Loma Negra vuelve a ser presidida por un argentino. Luego de meses de negociaciones, Marcelo Mindlin se convirtió en el nuevo responsable máximo de la cementera más grande del país.

La empresa creada en la provincia de Buenos Aires por la familia Fortabat, y una de las más reconocidas del país, en 2005 había sido vendida a InterCement, importante holding brasileño, hace 21 años. Ahora, vuelve a manos argentinas.

De esta forma, la empresa Loma Negra comienza una nueva etapa tras el ingreso de un grupo inversor encabezado por el empresario argentino que tomó el mando de InterCement. 

Así, el grupo inversor Latcem, integrado por Mindlin junto a Redwood Capital Management y los representantes de Chile, Moneda–Patria Investments, se convirtió en el accionista mayoritario de InterCement, grupo que controla Loma Negra. Y, de esa forma, como parte del acuerdo, Mindlin fue designado presidente del holding.

La operación se concretó tras la reestructuración de una deuda cercana a los US$ 1.500 millones que afectaba a InterCement, perteneciente a la familia Camargo Correa. El proceso, aprobado por la justicia de San Pablo, permitió estabilizar financieramente al grupo con un nuevo esquema que incluye un cupón del 6,75% y sin vencimientos en los próximos cinco años. Asimismo, se realizó un aporte de capital de US$ 110 millones para reforzar el funcionamiento de la empresa.

En este contexto, más allá de las dificultades del holding brasileño, en Argentina Loma Negra se mantuvo en buena posición económica, sin perder mercado, logrando de tal forma consolidar su liderazgo con una participación de mercado del 45% y una capacidad de producción de más de 10 millones de toneladas anuales.

¿Qué dijo Mindlin de la nueva etapa de Loma Negra?

Al respecto, Mindlin destacó que la nueva estructura financiera permitirá a InterCement enfocarse en el crecimiento y buscar consolidar su operación regional en el tiempo. “Tras muchos años de estrés financiero que incluyó un complejo proceso legal de reestructuración judicial, hoy la compañía cuenta con una estructura de capital sólida que le permitirá enfocarse en el crecimiento. Este proceso marca un punto de inflexión para InterCement y le permite encarar una nueva etapa con una visión de crecimiento de largo plazo”, dijo el dueño de Pamppa Energía.

Por su parte, Ruben Kliksberg y Sean Mulroy, Co-CIOs de Redwood Capital Management, dijeron que la inversión en InterCement “nos ofrece una oportunidad única de participar junto a nuestros socios en la recuperación empresarial de una compañía líder en Brasil y Argentina, dos economías pujantes y con excelentes prospectos de largo plazo”.

Asimismo, Fernando Tisné, Socio de Moneda-Patria, comentó que la transacción “permite a InterCement dejar atrás una etapa de alta complejidad financiera y avanzar con una estructura de capital robusta y una base accionaria de largo plazo. Para los fondos administrados por Moneda-Patria, esta inversión refleja nuestra experiencia en crédito corporativo y reestructuraciones complejas en América Latina, y nos permite participar en dos compañías líderes de la industria cementera regional, InterCement y Loma Negra. Junto a nuestros socios, vemos una gran oportunidad de crear valor”, aseguró el empresario, de acuerdo a declaraciones que publica el portal Más Energía.

InterCement se posiciona como la tercera productora de cemento en Brasil, con presencia en diez estados y una capacidad instalada de más de 16 millones de toneladas, consolidando así un grupo de alcance regional que ahora suma capital argentino en su estructura de control.

Con información de NA.

La llaman Ruta del Desierto, en otros tiempos menos revisionistas la conocían como Conquista del Desierto, pero es la ruta provincial 20 de La Pampa, se la suele recorrer de camino de Buenos Aires a Bariloche y está plagada de carteles que advierten: “¿No descansó? Hágalo”, “No insista. Pare y descanse”, “No se duerma. Pare y descanse”. Pero por estos días, aquí hay quienes no paran de sol a sol. A los costados, arbustos y suelos arenosos y a la altura del pueblo La Reforma, el desvío hacia una obra revolucionaria. Puede que este caserío sólo albergue a 280 habitantes e integre el municipio menos poblado del país, Limay Mahuida, con 420 almas, pero la semana pasada era el epicentro de una obra que en su pico máximo empleó a 3.000 trabajadores. Un camino de tierra con carteles de “Prohibido cazar” conduce hacia donde están colocándose los últimos tramos bajo rutas provinciales y rurales y ríos del Gasoducto Néstor Kirchner, ese que ya está en periodo de pruebas con agua para que el 20 de junio, un día antes del invierno, esté operativo.

“Techint-Sacde”, rezan las tapas de las puntas de las tuberías que aún faltan por unir. Son las constructoras de Paolo Rocca y Marcelo Mindlin. Grandes grúas amarillas levantan polvo y entierran caños. Circulan por un sendero arenoso, por el que pasó la topadora, depositan allí los tubos que fabricó otra empresa de Techint, Tenaris, en Valentín Alsina, con acero importado de su propia planta en Brasil. Por allí circulará en un mes gas de Vaca Muerta, que elevará así 30% su producción. Las petrolera de Techint, Tecpetrol, y de Mindlin, Pampa Energía, son dos de las cinco principales productoras de gas de la formación neuquina, junto con YPF, la francesa Total y Pan American Energy (PAE, propiedad de la británica BP, la china CNOOC y los Bulgheroni).

El pasado viernes 12 se transmitió por TV la última soldadura automática, desde Buenos Aires con Alberto Fernández y Sergio Massa y aquí en La Pampa con el presidente de Energía Argentina SA (Enarsa, la empresa estatal que encargó la obra a Techint, Sacde y BTU), Agustín Gerez. Por eso ya regresaron a su país los soldadores turcos que fueron contratados para esta tarea clave para que el gasoducto se pueda terminar en un plazo inédito para la Argentina. “Este proyecto tiene la particularidad de los tiempos de construcción: es una obra que normalmente se podría ejecutar en 20 meses y actualmente se va a construir en un plazo de nueve meses”, destaca el inspector de higiene y seguridad laboral de Enarsa, Mateo de la Mata, que vino de Córdoba para la obra. “La obra tiene la particularidad de que involucra la soldadura automática, que es una tecnología que no se había utilizado anteriormente en otros gasoductos en la Argentina y agiliza mucho los tiempos de obra”, agrega De la Mata. Los operarios trabajan 25 días y después descansan cinco, con una jornada de viaje de ida a su tierra y otra de vuelta. Meses intensos para De la Mata y sus compañeros de trabajo. Además de personal de todo el país también lo hay de otros países, no sólo los especialistas de Turquía sino también de Venezuela, Chile o España.

En la obra primero pasó la etapa de topografía y apertura de pista, en la que se reconoció el terreno por donde pasarían los 573 kilómetros de gasoducto, compuesto de 52.000 caños de 12 metros cada uno. En esa etapa participaron hasta arqueólogos porque se hallaron piezas de pueblos originarios que vivían allí antes de que pasara la Conquista del Desierto que rememora la ruta, la de Julio Argentino Roca. Después se despejó vegetación y se la acumuló a un costado: de un lado se hizo la zanja para colocar el caño y del otro, una calle para que circulen las grúas. Ahora está depositando las últimas tuberías en el hueco. Se trabaja siempre que el sol ilumine, entre polvo, cascos y guantes de seguridad. Todavía hay soldaduras manuales de tramos que van por debajo de rutas provinciales o caminos rurales. Al mismo tiempo, comenzaron ya las pruebas de agua: consiste en enviar líquido por determinados trayectos del gasoducto para probar que se encuentran en perfectas condiciones. Algunos operarios recorren el tubo para controlar que la membrana que lo recubre se halle en buen estado. Cuando el trabajo esté listo, la tierra y la vegetación levantada se pondrá en su lugar, algo que inquieta sobre todo a los productores agropecuarios de tierras más fértiles que las pampeanas, las dedicadas al forraje en la provincia de Buenos Aires. Todo se pone a punto para que el 20 de junio, ante de la temporada alta en el consumo de gas, el Gasoducto Néstor Kirchner funcione. Ya nadie duda de que se cumplirá con la fecha comprometida. Si no se terminaba a tiempo, iba a ser un drama más para la escasez de divisas que sufre el país y que se agravó con el impacto de la sequía en la cosecha de soja y maíz porque iba a tener que importarse más el caro gas natural licuado (GNL), que se trae en barco de países como Estados Unidos, Trinidad y Tobago o la tierra donde se ganó el Mundial, Qatar.

Tanto en esa Copa del Mundo como en esta obra, la Argentina ha demostrado que puede, en medio de tantas otras frustraciones. Eso sí, el gasoducto se terminará en tiempo récord para nuestro país, pero el proyecto en sí llevaba años de retraso. Expertos consideran que ya a fines de 2016 era necesario empezarlo porque la producción de Vaca Muerta venía creciendo en el final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y continuó haciéndolo en el inicio del de Mauricio Macri, en ambas etapas, gracias a subsidios. De hecho, en la actualidad estas subvenciones duplican los fondos destinados a las energías renovables, como solar y eólicas, que reciben desgravaciones impositivas. Pero volvamos a 2016. La capacidad de transporte iba a llegar pronto a un límite que impediría seguir elevando la extracción. Pero en 2018 por la nueva crisis económica y las exigencias de ajuste del Fondo Monetario Internacional (FMI), se podaron las ayudas al gas, con la queja de Techint, y la extracción comenzó a estancarse en 2019.

La administración Macri lanzó seis meses antes de finalizar una licitación para que el sector privado construya el caño, pero la terminó suspendiendo ante la inestabilidad financiera que ahuyentaba inversores. En 2020, la producción se contrajo con la pandemia. En 2021, con el nuevo Plan Gas de subsidios, comenzó a recuperarse y ya comenzó a hablarse en las petroleras de la necesidad urgente de retomar la iniciativa para instalar el tubo. Ese año se recaudó el aporte extraordinario a las grandes fortunas que en parte se destinaría a financiarlo. Ya no sería el sector privado sino el público el encargado del emprendimiento. Pero este gobierno, al igual que el de Macri, se demoró y entonces llegó 2022 con la guerra de Ucrania, que disparó el precio del GNL que debía importarse y que además abrió el apetito de países europeos como Alemania de suplir el gas ruso. Sólo entonces el Gobierno puso manos a la obra, licitó la compra de caños y su instalación y ahora sí está a punto de inaugurarlo.

En su despacho en Buenos Aires, la secretaria de Energía que asumió con Massa en agosto pasado, la salteña Flavia Royón, destaca la importancia del gasoducto Néstor Kirchner, que en su primera etapa va de Tratayén (Neuquén) a Salliqueló (Buenos Aires) pero que en junio se licitará para que con fondos privados se expanda en 2024 hasta San Jerónimo (Santa Fe), donde hay un nudo de tubos que unen a todo el país. “El Gasoducto Néstor Kirchner es una obra estratégica que va a cambiar la matriz energética de Argentina, además de lo que significó la obra en sí y el tiempo récord en que se llevó a cabo con última tecnología y los puestos de trabajo que ha generado. Su importancia es que esta primera etapa posibilita ya la sustitución de importaciones. Este año todavía Argentina va a necesitar GNL porque esta primera etapa va a estar terminada para la última semana de junio, ya con el invierno comenzado, pero el año que viene ya va a tener un impacto pleno y va a permitir ahorrar cerca de 4.200 millones de dólares en importaciones. Además el gasoducto está inscripto dentro de un programa que se llama Transportar, que prevé esta primera etapa del gasoducto va a permitir la evacuación de Vaca Muerta hacia el centro del país. Después, habrá la reversión de otro gasoducto que va a posibilitar que el gas de Vaca Muerta pueda llegar al norte argentino. Hoy este ramal tiene un sentido de norte a sur porque está pensado para evacuar el gas de la cuenca noroeste y las importaciones de Bolivia y abastecer el norte argentino. Pero con el declino de la cuenca noroeste más el declino también de Bolivia, la obra va a posibilitar no necesitar más de las importaciones de Bolivia. Para julio, el volumen transportado va a ser de 11 millones de metros día. Después hay dos plantas compresoras: una va a estar para agosto y la otra para noviembre, que van a posibilitar 10 millones de metros cúbicos adicionales. Se incrementa la evacuación de Vaca Muerta en un 30%”, cuenta Royón.

“Cuando tengamos el segundo tramo, el volumen va a ser ya de 44 millones de metros cúbicos día”, continúa la secretaria. “Esto va a posibilitar que hacia 2024 o 2025 la Argentina pueda hablar de autoabastecimiento en materia de gas, con un porcentaje de cobertura de la demanda interna de un poco más del 95%. Se van a seguir requiriendo importaciones simplemente en los picos de invierno, además de claramente no necesitar importaciones ni de GNL ni de Bolivia. El gasoducto posibilita también un salto de producción en Vaca Muerta. Que Vaca Muerta pueda ya constituirse no tan solo en un abastecedor del mercado doméstico y regional. Porque después del mercado doméstico, claramente hoy ya estamos trabajando en exportaciones a los mercados regionales, como Chile, Brasil y Uruguay, pero también esto va a permitir un salto cuantitativo de instalación de plantas de GNL en la Argentina.”

