En 2021, elDiarioAR identificó 26 grandes millonarios argentinos que habían mudado su residencia fiscal al extranjero, sobre todo a Uruguay, tras el aumento del impuesto a los bienes personales en 2019 y el aporte solidario de las grandes fortunas de 2020, dos medidas del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Dos disposiciones aprobadas por ley que revirtieron la rebaja de Bienes Personales de la administración anterior, la de Mauricio Macri, que preveía eliminar el gravamen.

La gestión de Javier Milei –con el apoyo de la oposición ahora ya no dialoguista– legisló el año pasado otro descuento en ese impuesto a la riqueza. Y los ricos reaccionaron: tres de los 26 grandes millonarios, el 11% del total ya regresó a la Argentina. Pero uno de los principales contadores de la City porteña cuenta que la tendencia, que comenzó en 2024, está empezando a contagiar a otros y prevé que en 2026 se vea reflejado en más casos.

En 2021, las constancias de inscripción en la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP, ahora llamada Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ARCA) de aquellos 26 afortundados decía “no registra impuestos activos”. Marcos Galperin (Mercado Libre) lideraba aquel éxodo, pero también incluía a otros empresarios como Sebastián Bagó, Jorge y Ricardo Stuart Milne (ex Banco Patagonia), Gianfranco Macri (hermano del expresidente), Daniel, Marcelo y Carlos Sielecki (Laboratorios Elea), Martín Migoya y otros dos accionistas de la tecnológica Globant, Omar y Daniel Garbarino, Gustavo Grobocopatel, las herederas Bárbara Bengolea y Amalia Amoedo (nietas de Amalia Lacroze de Fortabat) y la actriz Susana Giménez, entre otros.

Pero hay tres de ellos que ahora ya figuran otra vez con impuestos activos en su país: Gerardo Werthein, que además se incorporó al gobierno de Milei primero como embajador en EE UU y después como canciller; y Diego y Cristina Miguens Bemberg, exaccionistas de Cervecería Quilmes. Ella, ingeniera, es también editora responsable de la revista Sophia.

“El regreso comenzó el año pasado y continúa este año, aunque quizás hay gente que se mude recién en este segundo semestre”, comenta el contador de la City. Primero recuerda por qué se fueron: En 2016, Macri organizó el blanqueo de capitales más exitoso de la historia argentina y les reformó Bienes Personales para bajar la alícuota máxima del 1,25% en 2015 al 0,75% con un sendero que iba a ir descendiendo hasta la desaparición del gravamen en 2019. Todo iba bien pero pasaron cosas. En 2018, con la crisis económica que le estalló, el presidente debió aceptar el consejo del Fondo Monetario Internacional (FMI) de frenar la baja del tributo, con lo que quedó en 0,25%.

En diciembre de 2019, con el gobierno peronista, el impuesto al patrimonio subió del 0,25% a un máximo del 2,25% para bienes en el exterior. Así es que muchos se arrepintieron de blanquear sus cuentas, sociedades y casas en el extranjero. Galperin inició la alta moda emigratoria. Hacia fines de 2020, con la pandemia, el diputado Máximo Kirchner impulsó el aporte por única vez que llegaba hasta el 5,25%. Es decir, ese año los más ricos debieron tributar con el 7,5%. Así es que la tendencia a marcharse para pagar menos impuestos se profundizó. Ahora el éxodo de los millonarios es moda en muchos países del mundo, pero ya lo había sido mucho antes en Francia, de donde partió el actor y ahora condenado por agresión sexual Gérard Depardieu hacia Rusia.

La AFIP de los Fernández empezó entonces a controlar que los ricos realmente mudaran su residencia fiscal. En el primer año debían permanecer 270 días fuera del país y a partir del segundo, 180 días. Esa costumbre de vigilar si no se quedan 181 días o más continúa, pese al relajamiento de la ARCA en la era Milei. Ese es uno de los motivos por los que algunos vuelven: están cansados de contar en el calendario si se exceden o no en sus visitas a su país de origen, según otro contador de millonarios. “Tengo unos que se habían ido a EE UU y volvieron porque ARCA está muy controladora de los días que están”, agrega.

“Los que se fueron quedaron bastante dolidos porque el gobierno anterior les aplicó normas retroactivas para agarrarlos con Bienes Personales, con el aporte solidario, y eso quedó en la cabeza de muchos”, explicó el contador

Diego Fraga, del grupo Expansion. Algunos ricos temieron que el aporte solidiario por la pandemia no fuera por única vez ante las nuevas necesidades de financiamiento del entonces gobierno.

A la hora de regresar pesaron diversos factores, según los estudios contables que atienden a grandes fortunas. Por un lado, Milei impulsó una rebaja de Bienes Personales del 2,25% máximo al 1% actual, que bajará en 2026 al 0,75%. Pero además se creó un régimen especial por el que en 2024 pudieron pagar cinco años por adelantado con una tasa de sólo 0,5%, sin tener que tributar por aumentos patrimoniales que se dieran de 2025 a 2028 y con estabilidad fiscal hasta 2038. Es decir, aquellos que adhirieron al mecanismo estará exentos de cualquier incremento impositivo que pueda decidir un futuro gobierno en 2027, 2031 o 2035.

Pero no sólo la plata pesa. Los contadores cuentan que sus clientes también quisieron volver porque extrañaban su país de origen, su familia, sus nietos. Y otro factor de peso fue la cobertura de salud que ya tenían en la Argentina y la dificultad para conseguirla a cierta edad en otra nación.

“Lo afectivo juega: agarrar las cosas e irte si no tenés un grupo de pertenencia y amigos es complicado”, cuenta un profesional de los números. “A eso se suma el factor Milei, que bajó los impuestos patrimoniales, que son los que más estaban jodiendo, y promete bajarlos más impuestos.”

Pero todavía quedan muchos millonarios afuera. Otro contador comenta que ninguno de sus clientes regresó. “El que se fue convencido por ahora no vuelve. Por lo menos hasta que el panorama político sea uniforme, o que haya un sentido económico claro, sin riesgos de que vuelva el populismo”, sostiene el asesor contable.

Que vuelvan los millonarios argentinos no significa necesariamente mayor inversión productiva. En contraposición, las que se van son las empresas extranjeras, que venden sus operaciones, a empresarios criollos. No gobierna el peronismo, pero esta semana se conoció que la francesa Carrefour quiere vender toda o parte de su filial local. Es la última de una larga lista de multinacionales que se fueron o planean irse con Milei: HSBC, Xerox, Clorox, Procter & Gamble, Prudential, ENAP Sipetrol, Petronas, Fresenius Medical Care, Telefónica, Mercedes-Benz, ExxonMobil y Cartesian Capital Group (exdueña de Flybondi). Otras pusieron cartel de venta como Raízen (Shell), Equinor y Paramount. Están las que pasaron de fabricar a importar, como Nissan.

AR/MG

El G20 no hará una declaración de apoyo “explícito” a un impuesto “coordinado” a los milmillonarios, según confirmaron fuentes de uno de los gobiernos participantes en el foro económico internacional a elDiario.es. A cambio, el G20 publicará un comunicado este jueves en el que se compromete a seguir debatiendo y avanzando sobre el tributo mínimo a los súper ricos promovido por la Presidencia brasileña.

Este comunicado será “una declaración” separada sobre “cooperación fiscal”, al margen del documento final del G20 que se celebra estos días en Río de Janeiro y que se conocerá el viernes. Esta “declaración” será menos ambiciosa de lo esperado, aunque “se puede considerar un paso histórico”, señala otra fuente conocedora de las negociaciones que prefiere no ser citada. “No hay un apoyo explícito al impuesto. Hay un compromiso para seguir cooperando y evaluándolo, y seguir debatiéndolo y compartiendo información”, pudo saber elDiario.es.

Según las mismas fuentes, el principal obstáculo es la postura contraria del ministro de Finanzas de Alemania, Christian Lindner, pese a que los debates técnicos habían caminado hacia un acuerdo sobre una postura favorable. “En el ámbito fiscal, puedo decir que todos los temas planteados por la Presidencia brasileña están incluidos en el documento, incluido el impuesto a los súper ricos”, adelantó el martes Tatiana Rosito, coordinadora de la mesa financiera del G20, tras la reunión de los técnicos de los estados y los bancos centrales participantes.

El paso definitivo hacia una fiscalidad más justa tendrá que esperar, aunque los ministros de Finanzas de las principales potencias mundiales aceptaron “la valoración positiva” de sus 'sherpas' —como se conoce a los técnicos de cada Gobierno que estudian y debaten los temas planteados antes de que sus 'jefes' decidan una declaración de consenso—. “Queda mucho por hacer, pero es el principio, un punto de partida que reconoce el problema y el compromiso de que hace falta resolverlo no solo con medidas nacionales sino con coordinación internacional”, comentan las fuentes consultadas por elDiario.es.

“Ya hay un lenguaje que reconoce la necesidad de reconocer la riqueza. Y también hay un buen diagnóstico consensuado por todos los ministerios. Es una buena señal”, continúan. Los detalles de esta “nueva agenda” que se abre “es lo que le tocará a la presidencia sudafricana del G20”.

Un paso histórico

“Se declaró oficialmente un verano de impuestos a los multimillonarios”, afirmó eufóricamente hace un par de semanas el economista francés Gabriel Zucman en la red social X (antes Twitter). “Con el liderazgo de Brasil en el G20, la victoria laborista en el Reino Unido, la victoria de la izquierda en Francia y la creciente demanda en todas partes para poner fin a la gran injusticia fiscal de nuestro tiempo, ¡ha llegado el momento!”, sostuvo este experto en 'guaridas fiscales', a quien la Presidencia brasileña del foro económico internacional le encargó una propuesta de un tributo mínimo y coordinado a los súper ricos para provocar el debate.

El G20 lo conforman las principales economías de cada continente, incluyendo a países no alineados totalmente con las potencias del G7 (EEUU, el conjunto de la UE, Reino Unido o Japón), como Arabia Saudí, Rusia, China, India, Argentina, Sudáfrica, Brasil o la Unión Africana, y en el que España es “invitado permanente”. El ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, ya adelantó, a finales de abril, su apoyó a “un impuesto a los súper ricos” y a “una una nueva agenda para luchar contra la desigualdad a nivel mundial” en una carta abierta que firmó junto a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al ministro de Finanzas de Sudáfrica, Enoch Godongwana, al ministro de Finanzas de Brasil, Fernando Haddad, y, sorprendentemente, junto a la ministra de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, Svenja Schulze.

Sin embargo, Lindner pertenece al Partido Liberal germano, que gobierna en coalición con el SPD de Scholz y Los Verdes, y tiene una postura diferente a su compatriota. Básicamente, “de no subir impuestos”.

Hasta ahora, el avance hacia una fiscalidad más justa encontró impulso en voces más allá de la izquierda. En junio, los ministros de finanzas del G7 alcanzaron “otro acuerdo histórico” sobre un impuesto mínimo a los beneficios de las multinacionales del 15% y se entregaron a “luchar contra la evasión fiscal”. Estas posiciones recogieron una inercia generada en otros organismos de primer orden (OCDE, FMI...), y que se filtró a prestigiosos altavoces como el Financial Times. “Estamos un paso más cerca de gravar a los súper ricos”, se titulaba una tribuna publicada por el periódico especializado en información económica en mayo.

Por supuesto, la propuesta diseñada por Zucman también encontró resistencias. La más relevante fue la de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, quien tras el G7 de mayo mostró su incomodidad con la idea de “un impuesto mínimo del 2% que afectaría a unas 3.000 de las personas más ricas del mundo —con más de 1.000 millones de dólares, medido en términos de riqueza, no de ingresos—”. En total, según los cálculos del economista francés, se recaudarían 250.000 millones de dólares “para la lucha contra el cambio climático y contra la pobreza”.

33 millones de euros por hora

“¿Sabías que los gobiernos de la UE podrían ganar 33 millones de euros por hora con un pequeño impuesto a los súper ricos?”, pregunta una campaña de Oxfam, una de las muchas organizaciones que están presionando para lograr el impuesto. Algunas de ellas pusieron en marcha la iniciativa ciudadana europea (ICE) conocida como 'Tax The Rich', que tiene entre sus impulsores a la joven multimillonaria alemana Marlene Engelhorn y a reconocidos economistas como Thomas Piketty. “El objetivo es lograr un millón de firmas para instar a la nueva Comisión Europea a crear una nueva agenda de tributación sobre la riqueza”.

