Tras más de un año de firme alianza fraguada por su sintonía personal e ideológica, la relación de Donald Trump con Giorgia Meloni se resquebraja. La falta de apoyo italiano a la ofensiva de EE.UU. contra Irán y los ataques del republicano al papa León XIV fueron la gota que colmó el vaso esta semana, derivando en un choque entre ambos dirigentes y duros reproches del magnate a la primera ministra italiana. Todo ello desató una tormenta política en torno a la líder ultraderechista, que se tuvo que alejar del que fuera su gran aliado.

Italia, afectada económicamente por el conflicto en Medio Oriente por el aumento de los precios de la energía, tiene una opinión pública cada vez más reacia a las guerras que sacuden el mundo. Esto hace que los estrechos lazos con dos socios clave como EE.UU. e Israel no sean tan beneficiosos para Meloni, que buscará revalidar su liderazgo en los comicios previstos para 2027.

La primera ministra irá a las urnas tras varias señales de alerta, como la reciente derrota en un referéndum para reformar la Justicia, en el que más del 50% de los votantes rechazaron su propuesta. Ante ello, algunos expertos señalan que Meloni está reconsiderando sus posturas y lazos en política exterior, enfriando sus vínculos con Washington y el Estado judío, tras anunciar también esta semana la suspensión de la renovación automática del acuerdo de defensa de Italia con Israel.

'Puente' entre EE.UU. y la UE

Meloni fuehasta hace muy poco una de las principales aliadas de Trump en Europa. Se ofrecía para hacer de ‘puente’ o enlace entre EE.UU. y la Unión Europea y abogaba por el diálogo entre países europeos y Washington para reforzar el frente occidental en el marco de la Alianza Atlántica. Sin embargo, el martes vio cómo el magnate estadounidense la criticaba sin tapujos en una entrevista telefónica con el diario italiano Il Corriere della Sera, después de que la primera ministra tachara de “inaceptables” las declaraciones de Trump contra el Papa, una figura casi intocable en la católica Italia, a la que las instituciones del país reservan un profundo respeto.

“Ella es inaceptable”, arremetió Trump, en un ataque directo a Meloni, con la que aseguró que no habla desde hace tiempo, achacándole la falta de respaldo de Italia en la ofensiva lanzada contra Teherán el pasado 28 de febrero. “Es inaceptable porque no le importa que Irán tenga el arma nuclear y que volaría Italia por los aires en dos minutos si tuviera la oportunidad”, agregó el mandatario. También aseguró estar “en shock” por la postura de la dirigente ante la guerra. “Pensaba que tenía valor, pero me equivoqué”, asestó. “Ya no es la misma persona”, añadió el magnate, afirmando que la que era hasta hace poco su estrecha aliada “es muy diferente de lo que pensaba”. 

Tras sus comentarios, Meloni no respondió y no alimentó la polémica. Fuentes de su oficina aseguraron a la prensa local que no esperaban una reacción tan dura y concretaron que no tuvo contacto directo con Trump desde el inicio de la ofensiva sobre Irán. Aun así, los contactos diplomáticos entre ambos países continúan, sus Gobiernos se comunican por vía de sus órganos de Exteriores y ninguna parte prevé rebajar las relaciones, pese a que todo ello hizo correr ríos de tinta en la prensa y la televisión italianas.

“Trump-Meloni, el divorcio”, escribió este miércoles en su portaba el diario La Stampa. Por su parte, La Repubblica destacaba que el dirigente estadounidense “se distancia de Meloni”, mientras el diario romano Il Messaggero, próximo al Vaticano, habló de “ruptura”. Con todo, este sí parece el fin del idilio político entre ambos líderes, que exhibían exquisitos vínculos, una alianza que Meloni defendió como un valor añadido para Italia, pero que hizo que fuera acusada de “servilismo” a EE.UU. por parte de la oposición.

Un divorcio lento

Para muchos expertos, esa relación especial con Trump perjudicó a Meloni en la consulta popular sobre la reforma judicial de marzo, en la que se impuso el NO. El resultado se leyó como un voto de rechazo a la primera ministra, que hasta entonces había mantenido cierto consenso interno.

Para Alfredo Luis Somoza, profesor de Cooperación Internacional en la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán, la distancia entre Meloni y Trump es fruto “de un divorcio preparado en el tiempo” y “la primera fractura” se dio cuando Italia no se unió a la Junta de Paz para Gaza promovida por la Administración estadounidense. A ello, más allá del recelo de la población italiana a las acciones de EE.UU., “se suma que el mundo industrial y exportador del país está muy preocupado por los aranceles de Trump, que perjudicó a ciertos ámbitos como el sector del vino”.

A juicio de Somoza, “lo que está habiendo es un reposicionamiento global de Italia, que ahora se alinea mucho más con la posición de Europa respecto a temas como la independencia hacia EE.UU. o el rechazo a la guerra”, mientras que Meloni probablemente tiene en cuenta otros factores como “el pésimo resultado electoral en Hungría de Víktor Orbán”, otro referente de la ultraderecha en el viejo continente que fue respaldado por Trump.

Era muy difícil que Meloni pudiera seguir haciendo de escudero a Trump tras atacar al papa

Carlo Tombola — Investigador del observatorio The Weapon Watch

En un país polarizado como Italia, donde los partidos opositores de centro-izquierda suelen criticar con dureza a la coalición gobernante encabezada por Meloni, los ataques de Trump generaron reacciones de apoyo al Gobierno poco habitual. “Quiero expresar mi absoluta condena por el ataque a la primera ministra, Giorgia Meloni, por haber expresado debidamente solidaridad con el papa León”, dijo entre los aplausos de su bancada en la Cámara de Diputados Elly Schlein, líder de la principal formación opositora, el Partido Demócrata (PD). “Italia es un país libre y soberano. Nuestra Constitución es clara: Italia repudia la guerra, y ningún jefe de Estado extranjero puede atacar, amenazar o faltar el respeto a nuestro país o gobierno”, destacó Schlein, apoyando en público a Meloni.

Desde que Trump volvió a la Casa Blanca en enero de 2025, las señales de cercanía entre Meloni y su Administración eran múltiples. Fue la única mandataria de la UE presente en la toma de posesión del republicano. Poco antes, fue recibida en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, donde pidió ayuda a EE.UU. en el caso de Cecilia Sala, periodista italiana detenida entonces en Irán. También se mostró conciliadora en asuntos que crearon fricciones con la UE, como la imposición de aranceles, asunto en el que intentó mediar entre las partes.

Pese a los problemas de la economía italiana –con alto déficit y estancada desde hace décadas–, Meloni también aceptó la exigencia de EE.UU. a los países de la OTAN de llegar a un 5% del PIB en el gasto en defensa. A principios de este año, tras la intervención ilegal de Washington en Venezuela, apoyó con matices el secuestro de Nicolás Maduro y aseguró que esperaba que Trump ganara algún día el Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, el alineamiento con Washington se hizo menos claro a medida que el presidente de EE.UU. desestabilizaba el escenario internacional con sus amenazas de hacerse con el control de Groenlandia o el comienzo de la ofensiva contra Irán junto con Israel.

El rechazo de Meloni a la guerra

Meloni rechazó la guerra, se negó a involucrarse en ella al considerarla “fuera del derecho internacional” y dijo que sólo permitiría que las bases militares de EE.UU. en Italia se usaran para funciones logísticas, no ofensivas. Aun así, Carlo Tombola, analista e investigador del observatorio sobre armamento The Weapon Watch, duda de que el ejército estadounidense cumpla con este requisito ante la opacidad sobre sus actividades en las 47 instalaciones que tiene en suelo italiano. Desde estos puntos se registran “miles de vuelos al año, una cifra muy grande, lo que implica que las bases sean usadas operativamente, no sólo para la logística”, aseguró Tombola a elDiario.es.

Para el experto, Trump “es ahora un socio peligroso” y Meloni se aleja “para mitigar el daño” que le puede causar en Italia, donde el magnate es cada vez más impopular. “En el futuro, tendrá que ver si su postura respecto a Trump se vuelve más rígida” y culmina con un reposicionamiento real de su alianza, aunque aún es pronto para saberlo.

“Era muy difícil que Meloni pudiera seguir haciendo de escudero a Trump tras atacar al papa”, dijo Tombola. En su opinión, “la función de Meloni como ‘puente’ entre Europa y EE.UU. fue muy sobrevalorada, más bien fruto de la propaganda”. “Quiso otorgarse un papel para sí misma ante sus votantes y exageró, ya que Italia no es una potencia que pueda imponer sus propias condiciones”, agregó.    

La primera ministra busca un cambio de rumbo en política exterior en un contexto en el que EE.UU. e Israel son socios cada vez menos fiables y más impopulares. Para Tombola, la suspensión del acuerdo de defensa con el Estado judío que Meloni anunció este martes va en esa línea y es un gesto “más simbólico” que práctico, orientado a alejar su figura de un Gobierno al que no criticó con dureza por el genocidio en Gaza –lo que hizo que en 2025 hubiera masivas protestas y huelgas en Italia, en las que Meloni fue acusada de ser cómplice de Benjamín Netanyahu–.

“El pacto con Israel, cuyo contenido es secreto, se renovaba automáticamente cada cinco años y ahora se ha suspendido su renovación, pero no ha trascendido nada más”, alertó Tombola, que concluye que Meloni busca distanciarse “del torbellino de problemas” que supone mantener ciertos lazos con EE.UU. e Israel. 

Si alguien conoce los entresijos de la ultraderecha neofascista de Italia, este es Paolo Berizzi, uno de los periodistas que investigó con mayor detalle la extensa red de grupos ultras del país. El reportero del diario La Repubblica paga ya un precio muy alto por su trabajo: desde 2019 vive con escolta por amenazas de muerte ultraderechistas. Pese a las trabas, persiste en una ardua tarea de más de dos décadas de ir detrás de fuerzas posfascistas como Fratelli d’Italia, partido de Giorgia Meloni, pero también de movimientos neonazis, nostálgicos de Benito Mussolini, ultras del fútbol y otros grupos de la extrema derecha extraparlamentaria.

Uno de estos es CasaPound, el movimiento de más peso en el neofascismo italiano de este siglo. Fundado en 2003, tras la ocupación de un edificio estatal en el centro de Roma pendiente aún hoy de desalojo, el grupo extendió por toda Italia una ideología ultra basada en la mezcla de un discurso de estilo antisistema junto a la promoción del llamado “fascismo del tercer milenio”. La estrategia cruzó fronteras e inspiró otros grupos como el español Hogar Social. Un tribunal de Bari, ciudad del sur, ha condenado a 12 miembros de CasaPound por intentar reorganizar el partido fascista. El fallo llegó tras años de litigio por una agresión contra manifestantes izquierdistas en 2018 y aplica por primera vez en el siglo XXI una ley de los 50 que veta los intentos de reconstruir la disuelta formación que marcó el régimen de Mussolini.

Berizzi publicó en otoño Il libro segreto di CasaPound (El libro secreto de CasaPound) —editorial Fuoriscena, sin edición en castellano—, una obra que se adentra en lo más interno y desconocido del grupo gracias a las revelaciones de un veterano militante descontento. Entre ellas, aborda los lazos de Meloni con sus miembros, destapa su red de financiadores, y revela el organigrama interno o los conflictos entre sus líderes. También entra en detalles sobre el recurso a la violencia como método, la rígida jerarquía y dinámicas sectarias del grupo, así como los campos de adiestramiento o los ritos paganos que el grupo solía celebrar.

Según Berizzi, no había tal nivel de filtraciones sobre un grupo neofascista italiano desde los años 70. Eso creó mucha expectación. El libro estuvo entre los 10 ensayos más vendidos del país durante meses y ya va por su sexta edición, después de que CasaPound intentó impedir sin éxito su publicación por vía legal. El periodista, que se declara firme antifascista en un país donde la ultraderecha busca rescribir el pasado, cree que esto es un triunfo ante un grupo que vino actuando sin fuertes presiones de las autoridades, y que ahora debería ser totalmente disuelto por sus ideas contrarias a las bases de la democracia parlamentaria.

Pagó en carne propia las consecuencias de investigar el fascismo y vive con escolta. ¿Qué supone esto?

Ya son siete años bajo protección policial. Es como una jaula física y psicológica, una vida en suspenso. Me muevo en coche blindado y debo comunicar mis movimientos con mucha antelación. Por un lado, me permite seguir trabajando con seguridad, pero no puedo hacer lo de antes, como infiltrarme en actos o manifestaciones de ultraderecha para realizar investigaciones. Ser el único periodista de Europa en esta situación es un triste récord, y una señal reveladora del clima de extremismo y violencia política del país. No se lo deseo a nadie.

¿Sigue recibiendo intimidaciones y amenazas?

Sí, las cosas empeoraron estos siete años. Las amenazas se volvieron recurrentes, sistemáticas, casi diarias. La mayoría es a través de redes sociales. Estoy en el punto de mira de una platea de odiadores, casi todos ligados a siglas y grupos derechistas. Paso mucho tiempo en los tribunales por causas abiertas por amenazas de muerte, difamaciones, ataques de grupos neofascistas o de ultras del fútbol. Tengo 16 procesos abiertos en varias cortes del país.

CasaPound existe hace más de dos décadas y ha tenido cambios en estos años. ¿Cuál es su peso actual en el país? 

Tiene mucho menos peso que años atrás, cuando tenía mucha más influencia. Llegó a tener 140 sedes en todo el país. Hoy tiene menos de la mitad. También tenía muchos más miembros, pero hubo disputas entre sectores de la organización y algunos se marcharon. El primero de ellos fue Simone de Stefano (quién fue secretario nacional y cara visible del grupo), que se llevó consigo a muchos militantes. Aun así pese a su espiral descendiente, sigue siendo el movimiento que tiene la hegemonía entre los grupos de la galaxia negra italiana.

¿La llegada de Meloni al poder en 2022 ha contribuido al declive de CasaPound?

En parte, sí. Desde que Fratelli d’Italia —una fuerza posfascista de ultraderecha— forma Gobierno y Meloni lo lidera, los grupos neofascistas se quedan casi sin función, porque sus batallas y reivindicaciones son impulsadas por el principal partido de gobierno. Pero también gracias a este clima político, a Meloni y su partido, los fascistas en Italia vuelven a levantar la cabeza. CasaPound y otras organizaciones se sienten protegidas, legitimadas y desestigmatizadas. Ya no tienen pudor ni vergüenza en declararse fascistas.

La actual primera ministra de Italia tuvo relaciones privadas muy estrechas con miembros de un grupo neofascista, extremista y subversivo

En el libro habla de los lazos estrechos del pasado entre Meloni y miembros de CasaPound.

Sí, no solo de Meloni, sino de otros exponentes de Fratelli d’Italia, como Ignazio La Russa —actual presidente del Senado—, viceministros cómo Andrea del Mastro, que es subsecretario de Justicia, o Paola Frassinetti, subsecretaria de Educación. La fuente también cuenta las relaciones de Meloni con otros miembros de primer rango de CasaPound, lo que incluyó relaciones sentimentales con dos de ellos. Uno fue Alessandro Giombini, quien estuvo entre los que ocuparon el edificio de Roma que es la sede central del grupo, donde aún reside.

¿Todo ello muestra la cercanía ideológica y los vínculos históricos entre CasaPound y Fratelli d’Italia?

Meloni y La Russa dicen que son grupos distantes entre sí, pero mienten. Mi fuente resalta los nexos entre ambas organizaciones, que más allá de lazos personales, incluyen colaboraciones, apoyos e intercambios de invitaciones a fiestas y eventos. Se me dijo que esto eran chismes, pero me parece interesante que se sepa que la actual primera ministra de Italia tuvo relaciones privadas muy estrechas con miembros de un grupo neofascista, extremista y subversivo, recientemente condenado por intentar reconstruir el partido fascista.

¿La estrategia de CasaPound hoy es presionar desde las calles al Gobierno con posturas aún más ultras?

Sí, busca introducir propuestas más extremas en la agenda del Gobierno, ante lo que ve como políticas demasiado moderadas. Hace años que CasaPound decidió no presentarse más a las elecciones, y ahora practica el entrismo desde la oposición extraparlamentaria. Esto significa incidir en los partidos de la actual coalición, a los que intenta imponer sus propios temas, y uno de ellos es su iniciativa para impulsar la remigración.

¿En qué se basa este proyecto?

CasaPound, junto a otros tres grupos neofascistas, lidera una campaña para un proyecto de ley que prevé la repatriación de migrantes, también regularizados. Es un tipo de deportación de base étnica, que remite un poco a las leyes raciales que ya sufrió Italia. Con esta campaña, el grupo logró relanzar su imagen parcialmente. Hasta ahora recogió más de 100.000 firmas. Su meta es llegar a 250.000 o 300.000, y llevar la proposición al Parlamento. Si lo consigue, se deberá ver qué partidos le apoyan y cómo actúa Fratelli d’Italia en todo ello.

