En el próximo verano, en apenas poco más de tres meses, Starlink dejará de ser el único gran actor del internet satelital en la Argentina. De la mano de DirecTV Latin America, el país comenzará a recibir el servicio del Project Kuiper, la iniciativa de Amazon que promete velocidades más altas e, inclusive, precios más bajos para las familias. Será la primera competencia directa para el sistema creado por Elon Musk, que hoy concentra casi el 90% de ese mercado.

Analistas del sector de las telecomunicaciones interpretaron, en diálogo con elDiarioAR, la decisión de Telecom Argentina —controlada por el Grupo Clarín— de avanzar en la compra de Telefónica como un intento de adelantarse a lo que observan ya desde hace un tiempo como una globalización del negocio.

Los nuevos competidores, como Starlink, de Musk, Amazon con Kuiper y AMX con Claro, cuentan con una capacidad de inversión y un despliegue planetario que resulta inalcanzable para las empresas locales. Para poder competir, sostienen, los jugadores nacionales necesitan escalar y consolidarse. De ahí la “racionalidad” de la operación que impulsa Clarín, que todavía no está firme: está en proceso de aprobación.

Clarín buscar fortalecerse en el negocio del 5G, donde podría concentrar el 65% del mercado tras ejecutar la compra de Telefónica de Argentina por parte de Telecom Argentina.

La irrupción de Amazon en la Argentina ya no es sólo el e-commerce

Starlink, la empresa creada por Musk, llegó al país en 2023 y registró un crecimiento inicial fuerte, pero luego se amesetó por la saturación de capacidad satelital en algunas zonas. Hoy tiene 200.000 clientes en la Argentina y 6 millones en el mundo.

Entre los competidores figuran Orbith, con operaciones en la Argentina, Chile y Paraguay desde 2017, y la uruguaya Gallus Comunicaciones.

Ahora se suma DirecTV Latin America, que desarrollará el mercado de internet satelital del Project Kuiper, la iniciativa en la que Amazon invierte US$10.000 millones.

Según pudo saber elDiarioAR, la idea es empezar “a fin de año, pero eso depende mucho de los tiempos de Amazon y del lanzamiento de los cohetes con los satélites”. Con seguridad esperan que a partir de los próximos tres meses el servicio ya esté disponible.

Project Kuiper busca llevar internet de alta velocidad a todo el mundo mediante satélites en órbita baja. Pretende competir con Starlink y ofrecer conexión en zonas rurales o sin cobertura. Su llegada refuerza la idea de que la competencia se vuelve cada vez más global y más fuerte.

El rol del Grupo Werthein

La empresa de Jeff Bezos firmó un acuerdo con el Grupo Werthein para que DirecTV y SKY Brasil comercialicen Kuiper en siete países, incluida la Argentina. A los Werthein se les reconocen credenciales por haber transformado Telecom entre 2003 y 2017.

Liderados por Darío Werthein, uno de los principales accionistas del Grupo Werthein y presidente de una de sus empresas Vrio Corp., compraron DirecTV y SKY en 2021 e invirtieron cientos de millones de dólares para ofrecer fibra óptica a 40 millones de hogares en América Latina.

Cabe aclarar que en estas operaciones no tiene nada que ver el canciller actual de Javier Milei, Gerardo Werthein, que pertenece a la familia propietaria de DirecTV, pero dejó sus acciones hace ya varios años.

Proyecto nuevo, alianza antigua

En junio de 2024, Werthein firmó en Seattle una alianza de al menos diez años con Amazon. Desde entonces, ambos equipos preparan la comercialización de las antenas desde 2026.

“Las pruebas técnicas del servicio lograron más de 1 Gbps de velocidad, lo que posiciona su servicio como el más veloz del mundo”, publicó Werthein en LinkedIn.

La noticia había sido revelada antes por Rajeev Badyal, vicepresidente de tecnología de Kuiper, tras pruebas con antenas para empresas. “Estoy muy emocionado de ver esto y espero llevar este nivel de rendimiento a nuestros clientes”, agregó Panos Panay, director de Amazon Devices & Services.

Cómo pretenden diferenciarse de Starlink

La constelación Kuiper comenzó en abril y ya tiene más de 100 satélites en órbita. El 25 de septiembre se lanzará el quinto cohete desde el complejo espacial 41, Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, Florida.

La constelación superará los 3.200 satélites. Los primeros orbitan a 630 km de la Tierra y, según Badyal, “esta es la primera antena comercial que ofrece más de un gigabit por segundo desde la órbita terrestre baja”.

En DirecTV destacan que los satélites ya están funcionando y que las pruebas no son teóricas: alcanzaron más de 1 Gbps de descarga.

Las pruebas iniciales fueron de descarga de información; en breve publicarán las de carga, clave para establecer la simetría del servicio (que la velocidad de bajada y de subida sean equivalentes).

La antena estándar de Kuiper, dirigida a hogares, debería ofrecer hasta 400 Mbps, superando lo que hoy dispone Starlink en el país.

En una primera etapa, DirecTV y SKY ofrecerán el servicio a hogares, y más adelante a empresas. Los planes serían en moneda local y podría haber financiamiento para la antena. El gran diferencial será el servicio técnico a domicilio, algo que Starlink no brinda.

Tarifas y comparaciones

Starlink ofrece hoy una antena por $280.000 y servicios de 100 a 250 Mbps por $38.000.

Orbith cobra $120.000 por la antena y $43.750 por 100 Mbps, con un descuento del 30% por seis meses.

En DirecTV aseguran que aún no tienen precios para comentar, dada la volatilidad de la economía argentina, pero prometen “asequibilidad” para reducir la brecha digital.

Opiniones de usuarios y expansión local

Uno de los primeros usuarios domiciliarios de Starlink fue el economista Antonio Aracre, hoy afiliado a La Libertad Avanza. “Starlink es algo fabuloso, anda perfecto, tiene un alcance muy bueno (…) Es velocísimo y no se corta jamás”, dijo a este medio.

Agregó que el costo es muy bajo, menos de $70.000 por mes, y recordó que pagó cerca de $500.000 por el módem cuando arrancó el servicio, mientras que hoy cuesta $280.000.

El mercado de banda ancha móvil en Argentina está concentrado en Claro (AMX-Carlos Slim) y Personal y Movistar (de Clarín), además de pymes y cooperativas. En paralelo, DirecTV comenzó a jugar en fibra con presencia en CABA, Córdoba, Mendoza y San Juan.

