El secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Gerardo Martínez, cuestionó con dureza el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno y sostuvo que “no sirve” porque no genera empleo, no aborda la informalidad y responde a una lógica ideológica antisindical. El dirigente advirtió que el debate público se concentró en aspectos tributarios mientras quedaron relegadas las consecuencias concretas para quienes trabajan.

Martínez planteó que, en términos generales, una reforma laboral debería permitir que los trabajadores ganen derechos en un contexto de cambios tecnológicos y productivos. Sin embargo, remarcó que eso no ocurre con el proyecto oficial. “Yo creo que tendríamos que ganar, pero no es lo que observo en mi análisis y en las realidades concretas de lo que representa esta ley”, afirmó en una entrevista con Infobae. Para el dirigente, la iniciativa no propone un esquema de transición de la informalidad a la formalidad ni políticas concretas de creación de empleo.

En ese sentido, subrayó que la informalidad laboral no es un fenómeno exclusivo de la Argentina, pero cuestionó que el proyecto no incluyera herramientas para revertirla. “Esta ley en ningún momento habla de generación de puestos de trabajo como para ir en un proceso de transición de la informalidad a la formalidad”, sostuvo. Desde su mirada, el texto respondió más a un mensaje político hacia el exterior que a una discusión sobre trabajo. “Este proyecto responde más a un mensaje del ‘rock star Milei’ en su vínculo con Estados Unidos”, afirmó.

El dirigente de la construcción enmarcó el debate en un escenario global atravesado por transformaciones profundas, como la automatización, la inteligencia artificial y la robotización. Señaló que, a nivel internacional, se discute cómo redistribuir el trabajo y redefinir el vínculo entre capital y trabajo, pero advirtió que la reforma local no se inscribió en esa discusión, sino que avanzó sobre derechos ya existentes.

Martínez también se refirió a la situación específica del sector que representa. Confirmó que la construcción perdió alrededor de 60.000 puestos de trabajo en la primera etapa del actual Gobierno, tras la paralización de la obra pública nacional. “De una manera inédita y sin explicación, se frenó la obra pública”, señaló. Explicó que parte de ese impacto se amortiguó por la reactivación de la actividad privada y por la absorción de trabajadores por parte de gobiernos provinciales, pero remarcó que el daño inicial fue significativo.

Consultado sobre la posibilidad de diálogo con un Gobierno que paralizó la obra pública, Martínez sostuvo que el diálogo es una obligación mutua. “Tenemos la obligación de hablar y ellos tienen la obligación de dialogar”, afirmó, aunque aclaró que esa herramienta pierde sentido cuando las decisiones ya están tomadas. En ese marco, relató su paso por el llamado Consejo de Mayo, del que decidió retirarse al advertir que no se discutía un proyecto concreto, sino consignas generales sin capacidad real de modificación.

“Nunca se discutió la composición de un ordenamiento, como se discute un proyecto de ley”, afirmó. Y agregó: “Cuando observé que había una determinación política y una metodología de hecho consumado, decidí retirarme, porque no iba a convalidar eso”. Según explicó, el diálogo formal coexistió con una dinámica en la que el contenido central de la reforma ya estaba cerrado.

Martínez advirtió que el proyecto avanzó sobre derechos colectivos e individuales y que varios artículos rozaron valores constitucionales. Señaló como ejes problemáticos la ultraactividad de los convenios, la prevalencia de convenios por empresa, la posibilidad de crear sindicatos de empresa y las limitaciones a la acción gremial. “Buscan romper el modelo sindical argentino”, sostuvo, y remarcó que ese modelo no niega la inversión ni la rentabilidad, sino que establece reglas de negociación colectiva.

En ese punto, fue explícito al definir el sentido del proyecto. “Hay una intencionalidad ideológica antisindical”, afirmó. Para el dirigente, la iniciativa no apuntó a modernizar relaciones laborales, sino a debilitar la representación colectiva de los trabajadores, en un contexto donde el salario perdió poder adquisitivo y el empleo formal retrocedió.

El titular de la UOCRA también abordó las críticas recurrentes contra el sindicalismo, vinculadas a la falta de representatividad y a la distancia con los trabajadores. Reconoció que existe una interpelación social real, en especial entre los sectores más jóvenes, y sostuvo que los sindicatos deben modernizarse y reconstruir el vínculo con quienes trabajan. Sin embargo, rechazó la demonización generalizada. “Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada”, afirmó, y defendió el rol del sindicalismo como herramienta de defensa colectiva frente a intereses económicos concentrados.

En relación con el fondo de cese laboral que rige en la construcción, Martínez explicó que no puede extrapolarse de manera obligatoria a todas las actividades, ya que responde a características específicas del sector. Señaló que cualquier adaptación debe surgir del acuerdo entre las partes y no de una imposición legal generalizada.

Sobre el futuro del proyecto, el dirigente consideró que la reforma probablemente se apruebe, al entender que el Gobierno cuenta con los votos necesarios. Aun así, aseguró que el sindicalismo dará pelea con argumentos en el Congreso. “Tenemos capacidad para discutir y defender los intereses que representamos”, sostuvo.

JJD

¿Una herramienta para terminar con la pobreza estructural? Sí, teníamos. En Argentina, durante más de una década logramos construir una política que funcionó: la política nacional de integración sociourbana. Entre 2016 y 2023, con un amplio consenso político que trascendió gestiones, se creó el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Posteriormente, con el impulso de los propios vecinos de cada territorio, el Congreso sancionó la Ley 27.453 para llevar obras claves y trabajo mediante cooperativas a villas y asentamientos; al mismo tiempo, se diseñó un mecanismo de financiamiento innovador para darle impulso. En 2025, se eliminó el fondo que permitía financiar estas obras. ¿Por qué nos cuesta tanto sostener lo que sí funciona?

Aún hoy, más de 5,3 millones de personas viven en 6467 barrios populares. La informalidad urbana no es nueva: forma parte de la historia del país desde hace más de un siglo. Lo que sí es nuevo, y decisivo, es la capacidad que hoy tenemos para medir y caracterizar esa realidad. El RENABAP permitió por primera vez construir un diagnóstico homogéneo y detallado sobre las condiciones de hábitat en todo el país.

Los datos que surgen son difíciles de relativizar. Más del 92% de los barrios populares no tienen acceso seguro al agua, el 97% carece de cloacas y más del 98% no cuenta con gas natural. El 66% depende de conexiones eléctricas informales, muchas veces con riesgos severos de seguridad, y siete de cada diez barrios están expuestos a algún tipo de riesgo ambiental (como inundaciones, basurales a cielo abierto o contaminación de cuerpos de agua).

La inversión necesaria para resolver la brecha de infraestructura en los barrios populares supera los 27.000 millones de dólares. Esto implica sostener una inversión anual de aproximadamente 2250 millones durante 12 años. Sin embargo, desde 2024 la política de integración sociourbana sufrió un proceso de desfinanciamiento y desarticulación. En lo que va de 2025, el gasto ejecutado en programas de integración llegó apenas a 4,2 millones de dólares, es decir, el 0,2% de lo necesario. Frente a esta realidad, la tendencia es clara: se profundiza el déficit, se deterioran las condiciones de vida y crece la desigualdad territorial.

Frente a esta situación, desde Fundar y TECHO elaboramos el informe “De los barrios populares a la ciudad formal: aportes para un plan nacional de integración sociourbana”, que propone un camino concreto para reconstruir una política que llegó a generar consensos transversales y resultados tangibles. La primera línea es clara: implementar un plan nacional de infraestructura basado en criterios técnicos de priorización. Esto implica identificar dónde están los déficits más urgentes, dónde existen riesgos ambientales severos, dónde faltan conexiones formales y qué posibilidades reales tienen los gobiernos locales y las comunidades de sostener las intervenciones.

La segunda línea es avanzar en mecanismos de seguridad en la tenencia. Hoy, miles de familias viven sin ningún respaldo documental, lo que limita su acceso a derechos y las expone frente a desalojos. El Certificado de Vivienda Familiar (CVF), creado junto con el RENABAP, demostró su utilidad como una herramienta que reconoce el domicilio y habilita trámites y servicios. Para que tenga un mayor alcance, es necesario fortalecerlo, integrarlo con catastros y registros provinciales y consolidarlo como parte de un proceso progresivo hacia mayores niveles de seguridad dominial.

La tercera línea es innovar en el financiamiento. Con un volumen de inversión tan alto, no alcanza con depender del presupuesto anual. Se necesitan instrumentos como bonos sociales, fondos de inversión de impacto, mecanismos de captación de plusvalías urbanas y financiamiento subnacional, que permitan complementar la inversión pública. Integrar barrios populares no puede ser una política que cada gobierno reinicie desde cero: necesita estabilidad, previsibilidad y herramientas financieras acordes al desafío.

Pero hay algo más. Pensar la integración sociourbana no es un ejercicio técnico: es una decisión política sobre prioridades nacionales. Los barrios populares no son una anomalía urbana ni un “problema de las grandes ciudades”. Son una realidad que se extiende en todo el territorio. Están en las periferias metropolitanas, en ciudades intermedias y en localidades chicas.

Integrar los barrios populares es integrar la Argentina. No se trata de “llevar la ciudad” adonde no llega, sino de reconocer que esos barrios ya forman parte del país y merecen las mismas condiciones que el resto del territorio. Se trata de garantizar servicios básicos, pero también derechos; de construir infraestructura, pero también continuidad; de invertir en el hábitat, pero al mismo tiempo en una idea de igualdad que no deje a millones de personas por fuera del desarrollo.

La Argentina ya cuenta con diagnósticos rigurosos, información precisa y experiencia acumulada. Lo que falta es retomar, con seriedad, escala y compromiso, una política pública que no puede depender del ciclo económico ni de la coyuntura de turno. Integrar es posible. Mejor dicho, es urgente. Y es, sobre todo, una condición para cualquier proyecto de desarrollo que busque terminar con la pobreza estructural y para cualquier país que anhele no dejar a millones de personas atrás.

*Juan Maquieyra es director ejecutivo de TECHO Argentina y María Migliore, directora de bienestar compartido en Fundar.

Abrir la canilla y que salga agua limpia parece un gesto simple, casi automático. Sin embargo, el Gobierno redujo al mínimo en 20 años los fondos para obras de agua potable y cloacas, dejando a millones de personas frente al riesgo de perder un derecho tan elemental como invisible. Hoy, la política de ajuste del primer presidente liberal libertario de la historia universal, como se jacta Javier Milei de serlo, llevó el presupuesto nacional para estas obras a su piso histórico, con recortes que golpean especialmente a la provincia más poblada del país: Buenos Aires.

En los barrios donde las napas se contaminan y las cloacas nunca llegaron, el recorte en agua y saneamiento suena como una condena más. Entre 2024 y 2025, la inversión nacional cayó a su nivel más bajo en dos décadas, justo cuando más falta hace, según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

En Argentina, más de 6 millones de personas viven sin baño. Esto incrementa el riesgo de diarreas, infecciones, parasitosis y problemas de piel, y genera además barreras sociales y comunitarias. Cada año se reportan 1 millón de casos de diarrea aguda, una de las principales causas de mortalidad infantil. El 40% podría prevenirse con el lavado de manos, según el Observatorio de la Deuda Social Argentina.

Especialistas en políticas sanitarias, infraestructura y agua coincidieron en que esta caída presupuestaria no es un problema técnico menor, sino que produce efectos acumulativos graves. En un estudio reciente del Conicet, la investigadora doctora en Ciencias Sociales Verónica Cáceres advirtió que la falta de obras de expansión y la concentración de inversiones en zonas rentables dejó a hogares de menores ingresos sin acceso al saneamiento, lo que multiplicó los riesgos de enfermedades en barrios populares.

Según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre gobernanza del agua en Argentina, “garantizar la seguridad del agua a largo plazo es esencial para adaptarse al cambio climático, y lograr un desarrollo inclusivo y sustentable”. Aclaran que eso exige planificación eficaz, financiamiento estable, coordinación multinivel entre jurisdicciones, y una institucionalidad capaz de sostener proyectos más allá de los ciclos políticos.

Organizaciones sociales también se manifestaron. En el Observatorio Ciudad señalaron que “en la Argentina, por cada dólar invertido en agua, el recupero es de 2.5 dólares, mientras que para saneamiento es de 8.2 dólares… La mirada de la rentabilidad a través del cobro de tarifas está completamente superada”.

Los riesgos concretos que advirtieron los especialistas

• Aumento de enfermedades vinculadas al agua sucia o cloacas sin tratamiento, como diarreas, leptospirosis y otras infecciones gastrointestinales.

• Impactos diferenciados en barrios vulnerables, asentamientos informales y zonas periurbanas que ya enfrentan precariedad en infraestructura.

• Pérdidas hídricas crecientes y desperdicio de recursos que agravan la crisis del agua en regiones secas o semiáridas.

• Deterioro de redes existentes por falta de mantenimiento, que luego demandará costos mucho mayores para recuperar.

• Amenaza al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, en particular el ODS 6 (agua y saneamiento para todos).

Desde la economía política del agua se remarcó que, sin financiamiento constante y regulaciones claras, los proyectos se planifican a corto plazo, con falta de previsibilidad para las provincias y los municipios. El trabajo “Economía política de la política de agua y saneamiento en la Argentina” elaborado por Carlos H. Acuña y colaboradores señaló que “la falta de ley marco de agua y saneamiento que fije políticas y criterios comunes” ha sido un obstáculo permanente para la sostenibilidad de las políticas.

En la provincia de Buenos Aires, donde viven decenas de municipios con déficit en infraestructura sanitaria, la escasez presupuestaria puede traducirse en riesgos reales: inundaciones más frecuentes, contaminación de napas, ampliación de enfermedades, degradación ambiental y mayores costos indirectos para los hogares (agua embotellada, remedios, ausentismo laboral).