En el libro, su fuente da detalles e identidades de las personas que han financiado a CasaPound estos años.

Sí, por primera vez revelamos quiénes son sus financiadores, algo que nunca se logró saber antes. La fuente dio una lista con nombres de 70 personas que contribuyeron económicamente al grupo. Es como una crème de la crème de militantes o simpatizantes VIP. Hay directivos, empresarios, abogados, docentes universitarios o diplomáticos. No son activistas de base, sino gente bien situada en la sociedad civil. No daban grandes sumas ni millones de euros; estas aportaciones no eran declaradas y se recababan en cenas para recaudar fondos.

Habla también de un embajador.

Sí, de Mario Vattani, embajador italiano en Japón, conocido como el “cónsul fascista del rock”, porque cuando era cónsul tocó con su banda neofascista en un evento de CasaPound entre saludos romanos y cruces célticas. Entonces, el Ministerio de Exteriores lo suspendió temporalmente, pero no solo no fue castigado, sino que acabó siendo promovido a embajador. Otro de los financiadores es un general de la Aeronáutica Militar, Paolo Pappalepore, aún activo en Roma, una señal de que el apoyo a CasaPound está en el propio núcleo del Estado.

Somos la única democracia en Europa cuya fuerza gobernante proviene de un partido descendiente del fascismo

¿Cómo interpreta la reciente sentencia judicial contra CasaPound?

Es un fallo histórico y pionero. Por primera vez, CasaPound es condenada por intentar reconstituir el partido fascista usando métodos escuadristas. Espero que esto lleve a la disolución del grupo, hay motivos para ello. Es una sentencia de primera instancia, pero con esto ya se podría emitir un decreto gubernamental que disuelva la organización, porque es un peligro para el orden democrático, como queda implícito en el fallo.

¿Cree que el Gobierno se plantea la posibilidad de disolverla?

El Gobierno podría disolver el grupo basándose en la sentencia actual, pero no creo que lo haga. Este Ejecutivo está vinculado a la herencia histórica fascista cultural e ideológicamente. Somos la única democracia en Europa cuya fuerza gobernante proviene de un partido descendiente del fascismo. CasaPound debería ser disuelta porque es una guarida de fascistas, y se trata de restaurar la legalidad, pero no veo que haya voluntad política.

CasaPound ocupó su sede central en Roma en 2003. ¿Por qué aún no ha sido desalojada? El Gobierno sí lo ha hecho recientemente con otros centros sociales históricos de izquierda en Milán o Turín.

En el libro revelamos todos los secretos del edificio, como quién vive ahí y qué se hace en su interior. Es como si hubiéramos entrado en él. Ciertamente, no está habitado por familias pobres, sino por sus líderes. Mientras el Gobierno sigue desalojando centros sociales, ateneos y espacios donde viven personas con grandes dificultades económicas, es incomprensible que aún no desalojara a CasaPound. Creo que es el grupo neofascista que ha sido más protegido por el Estado. Ocupa un inmueble estatal desde hace más de 22 años.

El edificio, en un lugar clave del centro de Roma, es el punto simbólico del grupo fundador.

Sí, es su sede política y hogar. Decenas de militantes y líderes viven ahí gratis con sus familias, a expensas de los italianos. Ocuparon un edificio público enorme del Ministerio de Educación, en una zona donde los alquileres están entre 1.500 y 2.000 euros al mes. Ahí también hospedan a camaradas de paso por Roma. En su momento, la ocupación fue un salto de calidad para la actividad política, imagen y propaganda de CasaPound.

El grupo ha tenido mucho tirón entre los jóvenes. ¿Qué los atrae a la ultraderecha?

CasaPound rejuveneció el aspecto del neofascismo italiano, antes asociado a cabezas rapadas, chaquetas bomber o botas. Propuso una nueva estética que iba a la moda: gorra, sudadera, zapatillas de diseño y marca de ropa propia de CasaPound, Pivert, propiedad de uno de sus líderes. La organización fue a ocupar espacios juveniles, con un modelo de comunidad. Su sección juvenil, Blocco Studentesco, entró en escuelas e institutos, lo que ha reducido la edad media de los activistas ultraderechistas. Ocupó también espacios de la extrema izquierda.

La violencia es también clave en la razón de ser de CasaPound. ¿Se ha guiado siempre por ello?

Que es un grupo violento lo han confirmado numerosas sentencias judiciales. La fuente del libro lo deja claro: la violencia es la base de CasaPound, practicada externamente contra periodistas y antifascistas, y en menor medida contra inmigrantes y miembros de la comunidad LGTBQ. También transmite un mensaje violento de odio, opresión, violencia y supresión de derechos, que son las características típicas del fascismo.

¿Italia hizo limpieza del legado de Mussolini?

Yo diría que no. Italia, 80 años después de la liberación del fascismo, aún se enfrenta a este fenómeno. No se trata del fascismo histórico de la camisa negra, el aceite de ricino, la porra y los escuadrones fascistas, pero sí ha regresado una forma de impulso fascista con una visión de la sociedad que es la que interpreta el actual Gobierno, que pretende restringir derechos y libertades a los ciudadanos con un giro autoritario. Creo que el país nunca se liberó de la sombra del fascismo, y que hay muchos más nostálgicos de lo que pensamos.

Este viernes arrancan en Italia los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina. Tras años de preparativos y una inversión millonaria, el país se pone en el centro del mapa mundial de los deportes invernales. Pero el evento se ve también marcado por críticas de grupos de la sociedad civil y la oposición, que denuncian medidas “inaceptables” del gobierno de Giorgia Meloni para aumentar la financiación de un certamen con altísimos sobrecostos. Esto incluyó el desvío de 43 millones de euros inicialmente destinados a víctimas de la mafia, la usura y femicidios, un dinero reasignado a cubrir gastos de los juegos a través de un polémico decreto-ley.

“Este dinero, en un principio asignado a víctimas de violencia mafiosa o huérfanos de femicidios, fue desviado para cubrir costos de los juegos”, en concreto a sufragar gastos de las fuerzas de seguridad desplegadas en las olimpíadas, cuenta Elisa Orlando, miembro de Libera, principal red asociativa contra la mafia y la corrupción en Italia. El grupo lidera desde mayo de 2024 la campaña Open Olympics 2026, una iniciativa para la supervisión cívica de los juegos que arrojó investigaciones en profundidad sobre el evento, en que denuncia opacidad por parte de los organizadores, falta de datos clave para conocer su costo real, retrasos en la construcción de muchas obras y riesgos de infiltración mafiosa. También cuestiona la utilidad de muchas infraestructuras y alerta del alto déficit para el erario público que todo ello puede acarrear.

El malestar escaló especialmente en junio de 2025, cuando el Ejecutivo de Meloni promovió el llamado Decreto-Ley Sport, el paquete de medidas en que integró el desvío de los 43 millones. Este dinero era parte de una partida presupuestaria asignada al fondo de solidaridad para víctimas del crimen organizado, de usura y extorsión mafiosa, así como a hijos de mujeres asesinadas en femicidios.

Ante ello, la reasignación del dinero creó indignación entre grupos antimafia y feministas. La norma entró en vigor en julio, tras ser aprobada por la mayoría de Gobierno en la Cámara de Diputados, donde hubo un intenso debate en que fuerzas de la oposición de centroizquierda protestaron y presentaron enmiendas. Pese a ello, no pudieron evitar la validación del decreto, que derivó los fondos a cubrir gastos de equipamiento y alojamiento de las fuerzas de seguridad, con unos 6.000 agentes desplegados in situ entre el 6 y 22 de febrero, las dos semanas en que durarán los Juegos Olímpicos, repartidos en tres regiones distintas del norte italiano.

Este dinero, en un principio asignado a víctimas de violencia mafiosa o huérfanos de femicidios, fue desviado para cubrir costos de los juegos

Elisa Orlando — Libera

Libera lo consideró una maniobra “inaceptable, dictada por un mero cálculo político, carente de toda lógica de protección a las víctimas”. Los 43 millones desviados son una cantidad muy pequeña en relación con el costo total de los juegos, pero la entidad ve preocupante que el Gobierno decidiera quitarlos a los afectados por problemas tan incrustrados en Italia como la mafia, los femicidios o la extorsión mafiosa, aún muy presente.

La condena también vino de otra asociación antimafia, La Tazzina de la Legalità, con raíces en la región de Calabria, el feudo histórico de la ‘Ndrangheta, una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. “Aquel fondo no era un superávit cualquiera, sino una conquista de 2018 tras batallas civiles y parlamentarias que aseguraba 12 millones al año para servicios esenciales como asistencia médico-psicológica, becas de estudio o reembolso de gastos sanitarios para huérfanos” de femicidios. Según añadió, “eran recursos vitales para familias golpeadas por dramas irreparables”, lo que muestra, según ellos, cómo el Gobierno “traiciona a las víctimas”.

En 2018 se aprobó una ley que, aparte de las medidas señaladas por Tazzina de la Legalità, incluía asistencia jurídica gratuita o incautación de bienes del autor de un femicidio para indemnizar a los hijos de la víctima. Esto implicó añadir una partida de 12 millones anuales destinada a huérfanos de femicidios que se incluyeron en el fondo para víctimas de la mafia, usura y extorsión mafiosa. “Sin embargo, ante los Juegos Olímpicos, todo queda relegado a un segundo plano”, denuncia Libera, en línea con las críticas de los partidos opositores.

Según Laura Boldrini, diputada del centroizquierdista Partido Democrático y expresidenta de la Cámara de Diputados entre 2013 y 2018, la medida fue “una decisión pésima a nivel ético, como si el Gobierno dijera que las olimpíadas valen más que las personas en situación frágil” a quién iban destinadas las partidas del fondo.

Ante las críticas, Matilde Siracusano, diputada del partido Forza Italia —socio del ejecutivo de Meloni— y subsecretaria de relaciones con el Parlamento, alegó que el dinero reasignado era una cantidad del fondo que no se gastó y que por ello podía derivarse a otra función. “Se da un mensaje distorsionado. No se quita ningún recurso. Es un remanente que no se usa para gastos fútiles, sino para equipamientos y alojamientos de la policía”, justificó en representación del Gobierno sin convencer a las fuerzas de la oposición en la Cámara.

Con ello, el Gobierno mostró “una distorsión de prioridades y una señal muy negativa para la legalidad”, denuncia Boldrini, que protestó por ello. Días antes se aprobó “por unanimidad” un decreto que introdujo la categoría de femicidio en la ley. Con ello, se rediseñó el delito para incluir la pena de cadena perpetua para quién mate a una mujer. “Pero dos días después, el Gobierno quitó los fondos a las víctimas. Fue una decisión inmoral”, dice Boldrini. “La responsabilidad del Gobierno era hallar otros fondos y no dejar sin ellos a personas vulnerables”, critica la diputada, que interpuso una enmienda que fue rechazada.

Otro que lo intentó fue el jefe de grupo del Movimiento 5 Estrellas en la Cámara, Francesco Silvestri, que presentó otra alegación tumbada. “Tomar dinero para víctimas de la mafia y derivarlos a los juegos es la imagen exacta de la lucha del Gobierno contra el crimen organizado”, poco fructífera, asegura el diputado, también crítico con “los costos gigantescos” de las Olimpiadas, mucho más elevado de lo previsto en un inicio. En el dossier de candidatura de 2019, la partida destinada a seguridad era sólo de 26 millones, pero el Decreto-Ley Sport terminó asignando 271 millones a este ámbito, entre ellos los 43 tomados del fondo para víctimas.

“Todo esto me parece extraño. Cuando se hace una planificación económica puede haber desviaciones de unos pocos millones, pero se corrigió todo al alza. Esto significa que alguien hizo los cálculos mal o que hay algo en el mecanismo que no funciona”, señala Silvestri. También alerta del riesgo de infiltraciones mafiosas en las obras públicas de los juegos, un tema sobre el que también advirtió Libera.

“Los grupos mafiosos están presentes en el norte de Italia desde hace mucho”, sobre todo la ‘Ndrangheta, “con gran necesidad de lavar dinero” y capacidad de obtener contratas de todo tipo. Según Silvestri, esto hace que sean plausibles las opciones de que empresas con lazos mafiosos obtengan subcontrataciones de obras olímpicas, como ya sucedió en la Exposición de Milán de 2025. Por ahora, las autoridades aplican un férreo escudo antimafia que hasta ahora les llevó a excluir a 56 compañías con vínculos con el crimen organizado.

También arrestaron a dos hermanos de Roma vinculados a los ultras del Lazio, los Irrudicibili, que intentaron controlar la distribución de drogas en Cortina d’Ampezzo, uno de los epicentros de los juegos, que acoge competiciones como el esquí alpino femenino, curling o disciplinas de deslizamiento sobre hielo como bobsleigh. Para este deporte se alzó de cero una instalación que costó unos 118 millones de euros, un gasto colosal para una estructura que podría dejarse de usar tras los juegos, con potencial déficit anual de 600.000 euros, según Libera. Igual que los Juegos Olímpicos de Invierno de Turín de 2006 y ediciones celebradas en otros países, hay edificios que podrían quedar abandonados tras la competición, resalta la entidad.

El presupuesto inicial de 1.360 millones de euros aumentó a casi 6.000. De estos, 3.400 se destinan a infraestructuras a menudo no vinculadas a necesidades deportivas

Libera

Los juegos se celebran en esta ocasión en varios puntos de las regiones de Lombardía, Trentino-Alto Adigio y Véneto. Inicialmente, “se presentaron cómo un evento a costo cero para economía y medio ambiente”, pero “problemas graves” cuestionan su sostenibilidad, agrega Libera. Uno de ellos son los costos, al menos cuatro veces más altos del previsto: “El presupuesto inicial de 1.360 millones de euros aumentó a casi 6.000. De estos, 3.400 se destinan a infraestructuras a menudo no vinculadas a necesidades deportivas”, añade la asociación.

Libera pidió más transparencia a la Fundación Milán-Cortina, ente organizador de los juegos con presencia del Comité Olímpico Italiano y las regiones o municipios anfitriones. Otro actor clave es SIMICO, la sociedad pública encargada de la ejecución de infraestructuras olímpicas, con participación principal del Estado.

Según Orlando, la campaña Open Olympics identificó que “sólo un tercio de las obras previstas son esenciales para el desarrollo de los juegos, mientras los otros dos tercios son infraestructuras” sin conexión directa con ello, lo que hace plantear si su construcción es “en beneficio de los territorios” o alimenta un ciclo especulativo de explotación del suelo y urbanización con posibles daños “a ecosistemas frágiles” como el de las montañas. “El 57% de obras sólo terminará cuando los juegos estén acabados”, en algunos casos en 2033, lo que incluye carreteras y vías de tren, y sólo el 43% de infraestructura está lista para el evento, concluye Orlando.

Un deslizamiento de tierra causado por intensas lluvias provocó el colapso de viviendas y edificaciones en el pueblo de Niscemi, en la isla de Sicilia, del que uno de sus barrios quedó al borde de una barranca en un incidente que obligó a evacuar a unas 1.000 personas y que mantiene a las autoridades en máxima alerta.

Las impactantes imágenes de edificios suspendidos al borde de un gran desnivel recorren Italia después de que una extensa porción de terreno colapsara tras varios días de intensas lluvias, lo que obligó a evacuar por completo a un barrio entero.

Unas 300 familias fueron reubicadas en otras viviendas y en un centro deportivo de la ciudad, mientras que varias de las principales vías de acceso al pueblo permanecen cerradas y las clases en los centros educativos fueron suspendidas.

“Tenemos un frente de deslizamiento de al menos cuatro kilómetros de largo, y se está ensanchando”, afirmó el alcalde de Niscemi, Massimiliano Conti, según declaraciones recogidas por medios locales, al agregar que “habrá una zona roja donde las familias no podrán regresar a sus hogares”. En este contexto, Conti, responsable de la coordinación del centro de operaciones, advirtió que la situación continúa siendo crítica y podría agravarse en las próximas horas.

El suceso evoca otro deslizamiento de tierra ocurrido en la zona hace 29 años, que dejó decenas de edificios dañados, obligó al desplazamiento de 117 familias y transformó un barrio antes popular en un suburbio.

La isla de Sicilia es una de las zonas más golpeadas por un temporal que puso en alerta a cinco regiones de Italia, casi todas en el sur, y que causó cortes en carreteras y corrimientos de tierra.

El Gobierno italiano de Giorgia Meloni se reúne esta tarde para declarar el estado de emergencia en las regiones de Calabria, Sicilia (sur) y Cerdeña (este), gravemente afectadas la semana pasada por el temporal Harry.

