El debate por la reforma laboral del Gobierno sumó en las últimas horas un nuevo eje de tensión política: gobernadores de distintos signos reclamaron a la Casa Rosada eliminar o modificar la rebaja del Impuesto a las Ganancias para empresas incluida en el proyecto de “modernización laboral”, al advertir que la medida recorta recursos coparticipables y afecta de manera directa a las finanzas provinciales.

Según la Noticias Argentinas, la presión provino tanto de mandatarios aliados como opositores y se intensificó a pocas horas de que el Senado comience a debatir la iniciativa en sesiones extraordinarias. El reclamo se apoyó en el impacto fiscal que tendría la reducción del tributo, que forma parte de los ingresos que la Nación distribuye a las provincias.

El conflicto se volvió central porque los gobernadores condicionaron su respaldo legislativo a la reforma laboral a la resolución de este punto. En la mesa de negociaciones, exigieron que el Gobierno nacional asuma el costo fiscal, modifique el esquema o postergue la medida. De lo contrario, advirtieron, el apoyo político quedará en duda.

De acuerdo a la información oficial citada por NA, la rebaja del Impuesto a las Ganancias para sociedades y empresas —incluida en el proyecto que impulsa el presidente Javier Milei— implicaría una pérdida estimada de hasta $3 billones en recursos coparticipables. Ese impacto explica la resistencia de los mandatarios, incluso de aquellos que acompañan el rumbo general del Ejecutivo.

Entre los distritos más afectados se encuentran Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, que lideran el ranking de provincias con mayor pérdida proyectada, con un índice estimado superior a $1 billón en cada caso. La advertencia encendió alarmas en los gobiernos provinciales, que enfrentan restricciones presupuestarias en un contexto de ajuste y caída de la recaudación real.

Los gobernadores aliados al oficialismo, como Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil, expresaron su disposición a acompañar la reforma laboral, pero reclamaron garantías fiscales concretas. En ese marco, plantearon dos alternativas: que la Nación absorba el costo de la rebaja o que la medida se postergue hasta 2027.

La tensión se instaló cuando el Ejecutivo defendió la reducción del impuesto como un instrumento para mejorar la rentabilidad empresaria y estimular la inversión, aun cuando el costo recaiga sobre las provincias. Para los mandatarios, el esquema implica trasladar el ajuste a los territorios sin compensaciones claras.

Desde el Gobierno nacional, sin embargo, la posición se mantuvo firme. Según NA, el Ejecutivo insistió en sostener la rebaja de Ganancias, aunque en las últimas horas comenzó a evaluar alternativas para no poner en riesgo la sanción de la reforma laboral. Entre ellas, se analizó la posibilidad de sacrificar el capítulo fiscal para garantizar la aprobación del proyecto impulsado por La Libertad Avanza.

La negociación dejó expuesta la lógica que atraviesa el tratamiento legislativo: la reforma laboral se convirtió en una ficha de canje en una disputa ajena a las condiciones de trabajo. Mientras se discuten impuestos, coparticipación y costos fiscales, el contenido laboral del proyecto —que modifica normas centrales de la relación entre empleadores y trabajadores— quedó subordinado a acuerdos políticos.

En el otro extremo, gobernadores que ya rechazaron la reforma mantuvieron una posición intransigente. Gildo Insfrán, Sergio Ziliotto, Gustavo Melella y Axel Kicillof ratificaron su rechazo a la reforma laboral, con o sin modificaciones en el Impuesto a las Ganancias.

Ese posicionamiento marcó un límite político claro: para esos distritos, el problema no es solo fiscal, sino el contenido mismo del proyecto, que consideran regresivo para los derechos laborales y perjudicial para quienes trabajan.

El escenario refuerza una constante del debate actual: las condiciones de empleo quedan fuera del centro de la discusión, mientras el foco se desplaza hacia la ingeniería fiscal y las negociaciones de poder. La reforma laboral avanza así como parte de un paquete más amplio, donde los derechos de los trabajadores funcionan como variable de ajuste en un intercambio entre Nación y provincias.

A horas de que el Senado abra el debate, el Gobierno enfrenta un dilema político: sostener el capítulo fiscal y arriesgar apoyos clave, o ceder en Ganancias para asegurar la sanción de una reforma laboral cuestionada por sindicatos, trabajadores y sectores de la oposición. En ninguno de los escenarios, el eje del debate se corre hacia la protección del empleo o la recuperación del salario, que continúan ausentes de la negociación.

JJD

Diego Santilli finalmente recibió este mediodía a Jorge Macri en la Casa Rosada. Era uno de los mandatarios con el que aún le faltaba reunirse desde que asumió en el Ministerio del Interior. El jefe de Gobierno porteño llegó minutos antes de las 12, atravesó el Salón de los Bustos y fue al despacho del funcionario acompañado por su mano derecha, Gabriel Sánchez Zinny, y el titular de Hacienda local, Gustavo Arengo. En la mesa lo esperaban también Manuel Adorni y Pilar Ramírez, la referente porteña de La Libertad Avanza, cuya presencia terminó de confirmar el carácter político del encuentro. Al retirarse por el Patio de las Palmeras, Macri lo definió como una “buena reunión”.

El temario estuvo atravesado por dos discusiones sensibles: el respaldo al Presupuesto 2026, que el Gobierno buscará aprobar en extraordinarias desde el 10 de diciembre, y la demorada transferencia de los fondos coparticipables que Nación adeuda a la Ciudad. La administración porteña volvió a insistir en la restitución del porcentaje histórico y en un mecanismo de pagos semanales que cumpla con el fallo de la Corte Suprema. Los equipos técnicos de ambas jurisdicciones ya habían retomado el diálogo el martes, sin avances concretos, tras la foto entre Macri y Luis Caputo por la deuda que CABA calcula en unos $274.000 millones.

En paralelo, el jefe de Gobierno dejó planteadas otras demandas de autonomía: autorización para créditos internacionales, traspaso de competencias judiciales, control del puerto y transferencia de bienes. Santilli encara el desafío de equilibrar los reclamos del PRO con las restricciones fiscales que impone Economía, mientras la Casa Rosada acelera la búsqueda de votos para la “ley de leyes” y las reformas de “segunda generación”, como la laboral y la fiscal.

El diálogo con Macri llega en un momento de tensión entre la administración porteña y La Libertad Avanza, después de que un grupo de diputados referenciados en Cristian Ritondo saltara hacia el oficialismo y le permitiera a Martín Menem asegurarse la primera minoría en Diputados. En el PRO respondieron con el armado de un interbloque propio con la UCR y el MID, y remarcan que mantendrán una bancada “ordenada y sin sobresaltos”, destinada a defender el modelo amarillo frente al avance libertario.

En ese clima, el encuentro de este mediodía funcionó como un gesto político mutuo: Santilli completa su ronda con un socio central del ecosistema opositor aliado. Macri, en tanto, preserva canales abiertos en un momento de disputa por influencia legislativa y de negociación por recursos que considera impostergables.

PL/MC

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, calificó como “positiva” la reunión que mantuvo con el ministro de Economía, Luis Caputo, en la que dialogaron sobre la coparticipación y un posible acuerdo por la deuda que aún tiene el Gobierno nacional con su distrito.

Luego del encuentro, informaron fuentes de la Ciudad que “seguirán trabajando para encontrar un acercamiento” respecto a la coparticipación y el financiamiento.

Macri solicitó al Ejecutivo nacional que “normalice los pagos, salde la deuda atrasada e incluya la partida correspondiente en el Presupuesto 2026” debido a que, desde agosto, adeuda $274.000 millones por las transferencias semanales del 1,55% de la Coparticipación acordadas tras un fallo de la Corte Suprema.

En la misma línea, pidió incluir la cifra adeudada en el proyecto del Presupuesto del año próximo para “asegurar su continuidad” y que se cumpla con lo dispuesto por el máximo tribunal.

En el encuentro llevado a cabo en el Palacio de Hacienda, también estuvieron presentes el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Justicia, Gabino Tapia; el ministro de Hacienda porteño, Gustavo Arengo; el secretario de Hacienda de Nación, Carlos Guberman; y la subsecretaria de Coordinación Fiscal, Valeria Sánchez.

El Gobierno de la Ciudad mantiene el reclamo judicial de fondo por el reintegro de 6.000 millones de dólares, en concepto de la deuda originada “por la quita inconstitucional”, que redujo “arbitrariamente” la Coparticipación del 3,5% al 1,4% en 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández. Paralelamente, reivindica “la restitución del 3,5%” mediante transferencia diaria del Banco Nación.

Con información de la agencia NA

El Gobierno prometió diálogo pero vetó la coparticipación de los aportes nacionales a las provinciasy hoy enfrentó su primer desafío desde las provincias. El grupo de gobernadores de Provincias Unidas se reunió este viernes en Río Cuarto para enviarle un mensaje político a Javier Milei.

A la cumbre, en el marco de la exposición de la Sociedad Rural local, asistieron el anfitrión Martín Llaryora y sus socios de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Jujuy, Carlos Sadir, y de Corrientes, Gustavo Valdés. El padrino de la postal fue Juan Schiaretti, ex mandatario provincial que ahora encabeza la lista del oficialismo cordobés para las legislativas de octubre.

Milei no envió a Río Cuarto a su flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, quien es el encargado de abrir el diálogo con las provincias. El funcionario de Guillermo Francos solo se mostró con los gobernadores cercanos a la Casa Rosada, como Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco).

Ayer el Presidente firmó la comunicación que establece el rechazo a la ley que establecía la distribución automática del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), y que fue apoyada, precisamente, por los 24 mandatarios provinciales.