La banda ancha fija superó el 80% de los hogares en 2024, pero aún hay un 20% de la población (9,14 millones de personas) sin acceso a internet fijo. En ese segmento, la conectividad satelital es la opción más eficiente.

El frente judicial y regulatorio

La CNDC había dictado una cautelar para frenar la compra de Telefónica por Telecom, pero la Justicia la suspendió en junio. La medida cayó, pero el proceso de aprobación administrativa —con varias etapas formales— sigue su curso.

En este escenario, Milei busca frenarla, mientras que Clarín procura avanzar con el argumento de que la consolidación es necesaria para enfrentar a competidores globales.

JJD

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) autorizó este lunes un alza de la tarifa de telefonía, Internet y TV paga del 9,5% el mes próximo y de otro 9,5% en julio, lo que significa un 19% acumulado. Se suma al 9,8% que había autorizado para las pymes, incluidas las cooperativas, con menos de 100.000 abonados en enero, por lo que ellas totalizarán a julio un 31,6%. Pero las grandes empresas del sector, amparadas por fallos judiciales, desconocen la facultad del Estado de regular las tarifas, que había sido establecida por un decreto de necesidad y urgencia (DNU) en 2020, y por eso remarcan según sus propios criterios.

Por ejemplo, la española Telefónica Movistar aplicó un 16% en febrero y anunció otro 12,6% para mayo, con lo que acumulará un 30,6% en los primeros cinco meses del año, más que el 9,5% aprobado para las grandes o del 20,2% que regirá acumulado para las pymes. Telecom Personal (propiedad de los dueños del Grupo Clarín) aumentó 25% en lo que va del año, mientras que la mexicana Claro apostó por ahora por mantener los precios sin cambios. Pero en 2021, Claro los subió 45%; Personal, 49% y Movistar, 44%, por encima del 21% que el Gobierno había autorizado o del 43% que les había aprobado a las pymes. También Telecentro, de Alberto Pierri, y DirecTV, ahora en manos de los Werthein, remarcaron por encima de lo permitido, amparados también en sentencias.

El DNU 690/2020 reguló el sector, pero fallos de primera y segunda instancia pusieron en tela de juicio la facultad del Gobierno de fijar tarifas. Ahora se espera que la Corte Suprema se expida para determinar quién tiene razón: si las empresas o el Gobierno, en cuyo caso las compañías deberían devolver lo cobrado en exceso a los usuarios. Por ahora, no se ha cristalizado el intento de acordar una solución por fuera de los tribunales. Mientras, las pymes se atienen al DNU en parte porque dependen del Estado para que les subvencione el mejoramiento de su infraestructura y porque rivalizan con las grandes por el precio mayorista que les cobran para usar sus redes.

En el primer trimestre de 2022, el rubro comunicaciones se encareció 12,8%, menos que la inflación (16,1%), según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En 2021, subió 35,8%, por debajo del 50,9% de los precios en general. Los valores son clave para un sector que necesita de inversiones para mantener y mejorar el servicio, pero que a la vez deben ser accesibles para permitir el acceso de la población a la conectividad requerida para el trabajo y la educación en el mundo actual.

AR

El Grupo Werthein anunció en las últimas horas que alcanzó un acuerdo para comprar la unidad de negocios Vrio Corp., de AT&T, que ofrece en 11 países de América Latina los servicios de contenido en vivo y on demand a través de DirecTV, SKY Brasil y DirecTV Go, una operación que recién se terminará de concretar “a principios de 2022”.

“Grupo Werthein ha acordado adquirir, sujeto a las condiciones de cierre habituales, el 100% del capital de Vrio, una compañía líder de servicios de entretenimiento digital con 10,3 millones de suscriptores1 en 11 países de América Latina y el Caribe”, informaron las compañías en un comunicado conjunto.

Vrio distribuye contenidos de eventos deportivos internacionales y programación exclusiva a través de la marca SKY en Brasil y de DirecTV en Argentina, Barbados, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay, mientras que DirecTV Go le brinda acceso online a una variedad de programación en vivo y On Demand en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay.

“Nuestra visión del futuro será cuidar y potenciar las marcas líderes de entretenimiento, mantener su liderazgo y crecer en la propuesta de valor, invirtiendo en tecnología y contenidos, alineados con los hábitos de cada uno de nuestros suscriptores y especialmente, de las nuevas generaciones”, afirmó Darío Werthein, accionista del Grupo Werthein.

La infraestructura de Vrio incluye satélites y centros de transmisión de última generación, gracias a los cuales es posible entregar una gran variedad de contenidos a los hogares, en formato 4k.

Respecto del futuro de las operaciones que hoy se transmiten a través de Vrio, junto con otras inversiones como Torneos y Competencias en Argentina y WIN Sports en Colombia, “se transferirán al Grupo Werthein al cierre de la transacción”, aseguraron las empresas.

“Esta transacción nos permitirá profundizar aún más nuestro enfoque en invertir en la conectividad para los clientes”, expresó Lori Lee, directora ejecutiva de AT&T Latin America.

Las compañías esperan que la transacción se cierre a principios de 2022.

Sobre el futuro de los trabajadores que actualmente se desempeñan en Vrio se aseguró que “comenzarán a formar parte del equipo de Grupo Werthein cuando se cierre la misma”.

Teniendo en cuenta esta transacción, AT&T clasificó a Vrio como “activo-para-laventa” al 30 de junio de 2021 y reportó dichos activos a valor razonable menos el costo de venta, lo que resultó en un deterioro de $ 4.6 mil millones, incluidos $ 2.1 mil millones relacionados con ajustes de conversión de moneda extranjera acumulada.

Con información de agencias.

IG

El juez federal de Córdoba Ricardo Bustos Fierro otorgó una medida cautelar solicitada por una empresa de cable de la localidad de Villa del Rosario para suspender la aplicación del decreto de necesidad y urgencia 690, de agosto de 2020, y las resoluciones derivadas que regulan al sector de las telecomunicaciones, de acuerdo a un fallo emitido el lunes al que tuvo acceso elDiarioAR.

Una vez conocida la decisión, las interpretaciones del Gobierno y el Grupo Clarín, el principal operador en el sector a través de su controlada Telecom, fueron opuestas. Para el Ente Nacional de las Comunicaciones (Enacom) y Jefatura de Gabinete, lo dispuesto por Bustos Fierro atañe exclusivamente a TV Cable Color SRL, la empresa de TV paga de la localidad Villa del Rosario (15.394 habitantes en 2010) que cuenta con unos 1.000 abonados. Para el Grupo Clarín, que vía su empresa hermana opera las marcas Telecom (telefonía fija), Personal (telefonía móvil), Fibertel (internet) y Cablevisión (TV paga), lo resuelto es de alcance general y aplica a todo el país.

