“Estados Unidos ha sido muy claro en que quiere dividir a Europa. No les gusta la Unión Europea”, comentó la jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, en una entrevista en Financial Times. La jefa de la diplomacia europea puso sobre la mesa abiertamente que unos antiguos aliados como EE.UU. utiliza tácticas usadas por “nuestros adversarios” contra Europa. Aunque los movimientos de la Administración de Donald Trump son evidentes contra la UE, hasta ahora ningún representante institucional de las instituciones europeas se había posicionado tan claramente frente a las posiciones beligerantes de EE.UU.

El presidente de los EE.UU. colocó a la Unión Europea en su punto de mira convirtiendo a antiguos aliados en dos bloques enfrentados. Aunque en un primer momento Trump focalizó la pugna con Europa en el ámbito comercial, con la imposición de aranceles o en defensa de las grandes corporaciones tecnológicas estadounidenses, su obsesión por hacerse incluso mediante una acción militar con Groenlandia, un territorio perteneciente a Dinamarca, rompió todas las líneas rojas en las relaciones transatlánticas.

Kallas afirmó que los 27 miembros de la UE tienen posiciones diferentes sobre cómo manejar la relación con Estados Unidos. Solo hay que ver el ridículo que hizo en canciller alemán, Friedrich Merz en el despacho oval cuando Trump atacó delante de él al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, o las diferentes posturas europeas frente a la ilegal guerra contra Irán. “Nuestra respuesta no debería ser ‘Oh, tratemos [con Trump] bilateralmente’, sino... ‘juntos tratemos con ellos’... no les gusta que estemos juntos porque nos convertimos en un poder igual que ellos cuando nos unimos”, racalcó Kallas.

El ataque contra Irán, sin avisar a los aliados europeos, que está provocando un fuerte incremento del precios de la energía que puede desembocar en una crisis económica mayor, está acrecentando aún más el rechazo desde la UE a las actuaciones de la Administración Trump.

“Estamos teniendo una relación muy complicada. Si lees la estrategia de seguridad nacional y la estrategia de defensa nacional [de EEUU], creo que no debería haber ninguna ilusión”, afirmó Kallas. En estos documentos, EE.UU. celebra “con gran optimismo” la “creciente influencia de los partidos patrióticos europeos”, que abogan por la desaparición de la UE, y se señaló que el “declive económico” de Europa “se ve eclipsado por la perspectiva real y más cruda de la desaparición de la civilización”. Además, Trump trata de dedicar menos recursos a la defensa de Europa, lo que provocó movimientos en la UE para crear su propio ejército y tener su propia capacidad disuasoria nuclear a través de Francia.

En este sentido, Kallas aseguró que la soberanía defensiva a corto plazo no es posible pero sí emprender el camino para avanzar en la independencia de la UE: “Necesitamos comprar a Estados Unidos porque no tenemos los activos, las posibilidades ni las capacidades que necesitamos. Al mismo tiempo, también necesitamos invertir en nuestra propia industria de defensa... no poner todos los huevos en la misma canasta”.

Trump no dudó en lanzar amenazas constantes a los países europeos que se posicionaron contra algunas de sus políticas. La jefa de la diplomacia europea admitió que “si se dan pasos firmes, también tiene un efecto de represalia, es doloroso. Pero a largo plazo creo que debemos ser fuertes porque esto es lo que ellos también entienden”.

Pedro Sánchez defiende el “no a la guerra” de España como una posición de principios, no de oportunismo político. En esta entrevista con elDiario.es, el presidente del Gobierno español defiende la coherencia de su política exterior, rechaza el giro de Von der Leyen, descarta adelantar las elecciones y asume la responsabilidad por los casos de corrupción en el PSOE.

“Cuando hemos dicho ‘no a la guerra’ ha habido una ola de orgullo de ser español no solamente dentro de nuestro país, sino también por parte de muchas sociedades a lo largo y ancho del planeta”, reivindica. A su juicio, dar respuesta a “la ola reaccionaria en España, Europa y el mundo” es “una obligación para el Gobierno de coalición progresista”. 

—¿Le preocupa una represalia de Donald Trump contra España?

—No. La posición de España es coherente a lo largo del tiempo en las sucesivas guerras que hemos vivido ya desde hace cinco años: la de Putin en Ucrania, la de Gaza... La defensa de la legalidad internacional es una posición consistente por parte del Gobierno de España. En segundo lugar, pertenecemos a un espacio que es la Unión Europea, y la Comisión Europea ha sido muy clara al respecto. Y finalmente, porque creo que la coacción no es el camino. Ser aliado de Estados Unidos no es decir sí a todo.

—¿Se ha sentido respaldado por el resto de los países europeos ante el anuncio de un bloqueo comercial a España?

—Dentro de la Unión Europea no ha habido una posición común, como sí hubo con Ucrania. Pero España siempre ha mantenido lo mismo, con Ucrania, con Gaza o con Irán: la defensa del derecho internacional. Ha sido una posición de coherencia que ha conectado no solamente con determinados gobiernos europeos, que han ido girando su posición a lo largo de estos últimos días, sino también con buena parte de la sociedad y la opinión pública europea, que está en contra de una guerra que no va a traer nada bueno y que nos retrotrae al año 2003, cuando se produjo la guerra de Irak. Habrá proyectos políticos que defiendan la guerra en Irán, pero creo que no han aprendido nada y que continúan equivocándose en todo.

—Von der Leyen plantea que Europa necesita una política exterior más realista y que no se puede confiar en el sistema basado en reglas. ¿Qué le pareció esta propuesta de la presidenta de la Comisión?

—Hay elementos de su discurso con los cuales España puede estar de acuerdo. Por ejemplo, el caso de la política comercial o también el respeto al derecho internacional y la soberanía nacional con Groenlandia. Pero desde el punto de vista de la política exterior española, nos sentimos mucho más cómodos con el planteamiento que ha hecho el presidente del Consejo [Europeo], Antonio Costa. 

‘El mundo de ayer’ es el mundo sin reglas. El dilema no es un viejo orden versus un nuevo orden, es un orden internacional versus el desorden internacional, que nos llevó a dos guerras mundiales. El mundo está cambiando, pero los valores y principios de la Unión Europea no deberían cambiar.

—¿Le llamó Von der Leyen antes de este discurso? ¿Ha hablado con ella recientemente?

—No. Evidentemente, es el posicionamiento de la presidenta de la Comisión Europea. Ayer [por el lunes] sí tuve ocasión de poder hablar con el presidente del Consejo Europeo.

El Gobierno de España ha sido muy claro en su posicionamiento de respeto al derecho internacional. Estamos hablando de soberanía y de integridad territorial. Estamos hablando de paz, de lucha contra la pobreza, de financiación al desarrollo, de políticas climáticas o de cómo regular la inteligencia artificial y el desarrollo de las nuevas tecnologías. 

Tenemos que acabar con el derecho a veto en Naciones Unidas

—¿Y qué debe hacer Europa?

—Europa debe enarbolar el orden internacional basado en reglas y la defensa del multilateralismo renovado. Los gobiernos occidentales van a tener que hacer una renuncia para hacer de ese sistema internacional uno mucho más representativo. Tenemos que acabar con el derecho a veto en Naciones Unidas. No deja de ser curioso que dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad sean Rusia y Estados Unidos, que ahora mismo son dos potencias que están trayendo mucha inestabilidad al mundo con las guerras en Ucrania y también en Irán. Si hacemos una reforma del sistema de Naciones Unidas tendremos que incorporar a grandes naciones como India, el continente africano, China o Brasil, con una representación mucho más amplia en estos organismos.

—¿Es viable esa reforma de Naciones Unidas con Rusia y Estados Unidos en contra?

—Debería hacerse, porque el orden internacional al final es lo que nosotros queramos que sea y es en el interés de Europa, que no deja de ser un proyecto multilateral, como lo es también el sistema de Naciones Unidas.

—Antes definía a EE.UU. como un aliado. ¿Alguien que amenaza con anexionarse por la fuerza un territorio vinculado a Europa como Groenlandia sigue siendo un aliado?

—Desde el Gobierno de España y desde Europa siempre hemos defendido que tenemos que tener una relación transatlántica fuerte. Aunque suene paradójico, ahora mismo reforzar esa relación transatlántica pasa por reforzar el pilar europeo: nuestro crecimiento económico, nuestra seguridad y nuestra defensa común. EEUU ya ha manifestado claramente que la seguridad europea tiene que recaer sobre los hombros de los europeos. 

Ahí es donde empiezan los matices, porque cuando hablamos de crecimiento y de competitividad la derecha y la ultraderecha plantean desmantelar las políticas climáticas. Los efectos económicos de la crisis en Irán, por el impacto en el petróleo, demuestran que la autonomía estratégica pasa por la transformación energética que está liderando España y que nos hace más competitivos, con el impulso de las renovables. 

Otro ejemplo: nosotros hemos sido también muy contrarios al 5% del PIB en defensa. ¿Por qué? Porque eso no va a potenciar ni a fortalecer la industria europea de la defensa, sino que nos va a hacer mucho más dependientes de la industria estadounidense. 

—La oposición le acusa de que su ‘no a la guerra’ es electoralista. ¿Qué le responde?

—Que esta guerra no la ha provocado España. Ha sido una guerra impulsada de manera unilateral por dos naciones. Además, nosotros somos coherentes y consistentes con la política exterior que hemos mantenido durante estos ocho años casi de Gobierno. No vamos a resolver la situación de inestabilidad en Oriente Medio con una ilegalidad tan flagrante. 

Feijóo y Abascal dicen que ‘no a todo’ salvo a la guerra y este ‘noísmo’ que practican el PP y Vox no es nuevo. En todas las crisis que ha tenido que gestionar este Gobierno, desde la pandemia, siempre hemos encontrado a una oposición que se ha definido simplemente por decir ‘no’ a todo, incluso entrando en contradicciones. Dicen ‘sí’ a la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán, pero ‘no’ a trasladar la solidaridad de España con un país europeo como es Chipre.

—¿Cuánto cree que puede durar esta guerra? ¿Qué escenarios manejan en el Gobierno?

—Es difícil de prever porque ayer escuchamos al presidente de Estados Unidos decir que le quedaba poco a la guerra. Ahora que también desde la oposición se están planteando medidas socioeconómicas para amortiguar su impacto, creo que la medida menos onerosa y la que más vidas salva es el ‘no a la guerra’. Que esta guerra acabe cuanto antes.

—La Unión Europea ya gasta en armamento más del doble que Rusia. ¿Realmente es necesario aumentar el presupuesto militar o es más importante avanzar hacia una defensa común?

—Hace falta más coordinación, hace falta más escala y hace falta que seamos más eficientes en el gasto en defensa. El debate no debe ser en primer lugar en qué vamos a gastar, sino si somos capaces los europeos de generar más riqueza. ¿Tiene sentido que las grandes corporaciones digitales estén al otro lado del Atlántico? ¿Tiene sentido que Europa transfiera en torno a 600.000 millones de euros de ahorro al año europeo para financiar el crecimiento económico estadounidense? Todo eso tiene mucho que ver con deberes pendientes en Europa como son la unión de ahorro y de inversiones, la culminación del mercado único energético o también el mercado único digital. 

La gran paradoja y el gran desafío que tiene Europa es que, además de ser víctima de múltiples shocks no buscados –Putin, Ucrania, Estados Unidos, Irán, Gaza...– tenemos a muchos gobiernos en torno al Consejo Europeo, gobernados por la derecha con la ultraderecha, que lo que buscan es renacionalizar políticas que están hoy en manos de los europeos, en vez de avanzar en ese proceso de federalización que es lo que necesita Europa. 

—¿Y qué puede ofrecer Europa al mundo?

—El poder tiene, según los teóricos, dos palancas: una, el poder duro y estamos hablando de la capacidad militar, pero luego también hay otro poder que es el blando, que es el poder de hacer pedagogía, de influir o estar comprometidos con los grandes debates que afronta la humanidad y donde Europa es referencia. 

Cuando hemos dicho ‘no a la guerra’ ha habido una ola de orgullo de ser español

El mundo necesita referencias, consistencia, coherencia, principios y valores. Y eso es Europa. Está en nuestros tratados y es lo que desde el Gobierno de España defendemos. Por eso, cuando hemos dicho ‘no a la guerra’ ha habido una ola de orgullo de ser español no solamente dentro de nuestro país, sino también por parte de muchas sociedades a lo largo y ancho del planeta. Eso tiene mucho que ver con que hoy España es sinónimo de orgullo, porque somos sinónimo de principios, valores y también de resultados. Estamos demostrando que con el modelo español de hacer las cosas se consiguen resultados óptimos para la clase media y trabajadora de nuestras sociedades. 

Con el modelo español de hacer las cosas se consiguen resultados óptimos para la clase media y trabajadora

—¿Qué le parece el plan francés de aumentar su arsenal nuclear? Usted habla de poder blando y este es el más duro posible. ¿España va a colaborar?

—Desgraciadamente, a finales de febrero caducó el tratado internacional que regulaba la no proliferación de armamento nuclear. Y estamos asistiendo a una acumulación mayor de ojivas nucleares en el mundo. Por eso, en la Conferencia de Múnich sobre seguridad, yo manifesté la exigencia de que las grandes potencias nucleares se sentaran a negociar un nuevo tratado para limitar y reducir las capacidades nucleares. Ya con eso le adelanto cuál es la posición del Gobierno de España: no queremos un mundo más nuclear, no queremos una Europa nuclearizada. Por tanto, nosotros no vamos a participar de ese proyecto.

No queremos un mundo más nuclear, no queremos una Europa nuclearizada

—Su Gobierno ha pedido levantar las sanciones de la Unión Europea a Venezuela. ¿Confía en Delcy Rodríguez para esa transición?

—La presidenta Delcy Rodríguez está dando pasos hacia esa transición que debe culminar con unas elecciones libres, limpias y con todas las garantías que por desgracia no tuvieron las anteriores, como dijo Naciones Unidas. España ha acumulado experiencia histórica como para poder compartir con los venezolanos y venezolanas y que pueda haber una transición democrática donde los propios venezolanos sean, sin interferencias, quienes decidan su gobierno y el futuro de su país.

—Hablemos ahora de la política nacional. ¿Da por perdidos los Presupuestos o espera un cambio de posición por parte de Junts?

—Nosotros no damos por perdido nada en absoluto, tampoco los Presupuestos. Pero también digo que con estos Presupuestos que tenemos podemos dar respuesta a todas las eventualidades derivadas, por ejemplo, de la crisis por la guerra de Irán, como ocurrió con la crisis de Ucrania.

