El teléfono de Marcelo D'Alessandro se transformó en una Caja de Pandora de consecuencias difíciles de calcular hoy. Allí quedaron plasmados delitos presuntos, graves y de gran alcance. Pocos en Juntos por el Cambio (JxC) y en el Gobierno de la Ciudad se animan a decir algo más allá de alguna frase de compromiso. “No somos todos lo mismo” es el eslogan que más citan, algo que, a esta altura, entre perpetradores de ilegalidades estilo Gestapo y Super Mario Bros, tiene lecturas inconvenientes para la coalición de derecha.

Mauricio Macri y Patricia Bullrich saborean discretamente la encerrona de su principal rival dentro del PRO, Elisa Carrió imparte absoluciones tempranas y la UCR retorna al lugar que más frecuenta: fingir demencia. Iluminados por el fuego, D’Alessandro y Horacio Rodríguez Larreta carecen del privilegio del silencio.

El Jefe de Gobierno y el ministro de Justicia y Seguridad de CABA ensayaron un argumento central para desentenderse de los diálogos en los que el segundo aparecería perpetrando fraudes, sobornos y armado de causas judiciales, probables delitos vinculados a decisiones que competen al primero. Sostuvieron que no corresponde validar informaciones provenientes de una fuente ilegal, como es la filtración de conversaciones privadas.

Elisa Carrió es un ejemplo altisonante de incongruencia al que vale citar por la condición de guardiana moral y lanza judicial que le asigna el ecosistema de Juntos por el Cambio

La bandera del “fruto del árbol prohibido” que levantan el larretismo y Juntos por el Cambio encierra un problema de índole política, pero también jurídica. Si alguien ha venido legitimando hace años supuestas pruebas provenientes de escuchas ilegales y articulación con servicios de Inteligencia estatales o paraestatales fueron los máximos estamentos de JxC. Por ello es que, a la luz de los antecedentes, nadie descarta que este episodio de la saga provenga de la interna del macrismo. Entrevistado por el canal de La Nación, D’Alessandro dejó el mensaje en su siempre sórdida retórica: “Aquéllos que entiendan que pueden sacar una ventajita política, sea de enfrente o sea del costado, que entiendan que este juego es muy peligroso”.

Jurisprudencia con sello JxC

Jueces y fiscales de Comodoro Py, de primera, segunda y tercera instancia, en tándem con la Corte Suprema, se dedicaron a aceptar filtraciones con contenidos mucho menos inculpatorios que los expuestos en el Telegram de D’Alessandro. De manera que el Gobierno nacional, denunciante del funcionario de Larreta, podría buscar en la parte de la biblioteca que matice la validez de la prueba surgida de filtraciones ilegales, o bien citar la jurisprudencia sentada por los doctores Claudio Bonadio, Martín Irurzun y sus colegas visitantes de Olivos, Los Abrojos y Lago Escondido, amos y señores de los tribunales federales.

Elisa Carrió es un ejemplo altisonante de incongruencia al que vale citar por la condición de guardiana moral y lanza judicial que le asigna el ecosistema de Juntos por el Cambio. La exdiputada, hoy protectora de D’Alessandro, centró su carrera en denuncias basadas en fuentes de Inteligencia, muchas veces espurias. Un caso emblemático fue la presentación judicial realizada en 2019 junto a sus laderas Marina Zuvic y Paula Oliveto a raíz de un sobre anónimo que le llegó a Carrió con escuchas a dirigentes kirchneristas y detenidos en el penal federal de Ezeiza, que luego los programas de Jorge Lanata y Luis Majul difundieron como “operación puf”.

Esas transcripciones buscaban desmerecer la supuesta trama extorsiva para arrepentir testigos orquestada por el falso abogado y espía Marcelo D’Alessio, quien tenía como contrapartes presuntamente involuntarias al fiscal federal Carlos Stornelli, al periodista del Grupo Clarín y el programa “Animales Sueltos” Daniel Santoro y a la citada Oliveto (“Negrita”, para el confianzudo extorsionador). El origen ilegal de esa filtración, que los camaristas trasladados por Macri a Comodoro Py todavía se resisten a enterrar, fue doble. El sobre anónimo que la fundadora de la Coalición Cívica dejó asomar por debajo de la puerta suponía de por sí una violación a la intimidad y al derecho básico de defensa de un detenido. Además, los audios habían sido recabados gracias a un montaje judicial para espiar a reclusos en Ezeiza con la excusa de hacer un seguimiento a otro preso. El macrismo utilizó el artilugio varias veces a lo largo de su trayectoria: un juez de cualquier jurisdicción arma una causa y ordena escuchas masivas con criterios muy laxos de tiempo y espacio. Casualmente, el micrófono indiscreto encuentra a adversarios, opositores y cuñados indeseados de Mauricio Macri. Cuando hace falta, las grabaciones llegan a la TV.

La afección de Carrió por las operaciones intoxicadas son variopintas. Por caso, hizo circular una historia falsa de iraníes cruzando el Río de la Plata en Buquebús para llevar a cabo el “asesinato” del fiscal Alberto Nisman y hasta prestó el living de su casa para un testimonio fraudulento que terminó siendo un sketch para el programa de Lanata sobre “la morsa”.

Quizás las consecuencias más graves de una grabación ilegal reciente fueron sufridas por Héctor Timerman, Luis D’Elía y otros apuntados en la causa por el memorándum con Irán. Una ironía ínfima y banal de Timerman, en octubre de 2014, en un diálogo telefónico con el entonces presidente de AMIA, Guillermo Borger, sirvió a Bonadio para reabrir la denuncia de Nisman, que había sido desestimada en tres instancias y archivada. La intervención del camarista Irurzun y dos de los jueces de Casación que visitaban a Macri “por motivos sociales” (paddle, etcétera) fue decisiva para plantar el expediente en el juzgado de Bonadio y validar la escucha ilegal. Varios de los procesados pasaron años en la cárcel y Timerman alcanzó a prestar declaración indagatoria poco tiempo antes de morir, con su salud ultrajada. Todos ellos fueron sobreseídos en 2022.

