Un edificio del siglo XIX devorado por las llamas. La imagen del campanario del ayuntamiento de Limoges derrumbándose consumido por el fuego causó conmoción dentro y fuera de esta ciudad del centro de Francia después de que el sábado un grupo de individuos aprovechara la protesta que discurrió de forma pacífica en la pequeña localidad para atacar el edificio, provocando un incendio. En Lyon, otro edificio histórico, la oficina de Turismo, es ahora un cascarón humeante.

Los disturbios, los choques con la policía y los saqueos en varias ciudades francesas durante las protestas contra el encarecimiento del costo de la vida de este fin de semana, desarrolladas en un clima de fuerte tensión, acapararon los titulares. Pero antes, cientos de miles de personas, muchas de ellas escolares y padres de familia, se habían unido a marchas en todo el país que congregaron a numerosos grupos, incluidos sindicatos y simpatizantes del antiguo movimiento de los ‘chalecos amarillos’.

Algunos líderes políticos europeos aprovecharon las imágenes de los altercados para reconducir el debate sobre las políticas migratorias. Tras el fracaso político en el pasado Consejo Europeo de Dinamarca, Polonia e Italia, que intentaron que la UE censurase la regularización migratoria de España, los disturbios en las calles francesas llevaron a varios dirigentes europeos a colocar a la inmigración en el centro del origen de la violencia, aunque no hay ninguna prueba de que hayan sido protagonizados por inmigrantes. Los discursos siguen la estela que marcaron el presidente de EEUU, Donald Trump, al relacionar a la población inmigrante con los violentos disturbios: “Los migrantes tomaron Francia. ¡Deben CERRAR LAS FRONTERAS, RÁPIDO!”, indicó en su red social Truth Social.

Los estudiantes franceses llevan un mes protestando contra el estado del sistema educativo y exigiendo la reparación de edificios deteriorados –especialmente en los barrios más desfavorecidos–, clases con menos alumnos y reformas en un sistema de admisión universitaria muy criticado. Desde entonces, las protestas y bloqueos estudiantiles se convirtieron en el centro de una constelación de cuestiones diversas, que van desde el costo de la vida hasta el precio del combustible y los recortes en los servicios públicos. Problemas que cobran vida en otros países, desde Italia a Portugal, donde los jóvenes también salieron a la calle en los últimos días en protestas que se multiplican por Europa. 

“Las derechas tratan de islamizar todo y en el caso francés presentan la violencia como un mero resultado de la inmigración musulmana. Uno de los elementos que unen a las extremas derechas –bastante diferentes entre sí– es la idea de la decadencia de Occidente, pensada en clave identitaria: una élite globalista le abre la puerta a los bárbaros para mantenerse en el poder”, explica a elDiario.es el historiador Pablo Stefanoni, autor de los libros ¿La rebeldía se volvió de derechas? y Un fantasma recorre el mundo.

De Bruselas a Milán, pasando por Lisboa

Los estudiantes franceses inspiraron protestas en la vecina Bélgica, donde los jóvenes están expresando su preocupación por los recortes en materia de educación, así como por las condiciones laborales, los servicios públicos y la desigualdad. Varios cientos de personas protestaron en Bruselas el sábado entre consignas antifascistas. También salieron a la calle en Lieja. Las manifestaciones se iniciaron pacíficamente, formadas por jóvenes, profesores y sindicalistas. Sin embargo, a mediodía se empezaron a producir enfrentamientos con la policía durante la marcha de los manifestantes. La policía utilizó cañones de agua y gases lacrimógenos contra los participantes en la capital, mientras que algunos de los asistentes destrozaron mobiliario público, vehículos y prendieron fuego a un contenedor.

En Milán, así como otras ciudades cercanas como Turín o Bolonia, se vivieron este fin de semana manifestaciones contra el encarecimiento de la vida. La marcha que tuvo lugar el sábado en el centro de la capital económica del norte italiano también comenzó pacíficamente y derivó en disturbios y enfrentamientos con la policía, que respondió con cargas, gases lacrimógenos y cañones de agua. Un total de 271 personas fueron detenidas, el 80% de ellas menores de edad, según informa Ansa. 

La primera ministra Giorgia Meloni declaró que los “delincuentes” se “aprovechan” de las “manifestaciones para buscar el enfrentamiento y sembrar el caos”. En las redes sociales nació un nuevo perfil, llamado ‘Movimiento 17 de octubre', que convocó a una concentración todos los sábados a las 15:00 “hasta la caída de este Gobierno”. “Somos los de las plazas. Los que solo vemos violencia en los bastones de los polis. Violentos son ustedes vosotros, que nos negaron el futuro: lo vamos a recuperar”, dice.

El descontento de los jóvenes llega hasta Albania, donde los manifestantes están exigiendo la renuncia del primer ministro del país, Edi Rama. Las movilizaciones comenzaron con marchas de estudiantes universitarios y alumnos de secundaria, que denuncian el elevado costo de los estudios, el deterioro de las instalaciones educativas, la falta de ayudas económicas y las escasas oportunidades laborales tras la graduación. Sin embargo, las reivindicaciones evolucionaron hasta convertirse en un movimiento más amplio contra la corrupción y el Gobierno. 

Las protestas abordan cuestiones diferentes (la educación en Francia, la vivienda en Portugal). Y, si bien es cierto que las demandas no son tan uniformes como lo fueron, por ejemplo, en la oleada de manifestaciones contra la austeridad, en el fondo comparten características similares: un descontento ante los elevados niveles de desigualdad y la imposibilidad de acceder a derechos que antes se consideraban pilares de la ciudadanía, como la educación o la vivienda

Vicente Valentim — Profesor adjunto de Ciencias Políticas en IE University

El sábado, los asistentes arrojaron adoquines, cócteles molotov y artefactos pirotécnicos a los agentes, e incendiaron coches y papeleras, utilizándolos como barricadas en llamas para impedir el avance policial. La policía disparó balas de goma y gases lacrimógenos. Los disturbios se producen tras meses de protestas antigubernamentales en la nación balcánica, la llamada Revolución de los Flamencos, desencadenada inicialmente por un controvertido proyecto turístico vinculado a la familia del presidente estadounidense, Donald Trump.

Entretanto, en Lisboa, los manifestantes instalaron un campamento de tiendas de campaña siguiendo la estela de las acampadas en España por el derecho a la vivienda, así como en la ciudad de Oporto. Cientos de personas se congregaron por la noche en la plaza del Rossio para denunciar la imposibilidad de acceder a una vivienda asequible y las políticas del Gobierno conservador de Luís Montenegro. Lo hicieron tras una marcha que había reunido a miles de asistentes en todo el país para reclamar mejoras salariales y medidas contra el aumento del costo de la vida. Los acampados, en su mayoría jóvenes, decidieron mantener la ocupación de la plaza mientras no obtengan respuestas concretas a sus reivindicaciones.

“Las protestas abordan cuestiones diferentes (la educación en Francia, la vivienda en Portugal). Y, si bien es cierto que las demandas no son tan uniformes como lo fueron, por ejemplo, en la oleada de manifestaciones contra la austeridad, en el fondo comparten características similares: un descontento ante los elevados niveles de desigualdad y la imposibilidad de acceder a derechos que antes se consideraban pilares de la ciudadanía, como la educación o la vivienda”, dice a elDiario.es Vicente Valentim, profesor adjunto de Ciencias Políticas en IE University

El experto recuerda que, históricamente, fue frecuente que las protestas se propaguen en diferentes países. “Sin embargo, esto solo ocurre cuando las causas estructurales que las originan son similares. En algunos casos, la reivindicación es exactamente la misma. En otros, aunque la demanda concreta difiera, existe una insatisfacción subyacente común respecto a la capacidad de respuesta de los sistemas políticos, la desigualdad y el acceso a derechos fundamentales; es precisamente este trasfondo compartido lo que permite que dichas protestas se extiendan”, añade.

Discurso antimigración

A juicio de Valentim, es la derecha la que tiene “mucho que perder”. “El clima político actual en Europa se inclina claramente hacia la derecha; no obstante, resulta sorprendente lo desconectados que estuvieron los partidos de derecha ante esta situación”. Según su análisis, estas protestas “tienen el potencial de seguir produciéndose y de dominar el debate político durante muchos meses”. “A menos que la derecha rectifique su rumbo, tiene mucho que perder en el plano electoral”, concluye.

Pero, durante las últimas horas, el rumbo de buena parte de la derecha europea fue aprovechar la expansión de las protestas para colar el discurso antimigración. El canciller austriaco, Christian Stocker, señaló en la red social X que “lo que comenzó en Francia e Italia como protesta fue apropiada por vándalos violentos. Las manifestaciones dieron paso a violencia cruda, saqueos y destrucción intencionada”, para posteriormente vincular estas actuaciones “con la migración de los últimos años”. “Se trajeron a Europa actitudes y conflictos que no son los nuestros. Defenderemos de manera consecuente nuestra forma de vida. Quien no comparta nuestros valores no tiene cabida en Austria”, añadió. Stocker fue uno de los dirigentes europeos que colocó las políticas más duras contra la inmigración como eje de su Gobierno.

En la misma línea, con las imágenes del ayuntamiento de Limoges en llamas, el primer ministro de Hungría, Peter Magyar, apuntaba en X que “ante esta destrucción sin sentido y esta violencia injustificada, quizá ahora todo el mundo comprenda por qué Hungría defiende el enfoque más estricto posible en materia migratoria y por qué no cederemos a ninguna presión para relajar la protección de nuestras fronteras ni nuestra política de inmigración”. Pese a que en el Consejo Europeo pasado no se aprobaron medidas para endurecer aún más las políticas contra la inmigración, Magyar subrayó: “Me alegra que la actual cumbre de la UE haya dejado claro que la inmensa mayoría de los países europeos abrieron los ojos y quieren romper con las políticas permisivas del pasado. Esperamos que no sea demasiado tarde”.

También el primer ministro polaco, Donald Tusk, aunque sin mencionar a Francia, publicó en X que “Polonia no repetirá los errores de otros países europeos, ni pagará por ellos”. “Defendemos con firmeza la frontera contra la migración ilegal, tenemos nuestra propia política de asilo (no aceptamos solicitudes), deportamos a quienes violan la ley polaca. En materia de seguridad seremos implacables. Esto es lo que les dije a los líderes de Europa en Bruselas”. Polonia fue uno de los países, junto a Dinamarca e Italia, que plantearon sin éxito una declaración enérgica contra la regularización llevada a cabo por el Ejecutivo de Pedro Sánchez durante la cumbre europea.

En España, la formación de ultraderecha Vox fue la que recogió la estrategia de relacionar la inmigración con los actos vandálicos en Francia. Isabel Pérez Moriño, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, señalaba en X: “Lo de Francia es el preludio de lo que ocurrirá en España si no frenamos la invasión este 29N. ¡Es la hora de la remigración masiva!”.

Mientras que el eurodiputado de ultraderecha, Hermann Tertsch, acusaba a la Comisión Europea de intentar “ocultar las acciones criminales de la ultraizquierda y las hordas africanas en toda Europa es el ejemplo más sórdido y perverso de desinformación que se da en este continente”, a pesar de que en la mayoría de los medios de comunicación se pudieron ver las imágenes de los destrozos. Los dirigentes de Vox estuvieron especialmente activos recogiendo imágenes de los sucesos violentos en Francia. Tanto que el líder de la formación de ultraderecha, Santiago Abascal, lanzó en redes unas imágenes falsas como si fueran hechos ocurridos en Francia, cuando realmente estaban creadas con inteligencia artificial.

“La derecha suele intentar centrar el debate en la inmigración porque eso los beneficia. Cuanto más se centre el debate en ese tema, más posibilidades tienen de ganar las elecciones. Por eso, cuando no pueden evitar otros temas, a veces intentan que esos temas también giren en torno a la inmigración”, dice Valentim.

“El grado de enojo aumenta en Francia”

Mientras tanto, Aitana, vecina de París, lleva participando en las movilizaciones desde el 17 de septiembre, cuando se produjo la primera protesta en un instituto de las afueras de la capital por “solidaridad” con las demandas de los estudiantes, entre ellas un aumento del presupuesto para la educación. Pero a la joven de 27 años también le mueve este malestar más amplio en el que convergen varias luchas. “El sábado me manifesté contra los 10 años de neoliberalismo de Macron y contra todo lo que supuso en términos de destrucción de los servicios públicos”, dice a elDiario.es. “La vida está carísima. Es imposible encontrar pisos a precios normales, asequibles. Es imposible hacer una compra por menos de 35 euros. Es imposible desplazarse porque el costo del transporte público es elevadísimo”.

Asegura que no vio tal nivel de intensidad en las movilizaciones desde que llegó al país en 2017 –poco después, estalló el movimiento de los ‘chalecos amarillos’–. “Las protestas del sábado fueron completamente inéditas, por la intensidad y por la determinación de los jóvenes, me sorprendió muchísimo”, afirma la joven, de origen español, que vive cerca de la Plaza de la República, epicentro de las protestas. “Es cierto que hubo daños. Mi barrio está destrozado, pero la mayoría de los manifestantes no cometen actos de vandalismo. El 99% de las personas que se manifestaron lo hicieron de manera pacífica y legítima. Y pienso que la situación la creó en parte el propio ministro del Interior, porque prohibió el recorrido inicial de la manifestación y lo cambió varias veces en los días previos, lo que también generó mucha confusión entre los manifestantes e hizo que desde el principio fuese un caos”.

La represión policial, con varios casos de adolescentes gravemente heridos desde que comenzaron las protestas, también alimentó la ira de muchos manifestantes. Este sábado, otro joven que participaba en una manifestación en la ciudad de Saint Étienne perdió una mano al explotarle una granada que, según algunas informaciones, recogió después de haberla lanzado la policía. Una chica de 17 años perdió un ojo en el marco de las protestas en la localidad de Mulhouse, una lesión que la Fiscalía encargó investigar a la Inspección General de la Policía Nacional. El número de detenciones fue notablemente alto.

La vida está carísima. Es imposible encontrar pisos a precios normales, asequibles. Es imposible hacer una compra por menos de 35 euros. Es imposible desplazarse porque el coste del transporte público es elevadísimo

Aitana — Manifestante y vecina de París, 27 años

“El Gobierno no hace más que avivar el fuego respondiendo con una represión policial que no hemos visto en años, también contra menores de 13, 14 y 15 años. Antes dejaban que la gente se manifestara y luego reprimían. Ahora, incluso antes de llegar a la manifestación, tiran pancartas a la basura, inspeccionan las mochilas y prohíben entrar directamente en la manifestación. Desde el minuto uno hubo maniobras de intimidación. A mí me identificaron por primera vez en mi vida porque me puse a grabar cuando estaban zurrando a un chico”, cuenta Aitana. “Esto genera mucho enfado. Y la represión es cada vez más dura, es toda la respuesta que tienen”, opina.

El ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, estuvo bajo presión por la actuación policial. Este lunes, admitió que las fuerzas de seguridad “perdieron el control” en algunas grandes ciudades durante los disturbios y dijo que los efectivos policiales desplegados fueron insuficientes ante la magnitud de los saqueos y otros actos violentos registrados al margen de las manifestaciones. El presidente Emmanuel Macron ha rechazó su dimisión y le pidió que introduzca “nuevos métodos de actuación”, según el Elíseo.

“El grado de enojo aumenta año tras año y este verano, según algunos indicadores, superó la ansiedad como sentimiento dominante. El conflicto social a menudo comienza donde no se espera. Este es el caso de los estudiantes de secundaria que, sin embargo, expresan una profunda incomodidad (disminución de la salud mental, condiciones de trabajo, perspectivas de vida, etc.)”, dice a este medio Olivier Rouquan, profesor asociado del Centro de Estudios e Investigaciones de Ciencias Administrativas y Políticas (Cersa) de París. “El Estado es ineficaz frente a la violencia y se volvió débil para responder rápidamente a las expectativas específicas de los estudiantes de secundaria”.

En un contexto preelectoral, con las presidenciales en seis meses, desde el Gobierno y la presidencia culparon a la “ultraizquierda”, mientras la extrema derecha de Marine Le Pen se frota las manos, asegurando que son ellos los que representan “la Francia del orden”. El primer ministro, Sébastien Lecornu, compareció este lunes ante los medios tras una reunión de crisis y anunció la puesta en marcha de toques de queda “parciales”.