Por lo pronto, el Gobierno anticipó que apelará la cautelar y ratificó la vigencia del decreto para todas las empresas excepto TV Cable Color SRL, indicaron fuentes oficiales.

Contra la opinión del fiscal, Bustos Fierro entendió que el DNU podría ocasionar daños irreparables a la empresa dado que establecía el congelamiento de tarifas hasta el 31 de diciembre de 2020 y la prohibición de cortar el servicio a quien no pudiera pagarlo. Ello —entendió el magistrado— impediría a TV Cable Color recuperar las inversiones. Además, el juez —uno de los más veteranos del fuero federal— adujo razones de libertad de expresión garantizadas por el Pacto de San José de Costa Rica, dado que la supuesta pérdida de sustentabilidad podría ocasionar el acallamiento de voces, en línea con lo sostenido por el Grupo Clarín y por la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), entidad que agrupa a las empresas de TV paga en la que Cablevisión tiene un peso decisivo.

El amparo tiene validez sólo para quien lo solicita

Gonzalo Quilodrán

“No escapa al tribunal que la declaración de servicio público de una actividad que se ejercía de manera lícita y libre en el mercado resulta violatoria a los derechos adquiridos en el patrimonio de la empresa afectada”, escribió Bustos Fierro.

Para el Ejecutivo, el fallo no sólo se circunscribe al cable de Villa del Rosario sino que la demanda se tornó abstracta. El reclamo de la firma “era por el congelameinto del DNU 690 —fijado en agosto— y después de eso Enacom ya autorizó subas de ocho por ciento en enero y siete por ciento en febrero”, dijo la secretaria de Innovación de Jefatura de Gabinete, Micaela Sánchez Malcolm, a elDiarioAR. La visión es coincidente con la de Claudio Ambrosini, Gustavo López y Gonzalo Quilodrán, presidente, vicepresidente y director del ente regulador, respectivamente. “El amparo tiene validez sólo para quien lo solicita”, afirmó a este medio el salteño Quilodrán. En cuanto a las objeciones de Bustos Fierro por la modificación legislativa vía un DNU, en el Gobierno recordaron que el Senado ratificó la medida por amplia mayoría en la sesión del 7 de septiembre de 2020.

En la mirada opuesta de ATVC, “el Poder Ejecutivo Nacional y al Enacom (deben) abstenerse de emitir y llevar a cabo acto alguno” referido al DNU y las posteriores resoluciones. “El organismo regulador no se encuentra facultado a continuar dictando normas derivadas del DNU 690 ni ejecutando las ya dictadas, las que se encuentran suspendidas de un modo general, alcanzando a todos los operadores TIC de nuestro país”, dijo la asociación mediante un comunicado.

En sus medios, el grupo que tiene al diario Clarín como cabecera asumió la postura de la cámara de TV paga como propia. Telecom Argentina no respondió la consulta de este medio, aunque una fuente cercana coincidió en que la cautelar incluye el negocio del holding.

Disputa en dos velocidades

El fallo de Bustos Fierro llega luego de varios traspiés de empresas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) que procuraron revertir el DNU 690 ante diversos juzgados del país, sin éxito. El citado decreto estableció que toda la industria TIC es considerada “servicio público esencial en competencia”, lo que habilita a Enacom a fijar la tarifa, establecer beneficios sociales y requisitos de calidad y accesibilidad a las empresas, que además de las marcas de Clarín, incluye a Claro, Telefónica, Telecentro, DirecTV y Supercanal. Uno de los reveses judiciales lo tuvo la propia Telecom, cuando el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Walter Lara rechazó un amparo el pasado 29 de enero.

El Poder Ejecutivo Nacional y Enacom deben abstenerse de emitir y llevar a cabo acto alguno con fundamento en dichos decretos, hasta tanto se dicte sentencia definitiva.

ATVC

La puja entre el Gobierno y las empresas del sector tiene dos velocidades. La primera, de fondo, atañe a la regulación general de la industria TIC, que hasta agosto definía unilateralmente las tarifas y el Estado sólo intervenía si las empresas lo aceptaban. A su vez, la definición de accesibilidad, tarifas sociales y calidad había quedado virtualmente liberada durante el Gobierno de Mauricio Macri, lo que fue drásticamente revertido con el cambio normativo de agosto.

En segundo orden, la disputa es por el aumento de tarifas este verano. El Ejecutivo acordó con las empresas un congelamiento que rigió entre abril y agosto de 2020, en la fase crítica del confinamiento. Luego extendió la medida vía el DNU hasta fin de año hasta que, finalmente, habilitó cinco por ciento de alza en enero para las empresas con más clientes, y ocho por ciento para las cooperativas y pequeños prestadores. Esta semana, Enacom dispuso otro siete por ciento de aumento en febrero para los más chicos y se apresta a autorizar una suba para servicios premium de los más grandes. Ese esquema es inadmisible para las empresas del sector, que aducen que los aumentos del primer cuatrimestre de 2020 (hasta 22 por ciento según el Gobierno) no cubrieron la inflación anual de 36 por ciento. En Enacom replican que si bien la industria TIC quedó rezagada el año pasado, vivió cuatro años previos de alta rentabilidad y aceleración de la concentración.

Fallo con doble acción

Bustos Fierro es un juez federal de largo recorrido. En 1999, cobró notoriedad al habilitar un eventual tercer mandato consecutivo de Carlos Menem ante un recurso presentado por José Manuel de la Sota. La re-re de Menem, finalmente, no prosperó por razones políticas. En un movimiento que puede tener consecuencias decisivas, el amparo obtenido por la empresa de cable de Villa del Rosario tuvo como complemento la declaración de inconstitucionalidad de la ley que fija un límite temporal a las cautelares que atañen al Estado.

La empresa cordobesa había solicitado la inconstitucionalidad del artículo cinco de la ley 26.854, que establece un máximo plazo seis meses prorrogable para las cautelares contra una medida del Estado. Bustos Fierro entendió que “no resulta razonable que se le imponga un plazo de vigencia” dado que están en juego derechos fundamentales, por lo que el demandante podría verse en “estado de indefensión” si no se resuelve la cuestión de fondo antes de que caiga el amparo.

Entre varias supuestas falencias de la decisión del juez federal de Córdoba, el equipo jurídico de Enacom anotó en la noche del martes que “tratándose la discusión central de la constitucionalidad de los DNU 690/20 y 311/20, la medida dispuesta no fue notificada al Poder Ejecutivo de la Nación”. “Se privó al PEN de ensayar su argumentación y se decidió la procedencia de la cautelar en base a los dichos unilaterales de la empresa actora”, advirtieron abogados del regulador de las comunicaciones.

