El conflicto por las tierras en la Patagonia, detrás del Operativo en Villa Mascardi

El territorio, pero mucho más que el territorio

Comunidades mapuches el jueves pasado expresarondo su repudio al accionar de las fuerzas de seguridad en el operativo de desalojo de Villa Mascardi.

“El conflicto por la tierra que recuperó la comunidad Lafken Winkul Mapu no comenzó hace cinco años, sino hace 140”. La frase, dicha por el longko (autoridad política) de una comunidad mapuche, desnuda el corazón del problema: las raíces de esta tensión hay que buscarlas en el despojo territorial y el genocidio producidos durante la Conquista del Desierto. A la vez, plantea un necesario abordaje multidimensional de la situación en la Patagonia. El desalojo y represión en Villa Mascardi coloca el conflicto varios pasos hacia atrás.

Desde mediados de la década de los ‘90 -cuando se iniciaron las recuperaciones-, algunas comunidades del pueblo mapuche plantearon y cumplieron el regreso a un territorio que de manera directa perteneció a alguno de los ancestros de sus integrantes. Otras, en cambio, sostuvieron y sostienen que toda la zona fue territorio mapuche y, por tanto, el regreso a esa tierra tradicional no puede estar regido por las arbitrariedades de las mensuras de los Estados y los negocios inmobiliarios. Hay comunidades que, como la Lafken Winkul Mapu, fundamentaron su reestablecimiento en un señalamiento espiritual: allí es donde debía levantarse una machi (autoridad espiritual), después de décadas sin que ello sucediera al este de la cordillera de los Andes. Una explicación que puede sonar lejana -y ajena- a oídos occidentales. Pero que retumba fuerte en el pecho de los mapuche.

En noviembre de 2017, la comunidad se instaló en dos parcelas de Parques Nacionales en Villa Mascardi y anunció la “recuperación” de ese territorio de entre 11 y 15 hectáreas. El Parque Nacional Nahuel Huapi posee 710 mil hectáreas, muchas de las cuales están ocupadas por emprendimientos turísticos y viviendas de lujo privadas, por la Iglesia católica o por organismos del Estado.

Millones de hectáreas de la zona cordillerana de Río Negro y el norte de Chubut se encuentra ocupadas por terratenientes nacionales y extranjeros: el grupo Benetton, Joe Lewis -que cercó el Lago Escondido-, el grupo belga BURCO, inversionistas Qataríes y de Emiratos Árabes, el empresario Röemers, entre otros.

El entonces directorio de Parques promovió una denuncia ante la Justicia Federal por “usurpación”. Pocos días después, el 23 de noviembre de 2017 y por orden del por entonces Juez Federal subrogante, Gustavo Villanueva, fuerzas federales ingresaron al territorio para proceder al desalojo. Al igual que en los hechos ocurridos hace pocos días, los uniformados detuvieron a un grupo de mujeres, mientras que los hombres de la comunidad escaparon monte arriba para evitar ser aprehendidos y criminalizados. Dos días después, el 25 de noviembre, con la disposición judicial de controlar la zona, un comando del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina recorrió la comunidad, se encontró con un grupo de jóvenes -algunos de ellos que había huido del desalojo- y desató una cacería que incluyó el uso de armas letales: los Albatros dispararon entre 114 y 129 veces con munición 9 milímetros. Provocaron heridas a dos jóvenes y la muerte de Rafael Nahuel. Para la comunidad, “Rafita es un espíritu que sigue viviendo entre nosotros, nos acompaña y nos ayuda a levantarnos con fuerza”.

Aquel operativo no logró su objetivo de desalojo. Por el contrario, consolidó la presencia de la comunidad, convocó a más personas a sumarse a la recuperación y extendió los límites del territorio. Miembros de la comunidad explicaron que el avance hacia otras parcelas -incluyendo una del Obispado de San Isidro, una del Estado nacional que había pertenecido a la Unión Personal de Gas del Estado y otras privadas- se realizó por “seguridad”, para proteger las rukas (casas) construidas en el territorio.

Al momento del desalojo del pasado 4 de octubre eran nueve las parcelas y un total de 27,7 hectáreas en las que se asentaba la comunidad Lafken Winkul Mapu. Sin embargo, era y es un misterio cuántas personas la integran.

