El 27 de septiembre de 2023, Fausto Jones Huala, que este jueves fue encontrado muerto en su casa de Bariloche, enfrentó a los tres jueces del Tribunal Oral Federal de General Roca y, en calidad de testigo, detalló cómo se produjo el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel a manos de integrantes del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina.

Jones Huala ingresó al territorio en disputa entre la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu y el Parque Nacional Nahuel Huapi, en Villa Mascardi, el 24 de noviembre de 2017. Fue hasta allí para llevar comida y abrigo a los integrantes de la comunidad que habían quedado dispersos en la montaña, tras el desalojo del día 23. “Estábamos bajando (por la montaña) y escuchamos ‘alto Prefectura’ y en el mismo instante empezaron a escucharse disparos. Uno atrás de otro”, dijo ante el Tribunal.

“Mi primera reacción -agregó- fue darme vuelta y empezar a correr, llegamos a la planicie donde habíamos hecho noche. Con el peñi (hermano) Lautaro fuimos los primeros que llegamos a la planicie y al ver que los demás no podían llegar y los disparos eran todo el tiempo, decidimos agarrar piedras y empezar a tirar a las personas que venían disparando. No sé cuánto habrá durado, se sintió eterno”.

Luego vio caer a Rafael, intentó asistirlo, y en una improvisada camilla de palos lo bajó. En el estrecho sendero de montaña Rafael falleció. Fausto Jones Huala siguió bajando el cuerpo, lo dejó a la vera de la ruta a la espera de ayuda, y fue detenido.

“Apenas dejamos la camilla -explicó durante el juicio- se nos abalanzaron cuatro o cinco efectivos a querer pegarnos, otros los paraban, nos tiraron al piso, nos redujeron. Hacía mucho calor. Nos tenían boca abajo, no nos dejaban hablar, decir nada, ni movernos. El peñi Lautaro les dijo que el precinto le cortaba la circulación, no tomaban registro de lo que decíamos. Llegó (el secretario del Juzgado Federal, Alejandro) Iwanow, cuando lo escucho me doy vuelta y lo empiezo a llamar, otro de Prefectura me agarró para que no hable, el secretario le dijo que me deje hablar, le dije que Lautaro tenía las manos hinchadas por los precintos, les dije que habían matado a Rafa. En el transcurso que lo íbamos bajando recogí un casquillo de 9 mm y me lo guardé en el bolsillo. Le dije ellos mataron a Rafa, le dije que tenía el casquillo, le pedí si se lo podía dar para que no se pierda. Le cambiaron los precintos a Lautaro, le pusieron las esposas, nos tuvieron un rato más. Nos cambiaron de lugar, nos llevaron atrás de una camioneta, uno de cada lado. En ese momento también lo llevaban al peñi Rafa, en la misma camilla. Había un montón de efectivos, venían nos miraban, otros más cerca le levantaban la ropa con la que estaba tapado Rafa, lo miraban al peñi Rafa que estaba muerto, lo volvían a tapar y se iban”.

Finalmente declaró: “No entendíamos nada, no sabíamos por qué estábamos tan custodiados, (por la) Policía de Seguridad Aeroportuaria con armas largas. Ahí nos dicen que supuestamente había habido un enfrentamiento. Llegó la Policía de Río Negro de Criminalística, nos sacaron fotos y nos tomaron muestras en las manos. En ese momento sí me enojé bastante, le pregunté por qué y me dijeron que porque supuestamente nosotros estábamos acusados que habíamos disparado, le dije que no habíamos disparado, solo los prefectos. Firmé (el acta) en disconformidad. Pasó un rato, era tarde, nos llevaron hasta la PSA, quedamos en calidad de detenidos, incomunicados. Todos los días detenidos nos declaramos en huelga de hambre, casi cinco días”.

Al finalizar su testimonio. Jones Huala se levantó, alzó el puño, gritó que se haga justicia por Rafael Nahuel y luego el afafán, un grito que ratifica la identidad mapuche, la pertenencia, su lucha.

SR/DTC

La machi Betiana Colhuan volvió a tocar el kultrun frente al Rewe, el espacio sagrado que la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu perdió el 4 de octubre de 2022, cuando el Estado la desalojó del territorio de Villa Mascardi. El sonido rítmico de este instrumento ancestral de percusión llenó el bosque donde hace seis años y medio fue asesinado el joven Rafael Nahuel.

Este domingo algunas integrantes de esa comunidad se trasladaron a la tierra en disputa con el Estado para realizar un ngellipun, una ceremonia espiritual durante la cual pidieron poder reinstalarse en el territorio que la comunidad había recuperado en 2017 y que sostuvo como propio durante cinco años.

El Rewe es un espacio sagrado, que incluye un área natural y un tótem donde los mapuches realizan ceremonias, de conexión con la naturaleza, la vida y los espíritus que las rigen.

El regreso definitivo al territorio hoy en custodia militarizada del Estado fue el pedido principal que hicieron las integrantes de la comunidad durante la ceremonia.

La irrupción en 2017 de la Lafken Winkul Mapu es un caso emblemático del proceso histórico del pueblo mapuche, entre cuyas reivindicaciones se incluye la recuperación territorial.

En noviembre de ese año la lof -comunidad- se instaló en siete hectáreas en posesión del Parque Nacional Nahuel Huapi, en Villa Mascardi, argumentando que el lugar había sido señalado por machis -autoridades espirituales- como el sitio donde reconstruir una forma de vida mapuche. Pero las autoridades de Parques Nacionales realizaron una denuncia por usurpación, lo cual derivó en un desalojo parcial el 23 de noviembre de 2017 y en un operativo del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina el 25 del mismo mes, durante el cual Rafael Nahuel fue asesinado por la espalda.

Desde entonces, la comunidad resistió en el lugar hasta que el trabajo de desalojo iniciado hacía más de seis años por la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich -durante el gobierno de Mauricio Macri- lo concluyó el ex ministro Aníbal Fernández. Fue el 4 de octubre de 2022.

Pasaron un año y cuatro meses desde ese día, y este domingo un grupo de mujeres miembros de la comunidad -acompañados por otros mapuches y un puñado de vecinos de Bariloche y militantes-, desafió la militarización de la zona de Villa Mascardi y regresó al Rewe.

“Hoy estamos solo de visita. Nuestro territorio sigue maltratado, está cargado. Nosotros no estamos bien lejos de nuestro espacio sagrado. Venimos para que el Estado, las fuerzas de seguridad, no puedan derribar nuestro Rewe”, dijo al inicio de la jornada la machi Betiana Colhuan, integrante de la comunidad y guía espiritual del grupo.

Desde las 7 de la mañana, la machi encabezó las actividades que incluyeron una ceremonia, un purrún o danza, y un pequeño parlamento -trawun- durante el cual todos los presentes hablaron sobre la importancia del encuentro en el territorio que la comunidad sigue reclamando.

“Pedimos fuerzas para volver, para vivir en este espacio, volver para convivir y cuidar y proteger este territorio que ha sido violentado y pisoteado”, dijo Betiana.

Prácticamente la totalidad de los integrantes de la comunidad se encuentran judicializados, acusados por “usurpación”, en una causa que lleva más de seis años y que durante el próximo mes de marzo llegará a instancia de juicio oral.

El conflicto entre la Lafken Winkul Mapu y el Estado -en los sucesivos gobiernos de Macri y Alberto Fernández- derivó en la constitución de una mesa de diálogo y en la firma de un convenio, suscripto el 1 de junio de 2023, que rubricaron miembros de varias comunidades mapuches, el ex secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalli Corti y otros funcionarios.

Entre los acuerdos arribados se incluye el reconocimiento del Rewe como “sitio sagrado para el pueblo mapuche a fin que la machi Betiana Colhuan pueda ejercer sus tareas espirituales y medicinales”. Incluso planteaba la construcción de tres viviendas en el lugar -una para la machi, otra para sus familiares y colaboradores y una tercera para los pacientes-, a partir de un permiso otorgado por Parques Nacionales. Establecía además la “reubicación” del resto de la comunidad en otras tierras del Estado, y la presentación ante la Justicia de un acuerdo de conciliación que cerraba el proceso de judicialización contra cuatro mujeres de la comunidad, iniciado durante el desalojo del 4 de octubre de 2022 y que las mantuvo con prisión domiciliaria durante siete meses.

Este último punto del convenio fue el único que se ejecutó, y las mujeres recuperaron la libertad.

Sin embargo, Gustavo Franquet integrante de la Gremial de Abogados y representante legal de la comunidad dijo a elDiarioAr que “el Estado no cumplió en nada con el acuerdo”. Se quejó principalmente de la negativa a la devolución del Rewe a la comunidad y la falta de “reconocimiento como lugar sagrado”, además de la ausencia de una propuesta concreta de territorio para la “reubicación” comunitaria. Franquet participó de la actividad ceremonial de este domingo.

La homologación judicial del acuerdo que otorgó a través de una resolución la Jueza Federal Silvina Domínguez, permitía que se detenga la causa penal por usurpación iniciada por Parques Nacionales. Sin embargo, esa decisión fue apelada por el fiscal Rafael Vehils Ruiz y ahora será la Cámara Federal de Casación la que deberá abocarse a resolver si confirma la homologación o hace caer el acuerdo.

Hasta que eso ocurra, la manda judicial ordena a Parques Nacionales permitir a la comunidad mantener y “sanar” el Rewe. En la práctica, la presencia policial y de fuerzas de seguridad federales entorpeció siempre ese vínculo.

Durante el parlamento realizado este domingo en el territorio de Villa Mascardi, otra de las integrantes de la comunidad, Luciana Jaramillo, dijo que “la fuerza mapuche es inmensa” y que “no podemos ser mapuches sin territorio”.

Por su parte, el lonko -autoridad política de una comunidad- de la lof Pillán Mahuiza, en el noroeste de Chubut, Mauro Millán, planteó que “nos han hecho creer que hay una sola forma de vivir”, pero “nos levantamos como pueblo” porque “nuestros valores son muy antagónicos a los de este sistema”.

Aseguró que “cuando el pueblo mapuche lucha toda la sociedad se beneficia”, y recordó en ese sentido la movilización contra la instalación de empresas mineras en la ciudad de Esquel.

SR

El Tribunal Oral Federal (TOF) de General Roca, en Río Negro, dio esta mañana inicio al juicio que se sigue a cinco integrantes del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, ocurrido el 25 de noviembre de 2017, en Villa Mascardi, Bariloche, y el fiscal subrogante Rafael Vehils Ruiz pidió que los imputados sean detenidos al considerar que existe “riesgo procesal” de una posible fuga.

Sin embargo, el presidente del Tribunal, Alejandro Silva, tras un cuarto intermedio para analizar los pedidos, informó que por unanimidad los magistrados resolvieron rechazarlos, al considerar que los acusados “han estado siempre a derecho”.

El planteo fue acompañado por las querellas ejercidas por los abogados de la familia de Nahuel, la APDH Bariloche y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

De acuerdo con lo previsto, la audiencia de hoy, con un cuarto intermedio al mediodía, se desarrollaba hasta las 15, y en el recinto se encontraban esta mañana presentes los padres de Rafael, Alejandro Nahuel y Graciela Salvo.

En tanto, los cinco imputados -Sergio Cavia, Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García- participaban en forma virtual, conectados a través de la plataforma Zoom.