El gobierno actual invocó el equilibrio fiscal como justificación principal para los recortes. Sin embargo, según los expertos, recortar en saneamiento no solo compromete derechos básicos sino que también puede generar gastos futuros mucho mayores (hospitalizaciones, limpieza de cuencas, mitigación de contaminación) que podrían sobrepasar lo que se ahorra hoy.

JJD/MG

Por quinto mes consecutivo el gobierno de Javier Milei alcanzó el superávit en las cuentas públicas. La particularidad que mostró mayo fue que los ingresos crecieron en términos reales (5,8%) comparado contra un año atrás, pero eso no evitó un feroz ajuste en el gasto público: el Estado conducido por La Libertad Avanza gastó 28,7% menos que en mayo de 2023. Prácticamente todas las partidas presupuestarias mostraron derrumbes de dos dígitos que vale la pena repasar.

El principal gasto del Estado argentino son las jubilaciones y pensiones. Este rubro se redujo 16% con respecto a un año atrás pese a los recientes aumentos por inflación y la “recomposición” que dispuso el gobierno por DNU.

En mayo, el segundo lugar en importancia en la composición del gasto lo ocupan aquellos destinados al funcionamiento del Estado, compuesto principalmente por salarios. Esta categoría se desplomó 20% en relación al mismo mes de 2023, licuando los ingresos de los trabajadores estatales, a la vez que se redujo la planta de personal, se cerraron organismos y se destruyeron capacidades estatales.

La tercera partida en relevancia es la de los subsidios económicos, principalmente energéticos pero también en transporte. Pese a que las tarifas se pisaron en mayo, la caída de los subsidios fue de 32% interanual (-30% en energía y -42% en transporte). Hacia adelante, el ajuste en este gasto tiende a profundizarse: en junio se admitieron nuevos aumentos de luz y gas, y en el reporte del staff del Fondo Monetario Internacional publicado el lunes, se señala como prioritario acelerar la quita de subsidios como modo de mejorar la “calidad” del ajuste y tornarlo más sostenible en el futuro.

Otros gastos, muy menores en comparación con estos tres grandes rubros, no escaparon de ajustes brutales: en cuanto a transferencias, las provincias recibieron 74% menos que un año atrás, y las universidades 19% menos.

Por último, las obras de infraestructura se desplomaron 78%, en línea con la decisión política de prácticamente paralizar la obra pública. Esta medida genera una crisis muy significativa en la actividad de la construcción (el Índice Construya mostró un derrumbe de 30% interanual en mayo) y la consiguiente pérdida de puestos de trabajo, que ya se calcula en más de 100.000. Este es un punto de tensión central en el vínculo del gobierno nacional con los gobernadores, que encontró una propuesta en el Senado. En el marco de la discusión de la ley bases, la oposición aprobó un artículo que obliga al Poder Ejecutivo Nacional a retomar las obras que tengan al menos un 80% de ejecución o que cuenten con financiamiento internacional. Si bien aún resta la discusión en la Cámara de Diputados y deberá eventualmente pasar el filtro del veto de Milei, por lo pronto constituye una esperanza de reactivación en el sector.

En términos acumulados, en los primeros cinco meses de 2024, del total del ajuste realizado, más de la mitad se explica por dos partidas específicas: 32% lo aportaron las jubilaciones y 23% la obra pública. Los subsidios representan 13%; le siguen los gastos de funcionamiento del Estado (principalmente salarios) con 11% y las prestaciones sociales con 9% entre las que se incluyen asignaciones, pensiones no contributivas y prestaciones del PAMI. Transferencias a provincias y universidades y otros gastos completan el total.

Por el lado de los ingresos, en mayo el gobierno contó con la “ayuda” de un crecimiento sustancial de la recaudación del Impuesto a las Ganancias de 93%. Pero este incremento es circunstancial: vencieron las presentaciones de las empresas que cerraron ejercicio en diciembre de 2023, y la mega-devaluación implicó ganancias contables (en pesos) muy significativas para aquellas compañías con activos dolarizados. El salto brusco del tipo de cambio también colaboró en la recaudación de derechos de exportación -retenciones- y de impuesto país, cuya alícuota fue incrementada de 7,5 a 17,5% en diciembre y su base imponible fue ampliada. La recaudación de estos tributos se incrementó 45% y 256% respectivamente, y junto con Ganancias permitieron compensar el desplome de todos aquellos ingresos vinculados a la actividad económica.

Según el último dato disponible, en marzo de este año la economía argentina registró una caída de 8,4% interanual y las estimaciones del FMI difundidas el lunes plantean un 2024 con caída de 3,5% que si se excluye al agro se profundiza a -6%. En ese escenario, los ingresos del Estado asociados a la actividad no encuentran piso: IVA (-18% real interanual), Aportes y contribuciones a la seguridad social (-12%), Débitos y Créditos (-24%), e Impuestos Internos (-23%). En la misma línea, por Derechos de Importación se recaudó 20% menos, en sintonía con el dato de la balanza comercial: en lo que va de 2024, las importaciones cayeron 26% respecto al mismo período de 2023.

En suma, como contracara del ajuste brutal, Milei puede mostrar en mayo un superávit fiscal de más de 2 billones de pesos, que se reduce a la mitad tras cubrir los intereses de la deuda, que volvieron a dar un salto significativo en este 2024 (se multiplicaron más de 4 veces de abril a mayo). Así, como alertamos desde CEPA, se abonaron por este concepto más de 1 billón de pesos, que representa prácticamente 5 veces lo que se destina a las universidades y 17 veces lo que se gira a las provincias.

De sostenerse este sendero fiscal, se cumplirán seguramente las metas con el FMI. La pregunta que flota en el aire es cuándo cumplirán con la promesa de campaña de que el ajuste lo pague la casta.

CB/DTC

La ciudad de Río Grande enfrenta una crisis derivada de la paralización de obras públicas, una situación que afecta negativamente no solo al desarrollo urbano, sino también a la generación de empleo y a la calidad de vida de sus habitantes. Esta problemática se extiende a diversas localidades del país y tiene su origen en la decisión del Gobierno Nacional de cortar el financiamiento a los proyectos de obra pública que estaban en marcha.

Actualmente, en Río Grande, hay diez obras gestionadas por el municipio que se encuentran interrumpidas, cada una con distintos niveles de avance. Entre las obras más destacadas que han sido detenidas se encuentran el Natatorio Olímpico, el Mercado Municipal y el entubado del canal Islas Malvinas. Esta última es una obra ambiental de gran relevancia, ya que beneficiaría a 40.000 vecinos de distintos barrios.

El intendente de Río Grande, Martín Perez, expresó su preocupación por las consecuencias de esta paralización: “No solo afecta al desarrollo urbano, sino que principalmente preocupante es la pérdida de empleo y el deterioro sobre la calidad de vida de nuestros vecinos”. 

Desde el Municipio plantean que se ha intentado recibir información ante Nación sobre la situación y buscar soluciones: “Estamos insistiendo todas las semanas ante distintos funcionarios nacionales sobre esta problemática que afecta a nuestra ciudad, y seguiremos haciéndolo”, sostiene Perez. 

Dada la magnitud de estas obras de infraestructura y los recursos necesarios, es fundamental el respaldo del Estado Nacional para su conclusión. Sin este apoyo financiero, es complejo llevar a cabo estos proyectos que son vitales para el progreso de la ciudad.

De igual modo, Perez menciona que “no nos vamos a quedar de brazos cruzados, vamos a hacer todo el esfuerzo posible para avanzar con fondos propios en la medida que nuestras posibilidades nos lo permitan en aquellas obras más prioritarias”. 

AB

Poco antes de jurar en su nuevo cargo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, firmó convenios con los gobernadores de Entre Ríos, Chaco y Jujuy para la transferencia de obras públicas nacionales a las provincias.

Los acuerdos comenzaron con los gobernadores cercanos a la Casa Rosada, en medio del debate por la ley Bases y el paquete fiscal cuya sanción el presidente Javier Milei aún no puede celebrar.

La cláusula no escrita es un apoyo a esas leyes como condición para la firma del acuerdo. “En la reunión, las autoridades coincidieron en que la aprobación de Ley Bases permitirá acelerar este proceso con la recuperación de los puntos de coparticipación que retuvo la gestión nacional anterior”, sostuvo Rogelio Frigerio en el comunicado que distribuyó después de la firma del convenio.

Por ahora es sólo un acuerdo marco. Aún falta la letra chica, y sobre todo, quién se hace cargo de los fondos para llevar adelante las obras públicas que financiaba la Nación. Ahí todavía están los asteriscos.

Por el momento, lo que se estableció es un pacto para reordenar las prioridades. Hay obras que seguirán bajo la órbita de la Casa Rosada, y son las que concentran las mayores incógnitas sobre el financiamiento y terminación. Desde Balcarce 50 insisten en que ahora serán las provincias las que se harán cargo. En las gobernaciones dicen otra cosa. “El convenio marco lo que busca es ordenar y priorizar qué obras va a hacer la Nación y va a financiar la Nación del paquete que ya venía ejecutando desde antes y cuáles no y pasan a la provincia”, explicaron cerca de uno de los gobernadores.

Hoy pasaron por el despacho de Francos, además de Frigerio, dos gobernadores de la UCR: el de Jujuy, Carlos Sadir, y de Chaco, Leandro Zdero. Todos comprometieron su apoyo a la ley Bases y el paquete fiscal que todavía tiene que tratar el Senado. De ahí el aporte que hará sobre todo el radicalismo a la votación en general, que se trataría el próximo 12 de junio.

Entre las tres provincias son alrededor de 80 obras que se reactivarían a partir de la firma de los acuerdos. Serán los gobernadores los que de ahora en más presentarán la lista con sus prioridades. Lo más factible es que se avance con las obras que quieran terminar los mandatarios. Por el momento, Francos ya bajó la orden, que vino desde Economía. “No hay plata”, insiste.

“Es importante que las provincias sean responsables de aquellas obras que se desarrollan en su territorio”, se excusó Francos, según un comunicado oficial. El Gobierno nacional presenta el plan como parte de la descentralización de la gestión que se propone el nuevo jefe de Gabinete, que considera que así habrá un mayor dinamismo. Los gobernadores, en cambio, sostienen que la Casa Rosada no se hace cargo y les traslada el problema. El financiamiento será clave.

Las transferencias a las provincias por fuera de la coparticipación son uno de los principales indicadores del superávit fiscal conseguido por Luis Caputo. Según el último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, esas partidas disminuyeron 85,4% de manera interanual en el primer cuatrimestre.

Tal como informó elDiarioAR, el plan de Francos en su nuevo rol de ministro coordinador será avanzar en las transferencias de las obras. A pesar de que la semana pasada se reunió con funcionarios de la administración de Axel Kicillof, como Gabriel Katopodis, todavía están lejos de acercar posiciones, pero al menos se abrió un canal de diálogo.

Los próximos pasos los dará hacia los gobernadores del peronismo más proclives a acompañar a la Casa Rosada, como Raúl Jalil, de Catamarca, a quien también vio en su nuevo rol.

Lo que todavía está en estudio es la financiación por parte de la Casa Rosada. Hay convenios que fueron firmados por los propios municipios, que sin fondos nacionales, podrían caer.

MV/JJD

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, reconoció en diálogo con elDiarioAR que desde el inicio del gobierno de Javier Milei la paralización de obras públicas provocó la pérdida de 100.000 empleos, según estimaciones de la entidad. “Se paralizó gran parte de las obras públicas en todo el país”, explicó Weiss. Apenas comenzó la nueva gestión, su ministro de Economía, Luis Caputo, anunció un recorte de la inversión pública del 0,7% del PBI.

Ya en el gobierno anterior se venía ralentizando la construcción por las desactualizaciones de los presupuestos ante una inflación galopante. Es así que en noviembre pasado había 422.000 trabajadores registrados en el sector, un 1,4% menos que un año antes, según el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric). Ahora rondarían los 320.000, según las proyecciones de la Camarco. Aún faltan confirmarse los datos oficiales. Pero el pronóstico es más tremendo que el anticipaba la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), que calculaba hasta hace pocas semanas unos 30.000 despidos.

De todos modos, la Uocra declaró este lunes el estado de alerta y movilización. “La Uocra declara el Estado de Alerta y Asamblea Permanente en todas las obras, públicas y privadas, del país —dice su comunicado—. La medida obedece a la pérdida de puestos de trabajo producto de la paralización de las obras públicas dispuesta por el gobierno nacional; la desaceleración de la inversión que pone en riesgo la continuidad de las obras privadas en ejecución y su consecuente impacto en la continuidad laboral de los trabajadores y trabajadoras en actividad y la ausencia de gestión e interlocutores válidos por parte del Poder Ejecutivo nacional, que se desentiende de la problemática que afecta a nuestra industria —apuntaron contra Caputo, que absorbió el desaparecido y fugaz Ministerio de Infraestructura, a cargo del despedido Guillermo Ferraro—. Esta situación se da en el marco de caída abrupta y generalizada de la actividad económica, se agrava en nuestra industria por la reticencia del sector empresario a acordar una recomposición salarial justa y suficiente que preserve el poder adquisitivo, ante una inflación sostenida que castiga particularmente a nuestros trabajadores y trabajadoras sin que tengan otras herramientas para enfrentar tan crítica coyuntura que no sea la suba de sus ingresos”, apuntaron en el gremio, después del 20% de suba que consiguió en enero.