En los últimos años, algunas de las viviendas de los lotes linderos fueron quemadas, en hechos que judicialmente no tienen personas identificadas, pero que, en diversos casos, incluyeron una reivindicación por parte de la comunidad. Los vecinos de la zona plantean que, desde la instalación de la comunidad, se multiplicaron los ataques y que se vive en una situación de permanente inseguridad. Algunos de ellos, como Diego Frutos, encabezan el reclamo de desalojo, que incluye un discurso violento -“racista”, acusan las organizaciones mapuche- y fotos con la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Los jóvenes que conversaron con elDiarioAR unas 15 horas antes del desalojo explicaron que la expansión territorial de la comunidad en los últimos cuatro años estuvo justificada en los ataques y tareas de inteligencia que desde esas parcelas realizaron “patotas privadas comandadas por Frutos” y fuerzas de seguridad estatales.

Negociación o represión

Tras el pico represivo de 2017 -que también provocó la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado-, distintas mesas de diálogo fueron abiertas y cerradas desde la asunción del Gobierno de Alberto Fernández, en diciembre de 2019. Reclamadas históricamente por distintas comunidades y organizaciones del pueblo mapuche como instancias de negociación política, el momento más fructífero de las mesas fue durante la administración de Sabina Frederic al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación, desde fines de 2019 hasta su eyección del ministerio a mediados de septiembre de 2021. En agosto de 2020, Frederic dijo que “debe transitarse el camino del diálogo” para buscar una solución a la situación en Villa Mascadi. Durante su gestión, la conflictividad se canalizó a través de reuniones y negociaciones. Algunos hechos puntuales de violencia pusieron en duda esa estrategia, pero lo cierto es que el “conflicto mapuche” -como llaman a esta situación algunos medios- salió de agenda.

Mientras las mesas de diálogo buscaban bajar la conflictividad y poner un límite a las estrategias represivas, se consolidaron una serie de organizaciones que, desde entonces, reúnen a los grupos más concentrados de la riqueza, de la posesión de la tierra, y de estudios de abogados que sostienen el andamiaje jurídico de las denuncias contra el pueblo mapuche. El más visible de esos conglomerados es el denominado Consenso Bariloche, que nuclea a los más importantes estudios de abogados del país -Sarmiento y Marval, O´Farrel & Mairal, Vergara y Asociados, entre otros-, empresarios locales y nacionales, funcionarios y simpatizantes de Juntos por el Cambio, terratenientes y su representación de la Sociedad Rural.

Pero Consenso Bariloche no es el único: la Fundación Naturaleza para el Futuro y la iniciativa Propiedad Privada Patagónica articulan con él esfuerzos y recursos para intentar frenar los reclamos territoriales, y a la vez presionar al Gobierno provincial rionegrino para que extreme su posición reactiva ante los planteos mapuche.

Esos mismos sectores impulsaron la realización de dos marchas -“banderazos patrióticos” las llamaron- hacia Villa Mascardi. La primera fue detenida por personal de la Policía de Río Negro para evitar enfrentamientos y porque circularon imágenes de personas preparando armas caseras para “sacar a los mapuches” del lugar. La última se realizó dos días antes del desalojo, concurrieron unas 200 personas, y estuvo encabezada por Patricia Bullrich.

Desde 2017 hasta la actualidad, el Estado nacional y las provincias incumplieron con el mandato de la Ley 26.160 de relevamiento de pueblos originarios, que hubiese permitido determinar la preexistencia de las comunidades y su presencia en el territorio y así establecer una mesa de trabajo para satisfacer las demandas dentro de la normativa vigente, aprobada por primera vez en 2006 y prorrogada en varias oportunidades. Esos relevamientos se realizaron en cuenta gotas.

Así se llegó hasta el 27 de septiembre pasado, cuando fue incendiada una casilla de Gendarmería ubicada a la vera de una propiedad privada en Villa Mascardi. Hasta el momento se desconoce quiénes fueron los autores del hecho, pero esa causa fue la que llevó a la Jueza Federal subrogante, Silvina Domínguez, a ordenar el desalojo de las nueve parcelas en las que se asienta la comunidad.

Los integrantes de la Lafken Winkul Mapu con los que conversó este medio el pasado lunes 3 de octubre anticiparon que resistirían cualquier intento por sacarlos del lugar, y explicaron que su presencia “es una respuesta al despojo histórico del Estado”. Esos jóvenes hace casi una semana están en la montaña, dispersos. Escaparon del avance de los más de 150 uniformados que ingresaron coordinados y pertrechados. No fueron identificados y no hay información sobre su paradero y situación. El operativo del “Comando Unificado de seguridad zona Villa Mascardi” se mantiene.

Este sábado a última hora -luego de la renuncia de la Ministra de Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, de la denuncia de organismos por graves violaciones a los derechos humanos y del pronunciamiento de organizaciones y comunidades del pueblo mapuche-tehuelche-, la Justicia Federal otorgó la prisión domiciliaria a cuatro de las siete mujeres detenidas durante el operativo.

SR

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