La audiencia comenzó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio por parte del secretario del Tribunal, presidido por el juez Alejandro Silva.

El abogado Rubén Marigo, representante de los padres de la víctima, planteó al Tribunal que se exija a los imputados y al abogado defensor de tres de ellos, Marcelo Hugo Rocchetti, “estar presentes en la sala de audiencia”, ya que durante toda la jornada de la mañana mantuvieron sus cámaras de Zoom apagadas.

“Debemos tener garantías que están presentes, para evitar futuras nulidades”, explicó.

Marigo reiteró el pedido para que el juicio se traslade a San Carlos de Bariloche, distante 600 kilómetros de General Roca, ciudad fijada para las audiencias por ser la sede del Tribunal Oral Federal.

“Los padres, las querellas y las víctimas se ven obligadas a viajar todas las semanas por esta disposición”, planteó.

Finalizada la primera parte de la audiencia, en la puerta del Tribunal los padres de Rafael Nahuel y sus abogados se dirigieron a las aproximadamente 150 personas presentes -pertenecientes a comunidades mapuche, organizaciones políticas, sindicales y de derechos humanos-, y ratificaron el reclamo: “Queremos verlos cara a cara. Acá estamos nosotros, viajamos desde Bariloche y estos cobardes no están”, señaló a Télam Alejandro Nahuel, padre de Rafael.

Graciela Salvo, por su parte, mamá de la víctima, dijo que “ellos tienen recursos, plata, pero no vinieron. Sí fueron a Bariloche a matar a Rafita, pero ahora no quieren dar la cara en el juicio”.

Mientras tanto, fuera de la sede tribunalicia, en una plaza céntrica de la ciudad de General Roca, un grupo de integrantes de organizaciones y comunidades mapuche se manifestaba en reclamo de justicia.

Al ingreso al Tribunal, el vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, Orlando Carriqueo, aseguró a Télam que “se está juzgando a un Estado racista que mató a un joven que luchaba por sus derechos y por su identidad”.

El dirigente mapuche cuestionó además el tiempo transcurrido desde el asesinato hasta el desarrollo del juicio y el lugar elegido para su realización.

“Hacer el debate de esta causa a 600 kilómetros de Bariloche, implica una violación al derecho de participar de mucha gente mapuche que quería acompañar a la familia para protestar por este asesinato”, apuntó Carriqueo.

La primera jornada del juicio por el asesinato de Rafael Nahuel concluyó con la lectura de la acusación de la querella -ejercida por el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Marcelo Przybylski-, que solicitó que el cabo primero Sergio Cavia sea imputado como “autor penalmente responsable del delito de homicidio doblemente agravado por su comisión con violencia contra las personas mediante la utilización de armas de fuego y por haber sido cometido abusando de su función o cargo como miembro de una fuerza de seguridad”.

Además, solicitó que se contemple el “el delito de tentativa de homicidio doblemente calificado” en contra de Johana Colhuan y Gonzalo Coña, dos jóvenes que fueron heridos por los disparos de los uniformados.

En tanto, para Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, la querella reclamó que sean imputados en juicio como “partícipes necesarios del delito de homicidio doblemente agravado por su comisión con violencia contra las personas mediante la utilización de armas de fuego y por haber sido cometido abusando de su función o cargo como miembro de una fuerza de seguridad, en concurso real con el delito de coautor de tentativa de homicidio doblemente calificado”.

A este planteo adhirieron las querellas que representan a la familia de Rafael Nahuel y la de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Bariloche.

Con posterioridad, el secretario del juzgado dio lectura a la elevación a juicio firmado el 8 de diciembre de 2021 por la Jueza por entonces subrogante del Juzgado Federal de Bariloche, Silvia Domínguez, quien rechazó juzgar a los cinco procesados por el intento de homicidio de los dos jóvenes que resultaron heridos, y sostuvo la figura de “homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa” planteado por la fiscal de instrucción Sylvia Little.

Este miércoles se realizará la segunda audiencia para la cual se programó la lectura de las indagatorias. El abogado defensor de tres de los Albatros acusados, Marcelo Hugo Rocchetti -ex Jefe de Gabinete del ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Cristian Ritondo- adelantó que los prefectos Sosa y Pintos harán uso de su derecho a declarar.

El día del asesinato, miembros del grupo de élite Albatros que integraban los acusados, armados con pistolas Beretta 9 milímetros y subfusiles MP5, se topó territorio adentro con integrantes de la comunidad.

Según se desprende de la instrucción de la causa, tras dar la voz de alto y arrojar una bomba disuasoria, recibieron piedrazos como respuesta y comenzaron a disparar, primero con munición no letal, luego con balas de plomo.

Nahuel recibió por la espalda un disparo con un proyectil 9 milímetros realizado con un subfusil MP5 y el proyectil ingresó por su glúteo izquierdo y lesionó órganos a su paso por el interior del cuerpo del joven mapuche.

La Prefectura cumplía una orden del por entonces juez subrogante del Juzgado Federal de Bariloche, Gustavo Villanueva, quien requirió que se asegure el perímetro del territorio en disputa entre la comunidad y Parques Nacionales, que había sido desalojado dos días antes, y en el que fueron detenidas cinco mujeres de la comunidad.

El magistrado había dado la orden de desalojo a partir de una denuncia por “usurpación” realizada el 17 de noviembre por parte del Parque Nacional Nahuel Huapi.

La comunidad Lafken Winkul Mapu había anunciado a principio de ese mes la “recuperación” de unas 10 hectáreas -de las 710 mil que posee el Parque Nacional Nahuel Huapi- en esa zona de Villa Mascardi. Una semana después se produjo el desalojo y la posterior incursión de los Albatros que terminó con la muerte de Rafael Nahuel.

La causa FGR 027423/2017 caratulada “Pintos, Francisco Javier y otros sobre homicidio simple, usurpación y atentado agravado a mano armada”, de la cual es querellante Alejandro Nahuel, padre de Rafael, tiene como procesados al cabo primero Cavia por el delito de “homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa” y a los otros cuatro integrantes del grupo Albatros como “partícipes necesarios” del hecho.

La carátula con la que la causa llegó a esta instancia de juicio oral fue criticada por las querellas que representan a la familia de Nahuel, a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Bariloche.

Los representantes legales de la Secretaría de Derechos Humanos buscarán probar durante el juicio que se trató de un homicidio calificado, dado que no hubo por parte de los prefectos una “legítima defensa”, sino una actuación que desbordó “todos los límites de los cánones legales de acción ante una situación como la sucedida”.

“La acusación no nos satisface. No estamos de acuerdo con esa figura. Para nosotros es homicidio calificado. La estrategia apunta a demostrar la coautoría de los cinco implicados”, indicó el director de Violencia Institucional de ese organismo, Mariano Przybylski.

Por Santiago Rey para agencia Télam

A pesar de la insistencia de la fiscalía y de los abogados del Estado, el juez federal Hugo Greca postergó para el 13 de febrero el inicio del proceso oral y público contra mujeres y hombres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, de Villa Mascardi. Se trata del mismo territorio en disputa donde fue asesinado Rafael Nahuel en 2017, en el marco de una causa por usurpación cuya querella encabeza el organismo estatal Parques Nacionales. También fue el escenario donde el 4 de octubre se produjo un nuevo operativo represivo en el que fueron detenidas siete mujeres con niños y bebés, cuyos derechos se vieron vulnerados al punto que una de ellas dió a luz en cautiverio. Y es por ellas que referentes de ese pueblo originario fueron recibidos el miércoles por el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada. Además de pedir por la liberación de las detenidas mapuches, la delegación enfatizó la potestad presidencial de instruir a Parques Nacionales para que desista de tal querella.

Este expediente fue abierto en 2017 luego de que el grupo mapuche realizara una recuperación territorial, similar a otras tantas que se vienen produciendo en la Patagonia en las últimas décadas. Dos días después del violento desalojo del 23 de noviembre de ese año, cuando la machi (sanadora) Betiana Colhuan fue obligada a comer tierra, (“Querés tierra india de mierda, comé tierra”, le dijeron los miembros de Prefectura), los prefectos del grupo Albatros fusilaron por la espalda a “Rafita” Nahuel, según consta en la causa que investiga la muerte. 

A pesar de que la causa en la cual los miembros de la comunidad están acusados de usurpar las laderas de la zona del lago Mascardi ya estaba elevada a juicio, el pasado 4 de octubre se produjeron escenas similares en ese territorio, donde Colhuan levantó su rewe (altar sagrado), esta vez con el Comando Unificado de fuerzas federales en acción: Prefectura, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal. Durante el encuentro en Casa Rosada, el Presidente dijo que él sabía que durante ese procedimiento no hubo disparos de balas de plomo, porque él no quería otro “Rafita”. La tía del joven asesinado, María Nahuel, le explicó que sí hubo disparos y persecución con perros de menores en medio del bosque y montaña arriba, que hubo gases que asfixiaron a los niños que estaban con sus madres, que les rompieron todo y las trasladaron sin sentido a Ezeiza para luego detenerlas en la sede de la PSA de Bariloche. “No le puedo cambiar el nombre”, dijo Alberto Fernández cuando Soraya Maicoño, una de las voceras mapuches, le pidió que así como lo creó por decreto, lo derogara. “No nos importa el nombre, no lo queremos en el territorio”, le dijo. “Además, el Comando Unificado es el sueño de Patricia Bullrich hecho realidad”, agregó. No hubo respuesta presidencial, según contaron las visitantes.

A la fiscal María Cándida Etchepare y a la jueza federal Silvina Domínguez no les importó que estas mujeres ya estuvieran judicializadas. Armaron otro expediente en su contra por la ocupación ilegal de las propiedades privadas de Los Radales y La Cristalina, y acumularon ahí las otras causas que todavía no estaban elevadas a juicio (las de La Escondida y la del ex-Hotel Mascardi). Es en este proceso que les dictaron la prisión preventiva a todas y todos los miembros de la comunidad, las lagmienes (hermanas) que fueron detenidas en el desalojo del 4 de octubre y a las y los que no pudieron detener. “Se inventó una causa y se detuvo a las mujeres mapuche por hechos inexistentes o que no tuvieran relación con ellas, tales como el incendio de una casilla de Gendarmería sólo para sacarlas del lugar y mantenerlas presas”, dijo a elDiarioAR la abogada Laura Taffetani, de La Gremial, que representa al grupo. 

La letrada aclaró que en la primera causa por usurpación, “finalmente y sobre la hora el juez hizo lugar al pedido de La Gremial y el juicio volvió a suspenderse hasta el 13 de febrero, es un pequeño avance”. Y agregó que “de ahora en más dependerá de si podemos buscarle la vuelta al diálogo, pero sobre todo conformar las más amplias y plurales mesas y comisiones que puedan acompañar y hacer realidad lo hablado”, en alusión al compromiso de Alberto Fernández de establecer una mesa de diálogo para intentar, una vez más, buscar soluciones el conflicto mapuche. Esa tarde en la reunión con una decena de referentes de ese pueblo originario de tres provincias patagónicas, Fernández estuvo acompañado por el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla, y por el flamante presidente del INAI (Instituto de Asuntos Indígenas), Alejandro Marmoni.