Según esta iniciativa, una nueva fiscalidad sobre las grandes fortunas permitiría generar importantes recursos adicionales que se podrían destinar a inversiones para la inclusión social y una transición ecológica justa en los países de la Unión Europea, así como para aumentar el presupuesto comunitario destinado a políticas de cooperación internacional al desarrollo y financiación climática.

'Tax the rich'

“Todos los países G20 deberían respaldar el impulso de Brasil para lograr el primer acuerdo en la historia para gravar a los súper ricos. El reciente pacto para una tributación mínima sobre las grandes multinacionales, aunque imperfecto, muestra que es posible avanzar en una mayor coordinación a nivel global para cerrar los profundos agujeros del sistema tributario internacional que sólo benefician a las grandes fortunas”, explicó a elDiario.es Íñigo Macías, responsable de investigaciones de Oxfam, hace algunas semanas.

“En la práctica, el obstáculo principal para gravar a los súper ricos es el riesgo de que oculten su renta o de que la muevan a países que tienen menos exigencias fiscales. Para superar esta cuestión se necesita la coordinación internacional, más intercambio de información y se necesita también un estándar común”, resaltó el propio Zucman.

“Los abultados niveles de deuda tras la pandemia, las nuevas reglas fiscales puestas en marcha y la necesaria transición ecológica justa que enfrentan los países de la UE hacen necesario garantizar recursos adicionales si queremos evitar una vuelta a la austeridad”, añaden desde Oxfam.

¿Qué dirán los votantes de Javier Milei que reparten comida en bicicleta acerca del borrador de reforma tributaria que mandó el Gobierno a los gobernadores y legisladores de la oposición dialoguista para aprobar en el Congreso? Son monotributistas, no empleados, que trabajan para Rappi o PedidosYa. Pero si están entre las categorías más bajas de este gravamen pasarán a tributar más, mientras que la clase media alta y la alta del país podrán abonar menos por el impuesto a los bienes personales, también llamado a la riqueza. Así lo plantean expertos a partir de la lectura del paquete de medidas fiscales que el Gobierno llevó al Congreso.

“Aumenta fuerte el monotributo para las categorías más bajas, reponen el impuesto a los ingresos para los trabajadores que ganen más de $ 1,5 millones netos y reducen fuerte el impuesto a los bienes personales hasta 2038. Más regresivo no se consigue”, advirtió Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma en un hilo en la red social X. “El impuesto a los bienes personales queda reducido a la nada. El mínimo no imponible pasa de $11 millones a $100 millones y la deducción por la vivienda familiar, de $56 millones a $350 millones. Además, bajan las alícuotas. Resultado: se va a pagar mucho menos. Además, el proyecto crea un régimen especial que limita los impuestos patrimoniales por los próximos 16 años. Para ello, establece que quienes paguen este año el impuesto correspondiente al período 2023/27 van a tener muchísimos beneficios”, comenta Campos. El proyecto original enviado en enero pasado planteaba una reforma similar de Bienes Personales.

“Quienes entren en este régimen van a pagar una alícuota fija del 0,45% de su patrimonio que supere el mínimo no imponible (hoy va del 0,5% al 2,25%). Para los años 2028/38 se reduce a apenas el 0,25% del excedente, casi nada”, continúa analizando el investigador de la CTA Autónoma. “Pero lo más importante de todo es que quienes paguen este año el impuesto correspondiente al período 2023/27 van a tener derecho a la estabilidad fiscal hasta 2038. Si un nuevo gobierno quiere aumentarles bienes personales (o cualquier impuesto patrimonial), no va a poder. Si el Congreso aprueba este proyecto va a convalidar una rebaja impositiva enorme sobre las personas de mayores fortunas del país (el 1%, con suerte) y va a atar de pies y manos a un futuro gobierno que quiera avanzar con mayores impuestos sobre el patrimonio.”

La exjefa de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Mercedes Marcó del Pont también critica la reforma de Bienes Personales. Consultada por elDiarioAR, sostuvo: “Es de un nivel de regresividad inédita. Al más progresivo de los impuestos, que es el que grava stock de riqueza, lo reducen a la tercera parte y buscan compensar la pérdida de recaudación que ello supondrá comprometiendo los recursos de los gobiernos por venir. El régimen especial da beneficios a los que liquiden cinco ejercicios y además otorga estabilidad fiscal hasta 2038, ¡y a partir de 2028 reduce nuevamente la alícuota al 0,25%! Se trata de una propuesta indigerible políticamente”.

También se opone el exsecretario de Ingresos Públicos Roberto Arias: “Estoy totalmente en desacuerdo porque elimina la alícuota adicional para bienes en el exterior y baja la alícuota base a sólo 0,25% dentro de cuatro años. Es mejor que la reforma similar que había hecho Mauricio Macri porque en este caso se permite un pago anticipado que genera un recurso relevante y coparticipable e impide una modificación en el futuro.

“La contracara de la reducción de Bienes Personales es el aumento del monotributo, que puede ser importante para las categorías más bajas”, alerta Campos. “Por ejemplo, quien esté inscripto en la categoría C (el que factura hasta $350.000 por mes) va a pagar $26.600, un 70% más que ahora.”

Así quedarían las nuevas categorías según la facturación del trabajador y el aporte de cada una:

El proyecto consiste en una fuerte suba del tope de facturación de las categorías, por lo que todos los que están actualmente entre las categorías A y E pasarían a estar en la A. Para los de la E no hay ningún cambio: siguen pagando más o menos lo mismo. Los de las categorías más bajas sí van a tener un impacto fuerte. Los de la A tributarán 140% más; los de la B, 130%; los de la C, 71% y los de la D, 36%.

Quienes salen favorecidos son los de las máximas categorías del monotributo porque ya no saltarán tan fácilmente al régimen autónomo de responsable inscripto, que implica tributar “seis o siete veces más”, según el contador Fernando López Chiesa, del estudio Lisicki, Litvin & Asociados. Hasta ahora, el máximo rango de servicios es H, para los que facturan hasta $11,9 millones anuales. Ese tope subiría a 269%, a $44 millones. La mayor categoría para la venta de bienes es la K, cuyo tope se incrementaría de $16,9 millones a $68 millones, un 300%. “Es un salto considerable teniendo en cuenta los niveles de inflación y que los comerciantes escondían o subfacturaban algunos conceptos, no querían cobrar con tarjeta de débito o crédito para evitar salir del monotributo. Ese salto implicaba no sólo más dificultades económicas sino administrativas porque hay que presentar declaraciones juradas, algo a lo que el pequeño comerciante no está habituado. Es un buen punto este cambio”, opina López Chiesa.

Arias está a favor de esta reforma del monotributo: “El tope había quedado muy bajo, muchísimo más bajo que cuando se creó el régimen (en 1998)”. Sin embargo, lamenta que se eliminen los beneficios del monotributo social.

“La reposición del impuesto a los ingresos para los trabajadores en relación de dependencia se va a llevar todos los flashes”, comenta el investigador de la CTA Autónoma, en referencia a un asunto que es clave para las centrales sindicales que representan a trabajadores formales, pero que sólo abonan los que más ganan. “Lo cierto es que empezarán a pagar quienes tengan ingresos netos superiores a $1.494.000 por mes. Además, el proyecto elimina una gran cantidad de exenciones (horas extras, aguinaldo, bonos por productividad, guardias, etc). Entre las que se mantienen son las que benefician a los trabajadores petroleros, pero limitadas al personal de pozo. Lo más razonable del proyecto es que vuelve a establecer un sistema lógico de escalas. Se paga solo a partir del excedente, con alícuotas crecientes que van del 5% al 35%. A la alícuota máxima de la escala se llega con un salario bruto de aproximadamente $4,6 millones.”

Aquí detallamos cuánto pagarán los que ganen más de 15 salarios mínimos o $1,8 millones brutos o $1,494 millones netos:

“Estoy de acuerdo con la reforma de Ganancias, es decir, eliminar la reforma de Sergio Massa de 2023”, respalda Arias el regreso de este impuesto para los trabajadores que más cobran. Cuando era diputado, Milei había apoyado ese cambio del gobierno anterior. Ahora retrocede en la rebaja tributaria. “Es ir a un esquema más normal, con actualización del mínimo no imponible (nivel a partir del cual se tributa) y las deducciones. La escala es bastante progresiva”, celebra Arias, en referencia a que la alícuota arranca en el 5% y va subiendo de a poco hasta el 35%, a diferencia del gravamen en el pasado, que castigaba a casi todos los salarios altos con el máximo de 35%. “Va a traer una recaudación importante para Nación y provincias”, completa el exsecretario de Ingresos Públicos.

“Mientras seguimos mirando la nueva versión de la ley ómnibus, la discusión fiscal se mete por la ventana”, concluye Campos. Bajar la carga impositiva a los dueños de los mayores patrimonios y subírsela a los trabajadores es toda una definición de principios.“

AR

La ONG Oxfam asegura en un informe que desde el inicio de la pandemia de coronavirus un 1 % de la población mundial acaparó casi dos terceras partes de la nueva riqueza generada, casi el doble que el 99 % restante.

Por eso, insta a subir al 75 % los impuestos a las grandes fortunas, con el fin de reducir la creciente desigualdad y mitigar los efectos de una “policrisis” derivada de la subida de la inflación, los coletazos de la pandemia y los efectos de fenómenos como sequías, ciclones e inundaciones.

El documento se publicó este lunes (hora local) al inicio del Foro Económico Mundial de Davos.

Oxfam calculó que la fortuna de esa minoría privilegiada suma 2.700 millones de dólares cada día, en tanto que los salarios de cerca de 1.700 millones de trabajadores crecen por debajo de la inflación.

El pasado año las empresas energéticas y de alimentación duplicaron sus beneficios y distribuyeron 257.000 millones de dólares en dividendos a sus accionistas, frente a más de 800 millones de personas “que se van a la cama con hambre cada noche”.

Según el estudio de Oxfam, tres cuartas partes de los gobiernos tienen previsto recortar el gasto durante los próximos cinco años, por un importe total que podría ascender a 7,8 billones de dólares.

Impuesto para los más ricos

La principal conclusión del estudio es que si se aplicara un impuesto a la riqueza de hasta el 5 % a los multimillonarios y milmillonarios podrían recaudarse 1,7 billones de dólares anualmente, lo que permitiría a 2.000 millones de personas salir de la pobreza, además de financiar un plan mundial para acabar con el hambre.

En la actualidad, en cerca de 100 países el impuesto máximo sobre la renta está en torno al 31 %, en tanto que en 123 estados no supera el 18 %, porcentajes muy bajos que muestran una tendencia a la baja que rompe con lo vigente “durante gran parte del siglo XX”, cuando los tipos impositivos marginales máximos del 60 % sobre la renta personal para los grupos con mayores ingresos “eran la norma”.

Oxfam sostiene que los tipos impositivos aplicables a las mayores fortunas deberían ser, “como mínimo”, del 75 %, lo que “desincentivaría el pago de altísimos bonus y salarios desorbitados a altos directivos”.

La ONG defiende que si los gobiernos aspiran a gravar el conjunto de las rentas de una manera integral, “deben asegurarse de que las rentas de capital tributen como mínimo al mismo nivel que los ingresos derivados del trabajo, aunque preferentemente deberían aplicar un tipo impositivo más alto”.

En la mayoría de los países, añade el documento, las rentas de capital y los activos financieros constituyen la principal fuente de ingresos de los ultra ricos pero, en casi todas las jurisdicciones, tributan muy por debajo de las rentas de capital.

Instituciones como el FMI o el Banco Mundial se manifestaron a favor de subir la carga fiscal a las grandes empresas y a los ricos para así apoyar a las personas más afectadas por la crisis energética, por lo que “se podría” deducir que gravar la riqueza es un mecanismo más eficiente para reducir la pobreza que impulsar el crecimiento.

Oxfam destaca que varios gobiernos están poniendo en marcha medidas para aumentar la carga fiscal sobre los más ricos, y en algunos casos, como el reciente del Reino Unido, tuvieron que echarse atrás en su pretensión de recortar los impuestos a las rentas más altas, tras el desplome de los mercados financieros.