El Gobierno italiano de Giorgia Meloni logró aprobar este jueves de forma definitiva una polémica reforma electoral que, según detractores y opositores, busca favorecer su continuidad en el poder. La medida se aprobó en la Cámara de Diputados con 227 votos a favor y 164 en contra tras días de trámites, debate y dudas sobre el apoyo interno a la reforma entre parlamentarios de la misma coalición de la líder ultraderechista, quién incluso amenazó con dimitir si no se aprobaba una medida que la oposición de centroizquierda rechazó.

Con ello, Meloni obtiene una victoria de peso en uno de sus proyectos estrella, que supone la introducción de un nuevo sistema electoral para los comicios de 2027, aunque el Tribunal Constitucional podría intervenir si considera que ciertos artículos de la ley son inconstitucionales. Así lo advierten grupos críticos y entidades de la sociedad civil dispuestas a presentar apelaciones, y que harán que la corte deba deliberarlas próximamente.

La primera ministra apostó muy fuerte por su proyecto tras el fracaso de otra de sus reformas clave, la del poder judicial, que no pudo impulsar tras un referéndum en marzo en el que ganó el ‘No’. Giuseppe Conte, exprimer ministro italiano y líder del Movimiento 5 Stelle, señaló: “Para vosotros la democracia es un régimen iliberal desenmascarado, una autocracia”

Meloni defendió desde un unicio que la nueva ley dará más estabilidad al volátil sistema político italiano, históricamente muy inestable y marcado por la pronra caída de los Gobiernos. Sin embargo, el Ejecutivo de Meloni es el más largo de la historia de Italia desde el fin del fascismo y la creación de la República en 1946.

Su reforma, apodada Stabilicum o Melonellum, prevé que la coalición de partidos con más del 42% de votos obtenga una bonificación de 70 parlamentarios en la Cámara de Diputados y 35 en el Senado, lo que le da una mayoría holgada para gobernar sin grandes tropiezos. Esto también altera la correlación actual de fuerzas en el sistema bicameral del país, compuesto por 400 miembros en la Cámara Baja y 200 en la Cámara Alta. A su vez, torpedea la tendencia hacia el bipartidismo que favorecía la ley electoral anterior, llamada Rosatellum y que estuvo vigente desde 2017.

Ya son cinco las reformas de ley electoral aprobadas en Italia desde los noventa. Sin embargo, para fuerzas de la oposición de centroizquierda, detractores de Meloni y multitud de analistas, el Melonellum busca modificar los mecanismos electorales para hacer que la actual coalición gubernamental pueda perpetuarse en el poder. Según críticos, marca un precedente peligroso al alterar los equilibrios entre formaciones votadas en las urnas, socavar el multipartidismo propio de las democracias liberales y debilitar un modelo de representación parlamentaria plural en favor de un sistema basado en mayorías ‘dopadas’ que son reforzadas artificialmente.

La ley elimina los distritos uninominales, en los que los votantes eligen a candidatos por áreas geográficas, y pasa a elegir a listas ya cerradas antes, a partir de un sistema proporcional con premio de mayoría. A su vez, el nuevo modelo incentiva la creación de grandes bloques contendientes según alianzas previas que si quieren aspirar al poder deberán juntarse en coalición y acordar ya antes quién será el cabeza de lista. En las papeletas electorales los líderes estarán bloqueados, y sólo parte de los candidatos podrán ser elegidos por los electores.

En la derecha, la referencia es clara, ya que Meloni es su cara visible y lo sigue siendo pese a la irrupción y ascenso en los sondeos de un perfil aún más a ultra, el exgeneral Roberto Vannacci, quién con su nueva fuerza Futuro Nazionale puede desequilibrar la correlación de fuerzas en la galaxia derechista italiana y robar votos entre el nicho electoral de Fratelli d’Italia, Lega y Forza Italia, las tres formaciones que hoy forman coalición.

De hecho, los analistas señalan que la reforma se diseñó en un inicio para dar ventaja a estas tres fuerzas y ayudarles a retomar el poder, pero el llamado efecto Vannacci quitaría votos especialmente a Lega, mientras las formación de Meloni también baja, y los sondeos indican que la coalición de Meloni podría no alcanzar el 42% necesario para obtener el premio de mayoría, lo que podría beneficiar a un centroizquierda que sí podría superar este umbral.

Sin embargo, entre la oposición de centroizquierda hay aún una división candente. El Partido Democrático (PD), Movimento 5 Stelle (M5S) y Alleanza Verdi-Sinistra quieren formar una coalición en lo que se denomina Campo Largo, a la que se podrían sumar también otras fuerzas, pero PD y M5S llevan meses sin alcanzar un pacto sobre quién debería ser cabeza de lista, o sobre el formato exacto de su coalición, lo que les pone en dificultad.

Mientras discuten sobre si celebrar o no primarias para elegir a un candidato, Meloni va marcando el ritmo político y se especula con que estaría creando el escenario para ir a elecciones anticipadas esta primavera, después de que a mediados de abril se cumplan cuatro años, seis meses y un día de legislatura, el umbral necesario para que todo diputado en su primer mandato se pueda asegurar el cobro de una pensión vitalicia.

“Tenemos que darnos prisa”, decía esta semana Giuseppe Conte, líder del M5S, según el diario La Repubblica, a sabiendas de que la nueva reforma puede perjudicar al centroizquierda si no se junta en coalición, que tendrá poco tiempo para prepararse para una campaña electoral que de facto ya hace meses que está en marcha.

Uno de los que se opuso con más acción a la reforma fue Riccardo Magi, diputado del partido +Europa, quién lidera una campaña contra el plan y hace una semana inició una huelga de hambre en protesta. “Esta es una ley electoral que transforma a una minoría en el país en una abrumadora mayoría en el Parlamento, y no tiene parangón en otras democracias liberales”, dijo Maggi, en lo que describe como “una democracia bloqueada”.

Por otro lado, el temor de Meloni de que la ley electoral se viera tumbada fue latente hasta el último momento ante el miedo de que miembros de su propia coalición se ampararan en el voto secreto para votar en contra. Esto ya pasó en julio en la Cámara de Diputados, cuando se debía aprobar una enmienda a la norma que se rechazó por sorpresa en votación secreta, lo que mostró los desacuerdos con diputados de la misma coalición.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, registró su propia voz ante la oficina europea de patentes con el objetivo de protegerse de eventuales clones y montajes de Inteligencia Artificial (IA), como los padecidos en el pasado.

“Io sono Giorgia Meloni” (Yo soy Giorgia Meloni) es la frase con la que la política ultraderechista ‘patentó’ su voz con un audio de 4 segundos ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), según confirman a EFE fuentes de su entorno.

De este modo, la primera ministra italiana pretende prevenir casos de clonación de la voz generados con IA.

La EUIPO, según informa el diario ‘La Repubblica’, que adelantó la noticia, ha archivado su voz, las inflexiones de su timbre y sus particularidades para protegerla de posibles copias.

Las cuatro palabras que ha utilizado son las de su frase más famosa desde que en octubre de 2019, tres años antes de llegar al poder, proclamara en un acto público en Roma su “Yo soy Giorgia, soy una mujer, una madre, una italiana y una cristiana”.

‘Io sono Giorgia’

Después, titularía con esa misma frase sus memorias -‘Io sono Giorgia’- en 2022, año en el que llegó al Gobierno.

Meloni siempre se ha mostrado preocupada por los riesgos que entraña la IA y en el pasado ha denunciado algunos montajes de los que ha sido víctima, como cuando el pasado mayo circularon por redes fotografías de una mujer en ropa interior con su rostro.

Aunque la primera ministra comentó estos fotomontajes con ironía, bromeando con que “la habían mejorado mucho”, aprovechó la ocasión para alertar de que los ‘deepfake’ son “una herramienta peligrosa porque pueden engañar, manipular y afectar a cualquiera”.

“Yo puedo defenderme pero muchos otros no. Por eso debe seguirse siempre una regla: verificar antes de creer y creer antes de compartir. Porque hoy me ha pasado a mi; mañana puede ocurrirle a cualquiera”, subrayó.

Un mes después, el Gobierno italiano aprobó dos decretos para regular la IA distinguiendo las falsificaciones y estipulando su uso en el sector educativo y por los cuerpos de seguridad.

Por último, Meloni ha sido ‘reproducida’ con IA en las campañas en redes sociales del nuevo político ultraderechista, el militar Roberto Vannacci, que a menudo se ha mostrado a sí mismo como un emperador que manda a los leones a los opositores italianos.

EFE

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, celebró este viernes que su Gobierno se convirtió en el más longevo de la historia de Italia, reivindicando la coalición de derecha formada por Hermanos de Italia, La Liga y Forza Italia y que lleva en el poder desde octubre de 2022.

“Hoy nuestro Gobierno se convierte en el más longevo de la historia de la República italiana. Es un dato que acojo con gratitud y con un fuerte sentido de responsabilidad. Porque la estabilidad no es un récord para exhibir, sino la condición que permite a una nación programar, decidir, mantener los compromisos y hacerse respetar”, señaló la jefa del Ejecutivo italiano en un mensaje en redes sociales tras superar la barrera de los 1.413 días.

Meloni, quien se convirtió además en la primera mujer en ocupar el cargo, reivindicó el trabajo de su Ejecutivo para reducir el desempleo, apoyar las familias y aumentar la seguridad del país.

“Los resultados están ahí, pero sabemos bien cuántas cosas quedan aún por hacer”, indicó, al tiempo que recalcó la seriedad en las cuentas públicas y que su Gobierno devolvió a Italia “peso y credibilidad en la escena internacional”.

En este punto destacó la coalición de derecha que forma junto a Matteo Salvini y Antonio Tajani, al afirmar que la estabilidad es fruto de una “coalición unida, que gobierna con una visión común y que eligió estar unida, no contra alguien, para realizar un proyecto para Italia”.

Meloni hizo hincapié en que los gobiernos más largos de la historia de Italia son de derecha --el suyo supera a uno de los mandatos de Silvio Berlusconi entre 2001 y 2005--. “La estabilidad se construye cuando una alianza comparte valores, objetivos y una visión de la nación, no cuando la única razón para estar juntos es impedir que otros gobiernen”, remarcó.

Asimismo, la primera ministra agradeció el apoyo popular logrado en 2022, cuando Hermanos de Italia pasó de ser un grupo minoritario de ultraderecha a ser la principal fuerza del país, y se propuso revalidar el Gobierno el próximo año, cuando Italia vuelva a las urnas.

“Volveremos ante los ciudadanos con lo que hemos hecho, con lo que queda por hacer y con nuestra idea de futuro. Y serán una vez más ellos quienes decidan si merecemos continuar este camino”, agregó, poniendo de manifiesto que el Ejecutivo italiano seguirá “adelante, con los pies en la tierra y la mirada dirigida al futuro”.

Italia acumula unos 70 gobiernos y más de 30 primeros ministros a lo largo de casi ocho décadas de República, lo que da cuenta de la rotación que marcó históricamente el país, con sus Ejecutivos durando, de media, apenas 13 meses.

Europa Press.

De la militancia a pie de calle como activista posfascista a la cúspide del poder como primera ministra de Italia. Esta es la ascendente trayectoria de Giorgia Meloni desde sus inicios en política siendo adolescente hasta su triunfo electoral que la llevó, en octubre de 2022, a ser la primera mujer que ocupó la jefatura del Gobierno del país. Desde entonces, lidera la coalición más ultraderechista desde fines del fascismo, con una inaudita estabilidad que hará que su Ejecutivo se convierta en el más longevo desde la fundación de la República italiana en 1946.

Este 4 de septiembre cumplirá 1.413 días seguidos en el poder, superando el récord de la coalición encabezada por el difunto Silvio Berlusconi entre 2001 y 2005, un hito en un país donde los gobiernos son pasajeros.

Este viernes se celebrará el hito con un gran evento en el puerto de la ciudad sureña de Bari, organizado por el partido de Meloni, Fratelli d’Italia (FdI). Se prevé que unas 5.000 personas asistan al acto, que contará con una sesión musical de un DJ, puestos de comida y un discurso de la primera ministra en el punto álgido, al estilo del festival de ultraderecha de Atreju. En su intervención, se prevé que Meloni lance mensajes en clave electoral ante los comicios de 2027, muy presentes en la actualidad en Italia, donde los partidos ya planean sus campañas.

'El Gobierno más estable. Italia más fuerte' es el lema del evento de Fratelli d’Italia, con una idea clara sobre el futuro del país que los partidarios de Meloni ven sólo ligado a la líder. Tras casi cuatro años en el poder, es difícil hablar de política italiana sin aludir a su figura, casi omnipresente, mientras gana un peso similar al que tuvo Berlusconi, el rostro visible que marcó el modus operandi de Italia durante tres largas décadas.

Si no hay traspiés, se prevé que el Ejecutivo siga en el poder hasta convocar comicios en 2027. Desde 2022, no sufrió graves crisis internas, pese a reveses que denotaron cierto desgaste político, como la derrota en el referéndum constitucional para la reforma judicial de este año. Aun así, eso no hundió a la coalición gobernante, formada por Fratelli d’Italia, el partido centroderechista Forza Italia (FI), liderado por Berlusconi hasta su muerte, y el ultra Lega, de Matteo Salvini.

Un estilo que marcó la política italiana

“Está aquí para quedarse”, dice sobre Meloni el politólogo Valerio Alfonso Bruno, profesor de la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán. El experto en ultraderecha investigó los años en el poder de la primera ministra, un periplo que plasmó en el libro El ascenso de Hermanos de Italia, escrito junto a Mara Morini y publicado este 2026. Incluso si Meloni pasara en un futuro a la oposición, dejó una huella profunda con su estilo de hacer política, y tiene potencial para marcar una época histórica como Berlusconi, afirma Bruno a elDiario.es.

Para este y otros analistas, aunque Meloni haya bajado en los sondeos, consiguió consolidar su prominencia en el escenario político, sin ningún líder antagónico y opositor de peso que le haga sombra, por ahora, ni nadie que le arrebate la primacía en la derecha. La irrupción de Roberto Vannacci, que la presiona desde posturas supremacistas y no para de subir en los sondeos, podría restarle votos, pero está lejos de superarla en apoyos.

Meloni está aquí para quedarse

Valerio Alfonso Bruno — Profesor de la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán

Según Bruno, “Vannacci podría quitarle parte relevante de respaldos y la alianza de centroizquierda, el Campo Largo, podría ganar las elecciones”, pero es improbable que Meloni se evapore de la primera línea de la política italiana y seguramente luche para volver al poder. El récord de haber liderado el Gobierno más longevo de la historia republicana será una baza que juegue a su favor en caso de que vuelva la inestabilidad. “Meloni y FdI seguirán teniendo por mucho tiempo un rol clave”, señala Bruno sobre el papel de una líder que tiene también más carisma que su principal rival, Elly Schlein, del Partido Demócrata (de centroizquierda y el principal de la oposición).

El hecho de que Meloni consiguiera mantenerse firme en el poder estos años “es un logro que se debe a su habilidad política”, apunta Bruno, ya que hubo escenarios en el pasado en que otros mandatarios gozaron de una mayoría fuerte ante una oposición fragmentada como la actual, pero no consiguieron resistir tanto tiempo.

La inestabilidad política fue una constante en Italia desde que inició su era republicana hace 80 años. El país tuvo hasta 68 gobiernos con duración media de entre 13 y 14 meses, así como 31 primeros ministros. Todo ello es fruto de un sistema electoral que alimenta la proporcionalidad y da espacio a pequeños partidos, una fragmentación que a menudo llevó a la caída de muchos gobiernos de coalición. A ello se suma que los ejecutivos deban tener los apoyos y votos de confianza tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, una complejidad que Meloni sorteó.

Según el académico, una de sus ventajas es su largo bagaje político. En 2008, con sólo 31 años, fue elegida ministra de Juventud en el cuarto Gobierno de Berlusconi, siendo la persona más joven de Italia en estar al frente de un ministerio. Ahora, con 49 años, “es aún relativamente joven” para los estándares de la clase política italiana. También es la cara visible en Fratelli d’Italia, que promueve su liderazgo “de estilo personalista” y se convirtió con Meloni en la gran formación de la derecha italiana, en un contexto de auge ultraderechista en Europa y Occidente.