“Todo es aún muy débil, incluyendo la propia gestión presidencial, lo verificamos por el simple hecho de que los abogados de Parques Nacionales y de la Policía Federal siguen siendo aliados de la fiscalía y se opusieron a suspender el juicio”, expresó la abogada. “El Presidente se sienta a dialogar pero sus empleados inferiores lo desconocen e impulsan el juicio y la persecución penal”, apuntó. A su criterio, “a esta altura no podemos desconocer que la actitud de Parques Nacionales, que también siempre ha boicoteado las instancias de diálogo, obedece también los intereses en juego en las tierras de la Patagonia”.

Cuestión de género

Desde que fueron detenidas, tres de las mujeres lograron su libertad al probar que habían acudido a atender su salud con la machi Betiana Colhuan Nahuel. Y las cuatro restantes –Colhuan Nahuel, Luciana Jaramillo, Celeste Guenumil y Romina Rosas con su bebé recién nacido–, fueron a una casa en Bariloche con prisión domiciliaria. La fiscal Etchepare se opuso a la suspensión del juicio invocando que se veía perjudicada en su condición de mujer, porque está embarazada y en febrero no podría ser ella la funcionaria a cargo del proceso. La solicitud de postergación fue realizada el 12 de diciembre y tuvo que ver con que los abogados de La Gremial estaban en Paraguay, en un proceso vinculado al asesinato de dos niñas argentinas y la desaparecida Lichita. “La fiscal se opuso alegando que el aplazamiento vulneraba su condición de mujer, porque no iba a poder asistir al juicio por estar embarazada, lo cual lo rebatimos porque ella es una funcionaria que puede ser reemplazada”, explicó a elDiarioAR el abogado Virgilio Sánchez, también de La Gremial. 

Esta actitud, sumada a las que tuvo durante la aprehensión de las imputadas, les dió la pauta de que Etchepare debía ser recusada por falta de objetividad, por haber demostrado que tiene un interés personal en la causa. “Cuando ocurre un hecho nuevo, en este caso la convocatoria a una mesa de diálogo por parte del Presidente, según el artículo 22 del nuevo Código Procesal los fiscales y jueces están obligados a encaminar los conflictos por vías alternativas para mantener la paz social”, indicó Sánchez. La respuesta de la fiscalía que subroga Etchepare fue calificar de “oportunista” el pedido de prórroga, y opinó que el Poder Ejecutivo se estaba entrometiendo en el Judicial. “Es una falacia, el Estado nacional es parte del proceso en que se está juzgando a la comunidad mapuche, es al revés, el Judicial estaría obstruyendo un diálogo entre las partes”, afirmó el letrado. Y agregó: “La fiscalía es la vindicta pública, si el Estado se sienta con las partes en conflicto y ella se opone, nos preguntamos qué otro interés representa”. 

Etchepare fue mencionada en las conversaciones de los chats filtrados y publicados en varios medios como la interlocutora del grupo de jueces, funcionarios, ex agentes de la SIDE y miembros del grupo Clarín para incidir en la denuncia por dádivas en contra de ellos, porque habría sido invitados sin cargo a una estadía en la mansión del magnate Joe Lewis en Lago Escondido. Ella declaró que no los conocía, y se lo dijo a su jefe, el Procurador Eduardo Casal, pero recién tras el escándalo de la difusión de esos diálogos impulsó la denuncia que llevaba 48 días en su escritorio. Si bien solicitó el levantamiento del secreto bancario para establecer si las facturas que presentaron son falsas, no hizo lugar al pedido del abogado denunciante Marcelo Hertzriken Velasco de ser tenido como querellante, y de que fueran detenidos los acusados por haber intentado obstaculizar la investigación, porque en los chats quedaba en evidencia los intentos de salir indemnes del caso. 

En el escrito de recusación contra Etchepare, al que este diario tuvo acceso, la defensa de las y los mapuches indicó que “la primera señal de su falta de objetividad fue cuando la fiscal arguyó su interés personal en ser ella la acusadora, pero en esa misma audiencia había propiciado que las defensas fueran reemplazadas por una defensoría oficial, y su preocupación es que ella personalmente no podría estar por su condición de gravidez”. En definitiva, el motivo de la recusación no tiene que ver con su punto de vista jurídico, sino con “su obsesión personal con la presente causa, que deja en evidencia su falta de objetividad”.   Al referirse a la crítica de la fiscal a la propuesta presidencial al diálogo, la defensa dijo que “demuestra esta falta de objetividad su total falta de vocación para solucionar el conflicto por un carril alternativo a la pena, cuando esto no sólo es un derecho del imputado, sino una manda procesal para el Ministerio Público Fiscal, porque la frustración de un acuerdo anterior en nada deslegitima la posibilidad de llegar a un acuerdo antes del juicio, si las partes por algún motivo han decidido arribar a esta solución alternativa o mesa de diálogo”. 

La presentación evocó anteriores intentos de soluciones políticas fracasaron porque “la mesa de diálogo que otrora se propició no estaba integrada por estamentos representativos del interés de los imputados sino exclusivamente de la parte acusadora, no se había convocado el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ni al Parlamento Mapuche, para citar algunos, y si estaban sentados los miembros de Consenso Bariloche, agrupación refractaria a los intereses de las comunidades”. 

Para la directora de Acceso a la Justicia, Gabriela Carpineti, “existe una vinculación entre la concentración ilegal de la tierra en manos de magnates como Lewis y otros empresarios nacionales y extranjeros, y el fogoneo de grupos de patotas de su seguridad privada que amenazan, persiguen, amedrentan y violentan a personas y a comunidades pertenecientes o vinculadas al pueblo mapuche en la Comarca Andina”. Más allá de las especulaciones sobre posibles cónclaves para diagramar estrategias contra la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner“, algunos hechos concretos permiten establecer esas vinculaciones de las que habla Carpineti. Uno de los huéspedes VIP de Lewis, el camarista Carlos ”Coco“ Mahiques, había beneficiado al hijo del millonario de origen inglés con el sobreseimiento en la causa por la presunta compra fraudulenta de esas tierras, como informó elDiarioAR el 26 de octubre. Y todos pasaron por un acceso que Lewis mantiene cerrado al público, a pesar de que la justicia le ordenó que lo abriera. En los chats, además de insultar a periodistas y ostentar posibles represalias contra quien habría filtrado el dato del viaje a la prensa, se rieron respecto de la posibilidad de considerarse víctimas ellos de espionaje ilegal. Y escribieron ”limpiemos un mapuche“. Pocos días más tarde, dos empresarios rionegrinos serían condenados por el asesinato del joven mapuche Elías Garay, el 21 de noviembre de 2021, en otro territorio recuperado de la Comarca Andina, la Lof Quemquemtrew.

CM

La jueza federal subrogante de San Carlos de Bariloche, Silvina Domínguez, dictó hoy el procesamiento y la prisión preventiva a cuatro de las mujeres detenidas durante el operativo de desalojo en Villa Mascardi realizado por fuerzas federales el 4 de octubre pasado, informaron fuentes judiciales.

La magistrada ordenó además el “sobreseimiento y liberación” de otras dos mujeres que habían sido apresadas ese día y que se encontraban detenidas en la Unidad V de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), ubicada en el aeropuerto de Bariloche.

Por otra parte, ordenó la detención de otros integrantes del asentamiento mapuche Lof Lafken Winkul Mapu.

El 4 de octubre, un comando unificado de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la PSA, con la participación de la policía provincial de Río Negro, desalojó varios predios de la zona de Villa Mascardi, 35 kilómetros al sur de Bariloche, en un procedimiento que terminó con la detención de siete mujeres en las tierras ocupadas por las familias del Lof Lafken Winkul Mapu.

Por esta causa, días atrás, Andrea Despo, imputada junto a las demás mujeres en la causa caratulada “Incendio u Otro Estrago, Atentado contra la Autoridad y Usurpación”, fue sobreseída por probarse que fue “ajena a los hechos pesquisados”.

En cuanto al procesamiento con prisión preventiva, la resolución de la jueza Domínguez recayó sobre Betiana Colhuan, Martha Jaramillo y Romina Rosas, a quienes consideró “prima facie” coautoras penalmente responsables del delito de usurpación de los predios correspondientes al ex Hotel Mascardi y a la finca “La Escondida”, ambos de Villa Mascardi.

En este caso, la magistrada les impuso un embargo por 10 millones de pesos.

“En caso de inexistencia de bienes a embargo o de embargo insuficiente, se dispondrá la inhibición general de gravar o disponer de los mismos”, añadió Domínguez.

También, procesó con prisión preventiva a María Celeste Ardaiz Guenumil por haber participado de la usurpación por despojo del predio “La Escondida”.

A su vez, ordenó la liberación por falta de mérito de Florencia Melo y Débora Vera, quienes permanecían alojadas en dependencias de la PSA en Bariloche.

La jueza también revocó la falta de mérito que se había dispuesto tiempo atrás y procesó con prisión preventiva a Matías Daniel Santana, Cristian Germán Colhuan, Yéssica Fernanda Bonnefoi y Juan Pablo Colhuan por la usurpación por despojo del ex Hotel Mascardi.

En cuanto a Juan Pablo Colhuan, ordenó su detención “a fin de recibirle declaración indagatoria”.

Por último, en relación con Ardaiz Guenumil, Santana, Bonnefoi, Cristian Colhuan y Juan Pablo Colhuan, dispuso trabar a cada uno un embargo sobre su dinero y/o bienes hasta cubrir -individualmente- la suma de 5.000.000 de pesos.

DA

Una de las siete mujeres detenidas e imputadas por los desalojos en la zona de Villa Mascardi, a unos 35 kilómetros de la ciudad rionegrina de Bariloche, fue sobreseída hoy por la jueza federal de la causa, Silvina Domínguez, informaron fuentes judiciales.

Se trata de Ester Andrea Despo, quien junto a las demás mujeres se encontraba imputada en la causa caratulada “Incendio u Otro Estrago, Atentado contra la Autoridad y Usurpación”.

El martes pasado, las fuerzas federales organizadas en un comando unificado, con la participación de la policía rionegrina, detuvieron a las siete mujeres del asentamiento mapuche Lof Lafken Winkul Mapu, en inmediaciones de la ruta 40.

En principio, cuatro de ellas fueron trasladadas al penal de Ezeiza y el pasado sábado fueron reubicadas en las instalaciones de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en San Carlos de Bariloche

De esta forma, Florencia Melo y Débora Vera son las detenidas que permanecen en la sede de la PSA, mientras que Betiana Colhuan Nahuel, Romina Rosas -embarazada-, María Celeste Ardaiz y Martha Jaramillo tienen prisión domiciliaria desde la madrugada del domingo.

La resolución judicial indica que el sobreseimiento se dispuso “en claro cumplimiento de lo dispuesto en el Art 384 del CPPN como resultado de que Despo resulta ajena a los hechos pesquisados y por los cuales se le recibió declaración indagatoria de conformidad”.

A la vez, se dispuso “ordenar la inmediata libertad de Ester Andrea Despo” y “a tal fin ofíciese a la Unidad Regional V de la Patagonia de la Policía Seguridad Aeroportuaria”, indicó la resolución firmada por la jueza federal Domínguez.

DA

En medio de la tensión en la Patagonia por el conflicto con la comunidad mapuche por la tierras y después de un fin de semana marcado por los cambios en tres ministerios nacionales, el presidente Alberto Fernández afirmó este martes en la provincia de Neuquén que “no podemos darnos el lujo de estar enfrentados, postergando las necesidades de la gente” y señaló que “es el tiempo donde tenemos que estar más unidos que nunca porque el país tiene una gran oportunidad”.

