El presidente Javier Milei encabezó este martes el acto por el 34° aniversario del Atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires y aseguró que “frente al terrorismo no puede haber tregua”, al tiempo que ratificó el alineamiento de la Argentina con Israel.

Durante la ceremonia, realizada en el barrio porteño de Retiro, el mandatario afirmó que el atentado “dejó una herida imborrable en el suelo argentino y en la comunidad judía”, y sostuvo que el país enfrenta el terrorismo junto al Estado de Israel, al que definió como “una nación hermana que comparte los mismos valores”.

“Argentina combate el terrorismo y defendemos la libertad. Israel es un aliado estratégico de nuestro país y, por eso, reafirmamos nuestro compromiso porque creemos que es lo correcto. Llevamos la moral como política de Estado”, expresó Milei.

El Presidente también subrayó que “hay que hacer memoria” ante lo que llamó “el cobarde ataque del terrorismo iraní” de 1992, que dejó 29 muertos y más de 250 heridos. “Es una herida en el pueblo argentino, en la comunidad judía y en los cimientos morales de nuestra sociedad”. En ese sentido, remarcó que el terrorismo “exige decisión política, constancia institucional y un compromiso que no se agota en el tiempo”.

La ceremonia se realizó en el lugar donde funcionaba la sede diplomática israelí y tuvo como lema “La primera vez no se olvida”, en referencia al primer atentado terrorista de gran magnitud ocurrido en el país.

Lo que dijo la prensa iraní

Ese mismo martes, un artículo publicado por el diario iraní Teheran Times cuestionó con dureza al mandatario argentino y afirmó que “cruzó una línea roja imperdonable” al declarar días atrás que la República Islámica es enemiga de la Argentina. El texto sostiene que Teherán “no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno argentino”.

El artículo, titulado “Milei, Quo Vadis?”, critica además el alineamiento del gobierno argentino con Estados Unidos e Israel y sostiene que la política exterior del país responde a “presiones externas”.

Las críticas hacen referencia a declaraciones que Milei realizó recientemente durante una exposición en la Yeshiva University, en Nueva York, donde afirmó: “No me cae bien Irán. Nos metieron dos bombas… son nuestros enemigos. Pero además tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel”.

En ese contexto, la conmemoración del atentado contra la embajada israelí volvió a poner en primer plano las tensiones diplomáticas vinculadas con los ataques terroristas que sufrió la Argentina en la década de 1990, entre ellos también el Atentado a la AMIA.

El Gobierno declaró este miércoles a las facciones del Líbano, de Egipto y de Jordania de la “Hermandad Musulmana” como organizaciones terroristas.

La Oficina del Presidente informó que la medida se adoptó “en el marco de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento, y en cumplimiento de la normativa nacional vigente”.

Así, se dispuso la incorporación de estos capítulos de la “Hermandad Musulmana” al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

“La decisión, impulsada por el Presidente Javier G. Milei y adoptada en coordinación entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado, se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional”, señaló el texto oficial.

Se incluyen “actos de terrorismo, llamados públicos al extremismo violento, así como vínculos con otras organizaciones terroristas y su potencial impacto en la República Argentina”.

Con esta medida, “se fortalecen los mecanismos de prevención, detección temprana y sanción del terrorismo y de quienes lo financian, para que los miembros de la Hermandad Musulmana y sus aliados no puedan actuar con libertad”, se indicó. 

“Además, permite reforzar la cooperación internacional con otros países que designaron a esta agrupación como organización terrorista, como Estados Unidos, Israel, Paraguay, Emiratos Árabes, el propio Egipto donde nació este grupo, entre otros”, señaló el comunicado.

Se recordó, además, que el Presidente “mantiene el compromiso inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son, como ya lo hizo con Hamás y más recientemente con el Cartel de los Soles”. 

“Este Gobierno tiene la convicción de que Argentina vuelva a alinearse a la civilización occidental, respetuosa de los derechos individuales y sus instituciones, mientras condena y combate de manera frontal a quienes quieren destruirla”´, finalizó el texto.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

Luego de que el Gobierno de EE.UU. designara al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera (FTO), el Departamento de Justicia estadounidense dio un giro en el plano judicial al rebajar esa figura a un “sistema de clientelismo” y eliminar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como líder de ese grupo narcotraficante.

El Departamento de Estado confirmó el 24 de noviembre de 2025 la inclusión del Cartel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas tras haberlo catalogado en julio como grupo terrorista global especialmente designado (SDGT).

La medida dio al Gobierno del presidente Donald Trump herramientas adicionales —sanciones financieras, persecución penal ampliada y cooperación internacional reforzada— para aumentar la presión contra el Ejecutivo de Nicolás Maduro.

Un grupo disputado

Aunque funcionarios estadounidenses mencionan desde los años noventa la existencia de una red integrada por militares venezolanos —cuyo nombre alude a los soles que identifican el rango de los generales—, las investigaciones se formalizaron en marzo de 2020, durante el primer mandato de Trump.

En ese momento, el Departamento de Justicia señaló a Maduro y a altos cargos del chavismo, entre ellos Diosdado Cabello, como líderes de ese grupo narcotraficante, y ofreció recompensas de hasta 50 millones de dólares por información que condujera a su captura.

Venezuela siempre negó de forma categórica la existencia del Cartel de los Soles y acusó a EE.UU. de fabricar un expediente para desestabilizar al país y derrocar al chavismo.

Para el centro de estudios InSight Crime, el Cartel de los Soles “no es un grupo jerárquico o ideológico. Su estructura está constituida por una red difusa de células instaladas dentro de las principales ramas castrenses de Venezuela: el ejército, la marina, la fuerza aérea y la guardia nacional, desde los rangos más bajos a los más altos”.

“Aunque el concepto se asocia principalmente con los sectores militares, también se han identificado otras ramificaciones del Estado incrustadas dentro del ecosistema criminal, incluyendo a cuerpos policiales, la rama ejecutiva y distintos funcionarios públicos”, añade.

Colombia también rechaza que se trate de una organización real. Para el presidente colombiano, Gustavo Petro, ese cartel “no existe” y el tráfico regional de cocaína responde a redes criminales transnacionales con centros de operación fuera de Latinoamérica.

En contraste, los Gobiernos de Argentina, Ecuador, Paraguay y Perú, en línea con la Administración Trump, han reconocido al grupo como organización terrorista.

Desde agosto, EE.UU. mantiene más de 4.000 efectivos cerca de las costas venezolanas, junto a destructores, buques anfibios, un crucero lanzamisiles, un submarino nuclear y el portaaviones USS Gerald R. Ford, en el marco de su lucha contra el tráfico de drogas que ha llamado 'Lanza del Sur'.

El Pentágono asegura que, en el marco de esa campaña iniciada en septiembre, ha destruido más de 30 embarcaciones y causado la muerte de más de un centenar de personas, a las que vinculó con el narcotráfico, en operaciones realizadas en el Caribe y el Pacífico.

Trump ha defendido públicamente el despliegue como parte de una ofensiva para “descabezar” el Cartel de los Soles, al que también acusa de colaborar con organizaciones como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa para enviar drogas a Estados Unidos.

Un giro clave en la acusación

Sin embargo, en la nueva imputación presentada por la Fiscalía estadounidense tras la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas, desaparecieron la mayoría de las alusiones al Cartel de los Soles como una organización criminal estructurada.

A diferencia de la acusación de 2020 —en la que el término aparecía decenas de veces—, el documento actualizado solo lo menciona en dos ocasiones y ya no presenta a Maduro como su líder.

La Fiscalía mantiene los cargos por tráfico de drogas, pero ahora habla de un “sistema de clientelismo” en el que “poderosas élites venezolanas se enriquecen mediante el narcotráfico y la protección de socios criminales”, y señala que esas ganancias van a funcionarios corruptos que “operan en un sistema dirigido desde la cima, conocido como el Cartel de los Soles”.

Tras su traslado a Nueva York, Maduro y Flores comparecieron por primera vez ante la Justicia estadounidense este lunes. El mandatario venezolano se declaró no culpable y afirmó ser “un prisionero de guerra”.

Argentina declaró en agosto al Cartel de los Soles como organización terrorista y narcocriminal

El Gobierno argentino dispuso en agosto pasado la incorporación de la organización criminal transnacional conocida como “Cartel de los Soles” al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), que depende del Ministerio de Justicia.

“Del lado correcto de la vida”, había destacado entonces el presidente Javier Milei al referirse al anuncio desde sus redes sociales.

“Declaramos al Cartel de los Soles como organización terrorista y narcocriminal. Maduro y su séquito son narcoterroristas. Ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo van a poder llevar a cabo sus actividades criminales. Para este Gobierno, el que las hace, las paga. Acá o donde sea”, había expresado la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desde sus redes sociales.

Por su parte, quien era ministro de Defensa, Luis Petri, había señalado que Argentina “dio un paso histórico al declarar al Cartel de los Soles como organización terrorista. Con el presidente Milei protegemos a los argentinos y cerramos filas contra el crimen organizado que amenaza la región”, añadió en agosto desde sus redes sociales.

La acción se dio en el marco de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento, y en cumplimiento de la normativa nacional vigente, adoptada en coordinación entre la Cancillería y el Ministerio de Seguridad Nacional.

Según el informó en aquel momento el Poder Ejecutivo, la decisión se fundamentó en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, entre ellas narcotráfico, contrabando y explotación ilegal de recursos naturales, así como vínculos con otras estructuras criminales en la región.

El objetivo era “fortalecer los mecanismos preventivos y sancionatorios frente a operaciones de financiamiento vinculadas al terrorismo y al crimen organizado”, de acuerdo al texto difundido desde los canales oficiales.

También se proponía reforzar “la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia, en estrecha coordinación con socios regionales y multilaterales” y “reafirma su compromiso con la paz, la estabilidad y la seguridad hemisférica, en el marco del respeto al derecho internacional y a los instrumentos multilaterales aplicables”.

La inscripción en el RePET habilitó “la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de estas organizaciones criminales, al tiempo que protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos”.

Con información de agencias.

Donald Trump firmó este lunes una orden que designa a un movimiento descentralizado conocido como Antifa como organización terrorista nacional, aunque aún no está claro si realmente puede hacerlo.

El presidente de Estados Unidos anunció en redes sociales la semana pasada, durante una visita de Estado al Reino Unido, que haría dicha designación. Calificó a Antifa de “DESASTRE ENFERMO, PELIGROSO Y RADICAL DE IZQUIERDA” y afirmó que “recomendará encarecidamente” que se investigue a quienes la financian.

La Casa Blanca publicó la orden ejecutiva de Trump poco después de su viaje a Nueva York, donde se dirigió a la reunión anual de la Asamblea General de la ONU el martes.

Antifa no es más que una abreviatura de “antifascistas”, y no es una organización en particular, sino un término general para grupos militantes que se enfrentan o resisten a neonazis y supremacistas blancos

Decenas de grupos, incluyendo organizaciones extremistas como el Estado Islámico y Al Qaeda, están incluidos en esa lista. La designación es importante en parte porque permite al Departamento de Justicia procesar a quienes brindan apoyo material a las entidades de esa lista, incluso si ese apoyo no resulta en violencia.

Pero no existe un equivalente nacional a esa lista, en parte debido a las amplias protecciones de la Primera Enmienda de la Constitución de la que gozan las organizaciones que operan en Estados Unidos.

Y a pesar de los llamamientos periódicos, particularmente después de los tiroteos masivos perpetrados por supremacistas blancos, para establecer una ley contra el terrorismo doméstico, actualmente no existe un estatuto único.

La orden ejecutiva no especificó cómo Trump designaría a Antifa como organización terrorista doméstica.

Según un informe del Servicio de Investigación del Congreso de 2018, la literatura del movimiento Antifa anima a sus seguidores a realizar actividades de protesta legales, así como actos más confrontativos, informa Associated Press.

Personas asociadas con Antifa estuvieron presentes en importantes manifestaciones y contramanifestaciones en los últimos años, incluyendo la movilización contra una marcha supremacista blanca en Charlottesville, Virginia, en agosto de 2017. También estuvieron presentes durante enfrentamientos con grupos de extrema derecha en Portland, Oregón.

¿Por qué Trump etiquetó a Antifa como terroristas domésticos? Dice que es un grupo muy malo y “enfermo”. La orden ejecutiva establece que Antifa “utiliza medios ilegales para organizar y ejecutar una campaña de violencia y terrorismo a nivel nacional” para lograr su objetivo de derrocar al gobierno de Estados Unidos. La orden insta a los departamentos y agencias gubernamentales pertinentes a ejercer toda su autoridad para investigar y desmantelar cualquier operación ilegal, incluyendo acciones terroristas llevadas a cabo por Antifa o cualquiera que afirme actuar en su nombre.

El Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina incorporó a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La medida se fundamenta en un informe técnico-jurídico pedido por el Gobierno de Javier Milei que detalla supuestas actividades de la organización en el país y su impacto en la seguridad nacional. 

De acuerdo a la resolución 210/2025 que se publica este viernes en el Boletín Oficial, “conforme surge del informe técnico jurídico que justifica la presente resolución, la organización RESISTENCIA ANCESTRAL MAPUCHE (RAM), a su vez vinculada con la COORDINADORA ARAUCO MALLECO (CAM), representa una amenaza seria y multifacética para la seguridad nacional”.