“En los dos últimos meses se han perdido 50.000 puestos de trabajo directos y más de 100.000 indirectos en nuestro sector como consecuencia de la desfinanciación y consecuente paralización de las obras públicas en ejecución por parte del actual gobierno, situación que pone en grave riesgo la continuidad laboral de gran parte de la actividad de la construcción”, calculó la Uocra, por debajo de la estimación de la Camarco. “La obra privada no ha alcanzado aún niveles de actividad que compensen la drástica caída y nada indica que los privados sustituyan finalmente el rol y el financiamiento estatal en materia de infraestructura pública. Es inaceptable que el gobierno nacional no se responsabilice de las consecuencias económicas, laborales y sociales de sus propias medidas de gobierno; que no convoque al diálogo social y ponga en riesgo la seguridad jurídica en materia de inversión en obras públicas, afectando las impostergables demandas por desarrollo económico y social de todas las regiones de nuestro país”, concluyó el gremio que conduce Gerardo Martínez.

En los últimos días se suceden las noticias de obras paralizadas:

Son sólo algunos ejemplos que se repiten en cada provincia.

AR/JJD

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, afirmó hoy que quiere devolverle “la tranquilidad a los argentinos” y apuntó contra sus dos principales adversarios en el marco de la campaña electoral para los comicios del 22 de octubre, Javier Milei (La Libertad Avanza) y Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio). “Cuidado con los cuentitos de la tijera y la motosierra porque en realidad lo único que hacen es lastimar a nuestra gente, a nuestro pueblo”, aseguró durante la inauguración de un paso bajo nivel en la ciudad de Monte Grande, Esteban Echeverría.

“Una tijera puede servir para cotar tela o para clavársela a alguien. Una motosierra puede servir para cortar un árbol o para cortarle alguna parte del cuerpo a alguien”, sumó.

Acompañado por el intendente de dicho partido bonaerense Fernando Gray y el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis, Massa aseguró que, si llegase al sillón de Rivadavia, va a trabajar para “que la calle sea de los que trabajan y que los chorros estén en la cárcel”. En este sentido, reconoció que la seguridad es el principal desafío del Conurbano y que, ante un eventual triunfo, asignará al municipio que visitó hoy “todo lo que necesite de recursos económicos para llevar adelante un programa de inversión que le permita que sus vecinos vivan sin miedo”.

En este marco, cuestionó el ajuste que pretenden llevar adelante sus adversarios Milei y Bullrich en tanto defiende la presencia del Estado para garantizar protección e infraestructura. “Lo que se discute en definitiva el 22 de octubre es si el Estado invierte en estas cosas o si lo dejamos librado a la fuerza del mercado”.

Específicamente, se refirió al modelo de iniciativa privada que propone a viva voz el dirigente libertario. “Imaginemos este túnel con una cabina de peaje en el medio, porque para hacer una obra como esta tiene que haber 700.000 autos que pasen por lo menos una vez y que paguen $1.000 el peaje para recuperar la inversión”, indicó en relación a la obra inaugurada, que supone una mejora en materia de conexión vial.

“Esta cuenta es absurda, porque que los vecinos que Monte Grande de un lado y del otro de las vías estén conectados no tiene precio, tiene que ver con una visión de ciudad integrada que es, en definitiva, en lo que creemos”, agregó.

Esta no fue la única propuesta de Javier Milei contra la que apuntó. El arancelamiento de la educación también fue el blanco de las críticas del ministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández. “Cuando hablan de arancelar las universidades de lo que están hablando es ni más ni menos de que casa familia que manda a su hijo a la universidad tenga que pagar 3 millones al año”, explicó.

También abordó la posible quita de subsidios al transporte, que considera que afectaría a los trabajadores que deben trasladarse a sus lugares de trabajo de manera diaria.

Como ya lo había hecho en otras oportunidades, se refirió a un presunto proyecto opositor de eliminación del PAMI. “Cuando eliminen el PAMI, ¿quién le va a dar esos $21.000 por mes que cuesta la canasta gratuita de medicamentos a cada jubilado y jubilada de la Argentina? Cuando se elimine como están planteando el sistema jubilatorio para volver a las AFJP, quién va a pagar las jubilaciones?”, concluyó.

ACM con información de agencias.

Trabajadores y funcionarios del Ministerio de Obras Públicas realizaron este martes “un paro activo de 30 minutos” en sus trabajos a nivel nacional contra las propuestas opositoras que “pondrían en riesgo” su actividad. La medida fue encabezada por el ministro Gabriel Katopodis desde las 10 de la mañana.

“Arrancamos el paro activo en la obra de renovación de la Av. Gaona, en Morón, y esto está pasando ahora en provincias de todo el país para conversar con los trabajadores y trabajadoras de lo que está en riesgo si se para la Obra Pública”, difundió el funcionario en redes sociales.

En esa línea, el ministro agregó: “Nosotros estamos ejecutando un Plan de Desarrollo de Infraestructura con escuelas, universidades, rutas, acueductos y plantas de saneamiento en toda la Argentina, y la oposición dice que hay que frenarlo y eliminar la Obra Pública. Una Argentina Grande es con Obra Pública”.

El titular de la cartera de obras públicas sostuvo que la protesta persigue la intención de conversar con los trabajadores en asambleas, para que las mismas se repliquen en el seno familiar, con el objetivo de problematizar la situación de la obra pública ante un eventual administración de alguno de los frentes de la actual oposición.

“Los trabajadores paran y vamos a hacer asambleas para discutir qué significa si en la Argentina se para y se frena la obra pública en otro gobierno que no sea el nuestro. Es la manera de salir con el ministerio de una forma militante, a convencer, persuadir y explicar lo que está en juego”, reflexionó en la previa.

“Estuvimos realizando asambleas en la mayoría de las obras en toda la Argentina. Queremos concientizar a los trabajadores. Ellos sufrieron durante el gobierno de Macri el freno de la obra pública y lo que significa que haya una oposición que esté proponiendo cerrar el ministerio de Obras Públicas” afirmó Katopodis en una entrevista para C5N.

El funcionario aclaró que se trató de una medida conversada con la Cámara de la Construcción y la UOCRA ante las propuestas de Javier Milei (La Libertad Avanza) de cerrar el ministerio y de Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) de volver al sistema de las Participación Público Privado (PPP). 

El ministro sostuvo que “son los trabajadores los que tienen que llevar este mensaje y explicar qué es lo que les pasará a ellos como trabajadores y al país si se dejan de construir escuelas, hospitales, rutas”. “Las obras en la Argentina no las va construir ni el FMI ni los fondos buitres. Es el Estado quien las tiene que hacer. Siempre fue así”, subrayó.

Katopodis aseguró que “las grandes potencias del mundo están llevando adelante los planes de infraestructura más importantes de sus países” mientras que en la Argentina, “hay sectores de la oposición que quieren que se pare o que lo hagan los mercados”, a lo que advirtió que “vuelven a proponer lo que ya fracasó”.

De cara a las elecciones del próximo 22 de octubre, declaró que la Argentina se encuentra “en un punto de inflexión”, a lo que manifestó que “los trabajadores tienen que tomar partido”.

LC con información de agencias

La defensa del empresario santacruceño Lázaro Báez pidió este martes la “absolución” de los cargos de asociación ilícita y administración fraudulenta contra la administración pública y planteó la nulidad parcial del alegato de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

A estos últimos, les volvió a atribuir “mala fe procesal” al “esconder” elementos que iba a utilizar para la acusación, con el objetivo de “sorprender” a las defensas y generar “un efecto mediático”.

“No legitimen esta mancha oscura, siniestra y triste de la historia de la justicia federal argentina”, pidieron los abogados Juan Martín Villanueva y Ariel Liniado al Tribunal Oral Federal número dos, que lleva adelante el juicio por la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2013.

En el tramo final del alegato de defensa, los abogados embistieron contra la denunciada violación de la defensa en juicio contra Lázaro Báez, detenido desde hace más de seis años sin condena firme, a raíz de las escuchas ilegales que padeció en la cárcel de Ezeiza.

En ese sentido, lamentó que pese a “haber traído prueba de otros expedientes, incluso contradiciendo lo que les había prohibido el tribunal, no dijeron ni una palabra sobre esta situación”. Según la defensa de Báez, “la acusación fue derrotada totalmente durante el juicio”.

Además, los letrados plantearon una “excepción de falta de acción” porque 49 de las 52 obras públicas en Santa Cruz que están en juicio ya fueron juzgadas, sobreseídas y esas sentencias tienen hoy fuerza de “cosa juzgada”.

“La fiscalía vino a hacer a este juicio algo que tiene expresamente prohibido: derecho penal de autor”, disparó el abogado Juan Martín Villanueva, al embestir contra el alegato de Mola y Luciani, en la última jornada del alegato de la defensa.

Villanueva descartó la existencia de una asociación ilícita, por la que acusaron los fiscales, ya que –a su entender- quedó descartada la “administración fraudulenta en perjuicio del Estado”, base de la imputación.

“Hemos demostrado que no hubo fraude contra el Estado y, teniendo en cuenta que la asociación ilícita, según los fiscales, tenía ese objetivo, no puede existir asociación ilícita si no hubo administración fraudulenta, cosa que ya hemos probado”, arremetió.

Pese a descartar la existencia de una asociación ilícita, Villanueva y su colega Ariel Liniado igualmente dedicaron la jornada de hoy a refutar los argumentos de la fiscalía sobre ese particular.

En ese aspecto, hicieron hincapié en los dictámenes del fiscal Guillermo Marijuán y los fallos de la Cámara Federal de Bahía Blanca –a los que citaron- de dejaron trascender que se había “manipulado y forzado” prueba para enrostrarle esa figura.

Más aún: apuntaron a la figura del ex agente de la AFIP Jaime Mecikovsky, señalado como uno de los “armadores” de la acusación contra Báez, a quien le atribuyeron haber “mentido” al declarar como testigo en el juicio por la obra pública de Santa Cruz.

Villanueva les reprochó a los fiscales que, sabiendo que Mecikovsky está imputado en otra causa y llamado a indagatoria por presuntas maniobras irregulares contra adversarios políticos del gobierno de Cambiemos, igualmente lo hicieron declarar como “testigo, bajo juramento de decir verdad, con la posibilidad cierta de autoincriminarse”.

“Cuando Mecikovsky vino a declarar a este juicio en realidad se estaba defendiendo. La fiscalía lo sabía e igualmente lo hizo declarar como testigo. Entonces, mintió. Pero no vamos a pedir que se extraigan testimonios para investigarlo porque nosotros sí respetamos el debido proceso”, proclamó el defensor.

La defensa de Báez también cuestionó la incorporación de la información obtenida del teléfono del ex secretario de Obras Públicas José Francisco López en el marco de otra causa como parte de los elementos utilizados por los fiscales en la acusación.

Villanueva recordó que esa información estaba disponible desde agosto de 2016, que los fiscales conocían de su existencia cuando formularon el “pedido de prueba” para el juicio en 2018 y que pudiendo haberla incorporado durante el propio debate, “eligieron esconderla para sorprender a las defensas”.

La defensa les atribuyó a los fiscales “mala fe procesal”, puesto que –sostuvieron- no permitieron el control de la prueba, ni la confrontación durante el debate y “la escondieron” hasta el momento del alegato.

Pero además, Villanueva mostró que del teléfono de López se obtuvieron 27.467 mensajes de texto y Whatsapp y 6.023 llamadas, y sólo se registraron tres contactos con Báez, “en que Lázaro le pedía que le respondiera un llamado”.

“Con otros empresarios hubo cien veces más comunicaciones, pero los fiscales hicieron hincapié en tres comunicaciones, la más importante de las cuales Lázaro la decía a López: ´compañero, ¿me puede llamar?’”.

En ese punto, Villanueva descalificó la acusación del fiscal Luciani, quien hizo hincapié en que Báez llamó “compañero” a López.

“Luciani es argentino y vive aquí. Él sabe que los peronistas se llaman entre sí ‘compañeros’. Los peronistas llaman ‘compañero’ hasta al perro. ¿Cuál es el sentido que pretende darle a ese término?”, se preguntó.

Con información de NA.

IG

El fiscal Diego Luciani expuso este lunes mensajes de texto y de Whatsapp extraídos del teléfono del exsecretario de Obras Públicas José Francisco López que acreditarían reuniones y comunicaciones entre la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el empresario Lázaro Báez días después de que el gobierno kirchnerista perdiera las elecciones presidenciales de 2015 y en torno a un presunto “plan de huida” para “limpiar todo” lo relacionado a la adjudicación de obras viales en la provincia de Santa Cruz.

Los mensajes nunca habían salido a la luz. Forman parte de las comunicaciones extraídas del teléfono celular de López en “la causa de los bolsos”, en la que se lo condenó por enriquecimiento ilícito.

La principal expectativa en torno al alegato del fiscal Luciani giraba en torno a la vicepresidente y el rol e importancia que el representante del Ministerio Público Fiscal le adjudicaría en la presunta asociación ilícita por la cual es juzgada. Este delito implica penas de hasta diez años de prisión. Fernández de Kirchner fue señalada como una de las jefas de esa asociación.

Los acusados en el caso Vialidad siempre han negado las imputaciones. Fernández de Kirchner sostuvo que se trata de “una causa fraguada” y ante la consulta de elDiarioAR a su abogado Carlos Beraldi respecto a los mensaje exhibidos este lunes en el juicio, el letrado respondió que la defensa esperará que finalice el alegato de la fiscalía antes de pronunciarse.

El fiscal resaltó también el nombramiento de distintos empleados de las empresas de Báez en la Dirección de Vialidad Nacional, como el caso de Carlos Joaquín Alonso, exdirectivo y accionista de empresas de Báez designado en 2011 directamente por Fernández de Kirchner como Subadministrador General de la Dirección Nacional de Vialidad. 

Sobre los mensajes extraídos del teléfono celular de López, Luciani resaltó que del análisis de la fiscalía surgió que “se dieron solamente con Austral Construcciones” y no con otras empresas.

