti, 12 de 21 jueces federales tienen parientes nombrados. Allí el fenómeno está muy presente en el caso de Marcelo Bailaque, juez federal de la ciudad de Rosario. El magistrado es padre de Julieta Bailaque, oficial mayor; de Ramiro Bailaque, escribiente auxiliar, y de la escribiente Sofía Bailaque.

Recientemente, este juez fue denunciado por supuestas irregularidades en el trámite de un expediente que habrían favorecido al jefe narco Esteban Lindor Alvarado. Con una curiosidad extra: Bailaque y el acusado compartían contador, Gabriel Mizzau, y el hijo de este profesional, Sebastián Mizzau, había ingresado en 2017 —mediante un nombramiento discrecional— a trabajar al Juzgado Federal N° 4. ¿Quién es el titular de esa unidad? El propio Bailaque, quien no respondió a la consulta.

El patrón de nombramientos vinculado con los jueces de mayor antigüedad se aprecia en el caso de José María Escobar Cello, quien llegó al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la ciudad de Santa Fe en 1994, hace 30 años. Este juez es padre de Juan José Escobar Cello, prosecretario administrativo; y de Francisco Escobar Cello, escribiente, ambos con prestación de servicios en el Tribunal Oral. El padre, que compartiría ámbito de trabajo con sus dos hijos, no respondió a la consulta formulada para esta investigación. 

En la Justicia federal de Santa Fe también se pueden observar las conexiones con la Justicia provincial a partir de, por ejemplo, los nombramientos de familiares de integrantes de la Suprema Corte de la provincia. Allí trabajan María Magdalena Gutiérrez, secretaria electoral del interior de la Justicia Federal y sobrina del juez santafesino Rafael Gutiérrez; y Esteban Falistocco, secretario de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario e hijo del juez Héctor Falistocco. Ninguno de esos magistrados provinciales respondió a las consultas. Tampoco lo hicieron los 12 jueces federales con familiares designados en esta jurisdicción.

Por otro lado, en la Justicia federal de Córdoba (que incluye en su jurisdicción a la provincia de La Rioja) se encontraron parientes con cargos vinculados a 12 de los 20 integrantes de la magistratura. Graciela Montesi, la camarista federal cuestionada en aquellos debates de 2017 y 2019 mencionados anteriormente, es madre de Josefina Bobone, jefa de despacho del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3, y de Tomás Bobone, escribiente del Juzgado Federal N° 3; además de tía de Alejo Montesi, oficial del Juzgado Federal N° 1, y de Gerónimo Bobone, auxiliar de la Secretaría Electoral de Córdoba.

Pero no eran los únicos integrantes de la familia que trabajaban en la Justicia. Pablo Montesi, hermano de la camarista y padre de Alejo Montesi, fue juez federal de la ciudad cordobesa de San Francisco hasta su fallecimiento en agosto de 2024. Graciela Montesi no respondió la consulta relativa a la designación de estos parientes y, en el caso de su hermano, el titular del Juzgado Federal de San Francisco solicitó que se informara quién era la persona responsable de la consulta sobre los parentescos. Pese a que se le brindaron más detalles, Pablo Montesi no envió comentario alguno (aunque seguía en funciones en julio de 2024, tras la noticia de su defunción se resolvió sacar a este juez de la base de datos).

De la Justicia federal de Córdoba y de La Rioja sólo respondieron los camaristas Eduardo Daniel Ávalos y Abel Guillermo Sánchez Torres (también participante de aquellas polémicas resoluciones dictadas en 2017 y 2019). Ávalos, magistrado de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, refirió que efectivamente Sofía Elena Sylvester, secretaria de aquel estrado, es su “mujer”, pero negó haber influido en su nombramiento porque en ese momento era “un pinche” en el Juzgado Federal N° 1. “Con el tiempo, contrajimos matrimonio y continuamos casados a la fecha, por lo que el destino ha obrado al respecto. Tampoco tengo hijos en el Poder Judicial: ellos desarrollan profesiones ajenas a la abogacía”, agregó el magistrado.

Para explicar su caso, Sánchez Torres, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, primero ofreció la posibilidad de dialogar en su despacho o virtualmente. Si bien se le propuso una reunión por Zoom, luego el juez envió un correo electrónico en el que negó ser familiar actual de su exesposa, la jefa de despacho Alejandra Cecilia Cabido, así como haber tenido injerencia en la designación de sus tres hijos, María Agustina, Joaquín y Lucía, en la Justicia federal cordobesa. Pero no se privó de destacar los antecedentes académicos de sus descendientes.

En los tribunales federales de Jujuy y Salta, 7 jueces de 17 están vinculados familiarmente con empleados y funcionarios. Tres de los magistrados tienen cónyuges con cargos en la institución: se trata del camarista Lucio Renato Rabbi Baldi Cabanillas (su esposa es Denise Blajean Bent, secretaria del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Salta) y de los jueces Esteban Hansen y Leonardo Bavio (respectivos consortes de Carola Martínez Allende, secretaria de la Oficina Judicial de la Justicia Federal de Jujuy, y de María Martha Ruiz, secretaria del Juzgado Federal N° 2 de Salta).

Rabbi Baldi Cabanillas no contestó el requerimiento de un comentario, mientras que Bavio no respondió respecto de Ruiz en una ampliación de la consulta como sí lo había hecho antes sobre un primo segundo, Cristian Ricardo Bavio, secretario del Tribunal Oral de Salta, de cuyo nombramiento se desligó por completo: dijo que éste entró en “1994 o 1995”, cuando él era secretario penal de la Cámara Federal de Salta.

Por su parte, un secretario de Superintendencia de la Justicia federal de Jujuy envió el descargo de Hansen. Según esa nota, el juez no tuvo ninguna participación en el nombramiento de su esposa Martínez Allende. El texto refiere que ella ingresó al Poder Judicial de la Nación en 2009; que se desempeñó en la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N° 1 de Córdoba y que luego obtuvo un traslado a la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N° 1 de Jujuy “mediante resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 07/02/18 previa conformidad prestada por el entonces titular del Juzgado Federal N° 1 de Jujuy, Mariano W. Cardozo”.

También envió una respuesta Domingo José Batule, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Salta, quien adjuntó el CV de Simón Augusto Batule Cabana con la siguiente manifestación: “Es mi hijo, es abogado y fue designado como ‘jefe de despacho’ por l@s Jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Salta. Para un correcto y justo escrutinio de ustedes y de la sociedad toda, considero que resulta relevante que también se publique su currículum vitae”.

Una situación particular se dio respecto del juez del Tribunal Oral Nº1 de Salta, Federico Santiago Díaz, y de su hermano, Carlos Felipe Díaz Lannes, secretario del Juzgado Federal de Villa Mercedes en San Luis. El magistrado negó haber influido en el nombramiento del funcionario y advirtió que él carecía de potestades para cubrir cargos en los tribunales federales de San Luis. Además, acotó que él y su hermano se habían desarrollado profesionalmente en lugares diferentes. “Hago saber que para acceder al cargo que desempeño rendí numerosos concursos, y se me designó cuando integraba 8 ternas para tribunales orales de diferentes puntos del país, y de esas 8 ternas, en 7 me encontraba en el primer lugar de la terna”, añadió el juez.

Los demás magistrados con parientes designados en esta jurisdicción de la Justicia federal no contestaron la requisitoria.

En la provincia de Salta hay que destacar la evidente penetración de la familia Catalano en los tribunales. Este apellido lo comparten tres primos: las juezas federales Gabriela Elisa Catalano y Mariana Inés Catalano, y el juez de la Corte provincial desde 2007 Guillermo Catalano. Además, el cónyuge de Gabriela es juez provincial. Ella y su prima Mariana habían sido funcionarias judiciales antes de concursar y ganar sus cargos actuales: una carrera parecida a la de la misionera Verónica Skanata.

En su descargo, Mariana Catalano ratificó que llegó a su cargo actual de magistrada por concurso y pidió que esto se manifestara de ese modo para que la investigación tuviese rigor. Y Gabriela Catalano expresó que su cónyuge concursó en forma pública para acceder a sus dos designaciones en el Poder Judicial local y que la información estaba disponible.

En la jurisdicción que incluye a Mendoza, San Juan y San Luis, al menos 5 de los 22 titulares de juzgados y vocalías tienen parientes empleados. En esta circunscripción aún resuena el caso del exjuez Walter Bento (fue destituido a finales de 2023), cuya esposa Marta Boiza y dos hijos, Nahuel y Luciano, estaban empleados en los tribunales mendocinos. Los cuatro familiares están involucrados en un escándalo judicial por venta de sentencias y enriquecimiento ilícito, que llevó a la expulsión de Bento y a su encarcelamiento a finales de 2023.

Sólo Pablo Oscar Quirós, titular del Juzgado Federal N° 2 de Mendoza, aceptó manifestarse sobre la cuestión de la designación de familiares en los estrados de esta jurisdicción. Quirós confirmó que es cónyuge de Marisol del Carmen Compañy, jefa de despacho del Juzgado Federal N° 1 de Mendoza (a quien dijo haber conocido en 1997 en el propio Poder Judicial donde ambos trabajaban), y cuñado del oficial de servicio Hernán Compañy. Respecto de este último, precisó que entró a la Justicia Federal antes de su juramento como magistrado.

En Misiones, se corroboró que 4 de 9 jueces tienen parientes trabajando en la Justicia federal, mientras que en las provincias vecinas de Chaco y Formosa (que comparten jurisdicción) están en esa situación 3 de 10.

El único magistrado misionero que aceptó hacer comentarios es Fabián Gustavo Cardozo, juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas. Cardozo confirmó que su esposa, Mónica Oria, ingresó en 1994, y que en la actualidad es prosecretaria administrativa y está al frente de la Biblioteca de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas. Añadió que él entró al Tribunal Oral en 2004; que en 2005 conoció a Oria y que en 2007 nació el hijo que tienen en común. Precisó además que él es juez desde 2022 y recordó que su Tribunal Oral y la Cámara de Apelaciones ejercen funciones de superintendencia por separado, de manera que “Oria jamás ha dependido laboralmente” de él.

En Chaco y Formosa emitieron respuestas dos magistrados. Zunilda Niremperger, titular del Juzgado Federal N° 1 de Resistencia, detalló que su hermana Liliana Niremperger fue contratada en forma temporaria en la Justicia Federal de la capital de Chaco en cinco oportunidades (con sus prórrogas) desde 2002. Y que en 2007 fue designada escribiente auxiliar “a propuesta del juez titular Carlos Rubén Skidelsky” (que renunció en 2016). “En relación con Kamila Niremperger (sobrina), ésta ingresó en el Poder Judicial en una suplencia en agosto de 2023 en el Juzgado Federal N° 2 por propuesta de Ricardo Alcides Mianovich por un lapso corto y luego nuevamente (fue) designada por un corto plazo, todos datos que completaré una vez que el titular del juzgado Federal N° 2 remita dicha información a quien suscribe”, dijo Niremperger. La ampliación anticipada no llegó.

Por su parte, Ricardo Alcides Mianovich, juez federal N° 2 de Resistencia, eligió contestar lo siguiente: “Responder eventual y ulteriormente, sustrayéndome de funciones institucionales que disponen de mecanismos de control idóneos, implicará la demostración antelada por vuestra parte de galanura lexicográfica, una más elevada, detallada y completa información, y la ausencia plena de párrafos alusivos de posibles o sugerentes implicancias, una trama extorsiva o la posible afectación del buen nombre, la dignidad o el prestigio de terceras personas, límite intolerable al que no ingresaré, ni daré mínima entidad”.

En la última jurisdicción analizada, las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, se constataron designaciones de familiares para 3 de 15 miembros de la magistratura. Ninguno de los que tienen parientes nombrados hizo comentarios al respecto. 

Gatopardismo judicial

¿Qué explica la prevalencia de las relaciones familiares en la Justicia argentina? Este es un fenómeno que no es nuevo. Como explica el académico Alberto Binder, “el nepotismo existió siempre, pero se acentuó cuando los cargos judiciales empezaron a ser apetecidos. Esto comienza a crecer durante el menemismo”, durante la década de 1990.

En 2007, la Argentina ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que dispone que los países procurarán adoptar sistemas de convocatoria, contratación, retención, promoción y jubilación de empleados y funcionarios públicos no electivos “basados en principios de eficiencia y transparencia, y en criterios objetivos, como el mérito, la equidad y la aptitud”. Y en 2013, el Congreso sancionó la Ley de Ingreso Democrático e Igualitario de Personal al Poder Judicial, con el propósito de poner fin a la práctica de contratar empleados por ser familiares o conocidos de los jueces.

Pero ninguna medida logró frenar los casos de nepotismo en la rama judicial. En el caso de la Ley de Ingreso Democrático, esta nunca se aplicó en los tribunales de justicia porque –como se dijo– sucesivas decisiones y omisiones del máximo tribunal dejaron a la normativa fuera de juego. La Corte Suprema mantuvo (según se afirmó en 2013, transitoriamente) en las cámaras federales y nacionales las facultades de designación y promoción del personal.

Binder explica que parte de la razón de la persistencia de este sistema tiene que ver con los jugosos salarios del sector judicial: “Ocurre que los puestos más bajos de la Justicia Federal hoy son retribuidos con sueldos inmensos. Es un botín extraordinario”.

