La guerra entre el presidente Javier Milei y el Grupo Clarín, propiedad de Felipe y Marcela Noble Herrera y Héctor Magnetto, está declarada. Como aquella que enfrentó a los Kirchner con conglomerado que con el gobierno de Mauricio Macri se hizo de Telecom. El conflicto estalló a partir de que Telecom comprara Telefónica de Argentina al grupo español cuyo 10% está en manos estatales de ese país europeo. El Gobierno suspendió la operación, Clarín reaccionó primero con tapas favorables a Milei, pero en las últimas semanas comenzaron a inclinarse en su contra. Y el Presidente lo advirtió en plena campaña porteña, una elección en la que se enfrenta a Macri.

Este martes, en el cierre del congreso anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), Milei recordó primero que en 2002 “los amigos de Clarín, [el entonces presidente Eduardo] Duhalde y [su entonces aliado Raúl] Alfonsin terminaron estafando a los argentinos por US$30.000 millones”, en referencia a la pesificación de deudas en dólares tras la salida de la convertibilidad (régimen cambiario por el que un peso equivalía a un dólar). “Se imaginan que después me como las tapas que me como del gran pasquín argentino”, agregó luego el jefe de Estado, parafraseando al lema del diario, “el gran diario argentino”.

Después rememoró que en aquel 2002 Clarín promovió una ley de bienes culturales para proteger su industria y modificó la norma de concursos preventivos para que se homologaran los acuerdos con el 51% de los acreedores, en lugar del 66%. “Son extorsionadores y corruptos con sus tapas”, atacó quien antes defendía los monopolios, pero ahora critica la fusión de Telecom y Telefónica, de alto impacto en la telefonía celular, pero con el argumento de que es un negocio con alta influencia política, según asesores libertarios.

También la ligaron los economistas. Al igual que minutos antes había dicho el ministro de Economía, Luis Caputo, el Presidente prometió que en un año la inflación “colapsará”, lo que significa que desaparecerá, y repitió que la receta económica aplicada por ellos era inédita en la Argentina. “No lo viste nunca: equilibrio fiscal sin emisión monetaria y tipo de cambio flotante. Es grave que se le pase a los pelotudos de los economistas”, disparó ante una platea de ejecutivos de finanzas, que incluye a sus colegas por él insultados. Ya no son sólo los políticos y los periodistas quienes son criticados por el máximo mandatario.

Caputo reiteró que nunca en 120 años había habido superávit fiscal sin default. Es cierto. También se preguntó por qué el Banco Central debería comprar dólares ahora que el tipo de cambio no está en la banda mínima de flotación pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), de $1.000. “No hay intervenir porque te militan la corrida”, explicó. Y atribuyó el aún elevado índice de riesgo país, de 678 puntos, que impide al país endeudarse en el exterior, a dos factores: el “track record”, es decir, el historial de cesaciones de pago de la Argentina, y el “riesgo de que vuelva el kirchnerismo”.

Milei dijo que los que piden una devaluación reclaman una medida “antipopular” porque empobrecería a la población. Y él se jactó de bajar la pobreza, aunque no recordó que primero la subió y después la redujo al nivel heredado del gobierno anterior. Tampoco lo hizo el público financiero que lo aplaudió cuando él dijo que “los desalmados liberales” habían reducido el porcentaje de pobres.

“¿Cómo hablan de atraso cambiario sin hay libre flotación cambiaria?”, se preguntó el presidente, sin tomar en cuenta las medidas que su gobierno adopta para favorecer una apreciación real del peso que advirtieron los mismos empresarios que expusieron en el IAEF. “Aún hay inflación porque hay rezago. La bestia anterior emitió 13 puntos del PBI en un año”, justificó Milei.

“Cuando terminemos con el money overhang (exceso de dinero), vamos a ir muy rápido al piso de la banda cambiaria y puede que velocidad sea muy rápida y puede llevar a muchas empresas a la quiebra”, admitió. “Necesitamos una estructura contractual deflacionaria, pero tenemos una estructura contractual no preparada. Por eso, ¿cómo hacemos para monetizar la economia sin emitir dinero?”, se preguntó y su respuesta es la dolarización endógena, es decir, que la gente que tiene dólares ahorrados los gaste.

El Presidente descartó el “modelo de puja distributiva” que eleva sueldos y después precios, en un intento por justificar su pauta salarial del 1% que impide una recuperación de los bolsillos de los trabajadores. También desestimó un anclaje del tipo de cambio y pronosticó que el dólar seguirá cayendo.

“Hicimos el ajuste fiscal más grande humanidad en un tiempo corto y bajamos tasa de inflación del 17.000% al 10%”, deliró con cifras que él elucubra a su manera, pero no tiene relación con el 211% anual de 2023 y el 55% actual. “Se reían del pedo de buzo, pero ahora hay burbujas por todos lados”, defendió, siempre soez el mandatario, en alusión a la fuerte recuperación de la economía respecto de un año atrás, aunque los últimos indicadores de diversos sectores muestran que el repunte se enfrenta a incipientes bajas en relación al inicio de 2025.

AR/JJD

La compañía de telecomunicaciones Claro Argentina, filial de la mexicana América Móvil, objetó la compra de Telefónica de Argentina por parte de Telecom Argentina, confirmaron a EFE fuentes oficiales y de la empresa.

Claro Argentina hizo una presentación al respecto ante el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) de Argentina, confirmaron a EFE fuentes de ese organismo regulador.

El pasado 24 de febrero, Telecom Argentina compró la filial del grupo español Telefónica por 1.245 millones de dólares (1.153 millones de euros), una operación que está bajo evaluación del Enacom y de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que estudian la posible configuración de un monopolio en el sector.

Fuentes de Claro consultadas por EFE indicaron que la empresa pidió al Enacom deje sin efecto la ejecución de la compraventa hasta que el organismo regulador expida una autorización a la operación.

La filial de América Móvil, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim, alega que las operaciones de compraventa de empresas de telecomunicaciones deben contar con una autorización previa del organismo regulador.

La ley Argentina Digital, sobre tecnologías de la información y las comunicaciones y aprobada en 2014, establece en su artículo 13 que cualquier transferencia o cesión de licencias y toda modificación de las participaciones accionariales deberán ser autorizadas de forma previa por la autoridad de aplicación de la norma, “bajo pena de nulidad”.

Claro también solicitó al Enacom que los permisos de uso de espectro de bandas para comunicaciones móviles sean excluidos de la compraventa dado que Telecom Argentina “ya cuenta con el máximo de acumulación de espectro de estas bandas”.

Asimismo, Claro alega que la licencia de servicio telefónico básico que posee Telefónica Móviles Argentina “requiere de autorización previa para su transferencia de control”.

Si bien Telecom Argentina ya concretó el pago por la compra de la filial de Telefónica, la integración de ambas empresas ha sido suspendida de forma preventiva, en principio por seis meses, a partir de una resolución adoptada el pasado 25 de marzo por la Secretaría de Industria y Comercio de Argentina.

Telecom tiene como principales accionistas a Cablevisión Holding (empresa controlada por el grupo de medios Clarín) y al fondo Fintech Telecom (controlado por el empresario mexicano David Martínez).

Telefónica y Telecom dominan el mercado argentino de las telecomunicaciones desde que en 1989 el entonces Gobierno de Carlos Menem (1989-1999) privatizó la empresa estatal de telefonía y dividió en dos regiones al país para otorgar los servicios a estas dos empresas.

Según el Gobierno de Javier Milei, la participación resultante de la integración de las dos empresas implicaría una concentración del 61% en el mercado de telefonía móvil y del 69% en telefonía fija, mientras que en los servicios de internet residencial la concentración podría llegar al 80% en algunas zonas del país.

Claro compite en este mercado con servicios de telefonía móvil y de internet.

MM con información de la agencia EFE.

Telecom Argentina deberá esperar seis meses para avanzar en la fusión con la filial local del grupo español Telefónica, mientras el gobierno de Javier Milei avanza en la evaluación sobre la posible configuración de un monopolio en el sector.

Fuentes de Telecom confirmaron este martes a EFE que la empresa ya fue notificada formalmente de la decisión del Gobierno argentino de suspender en forma preventiva los efectos de la compra de Telefónica por parte de Telecom, concretada el pasado 24 de febrero.

La resolución ordena a Telecom abstenerse por el plazo de seis meses o hasta que las autoridades se expidan sobre si autorizan o no la operación -lo que suceda primero- de realizar cualquier tipo de acto jurídico, societario y/o comercial que implique directa o indirectamente la integración o consolidación con Telefónica Móviles Argentina.

La medida, adoptada el pasado viernes por la Secretaría de Industria y Comercio por recomendación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), incluye cualquier iniciativa que implique unificar o integrar los equipos que forman parte de las dos empresas así como cualquier intercambio de información “competitivamente sensible”, como precios y estrategias de precios, costes y márgenes, planes de negocios y estrategias comerciales y datos sobre clientes, proveedores y planes de inversión.

La resolución, comunicada el último viernes por la Oficina del Presidente y avalada por la CNDC explica que la fusión habría derivado en una participación de mercado del 61% en telefonía móvil, 69% en telefonía fija y hasta 80% en internet residencial en algunas regiones del país. La operación, valuada en US$1.245 millones, ya había sido cerrada por ambas compañías el 24 de febrero. También ordena a las empresas a respetar los convenios para el uso recíproco de infraestructura que hubieran firmado entre sí.

Para el Grupo Clarín, que controla Telecom Argentina, la fusión era una estrategia defensiva frente al ingreso de grandes jugadores globales como Starlink (Elon Musk), Amazon o América Móvil, y apuntaba a consolidar infraestructura y ampliar la cobertura ante una competencia creciente. Pero para el Gobierno, la fusión generaba un “riesgo de monopolio” que habilitó una inusual intervención del Estado en un sector donde Milei había prometido desregulación y “libertad de mercado”.

La decisión del Gobierno se dio, además, tras la denuncia de Telecentro ante la CNDC, donde alertó que la fusión viola la Ley de Defensa de la Competencia (27.442) y ubica al grupo fusionado con participaciones dominantes: 79% en telefonía fija, 61% en móvil, 48% en banda ancha y 42% en TV paga.

En tanto, para Martín Becerra, especialista en medios y telecomunicaciones, la operación convertía al grupo en un “gigante sin precedentes” del sector infocomunicacional. Según el Global Media and Internet Research Project, sumando los ingresos de Telecom y Telefónica, el conglomerado controlaría más del 55% de la facturación total del sector, que en 2023 superó los US$8.100 millones.