Con la mira en ese desarrollo, el Ministerio de Economía que encabeza Massa y en el que está Royón envió la semana pasada a la Presidencia un proyecto de ley de impulso al GNL, que difícilmente vaya a aprobar el Congreso en este año de disputa electoral. Igual, la secretaria de Energía se ilusiona con la exportación del GNL al mundo: “No es una realidad de largo plazo. Entendemos que puede ser una posibilidad a mediano plazo. De hecho, ya está el proyecto de ley de GNL y entiendo que esta semana el ministro la estaría enviando al Congreso porque nosotros, con el potencial energético de Argentina y en particular de Vaca Muerta, lo que aspiramos es pensar en grande y pensar mucho más que el mercado interno de Argentina o los mercados regionales, sino transformarnos en proveedores energéticos a nivel mundial. ¿Por qué? Porque Argentina tiene una geopolítica estable, tiene condiciones como para poder transformarse en un proveedor de energía seguro para el resto del mundo”. Ya hay varios proyectos de GNL en análisis: “Tenemos diversos proyectos dando vueltas, todos esperando, por supuesto, a la ley. El más importante de ellos es el proyecto de Petronas (de Malasia) e YPF. Es un proyecto ambicioso que podría estar siendo realidad hacia 2026 o 2027. Hay proyectos de menor escala que podrían estar exportando en 2025, pero todo depende. Lo que queremos es consolidar el GNL y el marco jurídico como una política de Estado para que estos proyectos puedan avanzar”.

Pero el gasoducto no sólo posibilita la exportación sino el añadido de valor en la producción interna. Por ejemplo, hay planes de la fabricante de urea Profertil de usar el gas adicional para invertir en elevar la producción de este fertilizante clave para el trigo. “Este gasoducto también cambia la matriz energética argentina en dos sentidos”, cuenta Royón. “Primero, encamina a una matriz energética más competitiva, porque el gas de Vaca Muerta es muy competitivo en valor, tiene un precio promedio 3,80 dólares hasta 2028, lo cual hoy es por lo menos seis veces más barato que el gas importado. Esta competitividad tiene un impacto, un gran impacto fiscal, porque va a permitir que el Estado Nacional se ahorre un monto importante en subsidios energéticos. La Argentina viene subsidiando tanto a la mayoría de su población residencial como a otro tipo de usuarios en materia energética y, al tener una matriz más barata, claramente esto va a disminuir y va a repercutir en el orden fiscal de nuestro país. Pero también esta nueva red de gasoductos reconfigura el desarrollo industrial a futuro de nuestro país porque va a permitir que industrias que son intensivas en el uso de energía puedan tener acceso a una energía más competitiva. También tiene un impacto en la matriz de generación eléctrica argentina porque posibilita dar futuro, previsibilidad y accesibilidad al gas a otros lugares de nuestro país y va a permitir también generación de energía eléctrica de base en base a gas, más competitiva”. Hasta ahora, muchas centrales eléctricas, ante la ausencia de gas en invierno, utilizan gasoil o fueloil, más caros y más contaminantes.

Royón no se detiene, igual que los operarios que ultiman el gasoducto en La Pampa: “También este gasoducto tiene una importancia vital en la balanza del sector energético. El sector energético en la Argentina el año pasado tuvo una balanza negativa de aproximadamente 4.500 millones de dólares. Este año, estimamos, va a estar en equilibrio, pero hacia 2030 va a haber una balanza positiva de aproximadamente 12.000 millones de dólares y esto va a constituir al sector energético como el segundo sector generador de divisas de la economía argentina. Claramente la Argentina tiene una necesidad primero desarrollo y segundo de diversificación de su matriz exportadora en otros sectores que no dependen y no estén concentrados fundamentalmente en el agro. Hoy estamos atravesando la peor seca de los últimos 100 años y esto está golpeando a la macroeconomía argentina. Ya con un sector energético encaminado y desarrollado, esto va a permitir otra robustez de la matriz exportadora y de la macroeconomía.”

Todas las petroleras están ilusionadas con el gasoducto, incluida la alemana Wintershall Dea, que es socia de Total, YPF y PAE en un par de áreas de Vaca Muerta que opera la firma francesa. En Buenos Aires, su director general, Manfred Boeckmann, analiza el impacto del ducto en línea con la secretaria de Energía: “El nuevo gasoducto es un proyecto de transformación para la Argentina porque a través de la ampliación de la capacidad del sistema de transporte de gas reducirá las importaciones de gas de Bolivia, de GNL y de combustibles líquidos, particularmente, en el alto consumo durante los inviernos, lo que llevará a un autoabastecimiento en el futuro. De esta manera, el país puede aprovechar sus abundantes recursos locales, pero no sólo va a suministrar todas las zonas de demanda doméstica, sino también va a significar un ahorro importante evitando las importaciones caras que resultan del contexto mundial. Al mismo tiempo, la nueva infraestructura atraerá nuevas inversiones que van a aumentar la producción local de gas. Con lo cual, si el cuelo de botella desaparece, también habrá volúmenes de gas adicionales disponibles para la exportación”.

En principio, habrá más fluido para Brasil y Chile, “pero a largo plazo hay algunas oportunidades para exportar fuera de la región”; comenta Boeckmann. “Creemos que la exportación de GNL es una gran oportunidad a largo plazo de la Argentina, que le posibilitará potenciar sus recursos naturales mientras sea posible”, se entusiasma el ejecutivo oriundo de Hamburgo, Alemania. Wintershall Dea está analizando la idea de instalar una planta de GNL, pero depende de varias condiciones. “En principio creo que el sector energético de este país está capacitado para realizar este proyecto. Pero el desafío de la Argentina, una vez más es con la propia Argentina, porque en este tipo de proyectos con gran envergadura son más importantes las condiciones del contexto, como las macroeconómicas y regulatorias, para así conseguir la cantidad significativa de financiamiento que se requiere. Estamos monitoreando estas condiciones de manera de tener claridad sobre las alternativas y estar listos para avanzar con aquellas que sean factibles en este momento. Ya hay algunos proyectos o iniciativas en los cuales se está avanzando y Wintershall Dea está interesada en participar en esta etapa de análisis. Porque para nosotros es evidente que en las próximas décadas el mundo necesita más fuentes de energía relativamente bajas en carbono, un futuro con una matriz energética más limpia”, sostiene Boeckmann, en contraposición con aquellos ecologistas y científicos que no sólo reclaman eliminar el uso del carbón y el petróleo sino que rechazan la idea del gas como combustible de transición. Mientras, las tuberías del Néstor Kirchner se ultiman para que en un mes comience a fluir por allí el gas adicional que extraigan Wintershall Dea y las demás petroleras que invierten en Vaca Muerta.

AR

Los empresarios Marcelo y Damián Mindlin, accionistas de Pampa Energía y ex dueños de Edenor, fueron sobreseídos este lunes por el juez federal Emiliano Canicoba, del fuero de San Martín, de acuerdo con el fallo al que accedió elDiarioAR. Ambos estaban acusados de haber participado de una presunta maniobra para evadir el impuesto a las Ganancias e Impuesto al Valor Agregado a través de facturas apócrifas, entre 2017 y 2018.

Edenor habría utilizado facturas truchas de algunos de sus proveedores de tareas de mantenimiento para evadir el impuesto a las Ganancias por casi $73,4 millones y evitar también el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por más de $51,2 millones, entre 2017 y 2018. 

El juez también sobreseyó a otras 17 personas indagadas, entre ellos ex ejecutivos de Edenor y dueños y titulares de otras empresas investigadas como usinas de facturas falsas.

La causa se basa en una denuncia que presentó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) hace unos cinco años, como ya informó este medio en 2020. El organismo sostuvo entonces que la maniobra habría sido mucho mayor y que, entre 2015 y 2019, un grupo de pequeñas y medianas empresas que oficiaban como proveedores de tres eléctricas habrían presentado facturas truchas a Edenor, Edea y Edelap por servicios con supuestos sobreprecios que terminaban pagando las eléctricas.

En sus declaraciones indagatorias, los Mindlin habían afirmado ante el juez que por su entonces posición de directores y accionistas mayoritarios de Edenor no tenían control directo sobre cuestiones de facturación y contabilidad de la principal distribuidora de energía eléctrica del país. Además, aseguraron que, independientemente de ello, Edenor contaba con múltiples controles internos y externos que según los empresarios imposibilitaron la evasión y la compra de facturas apócrifas para evadir impuestos, en particular, dijeron, por los controles del Estado, ya que la compañía tiene participación minoritaria estatal a través de las acciones de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS), que absorbió el organismo tras la estatización de las AFJPs. Edenor cotiza en Bolsa tanto en Argentina como en Nueva York.

El juez Canicoba sostuvo que el informe de la AFIP que “determinó la deuda imputada en cabeza de Edenor S.A. carece del análisis

concreto de cada una de las operaciones tachadas de inexistentes o simuladas, se basó en una fiscalización formal y conclusiones genéricas, pues en ningún caso su impugnación fue motivada en prueba o elemento objetivo“. El organismo fiscal podrá apelar la decisión del magistrado, ya que es querellante en la causa.

“Quedó acreditado que el suceso investigado no aconteció en tanto con la investigación se verificó la ejecución de las obras y

operaciones documentadas en la facturación declarada en el período 2017–2018 por Edenor S.A. ante el organismo recaudador“, aseguró Canicoba.

Edenor era invetsigada por haber contrato a un grupo de empresas prestadoras de servicios: realizaban obras de mantenimiento de la línea de tensión, soterramientos -por ejemplo en el country Highland- y reparación de veredas en la ciudad de Buenos Aires y zona norte de la provincia de Buenos Aires. Estas compañías, a su vez, tercerizan parte de estas tareas en otras empresas pequeñas de su misma propiedad para el alquiler de maquinarias y otros servicios. En esa tercerización, habrían inflado costos para evadir y defraudar a la AFIP, según la denuncia del organismo.

La AFIP entendió que las operaciones declaradas por parte de Edenor SA en los ejercicios 2017 y 2018 con las firmas investigadas como proveedoras de facturas falsas “ficticias y/o simuladas”, había dicho el fisco, de acuerdo a lo que refleja el fallo de este lunes.

Una de las hipótesis de la investigación es que este circuito serviría para elevar los costos de estos proveedores de Edenor y desviar así divisas de la compañía eléctrica, en medio de las restricciones que tenía la compañía para subir las tarifas, subsidios del Estado Nacional de por medio. 

La segunda hipótesis de la AFIP, en la que se concentró el juzgado, es que las facturas simulaban costos altos para elevar los gastos y pagar así menos impuestos a las Ganancias y al IVA.

ED

Los empresarios Marcelo y Damián Mindlin, accionistas de Pampa Energía y ex dueños de Edenor, declararon este miércoles como imputados por la supuesta evasión y fraude fiscal durante su gestión en la compañía eléctrica, confirmaron dos fuentes del expediente a elDiarioAR. Ambos están acusados de haber participado de una presunta maniobra para evadir el impuesto a las Ganancias e Impuesto al Valor Agregado a través de facturas apócrifas, entre 2017 y 2018.

Durante la mañana y a través de la plataforma Zoom, los hermanos Mindlin se presentaron de manera virtual ante el juzgado federal número 1 de San Martín, a cargo de Emiliano Canicoba. Previamente, habían presentado escritos con los argumentos de sus defensas y durante las audiencias se remitieron a las explicaciones vertidas en dichos documentos. También respondieron preguntas del juzgado, sostuvo una fuente con acceso directo a la causa.

En los escritos, los Mindlin afirmaron que por su entonces posición de directores y accionistas mayoritarios de Edenor no tenían control directo sobre cuestiones de facturación y contabilidad de la principal distribuidora de energía eléctrica del país. Además, aseguraron que, independientemente de ello, Edenor contaba con múltiples controles internos y externos que según los empresarios imposibilitaron la evasión y la compra de facturas apócrifas para evadir impuestos, en particular, dijeron, por los controles del Estado, ya que la compañía tiene participación minoritaria estatal a través de las acciones de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS), que absorbió el organismo tras la estatización de las AFJP. Edenor cotiza en Bolsa tanto en Argentina como en Nueva York.

El juez Canicoba sostuvo en la citación que Edenor habría utilizado facturas truchas de algunos de sus proveedores de tareas de mantenimiento para evadir impuesto a las Ganancias por casi $73,4 millones y evitar también el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por más de $51,2 millones, entre 2017 y 2018. 

La causa se basa en una denuncia que presentó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) hace unos cinco años, como ya informó elDiarioAR en 2020. El organismo sostuvo entonces que la maniobra habría sido mucho mayor y que, entre 2015 y 2019, un grupo de pequeñas y medianas empresas que oficiaban como proveedores de tres eléctricas habrían utilizado facturas truchas por trabajos que facturaron a Edenor, Edea y Edelap con supuestos sobreprecios que terminaban pagando las eléctricas.

Las prestadoras de Edenor investigadas realizaban obras de mantenimiento de la línea de tensión, soterramientos -por ejemplo en el country Highland- y reparación de veredas en la ciudad de Buenos Aires y zona norte de la provincia de Buenos Aires. A su vez, tercerizan parte de estas tareas en otras empresas pequeñas -algunas de su propia propiedad- para el alquiler de maquinarias y otros servicios. En esa tercerización, habrían inflado costos para evadir y defraudar a la AFIP, según la denuncia del organismo.