También Sri Lanka, prosigue el informe, aplicó rebajas fiscales a los más ricos sin contar con la financiación necesaria para ello, y la posterior crisis de deuda llevó al FMI a instar al Gobierno a cambiar de política y subir los impuestos a los más ricos.

Son ya muchos los países que están avanzando para aumentar la tributación “de quienes más tienen”, como Bolivia, España, Chile o Colombia, y en otros, como Kenia, Canadá, China, Países Bajos o Malasia ya se está debatiendo. 

CRM con información de la agencia EFE

La primera ministra de Reino Unido, Liz Truss, dio este lunes marcha atrás en su plan para bajar los impuestos a los más ricos después de que sus propios diputados conservadores se rebelaran contra el plan, criticado también por el Fondo Monetario Internacional y que había causado el hundimiento de la libra.

El ministro británico de Economía, Kwasi Kwarteng, explicó que el Gobierno renunciará a bajar el tramo más alto del impuesto sobre la renta del 45 al 40%. “Está claro que la abolición de la tasa del 45% se había convertido en una distracción en nuestra misión primordial de abordar los desafíos de nuestro país. Como consecuencia, no seguiremos adelante con su abolición. Lo entendemos, y hemos escuchado”, sostuvo el ministro en un comunicado.

El plan fiscal presentado por Kwarteng el pasado 23 de septiembre había creado convulsiones en los mercados ante las dudas sobre la capacidad de Londres de asumir la deuda pública generada por la bajada de impuestos, ante la ausencia de previsiones de crecimiento.

La primera ministra, Liz Truss, que asumió el poder hace menos de un mes, defendía todavía este domingo en una entrevista con la BBC la decisión de bajar los impuestos a los mayores ingresos, aunque la atribuyó directamente a su ministro de Economía.

El giro de 180 grados conocido este lunes, solo horas antes de que Kwarteng pronuncie un discurso en el congreso anual de los conservadores en Birmingham, responde, según los medios británicos, a la amenaza creciente de diputados tories de votar en contra del plan en el Parlamento. Según recoge The Guardian, los extractos del discurso que Kwarteng había preparado muestran que el ministro había planeado mantenerse firme en el paquete de impuestos. “Debemos mantener el rumbo. Estoy seguro de que nuestro plan es el correcto”, iba a decir el ministro.

Pero en su comunicado de este lunes, el ministro ha asegurado que con la renuncia a rebajar el impuesto sobre la renta a los más ricos podrá “enfocarse en llevar a cabo las partes principales del paquete de crecimiento”. Entre ellas, ha citado el plan de ayuda a hogares y empresas para pagar las facturas energéticas, que se dispararán en los próximos meses como consecuencia de la guerra en Ucrania.

Kwarteng también proseguirá con su intención de “rebajar impuestos y poner dinero en los bolsillos de 30 millones de personas”, en aparente alusión a la bajada del 20% al 19% del tramo más bajo del impuesto sobre la renta. Y ha señalado que impulsará las “reformas de las políticas de oferta”, incluida la aceleración de “grandes proyectos de infraestructura”.

“He dicho que he escuchado. Entiendo la reacción. He hablado con mucha gente de todo el país. He hablado con los electores. He hablado con diputados y concejales y otras personas de nuestro sistema político. Pero lo más importante es que he escuchado a los votantes”, ha dicho Kwarteng en una entrevista con la BBC este lunes.

Sin apoyos

La libra esterlina, que sufrió una fuerte caída tras el anuncio la semana pasada, subió durante la madrugada de este lunes tras conocerse que el Gobierno iba a dar marcha atrás, informa The Guardian. Alcanzó los 1,125 dólares en un momento dado, recuperando los niveles anteriores al anuncio de los cambios fiscales, aunque a primera hora de este lunes recortó parte de las ganancias y se situó en 1,119 dólares.

El anunció de rebajas fiscales también había causado críticas desde los mercados y desde el Fondo Monetario Internacional la semana pasada. En un mensaje inusualmente contundente y crítico, el FMI calificó de “inapropiados” los estímulos tributarios “dada la presión inflacionista que asola a la economía británica”.

El ministro de Economía pronunciará su discurso este lunes por la tarde en el centro de convenciones de la ciudad inglesa de Birmingham, donde los tories celebran hasta el miércoles su cita anual. Truss, que se impuso a Rishi Sunak en las elecciones internas al liderazgo conservador, se dirigirá a la militancia el 5 de octubre, mientras que este martes lo harán los ministros de Exteriores, James Cleverly, e Interior, Suella Braverman.

El Gobierno de Truss afronta este congreso con las encuestas en contra, pues su mal comienzo ha otorgado al Partido Laborista de Keir Starmer su mayor ventaja en veinte años, con un 54% del apoyo frente al 21% de los tories en un sondeo reciente.

“Lucrando con el dolor”. El título del informe publicado este lunes por la organización internacional de origen británico Oxfam evita las sutilezas para describir el escenario global: la pandemia, una tragedia colectiva que mató a millones de personas, fue también uno de los mejores momentos de la historia para los ricos de este mundo. Las fortunas de los multimillonarios de la alimentación y la energía crecieron US$453.000 millones en los últimos dos años por la suba vertiginosa de los precios de los bienes básicos, que se explica por la crisis sanitaria y, más recientemente, por la guerra entre Rusia y Ucrania. 

Solo en el rubro alimentos, la escalada de los precios mundial contribuyó a crear 62 nuevos multimillonarios en 24 meses. El informe menciona, a modo de ejemplo, el caso de la empresa Cargill, una de las firmas de venta de granos más grandes del mundo, que está controlada por James Cargill II y su familia. Antes de la pandemia tenía ocho multimillonarios entre sus miembros y ahora tienen 12. La empresa incrementó su fortuna a razón de US$20 millones por día desde que se inició la pandemia de Covid-19, según el estudio. 

En el otro extremo está Nellie Kumambala, una maestra de escuela primaria que vive en Lumbadzi, Malawi, con su esposo, dos hijos y su madre. “Los precios han subido mucho. Dos litros de aceite de cocina el mes pasado costaban 2.600 kwachas, ahora cuestan 7.500. Ayer fui a la tienda a comprar aceite de cocina, pero fallé; no me alcanzó el dinero”, dice Kumambala en el testimonio recogido por Oxfam. “Todos los días me preocupo por cómo voy a alimentar a la familia. Pienso para mis adentros: ¿qué debo hacer hoy para que podamos comer?”. No hace falta ir a África a buscar ejemplos; en la Argentina el 30% de las familias no llegan a comprar la canasta básica.

El lanzamiento de la publicación coincidió con la inauguración de la apertura del Foro de Davos, que por primera vez en dos años reúne de manera presencial a la elite mundial en esa ciudad suiza. “Tienen mucho que celebrar”, dice el informe sobre los empresarios que se dan cita: “Durante la pandemia de COVID-19, su montaña de riqueza ha alcanzado alturas vertiginosas y sin precedentes”. En efecto, la riqueza de los multimillonarios creció más en los 24 meses de coronavirus que en los 23 años anteriores juntos.  

Según datos de Forbes que toma el informe, durante la pandemia surgieron 573 nuevos multimillonarios. En total son 2.668, que suman una riqueza que es ahora 42% superior a la que tenían antes de que se desencadenara la crisis sanitaria. Su dinero es equivalente al  13,9% del PBI global, cuando en el año 2000 era del 4,4%. 

La expansión de sus fortunas se debe fundamentalmente al aumento de los precios internacionales. Los alimentos subieron 33,6% en promedio en 2021 y se espera que suban otro 23% este año. En marzo de 2022 se registró el mayor salto de los precios de los alimentos desde el inicio de los registros de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) en 1990.  

Por otra parte, los precios de la energía han experimentado el mayor aumento desde 1973. El costo del crudo subió 53% en los últimos 12 meses y el del gas natural, 148%. Los márgenes de beneficio de las grandes petroleras se duplicaron durante la pandemia, mientras que se prevé que el costo de la energía se disparará un 50% en 2022. Cinco de las empresas de energía más grandes (BP, Shell, Total, Exxon y Chevron) generaron, en conjunto, ganancias por US$82.000 millones en el último año: US$2.600 por segundo.

Al tiempo que la cúspide de la pirámide empresarial se beneficia de la escalada de los precios, esta situación expuso a 263 millones de personas más a vivir en la pobreza extrema que antes de la pandemia. Por eso el informe habla del “mayor aumento de la pobreza extrema en más de 20 años”.

En este cuadro de situación, la organización considera “urgente” que los gobiernos implementen impuestos sobre los sectores más acaudalados y reconoce explícitamente la iniciativa argentina de impulsar el aporte extraordinario de las grandes fortunas, así como el proyecto que busca una contribución de bienes en el exterior no declarados para pagar la deuda con el FMI. 

“Los gobiernos deben actuar ahora para controlar la riqueza extrema. Deben ponerse de acuerdo ahora para aumentar los impuestos de la riqueza y las ganancias inesperadas corporativas y usar este dinero para proteger a la gente común en todo el mundo; reducir la desigualdad y el sufrimiento”, apunta. 

Exige medidas de emergencia, pero también de carácter permanente. Según los cálculos de Oxfam, un impuesto anual a la riqueza que comience en el 2% para los millonarios y aumente al 5% para los multimillonarios podría generar $2,5 billones al año, suficiente “para sacar a 2.300 millones de personas de la pobreza, fabricar suficientes vacunas para el mundo y brindar atención médica y protección social universales para todos los que viven en países de ingresos bajos y medianos bajos”.

DT

¿En la Argentina se pagan muchos impuestos, como se repite tanto en el debate público? La cuestión ha vuelto al candelero esta semana después de que desde la Unión Industrial Argentina (UIA) y Juntos por el Cambio se hicieron eco de un nuevo informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), que dirige el ex funcionario cambiemita Nadin Argañaraz, llamado “165 tributos entre los niveles de gobierno nacional, provincial y municipal”. Después, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que conduce otro ex funcionario pero kirchnerista, Hernán Letcher, le contestó con un reporte que advierte que el Iaraf no sólo incluyó tributos sino también 41 tasas municipales, 27 derechos y 26 contribuciones que al menos en teoría siempre tienen una contraprestación de un servicio, cánones de concesiones de servicios públicos, el aporte extraordinario y por única vez de las grandes fortunas, fondos que se financian con gravámenes y los aportes de los trabajadores y las contribuciones patronales a la Seguridad Social (es decir, a la futura jubilación y a la obra social). Pero el informe del IARAF reconoce que contabiliza impuestos, tasas, derechos y contribuciones. Letcher también advierte que el impuesto a las ganancias aparece cuadruplicado por sus cuatro categorías, al tiempo que recuerda que parte del monotributo no es tributo sino que financia la Seguridad Social. Por eso, concluye que sólo son impuestos el 36% de los 165 mencionados por Argañaraz.

Pero más allá de la discusión sobre cuántos gravámenes hay, aquí planteamos la pregunta de si en la Argentina se termina pagando mucho en impuestos. Para ello, la respuesta está en el nivel de ingresos tributarios en relación al PBI, que es la medida que adoptan desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) hasta la liberal Heritage Foundation. Así se llega a la conclusión de que la Argentina se ubica en el puesto 43º sobre un total de 181 países relevados. A nivel latinoamericano aparece cuarta, detrás de Cuba, Brasil y Uruguay, a donde se marchan muchos millonarios argentinos porque no tributan por sus bienes en el exterior, pero donde sí se abonan impuestos en cantidades mayores que aquí.

El ranking

El top ten está encabezado por Francia (donde la recaudación tributaria supone el 46,2% del PBI), seguida por Dinamarca, Bélgica, Suecia, Finlandia, Italia, Austria, Cuba (40,6%), Grecia y Países Bajos (38,8%). Del puesto 11º al 20ª figuran Luxemburgo, Croacia, Noruega, Bosnia Herzegovina, Hungría, Islandia, Alemania, Serbia, Montenegro y Eslovenia (36%). Del 21º al 30º aparecen República Checa, Portugal, Ucrania, Polonia, Chipre, España, Reino Unido, Moldavia, Estonia y Eslovaquia (32,9%). Del 31º al 40º están Israel, Malta, Brasil (32,2%), Canadá, Nueva Zelanda, Barbados, Seychelles, Uruguay (30,9%), Djibouti y Japón (30,6%). En el puesto 41º llegan las Islas Salomón, seguida por Letonia y la Argentina (30,3%). La mayoría de los países que anteceden al nuestro son desarrollados. Pocas naciones ricas cobran menos impuestos que la Argentina: Suiza (28,5%), Australia (27,8%), Estados Unidos (27,1%), Corea del Sur (26,9%), Irlanda (22,8%) y Singapur (14,1%), nada más. La inmensa mayoría de los países con menos tributación que la nuestra son de ingresos medios y bajos, o sea, en vías de desarrollo o subdesarrollados.

