“Todas nos enamoramos de nuestra gorda”, dice Leticia García. Vive en La Pampa y se refiere a la mujer ilustrada en uno de los cinco pósters del proyecto llamado “Cuerpo-Territorio”, que publicó el Instituto de Salud Socioambiental (InSSa) de la Universidad Nacional de Rosario. “Ella es un reflejo de lo que somos las mujeres patagónicas”, asegura. Los pósters representan el Centro, el Noroeste, el Noreste, Cuyo y la Patagonia. Se elaboraron a partir de talleres en los que participaron organizaciones socioambientales, vecinas y vecinos. El trabajo se complementó con bibliografía científica y así se llegó al mapa de la salud socioambiental en Argentina. Muestra cómo impacta el extractivismo en la salud de los cuerpos y de los territorios. Y también da cuenta de las resistencias que se generan para frenarlo.

Leticia García es geógrafa, feminista y profesora jubilada. En la imagen que observa se ve una mujer de piel marrón, con el pelo negro recogido en una trenza, con la nariz baja y ancha, los pezones oscuros, la panza generosa y las rodillas gastadas. Es el dibujo de una mujer-mapa que lleva marcado en su cuerpo los procesos socioambientales de la Patagonia. Este póster incluye la crisis hídrica de La Pampa, la megaminería en Chubut, la explotación de gas en Tierra del Fuego, del carbón en Santa Cruz y el fracking en Río Negro y Neuquén.

Entre otras problemáticas, el póster del Noroeste (Jujuy, Santiago del Estero, Salta y Tucumán) marca la producción de cítricos con agrotóxicos, el monocultivo de caña, el uso de transgénicos y la violencia institucional. El del Centro (Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe) menciona el extractivismo urbano, la caza indiscriminada, la presencia de silos y de antenas de telefonía. El de Cuyo (Catamarca, Mendoza, San Juan y San Luis) destaca la extracción de hidrocarburos, el fracking y la megaminería de litio. Y el del Nordeste (Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa) señala la falta de acceso a la tierra, el monocultivo de pinos y las hidroeléctricas.

La categoría “cuerpo-territorio” es una herramienta de los feminismos decoloniales y de los pueblos indígenas, que vincula la salud de los cuerpos con las problemáticas socioambientales generadas por el extractivismo. El InSSa la usó por primera vez en 2020 para el póster “Cuerpo-territorio”, sobre las problemáticas socioambientales en Sudamérica. Ese primer trabajo fue una forma de abrir los ojos ante un lenguaje que la mayoría del equipo de salud ambiental no trabajaba: el artístico.

“Con estos mapas cuerpo-territorio nos animamos a transmitir información científica y validada de una manera que puede llegar a todo el mundo, sin restricciones. Sentimos que pudimos hacer mucho más asequible y palpable la importancia de la universidad pública y de la ciencia digna para las comunidades”, explica Damián Verzeñassi, director del InSSA.

Después del primer póster surgió la necesidad de mapear los diversos territorios del país. El InSSa impulsó 40 talleres de educación popular, que contó con la participación de organizaciones socioambientales, campesinas e indígenas.

Así se construyeron las cartografías regionales que dan cuenta de “procesos protectores” (organizaciones comunitarias, leyes y ordenanzas, producción agroecológica, áreas verdes, presencia de pueblos originarios). Y también los “procesos malsanos” (déficit de agua, basurales, fracking, megaminería, deforestación y fumigaciones). También incluyen indicadores registrados en cada sitio sobre salud mental, neoplasias (cánceres o tumores) y afectación en la salud respiratoria, endocrina, reproductiva, dérmica y digestiva. Los mapas de cada región se pueden descargar en el siguiente link.

Las voces de los pueblos en la academia

“Este trabajó nos dio una información riquísima sobre lo que ocurre en Argentina. Son cosas que ya conocíamos, pero que habíamos identificado de otra manera. Acá fueron las propias comunidades las que las nombraron. Ese peso es invaluable”, destaca Verzeñassi. Y agrega: “Es clave transmitir un mensaje riguroso en lo científico y en lo académico, pero también de posibilidad de transformación. Incorporar en los pósters los procesos protectores fue también clave porque estamos en un tiempo en el que tenemos la sensación de que hemos perdido”.

Los talleres se hicieron entre 2023 y principios de 2025. Lo que siguió fueron meses de lectura de conclusiones, sistematización de información y sobre todo de búsqueda de referencias bibliográficas y científicas que respaldan/complementan lo que dicen las comunidades. Cada lámina tiene un código QR que permite acceder a esa documentación.

El trabajo fue intenso. Y logró lo que el InSSa buscaba: que lo que dicen los pueblos también lo digan las universidades. “Nos querían científicos de la ciencia normal y positivista. Y ahí tienen. No nos quedamos solo con el arte y con la comunicación en otros lenguajes. También podemos disputar sentido con sus mismas herramientas”, resume Verzeñassi. 

Del territorio al mapa

El taller que Leticia García coordinó en La Pampa, junto a otras cuatro mujeres, se hizo en parte en Santa Rosa y en parte en el oeste de la provincia, cerca de la zona conocida como La Puntilla, región de crianceros de chivos afectada por el represamiento del río Atuel en Mendoza. El primer encuentro fue en diciembre de 2024, en la capital. “En ese taller salió la herida que tenemos en nuestra provincia respecto al despojo de los ríos en el oeste”, cuenta García. Se refiere a los desvíos de los ríos Atuel y Salado para embalses mendocinos en la década de 1960. La mayoría de las y los participantes del taller de la capital desconocía la problemática. Y el tema despertó interés.

“Nosotras no podíamos hablar por la gente del oeste, que es la que sufre las consecuencias de este problema”, recuerda. Estaban seguras de que el póster no podía decir algo que no fuera dicho por los habitantes de esa zona. Lograr que su voz esté presente en el trabajo final fue su apuesta política. Entonces viajaron. 

Organizaron una reunión en los puestos de La Puntilla. “Nos costó bastante porque era juntarse para esto. ¿Y cómo le explicas a un criancero o a una criancera que vamos a hacer talleres de ‘cuerpo-territorio’?”, relata. Al final, asistieron varias familias. La coincidencia fue evidente: en el oeste pampeano los desvíos de los ríos tuvieron un profundo impacto en la biodiversidad y en salud humana, en la historia y en la vida de esos territorios y de quienes los habitan. 

Elaboraron una línea de tiempo de los eventos, desde el represamiento de los ríos al presente, y después hicieron una puesta en común de las consecuencias: la muerte de los animales, la angustia, la migración hacia otros pueblos, el desarraigo y las fumigaciones por la expansión del agronegocio. Y con ellas los problemas en la piel y las pérdidas de embarazo.

A partir del dibujo de una silueta, las coordinadoras del taller propusieron a los puesteros llevar todas esas sensaciones al cuerpo. Pero nadie rompía el hielo. Nadie marcaba al principio dónde duele la venta de los caballos o la muerte de los chivitos. “¿No se animan?”, recuerda García que preguntó, con un fibrón en la mano. “Es como volver a la escuela”, les dijo. Los puesteros la miraron. Y le respondieron: “Nosotros nunca fuimos a la escuela”. 

Después, con una rama de jarilla o de pichana (hierbas típicas del lugar) en la mano, fueron señalando las dolencias del extractivismo, marcando más a la izquierda o a la derecha de ese cuerpo dibujado dónde se representa la fumigación, la pérdida de un embarazo e incluso la llegada tardía de una ambulancia. 

La identidad y la salud

Ana Meza Cruz es antropóloga y vive en Río Turbio, al suroeste de la provincia de Santa Cruz. La localidad se fundó como consecuencia de la actividad minera, encarnada en Yacimientos Carboníferos Río Turbio (ex Yacimientos Carboníferos Fiscales). No es una comunidad a la que llegó la minería, sino que se fue organizando en torno a ella. La migración es constante: el escenario laboral marca la vida del lugar. Y mapear esa historia fue distintivo en el taller Cuerpo-Territorio del sur. 

La propuesta de ese taller fue impulsada por Meza Cruz y por la docente Camila Paillán, que tuvieron el acompañamiento del InSSa en la formación y conformación de los talleres. Localmente, participaron la Agencia de Extensión Rural del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Asociación Civil Te Amo - Cuenca Carbonífera, colectivo de familias neuro divergentes.

La invitación a participar del mapeo fue pública y a pulmón, se difundió por los medios de comunicación locales y por las redes sociales. La reunión se hizo en una cancha de fútbol: un lugar que no marque ningún tipo de posicionamiento, que sea amigable para que se acerquen vecinos y vecinas del lugar. Asistieron jubilados, docentes de escuelas y universitarios, enfermeras, trabajadoras y trabajadores del yacimiento. Los encuentros se hicieron entre octubre y diciembre de 2024.

La primera propuesta del taller fue pensar la vida en Río Turbio desde el momento en que cada uno de los presentes empezó a vivir ahí. Llegaron hasta 1965. En la línea temporal quedó reflejado el paralelismo entre la actividad minera y el desarrollo del pueblo. Y, sobre todo, la trayectoria de lucha obrera. “Pudimos ver que no era sólo una cuestión ambiental, sino también que todo lo que ocurre con las dinámicas laborales interfiere anímica y mentalmente en la comunidad”, resume Meza Cruz. 

La extracción del carbón y el trabajo que genera es la identidad del lugar. “Costó mucho poder nombrar todo lo que estaba vinculado a la empresa y a la salud. Generaba mucha incomodidad porque era cuestionar la fuente laboral, la identidad, la historia de padres, abuelos, las luchas sindicales, las canciones, los murales. Todo está constituido desde ahí”, explica Meza Curz. 

La salud, los cuerpos, parecían al principio una cuestión individual, una cosa de cada uno. Pero la puesta en común trajo la coincidencia. “Pudimos ver que el carbón vuela, que el particulado vuela, que la existencia o no de inversiones afecta a toda la población y no solamente al trabajador. Y que las ansiedades, las angustias, las depresiones, las rupturas familiares se hacen más presentes en este cuerpo común”, asegura. También hubo nuevas preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasa con el agua que toma una comunidad después de 70 años de actividad minera?

Finalmente, los participantes del taller de Río Turbio se encontraron para ver el resultado del encuentro y compartir reflexiones y conclusiones. Esto permitió ver cómo arrancaron y terminaron. Meza Cruz destaca una imagen: las personas con los brazos cruzados en los primeros encuentros, con una actitud casi desafiante. Y al final, esas mismas personas reconociendo las contradicciones, pero sobre todo mirando los mapas, haciendo preguntas, pidiendo que circulen en las instituciones, queriendo saber lo que pasa en otras regiones. 

Profundidad histórica: del quebracho a la soja

Luz Vallejos es antropóloga social, forma parte del colectivo Somos Monte Chaco y fue una de las impulsoras del mapeo cuerpo-territorio en su provincia. En el noreste argentino, el taller duró un día en el que confluyeron 14 organizaciones socioambientales chaqueñas. El encuentro se hizo en Resistencia, la capital provincial.

La característica del taller, destaca Vallejos, fue la profundidad histórica en la que entraron. “La nuestra es una provincia de ‘destino forestal’, porque esa fue la primera actividad extractivista en nuestro territorio. Desde que llegaron los españoles se extrae el quebracho y eso sigue hasta hoy”, resume la antropóloga. En el taller, la diversidad de miradas encontró en la profundidad histórica y en el bosque nativo un punto de unión entre las distintas problemáticas que detectaron. La historia se trazó desde el quebracho al avance del monocultivo de soja, a partir de la década de 1990.

Se detallaron los procesos de urbanización, el desmonte, las fumigaciones, el desarraigo, los problemas en la piel, las afecciones al sistema reproductor femenino, la pérdida del lenguaje de las comunidades originarias. Las problemáticas y las avanzadas extractivistas marcaron también otro hito: la aparición de los colectivos de resistencia. El mapeo significó allí la posibilidad de trazar una línea histórica del surgimiento de los movimientos socioambientales chaqueños.

Cuerpos de mujeres

Una de las características que marca Vallejos es que el taller chaqueño fue impulsado y coordinado por mujeres. Lo mismo se replicó en la mayoría de las experiencias. No fue casual. Tampoco lo fue que las cinco regiones del país están representadas en los pósters por mujeres indígenas y que la identificación de las protagonistas dé una sensación de enamoramiento pero también de bálsamo. Una suerte de así somos, así es el cuerpo que ponemos todos los días.

“Trabajamos epistemológicamente posicionados en la idea de que quien marca la agenda tiene que ser el territorio. Y acá el territorio estaba corporizado en mujeres que lo defienden cotidianamente. También había compañeros varones, pero el fuerte estaba dado por la presencia de mujeres”, señala Verzeñassi. 

La búsqueda de los pósters estuvo en representar a quienes habían activado los cuerpos-territorios, en reconocer la fecundidad de la tierra para la reproducción de la vida, pero también en representar a la mujer que fue a los talleres, que impulsó las asambleas, que comparte el mate, la torta frita y hasta la casa para las luchas. 

Gabriel Keppl estuvo a cargo de ilustrar los pósters. “Él pudo sistematizar y sobre todo sintetizar artística y científicamente todo lo que se está construyendo. Porque esa imagen de cuerpo femenino originario, de cuerpo femenino que habita el territorio, es también una síntesis científica”, destaca.

Los mapas Cuerpo-Territorio están viajando a cada tallerista que participó y lo hizo posible. El impreso en el territorio empieza a ocupar un lugar en el centro de la salud, en las escuelas, en las universidades, en los clubes, en las asambleas populares. Los pósters, el manual para dictar los talleres, la bibliografía y las conclusiones de los encuentros están disponibles y son de descarga gratuita: cualquiera puede hacer su mapa en su comunidad y pensar (y reconstruir) su territorio.

*Esta nota se publicó originalmente en la agencia Tierra Viva aquí.

Enrique Viale, abogado por la Universidad de Buenos Aires y especialista en derecho ambiental, y Alberto Acosta, conomista y político ecuatoriano, publicaron recientemente La naturaleza sí tiene derechos (aunque algunos no lo crean). Editado por Siglo XXI, el libro forma parte de la colección “Otros futuros posibles”, dirigida por Maristella Svampa.

Activistas, jueces del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza y miembros fundadores del Pacto Ecosocial del Sur, los autores presentan una obra de divulgación, que acerca al público amplio la evolución de la historia del pensamiento económico, desde los fisiócratas hasta la actualidad, para luego entrar de lleno en discusiones sobre presente y futuro. A través de ejemplos y propuestas concretas, introducen a los lectores a un paradigma novedoso: los derechos de la naturaleza.

El libro se posiciona claramente contra las visiones pesimistas y lo que los autores denominan “extractivismo intelectual”: una crítica a los “falsos ambientalismos” que evitan discutir de fondo el modelo extractivista imperante, de raigambre colonial. En su lugar, proponen un “Estado diferente”, que permita repensar los modelos productivos, la relación con el ambiente y el reconocimiento de las poblaciones originarias.

El libro no aboga por una “naturaleza intocada”, sino por la integración de distintas cosmovisiones, formas diversas de interacción con el territorio y modelos de desarrollo enfocados en el Sur global. “Se trata de pasar de la economía de la muerte a una economía de la vida”, resume Enrique Viale, en diálogo con elDiarioAR.

—¿Qué significa hablar de derechos de la naturaleza y qué implicaciones tiene?

 —Implica un cambio paradigmático fundamental que afecta teorías económicas, políticas públicas y actividades productivas. Los derechos de la naturaleza no buscan dejarla intocada, sino garantizar sus funciones vitales, su capacidad de regeneración, frente a sistemas productivos destructivos como la megaminería, el fracking y el agronegocio que la devastan. América Latina, marcada por el extractivismo, necesita replantear su modelo económico para lograr justicia ecológica y social. Este paradigma desafía el “consenso extractivista” que perpetúa la pobreza y desigualdad en la región.

 —En el libro mencionan que los derechos de la naturaleza rompen con las bases de la modernidad y proponen una “subversión epistémica”. ¿Creés que la sociedad y sus políticos están preparadas para este cambio?