“Estamos coyunturalmente en un tiempo de la historia, pero los pueblos perduran, permanecen. No es un presidente, un gobernador, es decisión de todos como sociedad. Tenemos una oportunidad única y no debemos desaprovecharla”, dijo el mandatario al inaugurar el nuevo edificio del hospital Ramón Carrillo en la ciudad de San Martín de los Andes, donde también entregó siete ambulancias al sistema de salud de la provincia.

Acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, y el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, el Presidente en su discurso exhortó: “Apostemos a la construcción común, de que todos somos necesarios y nadie sobra. Todos debemos trabajar en un mismo sentido”.

También le apuntó al anterior gobierno de Juntos por el Cambio al asegurar que cuando llegó al Gobierno nacional “las obras públicas estaban paralizadas” y había un “sistema de salud diezmado” y añadió: “Recibimos un estado donde el 70% de las obras publicas estaban paralizadas y las deudas llegaban a 40.000 millones de pesos. Estoy muy feliz de terminar esta obra”.

El Presidente arribó al mediodía al aeropuerto de Chapelco, en la provincia de Neuquén, desde donde se trasladó a San Martín de los Andes para visitar obras viales y encabezar la inauguración del nuevo hospital Ramón Carrillo, donde lo esperaban manifestantes de comunidades mapuches que reclamaron la liberación de las mujeres detenidas en Villa Mascardi y que el nuevo nosocomio respete la medicina tradicional de los pueblos originarios.

“¡Bienvenido a Neuquén @alferdez! Es un honor recibirlo nuevamente en nuestra Provincia para continuar afianzando la senda del #TrabajoEnEquipo. #JuntosPodemosMás”, publicó en su cuenta de Twitter el gobernador Gutiérrez.

El nuevo hospital que fue inaugurado requirió una inversión de 1.117 millones de pesos, mientras que las obras de pavimentación de la avenida Los Lagos contemplan una inversión de 223 millones de pesos.

Los trabajos viales, que se extienden entre el empalme con la Ruta Nacional 40 y la calle Cerro Azul, en el barrio Cordones de Chapelco, mejorarán la calzada a lo largo de dos kilómetros de ripio, y beneficiarán a 20.000 personas.

En tanto, el nuevo Hospital Dr. Ramón Carrillo contará con un nuevo edificio de 11.320 m2 y se convertirá en el centro de salud público de cabecera de la llamada Zona Sanitaria IV de Neuquén.

El mismo funcionará como un centro de diagnóstico, tratamiento, internación y rehabilitación de mediana complejidad y beneficiará a 56.000 personas.

Al término del acto, el jefe de Estado se reunió con miembros de la comunidad mapuche, quienes exigen la liberación de las mujeres de la comunidad detenidas tras el desalojo de Villa Mascardi.

Con información de Télam.

IG

Un nuevo incidente se registró en la zona de Villa Mascardi entre mapuches y Fuerzas de Seguridad federales cuando un grupo se acercó hasta el Lago Mascardi para realizar una ceremonia característica del pueblo originario y recibieron una granada de gas lacrimógeno, aunque la situación no pasó a mayores.

El hecho se produjo en horas de la mañana de este lunes, cuando cerca de una quincena de personas se congregó a la vera de la Ruta Nacional 40 para realizar un ancestral rito para fortalecer tanto al rewe (sitio sagrado para los mapuches) como a la machi Betiana Ayelén Colhuan, que se encuentra detenida tras el desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu.

Antes del comienzo del willipun, la ceremonia en cuestión, una granada de gas lacrimógeno cayó en medio del grupo, lo que generó una serie de insultos hacia los uniformados.

“A la mañana fuimos a hacer un willipun, una ceremonia, frente a la comunidad, frente al lago, y desde arriba de la comunidad que está con guardia nos tiraron con gases lacrimógenos”, relató el referente de la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro Orlando Carriqueo.

En diálogo con RPM, el programa conducido en esta jornada por Alfredo Casado, el dirigente comunitario explicó que “hay que hacer esa ceremonia para que el rewe, el sitio sagrado de la machi, no pierda su fuerza y para que no le afecta a la machi también”.

“No pudimos entrar al territorio, pero lo hicimos frente al lago”, destacó.

El incidente quedó registrado en un video que rápidamente circuló por redes sociales e incluso fue publicado por la presidenta del Consejo Nacional del PRO, Patricia Bullrich, para cuestionar al Gobierno.

“Simulación de desalojo. Nada ha cambiado en Villa Mascardi. A los vecinos ni siquiera los dejan ir a sus casas y los violentos vuelven a la ruta. ¿Qué arreglo hay en este desalojo?”, lanzó la ex ministra de Seguridad.

En tanto, las tres mujeres que permanecen detenidas en las instalaciones de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) de San Carlos de Bariloche, imputadas junto a otras cuatro en la causa de la usurpación en Villa Mascardi, mantienen una huelga de hambre en reclamo de su liberación, informaron hoy a Télam voceros de la comunidad mapuche.

Andrea Despo, Florencia Melo y Débora Vera son las detenidas que permanecen en la sede de la PSA, mientras que Betiana Colhuan Nahuel, Romina Rosas -que se encuentra embarazada-, María Celeste Ardaiz y Martha Jaramillo tienen prisión domiciliaria desde la madrugada del domingo.

Las tres detenidas expresaron mediante una carta pública que “al día de la fecha tres de nosotras seguimos injustamente encarceladas en la PSA de Bariloche. Llegando al sexto día de huelga de hambre, cuatro de nosotras nos encontramos desde las 4:30 de la madrugada del día 9 en prisión domiciliaria”, precisaron.

“Esta acción de huelga de hambre como medida de protesta tiene como fin exigir nuestra inmediata liberación”, manifestaron a través del escrito.

“Exigimos nuestra libertad inmediata. Desmilitarización del territorio y el cese a la persecución al pueblo mapuche”, remarca el texto firmado por “Presas Políticas Mapuche. Furilofche. Puel Mapu”.

El martes pasado, las fuerzas federales organizadas en un comando unificado con la participación de la policía rionegrina detuvieron a siete mujeres del asentamiento mapuche Lof Lafken Winkul Mapu, en las inmediaciones de la ruta 40.

CRM con información de las agencias NA y Télam

Luego que la jueza federal Silvina Domínguez rechazara los pedidos de excarcelación, cuatro de las siete mujeres detenidas por el operativo de desalojo del Comando Conjunto de las fuerzas de seguridad fueron provistas con prisión domiciliaria por su condición de madres. Por otro lado, las restantes tres mujeres permanecen detenidas.

Las tres mujeres que siguen en la sede regional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) son Andrea Despo, Florencia Melo y Débora Vera: en un primer momento, habían sido llevadas en avión a Buenos Aires para ser encarceladas en el Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza, pero ayer por la tarde fueron trasladadas de regreso a Bariloche, por decisión de la jueza.

Aquellas que recibieron el beneficio de la prisión domiciliaria son Martha Luciana Jaramillo, Betiana Collhuan, Celeste Guenumil y Romina Rosas. En el caso de Rosas, está cursando un embarazo de 40 semanas. Luego de concedérseles la prisión domiciliaria, las cuatro fueron llevadas en un operativo que se prolongó desde las 3 hasta las 5 de la mañana de este domingo hasta un domicilio particular del barrio Lomas de Villaverde, en el oeste de Bariloche.

Los abogados defensores de las siete mujeres, entre otros reclamos procesales, cuestionaron la situación particular de Jaramillo, quien pese a ser madre de dos niños fue llevada a Ezeiza para ser alojada en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal (SPF) ubicado a 1600 kilómetros de su lugar de residencia. “Su situación era conocida desde el primer momento”, advirtió a Télam el abogado Ezequiel Palavecino, quien integra la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), y señaló las “contradicciones” de la jueza por haber decidido en un primer lugar el traslado de Jaramillo a Ezeiza.

En ese sentido, Palavecino indicó que “lo que viene haciendo la jueza (Silvina Domínguez) nos genera toda esta situación de indefensión para ellas, porque es imprevisible lo que va a hacer”. El letrado mencionó también como una segunda “contradicción” de la magistrada que “dictamine el traslado hacia Bariloche de las cuatro mujeres detenidas en Buenos Aires y que, al mismo tiempo, decida otorgar la prisión domiciliaria” en un mismo día.

Ayer por la noche, Andrea Despo, quien había sido llevada a Ezeiza, grabó un video desde la unidad de la PSA de Bariloche. En el mensaje, expresó que “parte de nuestro reclamo de volver a Bariloche se cumplió”, y le exigió a la Justicia que le devuelva la libertad “porque es nuestro derecho”. En esa misma línea, manifestó: “Los procedimientos legales se pueden hacer con nosotras en libertad”.

Además, el defensor Palavecino señaló que “la jueza rechazó todos los pedidos” de excarcelación, y planteó que la magistrada tendrá que explicar “cuál es la urgencia de que se obstruya el proceso judicial” para validar las detenciones. En el traslado hacia Buenos Aires, el abogado denunció “vejaciones” hacia las mujeres porque fueron “revisadas estando desnudas cuatro veces mientras estaban con custodia”.

Por otra parte, dijo que en el caso de Romina Rosas, la mujer embarazada, “le denuncié a la jueza al momento de la indagatoria que estaba en una habitación de tres por dos y que a un metro y medio tenía dos oficiales de la PSA que todo el tiempo la estaban grabando con una cámara, sin intimidad”.

El Ministerio de Salud de la Nación informó este domingo que las autoridades están garantizando que se cumpla la ley de Parto Respetado en este caso. La cartera de Estado informó que “tomó conocimiento de un posible incumplimiento de la Ley 25.929 de Parto Respetado que involucra a una mujer de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu que cursaba un embarazo con fecha cercana de parto y fue detenida, siendo consecuencia de eso su traslado al hospital de Bariloche”.

“En efecto se trata de una gestante cursando la semana 39 que fue internada por razones de salud sin ningún signo de riesgo clínico ni de inicio de trabajo de parto”, añadió en un comunicado. “En atención a lo expuesto, el Equipo de referencia para la implementación de la ley de parto respetado tomó comunicación con integrantes de la comunidad mapuche para que se garantice una atención de la salud perinatal con pertinencia cultural”, explicó.

Y dijo que “en este sentido se solicitó al hospital que se respete el derecho a estar acompañada previsto en el artículo 2 de la Ley 25.929, petición que a su vez ya había sido presentada por las autoridades del hospital al juzgado interviniente, y que redundó en el efectivo ingreso de su püñeñelchefe, partera empírica y una autorización para permanecer acompañada”.

El ministerio que conduce Carla Vizotti reseñó que “desde entonces, el mencionado equipo técnico mantiene comunicación permanente con su par rionegrino y con la comunidad mapuche monitoreando la situación y el estado de la persona para que se dé pleno cumplimiento de la Ley N° 25.929 de Parto Respetado”.

Palavecino señaló que el viernes pasado desde la defensa presentaron una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por “violación a los derechos humanos”, la cual ya fue consignada bajo el número MC-773-22.