Telegram sin fondo

La teoría del fruto del árbol prohibido tendrá el previsible destino que le deparen Comodoro Py y la Corte Suprema. No obstante, las sospechas sobre D’Alessandro están lejos de agotarse en las filtraciones —hay pasajes, facturas, licitaciones, contratos de acarreo escandalosos, miles de millones de pesos en juego— y en su propia persona.

La candidatura presidencial de Rodríguez Larreta está ante un problema: nadie sabe cuánto más puede aparecer en el Telegram del ministro en uso de licencia y en el teléfono de Diego Santilli, al que habrían violentado con el mismo método burdo de pedir un nuevo chip en un local de Movistar.

No sólo genera incertidumbre cuánto más hay en el archivo, sino quién lo tiene —rival interno o externo— y cuándo será divulgado. Un derrotero sobre “60 verdes y 50 lucas argentinas; a fin de mes te integro 100%”, fotos y audios de su ministro de Justicia que se desgranen hasta las primarias de agosto o las generales de octubre pueden representar una amenaza insalvable para dominar la agenda electoral. Las condiciones serán injustas, sin dudas, porque ningún allegado a Macri, ni a Bullrich, ni a Javier Milei, ni a Cristina, ni a Alberto ni a quien sea el postulante peronista entregará su teléfono para que le revisen los mensajes.

Los probables peligros por venir explican la contradicción intrínseca de D’Alessandro y Larreta, que navegan a dos aguas entre tachar la filtración como falsa y denunciar el hackeo. Si niegan todo de plano, arriesgan la eventualidad de que aparezcan pruebas incontrastables. Si Larreta respalda a su funcionario a rajatabla, el daño podría tornarse irreparable en el futuro, como si hubiera sido poco lo ya trascendido, por lo que alguna distancia está obligado a tomar, sin provocar la ira del ministro licenciado.

Un derrotero en el que se desgranen más alusiones a '60 verdes y 50 lucas argentinas; a fin de mes te integro 100%', fotos y audios de su ministro de Justicia puede representar una amenaza insalvable para dominar la agenda electoral

Bullrich toma impulso en la encerrona de su rival del PRO para cuestionar la falta de respaldo a su funcionario y atina a dejar la puerta entornada para que D’Alessandro, un manodurista con quien tiene buena relación, cruce de vereda en un mercado de pases en el que viene perdiendo por goleada.

Uno de los principales dirigentes del sector de Bullrich configura el escenario ante elDiarioAR. “Horacio da malas señales respecto de lo complicado que puede estar D’Alessandro al no respaldarlo. No la veo a Cristina soltándole la mano ni siquiera a (el hombre de los bolsos millonarios en el convento) José López, a quien mantuvo hasta el final. Soltarle la mano es darle veracidad a la acusación”.

La segunda tanda de audios de D’Alessandro tiene un alcance de un orden distinto a la de Lago Escondido. Los intercambios de los invitados por el Grupo Clarín al paraíso patagónico expusieron a los viajantes en tanto presuntos receptores de dádivas o sobornos, traficantes de influencias y falsificadores de facturas. A los efectos prácticos, la difusión dificultará los favores que los jueces, ejecutivos del Grupo, espías y funcionarios de CABA pretendían obsequiarse, pero el traslado de la responsabilidad de D’Alessandro a Larreta tiene un alcance limitado.

En cambio, los diálogos con Silvio Robles y el contratista de grúas y estacionamientos Marcelo Violante demostrarían acciones y políticas de las que sería muy dificultoso despegar a la cabeza del Gobierno de la Ciudad. Se trata de decisiones presupuestarias y estratégicas de gran calado.

La fuente que trabaja para la candidatura de Bullrich califica como “un espanto el tema de los servicios y los chats” y amplía su mirada en estos términos. “Lo de Lewis es una cuestión ética, no de corrupción. El problema del político es cuando se asusta. De entrada, D’Alessandro debería haber admitido que fue invitado y se acababa el tema. Lo de las grúas, si fue así, es otra historia: un caso de corrupción mucho más serio”.

Ante la difusión del chat, Robles busca refugio sigilosamente en Comodoro Py. D’Alessandro, en cambio, niega la existencia del diálogo en el que el secretario del supremo Horacio Rosatti le pasa letra judicial y legislativa a la bancada de senadores de la coalición de derecha para la designación de representantes en el Consejo de la Magistratura. Los intercambios también exhibirían promiscuidad en el trato entre ambos en el marco del expediente por la coparticipación de CABA.

Dos datos fortalecen la hipótesis de que el diálogo D’Alessandro-Robles existió. Uno, menor: La picardía del funcionario de la Corte expuesta en la forma de expresarse en el chat es reconocible para cualquiera que haya hablado con él; su huella está ahí. Otro, mayor. Robles habría tecleado las instrucciones el 15 de noviembre pasado. En las 48 horas siguientes, la bancada de senadores de JxC actuó en la línea indicada y Larreta fue la voz cantante.

En cuanto a los presuntos negociados con Violante, la respuesta de D’Alessandro en las pocas entrevistas que concedió fue curiosa. No desmintió lo difundido, sino que pretendió restarle verosimilitud porque la organización de licitaciones de estacionamientos y el contrato de acarreo en manos de Dakota, la empresa de Violante, no estaban bajo jurisdicción del Ministerio de Justicia porteño. Ante ese argumento, la fuente cercana a Bullrich ríe.