Concentración en el mercado

Telecom Argentina, que tiene como principales accionistas a Cablevisión Holding (empresa controlada por el grupo Clarín) y al fondo Fintech Telecom (controlado por el empresario mexicano David Martínez), compró a Telefónica su filial en Argentina por US$1.245 millones.

Telecom y Telefónica dominan el mercado argentino de las telecomunicaciones desde que en 1989 el entonces gobierno de Carlos Menem privatizó la empresa estatal de telefonía y dividió en dos regiones al país para otorgar los servicios a estas dos empresas.

Al suspender en forma preventiva los efectos de la adquisición, el Gobierno de Milei alegó que la fusión de ambas compañías incrementaría en forma significativa su participación en el mercado.

Según el Ejecutivo, la participación resultante de la operación implicaría una concentración del 61% en el mercado de telefonía móvil y del 69% en telefonía fija, mientras que en los servicios de internet residencial la concentración podría llegar al 80% en algunas zonas del país.

En una nota remitida este martes a la Bolsa de Buenos Aires, Telecom dijo que, aún desde antes del dictado de la suspensión, las dos empresas “se encuentran operando como sociedades y negocios independientes”.

En tanto, fuentes de Telefónica en Argentina consultadas por EFE señalaron que de momento la compañía no hará comentarios sobre la suspensión.

Evaluación en marcha

Más allá de esta medida preventiva, tanto la CNDC como el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), el regulador de las telecomunicaciones en Argentina, prosiguen con el proceso de evaluación de la operación y la posible configuración de un monopolio en uno o más segmentos del mercado.

El Gobierno puede autorizar la operación, condicionarla al cumplimiento de ciertas condiciones o denegar su autorización.

Fuentes oficiales indicaron este martes a EFE que, en el caso que se detecte una posición dominante, se puede “forzar a ceder o a vender activos a un precio ventajoso a sus competidores, sobre todo en telefonía móvil”.

Las acciones de Telecom Argentina retrocedían este martes un 3,8% en la Bolsa de Buenos Aires.

Con información de Natalia Kidd, para la agencia EFE.

IG

El gobierno de Javier Milei suspendió este viernes los efectos de la compra de Telefónica de Argentina por parte de Telecom. El argumento oficial es la prevención de una concentración excesiva en el mercado de las telecomunicaciones. Sin embargo, el trasfondo es más complejo: el conglomerado que controla Telecom es el Grupo Clarín, y la operación convertía a su filial en el actor dominante en los principales servicios del sector, en un contexto de creciente tensión entre Milei y la mayor corporación mediática del país.

La medida fue comunicada por la Oficina del Presidente y avalada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Según el comunicado, la fusión habría derivado en una participación de mercado del 61% en telefonía móvil, 69% en telefonía fija y hasta 80% en internet residencial en algunas regiones del país. La operación, valuada en US$1.245 millones, ya había sido cerrada por ambas compañías el 24 de febrero.

Para Clarín, la fusión era una estrategia defensiva frente al ingreso de grandes jugadores globales como Starlink (Elon Musk), Amazon o América Móvil, y apuntaba a consolidar infraestructura y ampliar la cobertura ante una competencia creciente. Pero para el Gobierno, la fusión generaba un “riesgo de monopolio” que habilitó una inusual intervención del Estado en un sector donde Milei había prometido desregulación y “libertad de mercado”.

Monopolio bajo sospecha

El conflicto no es nuevo. Desde hace meses, el Presidente viene mostrando hostilidad creciente hacia Clarín, con críticas explícitas a sus periodistas y medidas fiscales contra el sector. El caso de Telecom no es la excepción. A pesar de que el discurso libertario rechaza los controles estatales, esta vez Milei decidió marcarle el límite al holding de Héctor Magnetto, con quien la relación atraviesa su momento más tenso.

La decisión del Gobierno se da, además, tras la denuncia de Telecentro ante la CNDC, donde alertó que la fusión viola la Ley de Defensa de la Competencia (27.442) y ubica al grupo fusionado con participaciones dominantes: 79% en telefonía fija, 61% en móvil, 48% en banda ancha y 42% en TV paga.

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) también deberá intervenir. Paradójicamente, fue intervenido por decreto por el propio Milei con el fin de “desburocratizar y liberalizar el sector”. Hoy, esas herramientas de control que el gobierno concentró en el Ejecutivo son las mismas con las que pone freno a la mayor operación empresarial del año.

Desde el Gobierno destacan que la medida “resguarda los derechos de los usuarios y consumidores” y preserva la “libre concurrencia en el mercado”. Pero en la práctica, se trata de un bloqueo directo a una nueva consolidación del Grupo Clarín, que venía de lograr históricas fusiones durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Mauricio Macri: primero con Multicanal-Cablevisión, luego con Telecom-Cablevisión.

Para Martín Becerra, especialista en medios y telecomunicaciones, la operación convertía al grupo en un “gigante sin precedentes” del sector infocomunicacional. Según el Global Media and Internet Research Project, sumando los ingresos de Telecom y Telefónica, el conglomerado controlaría más del 55% de la facturación total del sector, que en 2023 superó los US$8.100 millones.

El contraste con la prédica libertaria de Milei es notorio. “El monopolio es malo si lo impone el Estado”, dijo en el pasado, defendiendo la concentración privada. Pero en este caso, la línea se cruza. Clarín es Clarín. Y Milei parece dispuesto a dar la batalla.

JJD

Telecentro presentó una denuncia formal ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) contra Telecom por la reciente adquisición de Telefónica Argentina, argumentando que la operación genera concentración económica y un monopolio ilegal.

Según la empresa, esta fusión le otorgaría a Telecom el control dominante en varios servicios de telecomunicaciones, afectando la competencia y perjudicando el interés económico general.

Los argumentos de Telecentro

Según estimaciones de Telecentro, la nueva estructura de mercado quedaría conformada de la siguiente manera:

Datos clave de la concentración resultante

El pedido de Telecentro a la CNDC

Telecentro solicitó que la CNDC investigue a fondo todos los detalles de la operación y determine si esta concentración vulnera las leyes de defensa de la competencia, impactando negativamente a los usuarios y limitando las opciones del mercado de telecomunicaciones en Argentina.

Con información de agencias.

IG

En medio de las advertencias del Gobierno sobre un posible riesgo de monopolio en telecomunicaciones, Telecom Argentina informó en las últimas horas que realizó ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) y el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) “las presentaciones de información requeridas en el proceso de adquisición de Telefónica Móviles Argentina, en cumplimiento de la normativa vigente”.

A través de un comunicado, la empresa del Grupo Clarín sostuvo que esta adquisición “refuerza su estrategia de inversión y crecimiento en el país, brindando una red más robusta, federal y homogénea, que permitirá mejorar la oferta de servicios de alta calidad y velocidad para clientes tanto residenciales como corporativos, favoreciendo el desarrollo de sectores clave de la economía”.

Asimismo, aseguran que la operación “se da en un contexto de consolidación global de la industria de telecomunicaciones, marcado por la irrupción de nuevas tecnologías y actores trasnacionales, el crecimiento exponencial de la demanda de capacidad de red y el uso intensivo de infraestructura por parte de grandes plataformas digitales”.

Telefónica Hispanoamérica anunció el pasado 24 de febrero la venta de su filial en Argentina a Telecom, en una operación valuada en US$1.245 millones. La empresa española justificó la decisión como parte de su estrategia de reducir exposición en la región y generar valor para sus accionistas.

La transacción, que se firmó y cerró en el mismo día, deja a Telecom con un dominio significativo del mercado de telecomunicaciones en nuestro país. Ante esta situación, el gobierno de Javier Milei emitió un comunicado advirtiendo que investigará la operación a través del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se pronunció horas después del anuncio formal sobre la adquisición de Telefónica Argentina por parte de Telecom, empresa controlada por el Grupo Clarín y afirmó que el Gobierno analizará si la operación genera una situación de monopolio.

“Es un acuerdo entre privados, entre Telefónica y Telecom. Sin embargo, el Gobierno, a través de los organismos correspondientes, evaluará si esto crea una posición dominante y tomará una decisión en consecuencia”, explicó Francos.

El funcionario destacó que la transacción aún se encuentra en fase de “exposición pública” y que el Ejecutivo será el encargado de determinar su aprobación o rechazo. “Estamos en la etapa de exposición pública, y ahora el Gobierno intervendrá según lo que le corresponda”, agregó.

La compra ha generado preocupación en el Gobierno, ya que el Grupo Clarín ya controla Personal y Flow, compañías líderes en telefonía móvil, internet y televisión. De aprobarse la fusión, la empresa pasaría a dominar más de dos tercios del mercado, lo que podría afectar la competencia.

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) serán los organismos responsables de evaluar el impacto de la operación y determinar si cumple con la normativa vigente o representa un riesgo para la libre competencia.

La preocupación en la Casa Rosada

Desde la Casa Rosada alertaron que la compra podría generar una concentración del 70% del mercado en manos de una sola empresa, lo que “iría en contra de la libre competencia” y atentaría contra la lucha del Gobierno por reducir la inflación. Además, el Ejecutivo remarcó que Telecom creció gracias a “décadas de beneficios estatales”, una línea de argumentación que Milei ha usado recurrentemente contra empresas que, a su juicio, se vieron favorecidas por el intervencionismo estatal.

La composición accionaria de Telecom es en un 40% del Grupo Clarín; otro 40%, de Fintech Telecom LLC, y el restante 20%, de acciones públicas en la Bolsa.

La reacción del oficialismo marca un giro en su postura de desregulación del mercado, al menos en este sector. Mientras Milei eliminó regulaciones en múltiples áreas, el comunicado sugiere que en telecomunicaciones el Ejecutivo está dispuesto a intervenir. No es un dato menor que la inflación del rubro comunicaciones cayó en enero a 2,3%, luego de un 15,6% en diciembre de 2023, según el propio Gobierno.

La venta de Telefónica marca el fin de una era para la empresa española, que había llegado al país con la privatización de Entel en los años ‘90. La firma mantendrá presencia en otros mercados de la región, pero Argentina deja de ser parte de su portafolio.

El desenlace de la operación dependerá ahora de la evaluación de los organismos de control, en un contexto en el que la administración de Milei busca equilibrar su prédica ultraliberal con la necesidad de evitar que una mayor concentración derive en aumentos de precios y menor competencia en un servicio esencial.

Comunicación oficial a la CNV

Telecom Argentina le comunicó la operación formalmente a la Comisión Nacional de Valores (CNV), confirmando la adquisición del 99,9996% de las acciones de Telefónica Móviles Argentina por US$1.245 millones. La empresa señala que esta operación le permitirá continuar con el desarrollo de la infraestructura digital en el país, potenciando la banda ancha fija y móvil, expandiendo la fibra óptica y acelerando el despliegue del 5G.  