El nepotismo es ilegal porque existe una Ley Nacional que estipula cómo deben asignarse los cargos de la Justicia. Esto no implica que se trate de un delito, más allá de que sea una conducta muy reprochable desde el punto de vista ético

Alberto Binder — Doctor en Derecho.

Cada uno de estos cargos que ocupan parientes implican retribuciones muy tentadoras para una economía tan golpeada como la de Argentina. La remuneración de auxiliar, el puesto más bajo de la escala salarial judicial, equivale a cuatro salarios mínimos, vitales y móviles. Según la escala salarial de abril de 2024, un auxiliar percibe $ 923.243 mensuales (US$927 en base a la cotización oficial). En el otro extremo, un secretario de Cámara, uno de los cargos de funcionario judicial más altos, recibe un salario de al menos $2,8 millones (US$2.814, cotización oficial), monto que corresponde a 12 salarios mínimos. Las consignadas son cifras apenas orientativas porque la escala judicial no incluye todos los rubros incluidos en los recibos. 

Ese “botín” burocrático incentiva lo que Binder llama “designaciones cruzadas”, cuando dos jueces se devuelven el favor de nombrar a los familiares del otro. “Yo nombro a tus parientes y vos nombrás a los míos. Esto todo el mundo lo sabe y lo conoce”, explica el académico.

Para el sociólogo Juan José Nardi, entre las vocalías de un mismo cuerpo se producen “retribuciones” recíprocas. Este investigador también ve que son comunes los “favores” que suelen hacerse en la primera instancia para congraciarse con el tribunal de alzada. Por ejemplo, el hecho de nombrar familiares de camaristas a cambio de una subrogancia, función que otorga mayor poder de decisión y un plus salarial porque, de esa manera, un mismo juez tiene a cargo dos juzgados y, por esa carga de trabajo adicional, mejora su remuneración.

Pero, de fondo, lo que prima en esta práctica para Binder es “la laxitud y el desinterés éticos imperantes en el Poder Judicial”. Y añade que “el nepotismo muestra la paradoja de que una de las profesiones que debería estar regulada con mayor rigurosidad, como la de los abogados y la de los jueces, es la que menos lo está”.

El profesor Binder sostiene que, si no se pone límites a la práctica del nepotismo, seguirá expandiéndose la “perversión original de la endogamia” que dificulta muchísimo “la generación de poderes judiciales independientes”.

El intento fracasado más reciente de frenar la llamada “dedocracia” judicial fue la Ley de Ingreso Democrático de 2013. Pero quienes deben custodiar su observancia encontraron la forma de colocarse por encima de ella. Y como advierte Binder, nada perturbó la reproducción de ese statu quo que es la gran familia judicial.

Nota de la redacción: esta publicación forma parte de una investigación periodística sobre jueces y juezas federales de la Argentina cuyos parientes ocupan cargos en la Justicia realizada por CONNECTAS y Chequeado tomando una base de datos elaborada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ver metodología aquí), así como información proveniente de otras fuentes.

La difusión de los nombramientos de familiares de autoridades judiciales, incluso de los concretados a partir de 2013, cuando entró en vigor la Ley de ingreso democrático e igualitario de personal al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público de la Nación (ley 26.861), no implica afirmar que en todos esos casos necesariamente existió nepotismo ni comporta un juicio de valor sobre las aptitudes profesionales, intelectuales ni morales de las personas contratadas aquí nombradas, sino que sólo apunta a identificar posibles casos de materialización de esta práctica y a problematizarla a la luz de la normativa vigente. 

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¿Conocés posibles casos de nepotismo de las 14 provincias investigadas que involucren a integrantes de la magistratura federal argentina? ¿Y en otros distritos judiciales? Aportá aquí esos datos. Garantizamos el tratamiento confidencial de las fuentes.

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Esta investigación fue realizada por Irene Benito. Por CONNECTAS participó Leonardo Oliva (acompañamiento editorial). Por Chequeado, Matías Di Santi, Ignacio Ferreiro, Franco Piccato, Manuel Tarricone y Laura Zommer (edición).

ED/JJD

Desde hace al menos una década, la relación entre el Poder Judicial y la política se empezó a volver un tema privilegiado de discusión mediática e institucional. Se hizo habitual que conflictos como los de las últimas semanas (el fallo por la coparticipación, la condena a CFK, el affaire Lago Escondido, entre otros) capten la agenda pública y se conviertan en ejes ordenadores fundamentales de los vínculos entre el oficialismo y la oposición.

Pero, ¿en qué medida este problema se ha transformado también en un asunto de preocupación social? En general intuimos que para la mayor parte de la sociedad es una cuestión menor, tecnicista, o lejana respecto de la gran importancia que tiene para el sistema político (acaso Cristina Kirchner, que hace meses le pide a la ciudadanía que se “despabile”, sea quien -a su manera- más nota toma de esta brecha). Pero más allá de su grado de relevancia para las personas de a pie -como si cuantificarlo fuera tarea sencilla-, sabemos poco acerca de su significado; es decir, cómo se sedimentan socialmente estas controversias y se convierten en maneras de percibir, vivir y relacionarse con las instituciones políticas y judiciales. 

A partir de una asociación entre la Escuela IDAES, el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos y el Programa PASCAL -todos pertenecientes a la Universidad Nacional de San Martín-, realizamos una encuesta a 840 residentes del AMBA de 16 años y más con el fin de indagar en interrogantes como: ¿en qué medida asistimos a una crisis de legitimidad del Poder Judicial? ¿Cuáles son las distintas formas en que se piensa la relación entre política y justicia, y cuánto explica la polarización que las personas asuman ciertos tipos de mirada? Y por último, ¿vislumbra la sociedad algún tipo de salida?

Reforma

Empecemos por el final: una de las preguntas que le formulamos a los participantes de este estudio fue su nivel de acuerdo con una reforma que vuelva a la justicia más “transparente y democrática”. Para nuestra sorpresa, la aceptación resultó mayoritaria: un 57,8% se muestra de acuerdo o muy de acuerdo, mientras que un 28,8% se pronuncia en desacuerdo o muy en desacuerdo. Además -y llamativamente-, apenas un 4,6% se declara indiferente y sólo un 8,8% opta por no contestar. Por lo tanto, estamos ante un asunto que conduce a la toma de posición más que a la desaprensión.

A partir de estos datos, nos propusimos observar cómo varía el apoyo a una reforma según el nivel de confianza en el Poder Judicial. Las personas que más confían tienden a ser las que menos interés tienen en una reforma (41,5%), mientras que las que menos confían son las que más avalan esta idea (69,2%). Se trata de resultados probablemente esperables, que sin embargo constatan que la desconfianza en la justicia está asociada con un interés en transformarla, y viceversa.

Ahora bien, al analizar las posiciones ante una posible reforma en relación con la intención de voto para las próximas elecciones nos encontramos con datos más sorpresivos. Sumando los distintos grados de acuerdo, los votantes del Frente de Todos avalarían este tipo de iniciativa en un 79,2%; los simpatizantes de Juntos por el Cambio en un 42,7%; y los adherentes a los libertarios en un 55,9%. 

Los votantes del Frente de Todos avalarían este tipo de iniciativa en un 79,2%; los simpatizantes de Juntos por el Cambio en un 42,7%; y los adherentes a los libertarios en un 55,9%

Más que la muy elevada aceptación de esta iniciativa por parte de los oficialistas (que parecería corroborar una sintonía entre la dirigencia y la base electoral), resulta notorio el nivel relativamente alto de acuerdo por parte de los votantes de las principales vertientes opositoras. Aun si es probable que el significado que se le atribuye a esta hipotética reforma no sea igual para todas las personas encuestadas (de hecho, las ideas de “transparencia” y “democracia” pueden ser objeto de discusión en sí mismas), sí queda en evidencia que una porción importante de la población considera que algo puede o debe hacerse con la justicia. En otras palabras, podría afirmarse que es falso que entre los opositores prime rotundamente la idea de que “la justicia no se toca”.

Intereses y poder

Otra de las preguntas que les planteamos a los encuestados fue con qué intereses asocian al Poder Judicial. Si bien las opciones que ofrecimos fueron exploratorias y no necesariamente excluyentes, los resultados son a todas luces reveladores: un 21,1% sostiene que el Poder Judicial responde al Frente de Todos; un 15,7% a Juntos por el Cambio; un 13,9% a los políticos de turno; un 13,3% aduce que es independiente y defiende los intereses de la república; un 13,2% afirma que protege sus propios intereses corporativos; un 6% responde que está asociado a los intereses de los empresarios; y un 16,8% dice que no sabe u opta por no contestar. Si agrupamos estos datos según las respuestas que reflejan una idea de independencia judicial en contraposición a las que no, sólo un 13,3% de la población cree que el Poder Judicial es independiente y un 69,9% considera que no lo es.

Incluso entre los adherentes a Juntos por el Cambio, los que afirman que el Poder Judicial es independiente son sólo el 16%; y entre los votantes del Frente de Todos, apenas el 7% cree que defiende los intereses de los empresarios

Al estudiar estas respuestas en función de la intención de voto para 2023, constatamos que las percepciones sobre el Poder Judicial están relativamente atravesadas por la polarización política: entre los votantes del Frente de Todos, un 39,4% considera que la justicia responde a Juntos por el Cambio; y entre los votantes de Juntos por el Cambio, un 33,5% sostiene que se vincula al Frente de Todos. Pero, naturalmente, estos datos implican que también hay otras miradas. Incluso entre los adherentes a Juntos por el Cambio, los que afirman que el Poder Judicial es independiente son sólo el 16%; y entre los votantes del Frente de Todos, apenas el 7% cree (al menos como primera opción) que defiende los intereses de los empresarios.

Claro está, son muchos más los datos potencialmente relevantes para examinar sociológicamente qué está sucediendo en la relación de la población con las instituciones. Y, sobre todo en la coyuntura actual, cabe mencionar que las adscripciones político-electorales difícilmente sean las únicas variables que explican cómo hoy por hoy vivimos la política y entendemos la cuestión judicial: acaso haya que atender con suma atención a cómo la pertenencia generacional y la relación con el mercado laboral inciden en nuestras formas de experimentar la vida pública. Pero, en cualquier caso, los hallazgos que aquí expusimos ofrecen algunas ideas preliminares sobre lo que sucede con esta sostenida crisis político-institucional más allá de la dirigencia política.

*Doctor en Ciencias Sociales. Investigador del Centro de Estudios Sociopolíticos

IDAES -UNSAM

En un momento del debate, a media tarde del jueves, el senador Martín Doñate sintetizó en una frase la matriz política del proyecto que busca aumentar de 5 a 15 la cantidad de integrantes de la Corte Suprema de Justicia. “El Poder Ejecutivo debió haber presentado propuestas en el inicio de la gestión”, dijo y, con cierta sutileza, puso sobre la mesa el que aparece como el pecado original que Cristina Kirchner le endosa a Alberto Fernández: no haber usado el envión inicial de su gobierno, eso que alguna vez fueron 100 días, para encarar una depuración de la Justicia.

Si hay un reproche inicial, el germen del desencanto de la vice con el presidente, radica en la creencia de la expresidenta de que Fernández desaprovechó la oportunidad y el momento para producir reformas en el sistema judicial. Cristina sostenía, y sostiene, un dictamen bravo según el cual sin cambios en la Justicia, no hay gobierno posible. Ha citado, por caso, el decreto que declaró “servicio público” la telefonía móvil e internet, que rápidamente objetó un juez y quedó stand by.

“La responsabilidad de nuestro gobierno acerca de la crisis institucional que vivimos, es no haber dado antes este debate”, apuntó Doñate, legislador referenciado en La Cámpora, el elegido de la vice para que se siente en el Consejo de la Magistratura. Sugiere lo que se ve: que la iniciativa, que salió con ajustadísimos 36 votos del Senado, no prosperará en la Cámara Baja.

Trabajoso -el número fue 36 a 33- y atado de acuerdos volátiles, el proyecto que unificó en 15 las butacas cortesanas -ante propuestas que sugerían 9, 15, 16 y 25- parece condenado a tener el mismo destino que tres reformas gruesas que el Frente de Todos (FdT), impulsó y aprobó en el Senado: dormir, hasta extinguirse, en Diputados donde el oficialismo no tuvo, ni tiene, número suficiente para aprobar la iniciativa.

Pasó antes. Ocurrió la reforma judicial que envió Fernández, diseñada por un club de notables, y que la vice aclaró que no era suya, con un proyecto sobre el Ministerio Público Fiscal y otro sobre el Consejo de la Magistratura. Todos pasaron por el Senado; ninguno avanzó en Diputados. Una excepción, que se invoca en Casa Rosada, es que en el Senado nunca avanzó la designación de Daniel Rafecas como Procurador.

“Dar la discusión, que se hable de quienes son, qué hacen, cómo juega política y electoralmente la Corte”, es la explicación lineal que se repite en el Senado para explicar porqué, a pesar de que la lógica y las matemáticas indican que el proyecto no avanzará, de todos modos se empujó la iniciativa. En parte, según la mirada crstinista, para que ocurra lo que ocurrió: que la oposición, centralizada por JxC, explique no solo su rechazo a una reforma de la Corte sino que defienda un tribunal que está cruzado por acusaciones y sospechas.

