La candidata derechista Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, consolidó su primer lugar en los comicios presidenciales de Perú, con 16,88% de votos válidos, cuando se ha escrutado el 60% de los sufragios de las elecciones generales de este domingo, señaló el cómputo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), es seguida por el ultraderechista Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, con 13,88% de los sufragios, y por el centrista Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, con 12,50% de los votos.

De mantenerse estos resultados al término del escrutinio, Fujimori y López Aliaga disputarán la Presidencia de Perú en una segunda vuelta, el próximo 7 de junio.

El cómputo de la ONPE, precisó que Fujimori ha recibido, hasta el momento, 1.838.531 votos, mientras que López Aliaga tiene 1.511.437, y Nieto llega a 1.361.296.

Tras estos tres candidatos aparece, el populista Ricardo Belmont, del partido Obras, con 9,8% y 1.082.166 votos, y el izquierdista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con 8,5% y 932.811 votos.

Esta es la primera vez que Sánchez aparece entre los cinco candidatos más votados en el cómputo oficial, ya que un conteo rápido que ofreció la empresa Ipsos este lunes le dio la principal opción de disputar la segunda vuelta electoral con Fujimori, en una reñida disputa con López Aliaga y Nieto.

Otro conteo rápido realizado y difundido este domingo por la empresa Datum señaló que Fujimori y López Aliaga disputarán la segunda vuelta.

De confirmarse las proyecciones, será la cuarta vez seguida que la candidata de Fuerza Popular estará en la segunda vuelta, después de haber perdido en esa instancia en las tres ocasiones anteriores ante Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

Más de 27,3 millones de peruanos fueron convocados el domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho mandatarios en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.

La jornada estuvo marcada por problemas en la distribución del material electoral en varios distritos de Lima, que provocó retrasos en el inicio del sufragio e incluso el impedimento de votación en 13 colegios de la capital, que dejó sin ejercer su derecho a 52.261 personas, algo que después el jurado electoral ordenó que se solucione con la ampliación de la votación hasta este lunes.

EFE

Las elecciones presidenciales de Perú celebradas este domingo se encaminan a una segunda vuelta entre la derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y, probablemente, el ultraderechista Rafael López Aliaga (Renovación Popular), quien denunció sin pruebas fraude y pidió capturar al organizador de los comicios, tras una jornada electoral marcada por problemas logísticos que obligaron a extender la votación al lunes en trece colegios.

De acuerdo a un conteo rápido de 1.500 actas realizado por la encuestadora Datum, Fujimori obtiene el primer lugar con el 16,8% de votos válidos, seguido de López Aliaga (12,9%) y del centrista Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), con 11,4%, único que podría poner en jaque la segunda plaza del empresario admirador de Donald Trump.

De confirmarse esta proyección, será la cuarta vez seguida que la candidata estará en la segunda vuelta, después de haber perdido en esa instancia en las tres ocasiones anteriores ante Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

Mientras, para López Aliaga será la primera vez en esa instancia tras no alcanzarla en 2021 y posteriormente ganar las elecciones para alcalde de Lima, cargo del que dimitió el año pasado para volver a ser candidato presidencial.

Al 40% de votos escrutados, Fujimori tiene el 17,1% de votos válidos, López Aliaga el 16,4% y Nieto el 13,8%.

Tras conocer estos resultados, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-200) celebró que la izquierda esté cerca de quedarse fuera de la segunda vuelta.

“Los resultados del conteo rápido son una señal muy positiva para el país, porque el enemigo es la izquierda, y de acuerdo a los resultados del conteo, no estarían en la segunda vuelta, y eso es muy positivo para todos los peruanos”, enfatizó Fujimori.

La candidata y líder de Fuerza Popular, que hizo una campaña en la que reivindicó plenamente el gobierno de su difunto padre, autor de un autogolpe de Estado en 1992, y posteriormente condenado a 25 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos, entre otras sentencias por corrupción, sostuvo que “desde hace 25 años nos gobierna el antifujimorismo, que lo único que ha hecho es buscar excusas y lanzar muchos insultos”.

“Nosotros no guardamos rencor. Todos estos años nos hicieron mejores. El país no lo salva una sola persona, sino un equipo, y este equipo se dirige y gobierna desde la Presidencia”, dijo la candidata durante una intervención desde un hotel de Lima donde aguardó los resultados del conteo rápido.

Fujimori dijo que “Perú no aguanta más improvisaciones. ”Hoy no es un día de festejo, porque nuestro país vive tiempos difíciles, pero es un día de muchísima esperanza. Nuestro país está mucho más cerca de recuperar el orden“, recalcó.

La jornada electoral comenzó con grandes retrasos en la apertura de importantes centros de votación en la capital Lima, debido a la falta de material electoral, que hizo que unos 52.000 electores se quedasen sin poder votar, una situación que motivó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a autorizar, en una decisión inédita, que la votación en esos locales se haga este lunes.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), encargada de organizar las elecciones, atribuyó el problema a la empresa contratada para el reparto, que en algunos puntos llegó cinco horas después de la hora de inicio de la votación. De acuerdo al reporte oficial, se lograron instalar el 99,8% de las mesas electorales a nivel nacional.

Pese a la decisión de extender la votación al lunes, López Aliaga (Renovación Popular) demandó penalmente al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, por omisión de funciones y solicitó a la Fiscalía que ordene su captura inmediata, al considerar que “no es casualidad” que se quedasen sin abrir colegios en zonas donde, según él, votan mayoritariamente por Renovación Popular.

No obstante, tanto las misiones de observación electoral de la Unión Europea (UE) como de la Organización de Estados Americanos (OEA) reportaron una jornada electoral sin irregularidades y con una gran afluencia de electores, pese a los problemas para la apertura de determinados locales de votación.

EFE

Treinta y cinco candidatos, un número récord en Latinoamérica, aspiran a la presidencia de Perú en las elecciones generales de este domingo 12 de abril, en las que se prevé una segunda vuelta para renovar el poder político en un país donde ser presidente se volvió sinónimo de ceses tempranos e incluso de acabar en la cárcel.

Las últimas encuestas autorizadas por la Ley Orgánica de Elecciones coinciden en que la derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular), hija del fallecido dictador Alberto Fujimori, se ubica a la cabeza de la intención de voto, con porcentajes que fluctúan entre el 13 y el 18%. Le siguen el comediante de centroderecha Carlos Álvarez (País para Todos) y el empresario ultraconservador Rafael López Aliaga (Renovación Popular), exalcalde de Lima, quienes se disputan el segundo lugar para aspirar a la segunda ronda del 7 de junio.

Más de 27 millones de peruanos están habilitados para votar por un presidente, dos vicepresidentes, 60 senadores, 130 diputados y 5 representantes para el Parlamento Andino. Un total de 198 autoridades se elegirán en estos comicios cuyos primeros resultados oficiales deberían conocerse en la noche de este domingo. Los datos finales están previstos para el mediodía del lunes, según la Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE).

Ocho presidentes en diez años

El ganador de las elecciones presidenciales sucederá en la presidencia a José María Balcázar, el cuarto mandatario del periodo presidencial 2021-2026 que originalmente estuvo al mando del profesor y sindicalista de izquierdas Pedro Castillo, vencedor de la segunda vuelta ante Keiko Fujimori. Sin embargo, una tentativa de autogolpe de Estado para intentar evitar una eventual destitución del mismo Congreso llevó al cese y encarcelamiento de Castillo menos de un año y medio después de haber asumido funciones.

Lo reemplazó la abogada Dina Boluarte, quien gobernó entre diciembre de 2022 y octubre de 2025 con una gran impopularidad —también fue objeto de numerosas investigaciones abiertas por la Fiscalía—. Una vez destituida por el Congreso, acusada de “permanente incapacidad moral” para gestionar la crisis de seguridad en el país, la relevó el abogado José Jerí, quien ocupó el puesto entre octubre de 2025 y febrero de 2026. Su corto mandato acabó a raíz de unos sospechosos encuentros con empresarios chinos que fueron bautizados como “chifagate”. En su reemplazo, el Congreso eligió el 18 de febrero a Balcázar, abogado y exjuez, quien debería entregar el poder al ganador del proceso electoral el 28 de julio de este año para que gobierne entre 2026 y 2031.

Sin embargo, pocos se animarían a predecir que el gobernante entrante complete su periodo de cinco años. El último presidente en cumplir plenamente su mandato fue Ollanta Humala (2011 y 2016). En el siguiente quinquenio se sucedieron cuatro mandatarios: Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Manuel Merino (2020) y Francisco Sagasti (2020-2021). El primero de ellos renunció acorralado por su implicación en el escándalo Lava Jato. El segundo fue destituido por el Congreso, acusado de sobornos durante su paso como gobernador de la región de Moquegua. El tercero apenas aguantó cinco días en la presidencia antes de renunciar por las protestas sociales en su contra. El cuarto hizo la transición en la que se organizaron nuevas elecciones y entregó el poder a Castillo.

En total, durante los últimos 10 años, Perú fue gobernado por ocho presidentes, solo dos de ellos elegidos en las urnas. De esos ocho, dos están en la cárcel. Además de Castillo, recluido desde diciembre de 2022 y recientemente condenado a 11 años y cinco meses de cárcel, Vizcarra cumple una condena en primera instancia de 14 años de prisión por cohecho pasivo. También están tras las rejas Alejandro Toledo (2001-2006), condenado a 20 años y 6 meses de reclusión por aceptar sobornos de la constructora Odebrecht, y Humala, procesado por lavado de activos y financiación ilícita de campañas electorales. 

Un caso especial es el de Kuczynski, quien cumplió arresto domiciliario y continúa bajo investigaciones. No menos particular es el caso del dos veces presidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011), quien se suicidó en 2019 cuando la policía peruana se aprestaba a detenerlo por su vinculación con el caso Odebrecht. 

El fenómeno de “captura del Estado”

Aun con estos antecedentes, que convirtieron la presidencia del Perú en un cargo de alto riesgo legal y administrativo, las elecciones de 2026 convocaron la cifra récord de 35 candidatos. 35 potenciales expresidentes antes de los cinco años.

“Existe esta visión de los partidos políticos casi como un ‘pequeño emprendimiento personal’, sin ninguna ideología cohesionadora o proyecto de país claro”, dice la politóloga y analista política Eliana Carlín, sobre la cantidad de postulantes. “En esta lógica, dentro de cada partido convergen intereses económicos que son los que movilizan a quienes se suman a estos proyectos políticos. El Estado es visto, la mayoría de las veces, como un botín”, añade. 

El investigador Hernán Chaparro apunta que las candidaturas obedecen a la necesidad de mantener cuotas de poder, ya sea desde el Ejecutivo o el Congreso. “Se usa al Estado para repartir puestos de trabajo, hacer clientelismo y negocios, pero también para copar el sistema judicial y/o legislativo y frenar los juicios o investigaciones que tienen”, dice el también catedrático del departamento de Comunicación de la Universidad Católica. “No por gusto la población considera que el principal problema del país es la corrupción”, sentencia. 

El antifujimorismo, que fue muy fuerte sobre todo en 2016, ya parece más atenuado. Es una coyuntura más favorable para ella, pero todo partido se inicia con el pitazo inicial

José Carlos Requena — analista político

La proliferación desmedida de candidaturas tiene también una explicación más estructural. Carlín se remite a la reforma legislativa de 2019, año en que cambió la disposición de inscribir un partido político con más de 700.000 firmas de adherentes. “La reforma eliminó ese requisito y lo sustituyó por un padrón de afiliados equivalente al 0,1% del padrón electoral, aproximadamente 24.000 personas”, explica. “Eso facilitó una inscripción masiva de nuevas organizaciones políticas que llegaron al proceso de 2026”.  

El analista político José Carlos Requena recuerda que la reforma contemplaba originalmente dos etapas: la flexibilización de los requisitos para inscribir partidos y la organización de elecciones primarias. “La expectativa era que esta reforma tuviera una segunda parte, las elecciones primarias, que nunca se implementaron”, dice el también socio de la consultora Público.

Complementa esta interpretación Chaparro, para quien las primarias debían servir como filtro a fin de que en la etapa final solo se presentaran ocho a 10 agrupaciones políticas. “Como los grupos que están en el Congreso sabían que iban a tener bajos niveles de votación, vieron que lo mejor era promover la fragmentación”, aduce. A este factor, el catedrático añade otros dos: “La dificultad de quienes buscan renovar la política para juntarse y construir alternativas partidarias. Primaron los egos. Y que hay quienes solo fundan un partido para luego rentar los espacios al Congreso o incluso las candidaturas presidenciales. Lo que acá llamamos partidos vientres de alquiler”.

A segunda vuelta con Keiko

Los tres analistas consultados coinciden en que la segunda vuelta electoral es inminente. También comparten que, en su cuarta postulación a la presidencia, Keiko Fujimori tiene prácticamente asegurada su participación en la votación del 7 de junio. En lo que no muestran un consenso absoluto es en las posibilidades que tendría la hija del expresidente, también encarcelado por crímenes de lesa humanidad, para salir finalmente airosa de la contienda electoral.

Chaparro cree que el “antifujimorismo” aún tiene en Perú el peso suficiente para llevar a Keiko a una nueva derrota. “El antifujimorismo es muy grande. La mayor probabilidad es que vuelva a perder”, pronostica el investigador. Carlín coincide en que esa tendencia electoral “ha demostrado ser, en el Perú contemporáneo, una fuerza electoral más cohesionada que muchas identidades partidarias positivas”. Sin embargo, aclara, “en una segunda vuelta se vuelven a tirar los dados y nada está dicho”.  

Más cauto se muestra Requena. A su entender, los resultados dependerán de la orientación que Keiko le otorgue a su campaña para el segundo turno. “El antifujimorismo, que fue muy fuerte sobre todo en 2016, ya parece más atenuado. Es una coyuntura más favorable para ella, pero todo partido se inicia con el pitido inicial”, plantea.

Los matices interpretativos entre los analistas vuelven a asomar cuando se trata de perfilar al eventual contrincante de Fujimori. Chaparro afirma sin tapujos que será Álvarez quien llegue al balotaje. Lo secunda Carlín: “Carlos Álvarez es un actor cómico con altísimo grado de conocimiento popular, masivo y transversal, que comprende al electorado, y con gran elocuencia debido a su profesión como artista escénico”. 

Requena no se juega por Álvarez ni por López Aliaga. Apunta a una tercera opción: el también exalcalde de Lima Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras), ubicado más al centro que los otros dos. “Creo que él es el que le puede presentar una competencia más complicada a Fujimori”, presume. “Es un personaje mucho más articulado en temas retóricos y, quiérase o no, transmite una imagen de renovación de la que carecen López Aliaga, que acaba de ser alcalde de Lima, o Álvarez, que tiene un par de años en campaña con un partido con sus respectivos pasivos”.

Las coincidencias reaparecen a la hora de dimensionar el papel que tendrá el Congreso peruano en el próximo periodo de gobierno en Perú. Requena cree que su elección “es algo fundamental y va a ser determinante para la estabilidad de quien sea elegido presidente”. En un contexto de “presidencialismo parlamentarizado”, el Legislativo tiene un rol trascendental, advierte Carlín a manera de vaticinar perspectivas poco alentadoras. “Según Transparencia, el 85% de los peruanos percibe al Congreso como la institución más corrupta del país. Esa desconfianza no es arbitraria: responde a escándalos de corrupción documentados en los últimos años, pero también a un patrón de abuso institucional que este Congreso ha consolidado de manera especialmente agresiva”.

Un ejemplo del “abuso” al que alude es la aprobación parlamentaria de la restitución del Senado, una propuesta a la que el 90% de los peruanos se opuso en un referéndum de 2018. Aun así, en 2024 el bicameralismo fue repuesto por los legisladores sin necesidad de otra consulta ciudadana, aprovechando un resquicio legal y el abuso de la mayoría.

Este precedente lleva a Carlín a predecir que “el clima de inestabilidad puede mantenerse considerando que ninguna bancada obtendrá mayoría en el Congreso”. Ello daría pie a que los congresistas sigan abusando de sus facultades de fiscalización, “lo cual nos ha llevado a esta deriva democrática, con apariencia de institucionalidad en la cual se tuercen marcos legales para cesar presidentes, inhabilitar políticos opositores y demás golpes a la democracia”.

El novelista peruano Alfredo Bryce Echenique falleció este lunes a los 87 años, tal y como informa El Comercio de Perú. Bryce Echenique nació en Lima en 1939 y es el autor de novelas que son historia de la literatura como Un mundo para Julius, La vida exagerada de Martín Romaña y Tantas veces Pedro. Su obra radiografió con humor y mala leche a la élite peruana.

