El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, anunció hoy que planteará que el PreViaje quede como ley.

“Mañana (por el lunes) vamos a plantear en Potrero de los Funes, que es el día de cierre en San Luis, la presentación para que el PreViaje quede como ley, porque garantiza 550 mil empleos directos y estabilidad”, indicó.

“El PreViaje impacta en un montón de empresas hoteleras, gastronómicas y restaurantes, artesanos. Es un programa con el que financiamos con devolución a la gente parte de lo que gasta en el turismo interno de la Argentina”, señaló Massa en el programa “La noche de Mirtha”.

“Antes el turismo era diciembre-marzo, más estacional. Ahora se está dando una estabilización que genera mucho más empleo”, remarcó.

Además, consideró que el programa es importante porque “anima a invertir” y “genera mucho movimiento”.

La quinta edición de PreViaje, que moviliza a más de 500 mil turistas entre el 29 de septiembre y el 17 de octubre, impulsaba movimiento turístico récord este fin de semana largo por el día de la Diversidad Cultural.

El programa del Gobierno Nacional alcanzó a 7,5 millones de turistas, con un impacto económico superior a los $790 mil millones en sus cinco etapas.

Massa anunció además que si gana las elecciones, el ex ministro de Economía Roberto Lavagna “va a tener mucho que ver” con su gobierno “desde el 10 de diciembre”.

“Desde el 10 de diciembre, Roberto en lo que viene va a tener mucho que ver (con mi gobierno)”, reveló el actual ministro de Economía.

En una entrevista exclusiva que brindó junto a su esposa Malena Galmarini para “La Noche de Mirtha” en Canal 13, Massa le respondió a la periodista María Julia Oliván sobre el lugar que tendría Lavagna en un hipotético Gobierno conducido por él.

Además, ante otra pregunta de Oliván sobre la continuidad o no de integrantes del actual Gabinete, el candidato oficialista señaló que “hay un montón de ministros” de este Gobierno que con él “no serían ministros”.

“Hay un montón de ministros de este gobierno que conmigo no serían ministros, no tengo ninguna duda. Lo dije y lo reitero”, aseveró.

De todos modos, aclaró que no anunciará “ningún cargo hasta después del 22 de octubre”, una vez que transcurran las elecciones generales y se sepa si seguirá en carrera hacia el balotaje.

En otro orden, se refirió al escándalo por los viajes suntuosos del ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde, a quien le pidieron su renuncia de forma inmediata cuando tomaron estado público fotos y videos en Marbella junto a una modelo argentina.

“(Con Insaurralde) tenía una relación personal de trabajo y social buena. Fue gravísimo lo que pasó. El hecho de que renunciara el mismo día demuestra la gravedad. Ese mismo día yo hablé con el gobernador (Axel Kicillof) y le pedí la renuncia”, recordó.

“Si nosotros representamos a la sociedad argentina en su conjunto tenemos que ser muy cuidadosos de nuestras acciones y de nuestra palabra. Por eso pedí su renuncia como funcionario y como candidato”, agregó Massa.

Y comparó la actitud que él tuvo con la que manifestó la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, con el diputado nacional del PRO Gerardo Milman, quien es investigado por su presunta implicación en el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner y posterior encubrimiento.

“No somos todos lo mismo. Yo pedí en 24 horas la renuncia de Insaurralde. Bullrich nunca pidió la renuncia de Gerardo Milman, involucrado en el intento de magnicidio contra la vicepresidenta. Después aparece borrando las pruebas de los celulares”, comentó.

Y sumó que “(Javier) Milei tampoco le pidió la renuncia al señor que promovió las ideas del genocidio para el sistema educativo”.

Se refería a Martín Krause, quien era señalado como futuro secretario de Educación de La Libertad Avanza, quien llegó a decir que “si la Gestapo hubiera sido argentina” habría matado a “muchos menos judíos”.

En tanto, el ministro de Economía también recordó que el ex operador judicial de Mauricio Macri, Pepín Rodríguez Simón, “hace más de 1000 días está prófugo de la Justicia argentina”.

“Recibe en Uruguay visitas de políticos argentinos”, lamentó.

Massa aseguró que va a ganar las elecciones y que el próximo domingo, si no lo logra, “vamos a ir a la segunda vuelta y le vamos a ganar en la segunda vuelta”.

“Ayer lo que vimos fue la demostración de la debilidad. Los que quisieron ayudar a Patricia (Bulrrich) poniendo a Melconian y después explotan los audios, y yendo a buscar a Horacio (Rodríguez Larreta) después de las cosas que se dijeron, que se denunciaron, lo único que hicieron fue debilitarla”, señaló.

Massa indicó que, si es Presidente, va a formar un “Gobierno de unidad nacional convocando radicales, socialistas, del PRO, y además sectores del mundo del trabajo y mundo empresario”.

Sus “pilares” para su eventual gestión son la “producción para la exportación; el trabajo bien pago, y educación como construcción de capital humano y recuperación del valor conocimiento en nuestras sociedades.

CRM con información de la agencia NA

En medio de la grieta política argentina, algunos economistas apuestan por una tercera vía. Es el caso de Jorge Sarghini, uno de los tres diputados de Consenso Federal, el bloque que responde a Roberto Lavagna. Secretario de Hacienda del gobierno de Eduardo Duhalde, antes había sido ministro de Economía bonaerense y después llegó a presidir la cámara baja de la provincia. De 67 años, prefiere atender a elDiarioAR por Zoom porque aún no fue vacunado.

¿Qué hay que hacer para bajar la inflación?