Cuando el gobierno de Fernández de Kirchner perdió las elecciones presidenciales de 2015, Báez comenzó “la huída” y el abandono de las obras, afirmó Luciani. “La huída fue digitada por la entonces presidenta” y consistió en “un plan limpieza”, que incluyó el despido de unos 1.500 trabajadores de Austral Construcciones y una segunda constructora de Báez, Kank y Costilla, y requirió la intermediación de la cartera de Trabajo de la provincia de Santa Cruz y de la Dirección de Vialidad Nacional.

“El 23 de noviembre de 2015, el entonces secretario de Obras Públicas de la Nación, José Francisco López, coordina una reunión de urgencia con Julio Mendoza, presidente de Austral Construcciones y quedan en reunirse el jueves de esa semana”, explicó Luciani al exponer los mensajes.

“Nos preguntamos, cuando vimos esto, por qué motivo, dos días después de perder las elecciones, el secretario de Obras Públicas le pide una reunión al presidente de Austral Construcciones”, agregó el fiscal.

“Te cambio lugar y hora”, dice uno de los mensajes de Whatsapp de López a Mendoza. “Te espero a las 16 hs. en Diagonal Norte 725, Hotel Continental. 9° piso”, dice otro mensaje de López a Mendoza el 26 de noviembre de 2015.

“Si una reunión entre el secretario de Obras Públicas y el presidente de Austral Construcciones ya es atípica y totalmente inusual, más atípico es el lugar donde se produjo el encuentro porque no fue en la secretaría de Obras Públicas, no fue en el ministerio de Planificación, no fue en alguna oficina pública donde iba a quedar registro, sino en un hotel, lo que demuestra la opacidad absoluta de esa gestión” y de “la clandestinidad de esta sombría reunión”, aseguró Luciani.

“Luego de la reunión con Julio Mendoza, José Francisco López coordina una reunión para el día siguiente con la doctora Cristina Fernández. No es casual esta reunión justo después de reunirse con Mendoza”, afirmó Luciani al exponer transcripción de los mensajes de texto entre el exfuncionario y el ex secretario privado de la entonces mandataria, Mariano Cabral.

Cabral le confirmó a López que Cristina lo recibiría en Olivos a las 11.30 de la mañana del 27 de noviembre. 

Un minuto y medio después, según los mensajes expuestos, López volvió a escribirle al presidente de Austral Construcciones por Whatsapp. “Mañana la veo 11.30 hs. Esperame”. La respuesta de Mendoza fue: “Ok. Hacerle fuerza el negro” (sic).

La reunión entre Cristina y López se concretó, según consta en los mensajes. Ese mismo día, después de la reunión en Olivos, López se comunicó con la nuera de Fernández de Kirchner, Rocío García, entonces pareja de Máximo Kirchner. “Hola, me pidió Cristina que lo vea a Maxi hoy”, le escribió López en un mensaje de texto. García le respondió que le avisaría al hijo de la entonces presidenta.

Al día siguiente a la reunión en Olivos, López, Mendoza y Nelson Periotti -titular de Vialidad Nacional durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner- coordinan viajar a Río Gallegos, según un intercambio de mensajes que quedaron registrados en el teléfono de López.

“Debía ejecutarse el plan a más tardar el lunes 30 de noviembre de 2015”, afirmó Luciani en base a esas mismas comunicaciones. El “plan” era la salida de las empresas de Báez de Santa Cruz y el despido de empleados, aseguró el fiscal.

El 28 de noviembre de 2015, López le escribió a Mendoza: “Lunes necesitaría ver nómina de personal con valores de quincena, liquidación final y Fondo Desempleo”. El presidente de Austral Construcciones le respondió: “¿Qué sos, el auditor?”. López amplía: “Lunes a primera hora. Para (que) la Sra. Nva (vea) y tome decisiones”.

“Limpiar todo”, fue la siguiente orden de López al presidente de Austral Construcciones el mismo 28 de noviembre. “Nunca más retomar las obras”; “sólo que no hay que dar sensación de fuga”, agregó el entonces funcionario. “El lunes o martes limpiamos a todos”, le respondió Mendoza. “Ahora es final. Neutralización. Despido. Pago. Después acomodamos lo que quieran”, agregó.

“Esto es exactamente lo que pasó porque primero abandonaron las rutas, no le pagaron a los empleados, los despidieron pero después se pagó, se siguió el plan, señores jueces”, aseguró el fiscal. Luciani explicó que Vialidad, ya a cargo de Javier Iguacel, durante el gobierno de Mauricio Macri, pagó certificados de obra vencidos a las empresas de López para que éstas saldaran sus deudas con los trabajadores que protestaban en Santa Cruz por los despidos.

Para Luciani, no hay dudas “de la connivencia entre Lázaro Báez y la entonces presidenta de la Nación”. El lunes 30 de noviembre de 2015, Mendoza le escribió a López: “La señora llega a la tarde (a Río Gallegos) y L (se sobreentiende, Lázaro) se junta con ella”.

 El 1° de diciembre de 2015, el propio Báez escribió desde su teléfono a López: “José, atendeme un minuto. Lázaro. Gracias.” y agrega: “Es para coordinar con lo que me dijo la señora. Gracias”.

Ese mismo día, Carlos Joaquín Alonso, exdirectivo y accionista de empresas de Báez designado en 2011 directamente por Fernández de Kirchner como Subadministrador General de la Dirección Nacional de Vialidad envió a la constructora de Báez una nota comunicando que el organismo no pagará los certificados de obra “debido al agotamiento de las partidas presupuestarias anuales” y que debían ser aprobadas por el ministerio de Economía a través de partidas extraordinarias.

Luciani sostuvo que esa nota fue remitida como parte del plan de limpieza coordinada desde el Ejecutivo. Luego expuso una serie de mensajes y cruces de llamados previos a la acreditación de esos fondos que debía aprobar Economía. 

Sin embargo, “para esa fecha no existían certificados de obra pendientes (para las empresas de Báez) e incluso se habían abonado por adelantado”. El objetivo de esa nota, dijo Luciani, fue darle “un justificativo para abandonar las obras que hasta ese momento estaba obligada a cumplir” cuando concluía el mandato presidencial de Fernández de Kirchner.

ED/MG

Alberto Fernández publicó el pasado día 16 el decreto de necesidad y urgencia (DNU) del presupuesto 2022, después de que en diciembre pasado la oposición le rechazara el proyecto de ley en el Congreso, pero esta vez el ministro de Economía, Martín Guzmán, excluyó del texto las comparaciones de gastos por área entre 2021 y 2022, que son las que permiten advertir en qué se ajusta y en qué no. Sobre todo, teniendo en cuenta que el Gobierno se ha desviado de la meta fiscal del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el segundo trimestre, por los impactos de la guerra de Ucrania (el encarecimiento de las importaciones de energía y una mayor inflación que obligó a mejorar la ayuda social con medidas como el Refuerzo de Ingresos), pero se ha comprometido a corregir las cuentas públicas en el segundo semestre para alcanzar el objetivo anual de un déficit fiscal primario (antes del pago de deuda) del 2,5% del PBI. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que dirige Marcos Makón, difundió este miércoles su análisis del DNU y halló sin embargo por dónde ajustará el Ejecutivo.

El rubro con más recorte es el de transferencias de inversión pública, que en 2021 supusieron el 1,8% del PBI y en 2022 bajarían al 1,3%, si se cumple el DNU. La poda se produce pese a que el decreto sumó, respecto del proyecto de ley original, fondos para escuelas, rutas y obras hídricas para las provincias y aportes a empresas para actividades científicas, aunque acotó en $ 3.402 millones el presupuesto de Energía Argentina SA, la empresa estatal que preside el cristinista Agustín Gerez y que tiene en sus manos el gasoducto Néstor Kirchner, de Vaca Muerta a la provincia de Buenos Aires.

Los programa sociales también se reducirían al 1,3% este año, del 1,8% del PBI en 2021, cuando aún se sostenían algunas ayudas por la pandemia. Y eso que el decreto reforzó las partidas para las becas Progresar (para estudiantes), el plan Potenciar Trabajo (para trabajadores de la economía popular), el Refuerzo de Ingresos y las políticas alimentarias.

Los subsidios energéticos, que crecieron por la importación del gas y del gasoil encarecidos por la guerra, deberían finalizar a fin de año en el mismo nivel que en 2021 por la segmentación de tarifas, que quita la subvención al 10% más rico de los hogares, se la acota al 60% de clase media y se sostiene para el 30% más pobre. Por eso, en teoría, el presupuesto de ayudas al gas y la luz se mantendría en el 2,2% del PBI, según el DNU. Sin embargo, en la oposición prevén que esta partida terminará aumentando. “El precio de la energía vuela por los aires”, señala el diputado y economista Martín Tetaz, de Juntos por el Cambio, después de un mayo en el que la importación energética se encareció 115%. “Al 90% de los usuarios se le aumenta la tarifa por debajo del 50% de inflación del año pasado, pero este año la inflación será mucho mayor. Para el 60% de los hogares, la tarifa aumenta 40 ó 45% contra una inflación que va a correr al 70%. O sea que los subsidios van a crecer no sólo por el precio internacional de la energía sino por la inflación local”, pronostica Tetaz.

El presupuesto por decreto prevé mantener también los subsidios al transporte público en el 0,5% del PBI, lo que hace prever algún aumento del boleto de tren y colectivo en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en el segundo semestre. En tanto, las subvenciones a otros servicios económicos se recortarán del 0,4% en 2021 al 0,3% en 2022. Esa poda ocurrirá pese a que el DNU reforzó las partidas para AySA y los fondos para la protección de los bosques nativos, Nacional para el Desarrollo Productivo (Fondep) y de Garantías Argentino (Fogar).

Las transferencias de gastos corrientes (no inversiones sino para personal y otros fines) a las provincias disminuirán del 0,9% al 0,8% del PBI, para disgusto de los gobernadores. “Se disminuyen los recursos destinados al fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en la suma de $ 5.142 millones”, advierte un informe que cita otro diputado y economista de Juntos por el Cambio, Rogelio Frigerio.

También se podaría la inversión financiera en maquinaria, del 0,2% el año pasado al 0,1% en 2022. Y eso que el DNU contempla una asignación extra de $ 9.357 millones para Aerolíneas Argentinas. El gasto corriente en bienes y servicios también caería del 0,8% al 0,7%.

Más fondos, pero menos gasto

En otros rubros aumentará el gasto, según el análisis de la OPC. Las erogaciones en jubilaciones y pensiones se elevarán de 7,6% al 7,8% del PBI, por efecto de la fórmula de movilidad jubilatoria que impulsó este gobierno y que se rige por la evolución de la recaudación tributaria y el devenir salarial.

Además crecerá la inversión pública hecha por el propio Estado nacional, del 0,5% al 0,6%. El DNU incorpora fondos adicionales para el plan Juana Manso, de reparto de computadoras a los estudiantes; para la Dirección Nacional de Vialidad, el Ministerio de Transporte (para renovación de vías del Belgrano Cargas, vagones para el Roca, modernización del Belgrano Sur, mejora del tren a La Plata), dos reactores nucleares y el Fondo Nacional de la Defensa (Fondef).

Otro análisis posible del presupuesto que elaboró la OPC es compararlo con el fallido proyecto de ley de presupuesto 2022, que preveía una inflación del 33%. El DNU no explicita un pronóstico del índice de precios al consumidor (IPC), pero está basado en un alza de entre el 52% y el 62%. Por tanto, para mantener los mismos niveles reales de gasto respecto de la iniciativa original, las erogaciones deberían ser 21,8% superiores. Pero el decreto las incrementa 24,5%. Aquellas partidas que crecen por debajo del 21,8%, es porque se reducen respecto de la iniciativa desaprobada por el Congreso: es lo que sucede con jubilaciones y pensiones (que suben 20,2%), pensiones no contributivas (+18,9%), gasto en personal (sólo +8,4%) y en bienes y servicios (+14,3%). En cambio, caen directamente 25,1% la obra pública del Estado nacional y 13,8% la inversión financiera en maquinaria.

Por el contrario, suben fuerte respecto del plan original las partidas para subsidios a la energía (+87,2%), al transporte (+37,2%), transferencia de capital a provincias y otras entidades (+35,8%), programas sociales (+35,5%) y otras subvenciones económicas (+31,7%). O sea, los giros de fondos para obra pública a los gobernadores y los planes de asistencia social se reforzaron respecto del proyecto de ley rechazado en diciembre pasado pero igualmente caerán respecto de 2021.

El DNU también prevé que la emisión de deuda local para financiar el déficit fiscal alcance el 1,9% el PBI, según calculan en la Fundación Capital, que conduce Martín Redrado. En 2021 había sido del 1,5%. En las filas de Redrado consideran que Guzmán no podrá colocar tantos bonos, en medio de un clima de desconfianza hacia los títulos en pesos, y deberá recurrir a más emisión monetaria.

Más allá del presupuesto, Frigerio advierte que al 15 de junio, cuando ya había transcurrido un 45% del año, todas las áreas habían subejecutado la inversión pública, según un estudio de la consultora Analytica. A esta altura del año se había gastado el 29% del presupuesto anual en obra estatal. Los ministerios de Desarrollo Social, con el 43% erogado, y de Obras Públicas, con el 40%, son los que más ejecutaron. La Secretaría de Energía los sigue con el 34%, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, con el 32%, el del Interior, con el 26%, el Fondo para la Integración Socio Urbana (urbanización de villas y asentamientos), también con el 26%, el Ministerio de Transporte, con el 24%, y, por último, el de Educación, con el 17%.