Nació el 19 de febrero de 1939 en Lima (Perú), en una familia aristocrática. El autor hizo Derecho en la Universidad Nacional de San Marcos de su país, donde también cursó Letras, doctorándose así años después por La Sorbona de París en Literatura francesa clásica y contemporánea. En 1964, presentó una tesis sobre Ernest Hemingway, transicionando definitivamente al mundo de las letras.

El autor se convirtió en uno de los escritores más destacados del boom latinoamericano, con obras como No me esperen en abril. Además, es un ejemplo de cómo su generación fue compuesta por escritores que, desde distintas perspectivas, retrataron Perú con ironía y también sensibilidad. De hecho, durante su etapa universitaria se relacionó en un ambiente intelectual que lo conectó con la realidad peruana, en contraste con el mundo aristocrático limeño en el que había crecido.

El novelista fue parte de una explosión literaria de autores y títulos procedentes del continente americano, promovida por la editorial catalana Seix Barral y a través de su legendario Premio Biblioteca Breve, del que surgieron figuras como los premios Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa o Gabriel García Márquez, entre otros.

En su paso por esta editorial Seix Barral, responsable de la llegada de autores latinoamericanos hacia España y Europa, publicó el grueso de sus novelas más famosas, como Un mundo para Julius en 1970. Destaca de este periodo el díptico que el autor bautizó como Cuaderno de navegación en un sillón Voltaire, que comprende las novelas La vida exagerada de Martín Romaña y El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz.

Por otro lado, son célebres las obras Reo de nocturnidad (1998), por la que obtuvo el Premio Nacional de Narrativa en España, y La amigdalitis de Tarzán (1999). Posteriormente publicaría en Anagrama, y ya en el siglo XXI, haría lo propio con sus volúmenes de lo que él denominó “antimemorias”, Permiso para vivir y Permiso para sentir, tomos en los que hace una crítica ácida, y no exenta de su característica ironía, de la transformación sufrida por Perú a finales del siglo XX.

Bryce, junto a Vargas Llosa y Julio Ramón Ribeyro, fue uno de los tres grandes exponentes de la literatura peruana de la segunda mitad del siglo XX. Asimismo, fue merecedor en vida del Premio Nacional de Literatura de Perú de 1972 por Un mundo para Julius, así como del Premio Planeta en 2002 por El huerto de mi amada. También recibió en 2002 en Italia el premio Grinzane Cavour por La amigdalitis de Tarzán. No obstante, destacó su rechazo, por convicciones democráticas, de la distinción de la Orden El Sol del Perú que quiso otorgarle el gobierno autocrático de Alberto Fujimori.

Por otro lado, tanto Bryce como Vargas Llosa y Ribeyro compartieron experiencias vitales muy similares, ya que nacieron en familias de la burguesía pudiente de Perú y desde su juventud viajaron al extranjero, principalmente a Francia y España, ya fuera por motivos políticos o por formación literaria. Además, a pesar de regresar con asiduidad a su país de origen, los tres vivieron la mayor parte de su vida en el extranjero.

La ironía como obra de arte

Aunque Bryce no tuvo una carrera de las dimensiones de la de García Márquez o Vargas Llosa, sí destacó por la peculiaridad de su estilo, donde la ironía, o los narradores más impensables, fueron sus instrumentos para contar relatos llenos de amarga crítica, e incluso de autocrítica, pero siempre con una autoironía y un sentido del humor que las humanizaba y permitía que los lectores empatizaran con ellos.

Sin embargo, su literatura no utilizó la baza del humor como un artefacto para mejorar su potencial comercial, sino más bien como un lubricante para desarrollar las más descarnadas críticas, en especial para su país. Bryce no posee, así, obras de la entidad crítica de los Cien años de soledad de Márquez o de Conversación en La Catedral de Llosa, pero con Un mundo para Julius, una suerte de autobiografía de infancia narrada desde la perspectiva de un niño, consiguió diseccionar la alta sociedad limeña de su juventud sin ningún tipo de concesiones.

Racismo, clasismo, machismo y violencia sexual afloran a lo largo de esta novela en comportamientos que, se presume, Bryce atribuye a sus padres. Y lo hace de un modo tan cruel como ingenuo, que es como se supone que ve las cosas un niño. En otras de sus obras, como La vida exagerada de Martín Romaña, Reo de nocturnidad o El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz, la crítica política se diluye en favor del humor, si bien siempre cargado de cuestionamiento a los modos y convenciones sociales.

El mundo lleva 50 años intentando proteger a los humedales —ecosistemas de agua dulce, marinos y costeros—, los cuales cubren apenas 6 % del planeta, pero son cruciales para los seres humanos: son suministro de alimentos, reguladores del agua y un medio de subsistencia para más de 1000 millones de personas.

En Latinoamérica, parte del cuidado de muchos lagos, ríos, acuíferos subterráneos, pantanos, marismas, turberas, pastizales, estuarios, marismas, manglares y más zonas costeras no sería posible sin las prácticas y conocimientos tradiciones de comunidades indígenas y campesinas, como el manejo del agua y sus ciclos, normas comunitarias, calendarios agrícolas y pesqueros, así como sistemas de gobernanza que dan prioridad al equilibrio ecológico, antes que a la explotación de los recursos.

Sin este conocimiento, resultaría complicado conservar los ecosistemas donde habita el 40 % de todas las especies de plantas y animales.

Los humedales también son grandes aliados climáticos por su papel clave para evitar emisiones de gases de efecto invernadero, que en muchos casos almacenan más carbono que los bosques tropicales, pero también son relegados por los tomadores de decisiones a nivel mundial.

Pese a los beneficios que generan, son también uno de los ecosistemas con mayor deterioro. A nivel mundial, se ha perdido el 35 % de los humedales naturales, que desaparecen tres veces más rápido que los bosques, de acuerdo con datos de Naciones Unidas.

En este Día Mundial de los Humedales, Mongabay Latam destaca tres casos en los que los conocimientos tradicionales de comunidades indígenas están restaurando y protegiendo a estos refugios de vida, frente a los impactos de la agroindustria, la construcción, la pesca excesiva, la sobreexplotación de recursos y la crisis climática.

Los pueblos indígenas de la Sierra Nevada realizan estrategias de restauración con comunidades vecinas y autoridades, así como de uso compartido de recursos. Foto: cortesía AIDA[/caption]

Sierra Nevada, donde los humedales sagrados son restaurados por pueblos de Colombia

Para los pueblos indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta —el sistema costero montañoso más alto del mundo—, los humedales que hay en esta región del Caribe colombiano representan espacios sagrados que conectan ecosistemas, pero también culturas y conocimientos.

Jaime Luis Arias Ramírez, gobernador del pueblo kankuamo y miembro del Consejo Territorial de Cabildo de la Sierra Nevada de Santa Marta (CTC), sostiene que los humedales de la región representan una conexión “espiritual, natural y biológica” para los pueblos kankuamo, kogi, wiwa y arhuac.

“Cumplen una función importante en la conservación de diferentes especies, son espacios donde hacemos nuestro trabajo de armonización y al mismo tiempo aportan materiales sagrados para el ejercicio de la cultura, del gobierno y del territorio”, explica a Mongabay Latam.

El líder indígena señala que el pueblo Kankuamo apuesta no solo por la recuperación de territorios a raíz de la colonización, sino también en generar planes ambientales en coordinación con otras autoridades, así como estrategias de restauración con comunidades vecinas y de uso compartido de recursos.

Una de esas estrategias es el monitoreo que hacen las comunidades en los humedales en coordinación con instituciones ambientales para intercambiar conocimientos técnicos y científicos que respete la visión indígena que existe por estos espacios.

“Por ejemplo, los mayores identifican qué tipo de variedades de plantas están en riesgo o están en proceso de recuperación desde la parte espiritual”, relata Arias sobre los impactos de diferentes actividades humanas, como la minería y el turismo masivo.

De acuerdo con la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), en la Sierra Nevada de Santa Marta existen cerca de 251 concesiones mineras, proyectos hidroeléctricos, ganadería, urbanizaciones extensivas y obras de infraestructura que ponen en riesgo los ecosistemas de la región.

“Frente a eso, estamos en un ejercicio de recuperar los humedales, los manglares, las lagunas, los ríos y otros espacios donde se conserve o se restablezcan esos corredores biológicos y ancestrales”, comenta el dirigente, quien agrega que la protección de estos ecosistemas genera una “estrategia de pedagogía” con otros actores y comunidades.

Arias también sostiene que estas prácticas ya se ven reflejadas en la Ciénaga Grande, el humedal costero más grande de Colombia, así como en ecosistemas del Parque Tayrona y en manglares del departamento de La Guajira.

Los pueblos indígenas de la Sierra Nevada también participaron en el proceso de la opinión consultiva emitida en 2025 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el cual reconoció por primera vez el derecho a un clima sano, como una medida para enfrentar la crisis climática.

La estrategia también ha sido legal. En 2018, los pueblos de la Sierra Nevada lograron que el Estado de Colombia emitiera el decreto 1500, que reconoció y delimitó formalmente la cartografía oficial de la Línea Negra o “Sezhiya”, la cual conecta 348 sitios sagrados para estas poblaciones.

A través de la red Amigos de la Sierra, organizaciones como AIDA, las clínicas jurídicas de la Universidad del Rosario y de Antioquia promovieron estrategias judiciales para que se emitiera este decreto, el cual es clave para saber cómo deben construirse estrategias de conservación y restauración de ecosistemas con enfoque biocultural, a partir de los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas y respetando sus espacios sagrados.

El reto, añade Arias, será fortalecer estos procesos ante realidades cada vez más complejas, como las dinámicas provocadas por el cambio climático.

“Toca ser más efectivo no solo en la participación sino en la implementación de esas salvaguardas y garantías. Hoy, los pueblos somos gobiernos y desde la naturaleza es fundamental cuidar estos espacios para obtener el equilibrio”, sostiene.

Una victoria para comunidades que protegen humedales, culturas y derechos en Argentina

Las comunidades del pueblo atacama, ubicado al norte de Argentina, consideran más importante el cuidado de la tierra y el “buen vivir” que cualquier modelo económico de desarrollo.

Parte del territorio que habitan incluye a los humedales altoandinos, formados por salares, lagos, lagunas y bofedales, ecosistemas de gran valor biológico, cultural y económico que les han permitido vivir desde hace más de 10 000 años en esta región andina, ubicada a más de 3500 metros sobre el nivel del mar.

Esta profunda conexión territorial ha sido la clave para que 10 comunidades atacameñas fueran reconocidas como áreas TICCA (territorios y áreas conservados por los Pueblos y Comunidades Indígenas), también llamados territorios de vida. Son iniciativa de una plataforma internacional donde las propias comunidades generan datos, estudios, mapas y análisis para la preservación de estos espacios frente a la explotación de recursos.

Se trata de los primeros territorios de Argentina con este reconocimiento y que conforman la Red Torna Lickana con las comunidades Incahuasi, Raíces Andinas, Corralito, Matancillas, Casa Colorada, Esquina de Guardia, Tipan, Cobres, Rangel y Cerro Negro, asentadas en la cuenca del salar Salinas Grandes, en las provincias de Salta y Jujuy.

Cada una de ellas emplea el conocimiento tradicional para conservar su territorio y al mismo tiempo las actividades que les dan sustento, como el cuidado y aprovechamiento de animales, agricultura, la extracción de sal y la medicina tradicional.

Vanina Corral, abogada y responsable del área de política ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), señala que estas reglas comunitarias sobre el uso del agua, el pastoreo y la agricultura sostenibles han sido vitales para la preservación de los territorios.

“Los sistemas de gobernanza propios de las comunidades son clave porque están basados en sus conocimientos tradicionales que no son solo saberes del pasado, son sistemas vivos de gestión del territorio que nos han demostrado durante siglos cómo convivir con estos ecosistemas sin destruirlos”, explica la especialista a Mongabay Latam.

Este sistema, señala, en donde hay reglas compartidas sobre dónde cultivar, pastorear o cuándo extraer agua, evita la sobreexplotación de los humedales y permite que se regeneren de forma natural.

Sin embargo, los humedales altoandinos también están cada vez más amenazados por actividades humanas, principalmente la minería de litio y otros minerales estratégicos a gran escala, en las provincia de Catamarca, Salta y Jujuy.

“La minería de litio no solo vulnera al ecosistema por la cantidad de agua que utiliza en ecosistemas donde hay muy poca”, comenta Corral. “También tiene impactos en la cultura y en la vida de las comunidades que hoy luchan por mantener sus formas de vida ancestrales”.

De acuerdo con información proporcionada por las propias comunidades a la plataforma TICCA, esta amenaza comenzó en 2010 con la llegada de empresas interesadas en la explotación de litio sin generar ninguna discusión o consulta sobre los impactos culturales, políticos, ambientales, sociales, y económicos en las comunidades.

Entre los impactos que detectan los propios habitantes está el incremento de tránsito, lo que pone en riesgo a los animales de los cuales subsisten; perturbación de los humedales por la instalación de pozos de bombeo; y el mal manejo de residuos sólidos.

Pese a las presiones de la industria, las poblaciones atacameñas han trabajado en estrategias legales a diferentes niveles para proteger el territorio. Comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc llevaron su reclamo hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También mantienen procesos a nivel provincial y nacional, como en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con este expediente buscan frenar la extracción de litio en sus territorios para priorizar el acceso al agua.

Para Corral, el histórico reconocimiento de territorios como TICCA en Argentina es clave para visibilizar el rol de las comunidades indígenas en la conservación de la naturaleza, desde prácticas culturales, espirituales y sociales, lo que permite construir alianzas e intercambiar experiencias con otras poblaciones en la región.

Sin embargo, afirma que este reconocimiento es más “simbólico y político”, pues considera que hay retos importantes para que los saberes tradiciones de las comunidades indígenas ocupen un lugar central en políticas públicas y puedan reflejarse mejor en la práctica.

“Todavía las decisiones, las políticas de protección de estos ecosistemas tienen que integrar las voces de estos territorios y receptar estos reconocimientos. Proteger los humedales también es proteger culturas, derechos y futuros posibles”, afirma.

Rituales tradicionales y defensa del Lago Titicaca en Perú

Desde el lado peruano que rodea al Lago Titicaca —el más alto del mundo— mujeres lideresas de distintas provincias se han organizado para proteger a este humedal de importancia mundial y que desde abril de 2025 fue reconocido como sujeto de derechos.

El trabajo de la Red de Mujeres Lideresas Unidas en Defensa del Agua y el Lago Titicaca ha combinado rituales ancestrales, monitoreo comunitario y estrategias legales para intentar rescatar al humedal que enfrenta graves problemas de contaminación por metales pesados y aguas residuales.

Para la agrupación de mujeres de la región de Puno, el Lago Titicaca no es solo una fuente de agua, sino un ser vivo con el que se comunican.

“El lago nos avisa, nos comunica”, dice Soraya Poma, quien está al frente de la red de mujeres, al explicar cómo el lago les guía en los procesos de agricultura.

“En [lengua] aymara decimos que sale una cosa verde en las piedras. Cuando sale en la primera semana de septiembre, la primera siembra va a estar bien. Cuando el lago se negrea y está oscuro decimos que va a caer la lluvia”, explica la dirigente y agricultora a Mongabay Latam.

Incluso, en épocas de sequía, cuenta, la comunidad de Suancata, de la provincia de Chucuito Juli, acude al lago para un ritual: sacar a la rana gigante del lago Titicaca (Telmatobius culeus), que, en la cosmovisión de los pueblos de la región, es un invocador de lluvias y de fertilidad. Las ceremonias, detalla Poma, también incluyen ofrendas como la hoja de coca, reconociendo al lago como parte central del orden natural y espiritual del territorio.

Este vínculo cultural ha sido clave para sostener una defensa activa frente a la contaminación del Lago Titicaca. Las mujeres han impulsado denuncias, campañas de concientización durante festividades masivas como la Virgen de la Candelaria y acciones comunitarias de recolección de basura en las riberas. Además, han promovido un monitoreo comunitario binacional con comunidades del lado de Bolivia.

“En un inicio hasta llegamos a discusiones con las hermanas de Bolivia. Hicimos un pacto y tenemos un documento oficial para trabajar en diferentes actividades. Hacemos monitoreo solicitando especialistas, biólogos, para saber en qué grado ya está la contaminación”, explica la dirigente.

Tras años de trabajo, negociaciones y resistencia frente a la discriminación institucional, el Consejo Regional de Puno aprobó una que reconoce al Lago Titicaca como sujeto de derechos, un logro insuficiente pero que implicó coordinar los conocimientos tradicionales de las comunidades con estrategias legales.

“Para esta ordenanza hemos dado alma, vida, corazón. Pero también dentro de este proceso hemos sufrido discriminaciones”, recuerda Poma, pues implicó un desgaste que aún persiste ante autoridades que cuestionan o desdeñan su relación con el lago.