Una de las hipótesis de la investigación es que este circuito serviría para elevar los costos de estos proveedores de Edenor y desviar así divisas de la compañía eléctrica, en medio de las restricciones que tenía la compañía para subir las tarifas, subsidios del Estado Nacional de por medio. 

La segunda hipótesis de la AFIP, en la que se concentró el juzgado, es que las facturas simulaban costos altos para elevar los gastos y pagar así menos impuestos a las Ganancias y al IVA. 

El juez citó a indagatoria a los responsables de dos de los proveedores investigados y a otros doce exdirectivos de Edenor durante la gestión de los Mindlin (específicamente los miembros de los directorios de 2017 y 2018). Las audiencias  comenzaron este martes con la declaración del expresidente de Edenor durante la gestión de los Mindlin, Ricardo Torres. El exejecutivo sostuvo que él fue el responsable del manejo de la compañía, apeló a las auditorías internas y los controles a los mil proveedores de Edenor y negó cualquier irregularidad.

Los dueños de Cyse están preparando su defensa y se presentarán a las declaraciones indagatorias ante el juez para defender las obras que realizaron para Edenor.

Las facturas

La investigación judicial se inició en 2017 y hasta el momento la causa sólo tiene procesada a una contadora que trabajaba para algunos de estos proveedores investigados, informó una fuente judicial. La mujer siempre negó las acusaciones pero el tramo de la causa en su contra está camino a juicio oral.

En 2019, los investigadores de la AFIP buscaban establecer si parte del dinero negro que generaban estas proveedoras con las facturas apócrifas regresaba en negro al cliente, es decir a las eléctricas. 

Algunos de estos proveedores de las eléctricas fueron ingresados en el registro de firmas apócrifas de la AFIP, lo que para el fisco significa que estas sociedades anónimas no tenían capacidad para brindar los servicios que facturaron a Edenor. Otros de estos proveedores investigados están catalogados por el fisco como “usinas mixtas” de facturas falsas, según el expediente. Se trataría de empresas reales, pero que además de prestar servicios de obras y mantenimiento, también venden facturas a sus clientes con sobreprecios o costos inflados para permitir “la evasión o fuga de divisas”, explicó uno de los investigadores del caso.

Los ex directores de Edenor niegan rotundamente cualquier evasión impositiva por parte de la empresa.

Réplicas

Uno de los proveedores investigados es la constructora Cyse, del grupo Martínez Christensen. La compañía maneja cuadrillas de trabajo de mantenimiento para las eléctricas y el alquiler de maquinarias para dichas tareas. 

Luego de la denuncia, Cyse se inscribió en una moratoria de AFIP pero el juzgado de Canicoba continuó con la investigación penal. “Los dueños de Cyse están preparando su defensa y se presentarán a las declaraciones indagatorias ante el juez para defender las obras que realizaron para Edenor”, aseguró a elDiarioAR una fuente de la empresa.

Las compañías eléctricas niegan las acusaciones y apuntan a sus proveedores como los supuestos responsables de “inflar costos” a través de la facturación apócrifa, según consta en la causa. 

Edea y Edelap, distribuidoras eléctricas de La Plata y otras ciudades bonaerenses, también fueron investigadas por la AFIP. Las compañías cambiaron de accionistas y la nueva gestión llegó a un acuerdo con la AFIP: aceptó los reclamos por evasión y pagará el montó reclamado por el organismo. De esa forma, logró extinguir la causa penal en su contra. Sin embargo, los Mindlin y sus ejecutivos optaron por litigar penalmente y defenderse de las acusaciones, explicó a elDiarioAR una fuente con conocimiento directo del caso.

“Los ex directores de Edenor niegan rotundamente cualquier evasión impositiva por parte de la empresa”, respondieron allegados a los ex directores de Edenor.

Edenor cambió de dueños a finales de 2020, cuando los empresarios Mindlin vendieron las acciones de Pampa Energía a los empresarios Daniel Vila, José Luis Manzano, Mauricio Filiberti y un grupo de inversores. Es la distribuidora de electricidad en el área metropolitana norte de Buenos Aires.

ED

El juez federal Emiliano Canicoba citó a declaración indagatoria a los empresarios Marcelo y Damián Mindlin y a otros doce exdirectivos de Edenor por presunta evasión y defraudación a través del uso de facturas falsas, de acuerdo al documento al que accedió elDiarioAR.

El magistrado de San Martín indagará también a otros cinco empresarios y ejecutivos que habrían colaborado en la supuesta maniobra aportando las facturas apócrifas, confirmó una fuente judicial con acceso directo al expediente.

La investigación judicial se inició en 2017, pero estas son las primeras citaciones a los responsables de Edenor y de sus proveedores. Hasta el momento, la causa sólo tiene procesada a una contadora que trabajaba para algunos de estos proveedores investigados, informó una fuente judicial y quien siempre negó las acusaciones.

Canicoba sostuvo en la citación que Edenor habría utilizado facturas truchas de algunos de sus proveedores de tareas de mantenimiento para evadir impuesto a las Ganancias por casi $73,4 millones y evitar también el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por más de $51,2 millones entre 2017 y 2018.

La denuncia fue presentada hace cinco años por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), como ya informó elDiarioAR en 2020. El organismo sostuvo entonces que la maniobra habría sido mucho mayor y que, entre 2015 y 2019, un grupo de pequeñas y medianas empresas que oficiaban como proveedores de tres eléctricas habrían presentado facturas truchas a Edenor, Edea y Edelap por servicios con supuestos sobreprecios.

Una de las hipótesis de la investigación es que este circuito serviría para evadir impuestos y fugar divisas del país, una acusación que han negado tanto Edenor como Edelap y Edea.

Algunos de estos proveedores de las eléctricas fueron ingresadas en el registro de firmas apócrifas de la AFIP, lo que para el fisco significa que estas sociedades anónimas emitieron facturación falsa y no tienen la capacidad de brindar los servicios que facturaron a Edenor, Edelap y Edea. Sin embargo, Edelap y Edea no serían más objeto de la investigación, según informó a este medio una fuente de ambas compañías.

Otros de estos proveedores investigados están catalogados por el fisco como “usinas mixtas” de facturas falsas, según el expediente. Se trataría de empresas reales, pero que además de prestar servicios de obras y mantenimiento, tienen otro nicho: facturar con sobreprecios o inflar costos para permitir “la evasión o fuga de divisas”, explicó uno de los investigadores del caso. 

En 2019, los investigadores de la AFIP buscaban establecer si parte del dinero negro que generaban estas proveedoras con las facturas apócrifas regresaba en negro al cliente, es decir a las eléctricas.

Las compañías niegan las acusaciones y apuntan a sus proveedores —principalmente, prestadoras de mantenimiento y obras— como los supuestos responsables de “inflar costos” a través de la facturación apócrifa, según consta en la causa. 

“Esta causa surge por compra de facturas apócrifas hecha por una sola de las más de 1.000 empresas contratistas que le brindaban servicios a Edenor y son ajenas a la misma dado que la responsabilidad legal y tributaria corresponde a cada una de ellas. Es de destacar que con Edenor no hubieron irregularidades y se encuentran absolutamente al día habiendo cumplido el total de sus obligaciones tributarias. Los ex directores de Edenor niegan rotundamente cualquier evasión impositiva por parte de la empresa y se han puesto a disposición del juez para colaborar con el proceso”, respondieron allegados a los ex directores de Edenor.

La vieja gestión de Edenor sostuvo en 2020 ante la consulta de este medio: “Todos nuestros proveedores también están sometidos a los mismos estándares de registro y auditoría que Edenor utiliza en todas sus operaciones. Estándares nacionales e internacionales exigidos como compañía que cotiza en Bolsa tanto en Argentina como en Nueva York”, agregó entonces Edenor. En febrero de 2020, luego de haber sido allanada por orden del juez de San Martín, dijo a Perfil que dio de baja a algunos de los proveedores investigados.

Edenor cambió de dueños a finales de 2020, cuando los empresarios Mindlin vendieron las acciones de Pampa Energía a los empresarios Daniel Vila, José Luis Manzano, Mauricio Filiberti y un grupo de inversores. Es la distribuidora de electricidad en el área metropolitana norte de Buenos Aires.

ED

El viernes por la tarde, mientras Cristina Fernández de Kirchner se quejaba en el festejo por los 100 años de YPF de que el grupo Techint importará de Brasil la chapa para el gasoducto que lleva el nombre de su fallecido marido, la empresa estatal Enarsa, que preside el cristinista Agustín Gerez, publicaba los pliegos de la demorada licitación para definir qué constructoras instalarán los caños. Allí se deja en claro que el gasoducto Néstor Kirchner, obra clave para el país porque aumentará el suministro de Vaca Muerta a la provincia de Buenos Aires, se hará en cuatro tramos y las compañías individuales podrán hacer sólo uno y las uniones transitorias de empresas (UTE) podrán hasta dos, con lo cual podrá resultar dos a cuatro ganadores en la contienda. La licitación deja claro que el ducto será de 36 pulgadas y que sólo podrán participar empresas nacionales con experiencia en colocar caños de al menos 30 pulgadas.

Este tecnicismo dejó afuera del negocio a CPC, la constructora de Cristóbal López, pese a su buena relación con Alberto Fernández y la vicepresidenta. Sólo cuentan con los antecedentes necesarios unas pocas constructoras como Techint, de Paolo Rocca, que ya ganó como único oferente la subasta para la provisión de los caños; Sacde, de Marcelo Mindlin; BTU, de Carlos Mundin; Contreras Hermanos, que preside Juan Manuel Touceda, y Víctor Contreras SA, que encabeza Carlos Folatti. Las firmas sin experiencia previa en 30 pulgadas tampoco podrán asociarse a estas que la tienen para conformar una UTE, lo que despertó quejas de otras grandes firmas de la construcción. “Deberían permitir que empresas nacionales con antecedentes en caños de menor diámetro puedan hacer experiencia y que aquellas con trayectoria específica puedan complementarse con constructoras importantes que pueden aportar muchísimo, como excavadoras para el zanjeo, campamentos, personal, camiones, etc., que hoy no hay en el mercado. Además puedan aportar capacidad financiera, cosa imprescindible en este tipo de obra. Porque hay firmas con experiencia, pero con un patrimonio neto de 250 millones de pesos, absolutamente poco para este tipo de desafíos”, advierten en una grande que se quedó afuera.

El gasoducto es estratégico porque permitirá ampliar en un 25% la capacidad del sistema de transporte de gas natural y ayudará a desarrollar la producción creciente en Vaca Muerta. El ducto tendrá una extensión de 563 kilómetros entre la localidad neuquina de Tratayén y la bonaerense de Salliqueló, atravesando Río Negro y La Pampa. El proyecto también incluye obras complementarias como el gasoducto Mercedes-Cardales, de 30 pulgadas, que quedará a cargo del ganador del cuarto tramo de la licitación.

“Seguimos adelante con el proyecto de transformación que marcará el rumbo de nuestro país para los próximos 25 años”, celebró Gerez en un comunicado difundido el viernes, antes de que el sábado se desatara el escándalo por las acusaciones contra él de parte de fuentes ligadas al posteriormente despedido ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. “El proceso licitatorio prevé su culminación durante agosto de 2022, cumpliendo así con los cronogramas originalmente establecidos”, prometió el presidente de Enarsa. La obra debería estar lista para el invierno de 2023, de modo de reducir en un tercio las importaciones de gas, encarecidas por la guerra de Ucrania.

Al día siguiente de ese parte de prensa, la empresa estatal emitió otro pero para responderle a Kulfas. Recordemos que primero había hablado Cristina Kirchner quejándose de que se permitiera a Techint importar la chapa de Brasil, en lugar de elaborarla en la Argentina, y reclamándole al Presidente que usara la “lapicera con los que tienen que darle cosas al país”. Con ese laminado, el grupo de Rocca elaborará los tubos en Valentín Alsina. Después fuentes vinculadas al ex ministro le respondieron que la compra de los caños había sido responsabilidad de Gerez y que además el presidente de Enarsa había elegido importar las válvulas a pesar de que había un oferente local al mismo precio que el extranjero, con lo que habría incumplido la ley de compre nacional.

Enarsa respondió así: “El off distribuido a periodistas por el Ministerio de la Producción expresa: 'Es IEASA [N. de la R.: antiguo nombre de la rebautizada Enarsa], con funcionarios designados por ella, quienes hacen las licitaciones. Los que no usaron la lapicera como corresponde fueron sus funcionarios de IEASA. Ellos armaron un pliego de licitación a la medida de Techint y de la chapa que el grupo fabrica en Brasil, de 33 mm de espesor. Si en lugar de poner esa especificación hubieran puesto 31 mm, como son los gasoductos en Europa, se podría haber provisto caños desde otra firma que produce en Villa Constitución (Laminados Industriales SA)'. Respuesta: la nota carece de conocimiento técnico y más precisamente del proceso licitatorio llevado adelante”. La empresa que preside Gerez recordó que los pliegos establecían caños de 36 pulgadas y espesores de 12,7, 19,1 y 10 milímetros. “En tal sentido, previo a iniciar el proceso licitatorio, Enarsa procedió a solicitar a la Cámara Argentina de Fabricantes de Caños y Tubos de Acero que indicara qué empresas podían cumplir con dichos requisitos técnicos. La respuesta fue que solo SIAT S.A. cumplía [N. de la R.: Siat es la fabricante local de tubos con costura de Techint]. Pese a esto, se realizó un proceso licitatorio internacional para convocar a empresas extranjeras. Hubo consultas realizadas por seis empresas [N. de la R.: eran de China], pero luego solo SIAT S.A. presentó oferta. Se desconoce en el rubro a la empresa Laminados Industriales”. Con posterioridad al escándalo, esta firma italiana con planta en Villa Constitución, Santa Fe, aclaró este domingo que no producía la chapa necesaria para el gasoducto.