 —Toda ampliación de derechos ha sido enfrentada con resistencia histórica. Desde la abolición de la esclavitud hasta el voto femenino, cada avance pareció imposible en su momento. El reconocimiento de los derechos de la naturaleza enfrenta ese mismo desafío, pero es una disputa que debemos dar. Romper con el paradigma moderno que separó al ser humano de la naturaleza es esencial, al igual que cuestionar teorías económicas basadas en un crecimiento ilimitado que ignoran los límites del planeta.

 —¿Cómo se vinculan los derechos de la naturaleza con los derechos humanos?

 —Están íntimamente relacionados: cuando el extractivismo viola los derechos de la naturaleza, también atenta contra los derechos humanos de las comunidades locales, especialmente pueblos indígenas y campesinos. América Latina, donde se asesina a un defensor ambiental cada dos días, es un claro ejemplo de cómo el modelo extractivista se impone por la fuerza y reprime la resistencia.

En Argentina, aunque los asesinatos son menos comunes, hay persecución judicial contra quienes se oponen a estos proyectos. Gente común, vecinos y vecinas, enfrentan procesos legales largos y desgastantes solo por defender su territorio. Esto muestra cómo el modelo extractivista se sostiene violando derechos humanos fundamentales, incluso el derecho a la vida.

 —En el libro relacionan el capitalismo expansionista con la perpetuación del extractivismo. ¿Cómo ves esta dinámica en el contexto actual?

—El extractivismo sigue ampliando fronteras, transformando territorios en zonas de sacrificio. Desde el avance del agronegocio sobre bosques nativos en el norte argentino hasta la minería en glaciares, pasando por el offshore petrolero en el Mar Argentino, hasta la explotación del litio en salares o el monocultivo forestal sobre humedales y pastizales, el capitalismo encuentra nuevas formas de dilatar su lógica extractivista bajo distintos pretextos. Esto está ocurriendo también con la transición energética, profundizando desigualdades sociales y ambientales, y perpetuando la acumulación por desposesión.

—En el libro mencionan cómo el derecho de las corporaciones y la división internacional del trabajo, establecidos en el siglo XIX, siguen vigentes hoy. ¿Cómo se vinculan estos conceptos con el modelo extractivista actual?

 —Ya en el siglo XIX, Estados Unidos le otorgó derechos casi humanos a las corporaciones privadas, y eso tuvo un efecto concreto inmediato. Lo que vemos ahora es que esos derechos siguen primando, especialmente en el Sur global, donde las empresas, muchas veces ni siquiera locales, tienen más derechos que las comunidades. Y, ni hablar, que la Naturaleza, pese a que nos sostiene y nos da la vida.

Además, la división mundial del trabajo pensada en el siglo XIX se mantiene intacta. Nuestros territorios siguen destinados a proveer materias primas para el sobreconsumo del Norte global. Este modelo impone un mandato exportador que nunca se cuestiona: extraer para exportar, sin preguntarnos para quién y para qué. Por ejemplo, el litio, que podría ser clave para nuestra transición energética, termina siendo exportado para fabricar autos eléctricos de lujo en Europa y Estados Unidos.

Esto es parte del modelo de saqueo y exclusión que domina la región. Como decimos en el libro, no puede haber justicia social sin justicia ecológica. Cambiar esta lógica es esencial para construir un modelo económico que priorice a nuestras comunidades y sus necesidades.

—Hacen mucho hincapié en la necesidad de reconocer y respetar a los pueblos originarios, y a la relación que mantienen con la naturaleza. ¿Qué se puede aprender de sus diversas cosmovisiones?

 —Los derechos de la naturaleza tienen una base profundamente arraigada en las comunidades indígenas. Ellas siempre se han considerado parte de la naturaleza y han mantenido una relación basada en el respeto mutuo. En su cosmovisión, la naturaleza es un sujeto con derechos, no un objeto a explotar. Sin embargo, sus territorios son constantemente violados por el extractivismo, que los desplaza y destruye sus formas de vida. Reconocer los derechos de la naturaleza implica también garantizar los derechos de los pueblos originarios.

—¿Cómo describirías la situación de los pueblos indígenas en Argentina frente al extractivismo?

—En Argentina, lamentablemente, tenemos un gobierno abiertamente enemigo de los pueblos indígenas, desde la presidencia hasta la vicepresidencia. Por ejemplo, Villaruel es una declarada enemiga acérrima. La discriminación hacia los pueblos indígenas se ha vuelto abierta, impudorosa y estatal, y esto es muy preocupante porque siempre tiene consecuencias trágicas.

Parece que ahora se puede discriminar sin ningún problema, lo cual tiene un carácter estratégico. Demonizar a los pueblos indígenas permite avanzar sobre sus territorios sin debate. Si decís que los mapuches son extorsionadores, podés justificar que avancen en Vaca Muerta sin límite alguno. Si estigmatizás a las comunidades que viven hace siglos en los salares de litio como ladrones, podés explotar esos territorios sin discusión.

—¿Qué aprendizajes ves en los liderazgos de otros países de la región frente al colapso ecológico?

—Creo que estamos viendo un giro interesante en países como Brasil y Colombia. Lula, en su tercer mandato, adoptó –al menos discursivamente– la variable del cambio climático y la protección de la Amazonía en su discurso, algo que no estuvo presente en sus gobiernos anteriores. Pero Petro, en Colombia, es el mejor ejemplo de la incorporación en el debate internacional y en acciones estatales concretas de la conexión entre colapso ecológico y justicia social. Francia Márquez, su vicepresidenta, es una reconocida lideresa ambiental.

—En el texto acuden a autores como Walter Benjamin, quien hablaba de los cambios y las revoluciones como un “freno de emergencia” al capitalismo“. ¿Cómo se confrontan los avances salvajes del capital desde una perspectiva ecosocial y lo que llaman un ”Estado diferente“?

—Hay una frase que Mark Fisher atribuye a Fredric Jameson y resume bien el desafío: “Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo”. En el marco del capitalismo actual, es muy difícil encontrar salidas sostenibles. Por eso, desde el Pacto Ecosocial del Sur proponemos un cambio paradigmático que incluye la creación de un Estado ecosocial. Este modelo combina justicia social con justicia ecológica, algo que el estado de bienestar progresista nunca logró implementar eficaz y sostenidamente en América Latina.

 El Estado ecosocial debe ser muy diferente: no solo implica políticas verdes como promover energías renovables, sino también cuestionar la deuda externa (que además es ilegítima), exigir la deuda ecológica histórica del norte con el sur y reformar los sistemas tributarios para que sean progresivos y responsables con el ambiente. Es un modelo que reconoce la importancia de los cuidados y exige un Estado presente: antes, durante y después de eventos climáticos extremos. Reconocer los derechos de la naturaleza implica pensar nuevos horizontes civilizatorios

—¿Cómo aborda el modelo de Estado ecosocial la minería y la energía?

—América Latina extrae el 15% del oro mundial, pero solo utiliza el 3%. Esto ilustra el absurdo del modelo extractivista actual. El Estado ecosocial que proponemos replantea interrogantes fundamentales. ¿Minería para quién y para qué? ¿Energía para quién y para qué? Mucha de la energía que se produce en algunas provincias ahora es para las propias mineras, lo cual constituye un círculo vicioso que consume más recursos de los que aporta.

Hay que establecer políticas públicas que prioricen el bienestar local, fomentar una agricultura sostenible que permita el arraigo de las poblaciones en sus territorios, y repensar cómo habitamos nuestro país.

—En el libro, ustedes critican la economía verde como una “acumulación por conservación”. ¿Cómo ven esta nueva estrategia del capitalismo?

—Lo que llamamos “colonialismo verde” o “colonialismo energético” es una nueva vuelta de tuerca del capitalismo Ahora el discurso verde justifica que los territorios del sur sigan siendo zonas de sacrificio. Por ejemplo, el litio, que dicen es “para salvar el planeta”, en realidad sirve para producir Teslas en Estados Unidos o BMW eléctricos en Europa. No hay un replanteo del consumo insostenible del norte global, solo una nueva excusa para explotar nuevamente nuestros recursos.

Para ilustrarlo: el capitalismo actual privatizó la abeja, la miel y ahora está buscando privatizar el acto de polinización de las abejas. Es decir, las funciones de la naturaleza entraron al mercado.

Esto incluye prácticas perversas como plantar pinos y eucaliptos para, supuestamente, capturar carbono, a pesar de los impactos negativos que estas especies exóticas tienen en los territorios, como el agotamiento del agua, la degradación de los suelos y la eliminación de otras formas de ocupar los territorios.

—¿Qué opinás del retiro de Argentina de la COP y del avance de políticas negacionistas en el país?

—Es un hecho gravísimo y sin precedentes. En 2019, con Pino Solanas impulsamos la Ley Nacional de Cambio Climático, que convirtió la lucha contra el cambio climático en política de Estado. Sabíamos que los negacionismos avanzaban en el mundo y nos podía tocar uno en cualquier momento. Retirarse de la COP viola esa ley y el Acuerdo de París, adoptado por Argentina también por ley. Participar en estas instancias es clave para reclamar políticas y recursos que compensen las desigualdades entre Norte y Sur, además de enfrentar el cambio climático que ya afecta directamente a nuestro país.

El gobierno actual tiene una postura negacionista comparable al terraplanismo. Estas políticas no solo traen más pobreza y desigualdad, sino que cuestan vidas. Las inundaciones en el sur de Brasil, el tornado en Bahía Blanca, las olas de calor, todo esto tiene muertos. La sequía en Argentina, consecuencia del cambio climático, causó pérdidas de miles de millones de dólares, incluso para los sectores que este gobierno dice proteger.

—¿Por qué creés que este libro puede ser clave para quienes empiezan a interesarse en el ambientalismo?

—Los derechos de la naturaleza son un lugar excelente para empezar. Este libro es muy didáctico, pensado para un público general, pero también es serio y aborda la raíz del problema: el modelo paradigmático que domina a la sociedad. No se trata solo de describir las consecuencias, sino de cuestionar las bases del sistema que generan estas crisis.

El libro invita a abrir debates, a conectar temas y a disparar curiosidad en quienes no tienen un acercamiento previo a estas cuestiones. Los derechos de la naturaleza son una herramienta para desmercantilizar la vida y enfrentar el modelo extractivista, planteando alternativas que buscan una sociedad más justa, igualitaria y en armonía con la madre Tierra.

 JB/CRM

Con la llegada del gobierno libertario, asistimos a una vuelta de tuerca del extractivismo a gran escala en Argentina. No es que los anteriores gobiernos no desarrollaran políticas extractivistas. Sabemos que la visión instrumental de los bienes naturales y la indiferencia hacia las problemáticas ligadas a la crisis climática/ecológica traza una fuerte línea de continuidad entre progresismos y neoliberalismos. Pero el triunfo de la extrema derecha libertaria instaló una inflexión violenta que conllevó un sorprendente corrimiento del umbral de lo posible, tanto respecto de la (des)regulación estatal, el desmantelamiento de derechos, el cuestionamiento de la que creíamos era una idea consensual de la democracia, así como en sus modos hiper-represivos y violentos de tratar el conflicto social.

La firma del Pacto de Mayo (el pasado 9 de julio) dice explícitamente en su tercer punto  que las provincias deben avanzar en la explotación de los recursos naturales. Ese discurso de Milei dio luz verde a los gobernadores, una señal que habilita el avance brutal del extractivismo en los diferentes territorios, sin importar los costos, tanto respecto de la minería metalífera y de litio, como en relación a otras figuras extremas del extractivismo como el agronegocio o el avance hidrocarburífero. Más claro: el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), al cual adhirieron casi de inmediato las provincias, envalentonó a los gobernadores, que hoy se suben eufóricos a la ola libertaria, para ir en la dirección extractivista que hasta hace poco se les hacía esquiva o más difícil, debido a la fuerza de los movimientos socio-ambientales, en el marco de una narrativa más o menos consensual en torno a la defensa de derechos.

Obras de teatro con actores pagos

Esto ya está sucediendo en las provincias y uno de los ejemplos más notorios es el caso de Río Negro, primera jurisdicción que adhirió al RIGI (incluso antes de que estuviera reglamentado por el gobierno nacional), sobre todo con la gran minería a cielo abierto, una actividad que no había podido llevarse a cabo, debido a la resistencia de las poblaciones y las comunidades indígenas, pese a que desde 2011 se derogó la llamada ley Anticianuro (sancionada en 2005).  

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilnek, cuyo partido provincial gobierna ininterrumpidamente desde 2011, viene avanzando en el control de los tres poderes del Estado y de los medios de comunicación, para generar un nuevo entramado legal, a través de la derogación de leyes de protección ambiental (como la que protegía el Golfo San Matías), modificando otras leyes (de tierras, código minero), dividiendo a las comunidades indígenas (sin consultar a las que se oponen), para habilitar así la instalación de un puerto petrolero, una planta de GNL y avanzando en la minería a cielo abierto. Este espeso entramado legal al servicio de un modelo petrolero-minero, apunta a limitar y controlar también los dispositivos de participación ciudadana, generando simulacros de participación, montajes que convalidan la decisión gubernamental, tal como lo ilustró de manera casi surrealista la audiencia pública de Ingeniero Jacobacci, por el proyecto minero Calcatreu, realizada el viernes 30 de agosto.

Una de las cuestiones que más saltó a la vista en dicha audiencia pública, a la cual la coautora de esta nota participó como expositora, fue no solo el triunfalismo del gobierno sino también la manipulación política de las expectativas de la población sobre el trabajo prometido. Jacobacci es una pequeña y humilde localidad de la Línea Sur, vaciada económicamente en términos de políticas públicas, y muy probablemente sean muchos los pobladores –sobre todo, los jóvenes– que aguardan legítima y ansiosamente a la minería como oportunidad de trabajo. 

Debido a que gran parte de las asambleas socioambientales rechazaron participar, la audiencia pública se convirtió en un estrado donde los inscritos subían para exclamar enfáticamente “Sí a la minería” y manifestar su expectativa laboral. Sin embargo, según el Estudio de Impacto Ambiental, el proyecto minero Calcatreu creará solo 100 empleos durante la fase de construcción y 250 durante la explotación del proyecto que durará cinco años. Pese a ello, en sintonía con el discurso libertario, los funcionarios rionegrinos anuncian exultantes la solución al desempleo, la pobreza y el desarrollo local de la mano de la minería. Atacan el “pobrismo” para fomentar el pensamiento mágico.

Tanto los especialistas como las poblaciones afectadas son conscientes de que la minería metalífera a cielo abierto no genera muchos puestos de trabajo. Hace 20 años que venimos documentando datos desalentadores. Según datos del SIPA (2023), elaborados por el profesor y geógrafo Marcelo Giraud, de la Universidad Nacional de Cuyo, la minería metalífera solo emplea el 0,15% del empleo privado registrado total. Si seguimos la trayectoria de las localidades mineras, en Belén (Catamarca), solo el 1,5% trabaja en minería, mientras que en Jachal (San Juan) es de 3,3% (datos elaborados por la investigadora del Conicet Cecilia Agnistein). Mientras tanto, el Indec informaba para el segundo trimestre de 2023 que la pobreza en Catamarca era del 45% y el 41% en San Juan, antes de que el gobierno de Milei sumara unos 10 puntos porcentuales. 

En Perú, país minero por excelencia, en la actualidad el empleo en minería metalífera es del 1,5% de la población económicamente activa, mientras que la agricultura llega al 27,5%, según el exviceministro de Ambiente, el economista José de Echave.

La conclusión es que el trabajo minero que se crea es poco y de mala calidad; el impacto en términos de desarrollo local es insignificante. El empleo indirecto es de inserción muy precaria, trabajadores informales, comercio, empleadas domésticas. Y no es casual que en las provincias extractivas crezca el empleo público y la economía popular. Para colmo, la ruta del extractivismo está marcada históricamente por la prostitución y la trata de personas. 