La nueva normalidad en la UE

Meloni contribuyó a una “radicalización gradual” del panorama político italiano, introduciendo nociones, discursos y estrategias ante asuntos como la migración que tuvieron impacto o sirvieron de inspiración a nivel europeo, como los centros de internamiento para migrantes en Albania, proyecto aún atascado que la Justicia no validó, pero que inspiró a otros países y normalizó planteamientos similares en la UE, recuerda Bruno. El experto remarca también su capacidad para que se le otorgue más influencia y peso internacional a Italia, “una potencia media” que no puede permitirse enfrentarse sola a los grandes imperios, pero sí reivindicar su propio espacio.

Muchas cosas que hasta hace poco se veían muy radicales pasen a percibirse como parte de una nueva normalidad

Valerio Alfonso Bruno — Profesor de la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán

“Lo que hoy ocurre en Italia puede convertirse mañana en un nuevo estándar en la Unión Europea. Meloni tiene un papel importante en el diálogo con Europa y, en casos como los centros [de migrantes] de Albania, el proyecto se presentó como modelo para otros”, remarca el politólogo, que reconoce la habilidad de la dirigente para que “muchas cosas que hasta hace poco se veían muy radicales pasen a percibirse como parte de una nueva normalidad”.

En su opinión, “Meloni no hizo un retroceso democrático cómo temían muchos, ni un giro repentino hacia el fascismo”. Sin embargo, sí desplazó el discurso “hacia el extremo derecho del espectro político”. Según Bruno, esto se vio en su forma de enfrentarse a las sentencias del poder Judicial. Tanto ella como otros ministros criticaron varios veredictos, como el rechazo a la retención de migrantes en los centros albaneses, una colisión que para muchos fue un grave ataque a la independencia de los jueces y a la separación de poderes.

El experto alerta de que Meloni adoptó un modelo con rasgos iliberales que incluye la limitación de derechos de las minorías y medidas de seguridad más estrictas. “No hay una transición completa al iliberalismo, pero sí una tendencia a que más poder pase a manos del ejecutivo”, así como “un distanciamiento de los principios del Estado de Derecho”, explica Bruno.

La economía, más estable pero estancada

En opinión del profesor, la longevidad del Gobierno de Meloni sirvió para transmitir “un mensaje de estabilidad hacia el exterior, sobre todo a aliados y mercados financieros internacionales”. Esto ayudó a mejorar la situación económica y financiera del país: “Si miramos las finanzas públicas, Italia está mejor hoy que antes, ya que los mercados financieros no toleran una incertidumbre excesiva”. Sin embargo, Bruno asegura que la realidad económica precaria que el país arrastra desde hace décadas no cambió con Meloni.

“Estos años no hubo grandes reformas. La situación en el mercado laboral mejoró, pero la mayoría de los empleos creados no son de calidad. A su vez, el poder adquisitivo de los italianos sigue en el nivel de los años 90 y la situación de la deuda pública no mejoró”, explica el docente. Agrega que Meloni también acabó con la llamada 'renta de Ciudadanía', una prestación social para personas con ingresos bajos que introdujo el Movimiento 5 Estrellas (M5S), que gobernaba anteriormente.

“Tras cuatro años de Gobierno de Meloni, persiste el aumento descontrolado del coste de la vida”, criticó esta semana Elly Schlein, líder del Partido Demócrata. Los sondeos señalan que su formación y otras del centro y la izquierda podrían obtener la mayoría suficiente para formar gobierno en caso de presentarse juntas, pero siguen fragmentadas, sin consensuar cómo elegir a la figura que lidere el bloque ni ponerse de acuerdo sobre cómo enfrentarse a la líder ultraderechista en las urnas.

A sabiendas de que la primera ministra buscará sacar rédito de su hito de longevidad, Schlein se centró en atacar la gestión económica de los últimos años. “Las familias italianas pagan de su propio bolsillo la incompetencia de este Gobierno, con precios del combustible disparados y los de los alimentos casi un 30% más altos que hace cinco años”, dijo la opositora para contrarrestar el relato sobre los logros que se atribuye el Ejecutivo, que remarca que la estabilidad ayudó económicamente al país, aunque eso no asegura su continuidad.

España vuelve a ir al choque con Italia. El gobierno de Pedro Sánchez decidió este viernes imponer de manera temporal controles en las fronteras interiores de puertos y aeropuertos para los desplazamientos procedentes de Italia país en respuesta a la negativa del Ejecutivo de Giorgia Meloni de levantar los suyos, reintroducidos desde la crisis de Ceuta.

Estos controles fronterizos estarán operativos a partir de las 00:00 horas de este sábado 8 de agosto, y consistirán en el control de identidad –pasaporte– y nacionalidad de los viajeros y, en caso de nacionales de terceros estados, visa permiso de residencia, según explican fuentes de la Moncloa.

Estas medidas se practicarán de manera aleatoria y estarán en vigor hasta las 00:00 horas del próximo 7 de septiembre, salvo que haya “un cambio en las circunstancias” que han motivado su adopción.

La jornada de este viernes fue un cruce de comunicados. El primero del Ejecutivo español llegó al mediodía, con un ultimátum: fuera los controles en Italia a viajeros que proceden de España o se tomarán “medidas proporcionales”. Meloni replicó unas horas después, elevando el tono. No solo decidió que mantendría las restricciones, sino que respondió a España que “no acepta ultimátums ni imposiciones del extranjero en materia de seguridad nacional y control de fronteras”.

Dado que Italia conservará esas medidas hasta tener la seguridad de que “no habrá inmigrantes irregulares dirigiéndose hacia territorio europeo”, España respondió en torno a las 21.00 (hora local) que aplicará las mismas medidas “ante la persistente presión migratoria irregular que sufre el país transalpino”.

Una medida que España ve injustificada

El choque entre ambos países, vecinos y socios europeos, se desató tras la entrada en suelo español de 72.000 personas por la frontera entre Marruecos y Ceuta. En plena crisis y con la ciudad autónoma colapsada, Italia promovió un escrito de varios gobiernos de la UE para reprender la política migratoria del Ejecutivo de Sánchez y llegó a plantear incluso la exclusión española del espacio Schengen de libre circulación. España recibió ese movimiento como una declaración de hostilidades y una deslealtad.

“Italia es, según Frontex, el Estado Miembro que más cruces irregulares ha registrado en los últimos años, con cifras que han llegado a duplicar las de España. Desde el año 2022, Italia no cumple el Reglamento de Dublín, generando una carga adicional de la presión migratoria al resto de Estados Miembros. A pesar de lo anterior, España nunca ha introducido controles para Italia. De hecho, siempre se ha mostrado solidaria con ella, acogiendo parte de los migrantes que llegaron a Lampedusa en 2023 y abriendo sus puertos de forma recurrente a migrantes que son rescatados en la ruta del Mediterráneo central”, recriminó este viernes el Gobierno español en el mismo escrito de advertencia a Meloni.

El Ministerio del Interior de Italia anunció la suspensión temporal del tratado Schengen de libre circulación en la Unión Europea (UE) tras la crisis de migrantes en Ceuta y que reintroduce controles en puertos y aeropuertos con España.

Sobre esta última medida, Roma matizó que los controles serán aleatorios y solo afectarán a ciudadanos que no pertenezcan a la UE. El Ejecutivo tuvo que salir al paso para aclarar una información de Interior, que llegó incluso a anunciar en un comunicado (corregido poco después) un “cierre de fronteras marítimas y aéreas con España”.

La medida entrará en vigor a partir de este sábado 1 de agosto en plena campaña de vacaciones y con la consiguiente llegada de turistas internacionales a Italia. El comunicado del Gobierno presidido por Giorgia Meloni termina aclarando que “para quien desde Italia vaya a viajar a España no cambia nada”.

Poco después del anuncio, el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, defendió la decisión por ser “una elección necesaria para proteger la seguridad de nuestros ciudadanos y defender las fronteras europeas”. El político italiano escribió en un post en X que la suspensión es “una medida prevista por los tratados y que hoy se vuelve ineludible”. “La crisis de los migrantes en Ceuta nos recuerda que la gestión de las fronteras de la Unión es una responsabilidad común de nuestros países, unos hacia los otros”, continuó el ministro.

Por otro lado, el ministro italiano mantuvo una conversación telefónica con su homólogo francés, Laurent Nuñez, para acordar el reforzamiento de los controles en las fronteras terrestres entre ambos países. La decisión italiana se produce a raíz de la llegada de miles de personas desde Marruecos a la ciudad autónoma española de Ceuta.

El anuncio se produce cuando el Ministerio del Interior español anunció que prácticamente todos los migrantes que entraron en el enclave español en África ya retornaron a Marruecos, unas 48.300 personas de las 50.000 que se calcula que cruzaron las fronteras. En el pasado Italia introdujo controles temporales en su frontera con Eslovenia, para tratar de contener las llegadas de inmigrantes por la ruta balcánica.

Además de Meloni, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen y la ministra de Interior de Finlandia, Mari Rantanen, pidieron a la UE que estudiara todas las opciones tras la llegada de migrantes a Ceuta. “Es evidente que la UE debe dar de forma inmediata todos los pasos necesarios y considerar todas las posibilidades, incluida la suspensión de la cooperación de Schengen”, señaló la mandataria socialdemócrata en un comunicado enviado a la agencia danesa Ritzau.

Con información de la agencia EFE

Si Giorgia Meloni pensaba que podía dejar atrás su disputa de abril con Donald Trump por las críticas del Papa a la guerra de EE.UU. contra Irán, no había contado con la capacidad del presidente estadounidense para guardar rencor.

Trump reavivó recientemente las tensiones al declarar a un periodista de televisión italiano que la primera ministra italiana le había “suplicado” que se hicieran una foto en la reciente cumbre del G7 celebrada en Francia. El periódico El País sugirió que Trump se había molestado por un video grabado en esa misma reunión, en el que se veía a Meloni como si lo estuviera regañando.

En cualquier caso, el presidente de EE.UU. reafirmó su versión en una publicación en Truth Social, añadiendo que Meloni quería la foto para impulsar sus índices de popularidad en descenso, algo que él achacó a su falta de apoyo a EE.UU. en la guerra contra Irán.

La línea de ataque de Trump no es nada sorprendente, pero sí lo es la contundente respuesta de Meloni. En un video publicado en las redes sociales, afirmó que la afirmación de Trump sobre la foto era “una invención”. Expresó su perplejidad ante el hecho de que, al parecer, el presidente de EE.UU. tratara a sus aliados peor que a sus adversarios. Fusionando el orgullo personal y el nacional en una sola réplica, concluyó: “Yo no suplico, ni tampoco Italia”.

¿Una ruptura real?

En una publicación posterior en Instagram, insistió en que su supuesta caída en las encuestas no tenía nada que ver con EE.UU., aunque, en una pullita mordaz, añadió que ser amiga de Trump no ayudaba. Mientras tanto, Antonio Tajani, ministro de Asuntos Exteriores de Meloni, canceló sus planes de asistir a un foro empresarial italo-estadounidense en Miami.

Es difícil saber si esta ruptura es real o solo una puesta en escena. A ojos de Trump, el pecado de Meloni parece ser uno de lesa majestad; concretamente, no mostrar la debida deferencia de una subordinada hacia su jefe. Para Meloni, el enfrentamiento es una cuestión de fondo, a saber, la incapacidad de Trump para apreciar el valor de la alianza occidental.

Puede que Meloni esté genuinamente preocupada por la política europea de Trump, pero la raíz de la ruptura no radica tanto en la estrategia geopolítica como en la estrategia electoral a nivel nacional

Sin embargo, la hostilidad de Trump hacia Europa no es precisamente una novedad. De hecho, en todas las ocasiones anteriores en las que Trump abrió un nuevo frente —desde los aranceles hasta el cuasiabandono de Ucrania, pasando por las amenazas contra Groenlandia—, Meloni se destacó por su silencio. Incluso en el caso de Irán, aparentemente la causa inmediata del descontento de Trump, Meloni tardó semanas en pasar de una postura de “ni apoyo ni condena” a distanciar a Italia más claramente de la guerra. Incluso ahora, el Gobierno italiano está colaborando con la Administración estadounidense para limar asperezas: Tajani confirmó su asistencia a la celebración del 250.º aniversario de la independencia estadounidense, que tendrá lugar el jueves en la residencia del embajador de EE.UU. en Roma, quien también pronunció palabras conciliadoras. Se espera que la relación no sufra más daños. Lo que parece claro es que el vínculo personal entre Trump y Meloni está prácticamente roto. Pero eso no supone necesariamente una pérdida neta para la primera ministra italiana.

Ventajas electorales

Puede que Meloni esté genuinamente preocupada por la política europea de Trump, pero la raíz de la ruptura no radica tanto en la estrategia geopolítica como en la estrategia electoral a nivel nacional.

Aunque los exagera, Trump no se equivoca cuando habla de los problemas de popularidad de Meloni. En un referéndum celebrado en marzo, los votantes rechazaron rotundamente un paquete de reformas judiciales que ella defendía. A pesar de las diferencias persistentes entre las principales fuerzas de la oposición italiana, el Partido Democrático (PD), de centroizquierda, y el Movimiento Cinco Estrellas (M5S), de carácter anti-establishment, ambas están decididas a forjar una alianza de cara a las próximas elecciones generales, previstas a más tardar para 2027. Y Futuro Nacional, una fuerza de reciente creación liderada por Roberto Vannacci —un antiguo general convertido en un demagogo radical de extrema derecha—, ganó apoyo a costa de la coalición de gobierno tripartita de Meloni. Según las encuestas, la coalición se encamina hacia la derrota en las elecciones.

Pero enfrentarse públicamente a Trump, que es profundamente impopular en Italia, conlleva ventajas electorales. A su izquierda, priva a la oposición de una importante línea de ataque sobre la anterior cercanía de Meloni a Trump. A su derecha, obliga a Futuro Nacional a adentrarse en un terreno que Meloni ahora aspira a dominar: una narrativa nacionalista conservadora arraigada en tópicos sobre la civilización occidental que también rechaza la sumisión a EE.UU..

Resulta más difícil reivindicar la coherencia ideológica tras dar un giro de 180 grados respecto a lo que antes se presentaba como la sabiduría estratégica de la cercanía política a Trump

Además, espera reforzar su posición dentro de la derecha europea. Distanciarse de Trump favorece el objetivo de Meloni de trazar una diferencia clara entre ella y figuras marginadas como uno de sus antiguos aliados, el pro-Trump Viktor Orbán. Prefiere alinearse ahora con la Agrupación Nacional francesa, cuyo candidato presidencial, Jordan Bardella, podría convertirse en el líder nacionalista más destacado de Europa si gana las elecciones presidenciales del año que viene.

La solidaridad mostrada hacia Meloni en todo el espectro político italiano (incluido Vannacci) y por parte de los líderes europeos ante los intentos de Trump de humillarla confirma la acertada intuición política de esta. Que esa intuición sea suficiente para que consiga la reelección es otra cuestión. Consciente de ello, Meloni está impulsando cambios en la ley electoral que otorgarían escaños adicionales a la coalición ganadora, obligarían a los partidos que aún no tienen representación en el Parlamento —como el de Vannacci— a recabar 500.000 firmas y obligarían a las coaliciones a nombrar por adelantado a su candidato a la presidencia del Gobierno. De un solo golpe, Meloni abriría una brecha entre los partidos de la oposición, ya que tanto la líder del PD como el del M5S, Elly Schlein y Giuseppe Conte, desean la presidencia del Gobierno, y así excluiría a Vannacci o le obligaría a unirse a su coalición en sus propios términos.

La reforma electoral, que la oposición denunció como una toma de poder semiautoritaria, se está debatiendo en el Parlamento. Su aprobación marcará el inicio oficioso de la campaña electoral. A falta de grandes éxitos políticos o logros legislativos, Meloni insistirá con confianza en que se ha mantenido fiel a sus principios conservadores, al tiempo que garantiza la estabilidad política. Sin embargo, resulta más difícil reivindicar la coherencia ideológica tras dar un giro de 180 grados respecto a lo que antes se presentaba como la sabiduría estratégica de la cercanía política a Trump. Y cuando se busca la estabilidad mediante cambios de última hora en las normas electorales, la confianza empieza a parecer más una actuación que una convicción. A Meloni solo le queda esperar que a los votantes no les importe la diferencia.

