En una resolución que busca destrabar años de parálisis en el recupero de activos vinculados a crímenes de lesa humanidad, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 (TOCF 5) —integrado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg— decretó la intervención judicial de las firmas Martiel S.A. y Forestando Delta S.A..

Las compañías remiten directamente a la estructura logística de la ESMA durante la dictadura: Jorge Carlos Radice, conocido en el centro clandestino como “Ruger”, no solo participó en los operativos de secuestro, sino que fue el arquitecto financiero del saqueo de bienes a los detenidos-desaparecidos. Su hermana, Norma Berta Radice, operó como el engranaje civil necesario para administrar ese “botín de guerra” a través de sociedades que, según el tribunal, permitieron la “aparente justificación y exteriorización de bienes y riquezas” obtenidas mediante crímenes de lesa humanidad.

La intervención busca, tras décadas de maniobras, desarticular una estructura de lavado que sobrevivió mucho más allá del fin de la dictadura. La medida otorga facultades de información y administración para regularizar la situación societaria de ambas compañías.

El fallo, firmado el pasado 17 de abril, responde a una solicitud del fiscal general Félix Crous, quien denunció una demora de más de cuatro años para hacer efectivos los embargos dispuestos sobre los paquetes accionarios de estas sociedades. Según el Ministerio Público Fiscal, la resistencia de las autoridades societarias impidió que la justicia tomara control de activos que, según la investigación, fueron creados para “aplicar el provecho de los delitos cometidos por el grupo de tareas, permitiendo, a través de las estructuras societarias, la aparente justificación y exteriorización de bienes y riquezas originadas a manos del grupo militar incriminado”.

La táctica del “extravío”

La figura central de la resistencia judicial es Norma Berta Radice, imputada en la causa y última presidenta designada de ambas firmas. La defensa de Radice se opuso a la intervención alegando que la medida no tenía vinculación con el juicio. Sin embargo, el tribunal expuso una maniobra reiterada: la denuncia policial por el extravío de los libros societarios clave.

De acuerdo al expediente, Radice presentó denuncias por pérdida de libros de registro de acciones y actas de asambleas en julio de 2021 y nuevamente en noviembre de 2025. Para los jueces, esta “reticencia manifiesta” de la imputada ha sido el principal obstáculo para materializar los embargos ordenados originalmente en marzo de 2021. Ante este escenario, el TOCF 5 consideró que la intervención es el “único medio disponible” para avanzar, desplazando la administración para que el interventor judicial —designado a través de la plataforma Lex 100— proceda a la rúbrica de nuevos libros y anote las medidas cautelares.

El nexo político y legal

Este caso no es ajeno a la red de defensas que vinculan el pasado de la represión con el presente político. Como antecedente de peso en este entramado, cabe recordar que Santiago Viola, actual apoderado de La Libertad Avanza y secretario de Justicia, debajo del ministro Juan Bautista Mahiques, tuvo un rol activo como defensor de cómplices en causas vinculadas al saqueo de bienes de la ESMA.

La intervención de empresas como Martiel S.A. y Forestando Delta S.A. (con los CUIT 30-62657707-1 y 30-70763411-8 respectivamente) es parte de una batalla legal más amplia por el recupero de activos. El tribunal fundamentó su decisión en los artículos del Código Penal que habilitan a los jueces a adoptar medidas para “administrar, conservar, ejecutar y disponer” de bienes que sean producto o provecho de delitos , citando como precedente la intervención de firmas como Austral Agro S.A. o incluso el caso Hotesur S.A., donde también se alegó la falta de rúbrica de libros para obstruir el accionar judicial.

Con esta resolución, el interventor tendrá ahora 30 días para presentar un informe inicial de situación y deberá arbitrar los medios necesarios para mantener el patrimonio de las firmas, evitando su deterioro mientras se cumple con el mandato de la justicia federal.

El affaire Haidar

Tiene 38 años. Usa anteojos, jean y camisa arremangada. Espera una luz verde para cruzar la calle, sereno y con la mirada al frente. Se llama René Haidar, fue jefe de Inteligencia de Montoneros y la estela de su leyenda todavía refulge. 

Hace una década, en agosto de 1972, evadió los fusilamientos de 16 compañeros en la Base Aeronaval Almirante Zar de Trelew, tras un intento de fuga del penal de Rawson, plena aspereza patagónica. 

La Marina no olvida: es el último de los tres sobrevivientes. Ignora que lo siguen.

Cuando las copias de esa instantánea todavía chorreaban, Adolfo Donda, Fernando Peyón y Lucía Deón irrumpieron en el laboratorio donde trabajaba Víctor Basterra.

–Sí, es el Turco –confirmó la detenida.

Poco después, el prefecto Jorge Díaz Smith pidió una extravagancia: su foto caracterizado como Haidar. Se oscureció el pelo, se pegó una barba falsa, se calzó los anteojos y se entregó a la lente.

–¿Y, me parezco?

Conforme con el engaño, viajó a Uruguay con pasaporte a nombre del guerrillero, que caería el 18 de diciembre. Basterra lo vio en el sótano castigado por la tortura, semidesnudo y con grilletes, escoltado por un suboficial que decía a quien quisiera escuchar:

–Pensar que a este hijo de puta lo conocí hace diez años.

Al costado de la escalera había una camilla, jeringas y una almohada ensangrentada.

Flashes y relámpagos

A veces, Basterra dormía en el laboratorio. Una noche de insomnio se levantó del colchón, montó sobre la cámara un flash recién llegado y salió a caminar por el pasillo. Disparó una, dos, tres veces. La secuencia revelaba las entrañas desangeladas de la burocracia del miedo: una escalera interna, la trituradora de papeles, la puerta de la huevera.

Estaba por guardar la cámara cuando una voz le heló la sangre.

–La puta que te parió, ¡¿qué estás haciendo?!

Se dio vuelta, quiso parecer imperturbable.

–Estoy probando el flash.

El guardia no sabía que la cámara tenía rollo. Ni que el prisionero, acostumbrado a vivir como un equilibrista, había sacado las primeras fotos del sótano.

Algunas noches después, mientras una tormenta se ensañaba con puertas y ventanas, se escabulló en un cubículo, metió la mano en un hueco y alcanzó una llave de Inteligencia. Entró a la oficina y abrió un archivador. Encontró la carpeta con las declaraciones del Grupo Villaflor, y supo que Raimundo había muerto el 7 de agosto de 1979, después de tres días de tortura.

Vislumbró más nombres en otra carpeta de tapas duras. Miró a sus espaldas, la escondió entre la ropa y la llevó al laboratorio. Rotulada “GT1, Equipo 2, confidencial”, incluía una lista de bajas enemigas elaborada por el Ejército, con eles para los liberados y tes para los traslados. Mientras el flash se mimetizaba con los relámpagos, comprobó que casi no había eles. Terminó gastando dos rollos.

Ya era de madrugada cuando escuchó una puerta que se abría. Pensó que, ahora sí, se le había terminado la suerte. Tenía que ser Peyón, que llevaba meses soltando su amenaza después de hurgar en los cajones, desenfundar la pistola y apoyársela sobre la sien:

–Un día te vas a equivocar, y yo voy a estar acá para matarte.

A pocos días de que se cumplan 50 años del comienzo de la última dictadura cívico-militar, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó este jueves las condenas dictadas contra represores por crímenes de lesa humanidad cometidos en la entonces Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y en Campo de Mayo. Los fallos ratifican prisiones perpetuas para los pilotos Ángel Delsis Malacalza y Eduardo José María Lance, y mantienen las condenas al ex médico de la Armada Jorge Luis Magnacco y al ex integrante del grupo de tareas Víctor Roberto Olivera.

El tribunal rechazó los recursos interpuestos por las defensas en ambas causas y consolidó un cuerpo jurisprudencial que caracteriza a la exESMA y a “El Campito” —centro clandestino que funcionó en Campo de Mayo— no como meros lugares de detención ilegal, sino como centros de exterminio encuadrados en lo que los jueces denominaron el “paradigma concentracionario”. La sentencia afirma que estos espacios encarnaron “la deshumanización y despersonalización sistemática de los sujetos detenidos, reducidos a meros objetos de control y sufrimiento”.

Los fallos fueron redactados por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal. En la causa ESMA, el voto fue liderado por el juez Alejandro W. Slokar —cuyo análisis estructuró el núcleo conceptual de ambas sentencias— al que adhirieron Daniel Antonio Petrone y Gustavo M. Hornos. En la causa Campo de Mayo, Slokar votó como vocal junto a la jueza Angela E. Ledesma y el juez Guillermo J. Yacobucci, quien presidió esa sala.

Maternidad clandestina y violencia de género

En la causa ESMA, la sentencia pone especial énfasis en los crímenes cometidos contra mujeres embarazadas y niños. El caso de Cristina Clelia Salguero, de 25 años y nueve meses de embarazo cuando fue secuestrada en enero de 1977, ilustra lo que el tribunal describe como “una de las manifestaciones más radicales del terrorismo de Estado”: el encierro de mujeres en la maternidad clandestina de la ESMA, donde dieron a luz sin sus familias, en condiciones inhumanas y bajo el control de sus captores. El fallo concluye que esa práctica “constituyó una forma extrema de violencia de género”.

Magnacco, que actuaba como médico y nexo entre la maternidad clandestina y el Hospital Naval, fue condenado por su participación en partos en cautiverio. Las víctimas lo reconocieron como responsable de los partos realizados en el Casino de Oficiales. La sentencia también confirmó la condena a Olivera, guardia del grupo de tareas, por mantener bajo el régimen de “libertad vigilada” a Merita Susana Sequeira y su hija Mariela, incluso después de que abandonaran el centro clandestino.

El tribunal subrayó el deber del Estado de proteger especialmente a los niños y recordó que “la separación de niños de su familia constituye, bajo ciertas condiciones, una violación de su derecho a la familia”.

Los vuelos de la muerte: el crimen sin testigos

En la causa Campo de Mayo, los fallos se detienen en la mecánica de los llamados “vuelos de la muerte” —la práctica sistemática por la cual personas secuestradas eran arrojadas vivas al mar desde aeronaves militares— como herramienta de exterminio genocida. Las sentencias destacan que esta modalidad estaba diseñada para eliminar toda evidencia: “nadie sobrevivió a los vuelos para testimoniarlo”, señala el fallo. Las víctimas podían relatar el secuestro, la tortura y la reclusión, pero “el instante de la muerte careció de testigos que no fueran los propios perpetradores. El crimen se consumó en el único espacio donde la mirada ajena era materialmente imposible: en la noche, en el aire, sobre el agua”.

Desde diciembre de 1976, cuerpos comenzaron a aparecer en las costas bonaerenses. Fue el Equipo Argentino de Antropología Forense quien permitió identificar a las víctimas y determinar las causas de sus muertes, “contrarrestando la lógica de ocultamiento del régimen”. El fallo reconoce que ese trabajo fue determinante para convertir la sospecha en certeza judicial: “los cuerpos hallados en las costas son los que rompen el pacto de silencio”.

Los condenados Malacalza y Lance se desempeñaban como segundo jefe del Batallón 601 y oficial de operaciones, respectivamente, lo que les otorgaba —según la sentencia— “dominio funcional sobre el personal, los recursos y la ejecución de las operaciones represivas ilegales”. Los cuatro casos juzgados corresponden a estudiantes secundarios y militantes que permanecieron detenidos en “El Campito” y cuyos cuerpos fueron hallados en las costas argentinas.

Entre las víctimas, Roberto Arancibia fue secuestrado de su departamento en mayo de 1977 mientras sus hijos Martín, de seis años, y Adriana, de tres, quedaban solos. Los niños fueron internados en un instituto de menores durante seis meses. Durante el juicio, Adriana recordó que quiso ponerle “una curita” a su padre porque lo habían lastimado.

Memoria activa contra el negacionismo

Los fallos también se pronuncian sobre el presente. La sentencia sobre la ESMA expresa preocupación por el impacto del Decreto N° 345/2025 sobre el funcionamiento de la Comisión Nacional de Monumentos y, en particular, sobre el Museo Sitio de Memoria ESMA. El tribunal advirtió que el debilitamiento de esos mecanismos “podría comprometer seriamente el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino” y fue categórico: “el deber memorial constituye imperativo para todos los poderes públicos”.

Las sentencias exhortan a los tribunales orales a preservar la totalidad del material probatorio y afirman que el reconocimiento judicial de estos hechos “constituye una forma de memoria activa orientada a enfrentar el olvido y el negacionismo”. Recordar, concluye el fallo, “es lo que se definió como 'memoria ejercida': el esfuerzo por recuperar lo que tuvo lugar en el pasado articulando el testimonio individual con la reconstrucción histórica de la experiencia colectiva”.