Para financiar la compra, Telecom obtuvo dos préstamos por US$1.170 millones: uno sindicado otorgado por BBVA, Deutsche Bank y Banco Santander, y otro bilateral del Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) en Argentina. La operación será revisada por las autoridades regulatorias, en línea con la advertencia del Gobierno sobre la posible conformación de un monopolio en el sector.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se pronunció este lunes sobre la adquisición de Telefónica Argentina por parte de Telecom, empresa controlada por el Grupo Clarín. Según afirmó, el Gobierno analizará si la operación genera una situación de monopolio.

“Es un acuerdo entre privados, entre Telefónica y Telecom. Sin embargo, el Gobierno, a través de los organismos correspondientes, evaluará si esto crea una posición dominante y tomará una decisión en consecuencia”, explicó Francos en una entrevista con A24.

El funcionario destacó que la transacción aún se encuentra en fase de “exposición pública” y que el Ejecutivo será el encargado de determinar su aprobación o rechazo. “Estamos en la etapa de exposición pública, y ahora el Gobierno intervendrá según lo que le corresponda”, agregó.

La compra ha generado preocupación en el Gobierno, ya que el Grupo Clarín ya controla Personal y Flow, compañías líderes en telefonía móvil, internet y televisión. De aprobarse la fusión, la empresa pasaría a dominar más de dos tercios del mercado, lo que podría afectar la competencia.

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) serán los organismos responsables de evaluar el impacto de la operación y determinar si cumple con la normativa vigente o representa un riesgo para la libre competencia.

MM con información de la agencia NA.

Con la compra de Telefónica de Argentina por parte de Telecom, controlada por los accionistas del Grupo Clarín, emerge un gigante sin precedentes en el sector infocomunicacional. Si bien hace meses había fuego cruzado entre el entorno de Javier Milei y el conglomerado de Héctor Magnetto, el hecho consumado sacudió a la Casa Rosada, que reaccionó en caliente con un comunicado que denuncia que la operación podría dejar “el 70% de los servicios de telecomunicaciones en un solo grupo económico, lo que generaría un monopolio”, que el Gobierno alega que quiere evitar. En este caso parece que el mercado no se regula solo.

Desde Madrid, Telefónica dio por cerrada la operación en US$1.245 millones: “La firma y cierre de la transacción ha tenido lugar simultáneamente en el día de hoy”, sentenció. La sucursal argentina integra Telefónica Hispanoamérica, división que la casa matriz intenta vender desde hace años para afrontar el pasivo del grupo y focalizar sus inversiones en activos más redituables.

Sería ilógico que Telecom haya avanzado con el pago por Telefónica sin garantías de validación oficial. Pero, en una nueva jornada de frenética actividad en X, el presidente Milei amplificó críticas a esta concentración y anunció una evaluación rigurosa por parte de dos oficinas estatales que deben intervenir: el ente de las comunicaciones ENaCom y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). Para Clarín y Telefónica el asunto está concluido; para Milei, no.

Lo irónico es que Milei decretó una mayor relajación de las normas que autorizaban a controlar la distorsión del sector de las telecomunicaciones cuando se detecta que la concentración excesiva produce “poder significativo de mercado”. De todas formas, aún recortadas en sus objetivos, tanto la Ley 27.078 de Telecomunicaciones y TIC -sancionada en 2014 por el Congreso-, como la de Defensa de la Competencia, habilitan la injerencia de organismos estatales hoy dirigidos por delegados del Presidente.

La venta de Telefónica involucra los mercados de comunicaciones móviles, conectividad a Internet, telefonía fija y tv de pago. En total, esos sectores facturaron más de US$8.100 millones en 2023. Sumadas, Telecom y Telefónica controlan más del 55% de esos ingresos. Su principal competidor es Claro (América Móvil), que opera fundamentalmente en el segmento móvil, del que es líder en usuarios y en ventas. Sus servicios fijos de conectividad y tv paga, aunque en franca expansión, por ahora no le hacen sombra a la concentración de fuerzas de Telecom y Telefónica.

Tomando en cuenta el ejercicio de 2023 (los balances 2024 aún no están disponibles), la participación conjunta de Telecom y Telefónica oscila entre el 40% y el 80% de los mercados de telecomunicaciones y TIC en el país. Los datos reunidos por el equipo argentino del Global Media and Internet Research Project muestran que, a nivel nacional, Telecom y Telefónica superan el 60% de lo que recaudan las comunicaciones móviles, el 45,3% de la conectividad fija a Internet, el 79% del servicio básico de telefonía y el 41% de la tv de pago (donde Telefónica, a través de Movistar, cuenta con una participación de sólo el 4%). Por supuesto, hay provincias donde la incidencia de ambas compañías es mayor y hay casos donde puede hablarse, sin eufemismos, de monopolio.

A su vez, la adquisición de Telefónica de Argentina comprende recursos estratégicos, como las bandas de espectro asignadas para servicios móviles, una extensa red de infraestructura física, personal y hasta posesiones inmobiliarias. Fuentes cercanas a Claro, de Carlos Slim, insistían en que la capacidad operativa de su empresa quedará dañada, al tener atribución sobre una porción menor del espectro asignado a móviles, mientras que la suma de Telecom y Telefónica excede con creces los límites establecidos por la regulación vigente. Slim también estaba interesado en comprar Telefónica de Argentina y fue uno de los financiadores de la campaña electoral de Milei.

Los accionistas del Grupo Clarín acreditan una dilatada experiencia en materia de concentraciones, ya que han protagonizado los tres principales movimientos de consolidación del mercado infocomunicacional en este siglo con gobiernos de distinto signo. En 2007 lograron que el expresidente Néstor Kirchner autorice la fusión entre Multicanal y Cablevisión, del fondo Fintech propiedad de David Martínez, desde entonces socio minoritario de Magnetto. Eran tiempos de romance entre el kirchnerismo y el grupo, antes de la asunción de Cristina Fernández, en cuyos gobiernos se desataría un enfrentamiento todavía activo. Diez años más tarde de aquella fusión, Mauricio Macri facilitó la unión de Cablevisión con Telecom (cuyo control ejercía, curiosamente, Martínez), nuevamente en beneficio del Grupo Clarín.

Cada una de esas concentraciones fue, en su momento, la mayor de la historia argentina del sector. Hoy, con la obtención de Telefónica, revalidan su título de “campeones nacionales” capaces de aventajar en el modesto mercado local a potentes competidores de despliegue hemisférico, como lo fue en su momento Telefónica y como lo es América Móvil. Por supuesto, la expansión de Clarín no hubiese sido posible sin haber conquistado, previamente, el predominio de los medios de comunicación.

La concentración de poder de Clarín molesta a Milei. Aunque defiende a los monopolios privados en sus viajes internacionales a foros de la ultraderecha (“el monopolio es malo cuando es un monopolio impuesto por el Estado, no cuando hay un solo oferente. Cuando hay un solo oferente, de hecho, lo dice el propio Mises: enójense con el resto de los empresarios que no están ofreciendo el producto, no con el único que está ofreciéndolo”, dijo en julio pasado en la República Checa), desde hace meses que muestra fastidio con Clarín.

En octubre, el vocero presidencial, Manuel Adorni, denunció que una auditoría del ENaCom (intervenido por Milei) detectó serias fallas en el cobro de aportes al Fondo de Servicio Universal (FSU) por parte de Telecom y Telefónica, mientras que anunciaba una licitación 5G con la idea de “desconcentrar” el mercado, donde sugirió que las principales operadoras tenían conductas anticompetitivas. También dijo que iban a eliminar la exención del IVA a empresas periodísticas. En simultáneo, Milei aprovechaba una de las amenas charlas con animadores del propio Grupo Clarín en TN para descargar su cólera contra Marcelo Bonelli, quien es la voz editorial en temas económicos de Magnetto.

Política y negocios vuelven a cruzarse en una nueva jugada osada del Grupo Clarín, que provoca a un presidente que parece excitado ante el desafío de bloquearla. Los titanes están en el ring.

Fuentes del Grupo Clarín, propietario de Telecom Argentina, que este lunes anunció la compra de Telefónica Argentina, dijeron a elDiarioAR que la operación servirá para que la empresa “pueda recuperar infraestructura, posicionamiento, tecnología y ser competitiva”; indicaron que Telecom y Telefónica en nuestro país “son complementarias en áreas geográficas, con lo cual en muchos casos ni va a cambiar el market share (la participación del mercado)”, y resaltaron que el conglomerado de medios, de esta manera, se “prepara para competir con los grandes que están desembarcando, o sea Elon Musk, que tiene pisada en toda la Argentina, y en realidad en todo el mundo, además de Amazon y DirecTV”.

“[La operación] tiene mucha racionalidad”, resaltaron, en diálogo con este medio. 

“De hecho, si uno observa el valor de capitalización de las dos compañías, esto se puede apreciar fácilmente: el de Telecom alcanza los US$7.300 millones y el de Telefónica es de alrededor de US$1.000 millones. Cuando uno mira algunos de los competidores que se mantienen o acaban de ingresar al mercado argentino, esos valores de capitalización son elecuentes: AMX, la dueña de Claro, alcanza los US$87.000 millones. Y Starlink, la promocionada oficialmente prestadora de servicios de banda ancha y comunicaciones móviles de Elon Musk, alcanza los US$350.000 millones”, remarcaron.

Telefónica de Argentina Sociedad Anónima (TASA), indicaron, “desde hace cinco años que está en venta y su casa matriz, con vocación de salir de la Argentina”. “Como expuso la semana pasada la publicación especializada regional DPL News, los 'planes de abandono de Telefónica de América Latina exponen la difícil sostenibilidad del sector'”.

En la Argentina, señaron las fuentes de Telecom a elDiarioAR, “ya hubo dos antecedentes de adquisiciones y fusiones en este sector que fueron parecidas y terminaron mejorando la infraestructura y los servicios”.

En relación con el comunicado del gobierno de Javier Milei, señalaron que “esta adquisición se va a presentar a los organismos reguladores, como indica la normativa” y que “lo que se busca es un proceso de capitalización, inversión y modernización de la compañía”.

Remarcaron que “el Gobierno se ha manifestado reiteradamente a favor del ingreso de operadores extranjeros de telecomunicaciones y también de la necesidad de inversión privada en infraestructura, por lo que una inversión directa de US$1300 millones, más inversiones anuales de cientos de millones en la misma moneda, para tener las redes de conectividad más modernas de la región, en beneficio de usuarios y empresas, sin duda es algo favorable”.

“Gran parte de la estrategia oficial es la atracción de compañías tecnológicas, de IA y de software para que inviertan en el país. Esta operación generará una externalidad positiva para el país sin gastar fondos públicos”, vaticinaron.