El presidente de la región siciliana, Renato Schifano, informó este lunes a través de un video que “lo importante es la rapidez” y “el compromiso de dar respuestas inmediatas, respetando la ley, a todos aquellos que están viviendo esta tragedia”.

El mandatario regional añadió que estará presente en Roma para asistir al Consejo de Ministros previsto para hoy y “en el que se deliberará sobre la declaración del estado de emergencia”.

En un clima cada vez más hostil para el periodismo independiente, Italia se ve sacudida este mes por una operación que podría reconfigurar de lleno su panorama mediático y que pone en el ojo del huracán a La Repubblica y La Stampa, los principales diarios progresistas y opositores al Gobierno ultraderechista de Giorgia Meloni. Su dueño, la familia Agnelli-Elkann —propietaria de la antigua Fiat, ahora Stellantis— busca vender los activos de su grupo editorial GEDI a Antenna, holding mediático de Theodore Kyriakou, magnate griego cercano a Donald Trump y socio comercial del príncipe heredero saudí Mohamed Bin Salmán.

La operación encendió las alarmas en el personal de ambos diarios, que piden garantías para mantener sus empleos y preservar su línea editorial, mientras muchos alertan de que la venta de estos dos periódicos clave amenaza el pluralismo informativo en un país donde la libertad de prensa está en retroceso (según la última clasificación de Reporteros sin Fronteras, Italia bajó tres puestos en 2025).

“Con el actual Gobierno hay una prensa muy favorable a la derecha, que controla la televisión pública y gran parte de medios, pero la voz de La Repubblica se mantuvo independiente y autónoma”, aseguró Zita Dazzi, miembro del Comité de Redacción y periodista de ese periódico en Milán. Atendió por teléfono a elDiario.es tras salir de la asamblea que los empleados celebran cada día desde que supieron de la negociación para vender el diario. Según Dazzi, más allá del temor a perder la independencia editorial, impera el miedo a los despidos. Ante este escenario, la plantilla de empleados presiona para obtener cláusulas que impidan por contrato que ningún trabajador de GEDI (en total, unos 1.300) sea despedido en los próximos dos años.

Con el actual Gobierno hay una prensa muy favorable a la derecha, que controla la televisión pública y gran parte de medios, pero la voz de La Repubblica se mantuvo independiente y autónoma

Zita Dazzi — Periodista de La Repubblica

Este mes de diciembre, se confirmó la noticia sobre los contactos con Kyriakou para comprar GEDI, uno de los grupos de comunicación líderes de Italia, que posee La Repubblica, La Stampa, la versión italiana de The Huffington Post o las radios Deejay, Capital o M20. John Elkann, heredero de la familia Agnelli y director ejecutivo de Exor (el conglomerado que gestiona su vasto imperio familiar) rechazó la oferta de compra oficial del magnate italiano Leonardo del Vecchio y admitió estar en negociaciones exclusivas con el empresario heleno.

Eso desató un terremoto con implicaciones políticas, ya que La Repubblica y La Stampa son el segundo y tercer diario con más tirada de Italia tras el conservador Il Corriere della Sera, son críticos con el Gobierno de Meloni y tienen peso en la opinión pública, razones por las que no gusta que estas dos cabeceras queden en manos extranjeras, controladas por un magnate de perfil ultraconservador, poco conocido en Italia y del que aún se desconocen sus intenciones exactas.

“Una fuerte amenaza al pluralismo informativo”

“No tenemos claro quién es este magnate griego, pero sí sabemos que es amigo de Bin Salmán o Trump, por lo que no estamos tranquilos”, aseguró Dazzi. “Somos un periódico de izquierda que siempre hizo oposición al poder. Ir de la mano de ultranacionalistas no nos gusta”, agregó. La periodista también teme que se imponga un modelo sensacionalista y de entretenimiento que podría acabar con la identidad de La Repubblica como periódico riguroso.

Ahora hay muchas incógnitas y “todo dependerá de cómo se comporte” el grupo Antenna cuando se confirme la compra. “Aunque sobre el papel parece una fuerte amenaza al pluralismo informativo”, dijo a elDiario.es Alessandra Costante, secretaria general de la Federación Nacional de Prensa Italiana (FNSI), el principal sindicato de periodistas del país, que pide una intervención activa del Ejecutivo para lograr que la empresa se comprometa a respetar el empleo de los trabajadores y la independencia editorial de los medios.

No tenemos claro quién es este magnate griego, pero sí sabemos que es amigo de Bin Salmán o Trump, por lo que no estamos tranquilos

Zita Dazzi — Periodista de La Repubblica

El Colegio de Periodistas de Italia y fuerzas políticas opositoras piden que el ejecutivo adopte el llamado 'Golden Power', mecanismo que le permite intervenir o bloquear operaciones sobre empresas estratégicas para los intereses nacionales. Mientras sigue la negociación, el Gobierno instó a la familia Agnelli a proteger a los empleados afectados, pero no hay indicios de que quiera frenar la transacción. “Si los diarios italianos siguen en manos italianas, será mejor para todos”, admitió días atrás el vicepresidente de Meloni y ministro de Exteriores, Antonio Tajani. “Sin embargo, a menos que se infrinja la ley, será el mercado quién decida”, agregó, señalando que el gobierno no pretende intervenir. 

De materializarse la adquisición, será la primera vez que un conglomerado extranjero compre un grupo de medios de prensa escrita italiano de tal dimensión, lo que, para Costante, es otra señal de la “gravedad” de la situación en este sector. La oposición también mostró preocupación: “Nos encontramos ante la venta a una entidad extranjera que no ofrece garantías de empleo, perspectivas de futuro, calidad ni pluralismo informativo”, dijo Elly Schlein, líder del Partido Democrático —el principal de la oposición—. En su opinión, eso podría “debilitar o desmantelar un bastión fundamental de la democracia, basado en diarios que marcaron la historia del periodismo italiano”.

Una familia griega con negocios en medio mundo

Kyriakou lidera una dinastía familiar de armadores navieros griegos, con empresas financieras, inmobiliarias o medios de comunicación. Calificado por algunos como “el Berlusconi de los Balcanes”, a través de Antenna controla 37 canales de televisión de pago y gratuitos, dos servicios de streaming, dos emisoras de radio y medios digitales. Es propietario de ANT1 TV, uno de los principales canales de Grecia, y su negocio se extiende por Reino Unido, EEUU, Australia o países del golfo Pérsico. Según informaciones aparecidas en la prensa, su compra de GEDI es un primer paso para acceder al mercado italiano y expandirse en televisión, ya que tiene interés en cadenas de peso en el país como Sky Italia o La7 —este último canal, de línea progresista—.

En el ámbito político, el magnate griego tiene conexiones con el mundo conservador y es miembro del think tank Atlantic Council, que en 2024 otorgó a Meloni el premio Global Citizen Award. En mayo de 2025, estuvo entre los invitados en la cena ofrecida por el emir de Qatar a Trump en Doha, como parte de su gira primera gira por Oriente Medio. Según el diario griego To Vima, Kyriakou habló en privado sobre negocios y política con el presidente de EEUU. El empresario también tiene lazos con el príncipe heredero saudí, conocido como MBS, que posee el 30% de las acciones de Antenna a través del Fondo de Inversión Pública del reino (un poderoso instrumento a través del cual Riad invirtió sus petrodólares en todo el mundo).

Estos días, el holding heleno aseguró que su inversión en Italia no incluye la empresa con participación saudí, pero su relación con la dictadura ultraconservadora es un elemento de preocupación añadido en el país transalpino.  

La Repubblica surgió con una identidad muy fuerte, se dirigía a una opinión pública de izquierda y liberal y acompañaba a la generación del 68 en un proceso de modernización del país

Carlo Sorrentino — Profesor de la Universidad de los Estudios de Florencia

Las negociaciones entre GEDI y Antenna están muy avanzadas, y la venta —valorada en unos 140 millones— podría concluir a fines de enero o principios de febrero, tras la fiesta de celebración del 50 aniversario de La Repubblica, que vio muchos cambios desde su fundación en 1976. Surgió “con una identidad muy fuerte, se dirigía a una opinión pública de izquierda y liberal y acompañaba a la generación del 68 en un proceso de modernización del país”, dijo a elDiario.es Carlo Sorrentino, profesor de Sociología de los procesos comunicativos en la Universidad de los Estudios de Florencia.  

Según Sorrentino, el diario cambió a medida que esta generación se disipó, a lo que se sumó la asunción de una línea más moderada, aunque sigue siendo símbolo de un modelo progresista que sus empleados quieren conservar. Como parte de sus acciones, los trabajadores de La Repubblica secundaron la huelga general en Italia del 12 de diciembre, mientras que los de La Stampa pararon rotativas un día antes. Ambas plantillas prevén más movilizaciones en las próximas semanas, incluida la opción de volver a declararse en huelga.

Falta de transparencia

También denuncian falta de transparencia en el proceso de venta. “Todo se negocia en la oscuridad, no hay nada oficial. Pedimos reunirnos con Kyriakou muchas veces, pero se esconde y solo envía comunicados desde la empresa de publicidad que contrató”, comentó Dazzi. Agregó que los empleados de La Repubblica (de unos 600) esperan aclaraciones por parte del empresario sobre posibles recortes drásticos que podrían conllevar cierres de sus ediciones locales.

En la ciudad de Turín, capital de la región norteña del Piamonte, el mayor baldazo de agua fría fue la posible venta de La Stampa, de tendencia liberal, centrista y con profundo arraigo regional. Fundado en la urbe en 1867, el diario estuvo casi siempre en manos de la familia Agnelli desde 1926 y mantiene su base en Turín, pese a su proyección en toda Italia. La ciudad también es cuna de la propia dinastía Agnelli. En Turín fundó Fiat, antiguo gigante automovilístico que aupó la industria italiana, lo que marcó la expansión de la familia en sectores muy variados, desde las finanzas, hasta la construcción o los deportes.

También es propietaria del Juventus, club de fútbol insignia de la ciudad, y este diciembre incluso rechazó una oferta de compra. “La Juventus, nuestra historia y nuestros valores no están en venta”, dijo John Elkann en un mensaje en vídeo, mostrando su compromiso con el club, mientras se le achaca que no haya hecho lo mismo con La Stampa. “Vale para el fútbol, pero no para nuestro periódico y sus más de 150 años de historia. Se puede vender fácilmente, sin ni siquiera molestarse en entender a quién”, denunció el Comité de Redacción del periódico.

Según trascendió, Antenna adquirirá La Stampa como parte de su compra del conjunto de GEDI, pero su interés apunta sobre todo a las radios del grupo y no querría mantener la propiedad del medio turinés. Ante ello, ya se busca otro comprador, lo que genera aún más incertidumbre entre sus empleados. Según Sorrentino, es un duro golpe para un diario vinculado históricamente a la burguesía industrial del norte, “paradigma de periódico de difusión regional” con arraigo a nivel local, un modelo cada vez menos rentable, mientras la crisis del sector periodístico italiano se agrava.

El gobierno de Giorgia Meloni enfrenta este viernes una huelga general convocada por sindicatos de base en rechazo a lo que denominan una “economía de guerra”. La protesta se dirige contra el proyecto presupuestario 2026 —aún pendiente de ratificación parlamentaria—, que aumenta de forma inédita el gasto militar, al tiempo que ajusta servicios públicos como salud y educación.

“El Gobierno alimenta una economía de guerra que debilita a los trabajadores y a los servicios públicos”, advirtió la Unión Sindical de Base (USB), una de las organizadoras. La protesta comenzó el jueves por la noche y se extenderá durante toda la jornada del viernes. Afecta transporte público, trenes, puertos y servicios estatales, aunque sin el respaldo de los sindicatos mayoritarios, que convocaron una medida propia para el 12 de diciembre.

Desde 2020, el gasto militar de Italia creció un 60%, pasando de €8.000 millones a €13.000 millones. Para 2026, el desembolso previsto es de casi €34.000 millones, lo que implicaría un aumento de más del 45% respecto a 2017. La meta, impulsada por la OTAN y respaldada por Estados Unidos, es llevar el gasto al 5% del PBI en una década, con un 3,5% para defensa convencional y 1,5% para seguridad.

El presupuesto también destina €130.000 millones a nuevos sistemas de armas y €9.000 millones en infraestructura militar para los próximos 15 años. Las compras incluyen armamento a Alemania, Estados Unidos e Israel, y han generado preocupación por la falta de transparencia y el vaciamiento del control democrático sobre las decisiones de defensa.

Francesco Vignarca, de la Red Italiana Paz y Desarme, alertó que invertir en armas da menos retorno económico que hacerlo en educación o salud. Subrayó que la industria armamentista representa menos del 1% del PBI italiano, y que gran parte de la producción y empleo se concentra en el exterior, incluso en filiales de firmas italianas como Leonardo.

La huelga también expresa solidaridad con el pueblo palestino y exige que Italia rompa relaciones con Israel, aplique un embargo militar y cese las entregas de armas. Asimismo, los sindicatos reclaman el fin del apoyo militar a Ucrania. “Salimos a bloquearlo todo contra el rearme”, afirmó Francesco Staccioli, dirigente de USB.

Italia no tiene un salario mínimo legal y los salarios reales están por debajo de los niveles de 1990. El sindicato CUB señaló que el presupuesto no contempla subas salariales ni inversión suficiente en vivienda pública, mientras los alquileres y el costo de vida se disparan. En paralelo, la edad de jubilación se estira a 67 años y tres meses a partir de 2027.

JJD

En plena carrera armamentística en Europa, este año el gobierno de Giorgia Meloni hizo peripecias para adaptar a Italia al aumento de gasto militar demandado por la OTAN y Donald Trump, el gran aliado al que no quiere defraudar. El ejecutivo hizo maniobras contables para llegar al 2% del PIB en defensa en 2025 y se comprometió a alcanzar el 5% en una década. Esto es un reto añadido para la fatigada economía italiana, uno de los países con mayor deuda pública de la UE, donde muchos ven el rearme como una amenaza al estado del bienestar. 

Ante ello, la protesta escalará el viernes con una huelga general convocada por sindicatos izquierdistas y de base, contrarios a un modelo que creen que lleva a Italia a derivas militaristas. También se oponen al plan presupuestario de 2026, aprobado por el Gobierno y pendiente de ratificación parlamentaria. Según los sindicatos, este prevé aumentar el gasto militar a niveles inauditos, y potencia la austeridad en un sistema público depauperado, donde la educación o la sanidad salen perdiendo.

“Cada euro gastado en armas es un euro quitado a sanidad, escuelas, pensiones y seguridad social. El Gobierno alimenta una economía de guerra que debilita a los trabajadores y a los servicios públicos”, asegura en un comunicado la Unión Sindical de Base (USB), una de las convocantes de la huelga. Pese a ser minoritaria, esta tiene fuerza en sectores como el portuario, y ganó peso al ser líder de las huelgas contra la ofensiva israelí sobre Gaza que en septiembre y octubre sacudieron Italia. De hecho, la huelga de este viernes incluye entre sus principales motivos la causa palestina. Los sindicatos piden que Italia rompa relaciones con Israel, aplique un embargo militar y deje de contribuir a su “economía de genocidio”. También exigen el cese de entregas de armas a Ucrania, mientras Italia prepara el envío de su duodécimo paquete de ayuda militar a Kiev.  

Se va hacia una militarización marcada por los intereses del complejo militar-industrial. La compra de armas de Italia subió un 60% en los últimos cinco años. Tenía un valor de 8.000 millones hace cinco años, y ahora está en 13.000 millones. Es mucho

Francesco Vignarca — Red Italiana Paz y Desarmamento (RIPD)

El paro laboral arrancará este jueves por la noche y se alargará hasta la noche del viernes. Al no sumarse los sindicatos mayoritarios –entre ellos CGIL, que convocó su propia huelga para el 12 de diciembre–, no se prevé seguimiento masivo, pero puede afectar el sector público y privado, la circulación de trenes o buses, el sector aéreo o portuario y más servicios. “El Gobierno aumenta drásticamente el gasto en compra y producción de armas, apunta al sector bélico como única solución, mientras salarios y pensiones pierden poder adquisitivo y las desigualdades sociales, la precariedad y el trabajo mal pagado crecen”, denuncia UBS. 

En Italia, un país con una importante opinión pública de tradición pacifista, el impulso armamentístico no afectó por ahora a la estabilidad de la coalición de Meloni, pero la oposición y detractores cuestionan este giro. 

“Se va hacia una militarización marcada por los intereses del complejo militar-industrial. La compra de armas de Italia subió un 60% en los últimos cinco años. Tenía un valor de 8.000 millones hace cinco años, y ahora está en 13.000 millones. Es mucho”, dice Francesco Vignarca, miembro de la Red Italiana Paz y Desarmamento (RIPD) y analista de Milex, observatorio independiente que supervisa el gasto militar italiano.