Refiriéndose a la causa, el abogado se quejó: “Todavía desconozco lo que dice el expediente porque continúa con secreto de sumario”, y agregó que “objetivamente no existe ninguna prueba que vincule (a sus defendidas) a los hechos de la indagatoria”.

El martes pasado, las fuerzas federales y provinciales organizadas en un comando unificado desalojaron varios predios en las inmediaciones de la ruta 40, en la localidad rionegrina de Villa Mascardi, en un procedimiento que culminó con la detención de siete mujeres del asentamiento mapuche Lof Lafken Winkul Mapu.

LC con información de agencia Télam

Aníbal Fernández usó su cuenta de Twitter para expresar su respaldo al operativo del Comando Conjunto de las fuerzas de seguridad. “Leo con estupor que se quiere comparar la acción de las fuerzas en Villa Mascardi con la cacería humana que realizó en el pasado el gobierno de Cambiemos”, expresó el funcionario, buscando marcar diferencias con hechos como el de Santiago Maldonado durante el gobierno de Mauricio Macri.

Sin dar nombres, el ministro de Seguridad planteó hoy domingo que el Gobierno “no se vale de espías ni de operadores judiciales para consensuar con los tribunales”, respondiéndole a las críticas por el operativo de desalojo de Villa Mascardi, en donde fueron detenidas siete integrantes de la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu. “No se instruye a realizar actos violentos y, si se les encomienda hacer uso racional de la fuerza, ello es así, tomando en consideración que el primer derecho humano fundamental es la vida”, aclaró.

“Quienes consideran que el cumplimiento de la ley y de las órdenes judiciales es un menú a la carta, no entienden lo que es vivir en un sistema republicano”, remarcó el titular de la cartera de Seguridad al final de su mensaje.

El martes pasado, fuerzas federales unificadas y con la participación de la Policía rionegrina detuvieron a siete mujeres en las inmediaciones de la ruta 40, en el marco de un desalojo de grupos autodenominados mapuches, lo cual generó una nueva interna en el Frente de Todos.

El hecho dio lugar a la renuncia de Elizabeth Gómez Alcorta a su cargo de ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, quien fuera abogada de Facundo Jones Huala. Fue por cuestionamientos a las detenciones de mujeres y niños durante el operativo, ya que cuatro de las detenidas fueron encarceladas en el Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza. Ayer sábado, fueron trasladadas nuevamente a la ciudad de Bariloche, según dispuso la jueza Silvina Domínguez.

LC con información de agencias

“La jueza federal de Bariloche acaba de indicar que las cuatro mujeres mapuches alojadas en Ezeiza, sean trasladadas nuevamente a Bariloche”, publicó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en Twitter este sábado al mediodía, y solicitó que el traslado de las mujeres detenidas sea “respetuoso de los derechos humanos”.

El CELS indicó que “después de 3 días, ahora resulta que el mejor lugar es ese, del que nunca deberían haber sido sacadas” y sentenció que “es urgente que las autoridades aseguren un traslado que esta vez sea respetuoso de los derechos humanos. Esto, teniendo en cuenta los tratos denigrantes que recibieron”.

“Todo este despliegue constituye un proceso de evidente disciplinamiento y desprecio por las mujeres mapuches”, apuntó el CELS en su publicación. Por otro lado, la organización le reclamó a la Justicia que “no se les realice requisas en sus cuerpos, bajo ninguna circunstancia, en tanto desde el 5 de octubre estuvieron bajo custodia”.

Además, la entidad solicitó que “no se les realice largos trámites de registro; no sean esposadas en el viaje; se les dé comida y abrigo; se les informe el destino, horario de llegada; y se extremen todos los recaudos para asegurar la dignidad de estas cuatro mujeres”.

El pasado martes, las fuerzas federales detuvieron a siete mujeres del asentamiento mapuche Lof Lafken Winkul Mapu, de las cuales cuatro fueron trasladadas al penal de Ezeiza en la provincia de Buenos Aires.

Las detenidas son Martha Luciana Jaramillo, Andrea Despo, Florencia Melo y Débora Melo, todas ellas imputadas por la Justicia federal en una causa caratulada como “incendio u otro estrago, atentado contra la autoridad y usurpación”.

LC con información de agencia Télam

¿Hasta dónde puede llegar el racismo? El miércoles por la noche, cuatro de las mujeres mapuches detenidas en el operativo del Ministerio de Seguridad de Nación, por orden de la Justicia Federal, fueron trasladadas a Buenos Aires en una decisión arbitraria que solo reafirma el ensañamiento que tiene la justicia con las comunidades indígenas.

Más de 1600 kilómetros separan Villa Mascardi de Buenos Aires. Villa Mascardi es el lugar donde supuestamente ocurrieron los delitos que se les imputan a estas mujeres. ¿Cuáles? No se sabe. ¿Por qué las trasladaron si debían indagarlas en 48 horas? No se sabe, pero podemos decir que para obstaculizar su derecho a la defensa. ¿Se pudieron entrevistar con sus abogades antes de ser indagadas? No. De hecho, dispusieron su traslado a una cárcel federal sin siquiera estar procesadas.

De las siete mujeres detenidas el martes, dos de ellas son lactantes y una fue detenida con un embarazo a término, obligada a dejar de lado su cosmovisión a la hora de parir –lo que ocurrió anoche, mientras sus hermanas estaban en la incertidumbre del traslado. La arbitrariedad y la violencia racista es tal que hay que repetir incesantemente que estas mujeres tienen derechos humanos, que tienen derechos culturales, que tienen derechos territoriales. La jueza federal subrogante de Bariloche, Silvina Domínguez, no puede desconocer que separar a estas mujeres de su lugar de origen implica arrancarlas de un vínculo místico con la tierra, sino también alejarlas de sus defensorxs y dificultar su comunicación con elles.    

¿Puede el Estado argentino explicar el ensañamiento en este caso?

Durante el operativo realizado por un comando unificado, cuya celeridad en el armado sorprendió a les propies trabajadorxs del Ministerio de Seguridad de la Nación, y un despliegue desmesurado, allanaron numerosos predios que el pueblo mapuche reclama como propios, ancestrales. Se trata de territorios arrebatados luego de un genocidio indígena. Pero la causa que fue piedra de toque investigaba hechos que no se corresponden con la desmesura del operativo de Aníbal Fernández. Y, además, esos predios estaban siendo discutidos en litigios diferentes, en distintas instancias procesales, en distintos juzgados. ¿No hubo ningún rasguño? ¿Cómo le decimos a toda esta desproporción, arbitrariedad?  

El despliegue de hombres armados que avanzan sobre familias es de por sí un hecho que violenta. Más aún cuando las mujeres y les niñes que encontraron no tuvieron chance de diálogo. Un gobierno popular obligatoriamente debe tener una seguridad democrática: la consigna fue dicha en más de una ocasión este jueves, durante el lanzamiento de la Red Federal de Defensa de Organizaciones Sociales.

El Estado cerró el diálogo y abandonó las mesas de trabajo que buscaban garantizar los derechos que la Constitución reconoce a las comunidades indígenas. ¿Son para todes los derechos humanos? En teoría, sí, pero como vemos, no están garantizados. Pero si creemos que sí, entonces tal vez haya que gritarlo más fuerte. Parece que no se escucha.

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En 1982, David Viñas publicó Indios, ejército y frontera. Una compilación excepcional y rigurosa de un conjunto de textos en los que se había amasado la cuestión de la guerra de fronteras en Argentina, con su doble implicancia: ocupación y valorización mercantil de las tierras, corrimiento y aniquilación de las poblaciones originarias. Viñas construía series: por un lado, la auto nombrada conquista del desierto era la continuidad de la guerra colonial contra el indio -o sea, el Estado nación modernizante, que se quería heredero de la ruptura del orden colonial, en realidad venía a heredar el otro rostro: el de la acción criminal de despojo territorial-; y por otro lado, la secuencia que enlazaba la expedición roquista con la de la actualidad genocida argentina en el momento en que publica. En 1979 se festejó el centenario de aquella campaña hacia el Río Negro y los fastos transcurren bajo el terrorismo de Estado. Continuidades y variaciones, solía decir el escritor.

En 1892, el artista Della Valle pinta y expone La vuelta del malón, en conmemoración de los 400 años de la llegada de Colón a América. La persistente marca colonial en la vida argentina ha sido la del racismo. Soterrado, escondido bajo la alfombra, mutante. Que si había justificado la empresa aniquiladora, convertido a los cuerpos indígenas en objeto de museo o en vidas destinadas a la servidumbre, también se actualizaría en la denostación persistente de quienes las clases dominantes nombran cabecitas negras: mestizos, aindiadxs, oscuras. Pieles marrones, con una politicidad plebeya que no dejaría de incomodar. Con todas las complejidades, porque si aquí estamos insinuando un cierto arco que va desde la indiada perseguida a la multitud peronista; eso es solo un hilo que se contradice con otros. Con el Malón de la paz que en 1948 viajó del norte hacia la ciudad capital para reclamar tierras y reforma agraria, y fue bruscamente desconocido por el presidente Perón y quienes lo integraban alojados en el hotel de Inmigrantes y despachados raudamente hacia sus provincias de origen. O con el hilo que va de Viñas a Martínez Estrada, que para criticar al peronismo fue capaz de pensar, de los modos más profundos, la cuestión de la frontera y la vida popular. En Muerte y transfiguración del Martín Fierro, publicado en el mismo año en que caminaba el Malón de la paz, señala que se nombra expedición militar a lo que es, solo, un malón blanco que mata, secuestra, reduce a la servidumbre, despoja y se apropia de bienes. Para Ezequiel Martínez Estrada, la guerra contra el indio era el crimen silenciado en la historia nacional, pero ese silencio operaba de modo traumático, impidiendo nombrar y sentir y denunciar las injusticias del presente.

Es necesario volver a traer esos textos, en los que se configuró la crítica nacional, para comprender que no alcanza con el derecho liberal del reconocimiento de la propiedad privada, para considerar lo que sucede con las comunidades indígenas que intentan la recuperación territorial y que, al hacerlo, ponen en tensión toda la historia del propio Estado. Porque cuando aparecen allí, y reclaman derecho a construir sus vidas, sus lógicas comunitarias, disponiendo de tierras y aguas, traen con ellas una historia entera que debe ser reparada. Muchas veces el Estado debe pedir perdón: lo supo Néstor Kirchner cuando en las puertas de la ESMA lo hizo respecto de los actos criminales del poder militar. No significaba que se declarara heredero de ese gobierno, sino que debía poner en tensión al Estado que empezaba a gobernar para que tuviera otra legitimidad.

Nadie se ha animado a pedir perdón por los crímenes de la guerra de fronteras. Por el contrario, aparece ratificado el esfuerzo de desconocer a esos sujetos que demandan por una larga expoliación. El desconocimiento tiene muchos modos: a veces se presenta como reclamo de autenticidad -¡pero si esta gente antes vivía en las ciudades, ya no eran indixs!-, otras como demanda de incoherencia -desconocen al Estado pero usan sus planes sociales-, otras como racismo explícito. En ese magma de discursos -basta asomarse unos minutos a los medios de comunicación dominantes- flota la voluntad de aniquilamiento. Ya murieron Rafael Nahuel y Santiago Maldonado. Ya sabemos de qué se trata. La pregunta que se abre es por qué un gobierno democrático, que buscó su legitimidad en la apelación a las luchas por los derechos humanos y las peleas feministas, actúa con lógicas represivas, aceptando decisiones judiciales que están permeadas de una estricta parcialidad, la que llama a blanquear el mundo de las bellezas mayúsculas del paisaje sureño. Hay conflictos, hay lógicas de ocupación, hay tensiones y confrontación entre las ocupaciones y vecinxs de las ciudades. Todo eso se sabe, como se sabe que solo la negociación, la conversación y el reconocimiento, permiten la resolución democrática de una situación conflictiva.