Aparece, ahí, un fenómeno adicional: hubo, en otro tiempo, proyectos para ampliar la Corte -planteos que hicieron, por caso, Julio Cobos y hasta Gabriela Michetti- pero en este caso, la postura de JxC fue no participar del debate. Cuando en comisión se debatieron los proyectos de ampliación, la oposición no participó. No hubo dictamen de minoría, un recurso habitual para exponer una posición propia y autónoma.

Efectos

Aparece como una motivación casi testimonial porque, según aceptan en el Congreso, los sondeos cruzados entre el Senado y Diputados instalan la idea de que no hay ni habrá número para que ese proyecto se apruebe en la Cámara baja. Incluso, aunque en el origen de la pelea no está ese texto, la reforma de la Corte llevó al recinto el duelo que en San Luis mantienen los hermanos Rodríguez Saá, Alberto y Adolfo, tensión que puede tener como efecto colateral un problema mayor en Diputados.

“Los dos diputados del FdT de San Luis son de Alberto. Si lo del Senado se expresa en Diputados, perdemos dos votos más”, reconocen en la Cámara baja. Eso implicaría otra decisión: mantener el formato actual, de llevar al recinto leyes que se pierden, o dejarlo en suspenso. Hasta acá, durante los dos años que Máximo Kirchner fue jefe del bloque y los dos años y medio que Sergio Massa presidió la Cámara, el FdT no sometió a votación ninguno de los proyectos que implicaban reformas judiciales que aparecían en la agenda urgente de Cristina.

La interna de los Rodríguez Saá marcó el derrotero de la ley. Hace un mes, Adolfo planteó objeciones e impidió llegar al número. Ahora la senadora de Alberto, Maria Eugenia Catalfamo, votó en contra. En realidad, el gobernador de San Luis fue uno de los promotores de la ampliación y quería que el número sea de 25 miembros, mientras su hermano, Adolfo, presentó un proyecto para que se eleve a 9. En medio, el gobernador inició un despegue cada vez más visible del FdT, pensando en la elección del 2023 en su provincia, y el bloque oficial perdió un voto.

Existió, sin embargo, un movimiento peculiar: Catalfamo había deslizado que se abstendría, porque estaba a favor de la ampliación pero quería que sea a 25 -para que haya un cortesano por provincia- pero finalmente votó en contra, decisión que de algún modo facilitó la aprobación por parte del oficialismo. En la Cámara alta, a diferencia de en Diputados, la abstención cuenta como “ausencia”, así que si Catalfamo se abstenía, JxC podía levantar a sus senadores y el inter bloque oficial se quedaría sin quórum porque había sentado a 36 senadores. Al final, Catalfamo votó en contra pero permitió que salga la ley.

En JxC se juegan otras internas. Luis Juez faltó a la sesión y su ausencia se convirtió en reproches internos que están en carrera por las candidaturas en la provincia de Córdoba el año próximo. Hubo otras ausencias: Maurice Closs, senador por Misiones, que se recupera de una operación, y Cristina Kirchner, la presidenta del Senado, que no estuvo en el Senado aunque hasta último momento se especuló que si era necesario para garantizar el número asistiría a la sesión. Sin la vice, presidió Claudia Abdala.

PI

La Cámara de Senadores aprobó esta noche por 36 votos a favor y 33 en contra, y giró a Diputados, el proyecto de ley que amplía de cinco a quince el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La iniciativa fue respaldada por el Frente de Todos y aliados, y rechazada por el interbloque de Juntos por el Cambio.

Tras un debate de ocho horas, la iniciativa obtuvo 36 votos a favor y 33 rechazos, en tanto que hubo tres ausencias. A favor de la reforma votaron los 34 representantes del Frente de Todos presentes (el misionero Maurice Closs se está recuperando de una afección de salud) y sus aliados: la riojana María Clara Vega, de Hay Futuro Argentina; y Alberto Weretilneck, de Juntos Somos Río Negro. También estuvo ausente la representante de Córdoba Federal, Alejandra María Vigo, esposa del gobernador Juan Schiaretti.

En contra se pronunciaron los 32 integrantes de Juntos por el Cambio que estaban en el recinto (el cordobés Luis Juez estuvo ausente) y la oficialista puntana María Eugenia Catalfamo. La legisladora de San Luis había anticipado en el debate su voto negativo al criticar que se modifique el proyecto original para bajar el número de miembros de la Corte de 25 a 15. “No estoy dispuesta a deslegitimar la palabra de los gobernadores que vinieron acá”, había dicho Catalfamo.

El proyecto original del oficialismo, presentado por los jefes de la bancada del Frente de Todos, José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, y que contaba con el apoyo de los gobernadores peronistas, establecía la ampliación a 25 del número de integrantes.

Esa iniciativa obtuvo dictamen de comisión el 29 de junio, pero no pudo ser debatida en el recinto porque el bloque mayoritario no tenía el número necesario.

El Debate

“¿En verdad creemos que el tema de ampliar la Corte Suprema está entre las prioridades de los argentinos?”, se quejó al inicio del debate la senadora tucumana por la oposición Beatriz Ávila. “Es la enésima vez que el oficialismo trae a esta Cámara temas vinculados a la Justicia. Y este va a terminar como los anteriores, en el fracaso”, señaló.

Del otro lado, le contestó el jujeño oficialista Guillermo Snopek: “Este proyecto tuvo un debate serio, sincero y plural durante 6 meses en 4 reuniones plenarias donde concurrieron 19 especialistas y 7 gobernadores, quienes trajeron la voz de 16 gobernadores que suscribieron la necesidad de una reforma de esta Corte”.

“Partidizar” la Corte

Poco después, el senador porteño de Juntos por el Cambio Martín Lousteau acusó al Frente de Todos de buscar “partidizar” el funcionamiento de la Corte Suprema. “Quieren que la Corte Suprema de Justicia funcione partidizándose, dividida en bandos. Si la van a politizar, menos confianza en la justicia van a generar”, sostuvo Lousteau al hablar en la sesión especial en la Cámara alta.

El senador porteño agregó que “mientras la inflación corre al siete por ciento mensual, el debate en este Senado consiste en ampliar la Corte Suprema”. “Estamos debatiendo lo que ustedes quieren, como quieren. Ya discutimos una reforma judicial, con cambios en el recinto, que iba a costar miles de millones de pesos. Y después nos dicen que las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) son caras”, sentenció.

El FdT tuvo que esperar tres meses para tratar el proyecto en el recinto. La iniciativa original –había tenido dictamen el 29 de junio– esperaba ser votada en julio. Pero se trabó su avance por diferencias con los aliados. 

Crítica a la reforma y dudas

La senadora del Frente de Todos de San Luis María Eugenia Catalfamo cuestionó a su turno la reforma al proyecto, que originalmente iba a ser de 25 magistrados, pero finalmente será de 15.

“No estoy dispuesta a deslegitimar la palabra de los gobernadores que vinieron acá”, mencionó Catalfamo al recordar el respaldo que los mandatarios le dieron al proyecto que se dictaminó a fines de junio.

“Y porque tengo las convicciones firmes, creo que nos estamos perdiendo una oportunidad histórica para generar una Corte que represente a toda la Nación”, remarcó. Catalfamo resaltó que “en su momento, no solo se habló de federalismo, sino también de igualdad, pero ahora ese dictamen será modificado”.

El texto original de 25 jueces establecía además que el Senado debía prestar acuerdo a otros 21 integrantes propuestos por el Poder Ejecutivo, tal como lo establece la Constitución Nacional, respetando la designación de los actuales cuatro miembros: Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz. La iniciativa, presentada por los jefes de la bancada del FdT, José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, también buscaba de asegurar la paridad de género entre los postulantes a integrar la Corte.

Aún no está claro cómo será la nominación de los candidatos, ya que siendo 25 le otorgaba al menos uno a cada provincia, y el restante por la Nación. Además, preveía que los distritos propongan cuatro postulantes (dos hombres y dos mujeres), de los cuales el Presidente tenía la palabra final para elegir uno. Es probable que establezca una división por “regiones” del país, para así determinar las candidaturas.

Bolillero

El senador fueguino de Juntos por el Cambio Pablo Blanco llevó un bolillero al recinto para “ayudar” al oficialismo a resolver cuántos integrantes debería tener la Corte Suprema.

“A fines de junio firmaron un dictamen con 25 integrantes de la Corte. Hoy, algunos dicen que serán 15. Lo cierto es que a 24 horas de convocada la sesión, todavía no tenemos el número de cuántos cortesanos serán”, dijo en el recinto. Blanco entonces se inclinó debajo de su pupitre y sacó un bolillero argumentando: “Le voy a acercar una ayuda al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales”, el jujeño oficialista Guillermo Snopek.

“Entonces, fui, invertí 3.000 pesos en una librería y me compré un bolillero. ¿A ver cuántos son? Tres, seis, 15, 25, nueve…Tal vez de acá al final de la sesión le dan a la manijita y encuentran el número lógico”, ironizó entre risas.

MC

El Gobierno cedió en parte en su intención de ampliar la cantidad de jueces de la Corte Suprema de Justicia, pero avanzará igual. Modificó a último momento su proyecto de que los magistrados del máximo tribunal pasen a ser 15 –en vez de 25, según la iniciativa original– y logró sumar los apoyos necesarios para que mañana el Senado le dé media sanción a la ley.

El paso atrás del oficialismo se confirmó esta tarde, cuando la presidenta provisional de la Cámara alta, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, formalizó el llamado a sesión para este jueves a las 14.30. No estaría encabezando el hemiciclo la vicepresidenta Cristina Kirchner, que el viernes asumirá su propia defensa en el juicio por la causa Vialidad.

El cambio sustancial en el proyecto se hará directamente en el recinto, según pudo saber elDiarioAR en un encumbrado despacho del interbloque oficialista. Recortando una decena de jueces, la iniciativa oficialista contaría entonces con el apoyo de aliados habituales, como el rionegrino Alberto Weretilneck, la riojana Clara Vega y la misionera Magdalena Solari Quintana. Al menos, se sentarán en sus bancas para dar quórum. Un átomo suelto es el puntano Adolfo Rodríguez Saá, que también dará quórum, pero quien defiende un proyecto propio de ampliación de la Corte.

El proyecto de ley de los gobernadores tiene el impulso de 16 mandatarios oficialistas y había sido materializado en el Senado en junio por José Mayans (Formosa) y Anabel Fernández Sagasti (Mendoza). No solo proponía elevar a 25 el número de jueces y juezas del máximo tribunal con carácter federal, sino también asegurar la paridad de género entre sus miembros y dividirlos en distintas salas especializadas (administrativo, tributario, penal, etc). 

Aún no está claro cómo será la nominación de los candidatos, ya que siendo 25 le otorgaba al menos uno a cada provincia. Además, preveía que los distritos propongan cuatro postulantes (dos hombres y dos mujeres), de los cuales el Presidente tenía la palabra final para elegir uno. Es probable que establezca una división por “regiones” del país, para así determinar las candidaturas.

El texto original tampoco especificaba si, en el caso de convertirse en ley, habría una transición entre los actuales cuatro jueces y la nueva composición, o si directamente entrarían todos los nuevos magistrados en funciones junto con los vigentes, hasta su retiro.

Demora y críticas

Tres meses tuvo que esperar el oficialismo para tratar el proyecto en el recinto. La iniciativa original –había tenido dictamen el 29 de junio– esperaba ser votada en julio. Pero se trabó su avance por diferencias con los aliados. 

Además del de los gobernadores, había otras iniciativas en danza para ampliar el número de magistrados. Rodríguez Saá propone pasar de 5 a 9 jueces, como también federalizar el máximo tribunal con el nombramiento de jueces por regiones, debiendo respetarse en su integración la diversidad de género. Otro era del senador Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), que establece llevar a 16 los jueces de la Corte. Estaría entonces muy cerca el nuevo proyecto oficialista de 15 supremos.

Un tercer proyecto correspondía a la neuquina Silvia Sapag (Unidad Ciudadana-FdT) y también plantea una composición por regiones, elevando de 5 a 15 los integrantes de la Corte, similar al que va a votarse mañana. Por último está la iniciativa de Vega (Hay Futuro Argentina), que se limita a regular el cupo femenino en el seno del tribunal, sin elevar su número.

Juntos por el Cambio siempre se mostró en contra, y ya anunció que mañana no dará quórum. Bajaría al recinto una vez que comience la sesión, para cuestionar un proyecto que –según su mirada– busca la “impunidad” del kirchnerismo y socava la división de poderes. Desde la UCR incluso entienden que la reforma judicial demuestra que la búsqueda de diálogo con la oposición planteada por el Gobierno no es “sincera”.

Aunque el FdT podría darle media sanción al proyecto mañana, quedaría trabado en Diputados, como ya pasó con la reforma del Consejo de la Magistratura. En la Cámara baja el oficialismo no cuenta con aliados habituales para llegar al quórum y hay extrema paridad con la oposición.

MC

Tras el video que difundió este lunes Cristina Kirchner en sus redes sociales con fuertes críticas a la Corte Suprema, Alberto Fernández se sumó a los dichos de la Vicepresidenta y pidió “de manera urgente una reforma profunda y democrática” de la Justicia.