La norma quitaba discrecionalidad a la Casa Rosada —imponía que la Nación retenga solo el 41,2% y el 58,8% se reparta por coeficientes de coparticipación— y entregaba millones diarios en fondos automáticos a las provincias.

El primero en reaccionar contra el veto fue justamente el santafecino Pullaro, quien dejó en claro el malestar de las provincias con la administración cental: “Firmamos un acuerdo con Francos y no nos cumplieron”.

Hoy Pullaro le bajó el tono al cruce: “⁠El kirchnerismo no es la alternativa y el modelo actual se supera trabajando sobre lo que se hizo correctamente: cuidado del equilibrio fiscal y del gasto público”, dijo en Córdoba

“Estamos convencidos de que la salida de la Argentina es con más más empleo y con un modelo que deje de castigar al interior y a los productores”, apuntaló Schiaretti en una foto compartida con la Mesa de Enlace local.

A la cumbre de este viernes en Río Cuarto pegó el faltazo Nacho Torres, de Chubut, quien integra el espacio pero se reunió anteayer con Catalán en Balcarce 50. Tampoco estuvo el santacruceño Claudio Vidal.

MC

Tras la dura derrota electoral del domingo frente al peronismo, Javier Milei tiene el desafío de aferrarse a su modelo de ajuste o de pegar un volantazo con dos medidas inminentes y con fuerte impacto social: los vetos a la emergencia pediátrica en el hospital Garrahan y el presupuesto para las universidades nacionales. También está a tiro el veto a la coparticipación de los Aportes Nacionales del Tesoro (ATN), que sancionó el Congreso a instancias de las provincias, justo cuando el Gobierno busca convocar a los gobernadores a un “diálogo federal”.

El Presidente tiene plazo formal para vetar esas leyes hasta este jueves próximo, cuando se cumple el plazo de 10 días hábiles desde que se informó oficialmente la sanción de las normas.

En ese marco es que los trabajadores del hospital pediátrico y los universitarios ya están en alerta. Una asamblea de médicos en el Garrahan convocó a un paro para el próximo viernes si Milei veta la ley, y hubo una fuerte declaración del rectorado de la UBA. Por el lado de las provincias, los mandatarios locales aún esperan el llamado concreto de Guillermo Francos para una cumbre federal.

Pese a reconocer la derrota y admitir que tendrá que hacer cambios en su gobierno, Milei ratificó el domingo por la noche la política de ajuste económico. Lo mismo aventuró el ministro de Economía, Luis Caputo. Para los libertarios es un mantra el déficit cero y las tres leyes mencionadas afectarían gravemente la billetera de la Nación, según entiende el oficialismo, aunque el costo fiscal no parece significativo.

Si Milei finalmente avanza con los vetos, se abre el juego al Congreso para impulsar la insistencia, todo en medio de la campaña electoral para las elecciones del 26 de octubre. En el Senado se aventura un escenario favorable para volver a aprobar las leyes -como pasó la semana pasada con la emergencia en discapacidad- pero en la Cámara de Diputados la disputa aún está abierta.

La emergencia pediátrica

Los trabajadores del Garrahan, tanto médicos como residentes y administrativos están en alerta si Milei veta la emergencia pediátrica, por lo que ya propusieron para el viernes 12 un paro con posible movilización.

La ley que sancionó el Senado el pasado 21 de agosto propone un freno al vaciamiento por parte de Nación, la recomposición salarial de todos los trabajadores, la actualización de los residentes y el refuerzo del presupuesto. En el Garrahan hay aproximadamente 4.500 trabajadores de planta y 420 residentes. La ley plantea en el artículo 3 la recomposición salarial llevando la grilla a los niveles de noviembre de 2023: implica un 70% de aumento, clave porque es para todos los trabajadores.

La ley también deroga la resolución ministerial de Mario Lugones que degrada las residencias y las convierte en becas, precarizando ese plan laboral. La ley plantea además garantizar insumos, equipamiento y condiciones críticas para la pediatría. Y también la eximición del impuesto a las Ganancias a los trabajadores en pediatría porque hay quienes entran a la cuarta categoría por cobrar apenas unos pesos.

Los universitarios

El rector y los decanos de las 13 facultades de la UBA le reclamaron a Milei que reglamente la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso y pidieron que no la vete porque es “imprescindible” para sostener la educación superior pública y de calidad.

Las autoridades de la UBA grabaron un video de poco más de un minuto de duración que se publicó en redes sociales, en el que recalcan: “Queremos seguir enseñando. Queremos seguir aprendiendo dentro de nuestras aulas con tranquilidad. Queremos que los mejores profesores sigan formando a las próximas generaciones”.

La ley de Financimiento es la segunda que se aprueba tras la sanción y posterior veto blindado del año pasado. En su versión 2025, los puntos clave de la ley son el aumento de las becas Progresar —congeladas en 35 mil pesos— y Manuel Belgrano —en 81 mil pesos—; la paritaria docente, con una pérdida salarial del 38% cuando el Gobierno no convocó a paritarias y dio solo un 5% de aumento; y las partidas para funcionamiento e investigación, que siguen congeladas.

Los fondos de las provincias

Milei también tiene un desafío institucional con los gobernadores porque el Congreso sancionó recientemente la coparticipación de los ATN, que actualmente se reparten a discreción. Aunque el costo fiscal de la medida equivaldría al 0,03% del PBI ($253.000 millones), para la Casa Rosada sería un golpe político ceder ante las provincias.

La ley dispone que a la Nación le corresponderá el 41,2% de ese fondo, mientras que el 58,8% restante se repartirá entre las provincias según los coeficientes de coparticipación.

En ese contexto es que Francos quiere apurar una convocatoria federal, que se anunció este lunes junto a la conformación de una mesa política mileísta. Pero aún nada se concretó y los gobernadores ya alzaron su voz.

Tras un Zoom, los gobernadores de Provincias Unidas ya levantaron su voz: “La gente viene hablando fuerte y claro. El gobierno sigue sin escuchar, paralizado”, se quejó Maximiliano Pullaro, de Santa Fe. El grupo de mandatarios prepara para el viernes una reunión Río Cuarto, Córdoba, como una foto desafiante para Milei.

MC

En medio de la pulseada entre la Casa Rosada y las provincias por los inminentes vetos presidenciales, cinco gobernadores dieron este miércoles en Buenos Aires un paso decisivo: formalizaron la construcción de un frente electoral nacional que buscará disputar las elecciones legislativas de octubre por fuera de La Libertad Avanza y del kirchnerismo. El bloque, liderado por el patagónico Ignacio “Nacho” Torres (Chubut) y acompañado por Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Carlos Sadir (Jujuy), se propone como una “vocería del federalismo productivo” en el Congreso, sin anclaje en territorio porteño ni en la provincia de Buenos Aires.

“Decidimos no tomar atajos ni hacer la cómoda. Vamos a dar la pelea representando a una Argentina federal que necesita voz propia en el Congreso”, sostuvo Torres tras el encuentro que tuvo como sede la Casa de Chubut en la ciudad de Buenos Aires. Junto a él apareció una figura clave: Juan Schiaretti, exgobernador de Córdoba y excandidato presidencial en 2023, quien sería el primer nombre confirmado para encabezar una boleta en este nuevo armado. La presencia de Schiaretti, que viene trabajando en una fuerza centrista, funcionó como la señal más clara de que esta alianza buscará proyectarse más allá de los límites provinciales.

El documento difundido por los mandatarios planteó un mensaje doble: por un lado, la reivindicación del equilibrio fiscal alcanzado en sus provincias “sin resignar el desarrollo”; por el otro, un rechazo explícito a las formas “unitarias” con las que el gobierno nacional gestiona los recursos y define la agenda parlamentaria. “Nuestra vocación es clara: construir todos los días la Argentina de los sueños de todos”, concluye el texto, en una fórmula que intenta sustraerse de la polarización y colocar al nuevo frente en un espacio de representación difusa pero activa.

Relación compleja

La movida llega en un momento sensible. Los gobernadores buscan impulsar su propia agenda legislativa. Este miércoles, Torres ratificó el impulso a dos proyectos clave con media sanción del Senado: la distribución del Fondo de ATN y el redireccionamiento de los impuestos a los combustibles líquidos, eliminando los fideicomisos que los administran. El chubutense aprovechó la ocasión para recordar que la propia Casa Rosada había prometido terminar con esos mecanismos opacos. “Esa voracidad recaudatoria nacional que vemos hoy también la vimos en los últimos 20 años con las asignaciones específicas”, disparó el dirigente del PRO.

En simultáneo, desde el Gobierno se intensificaron los contactos con las provincias para blindar en el Congreso el paquete de vetos que Javier Milei firmará en los próximos días. La prioridad del oficialismo es garantizar la caída de las insistencias parlamentarias sobre las leyes de jubilación mínima, emergencia en discapacidad y moratoria previsional. Para eso, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el vice de Interior Lisandro Catalán y el titular de Diputados Martín Menem iniciaron una ronda de llamados que incluyó también a legisladores alineados con los gobernadores que ahora armaron frente propio.

El deterioro del vínculo de Milei con las provincias tuvo un punto de inflexión silencioso tras las elecciones legislativas en Misiones. Allí, La Libertad Avanza hizo una buena elección en un distrito gobernado por un oficialismo provincial aliado, el Frente Renovador de la Concordia. El resultado encendió alarmas: el Gobierno no solo recorta fondos, sino que también comenzó a disputar poder en territorios donde hasta hace poco regía un pacto tácito de no agresión política. Varios gobernadores interpretaron el avance libertario como una señal de ruptura.