JJD

Telefónica Hispanoamérica anunció la venta de su filial en Argentina a Telecom, del Grupo Clarín, en una operación valuada en US$1.245 millones. La empresa española justificó la decisión como parte de su estrategia de reducir exposición en la región y generar valor para sus accionistas.

La transacción, que se firmó y cerró en el mismo día, deja a Telecom con un dominio significativo del mercado de telecomunicaciones en nuestro país. Ante esta situación, el gobierno de Javier Milei emitió un comunicado advirtiendo que investigará la operación a través del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).

Desde la Casa Rosada alertaron que la compra podría generar una concentración del 70% del mercado en manos de una sola empresa, lo que “iría en contra de la libre competencia” y atentaría contra la lucha del Gobierno por reducir la inflación. Además, el Ejecutivo remarcó que Telecom creció gracias a “décadas de beneficios estatales”, una línea de argumentación que Milei ha usado recurrentemente contra empresas que, a su juicio, se vieron favorecidas por el intervencionismo estatal.

La composición accionaria de Telecom es en un 40% del Grupo Clarín; otro 40%, de Fintech Telecom LLC, y el restante 20%, de acciones públicas en la Bolsa.

La reacción del oficialismo marca un giro en su postura de desregulación del mercado, al menos en este sector. Mientras Milei eliminó regulaciones en múltiples áreas, el comunicado sugiere que en telecomunicaciones el Ejecutivo está dispuesto a intervenir. No es un dato menor que la inflación del rubro comunicaciones cayó en enero a 2,3%, luego de un 15,6% en diciembre de 2023, según el propio Gobierno.

La venta de Telefónica marca el fin de una era para la empresa española, que había llegado al país con la privatización de Entel en los años ‘90. La firma mantendrá presencia en otros mercados de la región, pero Argentina deja de ser parte de su portafolio.

El desenlace de la operación dependerá ahora de la evaluación de los organismos de control, en un contexto en el que la administración de Milei busca equilibrar su prédica ultraliberal con la necesidad de evitar que una mayor concentración derive en aumentos de precios y menor competencia en un servicio esencial.

Comunicación oficial a la CNV

Telecom Argentina le comunicó la operación formalmente a la Comisión Nacional de Valores (CNV), confirmando la adquisición del 99,9996% de las acciones de Telefónica Móviles Argentina por US$1.245 millones. La empresa señala que esta operación le permitirá continuar con el desarrollo de la infraestructura digital en el país, potenciando la banda ancha fija y móvil, expandiendo la fibra óptica y acelerando el despliegue del 5G.  

Para financiar la compra, Telecom obtuvo dos préstamos por US$1.170 millones: uno sindicado otorgado por BBVA, Deutsche Bank y Banco Santander, y otro bilateral del Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) en Argentina. La operación será revisada por las autoridades regulatorias, en línea con la advertencia del Gobierno sobre la posible conformación de un monopolio en el sector.

JJD

Marcelo Tarakdjian, presidente de la filial argentina de la española Telefónica Movistar, expuso este jueves en el coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) sobre formación e inclusión. Después de su presentación, conversó en el hotel Sheraton de Mar del Plata con elDiarioAR, aunque prefirió evitar entrar en detalles sobre la actividad de su empresa en particular.

–¿Cuáles son las propuestas concretas para crear empleo?

–Trabajamos sobre tres propuestas concretas. Una tiene que ver con generar inclusión digital y esto es a partir de enriquecer una propuesta que habíamos hecho en IDEA el año pasado.

–¿Cuál es?

–Hay algunas experiencias de otros países. Se trajo acá una experiencia muy integral que es la de India, pero también hay otras en Sudamérica, donde generás una base única de beneficiarios sociales. Eso es lo que te permite tener mejor identificado los beneficiarios sociales, poder aplicar estrategias más segmentadas de beneficios individuales y también integrar al núcleo familiar. Al no tener una base única, capaz no tenés la realidad de toda la familia integrada. A partir de una base única y sistematizada, te permite tener acciones mucho más eficientes, pero más eficaces también y más inclusivas y que integren toda la realidad del núcleo familiar del beneficiario.

–¿La segunda propuesta?

–Entendemos que hay una serie de condicionalidades que se le pueden incluir a los planes de empleabilidad, que a lo largo de varias décadas fueron cambiando de nombre, de diseño y nunca terminaron de encontrar ese objetivo que buscaban. Y tiene que ver con la segmentación. No es lo mismo un plan de empleo para un segmento de 18 a 30 años que para una persona mayor de 55 que estuvo toda su vida con un empleo informal. Entendemos que la condicionalidad educativa es fundamental para formar mientras esa persona está en un plan de empleo para poder insertarlo nuevamente en un trabajo formal.

–¿Y la tercera?

–Tiene que ver con la terminalidad educativa. Hay un ratio de que solo el 13% termina en tiempo y forma en la escolaridad secundaria. Más de la mitad de los que ingresan a la secundaria no lo terminan. Y es clave para que la gente sea empleable el día de mañana. Porque la verdadera movilidad social se da con empleo en el corto plazo y con educación en el mediano y largo plazo.

–¿Qué es lo que falta para que el conjunto de las empresas empiece a tomar más empleo?

–Claramente todavía una condición necesaria es el crecimiento. El crecimiento trae empleo. Aparte hay que dotar de todo un ambiente para que cuando se genere ese crecimiento la gente pueda tomar esa empleabilidad y que lo que crezca sea el empleo formal y no el empleo informal, que es lo que vino pasando en las últimas en las últimas décadas.

–¿Es necesario algún cambio más, además de la reforma laboral que se ya se hizo con la ley Bases?

–La ley Bases fue un buen puntapié. Todavía quedan algunos temas relacionados a los intereses de los juicios laborales.

–Además del empleo, todavía falta que se recupere el salario en el sector privado, ¿de qué depende?

–Muchas veces se dice que la inflación termina siendo una causa de empobrecimiento y de caída de los salarios reales. Porque el salario va ajustando a posterior de que se genera la inflación. Lo que debería pasar es que a partir de la reducción de la de la inflación, los salarios puedan ir recuperando.

–¿Cómo ve la situación económica y política en general de Argentina?

–Hay algunas situaciones macro que se van corrigiendo. El tema del equilibrio fiscal claramente es una de ellas. La reducción de la inflación también es otra novedad de la macro positiva. La no emisión monetaria también. Las vemos como condiciones necesarias. La expectativa está en que a partir de ese anclaje se produzca el tan esperado crecimiento en la economía, en la microeconomía, que las inversiones lleguen y permitan generar ese crecimiento.

–¿Y de qué depende ese crecimiento?

–De inversiones, de reglas claras en las condiciones para las inversiones. De que la disminución de esa inflación permita mayor crédito y a partir del mayor crédito se traduzca en mayor crecimiento económico.

–¿Y para una empresa multinacional como Telefónica la liberación del cepo es importante?

–La liberación del cepo trae previsibilidad y certidumbre. Va más allá de que sea una empresa multinacional o local. Lo que trae es una solución al tema cambiario. La previsibilidad es una de las condiciones clave que cualquier inversor necesita para poder ampliar su nivel de inversión en el país.

–¿Por qué la telefonía e Internet son de los rubros que más aumentaron los precios en 2024, mucho más que la inflación, siendo que el sector ya había quedado desregulado por la Justicia en 2021?

–Lo primero que hay que hacer es una mirada más larga. Si incluís un período mucho más largo, ves que los precios de los servicios de telecomunicaciones crecieron por debajo de la inflación, por debajo de la evolución del dólar, en línea con lo que fue la evolución del Ripte (Remuración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables).

–¿Pero por qué este año recuperaron más los precios del sector que antes?

–No recuperaron más, lo que hicieron fue adaptarse a los niveles de inflación de los meses anteriores.

AR

Telefónica España se sumó finalmente a la jornada de cuatro días. La compañía ha acordado con los sindicatos ampliar el proyecto piloto que inició el otoño pasado al resto de la plantilla, según ha adelantado el diario El País y han confirmado a este medio fuentes conocedoras del proceso. Si bien, esta jornada de cuatro días y 32 horas semanales conllevará una reducción de salario para los trabajadores que decidan apuntarse. La empresa de telecomunicaciones bonificará una parte de ese recorte, el 20%.

La teleco española inició el pasado octubre un plan piloto sobre la jornada de cuatro días con 150 empleados para poder analizar los resultados de esta estrategia de flexibilización de la jornada, junto con otras políticas como el teletrabajo. El acuerdo que se alcanzó entonces con aquel programa piloto incorporaba el compromiso de revisión en junio de este año. Las conclusiones favorables que se han obtenido durante estos meses han llevado a ampliar al resto de los empleados. Se estima que un total de 18.000 trabajadores podrían apuntarse a esta jornada, que en cualquier caso corresponde a una decisión voluntaria del trabajador. Se espera que se informe oficialmente a la plantilla de esta alternativa en los próximos días

Ahora se abre un periodo hasta el 15 de julio para que los trabajadores interesados en apuntarse a esta modalidad de trabajo se lo comuniquen a la empresa. Tras ello, comenzarán con esta nueva jornada a partir de la vuelta del verano. Según informan las citadas fuentes, se realizará una revisión anual del funcionamiento de este programa y sobre su futuro. Con la modificación, los trabajadores tendrían una jornada de 32 horas semanales, en lugar de las 37,5 horas actuales.

Con esta decisión, la filial española de Telefónica se adentra en la jornada de cuatro días, un debate que ha ganado protagonismo en los últimos meses en España. Si bien, partidos como Más País o sindicatos habían planteado que esta reducción de jornada se hiciera sin rebaja de salario. En los Presupuestos Generales de este año se incluyó una partida para un programa piloto con empresas que redujeran las jornadas de sus empleados sin que ello supusiera una rebaja en la remuneración.

Telefónica ha optado por una medida alternativa, ya que rebaja el salario aunque bonifica una parte de esa rebaja. Es la mayor empresa en España que ha optado por esta vía, aunque no la única. El pasado otoño la firma de moda Desigual propuso a sus trabajadores una jornada de cuatro días que conllevaba una rebaja salarial. Esta decisión, aprobada por el 86% de la plantilla, afectaba a las oficinas centrales de la firma, aunque en este caso de manera obligatoria, al contrario que Telefónica. En el caso de Desigual se trata de una reducción de 39,5 horas semanales a 34,5, pero con una rebaja salarial asociada del 6,5% del sueldo.