El predio de la ESMA está protegido por ley como Sitio de Memoria del Terrorismo de Estado. El Casino de Oficiales es Monumento Histórico Nacional. A cincuenta años del golpe, estas sentencias recuerdan que memoria, verdad y justicia no son consignas: son obligaciones del Estado. Y este jueves, la justicia las hizo cumplir.

Familiares de argentinos detenidos en Venezuela reclamaron este martes por su liberación frente a la sede de la antigua Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó el mayor centro clandestino de detención de la última dictadura argentina (1976-1983).

La manifestación contó con la presencia de familiares del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido desde diciembre de 2024 en el país caribeño tras intentar ingresar por tierra desde Colombia para visitar a su pareja e hijo; y del abogado Germán Giuliani, detenido desde mayo de 2025 tras viajar a Venezuela por trabajo.

A ellos se sumaron activistas opositores venezolanos, que acudieron con banderas venezolanas y un cartel que leía “Liberen a todos los presos políticos”.

También pidieron por el “cierre de los centros de tortura” en Venezuela, comparándolos con la ESMA, que funcionó como campo de concentración, maternidad clandestina y lugar de exterminio y que en 2015 fue convertido en espacio de memoria por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, en la que se estima que unas 30.000 personas fueron secuestradas, torturadas y asesinadas por motivos políticos.

“El Helicoide, el mayor centro de torturas de Latinoamérica ubicado en Caracas, es hoy lo que fue la ESMA en los años más oscuros de la historia argentina. Es un símbolo del horror, donde se encierra, se tortura y se humilla a quienes piensan distinto”, expresó Elisa Trotta, referente en Argentina de la oposición al Gobierno chavista y secretaria general del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD).

Además, denunció “falta de transparencia, ausencia de listas públicas oficiales y hostigamiento judicial” tras las excarcelaciones de los últimos días en Venezuela.

Este lunes, el Ministerio de Servicio Penitenciario de Venezuela informó sobre “116 nuevas excarcelaciones”, pero no detalló las identidades de los beneficiarios ni las condiciones de estas medidas.

En paralelo, la ONG Foro Penal y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria en Venezuela, confirmaron este martes entre 56 y 76 excarcelaciones de presos políticos, cinco días después de que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de “un número importante de personas”. 

Con información de EFE

JIB

Después de meses amenazando con reformular el edificio de la ex-ESMA –donde hoy funcionan distintos organismos de derechos humanos–, el gobierno de Javier Milei anunció que 5.000 metros cuadrados serán destinados a la implementación del Código Procesal Penal Federal (CPPF). Así lo hizo saber el Ministerio de Justicia de la Nación que, aunque no dio detalles sobre cuál será el alcance de la medida, sí se preocupó de aclarar que el inmueble habia sido utilizado anteriormente para “programas ideológicos y actividades político partidarias”.

El nuevo Código Procesal Penal Federal fija un modelo acusatorio en los juicios penales a nivel federal. En este modelo, el Ministerio Público Fiscal –los fiscales–pasan a tener un rol central en la conducción de la investigación judicial. En cambio, los jueces quedan a cargo exclusivamente de garantizar los derechos y controlar la legalidad del proceso, sin investigar ni acusar.

Si bien fue aprobado en 2014, hasta el momento su puesta en marcha no fue inmediata ni uniforme. La Ciudad de Buenos Aires es uno de los distritos donde todavía no fue implementado pero deberá entrar en vigencia el próximo 11 de agosto.

“Nuestra decisión se enmarca en el mandato del presidente Javier Milei de eliminar gastos innecesarios, achicar el Estado, redirigir los recursos existentes hacia lo que verdaderamente importa: una Justicia rápida, eficaz y al servicio de los argentinos”, señala el comunicado del ministerio de Justicia que conduce Mariano Cúneo Libarona.

En otro tramo agrega que ahora jueces y fiscales tendrán “todas las herramientas necesarias para que puedan meter presos a los delincuentes”

Los fiscales venían reclamando hace tiempo un edificio donde poder funcionar. Ahora el Gobierno decidió darles un lugar en la ex-ESMA donde funcionó el mayor centro clandestino de la represión ilegal y que hoy es un sitio emblemático de memoria y derechos humanos en Argentina. Actualmente, en el predio funcionan diversas instituciones y dependencias estatales.

Una semana atrás, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que la Secretaría de Derechos Humanos –que funciona en la ex-Esma– se va a transformar en subsecretaría: “Ahora sí se va a encargar de defender todos los Derechos Humanos”, dijo.

En ese sentido, el portavoz, reciente ganador en las recientes elecciones porteñas, manifestó: “El Ministerio de Justicia definió que la Secretaría de Derechos Humanos será convertida en Subsecretaría de Derechos Humanos. De esta manera, se va a recortar el 40% de la estructura y el 30% del personal, lo que implica un ahorro de $9.000 millones anuales”.

Dos días despues, el Gobierno avanzó con la reestructuración del Archivo Nacional de la Memoria y el Museo de la ESMA, organismos descentralizados de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, que integrarán las unidades organizativas del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH).

Además, en enero, el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, adelantó que el Gobierno planea instalar en uno de los edificio del sitio de memoria a gran parte de la estructura del Ministerio de Justicia. Fue en medio del cierre sorpresivo del Centro Cultural Haroldo Conti.

Además de las cesantías en el Conti, la motosierra mileísta avanzó sobre el Archivo General de la Memoria, donde se conserva gran parte de la documentación histórica sobre la última dictadura, entre ella los informes de la Conadep que sirvieron para el Juicio a las Juntas. 

Como parte de los cambios en Justicia, se estudia reacomodar personal del edificio de la sede la cartera, en la calle Sarmiento al 300, que seguirá funcionando, y terminar la construcción que se realiza en la ex-ESMA, denominado edificio Presidente Raúl Alfonsín, que está destinado a ser la sede del Ministerio.

A más de 40 años del retorno democrático en Argentina, el Museo Sitio de Memoria ESMA conmemoró este jueves el décimo aniversario de su apertura como espacio de memoria por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983), en un acto atravesado por fuertes críticas al Gobierno de Javier Milei por los recortes en políticas de derechos humanos.

“Mi identidad recuperada demuestra que la memoria, asumida colectivamente, tiene un poder transformador”, expresó Guillermo Pérez Roisinblit, hijo de dos militantes desaparecidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y nieto número 68 restituidos por las Abuelas de Plaza de Mayo.

Roisinblit calificó al museo como “un espacio donde cada pasillo y cada rincón confrontan el horror del pasado con el legado que decidimos presentar en este edificio” y definió a sus visitantes como “custodios de la democracia”.

Ana María “Rosita” Soffiantini, sobreviviente del centro clandestino de detención que funcionó en la ESMA durante la dictadura, habló de un “contexto sumamente difícil” y advirtió sobre la “desfinanciación, los recortes, los despidos y la degradación de la institución”.

“Son claras intenciones para debilitar nuestros logros en derechos humanos”, denunció.

El evento se celebró días después de que el Gobierno argentino anunciara la transformación de la Secretaría de Derechos Humanos en una subsecretaría, acompañada por un recorte del 40 % de su estructura y un 30 % de su plantilla, como parte de una nueva medida de ajuste estatal.

La exjueza María Roqueta, quien tuvo a su cargo causas por apropiación de bebés en el contexto del terrorismo de Estado, respondió al vocero presidencial Manuel Adorni, que días atrás había dicho que la Secretaría “ahora sí garantizará todos los derechos humanos y no defenderá a un sector ideológico partidario”.

“Fue la sociedad argentina la que decidió recuperar la memoria”, dijo Roqueta.

Durante la dictadura argentina, se calcula que unas 30.000 personas fueron secuestradas, torturadas y asesinadas por motivos políticos. Muchas de ellas permanecen desaparecidas.

La ESMA, uno de los mayores centros clandestinos de detención del país, funcionó como campo de concentración, maternidad clandestina y lugar de exterminio. En 2004 fue señalizada como sitio de memoria, y en 2015, por decreto de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, inauguró su museo, que desde 2023 forma parte del Patrimonio Mundial de la Unesco.

La directora ejecutiva del Museo Sitio de Memoria ESMA, Mayki Gorosito, destacó: “La conquista de la verdad, la memoria y la justicia es un gran activo político-cultural de Argentina y un ejemplo para aquellos países que, por diferentes motivos, conviven con la impunidad”.

“Una memoria que se construyó sobre la justicia y no sobre la venganza es un valor inapreciable”, añadió.

La exdiputada e hija de desaparecidos Victoria Donda, nacida en la ESMA y quien fue también presidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), participó del acto y llamó “delincuentes” a quienes, desde el Gobierno, “quieren borrar la escena del crimen”.

Tras las intervenciones, se proyectaron en las paredes del museo los nombres de represores condenados por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA. El evento cerró con la lectura de un poema de Loli Ponce —una detenida-desaparecida asesinada en ese centro clandestino— en la voz de la actriz argentina Laura Paredes.

Argentina ha sido reconocida internacionalmente por haber llevado adelante juicios por crímenes de lesa humanidad en su propio sistema judicial ordinario. Desde 1985 hasta diciembre de 2022, se celebraron 316 juicios, que resultaron en 1147 condenas.

EFE.

IG

Los restos de un auto fueron encontrados en el predio donde funcionó el Campo de Deportes de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y la ex diputada nacional por el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Myriam Bregman aseguró que esa situación “reavivó el debate” porque allí “quemaban los cuerpos de los detenidos desaparecidos”.

En sus redes sociales, Bregman aseguró que en ese mismo predio “morían bajo tortura o llegaban muertos” las personas secuestradas por las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar, los mismos que convirtieron esa institución en un centro clandestino.

“Se estima que ese pudo haber sido el destino, entre otros, de Rodolfo Walsh, de cuya hija soy abogada en la causa. A esta práctica macabra (la de incinerar personas u objetos) la llamaban ‘el asadito’. Esos terrenos conexos, y parte del funcionamiento de la ESMA, fueron entregados al Club River Plate con algunas cláusulas de cuidado, pero la propia incorporación de las mismas en la cesión es el reconocimiento por parte del Estado de que allí puede haber restos humanos u otros elementos importantísimos en la búsqueda de memoria, verdad y justicia”, sostuvo la ex diputada.

Asimismo, informó que, junto a Patricia Walsh, hija de Rodolfo, recorrieron el lugar “en una inspección ocular” y exigieron su preservación. Al mismo tiempo, y conocido este convenio con el club, sobrevivientes de la ESMA “vienen exigiendo que no se realice” y haciendo las presentaciones correspondientes en la causa que actualmente instruye el Dr. Ariel Lijo.

“Esperamos que este hallazgo haga que la entrega de los terrenos se revierta inmediatamente. El Campo de Deportes es prueba judicial y debe ser preservado como lugar de memoria. Es urgente, es ahora, porque toda medida contraria alimenta las posturas negacionistas. La coherencia en los reclamos las destruye”, concluyó Bregman.

A horas de recordarse en el país el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y de una marcha multitudinaria en Plaza de Mayo encabezada por Abuelas y diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos, el diputado nacional del PRO Gabriel Chumpitaz propuso cerrar el Museo de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), y difundió en sus redes sociales el video con el Gobierno reivindicó “la memoria completa” y criticó “la teoría del demonio único”.

Según expresó el legislador santafesino, el Museo Sitio de la Memoria que se encuentra en el predio donde funcionó un centro de detención y tortura durante la última dictadura cívico militar “divide a los Argentinos, nos impregna de odio y pasado”. 

En lugar del centro de Memoria y Derechos Humanos, Chumpitaz pidió montar “un centro de capacitación especializado en emergencias y catástrofes, para entrenar a las FFAA y los Bomberos”.

“¿Sabías que el predio de la ex ESMA ocupa más de 17 hectáreas en una de las zonas más estratégicas de la Ciudad de Buenos Aires? Proponemos que la Legislatura porteña ceda ese espacio a las FFAA y a los Bomberos, con el objetivo de que sea utilizado para la capacitación”, indicó el diputado, que sus redes sociales se describe como “empresario argentino y ex jugador de rugby profesional”.

Para justificar su propuesta, el rosarino señaló que “en lugares como Bahía Blanca, cuando se inundó, las Fuerzas Armadas y los Bomberos fueron fundamentales para rescatar y asistir a los vecinos”. 

“Transporte, logística, estrategias, tácticas operacionales, administración de recursos deberían ser algunas de las especialidades”, puntualizó el diputado del PRO.