Aunque este decreto fue un paso histórico, las lideresas advierten que la lucha continúa. El reto ahora es la reglamentación y la implementación que debe traducirse en acciones reales de restauración, tratamiento de aguas y control de actividades extractivas.

“El lago está pidiendo auxilio”, dice Poma, quien señala como un reto en sí mismo la coordinación de las 60 mujeres que integran la red y viven en comunidades apartadas entre sí. Sin embargo, también ve esperanza en su saber y su organización por el humedal.

“Con la organización se puede proteger un río, un lago, dejar un territorio limpio para nuestras futuras generaciones”, afirma.

Esta nota se publicó originalmente en Mongabay Latam el 2 de febrero de 2026.

ED

La lectura obvia y generalizada es que el Gobierno de Javier y Karina Milei recibió un apoyo contundente en las elecciones legislativas del 26 de octubre. El triunfo cobra un plus de valor, no tanto por el porcentaje obtenido, sino por la crítica situación económica y la precariedad política con las que el oficialismo había llegado a las urnas.

Ciertas extralimitaciones interpretativas sugieren que “la gente decidió bancar el ajuste”, “rechaza al peronismo” y “no quiere más populismo”. Como argumentos del Gobierno son esperables en términos de la confrontación con la oposición, pero conllevan riesgos si se los adopta como lecturas genuinas del resultado electoral.

No existe tal acepción como “la gente” ante un escrutinio que tuvo a 41% a favor del ultra, más un par de puntos de formaciones muy afines, contra 35% del peronismo opositor y 4% de la izquierda. El resto se reparte entre propuestas fluctuantes, con Provincias Unidas a la cabeza, que se acomodan al viento, y que resultó la opción más castigada por el votante, máxime si se computa la poderosa pauta publicitaria de los gobernadores que la impulsaron. Hoy los protagonistas de esa “avenida de la moderación” se esmeran para obtener una foto con Diego Santilli. Tal es el tamaño de su degradación. Si el resultado de octubre hubiera sido inverso, ensayarían la forma del desplante.

La ventaja grosso modo de 45% del oficialismo frente a 40% nítidamente opositor abre camino para que el Gobierno explore mayorías legislativas más estables que las que tuvo en 2024 y dejó de tener en 2025. Los gobernadores peronistas acuerdistas de Tucumán y Catamarca dieron por finalizado el período de ficción opositora y se encaminan a consagrar un interbloque de diputados y senadores junto a sus pares de Misiones y Salta, al que quizás sumen a representantes de San Luis y alguna otra provincia. Algo parecido es esperable de las bancadas que responden al cordobesismo y al nonato santafesismo que intentó esbozar el radical Maximiliano Pullaro, frustrado por el pésimo resultado electoral que obtuvo su fuerza hace tres semanas.

No siempre se repiten los escenarios políticos, pero cabe repasar un antecedente ineludible. Buena parte de los acuerdistas de hoy que provienen de provincias pequeñas del peronismo fueron muy kirchneristas hasta 2015, intentaron dar vuelta la página de Cristina y brindaron con Mauricio Macri hasta 2018, fueron los primeros en anotarse en el Frente de Todos con Alberto Fernández en 2019, pidieron el voto a Sergio Massa en 2023 y demoraron apenas semanas en acercarse a Milei en 2024, pese a que el ultra los despreció como “ratas” y “extorsionadores”.

Los gobernadores peronistas acuerdistas de Tucumán y Catamarca dieron por finalizado el período de ficción opositora y se encaminan a consagrar un interbloque de diputados y senadores junto a sus pares de Misiones y Salta

El cuadro invita a estimar cuánto durará el gesto de autonomía que hoy exhiben, por ejemplo, el tucumano Osvaldo Jaldo o el catamarqueño Raúl Jalil. Esta semana, durante un encuentro de fin de año, una legisladora de las que participarán del interbloque peronista-acuerdista en ciernes no pudo contener la risa al mencionar las migajas que concede la Casa Rosada a su gobernador para garantizarse el apoyo. No obstante, la legisladora dará el paso.

Si no hay nada demasiado nuevo bajo el sol sobre el comportamiento del centrão argentino —importación de un término de la política brasileña, en cuyo Congreso tiene mucho mayor volumen y tradición—, una cuestión más relevante sugiere medir en su justo término la victoria electoral de los hermanos ultras.

Son los salarios...

Los datos del salario marcan que, en el decreciente segmento de los trabajadores formales del sector privado, el nivel se ubica en los valores de noviembre de 2023, que de por sí eran bajos tras el mal año final del Gobierno de los Fernández.

Una invariante de las promesas de derecha que llegan para “sincerar la economía”, constatado con los años de Macri y ahora con los de Milei: cuestionan el poco dinamismo del mercado laboral argentino, pero el primer efecto de sus políticas es que se pierden decenas de miles de empleos de calidad. Con Cambiemos, ese descenso fue de 220.000 puestos de asalariados formales en el sector privado, y con Milei alcanza los 130.000.

Los ingresos de los empleados públicos son 15% inferiores a los de dos años atrás y la cantidad de empleos destruidos en el Estado se acerca a 60.000. La narrativa oficialista que reproducen las pantallas de Clarín y La Nación indica que se trataba de ñoquis y choriplaneros; la realidad muestra que el país —más allá del reemplazo de los acomodados de un color por otro— pierde educadores, científicos, técnicos, sociólogos y artistas, por obra de “un topo” poco instruido que “ama destruir el Estado desde adentro”.

La estadística oficial reporta un progreso llamativo en los ingresos de los trabajadores informales. Otro clásico de las reformas promercado, “para que seamos un país normal como Paraguay y Perú”, es que el empleo precario pega un salto, es decir, se flexibiliza de hecho, sin necesidad de modificar la legislación laboral. Si el INDEC es fiel a lo que sucede, por alguna razón compleja, los empleadores de trabajadores no registrados, sin papeles, urgidos por el pluriempleo y en un contexto recesivo, decidieron aumentarles el salario. O bien, como señalan especialistas como Agustín Salvia (UCA), cambió la forma en que el INDEC recaba datos en la Encuesta Permanente de Hogares, y ello repercute en un alza meramente metodológica a la hora de comparar.

La realidad muestra que el país pierde educadores, científicos, técnicos, sociólogos y artistas, por obra de 'un topo' poco instruido que 'ama destruir el Estado desde adentro'

Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA-Autónoma, explicó en X dos tendencias centrales de los datos de empleo. El deterioro en los ingresos parece haber llegado para quedarse, porque la línea de tiempo marca una estabilidad en todos los segmentos, incluidos los reportados como de mejor comportamiento. En cuanto a los puestos de trabajo, con un descenso de 223.796 con respecto a noviembre de 2023, las caídas se dan en los sectores público y privado, y casas particulares, contra un aumento del monotributo. Entre los grandes sectores privados, el que más cae es la industria.

El modelo

El tan mentado modelo peruano fue explicado días atrás por uno de sus hacedores, el exministro de producción y exjefe de investigación de mercados emergentes de Barclays Capital y exjefe de estrategia de deuda externa para mercados emergentes del Deustche Bank, Piero Ghezzi. Se sabe que Perú es uno de los países de Sudamérica con las instituciones más inestables, matanzas periódicas en el contexto de protestas sociales y escándalos de corrupción en continuado, pero consagró una conducción económica que transcurre al margen de los vaivenes políticos. Ghezzi es uno de los nombres de esa conducción y La Nación lo entrevistó días atrás.

La primera pregunta fue sobre el mercado laboral. La respuesta no tiene desperdicio.

“En el Perú, el porcentaje de empleo informal es aproximadamente del 70 por ciento. No es que ese número no haya mejorado: hace diez, quince o veinte años, en 2007, según las cifras confiables más antiguas que tenemos, el empleo informal era más o menos del 80 por ciento. Obviamente que 70 o 72 por ciento de empleo informal es inaceptable en cualquier economía. Ésa es la realidad peruana”.

Es decir, a este ritmo —baja de diez puntos porcentuales de la informalidad cada veinte años—, Perú, que lidera desde principios de siglo la estadística de crecimiento en el continente, necesita seis décadas de “progreso” para alcanzar un porcentaje de empleo informal de 40%, que es el que tiene Argentina.

“¿Y el nivel de desempleo?”, consultó la colega Luciana Vázquez.

Respondió Ghezzi:

“El número de desempleo es algo que nadie tiene en cuenta en Perú. Al no haber beneficios laborales al desempleo ni seguro de desempleo, es más o menos irrelevante”.

Más adelante, el especialista explicó que como la economía peruana genera empleos de baja calidad y empuja a una informalidad inconmovible de pequeños comercios, mientras un pilar de su crecimiento está basado en la minería, en la que “la demanda por mano de obra es relativamente baja, pero tiene las ventajas de generación de decenas de miles de millones de dólares de exportaciones”, el país no muestra ninguna capacidad de absorber recursos humanos mejor capacitados. Es decir, aunque Perú registre progresos en las evaluaciones internacionales de su sistema educativo, los jóvenes que emergen de las escuelas no tienen otro destino que realizar tareas que podrían ejercer si no hubieran pasado por las aulas.

Aunque el economista peruano no parece describir los problemas mencionados como si fueran estructurales —por el contrario, está explicando un caso de “éxito”—, su relato da cuenta de una economía fallida. Perú crece a tasas chinas desde hace décadas, pero la mejora en los ingresos y los trabajos de los hogares es apenas perceptible, tramas delictivas dominan parte del territorio ante la ausencia del Estado —que pesa en menos de 20% del PBI, otro anhelo de Milei—, los conflictos sociales se resuelven con represión ilegal y nadie mide la desocupación porque no tiene sentido. Si el cuadro de Perú es fallido, en Argentina, incluso para su baja autoestima de hoy, sería una tragedia social.

La admiración por Perú tiene lógica ante la naturaleza intelectual y profesional de los equipos liderados por Federico Sturzenegger y Luis Caputo. El país vecino tiene bajo riesgo país, no enfrenta problemas de financiamiento, canaliza inversiones muy relevantes para una economía de su tamaño, centradas en la minería y la pesca, y tiene baja inflación. Su Banco Central es lo que los economistas ortodoxos consideran “independiente”.

Si el cuadro de Perú es fallido, en Argentina, incluso para su baja autoestima de hoy, sería una tragedia

No hace falta denigrar a Milei como lo hizo el humorista estadounidense Jon Stewart en el popular “The Daily Show” (“parece un duende que masturba elefantes”) para darse cuenta de que el álbum de fotos que consigue el mandatario argentino con su par estadounidense, su voz ahogada en el momento en que lo saluda producto de la emoción —la descompostura también cabe ante Rafael Nadal o El Tronquito, corresponde reconocer—, y los tuits de Scott Bessent tienen un valor muy relativo, incluso para aquellos que piensen que esa parafernalia es positiva.

Argentina necesita crecer, ganar competitividad y productividad, recuperar su mercado laboral y dejar de depender de salvatajes sistemáticos como los que consigue Caputo cada cuatro meses, que se amontonan en el renglón de la deuda externa y dejan al país en el punto de partida.

Esa vuelta es la que el mejor presidente de la historia de la humanidad, “el coloso” y “el gigante” no encontraron pasada la mitad de la gestión de Gobierno, pese al apoyo infinito del eje EE.UU.-FMI, el barullo de las pantallas de medios cooptados y el Congreso que vuelve a estar ávido de “darle las herramientas al Presidente”.

Tanto poder y, sin embargo, la suerte del Gobierno de Milei parece estar atada a que las inconductas de Trump con su amigo Jeffrey Epstein no pasen a mayores y a que las batallas arancelarias y las redadas antiinmigrantes no le cobren al republicano un precio altísimo en las elecciones de medio término del año próximo.

Expedientes que laten

Tras las elecciones de octubre, la conducción política del Ejecutivo quedó ratificada en un pilar de los apellidos Milei y Menem en el plano político, y otro de Caputo y el staff surgido del JP Morgan en el económico. Ese es el sistema de poder que toma las decisiones en el Estado argentino. No abundan las lecturas, ni consumos culturales, ni experiencias militantes, ni caminatas por calles del barrios populares. Sobran, en cambio, atardeceres en barrios privados.

Hay tres expedientes que hablan.

Los allanamientos y citaciones a indagatorias dispuestos el viernes por el juez federal Sebastián Casanello a pedido del fiscal Franco Picardi en el expediente de las supuestas coimas orquestadas por Diego Spagnuolo en la Agencia Nacional de Discapacidad alumbran una trama delictiva voraz que apenas se empezó a descubrir. Según confesó Spagnuolo, a la cabeza de todo ello estaban Karina Milei y los Menem. Si el curso de la investigación mantiene el rigor expuesto en las decisiones del juez y el fiscal, dilucidar esa versión será cuestión de tiempo.

El martes próximo, la comisión parlamentaria que investigó la estafa $LIBRA dará su informe final. Allí estarán descriptos trazos sobre giros de dinero, cajas fuertes vaciadas, conexiones con la Casa Rosada, extorsiones y probables destinatarios finales. Por caso, quedó acreditado que Hayden Davis, el pelirrojo que se vanagloriaba de manejar a Karina y Javier Milei con un joystick, realizó una transferencia por US$500.000 en el mismo momento en que se encontraba reunido con el Presidente en Casa Rosada.

En Argentina, el juez a cargo del expediente es Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal, que instruye la investigación, es Eduardo Taiano. Es decir, la garantía de que el expediente no producirá ningún efecto relevante se acerca al 100%, pero hay una investigación paralela en el Distrito Sur de Nueva York, que los prestidigitadores de Comodoro Py no dominan.

Hayden Davis, el pelirrojo que se vanagloriaba de manejar a Karina y Javier Milei con un joystick, realizó una transferencia por US$500.000 en el mismo momento en que se encontraba reunido con el ultraderechista en Casa Rosada

El tercer caso latente es la investigación sobre José Luis Espert y Federico “Fred” Machado. Tramita en un juzgado federal de San Isidro y se encuentra en plena instrucción.

Espert, que eligió como abogados a Alejandro Freeland y Santiago Kent, acaba de pedir la nulidad del expediente. Sus letrados se caracterizan por irrumpir en los casos a los codazos. Así lo hicieron dos meses atrás, cuando representaron a la Droguería Suizo Argentina, de los Kovalivker, supuestos cómplices de los Menem y Karina Milei en las coimas del 3%. Freeland y Kent dejaron esa defensa cuando comenzaron a trabajar para Espert.

El caso Machado describe la forma en que un economista montó una candidatura presidencial con el fin de hacer negocios y, en ese camino, encontró el financiamiento de un empresario sospechado en EE.UU. de ser narcotraficante y haber cometido un fraude por centenares de millones de dólares. Espert se asomó a la política de la mano un colega llamado Javier Milei. Entre acercamientos y distanciamientos, ambos se cruzaron acusaciones gravísimas de corrupción. Mientras la suerte de Machado será decidida en cuestión de días o semanas por fiscales de Texas, con quienes el argentino intentará negociar una pena, el registro contable del fideicomiso que alumbró el caso sigue aportando montos de dinero y destinatarios.

¿Qué pasará con esos expedientes?

Uno de los integrantes de la comisión parlamentaria sobre $LIBRA se sinceró sobre los efectos que tendrá el informe a ser presentado el martes. “Por ahora no va a pasar nada, ningún juez o fiscal va a tomar una decisión, pero guardarán la información en el cajón. Cuando cambien los tiempos políticos, van todos en cana”.

SL

slacunza@eldiarioar.com

El Congreso de Perú destituyó de manera exprés a la presidenta, Dina Boluarte, sin que nadie lo pudiese sospechar ni prever al comenzar el día. Ahora asume de forma interina la jefatura del Estado el jefe del legislativo, el derechista José Jerí, que se convirtió en el séptimo presidente de Perú en apenas nueve años.

A seis meses de las próximas elecciones, previstas para abril de 2026, a primera hora del jueves, ningún partido había manifestado su intención de sacar a Boluarte del poder tras casi tres años en el cargo. Sin embargo, en pocas horas, se encontró con cuatro mociones, conocidas en el país como “vacancia por incapacidad moral permanente”, que salieron adelante gracias a los 122 votos de los partidos conservadores que hasta este jueves apoyaban a la ya expresidenta. En ellas, se declaró su “permanente incapacidad moral” para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana y el auge del crimen organizado.

Con el abrupto final de Boluarte, Perú escribió en pocas horas un nuevo capítulo de su larga convulsión política que vive el país desde 2016, donde ningún presidente ha podido completar un mandato completo y todos han terminado destituidos por un Parlamento opositor al que no podían dominar. Analizamos las razones detrás de esta destitución, sus escándalos y qué va a pasar a partir de ahora.