El Ejecutivo juega ahora a dos puntas. Por un lado, negocia con gobernadores “dialoguistas” para sellar alianzas electorales —como hizo en Chaco con Leandro Zdero y avanza con Alfredo Cornejo en Mendoza y Rogelio Frigerio en Entre Ríos—. Por el otro, presiona para asegurarse el número necesario que le permita sostener los vetos en Diputados. En los despachos oficiales descuentan que no lograrán convertir a muchos votos, pero sí aspiran a que algunos legisladores no bajen al recinto. La clave está en los dos tercios: con asistencia perfecta, se requieren 172 votos para revertir un veto presidencial.

Un nuevo juego

En ese contexto, el flamante frente federal de gobernadores no solo pretende disputar la agenda económica y política del Congreso. También marca límites a la dinámica binaria que ordena la escena nacional entre libertarios y kirchnerismo. “Hay muchos diputados y senadores que se sienten huérfanos de representación nacional y que comparten esta mirada. Aquí van a encontrar un espacio que no pierda el tiempo en discutir el pasado, sino que entienda las urgencias del presente”, dijo Torres.

El entramado es complejo. En Córdoba, el oficialismo libertario alienta una lista propia liderada por Gabriel Bornoroni, pese a que Llaryora y Schiaretti intentan consolidar su boleta. En Santa Fe, la competencia será directa: Pullaro enfrentará al armado puro de La Libertad Avanza, que ya anunció que jugará sin alianzas. En cambio, en Mendoza, la negociación prospera: Cornejo logró que el oficialismo acepte compartir el color y la marca electoral en las boletas, al menos en el tramo local. Y en Entre Ríos, Frigerio ya tuvo reuniones reservadas con “Lule” Menem para avanzar en un esquema mixto que garantice representación sin perder identidad propia.

Donde no hubo acuerdo fue en Corrientes, donde Gustavo Valdés rompió lanzas con los libertarios en el último tramo. Lo mismo ocurre en provincias como Misiones, Tucumán, Catamarca y Salta, donde los gobernadores —algunos cercanos al Gobierno nacional— verán competir a listas violetas sin integración oficial. En tanto, en San Luis, el vínculo con el Ejecutivo es casi nulo.

El tablero de octubre empieza a clarificarse. A dos semanas del cierre formal de alianzas, el frente de los gobernadores marca una tercera vía en construcción, mientras Karina Milei y los Menem tejen pactos a medida con quienes estén dispuestos a jugar bajo la boleta violeta. El Congreso es el campo de batalla inmediato, pero lo que se disputa es algo más profundo: el control de la narrativa federal frente a un gobierno nacional que, tras meses de ajustes, empieza a chocar con sus propios límites.

PL/JJD

Lo que en otro momento podría haber sido una postal de distensión federal terminó envuelto en un clima gélido, entre saludos protocolares, gestos medidos y reproches no del todo silenciados. A las 19 de este jueves, en el Restaurante Central de La Rural, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y al menos media docena de gobernadores compartieron copa y canapé en el tradicional cóctel organizado por la Sociedad Rural Argentina (SRA), en el marco de la inauguración de la exposición agropecuaria. Fue el primer cruce presencial entre ambos bandos desde que el Senado le dio media sanción a los dos proyectos que desvelan a la Casa Rosada: la modificación del reparto del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la coparticipación del impuesto a los combustibles.

No hubo reunión formal ni foto buscada, más allá de la difundida institucionalmente junto al anfitrión, el titular de la SRA, Nicolás Pino. Tampoco diálogo político con pretensiones de acuerdo. Lo que sí hubo fue una coincidencia: la relación entre Nación y provincias atraviesa su peor momento desde que Javier Milei asumió al frente de la Presidencia.

Hasta último momento, no estaba claro si Francos volvería a Palermo por la tarde. Ya había estado temprano por la mañana, en el tradicional corte de cinta inaugural, donde se mostró dispuesto a “acercar posiciones” con los gobernadores, aunque enseguida los chicaneó: “Siempre intentamos acercarnos, ellos se alejan un poco a veces, priman las circunstancias políticas”. Finalmente decidió asistir, acompañado por su vice Lisandro Catalán. Mientras que del lado de los mandatarios estuvieron Raúl Jalil (Catamarca), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Marcelo Orrego (San Juan), además del jefe de Gobierno porteño Jorge Macri.

Según argumentan cerca de los gobernadores, cualquier negociación real requiere una convocatoria formal en la Casa Rosada y la presencia de funcionarios con poder de decisión. De hecho, el Gobierno había decidido enfriar cualquier expectativa. “Nos saludaremos con cordialidad”, se limitó a anticipar Francos. El jefe de Gabinete sigue siendo el último resorte de interlocución entre el Gobierno y los mandatarios. Pero su margen de acción se achicó en las últimas semanas, después de que fracasaran las negociaciones por los dos proyectos que impulsan las provincias para blindarse frente al ajuste.

Ambas iniciativas fueron aprobadas en el Senado y esperan su turno en Diputados. Una busca ampliar y distribuir de forma más automática los fondos de ATN. La otra pretende que lo recaudado por el impuesto a los combustibles se coparticipe directamente. El Gobierno ve en ambas una amenaza a su mantra: el equilibrio fiscal. Y ya avisó que vetará cualquier ley que altere ese objetivo. “Una vez que tengamos en nuestro poder esas leyes, las vamos a vetar. Todo lo que afecte el equilibrio fiscal, se veta”, dijo Francos.

Los gobernadores, por su parte, mantuvieron ese mismo jueves por la mañana una reunión reservada para coordinar su estrategia parlamentaria. La molestia no es solo por el veto anunciado, sino por la falta de una propuesta alternativa. “Para que el diálogo sea serio, deberían dejar de mandarnos funcionarios de segunda línea”, reprochan. La última contrapropuesta fue en manos de Carlos Guberman, secretario de Hacienda. Ningún punto de consenso.

El deterioro del vínculo con las provincias tuvo además un punto de inflexión silencioso tras las elecciones legislativas en Misiones. Allí, La Libertad Avanza hizo una buena elección en un distrito gobernado por un oficialismo provincial aliado, el Frente Renovador de la Concordia. El resultado encendió alarmas: el Gobierno no solo recorta fondos, sino que también comenzó a disputar poder en territorios donde hasta hace poco regía un pacto tácito de no agresión política. Varios gobernadores interpretaron el avance libertario como una señal de ruptura.

En paralelo, el asesor presidencial Santiago Caputo y los equipos del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, trabajan en blindar los vetos en la Cámara baja. En Balcarce 50 creen que necesitan sostener tres patas: el PRO, una parte de la UCR (especialmente Rodrigo de Loredo) y los gobernadores que controlan a sus legisladores. Están quienes sostienen que Caputo mantiene chats con varios mandatarios, incluso con aquellos que impulsan los proyectos a vetar.

Pero esa misma articulación abre, dentro del oficialismo, una pulseada estratégica de fondo. Caputo es partidario de priorizar la relación con los gobernadores como una vía de gobernabilidad, incluso si eso implica conceder margen a los oficialismos provinciales. Los Menem, en cambio, quieren acelerar el proceso de construcción del partido La Libertad Avanza en las provincias, aun a costa de desafiar a los mandatarios en sus propios territorios. La tensión entre ambas miradas recorre subterráneamente cada movimiento del Ejecutivo en el Congreso, en los armados y en la gestión.

Lo cierto es que, a la falta de una convocatoria institucional a los gobernadores, se suma el vacío de otras figuras gravitantes del oficialismo. Ni Francos ni Santiago Caputo aparecen, al menos por ahora, como interlocutores visibles con ellos, más allá de los mensajes intercambiados. El jefe de Gabinete quedó solo en el puente, mientras el resto del gabinete político se concentra en el cierre de listas.

Así y todo, Francos buscará ensayar un acercamiento el lunes próximo, cuando presida la segunda reunión del Consejo de Mayo. Allí, junto a representantes de los gremios, empresarios, legisladores y las provincias (el mendocino Alfredo Cornejo estará presente en nombre de los gobernadores), intentará reinstalar el relato del diálogo multisectorial como vía para construir consensos. Pero después de lo que dejó el brindis en La Rural, el Gobierno sabe que deberá ofrecer algo más que cordialidad si quiere recuperar un puente político con las provincias.

PL/MG

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, participó esta mañana del corte de cinta en la inauguración de la Exposición Rural que se celebra en el predio ubicado en el barrio porteño de Palermo y confirmó que se verá por la tarde con algunos gobernadores allí mismo. El cónclave ocurre en plena tensión por los reclamos de las provincias en materia de coparticipación que se discute en el Congreso.

El funcionario contó que tiene intenciones de acercar posiciones pese a la reticencia de los mandatarios provinciales, y se mostró optimista por la posibilidad de recuperar el vínculo. “Siempre intentamos acercarnos, ellos se alejan un poco a veces, priman las circunstancias políticas”, los chicaneó en el ingreso al predio de La Rural.

A las 19 en el predio de Palermo se celebrará el cóctel de la entidad que incluye además a varios gobernadores, y se espera la asistencia del ministro coordinador en lo que podría ser el primer cruce luego de que la Cámara de Senadores le diera media sanción al proyecto de ley promovido por las provincias que consiste en la modificación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y promueve cambios en el reparto de los fondos que recauda la tasa vial que surge del impuesto a los combustibles.