DL

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) autorizó este lunes un alza de la tarifa de telefonía, Internet y TV paga del 9,5% el mes próximo y de otro 9,5% en julio, lo que significa un 19% acumulado. Se suma al 9,8% que había autorizado para las pymes, incluidas las cooperativas, con menos de 100.000 abonados en enero, por lo que ellas totalizarán a julio un 31,6%. Pero las grandes empresas del sector, amparadas por fallos judiciales, desconocen la facultad del Estado de regular las tarifas, que había sido establecida por un decreto de necesidad y urgencia (DNU) en 2020, y por eso remarcan según sus propios criterios.

Por ejemplo, la española Telefónica Movistar aplicó un 16% en febrero y anunció otro 12,6% para mayo, con lo que acumulará un 30,6% en los primeros cinco meses del año, más que el 9,5% aprobado para las grandes o del 20,2% que regirá acumulado para las pymes. Telecom Personal (propiedad de los dueños del Grupo Clarín) aumentó 25% en lo que va del año, mientras que la mexicana Claro apostó por ahora por mantener los precios sin cambios. Pero en 2021, Claro los subió 45%; Personal, 49% y Movistar, 44%, por encima del 21% que el Gobierno había autorizado o del 43% que les había aprobado a las pymes. También Telecentro, de Alberto Pierri, y DirecTV, ahora en manos de los Werthein, remarcaron por encima de lo permitido, amparados también en sentencias.

El DNU 690/2020 reguló el sector, pero fallos de primera y segunda instancia pusieron en tela de juicio la facultad del Gobierno de fijar tarifas. Ahora se espera que la Corte Suprema se expida para determinar quién tiene razón: si las empresas o el Gobierno, en cuyo caso las compañías deberían devolver lo cobrado en exceso a los usuarios. Por ahora, no se ha cristalizado el intento de acordar una solución por fuera de los tribunales. Mientras, las pymes se atienen al DNU en parte porque dependen del Estado para que les subvencione el mejoramiento de su infraestructura y porque rivalizan con las grandes por el precio mayorista que les cobran para usar sus redes.

En el primer trimestre de 2022, el rubro comunicaciones se encareció 12,8%, menos que la inflación (16,1%), según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En 2021, subió 35,8%, por debajo del 50,9% de los precios en general. Los valores son clave para un sector que necesita de inversiones para mantener y mejorar el servicio, pero que a la vez deben ser accesibles para permitir el acceso de la población a la conectividad requerida para el trabajo y la educación en el mundo actual.

AR

Alberto Fernández no fue el primer presidente en visitar las instalaciones del gigante tecnológico Huawei en Beijing. Antes que él, ya lo había hecho Mauricio Macri en 2016, durante una recorrida en la que estuvo acompañado por su primer ministro de Economía Alfonso Prat Gay y su secretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo. También Cristina Fernández de Kirchner fue invitada durante su último viaje en 2015 pero la entonces presidenta -que ya había tenido varios contactos con las autoridades máximas de la empresa- decidió enviar a su ex ministro de Economía Axel Kicillof en su lugar. La compañía de capitales chinos tiene la costumbre de invitar a cada uno de los mandatarios argentinos que viaja a su país. Sin embargo, Fernández lo hizo en un momento especial, cuando el gobierno nacional se apresta a lanzar la licitación para el espectro del 5G y la disputa geopolítica entre China y Estados Unidos vuelve a calentar motores. 

Huawei es líder en un rubro en el que no tiene competencia de gigantes de origen norteamericano. Sólo los finlandeses de Nokia y los suecos de Ericsson están en capacidad de disputarle el podio. Mientras la firma que recibe acusaciones de demócratas y republicanos por igual corre con ventaja, las grandes operadoras que actúan en Argentina -Telecom, Telefónica y Claro- están pendientes de la decisión que hoy se amasa entre la jefatura de Gabinete, el Enacom y la secretaría de Innovación Pública. 

Escoltado por la mayor parte de la comitiva que lo acompañó, incluidos Kicillof y la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras, el presidente argentino recorrió el Centro Tecnológico de la firma en Beijing. Se reunió de manera presencial con el CEO de Argentina, Steven Chen Shiqing, y con el director regional de la empresa. Pero además tuvo un largo contacto por videoconferencia con el presidente y fundador del emporio, Ren Zhengfei, del que poco trascendió. El magnate chino estaba acompañado por su actual esposa, Su Wei, que hoy también oficia como ceo de la empresa. Según pudo saber elDiarioAR de fuentes del gobierno nacional, Fernández le pidió a Zhengfei que la incorporara a la conversación. Huawei, por su parte, se dedicó a mostrarle sus avances a la misión argentina: data centers, inteligencia artificial, energías alternativas y la potencialidad del 5G en otros lugares del mundo: realidad aumentada, realidad virtual y coches inteligentes que tienen en su interior equipamiento electrónico de los chinos.

Debilidad por Argentina

Quienes lo trataron en alguno de sus viajes al país sostienen que Zhengfei, el ingeniero de 77 años que hoy conduce la compañía número 1 a nivel global en el desarrollo de 5G, tiene una debilidad por Argentina. Vino en más de una oportunidad y estuvo en Casa Rosada por lo menos dos veces: en 2013 con CFK y en 2017 con Macri. Sin embargo, la última de sus excursiones, a finales de 2018, no terminó bien. Había desembarcado en Bariloche para participar de una reunión anual de la empresa y se enteró de la noticia que marcó un viraje radical en su vida y en el de su compañía: la detención de su hija Meng Wanzhou en Canadá acusada de fraude bancario en medio de una batalla política y diplomática a escala global.

Directora financiera de la compañía y con el cargo de vicepresidenta, Meng estaba por esas horas a punto de viajar a la Argentina. Con su detención, la frágil tregua que Donald Trump y Xi Jinping pretendieron actuar en Buenos Aires durante la cumbre del G20 organizada por Macri se esfumó en cuestión de segundos. 

Ex soldado del Ejército de Liberación Nacional reconvertido en líder de una firma global, Zhengfei se vio obligado a hacer un viraje fenomenal y abandonar el perfil bajo para salir a defender sus intereses. Conocido por haber dado apenas dos entrevistas a lo largo de tres décadas, decidió dar 1.500 en los últimos dos años. Aunque la exposición política no le sirve, dicen quienes entienden su juego, menos le rinde hacer silencio ante las acusaciones de Estados Unidos. 

Huawei está instalada en Argentina desde 2001, tiene alrededor de 500 empleados y es líder absoluto en la carrera global por el 5G. Cuenta con el mayor número de patentes aprobadas y es proveedora de infraestructura y hardware de la mayor parte de las empresas del sector instaladas en Argentina. Su director de Relaciones Institucionales es Juan Bonora.

Magnetto habla en mandarin

Según admiten en el Gobierno, Enacom apuesta a lanzar este año la licitación de las frecuencias para el 5G. Aunque los optimistas hablan de un plazo de seis meses, los escépticos dicen que todo depende del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y del rumbo de la economía. Nada es inminente. En diciembre pasado, Enacom, Jefatura de Gabinete y la secretaría de Innovación definieron cuáles son las bandas y diseñaron un reglamento, pero antes de licitar deben liberar las bandas que hoy están ocupadas y no tienen un uso específico. En un plazo todavía de lo más incierto, las empresas e instituciones que las utilizan en la actualidad deberán migrar hacia otras frecuencias. Después, el titular del Enacom, Claudio Ambrosini, tiene que establecer un valor para las frecuencias de acuerdo a los precios internacionales y a un modelo de negocios, que puede seguir los criterios de Chile o de Brasil, dos de los países que licitaron el 5G el año pasado en base a distintos objetivos: en el primero de los casos, sin grandes obligaciones de despliegue y con el propósito de recaudar en dólares lo máximo posible por el espectro; en el segundo, con un costo más bajo por la frecuencia y la condición de fijar mayores obligaciones de despliegue para los operadores. 

Recién entonces, las telcos que dominan el mercado local entrarán a la licitación para comprar frecuencias y deberán decidir a quién comprarle los equipos en función de la experiencia, los servicios y los precios de los proveedores como Huawei. La compañía que visitó Fernández hace dos semanas creció en parte gracias a una campaña agresiva de precios baratos pero en los últimos tiempos, confiada por su preeminencia en la carrera tecnológica, decidió ir elevando la cotización de sus diseños: tecnologías inalámbricas móviles, radioenlaces, centrales. Lleva dos décadas de relación con las firmas del sector: empezó vendiendo equipos de redes y en 2014 se asoció con Telecom y Telefónica para entrar en la carrera del 4G. 

Los dos grandes jugadores que nacieron de las privatizaciones de los años noventa tienen tecnología Huawei. Nadie, sin embargo, cuenta con el nivel de afinidad que tiene el holding que domina Héctor Magnetto en asociación con el mexicano David Martínez. Obligado y en función de sus propios intereses, el Grupo Clarín no puede, al menos en este punto, acompañar la cruzada de sinofobia en la que están empeñados los tanques de la comunicación con los que suele coincidir en asuntos domésticos. Al contrario. 

Aunque eligieron como principal proveedor a los suecos de Ericsson, los españoles de Telefónica también tienen equipamiento de los chinos. Tanto que en la visita de Fernández los directivos de Huawei mostraron imágenes de la radiobase que instaló Telefónica en el Aconcagua, con tecnología de la casa. A la inversa, Telecom contrató a Nokia en el noreste del país. Claro es el único que no le compra a Huawei en Argentina porque America Mobile definió que en el sur de Latinoamérica trabaja con Nokia. En el norte, lo hace con Ericsson y en el centro del continente, desde Brasil a Colombia, lo hace con Huawei.

La pelea global y el Presidente

Fernández todavía no había asumido la presidencia cuando se topó por primera vez con el disgusto de Estados Unidos con respecto a Huawei. En noviembre de 2019, el presidente electo viajó a México y se reunió con el entonces encargado de asuntos del Hemisferio Occidental Maurice Claver Carone, el viejo halcón republicano Elliot Abrams y el empresario argentino Gustavo Cinosi, actual asesor de Luis Almagro en la OEA. En plena tensión entre Trump y China, el secretario de Estado republicano Mike Pompeo denunciaba las “prácticas depredadoras” de Beijing. 

Uno de los enviados de Trump le pidió a Fernández que no permita que Huawei se apodere del mercado del 5G en la Argentina. La respuesta del futuro presidente, según dicen, fue algo irónica. “Ok ¿y qué empresa de Estados Unidos puede encargarse del tema?”, preguntó. La tecnología 5G es uno de los aspectos más desiguales de la carrera entre las dos superpotencias. En la industria sostienen que la quinta generación de telefonía móvil no fue un invento de China sino una estandarización global única en la que participaron países, fabricantes del mundo y los más grande operadores a nivel mundial. 