Ni hace falta que D’Alessandro aclare que la decisión de prorrogar de facto, año tras año, el contrato vencido con Dakota para el acarreo de vehículos a cambio de $55.000 por mes, equivalente al pago de sólo nueve traslados de vehículos llevados por las grúas que actuaban en banda, fue una decisión del máximo nivel del Ejecutivo porteño. Si “las 60 verdes y las 50 argentinas” fueron sólo una cuota de una coima para uno de los tantos contratos y licitaciones que organiza la Ciudad, mejor no hacer proyecciones.

Un capítulo aparte merece la reacción del mundo periodístico. En estas semanas, se vio el cruce de vereda entre aquéllos que ventilaban cuanta conversación privada de Cristina o un kirchnerista fuera hackeada durante los años de Macri en la Casa Rosada, aunque fueran apreciaciones personalísimas, y quienes rechazaban de plano todo contenido que una filtración de ese tipo, en respeto a la privacidad y los procedimientos institucionales. Los roles se intercambiaron.

Reapareció una tercera variante, muy común en el periodismo: la del cazador cazado. Aquélla que en la primera década del siglo hizo uso y abuso de la pinchadura de mails y teléfonos provistos por una organización residual de la SIDE menemista con una voracidad insaciable, que a su vez fue víctima de operaciones abyectas de la AFI comandada por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani durante el macrismo, y que hoy acude en defensa de Larreta y, sobre todo, de Rosatti, en un repentino frenesí por la legalidad.

SL

Para los jueces que integran la Sala 2 la Cámara Federal porteña no hay pruebas suficientes para que los 19 imputados que integran la Escuela de Yoga de Buenos Aires sigan presos. Por eso resolvieron hoy que todos los acusados podrán seguir el proceso en libertad. De todos modos, la causa sigue abierto y los miembros de la escuela continuarán siendo investigados. Es que en el mismo dictamen la Cámara decidió confirmar parcialmente los procesamientos de los imputados por asociación ilícita, lavado de activos y explotación de personas, pero revocaron la acusación por contrabando.

La Justicia investiga por trata de personas, lavado de activos y ejercicio ilegal de la medicina, entre otros delitos a la Escuela de Yoga de Buenos Aires a partir de una denuncia que recibió la PROTEX el año pasado. Hay 19 imputados, algunos con arresto domiciliaria, y ocho prófugos. Todos son miembros de la Escuela y tenían puestos jerárquicos altos dentro de la organización. Según la causa, los delitos se habrían cometido entre 2004 y agosto. La Escuela de Yoga de Buenos Aires funcionó ininterrumpidamente desde fines de la década del ochenta. Esta es la tercera vez que la Justicia la investiga.

Para los jueces Martin Irurzún, Eduardo Farah y Roberto Boico, el delito de trata de personas constituye “el aspecto central de la causa” pero, de acuerdo al dictamen, la prueba rendida impide hasta ahora confirmarlo. Por un lado las mujeres que declararon en Cámara Gesell como supuestas víctimas de trata para explotación sexual no se reconocieron como tales. Tampoco “se hicieron los peritajes correspondientes”, sigue el dictamen.

La resolución beneficia a los principales acusados: Juan Percowicz, acusado de ser el jefe, y como partícipes a Susana María Barneix, Marcela Alejandra Sorkin, Susana Mendelievich, Gustavo Anibal Rena, Mario Alberto Leonardo, María del Carmen Giorgi, Georgina Ivone Hirschfeld, Marcela Arguello, Daniel Gustavo Fryd Trepat, Daniel Eloy Aguilar, Carlos Barragán, Mariano Krawckyz, Luis Mario Romero, Alicia Arata, Horacio Sebastián Vesce, Silvia Herrero, Federico David Sisrro y Ruth Viviana London.

Respecto del contrabando, los jueces que integran la Sala 2 afirman que las tres personas que fueron detenidas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza -iban a los Estados Unidos- llevaba gran cantidad de medicamentos. Sin embargo, “los medicamentos iban en los bolsos de mano, es decir que estaban en condiciones de ser hallados facilmente”.

Mas adelante en el dictamen, sobre el lavado de activos dice: “por el momento no puede verse un origen ilícito en los bienes ni puede relacionase los bienes con la actividad de trata de personas”. 

El dictamen también se refiere al delito de asociación ilícita pero sostiene que faltan precisiones en torno “a las supuestas actividades ilícitas llevadas a cabo por EYBA”.

De la lectura de las 79 páginas del fallo surge que tanto Irurzun como Boico e Irurzun coincidieron en que si hay pruebas suficientes como acreditar la materialidad de los hechos.

Así, en uno de los tramos, Boico sostuvo: “Para lograr concretar sus fines, estas personas se habrían aprovechado y valido de quienes, a través de los años y dada su condición de alumnos de la escuela, habían generado un vínculo emocional e ideológico que se tradujo en una total confianza y entrega a cualquiera de las exigencias que les eran formuladas. De allí que la trata de personas con fines de explotación sexual fuera uno de los principales planes ilícitos concretados”.

Y luego continuó: “No caben dudas que el caso presenta otras particularidades según las cuales reducir el análisis del quiebre de la autonomía de la voluntad a la coerción -física o psicológica- es simplificar un complejo mecanismo que puede contener otras formas de condicionamiento que no se perciben como violentos o agresivos, pero cuya capacidad de persuasión es igualmente efectiva para restringir -o anular- la autodeterminación”.

En resumen, para la Cámara hay sospechas que rodean al funcionamiento de la organización pero no hay una cantidad suficiente ni solida para que los 19 imputados sigan presos.