Hay otra disputa más sorda, no habilitada en el campo de la visibilidad, que hace al acceso a recursos naturales -ya nombrar así las potencias de las tierras y las aguas es un problema-, que es geopolítica e internacional. ¿Quiénes son los dueños de la tierra? ¿Qué implica esa propiedad? ¿Qué pasa con la soberanía nacional cuando quienes compran son millonarios de cualquier parte del mundo, que pueden cercar lagos, cerrar montañas, disponer circulaciones? La revista Crisis publicó un informe preocupante sobre el tema mientras seguimos azoradxs ante el acompañamiento de ciertos sectores políticos a la privatización encarada por Joe Lewis.

Cuando se persigue y reprime a la Lof Lafken Wincul Mapu no se trata, entonces, de preservar la soberanía. La situación en la que se coloca el gobierno nacional es, por lo menos dramática: se ata las manos para intervenir en la preservación de esa soberanía en nombre del respeto a la propiedad privada; y suelta las manos de las fuerzas de seguridad para perseguir mapuches. Mucho hay que desandar en esa historia que nos constituye, en la que encarnamos cuando nos decimos argentinxs, pero no podemos retroceder ante esa incomodidad ratificando los pactos criminales del origen, actualizándolos, una y otra vez, con las balas de la gendarmería, los traslados a las cárceles, el elogio de las fuerzas vivas y el festejo de la prensa dominante. Porque mientras nuestro presente se conmueve con la actualización fílmica del fundamental juicio a las juntas militares, los sucesos de estos días en Villa Mascardi nos traen inesperados flashbacks del film La Patagonia rebelde.

A ciegas, sin comunicación y sin contacto. Así fueron trasladadas de Bariloche a Buenos Aires cuatro mujeres mapuches luego de haber sido detenidas tras el operativo del lunes en su comunidad en Villa Mascardi. Ni siquiera su abogada podía dar información porque la jueza federal subrogante Silvina Domínguez mantuvo el secreto de sumario que había implementado desde el minuto cero del procedimiento del Comandu Unificado de fuerzas federales, que, según voceros de la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro y de la Lof Lafken Winkul Mapu, todavía seguía buscando a varones mapuches montaña arriba. A instancias de la abogada Laura Taffetani, de La Gremial, y de la Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, la magistrada accedió a permitir que las dos detenidas que están amamantando a sus bebés permanecieran en Bariloche. Al mismo tiempo, Romina Rosas fue internada en el hospital regional Ramón Carrillo para dar a luz y los efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) impidieron que ingresara la partera que la venía acompañando durante el embarazo. 

Ni siquiera una vez que pisaron suelo porteño estuvieron claras las razones del traslado, que de por sí es una medida sumamente dura para personas privadas de su libertad. La orden del juzgado menciona “incendio, usurpación y atentado contra la autoridad”, y aduce la necesidad de trasladar a las detenidas a instalaciones penitenciarias federales sin dar ninguna razón al respecto. Por eso los integrantes de los organismos de derechos humanos que las están asistiendo especulaban con la posibilidad de que pretendan aplicar la ley Antiterrorista, sancionada en diciembre de 2011, tal como solicitó Patricia Bullrich la semana pasada ante la justicia. Lo hizo en el marco de una causa abierta contra la expresidenta del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), Magdalena Odarda; y quien fuera su segundo, Luis Pilquimán, por los presuntos delitos de traición a la Nación Argentina y asociación ìlícita, y en su escrito pidió que más de cien causas contra los pueblos originarios de la Patagonia sean unificadas en un solo caso bajo la imputación de “terroristas”.

Pocas horas antes del operativo que resultó en desalojo de la comunidad, la presidenta del PRO encabezó una marcha “en defensa de Villa Mascardi”, donde se vieron banderas argentinas y carteles que decían “Roca, volvé a terminar el trabajo”. Según ella, el prófugo Facundo Jones Huala estaría en la zona como así también miembros de la CAM (Coordinadora Arauco Malleco) chilena. Para Taffetani, abogada de la comunidad de Villa Mascardi, “el incendio de la casilla de Gendarmería fue la excusa para lograr el tan anhelado desalojo de la comunidad que vienen intentando desde 2017”.

Ayer, mientras los abogados de Martha Luciana Jaramillo, Andrea Despol, Florencia Melo y Débora Vera presentaban un pedido de “reposición y revocatoria con apelación en subsidio para que las mujeres que vivían en la Patagonia y que fueron detenidas en la Patagonia por una jueza de la Patagonia sean devueltas a su lugar de origen y no estén cumpliendo un alojamiento temporario en la provincia de Buenos Aires”, representantes de las comunidades mapuches de esa región exigieron la liberación de las presas e instaron al gobierno nacional al diálogo. 

Ezequiel Palavecino y Andrea Reile, también en representación de las detenidas, plantearon ante la jueza Dominguez que “trasladarlas a más de 1.600 kilómetros de su grupo familiar y lugar habitual de residencia (…) les causa un perjuicio adicional a su privación de libertad”. A su criterio, “es tan equivocada la resolución impugnada que carece de perspectiva de género”. Advirtieron a la jueza que “deben agotarse las posibilidades de alojarlas en algún lugar provincial o municipal adecuado o resolver su situación procesal, incluso el hospital local, con la debida custodia, sería un lugar más adecuado y cercano con sus familias, sus tradiciones y sus abogados defensores”. Palavecino y Reile afirmaron que “el nuevo protocolo del Servicio Penitenciario Federal indica que no se podrá ordenar el traslado de personas privadas de libertad embarazadas o aquellas a las que se haya autorizado a permanecer junto a sus hijas o hijos en el establecimiento penitenciario”.

El lunes cuando esperaban ser llevadas, mientras estaban sobre la ruta 40, las mujeres enviaron mensajes sobre la preocupación de que no fueran separadas de sus hijos. Apenas llegaron a la sede de la PSA comenzaron una huelga de hambre para exigir ser liberadas, lo cual no habría caído muy bien en el juzgado. Extrema dureza impuso al agregar al secreto de sumario la incomunicación de las presas. Así comenzaron a multiplicarse en todas las provincias patagónicas las expresiones de solidaridad de otras comunidades indígenas en territorios recuperados, al mismo tiempo que instaban al movimiento de mujeres feministas a pronunciarse. Incluso hubo un grupo que protestó en el Aeropuerto, donde está la dependencia de la PSA que las aloja.

“Necesitamos que hablen de esto, la Machi Betiana es autoridad espiritual”, dijeron al tiempo que hicieron sonar sus instrumentos tradicionales. Dominga no quiere dar su apellido. Tiene miedo. Pero se hizo filmar para denunciar que no la dejaban acompañar a Rojas, que había estado con ella durante la gestación. “Están vulnerando nuestro derecho a parir, llamo a todas las mujeres conscientes, a las que son madres y a las que no también, es injusto e inhumano lo que están haciendo, como mapuches tenemos nuestra cosmovisión y nuestra forma de parir, nos despojan de nuestro territorio con prácticas de la dictadura, salgan a las calles porque no se están escuchando nuestras voces”, dice en el video que empieza y termina en mapudungun, la lengua mapuche. 

En una de las aulas de la Universidad del Comahue, en una conferencia de prensa, Carriqueo dijo que el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel se había comunicado con el presidente Alberto Fernández para pedirle que priorice el diálogo. “Le pedimos al gobierno que recapacite porque está produciendo una cruel tortura”, expresó. “Le están cumpliendo el sueño a Bullrich, ni Macri le cumplió el sueño del Comando Unificado, se lo dió este gobierno. Se llevaron niños detenidos. Acabo de verlos, separados de sus madres que están presas en Buenos Aires. Le pido a la gente mapuche de Bariloche, tenemos que manifestarnos y repudiar esto, que es un aleccionamiento también para los que se oponen al extractivismo. No nos interesa la madera ni el turismo sino ser mapuches, practicar nuestra espiritualidad. Por Rafael Nahuel, por Elías Garay y también por Santiago Maldonado, no nos van a detener”, agregó. 

A su turno tomó el micrófono Soraya Maicoño, vocera de la comunidad Quemquemtrew donde fue asesinado el joven Garay. “Estoy acá por pedido de la machi (sanadora) Betiana, que está encerrada junto a su bebé de tres meses, estamos en una situación de extremo y dramático conflicto, y me cuesta hablar en esta ciudad donde los integrantes racistas de Consenso Bariloche se disfrazan de Ku Klux Klan”, dijo. “Estamos hablando de siete hectáreas de la comunidad contra 900 mil de Benetton y 14 mil de Lewis, esos son los vecinos de la Lof de Mascardi”, agregó.

“Se llevaron arrastradas y humilladas a nuestras autoridades espirituales, falta que las pongan en servidumbre como en la Conquista del Desierto, como dijeron en la ruta Roca volvé Roca. Son siete madres, una de ellas va a parir un niño presa. ¿Dónde están las colectivas de mujeres?”, se preguntó Maicoño, quien supo también ser vocera de la Pu Lof Cushamen cuando desapareció Maldonado. “El único delito es ser mapuche, nuestra Machi es importante, hacía muchísimos años que no nacía alguien con ese rol, los huincas (invasores blancos) saben lo importante que es, por eso la encerraron, nos quieren debilitar. Nosotros no vamos a las iglesias, ellos sí se meten en nuestros rewe (altares)”. La última en hablar fue Isabel Huala, madre de Facundo Jones Huala, lonko de Cushamen. “Tenemos cuatro mujeres secuestradas por el Estado argentino, dos de ellas ni siquiera vivían en Mascardi. ¿Qué nos van a preguntar los periodistas racistas que son parte de Consenso Bariloche? ¿Van a poner en duda lo que somos? Parque Nacionales se creó para repartir tierra entre los amigos de las élites terratenientes”, concluyó.

 Al cierre de esta edición, las detenidas estaban en la alcaidía 28 de Tribunales a la espera de ser trasladadas a la cárcel de mujeres de Ezeiza. La madre de una de las detenidas acudió a la ronda de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y habló junto a Nora Cortiñas.

La APDH Regional Bariloche, con la firma del abogado Palavecino, Felisa Curamil y Dora Riestra, expresó que “se ha elegido la vía de la criminalización del conflicto como viene solicitando la derecha neofascista de nuestro País, encabezada por Patricia Bullrich. El procedimiento nos hizo recordar al que culminara con el asesinato de Rafael Nahuel, aún impune, con el agravante de que se impidió hoy a la APDH, al Obispo y a la prensa poder supervisar o participar de dicho procedimiento”. El organismo destacó que impulsó un habeas corpus preventivo junto a la Liga Argentina por los Derechos Humanos “para poder proteger a los niños que aún se encuentran en el territorio, así como la excarcelación de las mujeres detenidas”.  Y agregaron que “la llegada de pertrechos militares por tierra y aire anunciaba este acto represivo impulsado por Consenso Bariloche y la derecha neofascista, que fue imposible detener, pese a nuestra insistencia a nivel nacional”. Para ellos el trasfondo de la situación indica que “ha primado la ideología genocida de la conquista del Desierto por sobre el respeto de los derechos ancestrales de los pueblos originarios garantizados por los tratados internacionales y la reforma Constitucional de 1994. No en vano se ignora la propiedad comunitaria, la aplicación de la ley 26160 o la consulta previa informada en las explotaciones extractivistas en sus territorio”.