Otra discusión válida es si la Argentina gasta mucho o si lo hace en forma eficiente. En el ranking cuantitativo de las erogaciones públicas, la Argentina figura en el puesto 38º, el segundo de Latinoamérica, con un 40,5% en relación al PBI. La clasificación está encabezada por Kiribati (125,7%), Libia (105,8%), Cuba (64,8%), Micronesia (63,2%) y Francia (56,4%). Italia gasta el 48,8%; Alemania, el 43,9%; España, el 41,5%; Reino Unido, el 41%, Canadá, el 40,5%, pero Japón, el 30,6% y Estados Unidos, el 27,1%.

Darío Rossignolo, profesor de las universidades de Buenos Aires (UBA) y Córdoba, opina que “para analizar si se paga mucho o poco debe establecerse respecto de qué indicador”: “La presión tributaria en la Argentina creció en los últimos dos años en términos del PBI, pero sin llegar a los niveles de 2015, estando entre las más altas de América Latina. Sin embargo, si el gasto público aumentó proporcionalmente más, la recaudación se utilizó en parte para financiar el gasto y el aumento del déficit se financió con emisión monetaria y endeudamiento. En consecuencia, en este caso lo que hay que analizar es el nivel de gasto público, que determina que la presión impositiva aumente para financiarlo. En general, se verifica que en los países de menor nivel de desarrollo las administraciones tributarias son menos eficientes en recaudar impuestos, con lo cual existen en esos países mayores impuestos o tasas que compensen las necesidades de gasto”.

IVA, sin distinción

Otra docente de la UBA, Magdalena Rua, no cree que en la Argentina se paguen muchos tributos: “Las grandes empresas y personas con altos patrimonios logran minimizar el pago de impuestos a través de maniobras complejas y vericuetos legales gracias a que cuentan con los servicios de profesionales de cuantiosos honorarios, los facilitadores, mientras que las pequeñas empresas no pueden evitar el pago de sus tributos, al igual que los asalariados, que sufren retenciones del impuesto a las ganancias en sus recibos de sueldo y del IVA en sus compras. La supuestamente tan elevada presión tributaria de la Argentina no es tal para grandes empresas y patrimonios. Los datos no sólo muestran que la presión tributaria argentina está por debajo del promedio de los países avanzados, sino que gran parte de la riqueza de las personas de alto patrimonio se encuentra en el exterior y una gran porción de ésta no estaría alcanzada por el fisco argentino, teniendo en cuenta las estadísticas oficiales de AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) e INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos)”.

Adrián Falco, coordinador de la Fundación SES, coincide con Rua: “En la Argentina, el impuesto que más se paga es el IVA, impuesto regresivo que pagamos todos sin distinción de ingresos y el que menos se paga es Bienes Personales, impuesto progresivo que apunta a los que más tienen. Bienes Personales se paga en base a declaraciones juradas. Eso sin fiscalización potencia la contabilidad creativa y fomenta declaraciones dibujadas”. Sin embargo, reconoce que “es cierto que hay que trabajar en un ordenamiento y simplificación del sistema tributario, pero los únicos que tienen el asesoramiento para pagar menos, declarar menos y crear estructuras para falsa facturación no son la mayoría”.

El informe del IARAF admite que el 91% de la recaudación proviene de sólo 12 de los 165 gravámenes computados. Los otros 153 recolectan sólo el 9%. El contrarreporte del CEPA se concentró en los impuestos y advirtió que el 36,7% de la recaudación nacional proviene del IVA, seguido por Ganancias (26,6%) y las retenciones a la exportación y los aranceles a la importación (que en total suman el 15,1%). En cuanto a los ingresos provinciales, el 75,4% proviene de Ingresos Brutos, seguido por el de Sellos (8,7%), el Inmobiliario (8,1%) y el Automotor (6,1%). El centro que dirige Letcher advierte que “se coloca el eje en la presión fiscal para ocultar el debate de fondo: la regresividad de nuestro sistema tributario” y recuerda que en Europa los impuestos que gravan a los más ganan (Ganancias) y los que más tienen (al patrimonio) suponen el 55% de la recaudación, contra el 38% en la Argentina.

AR

Contra los cuestionamientos internos, el ministro de Economía, Martín Guzmán, continúa firme en su objetivo de “reducir el déficit”, algo que considera fundamental para “tranquilizar la economía”. Según los datos difundidos por su cartera, si se consideran los recursos extraordinarios percibidos en concepto de Derechos Especiales de Giro (DEG) y el aporte extraordinario a las grandes fortunas, entre enero y septiembre el déficit primario acumulado fue de $140.075 millones, es decir, apenas 0,3% del PBI. Para el mismo período el déficit financiero, que incluye intereses de la deuda, asciende a $633.304 millones, lo que representa 1,5% del PBI.

El dato muestra una situación cercana al equilibrio fiscal, muy distinta a la proyectada en el presupuesto 2021, donde se estimaba terminar el año con un déficit primario del 4,5%. Un dato que, por más esfuerzos expansivos que el Gobierno haga en los últimos tres meses del año, será imposible de alcanzar. 

En el ministerio aclararon que si no se consideraran los ingresos extraordinarios asociados al Aporte Solidario ni los DEG girados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) e incorporados al Presupuesto, la cuenta es diferente: el Sector Público Nacional acumula al mes de septiembre un déficit primario de $798.883 millones (1,9% del PBI) y un déficit financiero de $1.292.111 millones (3,0% del PBI). Aún así, está por debajo de las estimaciones originales. 

En la carta que difundió luego de la derrota electoral del Frente de Todos en las primarias, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner apuntó contra “una política de ajuste fiscal equivocada” que, según ella advirtió, “estaba impactando negativamente en la actividad económica”, en “el conjunto de la sociedad” y que era indudable que tendría “consecuencias electorales”. Guzmán, aludido por esas líneas, no tardó en responder. “En ningún momento hubo un ajuste fiscal, hubo una reducción del déficit, que es distinto”, dijo el ministro, para quien el Estado debe jugar un rol expansivo en la recuperación pero “dentro de las limitaciones de instrumentos que tiene”.

Según detalló el Palacio de Hacienda, los ingresos tributarios crecieron 65,9% interanualmente, impulsados por la dinámica de la actividad económica, al igual que los aportes y contribuciones a la seguridad social, que se incrementaron 59,6%. La recaudación asociada al impuesto a las ganancias presentó un aumento del 80,3%, por encima del nivel de precios. 

Por el lado de los gastos, la cartera de Guzmán destacó el aumento en la inversión en Potenciar Trabajo (por la ampliación a nuevos beneficiarios y el aumento del salario mínimo), acciones de empleo (REPRO II) y políticas alimentarias, que incluyeron a más hogares. Por otra parte, señaló que hubo un aumento de 113% en adquisición de vacunas e incrementos en programas de turismo y sanitarios, en el marco de acompañamiento a los sectores aún críticos afectados por la pandemia.

Po la actualización de la fórmula de movilidad las prestaciones a la seguridad social ascendieron 48,6% entre septiembre de 2020 y el mismo mes de 2021, cuatro puntos porcentuales por debajo de la inflación acumulada del período. 

Para hacer la comparación interanual del gasto primario, el Ministerio excluyó el “gasto Covid” de 2020 y 2021, lo que le arrojó un aumento del 66%. “Cabe recordar que en el mes de septiembre del 2020 hubo un aumento sustancial del gasto en concepto de políticas para mitigar los efectos de la pandemia y acompañar a los sectores más afectados, que fue de $105.000 millones. Cerca de $70.000 millones se destinaron al pago del IFE y ATP. En tanto, en septiembre del 2021, con el relajamiento de las restricciones sanitarias en simultáneo con el avance de la campaña de vacunación, dicha cifra totalizó $30.000 millones para continuar acompañando a los sectores aún críticos como es el caso de salud y turismo”, precisó el informe. Si se incluye este gasto extraordinario en la comparación, la variación sería del 42,5%, en línea con la inflación interanual. 

DT

Desde principios de 2020 y hasta el primer semestre de este año, período que coincide con el inicio de la gestión de Alberto Fernández, 1.845 personas solicitaron la baja de impuestos por cambio de residencia fiscal, según los registros de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).  En el organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont admitieron que el año pasado se observó “un incremento” de estas gestiones, aunque no se trató de una “conducta generalizada”. “No fue un éxodo”, insistieron. 

En 2020 fueron 1.500 personas las personas que concretaron el trámite y en los primeros seis de 2021 se sumaron otras 345. Esto muestra que en el primer año de ejercicio del gobierno del Frente de Todos, en el que también se desató la pandemia de coronavirus y se impulsaron fuertes restricciones a la circulación para intentar contenerla, hubo un flujo más amplio de contribuyentes que decidieron cambiar su residencia en comparación con la primera mitad de 2021.  

Según datos de la AFIP, de todas las bajas fiscales por cambio de residencia hechas en 2021 el 33% (115 casos) fueron por mudanzas a Uruguay, un país que ofrece la posibilidad de mantenerse cerca de la Argentina en términos geográficos y culturales, además de  estímulos para los nuevos residentes. En septiembre de 2020, el congreso uruguayo aprobó un proyecto presentado por el presidente Luis Lacalle Pou para beneficiar con 10 años de “vacaciones fiscales”, sin tributar, a los nuevos residentes.

En muchos casos se trata de personas que entraron al blanqueo que impulsó Mauricio Macri en 2016, lo que significó una multiplicación de los bienes bajo el radar de la AFIP. Cuando cambió de mando el gobierno y se diluyó la promesa de Cambiemos de avanzar hacia un futuro con menos impuestos, decidieron emigrar.

Durante la gestión de Alberto Fernández se concretó un alza en las alícuotas de Bienes Personales y se impulsó la recaudación un “aporte solidario y extraordinario” para aquellos contribuyentes con patrimonios superiores a $200 millones, que fue avalado por el Congreso y recaudó más de $223.000 millones. La mayoría de estas “expatriaciones” se concretaron antes de que sea aprobado ese tributo, que se discutió varios meses antes de ser sancionado. 

Pese a ser presentado como una medida “por única vez” como herramienta para atender la crisis pandémica, contribuyentes y tributaristas nunca descontaron la posibilidad de que busque ser reeditado, como solicitaron algunas voces internas al Frente de Todos. Además, decenas de contribuyentes alcanzados iniciaron acciones legales para no pagarlo, bajo el argumento de la “confiscatoriedad” como principal misil legal. 

Si bien quienes emigraron al exterior y solicitaron su baja fiscal en la Argentina es un número acotado, se trata de contribuyentes de gran patrimonio y, en consecuencia, de peso en términos de recaudación. Tal como reveló una investigación de elDiarioAR, de las 40 familias más ricas de la Argentina que figuran en la lista elaborada por la revista Forbes, 18 tienen algún miembro con residencia fiscal en otro país. 

De acuerdo con esta investigación hecha por Alejandro Rebossio, entre quienes migraron a partir de 2020 aparecen Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre; Alejandro Roemmers, hijo del dueño de Laboratorios Roemmers; tres de los cuatro fundadores de Globant, Martín Migoya, Martín Umaran y Guibert Englebienne; el empresario sojero Gustavo Grobocopatel; la presentadora de televisión Susana Giménez y dos nietas de quien fue la dueña de la cementera Loma Negra, Amalia Lacroze de Fortabat: Bárbara Bengolea y Amalia Amoedo.

La ley de Impuesto a las Ganancias prevé que las personas humanas pierden la condición de residentes en Argentina cuando adquieren la condición de residentes permanentes en otro país. Para eso, los contribuyentes deben realizar una mudanza internacional (familia incluida) sin intenciones de regresar al país. Aún así, continúan tributando en Argentina por las ganancias y bienes que poseen en el país. “A través de distintas herramientas de fiscalización el organismo evalúa que quienes tramitaron el cambio de residencia cumplan con la normativa vigente”, expresaron en el entorno de Marcó del Pont.