Y detalla que desde “el 2010 hasta el presente, cuando los incendios intencionales reivindicados por los líderes de la RAM arrasan los milenarios bosques patagónicos, se han producido cientos de hechos con características terroristas, que surgen, simplemente, de fuentes abiertas, tales como diarios o canales de televisión, que han dado cuenta de numerosos atentados incendiarios contra viviendas, establecimientos, vehículos o maquinarias; así como ataques a las personas, de manera selectiva o indiscriminadamente, con el ostensible y a veces declarado propósito de sembrar el terror. Todos ellos por separado y, más aun, analizados en su conjunto, reúnen las características...para que sus autores sean pasibles del agravante previsto por terrorismo”.

Otros argumentos de la resolución

Jones Huala, el apuntado

La semana pasada, la cartera que conduce Patricia Bullrich presentó una denuncia penal contra el líder mapuche Facundo Jones Huala, por intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y asociación criminal, luego de declaraciones del líder de la RAM en las que, de acuerdo al Gobiierno, reivindica los atentados incendiarios en la Patagonia y convoca a la lucha armada.

En las imágenes, se escucha a Huala decir: “Reivindico los atentados incendiarios y los sabotajes a la infraestructura del sistema capitalista de las transnacionales, de los terratenientes”.

La presentación, pedida por Patricia Bullrich y que hizo Fernando Oscar Soto, Director Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad Nacional, menciona que el Ejecutivo tomó conocimiento “por difusión en diversos medios periodísticos que el sr. Facundo Jones Huala ha reivindicado atentados incendiarios en la Patagonia y convocó a la lucha armada públicamente, actuando con intimidación pública e incitando a la violencia colectiva. Sus expresiones, además, permiten vincularlo a una organización que, aun cuando pueda no estar comprendida en el artículo 210 del Código Penal, tendría por objeto principal o accesorio, imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”.

Poco antes, el gobierno de la provincia de Chubut, comandado por Ignacio Torres, también presentó una acusación formal contra el ex convicto por instigación a cometer delitos.

Además, el último martes, durante la sesión en Diputados para tratar Ficha Limpia, entre las cuestiones de privilegio previo al debate, el jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, le hizo fuertes reclamos al Gobierno por los incendios en la Patagonia, con pedidos a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que se detenga a Jones Huala por hacer “declaraciones públicas instigando al incendio, diciendo que era bueno incendiar parques nacionales. ¿Cuándo se lo va a detener?”, preguntó el legislador. Y agregó: “Sé que hay almas buenas y bellas a las que les gustan los indios, los mapuches. Hemos hecho una ley que reconoce el derecho a la tierra, pero acá hubo ocupaciones violentas y usan el fuego como mecanismo de destrucción masiva de los parques nacionales, del patrimonio argentino”.

Según Pichetto, “estos grupos amparados por el montonerismo, cuyo jefe, Roberto Perdía, fue el asesor legal todo el tiempo en Bariloche... Se radicaron en Bariloche, se fueron a vivir a Bariloche y asesoraban con una mutual de abogados a los mapuches. Perdía muere contradiciendo el pensamiento nacional de Montoneros, la tacuara, la boleadora... Terminaron defendiendo mapuches que quieren la secesión, no avalan el himno y el Estado nacional”.

Asimismo, cuando el pasado 19 de enero, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció la detención del activista mapuche Facundo Jones Huala en la ciudad rionegrina de El Bolsón, reveló que la Policía de Río Negro lo interceptó cuando intentaba abrir autos de la zona limítrofe a los incendios forestales de Chubut. La funicionaria posteó en redes sociales: “La Policía de Río Negro intervino, fue agredida y, al detenerlo, descubrieron que era ¡el terrorista Facundo Jones Huala! Si la ley de reiterancia estuviera aprobada, ¡volvería a estar preso inmediatamente!. A estos violentos que quieren imponer el caos atacando la propiedad, la seguridad y la vida de los argentinos, les digo claro: ¡PRESOS VAN A TERMINAR!”, dejando claro que el objetivo central del Gobierno es Huala.

En el mismo sentido, el gobernador chubutense, Nacho Torres, mostró en X un video con declaraciones del líder del grupo mapuche y escribió: “Acá podemos ver a Jones Huala mostrándose como lo que realmente es: un delincuente, un chanta y un terrorista. Un miserable con delirios revolucionarios de café. Un delirante que no representa ninguna causa justa, y encima llama al levantamiento en armas, desconociendo al Estado Argentino y reivindicando atentados que se cobraron ya una vida, y que provocaron que más de 170 familias de nuestra Cordillera lo perdieran todo. Lo advertimos antes y lo repetimos ahora: este Gobierno no va avalar ningún llamado a la violencia, y no vamos a permitir que nadie intente intimidarnos, amenazando y poniendo en riesgo la vida de los chubutenses. Y a vos, Jones Huala, te lo digo bien claro: no representás ninguna causa, no te respalda ninguna comunidad Mapuche Tehuelche y los únicos que te siguen son los delincuentes y delirantes como vos. No te tenemos miedo y te vamos a caer con todo el peso de la ley”.

Así describe el Gobierno a la RAM

“PERFIL DE LA AGRUPACIÓN RESISTENCIA ANCESTRAL MAPUCHE (RAM)”

Listado de hechos atribuidos a la RAM (2010-2025) realizado por el Gobierno

2010 

- 14 de julio - Cipolletti: Atentado con bomba molotov en la Policía de Cipolletti, que provocó la muerte de un barrendero municipal. 

2012 

- 7 de marzo - Pilo Lil, Neuquén: Homicidio del sargento de la Policía de Neuquén José Aigo. 

2013 

- Septiembre - Bariloche: Ataque con bomba molotov contra el Consulado de Chile. 

- 15 de diciembre - Epuyén: Incendio intencional en plantaciones forestales de una empresa privada. 

2014 

- 12 de octubre - Bariloche: Incendio del refugio Neumeyer. 

- 30 de diciembre - Chubut: Ataques a vehículos en la Ruta Nacional 40. 

2015 

- 13 de marzo - Leleque: Usurpación de tierras. 

- 18 de abril - Esquel: Corte de la Ruta 40 y enfrentamiento con la Policía de Chubut. 

- 11 de junio - Chubut: Incendio de casillas forestales. 

- 31 de octubre - Bariloche: Secuestro, robo e incendio de un puesto rural. 

2016 

- 3 de julio - Chubut: Impedimento de tareas en la red de gas Camuzzi. 

- 31 de agosto - Epuyén: Emboscada con armas de fuego a la Policía de Chubut. 

2017  

- 6 de julio - Bariloche: Incendio del refugio San Martín. 

- 21 de julio - Epuyén: Incendio en un puesto rural, con reducción y amenazas al puestero. 

- 1 de agosto - Chubut: Lesiones graves a personal de Gendarmería Nacional. 

- 1 de agosto - El Maitén: Incendio de la estación ferroviaria “La Trochita”. 

2018  

- Enero - Villa Mascardi: Incendio de la cabaña “La Escondida”. 

2019 

- 10 de agosto - Villa Mascardi: Incendio de tres cabañas en un complejo vacacional. 

2020 

- 11 de febrero - Villa Mascardi: Ataque a turistas con aceite hirviendo. 

- 20 de mayo - Villa Mascardi: Incendio de una vivienda habitada por policías. 

2021 

- 4 de octubre - Bariloche: Incendio de un galpón de Vialidad Nacional. 

- 20 de octubre - El Bolsón: Incendio del Club Andino Piltriquitrón. 

2022  

- 21 de julio - El Bolsón: Ataque a un matrimonio e incendio de un complejo de cabañas. 

- 4 de octubre - Villa Mascardi: Desalojo de tierras y represalias con ataques en Esquel y El Bolsón. 

2023  

- 16 de enero - Cerro Currumahuida, Chubut: Incendio forestal de grandes dimensiones. 

2024 

- 28 de enero - Parque Nacional Los Alerces: Incendio que consumió 1.000 hectáreas. 

2025 

- 5 de febrero - El Maitén y El Pedregoso: Ocho focos de incendio en la Patagonia tras declaraciones de Jones Huala.

Con información de agencias.

IG

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció esta tarde la detención de un hombre vinculado al Estado Islámico que “intentaba reclutar a jóvenes argentinos”.

“Es un terrorista vinculado a Daesh, a Estado Islámico. Este terrorista representaba una amenaza concreta contra la seguridad nacional”, sostuvo la funcionaria en una conferencia de prensa en la sede de su cartera.

Según informa el portal Infobae, en el mes de marzo 2024, la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada, (UFECO), a cargo de Santiago Marquevich, tomó conocimiento de que una persona, identificada como David Nazareno Ávila, realizaría actividades de difusión y propaganda yihadista del autoproclamado Estado Islámico a través de las redes sociales Instagram, TikTok, Facebook, Telegram y Twitter.

Fuentes del caso indicaron a este medio que Ávila formó parte del Ejército Argentino como voluntario durante cuatro meses.

Noticia en desarrollo

El presidente Javier Milei decretó este viernes cambios en el sistema de Defensa nacional que, entre otras cosas, habilita a las Fuerzas Armadas a actuar ante amenazas de grupos terroristas y colaborar en las tareas de vigilancia de las fronteras.

Mediante un decreto publicado este viernes en el Boletín Oficial, el mandatario derogó una disposición adoptada en 2006 por el entonces gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) que limitaba el accionar de las fuerzas armadas a agresiones externas perpetradas exclusivamente por fuerzas armadas de otros Estados.

La medida de Milei es polémica por varias razones. Por ejemplo, porque los militares ahora podrán intervenir en tareas que previamente estaban restringidas a las fuerzas de seguridad. En la Argentina, existe una tradición de mantener separadas las funciones de Defensa nacional y Deguridad Interior para evitar el involucramiento militar en asuntos civiles, algo que históricamente estuvo asociado con abusos durante la dictadura militar (1976-1983).

Además, el hecho de permitir que las fuerzas armadas colaboren en el control de fronteras o actúen ante amenazas internas podría interpretarse como un paso hacia la militarización de la seguridad pública, algo que siempre fue alertado por organizaciones de derechos humanos y sociales.

Por otra parte, los términos “amenazas” y “agresiones” incluidos en el decreto son amplios y esa ambigüedad podrían dar lugar a interpretaciones subjetivas. Es decir que podría abrirse la puerta a que el accionar militar sea aplicado de manera discrecional.

En América Latina, además, el uso de fuerzas armadas en seguridad interior tiene antecedentes negativos de sobra respecto de la democracia, que incluyen conflictos sociales y violaciones de derechos humanos.

Qué establece el decreto

El nuevo decreto establece que las fuerzas armadas podrán actuar “en forma disuasiva ante amenazas, o efectiva contra agresiones” de origen externo “con independencia del lugar de ocurrencia”.

Según la resolución, se considerarán amenazas todas las “acciones o los mensajes explícitos que llevan a cabo eventuales oponentes que, teniendo la capacidad, muestran la intención o dan indicios de la probable concreción de perjuicios en contra de los intereses vitales” de la Argentina.

En tanto, “se considerarán agresiones la ejecución y consumación de un conflicto armado o guerra, que provengan de Fuerzas Armadas u organismos paraestatales extranjeros, de organizaciones terroristas u otras organizaciones trasnacionales, o cualquier forma de agresión externa que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas”.

Las fuerzas armadas quedan habilitadas a actuar de manera “disuasiva o efectiva en los conflictos originados por amenazas y agresiones de origen externo” que se desarrollen o incidan no solo en los espacios terrestres, marítimos, fluviales y lacustres sino también en el ámbito “ aeroespacial, ciberespacial y en el espectro electromagnético”.

De acuerdo con el decreto, el sistema de Defensa nacional “tendrá presente los desarrollos más recientes que influyen sobre los conflictos presentes y futuros como la inteligencia artificial, la internet de las cosas, la robótica avanzada y los sistemas no tripulados”.

Otra novedad es la posibilidad de que las fuerzas militares colaboren “en tiempos de paz” con las fuerzas federales de seguridad en las tareas de vigilancia y control de fronteras.

“En esos despliegues podrán llevar a cabo actividades de adiestramiento operacional, brindar apoyo logístico al sistema de seguridad interior, realizar acciones de apoyo a la comunidad y prestar asistencia ante catástrofes naturales o emergencias”, indica la resolución. 

JJD, con información de EFE

Abu Mohammad Al Jolani, líder de la alianza insurgente islamista que ha derrocado el régimen de Bashar Al Asad en Siria tras una ofensiva relámpago, es un extremista que ha intentado mostrar públicamente una apariencia más moderada para tratar de alcanzar sus objetivos.

A la cabeza de Hayat Tahrir al-Sham (Organismo de Liberación del Levante, HTS por sus siglas en inglés), que hunde sus raíces en la rama siria de Al-Qaida, Jolani afirma que el objetivo de su ofensiva era derrocar el gobierno del presidente Bashar al-Assad. “Cuando hablamos de objetivos, la meta de la revolución sigue siendo el derrocamiento de este régimen. Tenemos derecho a utilizar todos los medios disponibles para lograr ese objetivo”, declaró Jolani a la CNN en una entrevista emitida el viernes.

Jolani actuó en la sombra durante años. Pero ahora está en el foco mediático, concediendo entrevistas a los medios de comunicación internacionales. Con el paso de los años, ha dejado de llevar el turbante de los yihadistas y se ha decantado por el uniforme militar. El miércoles visitó la ciudadela de Alepo con camisa y pantalones caqui, de pie en la puerta de su vehículo blanco, mientras saludaba y se movía entre la multitud.