AR

Martín Guzmán sólo cuenta con un mes y medio para bajar el déficit fiscal y cumplir así con una de las tres metas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el segundo trimestre. El mismo tiempo del que el ministro de Economía dispone para reducir la inflación a menores niveles que los provocó el shock de la guerra de Ucrania en marzo (6,7%) y abril (6%).

Vía online, el staff del FMI -con el brasileño-israelí Ilan Goldfjan a la cabeza- está finalizando la revisión de las tres metas del primer trimestre (las otras dos son la reducción del financiamiento monetario del Tesoro y la acumulación de reservas). Se trata de un trabajo arduo y detallado, más allá de que se sabe que los objetivos han cumplido entre enero y marzo. Pero es ocasión para controlar cómo marchan las metas del segundo trimestre, cuya concreción siembra dudas tanto dentro del gobierno de Alberto Fernández como entre los operadores del mercado financiero. El objetivo más incierto es el referido al rojo de las cuentas públicas. En el equipo de Guzmán están satisfechos con que se hayan concretado la semana pasada y la actual las audiencias públicas para subir y segmentar las tarifas de gas, luz y agua, sin que los funcionarios que responden a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hayan puesto obstáculos. El encarecimiento de estos servicios públicos, con su impacto en la inflación y en el humor social, tampoco servirá para reducir sino, en el mejor de los casos, mantener el nivel de subsidios, engrosados por el efecto de la invasión rusa a Ucrania en la cotización internacional del gas importado.

En el Palacio de Hacienda esperan que el FMI comprenda que no es lo mismo un desequilibrio coyuntural por el conflicto bélico que uno estructural. De todos modos, admiten que el conflicto bélico puede llevar a que cambie el escenario macroeconómico del acuerdo con el Fondo, en cuanto a una mayor inflación prevista (60%, en lugar de 45%), pero no se modificarán las metas.

Si no se pueden recortar las subvenciones, ¿entonces cómo se llegará a cumplir con el objetivo fiscal? En el albertismo descartan la opción que en su momento eligió Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda del gobierno de Mauricio Macri, de meter el bisturí en cada ministerio. Consideran que se trata de una alternativa que pelearía a Guzmán con todo el Frente de Todos, ya no sólo con el cristinismo. Entonces apuntan a las partidas que más pesan. Por un lado están los subsidios a la energía y al transporte público, que esta semana fueron motivos de discusión porque los colectiveros del interior pararon 24 horas en un país que destina el 85% de las ayudas al boleto al área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Por otra parte aparecen las transferencias a las provincias y la obra pública. Varios son los gobernadores peronistas que se quejan de que los giros de la Nación les llegan con atraso, pero en el ala de la ortodoxia justicialista del Gobierno desaconsejan profundizar esta tensión con quienes deberían ser aliados de Fernández en la puja con Cristina Kirchner. Los jefes provinciales pueden bloquearle al Ejecutivo más proyectos en el Congreso, como ya hicieron la vicepresidenta y diversos lobbies empresariales con varias iniciativas económicas que enviaron Guzmán y su par de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. En el peronismo recomiendan, en cambio, el sutil método de licuar el gasto con la inflación, dado que las partidas se actualizan con rezago respecto de la suba de precios. También queda la opción de acotar la inversión pública, con el consiguiente daño en la infraestructura económica y social.

Pronto, el Gobierno debería emitir un decreto de necesidad y urgencia (DNU) con el presupuesto 2022, según se estableció en el acuerdo con el FMI y también en función de la revisión actual del staff del organismo. Allí quedaría plasmado el reparto de fondos para cada uno de los ministerios y, por tanto, cuáles serían los afectadas por eventuales ajustes. Por ahora, el Ejecutivo se maneja con el presupuesto 2021, pero a partir de la segunda mitad de año, con la inflación mediante, las diversas reparticiones alcanzarían los techos de lo que pueden erogar y se quedarían inactivas.

En el Ministerio de Economía confían en que pueden lograr la meta fiscal gracias al aumento de recaudación impositiva y sin ajustar el total de las erogaciones. Destacan que en el primer cuatrimestre los ingresos tributarios crecieron 4 puntos porcentuales por encima de la inflación. Los de contribuciones patronales y aportes laborales se elevaron 8 puntos por arriba gracias a que el empleo continúa recuperándose y el salario también se incrementa por el adelantamiento de paritarias que impulsaron Guzmán y su par de Trabajo, Claudio Moroni, en diálogo con el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, y con dos de los tres líderes de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer y Carlos Acuña. Pablo Moyano, ausente. El ministro de Economía quiere esperar a que pase el shock inflacionario de la guerra para volver a sentarse con empresarios y sindicalistas y convencerlos de que moderen las expectativas de alzas de precios y sueldos. Ya se juntó con ellos con el mismo objetivo a principios de 2021, pero poco caso le hicieron. A comienzos de 2022 ni lo intentó porque estaba enfrascado en la negociación con el FMI.

En las últimas semanas, Guzmán se reunió con empresarios, gobernadores y ahora también con movimientos sociales para buscar adhesión al programa económico que firmó con el Fondo. “No queremos atrasar el dólar, el salario ni las tarifas sino que las expectativas se coordinen alrededor del programa. Pero no sólo debemos explicarlo sino cumplir las metas. Cuando no las cumplamos, fuimos. Tendrán que ver para creer. Es así en un país con décadas de incredulidad. Tenemos pruebas trimestrales hechas por un auditor riguroso como el FMI, pero es un camino que ayuda en las expectativas: ir cumpliendo nos sumará credibilidad”, confían en el equipo económico. Allí consideran que no hay margen para salirse del camino y que Fernández, pese a sus dudas constantes, tiene la certeza de que debe cumplir con el Fondo.

En el albertismo no todos están tan seguros. Hay quienes temen por la capacidad “asombrosa” de su líder para postergar decisiones, como la de dónde ajustar. Por eso vaticinan un incumplimiento de la meta fiscal con el Fondo. Son los mismos que consideran que Guzmán es un extraordinario economista, pero debería renunciar, ahora que el cristinismo ha calmado sus reproches hacia él, quizás consciente de que estaba dañándose a sí mismo. No sólo la figura de la vicepresidenta se deteriora junto a la del Presidente sino que además hay dirigentes fieles a Cristina Kirchner que se sienten molestos con las diatribas de Máximo Kirchner o Andrés “Cuervo” Larroque contra un ministro del gobierno que ellos integran. Los albertistas que prefieren un recambio en Economía son los que piensan que se necesita una figura menos desgastada en la interna y en el mercado para revertir las expectativas inflacionarias. Les gusta Emmanuel Álvarez Agis, de la consultora PxQ, pero quizás sufriría las mismas críticas cristinistas y de la ortodoxia financiera que Guzmán. Además ya ha dejado en claro que sólo asumiría un cargo si lo dejaran ubicar a todo un equipo propio, no como el ministro actual, que debe convivir con el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, o el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, en un gobierno que acostumbra poco a echar funcionarios. Esos albertistas no objetarían a Roberto Lavagna, que tampoco está dispuesto a entrar al Gobierno, pero no les gusta Martín Redrado, la figura central de los economistas que convocó Sergio Massa a un asado la semana pasada. Aquel encuentro en el quincho de la casa de Tigre del presidente de la Cámara de Diputados le sirvió al anfitrión para mostrar a Fernández y a Cristina Kirchner que cuenta con un pelotón de expertos, entre ellos los socios de la consultora Equilibra, Diego Bossio y Martín Rapetti, el director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna, el presidente del Banco de Tierra del Fuego, Miguel Peirano, y el subdirector ejecutivo de operaciones del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Lisandro Cleri. En el albertismo desconfían no sólo del perfil ideológico del ex presidente del Banco Central sino del modo de gestionar cajas del propio Massa y ponen como ejemplo el reparto de subsidios del Ministerio de Transporte, que encabeza Alexis Guerrera. Pero más allá de los nombres, ¿quién quiere ponerse al frente de Economía en la actualidad? Quizás sólo Guzmán, que pone más energía en cumplir con el FMI que en bajar la inflación, según sus críticos. Fernández no puede cederlo porque perdería aún más autoridad, agregan.

Alimentos

Desde que comenzó el Gobierno, el 10 de diciembre de 2019, el secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil, Fernando “Chino” Navarro, del Movimiento Evita, viene advirtiendo que el precio de la comida debe ser el centro de la gestión. Lo hacía en aquel entonces en discusiones con Santiago Cafiero, que era jefe de Gabinete y hoy es canciller. Los alimentos ya venían subiendo con Macri y ahora se elevan más que la inflación. En el albertismo señalan que no deben sacarle el ojo a la carne, la leche y el trigo. El ministro de Agricultura, Jorge Domínguez, que se jacta de tener línea directa con Fernández, Cristina Kirchner, Massa y el papa Francisco, descarta que los cortes bovinos y los lácteos se encarezcan más que los precios en general, pero apunta a la “impericia” de Feletti por la demora de dos meses en instrumentar el fideicomiso del trigo. Reconoce abusos de la cadena productiva del cereal y sus subproductos para remarcar más que lo que subió la cotización internacional de este grano a partir de la guerra. Enojado con el secretario de Comercio Interior por sus constantes reclamos de subas de retenciones, el ministro de Agricultura está dispuesto a dimitir si algún día le hacen caso al contador cristinista. El peronista de Chacabuco y su equipo técnico, entre quienes destacan Matías Lestani, Obdulio San Martín y Rodolfo Acerbi, convencieron a Guzmán de que un alza de los derechos de exportación no serviría para disociar los precios locales de los internacionales ni tampoco para incrementar la recaudación tributaria. Sucede que Agricultura ya abrió el registro de exportaciones 2023 para 10 millones de toneladas de trigo de la próxima cosecha de diciembre, la operaciones fueron anotadas y pagarán, por tanto, el nivel de retenciones actual, por más que las suban de ahora en adelante. Cualquier aumento que se decida no recolectaría más gravámenes sino que los productores de trigo almacenarían el cereal, desabastecerían el mercado interno y acotarían el ingreso de divisas por exportación, según le explicaron los técnicos de Domínguez al ministro de Economía. Agregaron que nunca la ley de abastecimiento se ha podido aplicar para asegurar el suministro de granos, dadas las dificultades operativas y políticas para ir a registrar campo por campo. En cambio, confían en que la suba de tasas de interés vaya aplacando la inflación, por lo menos hasta fin de año, cuando suele rebrotar. Añaden que el encarecimiento del crédito también alienta al campo a liquidar exportaciones para cubrir sus gastos, en lugar de solventarlos con préstamos. Esa liquidación favorece a su vez el cumplimiento de dos metas del acuerdo con el FMI: la de reducción del déficit fiscal, por mayor recaudación, y la de acumulación de reservas, que viene floja porque a fuerza de inflación en mayo está comenzando a atrasarse el tipo de cambio oficial.

La pelea entre Domínguez y Feletti ha llevado a que los técnicos de Agricultura no aporten ideas a la instrumentación del fideicomiso que debería hacer bajar los precios del pan, las pastas, las pizzas, las tartas y las tapas de empanadas. Los molinos harineros se muestran reacios a participar sin esa intervención. Desde marzo pasado se subieron las retenciones a los derivados de la soja (aceite, harina y biodiesel), se acumularon impuestos por US$ 400 millones, pero aún esperan ser usados para subvencionar los subproductos del trigo, cada vez más alejados del paladar de los pobres. En los otros dos fideicomisos vigentes, que se crearon para abaratar el aceite, la harina y los fideos, había terciado el ministro de Agricultura. Al menos Guzmán sí se sentó esta semana a conversar con el secretario de Comercio Interior para avanzar en el mecanismo del trigo. El ministro le reprocha falta de ejecución, al tiempo que Feletti le recuerda que él no puede frenar la escalada de precios sino que es responsabilidad de la política económica. Débil, el Presidente tampoco pone orden en la interna que obstaculiza la acción.

En el peronismo aseguran que la pelea intestina se adelantó para llegar a marzo próximo todos unidos para enfrentar a Juntos por el Cambio. Claro que tanta riña afecta a las expectativas económicas y, por ende, a las electorales. Al menos, la actividad y el trabajo siguen expandiéndose, a pesar de la inflación y la trifulca política. Este jueves el Indec le dará buenas noticias al Gobierno: informará el crecimiento de la economía en el primer trimestre, se prevé que llegue al 7%. Son las novedades que el Frente de Todos debe reforzar para evitar que continúe creciendo el cada vez más reiterado e influyente sermón neoliberal contra el Estado, su gasto, sus empleados y sus empresas, similar prédica a la que en los finales de los 80 antecedió la receta de ajuste y privatizaciones que impulsó Carlos Menem, figura ahora reivindicada desde Macri hasta Javier Milei.

AR

El gobernador bonaerense Axel Kicillof resaltó hoy el trabajo “conjunto y coordinado entre la Nación, provincia y los municipios en la ejecución de obras” y aseguró que superada la pandemia “viene la etapa del crecimiento con más obras, trabajo producción y dignidad para el pueblo” .

Kicillof encabezó hoy el acto de inauguración de un tramo de seis kilómetros de la Autopista Presidente Perón que une a Ezeiza con La Matanza la que calificó como la obra “más importante para la provincia”.

Frente a un temporal de viento que se levantó en ese momento, el gobernador sostuvo que “ni el viento ni la lluvia nos van a hacer acobardar o cambiar de idea” y destacó que la obra de la autopista “fue esperada por más de 25 años para comunicar el tercer anillo del conurbano bonaerense”.

“Era un cúmulo de frustraciones, de obras que se paraban y tuvo que volver Alberto y Cristina para que esta obra se pueda hacer”, graficó y destacó que “no sólo genera conectividad sino trabajo y mejores condiciones de vida”.

“Todas las obras las estamos haciendo en coordinación con la nación y los municipios porque hay que trabajar unidos y articulados. A la pandemia le ganamos con la vacuna y ahora vamos por el crecimiento con obras, trabajo, producción y dignidad para el pueblo”, consignó.