Las cifras que está alcanzando Italia son “un récord histórico”, remarca el experto. Según sus cálculos, para 2026 prevé un desembolso total de casi 34.000 millones de euros en armas, tecnología y equipamiento militar. Esto marca un aumento de más del 45% en casi una década. En 2017, el gasto fue de 23.377 millones, por lo que la subida es pronunciada y el Ministerio de Defensa quiere mantener las inversiones al alza, en línea con la OTAN.

En los próximos 15 años, Italia destinará al menos 130.000 millones a nuevos sistemas armamentísticos y 9.000 millones en infraestructura militar, según Milex. La entidad también denuncia una creciente falta de transparencia y critica que la documentación oficial es cada vez menos accesible. “Italia consolida una política de rearme estructural que consumirá recursos públicos por décadas sin un nivel adecuado de control democrático”, advirtió el observatorio este pasado octubre.

A diferencia de España, que rechazó abiertamente el dictado de la OTAN de llegar al 5% del PIB en gasto militar, Italia mostró tímidas reservas a ello por su delicada situación económica, pero terminó acatando la estrategia atlantista con un acuerdo que aplicará gradualmente a diez años vista. En este, la meta de alcanzar el 5% se distingue en un 3,5% reservado a gasto militar y defensa convencional, y un 1,5% destinado al ámbito de seguridad.

Según Meloni, puede servir cómo vía de crecimiento en un contexto global volátil y afectado por crisis diversas, como las derivadas de los conflictos de Ucrania y Oriente Medio. Tras la Cumbre de la OTAN de La Haya en junio, la mandataria aseguró que el incremento de gasto en defensa “no quitará ni un euro a los italianos”, sino que fomentará “una política económica expansiva que genera recursos”, actividad productiva y empleo. 

Sin embargo, para Vignarca, este impulso “solo alimenta los beneficios de la industria armamentística, que aumentó mucho sus ganancias estos años”. A diferencia de Meloni, ve “imposible” que el plan pueda darse sin recorte de gasto público. “Italia es un país con mucha deuda, no puede endeudarse más. Esto implica subir impuestos o recortar de otras partes. Puede afectar infraestructuras, sanidad, educación y otros sectores”, alerta el analista.

En su opinión, este giro tampoco potenciará el tejido industrial del país: “La producción de armas representa menos del 1% del PIB de Italia. Es residual, pero aun así se está yendo hacia los intereses armados”, critica. Según agrega, muchas empresas a las que Italia hace pedidos son extranjeras, y si son italianas, tienen mucha producción fuera del país. Entre ellas está el coloso Leonardo, participada por el Estado, productora de equipamiento militar y aeroespacial, y uno de los principales exportadores de material bélico a Israel. “Tiene la mitad de sus empleados en Reino Unido y mucha producción en EEUU. Todo ello figura en sus cuentas, pero no es valor producido en Italia ni son puestos de trabajo italianos”, indica Vignarca.  

También destaca que en esta legislatura liderada por Meloni, “muchas de las adquisiciones fueron del exterior”. Se compró a la empresa alemana Rheinmetall, a compañías de EEUU como Lockheed Martin —productora de los aviones F-35—, o a productores de Israel, como las potentes Rafael o Elbit Systems. “El papel de las empresas israelíes crece: Italia aprobó al menos 600 millones de euros en compras a Israel esta última legislatura y en 2024 el valor de autorizaciones para importaciones militares israelíes se quintuplicó en relación al año previo”, concreta Milex. 

“El camino hacia las armas ni siquiera es óptimo a nivel económico. Muchos estudios muestran que invertir en armamento da menos rendimiento que hacerlo en escuelas, sanidad o energías renovables”, argumenta Vignarca, favorable a revertir la tendencia, quién alerta sobre las consecuencias de todo ello a largo plazo. 

Saldremos a bloquearlo todo contra el rearme. No nos hacemos ilusiones con pararlo por completo, pero esperamos tener amplio seguimiento en la huelga

Francesco Staccioli — secretario general de USB para puertos y transportes

Los sindicatos convocantes de la huelga del viernes se expresan en una línea similar. Para la Confederación Unitaria de Base (CUB), el gobierno fomenta un modelo de economía de guerra que “hace extremadamente críticas las condiciones materiales de los trabajadores”, y su plan presupuestario “no prevé ninguna medida concreta para aumentar los sueldos”. 

Italia es uno de los pocos países europeos sin un salario mínimo marcado por ley, y el único Estado de la UE donde los salarios reales son inferiores a los de 1990, un estancamiento al que se sumó la ola inflacionaria de estos años. “El aumento del costo de la vida es una lacra que azota la economía de millones de personas”, indica CUB, que asegura que el gobierno tampoco gasta lo suficiente en vivienda pública, mientras los alquileres suben a precios “sin precedentes” en la historia moderna del país. 

Para los sindicatos, otro problema es el control de la UE para contener el alto déficit de Italia, de más del 3%. Según USB, esto implica recortes en servicios y gasto social, pero no incluye el gasto militar, ante lo que exige que la sanidad o educación no estén sujetas a limitaciones presupuestarias. 

“Mientras, los precios siguen subiendo, los salarios siguen estancados y las pensiones se reducen año tras año. Se trabaja más, se gana menos y se vive peor”, dice el sindicato, que pide establecer un salario mínimo por contrato de al menos 2.000 euros mensuales, y una pensión mínima de 1.500. En el país, la edad de jubilación se va retrasando —a partir de 2027 será a 67 años y tres meses—, y con un envejecimiento pronunciado, unos 16 millones de habitantes son pensionistas.

En este contexto, la reconversión hacia lógicas militaristas también está presente en otros sectores. Según una fuente implicada en gestión de proyectos de investigación con fondos de la UE para empresas italianas, la entrada de compañías de defensa es cada vez más patente, lo que ilustra cómo un sector orientado al desarrollo civil transita hacia funciones con óptica de seguridad o ligadas al rearme. “De ello se benefician empresas de desarrollo tecnológico digital e industrial, ciberseguridad, ámbito espacial o telecomunicaciones”, dice la fuente, que pide mantenerse en el anonimato. “Italia ha respondido metiéndose plenamente en línea con todas estas políticas”, concluye.

“Saldremos a bloquearlo todo contra el rearme. No nos hacemos ilusiones con pararlo por completo, pero esperamos tener amplio seguimiento en la huelga”, sentencia a este medio Francesco Staccioli, secretario general de USB para puertos y transportes, que apela a aprovechar la actual ola movilizadora para seguir ejerciendo presión a Meloni. 

En junio de 2024, Giorgia Meloni invitó a Javier Milei a la reunión del G7 en Italia. Era la segunda vez que se veían. Los abrazos, las reuniones privadas y las declaraciones de trabajo conjunto derivaron en una interpelación del Senado a la presidenta del Consejo de Ministros italiana.

En Argentina, el encuentro no llamó la atención, pero los acontecimientos que se desarrollaron a partir de este sí despertaron gran interés: diez días más tarde, Italia solicitó la detención con miras a la extradición de Leonardo Bertulazzi, un genovés exmiembro de la organización armada Brigadas Rojas que desde hacía 20 años vivía en Buenos Aires con estatus de refugiado. En agosto de ese mismo año, el Gobierno argentino anunció su detención tras retirarle el estatus de refugiado.

Finalmente, la Corte Suprema confirmó la extradición el pasado 1 de julio de 2025 y Bertulazzi, que estaba en arresto domiciliario, fue detenido minutos después en un nuevo operativo en su casa y enviado a prisión. Sin embargo, la decisión del alto tribunal no ha aclarado la situación sobre el estatus de refugiado del detenido, lo que complica la operación de Milei y Meloni.

Bertulazzi había sido detenido en Italia en 1977 por un accidente con explosivos junto a otros compañeros de la organización. Después, en ausencia, lo acusaron por el secuestro del empresario naviero Pietro Costa, basados en declaraciones de arrepentidos que no habían participado en el hecho. Pasó dos años detenido y luego fue liberado.

Salió del país en 1980, pasó una década en Centroamérica y luego otra en distintos países de Sudamérica. En 2001 ingresó en Argentina y en 2002 fue arrestado en Buenos Aires por una solicitud de extradición de Italia que, bajo el Gobierno de Silvio Berlusconi, revivió la búsqueda de miembros de las organizaciones armadas de los años 70 y 80.

No sabía que en su ausencia, un tribunal genovés lo había juzgado y condenado a 27 años de prisión por “asociación subversiva o ilícita, secuestro extorsivo y falsificación de documentos”. Si bien no se lo acusó de ningún delito de sangre, el argumento fue que el botín del secuestro de Costa se había utilizado para la logística del secuestro del primer ministro Aldo Moro en 1978, que terminó asesinado mientras Bertulazzi estaba preso.

La petición de extradición inicial fue inmediata, pero no pudo avanzar porque la justicia argentina consideró que no había podido ejercer su derecho a defenderse en el juicio que lo condenó y, en cambio, le reconoció el estatus de refugiado bajo el amparo de la Convención Internacional y el Comité de Elegibilidad para los Refugiados (CEPARE) —luego convertido en CONARE—.

Bertulazzi pasó los siguientes 20 años viviendo en el barrio porteño de San Telmo. Durante ese tiempo, estuvo muy cerca de conseguir la extinción de la pena, y de hecho lo logró, hasta que una nueva oleada de la derecha gobernante en Italia se valió de su encarcelamiento en Argentina para frustrar el intento.

“La sucesión de hechos no deja dudas: acá hubo un pacto espurio que hicieron Milei y Meloni como parte de una alianza mayor de la ultraderecha internacional. Vemos cómo levantan la bandera de la lucha antiterrorista y anticomunista para pasar por encima de las leyes internacionales y destruir el derecho al refugio en Argentina”, denuncia a este diario Rodolfo Yanzón, reconocido abogado querellante en las causas por delitos de lesa humanidad de la última dictadura militar en su país (1976-1983) que ahora representa a Bertulazzi.

Presión política

La reciente detención de Bertulazzi se festejó a los dos lados del Atlántico: en Italia, el ministro de Justicia, Carlo Nordio, y en Argentina, la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, expresaron la satisfacción de sus gobiernos y alentaron la extradición inmediata. Mientras tanto, el presidente Milei avanzó en las modificaciones legales necesarias para concretar la expulsión de Bertulazzi.

En septiembre de 2024, Milei cambió por decreto la composición de la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) para incluir un representante del Ministerio de Seguridad en la dirección, algo inédito para ese organismo. En octubre, también por decreto, modificó la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado, en particular los requisitos para otorgar el estatus de asilo. Con esto, el trámite de extradición que se había iniciado en junio a petición de Italia consiguió vía libre de parte de la misma jueza que en 2003 había fallado en contra de la extradición. La decisión llegó en julio de este año

Se trata de la jueza federal María Romilda Servini. “Con Néstor Kirchner como presidente, había rechazado la petición de extradición. Con Javier Milei, se desdijo de sus argumentos y la aceptó. En 2003, el argumento central para conceder el refugio fue la imposibilidad de defenderse en un juicio en ausencia. ”Un juicio basado en los testimonios obtenidos de dos arrepentidos bajo tortura, uno de los cuales luego se desdijo“, explica el abogado de Bertulazzi.

“¿Por qué hoy Servini se desdice? Es inexplicable en términos jurídicos. Esto sólo se puede leer como presión política”, opina Yanzón, que juzga igual la confirmación del fallo de Servini por parte de la Corte Suprema de Justicia: “A los cuatro días de recibir el expediente, casi como para dejar en evidencia que no se tomaron el trabajo de leerlo, resolvieron dar vía libre a la extradición. Es todo una barbaridad”.

El abogado agrega que, de todas formas, “todo el proceso de extradición avanzó de modo irregular, porque tanto la ley de extradición como la de refugio dicen que si el pedido es sobre una persona que tiene estatus de refugiada no debe tener trámite. Y acá la justicia le dio trámite ilegalmente”.

El Gobierno argentino había llevado el caso al máximo tribunal para habilitar una vía sumarísima para resolver la situación de Bertulazzi y poder extraditarlo inmediatamente. “La jugada no salió del todo bien, porque si bien resolvieron a favor de la extradición, no resolvieron la cuestión de fondo: Bertulazzi tiene refugio y para quitárselo es necesario llevar el caso a la justicia. Entonces, la lectura que queda es que la Corte falló para avalar el pacto Milei-Meloni”, explica el defensor del ex Brigadas Rojas.

El temor era que con esta decisión, el Gobierno argentino subiera a Bertulazzi a un avión y lo entregara. “Si eso no ocurrió, no fue porque no quisieran Milei y Bullrich, sino porque ACNUR presentó una nota en cancillería en la que advirtió que estaba mirando el caso y su preocupación por la situación de Bertulazzi, que cuenta con refugio bajo amparo de la Convención Internacional”.

Por eso y por lo resuelto por la Corte Suprema, para concretar la extradición es necesario que un juzgado defina el estatus de Bertulazzi. Ese proceso podría llevar años, explican fuentes judiciales. Por eso, organismos y referentes de Derechos Humanos solicitaron que Bertulazzi volviera a la prisión domiciliaria, que tuvo desde septiembre de 2024 hasta el 1 de julio de 2025 —cuando otra vez fue detenido con un gran operativo en su casa—. Esta semana, a petición de la Cámara de Casación Penal argentina, Bertulazzi está de nuevo en prisión domiciliaria.

En sus argumentos, el titular de Casación, Alejandro Slokar, sostuvo que encarcelarlo fue arbitrario, ya que “la protección de refugiado que le fue otorgada en 2004 sigue vigente”. Además, el juez había advertido que Servini “no valoró de manera adecuada la totalidad de la evidencia médica” y remarcó la posibilidad de que Bertulazzi pudiera sufrir otro ACV (accidente cerebrovascular) en prisión: el genovés pasó ocho semanas en una celda de la Policía Federal Argentina durmiendo en un colchón en el suelo, junto a otros cuatro detenidos, sin luz natural, con un baño sin agua dentro y sin lugar para caminar.

El lunes 25 de agosto Servini dio a conocer el fallo en el que acepta los argumentos de Casación y devuelve a Bertulazzi al arresto domiciliario.

Pacto entre ultraderechas

Para los organismos de derechos humanos, tanto la condena dictada en Italia —en un juicio en ausencia— como el dispositivo policial desplegado en Argentina constituyen graves violaciones del derecho internacional. “Bertulazzi no está acusado de ningún delito de sangre y goza del estatus de refugiado a pesar de los intentos arbitrarios del Poder Ejecutivo por desmantelar los principios fundamentales de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, que garantiza la protección a quienes son perseguidos por razones políticas”, denuncian en una carta varias organizaciones de derechos humanos y ciudadanos argentinos y de otros 12 países de América Latina y Europa.

“La convención de Ginebra sancionó el principio del 'non refoulemen' o no devolución. Esto no es letra chica, es el muro que protege vidas frente a la diplomacia de conveniencias. Si lo derribamos, no solo traicionamos a Leonardo: quebramos la confianza en todo el sistema de protección internacional. El caso Bertulazzi no es un expediente más; es una prueba viva de si nuestra palabra vale algo o si termina, empapada y rota, como papel mojado”, señala la misiva.

“Desde nuestra convicción de defender el derecho al refugio e impedir un Estado de Derecho en el que la justicia sea utilizada como instrumento de persecución política, expresamos nuestro más enérgico repudio a esta decisión y exigimos su inmediata revisión”, dice a elDiario.es Diego Morales, director del área de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), uno de los organismos de Derechos Humanos más reconocidos de Argentina. El CELS participó en la solicitud de audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que denunció hace unas semanas que “los derechos de los refugiados en Argentina están en riesgo”.

“El caso Bertulazzi es trascendente para la agenda de los organismos de Derechos Humanos”, remarca Morales, que describe como “totalmente agresiva” la posición del Estado Argentino en la audiencia. “La CIDH se mostró preocupada, pero no va a intervenir mientras esto no pase a una extradición ilegal”.

El escritor italiano Roberto Saviano, desde hace años bajo protección policial por sus libros sobre la mafia, consiguió este lunes confirmar la condena de un capo de la Camorra y de uno de sus abogados que lo amenazaron hace casi dos décadas. El investigador celebró el fallo como “el más importante” de su vida.

El Tribunal de Apelación de Roma confirmó la condena a un año y medio de prisión al exjefe del clan de los Casaleses, Francesco Bidognetti, y de un año y dos meses para su abogado, Michele Santonastaso, según confirmaron a EFE fuentes próximas al juicio.

Los imputados estaban acusados de amenazar públicamente a Saviano y a la periodista y exsenadora del Partido Demócrata Rosaria Capacchione durante una vista judicial en el 2008. La sentencia, que revalida la de primera instancia de 2021, fue recibida con aplausos en el aula del tribunal romano y con el llanto del escritor que denunció los tejemanejes internos de la Camorra en best sellers como Gomorra (2006), obligándolo a vivir protegido.