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Riccardo Alcaro es director de investigación del IAI (Istituto Affari Internazionali) de Roma.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se declaró este viernes “atónita” por unas palabras del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien dijo a un canal de televisión que ella le suplicó en la reciente cumbre del G7 que se tomaran una foto juntos, lo que la mandataria calificó de “invento”.

El episodio llevó al ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, a cancelar la visita que tenía previsto hacer a Estados Unidos los días 21 y 22 de junio, tras las “graves y ofensivas palabras del presidente Trump hacia la primera ministra Giorgia Meloni”, que “ofenden a toda Italia”.

“Las declaraciones de Donald Trump son totalmente inventadas. Sinceramente, estoy atónita”, afirmó Meloni en un mensaje en sus redes sociales, donde añade: “Ni yo ni Italia suplicamos nunca”.

Así respondió Meloni a la entrevista telefónica que le hizo un periodista del canal de televisión italiano La 7 a Trump, y de la que se divulgó sólo la transcripción al italiano. Según ese medio, el presidente estadounidense afirmó sobre Meloni: “En la cumbre del G7 me suplicó que me tomara una foto. Me dio pena”. “¡Seguro que está contenta de que haya hablado con ella! ¡No tenía por qué hacerlo! ¡No sé qué decir! ¡Me rogó que me tomara una foto con ella! Tenía muchísimas ganas de una foto conmigo. No la habría aceptado, ¡pero me dio pena!”, se lee en la transcripción.

Ante estas palabras, Meloni subió un vídeo en sus redes sociales en el que afirma: “No sé por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus aliados. Además, no es la primera vez que ocurre”. “Solo puedo decir que lamento que no muestre la misma determinación con los enemigos de Occidente, con los enemigos de Estados Unidos, con unos líderes con los que se muestra mucho más complaciente”, lanzó.

Durante el G7 Meloni había afirmado que su relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no había cambiado y achacó sus últimas desavenencias al “carácter fuerte de ambos” en la defensa de sus intereses.

“Yo no he notado nuestra relación cambiada. No ha habido entre nosotros recriminaciones ni hemos hablado de lo que ha sucedido. Donald Trump y yo tenemos un carácter fuerte y ambos somos líderes que defienden con determinación el interés nacional”, afirmó en una rueda de prensa al final de la cumbre del G7 en la localidad francesa de Évian. “Nosotros no necesitamos aclarar nada cuando no estamos de acuerdo con algo”, añadió

Durante la cumbre pudo verse a Meloni charlar en varias ocasiones con Trump después de los varios encontronazos que ambos, antiguos aliados, han protagonizado a cuenta sobre todo de la guerra en Irán y de los ataques del estadounidense al papa León XIV.

Con información de EFE

Un hombre fue detenido tras arrollar a varios peatones en la ciudad italiana de Módena y después apuñalar con un cuchillo a un transeúnte que trataba de impedir su huida del lugar.

El atropello dejó al menos siete heridos graves, cuatro de ellos en estado muy grave, según afirmó el diario italiano La Repubblica. El medio también citó a testigos que explicaron que el conductor iba a una elevada velocidad y que se llevó por delante a unas diez personas de forma aparentemente deliberada.

Las imágenes muestran al coche con la trompa completamente destrozada ya que colisionó con una tienda de la Via Emilia Centro. De acuerdo a La Gazetta di Modena, el alcalde, Massimo Mezzetti, acudió al lugar de los hechos y explicó que una de las personas heridas, una mujer, quedó aplastada entre el coche y el escaparate. “Probablemente tendrán que amputarle ambas piernas”, afirmó.

El alcalde explicó que el sospechoso, que también resultó herido, está siendo interrogado por la policía. El detenido, según Il Corriere della Sera, tiene unos 30 años y nació en Bérgamo de padres marroquíes, aunque se crio en Módena.

Una nueva figura emerge como potencial rival de Giorgia Meloni en el campo progresista de Italia, mientras el país se prepara para elecciones en 2027 y la primera ministra está en la cuerda floja tras perder un referéndum clave para su Gobierno. Es la alcaldesa de Génova, Silvia Salis, una excampeona de lanzamiento de martillo que llegó a competir en los Juegos Olímpicos. Tras asumir la alcaldía de esta ciudad del norte italiano hace apenas un año, ahora es vista para muchos cómo un perfil idóneo para liderar la oposición de centroizquierda, en un contexto en que los partidos contrarios a Meloni siguen negociando formar una coalición.

La derrota en el referéndum sobre la reforma de la Justicia de marzo fue el primer gran revés para Meloni de la legislatura. Desvaneció su aura de invencibilidad desde que asumió el poder en 2022, y esto se ha notado en los sondeos. Por primera vez, el bloque de fuerzas opositoras supera por una ligera ventaja a los partidos de la coalición de la líder ultraderechista. Es aquí donde la figura de Salis gana peso por su estilo renovador de hacer política y comunicarse, que algunos expertos ven como puntos clave para que se postule como antítesis a Meloni. 

En los últimos tiempos, la popularidad de Salis –de 40 años– se extiende a nivel nacional. El masivo evento a ritmo de tecno que organizó en abril en Génova ilustra la imagen moderna con la que se promociona en una urbe con uno de los índices más altos de población anciana de Italia. En el país, muy envejecido, muchos creen que hace falta sangre nueva en política, también entre partidos centristas e izquierdistas contrarios a la líder ultraderechista. La oposición, casi incapaz de hacerle sombra, busca unirse en un frente común para destronarla. El campo largo juntaría al Partido Demócrata (PD), Movimiento 5 Estrellas (M5S) o Alianza Verdes-Izquierda, y podría incluir más fuerzas como Italia Viva, del ex primer ministro Matteo Renzi, de línea centrista.

Aun así, no se alcanzó aún un pacto final de unidad ni se acordó quién será cabeza de lista. Esto podría dirimirse en unas primarias pendientes de concretarse. Por el peso de sus partidos, se perfilan como contendientes la secretaria del PD, Elly Schlein, y el líder del M5S, Giuseppe Conte, aunque ninguno goza de consenso ni agrado generalizado. Es ahí cuando apareció el nombre de Salis como posible candidata, al tener un perfil transversal. 

Entre sus admiradores está Renzi, quien precisamente saltó a la jefatura de Gobierno en 2014 tras crearse una imagen pública como alcalde de Florencia. “Creo que las primarias se harán y espero que Silvia Salis participe junto a Elly Schlein y Giuseppe Conte. Aún queda un año”, declaró Renzi en abril, acelerando el debate en torno a la posibilidad de que Salis salte a la política nacional, aunque ella apenas lleva un año como alcaldesa de Génova.

Del deporte de élite a la política

Salis se dedicó gran parte de su vida al deporte de élite. Fue campeona de lanzamiento de martillo en Italia y participó en los Juegos Olímpicos de Londres y Pekín. Tras retirarse, fue vicepresidenta del Comité Olímpico italiano. Candidata independiente, sin relación previa con el aparato político tradicional, irrumpió en política cuando se presentó a la alcaldía de Génova en 2025. Ganó con una coalición de fuerzas centristas e izquierdistas para cambiar el rumbo de la ciudad, gobernada los años previos por un ejecutivo afín a Meloni.

Para muchos, ha dado un soplo de aire fresco a ciertos modos anticuados de hacer política en Italia. Muestra un estilo de comunicación directo con presencia activa en redes sociales, apertura a los jóvenes y voluntad de conexión con sectores alejados del mundo político institucional. Su acercamiento a la juventud –tema de peso en Génova, afectada por la emigración juvenil– quedó patente el 11 de abril, cuando subió con unas estilosas gafas de sol al escenario de Piazza Matteotti, en el centro de la urbe. Su consistorio acogió un evento al más puro estilo rave de la famosa DJ belga Charlotte de Witte, con unos 20.000 asistentes y notable impacto mundial.

Salis también apoyó las movilizaciones por Palestina que el último año tuvieron Génova como punto neurálgico. Ahí está el puerto más grande del país, y la lucha activa de sus estibadores se centró en respaldar la Global Sumud Flotilla, bloquear los buques con armas para Israel y promover varias huelgas sin precedentes en Italia. “No solo pedimos una Palestina libre, sino que decimos Stop al Genocidio”, dijo Salis en una marcha por Gaza en 2025, entre críticas por la actitud tibia y poco contundente de Meloni ante las acciones israelíes en la Franja.

Madre de un niño de dos años y esposa del director de cine Fausto Brizzi, Salis se considera feminista. Pide reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres, apoyar a las clases medias, combatir la evasión fiscal y establecer un salario mínimo por ley, inexistente en Italia. También respaldó los empleados de la antigua ILVA, la empresa siderúrgica más grande del país, en dificultades económicas y con una planta de peso en Génova. 

Creo que tendrá una estrategia a largo plazo que madurará en dos o tres años, sin buscar obtener el liderazgo de inmediato

Lorenzo Castellani — Profesor de historia política en la Universidad LUISS de Roma

“¿Qué clase de trabajo es ese que ni siquiera te permite pagar el alquiler?”, decía en una entrevista en abril la alcaldesa, que rehúye también ciertos planteamientos más asociados a la izquierda alternativa. Esto hace que genere simpatías entre sectores centristas o izquierdistas moderados, que ven en ella la imagen de una gestora eficiente y disciplinada por su carrera previa como deportista de élite y cargo de peso en el comité olímpico.

Para Lorenzo Castellani, profesor de historia política en la Universidad LUISS de Roma, la exatleta gana adeptos entre el progresismo moderado porque este espacio tiene “un vacío” de líderes de hace años. “En cierto modo, a Salis se la identifica con este sector, y se la considera una de sus potenciales protagonistas para los próximos años por sus capacidades comunicativas, su historia y apariencia general”, dice el docente a elDiario.es. 

Próxima parada, ¿elecciones de 2027?

La edil de la sexta ciudad más grande de Italia y capital de la región de Liguria rechazó por ahora presentarse a primarias, pero dijo sentirse halagada por la atención que recibe y no cerró la puerta a erigirse como líder de consenso si se lo pidieran. “Ante una petición unificadora, no puedo decir que no lo consideraría, esto sería mentir”, aseguró en una reciente entrevista con la agencia de noticias Bloomberg.  

Muchos analistas opinan que aún es pronto para que salte a primera línea, y no creen que busque concurrir a comicios en 2027, pero sí perciben que apunta alto de cara al futuro. Según Castellani, “le conviene esperar sin quedar muy expuesta”, ya que ahora no obtendría apoyo del PD ni del M5S. “Creo que tendrá una estrategia a largo plazo que madurará en dos o tres años, sin buscar obtener el liderazgo de inmediato”, añade. 

Según la prensa, Salis contrató como consultor a un antiguo asesor de imagen de Renzi, y es una figura de moda que combina glamour y progresismo, siendo incluso entrevistada y copando portada en la revista Vanity Fair. Todo ello levantó también suspicacias entre críticos, que alertan que el espacio de centroizquierda más reformista realiza una calculada operación mediática para aupar a Salis como líder del sector anti-Meloni. 

Ella defiende que vestir ropa de marca como Giorgio Armani o calzado de la firma de lujo Manolo Blahnik –por lo que fue criticada en medios y redes sociales– no es incompatible con promover políticas de izquierda. “Para menospreciar a la persona, sobre todo cuando es mujer, no se fijan en sus méritos, sino en cómo viste”, lamentó. “No hay nada de malo en comprar con tus propios recursos lo que más te gusta”, agregó Salis, que defiende posturas favorables a la comunidad LGTB y la legitimidad de tener valores progresistas sin renunciar a su identidad como católica practicante o madre casada en el marco de un matrimonio heterosexual clásico.

“Soy madre, católica, casada y heterosexual, pero no creo que el mío sea el único modelo o mejor que el de otros”, remarcó la alcaldesa, que ha registrado a hijos de parejas del mismo sexo en el Ayuntamiento, en oposición a la idea de familia tradicional que defiende Meloni y a sus políticas hostiles hacia el colectivo LGTB.

“Centrada únicamente en Génova”

A consultas de elDiario.es, el portavoz de Salis alegó que estos días no tiene tiempo de atender a este medio. “En este período está centrada únicamente en Génova”, dice. La ciudad, antigua potencia marítima medieval, acumula problemáticas que ilustran también las deficiencias estructurales del conjunto de Italia, entre ellas un declive industrial profundo, envejecimiento de población o la existencia de infraestructuras precarias. Esto se evidenció en 2018, cuando el derrumbe de un puente causó la muerte de 43 personas. 

Al ser aún su primer año en el poder, muchos ciudadanos viven lo que el periodista genovés Matteo Macor denomina como “luna de miel” con Salis. “La ciudad está aún bastante enamorada de su figura. Es joven, habla un lenguaje nuevo, se dirige a los jóvenes y organiza eventos para reapropiarse de espacios como las plazas”, comenta a elDiario.es este reportero del periódico La Repubblica que cubre la actualidad política de la ciudad.

“Ha buscado rejuvenecer la narrativa de la ciudad y es muy querida, pero tiene algunos frentes abiertos que la podrían poner en dificultad. Génova es una ciudad caótica, con valles estrechos y llena de obras y tráfico. Los próximos meses serán probablemente cuando los problemas lleguen a un punto crítico”, indica Macor. Según agrega, será quizás entonces cuando la ciudadanía calibre con más detalle su gestión de la urbe, un elemento que podría condicionar también el potencial ascenso de Salis al más alto nivel de la política italiana.

Tras más de un año de firme alianza fraguada por su sintonía personal e ideológica, la relación de Donald Trump con Giorgia Meloni se resquebraja. La falta de apoyo italiano a la ofensiva de EE.UU. contra Irán y los ataques del republicano al papa León XIV fueron la gota que colmó el vaso esta semana, derivando en un choque entre ambos dirigentes y duros reproches del magnate a la primera ministra italiana. Todo ello desató una tormenta política en torno a la líder ultraderechista, que se tuvo que alejar del que fuera su gran aliado.

Italia, afectada económicamente por el conflicto en Medio Oriente por el aumento de los precios de la energía, tiene una opinión pública cada vez más reacia a las guerras que sacuden el mundo. Esto hace que los estrechos lazos con dos socios clave como EE.UU. e Israel no sean tan beneficiosos para Meloni, que buscará revalidar su liderazgo en los comicios previstos para 2027.

La primera ministra irá a las urnas tras varias señales de alerta, como la reciente derrota en un referéndum para reformar la Justicia, en el que más del 50% de los votantes rechazaron su propuesta. Ante ello, algunos expertos señalan que Meloni está reconsiderando sus posturas y lazos en política exterior, enfriando sus vínculos con Washington y el Estado judío, tras anunciar también esta semana la suspensión de la renovación automática del acuerdo de defensa de Italia con Israel.

'Puente' entre EE.UU. y la UE

Meloni fuehasta hace muy poco una de las principales aliadas de Trump en Europa. Se ofrecía para hacer de ‘puente’ o enlace entre EE.UU. y la Unión Europea y abogaba por el diálogo entre países europeos y Washington para reforzar el frente occidental en el marco de la Alianza Atlántica. Sin embargo, el martes vio cómo el magnate estadounidense la criticaba sin tapujos en una entrevista telefónica con el diario italiano Il Corriere della Sera, después de que la primera ministra tachara de “inaceptables” las declaraciones de Trump contra el Papa, una figura casi intocable en la católica Italia, a la que las instituciones del país reservan un profundo respeto.

“Ella es inaceptable”, arremetió Trump, en un ataque directo a Meloni, con la que aseguró que no habla desde hace tiempo, achacándole la falta de respaldo de Italia en la ofensiva lanzada contra Teherán el pasado 28 de febrero. “Es inaceptable porque no le importa que Irán tenga el arma nuclear y que volaría Italia por los aires en dos minutos si tuviera la oportunidad”, agregó el mandatario. También aseguró estar “en shock” por la postura de la dirigente ante la guerra. “Pensaba que tenía valor, pero me equivoqué”, asestó. “Ya no es la misma persona”, añadió el magnate, afirmando que la que era hasta hace poco su estrecha aliada “es muy diferente de lo que pensaba”. 

Tras sus comentarios, Meloni no respondió y no alimentó la polémica. Fuentes de su oficina aseguraron a la prensa local que no esperaban una reacción tan dura y concretaron que no tuvo contacto directo con Trump desde el inicio de la ofensiva sobre Irán. Aun así, los contactos diplomáticos entre ambos países continúan, sus Gobiernos se comunican por vía de sus órganos de Exteriores y ninguna parte prevé rebajar las relaciones, pese a que todo ello hizo correr ríos de tinta en la prensa y la televisión italianas.