Desde que rompió lazos con Al Qaeda en 2016, Jolani ha tratado de presentarse como un líder más moderado. Pero aún no ha logrado acallar las sospechas de analistas y gobiernos occidentales que siguen clasificando a HTS como organización terrorista. “Es un radical pragmático”, afirma Thomas Pierret, especialista en islam político. “En 2014, estaba en el apogeo de su radicalismo”, dice Pierret, refiriéndose al periodo de la guerra en el que buscaba competir con el grupo yihadista Estado Islámico. “Desde entonces, ha moderado su retórica”, añade.

Nacido en 1982, Jolani pertenece a una familia acomodada y se crió en Mazzeh, un barrio pudiente de Damasco. Durante la ofensiva que lanzó el 27 de noviembre, empezó a firmar sus declaraciones con su verdadero nombre: Ahmed al-Sharaa. En 2021, declaró a la cadena estadounidense PBS que su nombre de guerra era una referencia a sus raíces familiares en los Altos del Golán, afirmando que su abuelo se había visto obligado a huir tras la anexión de la zona por Israel en 1967.

El 11 de septiembre y la guerra de Irak

Según el sitio web de noticias Middle East Eye, fue tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 cuando Jolani se sintió atraído por primera vez por el pensamiento yihadista. “A raíz de su admiración por los autores de los atentados del 11 de septiembre, comenzaron a aparecer en su vida los primeros indicios de yihadismo, ya que empezó a asistir a sermones secretos y a mesas redondas en suburbios marginales de Damasco”, afirma el sitio web.

Tras la invasión de Irak liderada por Estados Unidos, abandonó Siria para participar en la lucha. Se unió a Al Qaeda en Irak, dirigida por Abu Musab al Zarqawi, y posteriormente fue detenido durante cinco años, lo que le impidió ascender en las filas de la organización yihadista. En marzo de 2011, cuando estalló en Siria la revuelta contra el régimen de Al Asad, regresó a su país y fundó el Frente al-Nusra, rama siria de Al-Qaeda.

En 2013, se negó a jurar lealtad a Abu Bakr al-Baghdadi, que acabaría convirtiéndose en el emir del grupo Estado Islámico, y en su lugar prometió lealtad a Ayman al-Zawahiri, de Al-Qaeda.

Realista a los ojos de sus partidarios, oportunista para sus adversarios, Jolani declaró en mayo de 2015 que, a diferencia del Estado Islámico, no tenía intención de lanzar ataques contra Occidente. También proclamó que, en caso de derrota de Asad, no habría ataques de venganza contra la minoría alauita de la que procede el clan del presidente. Cortó los lazos con Al Qaeda, alegando que lo hacía para privar a Occidente de motivos para atacar a su organización. Según Pierret, desde entonces ha intentado trazar un camino para convertirse en un hombre de Estado creíble.

En enero de 2017, Jolani impuso una fusión con HTS a grupos islamistas rivales en el noroeste de Siria, reclamando así el control de franjas de la provincia de Idlib que habían caído en manos del gobierno. En las zonas bajo su control, HTS desarrolló un gobierno civil y estableció una apariencia de Estado en la provincia de Idlib, al tiempo que aplastaba a sus rivales rebeldes.

Las promesas para la nueva etapa

A lo largo de este proceso, HTS tuvo que hacer frente a acusaciones de residentes y grupos de defensa de los derechos humanos por los brutales abusos contra quienes se atrevían a disentir, que la ONU ha calificado de crímenes de guerra. Tal vez consciente del miedo y el odio que ha suscitado su grupo, Jolani se ha dirigido a los habitantes de Alepo, donde vive una importante minoría cristiana, para asegurarles que no sufrirán ningún daño bajo el nuevo régimen.

También pidió a sus combatientes que preservaran la seguridad en las zonas que habían “liberado” del régimen de Asad. “Creo que, ante todo, se trata de política”, afirma Aron Lund, miembro del grupo de reflexión Century International. “Cuanto menos pánico local e internacional haya y cuanto más parezca Jolani un actor responsable en lugar de un extremista yihadista tóxico, más fácil le resultará el trabajo”. ¿Es totalmente sincero? “Seguramente, no”, afirma. “Pero es lo más inteligente para sus intereses que puede decir y hacer en este momento”.

La vicepresidenta Victoria Villarruel disertó hoy en la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas (ONU) sobre Víctimas del Terrorismo, que se lleva a cabo hoy y mañana en Vitoria-Gasteiz, España, en lo que supone la segunda escala de su gira a Europa.

En su discurso, Villarruel, fiel a su línea, exigió que los delitos cometidos por la guerrilla durante la dictadura cívico-militar sean investigados y juzgados con el mismo rigor y las mismas figuras penales que se aplicaron a los militares responsables de violaciones a los derechos humanos, quienes hoy purgan condenas en cárceles comunes.

Durante su carrera como abogada, Villarruel se dedicó a pregonar la autodenominada “memoria completa” al respecto de los 70, una bandera que volvió a levantar en agosto cuando organizó un acto en el Senado el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo.

Y lo mismo hizo en España, donde señaló que “Argentina, al igual que España y otros países, sufrió acciones del terrorismo, caracterizadas principalmente por explosiones en lugares públicos, con el objetivo de provocar víctimas civiles y mantener a la población en un estado de terror e incertidumbre”.

La también presidenta del Senado explicó que “en Argentina, la impunidad del terrorismo ha persistido durante más de cuatro décadas, con políticas estatales que justifican las acciones de organizaciones armadas responsables de miles de víctimas sin el reconocimiento de sus derechos humanos”.

Asimismo, expresó su preocupación por la situación actual en España, señalando que “mientras estamos aquí reunidos, decenas de terroristas etarras se benefician de la reducción de sus penas gracias a acuerdos políticos”.

El evento busca dar continuidad al I Congreso Global de Víctimas del Terrorismo, realizado en septiembre de 2022 en la sede de la ONU en Nueva York, y avanzar en políticas globales de reparación y apoyo a las víctimas, así como en la preservación de su memoria.

El cierre del encuentro lo realizó el rey Felipe VI. Estuvieron presentes en el evento, el ministro de Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez; la viceministra de Exteriores de Cuba, Josefina Vidal Ferreiro; Sevim Sayım Madak, del Ministerio de Familia y Servicios Sociales de Turquía; y Péter Sztáray, secretario de Políticas de Seguridad de Hungría.

CRM

El 21 de agosto se celebra el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, una fecha que busca recordar a las personas que han sufrido los estragos del terrorismo en diversas partes del mundo. Esta conmemoración, establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, tiene como objetivo honrar la memoria de las víctimas y apoyar a los sobrevivientes, reconociendo el impacto profundo y duradero que el terrorismo tiene en sus vidas.

Este día fue proclamado en 2017, en respuesta a la creciente necesidad de abordar el terrorismo desde una perspectiva humanitaria, enfocándose en las experiencias de las víctimas y en la importancia de garantizar sus derechos. La conmemoración busca sensibilizar a la sociedad sobre las consecuencias del terrorismo, destacando la resiliencia de quienes han enfrentado tales tragedias y la necesidad de construir sociedades más seguras y justas.

A nivel mundial, diversas organizaciones y gobiernos llevan a cabo actividades y eventos para recordar a las víctimas y para fortalecer los esfuerzos en la prevención del terrorismo. Estas actividades incluyen ceremonias de homenaje, conferencias y campañas de sensibilización, todas orientadas a mantener viva la memoria de quienes han perdido la vida o han sido afectados por estos actos de violencia.

El terrorismo no solo afecta a las víctimas directas, sino que también deja una huella imborrable en las comunidades y naciones enteras. Por ello, el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo también sirve como un recordatorio de la importancia de la solidaridad global en la lucha contra este flagelo, así como de la necesidad de apoyar a las víctimas en su proceso de recuperación.

Esta fecha invita a reflexionar sobre el impacto del terrorismo y a comprometernos con la promoción de la paz, el respeto por los derechos humanos y la dignidad de todas las personas. Mantener viva la memoria de las víctimas es un paso crucial para evitar que estas tragedias se repitan y para trabajar hacia un mundo libre de violencia y terror.

NB

Efectivos del departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la PFA detuvieron a siete personas acusadas de intentar llevar a cabo distintos atentados terroristas en Mendoza, según las fuentes oficiales, que indicaron que la causa está a cargo del Juzgado Federal 1 de esa provincia.

La investigación se inició por una denuncia del Departamento de Asistencia Comunitaria de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), a raíz de las amenazas contra un periodista de la comunidad judía en Mendoza.

Las fuerzas de seguridad identificaron a un hombre que realizaba las agresiones y luego lograron al resto del grupo islamista radicalizado.

Según las fuentes, basados en expresiones anticristianas y antijudías, los sospechosos difundían a través de Telegram y WhatsApp, mensajes de planificación de atentados contra la colectividad en Mendoza con contenido vinculado a organizaciones terroristas como Estado Islámico y el Emirato Talibán de Afganistán.

Tras tareas de inteligencia criminal y el trabajo interdisciplinario de las distintas áreas de la PFA, se logró identificar a todos los sospechosos, se ordenaron ocho registros en los domicilios de los integrantes y se los detuvo en el paso fronterizo entre Argentina y Chile Cristo Redentor, en Mendoza, y en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires.

Las fuerzas secuestraron, además, una gran cantidad de armas de fuego -escopetas, rifles y revólveres-, armas blancas -cuchillas, dagas, katanas-, dispositivos electrónicos -celulares, computadoras, consolas de juegos- y bibliografía de origen salafista.

Argentina sufrió dos ataques terroristas contra la comunidad judía: a la Asociación Mutual Judía Argentina (AMIA) en Buenos Aires, el 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos y más de 300 heridos, y a la embajada de Israel en la capital argentina, el 17 de marzo de 1992, que causó 22 muertos y 242 heridos.

MM con información de la agencia EFE.

El ministro del Interior de Austria, Gerhard Karner, aseguró que “se evitó una tragedia” pero que la situación sigue siendo “seria”, después de que el principal sospechoso de querer atentar en los conciertos de la cantante Taylor Swift en Viena haya confesado que tenía la intención de hacerse explotar este jueves o viernes frente al estadio en el que iba a tener lugar el espectáculo.

Karner informó que el sospechoso confesó sus planes y tenía muy avanzada la fabricación del explosivo. El objetivo, según la Policía austríaca, era “matarse a sí mismo y a una gran multitud en el concierto previsto para hoy o mañana”.

La Policía no busca a otros implicados pero las investigaciones continúan. Por ahora, hay tres detenidos: un cabecilla de 19 años, un segundo sospechoso de 17 años (que había sido recientemente contratado como integrante del dispositivo de seguridad privada del concierto) y un tercer menor de 15 años.

Ese joven de 17 años fue detenido por agentes antiterroristas en las inmediaciones del estadio Ernst Happel y, al parecer, pretendía facilitar las acciones del cabecilla. En los registros se encontraron diversas sustancias, incluido peróxido de hidrógeno, así como dispositivos técnicos y materiales para la fabricación de bombas, como detonadores, cables y máquinas para iniciar una explosión.

Entre el material incautado, según la Policía, también hay una sirena policial que se sospecha que el atacante iba a usar para abrirse camino y llegar más fácilmente al lugar del atentado o para huir de ese lugar.

Los detenidos se habían centrado en los planes de atentado desde finales de julio y el cabecilla de la célula había jurado lealtad al grupo yihadista Estado Islámico.

El joven de 19 años detenido en Ternitz, a 65 kilómetros de Viena, renunció a su trabajo el 25 de julio y declaró que “tenía grandes planes para el futuro”, reveló a la prensa Franz Ruf, director general de Seguridad Pública. “Desde entonces, se centró en los preparativos para un atentado terrorista”, agregó Ruf, señalando que además habían tomado medidas para cambiar su aspecto físico.

“Los resultados de la investigación muestran que se utilizó peróxido de hidrógeno como precursor en la fabricación de explosivos y este explosivo fue efectivamente fabricado. El principal sospechoso de diecinueve años confesó todo”, afirmó el responsable policial.

Ruf dijo que la Policía no busca a más sospechosos ni existen otros indicios concretos, pero advirtió, al igual que Karner, que no hay que bajar la guardia y las investigaciones deben seguir.

El director del servicio de inteligencia interna (DSN), Omar Haijawi-Pirchner, confirmó que la investigación se produjo gracias a información de servicios secretos extranjeros y explicó que los jóvenes, especialmente el de 19 años, se habían radicalizado en internet. “Consumía y difundía mucha propaganda, y como vimos tras la incautación de su teléfono celular ayer, también descargaba y compartía constantemente instrucciones para la fabricación de bombas”.

“Se había informado sobre la fabricación de bombas y los materiales necesarios, y durante el allanamiento de su casa ayer se encontró mucho material”, detalló. Además, en su confesión declaró que, además de los explosivos, pretendía atacar con armas blancas a los seguidores de Swift en las afueras del estadio. El director del DSN indicó que es posible que personas en el entorno de los detenidos supieran de sus planes y, por ello, es necesario seguir indagando.

Con información de la agencia EFE

El deseo del Gobierno de que los militares vuelvan a las calles generó una rápida reacción en contra, lo que aventura que la iniciativa oficial de reformar la ley de Seguridad Interior tendrá al menos un polémico tratamiento en el Congreso. Desde el peronismo, organizaciones civiles, especialistas jurídicos e incluso fuentes vinculadas a las Fuerzas Armadas consultadas por elDiarioAR cuestionaron el proyecto que ayer firmaron el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri. 