VDM/MG

La Cámara Federal porteña confirmó el martes último el procesamiento del exfuncionario Gustavo Marcelo Gentili por los presuntos delitos de negociaciones incompatibles y lavado de activos, según el fallo al que accedió elDiarioAR. Gentili se desempeñó como titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), entre 2008 y 2015, durante el último gobierno de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y cumplió un rol central en el manejo del dinero de los peajes que millones de usuarios pagan de su bolsillo al transitar por las rutas.

A finales de marzo, el juez federal Sebastián Casanello procesó a Gentili; a su segunda esposa y también exfuncionaria, Laura Andino; a su hermano y a otros cinco imputados que habrían actuado como sus prestanombres o cómplices en la adquisición de una consultora privada y en el supuesto desvío de un millón de dólares, como adelantó este medio. Si bien los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, de la Sala II del tribunal de apelaciones, confirmaron los procesamientos, declararon la nulidad de los montos embargados por el juez de primera instancia, de entre $900 millones y $400 millones. También revocaron las prohibiciones de salida del país a los procesados, medidas que habían sido dictadas por Casanello. 

La investigación del juzgado federal número 7 sostiene que Gentili participó en el armado de los pliegos de al menos dos licitaciones públicas entre 2008 y 2010 (peajes de los corredores viales número 4 y 8) que exigían que los postulantes realizaran sus ofertas con el “aval técnico” de una “constructora especializada” para la realización de estudios económicos y ambientales, según el procesamiento. 

Los dos grupos de empresas que ganaron las licitaciones de los corredores fueron los que contrataron para esa tarea a Consular, que sería del exfuncionario Gentili .El corredor 4 fue adjudicado a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Carreteras Centrales de Argentina SA, integrada por CCI Construcciones y Corsan Corviam Construcciones SA; mientras que el corredor 8 se adjudicó a Corredor Central SA, una alianza entre Supercemento, Petersen, Thiele y Cruz SA y Polan SA. No se conocen aún las explicaciones sobre sus motivos para contratar a Consular y si habrían o no incurrido en alguna irregularidad. 

Gentili presidía entonces la “Comisión de Concesiones” que analizaba las ofertas de las compañías y que debía emitir las recomendaciones finales. Además, la contratación de la consultora sólo podía modificarse con la autorización previa del organismo que dirigía Gentili, el Occovi, según consta en el procesamiento. 

Como parte del negocio, la consultora no sólo ganaba contratos para hacer los estudios exigidos por el Occovi sino que además seguía cobrando a lo largo de la concesión, durante años: debía ser contratada por las concesionarias para la elaborar los proyectos de obra e ingeniería para los corredores, según la documentación secuestrada y analizada por el juzgado. Consular se llevaba así el 1,5% de lo que el Estado le pagara por la concesión a las empresas, admitieron dos de los socios ante el juez.

Vínculos con la consultora

Según la investigación, en 2005, Gentili y dos empresarios habrían adquirido Consular, sólo que Gentili lo habría hecho a través de un presunto prestanombre: su abogado Ricardo López Naon, quien se negó a declarar ante el juez durante su primera indagatoria.

La segunda esposa de Gentili, Laura Andino, era entonces interventora del Estado en Autopistas del Sol (entonces a cargo de un consorcio integrado por Sideco, de la familia Macri). Pero además, trabajó en Consular realizando tareas administrativas, según explicó en un escrito ante el juzgado, en el que sostuvo que no participó de ninguna decisión contable, comercial o financiera.

Entre otras pruebas recolectadas por el juzgado, se estableció que Gentili y su esposa también utilizaban un Audi A3 que pertenecía a uno de los socios visibles de Consular, explicó el juez, y que el funcionario era copiado en los e-mails que intercambiaban los socios visibles de la consultora. Uno de ellos, incluso, registra, hasta 2011, 1.340 entradas al country donde viven Gentili y Andino.

La sospecha de lavado

El expediente tiene un segundo capítulo enfocado en el patrimonio de Gentili y su relación con sociedades en el extranjero, según informó una fuente judicial del caso.  El matrimonio también está imputado por el supuesto desvío de alrededor de un millón de dólares a partir de 2013, a través de transacciones con presuntos prestanombres, sociedades extranjeras, préstamos simulados y compra de bonos. Parte de ese dinero, fue utilizado para la refacción de la casa del country donde vivían pero otra porción de los fondos tiene destino incierto para los investigadores, según confirmó una fuente directa del expediente.

Durante su primera indagatoria ante el juez, Gentili se negó a declarar pero presentó un escrito en el que negó su participación en los hechos; sostuvo que en el análisis de las licitaciones investigadas habían participado unas 40 personas; que se aceptaron las ofertas más económicas para el Estado; y que su dictamen a favor de adjudicar los peajes a las dos empresas ganadoras no era vinculante. Ante la Cámara Federal, su abogado dijo que el acuerdo entre la consultora y las concesionarias de los corredores 4 y 8 era un acuerdo entre privados. 

En 2016, Gentili fue blanco de los Panamá Papers por la vinculación de su hermano con la sociedad offshore Rocma Equities Corporation, radicada en las Islas Vírgenes Británicas, como publicaron el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario La Nación. Dicha offshore es una de las compañías en la mira del juzgado.

La empresa Consular, por otra parte, sigue operando en el mercado de la obra pública. En una presentación ante el juzgado, los socios de la consultora solicitaron que se levante la inhibición general de bienes que pesa en su contra (una medida que se extendió a todos los imputados) para poder continuar en el registro de proveedores del Estado. Según los representantes de la compañía, sus principales clientes actualmente son los gobiernos provinciales y la inhibición les impide licitar y afrontar sus gastos, lo que, sostienen, podría llevar a Consular a la quiebra.