En su cuenta de Twitter, el mandatario dijo haber “reflexionado sobre el mensaje que ayer difundió Cristina. He visto que muchos eligen criticar las formas para evitar el verdadero problema que enfrentamos: nuestra justicia está deslegitimada y necesita, de manera urgente, una reforma profunda y democrática”.

Además, Fernández detalló que las designaciones “por decreto de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti como jueces de la CSJN fue un acto político inconstitucional que dio cuenta de la decisión del gobierno macrista de manipular la justicia”. Y agregó: “Que el presidente de la Corte Suprema sea, al mismo tiempo, el presidente del Consejo de la Magistratura y se haya erigido en tal función poniendo en vigencia una norma derogada y votándose a sí mismo, solo deja en evidencia su desapego a la ley y a elementales normas éticas”, en sintonía con los dichos de CFK, quien sostuvo en el texto que con su voz acompaña el video difundido, que el objetivo “no sólo es la Presidencia de la Corte, sino intervenir directa y explícitamente sobre todos los magistrados, proteger a Bruglia y Bertuzzi (designados a dedo por Macri en la Cámara Federal), garantizar su propia impunidad y, fundamentalmente, continuar con la persecución”.

El Presidente también remarcó que, durante el gobierno anterior, “la Justicia Federal construyó 'doctrinas' que resultaron patéticos instrumentos para perseguir opositores y aplicar la prisión preventiva como penas anticipadas. Imputaron responsabilidades objetivas y aplicaron el derecho penal de autor sin vergüenza alguna”.

Y acusó a la Corte de adoptar “una posición pasiva que permitió que tanto maltrato a la justicia por parte de la Justicia Federal fuera posible. De todo ello hubo responsables por acción y por omisión. Muy pocos tuvieron la dignidad de no sumarse”.

En su análisis, Fernández remarca que Cristina Kirchner “afirma que en una causa en la que se la enjuicia y en la que el fiscal aún no ha formulado su acusación, su sentencia ya está escrita. Esa afirmación pone en crisis la objetividad del sistema de justicia y la idoneidad moral de los miembros del tribunal”. La Vicepresidenta había apuntado contra “los medios de comunicación hegemónicos”, al considerar que a poco de finalizar el mandato de Juntos por el Cambio, “comenzaron a anticipar -cual modernos Nostradamus-, cómo iba a fallar la Corte de los cuatro, en la causa fraguada y conocida mediáticamente como ”vialidad“ u ”obra pública“. La misma en la que, con calendario electoral en mano, iniciaron el juicio oral el 21 de mayo del 2019, exactamente un mes antes de que cerraran las listas para las elecciones presidenciales. Así y con tres años de demora, la Corte de los cuatro falló exactamente como anticiparon esos medios: rechazando todos y cada uno de los recursos y las medidas de prueba que habíamos solicitado. Fue un fallo totalmente atípico. A la falta de argumentación jurídica y el lenguaje ofensivo utilizado -llegando a citar como antecedente el del genocida Jorge Rafael Videla-, se le sumó el prejuzgamiento explícito y descarado de los cuatro cortesanos, como un aval anticipado para la condena que, tal como dije el 1 de diciembre de 2019 ante el Tribunal Oral, ya la tienen escrita y creo, a esta altura, hasta firmada”.

En su hilo de tweets de este martes, el Presidente dijo haber “repetido una y mil veces que debemos reconstruir una Justicia Federal que respete y haga respetar los derechos constitucionales. Tanta violación a esas normas es tácitamente admitida por la CSJN y ese es un problema que a todos debe preocuparnos”. Y acusó a “algunos” por no acompañarlo cuando propuso reformar la Justicia Federal: “Cuando hablé del mal funcionamiento de la CSJN fui criticado. Dijeron que buscaba la impunidad de ciertos acusados. Los que lo decían son los que aseguran su impunidad con este sistema lamentable de justicia”.

“Pueden hablar de las formas y del video de Cristina, pero NO dejemos de debatir el problema y buscar una solución”, pidió en el final de su texto. “Como Presidente, sigo comprometido en que los argentinos contemos con una justicia honesta e independiente de los poderes políticos y fácticos como merecemos”, concluyó.

Con información de agencias.

IG

El presidente Alberto Fernández dio un discurso en Santa Fe y aprovechó para pedirle al Congreso que apruebe la reforma judicial, que había sido rechazada por la oposición, a la que acusó de haber “logrado la impunidad de los narcotraficantes”.

En Santa Fe, el Presidente participó de un acto para dar inicio a las obras de ampliación de las plantas potabilizadoras de esa ciudad y Rosario. El mandatario usó una frase de una carta de San Martín al Brigadier Estanislao López para mandar un mensaje de unidad en medio de los cortocircuitos con la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Lo que no podemos permitirnos es estar desunidos, porque unidos somos invencibles”, citó. “Y tenía toda la razón del mundo”, acotó.

El presidente aprovechó el discurso para pedirle al Congreso Nacional que trate y apruebe el proyecto de reforma judicial enviado meses atrás por el Poder Ejecutivo. “Yo mandé una ley de reforma judicial que el Senado trató y la Cámara de Diputados no quiso, con el argumento de que esa ley buscaba la impunidad de alguien (por Cristina Kirchner). Lo que lograron es la impunidad de los narcotraficantes y de las grandes corporaciones criminales que se han asentado en la Argentina”.

“Les pido que cuanto antes saquen esa ley porque Rosario lo necesita, para la lucha contra el crimen organizado, y lo necesita toda la Argentina”, dijo el Presidente.

Por otro lado, Alberto Fernández dijo que “no necesitamos una Argentina central fuerte y Argentinas periféricas” y que cree en la necesidad de una “Patria fuerte con un cuerpo robusto y eso hay que construirlo”.

“Las normas dicen que somos un país federal pero no actuamos como un país federal. Voy a trabajar hasta el último día que me toque ser presidente para hacer más federal a la Argentina”, afirmó junto al gobernador de la provincia, Omar Perotti, y al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

NB

Una decena de gobernadores se reúnen este viernes en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) con el objetivo de continuar con el debate del proyecto de ley para elevar de cinco a 25 el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en las últimas horas les fue presentado por Alberto Fernández en un encuentro que mantuvieron en la Casa de Gobierno.

En la conferencia de prensa que dieron este jueves en la Casa Rosada, al salir de la reunión con el Presidente y que se extendió por más de una hora, los gobernadores anticiparon que se volverían a reunir en el CFI para “dar a luz el proyecto definitivo” que se dialogó con Fernández, según dijo el mandatario de San Luis, Alberto Rodríguez Saá. Además, el referente puntano anticipó que la idea incluye que los actuales cuatro miembros de la corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Luis Lorenzetti, “sigan en sus funciones y se sumarán al resto”.

Por su parte, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, adelantó que la reunión tiene como objetivo “unificar los criterios para seguir adelante”.

El nuevo encuentro se desarrolla desde las 12 en la sede del CFI, ubicada en San Martín 871 de la ciudad de Buenos Aires.

Del encuentro con el Presidente participaron los gobernadores Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Omar Gutiérrez, (Neuquén), Arabela Carreras (Río Negro), Rodríguez Saá (San Luis), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). También asistieron los vicegobernadores Laura Stratta (Entre Ríos), Omar Carlos Arce (Misiones), Roberto Gattoni (San Juan), Carlos Silva Neder (Santiago Del Estero); mientras que por Salta estuvo el presidente de la Cámara de Diputados provincial, Esteban Amat Lacroix.

El proyecto de ley del Poder Ejecutivo propone elevar de cinco a 25 el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la integración en ese cuerpo de al menos 12 mujeres.

Por parte del Ejecutivo participaron también del encuentro la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y el secretario de Justicia, Juan Martín Mena.

La propuesta, según trascendió, cuenta con el visto bueno de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Para el diputado Moreau, la actual Corte “es un peligro para la democracia”

Quien también se refirió este viernes al proyecto oficialista fue el diputado nacional por el Frente de Todos (FdT) Leopoldo Moreau, quien consideró que la actual conformación de la Corte Suprema de Justicia es “un peligro para la democracia” y la consideró un “obstáculo” para la garantía de derechos, al respaldar el proyecto de ampliación de este organismo a 25 miembros, impulsado por el oficialismo.

“Esta Corte se ha constituido como un obstáculo para la ampliación de derechos, el desenvolvimiento del proceso democrático, la ejecución de políticas que favorezcan a los sectores de menores recursos, y una redistribución equitativa de los ingresos. Por lo tanto es un peligro para la democracia”, aseguró Moreau en una entrevista para Radio Nacional.

Asimismo, el ex radical insistió en que la idea está tomando mucha fuerza en el ámbito legislativo y señaló que “el reclamo de los gobernadores le da más volumen”, aunque sostuvo que “también hay un reclamo social”.

El legislador confió en que sectores de la oposición por fuera de Juntos por el Cambio acompañen esta modificación para “salvar a la democracia de un grave conflicto de poderes”.

Por otra parte, dijo que el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, “debería declinar de participar de cualquier decisión judicial que tenga como contrapartida al gobierno del Frente de Todos porque ha manifestado una contundente animadversión” y aseguró que con frases como las que ha dicho confronta “no solo con este gobierno, sino con la historia popular de la Argentina”.

Rosenkrantz expuso en una conferencia titulada “Justicia, Derecho y Populismo en Latinoamérica”, organizada por la Universidad de Chile, donde aseguró que “no puede haber un derecho detrás de cada necesidad porque no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades”.

Con información de agencias.

IG

Oficialismo y oposición coinciden actualmente en muy pocas cosas pero una excepción clara es que ambos sectores están de acuerdo en que la reforma judicial impulsada por el presidente Alberto Fernández en 2020 no será ley, al menos, dicen, por los próximos dos años, de acuerdo con las consultas realizadas por elDiarioAR a legisladores de ambas fuerzas. Un segundo proyecto clave, la nueva Ley del Ministerio Público Fiscal, principal apuesta del kirchnerismo puro contra el Poder Judicial, también retrocedió en el Congreso: volvió a foja cero en Diputados y Argentina está más lejos de tener un jefe o jefa de los fiscales, cargo vacante desde hace cuatro años. El dictamen de comisión que había logrado el kirchnerismo cayó con la renovación legislativa y será muy difícil para el oficialismo volver a conseguir esos números que tanto les costó en 2021.

Si bien ninguno de los dos proyectos de ley perdieron estado parlamentario, su supervivencia en el Congreso hoy sería testimonial. Juan Manuel López, diputado de la Coalición Cívica (Juntos por el Cambio) explicó a este medio que “al tener media sanción del Senado, para ambos proyectos se prorroga el estado parlamentario por un año más” pero confirma que la oposición está a años luz de apoyar ese proyecto en las circunstancias actuales.

“En el caso del proyecto de ley de reforma del Ministerio Público Fiscal, conseguir los votos para el dictamen de comisión fue difícil para el oficialismo ya en 2021. Con la nueva composición en la Cámara, será todavía más difícil volver a conseguir esos números”, agregó López. “Si los proyectos no son aprobados en 2022, entonces sí ambos perderán estado parlamentario en 2023”, aseguró, y entonces quedarán definitivamente fuera de agenda.

“Si nos ajustamos al reglamento de la Cámara, el dictamen de comisión caería a finales de febrero, principios de marzo, cuando se defina la conformación de las comisiones legislativas de Justicia y Asuntos Constitucionales”, se limitó a responder el diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), expresidente de la primera de esas comisiones. 

En el oficialismo, sin embargo, reconocen que la “tradición” en Diputados es que los dictámenes caigan en diciembre. Hay una ventana clave: el kirchnerismo tiene tiempo hasta finales de diciembre para forzar el tratamiento del proyecto en el recinto, con la extensión de las sesiones ordinaria. “Pero eso no va a suceder”, aclaró una fuente del bloque. No existe ni la remota posibilidad de consenso para lograr la ley en los próximos días y la prioridad es la agenda económica, afirman.

Mientras los proyectos se estancan en Diputados, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner logró sus propios triunfos personales en los tribunales federales. En lo que va de 2021, obtuvo tres sobreseimientos anticipados, previos a los juicios orales y públicos previstos en los casos Dólar Futuro, Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces. En este último también iba a ser juzgado Máximo Kirchner, titular del bloque del Frente de Todos en la Cámara baja.

Un/una jefe para los fiscales

El oficialismo tenía hasta el 10 de diciembre para conseguir el quórum en la Cámara de Diputados y tratar en el recinto el dictamen de las comisiones legislativas de Justicia y Asuntos Constitucionales. Desde finales de 2017, Argentina no tiene un Procurador General de la Nación, cargo central en la vida democrática de un país: un jefe o jefa de los fiscales federales y nacionales que lleve adelante la política criminal y judicial del Ministerio Público Fiscal, que active los concursos para nombrar nuevos fiscales y que encabece la aplicación en todo el país del sistema acusatorio, a tono con lo que sucede en el resto del continente, donde los fiscales investigan y los jueces sólo juzgan.

Para conseguir su procurador, el Ejecutivo requiere que los dos tercios del Senado apruebe a su candidato. El proyecto, impulsado por el sector más afín a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, busca flexibilizar las condiciones para nombrar y desplazar al Procurador General de la Nación.