En el comunicado de Enarsa también se refirió a la compra de válvulas: “El mismo off distribuido a periodistas por el Ministerio de la Producción expresa: 'Adjudicaron la provisión de válvulas a una empresa importadora en lugar de a un fabricante argentino que ofrecía precios y condiciones similares, incumpliendo el compre nacional. En definitiva, los que están usando incorrectamente la lapicera son los funcionarios de Cristina'. Respuesta: este punto no merece mayores aclaraciones, ya que el proceso licitatorio para la adquisición de válvulas aún se encuentra abierto y el mismo será declarado fracasado por parte de Enarsa debido a que ninguna de las ofertas recibidas cumplen con los plazos de entrega solicitados. No sólo es grave, sino muy penoso y sobre todas las cosas, incomprensible, que una obra de la magnitud e importancia para la Argentina y para el propio gobierno, como lo es el gasoducto Néstor Kirchner, sea objeto de este tipo de acciones”. Es decir, la cuestión de las válvulas puede retrasar aún más la obra.

Por lo pronto, los diputados opositores Graciela Ocaña y Waldo Wolff, de Juntos por el Cambio, presentarán hoy una denuncia penal contra Gerez por los supuestos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Pedirá la citación como testigos de Kulfas, Cristina Kirchner y Antonio Pronsato, que renunció hace una semana a la unidad ejecutora del gasoducto en Enarsa por internas con el presidente de la empresa. También solicitaron el allanamiento de la firma. Ocaña opinó ante elDiarioAR que la judicialización de esta obra clave no implicará necesariamente una mayor demora en su construcción. Pero en el sector privado temen que el escándalo político desatado entre las acusaciones de la vicepresidenta y las de las huestes del ex ministro terminen postergando un proyecto fundamental para el país: “Es una pelea interna del Gobierno y la Argentina se va a quedar sin gasoducto y volverá a gastar muchos miles de millones de dólares en importar gas, que tenemos bajo tierra”.

AR

Era lógico. En algún momento el enroque de candidatos a los dos lados de la General Paz iba a marear a Horacio Rodríguez Larreta. Acostumbrado a no equivocarse ni siquiera en el más mínimo detalle, la confusión del jefe de gobierno que presentó a Diego Santilli en Olavarría como el mejor postulante para la Ciudad provocó una euforia capaz de perforar la polarización. Festejaron en el Frente de Todos, donde el porteño Axel Kicillof defiende la provincia de la invasión de Larreta, y se enfervorizaron en el radicalismo, que corre desde atrás en la primaria de la oposición con Facundo Manes.  

Debutante en el terreno pantanoso de la política, el neurocirujano de Salto se sintió reivindicado después de que la artillería del PRO y sus aliados lo destripara por haber pedido en vano que el jefe de gobierno no gastara la plata de los porteños en su incursión bonaerense. Como en su momento el alcalde Mauricio Macri, Larreta está al frente de un distrito privilegiado y dispone de un arsenal que es la envidia de sus contrincantes, dentro y fuera de Juntos. Aún después del hachazo en la coparticipación que le dio su amigo Alberto Fernández para salvar a Kicillof de la sublevación bonaerense que Sergio Berni no previó, el jefe de gobierno invierte como nadie en la campaña. 

Más precisos que Manes, fueron dos dirigentes del FDT que le pusieron cifras al estilo Larreta. El primero fue Martín Barroetaveña, que publicó en abril pasado los datos que figuraban en el Boletín Oficial: hasta ese momento, el gobierno de la Ciudad había destinado 830 millones de pesos a contratar encuestas con 12 consultoras. El segundo fue Juan Manuel Valdés, que acaba de terminar un informe sobre lo que invierte Larreta en publicidad. De acuerdo a ese trabajo basado en datos oficiales, entre el 26 de septiembre de 2019 y el 14 junio pasado, Larreta gastó en publicidad en Facebook $17.637.898. Para la campaña bonaerense del porteño Diego Santilli, la Ciudad destinó 1,3 millones a la propaganda en redes en los últimos 90 días.

Valdés sostiene que en 2021 el presupuesto porteño para publicidad y propaganda aumentó un 30 % y que, al segundo trimestre del año, el gobierno de la Ciudad llevaba ejecutado en esas dos áreas $1.473.212. El trabajo del legislador que es hijo del albertista Eduardo Valdés remarca que en 2015 la Ciudad gastaba 3 veces más en publicidad que la Nación y hoy gasta 5 veces más como parte de un operativo que excede a los medios del macrismo y se expande hacia los que consumen el progresismo y el cristinismo. Desde el GCBA, responden con otras cifras y dicen que cada vez gastan menos en términos relativos: si en 2015, se destinó a publicidad el 1,5% del Presupuesto, en los últimos años la partida osciló entre el 0,5 y el 0,7%. Para fin de año, estiman una inversión de unos 2000 millones de pesos en la materia.

Sería subestimar a Larreta pensar que esos números explican su envidiable capital político, aunque en el entorno de Manes afirman que contribuyen a que el jefe de gobierno y sus aliados no paguen un costo político por decisiones que el electorado podría impugnar: el salto de Santilli a la provincia y la decisión del ex vicejefe de gobierno de no debatir con el neurocirujano. A eso, podría sumarse el regreso de Vidal a la Ciudad y el orgullo bonaerense que se perdió en el camino. 

Nada, sin embargo, afecta a los votantes con los que Larreta, Vidal, Santilli y sus colaboradores dicen haberse cruzado en estos meses. Todos, según repiten, les agradecen la gesta de seguir peleando contra el cristinismo y entregarle a Macri su jubilación de privilegio en la política.

Habituado a que nadie contradiga su palabra, Manes comprobó en su debut que penetrar en el conurbano bonaerense demanda bastante más que sentarse en un estudio de televisión para encantar a una platea cautiva. Montado en la vidriera de la Ciudad y en la nacionalización del AMBA que profundizó la pandemia, Larreta y Santilli son los dueños de los votos opositores en el Gran Buenos Aires: eso, al menos, registran todos los sondeos. Lo sufren los peronistas que trabajan en la campaña de Manes y advierten que el electorado que vive en torno a la Ciudad suele trabajar en tierra de Larreta y está marcado por un aspiracional que lo vincula a la cuna del PRO: quieren que la Ciudad llegue hasta sus casas. 

La oposición precisa dejar atrás las PASO para ordenarse de cara al futuro. Vidal es la que más lo necesita, después de un salto ornamental que la dejó lesionada en su frescura, tanto o más que los días de trajín bonaerense. La ex gobernadora decidió obturar el deseo de Macri y Larreta, que la querían otra vez en provincia, pero quedó atrapada en la estructura porteña. Aún cuando sigue on line con la candidata, Federico Salvai se replegó sobre el sector privado y no se sumó a la campaña. Tampoco Jaime Durán Barba está ya para asesorarla como antes. Así, Vidal enfrenta un regreso a la Ciudad en el que compite con Javier Milei -un Micky Vainilla al que se debe tomar en serio- y está atada a las decisiones de Federico Di Benedetto, el secretario de Comunicación, Contenidos y Participación Ciudadana que encarga las encuestas y ya es promocionado como el nuevo Marcos Peña por los entusiastas del larretismo.

Después de las primarias, se abren una serie de interrogantes. El primero que formulan al lado del jefe de gobierno es que hará Manes si los resultados lo amargan por demás. La unidad del día después es tan importante como las PASO y demanda una derrota digna. Los estrategas que acompañan al neurocirujano ya hicieron el cálculo de cuántos candidatos pueden ingresar en los primeros 20 lugares de la lista de Santilli. Si el creador de la Fundación INECO obtiene menos del 30% en la interna, le corresponderán cuatro lugares -lo que haría peligrar el ingreso de Margarita Stolbizer al Congreso-; si oscila entre 30 y 40%, serán 6 y si logra la ambiciosa meta de superar el 40% serán 10. 

Del otro lado de la polarización, los desafíos para el FDT son múltiples. Según afirma el consultor Federico Aurelio, lo más difícil será imponer una interpretación propia del resultado electoral. Si se confirman los sondeos de Aresco, el peronismo cristinista va camino a ganar por 4 la elección en la provincia de Buenos Aires, donde hace dos años se impuso por 14. De cara a las generales de noviembre, el oficialismo necesita generar la impresión de que ganó el distrito clave después de 16 años pese a la pandemia, la crisis y los errores propios; aquello que logró Macri en las PASO de 2017 y le facilitó después el triunfo en las generales contra Cristina. 

El gobierno no sólo debe dejar de pegarse tiros en el pie: además, necesita recuperar la épica perdida y encontrar nuevos fundamentos hacia 2023. El triunfo de Macri 2017 también confirma que un buen resultado puede ser el principio del fin si no hay bases sólidas para el crecimiento y la economía no sale del estrangulamiento de la recesión y la falta de dólares. 

En la residencia de Olivos destacan el récord de las exportaciones, festejan la recuperación económica y apuestan a que se profundice en los próximos dos meses. Sin embargo, de acuerdo a las mediciones permanente de Aurelio, la sociedad todavía no siente en el bolsillo la salida de la crisis. “Estos índices económicos que difunde el gobierno, que mejoró la industria, la construcción, la gente no los percibe. Consideran que ellos están peor económicamente y hacia adelante hay pesimismo”, dice. Una paradoja entre tantas, en el cristinismo admiten que la reactivación después del derrumbe es motorizada por los sectores de clase media que tienen capacidad de ahorro y no pueden viajar al exterior: en su mayoría votantes naturales de la oposición, son ellos los que encienden la economía mientras los adherentes al peronismo encadenan tres años y medio de caída de los ingresos y sufren para llegar a fin de mes frente a una inflación que supera el 50% interanual. 

Pase lo que pase y más allá de las postales de unidad, en el FDT casi nadie duda de que el gobierno tiene que cambiar. Al lado de la vicepresidenta reclaman cambios profundos, dicen que el Presidente no puede demorar más las transformaciones internas que aplazó en el cierre de listas y hablan de que hay que ayudar a Alberto a armar un nuevo gobierno. También Sergio Massa enciende sus turbinas detrás de escena para ganar lugares en el gabinete, con fantasías de todo tipo. 

En algún momento, no muy lejano, Fernández deberá decidir qué lugar pretende ocupar en el futuro. Sin recomponer en serio su alianza con Cristina, seguirá perdiendo posiciones en una competencia interna no blanqueada con el presidente de la Cámara de Diputados. Massa apuesta a ser el nuevo Alberto y quienes conocen bien su ADN afirman que para eso necesita que su íntimo amigo Larreta no salga fortalecido por demás de las legislativas. Acostumbrado a jugar a mil puntas, el ex intendente de Tigre puede venderse mejor ante CFK si el jefe de gobierno lo precisa y lo tienta en la carrera hacia 2023. 

En el Instituto Patria ya largó la temporada de especulaciones hacia las presidenciales. Salvo que el oficialismo arrase y Fernández salga efectivamente plebiscitado, Cristina comenzará a pensar en la sucesión para el candidato que nació de su dedo. Cerca de la vicepresidenta ya empiezan a jugar con la idea de que haga un último servicio a la patria y se presente en 2023 en una fórmula que lleve a Massa en el lugar que ella ocupó en 2019. Los mismos que hasta hace poco veían a Kicillof como plan A de CFK ahora no descartan un turno más del gobernador en provincia. Como siempre, todo dependerá del voltaje de la crisis. 

El establishment se divide entre los que apuestan a la oposición y los que siguen invirtiendo en el proyecto oficialista. Mientras algunos como Marcelo Mindlin se muestran con Axel Kicillof en campaña y otros como José Luis Manzano desembarcan con el fracking en Vaca Muerta a través de la compañía Phoenix Global Resources, Eduardo Elsztain festeja que Larreta le cumpla su sueño húmedo de avanzar con el negocio inmobiliario en Costanera Sur. No hay nadie sin embargo tan audaz como Paolo Rocca, el arrepentido de la causa Cuadernos que se redimió en tiempo récord de las coimas al kirchnerismo y volvió a predicar sobre la salida para la Argentina desde la tribuna de la UIA. Es la Argentina desvergonzada de las complicidades obscenas, de acuerdo a la definición del jurista Alberto Binder, uno de los pocos críticos del fallo del juez Julián Ercolini que sobreseyó a Rocca, Luis Betnaza y Héctor Zabaleta en la misma resolución que confirmó el procesamiento de Roberto Baratta. 

Sorprendido por la impunidad de un Ercolini que en lugar de dejar morir el caso expuso su compromiso con el poder económico, con la complicidad del fiscal Stornelli, el Procurador Eduardo Casal y la UIF de Carlos Cruz, Binder advierte que se trata de un caso evidente de prevaricato y analiza una presentación contra lo que considera cosa juzgada irrita. “Lo grave es el silencio general ante la impunidad de los empresarios corruptos. Los grandes medios se callaron la boca, los periodistas que hacen escándalo por cosas mucho menores se callaron, Daniel Sabsay dice que no leyó el expediente. El nivel de caradurez no deja de asombrarme”, dice. Profesor de Derecho Penal reconocido en toda América Latina, Binder dice que el establishment habla en nombre del interés general pero tiene una apuesta muy limitada: conseguir una dirigencia política que se limite a cumplir el rol de gerente de sus intereses particulares.