“Voy a asistir y asistirán gobernadores. Nos saludaremos con mucha cordialidad y estableceremos un diálogo cordial, como hemos tenido siempre”, aseguró Francos, luego de que los mandatarios provinciales reclamaran una convocatoria formal del Gobierno.

No hubo invitación a una cumbre en la Casa Rosada. Y Francos ratificó a decisión que expresó el presidente Javier Milei de “vetar todas las leyes que impliquen un gasto fuera de lo previsto”.

“El objetivo central del Gobierno es mantener el equilibrio fiscal”, argumentó el ministro coordinador, a la vez que se hizo eco de los reclamos por la situación de la obra pública. Si bien admitió que “no hay dudas de que está mal”, lo atribuyó a las administraciones que se sucedieron durante 40 años. “Pasó de todo: corrupción, como lo vimos en una condena a varios funcionarios, desidia, abandono y este Gobierno está decidido a encararlo dentro de los tiempos necesarios”, planteó.

En otro pasaje de sus declaraciones a la prensa acreditada, Francos evitó hablar de nuevos anuncios en materia de retenciones, aunque remarcó que el tributo, en las economías regionales, está siendo eliminado, y que pese a que el libertario las considera “un mal impuesto”, configura “una parte importante de los ingresos para mantener el equilibrio fiscal”.

“Hay que analizar. Hemos bajado gastos para eliminar impuestos. Hemos eliminado impuestos en las economías regionales como consecuencia de la baja de gastos. Como dice el Presidente, la motosierra va a seguir”, prometió.

Por último, descartó que el Gobierno Nacional atraviese una crisis institucional, y habló de las diferencias entre el mandatario y la vicepresidenta Victoria Villarruel al definir la tensión en el vínculo como “una diferencia política que se planteó en términos muy duros”.

“Lo que dije fue que no había una crisis institucional. Si hay un desacuerdo hay una crisis política, hay una diferencia política, para no hablar de crisis, porque uno dice crisis, pero no existe. Hay una diferencia política que se planteó en términos por ahí duros, pero es eso”, concluyó.

MC

El Gobierno ya prepara su contraofensiva luego de la serie de derrotas que sufrió este jueves en el Senado: las sanciones de un aumento jubilatorio, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad, así como la media sanción de la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos y la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Javier Milei vetará las tres primeras iniciativas y podría intentar abrir una negociación con los gobernadores para que el segundo paquete de leyes no logre la aprobación por parte de Diputados.

El foco entonces se posará en los próximos días sobre la Cámara baja. Allí la Casa Rosada necesitará hacer un juego de doble pinza. Por un lado, abroquelar un tercio de “héroes” para bloquear el intento opositor de ratificar la sanción de las leyes de carácter social. Por otro, buscar que las provincias dialoguistas cedan bancas para que no se modifique parte del esquema impositivo y de coparticipación nacional.

El panorama podría complejizarse porque en Diputados además están a la espera de votarse la emergencia en pediatría a partir del reclamo de los trabajadores del hospital Garrahan y la ley de financiamiento universitario. ¿Se aventura una “super-sesión” con un temario tan variado contra el Gobierno? “Lo ideal sería meter sesión semana que viene con todos los temas”, aventuró un diputado opositor que pasillea distintas bancadas del Palacio Legislativo. “Se sesionará el 30”, apuntó, en cambio, un operador parlamentario. “Estamos viendo si sesionar en julio o agosto”, señaló otro legislador de la oposición.

Un dato no menor es que está pronto a comenzar el receso invernal, que además está atado al calendario electoral, por lo que hace imprevisible cualquier pronóstico sobre fechas y cantidad de bancas disponibles para un juego u otro.

En el Gobierno ya admiten una cancha inclinada. “Trataremos de que no se aprueben. Será dificultoso”, dijo este viernes por la mañana el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en radio Mitre, reconociendo el magro poder de fuego que tiene el oficialismo libertario en el recinto de la Cámara baja. Atrás quedó la denuncia de “golpe institucional” que ayer todo el aparato institucional se encargó de propalar.

Aunque son iniciativas legislativas muy distintas, el ministro coordinador entendió que la votación de este jueves estuvo atada a la cuestión electoral: los gobernadores necesitan fondos para encarar la campaña –señaló– y la oposición no puede hacer caso omiso a los reclamos callejeros que crecen semana tras semana. Los comicios están a la vuelta de la esquina: el 7 de septiembre son los bonaerenses; el 26 de octubre, los nacionales.

Los vetos

Francos confirmó que Milei vetará las leyes previsionales y de emergencia en discapacidad, habilitando así su ratificación legislativa por parte del Congreso. Recién después, el Gobierno está dispuesto a abrir una batalla judicial: primero, porque entiende que la sesión de ayer fue nula –aunque si juega el veto presidencial es que se veta algo que existió–; segundo, por acusa a la oposición de no cumplir la ley de Administración Financiera que señala que todo proyecto que insuma partidas públicas debe contemplar de dónde sacar esos recursos.

Para defender el veto el oficialismo necesita conseguir un tercio de los votos, lo que el año pasado se tradujo en “87 héroes”, a los que Milei invitó a comer un asado en Olivos: los libertarios, los amarillos del PRO y los radicales “con peluca”. Pero esa masa aparece a priori menos firme que el año pasado, porque algunos diputados que responden, por ejemplo, a los gobernadores de San Juan –Marcelo Orrego– y Tucumán –Osvaldo Jaldo– en su momento acompañaron el veto pero en esta oportunidad apoyaron parcialmente el nuevo aumento jubilatorio.

“No son viables esas tres leyes, esperamos convencer a un tercio para que los legisladores no ratifiquen”, dijo Francos esta mañana sobre el paquete jubilatorio-discapacidad.

Los gobernadores

La discusión siguiente es la de los reclamos exclusivos de las provincias por la coparticipación de los ATN y el impuesto al combustible, que sí o sí tiene que ir a Diputados para su sanción definitiva. Francos aventuró ya una nueva derrota oficialista, pero fiel a su cintura política buscó abrir el paraguas: “No creo que esté todo roto”, dijo sobre la relación con los mandatarios provinciales. “Con algunos gobernadores vamos a tener acuerdos electorales”, recordó, aunque ese justamente es un punto que en las provincias ven con desconfianza porque Karina Milei y Lule Menem ya son considerados “malos pagadores” en las alianzas.

Se descuenta que el Gobierno buscará habilitar con los dialoguistas la conversación de siempre: nuevas promesas de reparto de algunos pocos fondos de cara a las elecciones para, si no es acompañar al oficialismo con su voto, al menos vaciar de quórum las sesiones que se vengan en Diputados.

Por ahora la liga de gobernadores –que ahora abraza desde Axel Kicillof (Buenos Aires, peronista) a Jorge Macri (CABA-PRO), desde Gustavo Valdés (Corrientes-UCR) a Martín Llaryora (Córdoba, peronista no-K)– jugará al tiempismo. “Está todo verde”, apuntalaron desde un despacho ligado a un gobernador dialoguista, aunque señalaron que seguramente haya próximamente una nueva convocatoria en el marco del Consejo Federal de Inversiones (CFI), el mismo lugar donde se redactó el proyecto para coparticipar el impuesto al combustible y los ATN.

El después

En Diputados, una “súper-sesión” que incluya en un mismo temario la ratificación de las leyes sociales vetadas, los proyectos de las provincias y la sanción de la emergencia pediátrica y la ley de financiamiento universitario no se ve imposible pero sí tiene sus complejidades. “El escenario más probable es que convoquemos a sesión la semana próxima por Garrahan y Universidades”, dijo un diputado.

El legislador explicó que como los proyectos de los gobernadores no fueron girados aún a comisión para un debate preliminar, lo lógico sería que recinto emplace para su tratamiento a la comisión de Presupuesto. Eso obligaría al libertario José Luis Espert a abrir la discusión. Todo, a menos que la relación Nación-provincias se complique más y los gobernadores se la jueguen a juntar dos tercios para aprobar sus iniciativas sobre tablas.

“Tema de los gobernadores estamos cuando quieran si sus diputados firman el pedido y dan quórum”, dijo otra voz legislativa que conoce el pensar de los mandatarios.

El tema de cuándo se buscará ratificar las leyes sobre jubilaciones y la emergencia en discapacidad está atado a Milei. “Las insurgencias dependerán de cuando las veten”, apuntó otro diputado. Sí podría sumarse, eventualmente, la ratificación de la emergencia y entrega de ayuda a Bahía Blanca, que fue vetada por Milei y ayer el Senado insistió con su aprobación.

MC

Que todos los gobernadores se hayan juntado a principios de junio fue el síntoma más evidente del malestar con Javier Milei y su motosierra fiscal. Que pocos de ellos preveían ir a pasar la vigilia a la que los convocó el Presidente anoche en la Casa de Tucumán para celebrar el Día de la Independencia, suspendida a último momento con la excusa del mal tiempo, es otro. A su vez, la molestia también contagia a los diputados y senadores que les responden y que ahora amenazan con acompañar las iniciativas opositoras en el Congreso a favor de elevar el gasto en jubilaciones, discapacidad, universidades o el hospital Garrahan. Detrás de tanta tensión está la caída de los fondos de la coparticipación federal de ingresos, esos impuestos que la Nación distribuye directamente y por ley a las provincias y que vienen cayéndose al compás de una economía que rebota pero no crece.

El conflicto comenzó en mayo, cuando el Gobierno nacional envió al consolidado de provincias más la ciudad de Buenos Aires $5,5 billones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones, lo que significó una baja real (ajustada por inflación) del 23,3%, según el reporte del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), que dirige Nadin Argañaraz. A su vez, la coparticipación, es decir las transferencias automáticas menos leyes complementarias y compensaciones, habrían caído un 26,3% real.