Una de las hijas de Alfredo Coto, Alejandra Elizabeth Coto, presentó ante la Justicia una cautelar para evitar que se le cobre una suma de $642 millones correspondiente al “Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”. Este lunes el Poder Judicial de la Nación rechazó y desestimó la oposición por parte de la empresaria por lo que, no solo deberá pagar la deuda concreta, sino que también se le sumara otra cifra en concepto de tasa de justicia que corresponde a unos $19 millones.

Así lo dispuso el Juzgado Federal Nº2, quien finalmente resolvió “Desestimar la oposición deducida por la parte actora” e intimar a Alejandra Coto para que en el término de 5 días "ingrese el saldo faltante en concepto de tasa de justicia (3% de la suma de $642.944.729,17 considerado por la propia actora como Aporte Solidario Extraordinario) al cual deberá detraerle la suma de $1.500 abonados por el mismo concepto”, indica el escrito.

El documento apunta que la demanda instaurada consiste en una “acción declarativa de inconstitucionalidad” contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) con el propósito de que se declare primero la “inconstitucionalidad de la ley 27.605 en relación a la aplicación del Aporte solidario y extraordinario allí previsto a los efectos de morigerar los efectos de la pandemia”; y por otro lado la “inconstitucionalidad del artículo 5° de la ley 27.605, en cuanto establece una alícuota diferencial incrementada para los bienes situados en el exterior, regulación que también contraviene las garantías constitucionales de igualdad, capacidad contributiva y razonabilidad”.

Alejandra Elizabeth Coto, hija de Alfredo Coto, dueño de la cadena de carnicerías e hipermercados, está casada con Luis Videla, presidente de la empresa Costumbres Argentinas, en la que ella es también vicepresidenta. Esta compañía gastronómica tiene alrededor de 60 locales, y se dedica a la producción y venta de panificados, facturas, pastelería seca y fresca, pizzas, sandwiches, empanadas y bebidas.

AB

La Cámara de Diputados de Chile rechazó este martes el proyecto que establecía un impuesto a la riqueza, propuesto por la oposición, ya que no alcanzó el quorum necesario de 92 votos para su aprobación.

“La derecha rechazó en particular el impuesto a los superricos. Hubo 79 votos a favor, pero no se alcanzó el quorum requerido de 92”, escribió el diputado del partido Revolución Democrática (izquierda), Miguel Crispi, en su cuenta de Twitter.

Los diputados del oficialista Chile Vamos rechazaron en bloque la propuesta, por lo que la oposición no logró reunir la mayoría necesaria para aprobar el impuesto a los altos patrimonios ni tampoco la propuesta que buscaba subir el tributo que pagan las grandes empresas de 27% a 30%.

No obstante, la iniciativa pasa al Senado, ya que fue aprobada la rebaja transitoria del IVA a productos esenciales durante la pandemia de la Covid-19, cuya votación se dio por separado.

La diputada del Partido Comunista Camila Vallejo, autora del proyecto, señaló que insistirán con la propuesta que grava a los sectores de mayores recursos.

Vallejo, molesta por el rechazo de los parlamentarios de la centro derecha, los instó a dar explicaciones a la ciudadanía, informó el medio local La Tercera.

“La derecha sigue defendiendo a sus financistas y rechaza el impuesto a los superricos”, indicó la dirigente en su cuenta de Twitter.

“La derecha mantuvo el discurso de que el proyecto no recauda, que afecta a los capitales”, manifestó en sintonía el diputado por el Partido Socialista Marco Ilabaca.

“Póngase del lado de la ciudadanía y de los chilenos que la están pasando mal y no sigan defendiendo los intereses particulares de los que más tienen”, agregó Ilabaca.

El diputado del PC, Daniel Núñez, tuiteó que “la derecha usa su poder de veto para rechazar el impuesto a los 'superricos'”, mientras que el diputado de Convergencia Social, escribió que ese sector “sigue defendiendo con uñas y dientes una distribución abusiva de la carga de esta sociedad”.

La iniciativa proponía gravar el patrimonio neto de aquellas personas naturales que, al 31 de diciembre de 2020, tengan domicilio o residencia en Chile y cuya valoración sea superior al equivalente, en pesos chilenos, de 22 millones de dólares estadounidenses, con un impuesto de 2,5 por ciento de su patrimonio.

AB con información de Agencia Télam.

Unos escuchan del fenómeno y se rasgan las vestiduras: lamentan que muchos de los millonarios de la Argentina se vayan del país para situar su residencia fiscal en Uruguay o alguna otra nación de América o Europa y claman contra el populismo, el estatismo, el discurso antiempresa y la presión impositiva. Otros los mandan al diablo y les piden que no vuelvan nunca más o minimizan la tendencia rescatando que ellos se van pero sus empresas permanecen y algunas incluso invierten, o apuntan a que son pocos y olvidan que tienen mucho patrimonio y podrían tributar en consonancia.

La realidad es que la mudanza de ricos argentinos al exterior se consolida. Eso no implica necesariamente que dejen de invertir en el país. Eso sí implica que el fisco deja de recaudar impuestos (sólo tributan Bienes Personales por los activos en el país, pero la mayoría de las grandes fortunas suele estar en el extranjero). Quizá no sean demasiados como porcentaje del total de contribuyentes, pero sí significativos porque son de los que más abonaban a nivel personal. Su partida no implica necesariamente que el gobierno de Alberto Fernández haya hecho mal en aumentar la presión tributaria sobre ellos después de que el de Mauricio Macri se las hubiera aliviado, pero plantea un debate. 

Todo es materia de una discusión que debería darse, pero el fenómeno está y aquí presentamos los nombres. De la lista de las 40 familias más ricas de la Argentina que elabora la revista Forbes, 18 figuran con sus cabezas o sus descendientes con residencia en el exterior. Varios de ellos son casos conocidos, pero otros fueron descubiertos por elDiarioAR al buscar su constancia de inscripción en la página web de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). “No registra impuestos activos” es la leyenda que salta en su certificado público de la AFIP.

Del podio del listado de Forbes, dos de ellos viven en el extranjero. Uno es Marcos Galperin, el dueño de Mercado Libre, la segunda empresa más valiosa de Latinoamérica, que se había ido de la Argentina a Uruguay en la crisis de 2002, regresó en 2016 con la ilusión del gobierno de Macri y volvió a Uruguay a principios de 2020, una vez terminada esa experiencia política. El otro es Alejandro Bulgheroni, el accionista con más participación de Bridas Energy Holdings, la empresa que administra y controla el 25% de Pan American Energy (PAE). Se fue a fines de los 90, cuando aún gobernaba Carlos Menem. Tanto Galperin como Bulgheroni se mudaron pero siguen apareciendo con impuestos activos en el país: el dueño de Mercado Libre, con el aporte solidario y como trabajador autónomo, y el presidente de PAE, como autónomo.

Alberto Roemmers, de 95 años, figura quinto en el ranking. Es el dueño de Laboratorios Roemmers. Uno de sus hijos, Alejandro, dejó el negocio farmacéutico para dedicarse a la poesía, la dramaturgia y la producción teatral. En 2020 confesó que llevaba “varios años” con residencia fiscal en Malta, paraíso fiscal europeo, aunque vive viajando por el Viejo Continente, la Argentina y Uruguay. Para dejar de ser residente tributario en nuestro país hay que permanecer el primer año 270 días fuera y a partir del segundo, 180.

Siguiendo con la lista de Forbes, otro empresario de la industria farmacéutica, Hugo Sigman, propietario del grupo Insud, vive en España. Allí se exilió en la última dictadura, regresó en los 90 y volvió a marcharse, alegando motivos familiares, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pese a la buena relación que los unía. Otro que se marchó durante el régimen militar pero a Estados Unidos es Jorge Pérez, hijo de cubanos y uno de los diez argentinos más ricos gracias a que se convirtió en el rey de los condominios de Miami.

La familia Werthein también figura en el top ten de millonarios criollos. Una de sus cuatro caras visibles, Gerardo Werthein, renunció en octubre pasado a la presidencia del Comité Olímpico Argentino (COA) y ahora figura como residente fiscal en el extranjero. En los últimos tiempos, sin dejar los negocios financieros y agrícolas con su familia, comenzó a vincularse con el magnate brasileño Edmond Safra.

Samuel Liberman vendió a fines de los 90 Video Cable Comunicación (VCC) y se asentó a principios de los 2000 en Panamá, donde ya tenía negocios allí desde los 60 y donde apostó a los desarrollos inmobiliarios, la hotelería y la logística. Otro que emigró pero recientemente fue Sebastián Bagó, uno de los dos hermanos propietarios de Laboratorios Bagó. “No registra impuestos activos”, figura en la AFIP. También aparecen con la misma leyenda los hermanos Jorge y Ricardo Stuart Milne, que en 2018 terminaron vendiendo lo que les quedaba del Banco Patagonia. Ahora tienen inversiones en el campo. 

Quien se mudó a Uruguay apenas comenzó el gobierno de Fernández fue Gianfranco Macri, sobre quien pesan varias causas judiciales. Desde allí maneja sus inversiones en rubros como construcción.

Lilia Neumann de Sielecki es dueña de otra de las grandes fortunas del país con sus negocios en Laboratorios Elea (donde también participa Sigman) y la química PetroCuyo. Uno de sus hijos, Daniel Sielecki, director de Elea, cambió su residencia tributaria años después de entrar al blanqueo fiscal que organizó Macri en 2016. Sus hermanos Marcelo y Carlos Sielecki también se mudaron: en febrero pasado renunciaron como directores de Petrocuyo. Pero ni su madre ni su hermana, Anabel Sielecki, viuda del ex canciller Héctor Timerman, cambiaron de pago. 

En el top 40 aparece Lionel Messi, que se marchó a España a los 13 años para construir su carrera futbolística. También está Jorge Born, que desde hace por lo menos seis años figura con residencia en Punta del Este. Desde allí mantiene sus negocios ganaderos.

Los Mayer Wolf terminaron de vender en 2016 lo que les quedaba de la cerealera Nidera. Una de los cuatro hermanos, Ana, también mudó su residencia fiscal. Otras afortunadas que se marcharon son dos nietas de Amalia Lacroze de Fortabat, la antigua dueña de la cementera Loma Negra: Bárbara Bengolea y Amalia Amoedo fueron parte de la mudanza de argentinos a Punta del Este en 2020. 

Los Miguens Bemberg vendieron la cervercería Quilmes entre 2002 y 2006 e incursionaron en la citrícola San Miguel y la eléctrica Central Puerto. Dos de los cuatro hermanos ya no figuran con residencia fiscal en la Argentina: Diego y Cristina, quien dirige la revista Sophia.  

En la dictadura, Martín Varsavsky se exilió con sus padres en Estados Unidos. En los 90 migró a España, donde hizo su fortuna con la telefónica Jazztel. Con él se completa el top 40.

Aunque no figuran en esa lista, los creadores de unicornios (empresas tecnológicas que llegaron a valer más de US 1.000 millones) también acumulan grandes fortunas. Tres de los cuatro fundadores de Globant (la segunda empresa más valiosa de la Argentina), Martín Migoya, Martín Umaran y Guibert Englebienne, se mudaron el año pasado a Uruguay. Uno de los dos inventores de Auth0, Eugenio Pace, vive en Estados Unidos desde 2003.

En un listado que se filtró sobre los argentinos que más dinero blanquearon en la amnistía fiscal de 2016 también aparecen varios que ahora ya no tienen más residencia tributaria en el país: María Rosa Cartellone, accionista de la constructora Cartellone; el italiano Roberto Bonatti (nieto de Agostino Rocca, fundador del grupo Techint, y director de las dos siderúrgicas del conglomerado, Tenaris y Ternium); Pablo Zavaleta (ex vicepresidente de la filial de la cerealera anglosuiza Glencore); los hermanos Omar y Daniel Garbarino (que el año pasado transfirieron su endeudada cadena de electrodomésticos Garbarino al empresario Carlos Rosales, que ahora la quiere revender); Miguel Galperin (hermano de Marcos y CEO de la curtiembre de su familia, Sadesa, de donde en julio pasado renunció como miembro del directorio) y Constancio Vigil (en 2007 vendió la Editorial Atlántida que había fundado su abuelo al grupo de medios mexicano Televisa, y ahora figura entre el centenar de millonarios que recurrieron a la Justicia para evitar el pago del aporte a las grandes fortunas, que gravó los bienes en la Argentina de los residentes en el extranjero). Fuera de esa lista del blanqueo, otros millonarios que migraron en el último año y medio a Uruguay son el rey de la soja Gustavo Grobocopatel, el financista Federico Tomasevich (Puente) y Susana Giménez, quien también figura en la AFIP sin impuestos activos.  