En tanto, este martes, en una entrevista con Radio con Vos, el legislador insistió en “no olvidar el pasado pero empezar a mirar el futuro, cosa que no estamos haciendo”. Para Chumpitaz, “tenemos que empezar a ver la memoria completa para que haya una justicia veradera y empezar a cerrar esa grieta profunda, unir a los argentinos y para eso, hay que dejar atrás el pasado”. Y agregó: “La Argentina no niega las atrocidades que hizo el Gobierno militar, pero sí niega lo que sucedió con el terrorismo subversivo. No escucho hablar del ERP y de los Montoneros, es más, escucho que los reivindican y que eran jóvenes idealistas”.

Para Chumpitaz, “tenemos que saber la verdad completa y saber cuántos son los desaparecidos exactos, no son 30.000. Inventaron ese número. Por eso el Gobierno tomó la decisión de desclasificar los archivos. Hay que saber la verdad, sino es un relato”, cerró.

Durante el acto central en Plaza de Mayo en el Día de la Memoria, las organizaciones sociales expresaron, a través de un documento, que el presidente Javier Milei y su vice, Victoria Villarruel, “pretenden negar el genocidio y desmantelar las conquistas en materia de Memoria, Verdad y Justicia. Basta de negacionismo y apologismo del genocidio perpetrados por el gobierno nacional, armado y orquestado por Villarruel”, señaló el texto cerca de su final.

El Gobierno nacional difundió a las cero horas del 24 de marzo un video institucional por el Día de la Memoria con la voz y el texto del polítologo y referente mileísta Agustín Laje. En el mensaje, la administración de Javier Milei reitera sus argumentos que van en contra las políticas de derechos humanos que permitieron encarcelar a miles de genocidas y postula la fecha del feriado como “24 de Marzo, Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia Completa”. Así se titula el video, que aparenta condenar a los crímenes de Estado durante la última dictadura militar pero los equipara con los actos de violencia de organizaciones armadas.

Con información de agencias.

IG

El Gobierno Nacional lanzará en la medianoche del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia un video reivindicando la llamada “memoria completa”, según pudo saber elDiarioAR. Desde que asumió, la administración de Javier Milei levantó la bandera contra el consenso que tuvieron todos los gobiernos desde la recuperación de la democracia y llegó a llamar a los crímenes de lesa humanidad “excesos” en una “guerra”.

Los partidarios de la llamada “memoria completa” están en contra de los juicios a los genocidas de la dictadura, o piden que se los ponga en igualdad de condiciones a los militantes de agrupaciones armadas. Además de la batalla retórica, el gobierno libertario recortó presupuestos, eliminó organismos e impulsó despidos en la Secretaría de Derechos Humanos.

El año pasado, el primero de la administración Milei, las cuentas oficiales de redes sociales publicaron una pieza audiovisual de unos 13 minutos en la que se cuestionaba que durante la dictadura haya habido 30.000 desaparecidos, como aseguran los organismos de derechos humanos. Aquella producción contó con las voces del Juan Bautista “Tata” Yofre, el ex montonero Luis Labraña y María Fernanda Viola, la hija del ex capitán Humberto Viola, que fue asesinado en 1974 en un ataque del Ejercito Revolucionario del Pueblo.

Como en aquella ocasión, la edición 2025 también contará con la dirección del cineasta oficial, Santiago Oría. Aunque anunciado con bombos y platillos, aquel primer video no tuvo mayor repercusión en redes sociales. Quizás por eso, la secuela sumará una locación clave: según fuentes con conocimiento del tema, Oría filmó “algunas poquitas imágenes” en el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro de exterminio de la dictadura y donde hoy funciona un sitio de memoria. A pesar de los múltiples despidos de trabajadores del predio y el discurso oficial contrario a los organismos de derechos humanos, según pudo saber elDiarioAR, no hubo ningún problema entre los equipos de filmación gubernametales y los empleados.

Pero no solo se agregó una nueva ubicación. Si bien el contenido del video se guarda bajo siete llaves y no se filtraron, como sí sucedió el año pasado, los nombres de los entrevistados, elDiarioAR pudo saber que la secuela de este año contará con un elenco 100% nuevo y que no se repetirá ninguno de los miembros del reparto del video del 2024. Y, también, que el tiempo que se le dedicó a la producción fue mayor que el anterior.

El primer video, Yofre dijo que la historia se contó que los organismos de derechos humanos fabricaron su versión “por plata, porque hubo un reconocimiento a quienes habían destrozado la Argentina, o iban a destrozar la Argentina, y se quedaron con mucho dinero”. Labraña dijo haber sido el inventor de la cifra de 30.000 desparecidos, aunque documentos desclasificados en 2006 revelaron que los militares habían desaparecido o asesinado a cerca de 22.000 personas entre 1975 y 1978, cinco años antes del final de la dictadura.

Viola pidió que se elabore un listado de “víctimas de terrorismo” hasta alcanzar la “memoria, la verdad y la justicia”.

La vicepresidenta Victoria Villarruel, prominente miembro de la familia militar y fundadora del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, fue la artífice de la alianza entre la nueva y la vieja derecha. Hoy está alejada de Milei pero, incluso en el inicio de la gestión, fue completamente corrida del relato sobre la dictadura: según afirman cerca de ella, nunca fue consultada sobre este tema, no participó en la elaboración del primer video y tampoco metió mano en la secuela de este año. Villarruel continúa con su militancia –acaso más sutil– en soledad, enfocándose en “las víctimas del terrorismo” como punta de lanza.

“El discurso de memoria completa lo aportó Victoria durante el desarrollo previo a la llegada al poder”, afirman cerca de la vicepresidenta.

El 10 de diciembre de 2023 asumió el primer presidente argentino que cuestiona abiertamente el consenso que el país tiene sobre los crímenes de la última dictadura. Como candidato a ocupar el sillón de Rivadavia, Javier Milei negó la cifra de los 30.000 desaparecidos y, tal como el exintegrante de la Junta Militar de la dictadura Emilio Massera en 1985, llamó “excesos” a los delitos de lesa humanidad.

Una vez en la Casa Rosada, Javier Milei comenzó a convertir su discurso en políticas contrarias a las de memoria, verdad y justicia que todos los anteriores gobiernos democráticos iniciaron o mantuvieron. Entre ellas, provocaciones constantes hacia los militantes de derechos humanos y el desfinanciamiento de los sitios de memoria.

El 24 de marzo pasado, el Gobierno lanzó un video de 13 minutos en redes sociales en el que renombraba al Día de la Memoria como “el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia Completa”. En la pieza audiovisual, conducida por el miembro de las SIDE menemista y mileísta Juan Bautista “Tata” Yofre, el exmontonero Luis Labraña se adjudicó haber creado la cifra de los 30.000 desaparecidos. Milei prepara otro video para este 24 de marzo que también bregará por la llamada “memoria completa”.

La vicepresidenta Victoria Villarruel, prominente militante en grupos de militares, fue la artífice de la alianza entre la nueva y la vieja derecha. Hoy está alejada de Milei pero, ya desde el inicio de la gestión, fue completamente corrida del relato sobre la dictadura: según dicen cerca de ella, nunca fue consultada sobre este tema, no participó en la elaboración del primer video de 2024 y tampoco meterá mano en la secuela de este año. Villarruel continúa con su militancia –acaso más sutil– en soledad, enfocándose en “las víctimas del terrorismo” como punta de lanza.

En julio pasado se conoció una visita que un grupo de diputados de La Libertad Avanza hizo a los represores condenados en Ezeiza Alfredo Astiz, Carlos Suárez Mason, Raúl Guglielminetti, Antonio Pernías y Adolfo Donda, entre otros. El diputado Beltrán Benedit se adjudicó la organización del viaje y lo defendió en un grupo de WhatsApp, afirmando que los cargos contra los genocidas “no han sido probados, no tienen condena firme y en muchos casos son inventados”. Si bien LLA se despegó del escándalo, quien recibió el escarnio y luego la expulsión del partido no fue Benedit, sino Lourdes Arrieta, diputada que participó de la visita y que luego expuso su organización. Según cuenta, cuando publicó los chats grupales “la bajada de línea [de LLA] era decir que Arrieta está loca”. Afirmó también a elDiarioAR que las operaciones que sufrió le generaron “ataques de pánico y mucha angustia”.

Pero quizás la provocación más importante fue ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) en una audiencia en noviembre del año pasado. Allí, el Secretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa, Juan Battaleme, llamó “proceso de reorganización” a las políticas económicas del gobierno ante las miradas de Estela de Carlotto y Taty Almeida. Battaleme estaba defendiendo la eliminación de los Equipos de Relevamiento y Análisis, que relevaba documentos de los archivos de las Fuerzas Armadas para colaborar con los requerimientos de información y seguimiento de casos de terrorismo de Estado. Afirmó que se trataba de una “estructura duplicada” y que sus empleados eran un grupo de “vengadores”.

“Hablaron del revanchismo de los organismos, de ‘organismos militantes’... claramente somos militantes, pero militantes de una justicia, de una verdad histórica que estamos reconstruyendo porque nunca nos olvidemos de que el que niega la información es justamente el Estado Nacional y en particular las Fuerzas Armadas”, dijo a elDiarioAR Miguel “el Tano” Santucho, hijo de Julio Santucho y Cristina Navajas, que continúa desaparecida.

En aquella audiencia, el Estado defendió que en agosto el Ministerio de Justicia cerrara la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños como Consecuencias del Accionar del Terrorismo de Estado, que dependía la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI). La justificación oficial del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, fue que el organismo no respetaba “la división de poderes”.

El secretario de Derechos Humanos durante la gestión de Alberto Fernández y el nieto número 75 en ser restituido por las Abuelas, Horacio Pietragalla Corti, dijo que ese archivo es valioso. “Se le quitó una facultad que tenía la CONADI para hacer investigaciones dentro de los legajos de militares. Por ejemplo, si un militar tenía un nene apropiado y tenía una obra social, son los papeles que se podían investigar cuando llegaban denuncias”, afirma.

Y agrega: “El ataque a las políticas de derechos humanos es es uno de los lugares donde tanto la vicepresidenta como Milei hacen hincapié para generar un sentido común medio confuso en la sociedad”, afirmó.

Dos altas fuentes de La Libertad Avanza con llegada a Milei negaron ante elDiarioAR que la estrategia sea un error no forzado que pueda alejar a gente que apoyaría al gobierno de no ser por la posición ante la dictadura. “La sociedad es más de derecha que lo que el periodismo piensa”, dijo uno. “La gente quiere la verdad. Y los 30.000 es una mentira”, dijo otro.

Mientras, la situación en los sitios de memoria es precaria. La Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, aseguró que hubo 1.000 despidos en 2023 en la Secretaría de Derechos Humanos y que no se detuvieron en 2024 y 2025. Solo en enero hubo 600 echados que, para el sindicato, dan cuenta de que el Gobierno quiere “desarmar, desarticular y vaciar” esa dependencia. Parte de la sociedad no lo toleró: miles de personas le dieron un abrazo simbólico a la ESMA contra el vaciamiento. Mientras, el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti de la ESMA permanece cerrado y varios sitios de la memoria corren riesgo de correr ese destino ante los despidos.

En uno de los sitios de la memoria más concurridos del país, los guías piden que no los graben por miedo a represalias de la Secretaría. La ESMA, por falta de estos trabajadores, redujo sus días de visita.

Este mes, el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, llegó a apostar a la Policía Federal frente a ese sitio de memoria para impedir el ingreso de los trabajadores que eran notificados, ahí mismo, que los habían echado.

“Trabajadores que se enteraban por una lista que tiene la policía en la mano que no pueden entrar más en sus puestos de trabajo”, narró a elDiarioAR una trabajadora del predio que habló bajo condición de anonimato. “Trabajadores despedidos que han sido acompañados por la policía a sus puestos de trabajo para vaciarlos”. Además, muchos trabajadores vieron “brutalmente reducidos sus salarios” y se vieron forzados a renunciar.

Sin embargo, los organismos de derechos humanos no ceden ante las provocaciones y llamaron a marchar el 24 en una marcha que, por primera vez en dos décadas, no está dividida. Las Abuelas, las Madres e incluso los HIJOS apuestan a las nuevas generaciones.

“Hace años que vengo planteando que hay una batalla cultural que tenemos que dar, que tenemos que saber actualizar a nuestros tiempos”, dice el “Tano” Santucho. “Hay muchos jóvenes que nacieron en democracia que no vivieron la transición a tener realmente políticas inclusivas de derechos humanos, de reconocimientos y espacios de memoria. Todo ese largo trabajo, quizás una parte de las generación de hoy en día lo desconoce. Nosotros tenemos que estar a la altura de poder hacer ese traspaso generacional”, afirmó.

FI/DTC

Agrupaciones de Derechos Humanos se reunieron en el Espacio de Memoria y Derechos Humanos (exESMA) luego de que, tras una medida cautelar solicitada por el Gobierno, se suspendiera el recital de Milo J programado para esta tarde.