Las amenazas fueron dirigidas a Saviano y a la periodista en una audiencia del 'Juicio Spartacus', que sentó en el banquillo a decenas de miembros del sangriento clan camorrista de los Casaleses y terminó condenando a la cadena perpetua a Bidognetti. Sin embargo, durante el proceso, su abogado, Santonastaso, leyó en público una declaración de sus representados mafiosos en la que intimidaba a los informadores y a la Fiscalía.

Por esa razón, en este juicio se personaron como acusaciones particulares la Federación Nacional de la Prensa Italiana (FNSI, por sus siglas en italiano) y el Colegio de Periodistas.

Saviano publicó este lunes un artículo en Il Corriere della Sera en la que avanzaba que esta sentencia sería “la más importante de su vida” tras un largo proceso de quince años. “Durante años odié a Bidognetti y a su abogado, convencido de que fueran ellos los culpables de mi condición. Pero, en el fondo, fui yo al no separarme de esta locura. Decidí permanecer, contarlo, resistir”, confiesa.

Saviano, “condenado” a vivir bajo protección policial, aconsejó a quienes quieran seguir investigando sobre el crimen organizado que no lo hagan solos: “Formen una red. No pongan en juego solo su cuerpo. No sean ilusos”, advierte.

Este señor tan señorial que manduca con fruición una boccata di porchetta (cerdo deshuesado, condimentado con sal y especias, bien estacionado antes de darle paciente cocción); este actor tan versátil que arrancó su carrera a fines de los ’80 en la tevé norteamericana y que este año pudimos admirar en salas de cine como el progre cardenal Bellini del film Cónclave, es un amante absoluto de la cocina italiana. En particular de la calabresa por vía familiar y, en general, de manjares del mundo hechos en forma artesanal, con buenos productos de estación de cada región.

Sin duda, la gastronomía italiana está por encima de todas en el corazón y el paladar de Stanley Tucci, que además de excelente actor, es director, productor, escritor. Pero viéndolo saborear con tanto deleite variedad de platos en la serie Tucci en Italia, que se puede mirar por Disney Plus –y conociendo sus antecedentes en materia culinaria–, cuesta creer que este encantador gourmet haya pasado hace pocos años por la muy ardua experiencia del peor cáncer que le podía tocar en desgracia: de garganta, con un tumor agresivo debajo de la lengua. Bajón aún más tremendo considerando que su querida esposa por 14 años, Kate, había muerto de cáncer en 2009, después de haber peregrinado juntos a Europa en busca de una curación que no llegó.

Cuando recibió el diagnóstico en 2017, ST ya se había vuelto a casar con Felicity Blunt (hermana de Emily), que lo sostuvo con total devoción y supo detenerlo cuando él, muy desmoralizado, insistía con la idea de no seguir el durísimo tratamiento de radio y quimio al por mayor, que le prescribían los médicos porque la operación era imposible. Pasaron los meses y se alcanzó la curación, pero no la comida: en la siguiente fase, Stanley debió alimentarse vía sonda y demoró en poder masticar y tragar sin que lo asaltaran las náuseas. Siempre con Felicity alentando y brindándole cuidados, Tucci retomó su actividad como actor, recibió premios importantes, dirigió, escribió y pudo comenzar en 2021 la serie que tanto deseaba protagonizar sobre il buon mangiare del país de sus padres y abuelos, cuyas dos primeras entregas se titularon Buscando a Italia. Y este año se concretó el estreno de una continuación de cinco capítulos, Tucci en Italia, grabada en 2024. Una delicia de muy distintos paisajes naturales, urbanos y –básicamente– de irresistibles platillos capaces de activar la secreción de los jugos gástricos y producir borgorigmos. Dicho en criollo: ruidos en la panza o tripas que suenan. Se recomienda, entonces, mirar esta serie de a un capítulo por vez (45 minutos, más o menos), habiendo comido previamente, o dejando listas unas viandas para engullir ni bien termine.

Ni Anthony Bourdain ni Gordon Ramsay

A quienes lo “acusaron” de querer competir con chefs o animadores de reality shows sobre cocinar y comer, como el seductor y arriesgado Bourdain, Tucci responde que admira a este gran conocedor y conductor pero que lo suyo no es la aventura hacia extremos exotismos, sino más bien viajar como un turista curioso dispuesto a descubrir lugares de su amada Italia, dando sucintos detalles de su historia y sus costumbres vinculadas al buen comer, sin pretender brindar revelaciones. Pero lo cierto es que manda en la serie algunas informaciones menos conocidas en otras latitudes, que despegan de lo más divulgado –la pasta, la pizza, el risotto– sobre la cocina peninsular que, de todos modos, hacen acto de presencia, cada plato en diferentes versiones.

A ST lo atraen los platillos campesinos, sencillos pero sabiamente creados; la aplicación de ingredientes poco prestigiosos como las vísceras; la recuperación de alguna tradición dejada de lado por un tiempo. Como sería el caso del pan comunitario que se ha vuelto a cocer de nuevo en el gran horno a la leña de un pueblito, con la participación de vecinos/as de toda edad preparando la masa, cosa que sucede en Villa Sebastiana. Una cita del fin de semana, donde se socializa bajo la batuta de Lucía que reconoce: “No me haré rica en dinero pero sí de alegría y entusiasmo”. Las hogazas se hacen con trigo de Solina, grano de montaña, símbolo de esta zona del Abruzzo.

Todo por la comida: cine y series, cóctel, libros

Antes de proseguir con Tucci en Italia, bien vale mencionar que, entre otros muchos laburos (de nuestro cocoliche, palabra derivada del itálico laboro), Stanley es el autor, intérprete y director (con una mano de Campbell Scott) de un film entrañable que tuvo relativa repercusión en su estreno pero que hoy es de culto entre amateurs del buen morfi (vocablo derivado del verbo argentino morfar, a su vez proveniente de la jerga italiana: morfa, es decir, boca). Se trata de Big Night (1996), con Isabella Rossellini, Tony Shalhoub y el propio Tucci protagonizando, acerca de un joven restaurador italiano que en Nueva Jersey lucha por salvar un restaurante de la quiebra respetando al mango las recetas heredadas, sin ceder al gusto un tanto degradado de cierta clientela del lugar. Sin ser autobiográfico, este film –con una fantástica banda sonora que incluye mucho Claudio Villa, algo de Luigi Prima y ¡el Mambo Italiano, por Rosemary Clooney!– es un homenaje a sus padres: Joan Tropiano, de Regio Calabria, y Stanislao Tucci, de Cosenza, afincados en el estado de Nueva York.

Previamente, ST, muy joven en la ciudad de NY, supo ser camarero de día, actor teatral de noche. En la tele arrancó con papeles episódicos en series como Wiseguy y Treinta y pico. Más adelante, ya como director entregó cintas estimables y personales: Los impostores (1998), El secreto de Joe Gould (2000) y otras, para culminar -hasta el presente- con The Final Portrait (2017), un capítulo en la vida del famoso escultor Alberto Giacometti.

Aunque ya suficientemente conocido y apreciado, la popularidad de Tucci se expandió cuando, en el comienzo del confinamiento, ofreció en la web su receta del cóctel Negroni (ginebra, vermut, Campari, una sospecha de vodka) dedicado a Felicity. Visto por 6 millones de personas, su savoir faire y su gracia lo llevaron a los 60 años, a ser considerado un icono supercool y muy sexy.

Para su primer libro de cocina de 2012, The Tucci Cookbook, Stanley se preparó con el asesoramiento del descollante chef Gianni Scappin, iniciador de los primeros locales de comida toscana en Manhattan. Un manual que fue seguido por otros trabajos hasta llegar a What I Ate in One Year (2024), una celebración de la vida, sus penas y alegrías, que incluye con ingenio y cercana calidez la comida, el ritual familiar.

Coleste… ¿qué?

En estos cinco caps que están en Disney Plus referidos a la Toscana, Lombardía, Trentino-Alto Adigio, Abruzzo y el Lazio, no se menciona nunca la palabra colesterol; mucho menos se alude a pesticidas, ni a animales que reciben antibióticos o alimentos prefabricados, ni a verduras o frutas fuera de estación… En los sitios que frecuenta ST, que incluyen modestas trattorias y comederos gourmet, comedores en casas de familia, se habla del buon mangiare, de secretos de cocina. Todo el mundo, en su estilo y en su escala disfruta de los platos bien sazonados, las recetas tradicionales a veces aggiornadas, los productos nobles de la granja o la huerta. Los animales comen forraje natural y son bien tratados.

En la muy hermosa Toscana, zona de Carrara donde Miguel Ángel elegía esos mármoles níveos que albergaban futuras estatuas, se elabora il lardo en el boliche más antiguo, donde comenzó la nona de Mafalda en 1930: la grasa del lomo del chancho salada que se deja descansar entre dos bloques de la preciada roca, se frota con ajo, canela, pimienta, nuez moscada…

En Trentino, cerca de los Alpes, entre bosques nevados, el Día de la mujer ellas no trabajan, pero comen platos en los que se hace sentir la huella de otras nacionalidades que pasaron por ahí: Madeleine ofrece sauerkraut (chucrut), polenta con goulash. En esta región se degustan los knöll, variante de los gnocchi con hierbas frescas, mientras que las aguas del río Sarca proveen de peces magros, de sabor concentrado.

El episodio 4 se interna en el centro de la península, los Abruzze: en Senarica, un pueblo donde el cocinero Danilo invita a ST a un almuerzo en su casa donde sirve un timballo, justo el plato con que finaliza exitosamente Big Night. Un relleno de pasta, albóndigas, salami que se vuelca peligrosamente humeante sobre una fuente, en la mesa rodeada de dichosos comensales.

Y finalmente, habría que dedicar unas líneas a la región del Lazio, cuyo corazón es la mismísima Roma, con sus comidas típicas como la carbonara, los carciofi alla romana (un verdadero “puema” diría doña Petrona de estos carnosos alcauciles). “Il carciofo é nostra religione”, dice el chef del Etruria, un sitio que propone siempre un menú del día.

Para amantes de la cocina de nuestro país, puede resultar llamativo hasta qué punto se identifican los distintos productos de cada región, de cada pueblito. Cuando Tucci le hinca el diente a un sánguche de porchetto al romero, la camarera lo observa sonriente, y le pregunta: “¿¿Está feliz??”. Sí, en ese instante Stanley está pazzo di felicitá por esa boccata. Un rato antes, al cortar el pan casero (“uno de los mejores del país”, por supuesto) ella le ha pedido a su cliente: “Escuchá el sonido de la corteza”, como si fuera una pequeña música sin partitura. Luego, nuestro hombre en Italia parte hacia una fraschette: es decir, una bebida artesanal en el bar Ostende, para disolver las grasas…

MS/MG

La Selección argentina Sub 20 integrará el Grupo D en el Mundial de la categoría, que se disputará en Chile del 27 de septiembre al 19 de octubre, y tendrá como rivales a Italia, Australia y Cuba, según el sorteo que se llevó a cabo este jueves en Santiago.

La Copa del Mundo juvenil contará con la participación de 24 selecciones divididas en seis zonas de cuatro integrantes.

Los bombos para el sorteo estuvieron repartidos según el ranking FIFA, a excepción de Chile que perteneció al Bolillero 1 (con potencias como Italia, Estados Unidos, Corea del Sur, Brasil, Colombia) por ser el anfitrión del evento deportivo.

Una vez comenzado el Mundial, a los octavos de final avanzarán los dos mejores equipos de cada zona y los cuatro mejores terceros que intentarán ganarse un lugar en la gran final, que tendrá lugar el 19 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago.

La Selección argentina Sub 20, comandada por Diego Placente, se clasificó al torneo de la categoría luego de haber finalizado en la segunda posición de la fase final del Sudamericano, justo por detrás de la “Canarinha”.

Los grupos completos tras la celebración del sorteo son:

Grupo A: Chile, Nueva Zelanda, Japón y Egipto.

Grupo B: Corea del Sur, Ucrania, Paraguay y Panamá.

Grupo C: Brasil, México, Marruecos y España.

Grupo D: Italia, Australia, Cuba y Argentina.

Grupo E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica.

Grupo F: Colombia, Arabia Saudita, Noruega y Nigeria.

MM con información de la agencia NA.

El Parlamento de Italia convalidó este martes definitivamente una ley que limita la concesión de la nacionalidad a descendientes de italianos en el extranjero para frenar la avalancha de solicitudes, especialmente notable en Sudamérica.

La Cámara de los Diputados aprobó esta ley con 137 votos a favor, 83 en contra y 2 abstenciones, y terminó así su tramitación parlamentaria tras el sí del Senado del 15 de mayo.

El Gobierno de Giorgia Meloni aprobó el 28 de marzo esta medida que limita la concesión de la nacionalidad a los descendientes de Italianos que residen en el extranjero para frenar las solicitudes.

La nueva legislación fue aprobada originariamente como un decreto-ley, un instrumento usado en momentos de urgencia y que debe ser revalidado por las dos cámaras parlamentarias en el plazo de 60 días, lo que se ha conseguido finalmente este martes.

Italia concede su nacionalidad siguiendo, entre otras vías, el principio de 'Ius Sanguinis', es decir, por descendencia o filiación, lo que ha hecho que muchas personas extranjeras pero descendientes de antiguos emigrantes italianos la hayan reclamado.

Ahora solo se concederá durante dos generaciones, es decir, si el solicitante tiene un progenitor -biológico o adoptivo- o un abuelo nacido en Italia.

También si el padre o madre de un solicitante nacido en el extranjero han residido “al menos durante dos años consecutivos” en el país europeo antes de su nacimiento.

El vicepresidente italiano y ministro de Exteriores, Antonio Tajani, impulsor de esta medida, explicó en una rueda de prensa en marzo que las solicitudes de nacionalidad se han multiplicado en los últimos tiempos, justificándolas en muchos casos en antepasados muy remotos.

En el texto se especifica que este fenómeno es “particularmente significativo” en Sudamérica debido a los grandes flujos migratorios de Italianos a finales del siglo XIX y tras la II Guerra Mundial.

Además subraya que la concesión del pasaporte italiano “implica ventajas significativas” para una persona nacida en el extranjero pues permite residir y trabajar libremente en cualquier país de la Unión Europea.

Tajani explicó que los italianos en el extranjero han crecido un 40 % en la última década, pasando de los 4,6 millones a los 6,4 millones, especialmente en Sudamérica, donde en los últimos 20 años han pasado de ser 800.000 a superar los dos millones (sobre todo en Argentina, Brasil o Venezuela).

En la rueda de prensa de presentación llegó a mostrar algunos anuncios en español que ofrecían cursos para obtener la nacionalidad italiana prometiendo “salida laboral inmediata”.

La medida ha suscitado un largo e intenso debate parlamentario este martes, defendida por los partidos del Gobierno de coalición de Giorgia Meloni, sus Hermanos de Italia (HdI); la Forza Italia de Tajani y la ultraderechista Liga de Matteo Salvini.

“La cultura y la identidad no son complementos o una llave maestra para beneficiarse de la sanidad, el empleo o las pensiones”, sostuvo el diputado de HdI, Andrea Di Giuseppe.

La oposición criticó duramente la nueva ley. El diputado del Partido Demócrata, Toni Ricciardi, recordó que un rasgo de la 'italianidad' es la emigración del pasado y que, por ello, puede hallarse “en la lengua y las tradiciones” de Brasil o Argentina. 

MM con información de la agencia EFE.

El Gobierno de Italia limitó este viernes la ley que concede la nacionalidad a los descendientes de italianos en el extranjero para contener su comercialización y el aumento de las solicitudes, especialmente desde Sudamérica.

“La nacionalidad no puede ser un instrumento para poder viajar a Miami con un pasaporte europeo”, denunció el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, en una conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros que aprobó la nueva legislación.

Italia concede su nacionalidad siguiendo, entre otros, el principio de 'Ius Sanguinis', es decir, por descendencia o filiación, lo que hizo que muchas personas extranjeras pero descendientes de antiguos emigrantes italianos la hayan reclamado.

Tajani explicó que los italianos en el extranjero aumentaron en un 40 % en la última década, pasando de los 4,6 millones a los 6,4 millones, especialmente en Sudamérica, donde en los últimos 20 años pasaron de ser 800.000 a superar los dos millones.

Por ejemplo, en Argentina se pasó de reconocer 20.000 casos de nacionalidad italiana en 2023 a 30.000 en 2024; en Brasil, de 14.000 en 2022 a 20.000 el pasado año; y en Venezuela había casi 8.000 en 2023.

A esto hay que sumar que los procedimientos aún pendientes para la asignación de la nacionalidad italiana superan actualmente los 60.000 y que los descendientes de italianos en todo el mundo con la ley vigente alcanzan las 80 millones de personas.