El día después de la audiencia el gobernador de Río Negro publicó un tuit en X que dice: “Somos una provincia minera”. Y ello no es casual, hay 53 proyectos mineros en distintas fases, que colocan a la provincia en el top del ranking nacional, por encima, incluso de San Juan, la provincia prominera por excelencia. Así, en Río Negro, se juega algo más que un proyecto minero: Calcatreu es la puerta de entrada que convertirá a esa provincia en una zona de sacrificio a gran escala, con proyectos de oro, plata, litio y uranio, entre otros. Una apuesta a la reconfiguración productiva hacia un modelo primario extractivo exportador, sin valor agregado, de la mano del RIGI, que amplificará la destrucción de los territorios, a lo cual hay que sumar la construcción del puerto petrolero y la Planta de GNL. 

Mientras tanto, en otra localidad rionegrina, en Chimpay, los que hicieron sentir su voz durante la peregrinación anual para homenajear al beato Ceferino Namuncurá fueron los obispos de la provincia, quienes manifestaron su crítica, diciendo: “No les importa el cuidado de la tierra, los proyectos que hipotecan el agua y la tierra (…). Que escuchen a la gente y haya un diálogo transparente, no audiencias públicas que son obras de teatro con actores pagos”.

Embestida a gran escala

Pero esto no es todo. La embestida de gobernadores y corporaciones, envalentonados por la política libertaria, abarca numerosas provincias. La genuflexión es total, incluso en gran parte de las oposiciones provinciales. En Mendoza el embate minero es aplastante. Modificaron el Código Minero, pretenden reformar el Código de Aguas, algo que nadie se había atrevido a tocar hasta ahora. Y con el RIGI –ya aprobado a nivel provincial– pretenden destrozar la histórica ley 7722 que protege el agua.  

En San Juan, el avance del proyecto minero Josemaría supondrá el despilfarro de 1700 litros de agua por segundo, 151 millones por día, durante los 20 años del proyecto. También, ya se contó acá, en la provincia de Chaco se modificó el mapa de protección de bosque nativo para habilitar la destrucción de casi un millón de hectáreas por parte del agronegocio y las tanineras. En Corrientes, el avance del RIGI supone el corrimiento de la poderosa industria de monocultivo forestal que ya domina medio millón de hectáreas rurales y va por los Esteros y humedales provinciales. Por su parte, avanza la privatización definitiva del río Paraná visto solamente como una ruta de transporte de mercadería, la vena mayor de desangrado y saqueo de nuestro país.

Y así, en la era de la demencia y la crueldad, el gobierno de Milei creó la Secretaría de Culto y Civilización. No es una fake news ni una broma de mal gusto; así se llama, por más de que no estemos en el siglo XIX, sino en el XXI. Allí pusieron a cargo de esta tragicómica secretaría a Nahuel Sotelo, un personaje ignoto cuyas primeras declaraciones fueron “ojalá Argentina contaminará más” y que pretende “declarar a Greenpeace como terrorista”, una denominación genérica, que por supuesto busca abarcar cualquier organización ambientalista. Esto es muy peligroso porque acusar a alguien de “terrorista” implica perseguirlo, encarcelarlo, considerarlo un enemigo que debe ser aniquilado, como sucedió en los años 70. Además, esta provocación resulta inaceptable en América Latina, que posee el récord mundial de asesinatos de defensores ambientales.

Queda claro que la ola libertaria, a la cual se han subido muchos de los gobernadores, se propone instalar un nuevo régimen político que apunta a barrer no solo con toda narrativa de derechos sino con toda resistencia social. Con el corrimiento del umbral de lo posible, se abre así un nuevo ciclo político de luchas para las organizaciones sociales en Argentina. Hay que ser consciente de ello. 

Ciertamente, vivimos momentos de gran oscuridad, pero el acumulado de luchas en Argentina en defensa de los derechos humanos, sociales, ambientales, de género y raciales no puede nunca ser desestimado. Hoy no se trata solo de “una lucha ambiental” sino de saber y ser consciente que el núcleo de las dramáticas políticas económicas del gobierno de Milei pasan medularmente por habilitar el saqueo a gran escala de los bienes naturales. Comprender esto reconfigura el escenario de lucha frente a las políticas de entrega y saqueo. Ellos lo saben, por eso el escarnio y la descalificación de parte de los diversos oficialismos hacia el movimiento ambiental. 

En consecuencia, las resistencias vendrán de ahí, de los territorios, como lo fueron el Mendozazo y el Chubutazo. Allí puede estar el germen de resistencias más integrales que avancen hacia la construcción de propuestas de cambio que aborden la nueva situación y apunten a generosas articulaciones sociales y políticas en el plano de la justicia social y ambiental. 

MS/EV/MT

En medio de los cruces entre países de la región por las polémicas elecciones en Venezuela, Javier Milei emprenderá este jueves un viaje relámpago que lo llevará por primera vez a Chile, con previa escala en la provincia de Neuquén. En territorio patagónico, el Presidente mantendrá una agenda centrada en el extractivismo, que incluirá, además de una visita a Vaca Muerta y un encuentro con el gobernador Rolando Figueroa, una reunión con varios CEOs de empresas petroleras, entre ellas Chevron, Exxon, Pampa Energía y Shell. 

Milei saldrá de Buenos Aires rumbo a Neuquén a las 7.25. Luego de la reunión con Figueroa, prevista para las 9, el mandatario visitará las oficinas centrales de YPF y se encontrará alrededor de las 11.30 con los representantes de las principales compañías que operan en la zona. De la comitiva forma parte su hermana y secretaria general de Presidencia, Karina Milei; el jefe de gabinete, Guillermo Francos; el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; el secretario de Recursos Naturales, Daniel González Casartelli; y el portavoz presidencial, Manuel Adorni. 

El Presidente arribará a suelo chileno recién pasadas las 14. En el país vecino, participará de un acto sobre el gasoducto GasAndes, que desde hace casi tres décadas transporta gas natural entre Mendoza y Santiago de Chile, a través de un tendido de más de 500 kilómetros que atraviesa la Cordillera de los Andes. Allí, Milei pronunciará un discurso en ocasión de los 40 años del Tratado de Paz y Amistad que puso fin al conflicto entre ambos países, para después regresar a Buenos Aires en torno a las 21.

La visita a Chile representa el decimotercer viaje al exterior que realiza el libertario en lo que va de su mandato. No está prevista una reunión bilateral con su par Gabriel Boric, pero fuentes oficiales no descartan la posibilidad de un encuentro informal. “Ese día, el presidente tenía contemplado una visita a regiones, pero tendremos mucho gusto en recibir a la comitiva argentina”, indicó, sin embargo, la semana pasada el canciller chileno, Alberto van Klaveren.

Pese a estar en las antípodas ideológicas de Milei, Boric fue uno de los pocos mandatarios latinoamericanos en participar de la ceremonia de investidura del libertario, a diferencia de otros líderes progresistas de la región que se ausentaron, como el colombiano Gustavo Petro o el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

Durante la campaña, Milei arremetió varias veces contra el mandatario chileno al señalar, entre otras cosas, que su llegada al poder en marzo de 2022 fue “el inicio de la decadencia de Chile”. Pero Boric se comunicó telefónicamente con Milei apenas ganó la elección y dejó en claro en varias ocasiones que, más allá de quien gobierne, “Argentina es un país prioritario” para Chile. Recientemente, ambos coincidieron en enviar a sus cancilleres a Washington para la reunión convocada de urgencia por la Organización de Estados Americanos(OEA) por las elecciones en Venezuela.

DM/PL

Desde hace cinco meses, nos encontramos inmersos en un vertiginoso proceso de despojo de derechos (sociales, laborales, económicos, ambientales), de entrega explícita, sin pudor alguno, a los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales, a la vista de todo el mundo. La denominada nueva Ley Bases, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados empeora notablemente la anterior, aquella que fuera retirada por el gobierno en febrero pasado. De ser aprobada por el Senado, la Ley Bases nos convertiría en un no-país, sin control del territorio, ni estado de derecho. Nos quedaría solo la bandera, el himno, el escudo y la selección nacional de futbol (¡si no la privatizan!).

La Ley Bases habilita, por un lado, lo que algunos políticos y políticas levantamanos parecen ya haber olvidado de febrero a esta parte, y es el hecho de que otorga facultades extraordinarias al presidente, casi la suma del poder público, convirtiéndolo en un autócrata consumado que podrá decidir por decreto, a gusto y piacere, en casi todos los campos (económico, financiero, social, laboral, ambiental, científico, cultural). Estamos acá ante una situación paradójica sumamente grave desde el punto de vista institucional: sin golpe de estado ni disolución del Congreso, es el propio Congreso Nacional el que renuncia a gran parte de sus potestades, para cederlas a manos de un ejecutivo abiertamente antidemocrático y antiderechos.

Por otro lado, la Ley Bases implica una nueva escalada en términos de despojo de soberanía nacional. De aprobarse el Régimen de Incentivo de las Grandes Inversiones (RIGI), esta nueva normativa nos convertirá en una suerte de no-país, sin leyes que contemplen el interés nacional, un territorio completamente colonizado por las corporaciones, sometido de modo irrestricto a tribunales extranjeros en cuestiones tan estratégicas como aquellas relativas a nuestros bienes naturales. Nuevamente, acá estamos ante una paradoja: será a partir de leyes nacionales que la Argentina se quedará sin capacidad ni herramientas institucionales y judiciales posibles para actuar en su propia defensa y la de sus ciudadanos.

La creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) declara como objetivo atraer inversiones de más de 200 millones de dólares con fines de exportación a través de una serie de beneficios aduaneros, tributarios, cambiarios y regulatorios. Al igual que el Régimen de Inversiones para la Actividad Minera, creado en 1993 mediante la Ley N° 24.196, el RIGI otorga estabilidad fiscal por un período de 30 años para las empresas beneficiarias a escala nacional, provincial y municipal, limitando a las tres jurisdicciones en su capacidad de realizar modificaciones al alza sobre los beneficios mencionados.

En esta línea, la Ley Bases nos propone más extractivismo y menos soberanía; más colonialismo y reprimarización de la economía, mayores ganancias de las grandes transnacionales mineras, petroleras y del agronegocio. Ciertamente, podría decirse que la Argentina ya conoce y padece todo esto desde hace 40 años, cuando el régimen de Carlos Menen reconfiguró la sociedad en un sentido neoliberal, desmantelando el Estado y privatizando grandes empresas públicas. Sin embargo, el RIGI profundiza este régimen de privilegio que ya tiene la minería hacia otros sectores, incluso avasallando facultades de los gobiernos provinciales, ya que a diferencia de la Ley 24.196 que indica que la adhesión al Régimen minero es una opción de las Provincias, en el caso del RIGI la aprobación del proyecto de ley Bases las incluye de manera compulsiva.

La entrega y retrocesos que propone la Ley Bases nos obliga a recordar que luego lleva décadas recuperar derechos, conquistas sociales y bienes naturales y sociales perdidos. Fíjense con todo aquello que se entregó y se retrocedió durante la fiesta menemista de privatizaciones y nuevas normativas de saqueo. Algunos parecen olvidar que de esa fiesta neoliberal salimos supuestamente más globalizados, pero también más pobres, más desiguales y menos soberanos. Gran parte de lo que se perdió todavía no pudo ser recuperado, como los trenes que vertebraban el país. Los retrocesos legales, relativos a la legislación minera de saqueo, continúan intactos.

La Ley Bases es una vuelta de tuerca del extractivismo. Es algo así como el golpe del final. Profundizará hasta el paroxismo el modelo primario exportador colonial, no solo de la mano del extractivismo depredatorio que ya conocemos sino también del nuevo extractivismo verde que asoma detrás de una transición energética corporativa y neocolonial. En materia ambiental significaría una ilegal delegación legislativa en materia de gestión ambiental de hidrocarburos, el otorgamiento de privilegios impositivos y cambiarios para las industrias extractivas inaceptable sin siquiera contemplar o incorporar una mirada social ni ambiental. Permitiría la eliminación de organismos fundamentales para el sector ambiental como la Administración de Parques Nacionales o Acumar (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo) y organismos científicos. A su vez, permitiría la disolución de fondos – hoy escasos- destinados a conservar bosques nativos y combatir grandes incendios. Por si esto fuera poco, además de ello, apunta a la limitación de los espacios de participación pública.

 Esta ley establece la prioridad a las empresas (mineras, petroleras o del agronegocio) que usen insumos, como agua o energía, por encima de las necesidades de la población. Todos los extractivismos consumen enormes cantidades de agua y energía, desde la minería a cielo abierto, la minería del litio y el fracking en Vaca Muerta. Es decir que si en alguna provincia de Argentina escasea el agua (como sucede hace tiempo en Catamarca), las provincias no podrán priorizar el consumo humano. Agreguemos a esto lo que podría suceder o más bien, lo que ya está sucediendo en contextos repetidos de colapsos localizados, como los que se producen en la actualidad, provocados por eventos extremos (inundaciones, incendios, tormentas, tornados) o por stress hídricos (sequías). Las consecuencias serán tan imaginables como catastróficas para el conjunto de la población, con un Estado inexistente o atado de manos para tomar cualquier decisión orientada al bien público. Solo existirán los intereses y necesidades de las empresas.

Ninguno de los artículos específicos del RIGI impone condiciones a las empresas beneficiarias que impliquen la presentación de Estudios de Impacto Ambiental ni la realización de Evaluaciones de Impactos Acumulativos de sus proyectos. Tampoco establece condicionamientos a la generación de puestos de trabajo a escala local, provincial o nacional, ni se explicita ningún tipo de política de escalamiento en cadenas de valor, o transferencia de tecnología.

Finalmente, en medio de esta vorágine destructiva, uno se pregunta que se oculta en esta entrega de facultades extraordinarias, a un presidente que dice odiar el estado y la justicia social y que elogia todo el tiempo a empresarios llamándolos “héroes” y promoviendo que fuguen divisas. ¿Qué hay detrás del RIGI, que sorprende en su abierta y absoluta concesión que implica incluso una entrega de todo por nada?

En realidad, nos quieren convertir en una zona de “Crack-Up capitalismo”, concepto acuñado por el historiador Quinn Slobodian en un libro publicado en 2023. Con Crack-Up capitalismo (que se puede traducir como choque, desplome, desmoronamiento), el autor se refiere a la creación de zonas liberadas para el capitalismo de mercado, sin límite alguno, sin derechos sociales, sin regulaciones estatales, libres de impuestos. Canary Wharf en Londres, Liechtenstein, comunidades cerradas en Estados Unidos y enclaves privados en Sudáfrica y Centroamérica, y Dubai entre otros, son ejemplos de esta peligrosa tendencia. No por casualidad el subtítulo del libro Crack-up Capitalism es “Los radicales del mercado y el sueño de un mundo sin democracia”.

Ciertamente, esa es la aspiración del anarco-capitalismo; la de convertirnos en una zona de mercado en estado puro, un modelo afín a las aspiraciones libertarias de los superricos, como Elon Musk o, en su versión local, el magnate dueño de Mercado libre, que no quieren regulaciones estatales y sociales que controlen el capital ni pagar impuestos al Estado. Lo notable hoy de este experimento reaccionario es que hasta ahora el capitalismo libertario se había animado con determinadas ciudades o zonas; nunca con un país completo. Pero Milei les devuelve el sueño hecho realidad, entregándoles en bandeja la Argentina como territorio “libre” para un pancapitalismo en el cual solo existen el mercado y el derecho del capital.

Vivimos tiempos ominosos, de policrisis civilizatoria, en el cual proliferan proyectos políticos monstruosos que alientan utopías reaccionarias que buscan fagocitar todo lo que sea sinónimo de derechos sociales, de estado protector y cierto igualitarismo de masas. En esa línea, la Argentina todavía no es un modelo del horror y de autoritarismo, como lo es Bukele (presidente de El Salvador) con sus cárceles, sino un experimento de liquidación del Estado y todo depende si en estos meses ese proyecto se consolida para que se convierta en un modelo a seguir internacionalmente. Así, hoy nuestro país es un experimento que a nivel global se sigue muy de cerca, con mucha atención, porque está hecho a medida del deseo del pancapitalismo y de odio a la democracia.