Más tarde, en conferencia de prensa, Aldana Ríos, madre y representante del artista, expresó su descontento por lo sucedido y lanzó una advertencia: . “Ojo, porque esto ya pasó. Si mañana alguien canta una canción que no les gusta, podrían apagarle un equipo, cortar la luz o incluso meterlo preso. Es gravísimo que le tengan miedo a un chico de 18 años”.

Además, criticó “la celeridad de la Justicia en estos tiempos para suspender y censurar a un pibito de barrio de 18 años que lo único que hace es arte y transmite en sus canciones vivencias reales”.

“Ojalá que la Justicia actúe con la misma rapidez en todas las causas, especialmente cuando sufren los más vulnerables. La decisión de Camilo de venir a tocar acá no fue político-partidaria ni tuvo la intención de molestar a nadie. Vinimos a un espacio de memoria donde nos sentimos contenidos”, expresó.

“Me sorprende la facilidad con la que nos extorsionaron y llenaron el lugar de camiones hidrantes, policías y motos. Nos dijeron que si no suspendíamos, iban a reprimir a todos los chicos que esperaban para ingresar”, denunció.

Ante este panorama, afirmó que no dudaron en acatar la orden. “Agotamos todas las instancias para hablar con la verdad y presentamos toda la documentación requerida”, explicó. “No es la primera vez que hace un show gratuito, pero sí la primera vez que lo censuran”, subrayó.

Además, aclaró que contaban con todos los permisos y los planos de evacuación necesarios. Finalmente, enfatizó que “Camilo no cobraba un solo centavo por esto y ninguno de los fondos destinados al escenario salió del Estado. Todo fue financiado con el bolsillo de Milo J”.

El reclamo de organizaciones de Derechos Humanos

Cuando ya había una fila de tres cuadras, la actividad con entrada libre y gratuita quedó anulada. Tiempo después, desde la organización de derechos humanos, H.I.J.O.S., señalaron: “Censuraron el recital de Milo J, aquí en el predio de la ex ESMA, que iba a ser libre y gratuito, al que se habían inscrito más de 15 mil personas”. 

“Este Gobierno decidió censurarlo porque censura a los artistas que apuestan a la cultura, la memoria y que tienen cosas para decir”, agregaron.

“Agradecemos a Milo por haber elegido este lugar que tanto representa para los argentinos y argentinas”, continuó el miembro de la agrupación que, además destacó el significado del espacio para la familia del artista “que fue víctima de la dictadura”.

Representantes de la organización pidieron “porque no haya más dictaduras, torturas y violencia institucional”, y agregaron: “Entendemos que la decisión del secretario de Derechos Humanos, -ex juez Alberto- Baños, tiene que ver con apostar al negacionismo para que los jóvenes no ingresen a este lugar, así como de la jueza Alejandra Bioti, que tomó la decisión de suspender el recital”.

Por su parte, una joven parte de la entidad Nietes, señaló: “Nos tocó estar afuera con jóvenes que pasaron dos noches bajo la lluvia para poder verlo y se fueron llorando. Entendieron que fue una decisión arbitraria de este gobierno”. 

En el acto se presentaron miembras de la organización de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nietes y el sobreviviente de la ESMA, Manuel Fernando Franco.

MM con información de la agencia NA.

El Gobierno nacional suspendió el show gratuito de Milo J en la ex-ESMA, alegando falta de autorización y problemas de seguridad. El artista denunció maniobras falsas y criticó la decisión. La Justicia avaló la medida, generando rechazo en organismos de Derechos Humanos. El evento fue cancelado entre tensión y operativos. Los tuiteros seguidores de Javier Milei celebraron la cancelación.

“AJAJAJAJAJAJAJAJAJAAJ”, fue el posteo Daniel Parisini, conocido como “Gordo Dan”, un médico de 32 años de Santiago del Estero que no ejerce su profesión y es un militante de La Libertad Avanza (LLA), además de figura clave para el Gobierno en la difusión de la ideología que profesa. Parisini conduce el programa de streaming *La Misa*, desde donde ataca al kirchnerismo, al feminismo y a cualquier opositor del presidente de la Nación.

El tuit fue una respuesta a un posteo del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que dice: “Hemos presentado una medida cautelar para suspender el recital que se iba a realizar hoy en el Museo de la Memoria por no tener la autorización y las medidas de seguridad correspondientes. Se trata de un espacio que depende del Estado Nacional y ya nadie tiene privilegios para realizar este tipo de actos políticos al margen de la ley”.

A continuación, otros tuiteros y trolls mileístas expresando su apoyo a la cancelación del recital de Milo J. Algunos de ellos, inclusive, pidieron que el predio vuelva a pertenecer a la Armada.

La Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) fue uno de los principales centros clandestinos de detención, tortura y exterminio durante la última dictadura militar en Argentina (1976-1983). Está ubicado en el barrio porteño de Núñez, donde miles de personas fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas por el terrorismo de Estado.

Actualmente, el predio se llama Espacio Memoria y Derechos Humanos, y es el sitio de memoria más grande de la Argentina, dedicado a la preservación de la verdad y la justicia. Alberga museos, archivos y organismos de derechos humanos, y busca concientizar sobre los crímenes de la dictadura, promoviendo la democracia y los derechos humanos en Argentina.

La tristeza de la madre del artista

La mamá de Milo J apareció en un video pidiendo al borde del llanto a los adolescentes y niños que estaban en la puerta del espacio de memoria que volvieran a sus casas porque el Gobierno había dispuesto camiones hidrantes y motos para reprimirlos.

“Ya sabemos todos que se suspendió, no lo suspendimos nosotros, el Gobierno nacional fue a presentar una medida cautelar a la Justicia, la Justicia de estos tiempos le dio la razón por ahora, sin preguntarnos, sin pedir papeles, sin absolutamente nada, y le dio el aval para que se suspenda este show. Así que por favor, a todos los que vinieron, se los agradezco de corazón, a todos los que están viniendo, por favor, no vengan, vuelvan para sus casas la manera más tranquila, trajeron policías, trajeron camiones hidrantes, trajeron motos. Lo que menos queremos es que les pase nada, a ninguno de ustedes, les pido que me ayuden a transmitir esto”, dijo la madre de Milo J en un vivo de Instagram que se viralizó.

JJD

Javier Milei deberá garantizar el funcionamiento de la ex-ESMA y de los demás sitios de memoria de Capital Federal que recuerdan los delitos de lesa humanidad cometidos por última dictadura militar. Así lo determinó la Justicia este martes, en una medida que desafía la avanzada negacionista de la gestión libertaria.

Las resoluciones judiciales tiene un condimento político insoslayable: está firmada por el juez federal Ariel Lijo, a quien el Presidente candidatea como futuro miembro de la Corte Suprema de Justicia. El magistrado, a cargo del Juzgado en la Correccional y Criminal nro. 3, hizo lugar a un reclamo presentado por la diputada porteña por Unión por la Patria Victoria Montenegro, nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo y actual titular de la comisión de Derechos Humanos en la Legislatura, pudo confirmar elDiarioAR.

Lijo le transmitió al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños, que se garantice el personal para el debido funcionamiento de los ex Centros Clandestinos de Detención y Tortura de la ex-Escuela de Mecánica de la Armada (declarado patrimonio de la Unesco) y también los conocidos como Olimpo, Club Atlético, Automotores Orletti y Virrey Ceballos, todos ubicados en la Capital Federal.

Se trata de Sitios de Memoria muy afectados por el ajuste de personal que provocó la gestión libertaria en el último tiempo. Justamente Virrey Ceballos quedó cerrado virtualmente porque el Gobierno despidió a su único trabajador desde el 1 de enero pasado; este lunes hubo una asamblea en rechazo a esa medida. Y en el predio de la ex-ESMA a inicios de este año se cerró el Centro Cultural Haroldo Conti y se afectó el funcionamiento de Archivo Nacional de la Memoria.

En medidas conocidas este martes, Lijo le exige a Baños “que tenga a bien arbitrar los medios necesarios con el objeto de garantizar una dotación de personal capacitado para que los espacios de Memoria permanezcan en funcionamiento para las actividades que se encuentran abiertas al público en dichos sitios”. El magistrado también plantea “que se lleven a cabo las tareas de mantenimiento, conservación, preservación del edificio y de limpieza diaria -necesarias para las visitas- y de los techos y las canaletas para evitar inundaciones que puedan dañar los espacios”. Por último, exige que se mentengan las tareas de fumigación en dichos sitios para que se preserven los acervos y archivos documentales.

“Venimos de semanas de definiciones del Ejecutivo que ponen en riesgo la memoria. Los sitios son esenciales para la transmision de esta historia y además son importantes como prueba judicial en las causas por delitos de lesa humanidad aún abiertas”, señaló Montenegro en diálogo con elDiarioAR. “El ajuste del Gobierno nos hace retroceder décadas en la construccion de una política de memoria y verdad de Argentina que es reconocida en todo el mundo”, planteó la legisladora.

La medida de Lijo es un nuevo desafío para la avanzada negacionaista libertaria. Este comienzo de año generó un fuerte repudio en los organismos de Derechos Humanos, sindicatos y sectores del peronismo y la izquierda el ajuste que provocó el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, de quien depende la secretaría de Baños, y que derivó en el cierre por ejemplo del Conti y del sitio Virrey Ceballos.

El ajuste de Cúneo Libarona sobre toda su cartera provocó el despido de unos 2000 trabajadores. Puntualmente sobre el área de DDHH, en los sitios de memoria se afectó las tareas de personal muy capacitado como conservadores, técnicos de mantenimiento y pedagogos.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, denunció días atrás que Milei busca “cerrar la ESMA”. Ahora la Justicia le puso un freno contundente a la motosierra libertaria sobre los espacios de memoria.

MC

Esta semana se produjeron dos acontecimientos que son un botón de muestra de la orientación estratégica del mal-gobierno de Javier Milei. Se trata de un ataque gubernamental destinado a la destrucción de la memoria histórica y el patrimonio natural de nuestra Nación. 

El pasado irradia su luz para comprender el presente y permite proyectar un futuro mejor. Esa luz que quieren apagar, como quieren oscurecer el futuro sobre el cual se proyecta con la gran técnica de los destructores: tergiversar la comprensión del presente aprovechando las fisuras puntuales que los actuales mecanismos protectorios tienen para extrapolar en una política de aplastamiento sistemático del conjunto.  

Me refiero en este caso a la ofensiva contra la política de memoria, verdad y justicia destinado, entre otras cosas, a mantener el archivo de la CONADEP que se utilizan por ejemplo en los juicios de lesa humanidad y las instalaciones de la ex-ESMA donde se realizan todo tipo de visitas educativas que nos permiten mantener en la conciencia colectiva los horrores del Terrorismo de Estado. Es nuestro museo del Holocausto. 

Por otro lado, se evidencia una ofensiva sobre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, destinado a la conservación de la diversidad biológica del país. La Administración de Parques Nacionales participa en la administración de 72 áreas protegidas continentales y costeras con 6.022.240,52254 ha –una superficie mayor a Países Bajos (Holanda), Bélgica, Armenia o Dinamarca–. 

Este botón de muestra se aplica a muchas otras cosas: la demonización de la comunidad organizada (pasado), la sustitución de las organizaciones que trabajan solidariamente en los barrios por la narco-estructura (presente) y la destrucción del CONICET que proyecta nuestro desarrollo socioeconómico en el mundo del conocimiento (futuro); la destrucción del sistema previsional que desintegra nuestra memoria encarnada en los abuelos (pasado), el ataque al sistema nacional universitario del que egresan los profesionales cada año (presente), el avance de la pobreza y el hambre entre los niños (futuro); en cualquier lado donde miremos, vamos a ver este patrón. Es la miseria y la dependencia planificada. 

En relación a la ex-ESMA la drástica reducción del personal y el cierre del Centro Cultural de la Memoria Conti ponen en riesgo, entre otras, las siguientes áreas: 

No quedó nadie para la atención de la sala de consultas, más de la mitad del personal del área de Investigación fue despedido, afectando tanto las investigaciones como las respuestas a oficios judiciales. Quedó una sola persona a cargo de la conservación de ¡5 km de documentos ubicados en 13 depósitos!

Tal vez lo más grave: en el registro único de víctimas del terrorismo de estado quedan solo tres personas para las investigaciones de víctimas, centros clandestinos de detención y para la actualización de legajos CONADEP. Para las respuestas a oficios judiciales y antecedentes de crímenes de lesa humanidad: quedó una sola persona.