ED

La Corte Suprema puso este miércoles un límite al intento de Farmacity de expandir su negocio en la provincia de Buenos Aires. La decisión del máximo tribunal llegó a casi una década desde que empezó el reclamo de la cadena de farmacias fundada por Mario Quintana, exvicejefe de Gabinete de Mauricio Macri, como adelantó elDiarioAR el 6 de junio.

La empresa cuestionaba la normativa provincial que regula quiénes pueden ser propietarios de farmacias en territorio bonaerense que excluye a las sociedades anónimas. La Corte determinó que “el legislador local ha ejercido sus facultades en forma razonable, basándose en principios de salud pública, ampliando la protección de los pacientes”, explicó un comunicado del máximo tribunal.

El reclamo de Farmacity fue analizado por cuatro jueces. La decisión final fue firmada por tres de los jueces que intervinieron en el caso: Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Martín Irurzun (presidente de la Cámara Federal porteña, quien participó como conjuez convocado exclusivamente para este caso). La segunda conjueza convocada para analizar el caso, la presidenta de la Cámara Federal de Corrientes, Mirta Gladis Sotelo de Andreu, votó en disidencia. 

La exclusión de las sociedades anónimas como sujetos que pueden ser propietarios de establecimientos farmacéuticos en el territorio de la Provincia de Buenos Aires constituye una reglamentación razonable.

El tribunal estuvo integrado de esa manera porque los jueces Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti se excusaron, mientras que Juan Carlos Maqueda no votó. El presidente de la Corte debió apartarse del caso debido a que fue abogado de Farmacity y el estudio jurídico que integraba lleva adelante la demanda ante el máximo tribunal. El juez Rosatti se excusó después de que la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) pidiera su apartamiento. El argumento de COFA fue que la directora del área jurídica de Farmacity, Andrea Gualde, trabajaba junto a Rosatti cuando el actual juez era el Ministerio de Justicia de Néstor Kirchner. 

Los fundamentos del fallo

En el fallo de este miércoles, los jueces Lorenzetti y Highton indicaron que “la norma impugnada (por Farmacity) pretende proteger la salud de quienes consumen medicamentos, que constituyen un grupo especialmente vulnerable”, según explicó un comunicado de la Corte. “En este sentido, se consideró que la parte actora no había probado que la aplicación de la ley provincial entorpecía severamente la política nacional”, ya que “son normas complementarias que pretenden avanzar en la concreción de políticas públicas comunes en orden a la protección de derechos fundamentales de la población y, en particular, de los consumidores de productos farmacéuticos”, agregó el comunicado que resume los principales puntos del fallo.

Lorenzetti y Highton también consideraron que “la exclusión de las sociedades anónimas como sujetos que pueden ser propietarios de establecimientos farmacéuticos en el territorio de la Provincia de Buenos Aires constituye una reglamentación razonable, pues no vulnera la libertad de comercio ni el derecho a la igualdad” y que “la exigencia de la titularidad de las farmacias limitada a los sujetos indicados en la norma busca garantizar la independencia profesional real para evitar que, eventualmente, se afecte el nivel de seguridad y calidad del abastecimiento de medicamentos a la población”.

El juez Irurzun afirmó en su fallo que las limitaciones de la ley bonaerense no van en contra de “los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional” y que los legisladores de la provincia, al sancionar dicha ley, entendieron que “sólo determinadas formas societarias por sobre otras permitirían cumplir más adecuadamente los fines” de protección de la salud y que eligió “un modelo en el cual el conocimiento, la inmediatez, la responsabilidad y la individualización de quien lo dispensa prevalece por sobre todo interés comercial”.

Ante la consulta de elDiarioAR a voceros de Farmacity, la compañía “lamentó el fallo que dificulta a los bonaerenses tener más acceso a la salud tal como era nuestro propósito que, entendíamos, estaba plenamente ajustado de derecho”. Pese a su desacuerdo con la decisión de los supremos, la empresa afirmó que continuará “con total apego a las leyes dentro del marco definido por el fallo de la CSJN, invirtiendo y trabajando para llegar a la mayor cantidad de habitantes de la provincia, generando empleo de valor, y colaborando con los distintos actores del sistema de salud para potenciar el modelo sanitario”. Tal fue la respuesta difundida por su equipo jurídico y de comunicación.

El voto en disidencia

La jueza Sotelo de Andreu falló a favor de Farmacity y entendió que “la norma en cuestión carecía de razonabilidad” ante la imposibilidad de advertir “cuál es la finalidad pública perseguida al excluir a ciertos tipos societarios de la posibilidad de ser propietarios de establecimientos farmacéuticos”, dice el comunicado que resume el fallo. Además, la magistrada consideró que había “una violación al principio de igualdad, al permitir a ciertas personas jurídicas ser propietarias de farmacias y a otras no”.

El legislador (bonaerense) eligió un modelo en el cual el conocimiento, la inmediatez, la responsabilidad y la individualización de quien lo dispensa prevalece por sobre todo interés comercial.

Antecedentes

La empresa fundada por Quintana busca desde 2012 desembarcar en la provincia de Buenos Aires. Patrocinada por el estudio Bouzat, Rosenkrantz & Asociados, Farmacity planteó la inconstitucionalidad de un artículo de la ley bonaerense, que excluye a las sociedades anónimas de la lista de titulares de farmacias. Su planteo fue rechazado en primera instancia, por un tribunal de apelaciones y por la Corte provincial. En 2017, el caso llegó a la Corte Suprema de la Nación. 

En abril de 2018, el procurador interino Eduardo Casal (ahora en la mira del Gobierno) opinó en favor de Farmacity. Casal firmó un dictamen avalando el pedido de inconstitucionalidad de la empresa, en contra de una resolución previa del Ministerio de Salud bonaerense.