Milei es un experimento a nivel internacional que busca mostrar cómo y hasta dónde se puede avanzar con un capitalismo concentrador, desmesurado y ecocida y hasta donde es posible despojar de derechos de manera rápida a toda una población, sin que ésta diga basta. Hasta dónde es posible que la ciudadanía de a pie en un país aguante tanta demolición institucional y crueldad social. Le toca decidir al Senado Nacional en esta encrucijada mayor de nuestra historia nacional. Y está en nuestras manos que el proyecto destructivo de Milei no se convierta en un experimento consolidado y empecemos de una vez por todas a pensar colectivamente en cómo reconstruir derechos, estado y sociedad en clave de solidaridad, de sostenibilidad de la vida y de transiciones ecosociales justas.

MS-EV/MF

Asambleas socioambientales, organizaciones, comunidades originarias y personas autoconvocadas realizan desde este sábado distintas acciones en todo el país para alertar sobres las consecuencias del modelo extractivista, esto es la explotación de los recursos naturales de manera indiscriminada. Con la consigna “Hasta Cuando”, las actividades continuarán hasta el lunes 4, cuando se espera una concentración en el Obelisco para marchar hacia Plaza de Mayo.

Cecilia, de la Asamblea Por el Monte, de Córdoba, dijo a la agencia Télam que “la campaña surge del intercambio y diálogo entre las diferentes asambleas socioambientales de todo el territorio plurinacional que pudimos ver que lo que está en juego es la propia continuidad de la vida por las políticas extractivistas”.

Llevamos décadas de estas políticas que supuestamente iban a traer progreso, pero en Argentina hay cada vez mas pobreza. En los lugares donde se hacen plantaciones de soja, por ejemplo, lo único que vemos es desmonte, agrotóxicos, personas con enfermedades, malformaciones, entre otras cosas“, agregó.

Y citó como ejemplo lo que ocurre con el fracking: “nunca trajo el progreso que prometieron. Hoy tenemos que luchar además contra la extracción del litio, porque ya sabemos lo que va a pasar: nos van a dejar sin agua, se van a desplazar a las comunidades, se van a enriquecer unos pocos”.

“Lo mismo pasó con las promesas de la minería a cielo abierto, que lleva décadas en Catamarca o San Juan, y sólo provocó contaminación de los ríos pero las comunidades siguen en la pobreza; entonces nos preguntamos, ¿hasta cuándo seguimos con este modelo?¿hasta cuándo seguimos arrasando los territorios?”, sostuvo.

Las acciones se realizan en más de 40 territorios de distintos puntos del país, en el marco de la “1° Campaña Plurinacional Anti Extractivista” .La primera acción se realizará este sábado 2 de diciembre en Río Gallegos (Santa Cruz) con una concentración en el mástil de San Martin y Kirchner. Mañana, habrá dos actividades: una en Concordia (Entre Ríos) a las 16.30 en la Plaza Zorraquin, y otra en Ingeniero White (Buenos Aires), donde concentran a las 17.30 en San Martín y Vélez Sarsfield.

La campaña se puede seguir en  https://hastacuandoextractivismo.blogspot.com/.

El domingo 20 de agosto la ciudadanía ecuatoriana elige sus nuevas autoridades constitucionales y también votará en doble referéndum. Sobre el futuro y el destino de la extracción petrolífera del Parque Nacional Yasuní, una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta. Los indígenas waorani y los pueblos no contactados como los tagaeri y los taromenani están convocados a la consulta popular. Y sobre el futuro del extractivismo minero liderada por el colectivo Quito Sin Minería

Más de 13 millones de ciudadanos ecuatorianos, mayores de edad y con derecho a emitir un voto participarán este domingo 20 de agosto de una muy amplia jornada electoral: no solo elegirán al binomio conformado por el presidente y vicepresidente y también asambleístas, sino también que tendrán la gran oportunidad de definir con un “Sí” o un “No” el destino de la importante zona amazónica ITT.

El 5 de mayo la  Corte Constitucional de Ecuador por dictamen nro. 6-22 resolvió por mayoría que la Consulta Popular, la primera de alcance nacional sobre el preciado tema ambiental, se realizara el domingo 20 de agosto, junto a las  elecciones adelantadas debido a la “muerte cruzada” adoptada por el presidente Guillermo Lasso, para responder con un  SÍ o un NO a la siguiente pregunta: ¿Está usted de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo?

El comunicado favoreció al pedido que la agrupación ambientalista Yasunidos había elevado en 2013, una década antes, para decidir sobre la continuación de la explotación de petróleo o mantener bajo tierra el crudo del bloque Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), conocido como Bloque 43 y localizado en el Parque Nacional Yasuní, emplazado en el este ecuatoriano, entre  las provincias de Napo y Orellana. 

El área protegida más extensa del Ecuador, ¿se salva o se condena?

El Parque Nacional Yasuní y el aledaño Territorio Ancestral huaorani, declarado por la UNESCO reserva de la biósfera en 1989, conforman una de las zonas con mayor biodiversidad en el mundo. Esta  reserva amazónica de casi un millón de hectáreas alberga a pueblos indígenas. El bloque petrolero ITT colinda con una parte de la zona intangible, donde viven los grupos tagaeri y taromenane de aislamiento voluntario, emparentados con los huaorani, una de las 14 nacionalidades indígenas del país.

No se trata solo de dirimir la extracción o no del oro negro, sino que se pone en juego el espacio y la vida de estos grupos indígenas. “Por el Yasuní estamos dispuestos a dar nuestras vidas. Se acabó la época de la explotación, que tanto ha afectado al ambiente y ha empobrecido a nuestras comunidades” declara Zenaida Yasacama, vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

El gobierno del ex presidente izquierdista Rafael Correa (2007-2017) había promovido evitar la extracción en ese bloque a cambio de una compensación internacional de 3.600 millones de dólares. La iniciativa fracasó y Correa, amparándose en la Constitución, promulgada en el 2008 y actualmente vigente, que  reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos y garantiza a los pueblos indígenas la consulta previa sobre planes de explotación en sus territorios,  solicitó a la Asamblea Nacional que declarara de interés nacional el aprovechamiento del petróleo en el bloque ITT. La solicitud también incluía al vecino Bloque 31, aunque éste venía explotándose desde 2009.

En 2013 decidió la explotación del petróleo iniciada en 2016.  Sin embargo, mucho antes empezó  el movimiento contra la explotación comenzó mucho antes. “En 2014 presentamos más de 757.000 firmas para convocar una consulta sobre la conservación del parque del Yasuní”, señala Pedro Bermeo, portavoz del colectivo Yasunidos.

Del Bloque 43 del  ITT, operado por la empresa estatal Petroecuador  se extrae unos 55.000 barriles por día, un 11% de la producción nacional que ronda en los 480.000 barriles diarios. En enero y febrero pasados se extrajo en promedio 469.000 barriles por día; un 64% se destinó a la exportación.

Si gana el SÍ

La Corte estableció que en caso de ganar el “Sí”, será necesario otorgar hasta un año para su ejecución, tiempo durante el cual habrá un retiro progresivo y ordenado de toda actividad petrolera. El Estado tampoco podrá iniciar nuevas relaciones contractuales para continuar con la explotación del Bloque 43.

El “Sí” expresaría el convencimiento de que el referéndum sobre el Yasuní llega en un momento “histórico” para Ecuador, en el que la extracción de petróleo está en declive y las reservas están disminuyendo. A la vez que presupone que la economía del el país debe reorientarse hacia otros modelos económicos que prescindan del petróleo.

En términos generales, un nuevo rumbo que entiende principalmente al turismo ecológico y el bioconocimiento. “La consulta puede abrir un camino en esa dirección. El futuro turístico del Ecuador puede ser muy grande, como lo demuestra el caso de Costa Rica, un país bastante más pequeño que Ecuador, pero que ha logrado una diversificación económica y una altísima generación de empleo promoviendo un turismo de naturaleza. Después de 51 años de haber vivido en un país petrolero, la gente probablemente ha llegado a la conclusión de que el petróleo no brinda mejores condiciones de vida, o lo hace muy limitadamente, y que la pobreza se mantiene”, explica al respecto el Carlos Larrea, profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar.

Simultáneamente, los que favorecen el  “Sí” tienen bien presente  el impacto ambiental de actividades extractivas, como el petróleo y la minería. Y anteponen la protección de la naturaleza y de los pueblos originarios. “La extracción tiene impactos ambientales bastante severos en el Yasuní”, señala Larrea, quien pone como ejemplo que los senderos trazados de forma supuestamente ecológica se han revelado como carreteras aptas para casi todo tipo de vehículos, lo que pone en grave peligro la biodiversidad.

¿Por qué ganaría el NO?

“No” será la respuesta de los ecuatorianos que esgrimen que la extracción de petróleo supone una fuente de la que el Estado podría difícilmente prescindir. “Del ingreso petrolero se está pagando el salario de los empleados públicos. Si nos quedamos sin eso, porque en el Estado trabajan 800.000 personas, el impacto es fuerte”, argumenta  Nelson Baldeón, consultor en geopolítica energética.

Ecuador es el país que más depende del petróleo en toda Latinoamérica, carece de reservas de oro y depende de la emisión de dólares de EEUU.  “Para mantener eso, necesitamos petrodólares” sostiene Bladeón. “Tendremos un riesgo país supremamente alto para seguir adquiriendo fondos que necesitamos, ya no para el desarrollo, sino para mantener la salud, el empleo y la seguridad, un tema que nos ha impactado mucho en los últimos meses”, agrega el experto quien admite que las encuestas apuntan hacia una victoria del “Sí”.

Los defensores del “No” aseguran que es posible hacer una extracción petrolífera responsable y ambientalmente amigable, bajo el paraguas de las licencias ambientales, emitidas en base a estudios técnicos que toman en cuenta a los pueblos originarios. Además, argumentan que, si esos campos se abandonan, estando tan cercana la selva a Colombia y Perú, se corre el riesgo de que entren grupos ilegales, así como la guerrilla, que protege a la minería ilegal y a la industria maderera.

Por cierto, que el apoyo internacional podría ayudar al país con los fondos necesarios para implementar una vigilancia efectiva: y evitar que el Yasuní se convierta en tierra de grupos ilegales y madereros. “La tecnología moderna lo permite actualmente. Por ejemplo, la observación satelital es muy efectiva para determinar cualquier foco inicial de la deforestación o una afectación de la biodiversidad. Hay antecedentes históricos de que se puede evitar ese problema”, asegura Larrea, quien apunta que sería tarea del Gobierno, tras una victoria del “Sí”  gestionar el apoyo financiero internacional.

Quito sin minería

En otro plebiscito simultáneo, liderado por el colectivo Quito Sin Mineríalas ecuatorianas y ecuatorianos decidirán  si se prohíbe cualquier forma de minería en Chocó Andino, una gran reserva de la biósfera de la provincia de Pichincha, que forma parte del área metropolitana de Quito, la capital ecuatoriana.

En el Chocó Andino, que cubre un  área de 287.000 hectáreas donde viven alrededor de 20.000 personas, actualmente existe una docena de concesiones mineras en fase de exploración y otras ocho en trámite, que en su conjunto abarca unas 27.000 hectáreas. La zona fue declarada en 2018, la Séptima Reserva de la Biósfera.

Elecciones generales  y consultas populares bajo estado de excepción

Una  atmósfera social  de creciente tensión por el aumento de la violencia que envuelve a la ciudadanía ecuatoriana  cada vez más desesperanzada, la campaña electoral ha seguido su curso y la fecha de los comicios se ha mantenido, a pesar de las urnas quedaron manchadas de sangre y luto a causa del asesinato del presidenciable  Fernando Villavicencio, por Construye quien fue asesinado por sicarios cuando salía de un acto proselitista en una escuela de la ciudad capital de Quito. El país se encuentra bajo el estado de excepción, decretado por el presidente de Lasso.  La medida permite el patrullaje de militares en las calles para garantizar el proceso electoral.

Antonella Calle, vocera de Yasunidos afirma que “Las cosas se logran si se las hace de manera colectiva. Los Gobiernos no están tomando medidas reales contra el cambio climático, pero los ciudadanos estamos comenzando a hacerlo frente a sus inacciones”. De imponerse el “SI”, la batalla que el colectivo lleva librando durante una década será un ejemplo y una inspiración para el mundo.

AGB

Qué cosa el extractivismo, che. Tiene que forzar la institucionalidad a cómo de lugar y dejar agujeros en los cuerpos, de lo contrario, no puede avanzar con agujeros aún más grandes en los territorios. Gracias a su impulso, la democracia en las provincias se ha vuelto de goma, con la corrosiva colaboración de las fuerzas políticas dominantes, más allá de su posición específica en esta rara grieta con subgrietas que dominan en el país.

En Jujuy, por ejemplo, tuvieron que modificar la Constitución para intentar arrancar el litio de tierras ancestrales. La aplicación de la fuerza bruta en las protestas de Punmamarca, indigna de un país que se considere representativo y plural, es perfectamente compatible con el ejercicio de deformación institucional como el que ocurrió. Sin él, sería imposible hacerse enteramente de los territorios y del agua necesaria para este tipo de minería, que despierta angurria en el Norte global, mientras el cambio climático, inflado a drede por el petróleo y sus gases, empuja a un nuevo ciclo de despiadado consumo de recursos. Los norteamericanos, europeos y chinos podrán manejar sus cómodos autos nuevos sin culpa con la atmósfera, se sentirán bien consigo mismos, a pesar de que se tenga que desalojar a las comunidades indígenas de sus lugares con la autoridad de una constitución alterada a medida. Aunque, tras las protestas, Gerardo Morales reculó un poco, la conmoción no cede. Las intenciones de ir por todo el litio no han cambiado.

Si sólo fuera Morales el único corruptor de instituciones, pero no. El año pasado, en Río Negro, del otro lado del espectro polìtico, dieron vuelta a hurtadillas una ley que prohibía toda actividad petrolera en las pristinas aguas del Golfo San Matías, a instancias de YPF, la compañía que nos quiere hacer creer que su crecimiento es idéntico al de la felicidad de la Nación. Todo para instalar un puerto con boyas flotantes para sacar el petróleo frackeado de Vaca Muerta. Olvídense de Escazú, la ley General del Ambiente, la Constitución Nacional y todo eso. Todos se abroquelan detrás del oleoducto y a la empresa que esponsorea a Messi y a la selección en nombre de la argentinidad.

Ya lo sabían bien en los pueblos que se quisieron rebelar contra el fracking en el Alto Valle, donde todas las prohibiciones municipales fueron doblegados por el mismo tribunal que ahora autorizó la instalación del puerto. La democracia también se puede romper con un buen par de abogados pagados por las petroleras. Es así.

El propio boom de explotación en Vaca Muerta empezó con un acto de violencia en 2013, cuando unas cinco mil personas, entre ellas, comunidades mapuches, fueron reprimidas mientras la legislatura se aprestaba a aprobar un acuerdo secreto entre YPF y Chevron, o sea, un sinsentido democrático. No hay transparencia en la oscuridad. La compañía norteamericana venía con las manos sucias de Ecuador por los desastres dejados en la Amazonía. Pero había que dar trámite rápido a la sed de explotación hidrocarburífera.

Sólo las puebladas han impedido la gran minería en Chubut y Mendoza, donde también se intentó subvertir entre gallos y media noche leyes para permitir grandes explotaciones a cielo abierto: la madre de todos los agujeros. Y en Catamarca se reprime sin asco, con palos, gases y detenidos, cuando la gente quiere impedir que la minería siga avanzando sobre los Andes, como lo ha hecho en La Alumbrera. Andalgalá nuca deja de llorar.

¿Ese este de verdad el país que queremos, el que sacará a sus hijos de la pobreza? Parece que no. Que, en cambio, este modelo es una máquina de destruir instituciones y de invisibilizar a las personas, de privarlas de sus derechos y de enfermar a sus cuerpos. Los impactos en la gente y en el ambiente se normalizan bajo una narrativa falsa de desarrollo, y si no te gusta, callate. Te insultan: sos un ambientalista boludo que no entendés nada, porque te importan solamente los utópicos pajaritos.