Con estos Presupuestos que tenemos podemos dar respuesta a todas las eventualidades derivadas, por ejemplo, de la crisis por la guerra de Irán

—Los objetivos en esta legislatura son bien claros: la culminación del proceso de normalización política en Catalunya derivado de la amnistía. La culminación de los fondos europeos, que nos están permitiendo crecer al doble de la media europea y también crear el triple de empleos en 2025 que Estados Unidos. Y finalmente, hay una obligación por parte del Gobierno de coalición progresista de sostener y de ser referencia de políticas que dan respuesta a esta ola reaccionaria que están sufriendo España, Europa y el mundo. Lo extraordinario, lo inédito, no es que Vox crezca en España porque crece en todo el mundo. Lo extraordinario, lo inédito, es que existe un Gobierno de coalición progresista que con sus políticas está haciendo frente de manera eficaz y equitativa a esta ola reaccionaria.

—En 2018 usted pidió a Mariano Rajoy que convocara elecciones generales si no lograba aprobar los Presupuestos. ¿Por qué ahora ha cambiado de opinión?

—Insisto, yo tengo ya mis presupuestos. Es una administración que tiene unos presupuestos que están respondiendo a los objetivos que nos hemos marcado durante esta legislatura. Los presupuestos no dejan de ser un instrumento para alcanzar un fin determinado. Si no obedeciera a esos fines, evidentemente tendría que pensar en otros escenarios, pero no es el caso. 

—Ha repetido en varias declaraciones que las elecciones serán en 2027. ¿Por qué descarta completamente un adelanto electoral?

—Primero, porque los fondos europeos terminan su último desembolso el 31 de diciembre de 2026. Incorporar un proceso electoral, como son además los procesos de investidura en nuestro país, tan procelosos y dilatados, creo que no obedece al interés general. Nosotros tenemos que culminar con éxito esta gran oportunidad que son los fondos europeos para la transformación de nuestra sociedad y el refuerzo del Estado del bienestar. 

Lo digo por enésima vez, culminaremos esta legislatura y las elecciones serán en 2027

Segundo, creo que no podemos incorporar más incertidumbre a la que, ya que viene de fuera. Hoy España es sinónimo de estabilidad. Las legislaturas son de cuatro años. Así lo establece la Constitución española y, por lo tanto, el Gobierno manifiesta de nuevo, una vez más, por enésima vez, que culminaremos esta legislatura y que las elecciones serán en el año 2027.

—¿Confía en un acuerdo sobre financiación autonómica después de la propuesta que ha lanzado su Gobierno?

—Yo espero que los grupos parlamentarios sean al menos capaces de permitir la entrada de este debate en el Congreso. Creo que todos los grupos parlamentarios –incluso el Partido Popular, pero ellos están en el ‘noísmo’– deberían permitir la tramitación de este nuevo sistema de financiación autonómica. 

—Que se abra el debate, al menos.

—Que se abra el debate. No olvidemos lo siguiente, de todos los niveles de la Administración, la que más renuncia en favor del fortalecimiento del Estado del Bienestar es la Administración General del Estado porque va a prescindir de 21.000 millones de euros para que se puedan transferir esos recursos a las comunidades y fortalecer las políticas del Estado de Bienestar que son de su competencia. 

—Las cifras macroeconómicas son en España bastante buenas, pero la crisis de vivienda hace que muchos jóvenes y familias no lo noten. ¿Cuándo llegarán los pisos que el Gobierno ha ido prometiendo?

—Están, de hecho, llegando esos pisos. Seguro que no con el volumen y número que demanda la emergencia habitacional que vivimos en nuestro país. El Gobierno no solamente ha creado una empresa pública que por primera vez en la historia de la democracia va a ser la impulsora, la promotora de esas viviendas de protección oficial que se van a poner en manos de las familias. También estamos utilizando todos los instrumentos a disposición del Estado. Por ejemplo, el Banco Público, el ICO, ha puesto no solamente a los promotores de viviendas, sino también a las familias jóvenes sistemas de avales, precisamente para poder hacer frente a la entrada de una hipoteca. O también políticas de alquiler. 

Vivimos en un Estado compuesto y existen también materias que son competencia de las comunidades autónomas. Nosotros hemos habilitado una Ley Estatal de vivienda que ha bajado un 10% el precio del alquiler allí donde se está aplicando, como en Catalunya. Mientras que en otras comunidades, como Madrid, donde abiertamente no se está aplicando la Ley de Vivienda, el precio del alquiler está creciendo por encima del 10%. 

Hay cosas que podemos hacer desde la Administración General del Estado, pero hay otras cosas que tienen que hacer las comunidades. Yo rogaría también a los ciudadanos de esas comunidades donde no se aplica la Ley de Vivienda que interpelen a sus gobiernos autonómicos, porque son los responsables de que no se pongan en marcha todas esas políticas vinculadas con la especulación de la vivienda.

—El ministro Carlos Cuerpo ya ha advertido de que se empiezan a notar los efectos de la guerra de Irán en los bolsillos de los españoles. Si la guerra se alarga, ¿qué medidas económicas planean tomar?

—Este Gobierno está contrastado en materia de crisis económica. Hemos demostrado que se puede dar una respuesta diferente a la neoliberal que aplicó los recortes durante la crisis financiera. Una respuesta que permite un rebote económico mucho más intenso. Lo hemos vivido durante la pandemia o durante la guerra de Ucrania. Fuimos el primer país de Europa que recuperó los niveles de inflación del 2% después de la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania. Eso tuvo mucho que ver con la respuesta que dimos. 

Nosotros, por supuesto, no avalamos esta guerra en Irán, pero sí que vamos a proteger a nuestros compatriotas y lo vamos a hacer con todos los recursos del Estado. Ya estamos trabajando en un plan de respuesta. Abriremos una ronda de consultas con los grupos parlamentarios y también con los agentes sociales: con la patronal y los sindicatos.

Cuanta menor dependencia tengamos de los combustibles fósiles, mejor le irá a España y mejor le irá a Europa

—¿Qué tipo de medidas están barajando?

—Ese plan tendrá dos pilares. Uno, de respuestas coyunturales a esta guerra desde el punto de vista socioeconómico. Y dos, otro pilar de medidas estructurales, porque creo que la gran lección que tenemos que extraer de la guerra de Putin en Ucrania, o de la guerra en Irán ahora mismo, es que cuanta menor dependencia tengamos de los combustibles fósiles, mejor le irá a España y mejor le irá a Europa. 

—Yolanda Díaz ha renunciado a repetir como candidata y contó que se puso en contacto con usted para comunicárselo personalmente. ¿Qué le dijo?

—Son conversaciones privadas.

—Lo que se pueda contar...

—Lo que le puedo decir, en todo caso, es que Yolanda Díaz es probablemente una de las mejores ministras de Trabajo que ha tenido la democracia española. Creo que es de las mejores políticas que tiene ahora mismo España. Y para mí tengo que decirle que me dio pena. Creo que no solamente el espacio progresista, sino también la política española, va a perder uno de sus principales referentes. Yolanda Díaz lo ha sido y lo es. Pero entiendo también que hay un ámbito de decisión personal que corresponde a cada uno. Desde ese punto de vista, lo único que puedo decir es que respeto absolutamente la decisión, que la echaremos mucho de menos y que espero que ese espacio pueda encontrar una referencia; es muy necesario.

Respeto la decisión de Yolanda Díaz, la echaremos mucho de menos y espero que ese espacio pueda encontrar una referencia; es muy necesario.

—¿Le preocupa que esa izquierda llegue fragmentada a las elecciones?

—Todos tenemos que ser muy conscientes de los riesgos que afronta España y lo inédito de la experiencia española: un gobierno de coalición progresista ante una ola reaccionaria que, por desgracia, está expandiéndose en el mundo. Y si tenemos claro cuál es el objetivo –volver a reeditar una mayoría progresista–, todos tenemos que dar el do de pecho y asumir nuestra responsabilidad. 

La del Partido Socialista, le digo yo que la tenemos clara. Yo hablo por el proyecto político al que represento. Mi responsabilidad, mi deber y mi ánimo es volver a presentarme y volver a reeditar una mayoría progresista. Precisamente en esta coyuntura histórica que atraviesan España, Europa y el mundo. Lo que defienden PP y Vox en España es más o menos el mismo discurso que estamos viendo al otro lado del Atlántico. Es una vuelta al pasado que no va a traer nada bueno. Ni a España ni a Europa, como tampoco está trayendo nada bueno al mundo.

—¿Qué le pareció la propuesta de Gabriel Rufián de una candidatura unitaria de la izquierda, incluyendo la izquierda nacionalista?

—Son debates que demuestran la necesidad de que el espacio progresista sea consciente de que no puede perder de vista el principal objetivo: continuar con una senda de progreso y de avance que ojalá pueda verse intensificada en la próxima legislatura con una mayoría parlamentaria más rotunda de fuerzas progresistas.

—Los resultados electorales del Partido Socialista en Aragón y en Extremadura han sido malos y las encuestas pronostican nuevas victorias de la derecha y la extrema derecha, tanto en Castilla y León como en Andalucía. ¿Cree que es responsabilidad de los candidatos o consecuencia del desgaste del Gobierno?

—Desde luego no los candidatos, no las federaciones. Creo que todos somos, desde la organización, conscientes de que tenemos que reconstruir los proyectos políticos en determinados territorios después de haber estado dos legislaturas en muchas de estas comunidades. Es el caso de Extremadura y Aragón. No es el caso de Andalucía, ni tampoco de Castilla y León. 

La estrategia del PP y de Vox es bien clara. Ellos son conscientes de que no hay trasvase y, si lo hay, es marginal, de votantes del Partido Socialista hacia la ultraderecha y la derecha. Juegan a la desmovilización del electorado progresista, que se quede en casa. Y para ello utilizan todo tipo de triquiñuelas y de tácticas, como la deshumanización del adversario político. O hacer algunos elementos en los que efectivamente yo he asumido la responsabilidad y actuado en consecuencia, como son algunos casos de corrupción, pues la norma, la categoría. Es algo que nos está costando desde el punto de vista electoral. 

Soy consciente de ello y también soy consciente de que lo importante es cómo respondemos a estos casos de corrupción que nos han sobrevenido: con contundencia, absoluta transparencia y rendición de cuentas. Ahora tenemos que centrarnos. Ser conscientes de que tenemos un objetivo muy importante y es culminar toda esta agenda de avances sociales y repetir esa mayoría progresista.

—¿Qué ha fallado para que los dos últimos secretarios de organización del PSOE estén acusados de corrupción? ¿Ha sido un error suyo o del partido?

—En primer lugar, y sin ánimo de eludir la responsabilidad, si ha habido un error es de estas personas. Pero en segundo lugar, el error no se socializa: el error lógicamente se personaliza. Y yo lo he dicho desde el primer momento. Ese error, evidentemente, si se tiene que imputar a alguien, es a mí. A partir de ahí, creo que lo relevante es cómo se ha respondido a estas crisis. Antes veíamos connivencia, cuando no justificación, en estos casos de corrupción por parte de otras administraciones. En mi caso, no solamente he pedido perdón, sino que he actuado en consecuencia. 

Abalos y Cerdan: “Es un error mío pero lo relevante es cómo se ha respondido”

—Su hermano se sentará pronto en el banquillo y su mujer lleva dos años imputada por cinco delitos. ¿Cómo valora estos procesos judiciales? ¿Sigue confiando en la justicia después de ellos?

—Mi deber como presidente del Gobierno, evidentemente, es el de pedir a la justicia que haga justicia. Y desde luego, en el caso de mi hermano y de mi mujer, como marido y como hermano, pues trasladarles todo mi cariño, toda mi empatía ante la situación que están viviendo y que estamos sufriendo.

Traslado a mi mujer y mi hermano todo mi cariño, toda mi empatía ante la situación que están viviendo y que estamos sufriendo

—¿Gestionó bien el PSOE y la Moncloa las denuncias de varias mujeres contra su antiguo asesor, Paco Salazar?

—Creo que esta pregunta la hemos respondido tanto yo personalmente como la organización. Lo importante es que la organización tiene un protocolo antiacoso, que se está trabajando en su mejora y que antes o después hemos respondido a las exigencias que el movimiento feminista y, por supuesto, también las víctimas de estas supuestas agresiones han podido sufrir. A partir de ahí, creo que es como la noche y el día lo que hace la izquierda y la derecha, como es el caso del Partido Popular con el Ayuntamiento de Móstoles.

—¿Se plantea el Gobierno indultar al fiscal general?

—Siempre que hemos hablado de indultos, efectivamente, son plenamente constitucionales. Ahora mismo está en tramitación por parte del Ministerio de Justicia y cuando llegue el momento, el Gobierno se manifestará al respecto. Lo que sí creo que es importante es no olvidar cuál ha sido el posicionamiento del Gobierno de España sobre esta sentencia, que evidentemente respetamos pero no compartimos.

—¿Cree conveniente que el rey emérito regrese a España?

—No deja de ser curioso que este debate se haya sustanciado como consecuencia de la desclasificación de los archivos del 23F.

—Antes de conocerse su contenido, le acusaban de estar intentando un golpe republicano.

—Por eso digo que siempre que el PP y Vox posicionados en el ‘noísmo’: cualquier cosa que hagamos siempre se van a manifestar en contra hasta incluso cuando sea en contra de los intereses de España, como es por ejemplo el posicionamiento de la guerra de Irán o dotar de mayor transparencia a nuestra democracia, precisamente con la desclasificación de los papeles del 23F. 

Dijeron eso, dijeron también que era una cortina de humo. Y finalmente, cuando se vio el resultado de ese compromiso que asumimos con un escritor como es Javier Cercas, con la democracia española y con muchísimas asociaciones que así lo pedían, pues realmente lo que se conoció o lo que se supo es lo que ya sabíamos antes de esa desclasificación. 

En lo que respecta a la vuelta o no vuelta del rey Juan Carlos a España. Corresponde a la Casa Real. Desde luego, el posicionamiento que ha manifestado cuenta con mi respaldo y con mi respeto.

Entrevista completa a Pedro Sánchez:

Vídeo: Salvador Fenoll y Alejandro Corral

El presidente Javier Milei promulgó el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, apenas horas después de la sanción de esa norma en el Senado. Así lo destacó el Canciller, Pablo Quirno, vía X. También subrayó que “la promulgación permite a la Comisión Europea aprobar la aplicación provisoria del Acuerdo Mercosur-Unión Europea”.

En el oficialismo pretendían promulgar la ley lo más rápido posible. ¿El próximo paso? El Gobierno comunicará formalmente a los depositarios del pacto —el gobierno de Paraguay (que ejerce la presidencia pro tempore) y la Secretaría General del Consejo Europeo en Bruselas— que la Argentina ya cumplió con todos los procedimientos legales internos para la aplicación del tratado.