Presidenta a merced de la derecha

Boluarte asumió la Presidencia de Perú en diciembre de 2022. Sucedía en el cargo a Pedro Castillo (2021-2022) después del fallido intento de autogolpe de Estado protagonizado por el izquierdista gobernante para intentar evitar una eventual destitución del mismo Congreso tras salir a la luz numerosos indicios de presunta corrupción en su administración. Se convertía así, además, en la primera mujer presidenta del país.

Desde ese momento, Boluarte, que había llegado al Gobierno bajo la bandera de un proyecto de izquierda radical encabezado por Castillo, decidió aliarse con las fuerzas de derecha. De esta forma logró que, en lugar de convocar nuevas elecciones como pedían las masivas protestas que se sucedieron durante los meses siguientes a la detención y encarcelamiento de Castillo y que fueron duramente reprimidas con más de 50 muertos, intentase completar el mandato hasta el 28 de julio de 2026.

Desde entonces hasta este mismo jueves, Boluarte había logrado salvar seis mociones previas para ser destituida gracias al apoyo de la derecha que controlan el legislativo peruano y que habían presionado férreamente a Castillo en su mandato.

Su enorme impopularidad

A medida que se acercaban las elecciones de 2026, la enorme impopularidad de Boluarte comenzó a ser un lastre para los partidos que la respaldaban. Así, poco a poco comenzaron a criticarla por su gestión y a volverse momentáneamente oposición para luego volver su posición inicial de respaldo.

El motivo detrás de este progresivo alejamiento son las bajas tasas de aceptación con las que contaba Boluarte. En concreto, apenas llegaba al 3% de aceptación dentro de la población peruana. Los más de 50 muertos en las protestas por la detención y encarcelamiento de Castillo esfumaron toda popularidad que pudiese tener una política que, hasta las elecciones de 2021, había basado su carrera política en haber sido candidata a alcaldesa de su municipio.

Aunque lo cierto es que el Congreso apenas supera el 5%, al ser percibidos ambos poderes como una clase política mercantilista interesada en gobernar y legislar para ellos mismos, y alejada de los intereses de la población.

Hasta once investigaciones abiertas contra ella

A los más de 50 muertos por las protestas, Boluarte se enfrenta al menos once investigaciones por parte de la Fiscalía por graves delitos contra los derechos humanos y por presunta corrupción. El fiscal general interino, Tomás Gálvez, anticipó que esté viernes solicitará que un juez le prohíba a Boluarte salir del territorio nacional

Entre ellas estaban casos como el Rolexgate por supuestamente haber recibido relojes de lujo y otros suntuosos regalos a cambio de favores. También la estaban investigando por no haber informado de su temporal incapacidad al someterse a una serie de cirugías estéticas y falsificar su firma durante el tiempo que estaba convaleciente. Y el Ministerio Público también la puso en el foco por favorecer la fuga de Vladimir Cerrón, el líder de Perú Libre.

A pesar de estas investigaciones abiertas, las fuerzas que dominan el Congreso siempre la protegieron de las denuncias de la Fiscalía e incluso el Tribunal Constitucional llegó a sacar una polémica sentencia que limita las posibilidades del Ministerio Público de investigar a la jefa de Estado.

La gota que colmó el vaso: la crisis de inseguridad

La gota que parece que colmo el vaso y que motivó a activar el proceso de destitución de Boluarte fue la escalada de criminalidad a nivel nacional y las nuevas protestas registradas en las últimas semanas en el centro de la capital Lima lideradas por la denominada Generación Z. El ataque con armas de fuego a un popular grupo de cumbia, que dejó heridos a cuatro de sus miembros, encendió las redes sociales y generó el rechazo ciudadano ante lo que se consideró inacción del Ejecutivo para solucionar el aumento de la criminalidad. 

A esto hay que sumarle el masivo paro en el sector de los autobuses de transporte urbano que el lunes paralizó la capital ante una ola de extorsiones y asesinatos de conductores.

¿Y ahora qué?

A pesar de todo este bagaje, todo parecía indicar que el pacto entre Boluarte y fuerzas de derecha como el fujimorismo continuaría hasta las elecciones de 2026. Sin embargo, los partidos que la sostenían en la Presidencia prescinden ahora de ella para tratar de buscar algo de popularidad. La mayoría de los líderes de estos partidos tiene aspiraciones presidenciales, como Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), o el ultraconservador alcalde de Lima Rafael López Aliaga, líder del partido Renovación Popular.

Por ahora, el abogado y congresista de 38 años José Jerí (1986) asumirá el cargo hasta las próximas elecciones tras un paso por el Parlamento relativamente discreto pero con la gran mancha de una denuncia por violación sexual a inicios de año que se archivó hace dos meses. El hasta ahora jefe del legislativo y otro hombre fueron denunciados por una mujer que afirmó haber sufrido un ataque sexual en una reunión social a la que acudió el legislador el pasado 29 de diciembre de 2025 en el distrito de Canta, al noreste de Lima.

¿Qué pasará con Boluarte?

Más allá de la duda de quién asumirá el cargo a partir de 2026, el gran interrogante también es que pasará con Boluarte. La presidenta se negó a asistir al hemiciclo este jueves y durante toda la jornada no salió del Palacio de Gobierno hasta que se consumó la destitución.

Posteriormente, se despidió del cargo con un mensaje a la nación que fue cortado por todos los canales de televisión que lo estaban transmitiendo, incluido el estatal TV Perú, y en el que aceptaba su destitución. La mandataria apareció en uno de los salones de la sede de la Presidencia escoltada por sus ministros, en una alocución donde ya no lucía la banda presidencial, uno de los atributos reservados para el jefe o jefa de Estado. Boluarte comenzó su mensaje aceptando su destitución y, acto seguido, comenzó a enumerar una serie de hechos y cifras de su gestión. En ese momento, el mensaje fue sacado de la transmisión.

Minutos después, abandonó el Palacio de Gobierno en su automóvil oficial con rumbo desconocido. Más de cuatro horas después de abandonar el palacio presidencial se desconoce su paradero, pues aparentemente no llegó a su domicilio en el residencial distrito limeño de Surquillo.

Durante la tarde del jueves se rumoreó que podía haber tanteado la posibilidad de un asilo en Argentina, Brasil y Ecuador. Sin embargo, su abogado personal, Juan Carlos Portugal, aseguró que Boluarte no tenía intención de pedir asilo ni de fugarse del país, pese al riesgo de ser detenida ante las múltiples investigaciones que tiene abiertas en Fiscalía.

Con información de EFE

El Congreso de Perú destituyó en la noche de este jueves de manera exprés a la presidenta, Dina Boluarte, tras aglutinar cuatro mociones de vacancia (destitución) para declarar su “permanente incapacidad moral” para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana y el auge del crimen organizado, cuando faltan escasos seis meses para las elecciones generales de 2026.

El Legislativo peruano aprobó las cuatro mociones para sacar a Boluarte del poder con 122 votos a favor de un total de 130, una cifra muy superior a los 87 que se requerían para que la iniciativa fuese exitosa, en una sesión donde la mandataria no se ha presentado ante el hemiciclo para ejercer su defensa.

La primera presidenta mujer de Perú termina así un mandato de dos años y diez meses desde que a finales de 2022 asumió la Presidencia para suceder al izquierdista Pedro Castillo (2021-2022), del que era su vicepresidenta, y se mantuvo en el poder gracias al respaldo de un grupo de fuerzas de derecha que controlan el Congreso y que ahora promovieron y apoyaron su salida.

El proyecto de ley de destitución leído ante de la votación del Congreso señala que se declara la “permanente incapacidad moral de la presidenta de la República y la vacancia de la presidencia de la República” peruana. Detalla que este jueves se han presentado cuatro mociones de orden del día que han propuesto la destitución de Boluarte por una causal establecida en la Constitución peruana.

Por ese motivo, resolvió declarar su “permanente incapacidad moral” y la vacancia de la presidencia, así como “en consecuencia, la aplicación del régimen de sucesión establecido” en la Constitución peruana.

Esa sucesión indica que, al no tener Boluarte vicepresidentes, asume la jefatura del Estado el presidente del Congreso, cargo que ejerce actualmente el derechista José Jerí.

Boluarte no acudió al hemiciclo para ejercer su derecho a defensa, por lo que el presidente del Congreso José Jerí anunció la decisión de continuar con el proceso de destitución. “En vista de que ha sido convocada y no se ha presentado se procederá con el proceso de vacancia”, remarcó. De inmediato propuso que comience un debate de las mociones, pero un grupo de parlamentarios planteó una cuestión previa para evitar ese proceso e ir de inmediato a la votación.

Poco antes, uno de los abogados de Boluarte, Juan Carlos Portugal, había anunciado en la red social X que la gobernante no iba a convalidar el proceso en su contra acudiendo al Congreso. “Un debido proceso parlamentario -cuya decisión afecta derechos constitucionales- tiene mínimas y esenciales exigencias. El derecho a la defensa, y su preparación dentro de un plazo razonable, es una de ellas”, aseguraba.

Portugal acusa, en ese sentido, al Congreso de haber renunciado “a esta garantía” y consumar “su violación”. “Los derechos y garantías de orden constitucional y procesal, no tienen rostro. No lo convalidaremos, y por esa razón, no acudiremos al Parlamento nacional. No en estas condiciones”, concluye.

Otro de sus abogados, Joseph Campos, informó en la cadena estatal TV Perú que él le recomendó a la gobernante que no asista al Congreso porque desconocían el contenido de mociones de vacancia presentadas en su contra.

El proceso contra Boluarte

Todas las mociones de destitución presentadas contra Boluarte fueron aceptadas por no menos de 113 votos y el Parlamento también aprobó convocar de inmediato a Boluarte con 118 votos a favor, lo que supera las cuartas quintas partes de la Cámara.

El proceso es irreversible después de recibir el respaldo de los partidos de derecha que hasta ahora sostenían a Boluarte en el poder desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2022 y cuando solo faltan seis meses de celebrarse las elecciones generales peruanas de 2026, convocadas para el mes de abril.

Entre los promotores del proceso de destitución hay varios partidos que han respaldado a la mandataria pero que tienen líderes con aspiraciones presidenciales, como el del ultraconservador Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien es el alcalde de Lima; y el del derechista Podemos Perú, del empresario José Luna.

En el transcurso de la jornada se han acumulado de manera repentina y sin previo aviso hasta cuatro mociones de destitución contra Boluarte, que de un momento a otro se ha quedado sola tras quedarse sin el apoyo de los socios que le han permitido gobernar desde hace casi tres años a cambio de abandonar el proyecto político de su predecesor, el izquierdista Pedro Castillo (2021-2022), quien protagonizó un fallido intento de golpe de Estado frente a una posible destitución.

Boluarte deja el cargo como la presidenta más impopular de Latinoamérica, con una aprobación de apenas un 3% según varias encuestas, debido a las más de 50 muertes durante la represión a las protestas que pedían nuevas elecciones tras la destitución y encarcelamiento de Castillo, así como numerosas investigaciones por presunta corrupción.

Al consumarse su destitución, debe asumir la Presidencia de manera interina el presidente del Congreso hasta la celebración de las nuevas elecciones, con lo que se convertirá en el séptimo mandatario de Perú desde 2016, tras Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Manuel Merino (2020-2020), Francisco Sagasti (2020-2021) y Pedro Castillo (2021-2022), además de Boluarte. 

Con información de EFE

La Policía de Perú entregó a Matías Agustín Ozorio, mano derecha del narco “Pequeño J”, a agentes de la Policía bonaerense y la Interpol, quienes lo trasladaron a la Argentina en un avión de la Fuerza Aérea. El detenido arribó al país en medio de un fuerte operativo de seguridad y este viernes deberá declarar ante el fiscal Adrián Arribas.

Ozorio, de 28 años, llegó al aeropuerto de Lima acompañado de una estricta custodia policial. Desde el miércoles a la noche había quedado detenido en la sede de la Dirección Antidrogas junto al principal acusado en la causa, Tony Janzen Valverde Victoriano.

Finalmente, pasadas las 23, Ozorio aterrizó en Buenos Aires y quedó bajo custodia de las autoridades argentinas. Fue trasladado en helicóptero a la zona de Puente 12, en la base de apoyo aéreo de la Policía bonaerense en Ezeiza. De allí sería llevado a la DDI de San Justo, en donde este viernes por la mañana será indagado por el fiscal Arribas.

En el aeropuerto de Lima, se presentó el ministro del Interior peruano, Carlos Malaver, junto a agentes de la Policía Nacional para dar una conferencia de prensa sobre la entrega de Ozorio y la inminente extradición de “Pequeño J”.

“Si bien es cierto que no vamos a devolverle la vida a estas tres jóvenes, sí quisiéramos colaborar y dar un pequeño bálsamo a ese gran dolor que deben estar sufriendo los familiares de las víctimas”, expresó el funcionario.

El avión de la Fuerza Aérea, modelo EMBRAER ERJ 140LR con matrícula FAG037, salió desde El Palomar con un equipo de Interpol, un médico y oficiales de la Policía de la Provincia. Antes de aterrizar en el aeropuerto de Lima, realizó un parada en Salta.

Desde Perú, la aeronave despegó minutos después de las 18 y, alrededor de las 21 hizo una parada en Salta nuevamente para cargar combustible. De allí, emprendió un vuelo directo a Buenos Aires.

Carlos Adrián Arribas, a cargo de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, adelantó que Ozorio será indagado el viernes por la mañana. “No puedo decir qué rol tuvo Ozorio. Por ahora está como coautor. Es todo materia de investigación, hay secreto de sumario en la causa”, señaló el investigador a TN.

Por otro lado, el fiscal aseguró que no se levantará el secreto de sumario de la causa mientras avance la investigación y aclaró que aún no tienen probado “que haya habido una transmisión” del triple crimen.

Este viernes no solo se realizará la indagatoria a Ozorio, sino que también se llevará a cabo la apertura de los celulares incautados durante la investigación. Avances que podrían ser claves para esclarecer los hechos y a los autores.

“Es una audiencia importante porque vamos a sacar información clave”, agregó Arribas, quien aclaró que no tiene claro cuánto durará el proceso de apertura.

El fiscal advirtió que continúan estableciendo el móvil del triple crimen y descartó estar reteniendo la causa para que no pase a la justicia federal: “Solamente estoy investigando”.

“Es parte de la investigación si ´Pequeño J´ es parte de algo más grande. No sé si el techo de la organización termina en él”, explicó Arribas.

El titular de la fiscalía de La Matanza confirmó que ninguno de los primeros cuatro detenidos quiso declarar ante la Justicia.

A su vez, detalló que la causa continúa caratulada como homicidio “con características que no se ven a menudo”. “Por ahora no va a cambiar la carátula”, afirmó.

Por último, se negó a revelar los nombres de los prófugos. Se estima que hay al menos dos personas que participaron del crimen y aún no fueron detenidas.

Un fuerte terremoto puso en alerta a toda la costa del Pacífico. El seísmo, de magnitud 8,8 se produjo frente a la península rusa de Kamchatka. Es el más fuerte en la región desde 1952 y provocó la alarma de tsunami en varios países como Japón, China, varios territorios estadounidenses como Hawái, Canadá y distintos países de Latinoamérica.

Según las autoridades rusas, el terremoto se inició a 19,3 kilómetros de profundidad y a unos 126 kilómetros de la costa. Horas después los servicios de emergencia rusos registraron olas de tres y cuatro metros de altura en las costas del sureste de la península de Kamchatka, donde se produjo el terremoto.

Cuatro grandes olas provocadas por el terremoto alcanzaron e inundaron la costa de una de las islas Kuriles del norte, Paramushir, en Rusia sin causar víctimas, según informaron las autoridades locales.

La primera ola avanzó 200 metros y las siguientes olas dañaron la infraestructura del puerto de Sévero-Kurilsk. En total, han sido evacuadas unas 2.700 personas en el archipiélago de las Kuriles por la alerta de tsunami.

Pero la envergadura del temblor activó también las alarmas en Japón, que ya sufrió en 2011 un fuerte tsunami que afectó a las instalaciones nucleares de Fukushima. Ahora, el país ha activado los protocolos, pese a que las primeras estimaciones hablan de que el terremoto apenas se notó en Japón, donde alcanzó el nivel dos de la escala sísmica nipona de siete niveles (centrada en medir la agitación en la superficie y el potencial destructivo) en las ciudades de Kushiro, Akkeshi, Shibetsu y Betsukai, en el extremo sureste de la isla de Hokkaido, en el norte de archipiélago nipón y al sudoeste del epicentro.

Las autoridades japonesas constataron la llegada este miércoles de un tsunami de hasta 40 centímetros en la isla de Hokkaido, en el norte de Japón, después de que se emitiera una alerta. Las primeras olas llegaron a la ciudad de Hanasaki, en Nemuro, a las 10:30 hora local (03:30 hora española), mientras que en las localidades de Hamanaka, el puerto de Kushiro y Ako se observaron tsunamis de altura parecida, según detalló la cadena japonesa NHK.