SL con la colaboración de Pablo Ibañez

“¿Y si un día prendes tu televisor y la señal ha desaparecido? Claro que puede pasar”, dice una voz en off mientras una mujer, de espaldas y en penumbras, mira la pantalla de un televisor que sólo emite un granulado blanco y negro. El video, firmado por la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones (AET), habla de “los embates de todo tipo” que ha sufrido la industria del cable en los últimos tiempos, y si bien corresponde a los cableros de Entre Ríos, fue circulado también por personas vinculadas a las grandes firmas del sector a nivel nacional, en tensión con el Gobierno por la reciente entrada en vigencia del decreto que convierte a las telecomunicaciones en un servicio público y regula el aumento de sus tarifas.

Según detalla el video —que todavía no fue publicado oficialmente pero ya comenzó a circular— “en los últimos meses” los costos operativos del sector aumentaron 52%, con subas que van desde los insumos electrónicos a los impuestos municipales y provinciales y los gastos en movilidad. “En medio de esta realidad se avecina la desaparición de la grilla de señales y baja en la calidad de un servicios. Las inversiones y el mantenimiento no son una opción en un marco económico como el actual, donde el Gobierno sólo actualizó en nuestro rubro una suba del 8%”, añade.

Se refiere al 8% de aumento a partir de enero que fue habilitado por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), luego de 8 meses de congelamiento, para los licenciatarios que posean menos de 100.000 clientes. Para los grandes prestadores, en cambio, sólo autorizó una suba del 5%. 

Según las cuentas de la Jefatura de Gabinete, las empresas del sector implementaron subas de hasta 25% hasta abril de 2020. Si bien el año cerró con los precios de los servicios de telecomunicaciones por debajo de la inflación, durante los cuatro la administración de Mauricio Macri la cuenta fue inversa, además de que se consolidó el liderazgo de los grandes grupos del sector.

“Sin subsidios al sector y con un panorama para nada alentador, sólo nos queda alertar que esta actividad esencial corre el grave riesgo de desaparecer y con ella el reflejo de la realidad, la pluralidad de las voces”, concluye el video, cargado en YouTube por el Canal 5 de San José.

Según detalló la entidad a elDiarioAR, en la provincia de Entre Ríos existen alrededor de 50 empresas proveedoras de televisión por cable, la mayoría de ellas de pequeña envergadura y de origen provincial. Cablevisión, del Grupo Clarín, es el único prestador en las ciudades de Gualeguaychú, Federación y Concepción del Uruguay, y ofrece servicio también en la capital provincial, Paraná, donde también hay otros dos oferentes. Además, DirecTV brinda en localidades de la provincia el servicio de TV satelital.

La estructura de la TV paga en Entre Ríos -con un actor presente en los centros urbanos más importantes, en algunos de ellos en forma monopólica- y varios prestadores locales en pueblos y ciudades con menos habitantes, se repite en todo el país. Cablevisión representa más de 40% del mercado de TV paga en la Argentina, con segmentos superiores a 80% en grandes centros urbanos, como la Capital Federal y ciudad de Córdoba.

Pese a que una persona involucrada en la producción del video manifestó su sorpresa de que ya hubiera sido publicado y dijo que se trataba de una versión preliminar y para “difusión interna en la provincia”, la pieza fue compartida por los WhatsApps de ejecutivos de la industria. 

Más preocupación

Por otro lado, esta mañana la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) difundió un comunicado en el que expresó su “profunda preocupación” por la “política de control de precios” del gobierno argentino, que consideran “sin sustento técnico”. Además, señalaron que “representa una anomalía en la región y pone en grave riesgo la sostenibilidad de cooperativas, pymes y grandes empresas del sector”.

“No es sostenible que con una inflación anual de 36,1% y de 26,2% en el período de abril a diciembre, durante el que permanecieron congelados todos los servicios de telecomunicaciones, se obligue a las empresas a tener un tope de aumento del 5%, insuficiente para cubrir sus costos reales”, apuntó la cámara, cuyo Consejo Directivo está presidido por una ejecutiva de Telefónica y tiene como vicepresidentes a representantes de Telecom y AT&T (Direct TV). 

DT

Pese a que la Asociación del Fútbol Argentino decidió hace dos semanas extender hasta 2030 el contrato que le otorga los derechos de transmisión local al gigante The Walt Disney Company -que viene de comprar Fox y fusionarla con ESPN-, la operación enfrenta obstáculos considerables. Revelado ayer por elDiarioAR, el primero y más importante es el criterio que el presidente Alberto Fernández ya le transmitió a sus ministros: las empresas deben desinvertir para cumplir con la ley y evitar la posición dominante que hoy exhiben. Se suma ahora un segundo y es el dictamen de 35 páginas que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia le elevó a la secretaria de Comercio Paula Español el 5 de noviembre pasado. 

Pese a que el presidente tiene funcionarios que promueven un acuerdo con Disney a cambio de la cesión de derechos de televisación, el informe -que toma como punto de partida la ley 27.442 de Defensa de la Competencia- aporta una larga lista de evidencias que sugieren una intervención estatal en el sentido contrario. 

El texto es una ampliación de un primer documento presentado en marzo del año pasado, que incorporó después información de la “megafusionada”, cuestionamientos de la competencia y denuncias de cableoperadores. Los cableoperadores, entre ellos Alberto Pierri, de Telecentro, cuestionan la operación global que cambió por completo el mapa de la televisión paga en Argentina. 

La compra de Twenty-First Century Fox Inc por Disney derivó en un conglomerado que hoy concentra el 64% del mercado de señales deportivas por operador de televisión paga. Fox Sports, Fox Sports 2, Fox Sports 3, ESPN, ESPN 2, ESPN 3, ESPN+ y ESPN Extra pasaron a tener un sólo dueño. Con sus tres señales deportivas básicas, Fox ocupa el 32,7% del mercado de televisión paga y, con las cuatro de ESPN, Disney concentra otro 31,3% del mercado. Por fuera, sólo existe TyC (32,4%) y DeporTV (3,5%). 

De acuerdo con el dictamen de Defensa de la Competencia: “La operación trae como consecuencia que la empresa fusionada contaría con 7 de las 9 señales deportivas básicas y con casi dos terceras partes del total del rating de señales deportivas, además de la señal Fox Sports Premium que transmite partidos de la Superliga Argentina de Fútbol. Se deduce también, que, como consecuencia de la operación, el número de competidores pasaría de tres a dos”. 