El objetivo de la Casa Rosada es que se apliquen de la manera más rápida posible las nuevas reglas de juego para el comercio entre los bloques regionales.

De acuerdo a fuentes oficiales, el Ejecutivo procederá a la inmediata publicación de la norma en el Boletín Oficial (BORA) a partir de las próximas horas. Se trata del paso administrativo que le da fuerza de ley interna al entendimiento dentro del territorio argentino.

Para la gestión de Javier Milei, este paso es necesario para bajar costos de importación y que miles de productos argentinos tengan posibilidades de ingresar al mercado europeo. Por eso el oficialismo festejó, vía redes sociales, que el Senado haya avanzado en el tratado.

En tanto, la Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que enumeró los beneficios del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea que fue aprobado por e Senado en la tarde del jueves. El texto oficial destaca que se trata de “un paso fundamental para la inserción internacional y consolidar un marco de cooperación estratégica con uno de los principales bloques económicos del mundo”.

No solo eso: se mencionó el pacto como una herramienta para “fortalecer la competitividad de los sectores productivos”, una “oportunidad para promover el desarrollo económico, ampliar el acceso a los mercados, generar condiciones favorables para la inversión” con un agregado: bajo “reglas claras, previsibilidad y mayor integración”.

El tratado, según el oficialismo, significa un avance para el fortalecimiento institucional y consolida relaciones internacionales. Un detalle no menor: aparece en el texto un agradecimiento del presidente Milei a los legisladores nacionales que acompañaron la sanción. Y expresó su deseo de que los congresos de los demás países miembros avancen con la misma rapidez con la que actuó la Argentina.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

En medio de una fuerte expectativa del Gobierno, el Senado convirtió este jueves en ley el proyecto que ratifica el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea por 69 votos afirmativos y 3 negativos.

El consenso fue casi total ya que hasta el bloque Justicialista había anticipado su apoyo a la iniciativa, que ya había tenido un amplio respaldo en la Cámara de Diputados.

El oficialismo cantó victoria pero la alegría no fue total porque en la previa a la sesión, en Casa Rosada y en Cancillería se aferraban a la ilusión de que el Senado convalidaría el acuerdo antes que el Parlamento uruguayo, algo que al final no sucedió porque hacia el mediodía el Congreso del vecino país ganó la carrera.

De todos modos, hubo expresiones de satisfacción y altos funcionarios del Gobierno como el ministro de Interior, Diego Santilli, monitorearon in situ el desarrollo de la sesión y el resultado final. 

El acuerdo bilateral entre el Mercosur y la Unión Europea fue firmado el 17 de enero pasado en Asunción, en el marco de una ceremonia que tuvo la participación del presidente Javier Milei y de sus pares de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Yamandú Orsi, y a la que se ausentó el mandatario de Brasil, Lula da Silva. 

El tratado comercial, uno de los mayores acuerdos birregionales del planeta, aún no puede implementarse porque el Parlamento Europeo decidió con la mayoría de los votos de sus integrantes la revisión por parte del Tribunal de Justicia de Europa para que analice su impacto y decida sobre su puesta en vigencia.

Según sus promotores, la implementación del acuerdo comercial entre los dos bloques económicos regionales permitirá bajar aranceles al 92% de las exportaciones del Mercosur, otorgará acceso preferencial al restante 7,5% y recortará las barreras de acceso para bienes industriales provenientes del Viejo Continente.

Entre otras implicancias, se suprimen los aranceles de productos químicos, farmacéuticos, maquinaria, ropa y bebidas.

El acuerdo supone la creación de una zona de libre comercio con un mercado de más de 800 millones de consumidores, que representa el 25% del PBI mundial.

La Unión Europea es el segundo mayor socio comercial del Mercosur después de China y por delante de Estados Unidos.

Además, la Unión Europea es una de las principales fuentes de Inversión Extranjera Directa, y es el segundo mayor importador global de bienes.

El debate

El miembro informante del oficialismo, el formoseño Francisco Paoltroni, celebró la firma del acuerdo comercial y señaló que va a permitir potenciar el perfil exportador de minerales, hidrocarburos y de la producción de las economías regionales.

“Ha llegado el día de tan ansiado momento para nuestro país. Después de 25 años de tratamiento, hoy se convertirá en ley este acuerdo UE-Mercosur. Esto significa el camino al desarrollo de nuestra república y del interior profundo eternamente postergado”, señaló.

“Creo que poner en marcha al sector energético, de los hidrocarburos, y el sector minero van a ayudar al tan castigado campo argentino a traer las divisas que siempre fueron escasas en nuestro país”, sostuvo el senador de La Libertad Avanza.

Y agregó: “Sacarle el pie a la cabeza del campo va a significar incrementar la producción a lo largo y ancho del país generando empleo en el primer eslabón de la cadena”.

Por su parte, Jorge Capitanich (Justicialista) anunció que su bloque “acompañará la votación” con “observaciones” de algunos de sus miembros “debido a la heterogeneidad del impacto de estas cuestiones”.

“Queremos expresar que todo acuerdo de carácter comercial requiere acompañamiento de medidas de carácter complementario, por ejemplo un sistema de negociación que esté enmarcado en un sistema de consultas previas con evaluación de impacto ambiental y de los mecanismos que implican medidas compensatorias para resolver los problemas y asimetrías de productividad que esto produce”, planteó el ex gobernador chaqueño.

El también ex jefe de Gabinete reclamó que a partir del inicio del período ordinario de sesiones se pueda trabajar en un proyecto para crear una comisión bicameral de seguimiento de acuerdos comerciales.

“Efectivamente Argentina puede tener oportunidades muy importantes. Hay sectores que pueden verse perjudicados. Es muy importante generar las condiciones para ensanchar e incrementar estos acuerdos”, analizó Capitanich.

El senador opositor recordó que el acuerdo fue remitido por la Comisión Europea a un tribunal de Justicia que podrá tomarse hasta 18 meses para revisarlo, y además existen objeciones de países de la euro región, especialmente de Francia.

“Y también objeciones de establecimientos de carácter industrial en la República Argentina por eventuales perjuicios que estos signifique, especialmente conurbano bonaerense y provincia de Buenos Aires”, subrayó.

De cualquier forma, Capitanich enfatizó que es “muy importante fortalecer el Mercosur en las alianzas estratégicas internacionales”. 

“Este acuerdo es clave para el equilibrio económico de base mundial porque tenemos una puja de dos gigantes, Estados Unidos y China. Y tenemos serios problemas que tiene que ver con apertura indiscriminada de importaciones a través de plataformas como Amazon, Temu y Shein que afectan sustancialmente el comercio, que destruye empleos e industrias”, advirtió.

Por la UCR, Gabriela Valenzuela pidió “tomar dimensión de lo que significa para Corrientes y también para Argentina la trascendencia de apoyar el acuerdo UE-Mercosur, ya que profundiza la inserción internacional, dinamiza la economía y genera más oportunidades de empleo y desarrollo”.

Por La Libertad Avanza, Pablo Cervi remarcó que “es un gran desafío ser el primer país que pueda aprobar este tratado que nos permitiría llegar a un acuerdo de libre comercio con el 30% del PBI mundial”.

“Estamos ante la gran oportunidad de tener una Argentina prospera nuevamente”, añadió el senador de la provincia de Neuquén.

El pampeano Daniel Pablo Bensusan (Justicialista) opinó que “el acuerdo entre Unión Europea y Mercosur presenta una gran oportunidad para la Argentina, por eso creo con estos acuerdos vamos a fortalecer la capacidad de negociación”. 

“Argentina solo negocia desde la debilidad, el Mercosur negocia con mucha más fuerza regional”, explicó el senador peronista.

Adrián Bahl (Fuerza Entre Ríos) admitió que “existen tensiones” alrededor de “un acuerdo de esta magnitud” y que “existen situaciones disimiles en distintas industriales”, pero afirmó que el acuerdo tiene previsibilidad en el tiempo“. 

“No hay que dejar a esas economías libradas al azar. Tiene que estar el Estado acompañando para atender esas divergencias y para poder aprovechar esta oportunidad histórica”, culminó el senador entrerriano.

“Necesitamos crecer, expandir los mercados y reglas claras para invertir con seguridad y en este contexto el acuerdo con la Unión Europea es muy importante porque fortalece al Mercosur y, también, fundamentalmente, a nuestras provincias que exportan”, analizó.

Marcelo Lewandowski (Justicialista) destacó que “el proyecto es transversal a distintos gobiernos y que es una política de Estado de todo el Mercosur”.

“Este acuerdo solo tendrá sentido si sirve para exportar trabajo argentino, industrializar nuestra producción y no primarizarla. Sin industria no hay nación, sin trabajo no hay justicia y sin justicia social no hay una patria en donde la gente tenga dignidad”, resaltó el santafesino.

Belén Monte de Oca (La Libertad Avanza) apuntó que este acuerdo comercial “se da en un camino de reformas que lleva adelante este Gobierno, que le da un mensaje al mundo diciendo que Argentina es un socio abierto y confiable”.

“Abrirnos al mundo es crecer y vamos en ese camino con la aprobación de este acuerdo”, manifestó la representante de la provincia de Tierra del Fuego.

“Este acuerdo con la Unión Europea nos consolida como un actor económico comercial y nos referencia desde el punto de vista político internacional. Es un acuerdo moderno y ventajoso que nos otorga reglas claras, previsibilidad e institucionalidad”, aseguró.

A su turno, el radical bonaerense Maximiliano Abad también respaldó el proyecto de ley al señalar que “esta asociación estratégica” birregional “es una ventana de oportunidad” para el país.

“Este acuerdo nos garantiza competir. Lo que no va a garantizar a la Argentina es ganar, por eso debemos profundizar esta senda”, aseveró.

El legislador subrayó que la apertura de nuevos mercados representa una oportunidad concreta para los sectores productivos bonaerenses: “Van a crecer los sectores que trabajen con reglas claras y previsibles. La provincia de Buenos Aires tiene el potencial productivo y exportador para aprovechar esta nueva etapa”.

Durante su intervención, Abad enmarcó el acuerdo en una perspectiva histórica: “Treinta años después de la Declaración de Iguazú, estamos a punto de ratificar el acuerdo más importante de la historia del Mercosur. Aquel primer entendimiento entre Argentina y Brasil no fue sólo económico. Fue una decisión estratégica”.

“Más allá de los beneficios comerciales, estamos ratificando una alianza entre bloques democráticos que comparten reglas, estándares y valores. Más que un tratado, hoy estamos convalidando un rumbo para las próximas décadas: un rumbo de integración inteligente y ambición productiva que puede generar más oportunidades para todos los argentinos”, finalizó.

En el discurso de cierre del oficialismo, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, destacó que el propósito del Gobierno es “ dialogar de igual a igual con las economías grandes del mundo”.

La ex ministra de Seguridad recordó que el proceso de discusiones de este convenio bilateral lleva 26 años.

“Hemos avanzado muchísimo con grandes dificultades pero estamos cambiando la Argentina. Estamos en un momento en que el país decidió cambiar el retraso por la prosperidad”, resaltó.

Según dijo, “durante mucho tiempo Argentina giró bajo una lógica proteccionista donde prácticamente se miraba al mundo como un enemigo”.

Bullrich reafirmó que la mirada filosófica del Gobierno de La Libertad Avanza es que “el comercio aumenta la libertad”. 

“Las barreras comerciales generan un modelo corporativo, donde los precios son mas altos y el poder adquisitivo se destruye”, apuntó.

“Para nosotros el comercio es la manera más importante en la que crecen los pueblos”, consideró.

En ese sentido, indicó que lo que se propone el Gobierno “es recuperar un lugar trascendente de la Argentina en el mundo, un país que vuelve a ser mirado, escuchado, tenido en cuenta”. 

“Volver a ser mirados implica volver a entrar en una comunidad internacional que nos relegaba porque Argentina estaba en la insignificancia”, opinó. 

En otro pasaje de su discurso, Bullrich aclaró que desde el oficialismo “reivindican el Mercosur”, y admitió que “al principio” eso no se decía.

Agregó que también reivindican la posibilidad de “tener otros amigos comerciales” como pone de manifiesto el tratado con Estados Unidos. __IP__

Por último, la senadora de La Libertad Avanza aseguró que la firma de este tratado comercial “va a traer confianza y eso va a bajar el riesgo país” y en consecuencia va a reducir el costo del crédito

Con información de la agencia NA

El 25 de febrero, el Reino Unido empezará a aplicar de manera más estricta sus nuevas reglas de entrada en el país después del Brexit. La autorización de viaje que ya se exige a todos los ciudadanos de la UE que no sean residentes puede afectar, en particular, a británicos con doble nacionalidad. 

Los ciudadanos británicos que viven fuera de su país, igual que los irlandeses, no deben solicitar la autorización de viaje que pagan los demás no residentes de otros países en Europa. Los visitantes de España, como los del resto de la UE, deben rellenar un formulario llamado ETA por sus siglas en inglés y que cuesta unos 18 euros. Pero, a partir de la semana próxima, los británicos que tienen doble nacionalidad tendrán que enseñar un pasaporte británico o tener un documento especial adjunto al pasaporte de otro país que cuesta unos 670 euros.

Los ciudadanos con doble nacionalidad –algo más frecuente después del Brexit– hasta ahora tenían más formas de probar su ciudadanía británica y podían entrar en el país utilizando el pasaporte de su lugar habitual de residencia.

Además, los ciudadanos británicos no pueden pedir la autorización de entrada ETA como otros europeos. Si no pueden o no quieren renovar el pasaporte británico o no quieren tramitar el costoso papel adjunto, para seguir las reglas que se aplican a ciudadanos de la UE, tendrían que renunciar a su ciudadanía. Un factor de incertidumbre es que cuando el Gobierno británico anunció las nuevas reglas en noviembre, el formulario ya llevaba desde abril en vigor y ciudadanos con doble nacionalidad ya habían hecho este trámite, según denuncian organizaciones de derechos migratorios de británicos y europeos.

Británicos en España

Algunos países europeos ya obligan a renunciar a la ciudadanía original para conseguir la nacional. Eso sucede en España, por ejemplo, en el caso de británicos que no tengan progenitores españoles.

España sí permite mantener la ciudadanía de países latinoamericanos, y de algunos países con los que existen convenios, como Portugal y Francia. En la UE, esto no es tan relevante porque existe la libertad de movimiento y cualquier ciudadano puede instalarse, trabajar y estudiar en otro país.

El caso de España es especialmente importante para el Reino Unido, ya que es el país de la UE donde más británicos se concentran, con una comunidad estimada en más de 400.000 personas, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de 2023.