En tanto, la ex ministra de Seguridad Sabina Frederic dijo que la jueza no tiene la mínima empatía humana, ni de género. Durante la jornada se fueron sumando repudios al accionar de la jueza y de las fuerzas de seguridad. El Centro Legal de Estudios Sociales y Legales (CELS) expresó que el “traslado no está previsto en ningún código, está fuera de toda regla y es una mortificación adicional”. Diego Morales destacó que “estas mujeres no conocen sus cargos, no tuvieron declaración indagatoria, no pueden defenderse, no han tenido contacto con sus abogados. Es una medida extremadamente violenta y deja en suspenso muchísimos derechos que cualquier persona tiene en el marco de un proceso judicial”.  Por su parte Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, HIJOS exigieron ayer la apertura de una mesa de diálogo para encontrar una salida pacífica a la situación y pidieron detener el “recrudecimiento de las políticas represivas”.

AM

Una nueva interna se instaló en el Gobierno, esta vez como consecuencia del desalojo de miembros de la comunidad mapuche en Villa Mascardi realizado por Fuerzas Federales, ya que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad advirtió que en el procedimiento policial hubo “graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres detenidas”.

Según versiones extraoficiales, el jueves la titular de la cartera, Elizabeth Gómez Alcorta, habría presentado su renuncia. El presidente Alberto Fernández aún no respondió. Fuentes de Casa Rosada dijeron a elDiarioAR que “no hay nada oficial” Las versiones eran tan fuertes que varios miembros de su equipo aseguraban que el alejamiento era un hecho. En Wikipedia la presentaban como ministra hasta el 6 de octubre de 2022. Gómez Alcorta había asumido el 10 de diciembre de 2019 en el marco del nuevo gobierno del Frente de Todos cuando también se creó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

La funcionaria -explicaron desde su entorno- estaba siguiendo el caso junto a sus colaboradores con el objetivo de intervenir “activamente para garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres indígenas detenidas ante el incumplimiento por parte del poder judicial de la legislación vigente y los pactos internacionales de los que la República Argentina forma parte”.

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad presentó un escrito en la causa para hacer saber su preocupación sobre el riesgo de vida que corre la mujer que se encuentra embarazada y advirtió sobre las “graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres detenidas”.

El pasado miércoles, la coordinadora del Programa Acercar Derechos (PAD) en Bariloche se hizo presente en el hospital y tomó intervención luego de que una de las mujeres tuviera que ser trasladada a un centro de salud por posible trabajo de parto y ante la negativa de que pudiera estar acompañada, tal como prevé la ley de parto humanizado.

“La funcionaria del MMGyD también se encuentra coordinando el trabajo con el equipo del programa de acceso a la justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación”, señalaron fuentes oficiales.

La subsecretaria de Programas Especiales de Violencia por Razones de Género del MMGyD, Carolina Varsky, y la directora Nacional de Acceso a la Justicia, Florencia Sotelo, pretendían acercarse hasta el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza “para tomar contacto con las mujeres detenidas, conocer su situación y evaluar cursos de acción”.

Asimismo, desde la cartera se indicó que presentarán este jueves un nuevo escrito judicial para manifestar “la preocupación por las violaciones a los derechos humanos de las mujeres trasladadas a Ezeiza y de sus familiares en virtud de lo sostenido en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos López contra el Estado argentino del 25/11/2019, por el que se prohíbe el traslado de personas a distancia de su lugar de residencia”.

En declaraciones radiales, Gómez Alcorta alertó que “la situación es sumamente preocupante”. “Desde hace más de 48 horas detuvieron a siete mujeres indígenas, una de ellas una líder espiritual de la comunidad. De las siete mujeres, dos de ellas estaban con sus niñes muy chiquitos, de un mes y de cuatro, otra de las mujeres está embarazada de 40 semanas y con algunos temas de presión alta”, agregó.

Y subrayó: “Todas las personas tenemos el derecho de contar con una defensa, eso lo dice la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales, en este caso la magistrada negó ese derecho”.

Con información de NA.

IG

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, hizo un balance del desalojo en Villa Mascardi con los jefes de las cuatro fuerzas federales en una jornada en la que hubo críticas de organismos de DDHH, desde donde cuestionaron a la jueza federal interviniente y exigieron que el Ejecutivo reabra una mesa del diálogo con la comunidad del Lof Lafken Winkul Mapu.

Fernández mantuvo un encuentro en la sede del Ministerio con los responsables de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), las fuerzas que integran el comando unificado de Villa Mascardi asentado en Bariloche que desplegó 250 efectivos en las inmediaciones de la ruta nacional 40 para desalojar predios donde se habían asentado familias mapuches.

El operativo se llevó a cabo en cumplimiento de la orden judicial de la jueza federal subrogante Silvina Domínguez, quien dispuso “hacer cesar el delito” en los nueve lotes denunciados como usurpados por la comunidad del Lof Lafken Winkul Mapu, para lo cual decretó el secreto de sumario, en un caso en el que además interviene la fiscal Cándida Etchepare.

Siete mujeres de la comunidad fueron detenidas durante el procedimiento y llevadas a una dependencia de la PSA mientras hoy continuaron los rastrillajes en búsqueda de otros integrantes de Lof, quienes podrían haberse replegado “montaña arriba”, según la evaluación de los oficiales a cargo del operativo; entretanto, personal de Gendarmería permanece en los lugares desalojados para evitar un posible reingreso de personas.

“El resultado ha sido positivo porque nuestra intención siempre fue poder entrar con el cuidado del caso, sin armas letales”, remarcó Fernández en diálogo con la TV Pública.

Asimismo, contó que habló con la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, y que “en líneas generales” ambos estuvieron de acuerdo en el análisis. “Lo hicimos con silencio y con cuidado”, señaló el titular de la cartera de Seguridad.

También, indicó que “el trabajo que la jueza María Silvina Domínguez y la fiscal (María Cándida Echepare) llevaron a la práctica fue muy claro”.

Además, Fernández desmintió que se hayan producido disparos o agresiones: “Ninguna de esas cosas pueden ser ciertas porque no había armas letales. Ni un rasguño siquiera. Me cansé de escuchar que hubo agresiones y disparos”.

En cuanto a las detenciones que se produjeron durante el operativo, sostuvo que todos los detenidos “fueron trasladados, salvo una señora embarazada que fue primero al hospital, a una dependencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria”.

Y en el caso de los niños y niñas presentes en los predios, agregó el ministro, intervino el área de Minoridad de la provincia y de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

Por la noche, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) criticaron a la jueza Domínguez por informar a los abogados defensores que “van a trasladar a las mujeres mapuches detenidas a la Ciudad de Buenos Aires”, y denunciaron que a los letrados “no les dan más información sobre esa medida”, lo cual, advirtieron “no está bien, está mal”, advirtieron desde Twitter.

“Más de 36 horas después, siguen detenidas siete mujeres mapuches, una de ellas con 40 semanas de embarazo, y dos niñes de meses. Están alojadas en la sede de la PSA”, habían cuestionado previamente desde el Cels.

La postura de los organismos de DDHH

Horas antes, organismos de derechos humanos, entre ellos el Cels, emitieron un comunicado en el que expresaron que “la forma de dirimir los conflictos debe ser a través de una Mesa de Diálogo entre las partes y no con el recrudecimiento de políticas represivas”.

“Una vez más señalamos que los derechos de los pueblos originarios tienen rango constitucional (artículo 75 inciso 17 de la Constitución) entre los que se encuentra el del acceso a los territorios que reivindican, la educación plurilingüe y el reconocimiento de su identidad cultural. Como todos los derechos consagrados en la Constitución, deben ser respetados”, subrayaron.

Y además manifestaron la “preocupación” por la conformación del comando unificado para la zona de Villa Mascardi, destinado al “aseguramiento de las personas y los bienes de la localidad” y propusieron que se convoque a “una mesa de diálogo que incluya a todos los sectores y con un fuerte respaldo político institucional”.

Entre los organismos firmantes se encontraron Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh), el Cels y la Liga Argentina por los Derechos Humanos.

En tanto, referentes de diversas comunidades del pueblo mapuche tehuelche continuaron hoy con una serie de medidas y críticas al accionar de las fuerzas de seguridad sobre la Lof Lafken Winkul Mapu.

Esta mañana integrantes de la Mesa de Barrios Populares realizaron en Viedma una movilización frente al Poder Judicial en reclamo de tierras y en repudio al desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu.

Para Soraya Maicoño, vocera de la comunidad Lof Quemquemtreu, una recuperación territorial mapuche emplazada en la Cuesta del Ternero, a 30 kilómetros de El Bolsón, es “lamentable lo que estamos padeciendo”. “Es por ese desequilibrio de fuerzas que los medios hegemónicos siempre instalan un relato que pone al pueblo mapuche en un lugar de vandalismo, de terrorismo, de delincuencia”, advirtió Maicoño en declaraciones a Télam..

La portavoz del Lof Quemquemtreu cuestionó que al pueblo mapuche se lo acuse permanentemente de “hacer peligrar la soberanía del pueblo argentino” cuando “en realidad todos esos territorios están quedando en manos extranjeras con la complicidad de los gobiernos”, puntualizó en referencia -entre otros casos- a la figura del magnate inglés Joseph Lewis y sus propiedades alrededor de Lago Escondido.

También el dirigente social Hugo Aranea, werken (vocero) de la comunidad mapuche Waiwen Kurruf y secretario general de CTA Autónoma Viedma, rechazó el operativo de desalojo de ayer.

“Desde el pueblo mapuche-tehuelche tenemos más de 200 años de lucha y resistencia. Esto forma una parte más del avance de sectores de derecha, pero la lucha no termina, la lucha sigue”, afirmó Aranea.

DA

Un despliegue inusual para la región: más de 25 vehículos, incluyendo una tanqueta y un camión antidisturbios y unos 250 efectivos de fuerzas de seguridad -fundamentalmente Policía Federal- fuertemente armados fueron utilizados para el cumplimiento de la manda dictada por la Jueza Federal Silvina Domínguez de “hacer cesar el delito” en los nueve lotes denunciados como usurpados por la comunidad Lafken Winkul Mapu.

Domínguez -quien subroga el Juzgado Federal de Bariloche- ordenó el lunes a la Policía Federal que cumpla con los allanamientos correspondientes, incluidos en el expediente FRG 16149/2022 “s/incendio y atentado contra la autoridad”. En paralelo, el Ministerio de Seguridad de la Nación -que conduce Aníbal Fernández- publicó oficialmente la conformación de un Comando Unificado para la actuación de las cuatro fuerzas de seguridad federales en la zona de Villa Mascardi.