Las consecuencias de esa transformación son múltiples y se verifican en distintos terrenos, donde se acumulan los cuestionamientos y denuncias de empresas como Telered Imagen S-A -propiedad del Grupo Clarín y dueña de TyC-. Teléfonica, Telecentro y DirecTV. En una verdadera pelea entre gigantes, Fox y Disney buscaron argumentar en su favor que se enfrentan el poder de negociación de los principales operadores de televisión paga -Cablevisión y DirecTV-, quienes reúnen el 70% de la audiencia. 

ESPN y FOX SPORTS tienen la tajada principal de su negocio en la transmisión de eventos deportivos internacionales de alta relevancia. La Copa Libertadores (FOX), la Copa Sudamericana (ESPN) y la Recopa Sudamericana, la Champions League (FOX e ESPN), la Europa League (FOX e ESPN), la liga inglesa (ESPN), la liga española (ESPN), la liga italiana (ESPN), la liga francesa (ESPN), la liga holandesa (ESPN), la liga belga (ESPN) y la liga alemana (FOX), además del básquet de la NBA (ESPN), los torneos de tenis Grand Slams y del circuito ATP (ESPN), los torneos de automovilismo como Fórmula 1, Fórmula 2 y Fórmula 3 (FOX), y torneos de rugby como el Mundial y el Seis Naciones. 

En base a ese poderío incomparable, no sólo pueden ganar la disputa de fondo con otros gigantes como Turner Internacional -que pretendía quedarse con el 100 % de los partidos del futbol local- sino también imponer condiciones en las negociaciones con cableoperadores. 

Ante la Comisión de Defensa de la Competencia, las empresas distribuidoras ratificaron que las señales deportivas son muy relevantes debido a la transmisión de eventos deportivos en vivo, que los usuarios consideran fundamental para incluir en la grilla de señales. 

Entre sus conclusiones, el informe apunta un dato clave en el marco de la batalla del gobierno contra los precios en el año electoral: “El incremento sustancial de la concentración como resultado de la operación implicaría un aumento significativo en el poder de mercado y de negociación de las empresas, con la posibilidad de potenciales aumentos de los precios de las señales y de los abonos que pagan los consumidores finales”, dice. 

Además, remarca que, dado que las empresas comercializan sus señales de manera paquetizada, el aumento de poder de mercado en las señales deportivas podría trasladarse al resto de sus señales de televisión paga en detrimento de los consumidores, que también por esta razón podrían ver incrementado el valor del abono de televisión paga y podrían recibir una oferta más reducida, menos variada y con productos de menor calidad. 

Por último, la “paquetización” mencionada podría evitar o retrasar el surgimiento en Argentina de nuevos operadores y/o de nuevas formas de comercialización de señales de televisión paga, como ser el “skinny bundle”, servicios de streaming, OTT, impidiendo o demorando la competencia y la innovación en el mercado de televisión paga. 

El informe concluye sosteniendo que “la operación de concentración económica notificada tiene la potencialidad de restringir o distorsionar la competencia, de modo tal que puede resultar perjuicio para el interés económico general, en relación con el mercado de señales deportivas de televisión paga”.

Con la firma de su presidente Rodrigo Luchinsky -además de los vocales Balbin Griffa Díaz, Pablo Lepere y Guillermo Pérez Vacchini-, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia incluye una mención al índice de Herfindahl-Hirschman (IHH) como otro indicador que mide la concentración del mercado y considera que una operación puede no ser problemática desde el punto de vista de la competencia si el mercado resultante presenta un valor inferior a los 2000 puntos. Para el Departamento de Justicia y la Comisión Federal del Comercio de Estados Unidos, los valores superiores a 2500 puntos son característicos de un mercado altamente concentrado. 

La fusión de Disney arroja un valor post operación del IHH que asciende a 5166 puntos lo que muestra un mercado altamente concentrado. Es por eso por lo que recibió cuestionamientos en Estados Unidos, México y Brasil, que ordenaron la desinversión de activos. El dictamen especifica que el 23 de septiembre de 2019, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acordó con las empresas la desinversión de todos los activos asociados a 22 señales deportivas regionales que pertenecían a Fox, 21 de las cuales fueron adquiridas por el grupo multimedios Sinclair Broadcast Group. La red regional correspondiente a Nueva York fue adquirida por un conjunto de inversores, entre los que se encontraba la propia Sinclair, los NY Yankees, Amazon y Redbird Capital.

En el caso de México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó la operación sujeta a desinversiones y condicionamientos. Ordenó la desinversión de todos los activos relacionados con la provisión y el licenciamiento de los canales deportivos de FOX (FOX SPORTS) y prohibió que DISNEY provea y licencie los suyos (ESPN) con los de FOX y adquieran o produzcan contenidos deportivos en conjunto.

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) puso a disposición a partir de hoy un formulario para que los usuarios y usuarias de telefonía, internet y TV por cable puedan informar cuando no logren acceder a los abonos básicos incluidos en el DNU que convirtió las telecomunicaciones en servicio público esencial, vigente desde el 1° de enero. De todos modos, estos planes no están disponibles aún porque las compañías se encuentran “adecuando sus sistemas”, proceso que se completará antes de fin de mes.

Esos beneficios, que fueron agrupados bajo el nombre de Prestaciones Básicas Universales (PBU), están destinados a entre 10 y 15 millones de argentinos de menores ingresos, entre los que se cuentan jubilados, beneficiarios de programas sociales, empleadas de casas particulares, trabajadores no registrados y monotributistas de las categorías más bajas, entre otros. Incluyen opciones desde los $150 mensuales en telefonía móvil, de $380 para telefonía fija y descuentos de hasta 40% en las tarifas más bajas de cable. 

Según detallaron a elDiarioAR en Enacom, el mecanismo para acceder a las PBU consiste en completar una declaración jurada —que estará disponible en los canales de atención de las empresas y puede descargarse también de la página del ente público— en la que se da fe de pertenecer a alguno de los grupos de usuarios y usuarias alcanzadas por la norma. “Las empresas están obligadas a brindar el servicio con el sólo hecho de recibir esa declaración, sin ningún tipo de trámite adicional”, puntualizaron. 

Las compañías de telecomunicaciones —cuyos principales exponentes en el país son las firmas Claro, Telefónica, Telecom, Cablevisión, DirecTV y Telecentro— podrán cruzar luego los datos de los usuarios con los registros oficiales y, en caso de detectar a aspirantes a los que no les corresponde, quitársela y, eventualmente, cobrar alguna diferencia. 