DG

A dos semanas de las PASO, Marcelo Mindlin se sumó a la campaña del Frente de Todos. El dueño de Pampa Energía participó el jueves pasado de una recorrida por la Central Térmica Ensenada Barragán junto a Axel Kicillof y los candidatos del peronismo kirchnerista en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan. 

En el acto, que tuvo como protagonista principal al gobernador bonaerense, también estuvieron el secretario de Energía de Nación, Darío Martínez; el subsecretario de Energía bonaerense, Gastón Ghioni y el intendente de Ensenada, Mario Secco. 

Pampa Energía es socia de YPF desde 2019 y avanza en el Cierre de Ciclo Combinado de la Central Barragán, un proyecto que contempla una inversión de 220 millones de dólares y emplea a 1500 trabajadores en forma directa con el objetivo de duplicar la generación de electricidad y aumentar la potencia instalada de 567 MW a 847 MW.

Mindlin quiso estar presente. Así se lo confirmaron a elDiarioAR dos de los presentes. Lo hizo acompañado por la plana mayor del holding: su hermano Damián Mindlin, vicepresidente de Pampa Energía y el CEO de la empresa, Gustavo Mariani. 

El encuentro había sido organizado por Tolosa Paz y el presidente de la fundación Pampa Energía Pablo Díaz, dos platenses que ya habían interactuado durante 2020, cuando la compañía de Mindlin colaboró con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales que dirigía la ahora primera candidata a diputada en territorio bonaerense. 

La Central Térmica de Barragán fue adjudicada por la gestión de Mauricio Macri, a mediados de 2019, al consorcio integrado por YPF y Pampa Energía. El cierre de ciclo combinado se inició en 2020 y Kicillof espera que esté concluido en mayo del año que viene. Según dicen en la empresa, será la obra más grande y más moderna en su tipo de América Latina. 

A pocos días de las legislativas en las que el Frente de Todos se juega parte de su futuro, el acto tuvo un evidente componente político. El empresario que este año le vendió Edenor al holding liderado por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti venció las resistencias del kirchnerismo y fue expandiendo su radio de influencia en la alianza oficialista. A su vínculo histórico con Sergio Massa -que se intensificó en el tiempo en que los dos estuvieron enfrentados con el cristinismo- Mindlin le sumó primero una relación de lo más estrecha con Alberto Fernández y ahora una reaparición en plena campaña con Kicillof. El Presidente, que en la batalla electoral de 2019 lo denunciaba en público como uno de los amigos de Macri beneficiados por el tarifazo, ahora lo considera un empresario modelo, tal como lo expresó el año pasado durante la inauguración de la ampliación de otra central de Pampa Energía, la de Genelba, en la localidad bonaerense de Marcos Paz. 

Con el gobernador bonaerense, la relación no es nueva: se remonta a los años del último cristinismo, cuando Cristina Fernández de Kirchner desplazó a Julio De Vido y sentó a Kicillof como interlocutor de Mindlin en el rubro energético. El entonces viceministro de Economía de Kicillof, Emmanuel Álvarez Agis, se convirtió en director estatal de Edenor y trabó un lazo de confianza con la empresa. Algo de eso se habló en la reunión que mantuvieron funcionarios, candidatos y directivos de la firma, después de la recorrida en la que el gobernador bonaerense recibió saludos de los obreros de la UOCRA y Luz y Fuerza que trabajan en la obra y se mostró dispuesto a todas las selfies. 

Fue Kicillof el que recordó que, durante el último gobierno cristinista, Mindlin le había hablado de la oportunidad que representaba para YPF comprar los activos de Petrobras en Argentina y contó en la mesa cuál había sido su respuesta. 

-Comprala vos, nosotros no tenemos margen. 

Fue lo que hizo Mindlin, en una operación en la que vendió su participación en la gasífera TGS e invirtió casi 900 millones de dólares para quedarse con el 67,2% de la filial argentina, incluidas las estaciones de servicio y la refinería de Bahía Blanca de Petrobras. Cuando la compra se concretó, en 2016, el que gobernaba era Cambiemos y Mindlin iba camino a quedarse también con IECSA, la histórica constructora del clan Macri que estaba en manos de Angelo Calcaterra. 

Una vida después, el dueño de Pampa Energía vuelve a mostrarse cerca del peronismo kirchnerista como parte de una asociación que parece redundar en beneficios para todos. Para el gobernador bonaerense, Barragán es una de las obras más importantes de la provincia. Para Mindlin, Kicillof tiene un sinnúmero de virtudes: está a cargo de la gestión en el distrito más importante del país -algo que Massa no puede ofrecer- y es una puerta de ingreso al universo más cercano a la vicepresidenta de la Nación, algo que Fernández no garantiza. 

En la mesa de Barragán, Mindlin se encargó de remarcar su decisión de permanecer en el país e invertir en Argentina mientras otros empresarios se van a vivir al exterior. De hecho, enseguida surgió la comparación con otros distinguidos hombres de negocios que acostumbran a despotricar contra el kirchnerismo.

Cuestionado hasta hace no tanto por el Instituto Patria, Mindlin dio en público un paso más para redimirse de su cercanía con el macrismo y posicionarse ahora como uno de los empresarios más afines al Frente de Todos. Muy lejos parece haber quedado también la denuncia de los diputados kirchneristas Rodolfo Tailhade, María Emilia Soria, Fernanda Vallejos y Adrián Grana contra la privatización de la central que decidió Macri y su posterior adjudicación: según los querellantes, el Estado había perdido U$S 76.376.500 millones con la obra por la que YPF y Pampa habían pagado U$S 229.529.500. También la ampliación de denuncia que hizo en agosto del año pasado, el ex titular de EASA (la ex ENARSA), Andrés Cirigliano, ante el juez Sebastián Casanello. Cirigliano fue reemplazado en febrero pasado por el santacruceño Agustín Gérez.

DG

Angelo Calcaterra preferiría no ser noticia. El arquitecto que durante años trabajó a las órdenes de Franco Macri en Sideco y en 2007 le compró la constructora de la familia al patriarca fundador guarda un estricto perfil bajo y casi nunca habla. Aún así, mantenerse lejos de la exposición le resulta imposible desde hace casi dos décadas. La carrera política de su primo hermano lo llevó a los primeros planos y lo convirtió en un nombre conocido, asociado al capitalismo de amigos que es marca del empresariado argentino. Sin embargo, Calcaterra asegura que su caso no aplica para la regla. Afirma que jamás tuvo obras durante la gestión de Mauricio Macri como jefe de gobierno porteño, dice que trabajó toda su vida y exhibe como prueba de su distancia con el poder la decisión que tomó cuando el egresado del Cardenal Newman se convirtió en presidente: vender Obras, Desarrollos y Servicios (ODS), el holding que tenía como nave insignia a la constructora IECSA e incluía además a la desarrolladora inmobiliaria Creaurban, concesiones viales, la minera Geometales y la Sociedad de Garantía Recíproca Fidus.

Hoy esa operación sellada hace casi cuatro años lo tiene envuelto en un litigio con uno de los empresarios más poderosos del país, Marcelo Mindlin, que por estos días está de viaje en el exterior. Calcaterra reclama ante el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio que el dueño de Pampa Energía cumpla con el contrato que firmaron y le pague una deuda que, según fuentes del mercado, ronda los 30 millones de dólares. En marzo de 2017, cuando se concretó la venta, Mindlin hizo un pago inicial que, de acuerdo a lo se informó en su momento, era de 44 millones de dólares y se comprometió a pagar en cinco cuotas lo que le quedaba pendiente por el grupo de empresas. Pero no lo hizo.

“Mindlin no cumplió con lo que firmamos y cayó en un incumplimiento contractual. Por eso lo llevé a la Justicia”, le dice el empresario a elDiarioAR. “Más no puede contar”, asegura, porque hay un clausula de confidencialidad que no puede violar. Sólo repite una consigna que anuncia una batalla prolongada entre pesos pesados: “La voy a seguir, la voy a seguir”. Se refiere a una disputa en la que tiene las de perder, hacer oír su reclamo no le resulta fácil y la decisión puede demorar varios años. Mindlin es uno de los hombres de negocios más importantes del país, adaptable a cualquier circunstancia y a cualquier gobierno. Tiene una estrecha relación con Sergio Massa, recompuso su vínculo con Alberto Fernández -que llegó a mencionarlo en 2020 como ejemplo del empresariado nacional- y acaba de venderle Edenor a un consorcio liderado por José Luis Manzano. Además, cuenta con un amplio blindaje mediático. Es el accionista principal de una empresa que, según dice en su página web, lidera la generación eléctrica en Argentina desde hace tres años, tiene una potencia instalada de 4944 MW y está en proyecto de ampliación para llegar a 5.239 MW. Pampa Energía es dueña de 9 centrales termoeléctricas, 3 centrales hidroeléctricas y 3 parques eólicos. En junio de 2020, invirtió 320 millones de dólares en la ampliación de la Central Termoeléctrica Genelba, ubicada en Marcos Paz, con una potencia instalada de 1.243 MW. Y en diciembre pasado, se comprometió a invertir 250 millones de dólares en el Plan Gas. 

Mindlin no cumplió con lo que firmamos y cayó en un incumplimiento contractual. Por eso lo llevé a la Justicia

Hijo de Pía Macri, la única hermana de Franco, Calcaterra se presenta como un desarrollador inmobiliario que está afuera del circuito del poder. Quienes lo conocen aseguran que su pensamiento no está ni tan cerca de su primo como indica la genética ni tan lejos de Cristina Fernández como marca la política. El sobrino de Franco cuenta una historia que nada tiene que ver con la que se popularizó en los días en que Macri era presidente y Mindlin se beneficiaba con medidas que iban desde un descomunal aumento de tarifas hasta la dolarización del transporte de energía eléctrica. Asegura que se desprendió de sus empresas sin que nadie se lo pidiera, para no quedar en el medio. Cuando Macri asumió la presidencia, lo vio en un encuentro familiar y le dijo:

-Yo vendo, yo no quiero quilombos.

Macri le respondió cortante.

-Por mí no hace falta. 

El arquitecto dejó la operación en manos de MBA-Lazard Argentina. Hubo ofertas de chinos, rusos y hasta interés de algunas empresas locales como Techint, pero nada terminó de convencerlo. Un día, una vecina de Calcaterra que incursionó en el negocio petrolero se le acercó y le dijo que el dueño de Pampa Energía estaba interesado en comprar. Fue Mindlin, finalmente, el que presentó la mejor oferta. No por el monto que se comprometía a pagar sino por la decisión con que avanzó detrás de su objetivo. La estatal China Railway Construction Corporation Limited, CRCC, ofrecía más pero demoraba el aval del gobierno de su país, venía el Año Nuevo chino, como ahora y todo se dilataba. Calcaterra estaba apurado y quería evitar que su nombre siguiera siendo utilizado como insumo para la batalla cotidiana de la política. Mindlin había visto una oportunidad, más, de comprar barato.

La venta se firmó en 2017 en el edificio de Pampa Energía sobre la calle Maipú, en un encuentro en el que, según recuerdan los testigos, había alrededor de 100 personas entre contadores y abogados. Calcaterra dice que se fue lagrimeando: se había desprendido de lo que más le había costado conseguir, un conglomerado de empresas que le había pagado a Franco Macri durante siete años. El Grupo ODS tenía entonces 3000 empleados y facturaba entre 300 y 400 millones de dólares por año.

En 2018, los dos empresarios que ahora se enfrentan en el Tribunal Arbitral de la Bolsa fueron protagonistas de la saga de los Cuadernos. Mindlin fue a declarar ante Claudio Bonadio y se fue sin mayores contratiempos. Calcaterra la pasó bastante peor, pese a que su primo era el presidente. Su mano derecha, Javier Sánchez Caballero, fue detenido con prisión preventiva y solo fue liberado una vez que el antiguo dueño de IECSA se presentó como arrepentido en Comodoro Py, en una imagen que recorrió el mundo.  

En mayo de 2019, Calcaterra y Mindlin firmaron una adenda al contrato original y dieron inicio a un proceso en el que todo entendimiento quedó atrás. Ahí empezaron los problemas y se lanzó a andar la guerra de interpretaciones sobre cláusulas e incisos. La segunda cuota que el zar de la energía debía pagar tenía una fecha precisa, marzo de 2020. Mindlin no pagó. Calcaterra le envió una carta documento y llevó su reclamo al Tribunal Arbitral de la Bolsa. Nunca más volvieron a hablar.

Consultados para esta nota, desde Pampa Energía dicen que se trata de un “arbitraje entre privados por un contrato entre privados” y coinciden con Calcaterra en un solo punto: hay una cláusula de confidencialidad, tanto entre las partes como con el Tribunal. Por eso no se pueden hacer comentarios. La deuda existe y las cinco cuotas están pendientes de pago. En eso hay acuerdo. No en las razones.  