Conseguir la sanción de este proyecto era la “prioridad” de Martín Soria cuando asumió como ministro de Justicia, a finales de marzo. El entonces diputado se incorporó al Gabinete tras el desplazamiento de Marcela Losardo, a quien el kirchnerismo le adjudicaba el fracaso del avance de este proyecto y el de la reforma judicial.

El principal punto del proyecto es que el procurador o el jefe de los fiscales pueda ser elegido por mayoría absoluta en el Senado (el voto de más de la mitad de los presentes), en lugar de los dos tercios exigidos actualmente. También contempla que en Diputados alcance con una mayoría de la mitad más uno de los miembros presentes para iniciar el juicio político y buscar la destitución del procurador. Antes de las elecciones legislativas de noviembre, este proyecto hubiese permitido al Gobierno nombrar a su candidato sin un acuerdo con parte de la oposición. 

El candidato del Presidente para ocupar este cargo central es el juez federal Daniel Rafecas pero, a excepción de Elisa Carrió, tanto la oposición como el kirchnerismo se negaron a impulsar su pliego en el Senado, según reconocen opositores y oficialistas. El juez, además, se opuso públicamente a asumir si se lograba modificar las mayorías para elegirlo. La Procuración está a cargo de Eduardo Casal de manera interina. El funcionario es procurador ante la Corte Suprema y estaba en la línea de sucesión cuando Alejandra Gils Carbó presentó su renuncia, ante el embate del macrismo y un sector de los tribunales federales, en 2017.

La reforma que no será

Con este proyecto para intentar nombrar un Procurador con nuevas condiciones, el kirchnerismo puro desplazó como prioridad de la agenda legislativa al de reforma judicial del presidente Fernández, para el que el mandatario había convocado a una comisión de juristas que lo asesorara.

La reforma judicial también tiene media sanción del Senado pero nunca se trató en comisión de Diputados por lo que ni siquiera estaba en condiciones de pasar al recinto para su tratamiento como ley. 

Fernández propuso un reordenamiento de la Justicia federal en todo el país y en cuanto a los tribunales de Comodoro Py 2002, donde se investigan los casos de presunta corrupción del poder político, propuso fusionar el fuero con Penal Económico -que investiga casos de lavado, tributario y contrabando-, obligando a los jueces y fiscales federales a compartir su cuota de poder con los colegas de la sede de la calle Inmigrantes. Además, los juzgados a cargo de las causas contra el Gobierno pasarían de 12 jueces a 46 (los 12 penales, 12 penales económicos y otros 24 nuevos cargos).

ED

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, dijo este jueves que “una reforma del sistema judicial que incluya la reforma de la Corte” Suprema de Justicia es uno de los temas que en el Gobierno “se está discutiendo” y aseguró que tenemos “una Justicia lenta que no resuelve los problemas de los ciudadanos”.

Cerruti hizo estas declaraciones en su habitual rueda de prensa de los jueves en Casa de Gobierno, minutos antes de que se conociera el fallo donde la Corte Suprema declaró inconstitucional la ley del Congreso que redujo la cantidad de miembros del Consejo de la Magistratura de 20 a 13 en el año 2006.

Por unanimidad, el máximo tribunal definió quince años después que el número y procedencia de los integrantes establecidos por esa ley no respetan el “equilibrio” de los sectores en el organismo que selecciona, sanciona y remueve magistrados, y dispuso que el Parlamento acuerde una nueva composición.

Consultada sobre una eventual reforma judicial, Cerruti recordó que este miércoles el presidente Alberto Fernández había planteado la necesidad de “abrir una discusión honesta sobre el mejor diseño de la Corte Suprema de la Nación”, al encabezar el cierre anual del Consejo Económico y Social (CES).

“Son de alguna manera los diez pilares que él quiere que se sigan trabajando”, remarcó Cerruti sobre los puntos que tocó el mandatario en el evento del CES, que se realizó en el Teatro Cervantes.

“Algunos se van a transformar en proyectos de ley, algunos en propuestas a la sociedad y otros en programas de Gobierno”, adelantó la funcionaria.

Y aclaró que “una reforma del sistema judicial que incluya la reforma de la Corte” es algo que el Ejecutivo tiene “permanentemente en debate”.

“Se están discutiendo, cuando esté el proyecto final ahí los daremos a conocer”, respondió cuando le pidieron que adelantara algunas claves de esos proyectos.

La Portavoz también fue consultada sobre el fallo de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura, que se conoció minutos después de la rueda de prensa.

“El Gobierno envío la semana pasada -y esperamos que se debata- un proyecto para modificar la actual composición del Consejo de la Magistratura y nos parece que eso es lo que hay que hacer en este momento: debatir este proyecto”, apuntó entonces.

Se refirió así al proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura que propone elevar de 13 a 17 los miembros de ese organismo, con el objetivo de mejorar y agilizar los procedimientos de selección de magistrados, que ingresó la semana pasada a mesa de entradas del Senado con el impulso del oficialismo.

Cerruti recordó además que el Gobierno sostiene que la Justicia “como está no funciona” porque “es una Justicia lenta” y “no resuelve los problemas de los ciudadanos”.

Luego englobó bajo esta serie de reformas que están en análisis el traslado de la Capital Federal a otra ciudad del país.

“Un país más federal implica preguntarse al menos si no podemos mudar la Capital Federal, como pensó en su momento Raúl Alfonsín y como le parece al Presidente”, aseguró.

Con información de agencias.

IG

La nueva Ley del Ministerio Público Fiscal, principal apuesta del kirchnerismo contra el Poder Judicial, tiene una carrera contrarreloj para no quedar un año más en la nada. Si el oficialismo no consigue el quórum en la Cámara de Diputados antes del 10 de diciembre, el dictamen de las comisiones legislativas de Justicia y Asuntos Constitucionales que tanto trabajo costó al kirchnerismo caerá y el tratamiento del proyecto deberá volver a foja cero en la Cámara baja, confirmaron diputados oficialistas y opositores a elDiarioAR.

El objetivo de esta ley, impulsada por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su sector político más afín, es flexibilizar las condiciones para nombrar y desplazar al Procurador General de la Nación, jefe de los fiscales y clave en el funcionamiento de los tribunales. Sólo una victoria holgada en las elecciones legislativas podrá reacomodar las fichas a favor del oficialismo.

Conseguir la sanción de este proyecto era la “prioridad” de Martín Soria cuando asumió como ministro de Justicia, a finales de marzo. El entonces diputado se incorporó al gabinete del presidente Alberto Fernández tras el desplazamiento de Marcela Losardo, a quien el kirchnerismo le adjudicaba la falta de militancia del proyecto de ley y por ende, su escaso avance en Diputados.

El principal punto del proyecto es que el Procurador General de la Nación, el jefe de los fiscales, pueda ser elegido por mayoría absoluta en el Senado (el voto de más de la mitad de los presentes). También, que en Diputados alcance con una mayoría de la mitad más uno de los miembros presentes para iniciar el juicio político y buscar la destitución del procurador. Eso permitiría al Gobierno nombrar a su candidato sin un acuerdo con parte de la oposición. 

El juez federal Daniel Rafecas es el elegido por Fernández para asumir como Procurador pero, a excepción de Elisa Carrió, tanto la oposición como el kirchnerismo demostraron su falta de voluntad para impulsar el pliego de Rafecas en el Senado, según reconocen opositores y oficialistas. El juez, además, se opuso públicamente a asumir si se lograba modificar las mayorías para elegirlo.

A cuatro meses de su asunción, Soria movió algunos casilleros para sumar número y lograr el quórum, logró los apoyos de algunos indecisos, como el diputado mendocino José Luis Ramón, pero los números para el quórum siguen siendo insuficientes. Las definiciones sobre candidaturas para este año, los heridos en las negociaciones por las listas y la resistencia de los diputados cordobeses -cuatro aliados del gobernador Juan Schiaretti- hicieron que Soria postergara la pelea, reconocieron dos fuentes oficialistas. 

Sin quórum

El proyecto de ley tiene media sanción en el Senado desde noviembre de 2020. Durante lo que va de 2021, el oficialismo logró votar un dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones en mayo pero el tratamiento de la ley en el recinto de Diputados nunca fue posible. El kirchnerismo no consigue la cantidad necesaria de aliados que garanticen el quórum, según reconocen en el Frente de Todos. 

“Los dictámenes de comisiones parlamentarias se caen ante el recambio legislativo y eso es lo que sucederá en este caso el 10 de diciembre si el proyecto no se trata antes en el recinto”, explicó el diputado Juan Manuel López, presidente del bloque Coalición Cívica, que integra el interbloque de JuntosxelCambio. 

Entonces, el oficialismo deberá esperar a que se conformen las nuevas comisiones -que tendrán nuevos integrantes tras los resultados de las elecciones legislativas- para volver a analizar el proyecto y buscar un nuevo dictamen.

Vamos a estar muy atentos a cómo tratan de introducir este proyecto para su tratamiento.

Juan Manuel López — Diputados (Coalición Cívica).

“Seguimos trabajando sobre el número para alcanzar el quórum pero supongo que la campaña electoral va a complicar todavía más esto porque los diputados están en su provincias”, afirmó el diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), presidente de la comisión de Justicia, quien admitió que no ve posible que el proyecto sea tratado en el recinto.

“El dictamen cae el 10 de diciembre. Entre el 1° y 9 de diciembre, podrían intentar tratarlo en extraordinarias, cuando el dictamen actual todavía esté vigente. Después del 10, necesitan los dos tercios de los votos o volver a sacar dictamen y eso es muy difícil que suceda”, explicó López. 

El resultado electoral podrá cambiar la relación entre las fuerzas incluso antes del recambio de diciembre. “Están complicados pero no están tan lejos. Si ganan bien esta elección, la ley tiene más posibilidades de sancionarse antes del 10 de diciembre”, agregó el diputado López, en referencia a los acuerdos y el reacomodamiento de algunos diputados que una victoria electoral le garantizará inmediatamente al oficialismo. “Vamos a estar muy atentos a cómo tratan de introducir este proyecto para su tratamiento”, concluyó el opositor.

La otra reforma

El proyecto de ley que impulsó el kirchnerismo puro en el Congreso desplazó al de reforma judicial del presidente Fernández como prioridad legislativa en materia judicial. El anunciado proyecto del mandatario, para el que convocó a una comisión de juristas que lo asesorara, también tiene media sanción del Senado pero ni siquiera tiene dictamen de comisión en Diputados, confirmó una fuente oficialista en la cámara alta. 

Fernández propuso un reordenamiento de la Justicia federal en todo el país y en cuanto a los tribunales de Comodoro Py 2002, donde se investigan los casos de presunta corrupción del poder político, propuso fusionar el fuero con Penal Económico -que investiga casos de lavado, tributario y contrabando-, obligando a los jueces y fiscales federales a compartir su cuota de poder con los colegas de la sede de la calle Inmigrantes. Además, los juzgados a cargo de las causas contra el Gobierno pasarían de 12 jueces a 46 (los 12 penales, 12 penales económicos y otros 24 nuevos cargos). 

Las causas que importan

Los tribunales retoman este lunes la actividad, tras el final de la feria judicial de invierno, pero, en general, la agenda de los jueces y fiscales federales ya no sintoniza con la de los medios de comunicación o de la política. “Estamos muy cómodos”, fue la respuesta de uno de los magistrados más influyentes de Comodoro Py cuando elDiarioAR le preguntó cómo se sentía estar corrido de la tapa de los diarios, portales y medios audiovisuales.

El dictamen cae el 10 de diciembre. Entre el 1° y 9 de diciembre, podrían intentar tratarlo en extraordinarias, cuando el dictamen actual todavía esté vigente.

Juan Manuel López. — Diputado (Coalición Cívica).

Lejos de la vorágine que desataron jueces como Claudio Bonadio en 2014 o el fiscal Alberto Nisman en enero de 2015, la pandemia y el cambio de gobierno modificaron por completo la dinámica de los tribunales. No son las causas contra Fernández de Kirchner las que dominan el escenario sino Fernández de Kirchner con su objetivo de frenar los juicios en su contra, argumentando que llegaron hasta esa instancia debido a la supuesta arbitrariedad de jueces y fiscales que actuaron en connivencia con el gobierno de Mauricio Macri.

En 2021, logró ser sobreseída de manera anticipada en la causa Dólar Futuro y apuesta a lo mismo en la causa del Memorándum con Irán. Está siendo juzgada por el caso Vialidad por presunta corrupción en la obra pública en Santa Cruz y tiene pendiente juicios por Hotesur y Los Sauces, y el caso de los cuadernos.

En ese punto está puesta también la atención del ministro de Justicia, quien monitorea que los jueces y fiscales de Comodoro Py avancen en las causas contra el expresidente Mauricio Macri, la “mesa judicial” y los jueces que supuestamente actuaron contra Fernández de Kirchner en consonancia con el gobierno de Cambiemos, contó un allegado a la cartera de Justicia. 

Seguimos trabajando sobre el número para alcanzar el quórum pero supongo que la campaña electoral va a complicar todavía más esto.

Rodolfo Tailhade — Diputado (Frente de Todos).

Soria sigue de cerca procesos y denuncias, y busca que la propia Justicia federal presente las pruebas que podrían desarmar las acusaciones contra la vicepresidenta pendientes de juicio oral y público.