Esa baja de la “copa”, como le llaman los expertos, estuvo explicada principalmente por el mal desempeño de la recaudación del impuesto a las ganancias (-41% real interanual) y el descenso de recaudación de IVA (-1,1% real interanual). La merma de Ganancias tuvo que ver con que el periodo base, es decir, en mayo de 2024, la recaudación de este tributo fue récord en términos reales por la significativa devaluación del peso en diciembre de 2023. A su vez, la inferior recolección del IVA se relaciona con un consumo aún recesivo.

Después de una caída real significativa en mayo, las transferencias automáticas habrían crecido alrededor de un 6,3% interanual en junio. Pero la “copa” sola habría caído un 5,3% real, según el IARAF. Esta disminución “se explicaría, fundamentalmente, por la marcada caída real interanual del 20% en la recaudación de Ganancias”, según el instituto. “Incidió de manera negativa en la recaudación del tributo el hecho de que en el periodo base las personas jurídicas pagaron anticipos en junio en base a la recaudación extraordinaria de mayo 2024 y al hecho de que recientemente mediante una resolución administrativa se cambió el esquema de anticipos de personas jurídicas, disminuyendo el importe a abonar en junio e incrementando el de los próximos meses. Este desempeño negativo no logró ser compensado por el incremento real interanual del 6,7% en la recaudación del IVA”, se refiere el IARAF a un repunte del consumo el mes pasado.

A su vez, las proyecciones de coparticipación para todo 2025 no son nada alentadoras: de acuerdo con los valores estimados por la Comisión Federal de Impuestos (CFI), que integra la Nación y las provincias, las transferencias automáticas caerían un 4,2% durante 2025, lo que representa una pérdida de casi $2,5 billones medidos a precios constantes, equivalente al 0,3% del PBI. Si se compara con 2023, la caída sería aún superior, del orden del 12%, lo que equivale a decir que las provincias y la capital recibirían casi $7,4 billones menos que dos años atrás, pérdida que se aproxima a 1% del PBI. Esta fuente de recursos representó el 45% de los ingresos provinciales en 2024, con ratios mayores al 60% para un conjunto de 12 jurisdicciones, las más pobres, por cierto.

Entre las causas que explican esta dinámica de la coparticipación, la CFI señala las siguientes:

Frente a este panorama, las provincias propusieron dos proyectos de ley que el gobierno de Milei por ahora rechaza, pese a que implican un costo fiscal calculado en 0,2% del PBI. Por un lado, se busca regular la distribución de aportes del Tesoro nacional (ATN) para evitar la discrecionalidad del Ejecutivo federal. Por otro, que se coparticipe el impuesto a los combustibles.

Las provincias, además, reclaman cada vez más porque caen sobre sus espaldas las tareas que abandona el Estado nacional por decisión de Milei. Por un lado, crecen las quejas por el estado de las rutas. Por otro, las demandas de los pacientes de enfermedades graves que requieren tratamientos.

AR/JJD

Después de meses de reproches en privado y gestos públicos moderados, los gobernadores se reencontraron este martes en la sede transitoria del Consejo Federal de Inversiones (CFI) en la ciudad de Buenos Aires para analizar la situación económica que atraviesan sus distritos. Fue una reunión extensa, cargada de preocupación por la caída real de los ingresos, el deterioro de las rutas nacionales y las crecientes dificultades para sostener las finanzas estatales en un año marcado por la licuación del gasto y el calendario electoral.

El encuentro, titulado formalmente “Nuevas fuentes de financiamiento para el desarrollo de una infraestructura federal”, comenzó a las 11 en Azopardo 750 y sirvió como paraguas para discutir mucho más que eso. La convocatoria logró una rareza: juntar en una misma mesa a mandatarios del peronismo, la UCR, el PRO y fuerzas provinciales, en un clima de coincidencias técnicas y desconfianzas políticas.

Bajo el liderazgo de Ignacio Lamothe, titular del CFI, participaron de forma presencial 18 gobernadores, entre ellos Axel Kicillof, Jorge Macri, Martín Llaryora, Rogelio Frigerio e Ignacio Torres. Otros cuatro gobernadores lo hicieron de forma virtual. No hubo documento final, pero sí una foto conjunta que buscó mostrar, al menos en lo simbólico, cierta capacidad de coordinación ante el ajuste del gobierno de Javier Milei.

La política detrás del diagnóstico

La reunión también sirvió como espacio para alinear posiciones de cara al nuevo paquete de reformas que impulsa el Ejecutivo nacional. Los gobernadores consensuaron pedir una audiencia a Milei para discutir una reforma fiscal integral, con el objetivo de revisar el esquema de coparticipación, la matriz tributaria y la coordinación entre niveles de gobierno. El mendocino Alfredo Cornejo fue propuesto como interlocutor institucional ante la Nación.

Además, hubo mayoría favorable a avanzar con la adhesión al “plan colchón”, el régimen de sinceramiento fiscal que impulsa el Ministerio de Economía. Algunos mandatarios ya habían firmado convenios de intercambio de información con ARCA, pero otros —como Santa Fe— recordaron que dejaron de compartir datos tras una disputa judicial en 2017. En el CFI se discutió también la necesidad de que cualquier reforma se tramite por el Congreso, y no solo por acuerdos bilaterales.

“El Gobierno plantea una reforma fiscal, y las provincias somos parte vinculante de ese debate”, afirmó Ignacio Torres al salir de la reunión. “Hoy Nación se financia con las provincias. Es momento de redefinir una matriz más justa, que le quite el pie de encima a la producción y al trabajo”, añadio el chubutense, que oficio como vocero de sus colegas.

Aunque no hubo pronunciamientos altisonantes ni ruptura con la Casa Rosada, el clima del encuentro fue más firme que en reuniones anteriores. La imagen de unidad buscó evitar que el reclamo se leyera como una movida opositora, pero dejó claro que la etapa del silencio parece empezar a agotarse. “El gran desafío es ponernos de acuerdo en puntos básicos, incluso en un año electoral. Si no, todo vuelve a empezar cada cuatro años”, deslizó uno de los gobernadores.

El desplome silencioso

El dato que encendió las alarmas llegó días antes del encuentro. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en mayo la Nación transfirió $5,57 billones a provincias y CABA, lo que implica una caída real interanual del 23,3%. Un informe paralelo de la Comisión Federal de Impuestos prevé que la coparticipación caerá un 4,2% en todo 2025. La pérdida estimada ronda los $2,5 billones, equivalentes al 0,3% del PBI. En algunos distritos, como La Pampa y Santa Fe, la baja proyectada llega al 6%.

Además, los giros por coparticipación crecieron apenas un 10,6% nominal respecto al mismo mes del año pasado, el peor registro desde la pandemia. La recaudación de IVA cayó un 1% real, y la de Ganancias, casi un 40%. Entre 2023 y 2025, la caída proyectada de los ingresos automáticos supera el 11,5%. Más del 60% de los ingresos de al menos 12 provincias depende de esas transferencias.

Otro de los ejes centrales de la cumbre fue el estado crítico de las rutas nacionales y la parálisis de la obra pública. En el temario oficial figuraban un informe del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional y alternativas de financiamiento para obras, pero la discusión excedió ampliamente el plan técnico. Varios mandatarios remarcaron que el deterioro de las rutas está encareciendo los costos logísticos y afectando la producción regional.

Fue Torres el encargado, en nombre de los gobernadores, de volver a reclamar un nuevo pacto fiscal y la posibilidad de que las provincias se hagan cargo de las obras abandonadas por Nación. “Hay impuestos con asignación específica que no se están usando para lo que fueron creados. O se eliminan o se descentralizan”, planteó. La respuesta desde la Casa Rosada, por ahora, fue negativa.

PL

Gobernadores de distintos espacios políticos resolvieron convocar a Poder Ejecutivo para debatir sobre la posibilidad de impulsar una reforma fiscal, en medio de la preocupación que comparten por la caída de la coparticipación federal.

Así lo definieron en el marco de un encuentro en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde analizaron además las herramientas de financiamiento para hacer frente a proyectos de infraestructura ante las restricciones del Poder Ejecutivo.

El encuentro que nucleó casi a la totalidad de gobernadores, con excepción del correntino Gustavo Valdés, tuvo lugar este mediodía en Azopardo 750, donde el CFI funciona de manera provisoria mientras se realizan obras en sus instalaciones del barrio porteño de Retiro.

Entre los presentes se encontraban el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, que no había anunciado su participación.

A la sorpresiva presencia del Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, que no suele asistir a las reuniones, se sumaron de manera presencial Sergio Zilliotto (La Pampa), Leandro Zdero (Chaco), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Axel Kicillof (Buenos Aires), Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), y Claudio Poggi (San Luis).

Completaron la lista Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Saenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), encabezados por Gildo Insfran (Formosa).

De manera virtual dieron el presente Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Hugo Passalaqcua (Misiones).

Al término, Weretilneck, Figueroa, Orrego, el ministro de Economía de Passalacqua, Zdero, Poggi y Saénz se trasladaron a Casa Rosada para adherir al acuerdo con Nación por los “dólares del colchón”.