Por esa razón, el Gobierno italiano decidió combatir este fenómeno poniendo algunos límites a la solicitud de nacionalidad.

El decreto aprobado este viernes prevé que los descendientes de italianos nacidos en el extranjero solo recibirán la nacionalidad automática durante dos generaciones: es decir, si al menos un progenitor o un abuelo nacieron en Italia.

Asimismo, un proyecto de ley aprobado también hoy impone a los italianos nacidos y residentes en el extranjero mantener vínculos reales con el país europeo, ejerciendo sus derechos y deberes al menos una vez cada veinticinco años.

La tercera fase de esta reforma obligará a los interesados en obtener la nacionalidad a presentar su solicitud ante un ente del Ministerio de Exteriores y ya no podrán hacerlo en los consulados, sobrepasados en los últimos años por estos hechos.

“Lamentablemente en los últimos años ha habido abusos que iban más allá del verdadero interés por nuestro país”, lamentó Tajani, que reveló que se ha retirado la nacionalidad incluso a cinco milicianos del grupo chií libanés Hizbulá que la habían conseguido con “artificios”.

En la conferencia de prensa de hecho llegó a mostrar algunos anuncios en español que ofrecían cursos para obtener la nacionalidad italiana prometiendo “salida laboral inmediata”.

“Esta reforma quiere proteger a quienes quieren ser italianos en el extranjero”, sostuvo.

Con información de la agencia EFE

La periodista italiana Cecilia Sala, detenida en Irán desde el pasado 19 de diciembre, fue liberada y regresará este miércoles a Roma. Lo anunció en una nota oficial la presidencia del Consejo de ministros de Italia. “El avión que llevaba a casa a la periodista Cecilia Sala ha despegado de Teherán hace unos minutos”, se lee en la nota.

“Gracias a un intenso trabajo en los canales diplomáticos y de inteligencia, nuestra compatriota fue liberada por las autoridades iraníes y está de regreso a Italia. La primera ministra, Giorgia Meloni, expresa su gratitud a todos los que colaboraron para hacer posible el regreso de Cecilia, permitiéndole reencontrarse con su familia y sus compañeros”, prosigue el texto con el anuncio oficial por parte del Gobierno.

La periodista, de 29 años, que trabaja para el diario Il Foglio y la plataforma de podcast Chora Media, fue arrestada cuando estaba a punto de dejar Teherán para volver a Italia después de más de una semana de trabajo para la que le había sido concedido un visado periodístico regular emitido por la embajada iraní en Italia. 

Desde su arresto y su traslado a la cárcel de Evin, símbolo de la represión en Irán, Sala había recibido solo una visita, la de embajadora de Italia en Teherán, y se encontraba en una celda de aislamiento con la luz siempre encendida, sin ni siquiera un colchón y con solo dos mantas, una para ponerla en el suelo y otra para abrigarse del frío.

No era la primera vez que Sala visitaba el país. La reportera —que lleva años cubriendo la actualidad internacional, desde el retorno de los talibanes a Kabul en 2021 a la invasión rusa de Ucrania— había decidido volver ahora para realizar unos reportajes sobre cómo estaba cambiando el escenario en Irán tras la caída del régimen de Bashar al Asad en Siria. Al poco de que la noticia de su detención se hiciera pública el pasado 27 de diciembre, empezó a circular la sospecha, recogida por la prensa italiana, de la vinculación de su arresto con el caso de un ciudadano con doble nacionalidad iraní y suiza, Mohammad Abedini Najafabad, detenido en el aeropuerto de Malpensa de Milán el pasado 16 de diciembre. 

Sobre Abedini, que es ingeniero, pesaba una orden de arresto de EEUU, que pide su extradición y le acusa de haber entregado, en violación de las sanciones, tecnología estadounidense para la fabricación de drones a la Guardia Revolucionaria, que Washington considera una organización terrorista. Drones como los que mataron a tres militares estadounidenses en Jordania el pasado enero. Abedini rechaza todas las acusaciones y en los últimos días el Gobierno iraní había desmentido que la detención de Sala fuera la respuesta al arresto del ingeniero.

“Estas dos cuestiones no tienen nada que ver entre sí. El Ministerio de Cultura y Orientación Islámica emitió una declaración clara sobre los motivos del arresto de la periodista italiana y anunció que fue arrestada por violar las leyes de Irán”, dijo el pasado lunes el portavoz de Exteriores de Irán, Ismail Baghaei, en su rueda de prensa semanal, según informó la agencia IRNA.

La liberación de Sala habría sigo uno de los temas que Meloni trató en la cena que mantuvo con el presidente electo de EEUU Donald Trump el pasado 4 de enero. Una visita relámpago de cinco horas en la que la primera ministra de Italia fue recibida en la residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

El presidente Javier Milei recibió la ciudadanía italiana de parte de la primera ministra, Georgia Meloni, y luego participó en un acto en “Atreju”, donde destacó su gestión y recordó que muchos creían que su gobierno iba a “durar tan solo un par de meses”.

Al hablar en la convención nacional organizada por la premier local, el jefe de Estado expresó: “Contra todos los pronósticos de los analistas y políticos profesionales, creían que íbamos a durar tan solo un par de meses y que no estábamos capacitados para gobernar. Tuvieron que tirar a la basura todos sus manuales”.

“Los argentinos y los italianos estamos unidos por un linaje común y lazos de sangre profundos que datan de varias generaciones. Por eso, más que estar entre amigos, siento que estoy en familia”, resaltó el Presidente.

En el marco de ese encuentro de partidos conservadores y de derecha del mundo, el mandatario argentino fue ampliamente aplaudido cuando habló de “la casta” y sus planes para avanzar en contra de ese sector.

“Soy economista, no soy político. De hecho, siempre desprecié a los políticos por el daño que le hicieron a mi país”, aseguró Milei en su segundo día de actividades en Italia.

Ante un público afín, el Presidente remarcó que el año pasado cuando ganó la elección “todas las fórmulas y recetas de la comunicación política profesional fracasaron, la mayoría de la gente eligió algo diferente”.

“Tengo mis propias recetas, que no son políticamente correctas ni tan profesionales, pero hasta ahora nos han dado resultado”, consideró el mandatario nacional. Además, en su mensaje, cuestionó al socialismo y expresó que “cuando el adversario es fuerte la única forma de derrotarlo es con una fuerza mayor”. “Nosotros defendemos una causa justa y noble, mucho más grande que cada uno de nosotros”, agregó Milei.

Meloni le otorgó al Presidente y a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la ciudadanía italiana en reconocimiento a la “descendencia”.

El primer año de Javier Milei como presidente tuvo un denominador común: sus constantes viajes al exterior. Este viernes, cierra el 2024 con su decimoctavo vuelo internacional, esta vez rumbo a Roma, un récord difícil de igualar por cualquier otro jefe de Estado argentino. Lo hace con una agenda cargada, un galardón bajo el brazo y, por supuesto, una reunión con Giorgia Meloni, la titular del Consejo de Ministros de Italia, una de las principales referentes de la derecha europea.

Según especificaron fuentes del Gobierno a elDiarioAR, el vuelo presidencial partió a las 12 de ayer y aterrizó en la capital italiana en la madrugada de este viernes. Se trata del tercer viaje del año de Milei a Italia. El primero de ellos tuvo lugar en febrero, cuando se reunió con el papa Francisco en el Vaticano. En junio, en tanto, participó de la cumbre del G7 que se realizó en Bari, donde la cercanía con Meloni quedó evidenciada por primera vez, cuando se saludaron entre risas. Ahora, esta nueva visita busca reafirmar ese vínculo político y personal: Milei fue invitado por la primera ministra al evento de cierre de año que organiza el espacio político que lidera.

La agenda del Presidente en Italia arrancará este viernes reuniéndose a las 11:30, hora local, con representantes de Río Tinto Group, una multinacional minera interesada en el litio argentino. Aunque la agenda apunta a atraer inversiones, el tema no está exento de controversias ambientales. A las 13, el mandatario será galardonado con el Premio Internacional Milton Friedman, un reconocimiento que parece diseñado a medida para el libertario. Su reunión con Meloni será recién a las 14:30.

El sábado, en tanto, Milei será uno de los oradores principales en Atreju 2024, una cumbre conservadora europea donde seguramente repetirá sus mantras contra el socialismo y los organismos internacionales. Para completar el día, también concederá una entrevista al programa televisivo Quarta República, reforzando su perfil mediático global.

Por último, el domingo, Milei se reunirá a las 7 con el presidente de Stellantis, John Elkann, mientras que a las 8 le dará una entrevista al diario italiano Líbero. A las 9:30, abordará el vuelo de regreso a Argentina, donde aterrizará a la 1:20 del lunes.

Meloni visitó la Casa Rosada hace un mes, tras su participación en el G20, donde fue recibida en el Salón de los Bustos por Karina Milei, la secretaria General de la Presidencia. Luego pasó al despacho presidencial, donde mantuvo una reunión privada con el libertario. “Los dos fuimos elegidos para conducir los destinos de nuestros países por abordar con coraje y sin tapujos lo que podríamos llamar los problemas centrales de nuestras naciones”, definió Milei en una conferencia de prensa cojunta en el Salón Blanco.

Presidente viajero

Desde que asumió, Milei desplegó una intensa actividad internacional, acumulando 18 viajes al extranjero y recorriendo casi 300.000 kilómetros en poco más de un año. Estos traslados, financiados con fondos del Tesoro Nacional, significaron un gasto importante para el Estado que fue detallado en una de las últimas presentaciones ante el Congreso del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Los primeros 12 vuelos, por ejemplo, representaron un desembolso de US$1,5 millones, lo que generó debates sobre el impacto financiero y el tiempo que el mandatario pasa fuera del país.

El primer viaje internacional de Milei tuvo lugar en enero, cuando asistió al Foro de Davos, Suiza, en donde expuso su visión acerca del “peligro” que encarnaría el socialismo para Occidente. Durante cuatro días recorrió 22.654 kilómetros, con un costo de US$6.017. Fue el inicio de una agenda cargada de compromisos diplomáticos y actividades que generaron diversas reacciones.

En febrero, Milei visitó Israel e Italia en un viaje de ocho días. En Israel se reunió con líderes políticos, y en Italia mantuvo un encuentro con el Papa Francisco. Este recorrido, de 25.632 kilómetros, tuvo un costo de US$6.759. Poco después, el presidente volvió a Estados Unidos para asistir a la Conferencia de la Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés), donde se conoció personalmente con Donald Trump, sumando otros 16.772 kilómetros y un gasto de US$7.124.

Abril marcó uno de los meses más activos de su agenda. Milei viajó a Miami y Texas, donde se reunió con Elon Musk y participó en un evento religioso, en un viaje que costó US$51.961. En mayo, continuó en Estados Unidos asistiendo a la conferencia del Instituto Milken en Los Ángeles, una actividad que implicó un costo significativo de US$145.841.

Europa fue un destino frecuente del Presidente. En mayo, visitó Madrid para la convención “Europa Viva 24” y presentar su libro “El camino del libertario”, lo que generó un gasto de US$ 118.346. En junio, realizó un extenso recorrido por Italia, Suiza y Alemania, sumando costos superiores a los US$180.000, según especificó el propio Gobierno. Un mes más tarde, su participación en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024 demandó un desembolso de US$343.600.

Brasil y Chile también formaron parte de la agenda de Milei, con visitas breves pero simbólicas, mientras que Estados Unidos se consolidó como su destino más frecuente, con siete viajes que incluyeron eventos destacados como la Asamblea General de la ONU, en septiembre. “No vengo aquí a decirle al mundo lo que tiene que hacer, vengo aquí a decirle al mundo lo que va a ocurrir si las Naciones Unidas continúan promoviendo las políticas colectivistas que vienen promoviendo bajo el mandato de la Agenda 2030”, lanzó el día del evento, frente al atril del recinto principal, cuando puso una vez más sobre la mesa los principales puntos de su “nueva doctrina” en materia de política exterior que el libertario declama llevar adelante desde el comienzo de su gestión, basada en un alineamiento casi teológico con Israel.

PL/MG

Luego de su participación en el G20, Javier Milei recibió este miércoles en Casa Rosada a la titular del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, una de las principales referentes de la derecha europea. Fue la segunda visita internacional que tiene el Presidente en lo que va de la semana. La primera tuvo lugar el domingo, cuando el presidente francés Emmanuel Macron pasó raudamente por Buenos Aires, en la previa de la cumbre global que se realizó en Río de Janeiro.

La premier italiana legó 11 en punto a Balcarce 50, donde fue recibida por los Granaderos y su tradicional fanfarria militar Alto Perú. Una vez en en el Salón de los Bustos, se fundió en un abrazo con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Entre risas y cuchicheos, ambas aguardaron la llegada del Presidente, con quien subieron las escaleras hasta el Salón Blanco, ubicado en el primer piso de la Casa de Gobierno. Se tomaron fotos y luego pasaron al despacho presidencial, donde mantuvieron una reunión privada.

“Frente al sinsentido económico y los avances sobre los derechos de propiedad, defendemos el comercio libre y la propiedad privada a rajatabla”, sostuvo Milei en una conferencia conjunta posterior, en la que, en nombre de Meloni, indicó que “ante organismos internacionales escleróticos, defendemos nuestras naciones”.

“Los dos fuimos elegidos para conducir los destinos de nuestros países por abordar con coraje y sin tapujos lo que podríamos llamar los problemas centrales de nuestras naciones”, continuó el mandatario argentino. Y especificó: “En mi caso, terminar con la emisión rampante y la miseria profunda que dejaron décadas de colectivismo. En el caso de la primer ministro Meloni, dar una respuesta a la inmigración descontrolada y las consecuencias en la seguridad ciudadana”.

Meloni aterrizó en la tarde de este martes en el aeropuerto Jorge Newbery de la ciudad de Buenos Aires, donde fue recibida por el embajador de su país en la Argentina, Fabrizio Lucentini y por el vicecanciller, Eduardo Bustamante. Desde allí partió, no sin antes dejar sus pertenencias en el Hotel Four Seasons, hacia la Quinta de Olivos para participar de una cena de bienvenida organidada por Milei y su pareja, la actriz Amalia “Yuyito” González. El agasajo tuvo de primer plato burrata de entrada y lomo con puré de papa y batata, según pudo saber elDiarioAR.

El vínculo amistoso entre las máximas autoridades de la Argentina e Italia quedó evidenciado en junio durante su encuentro en la cumbre del G7, en Bari. En esa ocasión, Milei y Meloni, que ya se habían reunido en febrero en el Palacio Chigi de Roma, se saludaron entre risas. Sin embargo, más allá de la sintonía política entre ambos dirigentes, en Italia aguardan avances en materia comercial. El mandatario argentino tenía previsto reunirse en el G20 con autoridades de Enel, la empresa eléctrica estatal italiana, pero por “problemas de agenda” el encuentro debió suspenderse.

Equilibrio diplomático

A partir de la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, Milei tomó carrera en lo que implica negociaciones con los distintos países del mundo. En su debut en el foro global que se realiza en Río de Janeiro, mantuvo una reunión con su par de China, Xi Jinping, a quien había tildado de “comunista”, y con la jefa del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, además de con el primer ministro de India, Narendra Modi. Una demostración de que, pese a la “purga” ideológica puertas adentro de la Cancillería, cuando se trata de política exterior y negocios, el pragmatismo está a la orden del día.

El plato fuerte del G20 fue el cara a cara de Milei con el líder chino. Tras sus duras críticas durante la campaña, el libertario parece haber cambiado el libreto: ahora califica al gigante asiático como un “socio comercial interesante”. ¿La razón? Una economía en apuros que necesita más exportaciones de soja, la renovación del swap de monedas vigente hasta 2026 y un nuevo acuerdo con el FMI. Beijing también tiene lo suyo en juego: busca reactivar las represas paralizadas en Santa Cruz, cuya construcción depende de acuerdos de financiamiento que aún están en veremos.

En el cónclave, China dejó claro que quiere fomentar al comercio con Argentina, mientras que los representantes del Gobierno, con un tono más calculador, hablaron de aumentar sus exportaciones. Al cierre, ambos países se comprometieron a impulsar “proyectos conjuntos” que prometen beneficios mutuos, aunque sin demasiados detalles concretos.

El comunicado oficial argentino fue cuidado con pinzas, casi como si quisieran evitar dar pistas. La delegación optó por el silencio, pero después del encuentro se destacó un punto caliente: la colaboración “financiera”. Por lo bajo, se especula que China podría no solo ampliar el swap de monedas, sino también poner sobre la mesa nuevos mecanismos de financiamiento para el país.

La relación con el FMI es otro capítulo en esta trama. En su reunión con Georgieva, Milei buscó allanar el camino para un nuevo acuerdo con el organismo, luego del viaje que hace pocas semanas emprendió a Washington el ministro de Economía, Luis Caputo. El objetivo del gobierno argentino es uno solo: lograr financiamiento en mejores condiciones. Con Trump nuevamente en la Casa Blanca, ese anhelo parecería volverse cada vez más palpable.