Si no se tiene un diagnóstico correcto, es muy difícil aplicar una medicina correcta. Es un fenómeno multicausal, macroeconómico. Se le agregan cuestiones vinculadas a la puja distributiva. Pero no hay ninguna forma de encontrar una salida al problema inflacionario si no es generando las condiciones de equilibrio macroeconómico. Si volvemos al momento más cercano de crecimiento con estabilidad, lo vamos a encontrar desde mediados de 2002 hasta 2006, período de superávits gemelos como base de la política macroeconómica, con estabilidad en un nivel de tipo de cambio competitivo. Cuando se rompe eso, aparecen los desequilibrios macroeconómicos y la inflación. Ninguna de las visiones extremas encuentra la salida. Están tan equivocados los que creen que la inflación es exclusivamente un fenómeno monetario, como aquellos que creen que es absolutamente independiente de la política monetaria. 

El ministro de Economía, Martín Guzmán, también sostiene que es multicausal, que es un fenómeno macroeconómico, pero que igualmente hay que tomar otras medidas heterodoxas porque la macro está alineada. ¿Usted qué opina?

Hay una diferencia entre lo que es el discurso del ministro Guzmán, que es un discurso profesional, y las acciones del Gobierno. En el Gobierno se nota una contradicción interna respecto de cuál es el camino. No encaja con el discurso de Guzmán el control de precios, la restricción a las exportaciones, el discurso de la Secretaría de Comercio. Más allá de algunas señales en el plano fiscal, que son muy tempranas y frágiles, no alcanzan para cambiar las expectativas porque se observa un gobierno que no tiene un claro rumbo económico. Hay condiciones generales que están por afuera de la política económica. El propio discurso de Guzmán tiene sus contradicciones. El presupuesto está apoyado sobre una hipótesis de inflación del 29%, cuando es muy difícil imaginar que en los primeros cinco meses del año no lleguemos al 20%. Por lo tanto, es un plan económico que ya muestra sus debilidades. Cuando la política sanitaria lo permita, encontrar un camino de crecimiento sostenido, apoyado en la competitividad, en la productividad, exige una política coherente en materia económica, fuertes consensos sobre un diagnóstico común y sobre las políticas necesarias. Pero se va en sentido contrario. Tuvimos un espejismo en el inicio de la pandemia de que ante este terrible fenómeno podíamos generar ciertas condiciones para ir saliendo de la grieta política que ha caracterizado a la Argentina en los últimos tiempos y que le ha sido tan funcional a una u otra parte de la grieta. Pero ahora la agenda está dominada por las posiciones más extremas del oficialismo y de la principal fuerza opositora. Y eso obtura toda posibilidad de consensos mínimo básicos. Yo no le pido al Gobierno que en el medio de esta pandemia logre los equilibrios macroeconómicos. Sería exigirle demasiado e ignorar el contexto que recibió, no tenía ninguno de los de los instrumentos para financiar las exigencias de la pandemia. Ahora, aún en medio de una crisis, un gobierno da señales de hacia dónde quiere ir. Y esas señales no son claras. Esas señales son las que no permiten generar expectativas de estabilidad, a la que el ministro de Economía dice que tiende. Hay una tendencia a echarle las culpas a los sectores empresariales. Y la principal responsabilidad siempre la tiene la política, que es la que tiene que generar las condiciones para que las cosas en materia económica se hagan bien.

Para bajar la inflación, ¿debería bajarse más el déficit fiscal, debería subirse la tasa de interés?

El Gobierno, sin decirlo, porque le cuesta mucho decirlo, está ajustando donde más duele. Si uno analiza las cuentas fiscales de lo que va del año, ha habido una reducción importante del déficit financiero, que es el que hay que mirar. Y eso fue por la caída en el pago de intereses producto de la renegociación, que no ha traído ninguna de los beneficios que se decía que iba a traer, pero fue adecuada. Pero el gasto corriente está creciendo en términos reales básicamente por los subsidios, con el consiguiente atraso tarifario, y por los gastos vinculados a la política social, que es lógica. Pero están cayendo en términos reales las jubilaciones y las remuneraciones, trayendo como consecuencia un mejor resultado fiscal. Ahora, ¿esto es sostenible en el tiempo? Yo creo que no. Para mí, el sistema fiscal argentino, tanto por el lado del gasto como por el de los ingresos, tiene un talón de Aquiles: la informalidad de la economía, algo de lo que se habla muy poco. Del gasto, el principal componente que hay que observar, más allá de la coyuntura que exige la pandemia, es el tema previsional. El sistema previsional está quebrado porque el número de trabajadores informales es elevadísimo. ¿Cómo equilibrar el sistema previsional? El único camino que ha encontrado el Gobierno es ajustar el gasto por debajo del crecimiento de la inflación. Esto no es sostenible en el tiempo. Deberíamos ir a una reforma tributaria basada en la equidad, la eficiencia, que como resultado final traiga una caída en la presión tributaria. Nuevamente, el problema de la informalidad vuelve a estar presente. Lo que no se puede es seguir aumentando la presión tributaria al sector formal de la economía.

En una reciente entrevista, el presidente de la Fundación Pensar, Francio Moccia, decía que se debía ajustar el gasto público, en especial los subsidios. ¿Comparte eso?