En su corazón, el texto permite que las FFAA realicen patrullaje, operativos de control y hasta detenciones callejeras ante supuestos casos de “terrorismo”, rompiendo el consenso democrático de que los militares no actúen en cuestiones de seguridad interior. Con la modificación principalmente del artículo 27 de la ley 24.059, la Casa Rosada apuesta fuerte a profundizar su política de mano dura. Por eso hasta anoche se negociaba que el ministro Petri exponga en Diputados, justo cuando este martes a las 16 hay una reunión de la comisión de Defensa agendada de antemano. Finalmente la presentación sería la semana próxima o la otra, supo este medio. Voceros de la cartera señalaron que la intención del funcionario es la de “informar, dar datos y responder lo que surja” sobre la temeraria reforma. Otras fuentes apuntaron que fue Martín Menem el que pateó la exposición para que no ponga en riesgo la sesión de mañana con un temario acordado con la oposición blanda, pero que ya estará envulta en la polémica por ser la primera tras la visita de seis diputados libertarios a Alfredo Astiz y otros genocias.

Las críticas a los cambios normativos que recogió elDiarioAR tienen que ver con el riesgo a que se desvíe a las FFAA de su función especial de defensa nacional y que tengan que cumplir tareas policiales, para las que no están originalmente preparados. También hay alertas ante la posibilidad de que se vulneren los derechos humanos civiles, porque el criterio de qué se considera una amenaza terrorista en la iniciativa es muy laxo. En los fundamentos del texto no se plantean como antecedentes el rol protagónico que tuvieron los militares en los setenta, cuando la justificación era “el terrorismo de la subversión marxista”. 

Entre los consultados se comparte la interpretación de que el proyecto de ley tiene más que ver con la intención política de Gobierno de profundizar su lógica de control callejero, mano dura y criminalización de la protesta –como ya lo hace Bullrich a través del protocolo antipiquete– que con convertirse en una herramienta efectiva ante supuestos casos de terrorismo, una hipótesis de conflicto que no parece estar en la coyuntura pública. También se acusa la banalización de la palabra terrorista: tanto Milei como Bullrich llegaron a calificar así a los manifestantes que protestaron contra la ley Bases cuando se votó en el Senado, lo que habilitó a una cacería represiva de la policía y detenciones arbitrarias.

El oficialismo sabe que se enfrenta a un escenario de duros cuestionamientos sobre su acercamiento a la familia militar y su búsqueda de dotarlas de nuevas prerrogativas. Pero también llega en un momento en que hay una tensión creciente entre las FFAA y la Rosada, más allá de lo simbólico que fue ver a Milei y a Victoria Villarruel arriba de un tanque de guerra el 9 de julio. Según conocedores del clima interno en las FFAA, hay resquemores desde que el Ejército tuvo que sumarse a los operativos de seguridad en Rosario, donde solo actúan con apoyo logístico pero están expuestos. Y hay una fricción por la intención –por ahora velada– de Petri de querer privatizar la IOSFA, la obra social del personal militar y civil de las fuerzas.

“Tareas policiales”

“El proyecto tiene más que ver con un valor simbólico e ideológico que pragmático”, señaló Manuel Tufró, director del área de Justicia y Seguridad del CELS, quien argumentó la gravedad de las consecuencias de las nuevas disposiciones que tendrían los militares: “Buscan violentar la ley de Seguridad Interior para intentar que las Fuerzas Armadas vuelvan a hacer tareas policiales, algo que sucedía en las dictaduras militares, lo que erosiona el consenso del retorno democrático. Los gobiernos de facto partían de la base de que toda la población eran enemigos”.

“Están convirtiendo a las Fuerzas Armadas en auxiliares de la policía, lo cual es denigrante para la vocación militar”, dijo además el experto. La iniciativa establece que en el marco de un Comité de Crisis, los militares serían autorizados a cinco acciones: “a) patrullaje; b) control de personas y vehículos; c) operaciones de control en puestos fijos o móviles; d) control y vigilancia de instalaciones inmuebles; e) aprehensión en flagrancia”. También estarían habilitados a reprimir “de forma racional, progresiva y proporcional, agotando previamente los mecanismos de disuasión que estén a su alcance”, reza el texto.

Este punto fue cuestionado especialmente por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez: “Los militares están entrenados para una lógica de combate y eliminación. No para dar seguridad interior. Tienen que ser situaciones muy extremas, donde ya hayan fracasado las policías locales y las fuerzas federales”, comentó ante este medio el jurista. 

Domínguez sí reconoció, como plantea el proyecto en sus fundamentos, que la Constitución Nacional no contempla una prohibición a que las FFAA actúen en seguridad interior, pero cuestiona que el Gobierno justifique su reforma como “una salida intermedia” para evitar declarar el estado de sitio, que Milei, Petri y Bullrich califican como “remedio extremo” que quieren evitar. Sobrevuela en esas líneas lo que ocurrió en 2001 con Fernando de la Rúa y la posterior feroz represión. “Esa es una falacia argumental, porque sí es una situación extrema justamente convocar a los militares. Llevar a las FFAA a las calles es preocupante para el sistema de derechos humanos. Cuando vos abrís esa puerta, empezas a reprimir y a limitar derechos humanos”. 

Justamente ayer representantes de los organismos de DDHH se manifestaron en contra de este proyecto en una audiencia pública que se realizó en Diputados para repudiar la visita de los legisladores de Milei a Astiz. Allí estuvieron, entre otros, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S. “No podemos dejar que este gobierno inhumano siga avanzando, destruyendo y tirando por tierra todo lo que hemos logrado en Derechos Humanos hasta la fecha”, planteó Taty Almeida. 

La polémica en el Congreso

En el marco formal de Diputados hubo fuertes cuestionamientos desde el bloque de Unión por la Patria. “El proyecto de ley enviado por el Ejecutivo no es un hecho aislado, sino que forma parte de una maniobra para modificar los criterios de política criminal que, con todos sus defectos, esta democracia ha venido construyendo. Pensar que las fuerzas militares van a mejorar la seguridad pública es tan peligroso como querer apagar fuego con kerosene”, cuestionó ante elDiarioAR el diputado Matías Molle, que integra las comisiones tanto de Defensa como de Seguridad Interior y de Derechos Humanos, donde se supone que el proyecto tendría tratamiento parlamentario en primera instancia. Calificó de “mamarracho” la ley y denunció que “hay una ministra que está en campaña y un presidente que le compra ideas peligrosas ‘llave en mano’”.

En el PRO, que conduce las comisiones de Seguridad Interior y DDHH –José Nuñez y Sabrina Ajmechet, respectivamente– no quisieron emitir opinión al respecto. Tampoco en Defensa, que preside Ricardo López Murphy: en su bloque de Hacemos Coalición Federal se limitaron a reconocer que la iniciativa “es un tema delicado, preocupante y que genera divisiones”, dijo un diputado que forma parte de las comisiones.

“La hipótesis de amenaza terrorista es falsa. ¿Con qué protocolos o doctrinas trabajarían los militares en las calles? En la Argentina si se quieren prevenir hechos de terrorismo hay que empezar con hacer mejor inteligencia o con reforzar puntos calientes de la frontera”, dijo también desde la bancada UP José Glinski, que fue jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria durante el gobierno del Frente de Todos. Políticamente el legislador entendió que la reforma abona “el objetivo primario de Milei y de Bullrich de controlar la calle y amedrentar cualquier oposición”. 

Sorpresivamente, una de las críticas hacia la polémica propuesta del Gobierno también se escuchó en ámbitos castrenses, aunque por ahora en off the records. “No forma parte del sentir de las Fuerzas Armadas involucrarse en esas actividades de seguridad interior”, comentó a este medio una fuente muy vinculada a la familia militar. El cuestionamiento principal es el riesgo de formar parte de acciones policiales. “No quieren quedar involucrados en ningún hecho por lo que después sean denunciados o vayan presos; se sienten desprotegidos”, agregó la voz consultada. Otra fuente señaló la falta de precisiones en la norma sobre “las reglamentaciones, doctrinas, medios o entrenamiento” que tendrían las fuerzas al respecto.

Ya en su momento Villarruel había salido a cruzar la reforma de la ley cuando era apenas una idea en el seno de la Rosada meses atrás, lo que amenaza su futuro si la iniciativa finalmente avanza en Diputados y recala en el Senado. La vice fue contundente sobre su postura: “La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles. Creo que había quedado claro con el tema de los `70. El narco es un civil para el derecho. En los `70 se combatió al terrorismo. ¿Dónde están los que lo combatieron? Presos”.

MC/MG

El Ministerio de Defensa ingresó este jueves en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que plantea una reforma del artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir dentro del territorio ante actos definidos por las autoridades como “terroristas”. Así lo confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada.

“El Ministerio de Defensa envió al Congreso un proyecto de ley para permitir la participación de las Fuerzas Armadas ante hechos terroristas. Se plantea la modificación del artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior con el fin de incorporar una nueva opción de empleo militar a pedido de un comité de crisis”, anunció el portavoz.

Precisó que “se propone que las Fuerzas trabajen de forma coordinada con las fuerzas de seguridad para enfrentar el terrorismo con acciones de patrullaje, control de personas y vehículos en zonas determinadas”, y aclaró que se prevén estas intervenciones “por tiempo limitado” y “que puedan detener en flagrancia”. 

“Hace algunos años se firmaban pactos de silencio que causaron dolor y muerte para los argentinos, hoy se los enfrenta con todo el peso de la ley”, sostuvo.

La ley de Seguridad Interior, en su actual versión, admite el despliegue de unidades militares en seguridad interna pero únicamente bajo declaración de estado de sitio, en presencia de circunstancias excepcionales de extrema gravedad y conmoción.

La reforma que impulsa el ministro de Defensa, Luis Petri, que también tiene el aval de su par de Seguridad, Patricia Bullrich, busca eludir esta obligación de declarar el estado de sitio, aunque supedita la actuación militar a un pedido expreso de un comité de crisis que es el que debe definir como acción terrorista a los hechos que producen conmoción interna en el territorio.

Además se dispone que el patrullaje de fuerzas militares deba estar coordinado con las fuerzas federales de seguridad y que la presencia de las Fuerzas Armadas sea el resultado de un pedido expreso del gobernador de un distrito. Se trata de la misma lógica con la que hoy en día se autorizan los operativos de fuerzas de seguridad federales en una provincia: tiene que pedirlos previamente el gobernador.

En el hipotético caso de que se decida el despliegue de fuerzas armadas en un territorio, las unidades militares deberán reportar sus acciones inmediatamente al fiscal competente, de la misma forma que sucede con los operativos de seguridad realizados por la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura o la PSA.

MM con información de la agencia NA.

La escalada de la guerra en Medio Oriente dibujó esta semana un enorme signo de interrogación sobre la economía mundial y habría disparado otra devaluación brusca del peso si no fuera por el control de cambios que Javier Milei había prometido en campaña levantar y ahora recién estudia aflojar parcialmente hacia fin de año. Aunque el empresariado top sigue bancando la motosierra y celebra las ganancias que apilan acciones y bonos desde que asumió, la incertidumbre sobre el precio del dólar crece como una sombra sobre el horizonte inmediato de los negocios. El sobreactuado alineamiento oficial con el ala dura de Estados Unidos e Israel no ayuda a sosegar los ánimos. 

Los patrones más lúcidos ya calculan cuánto podrían perder si el Presidente no abandona el acting del uniforme militar camuflado y los aviones F-16. Intuyen un peligroso in crescendo desde que la canciller Diana Mondino pidió a la OTAN que incorpore al país como “socio global”, un gesto que se sumó a la hipérbole de invitar al embajador israelí a la reunión del “comité de crisis” que convocó Milei tras interrumpir su gira por Estados Unidos y Europa apenas Irán atacó Israel en respuesta al bombardeo de su embajada en Damasco. 

No es algo que se circunscriba al Ejecutivo. Ni siquiera al espacio libertario. El juez Ariel Lijo, candidato oficialista a la Corte Suprema a quien apoya subrepticiamente el peronismo, visitó el miércoles al mismo Eyal Sela en la sede de la legación israelí, donde conversaron sobre rehenes y baterías antiaéreas pero también sobre narcotráfico y crimen organizado, dos temas en los cuales suele interesarse la embajada estadounidense.  

Milei va por más: viajará a mediados de junio a la cumbre del G-7 en Apulia, invitado especialmente por la premier Giorgia Meloni. Será otra photo-opportunity con los mandatarios de Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Japón y el Reino Unido. Ahí aspira a reeditar el furor que causó en febrero, cuando la ultraderecha romana se peleaba por una selfie con él con una fascinación parecida a la de los potentados que convocó en el Llao Llao esta semana. Aquel viaje le resultó especialmente provechoso a Sandra Pettovello, quien escuchó con atención los consejos de Eugenia Rocella ―la integrista católica y antiabortista que Meloni designó ministra de Familia y Natalidad― sobre cómo vaciar los programas estatales que garantizan el derecho al aborto o el acceso a la anticoncepción, en caso de no poder cerrarlos. 

El Fondo Monetario, que terminó esta semana de enterrar en Washington las esperanzas de Luis Caputo de un nuevo préstamo de U$S15.000 millones para abrir el cepo cambiario, advirtió justo antes de la Asamblea de Primavera sobre el impacto económico que podría tener la escalada bélica en el norte. “Si bien el alcance de la fragmentación es todavía relativamente pequeño y no sabemos cuán duradera será, el desacople entre los bloques geopolíticos rivales durante la Guerra Fría sugiere que podría empeorar considerablemente si persisten las tensiones y se intensifican las políticas restrictivas del comercio”, escribieron Gita Gopinath y Pierre-Olivier Gourinchas en un informe que no menciona a la Argentina. “El comercio y la inversión mundiales ―explicaron― resistieron esta vez porque los flujos se desviaron a través de países conectores”, como India en el caso del petróleo ruso. ¿Conviene embanderarse, entonces? Según el FMI, “son los países no alineados los que podrían beneficiarse de una creciente fragmentación geoeconómica”. 