Esta misma semana, hubo 30 despidos en la Administración de Parques Nacionales de los cuales 10 son brigadistas. Esto se suma a los 100 despidos que hubo en marzo y junio, y las constantes renuncias y reducciones horarias de los trabajadores a raíz de la incertidumbre generada; todos puestos que no fueron cubiertos. Cinco de los últimos despidos sucedieron en el Parque Nacional Los Glaciares. En este Parque, la situación más grave y urgente sea tal vez la reducción del personal de la Brigada Incendios, Comunicaciones y Emergencias de la seccional El Chaltén que queda sólo con 7 personas en plena temporada turística donde los riesgos de accidente son aún mayores. Son 726.927 hectáreas el parque; ahora cada brigadista, sumando a los de la seccional Sur, tiene 45 mil hectáreas a cargo. Toma mate. Este Parque es el más grande del país. Ahí está el famoso Glaciar Perito Moreno y el Monte Fitz Roy. Fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad desde 1981. Recibe más de 600.000 visitantes anuales. No es joda. Son vidas. No da lo mismo. 

Hablando con Andrea Torres, brigadista de la seccional y compañera de militancia, trabajadora destacada desde hace once años, me comenta algo que agrava aún más la situación y que desde luego está en tono con la batalla cultural. Su jefe, Horacio Pelozo, muy suelto de cuerpo la llamó a decirle que a ella la despedían por su militancia… militancia que se reflejaba en sus redes sociales. Otra vez espionaje y persecución ideológica. 

No se trata de un caso aislado… en su batalla cultural por el fundamentalismo de mercado, que paradójicamente desarrollan con estilo fascista desde los aparatos del Estado, todo personal asociado a temas como ambientalismo, soberanía o derechos humanos es sospechoso de simpatizar precisamente con estas causas y tener alguna militancia. En la mayoría de los casos, las sospechas son fundadas. El problema es que en una democracia eso no es delito ni causal de despido. 

Debo señalar el escaso potencial de la resistencia frente a estas medidas y la falta de relevancia en la agenda política del campo nacional-popular. Es un signo de los tiempos. Espero que la militancia emergente esté a la altura y de la batalla con el coraje que corresponde a semejantes crímenes.

Diferentes organismos de derechos humanos emitieron un comunicado en el que expresan su repudio a la decisión del secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, de despedir y suspender a empleados de la Secretaría de Derechos Humanos en vísperas del año nuevo.

Los firmantes rechazan la medida, que consideran fue llevada adelate “con la anuencia del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Mariano Cúneo Libarona, con un cinismo repudiable y mostrando su rostro más inhumano”.

Trabajadores de la Secretaría recibieron el martes 31 de diciembre, poco después del mediodía, en sus teléfonos celulares el siguiente mensaje de WhatsApp: “El Secretario de Derechos Humanos (Alberto Baños) hace saber a todo el personal del Centro Cultural Haroldo Conti que se procede al cierre del mismo a partir del día 2 de enero de 2025. Ello a efectos de velar por una adecuada reestructuración interna, rearmado de equipos de trabajo y análisis de la programación del año entrante, El personal queda EN GUARDIA PASIVA en sus respectivos domicilios, atentos a convocatorias que se cursaran por etapas a los fines aludidos. Muchas gracias”.

Según los organismos de derechos humanos, “esta decisión implica el desmantelamiento de áreas estratégicas en las que, a lo largo de años se sostuvieran las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, reconocidas por su enorme valor y trascendencia en el mundo entero”.

El comunicado continúa: “Hoy avanza el desguace sobre la ex ESMA, espacio de memoria por excelencia, consagrado desde 2004 a ese fin, reconocido internacionalmente. El Centro Cultural Haroldo Conti, una referencia en el campo artístico y de los derechos humanos cerró sus puertas y los y las trabajadoras que no fueron despedidas, tienen prohibido ingresar al espacio, quedando en situación de 'guardias pasivas'. La investigación histórica, la producción de pruebas y de información que nutren los procesos judiciales y el camino de Verdad, la tarea con testigos y víctimas, el litigio como poder ejecutivo en las causas por delitos de lesa humanidad, la transmisión de la memoria, la política reparatoria en cumplimiento de la legislación nacional, quedan afectadas y en algunos casos ya no podrán realizarse”.

El texto está firmado, entre otros, por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Red Nacional, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Fundación Memoria Histórica y Social de la Argentina y Asociación Buena Memoria, pero sigue sumando adherentes por estas horas.

Decenas de trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación fueron esta mañana impedidos de ingresar al Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, situado en el predio donde funcionó la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar argentina, tras anunciarse, el último día de 2024, una serie de despidos en esa institución como parte de una “reestructuración”, según una comunicación oficial.

“El Conti está cerrado”, confirmó a elDiarioAR Flavia Fernández Brozzi, coordinadora del Área de Derechos Humanos y vocal del Consejo Directivo de la filial Capital de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

Agentes de la Policía Federal fueron ubicados en el ingreso al edificio con un listado de nombres y apellidos de los trabajadores despedidos. A todos ellos, alrededor de medio centenar, se les prohibió entrar a sus puestos de labor. 

Los trabajadores habían recibido el martes 31 de diciembre, poco después del mediodía, en sus teléfonos celulares el siguiente mensaje de WhatsApp: “El Secretario de Derechos Humanos (Alberto Baños) hace saber a todo el personal del Centro Cultural Haroldo Conti que se procede al cierre del mismo a partir del día 2 de enero de 2025. Ello a efectos de velar por una adecuada reestructuración interna, rearmado de equipos de trabajo y análisis de la programación del año entrante, El personal queda EN GUARDIA PASIVA en sus respectivos domicilios, atentos a convocatorias que se cursaran por etapas a los fines aludidos. Muchas gracias”, fue el texto considerado oficial por los trabajadores y el gremio ATE.

Pese a la advertencia, los trabajadores se presentaron esta mañana en el Conti y llevaron adelante una asamblea gremial para decidir qué decisiones tomarán ante los despidos y el anunciado cierre del Centro Cultural, un espacio de difusión y promoción de la cultura, la educación y los derechos humanos que fue creado en 2008 como un organismo público dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Su nombre rinde homenaje al escritor argentino secuestrado y desaparecido desde 1976: Haroldo Conti.

La llamada “reestructuración” anunciada por la Secretaría de Derechos Humanos forma parte de un plan de ajuste y recorte presupuestario anunciado por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que contemplaría el despido de al menos 2.000 trabajadores en las diferentes modalidades de contratación que poseen.

Además de El Conti, esta mañana aparecieron cerradas las puertas del Archivo Nacional de la Memoria, institución que custodia, mayormente, documentación que ha sido clave como prueba en los juicios que investigan delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar tanto en la Argentina como en el extranjero. El Archivo es fuente de consulta permanente por parte de investigadores e investigadoras de la academia, periodistas, docentes, estudiantes, realizadores audiovisuales y público, en general. Allí, por ejemplo, están guardadas las pruebas recabadas por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CoNaDep), clave para llevar a cabo el llamado “Juicio a las Juntas”, que condenó en 1985 a los jefes militares del régimen dictatorial. De aquel proceso judicial histórico a nivel internacional se celebrarán este año cuatro décadas. 

Tras la asamblea en el Conti, los trabajadores agrupados en ATE se movilizarán esta tarde hacia el Ministerio de Justicia, situado en la calle Sarmiento al 600, en el microcentro porteño, para continuar el reclamo de reapertura del Centro Cultural y la reincorporación de los despedidos. Además, a las 15:30, participarán en la Plaza de Mayo de la tradicional ronda de las Madres frente a la Casa de Gobierno. Para mañana, a las 11, fue programada una misa que estará a cargo del cura Lorenzo “Toto” de Vedia, mientras que el sábado, a las 18, se realizará una actividad con velas encendidas en la puerta del ingreso al predio, ubicado en Avenida Del Libertador al 8100. “Una memoria que arde. El Conti en guardia”, menciona la consigna de la convocatoria.

“Vamos a seguir peleando. Acá no se rinde nadie”, anunció a la prensa el secretario general de ATE Capital, Daniel “Tano” Catalano, presente en la puerta del Conti.

El exsecretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla Corti aseguró que los despidos en el Conti y otras instituciones del Ministerio de Justicia forma parte de una gestión que “reivindica lo peor de nuestra historia”. 

“La política de Memoria, Verdad y Justicia no nació con nosotros ni se acabará con ellos. Es producto de años de lucha de nuestra sociedad, no la podrán borrar de un plumazo. Volveremos a reparar todos los daños causados, una vez más, cuando esta pesadilla se termine”, afirmó Pietragalla Corti en un posteo en X.

En la misma red social, la filial Capital de la agrupación H.I.J.O.S. también rechazó el cierre del Conti y los despidos de trabajadores. “Repudiamos el accionar de la Secretaría de Derechos Humanos en la ex ESMA, impidiendo el acceso a trabajadores y trabajadoras, en el marco de los despidos masivos. Lo hacen con el uso de personal policial donde funcionó un centro clandestino y hoy existe un espacio de memoria”, mencionó la organización.

El cierre del Conti y los despidos en la Secretaría de Derechos Humanos se concentraron horas después de que el Gobierno, por medio del ministro de Desregulación y Transformación de Estado, Federico Sturzenegger, anunciada que durante 2024 habían perdido su empleo en la Administración Pública más de 35.000 trabajadores.

El funcionario nacional dio a conocer mediante su cuenta de X que, entre diciembre de 2023 y noviembre pasado, unos 35.936 empleados públicos se quedaron sin trabajo como parte de una salvaje política de ajuste que implementó el Gobierno en su primer año.

El total del personal público desvinculado se compone de los despidos en la Administración centralizada y descentralizada (21.408), de las Empresas del Estado (11.951) y del Personal Militar y de Seguridad (2.577).

“Recordemos siempre que menos gasto público son menos impuestos y por ende más capacidad de gasto para el sector privado”, justificó el funcionario.

IF/MG

La continuidad laboral de más de 600 trabajadores que se desempeñan, bajo distintas modalidades de contratación, en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación quedará definida el próximo 31 de diciembre, el último día de un año en el que el Gobierno de Javier Milei implementó distintas políticas de ajuste que para distintas organizaciones sociales y humanitarias que, como pocas veces desde el regreso de la democracia, pusieron en riesgo la continuidad de consensos como el de Memoria, Verdad y Justicia.

El Ministerio de Justicia de la Nación avisó, por medio de canales no oficiales, la decisión de no renovar los contratos o las designaciones transitorias de más de 600 trabajadores, lo que, en caso de concretarse, supondría el vaciamiento total de la Secretaría de Derechos Humanos. 

Además, el Ministerio a cargo de Mariano Cúneo Libarona evalúa cesar los contratos de unos 2.000 trabajadores de distintas áreas de la cartera de Justicia.

“Estamos viviendo esta situación con muchísima angustia”, dijo a elDiarioAR la delegada gremial Nana González Rehermann, representante de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

González Rehermann explicó que, “en el caso puntual de la Secretaría de Derechos Humanos, la totalidad de los trabajadores, ya sea que los que se desempeñan bajo las distintas modalidades de contrato que rigen en el organismo o hayan sido designados en forma transitoria, perderán su empleo el 31 de diciembre. A ese panorama se suma que los trabajadores que forman parte de la planta permanente de la Secretaría sufrirán un recorte del 50% en sus salarios.

 “Lo que está pasando es que, en todas las modalidades de contratación que tiene la Secretaría de Derechos Humanos, hay despidos. Estamos hablando de más de 600 personas. Además, se limitan todas las designaciones transitorias al 31 de diciembre, algo que afectaría a 120 trabajadores. Y a quienes son planta permanente se le reducirá el sueldo a la mitad. Estamos hablando de la totalidad de los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos que se ven afectados por esta decisión. Todas las áreas de la Secretaría de Derechos Humanos quedarán vacías completamente”, enfatizó la delegada de ATE.

Esta decisión, tomada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, representan la imposibilidad de “poder sostener ninguna de las políticas que lleva adelante la Secretaría”, entre las que se encuentran el funcionamiento de los sitios de la memoria, el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDi) y el Archivo Nacional de la Memoria, entre otras reparticiones. 

“La afectación de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia es total. La situación que vivimos es caótica y arbitraria. Además, las autoridades no reciben a la representación sindical de los trabajadores para, de alguna manera, poder encauzar este desmantelamiento general del Ministerio de Justicia”, agregó.

Por ese motivo, los trabajadores agremiados en ATE llevarán a cabo esta tarde, desde las 17, un abrazo simbólico al predio en el que funcionó la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), principal centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico militar, en el que, según distintas estimaciones judiciales, fueron secuestradas, torturadas, asesinadas y desaparecidas unas 5.000 personas durante el régimen represor entre 1976 y 1983. La protesta se realizará en Avenida Del Libertador 8151, en el barrio de Núñez. Allí se localiza también el Museo Sitio de Memoria ESMA, que es Monumento Histórico Nacional, es Bien Cultural del MERCOSUR y Patrimonio Mundial de la UNESCO por ser un espacio de denuncia del terrorismo de Estado y transmisión de la memoria. 