ED

Aunque existen decenas de tribunales de apelaciones en la Justicia, para el sistema político, “la Cámara” es una sola: funciona en el segundo piso de Comodoro Py 2002 y se ocupa de confirmar o rechazar las decisiones de los jueces en lo criminal y correccional federal de primera instancia, que tienen a su cargo las causas de presunta corrupción de los funcionarios del poder central. 

El gobierno de Alberto Fernández apuesta a nombrar a tres de los seis jueces de esta instancia y puede convalidar el regreso de un cuarto, lo que le permitiría rediseñar la mayoría del tribunal. Dos sillas de la Sala II están vacantes y otras dos de la Sala I están ocupadas por Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, jueces trasladados sin intervención del Senado durante el macrismo que deben regresar a sus tribunales de origen una vez que la cámara alta concluya sus reemplazos definitivos, según dispuso la Corte Suprema hace dos meses.

Durante la última semana, elDiarioAR consultó a camaristas, excamaristas, candidatos a camaristas, asesores del Consejo de la Magistratura, jueces y fiscales de primera instancia, abogados, especialistas y exfuncionarios del tribunal de alzada porteño. Sin excepción, coinciden en que se trata del tribunal “más político” o “el más sensible a la política”, después de la Corte Suprema, sobre la que, en los últimos meses, se posaron las críticas del oficialismo. Detrás de la tensión del kirchnerismo con el máximo tribunal, estaba, en parte, la conformación de la Cámara y la salida o permanencia de Bruglia y Bertuzzi. 

Los consultados también concuerdan en que los sucesivos oficialismos y opositores han preferido la demora programada de los concursos para completar las vacantes y la intromisión o intentos constantes de influencia de los servicios de inteligencia y los operadores judiciales en el segundo piso del edificio de Retiro.

El poder de los camaristas reviste en sus facultades para revisar procesamientos; avalar o revocar prisiones preventivas; disponer sobreseimientos de funcionarios o exfuncionarios procesados; o, por el contrario, dejar esas decisiones de primera instancia sin efecto. Ordenan a los jueces medidas de prueba, como peritajes y testimoniales, que pueden ayudar a profundizar una investigación, pero también a dilatar el desarrollo del caso, según las versiones contrapuestas entre camaristas y algunos de los jueces de instrucción consultados. También deciden sobre la disputas de competencia entre jueces y el cierre de causas.

Desde 2008, el poder político evitó completar el tribunal mediante concursos, según los registros oficiales, y evitaron así el acuerdo del Senado para nombrar a los jueces. En su lugar, dejó las vocalías vacantes y nombró a jueces interinos. 

Un tribunal “regulador”

Sus fallos más resonantes de los últimos años incluyen la nulidad de las escuchas del caso Skanska (que dejó en suspenso durante años al primer gran caso de presunta corrupción durante el kirchnerismo); la inconstitucionalidad del pacto con Irán; la denominada “doctrina Irurzun”, que ordenó avanzar con las prisiones preventivas de los exfuncionarios kirchneristas por su supuesta influencia “residual” en el Estado; la falta de mérito del entonces procesado presidente de Techint, Paolo Rocca, en el caso Cuadernos; la primera excarcelación del empresario Cristóbal López en 2018; y el archivo y el desarchivo de la denuncia de Alberto Nisman; y la consideración de que el fiscal fue asesinado. 

También, la confirmación de varios de los procesamientos de Cristina Fernández de Kirchner; el aval de las declaraciones de los arrepentidos del caso Cuadernos; y la declinación de competencia para investigar los supuestos aportes truchos de la campaña de Cambiemos; entre otros.

“La Cámara Federal se ha vuelto poderosa, en parte, porque ha avanzado en darles órdenes a los jueces federales de primera instancia y eso la ha convertido en un actor influyente y un centro de vínculos con los operadores judiciales”, afirmó Alberto Binder, presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), en diálogo con elDiarioAR.

Binder, quien asesoró a más de diez países de América latina en sus reformas judiciales -incluida la Argentina-, sostuvo que la Cámara “es, también, una reguladora del manejo de la intensidad de los casos” que involucran a funcionarios y exfuncionarios, empresarios y en algunos casos, a los propios jueces y fiscales federales.

Vacantes

La Cámara debería estar compuesta por seis jueces, pero desde 2008, siempre hay vacantes. Cada juez debe ocupar una vocalía. Tres sillas son de la Sala I y otras tres, de la II. Cada sala maneja sus casos, los cuales se les asignan por sorteo una vez que las partes apelan la decisión de un juez de primera instancia. 

Las jubilaciones, renuncias y eyecciones de algunos camaristas, sumadas al nombramiento de jueces interinos y dilaciones de los concursos, lograron que, actualmente, sólo dos de los 6 cargos en el “tribunal más político” estén ocupados por titulares, que sólo pueden ser removidos por juicio político. 

“En cada café te queda un jirón de independencia”, dijo un magistrado que concursó en vano para llegar a la Cámara.

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El tribunal es presidido desde hace once años por Martín Irurzun, integrante de la Sala II. Su padre era asesor de un abogado de Raúl Alfonsín, pero fue Carlos Menem quien lo ascendió de primera instancia a camarista en 1994, con acuerdo del Senado. Desde entonces, es el único miembro de la Cámara que permanece. “Maneja la relación con los jueces de primera instancia”, explica una fuente del tribunal y confirman magistrados de instrucción. 

Durante el macrismo, Irurzun también quedó al mando de la oficina de escuchas telefónicas de la Corte y jugó un rol central en la fluida relación entre Comodoro Py y el expresidente del máximo tribunal Ricardo Lorenzetti, según los jueces consultados. La oficina de escuchas recibió críticas de dirigentes kirchneristas por los audios con conversaciones privadas de Cristina Fernández y otros opositores de Macri que llegaron a manos de medios de comunicación.