En caso de ciudadanos con doble nacionalidad española y británica, además, algunas organizaciones han señalado los problemas adicionales por la diferencia en el nombre en el caso de las mujeres casadas, puesto que en España no adoptan el apellido del marido y en el Reino Unido, la mayoría lo sigue haciendo. Además, en España se utilizan dos apellidos, y en el Reino Unido, uno.

Estas diferencias de identificación en dos pasaportes pueden crear problemas en la frontera o durante las renovaciones, y afectan especialmente a las mujeres. El contraste también se da con otros países de la UE, por ejemplo, en Grecia y en Países Bajos.

Doble nacionalidad desde el Brexit

La cantidad de británicos con ciudadanía de la UE se ha disparado desde el Brexit. Sólo contando a quienes han solicitado activamente otra nacionalidad –sin considerar quienes ya la tienen de manera automática por nacimiento y origen familiar–, el ritmo de peticiones se ha multiplicado por cuatro. Entre 2008 y 2016, el año del referéndum del Brexit, la media en el Reino Unido de aprobación de casos de doble nacionalidad con países de la UE era de 2.952 por trimestre; entre 2017 y 2025, fue de 13.036, según los datos del Ministerio del Interior británico. 

El Gobierno británico insiste en que ya ha dado suficiente tiempo de transición y ha comunicado las nuevas reglas sobre los ciudadanos británicos que viven fuera y tienen doble nacionalidad. También advierte que los operadores de transporte pueden negar el embarque a las “personas que no puedan dar una prueba satisfactoria de su elegibilidad para entrar en el Reino Unido”.

Si hay dudas sobre la documentación, los operadores tienden a ser conservadores por miedo a las penalizaciones para ellos. Las multas para aerolíneas, empresas ferroviarias o marítimas pueden ascender a más de 2.200 euros por pasajero. 

Falta de información

Los cambios post-Brexit afectan especialmente a ciudadanos que viven en países de la UE y que no estaban sometidos hasta ahora a estos controles. 

Varias organizaciones que defienden los derechos de los europeos en el Reino Unido y de los británicos que viven fuera se han quejado de la falta de información con tiempo y medios suficientes y han pedido en una carta conjunta al Gobierno británico una prórroga y más flexibilidad en las reglas.  

“No ha habido suficiente comunicación sobre esto, la mayoría se ha concentrado en que los visitantes soliciten la autorización de viaje”, explicó a elDiario.es Monique Hawkins, directora de políticas públicas de the3Million, una organización civil que vela por los derechos de los ciudadanos de la UE en el Reino Unido después del Brexit y una de las tres firmantes de la carta. “Muchos ciudadanos con doble nacionalidad que viven fuera no han renovado sus pasaportes británicos porque es un coste innecesario. Ahora de repente necesitan hacerlo o se arriesgan a no poder viajar al Reino Unido. Solicitar el pasaporte británico cuando vives fuera es engorroso y lleva mucho tiempo”.

Como recuerda Hawkins, esta es otra de las consecuencias no deseadas del Brexit, ya que los británicos con doble nacionalidad que ahora se pueden encontrar en este dilema tenían libertad de movimientos dentro de la UE.

También señala que otro de los problemas que puede haber en la frontera es para los ciudadanos de la UE que viven en el Reino Unido y que siguen esperando respuesta para su solicitud de residencia. “Quienes todavía esperan una decisión –algunos de ellos durante años– pueden ser rechazados en la frontera del Reino Unido si viajan fuera e intentan volver”, dice Hawkins, cuya organización está intentando denunciar esta situación ante la justicia británica.

Hay decenas de miles de ciudadanos de la UE que esperan una decisión sobre su estatus o su revisión mientras el Ministerio del Interior tiene más de 100.000 solicitudes pendientes, según los últimos datos de septiembre. 

“Tuvimos éxito en resistir, en no escalar, pero también en mantenernos firmes. Sabemos que tenemos que trabajar cada vez más por una Europa independiente”. Las palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, quedan como la fórmula para hacer encallar, aunque sea temporalmente, la obsesión de Donald Trump por hacerse con Groenlandia, isla que pertenece a Dinamarca. Ahora bien, como indica Grégoire Roos, director de Europa, Rusia y Eurasisade Chatham House, “si Groenlandia puede ser tratada como negociable bajo presión, la línea entre la gestión de alianzas y la negociación coercitiva se vuelve incómodamente delgada. Las amenazas pueden haber sido suspendidas temporalmente, pero el aviso sigue ahí. Algo está irremediablemente roto en la relación transatlántica”.

Los líderes europeos que se reunieron este jueves en Bruselas ya han admitido que nada será igual y que hay que empezar a dar pasos serios en la idea de una Unión Europea independiente para no ser desarbolada por los intereses de aquellos a quienes hasta hace poco se consideraban aliados. Aunque la cumbre extraordinaria no terminó con decisiones concretas sí sirvió para dar una señal a Washington de que los europeos iban decididos a responder con medidas contundentes a Trump.

En este camino la UE sí que ha podido constatar que tiene las capacidades suficientes para frenar a Trump. Las posibles consecuencias para la economía de EE.UU. bastaron para hacer retroceder a Trump. Sophia Besch, investigadora de Europa en la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, argumenta que “la UE sigue siendo el mayor bloque comercial del mundo, con un alcance regulatorio y un peso en el mercado que pocos socios pueden ignorar. Sin embargo, durante mucho tiempo ha dudado en desplegar ese poder contra Washington. En este caso, no necesitó actuar. La posibilidad de una ruptura transatlántica fue suficiente para influir en los mercados y cambiar el cálculo en Washington”.

Aranceles e instrumento anticoerción

La UE puso sobre la mesa dos golpes directos importantes sobre la economía de EE.UU.: aranceles por 93.000 millones de euros sobre productos estadounidenses, hasta ahora suspendidos, tras el acuerdo comercial entre ambos bloques que se firmó en julio de 2025, y el instrumento anticoerción, una herramienta que permite castigos comerciales muy duros contra un país, aunque se ha puesto sobre la mesa para que sirva “no tanto como una represalia, sino como una disuasión”.

El analista de Chatham House destaca que “el Instrumento de Lucha contra la Coerción permite a Bruselas responder con contramedidas en áreas como los servicios, la contratación y la inversión, sectores en los que las empresas estadounidenses están profundamente expuestas al mercado único de la UE. Esto es importante porque las empresas estadounidenses tienen la mayor cantidad de inversión extranjera directa en la UE, particularmente en servicios de alto valor”.

Y no hay que olvidar que Trump tiene este año unas elecciones cruciales que le pueden llevar a tener una fuerte oposición en el Congreso. Grégoire Roos explica que “las medidas específicas de la UE impondrían costos políticos concentrados a empresas y circunscripciones específicas, en lugar de costos difusos a los consumidores. A menos de un año de las elecciones de medio término en EE.UU., lo que aumenta la prima que Washington tendría que pagar si decidiera escalar la disputa sobre Groenlandia”.

Nerviosismo en los mercados financieros

La amenaza de una guerra comercial provocó movimientos sísmicos en los mercados financieros, que se vieron reforzados ante los comentarios sobre la posible venta de la deuda de Estados Unidos que poseen los inversores europeos. El miedo es libre y, en este caso, inclinó la balanza a favor de la posición europea frente a Trump.

“Esta semana, los inversores respondieron con fuerza al renovado riesgo de una guerra comercial entre EE.UU. y la UE. La relación económica transatlántica es mucho más densa que los lazos entre Washington y Caracas o Teherán, ya que supusieron 1,5 billones de dólares en comercio de bienes y servicios en 2024. Una escalada sostenida habría golpeado el núcleo del comercio global. Si las tensiones hubieran continuado aumentando, habría existido un riesgo real de que las reacciones del mercado se hubieran intensificado. En cambio, cuando Trump se retractó de sus amenazas arancelarias el miércoles, los mercados se recuperaron rápidamente”, explican Jessie Yin y Josh Lipsky, analistas del Atlantic Council’s GeoEconomics Center.

Los inversores europeos tienen unos ocho billones de dólares en bonos y acciones estadounidenses, según un informe de Deutsche Bank. En dicho informe se sugería que debido a las tensiones entre los dos bloques por Groenlandia, los europeos podrían vender masivamente estos activos. Primer aviso. El fondo de pensiones danés Akademiker Pension anunció que iba a vender 100 millones en bonos del Tesoro de EE.UU. Segundo aviso. El fondo de pensiones sueco Alecta informó que había vendido la mayor parte de sus inversiones en bonos del Tesoro de EE.UU. alegando un incremento de los “riesgos e imprevisibilidad en la política estadounidense”, según informó Reuters. Tercer aviso. Terminó por remover la confianza el intento del secretario del Tesoro, Scott Bessent, para rebajar la situación: “La inversión de Dinamarca en los bonos del Tesoro de EEUU, al igual que Dinamarca misma, es irrelevante. Los daneses han estado vendiendo bonos del Tesoro durante años. No estoy preocupado en absoluto”.

La realidad es que “si los Estados miembros de la UE comenzaran a deshacerse agresivamente de sus enormes tenencias de bonos del Tesoro de EE.UU. tendría impactos directos en la capacidad del Gobierno estadounidense para financiar eficientemente su deuda existente, con ramificaciones en toda la economía estadounidense”, explican en un informe Federico Steinberg, Emily Benson y Nicholas Fenton, investigadores del Center for Strategic and International Studies. Estos analistas subrayan que “Europa ha pasado décadas construyendo apalancamiento económico sin tener que asumirlo como una herramienta con consecuencias geopolíticas. Ahora es el momento de reconocerlo”.

La crisis entre EE.UU. y la UE por Groenlandia parece haber pasado al terreno de la negociación. Según publicó The Wall Street Journal, el supuesto acuerdo que anunció Trump con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, consistiría en la renovación del acuerdo de defensa entre Dinamarca y EEUU, que supondría ampliar las bases norteamericanas en Groenlandia, una opción que los daneses ya habían ofrecido; una mayor participación de los países europeos en la seguridad del Ártico, que la presidenta de la Comisión Europea ya había anunciado; y, lo que realmente interesa a Trump, que EE.UU. tenga preferencia en la explotación de minerales críticos y tierras raras en Groenlandia.

TACO: 'Trump Always Chickens Out'

Se ha cumplido el TACO ('Trump Always Chickens' Out o Trump siempre se acobarda), pero como avisó el presidente de Francia, Emmanuel Macron, Europa “debe permanecer vigilante”. La jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, puso también el acento en la necesidad de estar alertas ante los continuos cambios de posición de Trump, tras admitir que las relaciones transatlánticas han “recibido un gran golpe en la última semana” y que ya “no son las mismas que solían ser”.

La investigadora de Europa en la Fundación Carnegie para la Paz Internacional señala que “Groenlandia debe ser tratada como un precedente, no como una aberración. La amenaza inmediata ha disminuido, pero la realidad subyacente sigue siendo la misma: Europa está lidiando con un aliado dispuesto a probar límites, sondear debilidades y convertir la dependencia en apalancamiento. La lección más profunda de Groenlandia, junto a las humillaciones del año pasado, es que la vulnerabilidad de Europa radica en su dependencia de los Estados Unidos. No puede haber un regreso a las comodidades de la dependencia asimétrica disfrazada de asociación”.

Von der Leyen resaltó en su discurso en Davos que “las sacudidas geopolíticas pueden -y deben- servir de oportunidad para Europa. El cambio sísmico que estamos viviendo hoy es una oportunidad, de hecho, una necesidad para construir una nueva forma de independencia europea”. Habrá que ver si la UE es capaz de fortalecer esa independencia, que según Sophia Besch “significa invertir seriamente en capacidades militares, integrar la planificación y adquisición de defensa, diversificar los socios comerciales y reducir la exposición en dominios económicos críticos, desde la energía y la tecnología hasta las finanzas y las cadenas de suministro”.

El presidente Javier Milei destacó que el pacto de libre comercio que firmaron en Asunción la Unión Europea (UE) y el Mercosur es “el mayor logro” del bloque de integración latinoamericano, que también integran Brasil, Paraguay y Uruguay.

“Nos reúne un hecho de gran trascendido política y económica para todos los miembros de este bloque y el mundo entero”, dijo Javier Milei en su discurso en el Gran Teatro José Asunción Flores, sede de la firma del acuerdo.

“Es, quizás, el mayor logro obtenido por el Mercosur desde su creación y el resultado de una asociación estratégica que Argentina contribuyó a impulsar con determinación durante su presidencia pro tempore el año pasado”, agregó.

El desaire a Lula da Silva

Durante el acto, el presidente protagonizó un frío gesto al negarse a aplaudir cuando el mandatario paraguayo, Santiago Peña, destacó el liderazgo de Luiz Inácio Lula da Silva en la integración regional.

Mientras los presidentes de Uruguay, Yamandú Orsi, y de Bolivia, Rodrigo Paz, acompañaron con aplausos la mención al líder brasileño —quien estuvo ausente en la ceremonia—, Javier Milei se mantuvo rígido y en silencio.

El desaire ocurrió en el momento más simbólico de la jornada, subrayando que la sintonía comercial con Europa no logró mitigar las rispideces ideológicas en el bloque regional.

Como anfitrión y presidente pro tempore del Mercosur, Santiago Peña buscó resaltar el proceso diplomático que llevó décadas de negociación. En un tramo de su discurso, decidió homenajear a Lula da Silva: “No puedo dejar de mencionar aquí a un gran y querido, hoy lastimosamente ausente, sin el cual no hubiésemos llegado a este día. Me refiero al presidente Luiz Inácio Lula da Silva”, expresó Peña.

Ante estas palabras, el auditorio rompió en aplausos en los que Javier Milei decidió no participar. Peña continuó definiendo a Lula como uno de los “impulsores fundamentales” para dejar atrás la historia de conflictos en el continente, palabras que contrastan con la retórica del presidente argentino, quien ha calificado en reiteradas ocasiones al mandatario brasileño de “socialista” y “corrupto”.

El gesto de Javier Milei no es aislado, sino que se produce apenas 48 horas después de que se formalizara un quiebre operativo grave como el hecho de que Brasil dejó de representar oficialmente los intereses de Argentina en Venezuela.

Guñios a Donald Trump pos secuestro de Nicolás Maduro

Javier Milei también aprovechó su discurso para mencionar la situación de Venezuela y agradecer al presidente estadounidense, Donald Trump, la “decisión y determinación demostrada” al capturar al “narcoterrorista y dictador” Nicolás Maduro con su operación militar del pasado 3 de enero.

Además, reclamó la liberación del argentino Nahuel Gallo preso en Venezuela y la de los “presos políticos en su totalidad”.

Javier Milei también alertó que los parlamentos de los países del Mercosur, que tras la firma tendrán que confirmar la puesta en marcha del pacto, tendrán ahora que velar que no se impongan condiciones distintas a las acordadas este sábado.