Este miércoles 4, será la segunda audiencia en el pre-juicio por el Memorándum con Irán. Luego de la exposición de la vicepresidenta, esta semana será el turno del Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, además de otros tres de los acusados que también piden la nulidad del expediente y sus sobreseimientos antes del juicio.

Tanto Fernández de Kirchner como otros imputados por el presunto encubrimiento a los acusados del atentado a la AMIA de 1994 plantearon la nulidad de la causa. El 16 de julio, la funcionaria planteó que el juicio en su contra debe ser anulado ante la posible parcialidad de Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, los jueces de la Casación que ordenaron reabrir la investigación en 2016.

El pedido de Fernández de Kirchner se basa en la reciente aparición de Borinsky y Hornos en los registros de visitas al expresidente Macri en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos poco antes de ordenar la reapertura de la causa ese año. En los despachos de ambos jueces rechazan los planteos de supuesta parcialidad. Estas visitas están siendo investigadas en Comodoro Py, tras una denuncia del diputado Tailhade.

ED

De los muchos acuerdos a los que llegamos en Argentina a lo largo de los años, hay uno particularmente fértil: aquel sobre el rol del derecho que sellamos en 1983. A diferencia de otros países y mucho antes que ellos, Argentina definió su evento de mal radical como una “violación masiva y sistemática de derechos humanos” y lo enfrentó con la justicia. Lo hizo, por un lado, en busca de la verdad como evidencia en juicios para eventualmente castigar los delitos cometidos y, por otro, a través de una reconfiguración  de su práctica jurídica. La primera reacción tiene su historia de vaivenes y es más conocida. La segunda, aunque más poderosa, está oculta bajo discusiones técnicas y desdibujada en estruendosos diálogos públicos.

Antes, la enorme mayoría de nuestros conflictos judiciales se decidían con los Códigos. Se estudiaban sus textos en las facultades, de memoria, y se aplicaban (con la ayuda de unos pocos tratados y manuales) a los casos. La práctica iniciada en el siglo XIX imponía a las profesiones del derecho, en particular del Poder Judicial, un rol meramente técnico, neutral, apolítico. Una sentencia era como un razonamiento deductivo: premisa mayor la ley (si alguien mata, va preso), premisa menor los hechos (X mató), conclusión la sentencia (X va preso). Una justicia de robots (que actúa como la boca de la ley, no como su cabeza). La independencia judicial en este paradigma consiste en alejarse de la política, y la seguridad jurídica equivale a calidad técnica. La ciencia del derecho brinda previsibilidad. Si alguien quiere cambiar algo tiene que cambiar la ley en el Congreso. La decisión política de adoptar este sistema estaba en línea con la necesidad de homogeneizar el derecho en todo el país y brindar seguridad a las personas inmigrantes. El mundo, deslumbrado con la codificación, ayudó, y la alquimia fue un éxito. Por un tiempo.

Cien años después, ese paradigma nos traicionó. Trastabillaba ya desde comienzos del siglo XX. No fueron suficiente salvaguarda los tratados de los doctrinarios, las reformas de los Códigos ni algunas intervenciones excepcionales de la jurisprudencia de los tribunales. Los derechos sociales lo interpelaron en los años 30 y 40 , la inflación lo sacudió en los 60, y la violencia lo destrozó en los 70. Los habeas corpus rechazados fueron el símbolo de esa traición. Jueces y juezas que decían defender el derecho preguntaban a dictadores si sabían dónde estaban las personas que desaparecían y, cuando el “poder ejecutivo” les mentía, aplicaban los códigos en medio de la peor violación de derechos de nuestra historia. Robots que no renunciaban a serlo.

En 1983 ingresan los derechos humanos. Como toda reconfiguración, lo que estaba en los márgenes se corre al centro: los derechos de la Constitución y, sobre todo, los procesos que los hacen efectivos son ahora el corazón de la práctica jurídica. Además de la ley, la Constitución es fuente de derecho, ya no más “carta de navegación”, ya no más derechos “programáticos” que deben esperar la graciosa intervención del Congreso y del Ejecutivo para hacerse efectivos, ya no más “doctrina de facto” o “cuestiones políticas no justiciables”. Ahora las decisiones que impactan en la vida de las personas deberán ser analizadas no solo a la luz de la ley, sino también de los mandatos constitucionales. La Corte Suprema permitió a las personas divorciadas volver a casarse, habilitó a tener estupefacientes para consumo personal, y lo hizo contra el Código, con la Constitución, a dos años de la dictadura.

El año 1983 inaugura un “momento constitucional” con todo y movilizaciones, cambios de jurisprudencia y hasta una modificación del texto mismo de la Constitución en 1994 que no hizo más, en este tema, que aceptar y profundizar esta reconfiguración. Pero luego de toda reconfiguración debe sobrevenir la articulación de la nueva práctica. Cambian los roles, cambian los instrumentos que se utilizan. Cuando cambia un ethos, una cultura, alguien tiene que mostrar la forma que adquiere esta nueva práctica. Las profesiones del derecho y las organizaciones de la sociedad civil hacen intentos por articularla: amparos individuales y colectivos, audiencias públicas, deliberación en las agencias del ejecutivo y del judicial, juicio por jurados, acceso a la información pública, lenguaje claro, audiencias en las cámaras del Congreso, notificación previa, deliberación sobre la idoneidad de las candidaturas, casos judiciales que fuerzan cambios estructurales, un mundo nuevo.

El problema es que el viejo mundo se niega a morir, y al nuevo lo amenazan quienes pretenden banalizarlo. Todavía quedan viudos y viudas de la codificación que  lloran su pérdida y aún proponen volver a un mundo que ya no está: son quienes enarbolan  la independencia técnica, la separación estricta de poderes, Consejos de la Magistratura en manos de quienes “saben”. Tan ingenuo es el planteo que resulta razonable la desconfianza: disfrazado de necesidad científica, proponen robots que repitan el software. 

En el otro extremo están quienes celebran el ejercicio desnudo del poder y descreen del derecho como límite a las personas que lo detentan; quienes, ante la deliberación política de la democracia constitucional, no ven otra cosa que el ejercicio de la fuerza. Si no hay dios, todo está permitido; si no hay más Códigos, no hay más códigos; si todo es interpretable, el derecho es un mero ejercicio de voluntad. “Justicia independiente es la que no depende del enemigo sino de mí. El derecho es un medio para lograr mis fines, mi particular sentido de la justicia o el aumento de mi patrimonio. El derecho es poder, fierita”.

El verdadero derecho muere en ambas posibilidades. Si el derecho es un texto que se aplica automáticamente, ¿para qué los procesos judiciales? Si el derecho es el ejercicio del poder desnudo, ¿para qué las normas?, ¿para qué votar? El derecho de la democracia constitucional es una práctica compleja. Cuando surge un conflicto, alguien lo denuncia y se proponen soluciones, se produce información que luego se contrasta, se generan argumentos y se los discute, se toma una decisión por mayoría y se la obedece, salvo que alguien encuentre razones para considerar una excepción, por ejemplo en base a la Constitución o porque su caso no está dentro de los contemplados. Si el conflicto escala, para no echar mano de la violencia se acude a los tribunales que toman una decisión en base a la ley, la Constitución y los acuerdos que, sobre casos parecidos, se dieron en el pasado; una decisión que, además, se controla en varias instancias, hasta que las instancias se agotan. ¿Termina todo ahí? Evidentemente no. Alguien comienza de nuevo con argumentaciones en los medios o en las redes; arma un partido, gana las elecciones, dicta una nueva ley que deroga la anterior, y todo vuelve a comenzar. ¿No le gusta? Pruebe con una dictadura.

Para evitar los robots y los fieritas se deben asumir las prácticas de la democracia constitucional: aumentar la calidad de la información, multiplicar los espacios de deliberación, publicar las decisiones. En especial hacer conocer los fallos de los tribunales y construir jurisprudencia consistente; educar a quienes operan este sistema para operar este sistema y no en una práctica muerta; controlar la calidad de la práctica jurídica mediante  la ética profesional, sin chicanas, mentiras ni mercantilización de la profesión; aumentar la legitimidad de la autoridad sobre la base de la confianza de la gente: escuchando su voz, hablándole claro, tratándola con respeto y pareciendo (no solo siendo) imparcial, independiente y justo.

El derecho es una práctica social compleja, es una forma de leer colectivamente textos a los que dimos autoridad. Está lejos de las certezas robóticas y del cinismo fierita. Mediante la verdadera práctica del derecho, luego de años de discusión, o con acuerdos claros, se generan casos simples sobre los que tenemos la certeza de que no cabe demasiada equivocación. Cada tanto hay casos que no previmos, que nos llaman a volver a deliberar. Con el tiempo estos casos serán fáciles, hasta que venga alguien y nos obligue a volver a discutir aquello que creíamos zanjado. Una reforma judicial en Argentina, siempre que sea concebida de manera integral y no sesgada, es contribuir a aquella muy necesaria reconfiguración del derecho que logramos en 1983. Algo de lo que podríamos enorgullecernos, si tan solo nos lo tomáramos en serio.

MEC: ¿Cómo te trata la Argentina?

AM: Mejor de lo que esperaba. No tengo quejas. Y nunca se aburre uno en Argentina. 

MEC: Bueno, ¿y qué te parecieron los eventos de esta semana, inclusive el día de hoy? Creo que esta semana son unos días en los cuales queda mucho más en claro o más en claro que lo común la intersección de lo político y lo judicial en Argentina. 

AM: El discurso de Alberto fue anticipatorio de lo que serían los días siguientes. Y Cristina recuperó el escenario. Es impresionante como ella volvió a hacer una cadena nacional, cuando en realidad era otra la función que estaba cumpliendo. Tiene una capacidad de comunicación y de instalación del escenario que es superior a la de cualquier otro político que esté dando vueltas por Argentina, salvo quizá Patricia Bullrich. Que con otras mañas y sin un cargo, porque no tiene cargo público en este momento, se las arregla para mandar un mensaje y controlar las audiencias. 

MEC: El caso de Cristina es algo notorio. Hoy yo tuiteé una foto -que en realidad, debo confesar, me la mandaron por WhatsApp, no la produje yo- pero de lo que eran en su momento la totalidad de los canales de televisión de la Argentina, tanto de los principales noticieros como de los principales canales de cable, todos transmitiendo en directo la declaración por Zoom de Cristina Fernández de Kirchner frente a la Justicia, cuando podrían no haberlo hecho. Como vos decís, no era una cadena nacional, no era un acto de Gobierno. Sin embargo hay una cuestión de co-necesidad, por decirlo de alguna manera, me da la sensación. Probablemente nadie está tan interesado en lo que diga Cristina Fernández de Kirchner como aquellos a quienes no les gusta Cristina Fernández de Kirchner. Es bastante notable eso.

AM: También es cierto que su presencia y su discurso tienen un efecto galvanizador sobre su tribu que es impresionante. Y aquí distinguiría dos efectos: uno es el sustantivo judicial y el otro es el comunicacional. Desde que lo dijo por primera vez Beatriz Sarlo, hay algo que no puedo dejar de pensar: A qué políticos la gente le hace zapping en televisión. Y a quiénes no les hacen zapping. Y no es que la televisión sea el medio predominante. Hoy tenemos redes y tenemos WhatsApp. Redes como usaba Trump y WhatsApp como usa Bolsonaro. Pero la televisión sigue siendo la que instala y la que permite que uno se apropie o se acerque a las personas de las que no puede estar cerca físicamente. Y Cristina es claramente la menos zappingueadora. La política argentina a la que menos zapping se le haría. No es la única. Sorprendentemente para mí la mayor parte de los políticos argentinos a los cuales la gente no les hace zapping son mujeres. Ya mencionamos a Cristina, Patricia Bullrich, agrego a Lilita Carrió, que era de quien hablaba Beatriz Sarlo en aquella oportunidad. Llama la atención la fuerza que transmiten estas personas, independientemente de la posición política, porque son las tres distintas. Y acá Cristina lo que hizo fue apropiarse de ese escenario comunicacional para transmitir un mensaje político-jurídico.

MEC: Y hay algo... En los estudios de comunicación hay un texto que yo siempre vuelvo una y otra vez a él que es de un autor que se llama Christian Metz que hablaba de la ruptura del verosímil, que en realidad era un texto de teoría del cine, en el cual él hablaba que hay algunas películas que rompen con lo esperable, rompen con lo establecido. Hacen cosas que se suponía que no se pueden hacer. O sea, tienen una persona mirando a la cámara o rompen la cuarta pared o utilizan el humor de una determinada manera. Y, sin embargo, lo que es bastante impresionante es que ese acto de transgresión de las reglas de un cierto género lo que genera es un efecto de autenticidad. Hay algo muy interesante en lo que vos decís que yo nunca había pensado. El hecho de que estas personas sean mujeres, eso ya en sí es una ruptura del verosímil, porque no es lo que uno espera, por decirlo así, cuando uno piensa en un político. En general pensamos en políticos que son varones. Y además son mujeres que hablan de una manera determinada. No hablan como habla un político de vieja escuela. O sea, utilizan modismos, utilizan un cierto tono. Hoy Cristina dijo: Minga al dólar. Dijo: Se lo pasan ya saben por dónde. Y eso tiene un efecto transgresor o de ruptura de los marcos enunciativos pero también, yo siempre pienso, genera este efecto de autenticidad. La gente no hace zapping, para mí, porque realmente da la sensación de que estás escuchando lo que esa persona realmente piensa en una actividad como la política, en que esto no es tan casual. Los políticos están muy entrenados en no decir lo que realmente están pensando. Por supuesto esta autenticidad hay gente que le encanta y hay gente que le genera detestación, que lo detesta, pero es muy difícil permanecer neutral frente a esto.