“Trump-Meloni, el divorcio”, escribió este miércoles en su portaba el diario La Stampa. Por su parte, La Repubblica destacaba que el dirigente estadounidense “se distancia de Meloni”, mientras el diario romano Il Messaggero, próximo al Vaticano, habló de “ruptura”. Con todo, este sí parece el fin del idilio político entre ambos líderes, que exhibían exquisitos vínculos, una alianza que Meloni defendió como un valor añadido para Italia, pero que hizo que fuera acusada de “servilismo” a EE.UU. por parte de la oposición.

Un divorcio lento

Para muchos expertos, esa relación especial con Trump perjudicó a Meloni en la consulta popular sobre la reforma judicial de marzo, en la que se impuso el NO. El resultado se leyó como un voto de rechazo a la primera ministra, que hasta entonces había mantenido cierto consenso interno.

Para Alfredo Luis Somoza, profesor de Cooperación Internacional en la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán, la distancia entre Meloni y Trump es fruto “de un divorcio preparado en el tiempo” y “la primera fractura” se dio cuando Italia no se unió a la Junta de Paz para Gaza promovida por la Administración estadounidense. A ello, más allá del recelo de la población italiana a las acciones de EE.UU., “se suma que el mundo industrial y exportador del país está muy preocupado por los aranceles de Trump, que perjudicó a ciertos ámbitos como el sector del vino”.

A juicio de Somoza, “lo que está habiendo es un reposicionamiento global de Italia, que ahora se alinea mucho más con la posición de Europa respecto a temas como la independencia hacia EE.UU. o el rechazo a la guerra”, mientras que Meloni probablemente tiene en cuenta otros factores como “el pésimo resultado electoral en Hungría de Víktor Orbán”, otro referente de la ultraderecha en el viejo continente que fue respaldado por Trump.

Era muy difícil que Meloni pudiera seguir haciendo de escudero a Trump tras atacar al papa

Carlo Tombola — Investigador del observatorio The Weapon Watch

En un país polarizado como Italia, donde los partidos opositores de centro-izquierda suelen criticar con dureza a la coalición gobernante encabezada por Meloni, los ataques de Trump generaron reacciones de apoyo al Gobierno poco habitual. “Quiero expresar mi absoluta condena por el ataque a la primera ministra, Giorgia Meloni, por haber expresado debidamente solidaridad con el papa León”, dijo entre los aplausos de su bancada en la Cámara de Diputados Elly Schlein, líder de la principal formación opositora, el Partido Demócrata (PD). “Italia es un país libre y soberano. Nuestra Constitución es clara: Italia repudia la guerra, y ningún jefe de Estado extranjero puede atacar, amenazar o faltar el respeto a nuestro país o gobierno”, destacó Schlein, apoyando en público a Meloni.

Desde que Trump volvió a la Casa Blanca en enero de 2025, las señales de cercanía entre Meloni y su Administración eran múltiples. Fue la única mandataria de la UE presente en la toma de posesión del republicano. Poco antes, fue recibida en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, donde pidió ayuda a EE.UU. en el caso de Cecilia Sala, periodista italiana detenida entonces en Irán. También se mostró conciliadora en asuntos que crearon fricciones con la UE, como la imposición de aranceles, asunto en el que intentó mediar entre las partes.

Pese a los problemas de la economía italiana –con alto déficit y estancada desde hace décadas–, Meloni también aceptó la exigencia de EE.UU. a los países de la OTAN de llegar a un 5% del PIB en el gasto en defensa. A principios de este año, tras la intervención ilegal de Washington en Venezuela, apoyó con matices el secuestro de Nicolás Maduro y aseguró que esperaba que Trump ganara algún día el Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, el alineamiento con Washington se hizo menos claro a medida que el presidente de EE.UU. desestabilizaba el escenario internacional con sus amenazas de hacerse con el control de Groenlandia o el comienzo de la ofensiva contra Irán junto con Israel.

El rechazo de Meloni a la guerra

Meloni rechazó la guerra, se negó a involucrarse en ella al considerarla “fuera del derecho internacional” y dijo que sólo permitiría que las bases militares de EE.UU. en Italia se usaran para funciones logísticas, no ofensivas. Aun así, Carlo Tombola, analista e investigador del observatorio sobre armamento The Weapon Watch, duda de que el ejército estadounidense cumpla con este requisito ante la opacidad sobre sus actividades en las 47 instalaciones que tiene en suelo italiano. Desde estos puntos se registran “miles de vuelos al año, una cifra muy grande, lo que implica que las bases sean usadas operativamente, no sólo para la logística”, aseguró Tombola a elDiario.es.

Para el experto, Trump “es ahora un socio peligroso” y Meloni se aleja “para mitigar el daño” que le puede causar en Italia, donde el magnate es cada vez más impopular. “En el futuro, tendrá que ver si su postura respecto a Trump se vuelve más rígida” y culmina con un reposicionamiento real de su alianza, aunque aún es pronto para saberlo.

“Era muy difícil que Meloni pudiera seguir haciendo de escudero a Trump tras atacar al papa”, dijo Tombola. En su opinión, “la función de Meloni como ‘puente’ entre Europa y EE.UU. fue muy sobrevalorada, más bien fruto de la propaganda”. “Quiso otorgarse un papel para sí misma ante sus votantes y exageró, ya que Italia no es una potencia que pueda imponer sus propias condiciones”, agregó.    

La primera ministra busca un cambio de rumbo en política exterior en un contexto en el que EE.UU. e Israel son socios cada vez menos fiables y más impopulares. Para Tombola, la suspensión del acuerdo de defensa con el Estado judío que Meloni anunció este martes va en esa línea y es un gesto “más simbólico” que práctico, orientado a alejar su figura de un Gobierno al que no criticó con dureza por el genocidio en Gaza –lo que hizo que en 2025 hubiera masivas protestas y huelgas en Italia, en las que Meloni fue acusada de ser cómplice de Benjamín Netanyahu–.

“El pacto con Israel, cuyo contenido es secreto, se renovaba automáticamente cada cinco años y ahora se ha suspendido su renovación, pero no ha trascendido nada más”, alertó Tombola, que concluye que Meloni busca distanciarse “del torbellino de problemas” que supone mantener ciertos lazos con EE.UU. e Israel. 

Si alguien conoce los entresijos de la ultraderecha neofascista de Italia, este es Paolo Berizzi, uno de los periodistas que investigó con mayor detalle la extensa red de grupos ultras del país. El reportero del diario La Repubblica paga ya un precio muy alto por su trabajo: desde 2019 vive con escolta por amenazas de muerte ultraderechistas. Pese a las trabas, persiste en una ardua tarea de más de dos décadas de ir detrás de fuerzas posfascistas como Fratelli d’Italia, partido de Giorgia Meloni, pero también de movimientos neonazis, nostálgicos de Benito Mussolini, ultras del fútbol y otros grupos de la extrema derecha extraparlamentaria.

Uno de estos es CasaPound, el movimiento de más peso en el neofascismo italiano de este siglo. Fundado en 2003, tras la ocupación de un edificio estatal en el centro de Roma pendiente aún hoy de desalojo, el grupo extendió por toda Italia una ideología ultra basada en la mezcla de un discurso de estilo antisistema junto a la promoción del llamado “fascismo del tercer milenio”. La estrategia cruzó fronteras e inspiró otros grupos como el español Hogar Social. Un tribunal de Bari, ciudad del sur, ha condenado a 12 miembros de CasaPound por intentar reorganizar el partido fascista. El fallo llegó tras años de litigio por una agresión contra manifestantes izquierdistas en 2018 y aplica por primera vez en el siglo XXI una ley de los 50 que veta los intentos de reconstruir la disuelta formación que marcó el régimen de Mussolini.

Berizzi publicó en otoño Il libro segreto di CasaPound (El libro secreto de CasaPound) —editorial Fuoriscena, sin edición en castellano—, una obra que se adentra en lo más interno y desconocido del grupo gracias a las revelaciones de un veterano militante descontento. Entre ellas, aborda los lazos de Meloni con sus miembros, destapa su red de financiadores, y revela el organigrama interno o los conflictos entre sus líderes. También entra en detalles sobre el recurso a la violencia como método, la rígida jerarquía y dinámicas sectarias del grupo, así como los campos de adiestramiento o los ritos paganos que el grupo solía celebrar.

Según Berizzi, no había tal nivel de filtraciones sobre un grupo neofascista italiano desde los años 70. Eso creó mucha expectación. El libro estuvo entre los 10 ensayos más vendidos del país durante meses y ya va por su sexta edición, después de que CasaPound intentó impedir sin éxito su publicación por vía legal. El periodista, que se declara firme antifascista en un país donde la ultraderecha busca rescribir el pasado, cree que esto es un triunfo ante un grupo que vino actuando sin fuertes presiones de las autoridades, y que ahora debería ser totalmente disuelto por sus ideas contrarias a las bases de la democracia parlamentaria.

Pagó en carne propia las consecuencias de investigar el fascismo y vive con escolta. ¿Qué supone esto?

Ya son siete años bajo protección policial. Es como una jaula física y psicológica, una vida en suspenso. Me muevo en coche blindado y debo comunicar mis movimientos con mucha antelación. Por un lado, me permite seguir trabajando con seguridad, pero no puedo hacer lo de antes, como infiltrarme en actos o manifestaciones de ultraderecha para realizar investigaciones. Ser el único periodista de Europa en esta situación es un triste récord, y una señal reveladora del clima de extremismo y violencia política del país. No se lo deseo a nadie.

¿Sigue recibiendo intimidaciones y amenazas?

Sí, las cosas empeoraron estos siete años. Las amenazas se volvieron recurrentes, sistemáticas, casi diarias. La mayoría es a través de redes sociales. Estoy en el punto de mira de una platea de odiadores, casi todos ligados a siglas y grupos derechistas. Paso mucho tiempo en los tribunales por causas abiertas por amenazas de muerte, difamaciones, ataques de grupos neofascistas o de ultras del fútbol. Tengo 16 procesos abiertos en varias cortes del país.

CasaPound existe hace más de dos décadas y ha tenido cambios en estos años. ¿Cuál es su peso actual en el país? 

Tiene mucho menos peso que años atrás, cuando tenía mucha más influencia. Llegó a tener 140 sedes en todo el país. Hoy tiene menos de la mitad. También tenía muchos más miembros, pero hubo disputas entre sectores de la organización y algunos se marcharon. El primero de ellos fue Simone de Stefano (quién fue secretario nacional y cara visible del grupo), que se llevó consigo a muchos militantes. Aun así pese a su espiral descendiente, sigue siendo el movimiento que tiene la hegemonía entre los grupos de la galaxia negra italiana.

¿La llegada de Meloni al poder en 2022 ha contribuido al declive de CasaPound?

En parte, sí. Desde que Fratelli d’Italia —una fuerza posfascista de ultraderecha— forma Gobierno y Meloni lo lidera, los grupos neofascistas se quedan casi sin función, porque sus batallas y reivindicaciones son impulsadas por el principal partido de gobierno. Pero también gracias a este clima político, a Meloni y su partido, los fascistas en Italia vuelven a levantar la cabeza. CasaPound y otras organizaciones se sienten protegidas, legitimadas y desestigmatizadas. Ya no tienen pudor ni vergüenza en declararse fascistas.

La actual primera ministra de Italia tuvo relaciones privadas muy estrechas con miembros de un grupo neofascista, extremista y subversivo

En el libro habla de los lazos estrechos del pasado entre Meloni y miembros de CasaPound.

Sí, no solo de Meloni, sino de otros exponentes de Fratelli d’Italia, como Ignazio La Russa —actual presidente del Senado—, viceministros cómo Andrea del Mastro, que es subsecretario de Justicia, o Paola Frassinetti, subsecretaria de Educación. La fuente también cuenta las relaciones de Meloni con otros miembros de primer rango de CasaPound, lo que incluyó relaciones sentimentales con dos de ellos. Uno fue Alessandro Giombini, quien estuvo entre los que ocuparon el edificio de Roma que es la sede central del grupo, donde aún reside.

¿Todo ello muestra la cercanía ideológica y los vínculos históricos entre CasaPound y Fratelli d’Italia?

Meloni y La Russa dicen que son grupos distantes entre sí, pero mienten. Mi fuente resalta los nexos entre ambas organizaciones, que más allá de lazos personales, incluyen colaboraciones, apoyos e intercambios de invitaciones a fiestas y eventos. Se me dijo que esto eran chismes, pero me parece interesante que se sepa que la actual primera ministra de Italia tuvo relaciones privadas muy estrechas con miembros de un grupo neofascista, extremista y subversivo, recientemente condenado por intentar reconstruir el partido fascista.

¿La estrategia de CasaPound hoy es presionar desde las calles al Gobierno con posturas aún más ultras?

Sí, busca introducir propuestas más extremas en la agenda del Gobierno, ante lo que ve como políticas demasiado moderadas. Hace años que CasaPound decidió no presentarse más a las elecciones, y ahora practica el entrismo desde la oposición extraparlamentaria. Esto significa incidir en los partidos de la actual coalición, a los que intenta imponer sus propios temas, y uno de ellos es su iniciativa para impulsar la remigración.

¿En qué se basa este proyecto?

CasaPound, junto a otros tres grupos neofascistas, lidera una campaña para un proyecto de ley que prevé la repatriación de migrantes, también regularizados. Es un tipo de deportación de base étnica, que remite un poco a las leyes raciales que ya sufrió Italia. Con esta campaña, el grupo logró relanzar su imagen parcialmente. Hasta ahora recogió más de 100.000 firmas. Su meta es llegar a 250.000 o 300.000, y llevar la proposición al Parlamento. Si lo consigue, se deberá ver qué partidos le apoyan y cómo actúa Fratelli d’Italia en todo ello.

En el libro, su fuente da detalles e identidades de las personas que han financiado a CasaPound estos años.

Sí, por primera vez revelamos quiénes son sus financiadores, algo que nunca se logró saber antes. La fuente dio una lista con nombres de 70 personas que contribuyeron económicamente al grupo. Es como una crème de la crème de militantes o simpatizantes VIP. Hay directivos, empresarios, abogados, docentes universitarios o diplomáticos. No son activistas de base, sino gente bien situada en la sociedad civil. No daban grandes sumas ni millones de euros; estas aportaciones no eran declaradas y se recababan en cenas para recaudar fondos.

Habla también de un embajador.

Sí, de Mario Vattani, embajador italiano en Japón, conocido como el “cónsul fascista del rock”, porque cuando era cónsul tocó con su banda neofascista en un evento de CasaPound entre saludos romanos y cruces célticas. Entonces, el Ministerio de Exteriores lo suspendió temporalmente, pero no solo no fue castigado, sino que acabó siendo promovido a embajador. Otro de los financiadores es un general de la Aeronáutica Militar, Paolo Pappalepore, aún activo en Roma, una señal de que el apoyo a CasaPound está en el propio núcleo del Estado.

Somos la única democracia en Europa cuya fuerza gobernante proviene de un partido descendiente del fascismo

¿Cómo interpreta la reciente sentencia judicial contra CasaPound?

Es un fallo histórico y pionero. Por primera vez, CasaPound es condenada por intentar reconstituir el partido fascista usando métodos escuadristas. Espero que esto lleve a la disolución del grupo, hay motivos para ello. Es una sentencia de primera instancia, pero con esto ya se podría emitir un decreto gubernamental que disuelva la organización, porque es un peligro para el orden democrático, como queda implícito en el fallo.

¿Cree que el Gobierno se plantea la posibilidad de disolverla?

El Gobierno podría disolver el grupo basándose en la sentencia actual, pero no creo que lo haga. Este Ejecutivo está vinculado a la herencia histórica fascista cultural e ideológicamente. Somos la única democracia en Europa cuya fuerza gobernante proviene de un partido descendiente del fascismo. CasaPound debería ser disuelta porque es una guarida de fascistas, y se trata de restaurar la legalidad, pero no veo que haya voluntad política.

CasaPound ocupó su sede central en Roma en 2003. ¿Por qué aún no ha sido desalojada? El Gobierno sí lo ha hecho recientemente con otros centros sociales históricos de izquierda en Milán o Turín.