Esta tarde, además, Abuelas de Plaza de Mayo anunciarán allí la recuperación del nieto número 138.

“El abrazo es una manera de transmitirle a la sociedad lo que va a suceder con este lugar y con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y de derechos humanos que son reconocidas a nivel mundial”, comentó González Rehermann.

Este jueves, en su última conferencia de prensa de 2024, el vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió a la posibilidad de que el Gobierno nacional ponga fin el próximo 31 de diciembre a unos 50.000 contratos de trabajadores del Estado. La renovación de “cada uno de esos contratos”, algunos de los cuales lleva décadas vigentes, “dependerá de la autoridad superior”. Adorni dijo que tendrá “los datos certeros” acerca de la suerte de los trabajadores contratados en las primeras semanas de enero, cuando “las diferentes áreas” del Estado le transmitan “el reporte final” sobre la continuidad o no de los estatales, entre ellos quienes se desempeñan en el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos.

“A un año de iniciado el gobierno de Javier Milei y (Victoria) Villarruel, las políticas de Memoria, Verdad y Justicia están en emergencia por el debilitamiento y desmantelamiento de algunas de ellas de modo directo o a través de los despidos masivos. Estas políticas son parte de los consensos construidos en más de 40 años de democracia”, advirtió en un comunicado la Red Nacional de la organización Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.).

En el mismo texto, las agrupaciones provinciales que integran la Red Nacional aseguraron desde el 10 de diciembre de 2023 el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) “desplegó un ataque contra los trabajadores y las trabajadoras del Estado. No solamente negando el valor de su trabajo, sino también restringiendo el derecho al trabajo en cantidades sin precedentes. En particular, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación ha avanzado con despidos masivos, llevando a la agonía el funcionamiento de la Secretaría de Derechos Humanos bajo su dependencia”, sostuvieron.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Memoria Abierta, la alianza de organizaciones de derechos humanos argentinas que promueve, entre otras misiones, la memoria sobre las violaciones a los derechos humanos del pasado reciente, elaboraron a seis meses de comenzado el gobierno de Javier Milei el informe “Memoria cancelada. El intento libertario de relegitimar la dictadura”, acerca del impacto de las políticas del Ejecutivo en distintos ámbitos vinculados a la justicia.

En ese documento, mencionaron que la gestión de Milei desmanteló el Equipo de Relevamiento y Análisis documental de los archivos de las Fuerzas Armadas, poniendo en riesgo la conservación de las investigaciones judiciales e históricas sobre la documentación producida por las burocracias estatales durante la dictadura, un aspecto fundamental para la reconstrucción de hechos y responsabilidades. 

Además, el Gobierno también cerró la Mesa sobre documentación de inteligencia vinculada a violaciones a los derechos humanos, que funcionaba en la ex Agencia Federal de Inteligencia, la actual SIDE, y dispuso la acefalía en el Archivo Nacional de la Memoria, que tiene a su cargo el resguardo del archivo de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), que hace 40 años entregó el informe “Nunca Más”.

El relevamiento hecho por el CELS y Memoria Abierta señaló también que el Ejecutivo desfinanció los más de 800 lugares que durante la última dictadura cívico militar funcionaron en el país como lugar de detención, tortura y desaparición y despidió a la mitad de la planta de trabajadores de los ocho sitios que dependen de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Asimismo, interrumpió las obras de infraestructura, las excavaciones arqueológicas y las tareas de conservación de lugares que son prueba judicial. A eso se sumó que el Gobierno puso en venta terrenos señalizados por la Secretaría de Derechos Humanos como centros clandestinos de detención: La Perla chica, en Córdoba; La Huerta, en Tandil, y Puerta 8, en Campo de Mayo, provincia de Buenos Aires; y el Regimiento 9, en Corrientes.

En tanto, decidió que los ministerios de Defensa y Seguridad dejaran de aportar legajos de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI), que investiga el destino de niñas y niños robados en la dictadura. La CoNaDi es una herramienta construida por el Estado democrático “para resolver los crímenes del terrorismo de Estado, entre los que se encuentran delitos de los que son víctimas casi 300 personas que aún viven con su identidad falsificada”, dijo en agosto pasado la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, al exponer en un plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales del Senado.

El Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, puso fin al Equipo de Relevamiento y Análisis documental de los archivos de las Fuerzas Armadas, que había sido creado en 2010 con el objetivo de reconstruir, a partir del trabajo archivístico, información clave que contribuyó a los juicios de lesa humanidad con documentación que permitió conocer estructuras y cadenas de mando del sistema represivo, así como identificar personal militar involucrado. Para el Ministerio de Defensa, se trataba de “un grupo de persecución y macartismo”. Por ese motivo, los archivistas fueron despedidos.

Al finalizar 2024, el CELS publicó otro informe, esta vez abarcando en forma total el primer año de gobierno de Milei y Victoria Villarruel. “Combinaron el desprecio por el proceso de memoria, verdad y justicia y sus referentes con el ataque a esas políticas. Primero hubo acciones discursivas, símbolos y avales para refundar la memoria oficial de la dictadura y disputar los sentidos sociales de rechazo al terrorismo de Estado. Luego, siguieron el desfinanciamiento, el cierre de líneas de trabajo, los despidos, el vaciamiento institucional e incluso la puesta en venta de sitios de memoria”, se indicó en el informe especial “Milei 1 año”, en el cual fueron sistematizadas sus políticas de Gobierno y las consecuencias.

El último informe llevado a cabo por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), a cargo de la fiscal federal María Ángeles Ramos, expuso que a lo largo de 2024, el primer año de Milei al frente del país, la justicia dictó 14 sentencias en causas en las que se investigó delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Se trata del número más bajo de los últimos diez, cuando la justicia producía un promedio de 23 causas cada año.

IF/MG

La Cámara Federal de Casación rechazó la excarcelación de un represor y el pedido de libertad de otro, ambos condenados por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

El fallo de mayoría, integrada por los jueces Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, subrayó que los delitos de esta naturaleza no pueden ser reducidos, morigerados ni beneficiados por indultos, según los compromisos internacionales que asumió la Argentina en la reforma constitucional de 1994.

El máximo tribunal del país revocó la excarcelación concedida a Juan Carlos Fotea y confirmó el rechazo del pedido liberatorio a favor Juan Antonio Azic, ambos con más de una condena en su contra por graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Azic era oficial de inteligencia y Fotea, suboficial de la Policía Federal. Fotea está condenado en esta causa a 25 años de prisión y pesa sobre él otra pena similar, firme, por “privación ilegítima de la libertad agravada; imposición de tormentos gravado; homicidio agravado; sustracción, retención u ocultación de un menor de diez años de edad”.

Azic, en tanto, está condenado a prisión perpetua en una condena que aún atraviesa etapas de revisión, por “privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos agravados en perjuicio de tres víctimas”. Además, también está condenado por la apropiación de la ex diputada y ex titular del INADI, Victoria Donda, apenas nacida en la maternidad clandestina de la ESMA.

“La ejecución de la pena también forma parte de la obligación de investigar, juzgar y sancionar y es parte integrante del derecho de acceso a la justicia de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y sus familiares”, subrayó el juez Slokar.

El magistrado resaltó que “la liberación anticipada de una persona condenada por crímenes de lesa humanidad, con fundamentos contrarios a estándares internacionales, constituye un agravio a las víctimas, pues las puede exponer a violencia, re-victimización e intimidación”.

En ese contexto, citó un fallo reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del indulto otorgado al ex presidente de Perú Alberto Fujimori: “un indulto del Ejecutivo que perdona, suprime o extingue la pena impuesta en un proceso penal por hechos relativos a graves violaciones a derechos humanos produce la más grave afectación al principio de proporcionalidad de la pena y al acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares”.

MM con información de la agencia NA.

“Cada 14 de marzo, durante años, Silvia Labayru festejó con su padre, Jorge Labayru, mayor de la Fuerza Aérea y piloto civil de Aerolíneas Argentinas, el día en que se produjo la llamada que le salvó la vida. El 14 de marzo de 1977 él levantó el auricular del teléfono de su casa, un piso 12 sobre la Avenida del Libertador desde el que se ven el hipódromo de Buenos Aires y la costa uruguaya, escuchó la voz de un hombre que dijo: ‘Llamo para hablarle de su hija’, y respondió con un grito: ‘¡Montoneros hijos de puta! ¡Ustedes son los responsables morales de la muerte de mi hija! ¡Los voy a cagar a tiros!’. O algo así. Para entonces, Jorge Labayru llevaba tres meses creyendo que su hija estaba muerta”, se lee en uno de los fragmentos que integran La llamada (Anagrama, 2024), el reciente libro de la periodista argentina Leila Guerriero. 

Esa escena crucial le sirve a la cronista como una suerte de cordel del que tira para armar con idas y vueltas temporales y una estructura envolvente repleta de observaciones, el retrato de una mujer. Inteligentemente armado a partir de fragmentos –¿cómo sintetizar una vida? ¿cómo condensar esta vida?– en La llamada se superponen capas de la historia de Silvia Labayru. 

Las escenas, montadas con maestría por la autora y reconstruidas a partir de decenas de encuentros con la protagonista y con su entorno, además de un centenar de entrevistas que realizó a otros personajes clave, conforman una sucesión. En una secuencia, a todas luces irreductible y para nada lineal, Guerriero narra y describe con todo detalle los días de una mujer que provenía de un linaje militar y llegó a integrar el sector de Inteligencia de la organización Montoneros; que fue secuestrada y torturada por la dictadura cuando tenía 20 años; que debió parir a su primera hija en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y entregarla a su familia a los pocos días; que fue sometida a una suerte de “reeducación” en ese centro clandestino; que fue violada por militares y por la esposa de uno de ellos; que fue obligada a participar, junto a Alfredo Astiz, de una operación en la que el represor se infiltró en plena dictadura en Madres de Plaza de Mayo y por la que terminaron desaparecidas algunas integrantes de esa organización, familiares de desaparecidos y las monjas francesas Alice Domond y Leonie Duquet; que sobrevivió a la ESMA y vivió controlada por las autoridades militares; que se exilió y fue rechazada por otros exiliados en Europa porque la veían con sospechas por haber sobrevivido; que brindó su testimonio en juicios en los que se investigó, entre otros asuntos, delitos sexuales cometidos durante la dictadura; que cuestiona algunos relatos cristalizados por parte de algunos organismos de derechos humanos; que vive entre España y Buenos Aires luego de reencontrarse con uno de sus grandes amores de la juventud; que no quiere ni puede de ninguna manera pensarse exclusivamente como una víctima eterna.

Convertida en una suerte de suceso editorial en España desde su lanzamiento a comienzos de 2024, la publicación llegó por estos días a las librerías argentinas y su autora habló ante elDiarioAR en Buenos Aires.

–“Hay una pregunta que hacen siempre: ‘¿Por qué elige las historias, con qué criterio?”. Quizás con el peor de todos. Una abstrusa y soberbia necesidad de complicarse la vida y, al final, vencer, O no“, se lee en la página 22 de La llamada. ¿Por qué decidiste complicarte la vida, entre comillas, con la historia de Silvia Labayru?

–Con cualquier historia yo creo que uno se complica la vida, no solo con la de Silvia. Me parece que siempre es una complicación sobre todo cuando hacés un libro ¿no? Cuando hacés un perfil largo para una revista, también pero es una complicación que por lo menos en el tiempo dura menos. Me parece que una de las cosas que me ayudaron a la hora de narrar tiene que ver con haber enfrentado esto como cualquier otro de los trabajos que he hecho. No lo sentí como “ah bueno, ahora ante esto tengo que tener una especie de cuidado o de solemnidad”. En todo caso, tuve el mismo cuidado que tengo con todos los otros perfiles, con todas las otras crónicas. También cierta soltura en la mirada, en la escritura, en el reporteo. En este caso es un tema que nos toca a todos, o por lo menos a los de cierta generación, muy de cerca. De algún modo estamos todos atravesados por la dictadura y los desaparecidos. Si ante ello tenés una actitud narrativa reverencial, yo creo que un proyecto así puede aplastarte. Así que las dificultades que presentó este trabajo fueron las dificultades que presentan todas las cosas en la etapa del reporteo, que es tratar de agotar todas las fuentes posibles y lidiar con alguna fuente que no te quiere hablar. 