PL/MG

Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial han tenido lugar varias oleadas de partidos de derecha radical en Europa. El politólogo Cas Mudde identifica cuatro. En primer lugar, en los años 50 surgen los primeros partidos neonazis y neofascistas que buscaban reivindicar las ideologías derrotadas. Hacia finales de los 50 y hasta principios de los 80 surge una segunda ola de partidos, en este caso apoyados en los postulados de los intelectuales de las nuevas derechas. Toman fuerza los discursos antiimigración apoyados en el racismo cultural y las visiones etnopluralistas. La tercera ola llega entre los 80 y los 2000 y está marcada por la profesionalización de la derecha radical y la llegada de los primeros éxitos electorales. En particular se incorporan discursos de corte populista (pueblo vs. élite). Finalmente, a partir del año 2000 surge la cuarta oleada caracterizada por la normalización de la ultraderecha, es decir, la aceptación social de partidos y de ideas que no sólo ocupan lugares políticos relevantes sino que condicionan y hasta manejan el discurso público.

En esta última oleada se inscribe el éxito electoral del Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ). Un resultado que corona años de legitimación de su agenda y su discurso xenófobo y ultranacionalista. El triunfo de la derecha radical austríaca marca un punto de inflexión para la política del país alpino, pero sobre todo para toda Europa.

La sanción de Europa

No es novedad que un partido ultraderechista obtenga el primer lugar. Ha sucedido en Italia con Fratelli d´Italia en 2022, por ejemplo. Tampoco debería sorprender que el FPÖ haga lo propio en Austria. De hecho, desde el año 1990 sus resultados no han bajado del 10%. 

Lo llamativo del caso austríaco es que fue el primer país en recibir sanciones de otros Estados-miembro de la Unión Europea por forjar una coalición de gobierno incorporando un partido ultraderechista luego de las elecciones de 1999. Las represalias pretendían enviar un mensaje de advertencia a toda la región sobre el compromiso de cada uno de los catorce países miembros con los valores europeos y los derechos de las minorías, los refugiados y los inmigrantes.

El problema era que el FPÖ no era una fuerza más de la derecha radical. Al típico discurso ultranacionalista, xenófobo y anti-establishment le sumaba el liderazgo Jörg Haider. Haider fue un experto de la provocación estratégica. En sus intervenciones públicas aprovechaba su carisma para disparar consignas revisionistas en las que banalizaba el nacionalsocialismo. Un partido cuyo líder sostenía abiertamente posiciones antisemitas y racistas no podía ser tolerado como miembro de un gobierno por el resto de la comunidad europea. Pese a todo, las sanciones dudaron apenas unos meses y la coalición entre ÖVP y FPÖ continuó hasta 2007.

El canciller normalizador

En 2015 se volvió a configurar un debate público a nivel federal favorable al discurso xenófobo del FPÖ. La llegada de miles de refugiados hacia fines del verano de ese año representaba una oportunidad para desplegar su agenda ultranacionalista y apelar al populismo clásico que se había instaurado como herramienta de comunicación predilecta. El heredero de Haider, Heinz-Christian Strache, no dudó en intentar fomentar los miedos y la incertidumbre en aquellos sectores de la población permeables a dicho discurso. Sin embargo, surgió un competidor.

No se trataba de un nuevo partido de derecha radical en Austria, sino de una figura joven y pujante que buscaba liderar un discurso antiinmigración a nivel europeo: Sebastian Kurz, el ministro de Relaciones Exteriores del ÖsterreichischerVolkspartei (ÖVP).

Kurz, quien inicialmente fue visto como una promesa para el conservadurismo del continente, adoptó una estrategia de “integración hacia la derecha”, incorporando elementos de la agenda de la derecha radical populista, es decir, del propio FPÖ. Desde su rol como ministro articulaba el espacio contrapuesto a lo que en aquel momento representaba la canciller alemana Angela Merkel y su posición respecto de la acogida de refugiados. Para los sectores reacios a la líder germana, Kurz encarnaba un futuro prometedor para Europa.

El ÖVP supo leer el contexto y Kurz se transformó en su candidato a canciller en 2017. Durante la campaña no sólo que continuó con la retórica antiinmigración e islamófoba, sino que la profundizó. Y pese a que su estrategia fue un éxito en términos electorales, de hecho le permitió convertirse en canciller, Kurz terminó por legitimar una visión política excluyente y radicalizada. 

Lo que parecía un problema para el FPÖ terminó por volverse un triunfo. No sólo por volver a formar parte de un gobierno federal, junto a Kurz, ni siquiera por haber conseguido superar su récord de votos al alcanzar más de 1,3 millones. Su victoria yacía en la normalización de su agenda, de sus posicionamientos y de sus propuestas. Los réditos políticos de esta situación los cosecharía algunos años más tarde.

Nacionalismo hipócrita

El componente ultranacionalista del FPÖ es parte integral de su discurso político. Sumado a las narrativas antiimigraciónque suelen emplear sus voceros, el carácter nativista resulta evidente: Austria sólo para los nativos. De esa manera, y siguiendo los postulados de las nuevas derechas, se construye un concepto de identidad nacional atado a una etnia, a una cultura, que supuestamente debe defenderse del intruso y que comparte un interés común. 

Todo ese discurso se fue al tacho cuando se dio a conocer el Ibiza-Gate. Una cámara oculta mostró cómo los líderes del FPÖ ofrecían contratos gubernamentales a cambio de apoyos por parte de Rusia. La corrupción en todo su esplendor en un acto que demostraba que los intereses de esos políticos quedaban por encima de todas las normas y leyes austríacas.El impacto fue enorme y en las elecciones anticipadas de 2019 el FPÖ sufrió una caída de 10 puntos. Algunos se atrevieron a augurar el fin del partido. Cinco años después sucedió exactamente lo contrario.

El problema de “integrar hacia la derecha”

El FPÖ, al igual que otros partidos de derecha radical, trabajó para capitalizar el apoyo de los sectores negacionistas durante la pandemia. Aquellos que renegaban de las políticas de reclusión y de las restricciones encontraban en dicha fuerza una voz que les representaba. Así fue como poco a poco el actual líder del partido, Herbert Kickl, sentó las bases para la recuperación. 

Pero lo más importante de la llegada de Kickl radica en su decisión de profundizar los aspectos más radicalizados de su partido. En efecto, su cercanía con el movimiento identitario, una formación política de extrema derecha que entre otras ideas propone la deportación masiva de no-nativos, es prueba de ello.

Además, Kickl, junto a sus socios alemanes de AfD por ejemplo, tienen un posicionamiento pro-Kremlin: se manifiestan contra las sanciones a Rusia por la invasión a Ucrania y contra el envío de armamento a dicho país. Pareciera que el incidente de Ibiza con personal ruso hubiese sido olvidado. Sin embargo, la clave de esa relación, más allá de eventuales apoyos financieros o logísticos al partido, está en lo que representa la figura de Putin para algunos sectores, especialmente los más conservadores. El presidentes ruso simboliza la oposición a los valores progresistas de Occidente. Así, el FPÖ utiliza a Rusia de manera inteligente para potenciar el rechazo hacia la Unión Europea y sus valores. 

Muy posiblemente esta estrategia del FPÖ bajo el mando de Kickl funcione porque se apoya en aquella normalización iniciada por Sebastian Kurz y el ÖVP. Su agenda ha dejado de ser “radical” en aquel momento en el que fue incorporada por estos últimos. Ese peligro no sólo existe en Austria. Son varios los países cuyos partidos mayoritarios consideran que la “integración hacia la derecha” puede ser una solución. El primer puesto del FPÖ demuestra que tarde o temprano esa estrategia solo termina por beneficiar a la derecha radical.

DM

Desde que supo que estaba embarazada, Chiara Mancini no había tenido dudas. No quería seguir adelante. Llamó a una amiga y le pidió consejo sobre los pasos a dar. Fue al centro público de planificación familiar próximo a su casa y allí descubrió que el hospital más cercano que practicaba el aborto era el de un pueblo de montaña a 45 minutos en coche, dos horas en transporte público. Un lugar al que tendría que acudir dos veces para los exámenes previos y una más el día de la intervención. En el nosocomio de su ciudad, Chieti, en los Abruzos, no era posible. Allí, como en otras provincias de esta región del centro de Italia, el 90% del personal es objetor de conciencia.

“En el centro fueron muy formales, diría que casi fríos, pero por una parte lo agradecí. Fue todo bien hasta que llegó la visita con la anestesista. Empezó por preguntarme la edad. Yo tenía entonces 36. Siguió preguntando: '¿Tienes otros hijos? ¿No? ¿Y entonces por qué quieres abortar? Le expliqué que no quería hijos. 'Bueno, pero te lo tienes que pensar bien'. Y allí empezó una larga explicación sobre la sacralidad de la vida... Yo la interrumpí de una manera algo brusca, diciéndole que eran asuntos míos, que la decisión era mía y que ya estaba tomada”, recuerda Mancini, mientras repasa los documentos de su historial médico, que saca con calma de una carpeta de cartón apoyada sobre la mesa de la cocina de su casa de Chieti.

“Fue una intrusión, aunque a mí en ese momento me daba igual su juicio. Yo había elegido y sabía lo que estaba haciendo, pero otra persona en mi lugar, quizá sin tanta convicción, más frágil, lo habría pasado muy mal. Fue algo verdaderamente fuerte. No es fácil escuchar estas cosas en esas circunstancias”, añade, mientras un velo de tristeza nubla sus brillantes ojos verde oscuro.

Sin embargo, echando la vista atrás y tras haber conocido las historias de otras mujeres que han vivido una odisea para interrumpir su embarazo, lo primero que le viene a la cabeza es que “podría haber sido mucho peor”, en un país en el que los colectivos feministas y amplios sectores de la sociedad civil denuncian la progresiva pero sistemática erosión del derecho al aborto. Una erosión que, lamentan, está sufriendo un acelerón desde la llegada al Gobierno de Giorgia Meloni.

La líder ultraderechista hizo campaña electoral hace dos años, ante las legislativas que la encumbraron al poder, prometiendo que no iba a “tocar la 194”, la ley que desde 1978 regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.

Después de haber contado en su biografía la decisión de su madre de no abortar, como se había planteado cuando se quedó embarazada de ella, siempre ha repetido en más de una ocasión que no quiere modificar esa norma sino “aplicarla en su totalidad”, en la parte que habla de “prevención” y de “tutela social de la maternidad”. Para las asociaciones en defensa del derecho de elección y de los derechos de las mujeres, esto se traduce en la realidad en una manipulación de la ley a través de las “zonas grises” que el texto contiene desde su aprobación hace 46 años, fruto del compromiso al que se llegó tras dos años de debate parlamentario.

Las “zonas grises” de la ley

“Era una ley que no nos gustaba porque es una ley del aborto de Estado, en la que es el Estado el que decide. No hay de hecho plena libertad”, comenta Tiziana Antonucci, operadora social en un centro de Ascoli Piceno, en la región de Las Marcas, abierto en 1974 por la Asociación Italiana para a la Educación Demográfica (AIED). La organización fue fundada, entre otros, por el partigiano antifascista y uno de los padres de la Constitución italiana, Piero Calamandrei, inicialmente para pedir la abrogación de un artículo del código penal, heredado de la época fascista, en la que se punía con la reclusión la distribución de métodos anticonceptivos.

“La 194 obliga a las mujeres a obtener un certificado para abortar y a esperar a una semana para pensárselo, porque igual eres tonta y no sabes qué estás haciendo...”, comenta Antonucci en una larga conversación telefónica en la que explica cómo por esas “zonas grises” se ha ido minando el derecho, empezando por su propria región, Las Marcas, una de las primeras conquistadas por Hermanos de Italia y que se ha convertido en un “modelo” de las restricciones al acceso al aborto y en un “laboratorio” del partido de Meloni.

En la región, el 71% de los ginecólogos es objetor, superando la ya muy alta media nacional (63,4%), según los últimos datos del Ministerio de la Salud italiano, recogidos en un informe publicado a mediados de septiembre por la sección italiana de la ONG Médicos del Mundo. “La situación [en las Marcas] no es sin embargo homogénea, y hay lugares donde la objeción alcanza el 100%”, se lee en el documento. “Y en esas situaciones, la región no interviene aunque sea de su competencia supervisar el cumplimiento de la ley”, dice Antonucci.

Una de las primeras medidas aprobadas por la nueva administración ultra en este territorio del centro de Italia fue, cuenta, abrogar la convención que el centro de AIED tenía con un hospital para que, ante las dificultades de acceso al aborto en otros centros hospitalarios, facilitara un contacto y un acompañamiento de las mujeres que lo requiriesen. “Nos llegó una notificación el 29 de diciembre de 2022, en la que se decía que se ponía fin a la convención y que teníamos tiempo hasta febrero para gestionar las citas pendientes”, recuerda Antonucci.

Limitaciones al aborto farmacológico

Por aquel entonces la región llevaba ya tiempo haciendo oídos sordos a un decreto ministerial de 2020 que ella había contribuido a impulsar junto a ginecólogos de la región, teniendo en cuenta las restricciones de acceso a los hospitales durante la pandemia: el decreto permitía el aborto farmacológico, con la píldora abortiva conocida por el nombre de RU486, también en los centros de salud y no solo en los hospitales, y ampliaba el plazo para su suministración de siete a nueve semanas. Cuatro años después, las nuevas líneas dictadas por el Ministerio siguen sin ser aplicadas en Las Marcas, así como en otras regiones gobernadas en su mayoría por la derecha.

“En la práctica esto se traduce en que muchas mujeres no pueden acceder al aborto farmacológico, porque, teniendo en cuenta la semana de reflexión impuesta por la ley y la necesidad de un certificado, algunas ya llegan demasiado tarde”, explica la ginecóloga Cristina Conti, que opera en la región y lamenta cómo, a los largo de los años, se han ido depauperando los recursos para los consultorios familiares, como se llaman en Italia los centros de salud dedicados a la prevención y a la salud de las mujeres, a la planificación familiar y al asesoramiento sobre los métodos contraceptivos.

“Hay que luchar cada día para la aplicación de una ley que es de 1978 y debería ser algo ya asumido. Se trabaja en un entorno de tal polarización que, de alguna manera, acabas casi obligada a ser activista”, reflexiona Conti, quien reconoce que, en muchos casos, sobre todo cuando los plazos son muy apurados, el acceso al derecho al aborto se fía al conocimiento del territorio por parte de profesionales como ellas. “Saber dónde hay personal non objetor, poder dar indicaciones precisas, saber que la mujer que acude a ese hospital no se va a encontrar con alguien que la obliga a la enésima ecografía innecesaria o le proponga escuchar el latido... Estamos obligados a tratar de esquivar estos golpes bajos, evitar que las mujeres sufran violencia por su derecho a elegir”, añade.

Mientras la administración regional se ha resistido hasta ahora a aplicar las directrices sobre el aborto farmacológico, si ha ido abonando el terreno para un mayor protagonismo de las organizaciones confesionales y provida. Los datos obtenidos tras una petición de transparencia, presentada por la diputada regional del Partido Democrático, Manuela Bora, y el activista de la red Pro-Choice, Marte Manca, relevan que el gobierno regional concedió en 2021 63.000 euros a la federación regional de consultorio de inspiración cristiana.

Asociaciones antiabortistas en los centros sanitarios

Ahora, la región se prepara para adoptar la medida aprobada por el Gobierno de Meloni el pasado abril, con una enmienda a la ley para la actuación del Plan de resiliencia y recuperación para el uso de los fondos europeos postpandemia: prever en los centros sanitarios públicos la presencia de asociaciones antiabortistas, definidas como organizaciones con “experiencia calificada en el apoyo a la maternidad”.

La norma se apoya en el artículo 2 de la misma ley 194 que preveía los centros podían contar con “la colaboración voluntaria de formaciones sociales de base idóneas y asociaciones de voluntariado, que pueden ayudar a la maternidad difícil después del parto”.

El informe de Médicos del Mundo señala que, precisamente gracias a este artículo, los movimientos abortistas habían ya entrado, en varias formas, en los centro de planificación familiar y también en los hospitales, como ha ocurrido recientemente en un nosocomio de Turín, en el norte de Italia, con la firma de una convención, impulsada por el asesor regional a las Políticas Sociales, de Hermanos de Italia, con la sección local del Movimento per la Vita, una asociación antiabortista de inspiración católica.

“Que las asociaciones provida puedan entrar en los consultorios familiares es una ofensa a la profesionalidad de quienes trabajamos allí”, comenta Conti.