Son los dilemas de no poder tener una política fiscal expansiva en los momentos de tanta recesión por no tener espalda. Luego yo escucho en el Congreso algunos debates cuando van funcionarios del Gobierno y plantean que en materia impositiva estamos discutiendo lo que se discute en el mundo. Pero tenemos muchas diferencias con países desarrollados. A nosotros nos agarra la pandemia después de una década de estancamiento y los últimos dos años de caída de la economía, con un alto déficit fiscal, alta inflación y una deuda impagable en términos de liquidez. Esa situación le da a la Argentina como única salida para financiarse en un momento de caída en la economía y, por ende, de la recaudación la emisión. Entonces eso limita una política fiscal expansiva. La tarifa encaja en esta idea general. Está claro que un momento de caída de ingresos como éste no es el momento de la actualización. Ahora, también hay que tener en cuenta que hay que medir los rezagos porque después se acumulan y lo que hay que obtener es cuál es el horizonte de salida. A nadie le va a espantar cierto rezago en las tarifas y que se sostengan con subsidios si se sabe que hay una clara política de salida de esta problemática. Lo que sucede es que la visión que que se tiene es que el Gobierno está sólo pensando en la próxima elección. “Contengamos la tarifa y el tipo de cambio lo más posible, tratemos de ponerle oxígeno al consumo y después vemos.” Y en ese “después vemos” surgen las dudas. Es fácil decir que hay que llevar las tarifas a tal nivel, ¿pero este es el momento o no? ¿Cómo se financia? Estamos como el perro que se quiere morder la cola. Si se cumplieran los pronósticos del presupuesto, en 2023 terminaríamos el gobierno de Alberto Fernández con los argentinos en promedio un 15% más pobres que en 2011, con una distribución regresiva del ingreso. Si esto no nos interpela, ¿qué nos puede interpelar? La pobreza está por arriba del 40%.

¿Qué se puede hacer en materia económica ante la segunda ola del coronavirus?

No hay mucho para inventar. Hay que sostener lo que más se pueda a familias y empresas. Y la única manera de financiar esto, más allá de los recursos que se pueden obtener con la recaudación o en el mercado local, es lamentablemente la emisión. El tema es cómo salimos, hacia dónde vamos cuando haya que dejar de hacer esto. Pareciera a veces que algunos funcionarios dicen que hay que hacer lo contrario a la política de Macri. Pero Macri se puede parecer a la política económica del segundo gobierno de Cristina. Los dos son responsables de habernos traído hasta aquí.

Usted apoyó el aporte solidario de los más ricos. ¿Podría repetirse ante la segunda ola?

No hay más margen. Yo acompañé el impuesto a los grandes patrimonios porque asumí un compromiso cuando pedí ciertas modificaciones a un proyecto que para mí era mucho peor. Yo no sé por qué el Gobierno lo demoró tanto. Pero ya no hay más margen para asumir más presión tributaria en ningún lado. En los puntos más críticos de la crisis, las acciones de gobierno tienen que arbitrar lo más equilibradamente el presente con el futuro y no se pueden seguir tomando medidas que sean absolutamente contrarias a lo que el futuro demanda. Con este nivel de presión tributaria y con este bajísimo nivel de inversiones, no es conveniente nada que aumente la presión ni que atente contra las condiciones óptimas a futuro para las inversiones. Hay que tener mucho cuidado cuando uno toma decisiones en el medio de la crisis, empujado por las necesidades de la crisis, y se olvida que hay una post crisis. La presión tributaria es el 24% más alta que en 2004 y tenemos el más bajo nivel de inversión respecto del PBI, que apenas supera el 13%, ocho puntos por debajo de lo que fue en 2011, que superó el 21% y todavía sonaba insuficiente. Hoy es casi la mitad de lo que haría falta en un futuro para que haya un crecimiento sostenido, mayor productividad, mayores empleos y mayores salarios. No hay medida de justicia social más revolucionaria hacia futuro que la de generar empleo, y empleo de calidad. 

¿Hay espacio para una tercera vía política?

Mi historia reciente me indica lo complejo que es generar alternativas a una grieta que parece que se lleva todo. Pero hay que intentarlo. Yo no estoy pensando en mi futuro político de ninguna manera. Estoy pensando en lo útil que sería para la sociedad y para la etapa que viene que en el Congreso hubiera una tercera fuerza más fuerte. Lo somos nosotros. El fiel de la balanza que no permita que los extremos de la grieta manejen la agenda política y parlamentaria. Sé que hay voluntades para hacer esa construcción. La primera reunión que hubo entre el Gobierno y Juntos por el Cambio para demorar las PASO formaba parte de un acuerdo de conveniencia de las dos fuerzas políticas. Después se complicó porque este gobierno tiene una enorme facilidad para tensar y el extremo más duro de Juntos por el Cambio tiene una enorme facilidad para responder con la misma virulencia. La grieta se agudizó. Finalmente se encontró el punto de acuerdo porque le conviene a las dos fuerzas para seguir manteniendo fuera otra identidad. Ha quedado demostrado que las PASO capturan la posibilidad y crecimiento de las terceras fuerzas. Toda tercera fuerza tuvo en las PASO una adhesión mayor a la que tuvo en las generales. ¿Por qué? Porque las PASO juegan una suerte de primera vuelta y luego viene el voto negativo, mal llamado voto útil. ¿Qué es? No quiero que gane el otro. Pero la voluntad de un sector de la dirigencia argentina es construir esa tercera vía. Creo que está en la demanda de la sociedad. Lo que no ha encontrado todavía es una oferta que la exprese. Y me hago cargo porque yo he estado en ese lugar de la política en los últimos años.

AR

Están en línea desde hace meses. Hablaron por teléfono y se encontraron en varias oportunidades, siempre manteniendo el perfil bajo y la distancia social. Hoy al mediodía se reunieron en “La Clo”, la cabaña que Roberto Lavagna tiene en Máximo Paz, en el partido de Cañuelas. Ahí decidieron blanquear la relación política con una foto, un tuit y una declaración consensuada. 

“Con Randazzo profundizamos nuestras coincidencias en temas prioritarios para el país como el desarrollo, la producción, el sistema impositivo, y en poner la prioridad en GENERAR EMPLEO a través de las PYMES facilitándoles la posibilidad de incorporar trabajadores”, arranca el hilo de tuits del exministro de Economía de Néstor Kirchner.

La cita se escenificó en la chacra “La Clo”. El campo de Lavagna debe su nombre a la esposa del economista, Claudine, la ideóloga de empezar a criar vacas esa cabaña bonaerense. Almorazron durante más de dos horas. El menú fue empanadas caseras de carne, con un café de postre.