En tanto, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis subrayó que “el peronismo se reconoce en las rutas porque son obras para el desarrollo que ponen en macha a la Argentina”.

“No son obras que marca el mercado sino que definen como quiere desarrollarse la argentina y esta es una de las más importantes de los últimos 30 años”, graficó.

Del acto participaron también la candidata a diputada nacional del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz; el intendente de Ezeiza, Alejandro Granados y el titular de Vialidad, Gustavo Arrieta, entre otros.

La Autopista Presidente Perón es una de las obras más importantes que lleva adelante Vialidad Nacional en la Provincia de Buenos Aires.

Se trata de la construcción de una autopista semiurbana en traza nueva, a lo largo de 83 km, que conectará los municipios de San Isidro, General San Martín, Tres de Febrero, Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, La Matanza, Ezeiza, San Vicente, Presidente Perón, Florencio Varela y Berazategui, y beneficiará a más de 12 millones de habitantes.

En su conjunto, el nuevo corredor optimizará la conexión entre el norte y sur de la provincia, y brindará impulso al desarrollo industrial, comercial y habitacional de toda el Área Metropolitana.

DA

El Gobierno aprobó un programa con el objetivo de promover y financiar la obra pública en los municipios y comunas de todo el país. La intención es fomentar la innovación y paliar las desigualdades presupuestarias en las distintas jurisdicciones.

Para llevarlo adelante se utilizará financiamiento nacional e internacional que será ejecutado por los destinatarios del programa: los distintos municipios y comunas. La gestión para acceder a este plan se realiza de manera virtual.

Las autoridades jurisdiccionales deberán entrar al Sistema de Gestión de Obras Públicas y presentar una nota firmada manifestando su adhesión al programa. Cuando definan los proyectos, deberán subirlos a la plataforma estipulada para hacerlo. Es necesario crear un usuario y contraseña y, una vez iniciada la sesión, cargar toda la documentación requerida.

A grandes rasgos, esto es: documentación de la Entidad solicitante, documentación administrativa, técnica y económica del proyecto, nota de solicitud, e información específica sobre la obra. Los puntos específicos se pueden consultar en las bases y condiciones de la Resolución oficial.

Criterios de selección

Si bien todos los municipios y comunas pueden participar, se dará prioridad a aquellos que cumplan con ciertos requisitos. Dado a que la intención del programa es dar respuesta al déficit de infraestructura, se priorizarán los proyectos que busquen resolver la prestación de servicios a la población local y el desarrollo de actividades turísticas y otras actividades económicas. Además, tendrán preponderancia los municipios que hayan recibido una menor inversión por parte del Estado Nacional en los últimos cinco años.

La evaluación de los proyectos puede tardar hasta diez días y, en caso de que se realicen observaciones, los solicitantes tienen 5 días para revisarlas y enviarlo nuevamente. Los puntos que se tendrán en cuenta en la evaluación son los siguientes:

-Fundamentación como respuesta a una oportunidad de desarrollo o problemática detectada en el territorio local

-Definición Técnica del Proyecto

-Cantidad de nuevos trabajadores ocupados en la ejecución de la obra

-Cantidad de población local beneficiada por su ejecución

-Impacto sobre la organización social y económica de la región donde se ejecutará el Proyecto. -Impacto físico sobre el territorio y las proyecciones de nuevas obras y/o proyectos de índole social y/o de obras públicas.

Además, el lote donde se desarrollará el proyecto debe ser de dominio fiscal o contar con la cesión, permiso de uso, trámite de compra o apropiación en curso. Tendrán prioridad los lotes con distancias máximas de 300 metros a centros urbanos y con calle asfaltada.

Para recibir el financiamiento una vez seleccionado el proyecto, los municipios deberán abrir una cuenta bancaria destinada para ello y solicitar los desembolsos en la página institucional del Ministerio de Obras Públicas.

Con el fin de promover la transparencia, se exige que comiencen el proyecto en un plazo no mayor a 30 días desde que se efectúa la primera transferencia.

MGF

Martes de súper acción para el presidente Alberto Fernández, quien inaugurará obras, encabezará el acto de presentación de Activar Cultura y tomará juramento a Jorge Taiana y Juan Zabaleta como ministros de Defensa y Desarrollo Social, respectivamente.

Este mega anuncio se da contrarreloj, con el tiempo acotado para el Presidente, porque se acerca la veda de campaña (el miércoles 18 de agosto) y por el aislamiento que tuvo de manera preventiva por su viaje a Perú, que le sacó días para los actos.

A las 11.30, desde la localidad bonaerense de Quilmes, Fernández inaugurará 100 obras públicas (que se llevaron a cabo en todo el país con una inversión total de 22.008 millones de pesos), con conexión mediante videoconferencia con las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero y Río Negro. En el acto se presentarán 5 obras destacadas, del total de 100 que se inauguran en 99 municipios de 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los trabajos forman parte de un total de 1.819 proyectos vigentes que se desarrollan en todo el territorio nacional y abarcan obras de agua y saneamiento, de equipamiento urbano, hídricas, de mejoramiento vial urbano, viales y de infraestructura social.

Además, el mandatario dejará inaugurada la rehabilitación vial de la avenida Santa Fe, entre Donato Álvarez y Camino General Belgrano, que contó con una inversión de 551,6 millones de pesos.

Entre las obras que quedarán habilitadas se encuentran el azud de derivación sobre el Río Salado, junto al canal de enlace y empalme al canal de Dios (Cruz Bajada), en Santiago del Estero, con una inversión de 2.682 millones de pesos; el reacondicionamiento del sistema canal San Antonio - Arroyo de Las Tortugas (tramo San Francisco - Carcarañá) en Córdoba con un presupuesto de 1.507 millones de pesos.

Y se presentarán la autopista RN 22 Chichinales – Cipolletti (tramo acceso a Fernández Oro - acceso Parque Industrial Cipolletti y tramo acceso a Godoy-acceso Cervantes), en Río Negro, en la que se invirtieron 8.070 millones de pesos, y 61 kilómetros de Ruta Provincial N11, entre General Lavalle y Mar de Ajó, en la provincia de Buenos Aires, con 2.546 millones de pesos de inversión.

A las 16, en el Centro Cultural Kirchner, el Presidente encabezará el acto de presentación de Activar Cultura, un programa que incluye líneas de financiamiento para la producción y el trabajo del sector de la cultura,

Y a las 18, en Casa Rosada, el jefe de Estado les tomará juramento como ministros a Taiana y a Zabaleta.

l presidente Alberto Fernández inaugurará mañana a las 11.30, desde el partido bonaerense de Quilmes, un centenar de obras públicas que se llevaron a cabo en todo el país con una inversión total de 22.008 millones de pesos.

DA

Roggio, Green, Supercemento, Fontana Nicastro, Iecsa (la empresa que el primo de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, vendió a Marcelo Mindlin y se rebautizó Sacde), Rottio, Sudamericana, Criba y Conorvial son las diez constructoras que participaron de los contratos más millonarios de obras públicas que se iniciaron bajo el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Así como hace dos meses elDiarioAR elaboró un ranking de las principales contratistas del rubro en el primer año de la administración de Alberto Fernández, ahora hizo lo propio con los más de 1.000 proyectos que arrancó el jefe de gobierno porteño en sus cinco años y medio de gestión, la mayoría concentrados en 2016 (288) y 2017 (504), porque después sobrevino el estallido de la crisis económica de la presidencia de su correligionario Mauricio Macri (el número cayó a 137 en 2018 y 95 en 2019) y el 2020 de la pandemia y del recorte de la copartipación federal de impuestos a la capital (sólo arrancó una obra, según un portal oficial de la ciudad). 

A la cabeza en la clasificación de constructoras preferidas por Rodríguez Larreta figuran varias de las más tradicionales del sector, muchas de las cuales también fueron de las más escogidas por el gobierno nacional de Macri, pero además aparecieron en la causa de los cuadernos de las presuntas coimas del kirchnerismo. Benito Roggio e Hijos pertenece al cordobés Aldo Roggio, que renunció a su presidencia después del escándalo de las anotaciones del chofer Oscar Centeno y del caso recientemente elevado a juicio por supuestos sobornos junto a la brasileña Odebrecht para quedarse con una obra de AySA en la era K. Sin embargo, Roggio fue un empresario de confianza de Macri, en cuya administración consiguió numerosos contratos, y a fines de 2020 logró que el intendente porteño le renovara a su compañía Metrovías la concesión del subte en una licitación en la que quedó como único oferente. Su grupo además es uno de los concesionarios de la recolección de residuos de la capital con la firma Cliba.

Desde el 10 de diciembre de 2015 en adelante, la constructora cordobesa logró contratos por US$ 336 millones (se considera el tipo de cambio oficial del 31 de diciembre de cada año en que comenzaron las obras), tanto a título individual como en unión transitoria de empresas (UTE). Entre sus proyectos más importantes figuran el entubamiento del arroyo Vega en UTE con Cartellone y Supercemento y el viaducto del ferrocarril Mitre en alianza con Chediack. 

El segundo puesto del ranking es para la mendocina Green, que preside Carlos Eduardo Arroyo, otro acusado en la causa cuadernos. En 2019 entró en concurso preventivo. Fue el mismo año en que dejó sin terminar dos estaciones del viaducto que efectivamente construyó en el ferrocarril San Martín, una de sus dos principales obras en la ciudad en UTE con Rottio. La otra fue uno de los tres tramos del Paseo del Bajo en alianza con su coterránea Ceosa. En total, Green logró contratos por US$ 284 millones. 

Supercemento, otra de las empresas socias de Odebrecht en el judicializado contrato de AySA, hizo obras por US$ 261 millones para el gobierno de Rodríguez Larreta. Eso incluye la del arroyo Vega y la interrumpida nueva traza de la autopista Illia en UTE con Rovella Carranza y Panedile. Supercemento pertenece a la viuda y al sobrino de su fundador, el inmigrante italiano Julián Astolfoni: Carola von Waldenfels y Lucca Astolfoni, que vive en Italia. Algunos de sus ejecutivos quedaron involucrados en la causa cuadernos. En 1973, Julián Astolfoni había sumado como socio de Supercemento a Antonio “Tonino” Macri, tío de Mauricio y padre de Jorge, el intendente de Vicente López. Pero Tonino vendió sus acciones en 1986. En la década siguiente, Astolfoni cofundó Nordelta junto a Eduardo Costantini. En el gobierno nacional de Macri se ubicó también entre las principales contratistas.

Fontana Nicastro, que preside Pablo Gutiérrez y cuya vicepresidenta es María de los Ángeles Andrenacci, de la familia propietaria, está cuarto en el ranking porteño con obras por US$ 198 millones. Gran parte de esos fondos corresponden a los 167 millones que costó un tramo del Paseo del Bajo que construyó con Iecsa y cuya licitación aún está siendo objeto de una investigación judicial. Dos fiscales pidieron en junio pasado que se reabriese esa causa contra Rodríguez Larreta. Con este jefe de gobierno, Fontana Nicastro también ganó en UTE con Triviño parte de la actual construcción de la cárcel de Marcos Paz, a la que se trasladará la de Devoto. Tanto María de los Ángeles Andrenacci como su padre, Alberto, aportaron para la campaña de Macri 2015. Con el ex presidente como jefe de gobierno porteño, su constructora se había quedado con parte del jugoso negocio de reparar veredas. No obstante, también hacía negocios con el kirchnerismo: fue acusada por el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner de participar de un presunto cartel de la obra pública para financiar gastos políticos de los K. 

El quinto lugar es para otra mendocina, Cartellone, también en concurso preventivo y con sus socios, los hermanos José y Gerardo Cartellone, enfrentados en la Justicia. La empresa figura tanto en la causa cuadernos como en la de Odebrecht. Bajo el gobierno de Rodríguez Larreta y en UTE con Roggio y Supercemento entubó el Vega entre 2016 y 2020 por US$ 177 millones. También se destacó como constructora durante el periodo de Macri en la Casa Rosada.

Pese a que desapareció en 2017, Iecsa aún figura como la sexta contratista de la gestión de Rodríguez Larreta. Aquel año el primo de Macri se la vendió a Mindlin, que le cambió de nombre. Y uno de los principales activos de esa venta fue el polémico contrato que en 2016 había ganado para construir parte del Paseo del Bajo en alianza con Fontana Nicastro. Calcaterra es uno de los empresarios que se acogieron a la ley del arrepentido para reconocer supuestas coimas a funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

El séptimo puesto es para Rottio, que también entró en convocatoria de acreedores en 2019 tras dejar sin terminar las dos estaciones del San Martín. Ese fue su único contrato con la ciudad y alcanzó los US$ 163 millones en UTE con Green. Rottio fue fundada en 2008, a pocos meses de iniciado el gobierno de Macri en la ciudad, por dos creadores de cientos de sociedades, Claudia Berdichevsky, monotributista, y Raúl Silvano Báez, que se dio de baja en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Ahora la preside Matías Álvarez Muguerza y uno de sus dueños es Gonzalo Patoqui, ex ejecutivo del grupo Cirigliano acusado de pagar viajes al ex secretario de Transporte kirchnerista Ricardo Jaime, todavía preso. 

El octavo lugar es para la Constructora Sudamericana, de Rudi Boggiano, chileno residente en la ciudad. Consiguió siete obras por un total de US$ 161 millones. Las dos principales corresponden al complejo penitenciario de Marcos Paz. Boggiano fue convocado por Rodríguez Larreta en 2016 para integrar el llamado Foro de Desarrollo Urbano que iba a pensar el futuro de la ciudad junto a otros empresarios como Costantini, Eduardo Elsztain, Milagros Brito, Toribio Achával y Federico Weil.