A los jodidos por el extractivismo nunca se les pregunta nada. Se los deshumaniza, se le sacan sus características físicas y espirituales, para convertirlos en el sinónimo del estorbo, de un corte de ruta molesto, en un piquete más. Y desde el poder y la prensa cómplice invierten los significados: los turistas que esperan en las colas de autos son las víctimas, y los que defienden sus vidas, los victimarios. 

Mientras tanto, las manchas que van dejando las zonas de sacrificio en la Argentina siguen extendiendo sus fronteras como el aceite volcado sobre una superficie lisa. Pongan a los pastizales envenenados por el paquete químico de la soja y la deforestación del Gran Chaco en la lista de los territorios ofrendados al desarrollo. Y nuestro país, que siempre se ha jactado de tener tantos recursos naturales, un día encontrará que en lugar de naturaleza quedaron agujeros indelebles. Y que lo que sacaron, se lo llevaron a otras partes, para que allí traten de ser un poco más felices. 

MA/MG

Jacqueline Nanungo estaba juntando habas en su terreno el pasado mes de junio en Mparangasi, al oeste de Uganda, cuando escuchó un ruido y se asustó. Al ver a tres chimpancés acercándose, corrió a tomar en brazos a su bebé de siete meses, Richard Keswa. Su movimiento los alteró, golpearon el suelo y la voltearon de un empujón. Ella se puso a gritar pidiendo auxilio, pero fue peor. Una chimpancé hembra, asustada, intentó agarrar al bebé, pero lo arañó con sus uñas en la cabeza y lo mató.

Keswa era el más pequeño de sus cuatro hijos con su marido, Fred Batin, quien a sus 23 años se sienta en su pequeña casa en silencio mientras su padre, James Klochukuru, cuenta cómo murió su nieto. Los hombres de la familia llevan la voz cantante. En una sociedad heteropatriarcal como la ugandesa no es extraño, pero también es así por el conflicto que generó la muerte del bebé entre ambas familias. “Hubo malentendidos entre ambas familias. Ella todavía sufre dolores en su hombro y espalda de la caída”, explica Klochukuru sobre su nuera, que no se deja ver en ningún momento.

“Los chimpancés cada vez vienen más a nuestros hogares y tememos por nuestros niños”, añade Batin. La muerte del pequeño Richard no fue la primera ni la última ocasionada por el creciente conflicto entre humanos y primates en las zonas rurales del oeste de Uganda. En el primer semestre de 2022, cuatro niños fallecieron en ataques de chimpancés. Aunque no hay datos oficiales de muertes, los ataques se incrementaron en los últimos años, según cuentan conservacionistas locales.

“Los conflictos entre humanos y primates aumentaron en los últimos 12 años”, asegura el Dr. Joshua Rukundo, veterinario y director ejecutivo de la organización de conservación Chimpanzee Trust. “Además, sólo se cuentan las muertes si el que fallece es un humano, no si es un chimpancé”, critica. En esos mismos seis meses de 2022 murieron 15 chimpancés, diez de ellos envenenados por locales.

La deforestación, principal causa

La deforestación es la principal causa del aumento de conflictos entre humanos y chimpancés. El oeste de Uganda tenía una de las zonas tropicales más frondosas del continente, con una masa boscosa continua entre lo que hoy son los bosques de Budongo y Bugoma. En todo el país viven unos 5.000 chimpancés, con alrededor de 600 de ellos solo en Bugoma.

La tala de árboles para obtener carbón vegetal para cocinar, el incremento de población y la llegada de las industrias multinacionales extractivas fueron reduciendo los hogares de los chimpancés, quienes se ven forzados a coexistir con los humanos.

En los primeros veinte años del siglo XX, Uganda perdió un total de 1,05 millones de héctareas, el 23% del total de su masa forestal. Budongo y Bugoma fueron de las zonas más afectadas, perdiendo un 3,3% de masa forestal cada año. “La región atrajo a muchas personas por la fertilidad de las tierras”, asegura el Dr. Rukundo. En 2002 vivían poco más de seis millones de personas en la región occidental y 20 años más tarde ya eran más de 10,5 millones de habitantes. “Esta gente es más emprendedora y vendieron sus tierras a grandes corporaciones de azúcar, tabaco, arroz y maíz. Estas les ofrecieron maquinaria a los campesinos y despejaron grandes extensiones de terreno”, añade el conservacionista.

En octubre de 2022, la Autoridad Nacional de Gestión Ambiental de Uganda ordenó a la corporación Hoima Sugar Company a reponer los 57 kilómetros cuadrados de terreno que habían talado en el bosque de Bugoma al tener actividad ilegal en dos de sus terceras partes.

El desarrollo de otros proyectos extractivos como el Oleoducto de Crudo de África Oriental (EACOP, por sus siglas en inglés), liderado por la empresa francesa Total Energies, amenaza con reducir el área de los chimpancés. La tubería pasará cerca del bosque de Budongo y cruzará entre los bosques de Bugoma, Wambabya e Itohya, cortando el paso entre ellos. En este último pequeño bosque vive una comunidad de unos 60 chimpancés.

Los chimpancés machos se quedan en sus comunidades toda su vida, pero las hembras migran entre comunidades, pudiendo recorrer hasta 100 kilómetros. Al hacerlo, aseguran el intercambio genético que hace posible su supervivencia, algo vital en peligro con el desarrollo industrial y el freno de los corredores, según explican los conservacionistas.

“Es difícil frenar el desarrollo. Va a ocurrir y los chimpancés se verán afectados, así que debemos centrarnos en cómo minimizar ese impacto”, asegura el Dr. Rukundo. Es por ello que el siguiente paso es conocer más sobre los chimpancés para poder cohabitar en paz.

Aprender a convivir

Cuando Batin vio a su bebé muerto, no decidió tomarse la venganza por su propia mano. “Los chimpancés son una parte importante para el Gobierno, por lo que si los atacamos sería peor”, dice.

Los chimpancés son una fuente de ingresos. En 2018 –último año con datos pre-pandemia–, Uganda ingresó 1,3 mil millones de euros por turismo en un sector en el que las rutas para observar a chimpancés cada vez son más demandadas.

Desde asociaciones como Chimpanzee Trust buscan educar a la población local sobre el comportamiento de los chimpancés. Entre otras cosas, enseñan que tienen comportamientos similares a los humanos al compartir un 98% del ADN y que son las hembras quienes suelen tomar a los bebés y niños pequeños si los ven solos por un instinto maternal de protección. Estos suelen morir al no poder agarrarse como un primate a la espalda y caer al suelo. También pueden fallecer cuando son agarrados demasiado fuerte por las chimpancés.

Es por ello que la mayoría de muertes son de niños pequeños, por lo que educarlos desde bien pequeños es vital. “Enseñamos a los niños cómo deben responder cuando ven a los chimpancés, a cómo leer la naturaleza y cómo reaccionar”, explica el Dr. Rukundo.

Cómo actuar

Uno de los programas es una obra de teatro que triunfó en los colegios y ahora se emite en la radio local. “Hicimos una serie sobre cómo se destruía el bosque y a partir de ahí hablamos de la convivencia con animales. ¿Cómo coexistimos? Los niños están acostumbrados a ver chimpancés, no son niños de ciudad”, dice la maestra Lucy Muhuruzi, que lidera este programa. “Los niños más pequeños son fáciles, ese es el deber con la educación primaria, pero la mayoría de los padres son irresponsables”, añade.

Ahora, no se trabaja solo con los niños. Con ayuda de financiación externa, crearon asociaciones de agricultores para ayudarles a plantar cultivos que son mejores para el medio ambiente y menos atractivos para los chimpancés como papas, cebollas, soja o jengibre. “Antes solíamos plantar maíz, yaca, mandioca y plátanos”, dice Robert Kyaligonza, que preside la Asociación de Conflicto entre Humanos y Fauna de Munteme. “Ahora sabemos lo que hay y lo que no hay que hacer, lo que los chimpancés quieren y lo que no. Aprendimos a manejarnos con ellos sin conflicto”, asegura.

Margaret Nakyanzi es una de las agricultoras que forman parte de la organización que se benefició de los cursos y financiación de la asociación para poder cambiar los usos de sus tierras. Ahora planta papas en lugar de mandioca y asegura que ahora los chimpancés si vienen remueven la tierra pero no se llevan el cultivo. “Al vecino sí que entran más porque tiene maíz, pero a mi terreno cada vez entran menos”, dice Nakyanzi, que asegura que solía verlos unas tres veces por semana.

El cambio climático lo complica

A pesar de los esfuerzos por educar, el cambio climático dificulta todavía más la coexistencia. “Antes a mitad de julio cultivábamos pero ahora lo hacemos como mínimo en agosto. Los ríos solían tener mucha agua pero esta se redujo”, dice Kyaligonza. Ante la falta de agua, los chimpancés se acercan a los pozos donde toman agua los humanos para poder beber.

Más allá del conflicto, esto genera el temor a la aparición de nuevas enfermedades transmitidas por chimpancés a humanos como el ébola o el VIH, originarias en primates. Un 75% de las enfermedades infecciosas provienen de animales, y ante la falta de salubridad en entornos rurales como el del oeste de Uganda, las probabilidades aumentan. “Hay personas que tocan o pisan las heces de los chimpancés, vuelven a las comunidades y no tienen medidas de higiene en sus casas, provocando enfermedades. Creo firmemente que hay infecciones que se están tomando de animales”, asegura el Dr. Rukundo, quien afirma que no se documentan porque los servicios médicos y las investigaciones clínicas son muy pobres. El problema no es solo para los humanos, sino también al revés. “Los chimpancés no tienen inmunidad natural y se ponen muy enfermos en la temporada de gripe”, añade el veterinario.

Batin dice que las enseñanzas de las formaciones permiten que le tenga menos miedo a los chimpancés, pero aún así planean vender el terreno donde falleció su bebé. Por más que aprenda a no atacarlos y coexistir con ellos, hay algo que no logra borrar: “El dolor. La verdad es que todavía sentimos ese dolor”.

Entre una postura extractivista hasta una que no acepta bajo ningún concepto la explotación de los recursos naturales. El debate sobre la relación entre los recursos naturales, las estrategias de desarrollo y el ambiente siempre parece estar en tensión. En este nueve episodio de “Esto no es un tweet” llega un tema clave para el futuro argentino. Para ello dialogan la economista Verónica Roberts de la Escuela Idaes y el politólogo Carlos Freytes de Fundar y cuenta con la conducción de la periodista Silvina Heguy, de elDiarioAR.

El diálogo completo se puede seguir en el canal de Youtube de elDiarioAR y el video es parte de los siete diálogos para pensar el desarrollo argentino para los que se convocaron a académicos e investigadores.

Este ciclo de conversaciones surgió de la creencia de que hay debates en los que vale la pena detenerse. Por eso desde Fundar, IDAES y elDiarioAR se lanzó “Esto no es un tweet: 7 diálogos para pensar la Argentina”.

Fundar es una organización dedicada al estudio, la investigación y el diseño de políticas públicas con foco en el desarrollo de una Argentina sustentable e inclusiva. La Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales (Escuela IDAES) fue creada hace más de 20 años como instituto de posgrado y, a lo largo de su historia, se transformó en un espacio de formación en grado, posgrado e investigación de excelencia de la Universidad de San Martín. elDiarioAR como medio de comunicación, además de informar, es una ámbito donde se fomentan el debate de ideas. En esta primera alianza formal entre las tres instituciones la urgencia es abordar temas de la agenda pública con profundidad y fuera de las formalidades.

En el capítulo de hoy intervienen:

.• Verónica Roberts: licenciada y doctora en Economía; Investigadora adjunta CONICET y directora del Centro de Estudios Económicos del Desarrollo de IDAES-UNSAM.

• Carlos Freytes: doctor y magíster en Ciencia Política; Director del Área de Recursos Naturales de Fundar; profesor en la Universidad Torcuato Di Tella y en la Universidad Nacional de Hurlingham.

• Silvina Heguy: escritora, periodista y editora. Es actualmente directora de Estrategia de elDiarioAR.

PP

Con una extensión de 1,8 millones de hectáreas en el Departamento de La Paz, en el noroeste de Bolivia, y fronterizo con Perú, el Parque Nacional de Madidi es considerado por especialistas como uno de los paraísos naturales que el orbe todavía preserva, según lo atestigua la diversidad de flora y fauna descubierta en los últimos años

Las cooperativas mineras son un sector influyente en el actual gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) que preside Luis Arce Catacora. Ya antes lo habían sido en las tres presidencias de Evo Morales Ayma (2006-2019). Hoy están ocupando áreas superpuestas a los territorios de las naciones originarias que el Estado Plurinacional de Bolivia reconoce en su Constitución Política del Estado (CPE) de 2009. Desde entonces, han surgido contradicciones entre la norma constitucional que protege esas zonas y la presión extractivista de recursos naturales, que busca legitimar institucionalmente su actividad, como lo reclama a las autoridades. Existen disposiciones legales del Estado hoy vigentes que toleran los asentamientos mineros, y estos arriesgan la vida de la población de las naciones originarias asentadas en el Madidi.

La fiebre del oro

El fondo del problema es la 'fiebre del oro' que vive esa región debido a los altos precios del metal precioso, que lo convirtieron  en el principal producto de exportación del país. En 2021, las exportaciones de oro bolivianas sumaron  2.557 millones de dólares, por encima de la venta de los hidrocarburos.

Por primera vez en la historia, las exportaciones bolivianas de oro superaron a las ventas de hidrocarburos. En 2021 ascendieron a un total de 2.557 millones de dólares, impulsadas por el alto precio internacional del metal precioso.

Desde el pasado año hasta la fecha, comunarios y guardaparques denunciaron actividades mineras asentadas a orillas del río Tuichi en zonas como Charopampa, Santa Rosa, Glorioso, San José, Santa Clara, Pintata Mohima, Suyo Suyo Pavo Real, Suyo Suyo Ubito y Asariama Recina, entre otras.

Los Quispes, Montalván y Virreira son algunos apellidos que pasan de boca en boca entre los comunarios. Son los nombres que identifican a las familias que se adjudicaron concesiones o áreas para la explotación del oro en el Madidi.

La minería originó el traslado de verdaderas masas humanas a la Amazonia, mano de obra de familias y cooperativas orientadas a la la exploración y explotación del  oro. El dragado en los ríos Beni y Tuichi, sistemático pero desordenado, y el uso en estas operaciones del mercurio, metal líquido altamente tóxico y contaminante,  provoca que pueblos como el de San José de  Uchupiamonas, que viven del ecoturismo comunitario, vean destruidas sus propias opciones de vida.

 “Es preocupante ver que estos grupos de mineros están tomando el control de territorios indígenas y áreas protegidas y todo se va poniendo cada vez más violento”, denunció la dirigente Ruth Alipaz, del grupo étnico Uchupiamonas

“Se supone que este territorio está titulado para los Uchupiamonas, pero cualquiera llega con un título minero y dice ‘esta parte del río y esta concesión son mías’ y se instalan ahí y la ley los protege”, protestó la lideresa de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas, Originarios, Campesinos (Contiocap), que en marzo llevó su queja a la Corte Interamericana de DDHH (CIDH).

La explosión de la minería aurífera no sólo incide en la progresiva pobreza de las comunidades. El empleo de dragas y maquinarias pesadas por empresas chinas y colombianas amenaza la vida de las etnias locales, entre las que también están los pueblos ancestrales Tacana y Leco.

El Gobierno boliviano negó haber entregado nuevos permisos para operar en áreas protegidas y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) informó que rechazó 97 peticiones de empresas. Pero reconoció la existencia de derechos mineros anteriores a 2014.

En los hechos, y con o sin derecho, según indígenas y legisladoras que visitaron el Madidi, en el Parque Nacional las cooperativas mineras legales e ilegales siguen instalándose. No hay quien controle la actividad minera, y se suceden escenarios de cada vez más intensa confrontación.

El envenenamiento de vidas y aguas por el mercurio

El Estado Plurinacional de Bolivia ocupa el primer lugar como importador de mercurio de Sudamérica y el segundo en el mundo. Según el privado Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), entre 2015 y febrero del 2022, se importaron 1.292 toneladas de mercurio, que costaron 45 millones de dólares.