Esto, aseveró, ayudará a preservar “el espíritu de lo negociado” los últimos 26 años entre ambos bloques.

Este ambicioso acuerdo crea un mercado de 700 millones de personas y la zona de libre comercio más grande del mundo.

A su vez, marca una contravía al proteccionismo global y una apuesta por el multilateralismo, defendió minutos antes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, una figura clave en las conversaciones que dieron vida al pacto.

Con información de agencias

JIB

El presidente Javier Milei viajará a Asunción, Paraguay, para estar presente el sábado próximo en la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea prevista para ese día. Quien todavía no confirma su presencia es el presidente de Brasil, Lula da Silva.

El Consejo Europeo autorizó el 9 de enero último a la Unión Europea a firmar el tratado con el Mercosur, que se había anunciado en 2019 pero no había podido implementarse por objeciones de algunos de los países del viejo continente.

Para el Gobierno de Javier Milei, el convenio permitirá aumentar las exportaciones y la llegada de inversiones.

La administración libertaria tomó como un logro propio la firma del acuerdo: el canciller Pablo Quirno destacó que “la Argentina liderada por el Presidente Javier Milei decide competir, producir y crecer con reglas claras y en libertad”.

El funcionario destacó que la Unión Europea “eliminará aranceles para el 92% de nuestras exportaciones y otorgará acceso preferencial para otro 7.5%. De esta forma, el 99% de las exportaciones agrícolas del Mercosur se verán beneficiadas”, describió.

“La Argentina y los países del Mercosur accederán de manera preferencial a la UE, la tercera economía global, un mercado de 450 millones de personas, que representa cerca del 15% del PBI mundial”, destacó Quirno en sus redes sociales.

El expresidente Mauricio Macri, que había bregado por ese acuerdo durante su gestión, celebró en su oportunidad que se “abre una etapa inmejorable para la región”.

El acuerdo fue respaldado por la Unión Europea y ahora debe ser ratificado por el Mercosur y los parlamentos de cada país que conforman cada bloque regional.

Por eso motivo, el Gobierno argentino esperará a que el Mercosur se expida sobre este convenio para poder avanzar en la ratificación parlamentaria.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

El visto bueno de los países de la Unión Europea para firmar el acuerdo con el Mercosur no supone el final del camino para este histórico pacto, que aún podría enfrentar conflictos ante la justicia europea y en su proceso de ratificación en el Parlamento Europeo durante 2026.

El voto favorable de una mayoría cualificada de los países de la Unión Europea despejó el camino para que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pueda viajar la próxima semana a Asunción (Paraguay) para firmar el pacto con sus socios de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

El voto en contra de Francia, Polonia, Hungría, Austria e Irlanda, junto a la abstención de Bélgica, no fue suficiente para contrarrestar el apoyo de otros grandes países de la UE, como España, Alemania e Italia -que se ha pasado al “sí” en los últimos días-, que lograron sacar adelante el voto con una mayoría de países que representa a un 68,7 % de la población europea (el mínimo era un 65 %).

La firma en Asunción dará pie, no obstante, a un complicado camino hasta la ratificación completa del acuerdo, que depende del Parlamento Europeo (para los capítulos puramente comerciales) y de los parlamentos nacionales de los países de ambos bloques.

Problemas en el Parlamento

La Eurocámara no puede retocar el pacto, sólo escrutarlo y posteriormente aprobarlo o rechazarlo en su totalidad; primero lo harán sus comisiones de Comercio Internacional y de Asuntos Exteriores y, después, tendrá que votarlo el pleno en su conjunto. Aún no está claro si una mayoría de sus 719 eurodiputados le dará su apoyo.

“El Parlamento Europeo está hoy verdaderamente dividido. Se va a decidir por diez o quince votos de más de 700 diputados. Hay que ser muy prudente a la hora de afirmar que el Mercosur será ratificado con certeza”, predijo el eurodiputado liberal francés Pascal Canfin en una entrevista.

Es probable que los grupos no voten de manera homogénea, como suele suceder en los votos en la Eurocámara, sino que tenga más peso el país de origen de cada diputado que su afiliación parlamentaria.

Por ejemplo, la potente delegación polaca del Partido Popular Europeo seguirá probablemente la postura de su gobierno y votará en contra, según fuentes parlamentarias, aunque los populares europeos se vayan a pronunciar mayoritariamente a favor de la ratificación.

Este es el caso también de los diputados franceses repartidos por los distintos grupos políticos, más de 80 en total, y previsiblemente también de algunos belgas e irlandeses.

Por otro lado, algunos grupos se pronunciaron íntegramente en contra: es el caso de los Patriotas por Europa, en el que el partido de la francesa Marine Le Pen es el miembro más numeroso con diferencia, así como de los Verdes y la Izquierda.

Posible dictamen de la justicia europea

Incluso antes de llegar a ese voto definitivo, el Parlamento Europeo podría congelar la ratificación del pacto hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determine si es compatible con los tratados europeos.

Un grupo de 145 eurodiputados sumaron sus firmas ya a finales de 2025 a un texto que cuestionaba la validez legal del mecanismo de reequilibrio que incluye el pacto y también la base legal elegida para su aprobación, que permite que los capítulos del acuerdo centrados en comercio puedan ratificarse sin el consentimiento de los parlamentos nacionales.

Aunque el primer intento de llevarlo a voto en pleno fracasó en noviembre, fuentes cercanas a la iniciativa señalaron a la agencia internacional EFE que trabajan para incluirlo en la agenda del pleno de enero, donde se votaría por mayoría simple.

Si el Parlamento aprueba la propuesta de solicitar un dictamen al Tribunal de Justicia de la UE, la ratificación se aplazará hasta que la corte europea haya emitido su opinión.

Largo periplo por los parlamentos nacionales

Por último, las partes del pacto que van más allá de lo puramente comercial tendrán que ser ratificadas por los parlamentos de cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea, un proceso que puede demorarse años.

Los países reacios que se quedaron en minoría en el Consejo pueden así ejercer el veto desde sus Parlamentos nacionales, si bien el pacto se aplicará ya de manera provisional aunque no todos los países hayan completado ese paso.

El Parlamento austríaco, entre otros, se pronunciaron en contra del acuerdo y obligó a su Gobierno a vetarlo en el Consejo de la Unión Europea. Lo mismo hizo el Parlamento de Países Bajos en 2024, aunque desde entonces el Gobierno neerlandés ha cambiado de postura y ahora es defensor del acuerdo.

El Gobierno buscó celebrar el acuerdo del Mercosur alcanzado con la Unión Europea tras 25 años de negocionaciones. La administración de Javier Milei, con el canciller Pablo Quirno a la cabeza, anticipó que el convenio de libre comercio entre ambos bloques se firmará el 17 de enero en Paraguay, país que ostenta la presidencia pro tempore del bloque. 

Quirno afirmó que el entendimiento significará “más comercio, más inversión y más empleo” para los países miembro de la Unión Europea y del Mercosur. “La Argentina liderada por el Presidente Javier Milei decide competir, producir y crecer con reglas claras y en libertad”, sostuvo Quirno en un mensaje publicado en su cuenta de X.

En la misma línea, el ministro de Relaciones Exteriores remarcó: “Todos ganamos: la Argentina y los países del MERCOSUR accederán de manera preferencial a la UE, la tercera economía global, un mercado de 450 millones de personas, que representa cerca del 15% del PBI mundial”.

Hace apenas semanas, en la cumbre del Mercosur en Brasil, Milei exigió una “reforma institucional integral” del Mercosur al considerar que el bloque “no cumplió ninguno de los objetivos” para los que fue creado y que su estructura actual genera un costo económico elevado para la región. Fue el 20 de diciembre, al borde de fin de año.

Además, Quirno destacó que la UE “eliminará aranceles para el 92% de nuestras exportaciones y otorgará acceso preferencial para otro 7.5%. De esta forma, el 99% de las exportaciones agrícolas del MERCOSUR se verán beneficiadas”.

Próximos pasos y resistencias

La Unión Europea aprobó el acuerdo comercial con el Mercosur este viernes, luego de 25 años de negociaciones.

Esta votación habilita a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a viajar a Asunción para firmar el acuerdo comercial con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. 

La aprobación se da luego de que la mayoría de los países —al menos el 65%— que integran el bloque aceptaron las condiciones del acuerdo de libre comercio, pese a la oposición de Francia, Polonia e Irlanda.

Una de las claves fue el cambio de posición de Italia, que en diciembre se sumó a la oposición de Francia y consiguió entonces bloquear el consenso, pero que esta semana destacó los “enormes beneficios” derivados del acuerdo y votó a favor.

Cabe destacar que aunque se lleve adelante la firma en Asunción, el acuerdo no entrará de inmediato en vigor, dado que necesita la aprobación del Parlamento Europeo. Esto puede demorar varias semanas.

El resultado de las negociaciones en el Parlamento Europeo, según señalan agencias internacionales, no está definido. Alrededor de 150 diputados —de un total de 720— amenazan con recurrir a la Justicia para impedir la aplicación del entendimiento económico.

Claves del acuerdo

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea permitiría impulsar las exportaciones argentinas hasta un 35%, según especialistas. Esto representaría un incremento en las ventas a ese bloque que rondarían los 35.000 millones de euros anuales, según la Agencia Noticias Argentinas. Algunos datos clave:

Los sectores más beneficiados serían el agro y la agroindustria (como harina y aceite de soja).

Eso ocurriría a partir de la reducción de aranceles y mayor valor agregado. No obstante, los exportadores argentinos deberán tener en cuenta desafíos regulatorios europeos y necesidades de inversión interna.

El acuerdo incentiva la industrialización de materias primas, un tema clave para la Argentina. Esto mejorará los ingresos y la rentabilidad.

NB/MC

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, afirmó este viernes que los países de la Unión Europea (UE) necesitan “unas semanas más” y que solo han “pospuesto ligeramente” a enero la firma del acuerdo de asociación con el Mercosur.

“Esta tarde hemos logrado un avance decisivo que allana el camino para la culminación satisfactoria del acuerdo con el Mercosur en enero”, declaró Von der Leyen en una rueda de prensa al término de una cumbre de líderes de la UE.

Aunque el acuerdo de asociación con el bloque sudamericano no estaba en la agenda, diferentes mandatarios se refirieron a él y, durante el encuentro, quedó claro que no había respaldo para que los países dieran el mandato necesario a la Comisión para que lo firmase.

“Necesitamos unas semanas más para resolver algunas cuestiones con los Estados miembros, por lo que nos hemos puesto en contacto con nuestros socios del Mercosur y hemos acordado posponer ligeramente la firma”, explicó Von der Leyen, que estaba lista para viajar a Brasil y firmar el texto en nombre de la UE el sábado en la ciudad de Foz de Iguazú, en los márgenes de una cumbre del bloque latinoamericano.

Francia volvió a expresar hoy sus reticencias por el daño que cree que el acuerdo puede causar a sus agricultores, mientras que Italia pidió más tiempo para convencer a los suyos.

La política alemana dejó claro que este acuerdo, que las dos partes negocian desde hace 26 años, es “de vital importancia para Europa, tanto desde el punto de vista económico como diplomático y geopolítico, ya que abre nuevas oportunidades comerciales y económicas para todos nuestros Estados miembros”.

Aseguró que, gracias a haber acordado controles y salvaguardias adicionales, se han “incorporado todas las protecciones necesarias” para los agricultores y consumidores “en un año dominado por las noticias sobre el aumento de los aranceles y las nuevas restricciones comerciales”.

“El impacto positivo de este pacto es importante no solo para nuestras dos regiones, sino también para la economía mundial”, concluyó.

Por su parte el presidente del Consejo Europeo, António Costa, indicó que después de 26 años negociando con el Mercosur, ahora se ha acordado “firmar no el sábado, sino tres semanas más tarde”: “No se pierde mucho con estas tres semanas después de 26 años”, consideró.

“Me gusta mucho que estemos unidos en nuestra diversidad y que, a pesar de todas nuestras diferencias, lleguemos a tomar decisiones incluso por unanimidad cuando es necesario”, apuntó.

Von der Leyen coincidió con él en que tres semanas más después de 26 años de negociaciones no es significativo, y se mostró confiada en que puedan “traer a casa el acuerdo”.

Preguntados por si están dispuestos a dar más garantías a los Estados miembros aún reticentes, Costa celebró los esfuerzos de la Comisión, que ha hecho “propuestas que han obtenido un apoyo muy fuerte” en el Parlamento Europeo a la hora de pactar esas salvaguardias o cláusulas espejo para proteger a los productores europeos en caso de un flujo excesivo en la entrada de artículos del Mercosur.

“Todo esto ha creado las condiciones para saber que es posible, con tres semanas de retraso, firmar el acuerdo con el Mercosur”, concluyó.

Por su parte, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, celebró al término de la cumbre que el aplazamiento ofrece “algunas semanas” para dar respuesta a los agricultores italianos, conseguir las “salvaguardas necesarias” para sus productos y poder aprobar el acuerdo cuando se tengan “todas las garantías solicitadas por un sector que, de otro modo, podría ser golpeado”.

Negociaciones de última hora

Para tratar de solventar las dudas de los países críticos, la Unión Europea consensuó este miércoles a la carrera unas cláusulas de salvaguardia para añadir al acuerdo que permitan proteger a los productores europeos, especialmente los agropecuarios, en el caso de que las importaciones del Mercosur crezcan demasiado o los precios de los productos de estos países sean mucho más bajos que los equivalentes europeos.

El Parlamento Europeo quería incluir también una cláusula espejo que obligase a los productores del Mercosur a respetar los estándares de producción europeos en los bienes que exporten a la UE, pero la negociación acabó eliminándola del acuerdo final porque sería incompatible legalmente con el texto original del acuerdo.

Aún no está claro si estas salvaguardas -que prevén suspender las preferencias arancelarias para las importaciones del Mercosur en la UE si Bruselas detecta que están perjudicando a los productores europeos- serán suficientes para convencer a los países que se enrocan en el “no”.

Frente a ellos se sitúan dos pesos pesados de la UE, Alemania y España, que insisten en la necesidad de cerrar el acuerdo como respuesta a la creciente hostilidad arancelaria de Estados Unidos y a la incertidumbre que se cierne sobre el sistema multilateral que hasta ahora ha regido las relaciones comerciales.

Varios líderes europeos también han subrayado estos días que la UE afronta un momento de “ahora o nunca” sobre Mercosur, y han alertado de la pérdida de credibilidad que supondría un fracaso para el bloque de cara a futuras negociaciones del mismo tipo.

En paralelo, la paciencia empieza a agotarse en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, que llevan seis años esperando a la firma final después de un primer acuerdo político en 2019 que nunca llegó a cuajar en un texto definitivo.