El puesto nueve es para Criba, la constructora de la familia Tarasido que también se ha destacado en obras privadas como Le Parc, la torre de YPF o la Alvear Tower. Con Rodríguez Larreta construyó ocho proyectos por US$ 151 millones. Los mayores fueron dos pabellones del Parque Olímpico para los Juegos de la Juventud 2018 y viviendas para la urbanización de la villa Rodrigo Bueno. Dos miembros de la familia, Alberto y Eduardo Tarasido, aportaron a la primera campaña presidencial de Macri y la constructora como tal fue una de las principales donantes de la Fundación Formar (después rebautizada Compromiso por lo Público y que presidía el ex ministro de Transporte macrista Guillermo Dietrich) entre 2013 y 2015. 

El top ten se completa con la santiagueña Conorvial, de la familia López Casanegra, con 11 obras por US$ 108 millones. Sus principales proyectos fueron las urbanizaciones de las villas Papa Francisco y Fraga. También renovó veredas. Conorvial aparece en la causa de los cuadernos K, pero el vicepresidente de la firma, Ricardo López Casanegra, contribuyó a la campaña Macri 2015.

Del puesto 11ª al 30ª figuran compañías con diversa trayectoria, algunas grandes que aparecen en los cuadernos, unas de fuerte presencia porteña con aportes a la Fundación Formar y otras desconocidas para el gran público pero especialistas en el recambio de veredas: Chediack (de Juan Chediack), Ceosa (de Fernando Porretta), Rovella Carranza (de Mario Rovella), Panedile (de los Dragonetti), Corsán Corviam (de la quebrada española Isolux Corsán), SES (cuyo 50% pertenece a la constructora Caputo, que Nicolás Caputo, amigo de Macri, vendió a TGLT, de Weil), Cunumi (de Raúl Orsini), Niro (de Lucio Niro), Bricons (de Mario Raspagliesi), Dyscon (de Mariano Schor), BRT (la sigla de Benito Roggio Transporte, filial del grupo cordobés), Pecam (de Ricardo Griot), Pose (de Gustavo Etchanchu y David Serna), Dycasa (del grupo español ACS, que encabeza el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez), Miavasa (de Carlos Alberto Mastronardi), Vidogar (de Francisco Gallicchio), C&E (de Gustavo Castillo), Construcciones, Infraestructura y Servicios SA (de Fernando Pernet), Altote (de Eduardo Otero Machado y el uruguayo Oscar Altamirano) y Construmex (de la cementera brasileña InterCement, dueña de Loma Negra e integrante del grupo Camargo Corrêa). 

AR

Entre las múltiples asociaciones posibles, el mundo de la obra pública remite a un puñado de empresas contratistas del Estado, a grandes obras de infraestructura y, muy probablemente, a causas de corrupción. Pensar su relación con las brechas de género y edad demanda un ejercicio más forzado, aunque a la luz de los datos resulte un enfoque evidente y necesario.  

Incorporar esta mirada al Ministerio de Obras Públicas es una de las tareas de Roxana Mazzola, directora de Transparencia y una rara avis dentro de la cartera que conduce Gabriel Katopodis. La trayectoria de Mazzola, que es politóloga y doctoranda en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y magister en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés, se relaciona al estudio de las políticas sociales e incluso ha escrito un libro sobre la implementación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en el país. 

La funcionaria asegura que si bien en los últimos años la Argentina “avanzó mucho en considerar la niñez y la perspectiva de género dentro de las políticas de seguridad social”, no hizo lo mismo en lo que respecta a acceso a la infraestructura, donde también se manifiestan las brechas. Los datos muestran, por ejemplo, que la proporción de hogares sin agua corriente es mayor en aquellos donde viven menores de edad y que, entre quienes están en esa situación, las mujeres son las principales encargadas de acarrear los baldes de agua hasta sus casas.

“Se requiere una mirada que no sea retórica, sino de recursos que se tienen que poner en función de esto”, dice Mazzola, y asegura que este año el ministerio le asignará un mínimo de 8,5% de su inversión a centros de desarrollo infantil, centros de atención mujeres que son víctimas de violencia y estructuras vinculadas a la salud.

La corrupción en la obra pública es tal vez el estigma más grande de la gestión kirchnerista. Su llegada a este área de Transparencia, desde un lugar atípico, ¿tiene que ver con revertir esto? 

Históricamente la obra pública estuvo revestida de un halo de desconfianza de la ciudadanía. Una marca muy fuerte que quiso poner el ministro Katopodis y el Presidente fue que en obra pública haya una ejecución más fuerte después de la desinversión de los últimos años por parte de la gestión de Cambiemos —se bajó de 2,5 puntos del PBI en inversión en infraestructura a 1%; nosotros volvimos a elevarlo a 2%— y esté acompañada de una política de acceso a la información pública y de transparencia. Por eso se constituyó un área institucional a cargo del tema, para que no quede librado al funcionario de turno. Necesitamos generar confianza en la ciudadanía y el modo de hacerlo no es decir “soy transparente” sino mostrarlo con hechos. Entre otras cosas, se hizo el mapa de inversiones, que es una página web a la que puede ingresar cualquier ciudadano y ver toda la obras y todos los proyectos en ejecución, con su nivel de avance y presupuesto. Queremos que sea un ministerio vidriado y no una caja negra.  

¿Cree que el de los contratistas de obra pública es un mercado competitivo o está excesivamente concentrado?

El problema de la cartelización excede a la obra pública, es un problema que tiene la economía argentina en general, que tiene una fuerte concentración oligopólica en muchísimos rubros y sectores. La obra pública es parte de ese marco. Se está trabajando con políticas de transparencia para ver cómo se avanza con procesos de apertura para los oferentes. Hay que mirar tanto las empresas como trabajar en un plan de transformación al interior del ministerio para que todo el proceso de gestión esté en sistema y no sea información que tienen solo algunos funcionarios.

Queremos que sea un ministerio vidriado y no una caja negra

Uno se alarma cuando ve que la pobreza por ingresos es de 42% (y en los niños y niñas se eleva a 57%), pero si se piensa en una medición multidimensional este número es todavía más alto y aparece la centralidad de la infraestructura. Hay familias que pueden comprar la canasta básica pero no tienen cloacas, agua corriente o viven hacinados.  

Sí, y la pandemia del Covid expuso esto de manera cruda. Ya veníamos de unos últimos años de fuerte rezago a nivel económico y la pandemia amplificó las desigualdades. Y cuando hablamos de desigualdades no son sólo monetarias sino en las oportunidades de vida que tienen unos sectores de la población y en otros. En el caso de la obra pública, esto es nodal. Nosotros tenemos dentro del área de Transparencia tres grandes líneas de trabajo. Una de ella es un programa de monitoreo y evaluación de políticas que busca introducir diferentes herramientas que apoyen con evidencia los procesos de toma de decisión. Uno de los ejes que abordamos ahí es la cuestión de brecha de infraestructura y cómo se alinean los objetivos con la perspectiva de género e impacto en la niñez. 

¿Cómo se ven esas brechas en el diagnóstico?

Por ejemplo, 1 de cada 10 familias en la Argentina no tiene acceso al agua y solo un tercio de la población tiene acceso a desagües cloacales. Esto se mantiene desde hace una década más o menos y cuando vas a hogares con niños y niñas menores de 17 años eso es todavía peor, lo mismo cuando vas a ver zonas rurales. En la media de los hogares urbanos el déficit de acceso al agua es del 10% y en los hogares con niños del 14%. Por otro lado, cuando no tenés agua las cargadoras históricas de agua son las mujeres o las niñas, no es que se reparte por igual el llenar y transportar baldes de agua. Esto requiere políticas diferenciales que consideren esas brechas, que no son sólo territoriales, sino que también son brecha de género o de edad y la obra pública no puede ser ciega a eso, porque implicaría mantener mantener esas desigualdades.  

Una de cada diez familias en la Argentina no tiene acceso al agua y solo un tercio de la población tiene acceso a desagües cloacales

De hecho, estas brechas se advierten si se mira de cerca casi cualquier problemática. Un censo oficial en la toma de Guernica mostró que gran parte de las personas que estaban ahí eran mujeres solas con hijos.

Sí, y se requiere una mirada que no sea retórica, sino de recursos que se tienen que poner en función de esto. Nosotros establecimos en el ministerio un Fondo de Infraestructura de Cuidados que define que un mínimo del 8,5% del presupuesto del ministerio tiene que estar destinado a los centros de desarrollo infantil, a centros de atención a las mujeres que son víctimas de violencia y a cuestiones de salud.

Pienso en cómo replicaría esta mirada en otros aspectos; si más mujeres tienen acceso a lugares en donde dejar a sus hijos e hijas, más mujeres pueden salir a trabajar y mejorar sus ingresos.

Tenés un impacto en las oportunidades para trabajar, para poder terminar estudios y también para reconocer que el cuidado no debe ser una función privada que cada familia resuelve como puede sino una responsabilidad pública. Insisto en que esto no puede ser retórico; tienen que tener partidas presupuestarias asignadas con este criterio como fue en su momento la Ley de Financiamiento Educativo, que estableció un piso de inversión del que no se puede bajar. Si querés ver cambios más estructurales en las brechas de género y estructurales que afectan la empresa multidimensional en la niñez, tenés que asignar recursos.

DT

El fallo a favor del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva tiene por ahora un impacto meramente “político” y “moral” en las defensas de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, exfuncionarios y empresarios allegados al kirchnerismo, procesados por supuestos delitos de corrupción, y los abogados aún no han decidido si lo usarán en el corto plazo como un nuevo antecedente jurídico del llamado lawfare (“guerra judicial”) en las causas y juicios, según explicaron a elDiarioAR varios de ellos, en on y off the record. De hecho, sostienen, que ya han realizado planteos similares a los de Lula da Silva que en algunos casos todavía no tienen resolución o han terminado en fallos desfavorables para los investigados.

A pesar del impacto mediático y la celebración del propio presidente Alberto Fernández, los abogados consultados no ven una consecuencia inmediata del “efecto Lula” aunque sostienen que el fallo del juez Edson Fachin en Brasil “tiene puntos de contacto” y “podrá usarse en futuros planteos” ante la Corte Suprema y los tribunales orales federales.

Este lunes, el ministro Fachin, miembro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil que interviene en los procesos del caos Lava Jato, hizo lugar a un habeas corpus presentado en noviembre por la defensa de Lula da Silva y anuló todas las decisiones judiciales en su contra tomadas por el juez federal Sérgio Moro en cuatro casos de presunta corrupción, según el fallo al que accedió este medio. El juez Fachin, quien integra el máximo tribunal brasileño, no declaró inocente al dos veces presidente brasileño sino que ordenó que los expedientes vuelvan a foja cero y sean tramitados nuevamente por otro juez, en otra jurisdicción. 

El fallo refuerza nuestros planteos, de alguna forma los ilumina.

Lula estaba condenado en base a las decisiones del entonces juez Moro, con jurisdicción en Curitiba, en el estado de Paraná, pero el juez Fachin determinó que Moro no era el juez natural para intervenir en las denuncias contra el expresidente, no sólo porque los hechos no habrían ocurrido en su territorio sino porque tampoco habrían una justificación suficiente para vincular los casos contra Lula da Silva a la Operación Lava Jato, la megacausa de Moro que absorbió las denuncias contra el líder del Partido de los Trabajadores (PT). Al anular los cuatro procesos, Fachin levantó la proscripción que pesaba sobre Lula da Silva y lo habilitó para ser candidato en 2022.

“Lo que se resolvió en Brasil pone en evidencia una matriz de persecución en la región y expone a jueces que carecen de objetividad o imparcialidad, y esos planteos están en la Corte, pero el efecto del fallo no es de aplicación inmediata en las causas locales”, dijo a este medio Carlos Beraldi, abogado de Fernández de Kirchner. Esa “matriz de persecución” es lo que los defensores denominan lawfare, una embestida judicial y mediática contra dirigentes políticos de la izquierda en América Latina, entre ellos Fernández de Kirchner y Lula da Silva. 

“El impacto del fallo en Argentina es político en lo inmediato, más que jurídico, pero tiene una enorme significación y pone de relieve las características del lawfare”, afirmó Eduardo Barcesat, abogado de Gerardo Ferreyra, dueño de Electroingeniería y uno de los empresarios procesados por el caso de los cuadernos, de los pocos que no declaró como imputado colaborador en el caso y negó su participación en el supuesto pago de coimas a los Kirchner para obtener contratos de obra pública. 

Hemos planteado que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación que confirmó lo actuado por el juez Julián Ercolini no era la sala que debía realmente intervenir en el caso.

Los fallos de tribunales extranjeros suelen citarse como antecedentes o jurisprudencia, en especial cuando se trata de decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos o de tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La defensa de Fernández de Kirchner dice que no están pensando en planteos en el corto plazo pero el fallo brasileño será una herramienta para reforzar los planteos que ya vienen llevando adelante y que sostienen que las causas contra la vicepresidenta se basan en una “persecución judicial política y mediática”. “El fallo refuerza nuestros planteos, de alguna forma los ilumina”, dijo Beraldi.

Ambos penalistas también resaltan que si bien no esperan un impacto jurídico, insistirán con sus planteos ante la Corte y otros tribunales inferiores. “La Corte Suprema argentina tiene diversos planteos de nulidad similares y no ha hecho nada aún. Debe prontamente propiciar el desmontaje del lawfare. Es lo que esperamos que suceda”, sostuvo Barcesat.