El éxito importador tiene su contrapartida letal en el nivel alarmante de mercurio detectado en los indígenas a partir de su consumo del pescado contaminado con ese metal, usado en los ríos para explotar el oro.

El Centro de Documentación e Investigación de Bolivia (CEDIB) constató a fines del 2021 que en 350 muestras de cabellos de los indígenas de la zona se detectó  en promedio la presencia de 7 partes por millón (ppm) de mercurio, cuando lo tolerable, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es solo 1ppm. La investigación incluso detectó el extremo de una persona con 27ppm.

El director del CEDIB, Oscar Campanini, informó que el estudio se complementará en agosto con un análisis sobre el sector etario más afectado, las actividades económicas y el consumo de alimentos, “aunque todos los indicios dan cuenta de que el pescado es el canal de contaminación con mercurio”.

Campanini, quien participó en la audiencia de la CIDH, dijo que ve “muy poca o nula voluntad política” en el Estado para reducir o eliminar el mercurio, pese a que el país firmó el convenio de Minamata - adoptado en la Conferencia de Plenipotenciarios de 2013 en Kumamoto, Japón y en vigor desde agosto de 2017- con el  objetivo de proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y compuestos de mercurio. Bolivia enfrenta plazos perentorios para presentar sus planes regulatorios y de acción.

En la audiencia de marzo en la CIDH, el relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, Marcos Orellana, advirtió que la exposición al mercurio genera discapacidades graves y “puede ser letal” y recordó que se han comunicado las preocupaciones sobre el aumento de las importaciones y aun el “tráfico ilícito de mercurio desde Bolivia a otros países” como Perú y Colombia.

Durante la sesión de la CIDH, el director de medio ambiente del Ministerio de Minería y Metalurgia , Fausto Vélez, admitió que el tema del mercurio es “preocupante”. Aunque “es difícil sustituirlo en la minería aluvional”, se comprometió a que se trabajará en la contención del comercio del producto.

La violencia se extiende ante la vulnerabilidad 

Cuando la senadora Cecilia Requena, presidenta de la Comisión de Recursos Naturales y Medioambiente, visitó este mes la zona, su delegación sufrió agresiones. Supuestamente, de mineros, quienes con explosiones y luego con piedras que lanzaron desde tierra, impidieron que la autoridad senatorial desembarcara y bajara de una lancha .

Requena pretendía visitar la localidad de Chushuara donde se habían producido conflictos violentos y confusos que implicaban a mineros, campesinos e indígenas y que se saldaron con la detención de 18 personas y un herido de bala.

“Se ha visibilizado la vulnerabilidad extrema de las personas y la violencia que se está volviendo cada vez más común en la región del norte del departamento de La Paz y que en muchos casos está relacionada con la minería”. declaró la senadora. Para concluir que este episodio ilustra la existencia del riesgo de un mayor e incluso más extendido descontrol por la falta de una presencia del Estado en las zonas del Madidi.

AGB con información de diarios, agencias y fuentes

Más de 11 637 hectáreas de mar y tierra han sido afectadas, hasta el momento, por el derrame de 11 900 barriles de petróleo en la costa central de Lima, una mancha negra gigante que mientras lee este artículo se sigue desplazando con dirección al norte.

Según el último reporte entregado por el Ministerio del Ambiente el pasado viernes, se han recuperado del mar 4225 barriles de agua con petróleo. Así mismo se han recogido 16 258 metros cúbicos de arena contaminada, la que luego de pasar por un proceso de limpieza será devuelta a las playas.

“En esta etapa estamos en la recuperación de todo el crudo que ha impactado tanto el mar como el suelo”, dijo el ministro del ambiente, Rubén Ramírez, y precisó que “posteriormente va a empezar la etapa de remediación”, es decir, las operaciones que permitirán recuperar la calidad de los ecosistemas contaminados.

Para la etapa actual de limpieza, las autoridades precisaron que se están empleando 9 skimmers y 11 tanques flotantes, aparatos que permiten recoger el hidrocarburo del agua. A su vez 52 embarcaciones están trabajando en labores de contención y recuperación del material oleoso, se han tendido 4880 metros de barreras de contención y, además, 119 máquinas de equipos pesados terrestres se encuentran recuperando el crudo que está en tierra.

¿Es suficiente? ¿Qué tanto se puede limpiar y remediar? Dos expertos internacionales, que participaron en las investigaciones científicas de uno de los mayores derrames de petróleo de la historia, el Deepwater Horizon, entregan pistas sobre el futuro del mar peruano.

¿Qué tanto se puede limpiar?

En la playa Pocitos, en la zona reservada de Ancón, José Condoy, trabajador de Corena Lamor —una de las empresas contratadas por Repsol para que realice las labores de limpieza— supervisa a un grupo de 18 personas que intenta extraer el petróleo empozado en la orilla.

En sus 15 años de experiencia ya perdió la cuenta de la cantidad de derrames de petróleo que ha atendido entre Perú y Ecuador, su país natal. “He estado en unos 30 o 40 eventos”, explica, aunque esta es la primera vez que se enfrenta a una emergencia en el mar.

Como quien se ha acostumbrado a ver paisajes devastados por el crudo, Condoy dirige con soltura y naturalidad las actividades para limpiar el desastre de un derrame que no considera ni más grande ni más pequeño que los que ya ha visto antes. “Es normal”, dice, y calcula que la Zona Reservada de Ancón quedará limpia en marzo, mas no en febrero como aseguró Repsol.

La palabra “limpio”, sin embargo, es relativa, asegura el biólogo pesquero y ecólogo marino Steve Murawski. El científico estadounidense fue Director del Centro de Análisis y Modelado Integrado de los Ecosistemas del Golfo y estudió los efectos del derrame de Deepwater Horizon, la plataforma petrolífera situada en el golfo de México que se hundió en 2010 provocando el más importante vertido de crudo de la historia​ estimado en 779 000 toneladas.

Que el lugar esté lo suficientemente limpio como para permitir que las personas ingresen al mar a nadar, es posible y será lo más rápido, le dijo el experto a Mongabay Latam. De hecho, a diferencia del caso de Deepwater Horizon, el derrame ocurrido en Perú el pasado 15 de enero interactúa con la línea costera lo que facilita la limpieza, dice Murawski. Sin embargo, “llevará décadas” para que el mar esté limpio hasta el punto de no encontrar nada de petróleo. Es más, “es imposible limpiar todo. No importa si trabajan desde ahora hasta el 2050, no recuperarán todo”, aseguró el científico.

Uno de los lugares más difíciles de limpiar es el intermareal rocoso, es decir, las áreas a lo largo de la costa que están expuestas durante la marea baja y que luego quedan bajo el agua durante la marea alta. “La razón es que el petróleo se mete alrededor de todas estas rocas y no puedes sacarlo de allí”, explica Murawski.

Esa es justamente la situación de varios lugares del litoral que se han visto impactados por la llegada del crudo. En el roquerío de la playa Pocitos, el petróleo todavía se empoza, espeso, entre las piedras manchadas de negro.

Pero, además, en opinión del oceanógrafo e ingeniero ambiental, Brad Parks, quien lideró un equipo cooperativo (entre agencias del gobierno y partes responsables) durante la evaluación de daños a recursos naturales provocados por el derrame de Deepwater Horizon, “es imposible que Repsol recupere el petróleo restante en el mar porque ha pasado demasiado tiempo. El momento clave ya pasó durante los primeros días”, sostuvo. A lo que se refiere el científico es a esas primeras horas en las que se debió actuar rápidamente y con un buen plan de contingencia, dos cosas sobre las que existen serias dudas y que son parte de las investigaciones que llevan adelante las autoridades ambientales peruanas para determinar responsabilidades.

Según advirtió el ministro del ambiente, a la fecha Repsol no ha evidenciado acciones claras de limpieza ni de remediación. De hecho, de las 12 medidas administrativas que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) impuso a la empresa, tres ya fueron incumplidas en el plazo establecido: la obligación de identificar las zonas afectadas por el derrame; contener y recuperar el hidrocarburo y contener y recuperar el hidrocarburo en las áreas naturales protegidas. Por cada una de estas tres medidas incumplidas la empresa enfrenta multas de hasta 4000 UIT (18 millones 400 mil soles, alrededor de 4780 dólares).

Por lo pronto, el Contraalmirante Alberto Avilez, Comandante de Operaciones Guardacostas de la Marina, aseguró que, como parte del plan distrital de contingencia activado para atender la emergencia, se han sucedido una serie de reuniones y verificaciones en campo —tanto en mar, tierra y aire— para verificar que las acciones de contención y limpieza desplegadas por la empresa se desarrollen de manera correcta. “Hemos ido con expertos internacionales con los cuales hemos hecho una serie de reportes a la empresa para que corrija deficiencias que tenía en el trabajo que estaba haciendo. El compromiso es seguir haciendo estas verificaciones con la finalidad de que se empleen los recursos humanos y materiales que están ahorita en el campo de la mejor forma”, señaló el viernes pasado durante una rueda de prensa.

¿Qué tanto se puede remediar?

Según Murawski, “los peces tienen una capacidad de detección de toxicidad y un hígado muy sofisticados”, por lo que pueden recuperarse rápidamente una vez que el petróleo ya no está en el ambiente. Para los mariscos, en cambio, la realidad es algo distinta ya que “no tienen un sistema tan sofisticado, por lo que van a retener el petróleo por un período de tiempo más largo”, explica el científico.

En términos generales, el experto señala que “probablemente veremos una disminución en los animales que viven en el fondo del mar, en el área cercana a la costa alrededor del derrame, y que una vez que el petróleo ya no esté en el medio ambiente, pasarán algunos años para que la biodiversidad vuelva a su nivel normal”.

Sin embargo, aunque sí existe la posibilidad de remediar las zonas impactadas con eficacia, ello “nunca ocurre en un 100 %”, asegura Parks, quien actualmente es vicepresidente de la consultora Olaunu en California, EE.UU., y consultor externo para la Environmental Defense Fund (EDF).

Prueba de ello son los impactos que los científicos continúan identificando años después en el caso del derrame en la plataforma Deepwater Horizon o en el del carguero Exxon Valdez que en 1989, tras encallar en Alaska, vertió 37 000 toneladas de hidrocarburo al mar.

En el primer caso los científicos descubrieron que, por ejemplo, una década después del evento los delfines de las áreas afectadas por el derrame tenían problemas en el sistema inmunológico que podrían atribuirse a la exposición al petróleo. En el caso del Exxon Valdez, en el seno Prince William Sound, que fue donde encalló el carguero, existía una importante pesquería de arenque del Pacífico, una especie que “hasta el día de hoy no se ha recuperado”, asegura Parks.

Al igual que en Alaska, en Perú existe una importante pesquería de pelágicos pequeños, como es el caso de la anchoveta. Además, el derrame del Exxon Valdez también fue cercano a la costa. Es por ello que lo sucedido el pasado 15 de enero es más comparable al desastre del Exxon Valdez que al del Deepwater Horizon, coinciden los expertos. Sin embargo, los científicos también concuerdan en que no existen dos derrames iguales por lo que no se puede saber exactamente qué ocurrirá en el mar peruano.

“Es importante considerar que existen varios parámetros ambientales y humanos que distinguen cada evento”, dice Parks. Por ejemplo, “la población de arenque del pacífico tenía problemas con dos enfermedades no asociadas directamente con el derrame”, precisa el experto y “también había una falta de zooplancton para su alimentación”, agrega, por lo que no es posible decir que las pesquerías en Perú tendrán necesariamente el mismo comportamiento que lo ocurrido tras el derrame del Exxon Valdez.

“Además, todo depende de las circunstancias locales, de la clase de recursos que están en riesgo, de la capacidad que hay en el país para limpiar el derrame y de cuán agresivo sea el gobierno nacional. Los resultados realmente dependen de todas esas cosas, y es difícil de predecir”, agrega Murawski, quien actualmente se desempeña como director e investigador principal del Centro de Mapeo Oceánico y Tecnologías Innovadoras (COMIT), un acuerdo de cooperación entre la Oficina de Inspección Costera de NOAA y la University of South Florida para desarrollar tecnologías que pueda mapear regiones costeras y oceánicas submarinas.

En este momento, el informe que se encuentra realizando el equipo de especialistas de las Naciones Unidas, específicamente del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), será clave para entender la dimensión del impacto socioambiental generado por el derrame y tomar decisiones acertadas sobre las acciones inmediatas que se deben realizar para mitigar el desastre.

¿Qué lecciones se pueden aplicar?

“Un principio del que tenemos que preocuparnos es de no hacer cosas que empeoren la situación”, dice Murawski. El científico recuerda que para el derrame en Alaska, Exxon, al intentar limpiar la zona del intermareal, “lo que hizo fue llevar el petróleo hacia la arena y el fondo”. Esto, según el experto, terminó agravando el escenario. “Hay algunas áreas que lo mejor que puedes hacer es dejarlas en paz y no hacer cosas que causarían más daño”, insiste Murawski.

Además, el científico agrega que si bien es cierto que una rápida contención habría sido lo ideal, la intensidad del esfuerzo de limpieza todavía puede marcar una diferencia. “Puedo decirles que el gobierno de Estados Unidos y BP (British Petroleum) no estaban preparados para un derrame como el de Deepwater Horizon, y tomó mucho tiempo para que el ritmo de limpieza se acelerara. Entonces, dos semanas, parece que es lento, pero este tipo de cosas toman tiempo”.

Además, Murawski destaca la importancia de realizar un seguimiento de las condiciones ambientales tomando muestras del fondo marino y de diferentes animales, desde pequeños invertebrados como camarones y peces, hasta mamíferos marinos, aves o tortugas, para analizar la presencia del hidrocarburo y saber así, con datos, si el plan de remediación está dando resultados o no. “No hay atajo aquí”, dice el experto. “No hay otra manera que no sea tener un sistema desarrollado científicamente para monitorear todas estas áreas e informar periódicamente sobre lo que sucede”, insiste, pero además, “tiene que haber una supervisión independiente”, precisa.

El científico asegura que “una cosa que sucede en los derrames de petróleo es la desconfianza pública”. Por ello, Murawski recomienda que más allá del trabajo entre el gobierno y las grandes empresas, se cuente con una “supervisión independiente”, pues “es una buena idea para generar confianza entre las personas de que se está limpiando el medio ambiente”.

La reunión en privado que sostuvo el secretario general del Despacho Presidencial, Carlos Jaico, con representantes de Repsol el lunes 24 en la embajada de España, no es un buen precedente. “Siempre hay política involucrada en los derrames de petróleo, por lo que necesitamos voces independientes para filtrar las cosas que se dicen y concentrarse en los hechos”, dice Murawski.

Este artículo fue publicado por Mongabay Latam y elDiarioAR lo reproduce.

PP

Las concesiones petroleras sobre el mar Argentino realizadas por el expresidente Mauricio Macri, ahora validadas y defendidas a capa y espada por el actual gobierno nacional, abrieron un nuevo frente de conflicto en el siempre resbaloso y asimétrico debate entre Ambiente y Desarrollo.

Luego de la resolución que da luz verde (licencia ambiental) a la actividad off shore, rubricado el 30 de diciembre pasado por el Ministro de Ambiente, Juan Cabandié, asistimos a importantes movilizaciones en defensa del mar Argentino en las ciudades de la costa bonaerense, principalmente en Mar del Plata. Como una continuidad inmediata del “Chubutazo”, cuyo impacto social preocupa cada vez más al establishment político y económico, las movilizaciones de la costa dieron cuenta de la importancia creciente de las problemáticas ambientales, en un contexto nacional en el cual se conjugan crisis climática (voracidad de los incendios forestales, crisis hídrica y mayor frecuencia de eventos extremos) y avance de las políticas neoextractivistas del gobierno argentino (en nombre de la necesidad de divisas para pagar la deuda externa). 