En el libro revelamos todos los secretos del edificio, como quién vive ahí y qué se hace en su interior. Es como si hubiéramos entrado en él. Ciertamente, no está habitado por familias pobres, sino por sus líderes. Mientras el Gobierno sigue desalojando centros sociales, ateneos y espacios donde viven personas con grandes dificultades económicas, es incomprensible que aún no desalojara a CasaPound. Creo que es el grupo neofascista que ha sido más protegido por el Estado. Ocupa un inmueble estatal desde hace más de 22 años.

El edificio, en un lugar clave del centro de Roma, es el punto simbólico del grupo fundador.

Sí, es su sede política y hogar. Decenas de militantes y líderes viven ahí gratis con sus familias, a expensas de los italianos. Ocuparon un edificio público enorme del Ministerio de Educación, en una zona donde los alquileres están entre 1.500 y 2.000 euros al mes. Ahí también hospedan a camaradas de paso por Roma. En su momento, la ocupación fue un salto de calidad para la actividad política, imagen y propaganda de CasaPound.

El grupo ha tenido mucho tirón entre los jóvenes. ¿Qué los atrae a la ultraderecha?

CasaPound rejuveneció el aspecto del neofascismo italiano, antes asociado a cabezas rapadas, chaquetas bomber o botas. Propuso una nueva estética que iba a la moda: gorra, sudadera, zapatillas de diseño y marca de ropa propia de CasaPound, Pivert, propiedad de uno de sus líderes. La organización fue a ocupar espacios juveniles, con un modelo de comunidad. Su sección juvenil, Blocco Studentesco, entró en escuelas e institutos, lo que ha reducido la edad media de los activistas ultraderechistas. Ocupó también espacios de la extrema izquierda.

La violencia es también clave en la razón de ser de CasaPound. ¿Se ha guiado siempre por ello?

Que es un grupo violento lo han confirmado numerosas sentencias judiciales. La fuente del libro lo deja claro: la violencia es la base de CasaPound, practicada externamente contra periodistas y antifascistas, y en menor medida contra inmigrantes y miembros de la comunidad LGTBQ. También transmite un mensaje violento de odio, opresión, violencia y supresión de derechos, que son las características típicas del fascismo.

¿Italia hizo limpieza del legado de Mussolini?

Yo diría que no. Italia, 80 años después de la liberación del fascismo, aún se enfrenta a este fenómeno. No se trata del fascismo histórico de la camisa negra, el aceite de ricino, la porra y los escuadrones fascistas, pero sí ha regresado una forma de impulso fascista con una visión de la sociedad que es la que interpreta el actual Gobierno, que pretende restringir derechos y libertades a los ciudadanos con un giro autoritario. Creo que el país nunca se liberó de la sombra del fascismo, y que hay muchos más nostálgicos de lo que pensamos.

Este viernes arrancan en Italia los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina. Tras años de preparativos y una inversión millonaria, el país se pone en el centro del mapa mundial de los deportes invernales. Pero el evento se ve también marcado por críticas de grupos de la sociedad civil y la oposición, que denuncian medidas “inaceptables” del gobierno de Giorgia Meloni para aumentar la financiación de un certamen con altísimos sobrecostos. Esto incluyó el desvío de 43 millones de euros inicialmente destinados a víctimas de la mafia, la usura y femicidios, un dinero reasignado a cubrir gastos de los juegos a través de un polémico decreto-ley.

“Este dinero, en un principio asignado a víctimas de violencia mafiosa o huérfanos de femicidios, fue desviado para cubrir costos de los juegos”, en concreto a sufragar gastos de las fuerzas de seguridad desplegadas en las olimpíadas, cuenta Elisa Orlando, miembro de Libera, principal red asociativa contra la mafia y la corrupción en Italia. El grupo lidera desde mayo de 2024 la campaña Open Olympics 2026, una iniciativa para la supervisión cívica de los juegos que arrojó investigaciones en profundidad sobre el evento, en que denuncia opacidad por parte de los organizadores, falta de datos clave para conocer su costo real, retrasos en la construcción de muchas obras y riesgos de infiltración mafiosa. También cuestiona la utilidad de muchas infraestructuras y alerta del alto déficit para el erario público que todo ello puede acarrear.

El malestar escaló especialmente en junio de 2025, cuando el Ejecutivo de Meloni promovió el llamado Decreto-Ley Sport, el paquete de medidas en que integró el desvío de los 43 millones. Este dinero era parte de una partida presupuestaria asignada al fondo de solidaridad para víctimas del crimen organizado, de usura y extorsión mafiosa, así como a hijos de mujeres asesinadas en femicidios.

Ante ello, la reasignación del dinero creó indignación entre grupos antimafia y feministas. La norma entró en vigor en julio, tras ser aprobada por la mayoría de Gobierno en la Cámara de Diputados, donde hubo un intenso debate en que fuerzas de la oposición de centroizquierda protestaron y presentaron enmiendas. Pese a ello, no pudieron evitar la validación del decreto, que derivó los fondos a cubrir gastos de equipamiento y alojamiento de las fuerzas de seguridad, con unos 6.000 agentes desplegados in situ entre el 6 y 22 de febrero, las dos semanas en que durarán los Juegos Olímpicos, repartidos en tres regiones distintas del norte italiano.

Este dinero, en un principio asignado a víctimas de violencia mafiosa o huérfanos de femicidios, fue desviado para cubrir costos de los juegos

Elisa Orlando — Libera

Libera lo consideró una maniobra “inaceptable, dictada por un mero cálculo político, carente de toda lógica de protección a las víctimas”. Los 43 millones desviados son una cantidad muy pequeña en relación con el costo total de los juegos, pero la entidad ve preocupante que el Gobierno decidiera quitarlos a los afectados por problemas tan incrustrados en Italia como la mafia, los femicidios o la extorsión mafiosa, aún muy presente.

La condena también vino de otra asociación antimafia, La Tazzina de la Legalità, con raíces en la región de Calabria, el feudo histórico de la ‘Ndrangheta, una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. “Aquel fondo no era un superávit cualquiera, sino una conquista de 2018 tras batallas civiles y parlamentarias que aseguraba 12 millones al año para servicios esenciales como asistencia médico-psicológica, becas de estudio o reembolso de gastos sanitarios para huérfanos” de femicidios. Según añadió, “eran recursos vitales para familias golpeadas por dramas irreparables”, lo que muestra, según ellos, cómo el Gobierno “traiciona a las víctimas”.

En 2018 se aprobó una ley que, aparte de las medidas señaladas por Tazzina de la Legalità, incluía asistencia jurídica gratuita o incautación de bienes del autor de un femicidio para indemnizar a los hijos de la víctima. Esto implicó añadir una partida de 12 millones anuales destinada a huérfanos de femicidios que se incluyeron en el fondo para víctimas de la mafia, usura y extorsión mafiosa. “Sin embargo, ante los Juegos Olímpicos, todo queda relegado a un segundo plano”, denuncia Libera, en línea con las críticas de los partidos opositores.

Según Laura Boldrini, diputada del centroizquierdista Partido Democrático y expresidenta de la Cámara de Diputados entre 2013 y 2018, la medida fue “una decisión pésima a nivel ético, como si el Gobierno dijera que las olimpíadas valen más que las personas en situación frágil” a quién iban destinadas las partidas del fondo.

Ante las críticas, Matilde Siracusano, diputada del partido Forza Italia —socio del ejecutivo de Meloni— y subsecretaria de relaciones con el Parlamento, alegó que el dinero reasignado era una cantidad del fondo que no se gastó y que por ello podía derivarse a otra función. “Se da un mensaje distorsionado. No se quita ningún recurso. Es un remanente que no se usa para gastos fútiles, sino para equipamientos y alojamientos de la policía”, justificó en representación del Gobierno sin convencer a las fuerzas de la oposición en la Cámara.

Con ello, el Gobierno mostró “una distorsión de prioridades y una señal muy negativa para la legalidad”, denuncia Boldrini, que protestó por ello. Días antes se aprobó “por unanimidad” un decreto que introdujo la categoría de femicidio en la ley. Con ello, se rediseñó el delito para incluir la pena de cadena perpetua para quién mate a una mujer. “Pero dos días después, el Gobierno quitó los fondos a las víctimas. Fue una decisión inmoral”, dice Boldrini. “La responsabilidad del Gobierno era hallar otros fondos y no dejar sin ellos a personas vulnerables”, critica la diputada, que interpuso una enmienda que fue rechazada.

Otro que lo intentó fue el jefe de grupo del Movimiento 5 Estrellas en la Cámara, Francesco Silvestri, que presentó otra alegación tumbada. “Tomar dinero para víctimas de la mafia y derivarlos a los juegos es la imagen exacta de la lucha del Gobierno contra el crimen organizado”, poco fructífera, asegura el diputado, también crítico con “los costos gigantescos” de las Olimpiadas, mucho más elevado de lo previsto en un inicio. En el dossier de candidatura de 2019, la partida destinada a seguridad era sólo de 26 millones, pero el Decreto-Ley Sport terminó asignando 271 millones a este ámbito, entre ellos los 43 tomados del fondo para víctimas.

“Todo esto me parece extraño. Cuando se hace una planificación económica puede haber desviaciones de unos pocos millones, pero se corrigió todo al alza. Esto significa que alguien hizo los cálculos mal o que hay algo en el mecanismo que no funciona”, señala Silvestri. También alerta del riesgo de infiltraciones mafiosas en las obras públicas de los juegos, un tema sobre el que también advirtió Libera.

“Los grupos mafiosos están presentes en el norte de Italia desde hace mucho”, sobre todo la ‘Ndrangheta, “con gran necesidad de lavar dinero” y capacidad de obtener contratas de todo tipo. Según Silvestri, esto hace que sean plausibles las opciones de que empresas con lazos mafiosos obtengan subcontrataciones de obras olímpicas, como ya sucedió en la Exposición de Milán de 2025. Por ahora, las autoridades aplican un férreo escudo antimafia que hasta ahora les llevó a excluir a 56 compañías con vínculos con el crimen organizado.

También arrestaron a dos hermanos de Roma vinculados a los ultras del Lazio, los Irrudicibili, que intentaron controlar la distribución de drogas en Cortina d’Ampezzo, uno de los epicentros de los juegos, que acoge competiciones como el esquí alpino femenino, curling o disciplinas de deslizamiento sobre hielo como bobsleigh. Para este deporte se alzó de cero una instalación que costó unos 118 millones de euros, un gasto colosal para una estructura que podría dejarse de usar tras los juegos, con potencial déficit anual de 600.000 euros, según Libera. Igual que los Juegos Olímpicos de Invierno de Turín de 2006 y ediciones celebradas en otros países, hay edificios que podrían quedar abandonados tras la competición, resalta la entidad.

El presupuesto inicial de 1.360 millones de euros aumentó a casi 6.000. De estos, 3.400 se destinan a infraestructuras a menudo no vinculadas a necesidades deportivas

Libera

Los juegos se celebran en esta ocasión en varios puntos de las regiones de Lombardía, Trentino-Alto Adigio y Véneto. Inicialmente, “se presentaron cómo un evento a costo cero para economía y medio ambiente”, pero “problemas graves” cuestionan su sostenibilidad, agrega Libera. Uno de ellos son los costos, al menos cuatro veces más altos del previsto: “El presupuesto inicial de 1.360 millones de euros aumentó a casi 6.000. De estos, 3.400 se destinan a infraestructuras a menudo no vinculadas a necesidades deportivas”, añade la asociación.

Libera pidió más transparencia a la Fundación Milán-Cortina, ente organizador de los juegos con presencia del Comité Olímpico Italiano y las regiones o municipios anfitriones. Otro actor clave es SIMICO, la sociedad pública encargada de la ejecución de infraestructuras olímpicas, con participación principal del Estado.

Según Orlando, la campaña Open Olympics identificó que “sólo un tercio de las obras previstas son esenciales para el desarrollo de los juegos, mientras los otros dos tercios son infraestructuras” sin conexión directa con ello, lo que hace plantear si su construcción es “en beneficio de los territorios” o alimenta un ciclo especulativo de explotación del suelo y urbanización con posibles daños “a ecosistemas frágiles” como el de las montañas. “El 57% de obras sólo terminará cuando los juegos estén acabados”, en algunos casos en 2033, lo que incluye carreteras y vías de tren, y sólo el 43% de infraestructura está lista para el evento, concluye Orlando.

Un deslizamiento de tierra causado por intensas lluvias provocó el colapso de viviendas y edificaciones en el pueblo de Niscemi, en la isla de Sicilia, del que uno de sus barrios quedó al borde de una barranca en un incidente que obligó a evacuar a unas 1.000 personas y que mantiene a las autoridades en máxima alerta.

Las impactantes imágenes de edificios suspendidos al borde de un gran desnivel recorren Italia después de que una extensa porción de terreno colapsara tras varios días de intensas lluvias, lo que obligó a evacuar por completo a un barrio entero.

Unas 300 familias fueron reubicadas en otras viviendas y en un centro deportivo de la ciudad, mientras que varias de las principales vías de acceso al pueblo permanecen cerradas y las clases en los centros educativos fueron suspendidas.

“Tenemos un frente de deslizamiento de al menos cuatro kilómetros de largo, y se está ensanchando”, afirmó el alcalde de Niscemi, Massimiliano Conti, según declaraciones recogidas por medios locales, al agregar que “habrá una zona roja donde las familias no podrán regresar a sus hogares”. En este contexto, Conti, responsable de la coordinación del centro de operaciones, advirtió que la situación continúa siendo crítica y podría agravarse en las próximas horas.

El suceso evoca otro deslizamiento de tierra ocurrido en la zona hace 29 años, que dejó decenas de edificios dañados, obligó al desplazamiento de 117 familias y transformó un barrio antes popular en un suburbio.

La isla de Sicilia es una de las zonas más golpeadas por un temporal que puso en alerta a cinco regiones de Italia, casi todas en el sur, y que causó cortes en carreteras y corrimientos de tierra.

El Gobierno italiano de Giorgia Meloni se reúne esta tarde para declarar el estado de emergencia en las regiones de Calabria, Sicilia (sur) y Cerdeña (este), gravemente afectadas la semana pasada por el temporal Harry.

El presidente de la región siciliana, Renato Schifano, informó este lunes a través de un video que “lo importante es la rapidez” y “el compromiso de dar respuestas inmediatas, respetando la ley, a todos aquellos que están viviendo esta tragedia”.

El mandatario regional añadió que estará presente en Roma para asistir al Consejo de Ministros previsto para hoy y “en el que se deliberará sobre la declaración del estado de emergencia”.

En un clima cada vez más hostil para el periodismo independiente, Italia se ve sacudida este mes por una operación que podría reconfigurar de lleno su panorama mediático y que pone en el ojo del huracán a La Repubblica y La Stampa, los principales diarios progresistas y opositores al Gobierno ultraderechista de Giorgia Meloni. Su dueño, la familia Agnelli-Elkann —propietaria de la antigua Fiat, ahora Stellantis— busca vender los activos de su grupo editorial GEDI a Antenna, holding mediático de Theodore Kyriakou, magnate griego cercano a Donald Trump y socio comercial del príncipe heredero saudí Mohamed Bin Salmán.

La operación encendió las alarmas en el personal de ambos diarios, que piden garantías para mantener sus empleos y preservar su línea editorial, mientras muchos alertan de que la venta de estos dos periódicos clave amenaza el pluralismo informativo en un país donde la libertad de prensa está en retroceso (según la última clasificación de Reporteros sin Fronteras, Italia bajó tres puestos en 2025).

“Con el actual Gobierno hay una prensa muy favorable a la derecha, que controla la televisión pública y gran parte de medios, pero la voz de La Repubblica se mantuvo independiente y autónoma”, aseguró Zita Dazzi, miembro del Comité de Redacción y periodista de ese periódico en Milán. Atendió por teléfono a elDiario.es tras salir de la asamblea que los empleados celebran cada día desde que supieron de la negociación para vender el diario. Según Dazzi, más allá del temor a perder la independencia editorial, impera el miedo a los despidos. Ante este escenario, la plantilla de empleados presiona para obtener cláusulas que impidan por contrato que ningún trabajador de GEDI (en total, unos 1.300) sea despedido en los próximos dos años.