El caso fue revelado por Horacio Verbitsky en octubre pasado, en el sitio “El Cohete a la Luna”. Allí, el columnista detalló que “el Contrato Inicial entre Mindlin y Calcaterra contemplaba un ‘precio contingente variable’ que dependía, entre otros factores, de los resultados del negocio de cada una de las empresas vendidas y sus eventuales pasivos ocultos (...). El Contrato Definitivo, mayo de 2019, convirtió aquel esquema de precio contingente variable en otro ‘de precio fijo’.

Desde entonces, Mindlin siguió siendo un actor protagónico de la política y los negocios, como lo era también durante los años de Macri presidente. Siguió muy cerca de Massa, se mostró con Fernández, se reunió con Máximo Kirchner y hasta dicen que pretende ver a Cristina. Calcaterra mantuvo en silencio su reclamo por los millones de dólares que le adeuda el dueño de Pampa Energía y dejó el litigio en manos de su abogado Marcelo Tavarone, del estudio Tavarone, Rovelli, Salim Miani Abogados. Bien asesorado, Mindlin es representado por el buffet de Diego Salaberry. Allegados al dueño de Pampa afirman que, si el Tribunal le da la razón a Calcaterra, seguro va a pagar las cinco cuotas que quedan pendientes. Mientras tanto, seguirá creciendo a un ritmo acelerado, como lo viene haciendo desde hace dos décadas. 

DG

A dos días de fin de año, Alberto Fernández se anotó la segunda victoria política de un 2020 colmado de dificultades y malas noticias. La sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es un triunfo del Presidente, motorizado dentro de su gobierno por Vilma Ibarra y trabajado por él voto a voto, con una dedicación que no mostró en otras iniciativas del oficialismo que quedaron anegadas en el Congreso. Junto con la reestructuración de la deuda, son dos objetivos que Fernández se había fijado en campaña y que pudo cumplir, pese a las demoras. Por convicción, por astucia, porque el movimiento feminista le impuso el tema como prioridad o porque todo tiene un tiempo de maduración, el profesor de Derecho Penal logró lo que Mauricio Macri prefirió no hacer ni capitalizar, cuando tuvo la oportunidad, en pleno derrumbe económico. Que se haya tratado de una demanda social y haya contado con el apoyo decidido de mujeres de distintos partidos no impide que el pancristinismo vuelva a entrar en la historia como la fuerza que sanciona una ley con eje en las libertades individuales, como lo fue hace más de 10 años el matrimonio igualitario. El contexto dramático en que se aprueba el aborto legal, sin embargo, también cuenta y aporta indicios para entender qué tipo de proyecto es o puede ser el de los Fernández.

Después de una década de estancamiento y bajo crecimiento, el peronismo kirchnerista enfrenta una prueba ácida en su cuarto ciclo de gobierno: demostrar cuál es su capacidad efectiva para aprovechar la oportunidad recurrente de la crisis y resolver los problemas estructurales en la Argentina de la precariedad y el empate tenso. Será difícil desmentir a Héctor Magnetto, quien afirma en privado que la alianza oficialista no tiene margen para hacer cambios importantes durante su mandato. La pandemia opera sobre un cuadro que Macri agravó de mil maneras en tiempo récord y, pese al rebote que se insinúa, el panorama es desolador. Más de 43 mil muertos, una caída de la economía similar a la de 2002, escasez de dólares para motorizar la reactivación, un aumento descomunal del continente de pobres y desocupados, cierre de pequeñas empresas, caída de ingresos por tercer año consecutivo y el FMI como acreedor privilegiado y auditor.  

El Covid-19 se resiste a quedar atrás y sigue siendo lo más urgente. Fernández no quiere retroceder con la apertura, gran parte de la sociedad ignora las cifras de nuevos muertos y las aglomeraciones de gente sugieren que el botón rojo nunca existió. Desde el fin del mundo, el Presidente corre la carrera global por acceder a la vacuna. Junto con Sputnik V y AstraZeneca, el objetivo es apurar el acuerdo con China: mañana mismo, sin ir más lejos, Fernández estará pendiente de que le lleguen buenas noticias de Beijing y de que madure el acuerdo con Sinopharm.  

Mañana mismo, Fernández estará pendiente de que le lleguen buenas noticias de Beijing y de que madure el acuerdo con Sinopharm.

La reforma del sistema de salud que planteó sin dar detalles Cristina en La Plata es parte de un programa de gobierno del que ni siquiera conocen sus trazos gruesos los sectores involucrados. Por segunda vez en dos meses, Alberto dio marcha atrás el 31 de diciembre con un aumento del 7% para las prepagas. Esta vez, lo hizo unas horas después de que su propio gobierno publicara la resolución 2897/2020 en el Boletín Oficial, con la firma de Ginés González García. Entre los fundamentos de la suba que no fue, el ministro de Salud marcaba la preocupación de las cámaras empresarias “por el estado crítico en que se encuentran la mayoría de los prestadores” y justificaba el incremento “a fin de garantizar su continuidad”. En el sector privado, también reclaman una reforma integral aunque no está claro que se trate de una alternativa compatible con la que enunció CFK; dudan sobre si existe alguna medida de corto plazo, si se analiza la vía de una estatización o se piensa en una variante más parecida al National Health Service, el sistema que adoptó el Reino Unido después de la Segunda Guerra Mundial y sobrevivió hasta hoy, debilitado por los recortes presupuestarios de distintos gobiernos.

Para las prepagas, que le presentaron ya su propuesta de reforma a Ginés, el sistema británico es una variante posible porque recauda, contrata con las clínicas las prestaciones y se hace cargo de los riesgos de financiar los tratamientos. La medicina privada se queja del congelamiento, dice que con el fin del ATP la mayoría de los sanatorios no podrán pagar los sueldos y afirma que el sistema va a un colapso entre febrero y marzo. Además, apunta contra los laboratorios, grandes ganadores de buena llegada al gobierno, que acentuaron su predominio con la pandemia y aumentaron los medicamentos a niveles inconcebibles pese a la emergencia sanitaria. Cómo financiar la salud en la era del virus es otra de las cuestiones que no tiene respuesta fácil. Aún con su importancia vital, el hospital público atiende a los afiliados que tienen cobertura pero aparece desfinanciado por las obras sociales que le pagan tarde y sin actualizar los aranceles. 

Las prepagas dicen que con el fin del ATP la mayoría de los sanatorios no podrá pagar los sueldos de febrero y marzo. Además, apuntan contra los laboratorios, que aumentaron los medicamentos a precios inconcebibles durante 2020.

Argentina es un país de múltiples realidades. Pese a que afecta a 18 millones de personas, la reforma jubilatoria que el Frente de Todos aprobó en Diputados tuvo muchísima menos repercusión que la sanción de la IVE. El oficialismo hizo coincidir las fechas para diluir las críticas en su contra. Sin embargo, la aprobación de la reforma jubilatoria se festejó en la residencia de Olivos. Sus consecuencias son difíciles de prever en el marco de la inestabilidad permanente. En su discurso de cierre, cuando entró a comparar piedras con balas, Máximo Kirchner defendió la medida, pero admitió que los jubilados no se van a recuperar en breve del golpe devastador sobre sus ingresos que sufrieron durante los años de Macri y debían revertir en parte en el 2020 en el que Fernández decidió los aumentos por decreto. El aliado paraoficial Luis Di Giacomo levantó la mano para votar y arriesgó su propia definición sobre la reforma: es “la menos mala” dijo, en una aproximación que seguro Sergio Massa comparte. 

La nueva fórmula no indexa por inflación, depende de la evolución de la economía y es casi una cuestión de fe en un contexto de múltiples restricciones, que tiene al nuevo Fondo pidiendo por lo bajo lo mismo que pedía el viejo, la reducción del déficit fiscal. Mientras la oposición denuncia el ajuste después del ajuste, el oficialismo evoca con nostalgia los años kirchneristas que no volverán. Una tercera perspectiva aportan desde consultoras como Eco Go. Según su directora, Marina Dal Poggetto, la formula es un bumerán para los Fernández: el gobierno paga un costo político con un cambio que no le garantiza un beneficio económico porque las jubilaciones pueden volver a licuarse en 2021 -si se quedan por detrás de una inflación que escala hacia el 4% mensual- pero volverán a ganar, si la reactivación se produce a partir de 2022. Para los analistas del establishment, que ponen en primer lugar la reducción del déficit y el acuerdo con el Fondo, el nuevo esquema es malo y en el mediano plazo deberá ser nuevamente enmendado porque no hay forma de financiar los aumentos previstos. Salvo, claro, que haya un acuerdo para una reforma estructural en un sistema impositivo que sigue siendo de lo más regresivo.

El contexto es el que cambió en la última década. Para la consultora de Dal Poggetto, en 2008 los ingresos de la Anses, fondeados en una tercera parte con rentas generales y dos terceras partes con ingresos de la seguridad social, alcanzaban para financiar el 80% del gasto de la Anses y el 110% de las jubilaciones y pensiones. Hoy, tras una licuación de más del 20% de los haberes, los ingresos de Anses alcanzan para financiar sólo el 60% del gasto de la Anses y el 90% de las jubilaciones y pensiones. En 2008, todavía había equilibrio fiscal, hoy el déficit abultado por la pandemia ronda el 7% del PBI. Otra vez la pregunta para el peronismo es cómo financiar el sistema desde la fragilidad de la escasez y el sobreendeudamiento. El trabajo no registrado, que nunca bajó del 35% y hoy afecta según algunos estudios a 1 de cada 2 asalariados, es una de las razones del desequilibrio y parece ausente, salvo por la propuesta de reforma laboral que hizo Roberto Lavagna para incorporar al sistema a los que están en la informalidad bajo un régimen low cost para las empresas.

Para Marina Dal Poggeto, la formula previsional es un bumerán para los Fernández: el gobierno paga un costo político con un cambio que no le garantiza un beneficio económico porque no hay forma de financiar los aumentos previstos.

Otra cuestión estructural, el funcionamiento de un servicio eléctrico oligopólico, quedará a prueba en el verano con el congelamiento de tarifas y el regreso de los cortes de luz en el conurbano bonaerense y la Capital Federal. Es probable que los reflectores estén sobre el debut del consorcio liderado por José Luis Manzano en Edenor. Mientras algunos no se explican por qué vendió el velocista Marcelo Mindlin, al lado del dueño de Pampa Energía dicen con ironía que el misterio es por qué compró el exministro del Interior una compañía que “regalada es cara”. Se refieren a los aumentos pisados por Cristina hasta nuevo aviso y la tarifa social que cubre a una parte de sus clientes. Manzano no sólo es socio de Daniel Vila y de Mauricio Filiberti. La composición de Empresa de Energía del Cono Sur (Edelcos) incluye un accionista que pasó inadvertido pero también incide, el titular de Global Income Fund Limited, un fondo constituido en Bahamas en 2018. El empresario mendocino no oculta su nombre y lo admite ante quien se lo pregunta: se trata de Ricardo Beroiza Contreras, un ingeniero chileno que hizo un master en Estados Unidos, trabajó durante 15 años en el Bank of America y es socio de Manzano en Edemsa, la distribuidora de luz de Mendoza. ¿Qué participación tiene Beroiza en el capital accionario de Edenor? Nadie ofrece precisiones.

Los cortes de luz en la tercera sección electoral empezaron a crecer con las temperaturas altas: afectan cada día a grupos de 500 vecinos y vuelven a poner a prueba la paciencia social.

A los intendentes del conurbano, les preocupa Edesur, que no mejoró el servicio pese a las intimaciones que recibió del ENRE ni a los pagos del Estado que -igual que Edenor- embolsó sobre fin de año por el consumo de energía de los barrios populares. Los cortes de luz en la tercera sección electoral empezaron a crecer con las temperaturas altas: según denuncian desde los municipios, afectan cada día a grupos de 500 vecinos y vuelven a poner a prueba la paciencia social. No parece el contexto más oportuno para la batalla interna que se precipita en el PJ, donde un grupo de intendentes liderados por Fernando Grey pretende resistir la intención de Máximo Kirchner para asumir la jefatura del partido con el impulso del zigzagueante Martín Insaurralde. El Frente de Todos sabe muy bien cuál es su base electoral pero la disputa de superficie con la oposición y las diferencias internas lo muestran muchas veces desligados de los problemas, estructurales, que afectan a sus votantes más que a nadie. Entre la inestabilidad económica, la presión devaluatoria y un Fondo que le respira en la nuca, deberá calibrar bien sus prioridades para el año electoral. Como aliada tiene a la soja, que aumentó 40% durante 2020, cotiza por arriba de los 470 dólares y tendrá desde enero otra vez retenciones del 33%. 

Treinta años más tarde José Luis Manzano viene a desmentir que su nombre haya pasado de moda.

Mientras la temperatura se eleva y el gobierno nacional discute cuándo y cómo iniciar una nueva temporada de aumentos en los servicios públicos, el ex ministro del Interior acaba de sellar un acuerdo con uno de los empresarios más poderosos del país: el zar de la energía Marcelo Mindlin. Financista que goza de un blindaje mediático fenomenal y alma mater de Pampa Energía, Mindlin se agranda siempre en la crisis y logra llevarse bien con todos los oficialismos. La venta de Edenor, la mayor distribuidora eléctrica de Sudamérica, a un consorcio integrado por Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, es una operación entre pesos pesados que sacude al mercado y habilita todo tipo de interpretaciones. 