Brasil, que ostenta la presidencia rotativa del Mercosur, advirtió este jueves que si la Unión Europea no firma el acuerdo comercial este sábado, el bloque suramericano pasará a priorizar las negociaciones con otros socios, como Japón o Reino Unido.

Protesta de agricultores frente a la Eurocámara contra el acuerdo con el Mercosur

La Policía Federal belga disolvió este jueves la manifestación de agricultores en el barrio europeo de Bruselas, tras numerosos ataques a edificios en las inmediaciones del Parlamento Europeo y violentos enfrentamientos entre agentes y asistentes que se saldaron con un hombre herido grave.

Los agricultores bloquearon el centro de Bruselas para expresar su rechazo frontal al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), que la Comisión Europea quiere firmar el próximo sábado, así como a la nueva propuesta presupuestaria del Ejecutivo comunitario, que plantea un recorte a las ayudas regionales y agrícolas.

Los manifestantes, algunos con el rostro tapado, llegaron al epicentro del barrio europeo con decenas de tractores y prendieron fuego a decenas de neumáticos en el centro de la plaza de Luxemburgo, frente a la Eurocámara, lo que provocó una gran columna de humo negro.

Además, lanzaron repetidamente piedras y material pirotécnico contra el edificio de la Estación Europa, que terminó con varios cristales rotos, y también hacia la Explanada Solidarność 1980, que conecta la citada plaza con el Parlamento Europeo, donde colocaron una pancarta con el lema “aquí comienza la dictadura”, en referencia a la Unión Europea.

La escalada de la violencia obligó a la Policía a disuadir a los protestantes mediante cargas policiales durante varias horas para intentar sofocar la concentración y a establecer un cordón de seguridad en la puerta de la cámara legislativa, informó la agencia Belga.

Durante la evacuación de la plaza de Luxemburgo, un hombre sufrió una grave lesión en la cabeza y tuvo que ser atendido, según el medio belga 'Le Soir'. Se desconoce si era un manifestante o un periodista, y tampoco se ha informado sobre detenciones.

Por otra parte, los responsables del Parlamento Europeo reubicaron a trabajadores y asistentes en un edificio más seguro y alejado de las protestas, y les instó a alejarse de las ventanas más próximas a la concentración, indicaron fuentes diplomáticas.

También la Comisión Europea pidió a los funcionarios que evitasen el área de la plaza de Luxemburgo y sus inmediaciones, y les apremió a no llevar su acreditación a la vista.

Los incidentes también provocaron el bloqueo de parte de la movilidad en la capital belga, con calles cortadas e interrupciones y retrasos en una decena de líneas de autobús, según informó la empresa de transporte público de Bruselas, STIB, que subrayó que los manifestantes no respetaron el recorrido de la marcha.

La protesta, a la que asistieron unos 7.300 agricultores y 950 tractores de la Unión Europea, según la Policía de Bruselas, tenía previsto culminar en la misma plaza de Luxemburgo, pero la disuasión obligó al resto de manifestantes a redirigir la marcha.

EFE

Tras varios idas y vueltas, finalmente el presidente Javier Milei confirmó hoy su participación en la Cumbre del Mercosur que tendrá lugar el próximo sábado 20 de diciembre en Foz de Iguazú, Brasil.

El mandatario asistirá al evento con el acuerdo entre el bloque regional y la Unión Europea en duda. Lo cierto es que tanto Italia como Francia se muestran reticentes a firmar el entendimiento que había anticipado el presidente de Brasil, Luiz Inacío Lula da Silva, y podría quedar para 2026.

En Casa Rosada habían anticipado la posibilidad al sostener que el tan ansiado entendimiento, que lleva ya al menos 20 años en vilo, encuentra resistencia en algunos países europeos. “No soy optimista. No porque no estemos a favor, obvio que queremos poder comerciar libremente, pero encontramos resistencia en Francia e Italia”, supo plantear una importante fuente con acceso al despacho presidencial.

Sin embargo, reveló además que el libertario asistirá con un discurso en el que insistirá con la necesidad de que el bloque se abra al libre comercio y elimine la reglamentación que limitan los entendimientos con el resto de los países. “La idea es que vuelva a plantear las bondades de libre comercio y la necesidad de que los países integrantes puedan abrirse comercialmente”, precisaron por los pasillos de Balcarce 50.

Pese a las significativas diferencias con el referente del Partido de los Trabajadores (PT), Milei viajará el viernes para retornar una vez finalizado el evento.

Tras haber recibido al reciente electo presidente de Chile, José Antonio Kast, la administración libertaria se esperanza con la conformación de una alianza informal de derecha que incluya a Chile, Bolivia, Paraguay y Perú y que se muestre en sintonía con los lineamientos del republicano Donald Trump en Estados Unidos.

Con información de la agencia NA

Bruselas inició este jueves el primer paso hacia una nueva legislación laboral. La Comisión Europea (CE) presentó una consulta formal con sindicatos y empleadores para diseñar la Ley de Empleo de Calidad, que será presentada en 2026. El proyecto busca responder a las transformaciones tecnológicas y organizativas del trabajo en la Unión Europea, con especial foco en el uso de inteligencia artificial (IA), el avance del teletrabajo y las nuevas formas de subcontratación.

“Queremos modernizar el trabajo en Europa, crear empleos sostenibles y garantizar la protección de los trabajadores”, afirmó Roxana Minzatu, vicepresidenta de la CE, al presentar los lineamientos. Uno de los puntos más novedosos será la regulación del uso de algoritmos y herramientas de IA para la gestión laboral.

La propuesta contempla establecer límites éticos y reglas claras de transparencia, especialmente cuando estas tecnologías se utilizan para vigilar empleados, distribuir tareas, fijar remuneraciones o tomar decisiones automatizadas. Bruselas también considera necesario regular el grado de intervención humana, proteger la privacidad de los trabajadores y evitar interferencias en la negociación colectiva.

Algoritmos bajo supervisión humana

Minzatu aclaró que el objetivo es doble: fomentar la adopción de inteligencia artificial como motor de productividad, pero al mismo tiempo garantizar un entorno confiable para trabajadores y empleadores. “Esto requiere una protección mínima para quienes trabajan con estas herramientas”, sostuvo.

El planteo retoma el llamado que hizo la Eurocámara en noviembre, cuando reclamó que todas las decisiones tomadas por algoritmos en el ámbito laboral estén supervisadas por personas. También pidió prohibir el acceso a datos privados como el estado psicológico, la geolocalización o las comunicaciones personales de las y los trabajadores.

Subcontrataciones y dumping social

Otro eje central del proyecto es el combate a la explotación laboral y el dumping social, dos fenómenos crecientes en sectores como la construcción, el transporte y la logística. La CE busca poner límites al uso abusivo de cadenas de subcontratación, que muchas veces diluyen las responsabilidades empresariales y precarizan las condiciones laborales.

“Las subcontratas no deben debilitar los estándares sociales europeos”, advirtió Minzatu. El plan contempla mecanismos de corresponsabilidad empresarial y mayor transparencia en la contratación, con reglas claras para los empleadores que tercerizan tareas o trasladan personal al exterior.

Teletrabajo, salud mental y derecho a desconectarse

La futura Ley de Empleo de Calidad también abordará el impacto del teletrabajo. Desde 2019, la tasa de teletrabajo en Europa se duplicó y ya alcanza al 20,3% de la población laboral. Esta expansión, según el Ejecutivo comunitario, vino acompañada de un aumento de riesgos psicosociales y ergonómicos.

Un estudio citado por la CE señala que el 29% de las personas que trabajan en Europa sufre estrés, ansiedad o depresión provocada o agravada por sus tareas laborales, una cifra superior al 27% registrado en 2022.

En este contexto, Bruselas quiere avanzar también en la legislación sobre el derecho a desconectarse. Entre julio y octubre de este año, ya se había realizado una consulta sobre este punto, que ahora se complementa con el debate sobre condiciones justas en el teletrabajo.

Un nuevo marco para un mundo del trabajo en transformación

La futura Ley de Empleo de Calidad busca convertirse en el nuevo paraguas normativo para los cambios acelerados que vive el mercado laboral europeo. Con la Ley de IA aún en implementación y vacíos normativos en áreas clave, el proyecto apunta a equilibrar innovación y derechos, frente al avance de modelos de gestión automatizada que aún no contemplan garantías suficientes.

“Los algoritmos no pueden reemplazar el diálogo social”, advirtió Minzatu, que confirmó que el proceso de consulta continuará en 2026 con vistas a presentar una propuesta legislativa integral.

JJD

La política exterior de Estados Unidos está marcando la agenda de la Unión Europea. La Cumbre UE-CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), que se va a celebrar los días 9 y 10 de noviembre en Santa Marta (Colombia), llega sin la participación de importantes líderes europeos como la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, el canciller alemán Friedrich Merz o el presidente francés, Emmanuel Macron. 

La desbandada coincide con el anuncio de Donald Trump de imponer sanciones a Colombia y las acusaciones contra el presidente, Gustavo Petro, al que ha calificado de “líder del narcotráfico que incentiva fuertemente la producción masiva de drogas en campos grandes y pequeños por toda Colombia”, las amenazas contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que incluye el desplazamiento de un portaviones en la zona, o los ataques militares estadounidenses contra barcos relacionados supuestamente con el narcotráfico.

Según el Consejo Europeo, en esta cumbre se discutirán temas como “la defensa del multilateralismo, el comercio y la inversión, las transiciones verde y digital, planes paz y seguridad y la lucha contra el crimen organizado, la corrupción, el tráfico de drogas y la trata de personas”. A pesar de esta agenda, un portavoz de la Comisión Europea justificó la ausencia de Von der Leyen en que “en vista de la actual agenda política europea y la baja participación de otros jefes de estado y de gobierno, la presidenta Von der Leyen no asistirá a la cumbre, pero sigue en cualquier caso plenamente comprometido con el fortalecimiento de las relaciones entre la UE y CELAC”. Fuentes del Gobierno alemán utilizaron el mismo argumento de la baja participación de líderes para excusar la participación de Merz. Tanto Von der Leyen como Macron y Merz sí asistirán a la COP30 en Brasil.

Fuentes diplomáticas mostraron su malestar ante la posición de Von der Leyen, ya que al ser una cumbre entre dos bloques de países, la presidenta de la Comisión Europea debería asistir por protocolo. En su lugar irá la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, y también acudirá el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ante el revuelo creado por la ausencia de la principal dirigente de la UE.

Los funcionarios de la UE temen enfadar a Trump y que rompa el frágil acuerdo comercial cerrado el pasado verano entre Europa y los EEUU y recuerdan la dependencia de armamento y la inteligencia militar estadounidense que necesita Ucrania para defenderse de Rusia, según publica Financial Times.

La presión de EEUU a los países latinoamericanos llega cuando la UE está a punto de cerrar el acuerdo comercial con Mercosur, que se podría firmar el próximo 20 de diciembre en Brasil. Von der Leyen ya retrasó su ratificación hasta para lograr la consecución del pacto de aranceles con Trump.

En esta situación, el presidente de Colombia denunció en la red social X que “fuerzas ajenas a la paz de América han querido que la cumbre Celac/Europa fracase. Y claro que en la nueva geopolítica fósil y antidemocrática se busca que los pueblos que desean la libertad y la democracia no se junten”. Ante el posible descalabro de la cumbre, el presidente de Brasil, Lula Da Silva, anunció que participaría en la reunión pese a que en un primer momento su Gobierno anunció que no acudiría a Santa Marta.

Aunque la Administración Trump incrementó la presión sobre el presidente colombiano con acusaciones sin pruebas de apoyar al narcotráfico, la realidad es que EEUU ya anunció posibles sanciones cuando Petro apuntó en mayo que Colombia se uniría a la iniciativa de infraestructuras Belt and Road de Pekín durante una visita a China.

Ese mismo mes se celebró una reunión China-CELAC en Pekín con la participación de los líderes de Brasil, Lula da Silva; Colombia, Gustavo Petro, y Chile, Gabriel Boric, donde el presidente chino, Xi Jinping, anunció que “China aumentará sus importaciones de productos de alta calidad de países de América Latina y el Caribe e incentivará a sus empresas a expandir sus inversiones en esa región”. Además, Xi le mandó un mensaje velado a Trump al comentar que “la intimidación y la coerción solo conducen al aislamiento” e insistió en que China iba a impulsar la colaboración con los países latinoamericanos como respuesta a las tensiones geopolíticas.

EEUU no ha parado de lanzar mensajes intimidatorios a los países latinoamericanos que trataban de impulsar las relaciones comerciales con China. A esta política coercitiva responde la amenaza de Trump de utilizar la fuerza para recuperar el control del canal de Panamá. Tras la advertencia, el gobierno panameño se bajó de la iniciativa de infraestructuras Belt and Road de China.

Además, en el caso de Colombia hay que añadir que en un año hay elecciones presidenciales. Trump estaría buscando un nuevo presidente más afín a sus intereses y desbaratar la posibilidad de que Petro rompa el acuerdo de cesión de bases militares a EEUU en territorio colombiano para combatir el narcotráfico. “Llegó la hora de sacar todas las bases estadounidenses del país”, comentó Petro el pasado 20 de octubre.

Dentro de la estrategia de política exterior de Trump está romper con las reuniones multilaterales. Estados Unidos ha presionado para que la República Dominicana cancelara la Cumbre de las Américas que iba a tener lugar el próximo diciembre, donde habrían participado líderes latinoamericanos junto a Estados Unidos y Canadá.

España rebaja la importancia de las ausencias

El presidente Pedro Sánchez anunció hace tiempo su participación en la cumbre en Colombia. España tiene especial interés en el éxito de estas reuniones que han sido promocionadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Fuentes de Moncloa han rebajado la importancia a las ausencias de líderes europeos con el argumento de que todos los países van a mandar a representantes a Santa Marta y se centran en que la cumbre se va a celebrar, que es la prioridad para España.

Respecto a las amenazas de Trump sobre las supuestas implicaciones de los gobiernos de Venezuela y Colombia con el narcotráfico, fuentes de Moncloa señalan que es una prioridad luchar contra las redes de narcotráfico y el crimen organizado mediante cooperación política y judicial y el intercambio de información.

El Gobierno de España recuerda que la Unión Europea va a presentar en Santa Marta un proyecto propio para abordar la lucha contra el narcotráfico. Desde Moncloa se apunta que tanto Venezuela como Colombia han decidido abordar el problema común del narcotráfico, que preocupa a ambos lados del Atlántico, y que España defiende que es un reto que se tiene que afrontar desde el cumplimiento del Derecho internacional.