No obstante, ante el riesgo de un impacto mayor, cerca de dos millones de personas han recibido en Japón órdenes de evacuar sus hogares o de abandonar zonas costeras ante el riesgo de tsunamis. Los trabajadores de la planta nuclear de Fukushima han sido también evacuados este miércoles.

En la isla septentrional de Hokkaido, la mayor de las que componen el archipiélago nipón ubicada con más cercanía a Kamchatka, las autoridades locales emitieron una orden de evacuación del máximo nivel (5 sobre 5) para 10.463 ciudadanos en la localidad costera de Urakawa. Esta alerta significa que un desastre natural “está en curso” y urge a la acción inmediata de los afectados para salvar sus vidas.

Además, la bahía de Tokio se encuentra sujeta a un aviso de tsunami de hasta un metro, así como la de Osaka, donde se celebra la Exposición Universal, y las islas de Shikoku (oeste), Kyushu (sudoeste) y Okinawa (sudoeste). También se esperan tsunamis de hasta 20 centímetros en las costas del mar de Japón.

Las autoridades chinas también emitieron una alerta de tsunami de nivel amarillo tras el fuerte terremoto de magnitud 8,8 registrado frente a la península rusa de Kamchatka. El Centro de Alerta de Tsunamis del Ministerio de Recursos Naturales indicó que el sismo, ocurrido a las 07:25 hora de Pekín (01:25 horas), podría provocar olas de hasta 40 centímetros en la costa norte de Zhejiang y de unos 30 centímetros en Shanghái entre las 17:00 y las 20:00 horas de hoy en el gigante asiático (11:00 y 14:00 horas).

La alerta amarilla -el segundo nivel más bajo en el sistema de cuatro niveles de advertencia de tsunamis de China, que va de azul a rojo- llega después de que sensores oceánicos cerca del epicentro detectaran olas de hasta 90 centímetros y estaciones costeras en Japón y Rusia registraran alturas de entre 30 y 50 centímetros.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) elevó inmediatamente al máximo la alerta por riesgo de tsunami en todo el estado de Hawái, ubicado en medio del océano Pacífico, así como en el extremo más occidental de Alaska. Horas después, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) ha decidido bajar la alerta a 'aviso' explicando que “no se espera que un tsunami de gran magnitud azote el estado de Hawái”.

El gobernador del archipiélago, Josh Green, había decretado el estado de emergencia y llamado a la población a evacuar las zonas costeras. Las primeras olas comenzaron a impactar en las costas de Hawái a las 8.25 horas (hora local). Desde entonces se ha registrado ya una ola de 1.74 metros en Kahului, Maui, y otra de 1.5 metros en Hailo.

“He firmado una proclamación de emergencia y los Centros de Operaciones de Emergencia del Estado y del Condado están completamente activados. Por favor, tomen esta situación en serio”, dijo Green en la red social X. El gobernador también ha anunciado la cancelación de todos los vuelos con origen y destino a la isla de Maui.

La agencia estadounidense lanzó un aviso amarillo para toda la costa oeste de Estados Unidos y Canadá, que posteriormente elevó a nivel naranja -el segundo en la escala de intensidad de tres colores- y que alcanzó el color rojo -el de mayor riesgo- en un tramo de casi 200 kilómetros entre California y Oregón.Las autoridades canadienses pidieron a los habitantes de gran parte de su costa del Pacífico que eviten las playas y las zonas litorales.

En Filipinas se alertó de la llegada de olas de “menos de un metro” en varios puntos costeros del archipiélago. “Se prevé que las primeras olas del tsunami lleguen entre 13:20 y 14:40 hora local (7:20 y 8:40 hora española)”, señaló el Departamento de Sismología. Según los resultados del análisis de la Agencia indonesia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG), el terremoto tiene el potencial de causar un tsunami con altura inferior a 0,5 metros.

Alerta generalizada en Latinoamérica

El Centro de Alertas de Tsunamis (CAT) de la Secretaría de Marina (Semar) de México emitió una alerta para las costas del Pacífico mexicano, donde se espera el arribo de alturas menores a 20 centímetros a partir de las 02.00 hora local (10.00 horas) y hasta cinco horas después en Ensenada, Punta Abreojos (Baja California), Cabo San Lucas (Baja California Sur), Mazatlán (Sinaloa), Puerto Vallarta (Jalisco), Manzanillo (Colima), San Blas (Nayarit), Lázaro Cárdenas (Michoacán), Acapulco (Guerrero), Salina Cruz (Oaxaca) y Puerto Madero (Chiapas).

En tanto, la Agencia de Meteorología del estado de Chiapas (AMC) también apuntó costas de Guatemala (Champerico), El Salvador (Acajutla), Nicaragua (Corinto) Costa Rica (Quepos) y Panamá (Punta Mala).

El presidente Gabriel Boric informó que hay una “alerta de tsunami para toda la costa de Chile para mañana (miércoles)” y que según el protocolo se evacuará “tres horas antes de la estimación de la llegada de la ola”.

La alerta aplica para las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso, y estado de precaución en Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Ecuador lanzó una advertencia ante la “alta probabilidad” de un tsunami que afecte a las Islas Galápagos y para las costas del territorio continental se mantiene la observación. En caso de llegar un tsunami a las costas ecuatorianas, lo haría en los primeros puntos a las 10.00 hora local de Galápagos y a las 11.00 hora local continental (18.00 hora española), y en los puntos más alejados llegaría en torno a las 13.00 horas (20.00 horas).

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú lanzó una alerta de tsunami para todo el litoral del país. De acuerdo al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), el tren de olas puede llegar a las costas peruanas en torno a las 10.00 hora local (17.00 horas) en los puertos de la costa norte del país y a las 11.24 (18.24 horas) al puerto del Callao, aledaño a la capital Lima, y a las 12.22 (19.22 horas) al sureño de Matarani, en la región Arequipa.

Nuevo terremoto de magnitud 6,2 sacude a Kamchatka

Un nuevo terremoto de magnitud 6,2 sacudió este miércoles la península rusa de Kamchatka, según informaron los sismólogos de la Academia de Ciencias de Rusia.

El temblor tuvo lugar a las 21:56 hora local (09:56 GMT) y su epicentro se situó a una profundidad de 69 kilómetros y a casi 200 kilómetros al este de la capital de Kamchatka.

Los habitantes de la península, escenario de un terremoto de magnitud 8,8, informan en las redes sociales de “nuevas sacudidas”, mientras que los sismólogos reportan numerosas réplicas.

El primer seísmo, que provocó alerta de tsunamis en muchos países bañados por el océano Pacífico, fue el más potente en esa región del Lejano Oriente ruso bañada por el océano Pacífico desde 1952, según informó el Servicio Geofísico Unificado ruso en su canal de Telegram.

Los especialistas rusos registraron en el plazo de una hora unas trece réplicas de magnitud 5-6 cerca de Petropavlovsk-Kamchatski, capital de la península.

Precisamente, el epicentro del seísmo se situaba 161 kilómetros al este de la ciudad rusa, a una profundidad de 32 kilómetros.

Las autoridades locales están evaluando los daños, proceso que llevará una semana, pero por el momento apenas hay desperfectos en viviendas, infraestructuras y carreteras.

Aunque se mantiene la alerta de tsunami en ciertos lugares, algunos evacuados ya están volviendo a sus hogares, ya que en el Lejano Oriente ruso ya ha anochecido.

Los científicos rusos admiten que en las costas de Kamchatka, la isla de Sajalín y el archipiélago de las Kuriles faltan entre 10 y 15 estaciones automáticas de medición del nivel del mar y de amenaza de tsunamis.

EFE

La minería ilegal mueve siete veces más dinero que el narcotráfico en Perú, alertó este viernes el canciller Elmer Schialer al advertir sobre la urgente necesidad de formalizar la actividad minera en el país.

Schialer se refirió al gran poder de esta actividad delictiva en la emisora RPP, al hablar de los bloqueos en carreteras de varios puntos del Perú, como en Arequipa y La Libertad, por parte de mineros ilegales.

Desde la semana pasada, estos grupos protestaron por el anuncio del cierre del registro estatal que les permitía seguir con sus actividades, las cuales fueron vinculadas con el incremento de la criminalidad.

“Nosotros vamos a reimponer el principio de autoridad, vamos a dialogar con quien quiera dialogar y vamos a aplicar todo el peso de la ley a todos estos dirigentes (que impulsan los reclamos), que ya están identificados”, aseguró el canciller.

En este sentido, sostuvo que quienes bloquean las carreteras están recibiendo unos 120 soles diarios (US$33 o €29), lo que evidencia un financiamiento no necesariamente legal, vinculado principalmente a la minería ilegal.

Agregó que a “esa gente que financia busca desestabilizar” no le interesa “la ley, ni la paz” y dijo que los bloqueos están afectando al transporte de alimentos y otros bienes esenciales.

Además, indicó que el Ejecutivo ya anunció que se van a sancionar y “aplicar todo el peso de la ley contra los responsables”, pero agregó que también sigue abierta la puerta del diálogo.

Expertos vincularon la expansión de la minería ilegal en Perú con el aumento del precio del oro en el mercado nacional e internacional.

Precisamente, el diario El Comercio alertó este viernes que hay puntos de la Amazonía peruana donde una draga minera puede extraer hasta 7 kilos de oro al año usando mercurio, lo que además de un gran daño medioambiental, genera unos US$690.000 o €590.000 anuales.

EFE

A menudo se dice que el imperio inca, que se extendió a lo largo de 4.000 kilómetros y fue la civilización más grande de América, no tuvo un sistema de escritura. Pero la afirmación no es del todo exacta, porque los incas registraron la información a través de un sofisticado sistema de cuerdas y nudos, los quipus, que los expertos llevan años tratando de descifrar.

Una de esas especialistas es la antropóloga escocesa Sabine Hyland, que viajó hasta la remota aldea montañosa de Jucul, en los Andes peruanos, para estudiar un conjunto de quipus que fueron guardados en secreto durante siglos por los ancianos. Estos quipus no fueron generados directamente por los incas, sino por los habitantes de la zona que aún sabían interpretar sus signos tras la caída del imperio en el siglo XVI, y Hyland cree que pueden ofrecer algunas claves para descifrar su mensaje.

Los quipus de Jucul tienen algunas características especiales, como que presentan borlas en lugar de nudos, y Hayland descubrió un detalle que tiene el máximo interés para los climatólogos: estas marcas en las cuerdas se relacionan con ofrendas en épocas de sequía o inundaciones. “Los pueblos andinos del pasado consideraban estos quipus un registro del clima y los estudiaban para comprender los patrones de lo que ocurría, tal como lo hacemos hoy”, escribe la antropóloga de la Universidad de Saint Andrews en The Conversation.

Si miras uno de los quipus de Jucul y ves que había muchas ofrendas a Paccha-cocha ese año, sabes que era una época de sequía, ya que las ofrendas se hacían para aumentar la lluvia

Sabine Hyland — Antropóloga de la Universidad de Saint Andrews

Algunas borlas de los 97 quipus conservados por los aldeanos están hechas de colas de llama que recuerdan a las nubes de lluvia y se presentaban en las ofrendas en el lago sagrado Paccha-cocha cuando se quería invocar a las precipitaciones, mientras que en otros rituales pedían a los espíritus de los muertos que detuvieran las inundaciones. “Si miras uno de los quipus de Jucul y ves que había muchas ofrendas a Paccha-cocha ese año, sabes que era una época de sequía, ya que las ofrendas se hacían para aumentar la lluvia”, escribe Hyland.

Buscar los isótopos

Clara Rodriguez Morata, paleoclimatóloga del Centro de Biodiversidad Naturalis, en Países Bajos, cree que los quipus pueden aportar información valiosa para completar el registro climático histórico de los Andes, no solo a través de los datos etnográficos y lingüísticos, como los que obtiene Hyland, sino con herramientas como el análisis de isótopos con las que ella trabaja. De hecho, antes de conocer el enfoque de la antropóloga escocesa, ya había comenzado a explorar esta posibilidad con el investigador peruano Iván Ghezzi, que está obteniendo fechas de radiocarbono precisas para los quipus.

“Le pregunté a Iván qué tipo de materiales se usaban para hacer los nudos, si eran fibras animales o vegetales, porque yo trabajo con isótopos estables de oxígeno en madera y lo relacionamos con la climatología de regional”, explica. “Si obtenemos el contenido isotópico y una datación, quizá podamos relacionarlo científicamente con temas de precipitación y tener también un registro climático”.

Es perfectamente posible que algún día los quipus —que comprenden inventarios, censos y calendarios— nos regalen también datos sobre el clima del pasado

Iván Ghezzi — Investigador experto en quipus y datación por radiocarbono

“Los quipus son artefactos muy ricos en información, y complejos en estructura y contexto de hallazgo”, explica Ghezi a elDiario.es. Los proyectos de datación mediante radiocarbono que él y su equipo realizaron demuestran que es posible aprovechar esta complejidad para obtener fechados de alta precisión, con un rango de error inferior a 20 años. “Algunos quipus excepcionales los estamos correlacionando con eventos históricos de fecha conocida, es decir, un año exacto, registrados en documentos escritos de la época colonial del Perú”, señala. “Por lo tanto, es perfectamente posible que algún día los quipus —que ya sabemos que comprenden inventarios, censos y calendarios— nos regalen también datos sobre el clima del pasado”.

Descifrar un enigma

Aunque la mayoría de los quipus que conocemos se fabricaron en época inca, desde hace algunas décadas los científicos se están centrando en intentar descifrar los quipus de época colonial, que pueden relacionar con eventos históricos conocidos. El mayor paso hasta la fecha lo dio el matemático estadounidense Manny Medrano con el llamado “archivo de quipus del valle del Santa”, que ha podido correlacionar con un texto de la misma zona escrito en español en el año 1670, como si fuera una especie de piedra de Rosetta de los quipus. “Recién estamos empezando a descifrar los quipus, y cuando alcancemos este logro, se abrirá un universo de información que contienen, incluyendo probablemente el clima”, destaca Ghezi.

¿Por qué tiene tanto interés obtener datos del clima en el tiempo de los incas? Porque es un periodo del que apenas hay registros y fundamental para entender los climas del pasado, en concreto, las oscilaciones de las precipitaciones y temperaturas producidas por los ciclos de El Niño, que dependen de cambios en la temperatura superficial del océano del Pacífico.

“En Europa llevamos midiendo temperatura y precipitación desde hace 200 años, pero en los Andes, no”, señala Rodríguez Morata. “Por eso, cualquier registro del tipo que sea que nos dé información sobre el clima del pasado es muy importante para los modelos climáticos y para hacer las proyecciones a futuro. Si los incas registraban en los quipus la información que ellos necesitaban mantener, deberían ser mucho más estudiados a nivel climático”.

Creo que los quipus tienen un gran potencial como un indicador climático nuevo y único en una región remota donde hay pocos indicadores climáticos de alta resolución disponibles

Valerie Trouet — Investigadora de la Universidad de Arizona y paleoclimatóloga

“Los quipus, las rogativas, nos abren una ventana al clima del pasado”, asegura Marta Domínguez Delmás, experta en dendrocronología, la datación de los anillos de los árboles. “Son registros climatológicos de alta resolución, con una cobertura geográfica y/o temporal mayor de la que ofrecen los registros instrumentales. También indican que nuestros antepasados sentían la misma necesidad de entender y mitigar los fenómenos climatológicos extremos”.

“Creo que los quipus tienen un gran potencial como un indicador climático nuevo y único en una región remota donde hay pocos indicadores climáticos de alta resolución disponibles”, añade la investigadora de la Universidad de Arizona y paleoclimatóloga Valerie Trouet. “En Europa existe una larga historia de documentación escrita”, recuerda. “Los quipus brindarán una oportunidad única para hacer lo mismo en una región y para un período histórico donde los registros escritos son mucho más escasos, si es que existen”.

Buscando nuevos proxies

Cuando no existe un registro directo, los climatólogos obtienen datos de diferentes fuentes, desde los anillos de los árboles a las muestras de hielo, lo que se llama un proxy climático. Estas fuentes sirven para reconstruir un modelo de cómo fue el clima de épocas pasadas y entender su evolución. En el caso de los Andes, hay investigadores trabajando en los más diversos escenarios, desde los testigos de hielo de los glaciares hasta la madera de las queuñas centenarias que crecen en lo alto de los volcanes.