El único titular de la Sala I es Mariano Llorens, nombrado por el gobierno de Macri en 2018, tras haber sido uno de los siete finalistas de un concurso que se demoró 10 años.

Los otros dos miembros de la Cámara son Bruglia y Bertuzzi, quienes fueron trasladados desde otros tribunales, también a instancias del macrismo, pero tienen fecha de caducidad en el cuerpo tras la decisión de a Corte. 

El regreso

En el corto plazo, el Presidente debe convalidar el regreso del juez Eduardo Farah, quien llegó a la Sala II por concurso en 2008, pero solicitó su traslado en 2018, luego de haber ordenado junto a Jorge “Pati” Ballestero la excarcelación del empresario Cristóbal López en el caso Oil Combustibles. 

Las “presiones políticas y mediáticas” llevaron a Farah a pedir su traslado a otro tribunal, según argumentó. Ambos camaristas fueron denunciados por voces macristas de haber recibido supuestos sobornos, acusación que no levantó vuelo. El juez federal Luis Rodríguez dictaría sus sobreseimientos en diciembre de 2019. 

El 10 de noviembre último, Farah solicitó regresar a su cargo en la Cámara, según el escrito que presentó ante el Consejo de la Magistratura.  

Durante los dos gobiernos de Fernández de Kirchner, Farah ocupó la vocalía de la Sala II que ganó por concurso y subrogó una vacante en la Sala I durante ocho años (2008-2016). Al estar en ambas salas, intervenía en todos los casos que llegaban al tribunal de revisión. 

Javier Fernández negó haber intervenido en el regreso de Farah a la Cámara. “Eduardo (Farah) es mi mejor amigo, fuimos compañeros desde el jardín hasta la secundaria. Es brillante. Yo vi lo que sufrió, pero yo no garantizo nada”.

A pesar de ser considerado por sus colegas como un juez formado, su poder se le atribuyó en parte a su amistad con el auditor general de la Nación Javier Fernández, sindicado por los off the record como el “operador judicial” de la entonces Secretaría de Inteligencia. Fernández, que representa al peronismo en la Auditoría General de la Nación (AGN), siempre negó ese rol. Farah desmiente que el auditor tenga influencia sobre sus decisiones, según explicó un allegado al magistrado.

“Toque de suerte”  

Javier Fernández asegura que sólo se dedica a la AGN. En diálogo con elDiarioAR, negó haber intervenido en el regreso de Farah a la Cámara. “Eduardo es mi mejor amigo, fuimos compañeros desde el jardín hasta la secundaria. Es brillante. Yo vi lo que sufrió, pero yo no garantizo nada”, afirmó. “Son decisiones de la política”, agregó Fernández.

El auditor también negó haber sido “el puente” entre quienes aspiran a la Justicia federal y la ex-SIDE. Asegura que no ve ni habla con Jaime Stiuso, exjefe de los espías, desde hace años. Sostiene que tampoco habla desde hace seis con su hermano Sergio Fernández, presidente de otro poderoso tribunal de apelaciones: la Cámara Contencioso Administrativa, donde se dirimen los casos contra el Estado nacional y se juegan intereses millonarios. 

Fernández reitera una frase que le dijo a La Nación hace unos días: “Mi jefa política es Cristina Fernández de Kirchner”. “Soy peronista y el peronismo es vertical, se encolumna debajo de su líder”, proclamó.

En septiembre de 2018, Fernández fue procesado por presunta asociación ilícita en el caso Cuadernos, porque en las anotaciones del chofer Oscar Centeno se señalaban visitas a su casa para llevar dinero. También por las declaraciones del exjuez Norberto Oyarbide, quien acusó a Fernández de haberlo amenazado para acelerar un sobreseimiento al matrimonio Kirchner en una causa por enriquecimiento ilícito. 

La Sala II de la Cámara revocó el procesamiento. Luego, el influyente Fernández fue sobreseído por el juez Martínez De Giorgi. 

“Apoyos”, “impulsos”, “ayuda”, “toque de suerte” son algunos de los términos que utilizan los jueces y candidatos a jueces para definir el ingrediente central de la receta para llegar. “Podés salir primero en el concurso, en los exámenes, en la evaluación de antecedentes, pero si no te elige la política, no llegás”, explica un magistrado.

Mencionan haber tenido que “tomar café” con los radicales Darío Richarte y “Coti” Nosiglia, entre otros. Durante el macrismo, con Daniel “Tano” Angelici, quien al cierre de esta edición no había respondido la consulta de este medio. Se encontraba de viaje, dijo un allegado.

“En cada café te queda un jirón de independencia”, dijo un magistrado que concursó en vano para llegar a la Cámara.

“El Coti siempre que pudo dar una mano, lo hizo, a quien consideraba que se lo merecía, pero desde su rol en la política, no relacionado a los servicios de inteligencia que le atribuyen”, respondió una persona cercana al histórico dirigente radical.

“Su influencia viene por su rol en la Facultad de Derecho”, afirmaron cerca de Richarte, quien se desempeñó como número dos de la disuelta Secretaría de Inteligencia durante el gobierno de Fernando de la Rúa; encabeza el estudio jurídico que defendió a Amado Boudou en la causa Ciccone; y fue vicerrector de la UBA.

El Consejo de la Magistratura, que elige y controla a los jueces, tomó este jueves dos decisiones centrales en torno a la Cámara: además de disponer el retorno de Farah, aprobó las ternas de candidatos para una vacante en la Sala I del tribunal. El debate en el plenario puede verse en video en este link. 

En el primer lugar de la terna se encuentra Diego Amarante, titular del juzgado en lo Penal Económico número 5; seguido por Roberto José Boico, uno de los abogados de la vicepresidenta Fernández de Kirchner; y en tercer lugar, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. 