Volvamos un segundo atrás para recordar que la cartera ambiental fue la encargada de llamar a la audiencia pública, realizada en julio de 2021, en la cual manifestaron su rechazo más de 400 participantes entre científicos de diferentes campos, ciudadanos de todo el país y organizaciones ecologistas. Tomando en cuenta la postura negativa que predominó en la audiencia pública, así como los acuerdos internacionales de descarbonización y el mandato de la transición energética, al interior del gobierno circularon mensajes de que Cabandié no otorgaría la licencia ambiental a la actividad hidrocarburífera offshore. Sin embargo, meses más tarde, éste hizo tabula rasa de los reclamos ambientales y los compromisos internacionales, reorientando su discurso hasta ponerlo en sintonía fina con la narrativa extractivista del Ministerio de Producción. Vaya a saber cómo operó el disciplinamiento partidario al interior del gobierno, pero resulta evidente que el Ministerio de Ambiente cedió ante las presiones internas y comenzó a hablar otra lengua. Así, los planetas se alinearon.

Ante las enormes movilizaciones costeras que advirtieron sobre la ausencia de licencia social, la respuesta del gobierno nacional no tardó en llegar. La semana pasada, luego de una reunión con el Jefe de Gabinete, Juan Manzur, distintos funcionarios –de energía, producción y ambiente- salieron en amables giras mediáticas a defender la exploración y explotación off shore. También boletines informativos webs se encargaron de replicar, casi calcadamente, la información falaz y maliciosa que hacían circular desde el Ministerio de Producción. Otros medios atacaban al ambientalismo calificándola de “prohibicionista” y “antidesarrollo”, buscando incluso expulsar la palabra “extractivismo” del vocabulario político-social. Para defender el proyecto oficial, desde la cartera liderada por Matías Kulfas, funcionarios de tercer rango pero con numerosos seguidores en las redes sociales, comenzaron a utilizar como máxima autoridad en estos temas al IAPG –Instituto Argentino de Petróleo y Gas- que pese a su nombre, es un ente creado y financiado por las grandes corporaciones petroleras transnacionales como Shell, Chevron, Exxomovil, Total, varias de las cuales forman parte de esta aventura off shore. Resulta curioso que las grandes corporaciones petroleras, muchas de las cuales durante décadas financiaron a nivel global “estudios científicos” para alimentar el discurso negacionista en relación al cambio climático, buscando exculpar a los combustibles fósiles y ocultando su responsabilidad, hoy sean usadas por funcionarios públicos como fuente de información veraz y legítima. Sin embargo, acá no nos interesa abocarnos al tema (el artículo de Marina Aizen en este mismo diario refutó de modo contundente uno a uno los argumentos del IAPG), como indagar sobre otros mitos y realidades de la explotación off shore, difundidos por el gobierno, para contrarrestar la oposición social y cancelar una vez más las voces del ambientalismo crítico.

Para comenzar, muchos repitieron hasta el cansancio que en realidad la explotación off shore no es nada nuevo en el país, pues ya hay plataformas marítimas y que el 19% del gas que llega a nuestras casas remite a este origen. No es un tema menor. Hay aquí también información tramposa. En realidad, la actual autorización es algo incomparable con el off shore que ha habido hasta ahora en el Mar Argentino. No es lo mismo la actividad en plataformas fijas sobre aguas someras - poco profundas de hasta 100 m- tal como se realiza en la cuenca austral (en aguas de Tierra del Fuego), que la extracción en aguas ultraprofundas, que se pretende hacer ahora en el mar Argentino. Como señaló en redes sociales el geógrafo de la Universidad Nacional de Cuyo, Marcelo Giraud “algo que no dicen los funcionarios, el IAPG y demás defensores de la autorización a la empresa Equinor, es que de los actuales 36 pozos gasíferos off shore en el mar Argentino, sólo 1 está sobre una columna de agua mayor a 100 metros, todos los demás son en aguas poco profundas. En cambio en el polígono donde autorizaron a Equinor a hacer exploración sísmica de hidrocarburos, el fondo marino está a unos 1.700 a 3.800 metros de profundidad, califica como off shore ultraprofundo, que jamás se ha hecho en Argentina.” A mayor profundidad del mar, mayores son los riesgos, las operaciones mucho más complejas, todo ello en un contexto bastante más exigente.

En realidad, la actual autorización es algo incomparable con el off shore que ha habido hasta ahora en el Mar Argentino

Tampoco es cierto que los accidentes petroleros ocurridos en aguas marítimas no sean relevantes o que Equinor sea una empresa sin prontuario. Por ejemplo, el desastre de la plataforma de aguas ultra-profundas Deepwater Horizon, ​ en abril de 2010 en el golfo de México, fue el resultado de una explosión que provocó 11 trabajadores muertos y el más importante vertido de petróleo de la historia, al menos, 779.000 toneladas de petróleo crudo. Junto con el hundimiento de la plataforma Petrobras 36 en las costas brasileras, en el año 2001, fue hasta ahora la peor tragedia en una plataforma petrolera desde la explosión de la plataforma británica Piper Alpha en 1988, en el Mar del Norte, que provocó 167 muertos. Todas estas plataformas estaban ubicadas a menor profundidad de la que estarán en el Mar Argentino.

No es cierto, como se difundió hartamente esta semana, que Equinor no tenga antecedentes en accidentes ambientales. En abril de 2021, el regulador noruego de seguridad en alta mar (Autoridad de Seguridad del Petróleo PSA) calificó como “grave” un derrame de petróleo de la plataforma Gullfaks C de Equinor en el Mar del Norte. Antes de ello y según información oficial suministrada por la propia empresa Equinor, durante los primeros tres meses del año 2021, se registraron dos fugas de gas, una en el campo Visund en el Mar del Norte y una fuga de hidrógeno en la refinería de Mongstad. Y también informaron seis fugas para el mismo período del año 2020. 

Por otro lado, hay que consignar también que de los 38 campos hidrocarburíferos propios que el sitio web de Equinor enumera en su página web en el mar noruego, sólo 1 tiene 1.300 m de perfil de agua: Aasta-Hansteen. Todos los demás tienen sólo entre 70 y 380 m de profundidad de agua.

Sucede que la explotación off shore es una energía extrema. En el marco de la crisis socioecológica, el concepto de energías extremas es muy útil, pues como dicen Hernan Scandizzo de Observatorio Petrolero Sur, de Argentina, y Tatiana Roa Avendaño, de Censat-Colombia, ésta se refiere no sólo a las características de los hidrocarburos, sino también a un contexto en el que la explotación de gas, crudo y carbón entraña cada vez mayores riesgos geológicos, ambientales, laborales y sociales; además de una alta accidentalidad comparada con las explotaciones tradicionales o llamadas convencionales. Para el caso argentino hay que agregar que la localización (aguas ultra profundas), además de la envergadura (la gran escala), juega un rol fundamental. 

Hay que destacar que hasta la propia técnica de exploración es severamente cuestionada desde el punto de vista científico: el reconocimiento sísmico funciona efectuando disparos submarinos con cañones de aire que crean sonidos muy fuertes, que provocan un impacto en más de 300.000 km2 (una superficie equivalente a toda la provincia de Buenos Aires). Las ondas sonoras de estos disparos viajan al fondo del océano, se reflejan y son captadas por sensores remolcados detrás del buque de exploración. Los datos recolectados se utilizan para crear mapas del fondo marino detallados, que las compañías petroleras usan para determinar las ubicaciones para la perforación. Esta práctica impacta sobre la biodiversidad, como la ballena franca austral (monumento natural), el delfín franciscana, orcas, lobos marinos y pingüinos que se encuentran expuestas a la desorientación, cambios en su comportamiento, estrés, discapacidad auditiva, lesiones masivas y hasta la muerte por ahogamiento o varamientos.

Desde el punto de vista científico: el reconocimiento sísmico funciona efectuando disparos submarinos con cañones de aire que crean sonidos muy fuertes en más de 300.000 km2 (una superficie equivalente a toda la provincia de Buenos Aires).

Incluso el sector pesquero argentino se encuentra muy preocupado por el impacto ambiental que tienen las actividades hidrocarburíferas off shore en el Mar Argentino donde actualmente se llevan adelante actividades pesqueras, que emplean a miles de personas. Cabe recordar que la petrolera Pan American Energy (subsidiaria de la petrolera británica BP y la China National Offshore Oil Company) en el año 2009 realizó prospecciones sísmicas en el Golfo San Jorge y a posteriori se evidenció una merma significativa en la captura de merluza durante 16 meses.

Nadie ignora que la situación económica y social de la Argentina es muy grave, mucho más frente al legado macrista ligado a la enorme e impagable deuda externa. Pero resulta lamentable que el único “proyecto” del gobierno actual sea pagar la deuda con el FMI. Y que acompañe este mandato con el falso argumento de que la exportación a gran escala de commodities servirá para reducir la pobreza. Ya hemos dicho acá que es un disparate vincular subdesarrollo con protección ambiental. No es que Argentina no logra el desarrollo porque tiene limitaciones ambientales. El agronegocio, el fracking en Vaca Muerta y la megaminería, son todas actividades que se llevan a cabo casi sin límites, ni controles ambientales y estatales. Nuestro país está profundamente liberalizado desde el punto de vista ambiental. Un ejemplo es el monocultivo de la soja que hoy ocupa 24 millones de hectáreas, el cual avanzó en gran parte sobre bosque nativo (desde la autorización en Argentina de la soja transgénica se perdieron 8 millones de hectáreas de bosque nativo), produciendo cambios en el uso del suelo y un nivel de deforestación entre los más altos del mundo, uno de los indicadores responsables de la actual crisis climática. Así, pretender vincular el “subdesarrollo” de Argentina con políticas de protección ambiental es una falacia. Es exactamente al revés: son los modelos de maldesarrollo, que buscan imponerse sin licencia social sobre las poblaciones, los que mantienen a más de la mitad de los niños bajo el nivel de pobreza. O para decirlo de otro modo: si con fracking, agronegocios y minería a cielo abierto tenemos más del 40% de la población bajo la línea de pobreza, una gran concentración de riqueza, y una expansión cada vez mayor de conflictos ambientales, no parece razonable que, haciendo más de lo mismo, en nombre de la reactivación de la economía o de la búsqueda desesperada de dólares (que por otro lado no llegan nunca), vayamos a tener resultados distintos. Desde la propia cartera ambiental se dijo que había que pagar la deuda con el FMI y volvió a hablarse de los millones de pobres, como si el ambientalismo se opusiera a la justicia social. En realidad, no existe un debate sobre los modelos de desarrollo, tampoco un Plan de transición energética. La exacerbación del “mandato exportador” (el concepto es de F. Cantamutto y M. Schorr), nos entrampa en un círculo cada vez más perverso: a más deuda externa, más exportación de commodities, mayor deuda ecológica, mayor sacrificio de poblaciones y territorios.

Lo cierto es que, tal como señaló el licenciado en Ciencias Ambientales Inti Bonomo, “Ibamos a cambiar deuda por acción ambiental y terminamos cambiando ambiente para pagar la deuda”. Pero hay que preguntarse si siquiera servirá para esto, porque incluso en términos estrictamente económicos son bastante dudosos los beneficios de esta actividad. Por la Ley 27.007 (que modifica la Ley 17.319) la producción proveniente de grandes concesiones hidrocarburíferas off shore cuentan con la libre disponibilidad del 60% de las divisas generadas en la explotación de las mismas (es decir, ni siquiera entran al país) y una reducción del 50% de las regalías a pagarse. Si ya el 12% era bajísimo, muy por debajo de otros países de la región como Ecuador y Bolivia, imagínense lo que significa su reducción al 6%. Resulta también difícil incorporar el argumento menemista de que habrá beneficios financieros y económicos porque se trata de grandes inversiones. Con ese discurso se construyó toda la legislación minera de saqueo en los 90 que permite que coexistan empresas mineras inmensamente ricas con poblaciones enormemente pobres. 

Entramos de lleno en la lógica del saqueo, que el gobierno quiere encubrir con una falsa narrativa “soberanista”, en relación al mar Argentino. Más bien, en este sentido, presenta problemas. Como es sabido además de la firma anglo-holandesa Shell también está la petrolera noruega Equinor que tiene como una de sus directoras a Anne Drinkwater, asesora en temas petroleros del gobierno kelper en las Islas Malvinas, como denunció Pino Solanas, cuando era Senador nacional. Más claro, una empresa que tiene como directora a una asesora del gobierno kelper será quien tenga a cargo la exploración y mapeo de los recursos hidrocarburíferos en Mar Argentino.

Preocupa, como ocurrió en Mendoza (a fines de 2019) y hace semanas en Chubut, la desconexión con la realidad de gran parte de la clase dirigente, que –además- acepta pasivamente el extractivismo como si fuese un destino inevitable y no una decisión geopolítica mundial. Llegó el momento de que salgan a recorrer los territorios, vean las problemáticas socioambientales y se compenetren con los nuevos debates que existen en todo el mundo sobre la transición ecosocial.

En fin, batallar para empezar a salir de la civilización del petróleo y avanzar en la transición energética no es una tarea fácil, aún si la crisis climática y la preservación de la vida en el planeta nos lo exige de manera urgente y necesaria. Todos formamos parte de la cultura del petróleo; no solo nuestras estructuras económicas y sociales están arraigadas en ella sino también nuestras estructuras cognitivas y mentales. Pero no por eso debemos capitular ante el lobby de los poderes fácticos, bastardeando nociones como la de Justicia Social y Transición energética. No hay modo en que la ampliación de la frontera hidrocarburífera a través del off shore en aguas profundas pueda ser aceptada en el marco de la transición energética. Esto es claramente un retroceso. De lo que se trata es de dar la batalla cultural, para empezar a salir de la cultura del petróleo, no de sumergirnos más en ella, para iniciar el camino de una transición energética justa, que beneficie y proteja a nuestras poblaciones y territorios. 

MS/EV

En medio de uno de sus habituales derrumbes económicos, Argentina está discutiendo su modelo de desarrollo. Un salto de madurez respecto al colapso anterior en 2001, cuando optamos por culpar en bloque al neoliberalismo, simular el retorno a un pasado dorado y apostarle todas las fichas a un solo commodity. Hoy el debate congrega a técnicos, militantes y funcionarios vestidos de civil en torno a dos posiciones que podemos resumir provisoriamente como desarrollismo y ambientalismo (por razones de espacio, omito categorías como “falopa”, “ecocida”, etc). 

El primer mérito del debate es haber fomentado una transversalidad impensable en otros rubros: peronistas, radicales, liberales y progresistas unidos por el desarrollo y contra el ambientalismo. También hubo intervenciones interesantes. Roy Hora, historiador agrario que leí con deleite en mis años de estudiante, en un arco argumental sorprendente ofreció como modelo sustentable para Tierra del Fuego el saneamiento del Riachuelo que une al sudoeste de Buenos Aires con el Río de la Plata (la columna se puede leer acá.

¿Queda algo por decir entre tantos textos y voces? En primer lugar, es difícil tomar partido entre las dos posturas tal como se presentan. En segundo lugar, lo que hago es básicamente una historia de las ideas: rastreo los orígenes y la lógica interna de un conjunto de conceptos e imágenes, y después veo cómo interactúan con la realidad, aquello que está afuera del pensamiento. Veamos si eso sirve para algo en esta discusión.

Antes, y como no aspiro a ser un árbitro olímpico ni busco el justo medio, empiezo por explicitar mi postura. Creo que Argentina necesita crecer y que distribuir lo acumulado no alcanza. Creo que el mercado es inevitable. Creo que la política y la tecnología son las herramientas que nos permiten solucionar, incluso superar, al capitalismo. A esta altura, el aceleracionismo es un meme. Pero uno poderoso, que me ayuda a pensar más allá de sus límites y de los míos, como para otros puede serlo una frase de Perón u Obama.

El desarrollismo como nuevo mercantilismo

Los argumentos desarrollistas tienen dos velocidades o, para darle un toque criollo, dos trancos. El argumento de tranco corto dice que Argentina no crece hace años y necesita exportar e ingresar dólares ya mismo. Una verdad irrebatible. Solo que ese cortoplacismo poco tiene que ver con la voluntad de construir un modelo económico, no por nada, llamado desarrollismo. No se trata sólo de explotar todo lo explotable sino de darle una dirección, establecer prioridades, montar un sistema sostenible. La desesperación no parece buena consejera para nada de eso.