Con información de la agencia NA

Sin dar mayores precisiones, el vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán, anunció este jueves la implementación de un régimen de “borrón y cuenta nueva” para resolver deudas recíprocas entre la Nación y las provincias, medida que será publicada en el Boletín Oficial. Según el funcionario, el esquema busca restablecer el federalismo al permitir que las provincias ordenen sus cuentas y avancen hacia una autonomía financiera y económica genuina. De todas maneras, a juzgar por las respuestas a las preguntas que le hicieron los periodistas, no está claro aún la manera en que se implementará. El funcionario tampoco quiso revelar si hay un cálculo del monto de las obligaciones que se buscan cancelar o canjear tanto de la Nación como de las provincias. Está todo, más bien, por verse.

“En las últimas décadas, el centralismo de la Nación ha complicado las relaciones fiscales con las provincias, y queremos revertir esa situación en línea con el objetivo de orden fiscal planteado por el presidente Javier Milei desde el inicio de su gestión”, afirmó Catalán en una conferencia que dio en la Casa Rosada. El segundo de Guillermo Francos en la Jefatura de Gabinete señaló que esta medida se enmarca en un “diálogo sincero” que el Gobierno planea establecer con las 24 jurisdicciones, en el que las provincias pueden acogerse al régimen voluntariamente.

El vicejefe de Gabinete explicó que, a través de diversas herramientas, el régimen busca compensar las deudas mutuas con “creatividad” y una “maquinaria imaginativa”. Entre las herramientas propuestas están la transferencia de empresas estatales y tierras fiscales a las provincias, así como la concesión de rutas nacionales. “Nuestra intención es desatar las fuerzas productivas provinciales y que las economías regionales generen riqueza genuina”, destacó Catalán.

Catalán aclaró que las provincias interesadas tendrán un plazo de 30 días hábiles para acogerse al régimen y de 60 días hábiles adicionales para presentar la documentación que acredite las deudas. Para la implementación, se designará como interlocutores a los ministros de Economía y Hacienda de cada provincia, y en el ámbito nacional será el Ministerio de Economía, bajo la Secretaría de Hacienda, el encargado de las funciones operativas.

“El objetivo no es imponer, sino ofrecer un marco de cooperación en el que tanto la Nación como las provincias podamos acordar soluciones conjuntas”, remarcó Catalán. Agregó que el régimen, que permitirá el ordenamiento de cuentas fiscales tanto nacionales como provinciales, está basado en el “federalismo verdadero que hizo grande a Argentina con la Constitución de 1853”. En este sentido, enfatizó la importancia de que la Nación no restrinja el crecimiento autónomo de las provincias, sino que les permita “conducir su propio destino”.

El funcionario detalló que este mecanismo permitirá a las provincias reducir su dependencia de la Nación y estimular la atracción de inversiones. Afirmó que la idea es “empezar un futuro con un borrón y cuenta nueva”, logrando así “cuentas ordenadas de la Nación y de las provincias”, y subrayó la disposición del gobierno a escuchar propuestas adicionales de las provincias para la compensación de deudas.

Catalán también explicó que las provincias que decidan no adherirse al régimen mantendrán la relación interjurisdiccional actual, sin motivo de judicialización, salvo por cuestiones de relevancia. “Es voluntario, y si alguna provincia considera mejor no acogerse, respetaremos esa decisión”, indicó, añadiendo que la relación fiscal actual no se verá afectada para aquellas que opten por no participar.

Finalmente, Catalán mencionó que la iniciativa ha sido bien recibida por algunos mandatarios provinciales en conversaciones preliminares. “En el contexto del ordenamiento fiscal actual del gobierno, donde el equilibrio de las cuentas es clave, esperamos que esta medida sea bien acogida y que genere beneficios a largo plazo para todas las jurisdicciones y los 45 millones de argentinos”, concluyó.

JJD

Tras una nueva audiencia de conciliación en la Corte Suprema, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció que se llegó a un acuerdo con la Nación para el cumplimiento de la medida cautelar de 2022 que garantiza el pago del 2,95% de la coparticipación que había sido recortado durante el gobierno de Alberto Fernández.

Los representantes de ambas jurisdicciones se comprometieron a firmar un convenio durante los próximos cinco días hábiles.

“Queremos darle certeza a los porteños de que llegamos a un acuerdo por el cobro del 2,95% que nos permite dar respuestas desde la Ciudad. Esto es un paso adelante muy importante y tiene buena voluntad de ambas partes, del Gobierno Nacional y de la Ciudad”, señaló.

La Corte Suprema había convocado hoy a una nueva audiencia para definir la manera en que el Gobierno Nacional debe pagar la coparticipación federal a la Ciudad. 

Macri señaló que “la Ciudad tiene, según nuestro entender, un derecho al 3,50, la Nación tiene una mirada diferente y eso lo iremos trabajando” en una “discusión profunda”.

“Pero dimos un paso adelante muy importante. Valoro el gesto del Gobierno Nacional de buscar un acuerdo y que juntos podamos destrabar algo que las dos gestiones heredamos y que parecía no tener solución”, sostuvo.

En la reunión en la Corte Jorge Macri estuvo acompañado por el Procurador General de la Ciudad, Martín Ocampo, y el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia. El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, estuvo por el gobierno nacional. No asistió el ministro de Economía, Luis Caputo.

En el entorno del titular del Palacio de Hacienda reiteraron que la ausencia de Caputo a la reunión se debe a que las audiencias son de carácter “técnico” y, por esa razón, la cartera envía a los funcionarios que “entienden del tema”.

La última audiencia se había realizado el pasado 22 de agosto, cuando Macri planteó que, durante esa reunión, “cada parte expuso sus posturas” pero no sirvió para llegar a un entendimiento.

El origen del reclamo de la Ciudad está en la medida cautelar que la Corte emitió en diciembre de 2022 en favor del Gobierno porteño para revertir una decisión que tomó el expresidente Alberto Fernández. Las reuniones entre ambas partes se fueron sucediendo desde enero.

CRM

La Corte Suprema de Justicia volvió a citar hoy al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y al ministro de Economía, Luis Caputo, a una audiencia el próximo miércoles 18 con el objetivo de que arriben a un acuerdo por la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires.

El encuentro se llevará adelante después de varios acercamientos en los que Nación y Ciudad tuvieron diferencias en relación a la forma de pago de los 2,95% de recursos que le corresponden al territorio porteño, a partir de la cautelar de la Corte que asi lo estableció en diciembre de 2022.

La cita entre representantes de ambos distritos fue confirmada por fuentes del Gobierno porteño. La última audiencia se había realizado el 22 de agosto, cuando Jorge Macri planteó que durante la reunión, de la que no formó parte Caputo, “cada parte expuso sus posturas”, aunque eso no sirvió para llegar a un entendimiento.

“Son varias las discusiones. Nación decidió, a partir de la primera semana de agosto, empezar a pagar de manera discrecional. Para nosotros eso no es cumplir con el fallo de la Corte”, explicó Macri.

El alcalde porteño había señalado que el máximo tribunal le ordenó al Gobierno nacional pagar “el 2,95 por goteo” y manifestó que “eso no se está cumpliendo”.

El origen del reclamo de Ciudad estuvo motivado en la medida cautelar que la Corte emitió en diciembre de 2022 en favor del Gobierno porteño para revertir una decisión que tomara el ex presidente Alberto Fernández.

La reunión del miércoles próximo entre funcionarios del gobierno del presidente Javier Milei y de la ciudad de Buenos Aires no será la primera, ya que desde enero vienen sucediéndose encuentros para destrabar el conflicto.

MM con información de la agencia NA.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se reunió hoy con funcionarios del Ministerio de Economía para destrabar la negociación por la coparticipación de ese distrito, pero “no hubo acuerdo” y el conflicto sigue sin resolverse.

El alcalde porteño instó una vez más a que el Gobierno nacional “cumpla” con la medida cautelar que presentó la administración a su cargo. El encuentro había sido convocado por la Corte Suprema para acercar posiciones entre ambas jurisdicciones con el objetivo de que el Ejecutivo nacional cumpla con el fallo que le obliga a pagar un 2,95% de coparticipación federal.

Jorge Macri sostuvo ante los medios que durante la reunión “cada parte expuso sus posturas”, pero eso no sirvió para llegar a un entendimiento. “Son varias las discusiones. Nación decidió, a partir de la primera semana de agosto, empezar a pagar de manera discrecional. Para nosotros eso no es cumplir con el fallo de la Corte”, explicó.

A su vez, el alcalde porteño señaló que el máximo tribunal le ordenó al Gobierno nacional pagar “el 2,95% por goteo” y manifestó que “eso no se está cumpliendo”.  “No es un dato menor porque, para nosotros, en una república, cumplir con los fallos, con las órdenes de la Corte, es central”, consideró.

Además, Macri hizo referencia a la ausencia del ministro Caputo al cónclave para resolver un reclamo que lleva más de un año y medio sin encontrar una solución. “Cada vez que me convoque la Corte, voy a venir. Vinimos con dos abogados. El Gobierno nacional vino con un equipo muy grande. No sé por qué no vino el ministro. Hubiera sido mejor que esté, pero debe haber tenido sus razones. Hay que preguntárselas a ellos”, recriminó Macri.

Fuentes del Ministerio de Economía bajaron el tono de la confrontación y justificaron la ausencia de Caputo bajo el argumento de que se trató únicamente de una “audiencia informativa” para tratar “temas jurídicos”.  

En la reunión, los representantes de la Nación manifestaron su “desacuerdo” con el cálculo del 2,95%, ya que sostienen que ese porcentaje “debería ser sustancialmente menor” al que dispone el fallo de la Corte.  “La Nación está cumpliendo con el fallo a pesar de que sus propios cálculos difieren”, destacaron desde el Ministerio de Economía.