AM: Coincido. Autenticidad, disrupción y no aburren. Por eso son un producto comercial. Las televisiones las pasan independientemente de la línea editorial porque la gente las mira. Son comercialmente vendibles, no solamente políticamente confiables. O inconfiables, porque muchos las miran por la adversarialidad, no porque las quieran, sino porque las odian, en algunos casos. Pero eso también vende.

MEC: Hoy las cifras de rating, entre comillas, contando lo que midieron los programas televisivos y la cantidad de gente que estaba conectada a YouTube o a otros canales realmente fueron cifras muy, muy importantes en términos de rating. O sea, Cristina Fernández de Kirchner, entre otras cosas, es un fenómeno de rating. 

(...)

Transcripción parcial de la conversación

En pleno auge de la psicología conductual, las famosas investigaciones de Maxwell McCombs y su equipo en los setenta dan forma a la “teoría de la agenda setting”, más conocida como teoría de la agenda y ya. Lo que esta teoría dice, ese embrollo del “cuarto poder” de la prensa en democracia, es que los medios no nos dicen qué pensar pero sí sobre qué pensar. El temario. 

Muchas cosas pasaron desde los setenta hasta acá –corporaciones de medios, globalización, internet, mil sitios alternativos, subidas y bajadas de ciclos regionales–. Y entonces, ¿cuánto dura un tema hoy? Listemos los últimos. El discurso del presidente. El cacerolazo. El alegato de Cristina. La represión en Formosa. 

Me detengo en uno “menor” de la semana anterior: el lanzamiento del Consejo Económico y Social, una de las apuestas del gobierno, que ocurrió la mañana del día en que se desató el escándalo de los vacunados vip. Gustavo Béliz habló ese día en el único lugar que acepta hablar (no da entrevistas). Unos días después podría haber dicho: “va de nuevo”. La gestión parece que no vende. Por eso la mejor gestión vence al tiempo. Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie: el frenetismo. 

En un galpón de fantasmas argentinos, después del terror azul y de los Falcon verde, pueden apilarse aquellas cosas que se dijeron que venían a conspirar contra el orden democrático. ¿Se acuerdan de aquella frase de “ningún gobierno resiste tres tapas de Clarín?”. Seguramente era desproporcionada, pero ordenaba mejor que esta realidad en la que, ¿qué es una tapa? ¿Quién hace la tapa? ¿Quién se acuerda de la tapa del lunes? “Ustedes eran chicos y no se acuerdan, pero el lunes el presidente inauguró sesiones…”

Cuando Néstor Kirchner habló de “fierros mediáticos” en 2008, de golpe, eso que se discutía en coaliciones, foros, aulas, radios comunitarias sobre ley de radiodifusión, Papel Prensa, etc., se hizo presente en la palabra oficial. La discusión de la comunicación se volvió de la periferia al centro. El país tenía con qué hacerlo también: los años de crecimiento a tasas chinas permitían “debates” que no tenían el telón de fondo exacto de una crisis. Todo se tradujo en el viejo quilombo de “la guerra con Clarín”, aquel periodismo de guerra que el mordaz Fernando Rosso logró que le confesara un periodista del Grupo. Pero ese desangelamiento, aquel grito de que “el rey Magnetto está desnudo”, nombrar públicamente a Héctor Magnetto, implicó también un desangelamiento general, un efecto dominó, la moda de decretar el fin de toda neutralidad u objetividad, el imperio del “¿desde dónde hablás?”, “el fin del periodismo”, y así. Y el secreto de con qué se hacen los medios quedó rematado: se supone que todos sabemos con qué se hacen los medios, y si no lo sabemos lo podemos saber. Como entrar a la fábrica de salchichas: las seguimos comiendo y sabemos de qué están hechas. 

Así se naturalizó el dato político de que empresarios, sindicalistas, gobiernos (o testaferros) ponen plata e invierten en los “fierros mediáticos” que les dan “cobertura”, porque ése es el terreno más decisivo en que se dirime la pelea política. Empresarios que pechean licitaciones tienen ahí su radio, su diario, su “portal”, su canal de noticias. Fue el fin del empresario de medios (que además Magnetto, había dejado de ser, para ser un pulpo expansivo). Una especie en extinción los Jacobo Timerman, Julio Ramos, y podríamos nombrar más acá a Jorge Fontevecchia o Daniel Hadad. No eran “santos” exactamente ajenos a la política, sino un tipo de empresario dedicado a ese negocio hecho de reglas, astucia y conocimiento de mercado. Y después, lo que está en los bordes del negocio: los sitios, las revistas, los intentos de hacer algo distinto. 

Volvamos al punto exacto del durazno, al carozo: miramos el canal América, por ejemplo, y en el vaivén histórico de su “línea” ondulante fuimos midiendo como con un sismógrafo las oscilaciones de Vila-Manzano con cada poder político. Y así se agrupan los más actuales: los recursos de Mauricio Macri y sus amigos  que, según Daniel Vila, le armaron en La Nación + una grilla on demand al ex presidente. O del otro lado, el sindicalista Víctor Santa María, que compra un canal para ampliar el espectro de “voces oficiales” como si nada. Lo sabemos, naturalizamos datos así. Seguir la “correlación de fuerzas” del mapa de medios es, digamos, obtener información muy precisa. Ahí donde talló hace años, por ejemplo, el inenarrable Sergio Szpolski, en busca de “voces” que contrapesaran el peso desproporcionado de Clarín, y que se puso en boca de muchos estos días en que un podcast de Gustavo Olmedo ventiló las viejas cuitas de este “batallador cultural” en el vaciamiento de empresas. O los medios de Cristóbal López, un zar del juego denunciado por evasión fiscal. El discreto desencanto de la burguesía.  

Hoy, pareciera que el clavo está en algo que empezó también hace unos años: la pelea con la justicia. De Clarín a la Corpo judicial. Ese triángulo de las Bermudas que existía entre Corte Suprema, Justicia Federal, Side, la pulseada entre poderes permanentes y poder político. Ese arcón último al que más cuesta llegar, pareciera. El discurso de Cristina del jueves se organizó contra eso aunque intentando contener la crítica que suele repetirse sobre si es prioritario este “debate” en medio de la crisis que vivimos. Pero a la vez, y en palabras de Pablo Touzon, “en la Argentina del 2021, mejor que hacer es judicializar”. En un país tan divorciado entre política y resultados, no hay debate que no entre. Porque ya sabemos cómo vivir la crisis, aunque no sepamos cómo solucionarla. Se discute sobre la justicia, se judicializa, se discute sobre la justicia, se judicializa más. La semana termina con el rumor de la salida de la ministra Marcela Losardo.

Si no hay justicia hay…

Me permito retornar a una obsesión: la del cine de la transición democrática. Ese cine que no es exactamente del “destape” ni la “primavera” sino que agarra eso y se parece también al “show del horror”, como llamaba Fogwill a la reconstrucción morbosa del terrorismo de Estado (con sus detalles de chupaderos, sadismo, etc.) para –creía él– prolongar los efectos de terror en la sociedad. Ficciones basadas en hechos reales que amplificaban los efectos disciplinadores del terror. Con ese matete de época, durante esos años ochenta, se filmaron por lo menos dos películas en las que se ronda la idea de venganza. Una es “En retirada”, empaquetada en el guión de un policial, de Juan Carlos Desanzo, cuyo hilo es el padre de un desaparecido que reconoce a uno de los secuestradores y lo sigue con el deseo de matarlo. La actuación inolvidable de Rodolfo Ranni, ahora “mano de obra desocupada”, que mira por televisión las marchas de las Madres en un hotel barato, mientras riega sus plantas, y es nuestro “perfecto asesino” de Estado. Pero es, como dijimos, una película demasiado de época (con las costuras al aire), y digamos que lo es también en agarrar la mugre de abajo de la alfombra. ¿Cuál es el deseo de un padre que encuentra al verdugo de su hijo? Lo quiere matar. La otra película, menos conocida quizás, “Bajo otro sol”, fue dirigida por el cordobés Francisco D’Intino, y en su argumento cuenta la vuelta de un exiliado a su ciudad (Córdoba capital) que desea vengar al empresario que entregó en una lista a uno de sus compañeros. El protagonista camina por su vieja ciudad, se desvela, se reencuentra con antiguos compañeros (todos cambiaron menos yo, piensa, cuando los ve tan “adaptados” a los nuevos tiempos modernos), y mientras tanto, fisgonea al verdugo civil que sale a hacer gimnasia desde su mansión. Lleva un arma. 

Vladímir Propp organizó en la famosa “morfología del cuento” los temas más populares, ese decálogo extendido de los tópicos que nunca faltan ni nunca sobran. Y la venganza es la más universal de las bajas pasiones. Pero en estas dos películas de esos “primeros ochentas”, ambas venganzas quedan a mitad de camino. Al represor de “En retirada” lo matan los propios servicios, porque se habría vuelto demasiado suelto y peligroso para la adaptación necesaria a los tiempos; y en “Bajo otro sol” el militante desiste, quizás comprende al final que es más largo el camino del nuevo tiempo… la búsqueda de justicia. 

Las dos películas plantean un dilema que la propia izquierda no puso sobre la mesa, porque los ochentas fueron también su armisticio. Como decía Claudio Uriarte: muchos militantes trocaron El Capital por el Preámbulo de la Constitución. Ahí empieza la democracia: una sociedad que opta por el camino (lento) de la justicia, siempre. Las madres del dolor, los padres de víctimas del delito, las marchas del silencio. AMIA, Cromañón, Once. La idea de “justicia” es una religión laica con sus caminatas de a pie. Justicia, justicia, perseguirás. No hay democracia sin justicia. La democracia nace de cara a ese poder. 

La judicialización política se rige también por las reglas del espectáculo. Cuando en los años noventa Hernán López Echagüe escribió una biografía de Duhalde, Duhalde y familia decidieron defenderse en un solo lugar: la televisión. Fueron a la Hora Clave de Mariano Grondona. Justicia también es el derecho a réplica. Desde las famosas armas de tinta, hasta las balas de las imprentas, con los minutos de tele que reemplazaban, según Chacho Álvarez, las horas de plenario, y ahora en la guerra por los clics. La democracia, digamos rápido la canción, tiene esos dos platillos de justicia y libertad de expresión. Una que sabemos todos: tener medios es tener poder de fuego.

MR

Nunca se ha hablado tanto de la reforma judicial para hacer tan poco. Y no me refiero sólo a este gobierno, sino a los anteriores, a los gobiernos provinciales, a los municipios, cada uno en lo suyo. Ya cuesta entender qué discutimos, qué proponemos, hacia dónde vamos. Si se cree que un grupo de funcionarios de alto nivel y de empresarios de la élite han sido perseguidos ilegalmente, pues que se los indulte, y que asuma el costo quien tiene facultades para hacerlo. Si se quiere dejar atrás la investigación de todos los casos de corrupción y criminalidad económica, que se dicte una ley de amnistía y sanseacabó. Y si nada de esto se puede hacer -por fortuna-, que no se pretenda hacerlo de hecho, porque no existe ni el indulto ni la amnistía de facto, y la sociedad pareciera no estar dispuesta a consentirlo.

Sólo queda el camino de la investigación seria y el enjuiciamiento regular de esos casos. Nos guste o no nos guste. Se dirá: pero eso es dejar el problema en manos de fiscales y jueces sospechados del vicio del cambalache de favores. Es muy probable en algunos, no en todos; sí en muchos más de lo admisible. No podemos hacerles juicio político, ni acciones disciplinarias, tampoco podemos confiar en los tribunales revisores, porque pareciera que, a medida que se asciende, más favores se deben y se prometen. ¡Procuremos un acuerdo entre los distintos partidos políticos!: imposible. Nuestra dirigencia política -atrapada gran parte de ella en el juego perverso de las causas penales- ha logrado llevar la partida a tablas. Mientras tanto, nos gana la cultura del interinato y la parálisis, o se pergeñan alquimias institucionales cada vez más extrañas.

Nuestra Corte Suprema funciona muy mal, y ella misma -con su propia jurisprudencia- se ha llenado de casos: inventemos entonces un tribunal intermedio que hará posiblemente lo mismo, mientras se degradan cada vez más las justicias provinciales, eje de nuestro sistema judicial (¿alguien le prestará atención al problema de nuestros Tribunales Superiores de Provincia, los que fracasan en el control de las sentencias arbitrarias?). Hace más de cinco años que no se implementan las ya vigentes leyes del Ministerio Público Fiscal y la Defensa, cuyas normas no dependen del nuevo sistema procesal, que tampoco se implementa, o se diseña una entrada en vigencia homeopática, y sin ningún sentido técnico o político-institucional.