Si bien tanto Lavagna (en las presidenciales de 2019) como Florencio Randazzo (en las legislativas de 2017) fueron víctimas de la polarización, ambos creen que ahora sí hay una oportunidad para la tercera vía. ¿Con qué otros actores y tribus? El exgobernador salteño Juan Manuel Urtubey, los socialistas santafesinos, Margarita Stolbizer (quien mantuvo una conversación telefónica con Randazzo), más el peronismo residual que no integra el Frente de Todos ni Juntos por el Cambio. 

Los coqueteos entre Randazzo y la tribu liderada por el expresidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, existen. Ambos se conocen desde hace al menos 20 años. Pero es difícil que el monzoísmo, espacio en el que se mueve Rogelio Frigerio, Nicolás Massot y una decena de diputados nacionales rompa con Juntos por el Cambio. Pese a la inquina latente entre ese team minoritario y Mauricio Macri, ese minicolectivo todavía ve más negocio político en mantenerse dentro de una de las grandes coaliciones que hoy monopolizan el escenario de la Argentina.

Respecto a posibles candidaturas para las legislativas de este año, Lavagna ya lo descartó. Randazzo, en cambio, considera la posibilidad. El Flaco considera que no hay 2023 sin una escala previa, con resultado digno, en 2021. Sería un déjà vu de 2017, cuando se negó a compartir la boleta para senadores con Cristina Kirchner y se presentó por las suyas. Le fue mal, pese a las expectativas y la presencia mediática que había alcanzado: sacó 5 puntos. El exministro de Transporte quedó cuarto, detrás de Cambiemos, de Cristina Kirchner-Jorge Taiana y hasta por debajo del dúo Sergio Massa y Margarita Stolbizer. Ahora, el Frente de Todos tiene incluso más volumen que el cristinismo de 2017, al haber sumado al massismo. 

Ante este panorama, ¿hay proyección real para una alianza entre Randazzo y el lavagnismo? “Hay un espacio social vacante. La saturación del estilo cristinista y el fracaso de Macri lo hacen posible. Un espacio que apueste por lo productivo. Necesitamos consolidar la relación con diputados de Córdoba”, se ilusiona un dirigente lavagnista. Cerca de Randazzo coinciden: “Se necesitan soluciones estructurales de fondo, por fuera del PRO y el kirchnerismo, en materia de seguridad, pobreza, inflación, infraestructura”.

Los diputados alineados con el economista también se vieron con Randazzo. Fue cerca de la oficina que “el Flaco” tiene en Puerto Madero. Ahí asesora a una empresa de software. El exministro a su vez regentea varios negocios: una heladería, un local de fiestas y hasta un gimnasio, algunos locales ubicados en su Chivilcoy natal. 

En el interbloque Federal, Eduardo Bucca, Jorge Sarghini, Graciela Camaño y Alejandro Rodríguez conviven con socialistas y cuatro representantes del cordobesismo de Juan Schiaretti. Son 11 bancas que, al momento de votaciones reñidas, resultan clave para inclinar la balanza entre el oficialismo y la oposición intransigente. Si bien acompañaron varios proyectos, como el impuesto a la riqueza, rechazan otros, como los del paquete de reformas judiciales.

Los diputados lavagnistas tienen trato con Máximo Kirchner. Con Sergio Massa, en cambio, la relación pasa por un momento pésimo. La propuesta massista de unificar el día de las PASO y las legislativas empeoró el clima. Tanto Lavagna como Alejandro “Topo” Rodríguez le retrucaron con una alternativa: implementar la boleta única de papel. Se trata de una idea que en la Rosada consideran impracticable para esta elección.

El vínculo del lavagnismo con el presidente también se fue deteriorando, desde diciembre de 2019. Pese a los gestos de Fernández hacia su excompañero de Gabinete (le ofreció presidir el Consejo Económico y Social), Lavagna siempre se mantuvo esquivo a darle su apoyo. Charlas en privado, sí; manifestaciones de aval mediático, casi nada. 

El 31 de diciembre pasado, Fernández declaró ante Radio 10: “Yo hago una diferencia entre Roberto y los diputados que dicen representarlo, porque allí yo veo una conducta diferente. Veo una conducta más obstruccionista, una conducta más competitiva con el gobierno, más de competitividad política de esa que a uno no le gusta, donde a veces hay oposición por la oposición misma”. Ahora, tanto Lavagna como sus diputados exploran la posibilidad de ensanchar la avenida del medio. Esa que desde 2013 a la fecha no hizo más que angostarse. 

AF

MEC: ¿Qué tal?

AM: Tratando de entender qué es lo que está pasando entre el Gobierno y el Fondo Monetario.

MEC: Ajá. ¿Cuál es tu sensación?

AM: Hay dos interpretaciones. Una de las interpretaciones es que el Gobierno tiene una política única que busca un acuerdo a largo plazo que estabilice las expectativas. La otra es que no hay una política consensuada en el Gobierno sino que hay dos posiciones: unos que quieren el acuerdo y otros que, como siempre, detestan al Fondo Monetario. En el primer caso, las dos posiciones serían el policía bueno y el policía malo orientados al mismo objetivo. En el segundo caso, no es así. No hay acuerdo, hay disidencias y una de las dos posiciones se va a imponer a la otra. Y en este caso, las dos posiciones son las de Guzmán, que encarnaría la posición del presidente, y del otro Cristina, que es reflejada por las palabras de Hebe de Bonafini, acusando a Martín Guzmán y al presidente de traidores. ¿Vos qué pensás?