Operadores y servicios

Durante los últimos gobiernos, ningún ministro de Justicia logró hacer pie en los tribunales federales de Comodoro Py. La influencia o intentos de influir sobre los jueces y fiscales quedaron en manos de “operadores informales” o “mesas judiciales”, reconocen magistrados, abogados y exmiembros de la Cámara consultados.

Binder dice que “el método tradicional de manipulación de la Justicia se está desarmando y están tratando de construir uno nuevo”. Pero duda que puedan hacerlo. “El vínculo con los servicios de inteligencia no ha desaparecido por completo, pero con las medidas tomadas (por Alberto Fernández) ha mermado considerablemente porque la AFI ya no juega de esta manera”. La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) está intervenida y ya no presta servicios como auxiliar de la Justicia.

A eso, agregó Binder, se sumó la pandemia. “No hay charlas en los bares ni en los despachos”.

“No es tan así. Todos tenemos carrera judicial que precede a las relaciones que nos adjudican” con la política“, sostuvo un magistrado. ”No voy a negar esas relaciones y amistades. No voy a negar que algunos de nosotros conocemos a (Jaime) Stiuso, pero a nosotros no nos llaman para darnos órdenes“, afirmó.

El fiscal federal Federico Delgado, autor de República de la Impunidad, sostiene que “la Justicia está privatizada y la Cámara Federal representa muy bien eso. El problema no son sólo los jueces, es el dispositivo institucional lo que está agotado”, agregó. 

La Justicia también intenta influir en la Justicia, dice Binder. “Están las llamadas de teléfono entre miembros de la Corte, miembros de la Cámara, jueces de primera instancia y un mundo que funciona como una gran caja de favores”, afirmó. “Sacando a algunos jueces, la mayoría son parte de ese sistema, no víctimas que reciben presiones de seres poderosos que los doblegan. Es un juego de poder donde participan permanentemente”, sostuvo. 

Los camaristas, a su vez, tienen sus propias alianzas internas con otros miembros del tribunal y con miembros de la Corte, que nunca son estancas, según explican. Varían con los tiempos políticos y con la temperatura de las relaciones personales y las pujas por la resolución de un caso donde las posturas están encontradas. 

Eyecciones y traslados

Dos crisis profundas atravesaron al tribunal de apelaciones en los últimos dos años. La primera ocurrió entre 2016 y 2018. Eduardo “Chiche” Freiler llegó a la Cámara por concurso a finales de 2004 e integraba la Sala I, sindicada más tarde por un sector de los medios como “la sala K”, por sus fallos “favorables” al gobierno de turno.

La Sala I avaló el procesamiento de Macri en la causa de las “escuchas ilegales”. Años más tarde, ya electo presidente, el fundador del PRO fue sobreseído en el caso. Freiler siempre sostuvo haber actuado conforme a sus convicciones.

Tras la asunción de Macri, en 2017, el oficialismo promovió el juicio político de Freiler por “mal desempeño por el crecimiento injustificado de su patrimonio”, según la acusación en el Consejo de la Magistratura. El juez se rehusó a renunciar y fue destituido en noviembre de ese año, escándalo mediante por el procedimiento en el Consejo, cuando el entonces oficialismo aprovechó una efímera vacante mientras un legislador del kirchnerismo aguardaba que Lorenzetti le tomara juramento. Actualmente, Freiler se dedica a la abogacía.

En 2018, su compañero de sala, Ballestero, terminó jubilandose de manera anticipada a sus planes, tras votar junto con Farah la excarcelación de Cristóbal López.

“El vínculo con los servicios de inteligencia no ha desaparecido por completo, pero con las medidas tomadas (por Alberto Fernández) ha mermado considerablemente porque la AFI ya no juega de esta manera” (Binder)

A Ballestero, intentar conservar su cargo le costó tener que vender su casa en el Mayling Club para refugiarse de los escraches de vecinos. Le pusieron siete stents coronarios en un lapso de seis meses. Pero, a diferencia de Freiler, logró irse con una jubilación de privilegio, que ronda el medio millón de pesos mensuales, confirmaron cerca del exjuez.

Actualmente, se dedica a la profesión y asesora a un consejero de la Magistratura que trabajó activamente por la salida de los camaristas Bruglia y Bertuzzi; que tuvo una injerencia clave en el regreso de Farah; y que intervendrá en los concursos.   

B y B

Entre 2016 y 2018, el gobierno de Macri promovió los traslados de dos jueces para ocupar las vacantes en la Sala I. El primero en llegar fue Bruglia, en 2016. Estaba en el Tribunal Oral Federal 4 de los tribunales de Comodoro Py. Dos años después, fue trasladado Bertuzzi, desde el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata.

Los traslados fueron solicitados por los jueces, aprobados por el Consejo de la Magistratura, el Ejecutivo y la Corte. Dos años después, tras la asunción de Fernández, los mismos poderes avanzaron sobre sus propias decisiones. 

En 2020, el Consejo activó la revisión de los traslados, que consideró “inconstitucionales”; el Senado los revisó; Bruglia y Bertuzzi se negaron a rendir cuentas ante la cámara alta y el oficialismo votó por correrlos de sus cargos; el Presidente ordenó en septiembre que sean apartados.

Bruglia y Bertuzzi defienden sus traslados, basándose en la aprobación que realizó en su momento la propia Corte. En noviembre, el máximo tribunal sostuvo que un traslado sin ano es definitivo y que los que han terminado siéndolo obedecen a “costumbres inconstitucionales”.

“El poder de la Cámara tiene plazo fijo”, dijo un camarista. “Con el nuevo Código Procesal, pasará a ser un tribunal que decida si una causa va o no a juicio”. Sin embargo, los casos ya abiertos seguirán funcionando con las reglas actuales, explicó. 

ED