Viva la libertad

Mientras la ideología reorienta las relaciones exteriores y aleja cada vez más a la Argentina del Mercosur y de China, el mundillo diplomático se cuece en su propio caldo de conspiraciones. El embajador Federico Barttfeld, jefe de Gabinete de Mondino, desató una verdadera razzia interna para alinear a díscolos y librepensadores. Su primera víctima fue Gustavo Martínez Pandiani, quien sonaba como canciller si ganaba Sergio Massa pero se aseguró la embajada en Suiza para el caso de que perdiera. Ese exilio dorado le duró apenas un par de meses: acaban de reasignarlo a Trinidad y Tobago.  

Mondino dio otro paso esta semana al amordazar a todo el personal del Palacio San Martín. El miércoles, a través de la circular 10.158/24, les prohibió “conceder entrevistas, pronunciar conferencias o manifestarse en medios de prensa, incluso redes sociales”, salvo que cuenten con su autorización expresa, que gestiona Barttfeld. Todo un hito para el primer diplomático que manifestó su adhesión a las ideas de la libertad y que suele recordar horrorizado la censura del dictador Nicolae Ceaușescu que sufrió de niño en la Bucarest de los tempranos años 80. 

El alfil de Mondino vivió ahí por ser hijo de Carlos Barttfeld, también diplomático, quien más tarde asumiría como embajador argentino en Yugoslavia. Lo fue entre 1991 y 1995, lapso durante el cual llegaron ilegalmente a Croacia miles de toneladas de armamento argentino producido por Fabricaciones Militares. En Cancillería todavía lo asocian a la logia P-2. Cuando murió, en 2009, el genocida Emilio Massera publicó un aviso en La Nación condoliéndose con sus deudos.  

La casta propia

Con el país “ya en el radar del terrorismo”, como admitió el propio Milei, la seguridad presidencial promete convertirse en una prioridad oficial. Pero en medio del escándalo por la duplicación de las dietas de los senadores y con el antecedente del revuelo que generó antes el decreto por el cual aumentaba su propio sueldo y el de sus ministros, también puede convertirse en una excusa para explicar el súbito abandono de los ademanes de austeridad con los que hizo campaña desde diciembre. 

Su decisión de viajar solo en aviones de línea, por ejemplo, no llegó a cumplir los cuatro meses. A Bariloche llegó en el Tango 11 y al Llao Llao lo trasladó un helicóptero, porque el camino hacia esa costa del Nahuel Huapi estaba interrumpido por protestas contra el ajuste. Privilegios a los que sus anfitriones están acostumbrados, como lo probaron los 20 aviones privados estacionados entre el miércoles y el viernes en el aeropuerto barilochense. ¿Devolverá ahora el Ministerio de Defensa las aeronaves que le transfirió Presidencia hace apenas semanas?

Los vecinos de Olivos desmienten que la obsesión antiterrorista de Milei sea una novedad. Las dos o tres veces por semana que sale, ordena cortar el tránsito por Avenida del Libertador entre Villate y Malaver. Del mismo modo, cada vez que llega a un lugar de visita, los operativos policiales antiexplosivos interrumpen toda su actividad horas antes.

Es el sueño de la casta propia, como dice Fernando Rosso. El mismo que alimentaron esta semana los ascensos de Eduardo Serenellini, Manuel Adorni y Karina Milei, todos con salarios de bolsillo en torno a los $4 millones y la decisión del directorio de YPF de incrementar el monto destinado a sus propios honorarios de $2,08 billones a $10,18 billones, como reveló Alejandro Rebossio en elDiarioAR. Una quintuplicación que excede cualquier previsión inflacionaria para 2024. 

Engranados

Tanto Caputo como Milei insisten en que el dólar seguirá clavado para frenar los precios, aunque en Brasil haya subido más del 8% desde enero, casi sin inflación, y aunque la crisis de Medio Oriente amenace con profundizar esa brecha. El ministro de Economía fue especialmente enfático en Washington, en un encuentro a puertas cerradas con invitados del banco JP Morgan, para el que trabajó en los ‘90. “El mensaje más importante que quiero transmitirles es que no vamos a abandonar estas políticas, pase lo que pase. Este presidente nunca dará marcha atrás”, aseguró. Algunos bromearon con la tapa de los diarios de ese mismo día, que anunciaban que el Gobierno retrocedía con la desregulación de las cuotas de las prepagas.

En la Bolsa de Cereales, el jueves ante los directivos del Consejo Agroalimentario Argentino (CAA), Juan Pazo intentó mostrarse tan firme como su jefe. Los representantes de los productores de granos le advirtieron al virtual Nº2 de Caputo que la cosecha gruesa no se va a liquidar al ritmo que prevé Economía porque, entre la inflación en dólares registrada desde diciembre y el impuesto PAIS, no alcanzan a cubrir los costos de la próxima cosecha. Subrayaron que el tipo de cambio real actual es más bajo que todos los precios especiales que les ofreció Sergio Massa el año pasado. Es lo que lamentan quienes liquidan granos viejos que podrían haber vendido mejor cada vez que se abrió esa ventana. 

Federico Furiase, un asesor clave que acompañó a Caputo durante los últimos años en la consultora Anker, trató de convencer a los ruralistas de que el camino para recuperar competitividad no va a ser la devaluación sino la baja de costos. “Sabemos que la paciencia social tiene su límite y la del mercado también. Pero vamos a ir por el camino de la desinflación y no nos vamos a mover”, machacó. Le respondieron con un reclamo: ni siquiera cumplieron con bajar los aranceles para importar agroquímicos, algo que anunció Caputo por Twitter y jamás se concretó. “Igual eso no es más del 3% del costo”, refunfuñó ante elDiarioAR uno de los presentes. 

El ritmo diario de liquidación está en los mismos niveles de febrero, lejos del habitual para una cosecha buena como la de este año. Y ningún directivo planea inmolarse por el plan libertario. El jefe del CAA, Gustavo Idígoras, ya vivió una situación parecida con Caputo como ministro de Finanzas, en 2018, cuando le pidió que convenza a los productores de vender sus granos. “Vos quedate tranquilo que después de este pico de $23 el dólar va a bajar”, le dijo. “Necesito que liquiden 700 millones. Cuando baje a $18, la diferencia va a ser para esos productores”, agregó. A los dos meses valía $36. 

AB/DTC

“Disculpas aceptadas y damos el asunto por superado”, dijo esta tarde el presidente chileno Gabriel Boric respecto a la discusión que mantuvo en las últimas horas con la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, luego de que ella dijera en el canal de noticias TN que “en el último tiempo” Hezbollah ha sido detectada en Iquique, además de en la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina.

Su pronunciación generó reacción en el Gobierno chileno, que envío una carta de protesta al jefe de Cancillería de la Embajada de Argentina en Chile, Javier Lareo, en la que exigieron “respeto” a la vez que Boric subrayó que “Chile no ampara ningún grupo terrorista, ni en su territorio ni fuera de él”. Asimismo, la ministra de Interior, Carolina Tohá, dijo en declaraciones a medios locales que Chile “es parte de la comunidad internacional policial” y que “cuando una autoridad tiene sospecha o antecedentes de temas delicados en esta materia, el canal para hacer esas observaciones es a través de la colaboración de inteligencia y la colaboración policial”, según publicó el portal biobiochile.cl

Horas más tarde, entonces, el Ministerio de Seguridad argentino emitió una nota en la que informaron que Bullrich se comunicó por teléfono con Tohá para pedir perdón. “La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostuvo una conversación telefónica con la ministra de Interior, Carolina Tohá, con el propósito de transmitir disculpas con respecto a sus recientes declaraciones sobre la presencia de Hezbollah, en Iquique, Chile”, comienza.

“La ministra Bullrich aclaró que dichas observaciones fueron realizadas en el contexto de un análisis de la situación regional, dentro del marco de las responsabilidades inherentes a su cargo, y no con la intención de generar miedo o alarma en Chile”, agrega.

Por último, señala: “Reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento de las relaciones y cooperación en materia de seguridad con nuestra nación hermana. A tal fin, la ministra Bullrich mantendrá la próxima semana en aquel país, una reunión con su par de seguridad, la ministra Tohá”.

Esto obtuvo dos respuestas. Primero, la de Toha, que dijo que aceptó las “excusas” dadas por Bullrich y, más tarde, la de Boric que en su cuenta de la red social X escribió: “Si una autoridad de otro país tuviera antecedentes sobre actividades ilícitas en el nuestro, lo que corresponde es que lo plantee vía diplomática, no por la prensa. Mi deber como Presidente de la República es defender el nombre y la seriedad institucional de Chile en todas las instancias. Para combatir el crimen organizado transnacional necesitamos colaboración permanente entre Estados, que es justamente lo que promovemos desde Chile. Disculpas aceptadas y damos el asunto por superado”.

MM

Cuando sus captores de Boko Haram dijeron a Margret Yama que volvía a casa, lo primero que pensó es que era una trampa. Sus raptores ya se habían burlado hablando de posibles liberaciones durante los tres años que la habían mantenido secuestrada junto a sus compañeras del colegio de Chibok, en el estado de Borno, en el nordeste de Nigeria.

Las condiciones de vida en el bosque de Sambisa donde las tenían prisioneras eran duras. La comida y el agua eran limitadas, había que trabajar duro y los militantes islamistas las sometían a una vigilancia asfixiante. Hasta que un día de mayo de 2017 las niñas fueron escoltadas hacia una caravana de la Cruz Roja en el límite del bosque. Yama vio al equipo de negociadores pactar su liberación y la de otras compañeras a cambio de la libertad de miembros de Boko Haram prisioneros. Luego, los líderes del grupo islamista se retiraron al bosque y las niñas liberadas fueron trasladadas hasta el pueblo de Banki, en la frontera de Camerún y Nigeria, donde un helicóptero militar las recogió.

Yama es una de las 82 niñas que recuperaron la libertad ese mes tras las negociaciones entre los terroristas y las autoridades de Nigeria. Se había ejercido mucha presión sobre el gobierno nigeriano para conseguir la liberación de las 276 niñas de Chibok, que fueron noticia en todo el mundo tras ser secuestradas en el dormitorio de su colegio en abril de 2014.

“La educación occidental está prohibida” es la traducción literal de las palabras Boko Haram, el nombre de esta milicia yihadista surgida en 2009 en el nordeste de Nigeria. Hasta el año 2020, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la organización terrorista ha matado a casi 350.000 personas y desplazado a más de dos millones, alimentada por el malestar de la sociedad frente a la corrupción y por la marginación y la falta de empleos en el nordeste del país.

Diez años después, muchas de las niñas secuestradas de Chibok, ahora mujeres, han sido liberados o han escapado, pero un centenar siguen desaparecidas. Entre las que regresaron a casa hubo varias que dieron a luz durante el cautiverio. Muchas han sido rechazadas por sus comunidades, que ahora las acusan de colaboración con Boko Haram.

De acuerdo con el testimonio de varias personas que hablaron con The Guardian, y pese a las garantías que las autoridades del estado de Borno han dado a los padres, no se está negociando la liberación del resto de niñas raptadas. ¿Por qué sigue habiendo tantas niñas aparentemente en cautividad? ¿Qué se ha hecho para ayudar a las que recuperaron su libertad?

Los terroristas de Boko Haram ya habían puesto a escolares en su punto de mira antes de la noche del 14 de abril de 2014. También lo harían después. Meses antes del secuestro en Chibok habían asesinado a 29 niños en una escuela del estado de Yobe; en 2018, secuestraron a decenas de niñas, también en Yobe; y en 2020 raptaron a más de 300 niños en colegios del estado de Katsina.

Pero Chibok se convirtió en el ejemplo más evidente de la crisis de seguridad de Nigeria, desatando la indignación dentro y fuera del país por el número de estudiantes de un colegio que Boko Haram había sido capaces de raptar.

Indignación internacional

Un grupo de mujeres nigerianas lanzó en redes sociales la campaña #BringBackOurGirls, que se transformó en una poderosa protesta mundial atrayendo el apoyo de Michelle Obama, entonces primera dama de EEUU; y de Malala Yousafzai, premio Nobel de la Paz. Goodluck Jonathan, en ese momento el presidente de Nigeria, recibió ofertas de ayuda inmediata de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y China.

Según Matthew Page, analista del centro de estudios británico Chatham House, el secuestro “fue tan atroz que básicamente el presidente [Barack] Obama y sus principales autoridades dijeron que había que hacer todo lo posible para traer de vuelta a las niñas”. “¿Qué van a hacer después? Esa era la sensación que teníamos de lo que podía pasar si no poníamos límite, si no perseguíamos a Boko Haram o intentábamos rescatar a las niñas”, dice Page, que en aquella época trabajaba para los servicios de inteligencia de EEUU.

Lo cierto es que la búsqueda de las niñas de Chibok comenzó un mes después del secuestro y tras la multiplicación de protestas en las redes sociales. La indignación que se sentía en todo el mundo aumentó con un vídeo de Abubakar Shekau, en ese entonces líder de Boko Haram, amenazando con vender a las niñas en un mercado.

Estados Unidos, Reino Unido, Francia y China ofrecieron a Nigeria apoyo de sus ejércitos y servicios de espionaje. Hubo drones y aviones espía rastreando la inmensidad del bosque de Sambisa pero no tuvieron éxito.