Una de las interpretaciones es que el Gobierno tiene una política única que busca un acuerdo a largo plazo. La otra es que no hay una política consensuada sino que hay dos posiciones: unos que quieren el acuerdo y otros que detestan al Fondo Monetario.(AM)

MEC: En general, lo que yo pienso sobre el peronismo o en la relación peronismo-kirchnerismo está bastante lejos de las interpretaciones que uno lee en la mayoría de los análisis. A mí me parece que hay como algunos... no errores, sino percepciones equivocadas sobre la manera en la cual opera el peronismo en general y el kirchnerismo en particular. Yo creo que el kirchnerismo en general no odia a nadie de manera fija. Y es un poco la idea, mi idea. Es decir, es necesario tener un antagonista. Pero puede llegar a ser sorprendentemente flexible e ir cambiando de antagonistas. Y es lo que hizo durante los 12 años de los gobiernos de Cristina, bueno, Néstor primero y Cristina después. Creo que si no entendés eso, no se entiende la capacidad de gobernar durante 12 años, de sobrevivir, de continuar, digamos, de volver a ganar en 2019, que puede llegar a ser sorprendentemente agnóstico el kirchnerismo respecto de con quién pelearse. Es importante pelearse con alguien. Pero con quién específicamente puede cambiar momento a momento. Yo no estoy persuadida de que el antagonismo con el Fondo hoy tenga la misma centralidad que tenía en el 2004, 2005. Me parece que eso podría llegar a ser un error de interpretación. 

Yo creo que el kirchnerismo en general no odia a nadie de manera fija. Esa es mi idea. Es decir, es necesario tener un antagonista. Pero puede llegar a ser sorprendentemente flexible e ir cambiando de antagonistas. (MEC)

AM: Comparto tu interpretación. Yo considero que hay policía bueno y policía malo, que en el fondo el acuerdo con el Fondo les es funcional a los dos sectores, suponiendo que hay dos sectores dentro de la coalición de Gobierno. Que por lo tanto Hebe de Bonafini no encarna la voz de Cristina o en todo caso potencia la voz del policía malo. Pero el objetivo de todo el grupo relevante sigue siendo el acuerdo con el Fondo Monetario que ancle las expectativas. Enfrente no están del todo convencidos. Y en todo caso de la cuestión es: ¿Es Guzmán lo único que tienen en común el presidente y la vicepresidenta a nivel de la gestión de gobierno? Cuando Cristina dice funcionarios que no funcionan, funcionarios y funcionarias, de a poco se va desembarazando de ellos y ellas. Porque hasta ahora salieron más mujeres que hombres del gabinete. ¿Qué pasa con Guzmán? ¿Qué capacidad tiene de pivotar entre el presidente y la vice, entre el gobierno y el Fondo Monetario? ¿Hay alguien más que pueda cumplir ese papel? Supongamos por un momento que Guzmán por alguna razón se tiene que ir. ¿Qué pasa con el Gobierno? ¿Tiene algún pegamento que lo una? 

¿Es Guzmán lo único que tienen en común el presidente y la vicepresidenta a nivel de la gestión de gobierno? (AM)

MEC: Sí. También. Otra vez. A mí estás son discusiones que que me parecen un poco escolásticas. Es muy parecido a lo que se decía de Lavagna también en el pasado, que teóricamente también era un ministro, técnico, que había resuelto un montón de problemas, que había negociado procesos y que todo el mundo pensaba que era imprescindible. Y un día a Lavagna lo fueron y el Gobierno siguió existiendo. Esto sin negar la centralidad de Guzmán y sin negar que a mí Guzmán me parece una figura fascinante del gabinete. Es decir, una persona joven, un profesor, académico, que dijo “yo quiero ser ministro de Economía de Argentina, yo tengo un plan, tengo una carpeta”. Y se metió en semejante berenjenal, verdaderamente. Y hasta ahora viene ejecutando de una manera bastante concreta y con perfil propio estas cosas. Pero pero a mí me parecería que sería de una cierta ingenuidad pensar que Guzmán hace lo que hace solo o en contra de los deseos de los dos miembros más importantes de la coalición, que hoy por hoy son Cristina y Alberto. ¿Cómo se resuelven las diferencias que tengan entre ellos tres? Yo no tengo la menor idea. Pero me resulta difícil creer que no se levantan un teléfono y hablan entre ellos en algún momento.

A mí me parece que sería de una cierta ingenuidad pensar que Guzmán hace lo que hace solo o en contra de los deseos de los dos miembros más importantes de la coalición, que hoy por hoy son Cristina y Alberto. (MEC)

AM: Pienso como vos. Justamente, me parece que Guzmán es el cemento de la coalición. Me cuesta pensar de qué manera podrían mantener un cierto equilibrio si no estuviera él. Y tu comparación con Lavagna es muy reveladora. Porque es cierto que el Gobierno no se cayó. Al contrario, se fue Lavagna, ganó Cristina y cuatro años más tarde sacó el 54%. Pero hubo un quiebre. Hubo dos kirchnerismos. O tres, si le preguntás a Kulfas. Pero uno de esos quiebres básicos fue justamente la 125, el conflicto con el campo, donde se pasa de un kirchnerismo de la concertación plural, que trataba de ser transversal y de superar al viejo bipartidismo, hasta kirchnerismo del conflicto, justamente, y de ir por todo. La salida de Guzmán lo que podría hacer es transformar la naturaleza de esta etapa del kirchnerismo. Seguiría siendo el mismo presidente y la misma vicepresidenta, pero con otra orientación. ¿Lo ves de esa manera? Con conflictos fijos, con antagonistas más estables o por lo menos diferentes que ahora, y que Cristina se corra al centro, cambia de blanco y confunde a los que están enfrente y a los que están afuera analizándolo.