Sin embargo, Estados Unidos no cuenta con un fabricante de este tipo de tecnología, viene muy retrasado con respecto al desarrollo de equipos de Huawei y suele contratar a Nokia y a Ericsson como proveedores. Los defensores de la compañía china -los hay en el Gobierno y también en la calle Tacuarí- coinciden en que esa es la razón principal por la que se instaló el debate sobre el 5G. Nada de eso había sucedido, afirman, cuando se patentaron el 3G y el 4G. 

Con roles invertidos, los habituales defensores del libre mercado le piden al Estado que intervenga y los chinos profesan la libre competencia. Fuentes de la industria le dijeron a elDiarioAR que la estrategia de Huawei es esperar a que el Gobierno licite las frecuencias para imponer su peso en la carrera de mercado. En la compañía de capitales chinos solo esperan que el Presidente no haga caso a las tempranas e insistentes recomendaciones de Estados Unidos en la materia. Los detractores de la firma denunciada por Washington sostienen que, si el gobierno no pone objeciones de ningún tipo, “está jugando para Huawei”. Al contrario, quienes suelen contratar sus servicios afirman que lo irregular sería que el Estado le impida competir a la empresa del magnate Zhengfei o dicte una norma que bloquee su ingreso al mercado. Falta poco para saber quién tiene razón.

DG

La Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo Federal falló a favor de la empresa Telefónica —que opera comercialmente bajo la marca Movistar— y le otorgó una medida cautelar que la exime de cumplir con el decreto 690/20, que declaró servicio público a las telecomunicaciones y estableció que el Gobierno nacional es quien regula las tarifas del sector.  

El pedido de la empresa había sido rechazado en primera instancia por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5. Con este fallo de segunda instancia Telefónica se suma a la lista de compañías que disponen de herramientas legales para no respetar las subas de precios determinadas por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y ejecutar los aumentos que consideran necesarios en sus facturas.

Ya se encontraban al margen del decreto 690, publicado en agosto de 2020, los alrededor de 500 operadores integrados en la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) —dentro de la que Telefónica se daba por incluida—, Telecom, Telecentro y DirectTV. Entre los grandes jugadores del sector, Claro es el único que todavía no tiene una cautelar con su propio nombre. 

Los jueces determinaron que la disposición oficial afecta la “libre competencia” al modificar las condiciones bajo las cuales los servicios fueron originalmente regulados, autorizados y habilitados. Asimismo, consideraron que no puede dejarse de lado el “efecto adverso” que podría provocarle a la empresa la imposición de un régimen tarifario en el marco de la actual coyuntura económica, financiera y cambiaria del país, “caracterizada, entre otros factores, por una alta inflación y un deterioro de la valuación del peso frente a las monedas extranjeras”.

De acuerdo con el fallo —en el que votaron a favor los jueces Liliana María Heiland y Rodolfo Eduardo Facio y en disidencia, Clara María do Pico— la compañía quedará fuera del alcance de la norma por el plazo de seis meses o hasta el dictado de la sentencia definitiva.

Desde la entrada en vigencia del decreto hasta julio pasado el Enacom autorizó aumentos de entre el 15% y 20%, dependiendo el servicio, mientras que las empresas informaron a sus clientes subas que en el acumulado se acercan al 50% en 2021, en línea con la inflación interanual. 

DT

El pasado lunes, el director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Juan González, mencionó nueve veces a la empresa de tecnología de telecomunicaciones china Huawei en la conferencia de prensa para explicar el reciente viaje de su jefe, Jake Sullivan, a la Argentina y Brasil. No sólo el anterior presidente norteamericano, Donald Trump, estuvo obsesionado con sancionar a Huawei con el argumento de que ponía en juego la seguridad de su país. También lo está su sucesor, Joe Biden. Ahora está en juego el negocio del futuro de la telefonía celular, la Internet de las cosas (interconexión digital de los objetos cotidianos, como la programación a distancia del lavarropas, por ejemplo) y las ciudades inteligentes (que usan tecnología para resolver cuestiones urbanas): la tecnología 5G, o de quinta generación.

La prensa brasileña le preguntó a González por el diálogo con su presidente, Jair Bolsonaro: “Hablamos sobre 5G y seguimos teniendo preocupaciones sobre el papel potencial de Huawei en la infraestructura de telecomunicaciones de Brasil. Tanto Brasil como la Argentina están preparándose para realizar importantes inversiones en su infraestructura digital. Todo el mundo habla de 5G, pero no sólo se trata de redes de telecomunicaciones 5G sino también de servicios de datos en la nube y redes de cable de fibra óptica. El impacto potencial en el desarrollo y la prosperidad económica de estas inversiones puede ser transformador para estos países. Y nuestro mensaje fue que queremos que tengan éxito en esas ambiciones. Y que para hacerlo necesitan una infraestructura digital que sea segura, resistente, rentable y que fomente nuevos jugadores nacionales de un modo en que las tecnologías Open RAN prometen hacerlo y que Huawei y otros proveedores no”. RAN es la sigla en inglés de Red de Acceso por Radio. Open RAN es una tecnología 5G que permite la combinación de infraestructuras de distintos proveedores y no de uno solo, como ofrece la compañía china. A la carrera por la quinta generación llegaron tarde las empresas norteamericanas: está dominada por Huawei, su compatriota ZTE, la finlandesa Nokia y la sueca Ericsson. Pero la norteamericana Cisco y otras firmas pueden participar de parte del negocio proveyendo antenas, routers y otros equipos si se adopta la Open RAN.

A la carrera por la quinta generación llegaron tarde las empresas norteamericanas: está dominada por Huawei, su compatriota ZTE, la finlandesa Nokia y la sueca Ericsson.

La Argentina y Brasil “tienen la oportunidad de crear empresas de tecnología nacional innovadoras que respalden las implementaciones de Open RAN no sólo para el mercado nacional sino también para exportar en la región y más allá”, dijo en tono vendedor González, asesor clave de Biden para Latinoamérica. Se refería a proveedores industriales y de software. “Las implementaciones de 5G atraerán clientes de miles de millones de dólares de inversión en todo el mundo durante los próximos años”, agregó.

“Entonces, ya saben, también subrayamos un punto importante que realmente no se ha cubierto lo suficiente: Huawei se enfrenta a grandes desafíos en su cadena de suministro de semiconductores y dejará a los clientes internacionales, francamente, secos al no cumplir con sus compromisos, ya que prioriza el despliegue nacional de 5G de China o, en el mejor de los casos, al ofrecer equipos deficientes e ineficientes en términos de energía que serán mucho más costosos de operar que los de la competencia”, continuó el funcionario estadounidense. “Por tanto, las autoridades nacionales, los operadores de telecomunicaciones y sus accionistas deben tener esto en cuenta. Y acordamos tener diálogos técnicos y estratégicos de seguimiento que analicen tanto los desafíos de ciberseguridad como las importantes oportunidades que tenemos a mano. Por lo tanto, creo que si los países adoptan a Huawei en América Latina deben reconocer que Huawei se enfrentará a una escasez de chips y dejará, nuevamente, a los consumidores secos, y eso podría detener el despliegue de lo que va a ser una tecnología muy importante para los países de la región”, disparó González. Lo curioso es que la empresa china sufrió carencia de chips por las sanciones que le impuso Trump y que continúan con Biden. Pero Huawei ya se las ha ingeniado para normalizar su abastecimiento de chips. Eso sí, Trump le arruinó el negocio de los teléfonos celulares: no los dejó vender más en Estados Unidos ni incluir las apps de Google, por lo que ha retrocedido fuerte en mercados como el de España. En cambio, en la Argentina fue la crisis económica local la que llevó a que sus teléfonos fueran retirados de la oferta.

La tecnología

La tecnología de los celulares fue evolucionando para ofrecer más cantidad y velocidad de datos transportados: del 1G al 2G, 3G y 4G, también llamado LTE. El 5G aumentará la rapidez de la comunicación entre 10 y 20 veces e incluso puede llegar a 100, dependiendo de la configuración del operador. Si en la actualidad en un kilómetro cuadrado pueden conectarse 10.000 aparatos, con el 5G podrán activarse un millón. Por algo, uno de los primeros servicios que se ofrecería a los clientes es la conexión en estadios, donde por ahora la cobertura falla en eventos masivos de música o deporte. También se reducirá la latencia, que es la demora en la llegada de una señal: se acotará a un milisegundo, lo que resultará clave para el manejo de autos autónomos y el resto de la Internet de las cosas. Aquí usamos los verbos en futuro, pero ya unos 70 países están desplegando desde hace dos años más de 150 redes 5G -más de la mitad, de Huawei- aunque de manera acotada a determinadas ciudades donde la alta densidad de consumidores de alto poder adquisitivo aseguren rentabilidad. No por nada Latinoamérica marcha tan lento en la adopción de la nueva generación.

¿De cuánta inversión estamos hablando? Por nombrar países con población similar a la Argentina, aunque con menor territorio, España y Colombia calculan alrededor de US$ 5.000 millones en una primera etapa. Son inversiones que deben hacer las empresas, no los estados. Y son las compañías las que deben elegir qué proveedor tendrán. La mayoría de las telefónicas en el mundo es privada, hay pocas estatales.

El 5G aumentará la rapidez de la comunicación entre 10 y 20 veces e incluso puede llegar a 100. Si en la actualidad en un kilómetro cuadrado pueden conectarse 10.000 aparatos, con el 5G podrán activarse un millón.

Sin embargo, hay gobiernos como los de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón, Australia, Suecia y Canadá que han adoptado normas que por cuestiones de seguridad nacional o competencia bloquearon a la china Huawei como proveedor. Ericsson y Nokia, felices. La excusa radica en que no se debería entregar la infraestructura de telecomunicaciones de un país, incluida la Internet de las cosas y asuntos como el alumbrado público de una ciudad, a manos de una empresa con una vidriosa relación entre su fundador, Ren Zhengfei, y el Estado chino. Huawei asegura que Ren dejó su propiedad en manos de los propios empleados, pero Occidente sospecha y la hija del magnate y ejecutiva de la empresa, Meng Wanzhou, lleva tres años bajo arresto domiciliario en Canadá a la espera de un juicio de extradición a Estados Unidos, donde se la acusa de fraude bancario y conspiración para hacer negocios en Irán.

En tiempos de Trump, Bolsonaro se había alineado con su cruzada anti Huawei, pero con el cambio de gobierno y la tensión con Biden el presidente brasileño ha vuelto a tejer buenas relaciones con China, gran comprador de las materias primas latinoamericanas y fuerte proveedor de financiamiento a obras públicas de la región. No por nada es ahora Estados Unidos el que ofrece créditos para que los gobiernos elijan la tecnología Open RAN, de modo de competirle al gigante asiático con sus mismas armas de seducción de países emergentes.