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), una organización que representa a 350 grandes empresarios de todos los países de Iberoamérica que participa tanto en el foro empresarial como observador en la parte política del encuentro UE-CELAC, señala que “nunca antes EEUU había puesto tanto interés en Latinoamérica” y que “la reacción de la Unión Europea ha sido acelerar y potenciar los tratados comerciales con las principales economías de Latinoamérica. Ahí está el tratado con México, con Mercosur o con Chile. Cuando estén todos en vigor, el 94% del PIB de la región se beneficiará de tratados comerciales con la UE”. 

España va a proponer a la Unión Europea eliminar definitivamente el cambio de hora estacional en todo su territorio. “No tiene sentido seguir cambiando el reloj dos veces al año”, dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El Ejecutivo apoya su propuesta en que la medida está “obsoleta” y ya no aporta ningún ahorro energético, además del “impacto” que tiene en la salud de los trabajadores y su productiidad.

“Las razones que daban lugar originalmente al cambio horario para reducir el consumo de energía ya no se dan en la práctica”, si bien sí que tiene “una afectación para la salud”, ha defendido el ministro de Economía este lunes. La mayoría de la sociedad española prefiere eliminarlo, según las últimas encuestas, y los científicos explican que tiene efectos negativos en la salud de millones de personas, porque trastoca los ritmos biológicos y provoca alteraciones del sueño.

Quien fija el calendario de los cambios en el horario es la Comisión Europea. Lo hace cada cinco años. Su regulación es la simultánea —y obligatoria— en todos los Estados miembros. La planificación actual finaliza justo este 2026, por lo que el Gobierno ha visto una oportunidad para plantear el fin de la práctica. “Ahora es la oportunidad para decidir. Es una cuestión de sentido común, bienestar y coherencia con la evidencia científica”, dice el Ejecutivo en un comunicado.

La medida se remonta a 1980, cuando la Comunidad Económica Europea empezó a coordinar y separar los horarios de invierno y verano para aprovechar las horas de luz y reducir así el consumo energía. También para armonizar el funcionamiento del mercado común. Sin embargo, los avances en la economía y la tecnología, así como los hábitos sociales de gran parte de la población, han dejado obsoleta la medida.

Según una encuesta realizada por la Comisión Europea en 2018, el 84% de los ciudadanos europeos —participaron 4,6 millones de personas— está a favor de eliminar el cambio de hora en Europa. En España, quienes prefieren un horario único también son mayoría: según los datos del barómetro de 2022 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 65% de los españoles prefiere acabar con los cambios estacionales de horario.

Sin embargo, la comunidad científica y la población española entran en conflicto sobre cuál sería el mejor horario de los dos. Los expertos aseguran que el horario de invierno es más beneficioso para nuestros ritmos biológicos, pero el horario estival está mucho mejor valorado entre la ciudadanía: un 70% de los españoles, según los datos del CIS, prefiere los tiempos del verano.

“En todas las encuestas a las que se les pregunta, a los españoles y a los europeos, de manera mayoritaria están en contra de cambiar el horario. Además, la ciencia nos dice que ya no supone un ahorro energético, y lo que sí nos dice la ciencia es que trastocan los ritmos biológicos dos veces al año”, ha expresado Sánchez en un vídeo compartido en sus redes sociales.

En 2018, la Comisión propuso acabar con los cambios de hora. La decisión se produjo tras una consulta ciudadana en la que participaron 4,6 millones de personas, con un 84% a favor de terminar con los cambios. En 2019, el Parlamento Europeo respaldó ampliamente esta postura con el 63% de los votos. Sin embargo, la decisión final quedó paralizada por la falta de consenso entre los Estados: es necesaria una mayoría cualificada en el Consejo para que salga adelante.

“Dos de cada tres españoles están a favor de acabar con el cambio de hora. La Comisión y el Parlamento Europeo ya lo apoyaron hace años; falta que el Consejo dé el paso”, insiste el Gobierno. “Europa debe escuchar a su ciudadanía y actuar con agilidad. Queremos una Unión Europea más moderna, que piense en la vida cotidiana de las personas. Es hora de sincronizar Europa con la gente, no con el reloj”, prosiguen.

El PP lo tilda de “señuelo”

La secretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha salido al paso del anuncio y lo ha tildado de “señuelo”. “No es nada nuevo, se viene hablando en Europa desde hace mucho tiempo”, ha defendido Gamarra en una entrevista en RNE. “Pedro Sánchez siempre busca cualquier señuelo para cambiar los temas de conversación de la actualidad política en España”, ha asegurado.

Gamarra ha despreciado la propuesta y ha dicho que, “cambie o no la hora, los problemas judiciales de Pedro Sánchez van a ser los mismos”. “Y a un autónomo no le va a solucionar absolutamente nada”, ha sostenido. “Esto no va a cambiarnos la vida”, ha zanjado.

Con Donald Trump siempre se mezcla lo político, lo personal y lo empresarial. El presidente de EEUU llegó este viernes por la noche a Escocia, para pasearse por los dos campos de golf que posee –en Aberdeen y Turnberry–, dar unos palos, promocionar sus negocios y, ya que está, verse con el primer ministro británico, Keir Starmer, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que se desplazará desde Bruselas hasta los dominios de Trump para intentar rematar un acuerdo comercial que evite unos aranceles del 30%.

La mera imagen de Von der Leyen viajando a un campo de golf posesión de Trump en Escocia puede dar una idea de que será un acuerdo que satisfará al presidente de EEUU. “Me reuniré con la UE el domingo y trabajaremos para llegar a un acuerdo”, dijo Trump al llegar a Escocia: “Veremos si lo logramos. Ursula estará aquí. Es una mujer muy respetada. Sería genial. Veremos. Creo que tenemos una buena probabilidad, del 50%-50%”.

Pero ni la presencia del primer ministro británico ni de la presidenta de la Comisión Europea logran eclipsar el gran asunto que está atravesando la presidencia de Donald Trump: los archivos del pederasta Jeffrey Epstein, que el trumpismo prometió desclasificar antes de llegar a la Casa Blanca y que, ahora, ha decidido dejar en el cajón.

Sin embargo, es algo que Trump no puede frenar, por mucho que lo intente. Y este viernes, el número dos del Departamento de Estado, Todd Blanche, se vio por segunda vez con la mano derecha de Epstein, condenada a 20 años de cárcel por trata de menores, sin que estén trascendiendo los detalles de esas conversaciones en las que, según los abogados de la ex pareja de Epstein, Ghislaine Maxwell está siendo muy colaboradora.

Pero, claro, la defensa de Maxwell ve las visitas de Blanche como una “oportunidad”, según expresó el abogado David Markus. “Si buscas 'chivo expiatorio' en el diccionario, su cara (la de Maxwell) aparecería junto a la definición. Así que estamos agradecidos por esta oportunidad de finalmente poder decir lo que en verdad sucedió”.

Su abogado afirmó que, durante la entrevista, Maxwell respondió preguntas sobre 100 personas, aunque no queda claro si se trata de víctimas, cómplices u otras personas implicadas en el tráfico sexual de menores. Así mismo, Maxwell dejó claro que quiere que su condena de 20 años se anule, se reduzca o que se le conceda un indulto.

“Es algo en lo que no he pensado”, declaró a la prensa antes de partir hacia Escocia: “Tengo el poder para hacerlo, pero es algo en lo que no he pensado”. El abogado de Maxwell afirmó que no han solicitado nada formalmente al gobierno a cambio de su testimonio: “Aún no hemos hablado con el presidente ni con nadie sobre un indulto. El presidente dijo esta mañana que tenía la facultad para hacerlo. Esperamos que ejerza esa facultad de forma correcta y justa”.

Maxwell, además, fue citada esta semana por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que quiere que testifique en agosto. Markus afirmó que aún no han decidido si accederán al interrogatorio.

“La inmigración está destruyendo Europa”

Lo que está claro es que a Trump no le gusta que le pregunten por esto, y se lo reprocha a los periodistas cada día, a los que les pide hablar de la relación de Bill Clinton con Epstein, o de la cortina de humo sobre las supuestas maniobras de Barack Obama en torno a la injerencia rusa en las elecciones de 2016 –que Trump ganó–, y, por supuesto, de que la economía de EEUU es “la mejor del mundo”.

Y luego están los temas de los que habla siempre aunque no le pregunten, como es el caso de la migración, uno de los ejes de su gobierno, que pasa por redadas y deportaciones masivas sin garantías judiciales, y asuntos relacionados con el globalismo woke, como dicen los ultras. En este caso, los molinos de energía eólica.

“Le digo dos cosas a Europa”; sermoneó Trump para zanjar el turno de preguntas: “Detengan los molinos de viento. Están arruinando sus países. Lo digo en serio. Es muy triste. Se ven molinos por todas partes desde el aire, arruinando sus hermosos campos y valles y matando a sus aves. Y si se colocan mar adentro, arruinando sus océanos. Paren con ello, detengan los molinos de viento que están destruyendo la belleza de sus países”.

“En cuanto a la inmigración, más vale que se pongan en marcha, porque se van a quedar sin Europa”, ha sentenciado el presidente de EEUU: “Tienen que actuar. El mes pasado no entró nadie a nuestro país, echamos a muchos delincuentes que llegaron con Biden, y ustedes están permitiendo que esto les pase a sus países, tienen que detener esta horrible invasión que está ocurriendo en Europa. Muchos países europeos, algunos líderes, no han permitido que esto ocurra y no están recibiendo el reconocimiento que merecen. Podría nombrarlos, pero no voy a avergonzar a los demás. Paren con esto. La inmigración está destruyendo Europa”.

La UE ha pasado de la ofensiva de “golpear donde duele” a Donald Trump al plantear represalias a sus aranceles que dañaran no solo la economía de EEUU, sino especialmente a los estados republicanos, a agachar la cabeza. Bruselas lleva tres meses negociando con la Casa Blanca –la última semana con la esperanza de cerrar un principio de acuerdo– sin haber parado de recibir golpes desde Washington. Primero fueron los aranceles del 25% al acero y el aluminio, que después se elevaron al 50%; luego los denominados “aranceles recíprocos” del 20% –que en este caso sólo entraron parcialmente en vigor– y también el 25% a los vehículos. A eso hay que sumar las amenazas y vaivenes del presidente de EEUU, que cuando la UE esperaba un entendimiento sorprendió con una carta en la que anunciaba unos aranceles del 30%, que para la UE son “prohibitivos” y supondrían una “disrupción” del comercio entre los dos lados del Atlántico.

A pesar de esa presión y del desdén de Trump, la UE cambió de estrategia cuando mostró intención de negociar a través de una tregua parcial de 90 días. De los golpes, pasó a la “buena fe” y suspendió la entrada en vigor de las únicas contramedidas que había acordado: una respuesta de 21.000 millones de euros en aranceles por el castigo de EEUU al sector siderúrgico. A cada envite de Washington, la reacción de la UE ha sido prácticamente nula más allá de fiarlo todo a la negociación. Y ahora que Trump amenaza con una verdadera guerra comercial con aranceles del 30% como método de presión para el bloque comunitario, la respuesta de la Comisión Europea ha sido la misma.

Básicamente en Bruselas se muestran confiados en llegar a un acuerdo antes del 1 de agosto. Es lo que quiere o necesita imperiosamente Alemania para salvar su industria. También Italia está en aceptar lo que sea con tal de evitar una escalada de la guerra comercial.

Los 27 insisten en que la prioridad debe ser buscar una solución negociada con EEUU, pero difieren en la estrategia. Francia está empujando para que la UE eleve el tono y dé una señal de fortaleza. “La situación desde el sábado nos tiene que llevar a cambiar de método y tenemos que ser capaces de presentar de una manera concreta, a veces también de una manera muy clara, cuál es la capacidad de la Unión Europea para poner contramedidas sobre la mesa, para contraatacar y para que ese equilibrio de poder que quiere Estados Unidos y que no debe llevar a una guerra comercial que sería perjudicial para todos, lo entiendan también los europeos demostrando su capacidad de contraatacar”, ha defendido el ministro de Comercio francés, Laurent Saint-Martin, a su llegada a la reunión con sus homólogos en Bruselas.

Por lo que apuesta el Gobierno de Emmanuel Macron es por poner sobre la mesa todo el abanico de medidas con el que podría responder a un arancel del 30% por parte de EEUU. Y eso pasa por las contramedidas proporcionales, en forma de aranceles, pero también por medidas contra las 'Big Tech' o por el despliegue del denominado 'bazuca', el instrumento anticoerción contra el chantaje comercial, que contempla medidas como la restricción de importaciones o exportaciones e incluso la prohibición de que las empresas de ese país accedan a licitaciones públicas en el bloque comunitario.

“No queremos ningún tipo de guerra comercial con Estados Unidos. Sería devastador no sólo para los estadounidenses, sino también para Europa. Así que no queremos una escalada. Por otro lado, también necesitamos mostrar algo de músculo”, ha defendido el ministro danés, Lars Løkke Rasmussen: “Tenemos que prepararnos para las contramedidas y debemos estar abiertos a utilizar todas las herramientas de que disponemos”.

Pero no todos los países están en esa longitud de onda. “No estamos en ese escenario”, ha expresado el irlandés. También Carlos Cuerpo se ha pronunciado en términos similares al asegurar que hay margen hasta el 1 de agosto para intentar lograr un acuerdo y que será después, si se constata que es inviable, cuando haya que adoptar medidas.

Por el momento, la respuesta que está preparando la UE contempla aranceles por un valor de 21.000 millones de euros -que están suspendidos y se activarán de manera automática si no hay un acuerdo en agosto- y un paquete en el que se está trabajando que inicialmente suponía un golpe de 95.000 millones de euros que ahora se ha rebajado a 72.000 millones, y aún está pendiente de revisión por parte de los estados miembros. “Esto no agota nuestra caja de herramientas y todas las herramientas permanecen en la mesa”, ha asegurado el comisario de Comercio, Maros Sefcovic, sin dar mucho más detalles. Este mismo lunes pretende hablar con sus interlocutores de la Administración Trump y viajar de nuevo a Washington próximamente.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado tras la reunión de los responsables de comercio de los 27 que hay “unidad de acción y apoyo a la Comisión Europea en la ”primera intención de seguir buscando un acuerdo en las dos semanas que quedan hasta la fecha tope“, pero al mismo tiempo ha advertido de que no pueden ser ”ingenuos“. ”Tenemos que contemplar un escenario en el que no exista acuerdo y preparar medidas de reequilibrio si ese escenario se diera“, ha advertido sin entrar en mayor profundidad que las contramedidas en las que ya se está trabajando.