Aquí es donde llega el desarrollismo de tranco largo, que nos habla de la necesidad de agregar valor, de los eslabonamientos hacia adelante, de Noruega y Corea del Sur. Modelos atractivos, alguno de ellos también extractivista, y con un desempeño indiscutiblemente exitoso en el último medio siglo (aunque, me temo que algunos desarrollistas deben seguir soñando con Mosconi y Alejandro Bunge, si no con algún Plan Quinquenal).

En el peor de los casos, este desarrollismo de tranco largo parece apenas un traje digno para el desarrollismo de tranco corto. En el mejor, es un idealismo. Al igual que el realismo político, el realismo económico combate a los idealistas de lo blanco idealizando lo gris. El idealismo desarrollista combina una concepción mercantilista del mundo con una concepción colonial del país. Como los mercantilistas del siglo XVII, asumen que la riqueza mundial, esta vez medida no en oro y plata sino en litio y agua dulce, es escasa y hay que pelearla a codazos. El daño que no hagamos lo van a hacer otros. No suena tan errado: quizás en el Antropoceno, Colbert triunfe sobre Adam Smith. 

Pero esa noción de escasez global se revierte al volver la vista al país, que los desarrollistas entienden como un mero territorio a colonizar, con recursos infinitos que se pueden explotar sin remordimiento ni consecuencias. Un nuevo El Dorado, lleno de chanchos y shale gas. Vuelve el reflejo de Australia y Canadá con el que tanto nos comparamos en el pasado pero con su peor rostro: enclaves que dispusieron de los recursos de un enorme hinterland. En Hispanoamérica las cosas no salieron igual. Por fuera de los enclaves blancos había “repúblicas de indios”. Que hoy votan.

Quizás estoy siendo injusto y exagerado. Los desarrollistas con rostro humano subrayan una y otra vez la necesidad de regular la explotación de recursos naturales para resguardar el bien público y el entorno natural. Eso nos lleva a otra discusión.

El nuevo ambientalismo contra el crecimiento económico

Decir ambientalismo es tan impreciso como decir socialismo, feminismo o cristianismo. Bajo una sola etiqueta caben cientos de debates. Pero tampoco podemos detenernos en el narcisismo de sus pequeñas diferencias. Propongo entonces tomar dos grandes tradiciones. Una sería la “sustentabilidad”, presentada en 1987 por Gro Harlem Brundtland en su informe “Nuestro Futuro Común” para la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU. Se trataba de conciliar al desarrollo económico con la justicia social y la preservación del medio ambiente. Fue el ecologismo oficial de los años ‘90, perfectamente compatible con la democracia liberal, la globalización y los discursos de Clinton, Bono y alguna Miss Universo. Es también el horizonte de garantías del desarrollismo: no teman a esta salmonera ni a esta minera, podemos regularlos. 

Si a la sustentabilidad la condenó su tibieza ecuménica y el consiguiente inmovilismo político, al optimismo regulacionista argentino lo condena su pasado. Solo con ver lo que costó aprobar una sencilla ley de etiquetado, o lo que aún cuesta ejecutar el fallo Mendoza de saneamiento del Riachuelo (para pesar de tantos fueguinos), es difícil ilusionarse con lo que pueda hacer el anémico Estado Argentino ante una multinacional minera o un enclave porcino en el medio de la pampa.

La otra tradición ambientalista es más radical y antigua. Nació en los '70 con los debates alrededor del Informe Meadows y los límites del crecimiento. En ese intercambio, André Gorz y Nicholas Georgescu-Roegen llegaron por vías diferentes al mismo concepto: decrecer, consumir y producir menos como única forma de supervivencia humana ante un agotamiento de los recursos proyectado para 2030. Durante la hegemonía neoliberal de los '80 y '90, el decrecionismo, que postula la prescindencia del crecimiento económico, sobrevivió en las catacumbas y resurgió con el antiglobalismo del nuevo siglo. La crisis climática y el descrédito político de la sustentabilidad transformaron a las premisas decrecionistas en el fundamento tácito de buena parte del ambientalismo actual: el crecimiento económico tal como lo mide el PBI es insostenible, injusto e incontrolable. Bajar el metabolismo social, vivir con menos, sería la solución. 

Branko Milanovic hizo las cuentas: si ponemos como tope del nivel de vida mundial el ingreso global promedio (5.500 dólares anuales), aún deberíamos permitir que el 73% del mundo incrementara sus ingresos. Imposible de lograr sin crecimiento económico. ¿Debemos vivir aún con menos? Por no hablar del efecto político que tendría intentar operar un ajuste para hacer decrecer al consumo global. Si el desarrollismo sobreestima la capacidad reguladora del Estado argentino, el decrecionismo lo hace con la plasticidad de la sociedad ante metas políticas de una minoría.

El decrecionismo es insostenible e injusto. No es raro entonces que tanto el “manifiesto de los 170 académicos holandeses” como el venerable Bruno Latour saludaran al parate económico de la pandemia como una oportunidad para decrecer. Ya que no por la razón, el decrecimiento debía aplicarse por la fuerza. Décadas de aislamiento político y radicalización llevaron al decrecionismo a esta cerrazón utópica rayana en la misantropía.

¿Qué hacer?

No sé. 

Hace poco, en medio de un seminario, un participante con vocación por la filosofía analítica (quiero nombrarlo: Juan Iosa), destripó meticulosamente mi crítica al decrecionismo y me demostró en la cara que soy decrecionista sin asumirlo, que repudio sus medios pero comparto su diagnóstico. No esperen entonces conclusiones rotundas de esta nota: soy un aceleracionista en deconstrucción. Pero tratemos de hacer algo con eso.

¿Cuál es el problema de los medios decrecionistas? Que son mecánicos: se trata de trabar con un palo los engranajes de la máquina social para que deje de quemar carbón. Pero el mundo no es solo un motor, también es una computadora. Hay redes recursivas de intereses y relaciones. Apagar el turismo por el Covid bajó la huella de carbono pero fomentó la tala ilegal. Ya es demasiado tarde para esperar que la Naturaleza se recomponga sola.

La solución no es mecánica, es cibernética. Buscar la retroalimentación entre esas redes y estas políticas.  Incorporar a la posnormalidad: ante una situación ambiental de incertidumbre total, no confiar solo en este paper o en aquella consultora, sino extender la revisión por pares a toda la comunidad. No vamos a encontrar una voluntad popular: los sanjuaninos quieren minería, mal que les pese a los ambientalistas; y los fueguinos no quieren salmoneras, mal que les pese a los desarrollistas. Sería óptimo extender esta asamblea a las cosas, hacer hablar de alguna manera a las personas no humanas que también son parte de estas decisiones. En definitiva, la Naturaleza no existe: todos los objetos somos híbridos. Y tenemos que vivir juntos. 

La recursividad nos evitará caer en el representativismo. La palabra del pueblo no tiene punto final sino que retroalimenta nuevos proyectos y nuevos debates: presentarles a los fueguinos su futuro sin ensambladoras; y a los sanjuaninos, su futuro sin agua. Y ver qué pasa. De ese feedback no emergerá un modelo cerrado sino el tanteo hacia una práctica de desarrollo acorde con la época que nos tocó, así como el modelo agroexportador emergió de la pérdida del Alto Perú y la revolución industrial inglesa; y la sustitución de importaciones, de la política de masas y la crisis del modelo agroexportador. No será maravilloso pero tampoco debe ser el desastre que nos prometen tanto el ambientalismo decrecionista como el desarrollismo mercantilista.

AG

Durante los últimos casi tres lustros, la gestión de la ciudad de Buenos Aires le borró a sus habitantes la memoria y la identidad de un plumazo. La obturó con el profuso marketing de un así llamado progreso que no persigue el bienestar general. Culmina en una imagen, un significante vacío que brilla estático en una caterva de falsas promesas de gestión y sustituye la real dimensión de la irrecuperable pérdida: el espacio público. Ese espacio que nos hace participar de la diversidad en un proyecto común como seres políticos que sienten, piensan, razonan, preservan y comparten la raíz de un lazo social. Eso que nos convierte en una comunidad. 

“Entender es entender lo que está puesto en juego”, decía Hannah Arendt. Sustraernos del sentido comunitario es la raíz de la concepción de progreso del extractivismo. En este caso, del extractivismo urbano: acumulación privada por desposesión de bienes públicos. Es el despojo de lo que, por derecho, es de todos y culmina, indefectiblemente, en el acaparamiento de capital en beneficio de escasos inversores.

La concepción de “progreso” del extractivismo convierte a los bienes reales en bienes simbólicos. Troca valor de uso por valor de cambio. No importa la huella ecológica depredadora del fracking, no importan los residuos de cianuro y otros químicos que deja la minería a cielo abierto, no importa la desertificación del suelo que espanta a los pequeños agricultores engrosando las villas miseria de los centros urbanos, no importan las malformaciones genéticas y el cáncer que sufren los pueblos fumigados. No importa que la costa del Río de la Plata vaya a estar inundada en 25 años... Sigamos construyendo torres a la vera de la ribera porteña, construcciones que, como dice Saskia Sassen: “No importan como viviendas sino como inversiones”.

En quince años se construyeron 30 millones de metros cuadrados de inmuebles, estadios, centros de convenciones en la ciudad de Buenos Aires. Casi en su totalidad producto de la especulación inmobiliaria. Mientras tanto, la población de carenciados que viven en las villas creció un 60%.

En toda noción de espacio público subyace la de bien común. Aplicado al espacio urbano, sería todo ámbito no-privado en el que por un período de tiempo intercambian personas de diferente origen e intereses al amparo de una vaga noción de identificación o pertenencia. Lo público, lo no-ajeno está afuera de nuestra casa y al mismo tiempo nos contiene. Es subjetividad compartida y propiedad no exclusiva. Por más que sea un espacio de multiplicidad identitaria, nos representa a todos. Cuando las ciudades tienen alma, están pobladas de lugares donde la diversidad de personas, de espacios y de tiempos diferentes se articulan para remitirnos al pasado, contenernos en el presente y proyectarnos hacia un futuro de convivencia posible. Es precisamente lo que perdió esta Buenos Aires descuartizada por el afán de “ponerla en valor”.

Sentir Buenos Aires

Mi historia personal con Buenos Aires es la de un amor aprendido. Tal vez porque no se nace amando una ciudad, se la ama en retrospectiva, a partir de esos instantes de epifanía donde el descubrimiento de una huella nos hace sentir el tiempo, la eternidad prestada del Aleph en una viejo sótano de Balvanera. Se la ama a través del descubrimiento renovado de sus atmósferas, del aroma de los tilos en diciembre o la de las tipas lloviendo sobre el boulevard de la calle Olleros. Se la ama, sobre todo, a través de las huellas del pasado. Y cuando desaparecen las huellas, se pierde el alma urbana, la reverberancia de la identidad en la que nos amparamos y nos sentimos en casa.

Hoy solo puedo recuperar la ciudad en las imágenes que evoco. El paisaje de mi infancia, de mi adolescencia, de mi juventud y de mi temprana madurez ha desaparecido. Aquello que me contenía se ha transformado en intemperie. Es como si hubiese perdido las partes que me constituían y solo pudiera recuperarlas en fragmentos de María Elena Walsh, Cátulo Castillo, Carriego, el Jorge Asís de Fe de ratas, tantísimos otros. Y, por supuesto, Borges. El que a los dieciocho años volvía de Ginebra y descubría la inefable devoción por algo esencialmente propio:

… y divisé en la hondura

los naipes de colores del poniente

y sentí Buenos Aires.

¿Tienen alma las ciudades? ¿Existe en el tiempo o el espacio de una ciudad un momento, una imagen, una escena en la que podemos reconocernos más allá de lo aleatorio del presente? ¿Qué define la pertenencia sin la necesidad de apropiarnos de lo que por sí es nuestro y le pertenece a todos? El alma de una ciudad es aquello que no comparte con ninguna otra. Es su especificidad, no en el sentido de una clasificación objetiva, sino en ese conjunto de imágenes, traza humana, colores, olores, paredes o idiolectos por los cuales se sabe, o más bien, se siente… estamos en casa. La ciudad es el ancho hogar recorrido por otros antes y después. La ciudad con alma se lee con todo el cuerpo, como un gran texto en el que se comparten los trazos de la pertenencia. Cuando una ciudad tiene alma, sus habitantes son baqueanos de un territorio inconmensurable, abierto, misterioso y recóndito que transfiere permanentemente relatos de otras vidas: las propias, las ajenas, tanto da, porque el pasado se comparte y es también parte de cada uno. La ciudad con alma es la del aquí vivieron. Es lo contrario al desierto, al paisaje sin testigos, a la desmemoria, al borrón y cuenta nueva, a la página en blanco.

Solastalgia, un neologismo creado por el geógrafo y filósofo australiano Glenn Albrecht, intenta explicar la inefable angustia de vivir en un territorio sacrificado por el extractivismo.

La ciudad tan celebrada por sus artistas se ha vuelto ajena. Ha perdido su existencia previa, el imaginario tangible que le confirió carácter, esencia y personalidad. Cobró la impronta hueca de un lugar en su grado cero de significado, pareciéndose a las ciudades en serie donde se lleva a turistas celosamente custodiados a contemplar la pobreza o el color local.

Vivimos en grandes y crecientes territorios de sacrificio. En 2015 los científicos participantes de la cumbre climática de París declararon que a la temperatura del planeta le faltaban solo 0,5 grados centígrados para que ingresáramos a un mundo totalmente desconocido. Con grandes sismos, inundaciones, sequías y, sobre todo, la destrucción de especies biológicas que hicieron posible la vida tal como la conocimos. El colapso ecológico ya llegó, sostienen Maristella Svampa y Enrique Viale en su deslumbrante análisis de la situación actual, publicado recientemente por Siglo XXI.

Para referirse al extrañamiento que produce ese mundo en el que ya vivimos, en Esto cambia todo Naomi Klein recurre a un concepto creado por el geógrafo y filósofo australiano Glenn Albrecht. Se trata de un neologismo, Solastalgia, que intenta explicar la inefable angustia de vivir en un territorio sacrificado por el extractivismo. Es el sentimiento de estar dentro de nuestra casa sin reconocerla. Una sensación de “ajenidad” dentro de lo conocido que ya no nos pertenece ni nos cobija como antes. Es la pérdida del terruño habitual, una suerte de habitar en la distopía del presente sin entenderla. Una realidad corrida de su eje.

Cuando hablo de ruinas soy parte interesada. El sur del Bronx, donde pasé mi infancia y juventud, es hoy una de las mayores ruinas urbanas recientes después de Beirut. Esto escribía Marshall Berman en su grandioso libro Todo lo sólido se desvanece en el aire (1982). Sus postulados urbanos están basados en la experiencia infantil de convivir con la permanente destrucción y desintegración de su entorno. Desde muy temprano percibió los cambios abruptos y los interpretó como un ¨lúgubre proceso de acumulación y destrucción de riqueza¨, tanto, que llegó a referirse a un “urbicidio” para dar cuenta del asesinato de una ciudad producto de las malas políticas de planeamiento que destruyen los espacios públicos y el tejido social urbano. La autopista diseñada por el urbanista Robert Moses le había quebrado su infancia, le había destruido ese amparo comunitario que se siente al convivir en una multiplicidad étnica, cultural o religiosa compartiendo un destino común.

Y si de ruinas se trata, nuestro presente es ese Ángel de la historia de Walter Benjamin inspirado en el famoso grabado de Paul Klee. La interpretación que el filósofo hace del grabado es, se diría, el apocalipsis actual: un ángel de azorados ojos bien abiertos mira hacia el pasado. Desde allí le llueven escombros que le van cubriendo los pies hasta las alas, de modo que ya no podrá desplegarlas nunca más. Del pasado sopla un feroz viento huracanado. Ese viento, ese huracán, dice Benjamin, es el progreso.

GM