Entre Nigeria y Estados Unidos había otras tensiones por la vulneración de derechos humanos que el país africano cometía en operaciones antiterroristas del norte, entre las que figuran las ejecuciones extrajudiciales de civiles en el cuartel de Giwa (en Maiduguri) durante el mes de marzo de 2014. Según los analistas, estas operaciones del gobierno estaban radicalizando a los jóvenes y empujándolos hacia las filas de Boko Haram.

Autoridades del Departamento de Estado de EEUU recuerdan haber debatido si compartir o no información clave con sus homólogos nigerianos. También, a las autoridades del gobierno nigeriano “enfureciéndose” por lo que ellas consideraban “condescendencia” y extralimitación por parte de Estados Unidos.

En los primeros meses de la crisis, el gobierno del presidente nigeriano Jonathan rechazó una propuesta de las fuerzas británicas, que habían localizado a las niñas y se ofrecían a rescatarlas. “Les molestaba y rechazaban la injerencia exterior en lo que consideraban asuntos propios de seguridad interna”, dice Page. “Siempre se mostraron muy escépticos en torno a las razones por las que los británicos y Estados Unidos ofrecían ayuda militar”.

Personas que participaron de la negociación aseguran a The Guardian que también hubo otras restricciones condicionando las decisiones sobre la viabilidad de una incursión militar, como el temor a terroristas suicidas y a la muerte de las niñas por fuego cruzado.

Los planes de rescate que contaban con apoyo internacional fueron perdiendo impulso hasta que el interés terminó por desaparecer. Un año después del secuestro en Chibok, la inminencia de unas elecciones hizo que Jonathan se decidiera finalmente a autorizar un pequeño equipo mediador para negociar con Boko Haram bajo la dirección de Pascal Holliger, negociador del Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza, y de Zanna Mustapha, un abogado nigeriano. Todas las negociaciones que había habido antes, incluida una facilitada por el periodista de investigación Ahmad Salkida, habían terminado en fracaso.

El abogado Mustapha dirigía una organización en Borno que ayudaba a la reintegración social de viudas e hijos de Boko Haram. Haber representado como abogado a Mohammed Yusuf, el difunto fundador de Boko Haram, le había ayudado a ganarse la buena voluntad de los militantes islamistas.

El primer resultado de las negociaciones fue la liberación de 21 niñas. Unos meses más tarde se logró la de otras 82. Según los negociadores, tras los dos éxitos iniciales el gobierno nigeriano se volvió complaciente y dejó de poner empeño en las negociaciones.

Condenadas al olvido

“También sabíamos que docenas y docenas [de niñas] se habían convertido y que las habían casado; en cierto modo se habían vuelto irrecuperables”, dice Holliger, del equipo de negociación. “Una vez casadas, teníamos entendido que se marchaban a donde fuera su 'marido', por lo que dejaban de formar parte del grupo Chibok; nunca quedó demasiado claro cuántas quedaban después de liberar a las 103”, explicó.

Según las fundadoras de #BringBackOurGirls, las prisioneras restantes han sido olvidadas por temor a que se hayan radicalizado durante su cautiverio y porque la atención se ha centrado en otros ataques y secuestros más recientes sufridos por este país de África occidental.

Cuando Yama regresó a su hogar recibió con desolación la noticia de la muerte de su madre. “No había dejado de pensar que no volvería a verla”, dico. Su madre la despedía siempre cuando iba al colegio pero el día del secuestro parecía reacia a que se fuera. Yama, que prefiere no decir su edad, recuerda con demasiada nitidez lo que ocurrió en abril de 2014: los terroristas entraron al colegio haciéndose pasar por oficiales del ejército, incendiaron el edificio y las casas vecinas y montaron a las niñas en camiones. Algunas lograron escapar porque saltaron de los vehículos.

“Yo pensaba que solo querían asustarnos para que no volviéramos al colegio”, recuerda Yama en referencia al rechazo de los islamistas de Boko Haram por el sistema de educación occidental.

Durante su cautiverio, ella se resistió a las presiones para casarse con un militante de Boko Haram, pese a que acceder habría mejorado su alimentación y la habría librado de los trabajos forzados. “¿Cómo iba a casarme con alguien que me separó de mi colegio, de mis padres y de mi familia? ¿Cómo mirarle a los ojos y llamarlo marido? Prefería morirme de hambre antes que casarme con uno de ellos”, dice.

Como al resto de niñas, a Yama la obligaron a convertirse al Islam. Ella fingió obedecer pero siempre mantuvo oculta su Biblia de cristiana.

Rechazo y revictimización

La familia de Yama recibió meses de asesoramiento en Abuja, la capital de Nigeria, antes de darle una calurosa bienvenida en su hogar. Pero desde que fue puesta en libertad ha sido estigmatizada y víctima de sospechas “desgarradoras”. Dentro de su comunidad siguen circulando rumores como el de que las niñas, violadas, abandonaron a sus hijos en el bosque. “Yo no me secuestré a mí misma”, dijo Yama. “Me obligaron, ¿por qué me ven entonces como si fuera de Boko Haram?”.

Yama ha recibido una beca del gobierno para estudiar comunicación en una universidad de otro estado. “En clases tienes que ocultar lo que te ha pasado”, dice. “Si no lo haces, la gente se mantendrá alejada de ti pensando que tienes esa mentalidad asesina”.

Durante los primeros años la opinión pública de Nigeria se mantuvo unida exigiendo la liberación de las niñas pero el interés fue decayendo de manera paulatina. Comenzaron a surgir teorías de la conspiración como la de que toda la historia del secuestro era un engaño montado con fines políticos.

En algunas zonas del nordeste, donde Boko Haram tenía más apoyo y donde aun hoy sigue sintiéndose la inseguridad, la publicidad que se le daba a las niñas de Chibok generó una especie de resentimiento. Como si fueran unas “secuestradas selectas” más importantes que los más de 1.500 niños secuestrados o asesinados por Boko Haram y otras milicias islamistas.

Muhammadu Buhari, que en 2015 sustituyó a Jonathan como presidente con la promesa de terminar con la inseguridad de Nigeria, cosechó algunos logros iniciales. Las niñas fueron liberadas pero la confianza entre el gobierno y los militantes se había resquebrajado. Una tensión que también aumentó por la participación de demasiados actores en el proceso, no solo en Nigeria sino del extranjero.

Según los familiares, después de todos estos años las autoridades aún dicen que las negociaciones siguen en marcha. Pero los activistas se muestran escépticos y, según los negociadores, las conversaciones han cesado. El periódico The Guardian trató de ponerse en contacto con las autoridades nigerianas pero no recibió respuesta.

Mientras tanto, las que sí recuperaron su libertad siguen enfrentándose al estigma y la sospecha. A Amina Ali Nkeki la encontró en 2016 una unidad civil en uno de los límites del bosque de Sambisa. Había escapado del campamento de Boko Haram y era la primera niña de Chibok en regresar a casa.

Se había casado y había tenido un hijo con Mohammed Hayyatu, que a su vez decía haber sido forzado a unirse a Boko Haram meses antes del secuestro en Chibok. Fue una de las pocas casadas que logró regresar a su hogar. Ali no quería casarse, pero le tenía aun más miedo a la esclavitud sexual.

“Lo que imaginaba era que sería utilizada por un hombre lo suficientemente mayor como para ser mi padre, que volvería a entregarme a otra persona cuando se cansara de mí”, dice. “Así seguiría mi vida, dando a luz a muchos hijos que tendría que ir dejando con distintas personas... Así que opté por casarme con un solo hombre”.

Ali tenía un plan para escapar pero lo pospuso cuando Boko Haram amenazó con cortar las manos de otras dos niñas por tratar de huir. Cuando el gobierno intensificó sus avanzadillas en el bosque vio su oportunidad y escapó ayudada por Hayyatu.

Ali ya no vive con Hayyatu y, como Yama, también estudia en la universidad. Su familia la han acogido a ella y a Safiya, su hija de ocho años que ahora sufre acoso por ser una “niña de Boko Haram”. Ali quiere olvidar el pasado pero también siente la obligación de hablar sobre su experiencia. Conserva la foto de su mejor amiga, aún prisionera. “Pienso todos los días en ella”, dice. “Queremos recuperar a nuestras hermanas”.

“Hijas de los pobres”

Aisha Yesufu, una de las mujeres que fundaron #BringBackOurGirls, critica al gobierno por no rescatar a las que quedan. Las que han ido regresando en los últimos años lo han logrado porque escaparon, porque las encontraron patrullas civiles, o porque aparecieron durante operaciones militares del gobierno contra los insurgentes yihadistas en la pelea por hacerse con el control del nordeste del país. “Ha llevado tanto tiempo porque son las hijas de los pobres”, dice Yesufu. “Si eres pobre en Nigeria, no tienes ni rostro ni nombre ni voz”.

Yesufu no puede olvidarse de la imagen de Hosea Tsambido, un difunto líder comunitario de Chibok que en abril de 2014 acudió a Abuja durante la primera gran protesta por los secuestros. Arrodillado bajo la lluvia junto a la Fuente de la Unidad, Tsambido le rogaba a la gente que nunca se rindiera. “Si alguien me hubiera dicho que seguiríamos [exigiendo su liberación] casi diez años después, me habría marchado de la Fuente de la Unidad ese mismo día, y no habría vuelto nunca”, dice Yesufu.

Según Yesufu, en los primeros días el gobierno nigeriano trató de reprimir la campaña #BringBackOurGirls y marginó al grupo cuando las primeras niñas fueron liberadas. Los padres sufrieron mucho, recuerda, y algunos murieron con el corazón destrozado. “Aunque nos digan que algunas niñas han muerto, ¿podemos saber dónde murieron? ¿Dónde las enterraron? Hagamos algo para permitir a las familias darle un cierre”, afirma.

A lo largo de los últimos diez años el poder de Boko Haram se ha ido desvaneciendo por las divisiones dentro del grupo y por la aparición de otras milicias islamistas. Pero sus métodos siguen vigentes, con los colegios como uno de los objetivos principales. Esto es especialmente así en las remotas zonas del norte, donde no hay seguridad y los secuestradores pueden perderse en extensos bosques. Desde 2014, más de 1.500 escolares han sido raptado.

El último secuestro masivo ocurrió el mes pasado, con la irrupción de hombres armados en un colegio de Kuriga (estado de Kaduna, noroeste del país) en el que un mínimo de 287 alumnos de entre 7 y 18 años fueron raptados. Los secuestradores exigían por su liberación 1.000 millones de nairas [unos 758.000 euros], pero antes de que el plazo se cumpliera el ejército nigeriano rescató a la mitad de los secuestrados (Nigeria prohibió en 2022 el pago de rescates).

“Es un método que empezó con Boko Haram y que de manera generalizada ha sido perfeccionado por los distintos grupos armados”, dice Oluwole Ojewale, del Instituto de Estudios de Seguridad de Dakar, en Senegal. “Los grupos armados adquirieron notoriedad con las niñas de Chibok, y ahora mantienen una inclinación por estar en el centro del foco y por presentar al Estado como incapaz de proteger a la población, lo que también hace que se fijen en ellos posibles nuevos militantes”.

Entre las promesas de Bola Tinubu, el actual presidente de Nigeria, figura impedir que los colegios se conviertan en “madrigueras para secuestros a discreción”. Lo que no ha dicho es cómo piensa lograrlo.

La búsqueda nunca terminará para las personas que perdieron a sus hijas aquella noche de abril de 2014. El funcionario Lawan Zanna, de 55 años, estaba en casa junto a su familia cuando descubrió que su hija, Aisha Lawan, era una de las secuestradas en Chibok. Una vida sencilla e idílica se convirtió en una búsqueda de respuestas que dura ya una década y que comenzó cuando se subió a su motocicleta y se dirigió a la escuela, a unos pocos kilómetros de distancia de su hogar, para averiguar qué había sucedido. Encontró la escuela secundaria femenina, normalmente animada con las voces de cientos de alumnas, desierta.

Padre de 16 hijos, Zanna y los familiares de otras niñas secuestradas formaron un grupo de búsqueda, adentrándose durante dos días en el bosque con armas improvisadas y sin conseguir nada. “Un trauma, eso es lo que me ocurrió a mí, desde entonces casi no como”, dice Zanna, que acudió a la religión en busca de consuelo. “Estaba muy desquiciado pero con la ayuda de nuestro líder religioso, que suele venir a hablar conmigo, estoy pudiendo aguantar, pero llegar a este punto me ha llevado muchos años”.

Zanna lidera el Movimiento de Padres por el Rescate de las Niñas de Chibok Secuestradas, que mantiene la presión por la liberación de las raptadas. Muchos de los padres siguen viviendo en Chibok y sin saber nada de sus hijas desde aquel día de 2014.

Otra de las secuestradas es Dorcas, hija de Ladi Yakubu, de 50 años. Funcionaria del gobierno local de Chibok, Yakubu sufrió un infarto cuando se enteró de la noticia. Aún no ha recuperado la salud. “Se llevaron a mi hija delante de mis ojos; ni siquiera el gobierno ha podido rescatarla y yo, mucho menos, ¿qué voy a poder hacer yo?”, dice. “Mi corazón se acelera con cualquier susto mínimo y tengo que medicarme... No ha sido fácil para nosotros”.

Pese a las dudas que hay sobre las negociaciones, los padres mantienen la esperanza. “Sé que mi hija regresará”, añade Yakubu. “Si Dios es quien gobierna el cielo, ella regresará”.