Uno de los quiebres del kirchnerismo fue la 125, donde se pasa de un kirchnerismo de la concertación plural hasta kirchnerismo del conflicto. La salida de Guzmán lo que podría hacer es transformar la naturaleza de esta etapa del kirchnerismo. (AM)

MEC: Sí, sí. Seguramente la salida de Guzmán crearía otro kirchnerismo. Sin ninguna duda. Y no necesariamente sería un alberto-kirchnerismo, para decir. Sería diferente, sin ninguna duda. Y probablemente no sería necesariamente mejor. Así como en el 125 el ministro de Economía era Martín Lousteau, ¿verdad? Que cambie y que sobreviva no significa que sea igualmente efectiva que la fórmula anterior. Probablemente si se fuera Guzmán el que vendría no necesariamente sería mejor. Probablemente sería peor. Pero a mí me parece... Justamente... Y no digo que se vaya a ir. ¿Qué se yo? No tengo la menor idea. Pero estas mutaciones o estos cambios de fases en el peronismo y en el kirchnerismo me parece que “it's a feature, not a bug”. Esta cuestión de cambiar, de cambiar las relaciones de fuerza. Me parece que lo que muchos analistas ven como un problema, para mí es una una fuente de resiliencia del Gobierno. Otros podrán decir: es una perpetua fuga para adelante. Eso es completamente cierto. Pero, qué sé yo, la vida es una fuga para adelante hasta que te la ponés contra una pared.

Me parece que lo que muchos analistas ven como un problema, para mí es una una fuente de resiliencia del Gobierno. (MEC)

(...)

Transcripción parcial de la conversación

MEC/AM

El designado ministro de Justicia, Martín Soria, asumirá con un objetivo cada vez más improbable: ejecutar la reforma judicial albertista. Se trata de una misión que en el conteo de los votos en la cámara de Diputados parece una hazaña y que amenaza con reducir los anuncios del Gobierno a meros planteos testimoniales y de bajísimo impacto en el funcionamiento de la Justicia. Así surge del diálogo con funcionarios y diputados oficialistas y opositores, consultados en los últimos días por elDiarioAR.

“La reforma es la prioridad: salir a buscar los votos y buscar el consenso en Diputados, que es lo que no se hizo hasta ahora desde el ministerio, y eso incluye negociar modificaciones para conseguir la ley”, dijo a este medio un funcionario del Ejecutivo que dialoga con el reemplazante de Marcela Losardo. 

En el bloque del Frente de Todos (FdT) confirmaron que Soria, quien todavía debe tramitar su renuncia a la banca en la Cámara baja para poder asumir en el Ministerio, ya mantuvo en los últimos días conversaciones con los diputados que lidera Máximo Kirchner. Las charlas contaron con un fin específico: destrabar el tratamiento de los dos proyectos de ley que tienen media sanción en el Senado y lograr acercamientos con los aliados potenciales en Diputados. Pero por el momento los números son desalentadores para los kirchneristas.

Martín (Soria) va a traer otra actitud más diligente y activa en el ámbito parlamentario. Había claramente una parálisis de la gestión anterior en ese sentido.

Un primer proyecto, que obtuvo media sanción en agosto último, lleva de 12 a 46 el número de juzgados de la Justicia Federal Penal porteña, donde se investigan las denuncias de presunta corrupción contra el poder central. Además crea nuevos cargos en los tribunales de Apelaciones Federales en las provincias. La iniciativa quedó empantanada en Diputados.

Un segundo proyecto, también con media sanción del Senado, quedó trabado en la misma cámara: la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal. Ni siquiera logró dictamen de comisión en Diputados.

En noviembre, los diputados Rodolfo Tailhade y Pablo González (quien en febrero dejó su banca para asumir en la dirección de YPF) hicieron el último relevamiento de votos en la cámara baja. El oficialismo necesitaba conseguir ocho votos para sacar la ley de reforma del Ministerio Público Fiscal que le permitirá nombrar al nuevo procurador general, es decir, al jefe de los fiscales. Así lo confirmaron fuentes del bloque del Frente de Todos.

González y Tailhade pidieron entonces una reunión con la ministra Losardo y le llevaron el relevamiento. La socia del presidente Alberto Fernández los recibió y les agradeció la información. Ambos diputados pidieron a Losardo instrucciones para destrabar la situación y negociar modificación en el proyecto de ley con la oposición. Losardo les dijo que lo hablaría con el Presidente al día siguiente, pero nunca más se comunicaron, según afirmaron en el bloque oficialista ante la consulta de este medio.

“Martín va a traer otra actitud más diligente y activa en el ámbito parlamentario. Había claramente una parálisis de la gestión anterior en ese sentido y estoy convencido de que Martín viene a revertir eso”, se ilusionó Tailhade ante la consulta de elDiarioAR. 

Los números que quedaron en poder de Losardo sostenían que el oficialismo sólo contaba, hasta noviembre, con 122 votos: 117 propios (Sergio Massa no vota y José De Mendiguren está de licencia) y cinco aliados, una cifra que no alcanzaba ni para garantizar el quórum de la sesión (se necesitan 129). Si lograban el dictamen del proyecto en las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales, aún faltaban siete voluntades para darle tratamiento en el recinto.

Según esa proyección, los votos negativos a la reforma eran 127: los de las bancas del PRO, la UCR, la Coalición Cívica, la izquierda y parte del peronismo federal. El oficialismo ya empezó a actualizar ese “poroteo” hecho en noviembre, con la esperanza de que el panorama haya cambiado, agregó otra fuente del FdT.

Hay dos proyectos de ley fundamentales en los que debemos avanzar, como también la implementación del sistema acusatorio.

En el relevamiento se contaban seis diputados que no habían definido su voto, al menos públicamente: dos miembros del bloque Justicialista, otros dos de Unidad y Equidad Federal y dos más de Acción Federal. En el resumen presentado a Losardo, los integrantes de la Cámara baja estaban divididos en tres grupos: afirmativos, negativos e indefinidos. Los legisladores encargados del destilado fino reforzaron la información sobre sus pares en un documento en le consignaron las declaraciones o falta de definiciones de los indecisos en los medios de comunicación.