Los profesionales también lamentan las distorsiones causadas por los altos porcentajes de objeción. Como en los Abruzos, la segunda región, tras Sicilia, por número de médicos objetores, el 84%. “Ahora somos tres. Ha habido momentos, antes de que suspendieran el servicio por cuestiones organizativas, en los que estaba yo sola”, explica Carolina Iannantuono, ginecóloga del hospital de Lanciano, donde desde junio pasado se ha vuelto a practicar la interrupción del embarazo, dos veces a la semana. “Todos mis turnos estaban dedicados a esto. También a nivel profesional se convierte en una carga muy pesada, te quita motivación porque nosotros como ginecólogos hacemos muchas cosas y, en cambio, siendo el único profesional no objetor no tienes más opciones. Hay compañeros que a veces eligen ser objetor no por razones ideológicas sino por la carga que no serlo supone en la situación actual”.

“Rabia y frustración”

En un contexto de creciente presión, Tiziana Antonucci no duda en decir que “en Italia en el tema del aborto se ejerce una violencia institucional”. Para protestar contra esta situación, y con ocasión del Día de Acción Global por un aborto legal y seguro, este sábado hay convocadas varias manifestaciones en distintas ciudades italianas.

“Yo lo que siento ahora cuando leo lo que ocurre es rabia y frustración. De verdad no entiendo la necesidad de cosas como el acceso de las asociaciones provida en los centros hospitalarios públicos”, comenta Chiara Mancini. “Y estoy enfadada pensando en tantas mujeres que pueden encontrarse en situaciones más difíciles que la mía. Cuando la anestesista me estuvo dando ese sermón de 15 minutos, lo metabolicé porque mi objetivo era acabar con aquello cuanto antes. Pero no deja de ser una forma de violencia”. 

Hoy es el este de Alemania, ayer fue Francia, antes de ayer Países Bajos. Y un poco antes, Italia. En medio, Europa entera, con unas elecciones en junio donde, como ya había pasado cinco años antes, el continente “contenía la respiración” ante el auge de la extrema derecha y luego “se despertaba aliviado” porque crecieron pero podían haberlo hecho más.

Y así de susto en susto, de un efímero alivio a otro, el nuevo curso político comienza con que —por primera vez desde 1945 en Alemania, y esto ya es un dato— un partido de extrema derecha, cuyo líder fue condenado por emplear lemas nazis, es la primera fuerza en uno de los estados federales, Turingia, y la segunda, en otro, Sajonia, donde los conservadores de la CDU salvan la primera plaza por los pelos. Las elecciones en otro estado del este, Brandenburgo, en dos semanas, parecen destinadas a confirmar la tendencia.

En los resultados alemanes hay, como es lógico, unas especificidades nacionales que han sido ampliamente analizadas en los últimos años, cuando Alternativa para Alemania (AfD por sus siglas en alemán) empezó a pisar fuerte en el este del país, donde antes lo había hecho la organización islamófoba Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente, mejor conocida por la sigla PEGIDA, que, en medio de la “crisis de los refugiados”, en el invierno de 2014-2015, organizó marchas multitudinarias anti-inmigración.

Alemania, también gracias al umbral del 5% de los votos, había conseguido hasta entonces mantener fuera del Parlamento a la extrema derecha. Algo que cambió por completo en 2017 —cuando apenas cuatro años después de su fundación— AfD irrumpió con fuerza en el Bundestag, obteniendo el 12,6% de los votos y 94 escaños, y aunque el apoyo en el este era muy superior (con un 21,9%), en el oeste lograron un hasta aquel momento impensable 10,7. Dos años después, en las elecciones regionales de los mismos Estados que nos preocupan en este septiembre —Turingia, Sajonia y Brandemburgo— el partido ultraderechista quedó en segundo lugar con más del 20% de los votos.

Un camino de una década en la que los analistas han subrayado en más de una ocasión cómo, en el voto del este, siguen pesando las divisiones que han permanecido tras la reunificación de Alemania y esta sensación de los habitantes del este de ser, 35 años después, ciudadanos de segunda, también en lugares como Sajonia, denominada Silicon Saxony por la floreciente industria de microchip y cuya economía ha crecido un 30% desde 2000.

En mayo, reflexionando en este medio sobre el auge de la AfD en estas regiones, donde el partido ultra estaba llevando una dura campaña contra los Verdes y sus políticas, Maximiliar Kreter, investigador del Instituto Hannah Arendt de Dresde y experto en los movimientos de extrema derecha, reconocía que uno de los problemas era para muchos en esta parte del país de estar viviendo una segunda transición en 30 años, algo que se recibía algo decía que se recibe con recelo en las antiguas zonas mireas de Sajonia o Brandemburgo.

“Mucha gente que vivió los cambios tras la reunificación, se pregunta: '¿Por qué ahora una nueva transición que nos arruine cultural y económicamente por segunda vez en nuestras vidas?'. Y esto afecta sobre todo a los votantes que durante la reunificación tenían aproximadamente 20 años y ahora tienen 45-60”, explicaba Kreter.

Sin embargo, el experto también añadía que los niveles de apoyos alcanzados por la formación ultra no solo en el este sino en todo el país se enmarcan en la llamada cuarta ola de la extrema derecha desde la II Guerra Mundial, la de la normalización de su discurso, y que esto ocurría también por la complicidad de los partidos conservadores.

“España, Portugal, Irlanda y Alemania son los que han conseguido mantenerse más tiempo sin partidos de extrema derecha. Pero ya no. Las razones suelen ser complejas y múltiples, pero en parte es una reacción general al acelerón de la modernización por parte de los que se quedan atrás, especialmente los desfavorecidos culturalmente y económicamente. Pero también es el resultado de una estrategia cuestionable de los partidos conservadores, como la misma CDU, que compran los argumentos de la extrema derecha pensando en recuperar a votantes, sin entender que entre la copia y el original, elegirán al original”, añadía Kreter.

Comprando el argumentario de la extrema derecha

Es esto uno de los comunes denominadores que están marcando el auge de extrema derecha en Europa y sobre todo su capacidad de contaminar el debate político más allá de los resultados electorales obtenidos. Y allí es donde, el voto en el Alemania, nos vuelve a recordar cómo, en el proceso de normalización de estas formaciones, haya contribuido la postura de otros partidos, empezado por los que ocupaban el centro o el centro-derecha del arco ideológico. El discurso que mantiene en estas semanas el Partido Popular de Feijóo, comprando parte del argumentario de Vox y mientras Alvise irrumpe en la escena esparciendo fakes, es solo el último y más cercano ejemplo de una larga serie.

Un ejemplo reciente es el del ex primer ministro holandés y próximo secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que durante sus 13 años en el Gobierno hizo del endurecimiento de las políticas migratorias una de sus banderas, cuando el Partido de la Libertad de Gert Wilders le pisaba los talones. En las elecciones del año pasado, tras la dimisión de Rutte por la negativa de sus socios de coalición de dar una vuelta de tuerca más a las reunificaciones familiares, la formación de Wilders acabó ganando y, tras siete meses de negociaciones, está en un Gobierno de coalición —con los conservadores del VVD, el partido de Rutte, los democristianos de NSC y los campesinos BBB— en el que ocupa cinco de los de las 15 carteras.

El caso de Suecia es también ejemplar. Las elecciones de 2022 fueron las primeras elecciones en la que ya el bloque conservador no descartada un apoyo directo o indirecto de la extrema derecha para llegar al poder. Tras una campaña en la que los conservadores del Partido Moderado abrazaron el ideario de mano dura contra la inmigración, la ultraderecha con raíces nazi de los Demócratas de Suecia (SD) les arrebató la segunda plaza. El líder conservador, Ulf Kristersson, es hoy primer ministro pero gracias a un acuerdo con SD que, si bien no tiene carteras ha conseguido que entraran en el programa de gobierno sus peticiones en tema de asilo e inmigración. “Para nosotros ha sido decisivo que un cambio de poder se traduzca en un cambio de paradigma en lo que respecta a la política migratoria”, dijo tras el líder de la formación ultra Jimmie Akesson.

Como recordaba en este artículo publicado en víspera de las elecciones, el director adjunto del Centro de Investigación sobre el Extremismo (C-REX) de la Universidad de Oslo (Noruega), Anders Ravik Jupskås, el cambio empezado antes cuanto los conservadores ya en 2015 dejaron de cuestionar al SD sobre el plano moral. Y en 2018, recuerda el politólogo, el ahora primer ministro Kristersson “afirmó que el SD había sido 'bueno identificando problemas', pero que la extrema derecha 'nunca presentó propuestas concretas que realmente resolvieran esos problemas'. En otras palabras, los moderados dejaron de desafiar el marco nativista y autoritario de los inmigrantes utilizado por el SD, y en su lugar argumentaron que los moderados eran simplemente más competentes políticamente que la extrema derecha”. Y sabemos ahora cómo ha acabado esa estrategia.

Pero, como ha vuelto a recordar Alemania en estos últimos días, es algo que no es solo exclusiva de los conservadores. “Lo más deprimente de la política actual en Alemania, y recientemente en Suecia, es que estos políticos podrían haber mirado al otro lado de la frontera (Países Bajos y Dinamarca, respectivamente) para ver que ¡ni siquiera funciona!”, escribió hace unos días en X, el experto en extrema derecha Cas Mudde comentando las decisiones aprobadas por el Gobierno de Olaf Scholz que, después del acuchillamiento mortal en Solingen cuyo presunto autor es un refugiado sirio, ha anunciado un paquete de medidas que endurecen las políticas de inmigración y asilo y ha reanudado las deportaciones de los afganos a su país, algo que no ocurría desde que los talibanes volvieron al poder en Kabul en 2021.

El cordón sanitario sin alternativa, no basta

Otra de las lecciones que dejan las elecciones alemanas, repetición de un patrón ya claro a escala europea, es que prometer no llegar a acuerdos con la extrema derecha no es una condición suficiente para frenar su auge. Sobre todo si, en el camino, como en el caso de la inmigración, ya se ha normalizado su discurso o se han aplicado directamente algunas de las medidas propuestas por los ultras. Desde hace años, hay varios estudios que apuntan a una mezcla de variables socio-económicas y culturales, que hacen que el crecimiento de la extrema derecha responda a lo que el catedrático de Geografía Económica de la London School of Economics, Andrés Rodríguez-Pose llamaba ya hace años “la venganza de los lugares que no importan”, es decir territorios que han vivido largos periodos de decadencia económica, cambios de modelo productivo tras un fuerte declive industrial o donde el crecimiento de las últimas décadas no ha revertido la condición –real o percibida– de estar lejos del interés del poder económico, político y social.

Un patrón que se ha repetido elección tras elección, en varios países de Europa, con una división interna declinada en el eje zonas rurales/zonas urbanas o centros dinámicos vs lugares en declive (real o percibido). Algo que también se repite en Alemania. “El ascenso de los extremos avanza en Alemania. Las zonas rezagadas, que han sido testigos de largos periodos de declive y fuga de cerebros y a las que se les ha dicho repetidamente que el futuro está en otra parte, están utilizando las urnas como arma”, ha comentado en X el académico después de los resultados en Turingia y Sajonia.

Ante esa venganza de la “Europa del descontento”, tampoco ha bastado confiar en el miedo al auge de la extrema derecha o a la amenaza del “retorno de los años 20” y de las “nostalgias fascistas”. Sin la construcción de una narración que no sea solo “en contra de” y que se acompañe a un programa alternativo sólido, agitar el miedo a que viene el lobo puede llegar a ser contraproducente. En varias conversaciones mantenidas con expertos y electores tras la victoria de Giorgia Meloni en Italia en las generales de septiembre de 2022, una de las cosas que emergía claramente era precisamente esto: planter la cuestión sólo en estos términos es algo que no interesa a gran parte de la población. Quizá por esto, tras la derrota, el Partido Democrático ha empezado a centrarse en volver en los territorios e intentar poner sobre la mesa cuestiones como la introducción del salario mínimo.

A esto también hay que añadir que la llegada al poder de Meloni fue precedida por la bendición del líder de los Populares Europeos, Manfred Weber, durante la campaña electoral. Una normalización que desde entonces sólo ha ido a más. No es un caso que, en plenas negociaciones sobre el papel que tendrá Italia en Bruselas en el segundo ejecutivo de Ursula von der Leyen, Weber haya querido reunirse de nuevo la semana pasada en Roma con la primera ministra italiana y con su vice, el ministro de Exteriores, Antonio Tajani.

El espejismo del “centro que aguanta”

Precisamente el papel de Forza Italia como garantía de moderación dentro del Gobierno de Meloni, fue la motivación que usó Weber en su visita durante aquella crucial campaña electoral del verano de hace dos años. La idea de que el “centro aguanta” a pesar de todo ha sido otro de los consuelos efímeros que han acabado abriendo autopistas a los ultras. Lo explicaba muy extensamente el mismo Mudde, en un artículo reciente titulado “Más allá de la división 'democracia vs extrema derecha”, en el que el politólogo neerlandés, autor de varios estudios sobre la extrema derecha y populismos europeos, cuestionaba esa idea del “centro que aguanta”. “El problema de este planteamiento es que asume una oposición fundamental entre 'el centro' y 'la extrema derecha' que ya no es cierta (si es que alguna vez lo fue). El término 'centro' es extremadamente vago y, hasta cierto punto, carece de sentido porque es un término posicional que cambia cada vez que se mueven los polos izquierdo y/o derecho”, escribía Mudde, recordando como en las últimas europeas los populares han ganado con una agenda contra la inmigración y el Pacto Verde europeo.

Merece la pena leer entera las conclusiones de Mudde: “La cuestión no es si se mantiene el centro, sino si se mantiene la democracia liberal. Aunque la extrema derecha constituye hoy la amenaza más grave para la democracia liberal, no todo lo que hace o dice la extrema derecha es contrario a la democracia liberal. Y lo que es más importante, aunque los partidos de centro son los principales defensores de la democracia liberal, no todo lo que hacen es necesariamente bueno para la democracia liberal. En última instancia, la democracia liberal no puede salvarse con una agenda puramente defensiva y 'antipopulista'. El apoyo de la extrema derecha se basa en la protesta, en la decepción por los fracasos (percibidos) de la corriente política dominante. Estos votantes sólo pueden ser recuperados si los partidos de la corriente dominante ofrecen un programa político alternativo, basado en su propia ideología en lugar de limitarse a copiar los temas y las posiciones de la extrema derecha. Fundamentalmente, los partidos democráticos liberales deberían inspirar y capacitar a los ciudadanos, en lugar de limitarse a asustarles con la amenaza del 'fascismo' o a restarles poder diciéndoles que 'no hay alternativa'”.

La incógnita de Francia

Sobre el centro que aguanta y la necesidad de la construcción de alternativas, los últimos acontecimientos de Francia ofrecen muchas razones de reflexión. El alivio de Europa tras las elecciones europeas fue efímero y apenas duró unas horas porque allí estaba (y está) el resultado de Francia: ante la victoria de la Agrupación Nacional de Marine Le Pen en el voto europeo, Macron decidió subir la apuesta, adelantando las elecciones legislativas para dar la palabra a los franceses. Y los franceses hablaron: con una participación que no veía desde hace décadas, votaron el parlamento más fragmentado de la V República, y —gracias al doble turno— truncaron el sueño de un Joan Bardella que ya se veía como primer ministro en el Palacio de Matignon, con un resultado sorpresa: la formación más votada fue el Nuevo Frente Popular, la coalición de izquierda forjada a toda prisa ante el adelanto electoral, que pese a su cacofonía interna, consiguió convencer al electorado con un programa alternativo a la extrema derecha, no solo “en contra de”.

Pero, dos meses después de aquellas elecciones y con Macron ejerciendo con fuerza el bastón de mando, todo sigue parado y, para el presidente, nombrar un primer ministro expresión de la fuerza más votada no es una opción. Habrá que esperar para ver cómo evoluciona la situación pero mientras Macron se enroca y la izquierda se divide sobre la amenaza de la Francia Insumisa de destitución presidencial, la Agrupación Nacional mantiene un perfil bajo, dejando a los demás participar en una pelea que desgasta más que refuerza. En el fondo, la posibilidad de otras elecciones en un año no es remota.

De lo que pase en Francia y en Alemania en las próximas semanas y meses dependerá también el futuro de la extrema derecha en Europa. En el caso de Alemania, ya en 2020, Manès Weisskircher, politólogo de la Universidad Polítécnica de Dresde, explicaba cómo la necesidad de coaliciones amplias tras los resultados de las regionales en Brandemburgo y Sajonia había creado mucha frustración en los conservadores de la CDU, con algunos sectores que presionaban para una apertura hacia la AFD. Escribía entonces Weisskircher, en un largo artículo: “Si una CDU post-Merkel decide en algún momento cooperar con AfD, es probable que esto ocurra primero en el este de Alemania, quizás con importantes consecuencias, no sólo para la política alemana, sino también para la europea”.

DM