El origen del reclamo de Ciudad se encuentra en la medida cautelar que la Corte emitió en diciembre de 2022 en favor de Uspallata para revertir una decisión que tomara el ex presidente Alberto Fernández.

El de este jueves no fue el primer encuentro entre funcionarios del gobierno del presidente Javier Milei y de la Ciudad de Buenos Aires, sino que desde enero vienen sucediendo reuniones para destrabar el conflicto.

El último encuentro que habían mantenido Macri y Caputo fue en julio, oportunidad en la que, a pesar de haber anunciado un principio de acuerdo, las diferencias persistieron.

MM con información de la agencia NA.

La Procuración General de la Nación dictaminó que la Corte Suprema debe intervenir como tribunal único en el reclamo de la Provincia de Buenos Aires contra el DNU por el cual el gobierno de Javier Milei dejó de transferirle los fondos para las jubilaciones bonaerenses.

La procuradora adjunta Laura Monti se pronunció de esa manera en el marco del pedido de medida cautelar que formuló el gobernador Axel Kicillof ante la decisión de Nación de cortar los aportes para la caja provincial previstos por una ley que atravesó los últimos siete gobiernos.

“La Provincia de Buenos Aires deduce acción declarativa de certeza contra el Estado Nacional con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad del DNU y que, en consecuencia, el Estado Nacional ‘restablezca las transferencias de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)”, explicó Monti.

Los montos reclamados corresponden a “compensación por el déficit del régimen jubilatorio de la Provincia de Buenos Aires no transferido al Estado Nacional”, a valores actualizados.

El régimen se implementó a fines de 1999, durante el gobierno de la Alianza, cuando se firmó el “Compromiso Federal” (ratificado por ley) por el cual el Estado Nacional “se comprometió a financiar los déficits globales de los sistemas previsionales provinciales no transferidos, con recursos provenientes de rentas generales”.

La aplicación de la norma se mantuvo durante el interinato de Eduardo Duhalde y los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, e incluso se profundizó cuando en 2016, durante la gestión de Mauricio Macri, se dictó la ley de “Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados”.

Uno de los artículos de esa norma instruyó al Poder Ejecutivo “para que arribara a un acuerdo con las provincias que no hubieran transferido sus sistemas previsionales, para compensar las asimetrías con respecto a aquellas jurisdicciones que sí lo habían hecho”.

Los fondos fueron previstos en el presupuesto 2023, que “estableció un crédito específico para las cajas previsionales provinciales transferidas y, a su vez, dispuso una metodología para que la ANSES abone mensualmente a las provincias que no transfirieron al Estado nacional sus regímenes previsionales, un monto en concepto de anticipo a cuenta, equivalente a una doceava parte del déficit -provisorio o definitivo-”, determinado por un decreto del gobierno de Macri.

Toda la normativa fue prorrogada por decreto también durante el Gobierno de Alberto Fernández.

Sin embargo, el gobierno de Milei lo interrumpió mediante el DNU que “no se encuentran comprendidos en dicha prórroga” los artículos que determinan el aporte de Nación a la caja jubilatoria provincial.

“Toda vez que la Provincia de Buenos Aires –a quien le corresponde la competencia originaria de la Corte-, demanda al Estado Nacional, que tiene derecho al fuero federal, entiendo que la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciar la demanda en esta instancia”, opinó la procuradora adjunta.

“En tales condiciones, opino que el proceso debe tramitar ante los estrados del Tribunal”, resumió Monti.

Con información de NA.

IG

Termina mayo y no hubo pacto. Termina mayo y no hubo ley Bases. Mientras tanto, los gobernadores hacen malabares para contener el malestar en sus provincias: quienes trabajan en el sector salud, educación, seguridad o administración pública a nivel provincial empiezan a manifestar su descontento –con mayor escala en la provincia de Misiones– por sueldos que no logran recuperarse ni de cerca a la aceleración inflacionaria tras la asunción de Milei y la mega devaluación.

Las provincias trasladan el peso del ajuste a los sueldos provinciales producto de arcas que tienen caídas por todas partes: sus recursos propios, aquellos que reciben por coparticipación pero también los que corresponden a transferencias no automáticas de Nación. Desagreguemos.

Los recursos con los que cuentan las provincias pueden subdividirse entre recursos propios y aquellos que les transfiere la Nación. Pero al interior de esta última categoría hay transferencias no automáticas y otras que sí lo son –en carácter de coparticipación o regímenes específicos–. En todos los rubros, prácticamente todas las provincias arrojan números rojos. 

En el caso de los recursos propios, que incluyen patentes, inmobiliario rural y urbano y sellados, el principal componente de la recaudación provincial es el Impuesto a los Ingresos Brutos. Este impuesto depende directamente del nivel de actividad económica. Desde diciembre a esta parte, en promedio, las arcas provinciales perdieron en términos reales interanuales 14,3%, 10,7% en enero, 5,1% en febrero y 13% en marzo, con una economía que cayó 8,4% interanual. Con la excepción de las provincias de Buenos Aires y Neuquén, el conjunto arroja pérdidas que van de -0,4% en el caso de Santa Fe hasta -33,2% en San Juan.

Ahora bien, el peso de la recaudación propia sobre el total de los recursos de la jurisdicción es relativamente bajo: salvo dos excepciones (Neuquén y CABA), representan menos de 50% del total, con casos extremos de 7% u 8%. La porción más relevante de los recursos proviene de la Coparticipación y Otros Recursos de Origen Nacional, y estos guarismos vienen peor. En el caso de la coparticipación, cuyos tributos centrales son el IVA y el Impuesto a las Ganancias, entre diciembre y abril cayó entre 8,4 y 24,8% según el mes. En el caso del IVA, cuya caída en abril fue de 8%, esto es producto del parate en la actividad económica, pero en el caso de Ganancias, que se redujo 37% en abril, se debe mayormente a la eliminación de la cuarta categoría del impuesto. Su restitución, contemplada en la Ley Bases, se presenta hoy como una gota de agua en el desierto para las arcas provinciales. Por el lado de otros recursos nacionales automáticos, las caídas son más profundas aún: de -11,5% a -26,7% en los últimos cinco meses.

Para completar el panorama, desde Nación se cortaron o redujeron prácticamente todas las partidas de transferencias no automáticas, centralmente el Fondo Nacional de Incentivo Docente (que la oposición intentará restituir el próximo martes en una sesión especial en la Cámara de Diputados, ya que representa en promedio el 12% del total del salario docente), el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires y los fondos correspondientes a las cajas previsionales provinciales. En el primer cuatrimestre de 2024 estos recursos se redujeron 76% en términos reales, afectando todos los rubros: educación, salud, seguridad social y política productiva. En el caso de las políticas alimentarias para comedores escolares, la caída alcanza el 99,9%: prácticamente no se ejecutaron partidas para este rubro.

Por último, las provincias se ven afectadas por la paralización de más de 2.000 obras en todo el territorio nacional: en el primer cuatrimestre, las transferencias a provincias en concepto de gastos de capital cayeron 98% interanual. Esto implica no construir rutas, cloacas, viviendas, jardines maternales pero tampoco infraestructura energética, cuya consecuencia directa fue el corte de gas que sufrimos los últimos días. 

Entre provincias, hay algunas diferencias relevantes: la más afectada por el recorte de transferencias no automáticas es La Rioja –con una caída interanual en términos reales de 97,3%-- y la menor caída la tiene Chubut con –65,7%–. Desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaboramos un informe para mostrar estas caídas y sus diferencias entre jurisdicciones, clasificados por rubros de partidas. En la tabla a continuación, pueden apreciarse las divergencias: 

Con todo este panorama de recorte de ingresos, las provincias deben afrontar gastos que centralmente corresponden a salarios y jubilaciones y pensiones (en el caso de las jurisdicciones que no transfirieron sus cajas previsionales al gobierno nacional como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba). Según datos provistos por la Subsecretaría de Coordinación Fiscal Provincial del Ministerio de Economía de la Nación, al cuarto trimestre de 2023, en promedio, entre los rubros “personal” y “prestaciones de la seguridad social” absorben el 55% de las erogaciones provinciales totales, y el 63% de las erogaciones corrientes.

Por ende, los recortes que están recibiendo las provincias no implican un ajuste a los gobernadores, a la “casta”, sino a sus poblaciones: a jubilados y jubiladas provinciales, a docentes iniciales, primarios y secundarios, a policías, a médicos y médicas, a enfermeros y enfermeras que día a día garantizan derechos allí donde se desenvuelven. Recomponer sus salarios resulta de extrema urgencia así como también retomar las obras abandonadas, muchas de ellas cerca de terminarse, para mejorar la calidad de vida de los argentinos y las argentinas. 

CB/DTC

El Gobierno prorrogó la vigencia de un artículo de la Ley N°26.075 de Financiamiento Educativo, que establece el envío de recursos coparticipables a las provincias, a través del Decreto 231/2024, publicado este jueves en el Boletín Oficial.

El documento oficial dispuso “la vigencia para el Ejercicio Fiscal 2024 del artículo 7° de la Ley N° 26.075, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 9° y 11 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y sus modificatorias, teniendo en mira los fines, objetivos y metas de la política educativa nacional y asegurando el reparto automático de los recursos a los ministerios de Educación u organismos equivalentes de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los Municipios, para cubrir gastos estrictamente ligados a la finalidad y función educación”.

La medida se da en el marco del conflictivo inicio del ciclo lectivo, con disputas del Ejecutivo con los gremios y las provincias por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el recorte del presupuesto educativo y la demora para la convocatoria a la paritaria nacional, en la que aún no se alcanzó un acuerdo.