Tal como viene contando el DiarioAR desde hace 10 días, Manzano viajó a Buenos Aires a mediados de diciembre para sellar el entendimiento con Mindlin y piensa volver a Ginebra, su lugar de residencia, antes del 31 de diciembre. La negociación, que requería su firma, debía cerrarse antes de su partida. La vieja promesa del peronismo de Mendoza es un jugador experimentado que sobrevivió maltrecho al fuego del menemismo y se adaptó sin demasiados traumas al tiempo que vino después. Se asoció con Daniel Vila, se recicló como empresario de medios desde el Grupo América y, sobre todo, se concentró en el negocio energético como un actor secundario pero muy ambicioso. 

Ante el regreso del peronismo al poder en 2019, Manzano no se dejó intimidar con el fantasma del chavismo que agita el Círculo Rojo. Al contrario, recuperó el entusiasmo que había perdido en los años finales de Mauricio Macri en la presidencia y encontró en la alquimia electoral del Frente de Todos una oportunidad para inscribirse en el nuevo proceso político. El dueño de Andes Energía ya era el accionista principal de la mayor distribuidora eléctrica de Mendoza, Edemsa, pero acaba de dar un golpe que pocos habían previsto. Formó Empresa de Energía del Cono Sur (EDELCOS) con Vila, Filiberti, Andina PLC -la propietaria de Edemsa- y Global Income Fund Limited, un fondo de inversión que se dedica a los negocios en telecomunicaciones, televisión por cable, energía y petróleo.

Manzano y Mindlin se conocen desde hace tiempo y tienen más de un puente en común. En los últimos días, se vieron en privado y hasta se mostraron en la parrilla Roldán. En las cercanías del oficialismo, son apellidos que remiten a Sergio Massa desde hace tiempo. Manzano formatea al presidente de la Cámara de Diputados desde los inicios de su carrera política y fue uno de los primeros en abonar el emprendimiento independiente y frustrado del Frente Renovador. En los últimos diez años, Mindlin aceitó su relación con el ex intendente de Tigre. Por entonces Massa desafiaba el proyecto de Cristina Fernández de Kirchner y un sector del kirchnerismo apuntaba con denuncias de lavado contra el dueño de Pampa Energía. El vínculo entre ellos se afianzó en los meses de octubre y noviembre de 2018, cuando el país político se veía conmovido por la letra del ex sargento del Ejército Oscar Centeno. Cuando Claudio Bonadio dictó el sobreseimiento de Mindlin en la causa Cuadernos, Massa fue de los primeros en enterarse y se lo contó a Mindlin. Un gesto que el empresario no olvida.

Mindlin se abrió paso en los negocios con Eduardo Elsztain en la década del noventa. Su expertise trasciende el juego de la polarización. Fue el comprador de IECSA, la constructora del clan Macri, durante el gobierno de Cambiemos. Así se benefició con la fabulosa transferencia de ingresos del tarifazo amarillo.

Con Alberto Fernández consiguió reencauzar la relación. En campaña, el Presidente lo había denunciado como uno de los amigos de Macri. Ahora lo tiene en alta estima. Considera que Mindlin es un oficialista leal, que le informa de sus movimientos y le ofrece el plafón para anunciar inversiones, como sucedió en junio pasado, cuando Fernández participó del acto de ampliación de la central termoeléctrica Genelba, en Marcos Paz. Lo presentó como contraejemplo de los defaulteadores de Vicentin. Con Manzano, el vínculo es correcto, según dicen en Olivos, aunque el Presidente tal vez advierta que el mendocino tiene una ductilidad mayor, que no reconoce fronteras: no sólo conoce a CFK desde la década de los noventa, también tiene una buena relación con su coterránea Anabel Fernández Sagasti y logró una sorprendente empatía con miembros destacados de la cúpula de La Cámpora. 

Según el consorcio conformado por Manzano, Vila y Filiberti, la operación se concretó por 200 millones de dólares, si se excluye la deuda financiera de Edenor. El dueño de Pampa pasará a concentrarse en la generación y transmisión, donde también tiene un peso decisivo. Maestro en el arte de la garrocha, Mindlin afirma que su negocio hoy pasa por Vaca Muerta, donde piensa incrementar su participación en el Plan Gas, el diagrama oficial para elevar la producción de gas no convencional y recortar la importación de gas de Bolivia a través de subsidios del Estado. Según figura en su página personal, Pampa es el tercer mayor oferente en la Cuenca Neuquina y tiene comprometida una inversión de 250 millones de dólares: a partir del próximo viernes 1 de enero, tendrá adjudicados un volumen base de 4,9 millones de m3/día de gas a un precio medio anual de US$ 3,60 por millón de BTU por los próximos cuatro años.

Para Manzano, Vila y Filiberti, la venta de fin del Día de los Inocentes es la oportunidad de comprar barato para entrar en un negocio estratégico y apostar a una solución política en la etapa que viene. Para Mindlin, es la forma de despegar de la distribución de energía en la antesala de un nuevo -aunque trabajoso- aumento de tarifas. Así logrará evitar que su cara vuelva a ser noticia asociada a un grupo de empresarios que se beneficia con las penurias generales o como responsable de un apagón descomunal, como el que tuvo lugar el Día del Padre de 2019.

DG

Luis Kreckler sabía hace bastante que tenía los días contados en Beijing. El saliente embajador en China es un diplomático con experiencia política y vínculos con el poder real que maneja buena información. Ya hace tiempo que en el triángulo que forman los funcionarios cercanos a Alberto Fernández, la Cancillería y el cristinismo se lo daba de salida. Su desplazamiento, se decía, era solo cuestión de tiempo. Advertido de que su puesto corría peligro, Kreckler apuró en las últimas semanas un movimiento que ahora utiliza como parte de su tardía, desesperada, defensa. Cerró el principio de acuerdo con la estatal china Sinopharm para garantizar la provisión de un millón de dosis de la vacuna para enero y otras 30 millones para el resto de 2021. Era un entendimiento que Ginés González García propiciaba pero que exhibía dos fallas, producto de la urgencia: no tenía un precio establecido y requería una aprobación provisoria de la ANMAT como la que tuvo la Sputnik V. También decepcionado con el embajador, el ministro de Salud se quejaba de que el gigante asiático no aportaba la documentación que precisa el organismo que controla los medicamentos en Argentina. Inexplicable, la “licencia ecológica” que el diplomático de carrera se tomó para -según dice- no ir a ningún lado fue el detonante. 

En los últimos días, Kreckler accedió a información confidencial de Cancillería, supo del decreto que ordenaba su relevo y trató de evitarlo por todos los medios. Hasta parece haber difundido cables reservados, un delito tipificado en el artículo 157 del Código Penal. Fue en vano: Sabino Vaca Narvaja, el segundo de la embajada en los hechos, ya había sido designado por el Presidente. Hermano mayor de Camilo Vaca Narvaja e hijo de uno de los máximo líderes de Montoneros, el futuro embajador promueve el acuerdo con las granjas porcinas, remarca que China le viene ganando la carrera en infraestructura a Estados Unidos, ve grandes perspectivas en el ingreso de Argentina al Banco Asiático de Inversiones que aprobó el Congreso en noviembre pasado y sostiene que Xi Jinping está en un proceso de internacionalización de su moneda que puede servir de auxilio para los Fernández.  

Con fama de eficiente, astuto y formado, Krecker tuvo dificultades desde el minuto cero para adaptarse a China y su lógica occidental -que le había rendido en destinos como Alemania y Suiza- se reveló ineficaz para tratar con los funcionarios de Xi. Peor que eso: su autosuficiencia lo dejó sin aliados en su propio gobierno. Su mala relación con Vaca Narvaja le fue minando no sólo su vínculo con la encargada de sugerir su nombre, Cristina Fernández de Kirchner, sino también con el propio Presidente. Sin reportar tampoco al canciller Felipe Solá, Kreckler se encontró sin darse cuenta con más promotores fuera que dentro del peronismo gobernante. Una ecuación inviable. 

Su despido y posible jubilación, afirman en la residencia de Olivos, no afecta en lo más mínimo la relación con China. Según pudo saber elDiarioAR de fuentes de primera línea, en las últimas horas Solá le envió una carta al canciller asiático y el propio Alberto tuvo un intercambio epistolar con Xi Jinping para acelerar el acuerdo por las vacunas. No se descarta una conversación telefónica de Fernández en los próximos días con el presidente chino, en un intento de replicar el acuerdo sin intermediarios al que se llegó hace unos meses con Vladimir Putin.

En el gobierno dicen que la salida de Kreckler no afecta la relación con China. En las últimas horas, Alberto Fernández tuvo un intercambio epistolar con Xi Jinping para acelerar el acuerdo por las vacunas.

Pese a que tienen tres experimentos en fase 3, fueron cautos en extremo y no aceleraron como otras potencias. Uno de los 40 vuelos que conectaron Beijing con Buenos Aires durante los meses de pandemia sirvió para que científicos chinos probaran la fase 3 con 3000 argentinos que participaron de manera voluntaria. Los ensayos chinos corren a su manera la carrera global y la noción del tiempo que enseña el viejo imperio también aplica en esta competencia. 

Fernández llega con ventaja porque se puso a disposición de Xi Jinping cuando nadie lo hacía y se benefició con un nivel de insumos que pocos países recibieron. Está pendiente el ingreso de Argentina a la Ruta de la Seda y un viaje del presidente argentino que el coronavirus postergó por ahora sin fecha. En la residencia de Olivos, celebran el arribo de las 300.000 dosis de la Sputnik V para empezar a vacunar el martes y la autorización de su uso para mayores de 60 años, algo que se anunciaba desde el primer momento. Ahora esperan que The Lancet publique los ensayos en fase 3. En lo que se considera un trato preferencial, Putin envió a la Argentina vacunas producidas en Rusia y no las fabricadas en India, China y Corea del Sur. Pero además, desde el gobierno argentino aseguran que ningún otro país va a recibir la Sputnik V en los próximos tres meses.  

Fernández apuesta todo lo que tiene a evitar una segunda ola que puede encontrar al país sin capacidad de respuesta y obligaría a dar de baja el recorte de las partidas que ordenó Martín Guzmán en el IFE y el ATP.  Casual o no, el operativo sanitario para hacer frente a la expansión del COVID-19 puso al gobierno de los Fernández en una ruta distinta a la que se insinúa desde lo político. El Frente de Todos juega a sostener un difícil equilibrio geopolítico pero está condicionado al máximo por el préstamo monumental que el Fondo Monetario le dio a Mauricio Macri y pretende pedir un nuevo crédito de 5.000 millones de dólares para pagarle al organismo. Suponer que Kristalina Georgieva puede habilitar semejante salvataje sin exigir nada a cambio es una buena consigna para difundir mañana lunes, en el Día de los Inocentes. Ya el martes, el gobierno dará un paso en la dirección del acuerdo con el FMI y buscará aprobar la reforma previsional que desindexa las jubilaciones, se desliga de la inflación y ajusta por recaudación y salarios, en un nuevo esquema que ata la suerte de los abuelos al rebote de la economía y la victoria hipotética de los sueldos sobre los precios. El oficialismo rechazó el pedido de la oposición para que el cálculo incluya la garantía de que los haberes no van a perder poder adquisitivo frente al IPC. Cuestionable, la fórmula era bastante peor en el origen, antes de que Cristina Fernández anulara el artículo 6 del proyecto oficial. Prueba irrefutable, en las oficinas del Fondo en Washington la modificación que hizo la vicepresidenta no cayó nada bien porque demora el ajuste que reclama el organismo, aunque la Casa Rosada pida por favor que no se utilice más esa palabra maldita.

En las oficinas del Fondo en Washington, la modificación que hizo la vicepresidenta sobre la fórmula previsional de la Casa Rosada no cayó nada bien porque demora el ajuste que reclama el organismo.

Actor esencial en el año electoral que ya se inicia, el Fondo entró a discutir por la suya sin pagar costos por haber sido socio de Macri en la aventura del endeudamiento. Así, el Presidente corre el riesgo de quedar atrapado en una telaraña donde sólo ganan los socios de ayer. No hablar de ajuste, repetir que el plan es del gobierno, darle explicaciones al representante de Estados Unidos Mark Rosen y no admitir cómo aprieta Washington sólo puede facilitarle la negociación al Fondo y hacerle un favor al macrismo en la campaña que viene. 

Como dice un funcionario que no comparte la estrategia oficial y cree que esconder la verdad no sirve tampoco en lo político: “Si te visualizan muy previsible y no tenés la gente en la calle, vas a tener todo un mandato muy condicionado”, dice. De acuerdo a esa visión, lo que viene es duro, no es sencillo y el gobierno se enfrenta a una disyuntiva. O negociar con mayor agresividad y dejar de lado la resignación de los buenos modales o preparar a la sociedad para un nuevo sacrificio con suba de tarifas e ingresos que no recuperen ni de cerca lo que perdieron en los últimos años. Es CFK la que parece advertirlo cuando ensaya un discurso económico distinto al de Guzmán, modera el hachazo a las jubilaciones, cuestiona al Fondo desde el Senado y posterga la temporada de aumentos en los servicios. Tensar al máximo para sacar al Fondo de la zona de confort de acreedor privilegiado en la que se ubica hoy y obligarlo a pagar una parte de los costos le puede rendir más al peronismo en 2021 que asumir una diplomacia a pura pérdida, en un país que otra vez exhibe cifras récord de desocupación y pobreza. Si para el Frente de Todos, hacer campaña de la mano del Fondo no parece muy excitante, menos todavía lo será para sus votantes. Si el arco oficialista lograra un acuerdo a nivel de la toma de decisiones, mostrar dos caras hacia afuera incluso le serviría más que un discurso compacto de disciplina fiscal que precisa más que un rebote, una recuperación a tasas chinas, como la que anuncian nuevos profesores de la escuela del optimismo. La prédica de Guzmán enlaza con la de Cristina en un punto, cuando dice que el gobierno no hará “nada” que atente contra las mayorías: si realmente es así, las posiciones “constructivas” pueden revelarse insuficientes y no es posible descartar por completo la alternativa de un default con el Fondo. 