En el Frente de Todos creen que, si en noviembre la situación era difícil, el mapa actual es todavía más complejo para avanzar con las reformas. Un diputado oficialista que sigue de cerca el conteo de los votos sostuvo que el kirchnerismo veía un halo de luz en una eventual negociación con el Interbloque Federal, integrado por los aliados de Roberto Lavagna y los cuatro diputados que responden al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. En la lista que le entregaron a Losardo, los integrantes de este interbloque figuraban entre negativos e indefinidos.

“Hay dos proyectos de ley fundamentales en los que debemos avanzar, como también la implementación del sistema acusatorio”, dijo Soria al canal C5N el martes 16. El acusatorio entró en vigencia de manera parcial tras la sanción del nuevo Código Procesal Penal de la Nación a fines de 2018. Pero en los últimos dos años sólo se implementó en la Justicia federal con asiento en Salta y Jujuy. Recién en 2021, la comisión bicameral comenzó a tratar la aplicación futura en Rosario y Mendoza. El resto del país, y en especial la Justicia federal penal con sede en tribunales porteños, está muy lejos del objetivo.

Lo cierto es que la designación de Soria no le facilitará el trabajo a Sergio Massa en la búsqueda de votos. Durante el 2020, el presidente de la cámara baja no mostró demasiado entusiasmo ante la agenda judicial impulsada por el oficialismo. Su prescindencia se debió principalmente a que no estaban los votos necesarios para aprobar los proyectos. El tigrense no quería jugar a perdedor. Pero existió un motivo extra: eran iniciativas especialmente incómodas para Massa, quien había hecho una bandera en contra del “avance” sobre la Justicia. 

Tras la elección del diputado Soria en reemplazo de Losardo, el equilibrio de fuerzas en Diputados no cambió en favor del Gobierno. Y aunque Soria conoce el terreno parlamentario y es un férreo impulsor de los proyectos de Fernández, su perfil más combativo tampoco parece que vaya a allanar el camino. Frente a la oposición cerrada de Juntos por el Cambio, el Ejecutivo requiere obligatoriamente de los bloques intermedios para conseguir la sanción. De los 20 diputados ubicados en esa avenida del medio, entre lavagnistas, schiarettistas, los seis liderados por el mendocino José Luis Ramón, más algunos dirigentes provinciales, la mayoría tiene postura tomada en contra. En concreto, unos 14 ó 15 se inclinan al rechazo, según el relevamiento de elDiarioAR esta semana. Una de esas diputadas es Graciela Camaño, a su vez representante en el Consejo de la Magistratura, el órgano que elige y controla a los jueces.  

Camaño es una de las once voces del Interbloque Federal, que conduce Eduardo “Bali” Bucca, y a quienes algunos diputados del kirchnerismo ven como posible interlocutora de Soria para la negociación. “No veo clima para discutirlos”, adelanta el lavagnista Alejandro “Topo” Rodríguez, compañero de Camaño en el interbloque. 

Dentro de ese espacio también se plantan contra las reformas los cuatro diputados cordobeses alineados con el gobernador Juan Schiaretti. Los cuatro integrantes de Córdoba Federal ya habían anticipado su negativa, bajo el argumento de que esa agenda no era prioritaria ni conectaba con los intereses del llamado “cordobesismo”. La relación entre Schiaretti y La Rosada empeoró a partir del actual tironeo respecto a la Ley de Biocombustibles. Ese clima no ayuda a la cruzada del designado ministro. Schiaretti incluso ya se encamina a armar una lista de diputados por fuera de la unidad amplia del Frente de Todos. 

“Hay que esperar a que pase esta semana”, dijo otro diputado cercano a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con escasas esperanzas, en referencia a las tensas sesiones que se esperan por Biocombustibles y Ganancias.

Los diputados de Acción Federal, Felipe Álvarez y Antonio Carambia, tampoco se muestran proclives a votar a favor de las dos reformas en danza. El interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, en cambio, es la excepción a la regla anti-reformista. Si bien sus seis integrantes no dieron su aval, al menos están dispuestos a considerarlo. Cercano a Massa, el mendocino José Ramón conduce esa tribu. “Tenemos una oportunidad para discutir. Tenemos que terminar con la Justicia concentrada en Comodoro Py. Necesitamos que los juzgados vinculados a la defensa de consumidores y medio ambiente se descentralicen”, afirmó Ramón a este medio. El diputado agregó: “En Mendoza, por ejemplo, el que tiene factura de gas o de internet con tarifas abusivas tiene que ser mago para llegar a un juez federal. Los entes que controlan están en la Capital”.

No veo clima para discutir los proyectos.

El Gobierno deberá implementar una “ingeniería de negociación” para conseguir los ocho votos que requiere en Diputados, resumió un aliado parlamentario. Ante la consulta de cuáles serán las cartas de negociación con los legisladores de los bloques intermedios para conseguir la sanción de las leyes, un integrante del bloque oficialista cree que pasará por la promesa de auxilio financiero a alguna provincias.

Respecto a la reforma de la Ley del Ministerio Público Fiscal, Ramón coincide con el oficialismo: “El requisito de los dos tercios es muy exigente. Es grave que haya una vacante tan extendida en el tiempo”. En el sector ramonista, sin embargo, figura un posible díscolo. Se trata del rionegrino Luis Di Giacomo, alineado con el exgobernador y actual senador Alberto Weretilneck, archienemigo provincial de Soria. Así, se suma otro mal augurio para Soria. Di Giácomo había sido contado como posible voto afirmativo en noviembre, antes del recambio de Soria por Losardo, durante el relevamiento de Tailhade y González.