Beraldi y Barcesat plantean varios paralelismos entre los planteos de la defensa de Lula, a la que el juez Fachin hizo lugar, y algunos de los planteos de la vicepresidenta en varias de las causas en su contra. “En la Corte Suprema, hay planteos que se vinculan con el fallo en Brasil. Uno es la figura del juez enemigo. Nosotros venimos recusando al juez Bonadio desde 2015, 2016”, sostuvo Beraldi. La mayor parte de los procesamientos contra la vicepresidenta fueron ordenados por el fallecido juez federal y esos casos están camino a juicio oral y público, como el de los cuadernos del chófer Oscar Centeno. 

“También, por ejemplo, en la causa de Vialidad (que está en pleno juicio) hemos planteado que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación que confirmó lo actuado por el juez Julián Ercolini no era la sala que debía realmente intervenir en el caso”, agregó Beraldi.

“No descartamos nuevas presentaciones por este fallo. De hecho, hace unos diez días, insistimos con un planteo de nulidad por el caso de los cuadernos en un recurso de queja ante la Sala I de la Casación Federal, reprochando que el Tribunal Oral Federal número 7 rechazó tratar las nulidades planteadas antes del juicio y sostuvo que se van a tratar al final, cuando dicte sentencia”, aseguró Barcesat.

El abogado de Ferreyra agregó: “Las nulidades que planteamos se centran en el origen de la causa de los cuadernos ya que se evitó el sorteo informático de juez (la denuncia y el aporte de los cuadernos fue realizada directamente ante el fiscal Carlos Stornelli en presunta conexión con una causa ya iniciada sobre importación de GNL); en la falta de un soporte técnico audivisual de las declaraciones de los arrepentidos (los dichos de los imputados colaboradores sólo quedaron asentados por escrito y no en audio y video); y que se nos negara durante la instrucción la producción de prueba como informes fiscales y un careo con (el exfuncionario Claudio) Uberti, quien involucró a mi cliente en su declaración”. 

Paralelismo con el caso de Lomas

Existen incluso planteos de las defensas de los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani; y del exsecretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto, que también tiene un paralelismo con el caso Lula, según las resoluciones analizadas: la competencia y la jurisdicción del expediente por presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Macri. Nieto, Arribas y Majdalani plantean que si la mayoría de los hechos ocurrieron en Capital Federal y las órdenes salieron de la AFI (ubicada a metros de la Casa Rosada), el caso debe investigarse en los tribunales de Comodoro Py 2002.

La causa se originó en un juzgado federal de Lomas de Zamora tras la declaración de un acusado de narcotráfico como arrepentido y las partes (acusados y querellantes) trabaron durante meses una disputa judicial sobre dónde correspondía realmente que el caso fuera investigado. Ganaron los acusados, quienes lograron que el actual juez de la causa, con asiento en Lomas de Zamora, fuera apartado y el expediente recayera en un juzgado de la Ciudad de Buenos Aires. Fernández de Kirchner, una de las supuestas espiadas y querellante en la causa, solicitó a la Casación que revierta esa decisión y devuelva el avanzado expediente al juez de Lomas. La resolución está pendiente en el máximo tribunal penal federal. 

ED

El juicio oral y público contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el presunto direccionamiento de la obra pública a favor de empresas de su exsocio Lázaro Báez avanzó con nuevos testigos la semana última, con el trasfondo de la sentencia por lavado de activos agravado contra el empresario patagónico. Durante 2021, las audiencias del juicio conocido como Vialidad se centrarán en las declaraciones de testigos, que el tribunal apuesta a que culminen a finales de año para proceder con los alegatos durante 2022 y el posterior veredicto, sostuvieron fuentes directas del juicio. 

Distintas defensas consultadas sostienen que, hasta el momento, los testimonios vienen siendo “favorables” para los acusados, pero los acusadores disienten y además afirman que la base de la prueba está en los documentos y expedientes que demostrarían que Austral Construcciones nació sin capacidad para ganar los contratos de obra pública y que los obtuvo gracias a supuestas maniobras edificadas desde el Estado, según las consultas realizadas por elDiarioAR a fuentes directas del proceso.

Desde mayo de 2019, la expresidenta es juzgada por el Tribunal Oral Federal número 2 junto Báez; el exministro de Planificación, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas, José López; y otros nueve imputados acusados de integrar una supuesta asociación ilícita para favorecer a la constructora Austral Construcciones, entre otras empresas de Báez, con 51 licitaciones públicas para obras viales en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015. Las acusaciones incluyen supuestos sobreprecios e incumplimientos de obra. 

Todos los involucrados niegan las acusaciones y la vicepresidenta encuadra el avance de la causa en una supuesta persecución política del entonces gobierno de Cambiemos. 

Báez fue condenado a 12 años de prisión por el lavado de unos US$ 60 millones producto de dos delitos, según el voto de mayoría del Tribunal Oral Federal número 4: la defraudación fiscal y la corrupción en la obra pública, argumento basado en la elevación a juicio del caso Vialidad, según explicaron fuentes del tribunal. Si bien el veredicto de Báez funcionó como una ratificación de las sospechas del juicio contra la exmandataria, no define el destino del proceso, según explicaron fuentes directas del caso.

En la ronda de testigos que se extenderá todo el año, la semana última fue el turno de los primeros miembros de la Comisión Permanente de Verificación de Deuda de la Dirección Nacional de Vialidad.

Báez adquirió a esas empresas, pero las constructoras seguían compitiendo entre sí por las licitaciones en Santa Cruz.

Uno de los puntos que los acusadores buscan demostrar es que los técnicos de Vialidad recibieron órdenes de los entonces funcionarios políticos para favorecer a las empresas de Báez por sobre otras compañías. En ese marco, analizaron la documentación sobre los pagos anticipados de obra, en especial, los que se autorizaron en base a la resolución número 899 de 2010, firmada por el entonces administrador general de Vialidad, Nelson Periotti.

“Santa cruz fue una provincia relegada a la hora de las obras viales y la decisión de estos funcionarios fue una reparación histórica. Querían terminar las obras y por eso se adelantaban los pagos. Casi todas eran para obras de Báez, es cierto, porque era prioridad de la gestión”, dijo un exfuncionario de Vialidad a elDiarioAR. 

Testigos de turno

Periotti es un hombre de extrema confianza de los Kirchner. Acompañó a Néstor Kirchner desde su paso por la intendencia de Río Gallegos hasta la Presidencia y continuó al mando de Vialidad Nacional durante las presidencias de Fernández de Kirchner.

La resolución de 2010 analizada en las últimas audiencias del juicio habilitó que las empresas proveedoras de obras viales solicitaran el pago adelantado de obra en casos de “emergencia”. El abogado de Periotti, Federico Paruolo, dijo a elDiarioAR que la resolución se dictó luego de un alud en Comodoro Rivadavia, Chubut, que provocó un desprendimiento del cerro Chenque, y buscaba que las constructoras no frenen las obras en la zona. Sin embargo, según el expediente, gracias a esa resolución, las compañías de Báez recibieron adelanto de los pagos por obras realizadas en la provincia de Santa Cruz.

La fiscalía de juicio, a cargo de Diego Luciani, solicitó copia de todos los expedientes que tramitaron adelantos de fondos públicos en el marco de esa resolución y hasta 2015. La conclusión es que se usó casi exclusivamente para las empresas de Báez, con algunas excepciones, según sostuvo una fuente con acceso directo al expediente. Entre las beneficiadas están Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti Hermanos y Adelmo Bancalari, todas compañías del empresario patagónico.

Las partes interrogaron esta semana a tres de los técnicos que tramitaron esos adelantos de obra en la Comisión Permanente de Determinación de Deuda de Vialidad: Eduardo Semino, María Celina Vetrano y Omar Riveros.

Querían terminar las obras y por eso se adelantaban los pagos. Casi todas eran para obras de Báez, es cierto, porque era prioridad de la gestión.

“Los certificados de obra vencían en enero y las empresas de Báez se presentaban en noviembre y obtenían el pago por adelantado en 24 horas”, explicó una fuente del juicio que participó de las testimoniales. 

“Uno de los técnicos que declararon sostuvo que los pedidos venían del (entonces) gerente de Administración en Vialidad, Sergio Passacantando, y generaban malestar porque las solicitudes aparecían con urgencia los viernes y había que tramitar los adelantos en el mismo día”, agregó la fuente consultada. “Las órdenes que dio Passacantando fueron siempre en el marco de una resolución oficial de su superior que habilitaron esas decisiones y de acuerdo a las reglas del organismo. Esas medidas que se tomaron tenían el visto bueno de todas las áreas de Vialidad. En ningún punto configuraron un delito. Jamás hicieron algo ilegal ni Passacantando ni sus subalternos”, dijo un allegado al exgerente.

Passacantando, según la denuncia de Iguacel, se había desempeñado en la financiera Inverness antes de llegar a la función pública. “Trabajó sólo dos años y medios en esa empresa”, agregaron en su entorno. El exfuncionario no está siendo juzgado en este juicio y forma parte de un segundo grupo de imputados por el caso que aún no son juzgados.

Invernes estaba a cargo Ernesto Clarens, el financista que declaró como arrepentido en la causa de los cuadernos y dijo haber recibido coimas en pesos de parte de empresarios de la obra pública. Con ese dinero, afirmó, compraba dólares o euros, se quedaba con una comisión y entregaba el efectivo a Daniel Muñoz, secretario de Néstor Kirchner.

Los testimonios no pudieron probar aún que el pago adelantado de obra implicó un perjuicio para el Estado, explicaron fuentes directas del juicio, ya que la testigo Vetrano sostuvo que al desembolsar los fondos, Vialidad descontaba intereses a las empresas beneficiadas, en base a la tasa activa del Banco Nación.

El abogado de Periotti sostuvo que el circuito “no era un beneficio económico y no hubo daño al Estado”. Para los acusadores, quedó claro que la resolución se usó casi exclusivamente para las empresa de Báez, según una fuente del juicio que presenció los interrogatorios. 

Uno de los técnicos que declararon sostuvo que los pedidos venían del (entonces) gerente de Administración en Vialidad.

El testigo Semino, por ejemplo, citó el pago de adelantos por la colación de postes en la rutas que costaron unos US$ 100.000 la unidad (al valor del dólar de esas fechas, que este medio no pudo corroborar). Ante la consulta, la defensa de Periotti dijo que se trataba de postes satelitales que implicaban la construcción de cabañas u oficinas para llamadas de emergencia y que el costo elevado era debido a esa complejidad.

Los testigos más esperados aún no han declarado en el juicio. Las defensas tienen la mira puesta en el primer interventor de Vialidad durante el gobierno de Mauricio Macri, Javier Iguacel, quien presentó el informe de auditoría y la denuncia que dieron origen a esta causa. También a los peritos oficiales que realizaron el informe sobre presuntas irregularidades y sobreprecios en cinco de las obras viales adjudicadas a Báez y bajo investigación. 

Cuando logró adquirir capacidad económica propia, gracias a la cesión de obras de sus socias, Báez adquirió a esas empresas,

Las defensas apuestan a poner en duda las pruebas relacionadas con esos testimonios, explicaron los abogados de algunos de los imputados, cuestionando los cálculos realizados por los expertos y los valores de referencia que se tomaron para sostener que las obras habrían implicado sobreprecios.

Responsabilidades

El desafío de los acusadores sigue siendo hasta dónde llegará la prueba para sostener la responsabilidad penal de Fernández de Kirchner en la adjudicación de contratos de obra pública por $16.000 millones, que la exmandataria nunca firmó. La acusación apunta a una responsabilidad política de la vicepresidenta sobre las decisiones que tomaron sus entonces funcionarios y a los negocios particulares que unen a los Kirchner con Báez, explicaron fuentes directas del juicio en trámite.

La fiscalía de Luciani basó la acusación casi exclusivamente en prueba documental, afirmó una fuente judicial del caso: el análisis de los expedientes de las licitaciones; las condiciones de competencia y adjudicación y de los pagos y plazos supuestamente privilegiados a Báez (con respecto a otras constructoras); informes de la Dirección de Vialidad Nacional (del gobierno de Mauricio Macri); una pericia parcial sobre las obras viales cuestionadas; los documentos que demostrarían la falta de control a las constructoras de Báez; los presupuestos asignados a esas obras; y la documentación sobre la conformación de las empresas beneficiadas. 

Los certificados de obra vencían en enero y las empresas de Báez se presentaban en noviembre y obtenían el pago por adelantado en 24 horas.

Según la acusación, las empresas de Báez fueron montadas con el presunto objetivo de obtener fondos estatales. Días antes de la asunción de Néstor Kirchner, el 8 de mayo de 2003, el empresario fundó Austral Construcciones, pero según la elevación a juicio del caso, la compañía no tenía capacidad para competir por las licitaciones. Accedió a sus primeros contratos mediante alianzas con otras constructoras locales que luego le cedían la ejecución de las obras. Así, Austral Construcciones fue ganando capacidad económica propia, en lo que la fiscalía entiende como una supuesta simulación de las condiciones para ganar las licitaciones, que el Estado nunca objetó.

“Cuando logró adquirir capacidad económica propia, gracias a la cesión de obras de sus socias, Báez adquirió a esas empresas, pero las constructoras seguían compitiendo entre sí por las licitaciones en Santa Cruz”, explicó una fuente de la investigación elevada a juicio por el juez Julián Ercolini. Era una permanente simulación, sostuvo la fuente.

Las audiencias del juicio oral y público se realizan los lunes y martes vía zoom, debido a las restricciones por la pandemia. El tribunal autoriza previamente quiénes pueden conectarse y las grabaciones de las audiencias con las declaraciones de los testigos sólo están disponibles para las partes. Ante la consulta de este medio, una fuente del tribunal declinó explicar la razón pero fuentes de las defensas y acusadores sostienen que el objetivo sería evitar la “contaminación” de los testimonios o la influencia de unos testigos sobre otros. También, otorgar cierto resguardo a la imagen de las personas que prestan testimonio.

ED