En tiempos de Trump, Bolsonaro se había alineado con su cruzada anti Huawei, pero con el cambio de gobierno y la tensión con Biden el presidente brasileño ha vuelto a tejer buenas relaciones con China, gran comprador de las materias primas de la región.

Se requieren fuertes inversiones en dólares para clientes que cobran en pesos devaluados, en el caso de la Argentina. Los operadores en el país, Telecom Personal (dominada por los accionistas de Clarín, como Héctor Magnetto y los hermanos Noble Herrera), la española Telefónica Movistar y la mexicana Claro (la marca de América Móvil, de Carlos Slim), están analizando cómo vender servicios 5G a sus clientes. Por ahora, actualizan sus redes 4G y mejoran sus redes de fibra óptica para prepararse para el 5G. Telecom compró ya diez radiobases de 5G: cinco a Nokia y las instaló en Rosario y otras tantas a Huawei y las puso en Buenos Aires. Por eso es que sus clientes pueden detectar la señal 5G en sus celulares cuando andan por el teatro Colón, pero el primer servicio comercial 5G del país, que se lanzó en febrero pasado, está lejos de ser lo que será porque opera en un espectro compartido con el 4G, sin la velocidad y la latencia de la nueva generación. Parece que Magnetto no teme fallas de provisión de China. Tampoco Slim. Claro Argentina hizo pruebas con Huawei en 2019, antes de que la crisis económica se profundizara con la pandemia. En cambio, los españoles, de fuerte presencia en Alemania y Reino Unido, eligieron ensayar con los suecos de Ericsson, también hace dos años.

¿La prédica de Estados Unidos contra Huawei podría llevar a que el gobierno argentino impulse una norma de seguridad nacional como la que aplicaron varias potencias para bloquear a la firma china? Poco probable. Ningún país latinoamericano lo ha hecho.

¿La prédica de Estados Unidos contra Huawei podría llevar a que el gobierno argentino impulse una norma de seguridad nacional como la que aplicaron varias potencias para bloquear a la firma china? Poco probable. Ningún país latinoamericano lo ha hecho. Los abogados de Huawei en la Argentina, donde está desde hace 20 años y tiene 500 empleados, sostienen que sería inconstitucional. Pero no sólo eso. “No es fácil que la Argentina bloquee a China, dado que es un socio comercial clave”, opina el consultor de telecomunicaciones Enrique Carrier. El gigante asiático, comprador de soja pero también de carne vacuna, es junto con Brasil uno de los dos principales destinos de las exportaciones argentinas. “Pero Estados Unidos pide una prueba de amor cuando la Argentina está negociando la deuda”, advierte Carrier. Es que el país del Norte es el principal accionista del Fondo Monetario Internacional (FMI), al que el gobierno de Alberto Fernández deberá devolver en 2022 casi la mitad del megapréstamo contraído por el de Mauricio Macri, a menos que se arribe a un acuerdo que dosifique los pagos a lo largo de diez años.

El Estado deberá licitar espectro entre los operadores para que desplieguen la nueva tecnología y en las condiciones del pliego podría determinar que se use la Open RAN, que dejaría fuera a Huawei y abriría la puerta a Cisco sin tener que invocar la seguridad nacional. Pero los abogados de Huawei consideran que eso requeriría de un cambio regulatorio. Además, si la estatal Arsat, dueña de la red federal de fibra óptica, se lanzara a ofrecer telefonía celular, también debería elegir proveedor de 5G. Por lo pronto, tras las declaraciones de González, el embajador argentino en Washington, Jorge Argüello, de buena relación con el gobierno de Biden, ha aclarado que el país “no aceptará imposiciones de nadie”. La guerra geopolítica entre Estados Unidos y China incluye un negocio que va más allá de la adicción al “celu” y atañe a toda la vida futura de las personas y las ciudades.

AR

Dueño de Edenor con el aval de Cristina Fernández de Kirchner y accionista mayoritario de El Cronista, José Luis Manzano no parece haber concluido su ciclo de expansión en los negocios. El socio histórico de Daniel Vila comenzó a ser mencionado en las últimas semanas y en las filas del oficialismo como candidato a pelear por un botín de dimensiones todavía mayores: la compra de los activos locales de Telefónica, una de las dos compañías principales en el mercado de las telecomunicaciones desde hace tres décadas, cuando Carlos Menem privatizó el servicio. 

Aunque oficialmente nadie confirma la información, fuentes del mercado le dijeron a elDiarioAR que Manzano tiene a Telefónica en la mira y es su próximo objetivo. La versión coincide con la que difunden en el mundillo empresario dirigentes de la política que se identifican con el cristinismo. En todos los casos, la vieja consigna del “vamos por todo” se traslada al frente empresario y tiene al mendocino como protagonista estelar.

Igual que en el caso de Edenor -donde Manzano y sus socios recibieron hace un mes el aval para la compra del dictamen técnico del ENRE- el nuevo movimiento del ex ministro del Interior de Menem viene acompañado por el impulso de un ala del gobierno nacional. Más que eso, sintoniza con una vieja pretensión de CFK: intervenir en el mercado de las telcos donde el Grupo Clarín es el jugador dominante desde que Mauricio Macri autorizó por decreto la megafusión Cablevisión-Telecom en 2017. De acuerdo a las versiones, a Cristina le interesaría que un empresario nacional incursione en el rubro. 

Hace dos días “Gaceta Mercantil”, un portal señalado como cercano al ex ministro, dio por hecha la noticia y afirmó que “Vila-Manzano buscan quedarse con la filial local de Telefónica”. Consultado por elDiarioAR, Manzano admitió que su grupo hizo una averiguación “hace tiempo” por la compañía pero dio a entender que, por el momento, la operación no está avanzando. 

El cuadro parece ser propicio. Mientras el mendocino es un empresario en crecimiento en la Argentina de la crisis y las empresas baratas, Telefónica puso en 2019 todas sus filiales en venta en Latinoamérica, con excepción de Brasil. A través de un spin off, decidió explorar la posibilidad de nuevas fuentes de financiamiento y se declaró abierto a escuchar ofertas por la infraestructura de sus filiales en Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Colombia, México, Ecuador y Venezuela.

Desde entonces, comenzó un proceso con un sentido muy claro, en el que busca establecer alianzas con socios relevantes en todos los países de Hispanoamérica. El objetivo, dicen, es no perder presencia en la región sino obtener respaldo financiero. En febrero pasado, se desprendió de la infraestructura en Chile y le vendió el 60% de su red de fibra al fondo de inversión KKR en unos 1000 millones de dólares. La semana pasada, la principal competidora de Telecom en Argentina apeló al mismo procedimiento en Colombia y con el mismo fondo: le vendió a KKR el 60% de su red de fibra a cambio de una reducción de 200 millones de dólares en su deuda.

Fuentes del mercado consultadas por elDiarioAR estiman que la venta de la infraestructura de Telefónica en Argentina demandaría una inversión de entre 500 y 600 millones de dólares. Aunque no está claro quién podría hacer una oferta de esas dimensiones, la compañía de capital español parece urgida por desprenderse de una parte de sus activos en el país. Según declaró en su reporte anual, los ingresos de Telefónica bajaron un 11% a nivel global en 2020, a 43.076 millones de euros, y las pérdidas por deterioro y venta de activos implicaron 935 millones de euros (aproximadamente $ 106.162 millones, de acuerdo a la estimación que hizo hace unos días la revista Apertura, ahora también propiedad del Grupo Vila- Manzano). Esas pérdidas están asociadas principalmente a la filial argentina, con 894 millones de euros (cerca de $101.507 millones).

Desde que Telefónica puso sus activos en venta en la región, se mencionó el interés del Grupo Olmos, otro de los conglomerados ligados al peronismo y es dueño de Crónica TV. En mayo pasado, los hermanos Olmos difundieron un comunicado en el que anunciaron la contratación del ex presidente de Telefónica España, Luis Miguel Gilpérez, y afirmaron que Gilpérez se encontraba “a cargo de la operación para la adquisición de Telefónica Uruguay como parte de la expansión internacional de Grupo Olmos”. Desde entonces nada se supo. A diferencia del Grupo Werthein, que acaba de sorprender con la adquisición de DirecTV, Olmos anunció con antelación un movimiento que hasta el momento no se concretó. Tal vez por eso, fuentes de llegada al Instituto Patria afirman que la vicepresidenta no ve con espalda suficiente a los dueños de Crónica y sostiene que Manzano cuenta con más respaldo internacional para una operación de ese tipo. 

Entre los supuestos interesados, en el mercado también hablan de Facundo Prado, el empresario que se quedó con Supercanal y se interesó también si éxito en comprarle a Carlos Rosales la cadena de electrodomésticos Garbarino. En algo coinciden todos los involucrados: cualquier operación que se cierre, deberá negociarse con la casa matriz de Telefónica. Consultado para esta el director de Comunicación e Imagen de Telefónica/Movistar en Argentina, Pablo Argmagni, afirmó que la compañía “no hace comentarios sobre rumores o trascendidos”.

DG/WC

No es habitual que un interesado en comprar una empresa difunda un comunicado de prensa para contar que lo está. En general, las adquisiciones de compañías suelen manejarse en forma secreta. Pero en este caso se hizo público. El Grupo Olmos, dueño del canal y del diario Crónica, anunció que quiere comprar la filial uruguaya de la española Teléfónica. Tiempo atrás se especulaba con que pretendía quedarse con la subsidiaria argentina. Lo que está claro es que Telefónica ha anunciado que busca vender estas dos compañías, entre otras en Latinoamérica, para concentrarse en España, Alemania, Reino Unido y Brasil.

“El ex presidente de Telefónica España Luis Miguel Gilpérez se encuentra a cargo de la operación para la adquisición de Telefónica Uruguay como parte de la expansión internacional de Grupo Olmos”, anunció hoy el conglomerado de Raúl Olmos, dueño de BASA (firma que cuenta con clínicas, una prepaga, un laboratorio y una droguería), Crónica (incluye también el diario BAE Negocios, Revista 23, el Canal de la Música, entre otros medios) y las aseguradoras Evolución y Executive Brokers. “Gilpérez, con amplia experiencia en la gestión relacionada con las telecomunicaciones y destacado reconocimiento internacional, es ingeniero industrial y máster de Planificación y Administración de Empresas. Fue presidente de Telefónica España desde 2011 a 2018 y encargado de desarrollar el negocio de la compañía en América Latina entre 2003 a 2011. El ejecutivo internacional se sumó a Grupo Olmos para estructurar la operación de adquisición de Telefónica Uruguay y dirigir el proyecto. Grupo Olmos informa además que convocó al banco de inversión suizo UBS para estructurar el financiamiento de la operación”, concluyó el comunicado.