Lo que ha indicado es que la intención es que los dos paquetes de aranceles en respuesta a los de Trump estuvieran listos para entrar en vigor a principios de agosto si no se logra un acuerdo y entra en vigor el 30% con el que ha amenazado Trump. “El daño sería elevado”, ha admitido el ministro sobre un daño “particularmente perjudicial” de esa cifra, aunque ha insistido en que “España tiene una exposición directa menor” que otros socios europeos, aunque ha avisado de que “el efecto indirecto podría acabar suponiendo un impacto significativo”. Cuerpo considera que la propuesta de un fondo para compensar a los sectores afectados por los aranceles “va tomando forma” en el seno de la UE.

Un 30% de aranceles para la Unión Europea (UE) a partir del 1 de agosto. La UE y Donald Trump no han logrado cerrar un principio de acuerdo de momento, y este sábado el presidente de EEUU ha anunciado en Truth Social los gravámenes unilaterales del 30%. En todo caso, aún hay margen hasta el 1 de agosto para intentar cerrar un principio de acuerdo que permita después una negociación más profunda, sector por sector, que es lo que quería las principales economías europeas, especialmente Alemania.

“Seguimos dispuestos a seguir trabajando para llegar a un acuerdo antes del 1 de agosto”, ha sido la respuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La cifra del 30% representa el 20% para la UE que anunció Trump el 2 de abril más un 10% generalizado que aplica a todo el mundo.

Por lo tanto, el anuncio de momento no responde a las pretensiones que tenía hace unos días el comisario de Comercio de la UE, Maros Sefcovic, sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo tras haber viajado varias veces a Washington en las últimas semanas para mantener la interlocución directa con los responsables de comercio de la Administración Trump.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habló con el presidente estadounidense el domingo pasado. “Estamos buscando un marco claro desde el que podamos seguir construyendo”, dijo esta semana en el Parlamento Europeo. En la UE daban por hecho que habría un principio de acuerdo.

El presidente de EEUU lo contó también esta semana: “La Unión Europea ha estado hablando con nosotros, hemos hablado con Ursula y han sido muy amables. Nos trataron muy mal hasta hace poco. Ahora nos tratan muy bien, es como otro mundo. De hecho, nos han tratado muy mal. Fueron de los más difíciles de tratar, en muchos aspectos fueron mucho peores que China. Miren lo que les hacen a nuestras empresas: demandaron a Apple y a Google, y recibieron de Apple una indemnización por una demanda que no tenía fundamento. Tienen jueces de la Unión Europea, y dictaminaron quitarle muchísimo dinero a nuestro país. Son muy duros, pero ahora están siendo muy amables con nosotros, y veremos qué pasa. Estamos hablando con ellos”.

Los 27 tendrán ahora que decidir si ponen en marcha contramedidas ya o a partir del 1 de agosto en caso de no llegar a un acuerdo. “Al mismo tiempo, tomaremos todas las medidas necesarias para salvaguardar los intereses de la UE, incluida la adopción de contramedidas proporcionadas en caso necesario”, reza el comunicado difundido este sábado, una hora después de que Trump publicara su carta en su red social. No obstante, Washington había avisado a Bruselas con anterioridad al post del presidente de EEUU.

Entre las decisiones que tiene que tomar la UE es si mantiene o no la suspensión de los aranceles con los que contestó al primer golpe de Trump del 50% al acero y el aluminio –al que ahora se añade el cobre–. Se trataba de un paquete de aranceles por un valor de 21.000 millones de euros que se quedó congelado cuando el presidente de EEUU planteó una tregua de 90 días a la guerra comercial –del 9 de abril al 9 de julio, ahora ampliada al 1 de agosto–, que para entonces ya había escalado con aranceles recíprocos del 20% o un 25% a los vehículos europeos. La suspensión por parte de la UE vence en la madrugada de este 15 de julio.

La víspera se reúnen los ministros de Comercio en Bruselas, donde abordarán este asunto, que en todo caso, se maneja al máximo nivel entre la Comisión Europeo y los jefes de Gobierno de los 27.

La UE ha estado trabajando igualmente en otro paquete de contramedidas por un valor total de 95.000 millones de euros ante la constatación de que una parte de los nuevos aranceles de Trump habían llegado para quedarse. De hecho, en el principio de acuerdo en el que estaban trabajando se asumía un gravamen del 10%, como ocurrió en el caso de Reino Unido. La UE estaba intentando lograr excepciones para algunos bienes, como el vino o los aviones comerciales. Según ha publicado Bloomberg este sábado por la mañana, los productos agrícolas y los vehículos estaban complicando la recta final de las conversaciones.

Una de las razones por las que Donald Trump quiere que los miembros de la OTAN disparen el gasto militar es que se dejen miles de millones de dólares en la industria armamentística norteamericana. Es lo que explica la respuesta furibunda que dio a la negativa del presidente español, Pedro Sánchez, a gastar un 5% del PIB español en defensa para 2035. “Es terrible lo que está haciendo España y le vamos a hacer pagar”, dijo en la rueda de prensa posterior a la cumbre de los aliados en La Haya. En plenas negociaciones por los aranceles indiscriminados que puso, entre otros, a la Unión Europea, eleva la amenaza al asegurar que hará que los españoles “paguen el doble”.

La amenaza en plena negociación de la UE

La posibilidad de que Trump imponga más aranceles a España, o a productos que afecten especialmente a los sectores industriales españoles, supone una escalada generalizada de la guerra comercial con la UE. Es una suerte de 'si nos atacan a uno, nos atacan a todos y respondemos conjuntamente' similar a la que se aplica con el artículo 5 de la OTAN (la cláusula de la seguridad colectiva), pero trasladada a las competencias en materia de comercio, que son comunitarias. Es la Comisión Europea la que negocia en nombre de los 27 estados miembros.

La amenaza se produce a punto de comenzar la cuenta atrás para la fecha límite que Trump y Ursula von der Leyen –presidenta de la comisión– para lograr un acuerdo: el 9 de julio. Por el momento, la Comisión Europea guarda silencio al tratarse de lo que consideran sólo un comentario o un amago de amenaza verbal. Y ante esa situación, no suelen pronunciarse. “Estamos plena y profundamente comprometidos en las negociaciones: una solución negociada y mutuamente beneficiosa sigue siendo nuestro resultado preferido”, señala un portavoz del gobierno comunitario.

¿Qué puede hacer Trump?

Por el momento queda, por tanto, esperar hasta dónde llega Trump. Sus posibilidades son muy amplias. Puede imponer aranceles a las importaciones de productos procedentes de España, abriendo una brecha en el bloque comunitario, que ha sido el gran temor en la UE durante estos meses; a empresas concretas o a sectores especialmente relevantes para la economía española. Ese fue el caso, por ejemplo, de la aceituna negra, que fue uno de los productos afectados por los aranceles del primer mandato de Trump y que aún sigue sufriendo las consecuencias.

“Es el único país que no pagará la totalidad, quieren quedarse en el 2%. Creo que es terrible. Ya sabes, les va muy bien, la economía va muy bien, y esa economía podría desaparecer de un plumazo si ocurriera algo malo”, dijo Trump.

¿Y España?

Pero lo que está claro es que España forma parte de un club y que, por un lado, el desafío de Trump por el gasto militar puede afectar a toda la UE, y España no puede responder en solitario. De hecho, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha descartado la negociación bilateral a la que se ha referido Trump en su rueda de prensa. “Las negociaciones, el marco comercial entre EEUU y la UE, será a través de esta negociación de EEUU con la Comisión. Estamos en una unión aduanera de los 27 estados. Para nosotros es importantísimo que en este marco de negociación, esta relación bilateral entre la UE y EEUU, sigamos avanzando para conseguir un acuerdo que sea justo y equilibrado”, ha señalado Cuerpo, que ha englobado, por tanto, la nueva amenaza en la negociación arancelaria con la que Bruselas aspira a que EEUU retire el arancel generalizado del 10% a las importaciones europeas, el 50% al aluminio y el acero, y un 25% al sector del automóvil.

Así, le correspondería a la Comisión Europea hacerlo. No es la primera vez que lo hace ante contenciosos comerciales de un país, ni tampoco de España en concreto. Cuando Sánchez dio un viraje histórico a la posición sobre el Sahara para recomponer el trato con Marruecos, Argelia decidió congelar las relaciones con Madrid. Y Bruselas consideró que eso podría ser una vulneración del acuerdo comercial entre la UE y Argelia y amenazó a ese país con represalias.

“Todas las opciones sobre la mesa”

“Todas las opciones e instrumentos están sobre la mesa”, reconoce un portavoz de la Comisión Europea sobre la respuesta que la UE puede dar en caso de que no se alcance un acuerdo que, en principio, se ha puesto cuesta arriba con el nuevo enfado de Trump, aunque en Bruselas apelan a la prudencia al no haberse traducido en nada concreto, al menos por ahora.

La UE ya tiene un paquete de aranceles por valor de 21.000 millones de euros que suspendió como gesto de buena fe ante la tregua arancelaria que decretó Trump a una parte de los gravámenes. Esa represalia entraría en vigor de manera automática. El bloque comunitario también trabaja en otro paquete por un importe de unos 95.000 millones como parte de respuesta al resto del castigo comercial. Se está discutiendo internamente y con los sectores afectados, pero entre los productos que se verían afectados están el whisky Bourbon o los aviones Boeing.

Además, la Comisión Europea ha señalado a las 'Big Tech', que es uno de los sectores que ha susurrado al oído de Trump en contra de las leyes digitales de la UE y una de las opciones que están sobre la mesa son impuestos a las grandes tecnológicas. Y, como último recurso, la UE tiene el 'bazuca' o instrumento anti-coerción, que da un amplio abanico de opciones para responder a un tercer país que chantajee comercialmente al bloque: desde la prohibición a que sus empresas participen en licitaciones públicas hasta la restricción de las importaciones.

Así está la balanza comercial

El Gobierno ha estado relativamente tranquilo hasta ahora con la guerra comercial bajo el argumento de que no hay una enorme dependencia de EEUU. España importa más de EEUU de lo que exporta y su relación representa en torno al 1,3% del PIB, muy por debajo de lo que supone para otras economías, como Alemania o Italia y muy lejos también del gasto militar del 5% del PIB que fija Trump como meta.

El saldo de la balanza comercial de España con EEUU es deficitario, es decir, importa más que exporta. El déficit es de 6.083 millones de euros frente al superávit del conjunto de la UE de 190.323 millones, según los últimos datos disponibles de noviembre de 2023 a octubre de 2024 de la Cámara de Comercio de España. Las ventas de productos y servicios españoles al país norteamericano representan alrededor del 4,6% del total.

El déficit comercial español acumulado en los cuatro primeros meses del año se situó en 18.982,1 millones de euros, un 48,8 % más que en el mismo periodo de 2024, en un contexto global de tensión comercial y aumento de las importaciones. Según ha informado el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa este lunes en un comunicado, las exportaciones españolas sumaron 128.384 millones en esos cuatro meses, un 0,8% más; mientras que las importaciones escalaron hasta los 147.366 millones, un 5,1% más, según la Agencia EFE

Del 25% al 50%. Son los nuevos aranceles anunciados por el presidente de EEUU, Donald Trump, al acero y el aluminio a partir del 4 de junio. Y lo ha hecho en un acto público en uno de los corazones de la industria del acero en EEUU, en Pensilvania, para conmemorar un acuerdo por el cual la empresa japonesa Nippon Steel invertirá en US, si bien “garantizará que la emblemática siderúrgica estadounidense permanezca bajo control estadounidense”.

“Vamos a imponer un aumento del 25%”, dijo Trump este viernes: “Vamos a subir los aranceles al acero que entra en Estados Unidos del 25% al 50%, lo que asegurará aún más la industria siderúrgica en el país. Nadie va a poder sortear eso, lo estamos subiendo del 25%, lo estamos duplicando al 50%”.

En su red social, Truth Social, Trump incluyó también los aranceles al acero.

El presidente de EEUU, además, se ha referido a las consecuencias que esta decisión tendrá para los inversores japoneses: “Creo que este grupo de personas que acaba de hacer esta inversión está muy contento, porque esto significa que nadie va a poder robarles su industria. Con un 25%, algunos todavía podían saltar la valla. Con un 50%, ya no pueden pasar. Así que felicitaciones a todos y a ustedes por haber logrado un gran acuerdo”.

Estos aranceles no se han visto afectados por las disputas legales de esta semana, porque habían sido establecidos bajo otra base legal, conocida como la Sección 232 —que incluye importaciones de automóviles, acero y aluminio—. ¿Por qué? Porque para imponer estos gravámenes, Trump no recurrió a los poderes de emergencia, sino a una ley comercial de 1962. Según esa norma, el secretario de Comercio u otro funcionario del gobierno teóricamente debe investigar si las importaciones afectan a la seguridad nacional, por lo que el proceso suele ser más largo –y garantista– que el que permiten los poderes de emergencia.

Los aranceles del 25% de Trump se aplican desde el 12 de marzo a todas las importaciones de acero y de aluminio. Ponen fin a las exenciones de las que disfrutaban varios países y elevan hasta el 25% el tipo arancelario para los dos metales (hasta ahora, el arancel para el aluminio era del 10%).

En torno al 25% del acero que se empleaba en EEUU venía de otros países, con Canadá, Brasil y México como los proveedores principales; seguidos por Corea del Sur y Vietnam. En 2024, cerca del 40% del acero importado a EEUU vino de México y de Canadá.

“No queremos que el futuro de Estados Unidos se construya con acero de mala calidad de Shanghai”, ha dicho este viernes Trump: “Queremos que se construya con la fuerza y el orgullo de Pittsburgh. Es acero de Pittsburgh. Es US Steel, y va a ser algo aún más especial cuando lleguen todos esos miles de millones de dólares en nuevo equipamiento que van a invertir aquí mismo —miles y miles de millones de dólares. Para mí ”arancel“ es la palabra más hermosa del diccionario. La he amado durante 40 años. Nunca entendí por qué en este país no usábamos aranceles. Otros países los usaban para destruirnos. Usaban aranceles para quitarnos nuestras empresas —no solo nos robaban las empresas, sino que también nos quitaban la industria. Y nosotros nunca supimos cómo usar los aranceles a nuestro favor, porque teníamos gente en la Casa Blanca que o no les importaba, o no eran muy inteligentes, o ambas cosas”.

La UE eleva el tono contra Trump

La Unión Europea ha cargado contra la decisión de Trump, que no pilla por sorpresa en el gobierno comunitario, donde son conscientes de los vaivenes del presidente estadounidense. Lo que recuerdan en la Comisión Europea es que esos gravámenes introducen más “incertidumbre” a la economía mundial y “socavan los esfuerzos por lograr una solución negociada”.

“Si no se alcanza una solución mutuamente aceptable, tanto las medidas existentes como las adicionales de la UE entrarán automáticamente en vigor el 14 de julio, o antes si las circunstancias lo exigen”, avisa un portavoz comunitario.