El principal punto del proyecto es que el Procurador General de la Nación, el jefe de los fiscales, pueda ser elegido por mayoría absoluta en el Senado (el voto de más de la mitad de los presentes). Y además que en Diputados alcance con una mayoría de la mitad más uno de los miembros presentes para iniciar el juicio político y buscar la destitución del procurador. Eso permitiría a Alberto Fernández nombrar a su candidato (el juez federal Daniel Rafecas, elegido por Fernández pocos días después de haber asumido) sin un acuerdo con parte de la oposición.

“Durante el tratamiento en el Senado, el oficialismo introdujo modificaciones que le daban más poder a la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público Fiscal. Por ejemplo, sus miembros tenían un rol en el Tribunal de Enjuiciamiento (el órgano encargado de sancionar a los fiscales), pero tal vez esos son los puntos que se pueden negociar con los bloques intermedios”, explicó un diputado del Frente de Todos. En la alianza oficialista ya hay voces dispuestas a resignar algo para avanzar con una porción de la reforma.

ED/AF

A Sergio Massa se le achica el desfiladero por el que camina, a pocos días para el debate de un proyecto estructural y determinante para las cuentas fiscales: el cambio de fórmula para actualizar las jubilaciones. Cinco diputados de los considerados aliados no acompañarán.

“La propuesta del Frente de Todos y de Alberto Fernández no resuelve el problema del achatamiento y de la pérdida de poder adquisitivo (de los jubilados)”, afirmaron en un comunicado los diputados lavagnistas de Consenso Federal Graciela Camaño, Jorge Sarghini y Alejandro “Topo” Rodríguez (todos de Provincia de Buenos Aires), junto a los diputados Enrique Estévez, del Partido Socialista, y Luis Contigiani, del Frente Progresista Cívico y Social (ambos de Santa Fe). 

Según le confirmaron a elDiarioAR, esa tribu presentará este jueves un proyecto propio que fue redactado por Contigiani. “Es más justo porque incluye la variable de la inflación a partir del Índice de Precios al Consumidor del INDEC”, adelantaron. Casualmente, se trata del INDEC conducido por el exdiputado Marco Lavagna, hijo del exministro de Economía. 

La fórmula lavagnista combina tres factores: evolución de recaudación de ANSES, evolución del salario y los precios. Pero además, incorpora una suerte de artículo de garantía que preserva un piso mínimo para las jubilaciones más bajas. Para lograrlo, el proyecto utiliza un indicador de costo de vida.

Así, el bloque lavagnista se planta en su rechazo a la iniciativa oficial. Todavía no está confirmado si a esta propuesta se va a sumar Eduardo “Bali” Bucca, quien también integra el Interbloque Federal. Los cuatro diputados del espacio que responden al liderazgo de Juan Schiaretti, en cambio, no lo harán. Con Alejandra Vigo a la cabeza (esposa del gobernador de Córdoba), apoyarán la reforma que impulsa el gobierno. ¿Motivos? El principal es el rojo que acumula la caja jubilatoria cordobesa, y un poco más atrás, la necesidad de asistencia financiera de la provincia mediterránea por parte de la Nación induce a votar en línea con la Casa Rosada.

La iniciativa comenzará a discutirse el lunes próximo en el plenario de las comisiones de Presupuesto y de Previsión Social. Massa prevé que se apruebe el 29 de diciembre: para eso, necesitará del aporte de al menos doce aliados. Entre los cuatro cordobeses y los seis conducidos por el mendocino José Luis Ramón (socio táctico de Massa en el Congreso), quedaría cerca. Pero no le resultará fácil. Juntos por el Cambio rechazará el proyecto sin fisuras.

“Los jubilados no pueden seguir siendo la variable de ajuste de los errores en que incurren los sucesivos gobiernos”, opinaron los diputados del interbloque Federal. “El gobierno de Cambiemos los perjudicó seriamente al cambiarles el sistema, con una fórmula de movilidad jubilatoria sólo defendible en una economía que fracasa: se estanca o decrece con alta inflación. También fueron perjudicados por la dolarización de las tarifas y su duro impacto en el costo de vida. Ahora, la propuesta del Frente de Todos y de Alberto Fernández no resuelve el problema del achatamiento y de la pérdida de poder adquisitivo”, concluyeron. El achatamiento se refiere a que la brecha entre jubilaciones altas y bajas, que se explica por la tendencia durante el kirchnerismo y profundizada en el primer año de Alberto Fernández de subir más las jubilaciones mínimas, que son cerca de la mitad dle total.

Los diputados referenciados en el exministro de Economía a su vez arrastran un malestar con el gobierno porque fueron excluidos de la Comisión Bicameral Mixta de Movilidad Previsional que estudió, durante 17 reuniones y tras 24 exposiciones, la letra del proyecto de ley. 

Los legisladores advirtieron que la nueva propuesta del oficialismo sigue sin resolver otro problema: el 50% de argentinos que trabajan en la informalidad y no aportan al sistema previsional.

“El sistema está quebrado y es indispensable aumentar la cantidad de aportantes, lo que se puede lograr incorporando al 50% de los trabajadores privados que hoy están en la informalidad y creando trabajo. Ese es el gran mandato social que debe cumplir el Gobierno”, aseguraron.

El empleo informal promedió cerca de 33% durante los últimos años, creció en el gobierno de Macri y alcanzó cerca de 40% durante la pandemia. El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), en base a datos del Indec, detalló que el 55% de los hogares argentinos tiene como jefe a un empleado en relación de dependencia registrado.

La nueva fórmula aprobada por el Senado es similar a la que rigió durante el gobierno de Cristina Kirchner. Se aplicará de manera trimestral (en la versión original del Poder Ejecutivo era semestral) y excluye a la inflación como factor para determinar la actualización de las jubilaciones. Estará compuesta en partes iguales por la recaudación de los impuestos destinados a financiar a la Anses y por el indicador que arroje el resultado más alto entre la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) y el índice de evolución salarial que elabora el Indec. Los lavagnistas le agregan una tercera pata: la inflación.

AF