Pese a que el decreto comenzó a regir el 1° de enero, los planes todavía no están disponibles. “Siempre este tipo de medidas demandan algún tiempo para aceitar los mecanismos y capacitar al personal”, detallaron en Enacom. “Nosotros estamos en permanente contacto con las compañías y, con seguridad, las PBU estarán implementadas este mes. Podría ser la semana que viene o los primeros días de la otra”, añadieron.

Mientras tanto, el formulario servirá como una herramienta para monitorear el avance de la implementación. Pese a que tiene carácter simplemente informativo, en el organismo que preside Claudio Ambrosini aseguran que se evaluará imponer multas si, luego de un margen de tiempo necesario para adaptar el sistema, las compañías no cumplen con lo dispuesto en el DNU. “Aunque se quejen y digan públicamente que esto las va a llevar a la quiebra, es algo que están obligadas a hacer”, insistieron. 

Enacom no descarta imponer multas si, luego del tiempo que demore la implementación, las compañías no cumplen con lo dispuesto en el DNU

Los abonos básicos fueron incluidos en el DNU 690/20, de agosto pasado, que tiene como objetivo garantizar el derecho humano de acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) por cualquiera de sus plataformas. En el segmento de comunicaciones móviles, liderado por la empresa Claro y seguido por Personal (Telecom Argentina) y Movistar (Telefónica), los planes parten desde los $150 mensuales e incluyen 500 minutos libres, 500 mensajes SMS, y texto de WhatsApp libre. En cuanto al servicio básico de telefonía, hegemonizado por Telefónica y Telecom Argentina (Grupo Clarín), la prestación básica incluye 300 minutos por mes a $380. 

En el servicio de cable, las empresas deberán ofrecer descuentos de hasta 40% sobre la tarifa más baja, según su cantidad de abonados y dominio del mercado. En este segmento, quienes se reparten la mayor parte de la torta son Cablevisión (Telecom/Grupo Clarín), DirecTV (AT&T) y Telecentro (Alberto Pierri). 

También se exige en el servicio de internet al hogar que los prestadores con más de 50.000 accesos totales ofrezcan 10 megabits por segundo de capacidad en áreas urbanas o 5 megabits en áreas rurales por $700 por mes o un descuento del 30% del valor del plan con menor capacidad ofrecido por la compañía. 

DT

La resolución de Enacom presentada el viernes por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, incluyen todos los servicios de telecomunicaciones, entre ellos telefonía móvil y fija, internet y TV paga. Según aclaró el titular de Enacom, Claudio Ambrosini, la oferta tiene caracter obligatorio y las empresas deberán, en principio, otorgar el descuento ante la solicitud del usuario, y luego cuestionar los avales si fuere el caso. Los siguientes son los beneficios centrales de la denominada “prestación básica universal” para jubilados, trabajadores de sueldos bajos, empleados del hogar, beneficiarios de AUH y otros planes sociales.

Conectividad móvil (Claro, Personal y Movistar)

Los planes de $150 mensuales incluyen 500 minutos libres para hablar, 500 mensajes SMS, y texto de Whatsapp libre. Por $200 más, los usuarios podrán agregar 1GB de navegabilidad móvil mensual.

Telefonía fija (Telecom, Movistar y prestadores locales)

Por $380 se podrá hablar 300 minutos a cualquier punto del país y destinos 0800 sin límite.

TV paga (Cablevisión, DirecTV, Telecentro, Supercanal y otros 1.000 prestadores)

Prestadores con más de 500.000 abonados deberán ofrecer rebajas de 30% sobre su plan más barato, y de 40% allí donde tengan posición dominante.

Además, los dueños de señales televisivas por suscripción las deberán ofrecer a los prestadores de TV paga en forma individual y no en paquete. Por ejemplo, el Grupo Clarín, Disney, TNT y otros se verán impedidos de armar paquetes que encarecen el servicio, sobre todo, a prestadores de TV paga que tienen poco margen de negociación.

Internet al hogar (Fibertel, Movistar, Claro, Telecentro y otros)

Proveedores con más de 50.000 accesos ofrecerán 10 megas de capacidad en áreas urbanas, y 5 megas en áreas rurales por $700 por mes o un descuento del 30% del valor del plan con menor capacidad ofrecido por la compañía. Las empresas más chicas brindarán 2 megas por $600.

Receptores de los planes

La resolución de Enacom establece que la prestación básica universal está destinada a jubilados y pensionados con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos; trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Universal por Embarazo. También comprende a quienes perciben pensiones no contributivas con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos, a inscriptos en el Monotributo Social, así como a trabajadores y trabajadoras monotributistas cuyo ingreso anual mensualizado no supere dos salarios mínimos y seguro de desempleo.

Los beneficiarios del Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares, receptores de becas del Programa Progresar, personas desocupadas o en la economía informal, y de programas sociales, en todos los casos incluidos sus hijos de entre 16 y 18 años.

La norma incluye asimismo a los clubes de Barrio y de Pueblo registrados, asociaciones de Bomberos Voluntarios registrados, entidades de Bien Público sin fines de lucro y organizaciones comunitarias sin fines de lucro con reconocimiento municipal.

El gobierno de Alberto Fernández tiene un plan de inversiones de $22.000 millones para los cuatro años de mandato para expandir la conectividad a barrios humildes y pueblos y ciudades que hoy cuentan con un servicio precario. El fondo, en parte heredado de la administración de Mauricio Macri porque no los usó, se alimenta del 1% de la facturación mensual de las empresas.

Hace un año, nadie —ni el propio Alberto Fernández— tenía en los planes un marco jurídico que estableciera que la telefonía móvil, la TV paga y la conexión a internet serían un “servicio público esencial”; es decir, que el Estado tendría potestad de fijar precios, estándares de calidad y accesibilidad en un negocio que mueve miles de millones de dólares por año.

Las urgencias de la pandemia lo hicieron posible. Esta semana, el gobierno se apresta a autorizar un aumento de tarifas en enero -bastante menor al ya anunciado por algunas empresas a sus clientes- y a publicar la letra chica del decreto de necesidad y urgencia (DNU) que regula el mercado protagonizado por Telecom y su vinculada Clarín, y secundado por pesos pesado como Telefónica, Claro (Carlos Slim), DirecTV (AT&T) y Telecentro (Alberto Pierri).