¿Por qué tanto éxodo? El contador Arnaud Iribarne reconoce que tiene clientes que le comentan que están “cansados de pagar tantos impuestos”. “Yo no les discuto, pero el edificio no funciona si no pagamos las expensas”, reflexiona Iribarne. “El argumento de los que se van es que entraron al blanqueo de 2016/2017 porque entraban en vigencia acuerdos internacionales de intercambio de información tributaria e iba a ser riesgoso seguir teniendo bienes ocultos en el exterior, pero también porque Macri les había prometido eliminar gradualmente Bienes Personales”, recuerda el contador. La alícuota máxima pasó del 1,25% en 2015 al 0,25% al año siguiente, pero en 2019, bajo el agobio financiero, Macri debió subirla al 0,75%. En 2019, cuando llega al poder Fernández, impulsa otra alza al 1,25%, pero con una tasa especial del 2,25% para los activos en el exterior. Además, el oficialismo impuso este 2021 el aporte solidario por única vez, con alícuota máxima del 3,5% para bienes en el país y del 5,25% para los del extranjero. Tras el blanqueo de Macri se multiplicó por diez la cantidad de activos de argentinos declarados ante la AFIP. Antes, los ricos casi no tributaban por ellos y por eso ahora muchos emigran para dejar de hacerlo.

“Es malo que se vayan porque muestra una clase empresarial poco solidaria y porque se pierde una recaudación que hace falta”, opina Iribarne. “Lo que hay que hacer, y la AFIP está haciéndolo, es verificar si se cumplen todos los requisitos para dejar de ser residente fiscal en el país, desde controlar que estén los días requeridos en el exterior hasta comprobar que acá no siguen teniendo casa ni prepaga, pero además yo mandaría una inspección para revisar los últimos cincos años de cumplimiento de Bienes Personales a los que pidan darse de baja”, recomienda el contador.

¿Y por qué en su mayoría eligen Uruguay, y no Chile, país sudamericano modelo para muchos empresarios, o Estados Unidos o Europa? “Por la cercanía, porque pueden venir un fin de semana al cumpleaños de la nieta, pero también porque el gobierno de Luis Lacalle Pou, en una actitud poco solidaria con el Mercosur, les ofreció a los nuevos residentes diez años sin tributar nada”, señala Iribarne. A partir del undécimo año, sólo abonarán el 12% del impuesto a las ganancias y el 0,7% al patrimonio en Uruguay (allí no se gravan los bienes en el extranjero).

Otro contador, Jorge Gebhardt, tiene una visión bien distinta que la de Iribarne. Entre sus clientes hay varios que emigraron. “Tienen dos razones, las políticas, que pesan más, y las tributarias. Entre las primeras figura la falta de seguridad jurídica de nuestro país, que actúen como matones con la Corte, la crispación. Entre las segundas, está lo que en términos impositivos se llama el efecto Depardieu”, comenta Gebhardt. Gerard Depardieu, el más popular actor francés, se mudó a Rusia en 2013 después de que el entonces presidente de su país, el socialista François Hollande, arribara al poder en 2012 y cumpliera su promesa de campaña de elevar al 75% la alícuota máxima de Ganancias. El gobierno francés lo tachó de “mezquino”.

“A mí me parece mal castigar duramente desde lo fiscal porque después logran el efecto contrario, de menor recaudación”, opina Gebhardt. Sin embargo, reconoce que no todos pueden mudarse a Uruguay: “En general es gente mayor a 60 años, que ya hizo su carrera. Y allá el costo de vida es doble o más que acá. Por eso, los que no son tan millonarios evalúan qué les conviene más, si el ahorro fiscal los compensa”.

AR

Esta nota fue actualizada a las 15:20 del 9/5 para eliminar la referencia a Juan Nápoli (presidente del Banco de Valores), que fue incluido por error entre los millonarios que migraron a Uruguay

La titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, confirmó hoy que se recaudaron $223.000 millones por el aporte solidario y extraordinario que se aplicó a las personas con patrimonios superiores a los $200 millones. Sin embargo, la funcionaria señaló en declaraciones radiales que “existe un grupo de contribuyentes que no cumplió con sus obligaciones o inició acciones legales para no pagar” y anticipó que utilizarán “todas las herramientas” a disposición para defender la posición oficial en la Justicia. Además, dijo que ya se iniciaron fiscalizaciones a los contribuyentes que evadieron el pago. 

Tal como informó elDiarioAR, horas antes de que venciera el plazo para pagar el aporte decenas de contribuyentes se presentaron a la Justicia para solicitar una cautelar que anule el cobro, con el argumento de que se trata de un tributo confiscatorio. Dado que ese argumento debe defenderse caso por caso y no hay posibilidad de iniciar acciones colectivas, algunas cautelares fueron otorgadas y otras rechazadas. Entre los demandantes se contaron importantes empresarios de medios, empresarios y deportistas. 

“Nuestra obligación es lograr que todos los contribuyentes alcanzados cumplan con sus obligaciones. Vamos a utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para defender la posición del Estado en las demandas iniciadas y, asimismo, decidimos iniciar fiscalizaciones integrales a contribuyentes que omitieron completar las declaraciones juradas e ingresar los pagos correspondientes”, especificó Marcó del Pont. 

La titular de la AFIP precisó que ya se notificó el inicio de fiscalizaciones integrales a alrededor de 900 contribuyentes con patrimonios superiores a los $200 millones en todo el país que no presentaron su declaración jurada ni pagaron el aporte. Los procedimientos canalizados a través de la DGI permiten analizar el patrimonio de quienes incumplieron durante un plazo aproximado de 150 días donde el organismo está habilitado a solicitar información detallada.

De todos modos, Marcó del Pont destacó que “la mayoría de los contribuyentes alcanzados por el aporte solidario y extraordinario asumió su compromiso y cumplió”. Los datos preliminares muestran que 10.000 individuos con patrimonios superiores a los $200 millones ya pagaron. “Es una muy buena noticia, son fondos con destino específico que asistirán en la pandemia”, dijo. 

El aporte solidario y extraordinario alcanza a las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior y a las personas humanas y sucesiones indivisas no residentes, por la totalidad de sus bienes en el país, siempre que los mismos superen la suma de $200 millones. La fecha para la valuación de los bienes es la de entrada en vigencia de la ley, es decir el 18 de diciembre de 2020.

La ley estableció que los recursos extraordinarios generado por el Aporte solidario serán  destinados a financiar la política sanitaria (20%), subsidiar a las pymes para sostener los puestos de trabajo (20%), inyectar recursos en las becas Progresar (20%), mejorar condiciones habitacionales de los barrios populares (15%) y apuntalar la inversión energética (25%).

El dólar blue subió este martes un 1,9% hasta alcanzar los $ 161. Son 22 pesos más que hace 20 días, cuando el 7 de abril tocó su mínimo del año, los $ 139. Detrás de la suba se suma una serie de factores:

AR

Cuando faltan apenas tres días para el vencimiento del pago del aporte extraordinario a las grandes fortunas, en el Gobierno se entusiasman con la posibilidad de lograr un cumplimiento alto. Según el último recuento, correspondiente a la semana pasada, el 10% de los contribuyentes alcanzados ya habían completado el trámite en la web previo a saldar el tributo, lo que fue considerado una “muy buena señal”, dado que no es usual que se anticipen a la fecha límite. 

Según pudo saber elDiarioAR de fuentes de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el 10% del universo total alcanzado —constituido por alrededor de 13.000 personas con patrimonios de más de $200 millones— ya había completado los trámites en la web en los que se calcula el monto a pagar, lo que en términos de recaudación representa alrededor de $30.000 millones. Pagados efectivamente, se registraban casi $8.000 millones, de los más $300.000 que se aspira a sumar. 

“Es una excelente noticia, nadie paga un impuesto antes del vencimiento”, explicaron fuentes del Gobierno. “El balance que estamos haciendo es que va a haber judicialización, ya la hay, pero que no tendrá una dimensión tan relevante y que el cumplimiento será importante”, añadieron. 

Si bien la fecha original del vencimiento de las obligaciones de presentación de la declaración jurada y pago del aporte era el 30 de marzo, la AFIP decidió retrasar la fecha dos semanas más con el objetivo de promover el cumplimiento y finalmente vencerá el próximo viernes 16 de abril. El organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont ya advirtió que los contribuyentes que no acaten su obligación serán denunciados penalmente por evasión agravada.

Por otro lado, estableció un plan de pago al que los contribuyentes pueden acogerse entre el 23 de marzo y el 28 de abril, inclusive, por realizar un anticipo del 20% de la deuda consolidada e ingresar el saldo resultante en cinco cuotas mensuales y consecutivas. Sin embargo, hasta la semana pasada el acogimiento al plan de financiamiento no había sido significativo. Según pudo saber este medio, apenas el 10% de quienes habían completado ya su trámite habían optado por esta alternativa. 

“Las cuotas tienen el mismo interés resarcitorio que si no pagás, de 3,35% mensual, así que no es mucho incentivo. Solamente comprás tiempo para que no te vengan a hacer una inspección”, dijo Matías Olivero Vila, que lidera el departamento de Impuestos del estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, como una posible explicación.

Por otro lado, la AFIP publicó hoy una resolución en el Boletín Oficial en la que establece que las entidades financieras deberán informar al organismo las cuentas utilizadas para la repatriación de fondos vinculados al aporte extraordinario, así como los movimientos que se registren. 

Cabe recordar que quienes repatrien al menos el 30% del valor total de sus activos financieros en el exterior no serán gravados con las alícuotas más altas, sino con las mismas que aplican a los bienes situados en la Argentina. Ese beneficio se mantiene en la medida en que los fondos permanezcan hasta el 31 de diciembre de 2021 depositados en una cuenta abierta a nombre de su titular en entidades financieras.

De acuerdo con la resolución general 4960/2021, los datos que las entidades financieras tendrán que detallar sobre las cuentas son, entre otras cosas, el monto en moneda original y en moneda nacional de cada uno de los créditos y débitos efectuados en estas cuentas; el origen y destino de afectación de los fondos acreditados y debitados y los datos identificatorios de las cuentas de origen o destino de los fondos.

Mientras los trabajadores se esfuerzan cada vez más para llegar a fin de mes, los más ricos nunca han estado tan bien como con la pandemia. Ha llegado la hora de contraatacar: nuestras democracias dependen de nuestra reacción.

EEUU no puede continuar siendo una democracia próspera y vigorosa cuando tan pocos tienen tanto y tantos tienen tan poco. Aunque muchos de mis colegas en el Congreso optan por ignorar la cuestión y hacer como si no existiera, el tema de la desigualdad de ingresos y de la riqueza es una de las grandes crisis morales, económicas y políticas que enfrentamos hoy, y que debemos tratar ya.

La desdichada realidad nos muestra con qué velocidad nos estamos dirigiendo a dar forma en nuestro país a una sociedad oligárquica. Una estructura social donde un puñado de multimillonarios tiene en sus manos una riqueza y un poder como nunca antes, mientras que las familias trabajadoras han debido luchar por su supervivencia de una manera que no habíamos visto desde la Gran Depresión de la década de 1930. La inequidad y desigualdad de este cuadro de situación se han visto agravadas por la pandemia.

Hoy, a la mitad de la población que vive en EEUU le cuesta sobrevivir, cada mes, sin poder ahorrar ni menos invertir, se gasta todo sueldo. Medio millón de personas, entre las más pobres, no tienen hogar ni donde vivir. Millones de quienes viven bajo techo viven en la angustia los últimos meses, semanas, días, antes del desalojo y la calle. Casi cien millones de personas no tienen seguro social o, si tienen uno, es insuficiente. Las familias más necesitadas viven día a día preocupadas por cómo harán para proveerse del alimento mínimo indispensable para darles algo de comer a sus hijos. Una generación entera de jóvenes se encuentra atrapada en la cárcel sin salid de una deuda de niveles escandalosos por sus estudios superiores y se enfrenta a la realidad irrepresible de que su status de vida será más bajo que aquel del que gozaron sus padres. Y, lo que es aún más obsceno, las expectativas de vida de la población de EEUU con los ingresos más bajos es ahora aproximadamente 15 años menor que la de los ricos.