Tensar al máximo para sacar al Fondo de la zona de confort de acreedor privilegiado y obligarlo a pagar una parte de los costos le puede rendir más al peronismo en campaña que asumir una diplomacia a pura pérdida.

El apagón de Edesur, la semana pasada en Capital, anticipa una escena incómoda para el peronismo. La distribuidora de luz no mejoró el servicio en la tercera sección electoral pese al reclamo de los intendentes que ahora rezan para que la temperatura no suba demasiado en enero y febrero. En un pedido de informes que presentó en el Senado el martes último, Jorge Taiana recuerda que una informe del ex director del ENRE Federico Basualdo, ahora subsecretario de Energía, mostró que en el período 2016-2019, las inversiones eléctricas disminuyeron con respecto a 2015, pese a que las cuatro empresas eléctricas más importantes del país -Edesur, Edenor, Edelap y Edea- aumentaron sus tarifas entre un 1600% y un 2100%. Tan cierto como que los servicios llevan casi dos años de congelamiento es que el poder adquisitivo de los salarios se derrumbó en el mismo período y no repunta. Los aceiteros y los recibidores de granos tuvieron que pasar la Navidad en huelga para que el ministerio de Trabajo se decida a laudar en el conflicto sindical con las cerealeras más grandes del mundo. Será mañana, cuando los técnicos que reportan a Claudio Moroni deberán optar entre la “recuperación de la demanda” que propone a vicepresidenta y la “competitividad global” que pretenden los gigantes del agronegocio.

Adaptable a todas las eras, Marcelo Mindlin demostrará en las próximas horas que no hay que hacer un drama del atraso tarifario. Tal como anticipó el DiarioAR la semana pasada, antes de fin de año el comprador de la IECSA de Angelo Calcaterra dará un paso más para cerrar con José Luis Manzano la venta de Edenor al consorcio que integran además Daniel Vila y Mauricio Filiberti. Según coinciden cerca de los dos empresarios, el acuerdo está muy avanzado: entre mañana y el miércoles a más tardar, se va a firmar un entendimiento definitivo por la compañía que abastece a 9 millones de personas en el AMBA. Sobran oportunidades para audaces. Lo sabe un emprendedor bien armado, como Alfredo Coto, que en estas horas se lamenta por no haber aprovechado la oferta de Walmart, como lo hizo el político fugaz Francisco De Narváez. Es otro de los rubros en tensión: mientras el gobierno pretende controlar los precios con los intendentes, las alimenticias presionan para liquidar Precios Máximos y ponerse a tono con las suba fenomenal de carnes, frutas y verduras en el año.

Según coinciden cerca de Mindlin y Manzano, entre mañana y el miércoles a más tardar se firmará el entendimiento decisivo para la venta de Edenor al consorcio que integran además Vila y Filiberti.

Aunque los Fernández cierran el año con la superficie calma del dólar, la incertidumbre no está despejada. Contrastan en los últimos días la compra de U$S 420 millones por parte del Banco Central en el marco de un excepcional diciembre y el aumento de la soja por encima de los U$S 450 con un superávit comercial que se derrumbó en noviembre, cayó casi 90% con respecto a 2019 y anticipa más dificultades si la economía rebota y las importaciones crecen. Si viene la recuperación que anuncia el gobierno, volverá a asomar una constante que la vacuna eclipsa por el momento: a la Argentina, y al peronismo, le siguen faltando dólares. 

DG

Forzado a una lealtad inédita, en un lugar destacado y con dilemas propios en el marco de la incertidumbre general, Sergio Massa cumple su primer año como presidente de la Cámara de Diputados. El fundador de la experiencia fallida del Frente Renovador tuvo que lidiar con la pandemia para sesionar y con los números ajustados que le impiden al oficialismo avanzar con todos los proyectos que quisiera. Pero logró que se sancionaran 66 leyes en 22 sesiones y se acostumbró a disfrutar de una cuota de poder considerable desde el Congreso, ese lugar que le inhibía la libido cuando se creía presidenciable. Su influencia no se restringe a lo legislativo sino que se extiende en el organigrama de gobierno, se alimenta de su alianza con un sector del establishment y respira a través de un blindaje mediático que genera envidia entre los altos mandos del Frente de Todos.   

Recién reelecto, Massa cierra el año juntando votos para dos leyes que lo muestran en una posición nueva, donde no resulta fácil reconocerlo. En primer lugar, la media sanción del aborto legal que cuenta entre sus promotoras a Malena Galmarini y su hija Milagros pero -según recuerdan ex compañeros suyos- no era un tema que estuviera entre sus inquietudes en el origen de su empresa política lejos del cristinismo. 

En segundo lugar, la reforma previsional que desindexa las jubilaciones y no ajusta por inflación sino por recaudación y salarios, una ley que vendrá acompañada de reclamos judiciales. Embanderado desde 2002 en la defensa de los abuelos, Massa agradece en silencio a Cristina Fernández de Kirchner por las modificaciones que hizo a último momento en el Senado al proyecto de la Casa Rosada y piensa salir a defender la ley porque coincide con la de su tiempo de gloria. Lo distinto es el contexto que no garantiza la suba de sueldos por encima del IPC.

El socio de todos

Tal vez más importante que eso, diciembre encuentra a Sergio con una postura distinta a la que presenta Máximo Kirchner en torno a la eliminación de las PASO, un tema que puede ser crucial para la proyección política de la sociedad más novedosa que dejó el primer año del FDT en el gobierno. Como medida excepcional, el proyecto de ley impulsado por los gobernadores de casi todo el país ya ingresó en Diputados, cuenta con el tácito aval del presidente de la Cámara y hay tiempo hasta el 6 de enero para tratarlo en ordinarias. Pero Kirchner hijo es el principal detractor de la iniciativa que le impediría a La Cámpora ir a disputar poder en las provincias y municipios y lo hizo saber de una manera insidiosa: a través de Cecilia Moreau, la diputada que llegó a vicepresidenta del bloque del Frente de Todos en representación de Massa y hoy tiene una llegada indudable al hijo de Cristina Fernández. 

El líder del Frente Renovador no dispone de candidatos para ir a dirimir internas en todo el país dentro del panperonismo y prefiere sentarse a negociar un reparto como parte del imaginario equilibrio que le otorga un tercio de las acciones de gobierno. Además, tiene una alianza en Jujuy con Gerardo Morales, el gobernadores radical que se plegó con más entusiasmo al planteo del PJ contra las PASO. Para La Cámpora, las primarias son, en cambio, una iniciativa de Néstor y una oportunidad irrenunciable.  

Ya hace unas semanas, Massa había experimentado una situación incómoda durante el enfrentamiento del gobierno nacional con su gran amigo Horacio Rodríguez Larreta. En especial, con el discurso de Máximo que apuntó directo al jefe de gobierno porteño y a su histórica armonía con el dócil peronismo porteño que le hace “brillar los ojitos”.  

Desde la oposición advierten indicadores de cierta distancia entre las dos autoridades del oficialismo en la Cámara, como la ausencia Kirchner en las reuniones de Labor Parlamentaria en las que lo representa la propia Moreau o Cristina Alvarez Rodríguez, secretaria de la bancada. En el Frente de Todos, niegan por completo que la relación esté pasando por un mal momento, pero reconocen que las diferencias entre Massa y Máximo están contempladas dentro de un acuerdo general que permite plantear posturas sectoriales sin ser desautorizado por el otro. La posición en torno a la toma de tierras, la seguridad, la política con respecto a los presos, la iniciativa para proteger los silobolsas y las pistolas Taser son apenas parte de ese repertorio en contradicción. Lo mismo puede pasar en las áreas que le corresponden a Massa dentro del gabinete, donde el ministro de Transporte, Mario Meoni, despegar por estas horas la decisión de La Cámpora por el cierre del Aeropuerto de El Palomar que decidió el Organismo Regulador del Sistema de Aeropuertos. El lote que responde al ex intendente de Tigre en tierra de los Fernández también incluye Aysa, el Enacom, Trenes Argentinos y la Comisión Nacional de Regulación de Transporte. 

El oficialista

El exjefe de Gabinete de Cristina sostiene un diálogo difícil con el bloque de Juntos por el Cambio, en especial con el radical Mario Negri. El cordobés lo cruzó fuerte en el recinto a principios de noviembre cuando Massa pareció dar lugar al pedido de un apartamiento del reglamento para que el diputado provincial de Somos Río Negro, Luis Di Giácomo, planteara un tema de su interés: era precisamente la suspensión de las PASO que Sergio auspicia con sigilo. Di Giácomo forma parte del bloque filomassista que orienta el diputado José Luis Ramón y responde a Alberto Weretilcneck, un viejo aliado del Massa no kirchnerista. El tema no llegó a tratarse pero logró ingresar ese día en la dinámica legislativa; el choque dejó heridas y terminó de una manera impensada: fue Máximo Kirchner el que le pidió a Negri que volviera a hablar con el presidente de la Cámara de Diputados. Peor que eso fue la discusión pública de Massa, la semana pasada durante el debate por el aborto legal, con Cristian Ritondo, uno de los peronistas del PRO al que conoce desde hace más de dos décadas. “Con el cariño y el respeto que le tengo, usted rompió su palabra”, dijo Ritondo. Se refería al permiso oficial para invitaciones que no estaban contempladas por la oposición. Tal vez haya sido parte de una actuación entre dos peronistas experimentados, como sugieren cerca del presidente de la Cámara. 

Massa viene de recibir un golpe que lo conmovió hasta lo más íntimo, la muerte del banquero Jorge Brito, un amigo incondicional y muy poderoso que lo acompañó durante toda su carrera en lo político y en lo económico. Los últimos meses los encontraron en posturas distantes en torno al impuesto a los ricos que finalmente se convirtió en ley. Brito era un detractor encarnizado y Massa actuó con disciplina para respaldar un proyecto de Máximo Kirchner. La amistad había nacido a fines de los años ochenta cuando Massa era un dirigente de la Juventud Liberal Bonaerense y Brito era el presidente del club de paddle San Jorge en Boulogne. Pero se había potenciado como nunca cuando Massa llegó a titular de la Anses y el Banco Macro comenzó a pagarle a los jubilados y a figurar como auspiciante en la camiseta de Tigre y en la mayor parte de sus emprendimientos. Fue Massa, por ejemplo, el que le presentó a Brito a Amado Boudou.  Para el presidente de la cámara de Diputados, no será fácil reemplazarlo, aunque no le faltan sponsors en el establishment. 

El emprendedor 

La fortuna quiso que este diciembre tres empresarios amigos suyos estén involucrados en una operación de altísimo voltaje, la compra de Edenor, que José Luis Manzano y Daniel Vila están negociando con Marcelo Mindlin. El Grupo América es un promotor irreductible de una avenida del medio que se bandea de acuerdo a los ciclos políticos, lo mismo que Infobae, de Daniel Hadad. El diseño se completa con el cableoperador Alberto Pierri y se combina con un auspicio generoso en espacios de los más disimiles que le permite a Massa gozar de un trato cuidado al extremo en los medios, una singularidad que contrasta con la alta imagen negativa que lo acompaña desde hace tiempo.

La familia Bulgheroni y la familia Eskenazi figuran también en ese mapa de relaciones que funciona como un grupo de poder con intereses permanentes. A Massa no lo incomoda aparecer como parte de ese esquema: al contrario, a su lado reconocen que se jacta de su capacidad para reunir intereses poderosos en torno a su proyecto. Massa le abrió puertas a La Cámpora y hoy Vila-Manzano es un grupo de sorprendente afinidad y llegada directa a la cúpula de la agrupación. 

Fuera del país, el presidente de la Cámara de Diputados también tiene terminales importantes. Inmortalizado como un anfitrión imprudente por WikiLeaks, es público su vinculo con Rudolph Giuliani, el ex abogado que hoy patrocina a Donald Trump en su lucha por impugnar las elecciones que ganó Joe Biden. El lazo no sólo giraba en torno al marketing de la tolerancia cero sino que llevó a Massa constituirse como socio local del exalcalde de Nueva York en materia jurídica. 

Massa está completando el ciclo inicial de un experimento inédito, al que arribó curado en derrotas. Debe preservar su identidad sin romper la disciplina partidaria ni atentar contra su lugar institucional. Para eso, precisa gobernar la ambición y la ansiedad, dos rasgos de su ADN que conspiran siempre en su contra y lo llevaron de regreso al útero materno del cristinismo. Opciones no le sobran: sabe que si este proyecto fracasa, salvarse no va a ser fácil.