La Justicia rusa decretó este domingo prisión preventiva por dos meses para cuatro sospechosos de perpetrar el atentado en la popular sala de conciertos rusa Crocus City Hall, que dejó el viernes al menos 137 muertos.

Los cuatro hombres fueron imputados con cargos de terrorismo y pueden afrontar una cadena perpetua, informa la agencia TASS. En las imágenes difundidas de su comparecencia en el tribunal, los detenidos aparecieron muy magullados, con ojos morados, hematomas y el rostro hinchado, mientras uno de ellos llevaba la oreja vendada y otro fue trasladado a la audiencia en una silla de ruedas.

Algunos de los vídeos de los interrogatorios que circularon durante el fin de semana sugieren que los hombres fueron torturados por los servicios de seguridad rusos. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, no respondió a una pregunta de los periodistas sobre los indicios de tortura y los signos de violencia en los detenidos. “Dejo esta pregunta sin respuesta”, ha dicho Peskov.

Los primeros en presentarse ante el juez fueron dos varones identificados como Saidakrami Rachabalizoda y Dalerdzhon Mirzoev. Durante la vista, Mirzoev dijo que es ciudadano de Tayikistán y que tiene tres hijos menores. El acusado, que reconoció plenamente su culpa, vivía en la región de Moscú con documentos de residencia caducados hace tres meses. A la vez, el acusado no tenía antecedentes penales, señalan los medios rusos. Rachabalizoda, de 30 años, también admitió su culpa. El acusado está casado, tiene un hijo y no cuenta con antecedentes penales.

Los otros dos sospechosos del ataque terrorista que fueron llevados este domingo al tribunal de Basmanni de Moscú tras su detención el sábado en la región rusa de Briansk son Fariduni Shamsudin y Muhammadsobir Faizov.

Faizov, de 19 años, vestía una bata blanca y estaba acompañado por dos médicos al ser llevado a la corte desde un hospital, donde ingresó tras resultar herido durante su detención. Shamsudin dijo al juez que trabajaba en una fábrica en la región de Moscú y que tiene un hijo de ocho meses. Mientras Faizov, que no está casado, declaró que antes trabajaba como peluquero en la ciudad de Ivánovo y actualmente estaba desempleado.

Según los últimos datos, el atentado del viernes pasado, reivindicado por el grupo terrorista Estado Islámico, ha dejado 137 muertos. Mientras, el número de heridos subió este domingo de 154 a 180 personas. De acuerdo con medios rusos, algunos supervivientes del atentado tardaron más de un día en solicitar ayuda médica porque se encontraban en estado de 'shock'.

En total, las fuerzas de seguridad rusas detuvieron a 11 personas vinculadas con el atentado, cuatro de las cuales participaron personalmente en la matanza, según las autoridades.

Rusia vivió este domingo un día de luto por las víctimas del atentado. Desde muy tempranas horas de la mañana los moscovitas llevaron flores al lugar del atentado en la ciudad de Krasnogorsk, a unos 20 kilómetros del centro de Moscú. Ya la víspera, al costado del edificio de la sala de conciertos apareció un memorial espontáneo en el que los rusos depositaban ramos de flores rojas y claveles en memoria de las víctimas del atentado.

Rusia sigue poniendo en duda la responsabilidad del Estado Islámico

A primera hora del domingo, el Estado Islámico difundió nuevas imágenes de la masacre, corroborando su reivindicación del atentado, en medio de los intentos de Rusia de culpar, sin pruebas, a Ucrania. Vladímir Putin afirmó que Kiev “preparó una ventana” para que los terroristas cruzaran la frontera de Rusia a Ucrania. Kiev ha negado tajantemente cualquier relación con el atentado y ha dicho que cree que Moscú está preparando un pretexto para intensificar el conflicto.

Estados Unidosinformó que recibió información de inteligencia de que el grupo terrorista actuó solo. “El Estado Islámico es el único responsable de este ataque. No hubo participación ucraniana en absoluto”, dijo la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adrienne Watson.

“A principios de este mes, el Gobierno de Estados Unidos disponía de información sobre un atentado terrorista planeado en Moscú –que podría tener como objetivo grandes concentraciones, incluidos conciertos–, lo que llevó al Departamento de Estado a emitir un aviso público a los estadounidenses en Rusia. El Gobierno de EEUU también compartió esta información con las autoridades rusas de acuerdo con su tradicional política de ”deber de advertir“, afirmó Watson en X.

María Zajárova, la portavoz de Exteriores, puso ahora en duda las afirmaciones de EEUU de que el Estado Islámico está detrás del ataque. “Atención: una pregunta a la Casa Blanca: ¿Están seguros de que es el Estado Islámico? ¿Podrían pensárselo de nuevo?”, dice en un artículo

Las autoridades rusas y los medios de comunicación estatales han ignorado en gran medida la reivindicación del Estado Islámico de estar detrás de los ataques. Meduza, medio independiente en lengua rusa, informó que los medios de comunicación rusos financiados por el Estado y progubernamentales recibieron instrucciones de la administración Putin para hacer hincapié en los posibles “rastros” de la participación ucraniana en el ataque, según dos empleados de los medios de comunicación estatales.

El Kremlin aseguró que no hay una “hipótesis definida” sobre la autoría de atentado. “La investigación continúa, de momento no se ha hecho pública ninguna hipótesis definida”, dijo el portavoz Dmitri Peskov. El portavoz del Kremlin ha contestado así a la pregunta de por qué en las declaraciones oficiales de Putin y otros altos funcionarios rusos sobre el brutal ataque terrorista no se menciona al Estado Islámico. “Se habló solo de datos preliminares, aún no ha habido hipótesis”, ha explicado. “Hay que esperar la información de los cuerpos de seguridad”.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que el Estado Islámico del Jorasán, que ha reivindicado la autoría de la masacre de Moscú, estuvo “estos últimos meses” detrás de “varias tentativas” de atentados en suelo francés. Macron agregó que teniendo en cuenta las “ramificaciones” e “intenciones” del Estado Islámico de Jorasán se ha establecido la alerta máxima en Francia “como medida de precaución”.

En una declaración al inicio de una visita a la Guayana francesa, el presidente francés indicó que la decisión, tomada el domingo, se basa en “elementos creíbles y sólidos”. Tras indicar que los servicios secretos de Francia y los de sus principales socios internacionales coinciden en atribuir la autoría del atentado del viernes en la capital rusa a esa entidad del Estado Islámico que tiene sus bases en Asia Central, Macron ha instado a Rusia a cuidarse de “cualquier instrumentalización o deformación y ser exigente y eficaz”. “Sería a la vez cínico y contraproductivo para Rusia y para la seguridad de sus ciudadanos utilizar este contexto” contra Ucrania, ha subrayado.

Las autoridades rusas detuvieron a 11 personas, incluidos los cuatro sospechosos de perpetrar un ataque terrorista este viernes que causó la muerte a al menos 133 personas en una sala de comercios a las afueras de Moscú. El tiroteo, que también dejó al menos 145 heridos, se produjo en una sala de conciertos en la localidad de Krasnogorsk, a las afueras de la capital rusa. La agencia RIA informó que entre los fallecidos hay tres niños.

Se trata del peor ataque que sufrió Rusia en los últimos 20 años. La principal agencia de investigación del país está tratando tanto el tiroteo como las explosiones y el incendio posterior como un atentado terrorista. El grupo de hombres armados no identificados abrieron fuego contra una multitud en una sala de conciertos. La agencia Tass informó que el incendio posterior provocó el desplome del techo de la sala, por lo que se teme que el número de víctimas ascienda durante las próximas horas.

El Comité de Instrucción ruso dijo que abrió una investigación penal sobre los cargos, aunque no indicó quién podría estar detrás del ataque, que ya fue reivindicado por el grupo terrorista del Estado Islámico, aunque la veracidad del mensaje no fue confirmada oficialmente. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia, por su parte, intentó vincular el ataque con Ucrania y la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zakharova, publicó en Telegram que “ya sabemos en qué país planeaban refugiarse, Ucrania”, informa The Guardian. Las autoridades de Kiev, sin embargo, niegan cualquier implicación en el ataque.

La agencia RIA publicó en su canal de Telegram, citando al Kremlin, que Putin fue informado que 11 sospechosos fueron detenidos en relación con el atentado, entre ellos “los cuatro terroristas directamente implicados”. Anteriormente, los medios rusos citaban un mensaje del legislador Alexander Khinshtein que indicaba que dos personas habían sido detenidas en la región rusa de Bryansk.

Khinshtein informó que los terroristas habían huído en un vehículo Renault identificado por la policía a 340 kilómetros al suroeste de Moscú, en la noche del viernes, y que desobedecieron las órdenes de la policía cuando les dieron el alto, informa Reuters. Dos de ellos fueron detenidos y otros dos huyeron aunque fueron arrestados posteriormente. El legislador ruso afirma que las autoridades encontraron en el coche más armas así como pasaportes de Tayikistán, país centroasiático de mayoría musulmana que formó parte de la antigua Unión soviética.

El Estado Islámico reivindica el tiroteo pero Rusia lo pone en duda

El grupo terrorista Estado Islámico reivindicó el tiroteo. “Los combatientes del Estado Islámico atacaron una gran agrupación de cristianos en la ciudad de Krasnogorsk, en las afueras de la capital rusa, Moscú, y mataron e hirieron a cientos de personas y causaron una gran destrucción en el lugar antes de retirarse a sus bases de manera segura”, dice el canal de Telegram de Amaq, afiliada a la propaganda del grupo terrorista. Algunos canales rusos pusieron en duda la veracidad del mensaje.

Esta información no fue verificada de manera independiente y el Estado Islámico, que llevó a cabo ataques en diversos países, se atribuyó algunas veces en el pasado la responsabilidad de ataques en los que no se pudo comprobar su implicación. El 7 de marzo, el FSB dijo que había impedido un ataque a una sinagoga en Moscú que estaba planeando una célula del Estado Islámico.

La Guardia Nacional rusa busca a los autores. La agencia oficial RIA Nóvosti señala que los disparos con armas automáticas fueron efectuados por al menos tres personas con ropa de camuflaje en el centro comercial Crocus City Hall, donde también se declaró un gran incendio. Según distintas informaciones, los atacantes también detonaron explosivos y se produjeron al menos dos explosiones.

“Sin duda era un grupo de personas, hubo muchas ráfagas de ametralladora. Llevaban ropa marrón o chalecos marrones. Estábamos en el palco y los atacantes estaban cerca del escenario, bastante lejos de nosotros. Venían desde la entrada de la sala a lo largo del patio hacia el escenario, empujando a la gente hacia el centro de la sala”, dijo un testigo de lo sucedido, el fotógrafo Dave Primov, al servicio de la BBC en ruso.

Durante la noche del viernes se difundieron videos del edificio envuelto en llamas mientras circulan grabaciones del ataque, en las que se escuchan disparos mientras los asistentes al concierto huyen aterrorizados para salvar sus vidas o se ve cómo varios hombres disparan contra la gente a su entrada en el centro comercial y los cuerpos de varias víctimas yacen en el suelo.

Un gran número de agentes del orden y personal de emergencia se congregaron fuera del edificio mientras continuaba el incendio en el interior. Más de 70 equipos de ambulancias trabajaron en el lugar de la tragedia y los periodistas fueron dispersados por los agentes antidisturbios.

El medio independiente Meduza informó que, en el momento del ataque, podría haber habido más de 6.000 personas en la sala, ya que tiene capacidad para 6.200 espectadores y todas las entradas para el concierto estaban agotadas. Los músicos están a salvo, según confirmó la banda.

Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, dijo que el presidente ruso Vladimir Putin fue informado sobre el ataque en cuanto empezaron los disparos en la sala de conciertos. “En los primeros minutos de lo ocurrido en el Crocus City Hall el presidente fue informado sobre el comienzo del tiroteo”, dijo. “El presidente impartió todas las instrucciones necesarias”.

El Ayuntamiento de Moscú suspendió todas las actividades masivas previstas el fin de semana en la capital rusa. “Tomé la decisión de suspender este fin de semana en Moscú todas las actividades masivas deportivas, culturales y otras”, escribió el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, en Telegram.

Aviso de las embajadas occidentales

El Ministerio de Exteriores de Rusia llamó a la comunidad internacional a condenar el atentado. “Toda la comunidad internacional está obligada a condenar este horrible crimen”, señaló María Zajárova, la portavoz de Exteriores, en su canal de Telegram. Decenas de países expresaron sus condolencias y condenas por el ataque.

Las embajadas occidentales en Rusia habían advertido sobre posibles atentados terroristas en este país, avisos que el presidente Putin consideró “un intento de intimidar y desestabilizar nuestra sociedad”. Una semana antes de las elecciones presidenciales rusas del 15 al 17 de marzo, varias embajadas occidentales alertaron sobre posibles ataques terroristas en Rusia. La primera delegación en emitir una alerta para sus ciudadanos fue la representación de EEUU, que hace dos años también advirtió a sus nacionales sobre el inminente inicio de la guerra en Ucrania pocos días antes de que esta comenzara.

Según un mensaje en la página web de la embajada de EEUU, grupos extremistas tenían “planes inminentes de atacar” grandes aglomeraciones de personas en territorio ruso durante los próximos días. También la embajada de Reino Unido citó en su web esa advertencia y aseguró que estaba siguiendo de cerca esas informaciones. Más tarde, otras embajadas, como las de Alemania, Países Bajos y Letonia, pidieron a sus ciudadanos extremar las medidas de seguridad ante el riesgo de ataques en Rusia.

John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU, dijo que la Casa Blanca está trabajando para recopilar más información sobre el ataque. “Nuestros pensamientos obviamente estarán con las víctimas de este terrible ataque a tiros”, dijo en una conferencia de prensa.