La pobreza en EEUU se ha convertido en una sentencia que nos condena a una muerte de ejecución temprana.

Mientras tanto, a la gente ubicada en la cima de nuestra sociedad jamás le ha ido tan bien como ahora. El 1% de los de más arriba posee mayores riquezas que el 92% de los de abajo. Cincuenta personas, de las más ricas de EEUU, tienen en sus manos más riqueza que 165 millones de personas, es decir, la mitad de la población estadounidense total. Mientras millones de trabajadores han perdido sus empleos e ingresos durante la pandemia, durante el año pasado 650 multimillonarios vieron aumentar su riqueza en US$ 1.3 billones.

El que la brecha entre los muy ricos y todos los demás esté creciendo sin retroceder no es nada nuevo.

Durante los últimos cuarenta años ha habido una transferencia masiva de riqueza de la clase media y las familias trabajadoras a las personas más ricas de EEUU.

En 1978, el 0,1% del sector más rico poseía alrededor del 7% de la riqueza de la nación. En 2019, el último año de datos disponibles, poseen casi el 20%.

Increíblemente, las dos personas más acaudaladas de EEUU, Jeff Bezos y Elon Musk, ahora poseen -ellos solos-, más riqueza que el 40% de la totalidad de los estadounidenses más pobres.

Si la desigualdad de ingresos no se hubiera disparado durante las últimas cuatro décadas y simplemente se hubiera mantenido fija, el trabajador promedio en EEUU estaría ganando US$ 42.000 más cada año en la suma total de sus ingresos. En cambio, dado que los directores ejecutivos de las empresas -los CEOs- ganan ahora, por lo menos, 300 veces más que la media de sus empleados, un trabajador estadounidense promedio gana ahora US$ 32 por semana menos que 48 años atrás, si tenemos en cuenta el ajuste inflacionario. En otras palabras, a pesar de las enormes inversiones en tecnología y productividad, los trabajadores comunes están perdiendo terreno y están retrocediendo en su poder adquisitivo y en su nivel y calidad de vida.

Nosotros necesitamos

Ocuparnos de los ingresos, la riqueza y la desigualdad no será tarea fácil, porque habrá que hacerles frente a algunas de las corporaciones más poderosas y mejor financiadas del país. Ahí tendremos delante a Wall Street, a la mafia de los seguros de salud, a las compañías farmacéuticas, la industria de los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) y las empresas del complejo industrial-militar. Sin embargo, es una batalla que tenemos que dar. Un deber que el Congreso y el Presidente deben honrar en un futuro muy cercano.

Debemos aumentar el salario mínimo. Hay que pagar el doble, respecto al salario de hambre actual. De US$ 7.25 la hora hay que elevarlo a un monto digno, de al menos, US$ 15 la hora. El trabajo debería sacar a los trabajadores de la pobreza, no sumergirlos ni mantenerlos ahogados en la miseria.

Tenemos que hacer todo lo posible para que sea cada vez más fácil, no más difícil, que los trabajadores se afilien a los sindicatos. El aumento masivo de la riqueza de los más ricos y la desigualdad de ingresos con el estancamiento y caída de los salarios de los más pobres, en EEUU pueden estar directamente relacionados con la disminución de la afiliación sindical

Nosotros necesitamos crear millones de empleos bien remunerados. Empleos en la reconstrucción de nuestra infraestructura, que se encuentra en ruinas: carreteras, puentes, plantas de aguas residuales, alcantarillas, represas, escuelas y viviendas asequibles.

Nosotros necesitamos combatir el cambio climático transformando fundamentalmente nuestro sistema energético. Tenemos que ir dejando atrás a los combustibles fósiles y dirigirnos hacia la eficiencia energética y las energías renovables, lo que también creará millones de empleos bien remunerados.

Nosotros necesitamos hacer lo que prácticamente todos los demás países importantes del mundo hacen al garantizar como un derecho humano la atención médica universal y de calidad para todas las personas. Aprobar un programa de Medicare -cobertura de seguridad social administrado por el Estado- para todos nos evitaría el absurdo de que paguemos por atención médica per cápita el doble que lo que se paga en otros países, mientras que decenas de millones de estadounidenses no tienen seguro social o tienen uno que les es insuficiente.

Nosotros necesitamos asegurarnos de que todos nuestros jóvenes, independientemente de sus ingresos, tengan derecho a una educación de alta calidad, incluida la universidad. Y eso significa promover que los colegios y universidades públicos sean gratuitos y reducir sustancialmente la deuda estudiantil contraída por las familias de clase trabajadora.

Y sí. Necesitamos lograr que las personas más ricas y las corporaciones más rentables de EEUU comiencen a pagar más impuestos, que su contribución sea más justa al ser más proporcional a su riqueza

La creciente desigualdad de ingresos y riqueza no es solo un problema económico. Toca los cimientos mismos de la democracia estadounidense. Si los muy ricos se vuelven mucho más ricos mientras millones de trabajadores ven que su nivel de vida sigue descendiendo, la fe en el gobierno y en nuestras instituciones democráticas se marchitará y aumentará el apoyo al autoritarismo. Nosotros debemos permitir que eso suceda.

* Bernie Sanders representa como senador al estado de Vermont en el Congreso de los Estados Unidos y es el miembro de mayor rango del comité de presupuesto del Senado.

Traducción de Alfredo Grieco y Bavio

Un juzgado cordobés rechazó hoy el pedido hecho por un contribuyente para que se le suspenda el pago del aporte extraordinario a las grandes fortunas hasta tanto se defina si es inconstitucional, una decisión que contrasta con la conocida pocas horas antes cuando una magistrada porteña hizo lugar al mismo pedido, presentado en ese caso por un ejecutivo de la empresa Globant. Ambas medidas son la punta de lanza de una disputa judicial que se anticipa ardua y que se acrecentará a partir del 30 de marzo, día en que los alrededor de 13.000 contribuyentes alcanzados por el tributo deberán pagar. 

El recuso fue solicitado el 26 de febrero pasado por José Luis Prado Lardizábal en el Juzgado Federal de Bell Ville, a cargo de Sergio Aníbal Pinto. En la presentación advierte que se trata de un aporte confiscatorio, argumento que estará en el centro de todas las presentaciones judiciales que harán los contribuyentes que decidan no pagar, y que debe demostrarse caso por caso. 

En el expediente se cita la argumentación de Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para proceder con el cobro. Dice que la confiscatoriedad debe ser probada, exhibiendo claramente que el aporte absorbe una parte sustancial de la renta o capital del contribuyente, etapa no completada en el pedido de la cautelar. 

El juez Pintó decidió no hacer lugar a la cautelar porque “no se vislumbra la presencia del recaudo procesal del 'peligro en la demora', ni que la parte actora haya acreditado el o los perjuicios de irreparable reparación ulterior o el daño inminente que le producirá el pago del aporte instituido bajo la ley 27.605”. Según detalla, “sólo se limita a efectuar un análisis de carácter conjetural”. 

El aporte alcanza a aquellas personas que tengan bienes en el país y en el exterior por un monto igual o superior a $200 millones al momento de la entrada en vigencia de la ley. Según las últimas estimaciones hechas por AFIP, le tocará aportar a alrededor de 13.000 contribuyentes, que representan el 1,2% del total de contribuyentes que presentaron su declaración jurada en 2019 y el 0,026% de la población total de la Argentina. Además, concentran el 69% del total de los bienes declarados por personas humanas y sucesiones indivisas en el país y en el exterior.

DT

Cuando faltan apenas días para que venza el período establecido para que los alrededor de 13.000 contribuyentes alcanzados paguen el aporte extraordinario a las grandes fortunas, la Justicia emitió un fallo que podría alterar el curso de las cosas. La juez Cecilia Gilardi Madariaga de Negre hizo lugar a una medida cautelar solicitada por Alejandro Scannapieco, ejecutivo del unicornio tecnológico argentino Globant, que le permitirá no pagar el aporte hasta tanto se resuelva si es confiscatorio o no.

Fuentes judiciales confirmaron a elDiarioAR que el recurso fue presentado por el empresario Scannapieco ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 8 y, si bien fue el primero que consiguió una resolución favorable, anticiparon que hay otros procesos similares iniciados en los distintos juzgados del fuero.

La decisión de la jueza Gilardi, que tuvo lugar el viernes pasado, señala que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) debe abstenerse de aplicarle el aporte al empresario hasta tanto se defina si, efectivamente, se trata de un tributo confiscatorio que afecta los derechos del contribuyente. La medida tiene vigencia por tres meses.

El empresario alega que el cobro del aporte le origina una manifiesta absorción de características inéditas y sin precedentes de su renta y patrimonio.

De acuerdo con el texto del expediente, al que accedió este medio, el empresario alega que el cobro del aporte “le origina una manifiesta absorción de características inéditas y sin precedentes de su renta y patrimonio”. Sostiene que la presión tributaria global que sufre producto de una gravosa superposición de tributos le genera “un claro, palmario e injusto perjuicio patrimonial”. Concretamente, asegura que resulta “confiscatorio a la luz de la doctrina emanada de nuestro Alto Tribunal”. 

El argumento de la “confiscatoriedad” es el gran misil para litigar en contra del tributo. El punto es que se debe demostrar caso por caso y, por lo tanto, el que se lo reconozcan a un contribuyente no lo vuelve trasladable a otro. Además, y si bien hay jurisprudencia al respecto, la Corte Suprema no se ha expedido claramente sobre qué es confiscatorio en el caso de impuestos patrimoniales.

Según dijo a este medio César Litvin, socio del estudio Lisicki Litvin & Asociados, se trata de un “excelente precedente para el resto de los contribuyentes alcanzados”, pero anticipó que deberá esperarse a ver cómo evoluciona la causa en Cámara.

La decisión de la jueza podría impulsar a la rebelión a los contribuyentes indecisos y alentar a aquellos que ya habían decidido no pagar e iniciar una acción declarativa para solicitar una cautelar que ponga en suspenso el aporte, tal como hizo Scannapieco.

“Como la persona no reside en el país hay que analizar el caso para saber si es extrapolable a otro contribuyentes”, apunta el tributarista Iván Sasovsky, de Sasovsky y Asociados. En efecto el empresario vive en el exterior, pero en el expediente 735/2021 no se hace alusión a su lugar de residencia como argumento en contra del aporte. 

“Esto es un freno antes que se produzca el daño, pero no puede considerarse como se ganó la pelea. Ahora hay que esperar que se resuelva la cuestión de fondo, pero sin dudas se constituye como un antecedente válido para quienes veían lesionado su derecho y no se animaban a defenderse ante la Justicia”, añadió Sasovsky.  

Fuentes de AFIP anticiparon a elDiarioAR que apelará la cautelar, y relativizaron el alcance de la medida. Según los datos de la autoridad recaudatoria, sobre un universo de 13.000 personas sólo seis contribuyentes presentaron amparos. Sin embargo, otros esperan el día del vencimiento para presentarse ante la Justicia.

DT

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) hizo lugar al pedido de algunos de los contribuyentes que quedaron alcanzados por el aporte extraordinario a las grandes fortunas y habilitó la posibilidad de que el tributo sea pagado en cuotas. 

Según informó hoy el organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont, el grupo de alrededor de 12.000 personas que posee una riqueza de más de $200 millones podrá adherir a un régimen de facilidades de pago que consistirá en un anticipo del 20% de la deuda consolidada y el saldo restante en cinco pagos mensuales y consecutivos, el 16 de cada mes.  

Los contribuyentes podrán adherir a este plan entre el 23 de marzo y el 28 de abril, inclusive. El 30 es el día que se deben presentar las declaraciones juradas. “La solicitud de adhesión al régimen no podrá ser rectificada y se considerará aceptada, siempre que se cumplan en su totalidad las condiciones y los requisitos previstos en la normativa”, se anticipó. 

Según la normativa, que será publicada en el Boletín Oficial, la tasa de financiación para quienes opten por esta vía “será la correspondiente a la de los intereses resarcitorios del organismo”. 