Con el actual Gobierno hay una prensa muy favorable a la derecha, que controla la televisión pública y gran parte de medios, pero la voz de La Repubblica se mantuvo independiente y autónoma

Zita Dazzi — Periodista de La Repubblica

Este mes de diciembre, se confirmó la noticia sobre los contactos con Kyriakou para comprar GEDI, uno de los grupos de comunicación líderes de Italia, que posee La Repubblica, La Stampa, la versión italiana de The Huffington Post o las radios Deejay, Capital o M20. John Elkann, heredero de la familia Agnelli y director ejecutivo de Exor (el conglomerado que gestiona su vasto imperio familiar) rechazó la oferta de compra oficial del magnate italiano Leonardo del Vecchio y admitió estar en negociaciones exclusivas con el empresario heleno.

Eso desató un terremoto con implicaciones políticas, ya que La Repubblica y La Stampa son el segundo y tercer diario con más tirada de Italia tras el conservador Il Corriere della Sera, son críticos con el Gobierno de Meloni y tienen peso en la opinión pública, razones por las que no gusta que estas dos cabeceras queden en manos extranjeras, controladas por un magnate de perfil ultraconservador, poco conocido en Italia y del que aún se desconocen sus intenciones exactas.

“Una fuerte amenaza al pluralismo informativo”

“No tenemos claro quién es este magnate griego, pero sí sabemos que es amigo de Bin Salmán o Trump, por lo que no estamos tranquilos”, aseguró Dazzi. “Somos un periódico de izquierda que siempre hizo oposición al poder. Ir de la mano de ultranacionalistas no nos gusta”, agregó. La periodista también teme que se imponga un modelo sensacionalista y de entretenimiento que podría acabar con la identidad de La Repubblica como periódico riguroso.

Ahora hay muchas incógnitas y “todo dependerá de cómo se comporte” el grupo Antenna cuando se confirme la compra. “Aunque sobre el papel parece una fuerte amenaza al pluralismo informativo”, dijo a elDiario.es Alessandra Costante, secretaria general de la Federación Nacional de Prensa Italiana (FNSI), el principal sindicato de periodistas del país, que pide una intervención activa del Ejecutivo para lograr que la empresa se comprometa a respetar el empleo de los trabajadores y la independencia editorial de los medios.

No tenemos claro quién es este magnate griego, pero sí sabemos que es amigo de Bin Salmán o Trump, por lo que no estamos tranquilos

Zita Dazzi — Periodista de La Repubblica

El Colegio de Periodistas de Italia y fuerzas políticas opositoras piden que el ejecutivo adopte el llamado 'Golden Power', mecanismo que le permite intervenir o bloquear operaciones sobre empresas estratégicas para los intereses nacionales. Mientras sigue la negociación, el Gobierno instó a la familia Agnelli a proteger a los empleados afectados, pero no hay indicios de que quiera frenar la transacción. “Si los diarios italianos siguen en manos italianas, será mejor para todos”, admitió días atrás el vicepresidente de Meloni y ministro de Exteriores, Antonio Tajani. “Sin embargo, a menos que se infrinja la ley, será el mercado quién decida”, agregó, señalando que el gobierno no pretende intervenir. 

De materializarse la adquisición, será la primera vez que un conglomerado extranjero compre un grupo de medios de prensa escrita italiano de tal dimensión, lo que, para Costante, es otra señal de la “gravedad” de la situación en este sector. La oposición también mostró preocupación: “Nos encontramos ante la venta a una entidad extranjera que no ofrece garantías de empleo, perspectivas de futuro, calidad ni pluralismo informativo”, dijo Elly Schlein, líder del Partido Democrático —el principal de la oposición—. En su opinión, eso podría “debilitar o desmantelar un bastión fundamental de la democracia, basado en diarios que marcaron la historia del periodismo italiano”.

Una familia griega con negocios en medio mundo

Kyriakou lidera una dinastía familiar de armadores navieros griegos, con empresas financieras, inmobiliarias o medios de comunicación. Calificado por algunos como “el Berlusconi de los Balcanes”, a través de Antenna controla 37 canales de televisión de pago y gratuitos, dos servicios de streaming, dos emisoras de radio y medios digitales. Es propietario de ANT1 TV, uno de los principales canales de Grecia, y su negocio se extiende por Reino Unido, EEUU, Australia o países del golfo Pérsico. Según informaciones aparecidas en la prensa, su compra de GEDI es un primer paso para acceder al mercado italiano y expandirse en televisión, ya que tiene interés en cadenas de peso en el país como Sky Italia o La7 —este último canal, de línea progresista—.

En el ámbito político, el magnate griego tiene conexiones con el mundo conservador y es miembro del think tank Atlantic Council, que en 2024 otorgó a Meloni el premio Global Citizen Award. En mayo de 2025, estuvo entre los invitados en la cena ofrecida por el emir de Qatar a Trump en Doha, como parte de su gira primera gira por Oriente Medio. Según el diario griego To Vima, Kyriakou habló en privado sobre negocios y política con el presidente de EEUU. El empresario también tiene lazos con el príncipe heredero saudí, conocido como MBS, que posee el 30% de las acciones de Antenna a través del Fondo de Inversión Pública del reino (un poderoso instrumento a través del cual Riad invirtió sus petrodólares en todo el mundo).

Estos días, el holding heleno aseguró que su inversión en Italia no incluye la empresa con participación saudí, pero su relación con la dictadura ultraconservadora es un elemento de preocupación añadido en el país transalpino.  

La Repubblica surgió con una identidad muy fuerte, se dirigía a una opinión pública de izquierda y liberal y acompañaba a la generación del 68 en un proceso de modernización del país

Carlo Sorrentino — Profesor de la Universidad de los Estudios de Florencia

Las negociaciones entre GEDI y Antenna están muy avanzadas, y la venta —valorada en unos 140 millones— podría concluir a fines de enero o principios de febrero, tras la fiesta de celebración del 50 aniversario de La Repubblica, que vio muchos cambios desde su fundación en 1976. Surgió “con una identidad muy fuerte, se dirigía a una opinión pública de izquierda y liberal y acompañaba a la generación del 68 en un proceso de modernización del país”, dijo a elDiario.es Carlo Sorrentino, profesor de Sociología de los procesos comunicativos en la Universidad de los Estudios de Florencia.  

Según Sorrentino, el diario cambió a medida que esta generación se disipó, a lo que se sumó la asunción de una línea más moderada, aunque sigue siendo símbolo de un modelo progresista que sus empleados quieren conservar. Como parte de sus acciones, los trabajadores de La Repubblica secundaron la huelga general en Italia del 12 de diciembre, mientras que los de La Stampa pararon rotativas un día antes. Ambas plantillas prevén más movilizaciones en las próximas semanas, incluida la opción de volver a declararse en huelga.

Falta de transparencia

También denuncian falta de transparencia en el proceso de venta. “Todo se negocia en la oscuridad, no hay nada oficial. Pedimos reunirnos con Kyriakou muchas veces, pero se esconde y solo envía comunicados desde la empresa de publicidad que contrató”, comentó Dazzi. Agregó que los empleados de La Repubblica (de unos 600) esperan aclaraciones por parte del empresario sobre posibles recortes drásticos que podrían conllevar cierres de sus ediciones locales.

En la ciudad de Turín, capital de la región norteña del Piamonte, el mayor baldazo de agua fría fue la posible venta de La Stampa, de tendencia liberal, centrista y con profundo arraigo regional. Fundado en la urbe en 1867, el diario estuvo casi siempre en manos de la familia Agnelli desde 1926 y mantiene su base en Turín, pese a su proyección en toda Italia. La ciudad también es cuna de la propia dinastía Agnelli. En Turín fundó Fiat, antiguo gigante automovilístico que aupó la industria italiana, lo que marcó la expansión de la familia en sectores muy variados, desde las finanzas, hasta la construcción o los deportes.

También es propietaria del Juventus, club de fútbol insignia de la ciudad, y este diciembre incluso rechazó una oferta de compra. “La Juventus, nuestra historia y nuestros valores no están en venta”, dijo John Elkann en un mensaje en vídeo, mostrando su compromiso con el club, mientras se le achaca que no haya hecho lo mismo con La Stampa. “Vale para el fútbol, pero no para nuestro periódico y sus más de 150 años de historia. Se puede vender fácilmente, sin ni siquiera molestarse en entender a quién”, denunció el Comité de Redacción del periódico.

Según trascendió, Antenna adquirirá La Stampa como parte de su compra del conjunto de GEDI, pero su interés apunta sobre todo a las radios del grupo y no querría mantener la propiedad del medio turinés. Ante ello, ya se busca otro comprador, lo que genera aún más incertidumbre entre sus empleados. Según Sorrentino, es un duro golpe para un diario vinculado históricamente a la burguesía industrial del norte, “paradigma de periódico de difusión regional” con arraigo a nivel local, un modelo cada vez menos rentable, mientras la crisis del sector periodístico italiano se agrava.

El gobierno de Giorgia Meloni enfrenta este viernes una huelga general convocada por sindicatos de base en rechazo a lo que denominan una “economía de guerra”. La protesta se dirige contra el proyecto presupuestario 2026 —aún pendiente de ratificación parlamentaria—, que aumenta de forma inédita el gasto militar, al tiempo que ajusta servicios públicos como salud y educación.

“El Gobierno alimenta una economía de guerra que debilita a los trabajadores y a los servicios públicos”, advirtió la Unión Sindical de Base (USB), una de las organizadoras. La protesta comenzó el jueves por la noche y se extenderá durante toda la jornada del viernes. Afecta transporte público, trenes, puertos y servicios estatales, aunque sin el respaldo de los sindicatos mayoritarios, que convocaron una medida propia para el 12 de diciembre.

Desde 2020, el gasto militar de Italia creció un 60%, pasando de €8.000 millones a €13.000 millones. Para 2026, el desembolso previsto es de casi €34.000 millones, lo que implicaría un aumento de más del 45% respecto a 2017. La meta, impulsada por la OTAN y respaldada por Estados Unidos, es llevar el gasto al 5% del PBI en una década, con un 3,5% para defensa convencional y 1,5% para seguridad.

El presupuesto también destina €130.000 millones a nuevos sistemas de armas y €9.000 millones en infraestructura militar para los próximos 15 años. Las compras incluyen armamento a Alemania, Estados Unidos e Israel, y han generado preocupación por la falta de transparencia y el vaciamiento del control democrático sobre las decisiones de defensa.

Francesco Vignarca, de la Red Italiana Paz y Desarme, alertó que invertir en armas da menos retorno económico que hacerlo en educación o salud. Subrayó que la industria armamentista representa menos del 1% del PBI italiano, y que gran parte de la producción y empleo se concentra en el exterior, incluso en filiales de firmas italianas como Leonardo.

La huelga también expresa solidaridad con el pueblo palestino y exige que Italia rompa relaciones con Israel, aplique un embargo militar y cese las entregas de armas. Asimismo, los sindicatos reclaman el fin del apoyo militar a Ucrania. “Salimos a bloquearlo todo contra el rearme”, afirmó Francesco Staccioli, dirigente de USB.

Italia no tiene un salario mínimo legal y los salarios reales están por debajo de los niveles de 1990. El sindicato CUB señaló que el presupuesto no contempla subas salariales ni inversión suficiente en vivienda pública, mientras los alquileres y el costo de vida se disparan. En paralelo, la edad de jubilación se estira a 67 años y tres meses a partir de 2027.

JJD

En plena carrera armamentística en Europa, este año el gobierno de Giorgia Meloni hizo peripecias para adaptar a Italia al aumento de gasto militar demandado por la OTAN y Donald Trump, el gran aliado al que no quiere defraudar. El ejecutivo hizo maniobras contables para llegar al 2% del PIB en defensa en 2025 y se comprometió a alcanzar el 5% en una década. Esto es un reto añadido para la fatigada economía italiana, uno de los países con mayor deuda pública de la UE, donde muchos ven el rearme como una amenaza al estado del bienestar. 

Ante ello, la protesta escalará el viernes con una huelga general convocada por sindicatos izquierdistas y de base, contrarios a un modelo que creen que lleva a Italia a derivas militaristas. También se oponen al plan presupuestario de 2026, aprobado por el Gobierno y pendiente de ratificación parlamentaria. Según los sindicatos, este prevé aumentar el gasto militar a niveles inauditos, y potencia la austeridad en un sistema público depauperado, donde la educación o la sanidad salen perdiendo.

“Cada euro gastado en armas es un euro quitado a sanidad, escuelas, pensiones y seguridad social. El Gobierno alimenta una economía de guerra que debilita a los trabajadores y a los servicios públicos”, asegura en un comunicado la Unión Sindical de Base (USB), una de las convocantes de la huelga. Pese a ser minoritaria, esta tiene fuerza en sectores como el portuario, y ganó peso al ser líder de las huelgas contra la ofensiva israelí sobre Gaza que en septiembre y octubre sacudieron Italia. De hecho, la huelga de este viernes incluye entre sus principales motivos la causa palestina. Los sindicatos piden que Italia rompa relaciones con Israel, aplique un embargo militar y deje de contribuir a su “economía de genocidio”. También exigen el cese de entregas de armas a Ucrania, mientras Italia prepara el envío de su duodécimo paquete de ayuda militar a Kiev.  

Se va hacia una militarización marcada por los intereses del complejo militar-industrial. La compra de armas de Italia subió un 60% en los últimos cinco años. Tenía un valor de 8.000 millones hace cinco años, y ahora está en 13.000 millones. Es mucho

Francesco Vignarca — Red Italiana Paz y Desarmamento (RIPD)

El paro laboral arrancará este jueves por la noche y se alargará hasta la noche del viernes. Al no sumarse los sindicatos mayoritarios –entre ellos CGIL, que convocó su propia huelga para el 12 de diciembre–, no se prevé seguimiento masivo, pero puede afectar el sector público y privado, la circulación de trenes o buses, el sector aéreo o portuario y más servicios. “El Gobierno aumenta drásticamente el gasto en compra y producción de armas, apunta al sector bélico como única solución, mientras salarios y pensiones pierden poder adquisitivo y las desigualdades sociales, la precariedad y el trabajo mal pagado crecen”, denuncia UBS. 

En Italia, un país con una importante opinión pública de tradición pacifista, el impulso armamentístico no afectó por ahora a la estabilidad de la coalición de Meloni, pero la oposición y detractores cuestionan este giro. 

“Se va hacia una militarización marcada por los intereses del complejo militar-industrial. La compra de armas de Italia subió un 60% en los últimos cinco años. Tenía un valor de 8.000 millones hace cinco años, y ahora está en 13.000 millones. Es mucho”, dice Francesco Vignarca, miembro de la Red Italiana Paz y Desarmamento (RIPD) y analista de Milex, observatorio independiente que supervisa el gasto militar italiano.

Las cifras que está alcanzando Italia son “un récord histórico”, remarca el experto. Según sus cálculos, para 2026 prevé un desembolso total de casi 34.000 millones de euros en armas, tecnología y equipamiento militar. Esto marca un aumento de más del 45% en casi una década. En 2017, el gasto fue de 23.377 millones, por lo que la subida es pronunciada y el Ministerio de Defensa quiere mantener las inversiones al alza, en línea con la OTAN.

En los próximos 15 años, Italia destinará al menos 130.000 millones a nuevos sistemas armamentísticos y 9.000 millones en infraestructura militar, según Milex. La entidad también denuncia una creciente falta de transparencia y critica que la documentación oficial es cada vez menos accesible. “Italia consolida una política de rearme estructural que consumirá recursos públicos por décadas sin un nivel adecuado de control democrático”, advirtió el observatorio este pasado octubre.

A diferencia de España, que rechazó abiertamente el dictado de la OTAN de llegar al 5% del PIB en gasto militar, Italia mostró tímidas reservas a ello por su delicada situación económica, pero terminó acatando la estrategia atlantista con un acuerdo que aplicará gradualmente a diez años vista. En este, la meta de alcanzar el 5% se distingue en un 3,5% reservado a gasto militar y defensa convencional, y un 1,5% destinado al ámbito de seguridad.

Según Meloni, puede servir cómo vía de crecimiento en un contexto global volátil y afectado por crisis diversas, como las derivadas de los conflictos de Ucrania y Oriente Medio. Tras la Cumbre de la OTAN de La Haya en junio, la mandataria aseguró que el incremento de gasto en defensa “no quitará ni un euro a los italianos”, sino que fomentará “una política económica expansiva que genera recursos”, actividad productiva y empleo. 