En los considerandos, el Gobierno explicó que ante la prórroga del Presupuesto 2023 para el actual Ejercicio, “resulta necesario y urgente incorporar disposiciones complementarias a la prórroga, necesarias para garantizar el financiamiento del sistema educativo nacional”.

Al mismo tiempo, la norma recordó que el artículo 7° de la Ley de Financiamiento Educativo fijaba por el plazo de 5 años “una asignación específica de recursos coparticipables con la finalidad de garantizar condiciones equitativas y solidarias en el sistema educativo nacional y de coadyuvar a la disponibilidad de los recursos previstos en dicha ley en los presupuestos de las Provincias y de la CABA”. Una vez que se venció dicho plazo, se dispusieron sucesivas prórrogas con el objetivo de asegurar el financiamiento del sector.

De acuerdo a lo que establece dicha ley, “el monto total anual de la afectación referida será equivalente al 60% del incremento en la participación del gasto consolidado en educación, ciencia y tecnología en el Producto Interno Bruto”.

En el Decreto firmado por el presidente Javier Milei junto con todos los ministros, se argumentó que “la asignación específica de recursos coparticipables busca aumentar el nivel de inversión del presupuesto de las Provincias y de la Ciudad de Buenos Aires en educación, destinando dichos recursos al pago de salarios y al mejoramiento de la calidad y la infraestructura educativa”.

Asimismo, el texto oficial indica que “la dilación en la aplicación de las disposiciones del artículo 7° de la Ley N° 26.075 impide la disponibilidad de recursos para los fines antes mencionados, afectándose en forma directa la situación económica de las Provincias y de la CABA, en particular en lo que hace al financiamiento del Sistema Educativo”.

Además, al continuar fundamentando la medida, el Ejecutivo subrayó que “la situación económica y social del país requiere que se garantice la disponibilidad de fondos destinados al cumplimiento de los fines de la ley antes mencionada”.

La renovación en la vigencia de la normativa que establece el envío de fondos de Nación a las provincias se da en la previa de la reunión del Ejecutivo con los gobernadores por el Pacto de Mayo y significa un alivio para las arcas de los Estados provinciales en un contexto de recorte generalizado, que no escapa al ámbito educativo.

Con información de NA.

IG

“Cuenten con nosotros para reuniones de trabajo, para encuentros destinados a solucionar problemas, incluso para debatir. Pero si se trata de encuentros para fotos y marketing… arranquen nomás si no llegamos”. Con esa frase que despertó rápidamente aplausos y ovación de los propios, el gobernador Axel Kicillof abrió este lunes las sesiones ordinarias en la Legislatura de Buenos Aires y le respondió directamente al presidente Javier Milei su convocatoria a un diálogo con las provincias en el afamado Pacto de Mayo.

El gobernador evitó en su discurso aclarar si asistirá a la cumbre que está empezando a organizar la Casa Rosada con los gobernadores, pero hizo explícito una serie de condiciones propias para participar en ese cónclave. Kicillof centró gran parte de su exposición para dar un mensaje con tintes nacionales, le hizo un guiño a los demás mandatarios y, en paralelo, buscó centralizar la oposición al oficialismo. A su manera rompió la moderación peronista que hasta ahora había generado el discurso de Milei del viernes.

Kicillof no solo escribió un discurso con frases punzantes contra el Gobierno, sino que hizo una puesta en escena pensada de antemano: fuera de la Legislatura hubo una manifestación de apoyo a la que se acercó a saludar y dentro del recinto sentó en las primeras filas a las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. En uno de los palcos se mostraron sindicalistas como Hugo Moyano y el triunvirato de la CGT, y hasta Roberto Baradel, del gremio de docentes, justo cuando en otras provincias hoy no hubo clases por un paro. “No al cierre de Télam”, rezó un cartel colgado en las gradas. Entre los invitados estuvieron también los legisladores nacionales de Unión por la Patria, con Máximo Kirchner a la cabeza.

Milei debe dejar de extorsionar a los gobernadores para que aprueben sus leyes

Axel Kicillof

“El extravagante experimento al que está siendo sometida la Argentina exige acciones extraordinarias del gobierno provincial”, dijo el gobernador al inicio de su discurso. Rompió así el silencio al que se sometió desde el viernes a la noche, cuando se fue raudo del Congreso para evitar responder en caliente sobre la iniciativa presidencial de firmar un “Pacto de Mayo” en Córdoba, atado además a una convocatoria a todos los mandatarios provinciales a la Casa Rosada para discutir un nuevo pacto fiscal y la aprobación de la ley Bases. “Milei debe dejar de extorsionar a los gobernadores para que aprueben sus leyes”, fue firme en su posicionamiento Kicillof.

“El Presidente deberá aprender a convivir con los gobernadores. No se trata de aprietes o extorsiones, ni de fundir a quienes no están de acuerdo con su proyecto”, aseveró el gobernador, luego de calificar al Gobierno de conducir “una etapa sombría”. Kicillof buscó golpear a Milei con sus propias armas: “La democracia no es el Paradoja de Arrow ni se explica con el dilema del prisionero”, señaló. “El recorte y el ajuste solo producen dolor, desintegración, desigualdad”, afirmó y puntualizó contra funcionarios nacionales como los ministros Luis Caputo (Economía), Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa) y Federico Sturzenegger, creador del mega DNU 70/30 y la ley ómnibus. “El Gobierno está lleno de los mismos de siempre que varias veces traicionaron al país”, apuntó. “No queremos ser Irlanda, queremos ser Argentina”, dijo en otro momento.

“Por más dificultades y problemas que haya, creer que todo funcionaría mejor si no hubiera Estado es una muestra ridícula de terraplanismo ideológico, conceptual y cultural. Se trata de una ideología extrema y extranjera que no funcionó en ningún tiempo ni lugar”, golpeó en otro pasaje el gobernador. Kicillof dijo que “la provincia promoverá cada vez una mayor cooperación con otros gobiernos provinciales” y adelantó que hay una preocupación “por el nulo sentido federal que muestra el Gobierno Nacional”. “Parece mentira que a esta altura de la historia Milei haya reeditado el enfrentamiento entre unitarios y federales”, sintetizó.

Emulando a los diez puntos del Pacto de Mayo que expuso el Presidente, el gobernador puso sus propias condiciones para dialogar con el Gobierno. Pidió la “inmediata reactivación de las obras públicas frenadas”. Exigió “el respeto al federalismo y la inmediata reposición de los fondos vengativamente birlados a las provincias”. Planteó la “devolución de los fondos del FONID para los salarios docentes y los fondos para las universidades y el transporte”. Reclamó “la urgente distribución de los recursos destinados a los comedores y los medicamentos”. Dijo que el DNU 70/23 tiene ser derogado. Subrayó un “firme rechazo al delirante proyecto de dolarización”. Y solicitó que el Gobierno se hago cargo del dragado del Canal Magdalena. Cerró con una omisión de Milei en su discurso, inédita para las exposiciones presidenciales en el Congreso: reiteró el “firme reclamo por la soberanía en Malvinas”.

Creer que todo funcionaría mejor si no hubiera Estado es una muestra ridícula de terraplanismo ideológico, conceptual y cultural

Axel Kicillof

El mandatario provincial ya había chocado de frente con Milei la semana pasada cuando el Gobierno le cortó de un cuajo un fondeo que le había otorgado Alberto Fernández para afrontar una crisis salarial con la policía en tiempos de la pandemia. El Fondo de Fortalecimiento de la provincia de Buenos Aires se sustentaba con más de un 1% de la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires, lo que generó un enfrentamiento judicial entre ambas jurisdicciones en la que intervino la Corte Suprema. Este lunes no mencionó su promesa de cerrar los puertos bonaerenses, pero sí reclamó por más coparticipación.

Buscando llevar su discurso al llano comparó los precios de productos básicos de la canasta familiar en noviembre, cuando aún gobernaba el Frente de Todos, y enero pasado. Killof hizo apenas una crítica a la alta inflación del gobierno de Alberto Fernández, pero no lo mencionó al expresidente. Sí elogió a Cristina y Néstor Kirchner por su “auténtica rebeldía y amor por la patria”. El gobernador también evitó hacer alusión a temas espinosos de la propia realidad provincial, como el caso de las tarjetas de Chocolate Rigau o la crisis de la obra social bonaerense IOMA.

Kicillof aseguró que el rol de la Provincia será de “protector” ante el ajuste mileísta. Con ese norte hizo un repaso de las medidas de su primera gestión en ámbitos como la obra pública, la educación, la producción, hasta la ciencia y la tecnología, y buscó ofrecer un reparo a todos esos sectores golpeados por la motosierra libertaria. “No estábamos preparados para ser un escudo; queríamos ser motor de una etapa donde se profundizaran la industria, el empleo, el desarrollo y el bienestar”, justificó. Habló de “un rumbo a contramano del mundo” con Milei, de “masacre social”, de “autodestrucción”. Acusó al Presidente de su lectura histórica: “No solo añoran un país preindustrial, preperonista, sino uno dependiente y predemocrático”.

El discurso de Kicillof cerró con un fuerte tono de campaña: “Lo que está en peligro es la unidad nacional: así como se propone desintegrar la sociedad promoviendo el egoísmo, también se está poniendo en riesgo la unidad nacional”, advirtió. Y tras leer las más de 30 páginas de su discurso, el acto concluyó con la banda de la policía tocando canciones de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota.

MC/MG