Así, el debut de esa estructura -que lleva el mismo nombre que la creada en 2017 por Patricia Bullrich- se produjo este martes, en la zona ubicada a 35 kilómetros de Bariloche. El operativo comenzó a las 7,30 horas, aunque por lo menos una hora antes la ruta 40 -Juan Herman- fue cortada por las fuerzas de seguridad, al norte y sur del territorio en disputa. Durante casi media hora se produjo un enfrentamiento entre los integrantes de la comunidad que arrojaron piedras a los uniformados, y los efectivos que dispararon gases lacrimógenos y postas de goma.

Minutos antes de las 8 de la mañana, unos 120 miembros de la Policía Federal ingresaron al territorio reclamado por la comunidad mapuche: detonaciones y gritos desde el interior se escucharon durante casi una hora.

Pasadas las 9,30 horas fue bajado hasta la ruta un grupo de siete mujeres y cinco menores -niños, niñas y un bebé- Las integrantes de la comunidad y sus hijas e hijos permanecieron casi dos horas en el lugar, hasta que fueron trasladadas a la sede de un organismo provincial donde se constató su estado de salud, para más tarde ser llevadas detenidas a dependencias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

En tanto, un grupo de por lo menos cinco menores quedaron dispersos en el territorio y recién en horas de la noche, la Jueza interviniente autorizó el ingreso de familiares de miembros de la comunidad para que se produzca el reencuentro. Testigos de la situación narraron a elDiarioAR que se vivió un momento “muy tenso” y “emocionante” porque “los chicos estaban asustados, vieron cómo se llevaron a sus madres, tías y abuelas, y no sabían qué iba a pasar con ellos”.

La orden judicial -que fue reservada por la Jueza bajo la figura de secreto de sumario durante todo el martes del operativo- establecía el desalojo de los integrantes de la comunidad de todos los lotes en los que se encontraran, bajo la necesidad de “hacer cesar el delito” en todos los lotes denunciados como usurpados.

Son varios los expedientes judiciales por la ocupación de lotes públicos -de Parques Nacionales- y privados, pero cada uno de ellos se encuentra en un momento procesal distinto y fueron los hechos producidos en los últimos diez días los que empujaron a la jueza a ordenar el desalojo. Esos hechos fueron el ataque e incendio a una casilla de Gendarmería -cuyos autores paradójicamente no fueron identificados, pero se le adjudicó a la comunidad- y el avance sobre las fincas La Cristalina -propiedad del puntero de Patricia Bullrich, Diego Frutos- y Los Radales -de Luis Dates-.

Durante todo el día martes continuó la tarea de persecución por parte de los uniformados dentro del territorio reclamado por la comunidad Lafken Winkul Mapu. En horas de la noche, fuentes del Ministerio de Seguridad y de la Justicia Federal reconocieron que el operativo no se había completado, ya que ninguno de los hombres que integran la comunidad fueron detenidos. Se encuentran dispersos montaña arriba. Mientras Seguridad dispuso que continúen los rastrillajes, y que efectivos de Gendarmería permanezcan en el lugar custodiando el posible ingreso de personas, desde el monte un miembro de la comunidad remitió un audio en el que llamaba a la solidaridad de otras comunidades mapuches, afirmaba que los uniformados continuaban la persecución disparando “con balas de plomo” y que había unas 30 personas “resistiendo” el ataque de las fuerzas de seguridad.

Una situación similar ocurrió en noviembre de 2017: el 23 de noviembre se ordenó y ejecutó el desalojo de la comunidad -en ese momento acotada a unas 10 hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi-, con la detención de un grupo de mujeres. Dos días después una avanzada del grupo Albatros de la Prefectura volvió a ingresar al territorio y protagonizó una cacería: los uniformados dispararon entre 114 y 129 veces con munición de plomo, hirieron a dos jóvenes y mataron por la espalda a Rafael Nahuel.

En este caso, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, valoró el operativo, dijo que, a diferencia del de 2017, no deben lamentarse fallecidos, y aseguró que se cumplió con la orden judicial de “hacer cesar el delito”, más allá que decenas de integrantes de la comunidad no hayan sido detenidos y permanezcan en la zona.

Puntualmente, transmitió que se cumplió con la orden de una “amplia inspección de los lugares y registro de todas sus construcciones, dependencias y anexos con miras al secuestro de las armas, teléfonos celulares y demás artefactos electrónicos de almacenamiento de información (notebooks, pendrives, tarjetas de memoria, etc.) que resulten útiles, agendas y anotaciones personales (sean en soporte papel o digital) y de todo elemento vinculado y de interés para la investigación que se practica”.

Pasadas las 21 horas de este martes, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) presentó un hábeas corpus para que se le permita a su abogado, Ezequiel Palavecino, ingresar al territorio y constatar la situación de los menores que se encontraban en el lugar. 

Paralelamente, un nutrido grupo de integrantes del pueblo mapuche, acompañado por organizaciones políticas y sociales, y vecinos y vecinas marcharon por el centro de Bariloche, reclamando que cesen las hostilidades contra la comunidad. María Nahuel, integrante de la comunidad, aseguró que “volverán al territorio”, ya que los mapuche fueron “despojados de la mapu” (tierra) y que esa comunidad “pertenece a ese lugar. No pueden expulsarnos de nuestra tierra”, planteó.

SR

En la noche de este martes se vivió otro tenso momento en Villa Mascardi cuando un grupo de unos 40 encapuchados bajó de la montaña, a la altura de Ruca Lauquen, e intentó cortar la Ruta 40 a menos de un día de haberse realizado el desalojo de mapuches donde se ubicaba la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu

En un rápido accionar, las fuerzas locales actuaron y liberaron la zona. “Bajaron de la montaña 40 encapuchados”, contó a los medios Diego Frutos, el dueño de la estancia La Cristalina, y agregó además que “algunos se habían venido de Bariloche -parece que- a apoyarlos”.

Ayer por la mañana, el Comando Conjunto con unos 250 efectivos federales realizaron un intenso operativo para desalojar los predios tomados. Hubo agresiones y voladura de piedras por parte de los violentos, mientras que la policía respondió con bombas de estruendo y gases lacrimógenos para abrirse el paso. 

En total fueron detenidas 12 personas, siete eran mujeres, entre ellas una embarazada y la “machi” de la comunidad, Betiana Colhuan, y cinco menores de edad. Desde el Gobierno destacaron que no se utilizaron “armas letales” y que el mismo cumplió con una orden judicial. Las fuerzas movilizadas permanecerán “en zona”, indicaron desde el ministerio de Seguridad de la Nación.

“No ha habido ninguna clase de represión, ni siquiera un rasguño. Las siete mujeres detenidas se encuentran en perfecto estado de salud, en dependencias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, incluyendo a la señora que cursa un embarazo avanzado”, sostuvo el ministro Aníbal Fernández, en su cuenta de Twitter. “Los cinco niños se encuentran en la misma dependencia, interviniendo Minoridad de la provincia de Río Negro, Secretaría Niñez Adolescencia y Familia (Senaf)”, completó.

Con información de NA.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, celebró el “resultado positivo” del desalojo de grupos mapuches en Villa Mascardi y destacó que el operativo concluyó “sin un rasguño”.

“El resultado ha sido positivo. Nuestra intención siempre fue entrar con los cuidados del caso, sin armas letales. No hubo agresiones de ninguna característica, ni un rasguño”, sostuvo el funcionario nacional.

En declaraciones a la prensa, el titular de la cartera policial señaló que a partir de ahora “hay mucha tarea para hacer” y remarcó el trabajo conjunto con la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras: “Lo hicimos con silencio, con cuidado, porque en estas cosas no pasa por ufanarse, sino por decidir criteriosamente cuáles son los roles a seguir”.

Al ser consultado sobre cuánto tiempo permanecerá en la zona el Comando unificado, el integrante del Gabinete indicó: “Todavía no lo hemos definido”.

Asimismo, Aníbal Fernández contó que “una docente avisó que había chiquitos escondidos adentro” y aclaró que los menores de edad “fueron revisados por médicos y entregados a sus familias”.

“Deduzco que tiene que haber habido otra gente, que es la que en el oficio se pide su detención”, concluyó.

El Comando Unificado de Seguridad Villa Mascardi está integrado por las cuatro Fuerzas de Seguridad federales y estuvo a cargo del operativo de desalojo de varias propiedades que habían sido ocupadas por grupos mapuches.

NB con información de agencia NA.

La jueza federal subrogante, Silvina Domínguez ordenó a las Fuerzas Federales que desalojen a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi. El operativo fue confirmado por la misma funcionaria a elDiarioAR. Es la primera acción del Comando Conjunto en el sur del país.

El operativo, que cuenta con más 250 efectivos y 25 vehículos de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, comenzó durante la madrugada en el paraje situado a 35 kilómetros de Bariloche, Río Negro. El desalojo empezó minutos después de las 07.30.

“Se escuchan disparos. Fuerzas de Policía Federal ingresan a la comunidad. Utilizan gases lacrimógenos”, informó desde el lugar el periodista Santiago Rey. A metros del lugar de los hechos, las fuerzas cuentan con una tanqueta y un carro hidrante.

“Hay 7 mujeres con entre 4 y 5 niños, niñas y bebés a la vera de la ruta, esperando para ser trasladados a alguna dependencia, detenidos en el contexto del desalojo”, detalló Rey. “La jueza federal subrogante llegó hasta aquí pero dictó secreto de sumario y no habló con la prensa”, agregó.

Horas después del operativo, “son 7 las detenidas, ya fueron trasladadas al aeropuerto a la sede de la Policía de Seguridad Aeroportuaria”, dijo Santiago Rey desde Bariloche. Agregó: “Habían estado antes en el Servicio de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, donde se constataron en qué estado estaban. Hay una que está embarazada y fue llevada también al hospital para chequear que esté bien de salud”. En cuanto a los menores, “cuatro fueron entregados a un tío. Hay una bebé de un mes que se ha quedado con su madre, que es una de las siete detenidas”.

Rey comentó que no hay información judicial oficial sobre heridos ni si hay un número de detenidos hombres. Al haber retirado a la prensa de las inmediaciones, no está claro si las fuerzas continúan buscando a los miembros de la comunidad: “Es llamativo porque entraron casi 150 efectivos al territorio”.

“En la puerta de la comunidad está esperando el abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) que le permitan ingresar. Le dijeron que lo iban a dejar entrar como veedor, pero todavía no lo hicieron. Hace más de una hora y media que espera en el lugar”, añadió Rey.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, desde Buenos Aires había hablado del tema sin confirmar el operativo: “Estamos haciendo algunos movimientos pero hay que esperar, vamos a trabajar en función de decisiones judiciales y lo que nosotros entendemos que tenemos que regularizar esa situación porque no es la correcta”, explicó al canal de noticias TN, antes de que las fuerzas aparecieran en el lugar.

El conflicto de Villa Mascardi se inició en el año 2017 con la usurpación de dos predios que pertenecían a Parques Nacionales. Ese año, y durante una diligencia de desalojo ordenada por la Justicia Federal, fue asesinado Rafael Nahuel, un joven integrante de esa agrupación. La bala habría salido de uno de los integrantes de la fuerza especial Albatros, de la Prefectura Naval Argentina, a cargo del allanamiento.

Los integrantes de la lof Lafken Winkul Mapu regresaron al territorio y no lo abandonaron. En los últimos meses el conflicto creció y las denuncias hacia la comunidad por actos de violencia contra las propiedades públicas y privadas de todo el paraje turístico se multiplicaron.

LC