–¿Olfateaste de entrada que esta historia que te había llegado a partir de un mensaje del fotógrafo Dani Yako iba a estar bien enfocada en el retrato de una persona o eso lo fuiste encontrando después?

–No, para mí fue claro que era un retrato de ella. No es que en un momento pensé “ah, esto podría ser una crónica sobre la ESMA o sobre las mujeres que parieron en la ESMA”. Nunca hubo otra posibilidad, siempre fue el retrato de ella. Es que ella tenía muchas singularidades, dentro de las muchas de las historias de las personas que pasaron por ahí. Acá había muchas marcas muy fuertes: el nacimiento de la hija en el centro clandestino, el proceso este de, entre comillas, su reeducación por parte de los militares, las violaciones, la historia de Astiz obligándola a hacer de su hermana ante las Madres de Plaza de Mayo y las monjas francesas, su exilio. Había en todo un peso muy singular.

–Al mismo tiempo, al recorrer las páginas del libro, se pueden observar también cuestiones que tienen que ver con la trastienda. Gran parte de los encuentros que tenés con Silvia son con la pandemia de fondo, con las dificultades para viajar, las restricciones, los barbijos. ¿Por qué decidiste que se colaran de alguna manera estos detalles?

–Sí, creo que hay una diferencia. O mejor dicho, hay dos cosas. Por un lado están todos estos elementos de la observación de lo que pasó alrededor de los encuentros. Y eso tiene que ver con cómo a mí me gusta escribir. Digo, a mí me gusta mucho pensar en un perfil o en una crónica como un documental, sólo que escrito. Entonces siempre tengo una manera bastante visual de abordar la escritura, con escenas y descripciones puntuales. Me parece que toda la gestualidad de una persona, la manera en la que habla, en la que se mueve, el lugar en el que está, la ropa que usa, todo eso dice mucho. Si no un texto sería el equivalente a una pantalla negra con la voz en off, el recorte de una persona dando declaraciones. Eso a mí no me interesa ni como lectora ni como persona que escribe. Me ocupé mucho en éste y en los otros libros de cuidar eso que podría llamarse como cierto dinamismo de la narración. Viste que Bioy Casares decía que la vida entra en los relatos a través de los detalles. Yo tengo eso, el ojo en el detalle. De hecho cuando terminaba las entrevistas con Silvia Labayru volvía a casa y tomaba nota sobre cómo había estado el clima ese día, qué tenía puesto ella, si me iba a despedir a la puerta y el gatito salía y corría un poquito por el palier y volvía. Guardaba todas esas cosas para después hacerlas encajar con la narración de lo que había pasado ese día a la hora de escribir. Por el otro lado está toda esta especie de trastienda que mencionaste que para mí no es la trastienda, sino que es escribir. Con esto me refiero a las observaciones relacionadas con el detrás de escena del oficio. Como las dudas que tiene un periodista, las preguntas que se hace acerca de la entrevistada. Observaciones mudas diría yo o pensamientos acerca de lo que pasa con el propio oficio del periodismo. Y eso creo que empezó a estar presente, muy presente, en Una historia sencilla que es el libro de 2013 creo, y estaba también en Opus Gelber que salió en 2019. Me parece que esa es un poco la idea: poder ver cómo la presencia de un periodista siempre es una intervención en la realidad de otro. Aunque permanezcas, como en este caso, lo más distante posible es como la búsqueda que hacemos todos. Siempre hay un punto en el que te preguntás “¿y si yo no hubiera estado ahí, qué hubiera pasado?”.

–Los episodios que se relatan en el libro tienen más de 40 años, por lo que las personas que entrevistaste debieron hacer en todos los casos un ejercicio de memoria. Pero con todas las particularidades del caso: muchos de ellos dieron su testimonio en juicios, otros suelen contar lo que les ocurrió en homenajes o relatar de distintos modos las atrocidades de las que fueron víctimas. ¿Cómo fue para vos trabajar con la memoria con sus rugosidades, con sus trampas, como materia prima? ¿Y cómo se evitan las repeticiones o las versiones cristalizadas?

–Hay un punto en el cual eso es inevitable. Porque incluso la misma Silvia Labayru relata algunas cosas de una manera muy igual a sí misma, diría. Lo que leía en eso es que se trata de la manera que encontró también de poder contar esto sin que esto la dañe cada vez que lo cuenta. A pesar de que ella tenía miedo de parecer más fría y eso a mí nunca me pareció fría. Al contrario, vi en ella muchas ganas de contar, pero de contar como oponiéndose a la idea de ser la víctima eterna. Lo decía: “No voy a llorar”. Así que por un lado aparecen estos relatos que se relatan todo el tiempo igual, no solo en ella sino en otra gente. Y creo que tiene que ver con una especie de barrera defensiva. Lo que a mí me sirvió mucho es hacer un poco lo que hago siempre, que es tratar de reunir en torno a determinados momentos muy sensibles varios testimonios. En el caso de Silvia, el primer encuentro con su marido cuando la sacaban de la ESMA o la entrega de su hija Vera. Traté de iluminar esos momentos con la mayor cantidad de testimonios posibles. De todos modos, lidiar con la memoria humana siempre es complejo porque la gente recuerda de distintas maneras. Con el paso del tiempo inevitablemente vas contando a veces un cuento que se va desvirtuando un poquito. Se va como plantando una especie de leyenda. Por otro lado, la gente también se olvida mucho de muchas cosas. Sobre todo de los eventos más traumáticos. Entonces para mí fue muy importante confiar en esto que hago siempre que es rodear el testimonio del protagonista de muchos testimonios periféricos. Y eso creo que me ayudó a iluminar el relato desde otro lado. Llenar huecos de memoria que eran eso, que eran huecos. Reponer información. Contradecir la versión de la protagonista. Contradecir con la versión de la protagonista la versión de otro entrevistado. Creo que esa es la tarea de reconstrucción que uno más o menos siempre hace cuando encara una cosa así con cualquier personaje en un perfil, con una persona como ella o con Bruno Gelber, qué sé yo.

Lidiar con la memoria humana siempre es complejo porque la gente recuerda de distintas maneras. Con el paso del tiempo inevitablemente vas contando a veces un cuento que se va desvirtuando un poquito

–En este caso, debiste encarar preguntas difíciles sobre situaciones muy duras. En un momento en el que necesitás consultarle a Silvia un dato para algo muy grueso de la historia, apelás a lo que llamás en el libro “la excusa periodística” que da impunidad, en otro momento, cuando tenés que preguntarle sobre las violaciones decís en un fragmento “no hay manera de pedir detalles sobre esto”. ¿Cómo se hace ese balanceo para preguntar o cómo modular ante estas cuestiones?

–A veces se trata de ecualizar. Creo que es una cuestión de sentido común.Pasa que todas eran cosas muy heavies con muchos puntos complejos. Como yo tenía mucho tiempo para hacer esas entrevistas no estaba apurada por hacer preguntas difíciles rápido, no tenía eso de ir rapidito que hay que llegar a esto. Y la verdad es que yo creo que lo que hice fue aplicar un poco el sentido común. Con esta tranquilidad que te da el tiempo largo de reporteo. Si yo hubiera querido seguir un año más hablando con ella, creo que hubiera podido. Porque se armó como una relación que permitía eso. Entonces, cuando me tocó hacer las preguntas difíciles fueron momentos en los que sentí que ya las podía hacer. 

De algún modo estamos todos atravesados por la dictadura y los desaparecidos. Si ante ello tenés una actitud narrativa reverencial, yo creo que un proyecto así puede aplastarte

–Sobre la tortura, por ejemplo, ella abre una ventana todo el tiempo, diciendo que nadie le había preguntado sobre eso. 

–Todo el tiempo. Era como decirme “preguntame, preguntame”. Yo no sé si estoy demasiado psicoanalizada o qué pero lo leí así cuando ella lo repetía. Yo creo que cuando uno escribe tiene que tener claro primero que nada cuándo tiene que hablar el protagonista del asunto y cuándo tenés que glosar la información y contarlo vos. Fijate que en las escenas cuando ella cuenta la violación y cuando cuenta la tortura está ella en primera persona. Porque si hubiera tomado yo la información y la hubiera glosado, hubiera quedado una cosa súper sensacionalista. Todo eso que ella contaba no necesitaba de ninguna cosa más para ser una bestialidad. Cuando me contó lo de la tortura lo que me contó está en el libro en su voz. Cuando hablamos de las violaciones –y eso que muchísimas veces hablamos de las violaciones– ella me contaba más o menos lo mismo y está con su relato o con los testimonios de los juicios. Le pregunté específicamente por la vez, digamos, inaugural, cómo fue ese arranque del espanto. Siempre con delicadeza en un territorio, además, que es el de la intimidad. 

–Hay un concepto que circula entre algunos entrevistados del libro y que Silvia claramente provoca rechazo, que es esto del síndrome de Estocolmo. Vos das cuenta de que ella rápidamente reacciona cuando esa idea aparece en alguna conversación sobre su historia. ¿La habías tenido en cuenta durante tu investigación? Rápidamente se pone en contra.

–La verdad es que yo nunca lo tuve en la cabeza. El síndrome de Estocolmo es según entiendo, una identificación con el captor, con el secuestrador. Una especie de transferencia casi amorosa. Y ella todo el tiempo tuvo claro que, no solo en el caso de (Alberto) González que la violaba sino en el caso de todos militares que eran seres que ella detestaba profundamente. Ella en un momento me dice “yo nunca perdí de vista quiénes eran estos tipos ¿qué síndrome de Estocolmo? Yo siempre supe. Nunca perdí de vista allí adentro quién era quién”. Creo que la figura del síndrome de Estocolmo es como una simplificación de la situación. No creo que haya maldad o mala intención. Pero yo sabía que ella era muy reactiva con esto y cada vez que alguien me decía síndrome de Estocolmo en alguna entrevista yo pensaba “esto va a ser un problema”. Pero al mismo tiempo, yo no estoy allí para corregir en una entrevista o lo que dice otra persona. Creo que en el fondo es una figura cómoda, muy popular. Como ahora, que la gente le tiene “fobia” a todo. Y por ahí no es una fobia exactamente, por ahí es miedo, alergia, o no te gusta. Puedo entender que para muchos usar términos así sea una manera sencilla de explicar algo mucho más complejo que eso. Pero también entiendo lo que le pasa a Silvia: durante años pesó sobre ella toda esta idea de ser alguien que traicionó y que por eso sobrevivió. Entonces cualquier cosa que la acerque a cualquier figura que pueda hacer pensar que ella tuvo algún tipo de acuerdo con esta gente naturalmente la altera. Y yo puedo comprender perfectamente esa reacción de su parte.

–¿Cómo leíste después de todas las entrevistas y de tu investigación ese rechazo muy cruel alrededor de Silvia que se produjo entre los exiliados cuando ella llegó a España después de haber vivido todo lo que vivió?

–Sí, es una de las cosas que más me sorprendió en todo el trabajo de investigación. Tal vez muy cándidamente yo no sabía que estas cosas pasaban, ¿vos sabías eso?

–No, la verdad que no. Quizá un poco naif, me imaginaba más un recibimiento en el aeropuerto, cartelitos, abrazos.

–Tal cual. Yo hubiera esperado cartelitos y gente diciéndole “vení, contame”. Pero visto ahora creo que esto fue así por una cosa generacional. Para gente que no participó como vos o como yo en ese tipo de militancia resulta difícil de comprender. Pero si vos leés las reglas de organizaciones como Montoneros, te agarra una cosa que vos decís “¿todo esto no es un montón para pedirle a una persona?”. Yo de todos modos me especialicé en la vida de esta mujer, no soy especialista en las organizaciones de los ‘70, pero sí puedo decir que visto desde afuera y visto desde ahora, todas estas cosas nos parecen un poco crueles. En el caso de Silvia Labayru, fue pedirle a una persona que sobrevive a un campo de concentración, que fue torturada, que fue violada. Todo este rechazo, además, venía de gente que no había pasado por nada de todo eso porque eran personas que estaban exiliadas sin haber pasado por centros clandestinos. Y digo, está bien que se hayan ido del país porque si no los hubieran masacrado. Creo que tuvo que ver con una convicción: mucha gente estaba sumamente convencida de una idea de mundo y que para lograrlo había que seguir ciertas reglas. Esas reglas incluían cosas como tomarte una pastilla de cianuro si te agarraban para que en la tortura no cometieras la tentación de delatar a tus compañeros viste. Si no tomabas la pastilla y si sobrevivías, el mensaje claro era que algo habías hecho para sobrevivir. Digo, hayas hecho lo que hayas hecho para sobrevivir. A mí me parece súper cruel pedirle explicaciones a una persona que salió de una circunstancia así. 

–¿En el caso de Silvia por qué fue tan extremo? ¿Pensaste en algún tipo de explicación?