El planteo de la necesidad de financiación había sido hecho por algunos de los contribuyentes alcanzados a Marcó del Pont con el argumento de que si no les habilita esa opción deberían tomar un crédito para pagar porque, según su alegato, esos activos no son líquidos sino que provienen de la propiedad de sus compañías. Según explicó la AFIP, las facilidades apuntan a incentivar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, que ya afilan sus estrategias de no pago en los grandes estudios de abogados del país.

El Aporte Solidario y Extraordinario alcanza a las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior y a las personas humanas y sucesiones indivisas no residentes, por la totalidad de sus bienes en el país, siempre que los mismos superen la suma de $200 millones. La fecha para la valuación de los bienes es la de entrada en vigencia de la Ley, es decir el 18 de diciembre de 2020. 

DT

Alberto Fernández abrirá mañana su segundo periodo de sesiones ordinarias, con un discurso en el que hablará de crecimiento y distribución, la fórmula mágica que -en Latinoamérica- sólo se combinó en la primera década de los 2000, cuando el boom de los precios de las materias primas y gobiernos más progresistas lo permitieron. Se espera que anuncie proyectos de leyes que apuntalen la recuperación de la economía y del empleo, después de tres años de derrape. El Gobierno viene hablando con la Unión Industrial Argentina (UIA), el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y los sectores de hidrocarburos y minería para rebajar impuestos a aquellas empresas que inviertan, no a cualquiera -como había planteado el consenso fiscal de Mauricio Macri en 2017, con el consecuente daño a los ingresos públicos sin conseguir una mejoría de la actividad privada-.

En el establishment, incluso en aquel que más se beneficia de un modelo más proteccionista como el que plantea Fernández, acusan al oficialismo de centrarse en la distribución y en la recaudación de impuestos. Ponen como ejemplo el consenso fiscal que el Senado sancionó este miércoles, por el que las provincias podrán aumentar Ingresos Brutos. En 2017, el gobierno de Macri había impulsado una baja de ese tributo provincial y lo hizo con el voto de parte del peronismo. Ahora, Fernández frenó ese descuento y posibilitó su reversión con el apoyo de senadores de las tres provincias que gobierna Juntos por el Cambio (Mendoza, Jujuy y Corrientes). La necesidad volvió a tener cara de hereje. Mientras tanto, millonarios dueños de grandes empresas y pymes siguen protestando por el aporte extraordinario a las grandes fortunas. Les queda un mes para pagarlo. Algunos les plantearon a la jefa de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, la propuesta de abonarlo en cuotas, con el argumento de que si no les habilita esa opción deberán tomar un crédito para pagar porque, según su alegato, esos activos no son líquidos sino que provienen de la propiedad de sus compañías. Marcó del Pont rechazó el planteo. 

Crecimiento con distribución

En el equipo del ministro de Economía, Martín Guzmán, recuerdan que el anterior gobierno dio prioridad al crecimiento, y no a la distribución, pero la economía cayó tres de los cuatro años que duró. Un desafío de la actual administración radica en convencer al empresariado de que es posible combinar ambos objetivos, tan díscolos en la historia latinoamericana. A fuerza de domar los dólares paralelos y reforzar las reservas del Banco Central en los últimos meses, incluso antes de que lleguen el mes entrante las divisas de la cosecha gruesa, Guzmán se ha ganado el aprecio del poder empresario. Quizás, también, porque no los culpa de la inflación sino que la define como un problema macroeconómico y ha recuperado en enero el superávit fiscal primario (antes del pago de deuda) después de 15 meses de rojo, con la consiguiente reducción de la emisión monetaria. Pero con el ministro no les basta, y desconfían de un Fernández que cambia de discurso según el interlocutor o de una vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner obsesionada por las tarifas y los precios de los alimentos, influyendo o presionando, según el caso, de manera directa o a través de sus militantes a los funcionarios de esas áreas.

El mayor reto consistirá en hacerle creer a la población en general que crecimiento y distribución son factibles en un país donde, desde la Nación y algunas provincias y municipios, oficialistas y opositores, se han repartido vacunas pagadas por todos a algunos privilegiados que se adelantaron en la fila al personal de salud y a los ancianos. Difícilmente pueda haber un peor atentando a la igualdad que esa injusta inoculación durante esta pandemia histórica. El escándalo, que estalló el mismo día en que arrancó el Consejo Económico y Social que lidera Gustavo Beliz, no sólo ensombreció esa iniciativa para la búsqueda de consensos a mediano y largo plazo -así lo repiten empresarios convocados o espectadores- sino que también dañó como nunca la imagen de un gobierno que aspira a vencer este año en las elecciones legislativas y dio pasto para las fieras ultraliberales de moda, que se quejan de todo impuesto como si en los países desarrollados no se abonaran. Lo insostenible no son los gravámenes sino que unos paguen muchos para cubrir el bache de otros, que evaden en cantidad y que después se los malgaste. En la UIA hay quienes están pidiendo en voz baja a funcionarios que las empresas puedan importar vacunas por su cuenta y así vacunar a su personal, sobre todo a los mayores de 60 años y a los empleados de riesgo que están de licencia desde hace casi un año. Saben que la propuesta puede caer mal en un gobierno que ha centralizado la compra de las dosis, como casi todos los países del mundo. Pero México y Brasil han autorizado al sector privado a adquirirlas.

Precios y salarios

El Ejecutivo también tiene pedidos para los empresarios y se los hizo saber en el encuentro del gabinete económico de este jueves con la industria alimentaria. Por un lado, pretende que aumenten los salarios más que el índice de precios al consumidor (IPC) y, por otro, que readecuen sus presupuestos en torno de la meta oficial de inflación del 29%, más o menos 4 puntos porcentuales, es decir, hasta 33%. Las consultoras y bancos locales e internacionales, consultados por la firma FocusEconomics, vienen bajando su predicción del 50% al 47%. Ya descartaron una devaluación brusca del peso y una hiperinflación, aunque también un ajuste de tarifas a la par del IPC, como anunciaba Guzmán cuando, en septiembre pasado, presentó el presupuesto. De los consultados, sólo Fitch Solutions se acerca al objetivo gubernamental: pronostica un 36%. Entre los empresarios, unos reconocen que puede llegar a ser 40%, pero otros se atienen a un 45%. También están los que evitan cálculos anuales y elaboran presupuestos trimestrales, viven el día a día. 

A la reunión de los alimentos más de una gran empresa llegó con el resquemor de la imputación por desabastecimiento que les había aplicado una semana antes la secretaria de Comercio Interior, Paula Español. La ven bajo presión del cristinismo. Pero, en el Gobierno, la defienden: sostienen que, lejos de aplicar el “método Guillermo Moreno”, ella aplica “el Paula Español”, el de la sonrisa y la aplicación de la normativa. La funcionaria pretende que no sólo en las cadenas de la soja, el girasol, el maíz y el trigo se disocien los precios internacionales en ascenso de los locales sino, también, en las materias primas industriales, como el cemento, el hierro, el acero y el aluminio. Por eso, la semana próxima el Gabinete económico se sentará con los sectores de la construcción y los electrodomésticos. Después llegará el turno del textil. Son tres rubros en los que los empresarios se niegan a aceptar precios máximos como los que debieron aplicar los de una industria tan esencial como la de alimentos. Pero están en la mira en la medida en que se reactivan y para impedir que “todo el esfuerzo de las empresas y los trabajadores se vaya por la canaleta de la inflación”, como advirtió el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, hace unas semanas, en la primera cita general sobre precios y salarios. 

En la reunión de los alimentos volvieron a faltar grandes dueños de empresas, como viene ocurriendo en otros encuentros del Gobierno y los hombres de negocios, signo de la desconfianza que mantienen estos últimos y de que prefieren contactos menos multitudinarios y más exclusivos. A más de uno les molesta sentarse en el Consejo Económico y Social con sindicalistas y líderes de movimientos sociales, pero irán a las mesas técnicas que comenzarán a funcionar el jueves próximo para pensar el mediano y largo plazo. Indignados por el último bloqueo de Hugo Moyano a un parque industrial, están preocupados porque la condena a Lázaro Báez refuerce la figura del arrepentido y reactive la causa de los cuadernos.

En la agenda del corto plazo de la cita de alimentos, volvieron a escucharse los reclamos de compañías que sostienen que pudieron remarcar menos de un tercio del IPC en 2020 por los Precios Máximos, que deben renovarse a fin de marzo. El Gobierno admite la caída de márgenes y promete apuntar los costos de los insumos, aunque autorizó esta semana el primer aumento de la electricidad, del 50%, para grandes usuarios. De todos modos, los empresarios del sector prevén que en un 2021 electoral tampoco podrán aumentar sus precios acompañando el nivel de la inflación. 

En el rubro del aceite de soja y girasol está terminándose de diseñar el complejo mecanismo de un fideicomiso por el que se abastecerá al mercado interno a precios menores que los internacionales. Se venderán aquí 27 millones de litros de marcas líderes, lo que representa el 75% de la plaza doméstica, con subsidios intraindustriales. A cambio, el Gobierno se compromete a no elevar las retenciones de las oleaginosas y sus derivados hasta 2022. Una victoria del CAA que la Mesa de Enlace no festeja. En la agroindustria acusan a los ruralistas de sólo posar para las fotos con un objetivo político. Los más duros de la Mesa de Enlace critican que el fideicomiso sirva para subvencionar todo el mercado interno -y no concentrarse en los consumidores más pobres- y que esté financiándose en las últimas semanas con una baja de precios de lo que la industria le paga a los productores, a contramano de la tendencia internacional. Hablan de cartelización de las aceiteras, pero tampoco las denuncian en el Tribunal de Defensa de la Competencia, ahora en debate por un proyecto de ley en el Congreso.

Exportaciones y elecciones

A fines de marzo también vencerá el acuerdo de precios de la carne vacuna. Español ya le planteó a los frigoríficos que eleven la oferta de 5.500 toneladas mensuales a 14.500. La industria respondió que puede llegar a 9.000. Alegan dificultades porque están cayendo las exportaciones a China, que está imponiendo barreras a la importación como forma de fomentar la recuperación de la producción porcina tras la peste sufrida en 2019. Al menos Fernández consiguió esta semana abrir el mercado mexicano. Más difícil aún está el acuerdo por el trigo. Sucede que es un sector muy fragmentado entre 120 molinos harineros y una extrema atomización entre panificadores y panaderías. El mercado negro de la harina crece ante los Precios Máximos. Al igual que con las frutas y verduras, son mercados poco concentrados donde igual hay inflación, lo que abona las creencias del Gabinete económico, desde el ministro de Economía hasta la secretaria de Comercio Interior, de que se trata de un problema macro y no de formadores de precios, como sostienen algunos cristinistas, por más que en el Gobierno reconocen que en determinados mercados algunos grandes jugadores aprovechen su posición para adelantarse en la remarcación.

Funcionarios y empresarios admiten que el buen diálogo podrá mantenerse unos meses, pero se endurecerá en la medida en que se acerquen las elecciones. Los hombres de negocios temen que después de los comicios salte la olla a presión de los precios. Guzmán, en cambio, sigue con su prédica de tranquilizar la economía y de persuadir de que, al igual que en 2020, las consultoras y los bancos se equivocarán en sus predicciones. Lo ayuda la nueva bonanza de los precios de las commodities. ¿Permitirá crecer con reparto, como hace más de 10 años? Ya en enero último las ventas minoristas lograron su primer suba interanual desde agosto de 2018, un 1,9%, según las estadísticas de la Cámara Argentina de Comercio (CAC). El ministro tiene por delante la negociación con el FMI. Vacunado, está tramitando el restringido ingreso a Estados Unidos para mediados del mes entrante. Confía en que, tras la experiencia del programa económico acordado con Macri, los técnicos del Fondo comprendan que ni los controles de cambio ni la emisión monetaria son malas palabrsa y que eviten reclamar reformas estructurales (laborales, jubilatorias, privatizaciones), como las que exigieron a Ecuador, Jordania o Pakistán en recientes acuerdos similares. El fracaso del programa firmado por el gobierno anterior les juega a favor. Pero, después del visto bueno del staff, habrá que lograr el apoyo de los países que dominan el FMI y aún está poco clara la posición del gobierno de Joe Biden hacia la Argentina.

AR