El DNU, publicado el 22 de agosto y ratificado por el Senado dos semanas después, no tuvo pretensiones épicas de “democratizar la información”. Fue, antes que nada, una reacción a las apuradas para pisar un aumento de tarifas que las empresas pretendían —según fuentes del gobierno— de 40% en el segundo semestre de 2020, tras ganarle a la inflación en los años precedentes. Con la economía lastrada por el coronavirus, Fernández apeló a un instinto no sólo personal, sino de todo el frente que integra: los aumentos de tarifas generalizados en contexto recesivo liman la popularidad presidencial. Un andar penoso durante un mandato dando cuentas de por qué las boletas que pasan debajo de la puerta o llegan a la casilla de email superan a la inflación no es una opción para un político peronista que mira la experiencia reciente de los presidentes argentinos.

Ante el cambio normativo, las empresas de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) dejaron de lado cuentas pendientes y se unieron para denunciar una injerencia del Estado que conspiraría contra las inversiones. Por ahora, el decreto resistió pedidos de cautelares ante el fuero federal, mientras que el frente corporativo unánime, patentado en una solicitada en agosto, ya no es tal. Cada empresa tiene saldos por negociar. Telefónica puso varios activos latinoamericanos en venta, Claro padece en la Argentina una cancha desnivelada por Clarín, algo similar a lo que la empresa de Slim sometió a sus competidores en México y otros países, y DirecTV enmarca su juego en la estrategia global —y los límites anticoncentración— de AT&T.

La política TIC de los Fernández también parece sortear, relativamente, un sino que erosiona al gobierno en general: la coexistencia de funcionarios que no siempre apuntan para el mismo lado. En este caso, esa dispersión poco resolutiva tiene al menos un texto para exhibir -el DNU- con efectos contantes, sonantes y crecientes.

El organigrama de Ente Nacional de la Comunicación (Enacom) expone con claridad los abordajes disímiles del gobierno sobre la industria TIC. Preside el órgano Claudio Ambrosini, del círculo estrecho de Sergio Massa. En la agenda del presidente de la Cámara de Diputados no figura el conflicto con las empresas de telecomunicaciones. El segundo de Enacom, el radical forjista Gustavo López, fue un defensor de la ley audiovisual de 2009, lleva una larga trayectoria de pecado “intervencionista” y tiene terminales en Cristina Fernández, de quien fue funcionario. Fuentes al tanto de las negociaciones —con las empresas y dentro del Ejecutivo— coinciden en señalar que ganó peso la directora María Florencia Pacheco, definida como un “cuadro” de la provincia de Buenos Aires que orbita en Santiago Cafiero. Completan el directorio de Enacom el albertista salteño Gonzalo Quilodrán, también designado por el Ejecutivo; el peronista pampeano Alejandro Gigena, por la primera minoría del Congreso, y la radical Silvana Giudici, por la oposición. A Giudici le toca la amarga tarea de remar en absoluta minoría, producto de un órgano regulador con dominio del oficialismo de acuerdo al diseño establecido por Macri en 2016, del que ella fue la principal defensora.   

En cualquier caso, todo lo que sale de Enacom recala en el jefe de Gabinete y, como paso previo, se discute con la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm, otra de las escépticas sobre los beneficios del libre juego de la oferta y la demanda en la industria TIC.

Alberto Fernández heredó dos paradigmas antagónicos de sus predecesores. Una década atrás, su hoy vicepresidenta daba pelea en tribunas y pantallas contra los “generales multimediáticos”. Cristina logró sancionar una ley audiovisual de letra escandinava, pero la aplicó con criterio santacruceño; un texto con regulación antimonopólica y expansión de derechos, y una implementación que puso todos los cañones contra Clarín y fue indulgente -o incluso, promotora- de los incumplimientos de Telefónica e Indalo, por citar a dos privilegiados. Le siguió Macri y su fe en el laissez faire total en un área que, en los papeles, desbordaría cualquier límite por la propia fuerza de la tecnología. No está comprobado que el gobierno de Cambiemos hubiera sentado a los abogados corporativos a redactar las normas del sector, pero al cabo de cuatro años de Macri en la Presidencia, el nivel de concentración en la Argentina registra pocas comparaciones en el mundo.

Sin vocación por trascender en la materia, portador de un discurso poco elaborado que abreva en clichés a la hora de hablar del mercado de medios y el derecho a la información, Alberto Fernández tiene una oportunidad de avanzar con una legislación antimonopólica que verdaderamente fomente la competitividad y garantice la conectividad en barrios humildes y pueblos poco habitados. Nada está dicho, porque al margen de lo que se termine de definir en estos días, luego hay que tener pericia y margen político para llevarlo a cabo.

Hasta ahora, la principal ventaja del gobierno fue que logró centrar el debate público en el problema de las tarifas, mientras que las denuncias sobre el supuesto “avasallamiento de la prensa independiente” disparadas en algunas pantallas no tuvieron recorrido, más allá de los tres o cuatro comunicados de rigor de organizaciones cautivas. En otro plano, Macri le dejó a su sucesor un argumento a mano para refutar los previsibles reclamos de que este tipo de modificaciones legislativas se debe alcanzar por consenso y tras extensas negociaciones. Los cambios implementados por Cambiemos en el área de medios y telecomunicaciones desde la misma semana en que asumió el gobierno, en diciembre de 2015, se basaron en DNU, decretos simples y, sobre todo, resoluciones administrativas. En cuanto a la seguridad jurídica, será difícil empeorar. 

SL

A dos semanas del fin del congelamiento de tarifas en telefonía móvil, internet y TV paga, el gobierno aprobará esta semana aumentos en torno a 5% para servicios básicos, que podrían llegar hasta 9% en algunos segmentos y tipos de productos. El nuevo esquema, que se inscribe en la regulación de todo la industria de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), será definido por Alberto Fernández en el marco de los objetivos de control de la inflación que planteó el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Fernández revisó, en detalle, el esquema tarifario y, en paralelo, analizó la propuesta de reglamentación que se confeccionó en el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) sobre cómo se regularán los servicios de telefonía, TV paga y provisión de internet con el nuevo status de “servicio público” que el gobierno fijó mediante un decreto presidencial en agosto pasado. En Enacom esperan que el Presidente se expida en los primeros días de la semana, una vez que reciba el dictamen de Jefatura de Gabinete, indicaron fuentes próximas al órgano regulador.

El 5%, que en algunos segmentos básicos podría trepar a 9% de aumento y en ningún caso será superior al dígito, significa entre menos de la mitad y un cuarto del 20% que anunciaron algunas empresas a sus clientes, entre ellas Telecom-Clarín y Telecentro, de Alberto Pierri. Hubo, según confiaron a elDiarioAR fuentes oficiales, contactos de primer nivel entre el gobierno y las compañías, e incluso un diálogo entre Fernández y Jorge Rendo, gerente de Relaciones Externas de Clarín. Desde el grupo no confirmaron el contacto.