–Explicación no sé. Visto desde ahora yo creo que puedo encontrarle explicación al caso puntual y es que ella quedó muy asociada con uno de los hechos más crueles o quizás el más cruel de toda la dictadura, que fue la desaparición de la madres, las monjas y los familiares de desaparecidos. Eso fue fatal y se expandió, tuvo repercusión internacional. Obviamente repercutió mucho en la gente que estaba exiliada y fue un horror. Fue un horror. Digo, cada uno que haya desaparecido es un horror pero esto fue una cosa espantosa. La figura de Astiz, siniestro, infiltrándose en este grupo de mujeres que ya tenían familiares desaparecidos fue espantosa. Desde afuera supongo que era muy difícil entender cuáles eran las condiciones en las que una persona llegaba a esa circunstancia. Que no era que estando desaparecido en un centro clandestino levantaba la mano y decía “bueno, si necesitan a alguien yo estoy, eh”. Pero desde afuera se veía como una colaboración aunque esté clarísimo que los obligaban a eso. Digamos también que eran otros años, eran otras épocas y uno puede comprender que desde la convicción de que estás militando allí, en una organización que tiene una estructura militar, pienses que tenés que obedecer y seguir las reglas. Entonces, si estás convencido, esas reglas te parecen muy lógicas. Aunque a nosotros hoy nos parezcan un poquito despiadadas. 

Si sobrevivías, el mensaje claro era que algo habías hecho para sobrevivir. Digo, hayas hecho lo que hayas hecho para sobrevivir. A mí me parece súper cruel pedirle explicaciones a una persona que salió de una circunstancia así.

–En este sentido, contás en el libro que un amigo te dice “por fin te metiste con los ‘70”, un tiempo al que parecería que siempre estamos volviendo. 

–Yo creo que si hubiera asumido que tenía esa responsabilidad de decir “voy a contar los 70” en un libro hubiera sido una mochila muy pesada. Nunca hubiera podido con eso. Yo estaba muy interesada en la historia de ella, de esta mujer, y por supuesto el libro habla de una época y la larga sombra de esos años, porque cuento su vida hasta sus 66 o 67. Y esa larga sombra de aquello que pasó cuando ella tenía 20 años sigue acechando. Creo que el clima de época está, pero como de soslayo. No es que yo quería escribir un libro sobre los 70. Yo creo que hay gente muy capacitada que ha hecho muy bien eso y que tiene habitaciones enteras repletas de documentación sobre la época. Pero yo no soy esa clase de narradora. A veces se confunde el periodismo narrativo con el periodismo de investigación. Yo no soy una periodista de investigación. Entonces, teniendo claro el foco, yo no quería contar la historia del asalto a no sé qué en Tucumán o tal o cual acción de un grupo. Y, sobre todo, quise hacer mi trabajo con intención de nunca generar un juicio moral. Yo no estaba ahí para juzgar ni a los Montoneros, ni a ella, ni a lo que habían hecho. Ni siquiera lo que le habían hecho a ella. Era contar su historia. 

–En el medio, aparecen curiosidades de ella, de quienes fueron sus amigos o parejas y de otros entrevistados. Varios de ellos hablan mucho de sexo, por ejemplo, en los testimonios que reuniste. ¿Te llamó la atención esto?

–¡Sí, muchísimo! (risas). A mí como periodista me servía que me contaran todo. Yo no soy nada pacata, pero de verdad que era muy conmovedor ver cómo para todos ellos era muy importante decir si se habían llevado bien o mal con Fulano en la cama o si tenían mucho sexo o poco sexo. En un punto me resultó divertido. Me parece también parte de una pulsión vital genial, que también es muy generacional. Yo no creo que no hable de sexo por ser pacata sino simplemente porque es una cuestión que forma parte de una intimidad. Pero pensá que era la generación de los 70. No me voy a poner a hacer sociología barata, pero a esta gente en su plena juventud no le pasó lo que le pasó a la gente de mi generación, que fue el HIV. Había una cosa más libre. Quizás tuvo que ver con eso. Pero sí, el sexo circulaba ahí de una manera y ahora mismo hablan así. Ella misma (Silvia Labayru) va contando que se acostaban los unos con los otros como quien se dice “pasame la panera”. Divertido, ¿no?

Quise hacer mi trabajo con intención de nunca generar un juicio moral. Yo no estaba ahí para juzgar ni a los Montoneros, ni a Silvia Labayru, ni a lo que habían hecho. Ni siquiera lo que le habían hecho a ella.

–¿Hay un momento que decís basta, hasta acá llego, en estos trabajos tan intensos? ¿Cómo funciona eso?

–Sí, cuando sentís que tenés la historia ya contada en términos de que todos los huecos, los agujeros te quedan claros. Uno nunca puede conocer a alguien hasta el fondo, pero tenés que tener la sensación de que lo conoces hasta el fondo. Por un lado, una humildad para saber que no podés y, por otro, la sensación de que sí lo lograste. A veces pasa que intentás muchas veces con un entrevistado llegar a un lugar equis con las preguntas. Pero cuando las respuestas son siempre las mismas y llegás siempre al mismo callejón ya aparece una cosa de decir “bueno, acá no hay más” o “nunca voy a encontrar nada”. Ahí también es momento de irte. También creo que cuando pasás tanto tiempo con una persona corrés el riesgo de que después de pasado un límite eso empiece a desgastarse. Silvia siempre fue súper generosa, jamás me hizo sentir esa incomodidad, pero yo creo que hay que cuidar que eso no pase también.

–Después de darle un cierre a una historia tan intensa, ¿te ponés con algo nuevo? ¿Te tomás un tiempo de respiro o cómo lo manejás? 

–Después de entregar cualquier historia te quedas completamente vacía. Después de entregar La llamada me fui a la Costa Brava a hacer una residencia y pasé allá dos meses. De eso salió un texto sobre la estadía de Truman Capote en la Costa Brava, donde él escribió parte de A sangre fría. Era un texto súper difícil de hace y de investigar y qué sé yo. Salió esa cosa mucho más chica, pero fue difícil. Después de eso seguí, hice perfiles, viajé y ya me metí con otro libro. La verdad es que no esperaba meterme con otro tan rápido. Nunca me pasó una cosa así de terminar una cosa y saltar a otra. Y a lo mejor tiene que ver con que la historia que estoy contando me interesa mucho, pero también con no dejar que ese vacío se estire mucho. Siempre pasa igual, no hay cómo evitar ese vacío. A mí me pasó después de cada uno de los libros. Pero no porque pase siempre deja de ser horrible. Pero qué sé yo, escribir es una carrera de larga distancia, tenés que estar escribiendo siempre. No sé cómo hace la gente que escribe una vez cada tanto, yo escribo todos los días.

AL/DTC

Las designaciones de funcionarios que ocuparán cargos clave en la Secretaría de Derechos Humanos han generado dudas entre sus trabajadores en relación a la continuidad de las querellas que sigue el organismo en los juicios de lesa humanidad y el mantenimiento de las políticas reparatorias con las víctimas del terrorismo de Estado.

La llegada de Siro de Martini a la Subsecretaría de Protección y Enlace Internacional --un antiguo asesor del exministro de Justicia Germán Garavano— y el regreso de Ramiro Badía en la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales, cargo que desempeñó durante la gestión de Claudio Avruj en la Secretaría, despiertan algunas inquietudes al respecto.     

La transición en la Secretaría de Derechos Humanos se inició el pasado 12 de dicembre con una reunión que mantuvieron el titular saliente de la dependencia, Horacio Pietragalla Corti y su sucesor, el exjuez Alberto Baños, quien asumió en el cargo “ad honorem”, según se confirmó días después en el Boletín Oficial. 

La reunión, según pudo reconstruir elDiario.AR transcurrió en un clima cordial, pese a que la gestión de Pietragalla había recusado al magistrado cuando instruía la investigación por la desaparición del policía de la Ciudad de Buenos Aires Arshak Karhanyan, cuyo paradero es desconocido desde febrero de 2019.

La Secretaría querelló en esa causa y consideró que el juez no tomó medidas concretas para que la investigación avanzara. Por ejemplo, una de las acciones reclamadas al juez era la apartar a la Policía de la Ciudad de la investigación, algo que reclamaban los familiares de Arshak, quienes siempre tuvieron sospechas sobre la participación de esa fuerza en la desaparición del joven efectivo.

Baños no aportó hipótesis para que la instrucción avanzara y nunca puso la mira en la Policía porteña. A fines del año pasado, Baños logró jubilarse y ponerle fin a una trayectoria como magistrado que se inició en 1993, cuando fue designado en el cargo por el gobierno de Carlos Saúl Menem. 

Durante años, Baños tuvo a su cargo la causa del robo de las manos de Juan Domingo Perón. En julio de 2008, Baños se llevó el expediente a su casa de Adrogué, donde pensaba elaborar un oficio para pedirle al Gobierno que levantara el secreto de inteligencia que existía sobre el tema. Pero desconocidos le robaron la totalidad de la causa, que meses después logró reconstruir, sin que se identificaran a los autores del hecho.

Fuentes de la Secretaría indicaron que Baños y sus colaboradores se mostraron sorprendidos por el nivel de organización que había en la Secretaría en las primeras reuniones que mantuvo con el personal. No obstante, los funcionarios de la nueva gestión se mostraron alarmados con la cantidad de abogados que el organismo tiene en el interior del país (cerca de 45), que se ocupan de querellar en causas de lesa humanidad. 

Fue un primer indicador que generó alarma en relación a la continuidad de una política activa que la Secretaría había tenido en los procesos sobre crímenes del terrorismo de Estado en los últimos cuatro años. “Los juicios van a seguir, pero Hay que ver qué pasa con las políticas de Memoria Verdad y Justicia y las querellas del Estado. Ese es el gran interrogante”, le confió a elDiarioAR un funcionario saliente de la Secretaría.

Sin embargo, esa no fue la única señal de alarma. Las designaciones de De Martini y Badía, generaron más preocupación entre los trabajadores del organismo.

De Martini se encargó, como asesor de Garavano, de acercar los reclamos de los familiares de los represores condenados por delitos de lesa humanidad a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los cuales se llevaron a cabo durante la gestión de Claudio Avruj al frente de la Secretaría. Una postura que está en línea con los reclamos de “memoria completa que desde hace años pregona la actual vicepresidenta, Victoria Villarruel.

Desde su cargo, De Martini tendrá además la misión de fijar la postura de Argentina en materia de Derechos Humanos. En tanto, Badía defendió ante la CIDH, como funcionario de Avruj, la postura que el Gobierno de Macri mantuvo en el caso de Milagro Sala.

Trabajadores de la Secretaría que hablaron con este medio señalaron que aún no hay definiciones claras sobre la continuidad del programa Verdad y Justicia, que actualmente depende de la Dirección de Asuntos Jurídicos Nacionales. Se trata de una iniciativa creada en 2007 para acompañar a las víctimas y los testigos con el propósito de garantizar el acceso a la justica y brindar reparación.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona explicó en declaraciones periodísticas que, en materia de derechos humanos, se propondrá un nuevo paradigma, orientado a la atención de las demandas de delitos comunes. Algo que difiere de la línea que mantenía la gestión de Pietragalla Corti, que se orientaba a darle visibilidad a las demandas de los grupos sociales vulnerables –como los pacientes de la salud mental—y las víctimas de la violencia institucional.

La preservación del Museo Sitio Memoria Esma es otra de las incógnitas de las políticas que aplicará el gobierno del presidente Javier Milei. En campaña, Villarruel, en línea con sus posturas negacionistas, propuso que el predio donde funcionó el centro clandestino de detención ilegal más grande de la ciudad de Buenos Aires, debía recrearse con fines educativos. No obstante, Baños reconoció que las antiguas instalaciones de la exEsma deben ser preservadas, en función de medidas cautelares de la justicia y por haber sido declarado patrimonio cultural de la humanidad por la Unesco.

Autoridades del Museo Sitio Memoria ESMA consultados por elDiarioAR consideraron que “aún es muy pronto para definir expectativas” en relación a la dirección que las autoridades de la Secretaría y el Gobierno le darán a esta institución, creada para preservar la memoria sobre el terrorismo de Estado en Argentina. “Esperemos hasta marzo, ahí vamos a tener un panorama más claro”, indicaron desde el Museo.

Durante 2023, hubo 24 veredictos en juicios de lesa humanidad y se dictaron 316 condenas desde que los procesos se reanudaron en 2006. 

La reanudación de la actividad judicial en febrero, tras el receso judicial de verano, será un momento clave para analizar cuál es la política que la gestión de Baños tendrá en relación a las querellas que se siguen desde el Estado en los procesos de lesa humanidad.

LC/MG