Al traspaso de la justicia ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires -condición necesaria para una reorganización completa de toda la justicia federal- se lo viene postergando desde hace más de 20 años, por mera presión corporativa, y mientras tanto el nivel de ineficiencia, amiguismo político, influencia del ejecutivo y de los operadores judiciales en CABA crece y se fortalece a la espera de su desembarco nacional, que alguna vez ocurrirá. Solo basta ver el funcionamiento de su elefantiásico Consejo de la Magistratura, como una muestra de lo que nuestros “republicanos” piensan de la manipulación judicial y del mercado de favores. El otro monstruo, el Consejo Federal de la Magistratura, engorda su poder de pequeñeces, mientras observa o participa en la degradación de la independencia judicial que debía defender, según la Constitución Nacional. Las asociaciones de magistrados, sindicatos de administración de privilegios, vociferan cuando los creen en riesgo, como si fueran víctimas y no cómplices de todo este sistema.

Los dirigentes políticos se han convertido en periodistas judiciales, y hoy son incapaces de acordar una mínima política de reforma judicial. No pretendo ser dramático, pero cuesta hablar de la reforma judicial en este escenario. Urge, pues, salir de la parálisis y la declamación agobiante.

Para ello, para destrabar la partida, propongo unas pocas medidas:

1. Uno de los miembros de la Corte Suprema, la Dra. Highton de Nolasco, es una jueza de facto, según la propia doctrina de la Corte. Ojalá reflexione y no termine su carrera de este modo. Caso contrario, es muy fácil provocar un cambio: mediante una acción judicial que llegue a la Corte, y no la triquiñuela legal que hizo el gobierno anterior. Con una vacante en la Corte, oposición y oficialismo podrán consensuar dos nombres, uno por cada sector político. No es un problema ese tipo de acuerdo, usual en muchos países: sí que elijan personas de valía e independencia; en un caso para hacerse cargo del cuerpo de fiscales en el nuevo sistema acusatorio; la otra para romper la actual dinámica mediocre de la Corte Suprema que la hunde irremediablemente en el desprestigio social.

 2. La Comisión Bicameral del Ministerio Público debe exigir que, en un plazo máximo de seis meses, se implemente la ley vigente sobre fiscales: se nombren Fiscales de Distrito, se modifiquen los distritos fiscales, se construya la carrera fiscal, se nombre al Consejo de Fiscales, etc. Esto sólo cambia la dinámica del Ministerio Público fiscal y podremos dejar de hablar de tal o cual fiscal, y poner el ojo en la deficiente capacidad profesional de tantos fiscales, crecidos al calor de la componenda, la operación judicial o la franca extorsión: dejaremos así que afloren los buenos fiscales, dispuestos a perfeccionarse y modernizarse, que los hay y buenos.

 3. Modificar el funcionamiento de la Corte Suprema, mediante una austera reforma al  recurso extraordinario. Recurso directo ante la Corte, y que ella misma amplíe y fortalezca algunos cambios, como las audiencias públicas, la fijación de agenda del año, el modo de resolver la admisibilidad, y el abandono de todas las potestades administrativas ilegales que se arrogó con la anuencia del Consejo. Nuestro sistema constitucional adoptó el modelo norteamericano y no entiendo cómo puede funcionar una Corte para cientos de millones de personas en una sociedad más compleja y litigiosa, mientras la nuestra queda enredada en el laberinto de los papeles y su legión de relatores. Españolizar nuestro sistema rompe un molde histórico, sin que se vea con claridad la ganancia. Solo se necesita una pequeña ley, y tenemos suficientes expertos en el Recurso Extraordinario como para diseñarla con precisión. La Corte debe volver a su jurisprudencia austera sobre la arbitrariedad, y trabajar en conjunto con los Tribunales Superiores para fortalecer el sistema de precedentes.

 4. Un grupo de organizaciones hemos pedido hace meses al Consejo Federal de la Magistratura que, en base a facultades que ya tiene, modifique el modo de tomar exámenes y realice evaluaciones generales anuales, de mayor calidad y transparencia. Ni siquiera ha contestado, y prefiere tomar exámenes por cargo que duran meses y meses, bajo un método oscuro y poco eficaz que se presta al lobby y a los favores. Ya nos olvidamos de la “gravedad institucional” que usó la Corte para saltear etapas judiciales.

 5. Los tribunales revisores (Casación y Cámaras) no cumplen con las leyes que modificaron desde hace años su funcionamiento. Los jueces no deliberan y delegan el armado de los proyectos en los relatores; su sistema de sorteo de causas es, al menos, extraño; y no se entiende cómo un juez que tenía asignada una causa, luego por decisiones administrativas se reasigna (¿y el juez natural?); las audiencias orales obligatorias no se realizan, o se realizan burocráticamente, o se “sugiere” a las partes que desistan; no hay control de mora ni de tiempos y esos mismos tribunales permiten una apertura de los recursos que luego los sobrecargan. Todo esto constituye mal desempeño puro y duro. Sólo se trata de una mínima exigencia profesional para funcionarios tan bien pagos.

Nada de esto requiere grandes leyes, ni insistir con proyectos tangenciales y criticados, que conducen a la parálisis, y nos hablan de reforma judicial cuando en realidad son retrógrados. El Ministerio de Justicia no puede ser observador, o un mero trasmisor del mal humor por el funcionamiento judicial, o quien “dialogue” con los jueces. Necesitamos un Ministerio de Justicia que destrabe la actual situación, y le ponga rumbo a la profunda renovación institucional de la justicia federal.

No sé si ocurrirá. Por ahora me contento con darle a estas líneas el carácter de una botella lanzada al mar.   

AB

Un año después, lo que diga Alberto Fernández ya no tiene el mismo impacto. Ni genera la misma expectativa ni puede provocar la misma ilusión. El Presidente ya no es el mismo: fue devorado en parte por fuerzas que lo exceden -la crisis, la pandemia, la polarización-, en parte por los errores de su gobierno y, lo más preocupante, en parte por su propio modo de intervención en la coyuntura, ese discurso repetitivo que lo para del lado de los comentaristas en un país desigual. La sociedad tampoco es la misma, perdió parte de su paciencia, y ya no es posible siquiera asegurar que la composición del voto se haya mantenido inalterable. 

Descifrar el modelo Fernández 2021 a partir del mensaje del Presidente ante la Asamblea Legislativa tiene sus riesgos debido a ese ida y vuelta albertista, producto tanto de la abundancia de promesas como de una correlación de fuerzas que no le permite avanzar como, por momentos, parece que quisiera. En sus dos horas de lectura en el Congreso, Alberto detalló la respuesta oficial ante el Covid-19, admitió algunos errores -“no somos infalibles”-, se refirió casi al pasar al caso de las vacunas de privilegio y dejó ver que su vocación de consenso tiene límites que no es posible disimular. 

La magnitud y el peso del préstamo descomunal que el Fondo le hizo a Mauricio Macri para sostener su campaña pesan más de lo que se había previsto y obligaron a Fernández a reponer el tema en el centro de la política. Lo dijo el Presidente: este año, el muerto que el peronismo debería levantar ante el organismo que preside Kristalina Georgieva es de 3.826 millones de dólares, en 2022 de U$S 18.092 millones, en 2023 de U$S 19.186 millones y en 2024, de U$S 4.921 millones. Imposible de pagar, lo que explica tanto la “querella criminal” para que dejen de “circular impunes” los responsables de la “mayor administración fraudulenta y mayor malversación de caudales públicos” como la consigna “no queremos apresurarnos” con el nuevo acuerdo. Actor central de la política argentina, el Nuevo Fondo del que alguna vez habló el profesor de Derecho Penal pide lo mismo de siempre y cumplir con sus exigencias de ajuste en plena campaña electoral sería un tiro en el pie para el peronismo de gobierno. De ahí, la frase de Fernández: “el apuro para acordar tienen los pícaros de siempre”. Lo mismo vale para las tarifas, cuya actualización será parcial en el contexto de un proceso inflacionario que acelera y salarios que corren desde muy atrás hace tres años. Alberto dijo que “la conformación de ese nuevo cuadro tarifario va a demandar meses” y pateó la Revisión Tarifaria Integral para el año que viene. En el medio, llegará al Congreso un proyecto para desdolarizar los servicios públicos. 

Junto con la ratificación de un sendero gradual para la reducción del déficit fiscal que ejecuta Martín Guzmán, Fernández volvió a invocar la quimera de la unidad, pero disparó contra la oposición partidaria, los medios de comunicación y el Poder Judicial. Así pareció asumir las consignas de su vicepresidenta que tanto rechazo la causaban cuando era opositor al cristinismo. A la hora de gobernar, mas aún en la antesala de los comicios, el exjefe de Gabinete castiga a los duros del bloque antiperonista que casi no le dieron respiro en su primer año y apunta contra los poderes concentrados y contra los odiadores seriales. No es con todos: Fernández lo aprendió a los golpes.

Retumba antes que nada el capitulo dedicado a la Justicia, un poder que ubicó en los “márgenes del sistema republicano”. El Partido Judicial del que Néstor Kirchner hablaba hace más de una década aparece una vez más como rival a vencer en una pelea desigual, donde los inquilinos de la Casa Rosada chocan con una casta que no rinde cuenta de sus privilegios -no pagar Ganancias, por ejemplo- y es dueña de un poder sin fecha de vencimiento. Desde los jueces de la Corte Suprema -¿preocupan más las causas contra CFK o los fallos contra la reforma jubilatoria?- hasta los miembros de Casación y el fiscal del espionaje Carlos Stornelli. Habrá que ver si algo de todo lo que anunció el Presidente tiene chances de prosperar en el Congreso, pero el pancristinismo pone una vez más a la Corte y los tribunales federales en la vereda de enfrente. Si Fernández lo hace para cumplir con su socia como dicen los guardianes de la República, para ganar adhesión social o porque le resulta inevitable, es importante en un solo aspecto. El Gobierno debería tener claro hasta dónde puede avanzar con sus proyectos de reforma para no caer otra vez en la esfera de la denuncia y la impotencia, algo imperdonable cuando se ejerce el gobierno. 

Retumba antes que nada el capitulo dedicado a la Justicia, un poder que ubicó en los “márgenes del sistema republicano”. El Partido Judicial del que Néstor Kirchner hablaba hace más de una década aparece una vez más como rival

Hasta ahí, Fernández y la demarcación de una contienda política donde aparece con pocos aliados fuera de los marcos del Frente de Todos. Ante una directriz que une los intereses de la oposición, los grandes medios y Comodoro Py, con el Fondo como aliado envenenado, le queda al Presidente y a Guzmán rendir el test fundamental a la hora de ir a las urnas, cómo potenciar el rebote de la economía. Obra pública, dólar atrasado, soja en niveles récord y una alquimia de la que no se conocen precisiones para que los salarios le ganen a la inflación, “principal evidencia”, según dijo, de las propias deficiencias. Frente a una pandemia que agravó el cuadro de deterioro social que dejó el macrismo, Fernández hizo dos sentencias que suenan a voluntarismo: sostuvo que se revertirá el crecimiento de la pobreza que se produjo en el último año y aseguró que la mayor parte de la población está convencida de que viene la recuperación. 

El Presidente ya sabe que cuenta con pocos actores de peso y pocos candidatos a ceder para el dibujo del consenso del que tanto habla. Aspira, todo indica, al acuerdo social con sindicatos y empresas para mitigar el impacto del prolongado proceso de ajuste que pega en los bolsillos. De ese pacto entre sectores con intereses contradictorios, depende en parte el humor de sus propios votantes a la hora de entrar al cuarto oscuro. Del discurso ante la Asamblea Legislativa, pocos se van a acordar.

DG

El Congreso Nacional comenzará este lunes 4 de enero el período de sesiones extraordinarias, que se extenderá hasta el 28 de febrero y comprenderá un amplio temario que contempla la reforma judicial, la modificación del sistema de elección del Procurador y la autorización para los acuerdos de deuda pública.

En las últimas sesiones ordinarias que fueron ampliadas hasta el 3 de enero, el Senado convirtió en ley en la madrugada del miércoles el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, en un debate histórico de ese cuerpo legislativo.

La ley girada al Poder Ejecutivo Nacional deberá ser promulgada por el Gobierno Nacional, para lo cual tendrá diez días hábiles que vencerán el 14 de enero. Como es de rigor, tras esa instancia llegará el paso de la reglamentación, también en manos del Ejecutivo.

En la misma jornada que esa norma se aprobó además el denominado Plan de los 1000 Días que establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral, que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo a concretarse una vez por año para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años.

Por otra parte, la Cámara de Diputados dio sanción definitiva al proyecto que establece una nueva fórmula de ajuste de las jubilaciones, pensiones, y asignaciones sociales, que se calculará en base al crecimiento de la recaudación y los salarios.

Desde el lunes próximo, ya en el período de sesiones extraordinarias, el Congreso Nacional debe tratar un amplio temario que comprende la reforma judicial, la reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y la autorización del Congreso para los acuerdos de deuda pública.

De todos modos, en los hechos, la actividad parlamentaria será retomada a mediados de enero tanto en el Senado como en Diputados, según informaron fuentes parlamentarias.

En la ampliación de sesiones ordinarias también fue convertido en ley el Aporte Solidario de las grandes fortunas, promulgada por el Poder Ejecutivo el 18 de diciembre pasado, que establece una alícuota progresiva del 2 al 3,5 por ciento sobre los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos.

Con información de agencias.

IG