Kiev negó cualquier implicación en el ataque. “Desde luego, Ucrania no tiene nada que ver con el tiroteo/explosiones (...). No tiene ningún sentido”, tuiteó el asesor del jefe de la oficina del presidente de Ucrania, Mijaílo Podolyak. “Ucrania nunca recurrió al uso de métodos terroristas”, agregó, antes de concluir: “No cabe la menor duda de que los sucesos de las afueras de Moscú contribuirán a un fuerte aumento de la propaganda militar, a la aceleración de la militarización, a la ampliación de la movilización y, en definitiva, a la escalada de la guerra”. También negaron su implicación los voluntarios rusos que efectuaron varias incursiones fronterizas en las últimas semanas.

El 30 de diciembre último, alrededor de las 7.30 de la mañana, el profesor de tenis de mesa llegó a Buenos Aires en un vuelo de Aerolíneas Argentinas que aterrizó en el Aeropuerto Jorge Newbery. Pasó por Migraciones cerca de las 7.50 y salió del aeropuerto unos 15 minutos más tarde. 

Había dejado Bogotá, la ciudad donde vive, la noche anterior. Llevaba consigo su pasaporte colombiano, donde consta que nació en Damasco, Siria, en la década de 1950, y que es ciudadano colombiano. Mientras caminaba por la vereda, con su bolso de mano y una valija pequeña, fue interceptado por un grupo de la Policía Federal Argentina. 

Parsimonioso y perplejo, el hombre no se resistió y permitió que abrieran su equipaje en la entrada externa de Aeroparque, delante de los transeúntes. Le secuestraron un teléfono celular Motorola G20, sin contraseña ni mecanismo de bloqueo; documentos personales y una tarjeta SUBE; US$2.500, 1.200 euros y 407 pesos colombianos. Quedó incomunicado y detenido por orden de la jueza María Servini. Lo acusaban de integrar una supuesta “célula terrorista” internacional que buscaba atentar contra edificios de colectividad judía en Buenos Aires.

La detención no fue espontánea. Lo estaban investigando y esperando desde hacía unas 48 horas, cuando un gendarme lo denunció ante la embajada de Israel en Buenos Aires, acusándolo de dedicarse a actividades de terrorismo en Colombia. La denuncia señalaba que el hombre llegaría junto a otros dos pasajeros, otro sirio y un libanés. Pero el profesor de tenis de mesa viajó solo. La información aportada tenía inconsistencias y contradicciones, pero la causa judicial siguió adelante, como informó elDiarioAR el 10 de enero último.

Tercera y vencida

Esta era su tercera visita a la Argentina. El entrenador de tenis de mesa practica este deporte desde los 12 años, cuando aún vivía en Siria. Dejó su país a los 23 años y se instaló en Venezuela, donde vivía un hermano. Vive en Bogotá, Colombia, desde hace años. Es soltero y propietario de un local de perfumes en Colombia. No tenía antecedentes, hasta que pisó la Argentina. Cumplió 68 años mientras estaba detenido en una dependencia de la Policía Federal Argentina.

Entre el 30 de diciembre y el 2 de enero estuvo incomunicado. Ni siquiera pudo avisar que estaba detenido a sus amigos en Buenos Aires. Cuando le informaron por qué estaba detenido, le dijeron que estaba imputado por supuestamente “integrar una asociación criminal trasnacional de existencia ininterrumpida en el tiempo que se dedica a la organización y perpetración de atentados terroristas” y que “registraría actividades en distintos países de la región, en particular Colombia, desde donde se habría organizado la perpetración de un ataque –presumiblemente, con explosivos– a un inmueble localizado en el ámbito de esta ciudad vinculado a la colectividad judía”.

“Niego completamente” la acusación, dijo durante su declaración indagatoria el 2 de enero último. “No tiene nada que ver con la realidad”. “Por mi madre, no puedo creer estar involucrado en esto”, agregó.

El profesor de tenis de mesa no sabe manejarse con facilidad en internet, al punto que debió pedirle a un amigo que le haga la reserva en el hotel de Buenos Aires. Eligió el Gran Hotel España —ubicado sobre Tacuarí 80, a 200 metros de la embajada de Israel— porque lo conoció de casualidad durante su última visita a la Argentina, cuando estuvo en un local de venta de sandwiches y alguien le dio una tarjeta de establecimiento y la guardó para su próxima visita. Fue la primera decisión que transformaría su próximo viaje en una pesadilla porteña. En dicho hotel lo denunciarían por el simple hecho de tener nacionalidad siria y pasaporte colombiano.

Viajes e inversión

Su primera visita al país fue en 2013 para un campeonato sudamericano, explicó ante el juzgado. El segundo viaje a la Argentina fue a mediados de 2023 y llegó por un vuelo de Aerolíneas Argentinas. Entonces, se hospedó durante 15 días en el modesto hotel Gran Oriental, sobre Bartolomé Mitre al 1.800, en el barrio porteño de Congreso. 

Su objetivo era abrir un club de tenis de mesa en Buenos Aires, aseguró. Buscaba un gimnasio que lo pudiera albergar al menos seis meses. Había decidido tramitar la residencia en Argentina y en Colombia visitó en dos oportunidades la embajada argentina para asesorarse sobre el trámite.

Por eso, en este tercer viaje traía consigo los documentos correspondientes. “Vine para eso, para radicarme con la finalidad de abrir un club de tenis de mesa”, afirmó ante la Justicia. 

Su vuelo de regreso a Bogotá era para el 2 de marzo. Pensaba hospedarse unos días en el Gran Hotel España y buscar luego un departamento amueblado donde quedarse el resto del tiempo.

Se obtuvo una información de inteligencia brindada por una conjunción de elementos tanto de Estados Unidos como de Israel y de un miembro de Gendarmería que ha sido formado en antiterrorismo de parte de sus pares de Colombia.

Patricia Bullrich — Ministra de Seguridad de la Nación.

El instructor de tenis de mesa pasó dos semanas detenido en un calabozo de una dependencia de la Federal, esperando el peritaje de su teléfono y otras medidas de prueba. Finalmente, este lunes, la jueza Capuchetti dictó su falta de mérito y la de los otros dos detenidos ante la falta de pruebas.

La falta de mérito implica que el profesor de tenis de mesa no puede dejar la Argentina, tiene retenido su pasaporte y secuestrados casi todos los bienes y dinero hasta que se dé por finalizada la investigación. El fiscal Ramiro González solicitó a la jueza Capuchetti que libere al menos una parte de los fondos que le secuestraron para garantizar su subsistencia en el mientras tanto y un amigo en Buenos Aires se presentó ante la Justicia y salió como garante para darle un lugar donde vivir hasta que el expediente se cierre, informó una fuente judicial con conocimiento del caso.

La falta de mérito implica que el profesor de tenis de mesa no puede dejar la Argentina, tiene retenido su pasaporte y secuestrados casi todos los bienes y dinero hasta que se dé por finalizada la investigación

La denuncia

El 3 de enero, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, declaró que el gobierno de Javier Milei había “neutralizado” una supuesta “célula terrorista”, que aparentemente iba a recibir un paquete sospechoso desde Medio Oriente y buscaba atentar contra la colectividad judía.

“Se obtuvo una información de inteligencia brindada por una conjunción de elementos tanto de Estados Unidos como de Israel y de un miembro de Gendarmería que ha sido formado en antiterrorismo de parte de sus pares de Colombia”, dijo la ministra Bullrich el 3 de enero último, tras las detenciones e indagatorias al instructor de tenis de mesa y otras dos personas. Pero la información obtenida distaba mucho de las aseveraciones de la funcionaria.

A mediados de diciembre último, El Rubio, un hombre que dice ser periodista, agente inorgánico de la embajada de Estados Unidos y muchas otras cosas más, recibió un llamado de un amigo, uno de los encargados del Gran Hotel España, quien le comentó que estaba por llegar al país un ciudadano de Siria con pasaporte colombiano y que eso “le parecía raro”, como reveló elDiarioAR el domingo. 

El encargado del Gran Hotel España ratificó esta versión y dijo al diario La Nación que fue efectivamente él quien alertó a su amigo El Rubio sobre la llegada de un huésped que le pareció “sospechoso” porque tenía pasaporte colombiano y nacionalidad siria. El hombre había hecho llegar sus datos para reservar una habitación vía Whatsapp para el 30 de diciembre. 

El profesor de tenis de mesa había informado al hotel los datos de su vuelo y había enviado copia de su pasaporte para la reserva. El encargado del hotel le pasó los datos y foto del documento a El Rubio y este contactó a un cabo de la Policía Federal, a quien dijo haber conocido meses atrás en la calle mientras realizaba una “investigación” como periodista en la city porteña. Le pasó la información entregada por el encargado del hotel sobre el sirio-colombiano para acceder a información de Migraciones, según declaró El Rubio ante la Justicia. 

En la información de Migraciones un dato llamó la atención de El Rubio: que el ciudadano colombiano de nacionalidad siria había estado en Argentina en 2013 con pasaporte venezolano y que supuestamente había salido del país en un “vuelo privado” hacia Colombia. Eso alimentó sus sospechas, dijo ante el juzgado.

Ante la Justicia, el profesor sostuvo que tiene dos pasaportes porque vivió años en Venezuela hasta que se trasladó a Colombia y negó haber viajado alguna vez en un avión privado. El juzgado de María Eugenia Capuchetti, actual jueza de la causa, ya corroboró que el pasaporte colombiano es un documento real y oficial e intenta corroborar por qué en la “tira” de Migraciones, el profesor figura en un vuelo privado. El hombre declaró que en dicha oportunidad había viajado posiblemente por Avianca. 

Armé mentalmente la cuestión.

El Rubio — Denunciante y posteriormente imputado.

El Rubio convenció al cabo de la Federal para realizar una denuncia y el policía contactó a un amigo gendarme -el que supuestamente está entrenado en antiterrorismo, según Bullrich- y fueron a varios lugares a realizar la denuncia: la sede de la AMIA, los jefes del cabo y el edificio central de la Gendarmería. Nadie les prestó atención.

Hasta el 28 de diciembre último. Días antes de Navidad, El Rubio se fue a cortar a la peluquería de la calle Rivadavia al 900, donde suele atenderse. Le preguntó a la peluquera por quien había sido su peluquero en el local y a quien hacía mucho que no veía. La peluquera le contestó que su colega la había “metido en un problema” porque le había pedido permiso para recibir en el local una encomienda, un paquete que le enviaría un sobrino desde Estados Unidos.

La mujer le mostró un mensaje de Whatsapp con un recibo o comprobante de la encomienda que supuestamente iba a llegar y nunca llegó. El Rubio lo amplió y leyó que provenía de Yemen y que el peso era de 35 kilos. Así, cayó el peluquero en esta historia porque al catamarqueño le resultó curioso que llegara un paquete de Yemen, dijo El Rubio durante su declaración indagatoria.

“Armé mentalmente la cuestión”, admitió El Rubio ante la Justicia: viene un sirio, cuyo país de origen vive tensiones permanente con Israel y un paquete de Yemen. Entonces, en diciembre, los hutíes en Yemen, aliados de Irán, habían atacado embarcaciones de Estados Unidos y otros países aliados de Israel.

Sin embargo, para entonces el peluquero ya había realizado una denuncia en la Justicia de la provincia de Buenos Aires por una supuesta estafa virtual. 

El paquete

El peluquero había conocido a una mujer por redes sociales, presuntamente oriunda de Las Vegas y actualmente residente en Yemen. Tras entablar una amistad, la mujer le dijo que le enviaría un regalo y él le dio la dirección de la peluquería para recibir la encomienda. 

A finales de octubre y de madrugada, recibió mensajes y llamados de la mujer y de un hombre que le exigió 900 dólares para entregarle el paquete en cuestión, el cual estaría en la Aduana de Ezeiza. Como todo le pareció raro, bloqueó al hombre que intentaba sacarle dinero y a la mujer. Le dijo a su jefa en la peluquería que no recibiera nada a su nombre y realizó la denuncia. Aportó los chats que prueban su historia y un documento: el ticket de remisión de la supuesta encomienda que le habían enviado. El ticket habla de un paquete de 35 kilos.

El ticket sería apócrifo, presenta inconsistencias y además no se encuentra registrado en la empresa que iba a realizar el envío internacional, según estableció la Justicia en los últimos días. El paquete “sospechoso” al que se refirió Bullrich y sobre el que se basaron las detenciones nunca existió. Todo indica que se trató de un intento de estafa al peluquero.

A través de la peluquera, El Rubio se hizo del ticket de la falsa encomienda, le pasó los datos al gendarme con el que había intentado hacer la denuncia contra el profesor de tenis de mesa y ató cabos que nunca debieron ser atados: el 28 de diciembre, la embajada de Israel en Buenos Aires recibió una llamada del gendarme denunciando al profesor de tenis y más tarde una segunda llamada, esta vez anónima, en la que hablaban de la supuesta conexión entre el ciudadano colombiano y nacionalidad siria y un supuesto “paquete” de 15 kilos -no 35 kilos- presuntamente enviado al Gran Hotel España, y que, al no ser recibido, regresó a Aduana.

Dos días más tarde, el peluquero, el profesor de tenis de mesa y El Rubio quedaron detenidos, acusados de integrar una “célula terrorista”. Recuperaron la libertad dos semanas más tarde, cuando se les dictó una falta de mérito ante la falta de pruebas. Todo fue producto de la elucubración de El Rubio y el gendarme.

ED/JJD