Desde el Laboratorio de Dendocronología de la Universidad Austral de Chile, por ejemplo, Duncan Christie y su equipo están trabajando en una reconstrucción precisa del clima del altiplano en los últimos 1.000 años a partir de los anillos de los árboles. “Sería muy interesante comparar los datos obtenidos de los quipus con estos valores, porque en la misma época hay señales de sequías muy severas y sostenidas y también periodos muy lluviosos, así como señales de El Niño”, asegura. “Necesitamos tener un registro largo para ver cuál es la variabilidad natural y determinar qué se debe al cambio climático”.

Cualquier registro del tipo que sea que nos dé información sobre el clima del pasado es muy importante para los modelos climáticos y para hacer las proyecciones a futuro

Clara Rodriguez Morata — Paleoclimatóloga del Centro de Biodiversidad Naturalis, en Países Bajos

Clara Rodríguez Morata e Iván Ghezi colaboran en la investigación de un yacimiento arqueológico de más de 3.000 años conocido como Chankillo, en la costa peruana, que puede ampliar la comprensión de los efectos de El Niño. “Las puertas del sitio tienen los dinteles de madera, son troncos enteros de algarrobo”, señala la investigadora española. “La teoría de los arqueólogos es que hubo un evento de El Niño muy fuerte que desestabilizó toda la sociedad del momento y vamos a comprobar si se ve en los anillos”. “Queremos ver la relación entre esta catástrofe ambiental, social y de salud pública, y la aparición de la guerra en la zona”, afirma Ghezi.

El caso de los quipus es especial, porque permite investigar datos del clima tanto en el sustrato físico como en el mensaje que dejaron registrado los habitantes de la zona. Algo parecido sucede con las litografías de piedra halladas en el yacimiento arqueológico de Cerro Sechín, de más de 2.000 años de antigüedad, en las que aparecen grandes peces que se han asociado con un fenómeno de El Niño particularmente intenso. “Cualquier formato es útil para intentar reconstruir los cambios del clima”, asegura Rodríguez Morata. Y si los quipus de Jucul ayudan a construir una cronología de lluvias a partir de las ofrendas habrá más datos para comprobar lo que pasó en toda la región.

Para Duncan Christie, la información que se pueda obtener de los quipus tiene cierto paralelismo con la que se extrajo de los registros de actividad en las minas de plata de Potosí, en Bolivia. “En épocas coloniales hay registros muy detallados de cómo era el caudal del canal que alimentaba los molinos de la mina o la cantidad de rogativas católicas para pedir la lluvia, y al comparar con las reconstrucciones de precipitación obtenidas con los anillos de los árboles encontramos coincidencias, así que son métodos que se que se complementan y se validan entre ellos”.

“Si logramos cartografiar los quipus y datarlos, tendremos un registro de datos climáticos de esta región, creado por los propios habitantes andinos”, concluye Hyland. “Creo que existen otras aldeas en la región con quipus similares”, comenta a elDiario.es. “La última vez que estuve en Jucul, me hablaron de dos aldeas diferentes con quipus muy parecidos”.

Aunque en su estado actual, advierte, los quipus de Jucul se encuentran amenazados por insectos, moho y roedores y corremos el riesgo de que este tesoro de datos etnográficos, culturales y climáticos se pierda para el futuro. “Recientemente recibí una ayuda del Museo Británico para limpiar y preservar profesionalmente estos quipus”, informa la antropóloga. “También esperamos crear una vitrina para el quipu más grande del mundo, para que pueda exhibirse en el pequeño museo del pueblo. Aún nos queda mucha más investigación que realizar sobre los quipus y cómo codificaban la información”.

China anunció este jueves que, a partir del 1 de junio de 2025, los ciudadanos de Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay podrán ingresar a China sin necesidad de visado para estancias de hasta 30 días.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino Lin Jian confirmó los detalles de la medida, que había sido adelantada por el presidente, Xi Jinping, durante la reciente cumbre ministerial China–Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) .

Según Lin, la política estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 y permitirá a los titulares de pasaportes ordinarios viajar al país asiático por motivos de turismo, negocios, visitas familiares, intercambios culturales o tránsito.

El objetivo, afirmó el vocero, es “facilitar aún más los intercambios entre pueblos y fomentar la cooperación amistosa”.

Lin aseguró que China “seguirá ampliando su política de apertura” y dio la bienvenida a más ciudadanos latinoamericanos para que “visiten, exploren y experimenten la vitalidad y diversidad” del país.

La iniciativa se enmarca en una serie de pasos adoptados por Pekín desde 2023 para reactivar el turismo y los vínculos internacionales tras el prolongado cierre de fronteras por la pandemia.

China ya había extendido de 15 a 30 días el periodo de exención de visado para países como España y ha firmado acuerdos de exención recíproca con otra veintena de Estados.

Actualmente, China es el principal socio comercial de países como Brasil, Chile y Perú, y ha incrementado su presencia en América Latina a través de proyectos de infraestructura y comercio vinculados a su iniciativa de las Nuevas Rutas de la Seda.

Pekín asegura que China y Latinoamérica “reforzarán su unidad” tras reunión con la Celac

El Gobierno chino aseguró este miércoles que China y Latinoamérica “fortalecerán su unidad” y “trabajarán juntos para crear un supermercado de 2.000 millones de personas”, después de que se celebrase este martes la IV Reunión Ministerial del foro China-Celac en la capital china.

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró en una rueda de prensa que “la cooperación entre China y América Latina tiene amplias perspectivas”, “proporciona nuevos motores” y “abre nuevas oportunidades para su respectivo crecimiento y desarrollo global”.

Lin aseveró que ambas partes “continuarán apoyándose mutuamente en temas relacionados con los intereses fundamentales y preocupaciones principales de cada uno”.

“China y América Latina mantendrán el sistema de comercio multilateral y el ambiente de cooperación abierto, y protegerán la equidad y la justicia internacionales, así como la paz y la estabilidad mundiales”, agregó el vocero, al tiempo que describía el foro celebrado este martes como “un gran éxito”.

La IV Reunión Ministerial del foro China-Celac aprobó para el periodo 2025-2027 un centenar de proyectos que se suman a una línea de crédito de 60.000 millones de yuanes (aproximadamente 8.330 millones de dólares, 7.498 millones de euros) anunciada por el líder chino, Xi Jinping.

Y es que a pesar de tratarse de una reunión de ministros de Exteriores, la cita la protagonizaron el propio Xi y los presidentes de Colombia, Chile y Brasil, cuya inédita asistencia implica una firme declaración de intenciones frente a un Washington irritado por la presencia creciente de China en la región.

China y los países miembros de la Celac adoptaron una declaración conjunta que enfatiza su apuesta mutua por el multilateralismo.

“Diversificar mercados debe ser una realidad. Hoy desde Pekín lanzamos el mensaje al mundo de que somos regiones hermanas”, dijo en la capital china la canciller colombiana, Laura Sarabia, cuyo país ejerce la presidencia del organismo, en una rueda de prensa conjunta con el jefe de la diplomacia china, Wang Yi, al término de la reunión. 

EFE.

IG

Aunque a simple vista no parecen particularmente hábiles, los pingüinos son aves marinas más sorprendentes de lo que se cree. Tienen la capacidad de escalar cerros con una agilidad inimaginable y bajo el agua se transforman por completo para bucear con una destreza que parece que volaran en el mar. Son animales adaptados a vivir en mundos opuestos —la tierra y el océano— pero donde enfrentan condiciones extremas y amenazas graves que los ponen en riesgo.

“Estos son animales impresionantes, ¿cómo logran vivir en estos dos mundos? ¿Cómo logran adaptarse a los distintos cambios?”, se pregunta Alejandro Simeone, biólogo chileno que lleva tres décadas estudiando a estas aves marinas. “En la costa del Pacífico tenemos cada tantos años eventos como El Niño que generan una gran escasez de alimento para las aves y eso determina que muchas mueran y que su reproducción se interrumpa. Pero después, cuando esas condiciones mejoran, los pingüinos tienen unas estrategias maravillosas para recuperarse”.

Sin embargo, esta capacidad de adaptación, desarrollada a lo largo de su historia evolutiva, se ve amenazada por las acciones humanas: la sobrepesca, la contaminación, los derrames petroleros y la introducción de especies invasoras alteran su delicado equilibrio natural.

“Durante años nos ocupamos de los problemas que los pingüinos tenían en tierra, por lo que ahora son más visibles y la gente está más consciente de eso. Pero hoy en día el problema pasó a estar en el mar: sus cambios, las interacciones con pesquerías y con contaminantes —que se ven menos, porque hay menos ojos humanos para mirar en el mar—, son la prioridad en la investigación y la conservación”, afirma Esteban Frere, biólogo especializado en estas aves en Argentina desde hace cuatro décadas.

Este 25 de abril se conmemora el Día Mundial de los Pingüinos, una fecha para crear conciencia sobre la importancia de la conservación de estas aves marinas. En Mongabay Latam, te presentamos tres proyectos científicos en Chile, Argentina y Perú que buscan traer esperanza para las especies que habitan en América Latina.

Chile: los peligros en el mar

Un asombroso video sumerge al espectador en el mundo oculto de los pingüinos de Humboldt (Spheniscus humboldti). La grabación revela una escena nunca antes vista: un grupo de 50 aves marinas surca el agua coordinando cada movimiento como si se tratara de un ejército. Los pingüinos suben a la superficie para tomar aire y luego sumergirse ágilmente en el fondo marino, a casi 100 metros de profundidad, decididos en su cacería colectiva. Lo más increíble es que las imágenes de su hazaña fueron capturadas por uno de ellos.

En diciembre de 2022, científicos colocaron cámaras y dispositivos GPS en las plumas de la espalda a seis individuos en Isla Choros, al norte de Chile. El objetivo era estudiar sus hábitos de alimentación, pero el descubrimiento superó toda expectativa: no sólo confirmaron una estrategia de caza bentónica —es decir, buscan alimento en el fondo marino—, un comportamiento que se había identificado solamente en especies como el pingüino de ojos amarillos (Megadyptes antipodes) y el papúa (Pygoscelis papua), sino que también captaron la cooperación de las aves y su destreza bajo el agua.

“Las islas donde anidan los pingüinos están bastante seguras —son parques nacionales o reservas, donde están tranquilos— pero cuando van al mar a buscar su alimento, se encuentran con la pesca que está removiendo sus presas y provocando algo mucho más grave, que son las redes en las que los pingüinos se enganchan y muchos mueren ahogados anualmente”, describe Alejandro Simeone, investigador de la Universidad Andrés Bello, quien ha dedicado 30 años de su vida a estudiar a los pingüinos de Humboldt.

Precisamente, el hecho de que los científicos hayan logrado documentar a grandes grupos de pingüinos cazando juntos comprueba que existe un riesgo mucho mayor de mortalidad por captura incidental, ya que una sola red podría atraparlos a todos.

Estos hallazgos son parte de una de sus investigaciones más recientes, realizada en colaboración con la organización Sphenisco, para la que el académico lideró un equipo que se propuso resolver tres grandes y complejas incógnitas sobre esta amenazada especie: ¿de qué tamaño es la población reproductiva de pingüinos de Humboldt en las islas de Chile? ¿Qué éxito tienen en su reproducción? ¿Cuál es su comportamiento al buscar alimento para sí mismos y sus familias?

Durante las diferentes estaciones reproductivas y de anidación que ocurrieron entre 2021 y 2023, su equipo se alistó para viajar a las principales colonias de anidación en 10 islas de la costa del centro-norte de Chile. En suma, pudieron estimar un total de la población reproductiva de 2.511 parejas de pingüinos de Humboldt. Los científicos reportan una reducción cercana al 50 % en un periodo de cuatro años, con respecto a un estudio previo realizado en 2017.

El escenario es complejo. Según la investigación, las amenazas a estas aves incluyen interacciones directas e indirectas con la pesca, así como la posible construcción de instalaciones portuarias y mineras

 cerca de sus áreas reproductivas y de alimentación clave. Estas y otras actividades antropogénicas están causando una rápida disminución en el número de pingüinos de Humboldt.

“A partir de esta investigación, recientemente una de mis estudiantes hizo un trabajo con su tesis de maestría en la cual determinamos tanto el área que los pingüinos usaban como la que utilizan las embarcaciones pesqueras”, explica Simeone. “Encontramos una superposición, lo que nos da luces acerca de que potencialmente podrían estar compitiendo pingüinos y pesquerías por el alimento que, por un lado, los pingüinos necesitan para sobrevivir y, por el otro, las pesquerías necesitan para comercializar. Eso podría conducir, con el tiempo, a una escasez de alimento para los pingüinos y esa es nuestra primera preocupación”.

Las investigaciones del proyecto continúan. Sin embargo, Simeone enfatiza la necesidad de fortalecer los esfuerzos de conservación y mejorar la comunicación entre los investigadores y las agencias gubernamentales para enfrentar las amenazas que rodean al pingüino de Humboldt. La pesca tiene una connotación económica importante, pero sobre todo social, por la cantidad de personas que dependen de esa fuente de ingreso, por lo que hay que buscar maneras de manejarla en forma conjunta y con datos científicos, dice el científico.

“Las áreas alrededor de las islas necesitan ser protegidas de manera más efectiva”, concluye Simeone. “La forma en que se están protegiendo esas áreas no está cumpliendo con su misión, porque los pingüinos las ocupan de una forma muy distinta. Puedes dibujar un área alrededor de una isla en un mapa, quedarte tranquilo y pensar que eso está protegiendo a los pingüinos, pero nosotros hemos visto que las áreas que se necesitan para protegerlos son mucho más grandes. Esa información la proveemos nosotros, pero es después el Estado el que tiene que ver cómo se implementa”.

Argentina: los pingüinos contra el petróleo

A inicios de la década de 1980, un grupo de jóvenes argentinos quedó profundamente conmovido por una escena que se repetía con demasiada frecuencia: pingüinos de Magallanes (Spheniscus magellanicus) que aparecían empetrolados y varados en las playas, desde Buenos Aires hasta la Patagonia. Alarmados por la situación y la creciente preocupación social, decidieron dedicar sus vidas a estudiar y proteger a esta especie, convirtiéndose en investigadores especializados.

Décadas después, ese mismo grupo —liderado por el biólogo Esteban Frere, investigador de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet)— sigue investigando al mar argentino con un símbolo poderoso: los pingüinos de Magallanes, convertidos en centinelas de la salud del océano.

Sus investigaciones, realizadas a lo largo de 900 kilómetros de la costa de la provincia de Chubut, a partir de 1982 y hasta 1990, estimaron que más de 40.000 pingüinos morían cada año solo por empetrolamiento crónico. Más de la mitad eran adultos en edad reproductiva. En respuesta a estos hallazgos y ante la presión de organizaciones no gubernamentales y de la opinión pública, las autoridades provinciales y federales de Chubut tomaron medidas en 1997: movieron las rutas de los buques petroleros comerciales 20 millas náuticas mar adentro y exigieron que estos barcos contaran con doble casco. Una ronda adicional de monitoreos realizada en 2001 en los mismos sitios demostró que el número de pingüinos muertos y cubiertos de petróleo se redujo prácticamente a cero.

Luego de un último monitoreo realizado en 2009, los mismos científicos regresaron en 2022 —con el apoyo de Wildlife Conservation Society (WCS)— para evaluar los cambios y actualizar la información. La proporción de cadáveres empetrolados descendió del 45 % en promedio en los relevamientos realizados en marzo entre 1982 y 1990 a aproximadamente 0% en marzo de 2022.

“Los resultados fueron impresionantemente buenos”, afirma Esteban Frere, biólogo especializado en aves marinas de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral en Argentina, integrante de ese equipo con cuatro décadas de trabajo.

“Repetir el mismo muestreo que se hizo en 1980 generó más trabajo porque nosotros teníamos 20 años más, no era igual de fácil caminar estos kilómetros de costa en distintos segmentos, pero pudimos ver que casi había desaparecido el empetrolamiento de los pingüinos de Magallanes en Patagonia. Los datos que publicamos en 2023 mostraron una caída abrupta, muy abrupta del número de pingüinos empetrolados”.

Esto se debe a la acción de coordinación de todos los actores, sostiene Frere, quienes pudieron mover las rutas de los buques y mejorar la tecnología para evitar los derrames de petróleo.

Sin embargo, en 2025, la situación sigue siendo preocupante para los pingüinos de Magallanes. Aunque la contaminación por petróleo ya no es la principal amenaza, el cambio climático y su impacto en las condiciones oceanográficas representan ahora la mayor preocupación, ya que afectan directamente las fuentes de alimento de estas aves.

“No quiere decir que el problema del petróleo no exista más porque, por ejemplo, se están construyendo nuevas instalaciones en los golfos norpatagónicos, lo cual es riesgoso. Ahí hay una enorme cantidad de pingüinos durante todo el año y además es el área de invernada de una buena parte de la población de pingüinos del sur de la Patagonia”, explica Frere. “Nosotros podemos no oponernos al desarrollo petrolero en nuestro país, sin embargo, la elección de los lugares fue muy mala”.