Sin embargo, para Vignarca, este impulso “solo alimenta los beneficios de la industria armamentística, que aumentó mucho sus ganancias estos años”. A diferencia de Meloni, ve “imposible” que el plan pueda darse sin recorte de gasto público. “Italia es un país con mucha deuda, no puede endeudarse más. Esto implica subir impuestos o recortar de otras partes. Puede afectar infraestructuras, sanidad, educación y otros sectores”, alerta el analista.

En su opinión, este giro tampoco potenciará el tejido industrial del país: “La producción de armas representa menos del 1% del PIB de Italia. Es residual, pero aun así se está yendo hacia los intereses armados”, critica. Según agrega, muchas empresas a las que Italia hace pedidos son extranjeras, y si son italianas, tienen mucha producción fuera del país. Entre ellas está el coloso Leonardo, participada por el Estado, productora de equipamiento militar y aeroespacial, y uno de los principales exportadores de material bélico a Israel. “Tiene la mitad de sus empleados en Reino Unido y mucha producción en EEUU. Todo ello figura en sus cuentas, pero no es valor producido en Italia ni son puestos de trabajo italianos”, indica Vignarca.  

También destaca que en esta legislatura liderada por Meloni, “muchas de las adquisiciones fueron del exterior”. Se compró a la empresa alemana Rheinmetall, a compañías de EEUU como Lockheed Martin —productora de los aviones F-35—, o a productores de Israel, como las potentes Rafael o Elbit Systems. “El papel de las empresas israelíes crece: Italia aprobó al menos 600 millones de euros en compras a Israel esta última legislatura y en 2024 el valor de autorizaciones para importaciones militares israelíes se quintuplicó en relación al año previo”, concreta Milex. 

“El camino hacia las armas ni siquiera es óptimo a nivel económico. Muchos estudios muestran que invertir en armamento da menos rendimiento que hacerlo en escuelas, sanidad o energías renovables”, argumenta Vignarca, favorable a revertir la tendencia, quién alerta sobre las consecuencias de todo ello a largo plazo. 

Saldremos a bloquearlo todo contra el rearme. No nos hacemos ilusiones con pararlo por completo, pero esperamos tener amplio seguimiento en la huelga

Francesco Staccioli — secretario general de USB para puertos y transportes

Los sindicatos convocantes de la huelga del viernes se expresan en una línea similar. Para la Confederación Unitaria de Base (CUB), el gobierno fomenta un modelo de economía de guerra que “hace extremadamente críticas las condiciones materiales de los trabajadores”, y su plan presupuestario “no prevé ninguna medida concreta para aumentar los sueldos”. 

Italia es uno de los pocos países europeos sin un salario mínimo marcado por ley, y el único Estado de la UE donde los salarios reales son inferiores a los de 1990, un estancamiento al que se sumó la ola inflacionaria de estos años. “El aumento del costo de la vida es una lacra que azota la economía de millones de personas”, indica CUB, que asegura que el gobierno tampoco gasta lo suficiente en vivienda pública, mientras los alquileres suben a precios “sin precedentes” en la historia moderna del país. 

Para los sindicatos, otro problema es el control de la UE para contener el alto déficit de Italia, de más del 3%. Según USB, esto implica recortes en servicios y gasto social, pero no incluye el gasto militar, ante lo que exige que la sanidad o educación no estén sujetas a limitaciones presupuestarias. 

“Mientras, los precios siguen subiendo, los salarios siguen estancados y las pensiones se reducen año tras año. Se trabaja más, se gana menos y se vive peor”, dice el sindicato, que pide establecer un salario mínimo por contrato de al menos 2.000 euros mensuales, y una pensión mínima de 1.500. En el país, la edad de jubilación se va retrasando —a partir de 2027 será a 67 años y tres meses—, y con un envejecimiento pronunciado, unos 16 millones de habitantes son pensionistas.

En este contexto, la reconversión hacia lógicas militaristas también está presente en otros sectores. Según una fuente implicada en gestión de proyectos de investigación con fondos de la UE para empresas italianas, la entrada de compañías de defensa es cada vez más patente, lo que ilustra cómo un sector orientado al desarrollo civil transita hacia funciones con óptica de seguridad o ligadas al rearme. “De ello se benefician empresas de desarrollo tecnológico digital e industrial, ciberseguridad, ámbito espacial o telecomunicaciones”, dice la fuente, que pide mantenerse en el anonimato. “Italia ha respondido metiéndose plenamente en línea con todas estas políticas”, concluye.

“Saldremos a bloquearlo todo contra el rearme. No nos hacemos ilusiones con pararlo por completo, pero esperamos tener amplio seguimiento en la huelga”, sentencia a este medio Francesco Staccioli, secretario general de USB para puertos y transportes, que apela a aprovechar la actual ola movilizadora para seguir ejerciendo presión a Meloni. 

En junio de 2024, Giorgia Meloni invitó a Javier Milei a la reunión del G7 en Italia. Era la segunda vez que se veían. Los abrazos, las reuniones privadas y las declaraciones de trabajo conjunto derivaron en una interpelación del Senado a la presidenta del Consejo de Ministros italiana.

En Argentina, el encuentro no llamó la atención, pero los acontecimientos que se desarrollaron a partir de este sí despertaron gran interés: diez días más tarde, Italia solicitó la detención con miras a la extradición de Leonardo Bertulazzi, un genovés exmiembro de la organización armada Brigadas Rojas que desde hacía 20 años vivía en Buenos Aires con estatus de refugiado. En agosto de ese mismo año, el Gobierno argentino anunció su detención tras retirarle el estatus de refugiado.

Finalmente, la Corte Suprema confirmó la extradición el pasado 1 de julio de 2025 y Bertulazzi, que estaba en arresto domiciliario, fue detenido minutos después en un nuevo operativo en su casa y enviado a prisión. Sin embargo, la decisión del alto tribunal no ha aclarado la situación sobre el estatus de refugiado del detenido, lo que complica la operación de Milei y Meloni.

Bertulazzi había sido detenido en Italia en 1977 por un accidente con explosivos junto a otros compañeros de la organización. Después, en ausencia, lo acusaron por el secuestro del empresario naviero Pietro Costa, basados en declaraciones de arrepentidos que no habían participado en el hecho. Pasó dos años detenido y luego fue liberado.

Salió del país en 1980, pasó una década en Centroamérica y luego otra en distintos países de Sudamérica. En 2001 ingresó en Argentina y en 2002 fue arrestado en Buenos Aires por una solicitud de extradición de Italia que, bajo el Gobierno de Silvio Berlusconi, revivió la búsqueda de miembros de las organizaciones armadas de los años 70 y 80.

No sabía que en su ausencia, un tribunal genovés lo había juzgado y condenado a 27 años de prisión por “asociación subversiva o ilícita, secuestro extorsivo y falsificación de documentos”. Si bien no se lo acusó de ningún delito de sangre, el argumento fue que el botín del secuestro de Costa se había utilizado para la logística del secuestro del primer ministro Aldo Moro en 1978, que terminó asesinado mientras Bertulazzi estaba preso.

La petición de extradición inicial fue inmediata, pero no pudo avanzar porque la justicia argentina consideró que no había podido ejercer su derecho a defenderse en el juicio que lo condenó y, en cambio, le reconoció el estatus de refugiado bajo el amparo de la Convención Internacional y el Comité de Elegibilidad para los Refugiados (CEPARE) —luego convertido en CONARE—.

Bertulazzi pasó los siguientes 20 años viviendo en el barrio porteño de San Telmo. Durante ese tiempo, estuvo muy cerca de conseguir la extinción de la pena, y de hecho lo logró, hasta que una nueva oleada de la derecha gobernante en Italia se valió de su encarcelamiento en Argentina para frustrar el intento.

“La sucesión de hechos no deja dudas: acá hubo un pacto espurio que hicieron Milei y Meloni como parte de una alianza mayor de la ultraderecha internacional. Vemos cómo levantan la bandera de la lucha antiterrorista y anticomunista para pasar por encima de las leyes internacionales y destruir el derecho al refugio en Argentina”, denuncia a este diario Rodolfo Yanzón, reconocido abogado querellante en las causas por delitos de lesa humanidad de la última dictadura militar en su país (1976-1983) que ahora representa a Bertulazzi.

Presión política

La reciente detención de Bertulazzi se festejó a los dos lados del Atlántico: en Italia, el ministro de Justicia, Carlo Nordio, y en Argentina, la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, expresaron la satisfacción de sus gobiernos y alentaron la extradición inmediata. Mientras tanto, el presidente Milei avanzó en las modificaciones legales necesarias para concretar la expulsión de Bertulazzi.

En septiembre de 2024, Milei cambió por decreto la composición de la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) para incluir un representante del Ministerio de Seguridad en la dirección, algo inédito para ese organismo. En octubre, también por decreto, modificó la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado, en particular los requisitos para otorgar el estatus de asilo. Con esto, el trámite de extradición que se había iniciado en junio a petición de Italia consiguió vía libre de parte de la misma jueza que en 2003 había fallado en contra de la extradición. La decisión llegó en julio de este año

Se trata de la jueza federal María Romilda Servini. “Con Néstor Kirchner como presidente, había rechazado la petición de extradición. Con Javier Milei, se desdijo de sus argumentos y la aceptó. En 2003, el argumento central para conceder el refugio fue la imposibilidad de defenderse en un juicio en ausencia. ”Un juicio basado en los testimonios obtenidos de dos arrepentidos bajo tortura, uno de los cuales luego se desdijo“, explica el abogado de Bertulazzi.

“¿Por qué hoy Servini se desdice? Es inexplicable en términos jurídicos. Esto sólo se puede leer como presión política”, opina Yanzón, que juzga igual la confirmación del fallo de Servini por parte de la Corte Suprema de Justicia: “A los cuatro días de recibir el expediente, casi como para dejar en evidencia que no se tomaron el trabajo de leerlo, resolvieron dar vía libre a la extradición. Es todo una barbaridad”.

El abogado agrega que, de todas formas, “todo el proceso de extradición avanzó de modo irregular, porque tanto la ley de extradición como la de refugio dicen que si el pedido es sobre una persona que tiene estatus de refugiada no debe tener trámite. Y acá la justicia le dio trámite ilegalmente”.

El Gobierno argentino había llevado el caso al máximo tribunal para habilitar una vía sumarísima para resolver la situación de Bertulazzi y poder extraditarlo inmediatamente. “La jugada no salió del todo bien, porque si bien resolvieron a favor de la extradición, no resolvieron la cuestión de fondo: Bertulazzi tiene refugio y para quitárselo es necesario llevar el caso a la justicia. Entonces, la lectura que queda es que la Corte falló para avalar el pacto Milei-Meloni”, explica el defensor del ex Brigadas Rojas.

El temor era que con esta decisión, el Gobierno argentino subiera a Bertulazzi a un avión y lo entregara. “Si eso no ocurrió, no fue porque no quisieran Milei y Bullrich, sino porque ACNUR presentó una nota en cancillería en la que advirtió que estaba mirando el caso y su preocupación por la situación de Bertulazzi, que cuenta con refugio bajo amparo de la Convención Internacional”.

Por eso y por lo resuelto por la Corte Suprema, para concretar la extradición es necesario que un juzgado defina el estatus de Bertulazzi. Ese proceso podría llevar años, explican fuentes judiciales. Por eso, organismos y referentes de Derechos Humanos solicitaron que Bertulazzi volviera a la prisión domiciliaria, que tuvo desde septiembre de 2024 hasta el 1 de julio de 2025 —cuando otra vez fue detenido con un gran operativo en su casa—. Esta semana, a petición de la Cámara de Casación Penal argentina, Bertulazzi está de nuevo en prisión domiciliaria.

En sus argumentos, el titular de Casación, Alejandro Slokar, sostuvo que encarcelarlo fue arbitrario, ya que “la protección de refugiado que le fue otorgada en 2004 sigue vigente”. Además, el juez había advertido que Servini “no valoró de manera adecuada la totalidad de la evidencia médica” y remarcó la posibilidad de que Bertulazzi pudiera sufrir otro ACV (accidente cerebrovascular) en prisión: el genovés pasó ocho semanas en una celda de la Policía Federal Argentina durmiendo en un colchón en el suelo, junto a otros cuatro detenidos, sin luz natural, con un baño sin agua dentro y sin lugar para caminar.

El lunes 25 de agosto Servini dio a conocer el fallo en el que acepta los argumentos de Casación y devuelve a Bertulazzi al arresto domiciliario.

Pacto entre ultraderechas

Para los organismos de derechos humanos, tanto la condena dictada en Italia —en un juicio en ausencia— como el dispositivo policial desplegado en Argentina constituyen graves violaciones del derecho internacional. “Bertulazzi no está acusado de ningún delito de sangre y goza del estatus de refugiado a pesar de los intentos arbitrarios del Poder Ejecutivo por desmantelar los principios fundamentales de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, que garantiza la protección a quienes son perseguidos por razones políticas”, denuncian en una carta varias organizaciones de derechos humanos y ciudadanos argentinos y de otros 12 países de América Latina y Europa.

“La convención de Ginebra sancionó el principio del 'non refoulemen' o no devolución. Esto no es letra chica, es el muro que protege vidas frente a la diplomacia de conveniencias. Si lo derribamos, no solo traicionamos a Leonardo: quebramos la confianza en todo el sistema de protección internacional. El caso Bertulazzi no es un expediente más; es una prueba viva de si nuestra palabra vale algo o si termina, empapada y rota, como papel mojado”, señala la misiva.

“Desde nuestra convicción de defender el derecho al refugio e impedir un Estado de Derecho en el que la justicia sea utilizada como instrumento de persecución política, expresamos nuestro más enérgico repudio a esta decisión y exigimos su inmediata revisión”, dice a elDiario.es Diego Morales, director del área de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), uno de los organismos de Derechos Humanos más reconocidos de Argentina. El CELS participó en la solicitud de audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que denunció hace unas semanas que “los derechos de los refugiados en Argentina están en riesgo”.

“El caso Bertulazzi es trascendente para la agenda de los organismos de Derechos Humanos”, remarca Morales, que describe como “totalmente agresiva” la posición del Estado Argentino en la audiencia. “La CIDH se mostró preocupada, pero no va a intervenir mientras esto no pase a una extradición ilegal”.

El escritor italiano Roberto Saviano, desde hace años bajo protección policial por sus libros sobre la mafia, consiguió este lunes confirmar la condena de un capo de la Camorra y de uno de sus abogados que lo amenazaron hace casi dos décadas. El investigador celebró el fallo como “el más importante” de su vida.

El Tribunal de Apelación de Roma confirmó la condena a un año y medio de prisión al exjefe del clan de los Casaleses, Francesco Bidognetti, y de un año y dos meses para su abogado, Michele Santonastaso, según confirmaron a EFE fuentes próximas al juicio.

Los imputados estaban acusados de amenazar públicamente a Saviano y a la periodista y exsenadora del Partido Demócrata Rosaria Capacchione durante una vista judicial en el 2008. La sentencia, que revalida la de primera instancia de 2021, fue recibida con aplausos en el aula del tribunal romano y con el llanto del escritor que denunció los tejemanejes internos de la Camorra en best sellers como Gomorra (2006), obligándolo a vivir protegido.

Las amenazas fueron dirigidas a Saviano y a la periodista en una audiencia del 'Juicio Spartacus', que sentó en el banquillo a decenas de miembros del sangriento clan camorrista de los Casaleses y terminó condenando a la cadena perpetua a Bidognetti. Sin embargo, durante el proceso, su abogado, Santonastaso, leyó en público una declaración de sus representados mafiosos en la que intimidaba a los informadores y a la Fiscalía.

Por esa razón, en este juicio se personaron como acusaciones particulares la Federación Nacional de la Prensa Italiana (FNSI, por sus siglas en italiano) y el Colegio de Periodistas.

Saviano publicó este lunes un artículo en Il Corriere della Sera en la que avanzaba que esta sentencia sería “la más importante de su vida” tras un largo proceso de quince años. “Durante años odié a Bidognetti y a su abogado, convencido de que fueran ellos los culpables de mi condición. Pero, en el fondo, fui yo al no separarme de esta locura. Decidí permanecer, contarlo, resistir”, confiesa.

Saviano, “condenado” a vivir bajo protección policial, aconsejó a quienes quieran seguir investigando sobre el crimen organizado que no lo hagan solos: “Formen una red. No pongan en juego solo su cuerpo. No sean ilusos”, advierte.