AR

Luego de que circularan mensajes de al menos una empresa de telecomunicaciones en los que se informa a los usuarios aumentos en las facturas de los próximos meses, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) aclaró que no autorizó ningún incremento en los precios para los meses de mayo o junio de 2021 en los servicios de telefonía fija, telefonía móvil, Internet o televisión paga. 

“Cualquier comunicación en contrario surgida de las prestadoras de servicios en la cual se haya anunciado una modificación de precios carece de valor legal y no ha sido convalidada por este Ente”, aclaró en un comunicado oficial que fue difundido este miércoles. Indirectamente, el texto responde al accionar de la empresa Movistar, que en las últimas horas envió mensajes a sus usuarios anticipando aumentos “de 8% desde mayo y 7% desde junio”.  

“Son adecuaciones de precios que la compañía informó a sus clientes”, confirmó a elDiarioAR una fuente de la compañía, que pertenece a Telefónica.

El ente oficial se encuentra negociando por estos días con las empresas del sector los aumentos para el próximo trimestre, pero todavía no llegó a ningún acuerdo. Los últimos aumentos definidos fueron del 7,5% para febrero y del 2,5% para marzo, en ambos casos para la telefonía celular, lo que completó las subas del primer trimestre.

Existe una “posibilidad concreta” de que a partir de abril los aumentos se definan de manera trimestral mediante una fórmula, que podría contemplar los indicadores de evolución de los salarios y de inflación, aunque todavía no fue definido. El mecanismo deberá ser aprobado en última instancia por la Jefatura de Gabinete.

Por otro lado, el organismo recordó que las empresas que no hayan cumplido con las resoluciones que fijaron los incrementos autorizados y no hayan respetado el monto de los mismos o no hayan otorgado la Prestación Básica Universal creada por el decreto 690/20 no podrán aplicar variaciones de precios a sus clientes. Además, el mes pasado Enacom endureció mediante una resolución su régimen de sanciones, que aumentó el monto hasta $76 millones, y habilitó otros instrumentos como suspensiones, clausuras, caducidad de licencias e inhabilitaciones. 

A comienzos de este año varias empresas aplicaron aumentos por encima de los autorizados para sus servicios de internet y TV por cable y, si bien la mayoría luego devolvió lo cobrado demás, Telecom es la única gran empresa que todavía permanece “en rebeldía”. Se ampara en la cautelar dictada por la Justicia Federal Córdoba a partir de un recurso interpuesto por TV Cable Color SRL, una prestadora de cable de la pequeña localidad de Villa del Rosario, que cuenta con unos 1.000 abonados.

El Gobierno participa en la definición de las tarifas de las telecomunicaciones desde la entrada en vigencia del decreto 690/20, que las definió como un “servicio público esencial en competencia”. Hasta entonces, los ajustes de precios eran definidos por las propias compañías sin intervención estatal. 

DT

El juez federal de Córdoba Ricardo Bustos Fierro otorgó una medida cautelar solicitada por una empresa de cable de la localidad de Villa del Rosario para suspender la aplicación del decreto de necesidad y urgencia 690, de agosto de 2020, y las resoluciones derivadas que regulan al sector de las telecomunicaciones, de acuerdo a un fallo emitido el lunes al que tuvo acceso elDiarioAR.

Una vez conocida la decisión, las interpretaciones del Gobierno y el Grupo Clarín, el principal operador en el sector a través de su controlada Telecom, fueron opuestas. Para el Ente Nacional de las Comunicaciones (Enacom) y Jefatura de Gabinete, lo dispuesto por Bustos Fierro atañe exclusivamente a TV Cable Color SRL, la empresa de TV paga de la localidad Villa del Rosario (15.394 habitantes en 2010) que cuenta con unos 1.000 abonados. Para el Grupo Clarín, que vía su empresa hermana opera las marcas Telecom (telefonía fija), Personal (telefonía móvil), Fibertel (internet) y Cablevisión (TV paga), lo resuelto es de alcance general y aplica a todo el país.

Por lo pronto, el Gobierno anticipó que apelará la cautelar y ratificó la vigencia del decreto para todas las empresas excepto TV Cable Color SRL, indicaron fuentes oficiales.

Contra la opinión del fiscal, Bustos Fierro entendió que el DNU podría ocasionar daños irreparables a la empresa dado que establecía el congelamiento de tarifas hasta el 31 de diciembre de 2020 y la prohibición de cortar el servicio a quien no pudiera pagarlo. Ello —entendió el magistrado— impediría a TV Cable Color recuperar las inversiones. Además, el juez —uno de los más veteranos del fuero federal— adujo razones de libertad de expresión garantizadas por el Pacto de San José de Costa Rica, dado que la supuesta pérdida de sustentabilidad podría ocasionar el acallamiento de voces, en línea con lo sostenido por el Grupo Clarín y por la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), entidad que agrupa a las empresas de TV paga en la que Cablevisión tiene un peso decisivo.

El amparo tiene validez sólo para quien lo solicita

Gonzalo Quilodrán

“No escapa al tribunal que la declaración de servicio público de una actividad que se ejercía de manera lícita y libre en el mercado resulta violatoria a los derechos adquiridos en el patrimonio de la empresa afectada”, escribió Bustos Fierro.

Para el Ejecutivo, el fallo no sólo se circunscribe al cable de Villa del Rosario sino que la demanda se tornó abstracta. El reclamo de la firma “era por el congelameinto del DNU 690 —fijado en agosto— y después de eso Enacom ya autorizó subas de ocho por ciento en enero y siete por ciento en febrero”, dijo la secretaria de Innovación de Jefatura de Gabinete, Micaela Sánchez Malcolm, a elDiarioAR. La visión es coincidente con la de Claudio Ambrosini, Gustavo López y Gonzalo Quilodrán, presidente, vicepresidente y director del ente regulador, respectivamente. “El amparo tiene validez sólo para quien lo solicita”, afirmó a este medio el salteño Quilodrán. En cuanto a las objeciones de Bustos Fierro por la modificación legislativa vía un DNU, en el Gobierno recordaron que el Senado ratificó la medida por amplia mayoría en la sesión del 7 de septiembre de 2020.

En la mirada opuesta de ATVC, “el Poder Ejecutivo Nacional y al Enacom (deben) abstenerse de emitir y llevar a cabo acto alguno” referido al DNU y las posteriores resoluciones. “El organismo regulador no se encuentra facultado a continuar dictando normas derivadas del DNU 690 ni ejecutando las ya dictadas, las que se encuentran suspendidas de un modo general, alcanzando a todos los operadores TIC de nuestro país”, dijo la asociación mediante un comunicado.

En sus medios, el grupo que tiene al diario Clarín como cabecera asumió la postura de la cámara de TV paga como propia. Telecom Argentina no respondió la consulta de este medio, aunque una fuente cercana coincidió en que la cautelar incluye el negocio del holding.

Disputa en dos velocidades

El fallo de Bustos Fierro llega luego de varios traspiés de empresas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) que procuraron revertir el DNU 690 ante diversos juzgados del país, sin éxito. El citado decreto estableció que toda la industria TIC es considerada “servicio público esencial en competencia”, lo que habilita a Enacom a fijar la tarifa, establecer beneficios sociales y requisitos de calidad y accesibilidad a las empresas, que además de las marcas de Clarín, incluye a Claro, Telefónica, Telecentro, DirecTV y Supercanal. Uno de los reveses judiciales lo tuvo la propia Telecom, cuando el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Walter Lara rechazó un amparo el pasado 29 de enero.

El Poder Ejecutivo Nacional y Enacom deben abstenerse de emitir y llevar a cabo acto alguno con fundamento en dichos decretos, hasta tanto se dicte sentencia definitiva.

ATVC

La puja entre el Gobierno y las empresas del sector tiene dos velocidades. La primera, de fondo, atañe a la regulación general de la industria TIC, que hasta agosto definía unilateralmente las tarifas y el Estado sólo intervenía si las empresas lo aceptaban. A su vez, la definición de accesibilidad, tarifas sociales y calidad había quedado virtualmente liberada durante el Gobierno de Mauricio Macri, lo que fue drásticamente revertido con el cambio normativo de agosto.

En segundo orden, la disputa es por el aumento de tarifas este verano. El Ejecutivo acordó con las empresas un congelamiento que rigió entre abril y agosto de 2020, en la fase crítica del confinamiento. Luego extendió la medida vía el DNU hasta fin de año hasta que, finalmente, habilitó cinco por ciento de alza en enero para las empresas con más clientes, y ocho por ciento para las cooperativas y pequeños prestadores. Esta semana, Enacom dispuso otro siete por ciento de aumento en febrero para los más chicos y se apresta a autorizar una suba para servicios premium de los más grandes. Ese esquema es inadmisible para las empresas del sector, que aducen que los aumentos del primer cuatrimestre de 2020 (hasta 22 por ciento según el Gobierno) no cubrieron la inflación anual de 36 por ciento. En Enacom replican que si bien la industria TIC quedó rezagada el año pasado, vivió cuatro años previos de alta rentabilidad y aceleración de la concentración.

Fallo con doble acción

Bustos Fierro es un juez federal de largo recorrido. En 1999, cobró notoriedad al habilitar un eventual tercer mandato consecutivo de Carlos Menem ante un recurso presentado por José Manuel de la Sota. La re-re de Menem, finalmente, no prosperó por razones políticas. En un movimiento que puede tener consecuencias decisivas, el amparo obtenido por la empresa de cable de Villa del Rosario tuvo como complemento la declaración de inconstitucionalidad de la ley que fija un límite temporal a las cautelares que atañen al Estado.

La empresa cordobesa había solicitado la inconstitucionalidad del artículo cinco de la ley 26.854, que establece un máximo plazo seis meses prorrogable para las cautelares contra una medida del Estado. Bustos Fierro entendió que “no resulta razonable que se le imponga un plazo de vigencia” dado que están en juego derechos fundamentales, por lo que el demandante podría verse en “estado de indefensión” si no se resuelve la cuestión de fondo antes de que caiga el amparo.

Entre varias supuestas falencias de la decisión del juez federal de Córdoba, el equipo jurídico de Enacom anotó en la noche del martes que “tratándose la discusión central de la constitucionalidad de los DNU 690/20 y 311/20, la medida dispuesta no fue notificada al Poder Ejecutivo de la Nación”. “Se privó al PEN de ensayar su argumentación y se decidió la procedencia de la cautelar en base a los dichos unilaterales de la empresa actora”, advirtieron abogados del regulador de las comunicaciones.

SL con la colaboración de Pablo Ibañez