Los golfos norpatagónicos son cerrados, poco expuestos, pero con mucha presencia de fauna marina, escribe el biólogo. “De manera que el mismo emprendimiento, pero un poco más arriba en la zona donde ya está desarrollado el polo petroquímico, sería mucho menos problemático que hacerlo en zonas vírgenes, que es lo que se está haciendo ahora”, concluye.

Perú: erradicar roedores para conservar pingüinos

No es que la gran mayoría de pingüinos de Humboldt (Spheniscus humboldti) habite en la Isla Chincha Norte, en Perú, ni que esté más protegida o que ofrezca condiciones para la especie que no se encuentren en otras localidades, sino que en esta emblemática isla guanera existe la presencia de ratas negras (Rattus rattus) invasoras.

Esta es la primera vez que un grupo de científicos propone un proyecto piloto para la erradicación de una especie invasora y la restauración de las islas de Perú. La presencia de ratas puede ser de larga data, sin embargo, el posible efecto nocivo de estos roedores en la fauna nativa es un tema poco estudiado y que se había pasado por alto.

“No tenemos registros históricos o cuantitativos de los efectos de los roedores porque es un tema del que se tomó conciencia hace unos 15 años en Perú. Nadie sabe con precisión cómo ingresaron los roedores a la Isla Chincha Norte, pero se convierte en un lugar ideal para empezar el proyecto de erradicación por primera vez en el país”, dice el biólogo marino Carlos Zavalaga, director de la Unidad de Investigación en Ecología y Conservación de Aves Marinas de la Universidad Científica del Sur.

Aunque aún se está trabajando en precisar los impactos puntuales en la Isla Chincha Norte, los científicos tienen evidencias de que los roedores sí comen huevos de otras aves marinas en las islas y puntas peruanas, como ha sucedido con el gaviotín inca (Larosterna inca) en Punta San Juan, una zona invadida por ratones y donde también solía haber muchos pingüinos de Humboldt en los años 90, pero que ahora está vacía.

“Tengo la certeza de que los ratones han estado por siglos en las islas, es decir, la intervención humana en las islas fue un puente para que estos roedores hayan podido ingresar desde hace mucho tiempo, ya sea la rata negra, los ratones caseros y otro conocido como rata noruega”, dice Zavalaga.

Actualmente, el proyecto que se realiza en colaboración con Island Conservation —una organización global con amplia experiencia en la restauración de islas—, se encuentra en una etapa inicial de desarrollo, con el levantamiento de una línea base enfocada en la identificación de las especies de roedores presentes en la isla, así como su distribución y sus posibles interacciones con las aves marinas. Luego de implementar la erradicación —que está en fase de planeación y en consulta con las autoridades— se establecerá un sistema de bioseguridad que evite una futura reinvasión.

Zavalaga explica que este trabajo es especialmente relevante debido al reciente descenso en las poblaciones de pingüinos de Humboldt, causado por el episodio de gripe aviar que ocurrió en la costa del Pacífico de Sudamérica, entre finales de 2022 y 2023, y a lo que se sumaron los impactos del fenómeno de El Niño ese mismo año, agravando la alta mortalidad de la especie.

“Nosotros sabemos que las ratas no son lo que está ocasionando este declive bastante pronunciado en las aves marinas, porque sabemos que fue la gripe aviar y la falta de alimento”, explica Zavalaga. “Pero sí estamos seguros de que al haber presencia de roedores en las islas, las aves sobrevivientes a la gripe aviar y a El Niño no encuentran las condiciones óptimas para volver a reproducirse, recolonizar y recuperar sus poblaciones previas a estos dos eventos”.

Al tratarse de un territorio desértico con poca disponibilidad de alimento, las ratas también están hambrientas, recuerda Zavalaga, por lo que los nidos de los pingüinos son una oportunidad para ellas. Por lo tanto, las aves podrían simplemente decidir no reproducirse e irse a otros sitios.

“Cuando regresen los pocos pingüinos sobrevivientes y las ratas vayan al ataque, será un escenario apocalíptico que no está tan lejos de la realidad”, concluye el especialista. “Entonces, queremos eliminar un factor de los muchos que puede haber y que evite que las aves recolonicen las islas y puntas después de estos eventos catastróficos que ha habido”.

ED/MC

Durante décadas, especialmente a lo largo del pontificado de Juan Pablo II, fue una de las cunas de la Iglesia ultra en Latinoamérica. Capitaneada por el todopoderoso Juan Luis Cipriani, el primer cardenal en la historia del Opus Dei, la Iglesia peruana se convirtió, junto a la mexicana, en el epicentro de la restauración neocatólica.

Perú, como antes lo fue México, protagonizó el matrimonio entre los poderes neoconservadores en el mundo de la política, la empresa, la judicatura y la religión. Lo hizo ocultando abusos, aupando el crecimiento de organizaciones radicales como el Sodalicio de la Vida Cristiana o el Instituto del Verbo Encarnado (el primero está a punto de ser disuelto, el segundo fue intervenido por Roma) y arremetiendo, hasta casi la extinción, contra la Teología de la Liberación, fundada también en Perú por el teólogo Gustavo Gutiérrez, recientemente fallecido.

Todo ello con el aval del Opus Dei, que todavía hoy ejerce una suerte de primado político en Lima a través de la figura del alcalde, Rafael López Aliaga, miembro también de la Obra y que este mismo mes de enero otorgó a Cipriani la Medalla Orden al Mérito en el grado de Gran Cruz “por su incansable labor pastoral, académica y eclesiástica”. Fue justo antes de recibir a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Durante el mandato de Cipriani, tanto el Opus como el Sodalicio camparon a sus anchas en el país. La alianza entre Cipriani y Luis Fernandi Figari (fundador del Sodalicio) fue estrecha durante décadas. Ídolos que resultaron tener pies de barro, como se ha demostrado en el caso de Figari quien, como Marcial Maciel y la Legión de Cristo que fundó, utilizó la obra –y el apoyo cerrado de la institución– para convertirse en un depredador sexual y tejer una red de negocios prácticamente infinita.

Negocios de mil millones

Según los investigadores Paola Ugaz o Pedro Salinas, los negocios del Sodalicio –que arrancaron con la cesión de muchos cementerios a lo largo del país– superan los mil millones de dólares. Un dinero que el delegado papal para la disolución del Sodalicio, el español Jordi Bertomeu, tiene el encargo de utilizar para, entre otras cosas, poder indemnizar a cientos de víctimas. En un gesto simbólico, el primer denunciante de Figari fue recibido la pasada semana por el Papa Francisco en el Vaticano, confirmándole la disolución de la organización y la ayuda total para los supervivientes. En los mismos salones vaticanos que ocuparon a sus anchas Figari o Maciel, otro Papa acogía a sus víctimas.

Poco después de cumplir los 75 años, el Papa fulminaba a Cipriani como arzobispo de Lima. En 2019, tras unas denuncias por abusos sexuales supuestamente acaecidas en 1983, el Papa Francisco “impuso al cardenal un precepto penal con ciertas medidas disciplinarias”, tal y como reveló este fin de semana El País y confirmó el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni. Entre las medidas impuestas estaban no utilizar las insignias cardenalicias, reducir su presencia pública o viajar a Perú.

Pese a ello, Cipriani –que reside en Madrid desde entonces– viajó en varias ocasiones al país latinoamericano, la última de ellas para recibir un galardón de manos del alcalde López Aliaga. El purpurado negó las acusaciones. “Quiero aclarar que los hechos que describen son totalmente falsos. No he cometido ningún delito ni he abusado sexualmente ni en 1983 ni antes ni después”, afirmó, y llegó a decir que fue rehabilitado por Roma en 2020. Sin embargo, tal y como aclaró la Santa Sede, dichas medidas “siguen vigentes”.

El velo de silencio sobre Cipriani comenzó entonces a resquebrajarse. La puntilla se la dio su sucesor en Lima, Carlos Castillo, a quien Francisco designó cardenal en el último consistorio, y que es uno de los pocos prelados peruanos que defendió a las víctimas del Sodalicio frente a la protección de la mayor parte de la Conferencia Episcopal del país. En una carta abierta a los fieles, Castillo fue tajante con el caso Cipriani: “En los últimos meses, luego de serias y precisas investigaciones, existen personas e instituciones que se niegan a reconocer la verdad de los hechos y las decisiones tomadas por la Santa Sede. Convocamos a todos a entrar en razón mediante un camino de conversión que implique abandonar las vanas justificaciones, el empecinamiento y el rechazo a la verdad”.

Sostiene Castillo en su misiva: “Lo declarado oficialmente por la Santa Sede hace unos días nos remite, ante todo, al inmenso dolor y al sufrimiento que experimentan las víctimas de todo tipo de abuso dentro de nuestra Iglesia y en la sociedad”. Un sufrimiento que “desgarra nuestro espíritu, nos interpela profundamente y nos compromete solidariamente con ellas”, se lee.

“Todo ser humano ultrajado es un clamor de Dios”, añade Castillo, quien invita a “esforzarnos personal y eclesialmente en acoger y acompañar, así como detener y sancionar las agresiones, usando los medios adecuados y justos, y comprometernos en su protección, defensa, restablecimiento y reparación”.

Tras el cardenal de Lima, el episcopado de Perú, tradicionalmente refractario a reconocer el sufrimiento de las víctimas (que consideran que sólo cinco prelados de los 54 que forman parte de la Conferencia Episcopal hicieron algo para frenar los abusos del Sodalicio en el país), admitió que en el caso de Cipriani “se comprobó la veracidad de los hechos”.  

“Nos sentimos apenados al conocer las recientes noticias acerca del Cardenal Cipriani”, arranca la nota, en la que los obispos lamentan “el dolor sufrido por la víctima de abusos y por la comunidad eclesial”, y piden “a todo el Pueblo de Dios que respete la voluntad de la víctima de permanecer en el anonimato”.

“Reafirmamos nuestra cercanía a todas las víctimas de cualquier tipo de abuso”, constatan los obispos del país, que reconocen “la sabia decisión del Santo Padre, al unir en ella la justicia y la misericordia, de aceptar que deje el Ministerio Episcopal del Arzobispo Emérito de Lima al cumplir los 75 años, y de imponerle algunas limitaciones ministeriales”. “Pedimos a todo el Pueblo de Dios que ofrezca oraciones por el denunciante, por el Cardenal Juan Luis Cipriani y por la Iglesia para que sea espacio seguro, donde vivir la reconciliación”, finaliza el escrito.

La reacción de Cipriani no se hizo esperar. “Sorpresa y dolor”, aseguró en una nueva carta, en la que denunció “la injusticia con la que dan por ciertos unos hechos no probados sobre mi persona”.

“Se han dejado confundir en esta campaña de intento de acoso y destrucción de mi dignidad y mi honor”, asegura Cipriani. E insiste, frente a lo dicho con anterioridad, en que ha “aceptado unas medidas preventivas ante la acusación recibida hasta que se aclarara la verdad, a pesar de que tengan su origen en una acusación falsa”, de la que no se ha podido defender, según asegura. Desde Madrid –la Archidiócesis dice desconocer en qué lugar reside el purpurado–, un Cipriani herido prepara su defensa.

Toda la información en www.religiondigital.org

Era agosto de 2024, y cinco alertas de deforestación en su teléfono celular hicieron que, a quien diremos Saúl para proteger su identidad, emprendiera un viaje de más de un día para confirmar sus sospechas.

Saúl es un comunero indígena del pueblo shipibo capacitado para el monitoreo de los bosques próximos al Parque Nacional Sierra del Divisor, una cadena montañosa de alta biodiversidad enclavada sobre la frontera entre Perú y Brasil. Ese día de agosto, él salió de su casa rumbo a la comunidad nativa Saasa para enfrentar esta porción de bosque al que pocos llegan.

Saasa, en la región Ucayali, está habitada por apenas 80 personas de la etnia awajún, en la cabecera del río Utuquinía, un afluente del río Ucayali. Se trata de la población indígena más cercana a Sierra del Divisor.

A partir de estas alertas e información georreferencial obtenida a través de Global Forest Watch, plataforma para el monitoreo de bosques en tiempo real, Saúl navegó doce horas desde su localidad y caminó un tramo largo de selva espesa para llegar al sector crítico.

“Esquivé predios peligrosos hasta ubicarme en un lugar desde donde pudiera elevar un dron. La deforestación y sembríos de coca estaban en el límite de Saasa con Siete de Julio, pero también en otros caseríos (no indígenas) vecinos”, cuenta a Dialogue Earth.

El jefe de Saasa, Iván Agkuash, cuenta a Dialogue Earth que en la zona se está plantando coca, cuyas hojas se utilizan para fabricar cocaína. Agkuash muestra su preocupación por lo desprotegida que se encuentra la zona de amortiguamiento de Sierra del Divisor y calcula que más de 10 hectáreas de bosque primario han sido depredadas y reemplazadas por cocales muy cerca del territorio comunal.

El líder indígena remarca que Saasa se ha convertido en una zona de paso para el narcotráfico, pero en su comunidad han optado por evitar enfrentamientos.

Paso de la droga

Según ha podido observar durante sus incursiones en aquella parte convulsa de la Amazonía, Saúl indica que la ruta de los “mochileros”, hombres al servicio de organizaciones criminales de Brasil que trasladan paquetes de droga, parte de distintas localidades brasileñas fronterizas y sigue hasta la cabecera del río Abujao, en Ucayali. Luego continúa por los centros poblados Aguas Negras y Mazaray, cruza una parte del Parque Nacional Sierra del Divisor y sale al río Utuquinía.

“Por Saasa pasan surcando el río, incluso disparando al aire [para intimidar a los residentes], y así llegan a Siete de Julio y los otros caseríos colindantes”, describe Saúl. De regreso a Brasil con los cargamentos, añade, recorren el mismo camino.

Un contexto similar registra la comunidad nativa San Mateo, también en la zona de amortiguamiento de Sierra del Divisor. De acuerdo con monitores forestales de la organización internacional Global Conservation, que trabaja en la protección de espacios silvestres en peligro, como Sierra del Divisor, gran parte de la depredación y sembríos de coca en San Mateo se expande sobre las márgenes del río Abujao. Por el riesgo, los monitores (que han pedido no revelar su identidad por seguridad) aún no han podido establecer en campo cuánta deforestación hay, pero estiman que no es menor a 50 hectáreas.

Otro punto de atención está en la Comunidad Campesina Ribereña Guapries, que integran los caseríos Guacamayo, Primavera y Esperanza. En el último recorrido que el jefe de la comunidad, Laiver Vásquez, realizó con una brigada de guardias forestales -relata a Dialogue Earth-, detectó al menos 15 hectáreas de cocales en un área ubicada a solo 500 metros del parque nacional. Desde agosto, la comunidad ha registrado 14 alertas de deforestación. Guapries y Saasa serán capacitadas por Global Conservation en el uso de tecnologías para la conservación de sus bosques.

Pocas soluciones

El último reporte publicado en junio de 2024 por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), organismo que conduce la lucha contra las drogas, da cuenta que de las 92.784 hectáreas de coca que actualmente existen en el Perú, 351 están en la zona de amortiguamiento del parque. El estudio indica que no hay cultivos de coca dentro del área protegida. Sin embargo, la presión está en los espacios adyacentes.

En tanto, Ucayali terminó el 2023 con una deforestación de 27.340 hectáreas, y en los dos primeros meses de 2024 su pérdida de bosques alcanzó 673 hectáreas.

De ese total, 203 hectáreas están dentro de comunidades nativas, conforme al análisis más reciente de la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali. Es decir, poco menos de un tercio se encuentra dentro de comunidades indígenas. Esto marca un incremento de casi 800% en comparación con el mismo periodo del 2023, donde solo se registraron 23 hectáreas de deforestación en las comunidades indígenas de Ucayali.

El gerente de la oficina regional, Franz Tang, declaró durante la presentación del informe que una de las causas para los niveles de desbosque reportados en Ucayali son los cultivos ilícitos y que, en ese sentido, el problema demanda una urgente intervención multisectorial del Estado.

Por otro lado, Global Conservation, a través de sus programas de control y vigilancia de bosques, busca crear un cinturón de protección para el área natural. Para ello intenta consolidar un trabajo coordinado con todas las comunidades que la rodean.

Nuevo Saposoa y Patria Nueva formaron parte de un proyecto piloto de monitoreo forestal, a cargo de la ONG, en que grupos de comuneros (guardias comunales o ecoguardias) recibieron capacitación para el manejo de drones, del Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés) y para el análisis de imágenes satelitales.