La regulación de las comunicaciones móviles es la más importante por la cantidad de usuarios. Enacom tiene registradas 56 millones de líneas en funcionamiento para 44 millones de habitantes.

La definición de tarifas es el asunto más urgente y de mayor repercusión pública en la industria TIC: telefonía fija y móvil, internet al hogar y móvil, y TV paga. Al respecto, el gobierno evitará un anticipo de la escala de aumentos para el primer semestre, sino que se propone evaluar mes a mes el cuadro de tarifas de acuerdo a los costos y la evolución de la inflación general.

Atado al paquete tarifario, pero en lo referido específicamente a la reglamentación, aparecen aspectos que involucran miles de millones de dólares de facturación y, por lo tanto, son más caros para las empresas que el porcentaje de aumento en enero, como el alcance de las tarifas sociales —que el gobierno quiere establecer en el marco del “servicio público”—, los precios para “alquilar” infraestructura pública o privada, estándares de calidad y derechos de acceso. 

Desde el 22 de agosto, cuando el DNU fue publicado en el boletín oficial —ratificado en septiembre por el Congreso—, la Jefatura de Gabinete y el Enacom mantuvieron reuniones con empresas del sector para establecer el hilado fino. Las negociaciones fueron, coinciden las partes, tensas, con quejas frecuentes de operadores por lo que definen como falta de avances y fluidez en el diálogo. Según los operadores, la intervención estatal en la industria TIC con parámetros similares a los servicios de electricidad y gas daña la rentabilidad de un sector que requiere grandes volúmenes inversión.

Del lado del gobierno, el jefe de Gabinete Cafiero controló de cerca el ida y vuelta de la regulación, que en el plano legal corresponde a Enacom, la oficina dependiente del Ejecutivo que creó Mauricio Macri en diciembre de 2015, cuando eliminó vía un DNU el corazón de la ley audiovisual sancionada en 2009. 

Como muchas áreas del Gobierno, Enacom tiene caciques que no siempre apuntan para el mismo lado. Su presidente, Claudio Ambrosini, es un hombre que reporta a Sergio Massa. El vice, Gustavo López, tiene terminales en el cristinismo y es un vocal de larga data a favor de la regulación estatal del sector. 

Jefatura de Gabinete y Enacom avanzaron en líneas que parecen consolidadas en el borrador sujeto a aprobación del presidente, de acuerdo a lo informado por la agencia estadounidense de noticias financieras REDD Intelligence, con cita a tres fuentes del Gobierno. Varias de ellas no serían del agrado de Clarín-Telecom, aunque se abre un compás de espera en temas sensibles como el alquiler de la infraestructura existente a la competencia.

Telefonía e internet móvil

El proyecto bajo análisis establece un plan de minutos con acceso libre a texto de WhatsApp a un costo para el cliente menor a $ 200, al cual se podría añadir 1 gigabyte de datos a un valor final del orden de los $ 350. La regulación contempla que se podrían prepagar minutos diarios a bajo precio. Las comunicaciones móviles son las más importantes entre las TIC en función de la cantidad de usuarios, ya que Enacom tiene registradas 56 millones de líneas en funcionamiento para 44 millones de habitantes. 

TV Paga

El proyecto de Enacom incluye en la regulación al servicio de suscripción satelital, como DirecTV, que había sido excluido del DNU de agosto. Las empresas líderes, como Cablevisión, de Clarín —con cerca de 40 % del mercado—, y DirecTV, the AT&T —con cerca de 33%—, deberán ofrecer mayores descuentos a sus abonados como tarifa social. El mercado de la TV paga está concentrado entre empresas que administran el 85% de los abonados, en un país que hace décadas tiene más del 80% de su población adherida a algún servicio, pero seccionado geográficamente y disperso en el último 15% en manos de operadores de pueblos y ciudades pequeñas o medianas. Los cableros de menor porte tendrán menor exigencia de ofrecer descuentos. Este, no obstante, era uno de los temas bajo análisis de la lapicera de Cafiero, quien se expediría entre hoy y mañana.

Otro aspecto clave es que las proveedoras de contenidos deberán ofrecer sus señales a las empresas de TV paga en forma individual y no en paquete, y a precio regulado. No es un tema menor y obedece a un reclamo específico de Claro TV y de los operadores menores. Claro, del magnate mexicano Carlos Slim, lidera el market share de la telefonía móvil, pero es débil en TV paga, en la que apenas logró avances en algunos partidos del Gran Buenos Aires. En principio, enfrenta dos dificultades. Primero, el amplio dominio de Cablevisión/Fibertel, que tiene al Gran Buenos Aires y al Gran Córdoba ya cableados sobre postes en la vía pública: en varios distritos, a los nuevos les exigen el soterramiento de sus tendidos, algo mucho más oneroso. En segundo orden, los productores de contenidos más importantes —una vez más, Clarín— venden las señales como paquetes, lo que eleva artificialmente su precio. Por ejemplo, Canal 13 o TN son productos atractivos para un cablero, pero Magazine o Volver no lo son tanto. Clarín no vende Canal 13 si no le compran sus canales menos vistos, en lo que técnicos de Jefatura de Gabinete y Enacom entienden como competencia desleal, de acuerdo al informe de REDD. 

Internet fija

El entrecruzamiento de datos con receptores de asignación universal por hijo y jubilaciones más bajas permitirá determinar quiénes podrán acceder a tarifas de banda ancha más convenientes. Sin embargo, el nudo de la “democratización” del acceso a internet está vinculado al uso de las redes existentes. La fusión de Telecom y Cablevisión, aprobada por el Gobierno de Macri en 2018, implicó que en algunas ciudades sólo quedara un oferente de internet al hogar, sobre todo, en aquellas en las que antes convivían Arnet y Fibertel y pasaron a ser sólo una. Este sesgo se da, sobre todo, desde Córdoba hacia el norte, en la que era el área original de Telecom tras la privatización de Entel. Una forma de solucionar este dominio o monopolio puro, según la región, es a través del alquiler de la infraestructura a un precio regulado. Esta vía implica una serie de regulaciones técnicas y económicas que podrían no estar incluidas en la reglamentación del DNU firmado por Alberto Fernández en agosto, que se conocerá en las próximas horas o días.

Con agencia REDD Intelligence. Colaboró Pablo Ibáñez.