La instrucción permitió que puedan realizar reportes acerca del estado de sus bosques y, con ello, que fueran atendidos por las autoridades. Los monitores consignan en sus estadísticas que Nuevo Saposoa, por ejemplo, redujo la deforestación a cero en 2022, tras alcanzar un pico de más de 15.000 hectáreas de deforestación en 2016.

“En los últimos cuatro años ya no hemos tenido alertas de deforestación [en Nuevo Saposoa]. Tampoco en Patria Nueva”, afirma un ecoguardia de la comunidad, que también pidió anonimato.

Sin leyes ni protección

A pesar de los avances logrados en la disminución de la deforestación en Ucayali, en Perú, el cuidado de los bosques y territorios indígenas sigue siendo una tarea peligrosa para la que no existe una protección garantizada.

En octubre de 2020, el Congreso de la República del Perú rechazó la ratificación del Acuerdo de Escazú, tratado internacional que promueve el derecho a la información, justicia ambiental y a la toma de decisiones sobre el medioambiente en los países de América Latina y el Caribe.

El acuerdo también plantea la protección a los defensores de derechos humanos en materia ambiental. Un punto relevante para el Perú, tomando en cuenta que, en la última década, 35 defensores indígenas fueron asesinados en este país por resguardar sus territorios. La funesta cifra corresponde a la base de datos actualizada de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep). La mayoría de los crímenes (10) tuvieron a Ucayali como escenario.

Miguel Guimaraes, vicepresidente de Aidesep, dice que sin el acuerdo ratificado las voces y propuestas de los pueblos indígenas peruanos quedan siempre en el vacío dentro de los foros regionales ambientales.

“Cuando llegamos a instancias donde se debe tomar decisiones ni siquiera somos considerados y todo va al archivo”, lamenta. Algo así sucedió en la tercera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP3), realizada en Chile, donde Guimaraes sintió que las sugerencias para visibilizar la necesidad de protección de los defensores indígenas no fueron tomadas en cuenta. “Perú no ha ratificado el acuerdo de Escazú. Esta es la razón por la que no tenemos una voz que pueda llevar nuestras demandas”, añade.

Al término de esa reunión, precisamente, Guimaraes fue informado de un atentado contra su vivienda, donde fue dejada la pinta: “No vivirá”. Las investigaciones fiscales sobre la amenaza -denuncia el apu, como se conoce a los líderes indígenas en Perú- no han avanzado.

Cuando llegamos a instancias donde se debe tomar decisiones ni siquiera somos considerados y todo va al archivo, Miguel Guimaraes, vicepresidente de Aidesep

Pese a los reveses que implica la no ratificación de Escazú para las comunidades nativas peruanas, aún puede haber oportunidades de cambio legislativo. Katherine Sánchez, coordinadora del Programa Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, resalta que el Plan de Acción sobre Defensores en Asuntos Ambientales, aprobado en la COP3 contempla para las próximas reuniones un intercambio de información y experiencias de los países ratificantes sobre situaciones de riesgo que afectan a personas defensoras, lo que permitirá identificar estándares comunes y generar una estrategia internacional de protección. La abogada destaca que así será posible atacar las causas estructurales o de fondo.

“Los no ratificantes, como Perú, están invitados a conocer qué van haciendo aquellos países que continúan con Escazú, enriquecerse de los procesos y participar de la estrategia. Luego, cada uno decidirá si mejora su normativa o aplica mecanismos distintos”, explica.

La especialista señala que hasta diciembre de 2023 se presentaron tres proyectos legislativos a fin de obtener la primera ley para proteger a defensores de derechos humanos en Perú. El resultado fueron tres dictámenes diferentes, lo cual fue observado en la evaluación para su debate en el pleno del Congreso. “Pedían que haya un acuerdo y sea emitido un solo dictamen. Por cuestiones estrictamente procedimentales no podemos avanzar”, indica.

Por ahora, la única herramienta en favor de los líderes indígenas peruanos es el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos. Un instrumento que, a juicio de Sánchez, solo está concebido para atender una emergencia, pero no resuelve problemas de fondo y tampoco incluye obligaciones para el Estado en su totalidad: “Solo vincula a los ocho ministerios que han firmado el documento”. La ratificación de Escazú posibilitaría contar con una norma de rango constitucional, que contendría obligaciones para el Estado en beneficio del medioambiente y sus defensores. Pero ello en Perú suena cada vez más a una utopía.

Enrique Vera es un periodista independiente con base en Lima, cuyo trabajo ha aparecido en Mongabay, El Comercio y Caretas.

DM

Una voz angustiada se escucha del otro lado del teléfono. La llamada llega desde un territorio nativo de la Amazonía peruana. “Están queriendo nuevamente levantar vuelo, comunícate por favor con la Dirandro. Por favor, no quiero tener problemas en mi comunidad”, se arriesga a contar un poblador indígena, cuya identidad se mantendrá en anonimato. Pide la presencia de oficiales de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú, mientras ve a lo lejos una avioneta desconocida oculta en el bosque. En medio de la oscuridad, sin que nadie lo pueda ver y con la respiración agitada, narra cómo un grupo de hombres alista un cargamento de droga en una pista de aterrizaje ilegal abierta en el territorio de su comunidad. La desesperación es evidente, sobre todo porque sabe que se enfrenta a un monstruo gigante enquistado en Ucayali, región que se ha convertido en un nuevo foco del narcotráfico en el país.

Este pedido de auxilio es uno de los tantos que llegan desde distintas localidades indígenas de la selva peruana que viven cercadas por la ilegalidad. El líder que se arriesga a llamar es una de las más de 50 fuentes periodísticas entrevistadas por Mongabay Latam, como parte de una investigación de un año que logró rastrear en total 128 pistas de aterrizaje ilegales en seis regiones de la Amazonía peruana: Ucayali, Huánuco, Pasco, Cusco, Madre de Dios y Loreto. El trabajo de verificación posterior permitió confirmar la existencia y los episodios de violencia detrás de 76 de ellas.

Cada uno de esos trazos ilegales en el bosque fue detectado o corroborado por Earth Genome, una organización basada en California, Estados Unidos, especializada en el análisis satelital del territorio con la que Mongabay Latam se unió para trabajar esta investigación, y que cuenta con el apoyo del Pulitzer Center. Los expertos desarrollaron una herramienta de búsqueda que utiliza inteligencia artificial (IA) para detectar pistas de aterrizaje clandestinas en tres regiones de la Amazonía peruana.

Para que el análisis funcione, los equipos trabajaron con información de Open Street Map, con datos de pistas oficiales reportadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y con muestras de narcopistas identificadas por la Dirandro y el Gobierno Regional de Ucayali. Con toda esta información, la inteligencia artificial pudo rastrear patrones similares en el territorio.

Se le “pide a la inteligencia artificial que busque características similares en las imágenes de satélite”, explican los especialistas, quienes se lanzaron a la tarea de detectar nuevos trazos ilegales ocultos en el bosque. La dificultad de esta búsqueda la describen así los expertos: “Imagina localizar un aeródromo desde el espacio en la Amazonía peruana, es como encontrar un palillo escondido en un campo irregular de fútbol, como ubicarlo entre la hierba, la maleza y la tierra desnuda”.

Una vez hecho el análisis satelital, cada pista detectada fue verificada con fuentes locales y oficiales por un equipo periodístico de Mongabay Latam, que confirmó la ubicación, extensión, uso, fecha de apertura, presencia dentro de espacios prohibidos —como áreas protegidas, reservas indígenas y concesiones forestales—, así como la cercanía a vías y ríos.

Las imágenes satelitales, que toman fotografías frecuentemente del planeta, permiten establecer con claridad detalles como cuándo fueron abiertas las pistas clandestinas, pues sólo basta comparar el trazo detectado por la herramienta de búsqueda desarrollada con IA con la fotografía previa del mismo lugar cuando el bosque aún estaba en pie. Los hallazgos se resumen en esta visualización.

Hay grupos de crimen organizado instalados en el país que actúan en todas las economías ilegales al mismo tiempo. Lo que se debe tener en cuenta, es que estas personas tienen conocimiento del territorio y saben cómo abordar a la autoridad

Noam López — Profesor de la Escuela de Gobierno y del Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas de la Universidad Católica del Perú (PUCP).

El análisis satelital de las pistas clandestinas detectadas confirma la existencia de rutas del narcotráfico sólidas que están fuera del control de las autoridades. La facilidad con la que las pistas destruidas se vuelven a abrir es prueba de ello. Según el coronel PNP James Tanchiva, jefe de la División dé Maniobras Contra el Tráfico Ilícito de Drogas de Pucallpa, a los narcotraficantes apenas les toma una semana volver a operar si sus pistas son inhabilitadas. “Las organizaciones que trafican drogas —añade Tanchiva— tienen una buena logística, tienen su brazo armado y tienen dinero. Esa es la realidad”.

La realidad también indica que la ilegalidad va más allá del narcotráfico. “Estamos en una época de confluencia de delitos en Perú, porque ya no se trata sólo de un tema de tráfico de drogas, sino de varios delitos que se están gestionando y manejando conjuntamente”, señala Luisa Sterponi, especialista en sensores remotos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Un informe de junio de 2024, del cual Sterponi es autora, señala que en los últimos tres años se ha incrementado la pérdida anual de bosques, los decomisos de madera ilegal y se ha registrado una fuerte expansión de cultivos ilícitos de coca. “La cantidad de laboratorios de procesamiento de derivados cocaínicos destruidos por la Policía Antidrogas ha sido el más alto en el país, acompañado por un aumento exponencial de pistas clandestinas”.

Sobrevivir en el triángulo de la muerte

El crudo panorama que dibujan las narcopistas se puede ver con claridad en el triángulo que conforman las regiones de Huánuco, Pasco y Ucayali. De hecho, la herramienta de búsqueda con inteligencia artificial generada por Earth Genome puso en evidencia la alta concentración de pistas de aterrizaje clandestinas en un espacio que bien podría llamarse el “triángulo de la muerte”. Las pistas y los cultivos ilícitos de coca son la escena del crimen de al menos 11 líderes y pobladores indígenas, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, aunque la cifra sube a 15 en el conteo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep). Fuentes en territorio señalan, sin embargo, que no se están considerando aquellas muertes que no son reportadas por temor a represalias.

“Yo sé de dos hermanos indígenas asesinados en 2023 y de uno que ha desaparecido este año”, dice un dirigente de una importante federación indígena de la zona, que pidió la protección de su nombre. Las matanzas y desapariciones son parte de la violencia con las que les toca convivir a 28 líderes indígenas que están bajo amenaza en las tres regiones, según el mapeo realizado por la o.

Los trazos ilegales no sólo cortan el territorio y deforestan los bosques, sino que siembran dinámicas de terror. Las imágenes satelitales aportan evidencia concreta de esa realidad. De las 67 narcopistas detectadas por el Earth Genome y Mongabay Latam en Huánuco, Pasco y Ucayali, 30 están dentro y 26 alrededor de comunidades indígenas. Siete territorios en particular no sólo están invadidos por pistas, sino que a la vez están cercados por ellas. Un dato relevante más: los cultivos de coca en las tres regiones suman 18.742 hectáreas: 12.221 en Ucayali, 4.960 en Huánuco y 1.561 en Pasco, según el último monitoreo de coca de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). En el caso de Ucayali, la producción se triplicó desde 2020 y en Huánuco se duplicó.

Para tener una idea más clara, se trata de una extensión comparable con 76 veces el Centro Histórico del Cusco.

La investigación permitió confirmar también que las 67 pistas de aterrizaje clandestinas sirven al narcotráfico. Al menos 60 entrevistados, entre fuentes locales y oficiales, además de dirigentes importantes de tres federaciones indígenas de la Amazonía peruana fueron clave para determinar con precisión su uso.

En medio de esas rutas del narcotráfico, viven comunidades indígenas que describen afligidas el cambio cultural abrupto que ha traído a sus tierras.

Algunas comunidades se han visto obligadas a compartir su territorio con colonos que trabajan en los cultivos ilegales, que tienen a su cargo el traslado de los cargamentos de droga, que vigilan los laboratorios o habilitan nuevas pistas. El silencio es la única forma de sobrevivir cuando se es testigo de esas escenas. Mientras tanto, deben acostumbrarse a que su rutina se detenga en cada vuelo. “Cuando va a aterrizar una avioneta para ser cargada de droga, todo el tránsito se paraliza. La población también. No pasa muy seguido, pero así vivimos”, narra un dirigente amazónico que vivía en una comunidad de la provincia de Atalaya y que tuvo que abandonar su territorio por seguridad.

Un cálculo hecho por Mongabay Latam, en base a datos de la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch, muestra que para abrir las 67 pistas se tuvo que deforestar al menos 109 hectáreas de selva, alrededor de tres veces el Campo de Marte de Lima o el equivalente en kilómetros a la distancia entre los balnearios de Pucusana y Asia. Sin embargo, Luisa Sterponi, de UNODC Perú, explica que las consecuencias de la presencia de pistas clandestinas en las comunidades amazónicas van más allá del impacto ambiental del desbosque. “La apertura de una pista clandestina es mucho más grande de lo que uno puede imaginar. Tienen un impacto directo sobre la deforestación, pero el impacto real es más amplio e involucra también dimensiones sociales”.

Miguel Guimaraes, vicepresidente de la Aidesep, está convencido de que el combate a la ilegalidad no puede estar basado sólo en la represión. “No solo se trata de hacer correr a las personas que trabajan en la actividad ilegal, sino que para que ese sitio no sea invadido nuevamente y no regresen, se deben realizar acciones sociales y civiles concretas”, explica. De lo contrario, añade el dirigente, “es muy fácil abrir nuevamente las pistas clandestinas que fueron destruidas, porque en esa zona (Ucayali), en los próximos cinco años, no van a ingresar nuevamente las autoridades”.

Dos comunidades ubicadas entre Huánuco y Pasco conviven con 15 narcopistas dentro y alrededor de sus territorios. La más antigua de las pistas fue abierta en diciembre de 2015 y la más reciente en febrero de 2023.

“Sí hay pistas de aterrizaje, no en la comunidad, pero si en los alrededores. El Estado sabe cuántas pistas hay y dónde están. En Constitución hay más de 100”, dice un líder indígena de la zona.

Las dos comunidades, visitadas por un equipo periodístico de Mongabay Latam, tienen la mala suerte de vivir en medio de una de las rutas del tráfico de drogas que se articula a partir de ciudad Constitución, un eje del narcotráfico donde confluyen “todos los males” y la “violencia, extorsión y asesinatos” son parte de la rutina, como lo describe Florencio Carrillo, ejecutivo de la Oficina Zonal La Merced de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). Las comunidades están asentadas, además, en un sector de la selva central en el que convergen las subcuencas de los ríos Pichis, Palcazu, Santa Isabel y parte del río Pachitea.

¿A qué se debe el incremento de pistas clandestinas en esta zona? Frente a la presión policial y militar en el Vraem (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro) —lugar que concentra más de 38 mil hectáreas de cultivos de hoja de coca, la mayor cantidad a nivel nacional —, los grupos criminales se ven obligados a trasladar el transporte de la droga a otro punto. Esos nuevos espacios de comercio son a los que hemos llamado “el triángulo de la muerte” y donde se observa el llamado “efecto globo”, es decir, presionas en un sector del territorio y la actividad se mueve inmediatamente a otro.

Nicolás Zevallos, director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia, explica que la zona proporciona dos ventajas. La primera tiene que ver con la facilidad logística y operativa para los traslados de la droga desde Perú hacia Bolivia, debido a la cercanía de esta zona con este país limítrofe. Y, la segunda, la posibilidad de evadir el control policial y militar.

“Operar dentro del VRAEM, que produce mucha más cocaína que el resto de toda la región, es casi imposible en términos de vuelos y movilizaciones, por lo tanto, resulta más sencillo moverse dos o tres distritos más arriba y colocar en las zonas de Atalaya, Pichis-Palcazu-Pachitea y Aguaytía las pistas de aterrizaje disponibles”, indica Zevallos.

Es por esta razón que las mafias buscan los lugares más remotos y menos accesibles, como las comunidades indígenas y las reservas para pueblos indígenas en aislamiento.

En las comunidades nativas que rodean a la Reserva Indígena Kakataibo, la inteligencia artificial detectó tres pistas de aterrizaje clandestinas: una dentro de la misma reserva y otra alrededor, ambas situadas en la zona norte, y una muy cerca a la zona sur del territorio protegido. Esto lo constató el equipo periodístico que llegó al lugar.

Otras tres pistas de aterrizaje fueron confirmadas en dos reservas indígenas: una dentro y otra alrededor de la Reserva Indígena Murunahua; y una tercera alrededor de la Reserva Territorial Kugapacori, Nahua, Nanti. En estos casos, se observa claramente los surcos abiertos muy cerca de ríos y en medio de un bosque tupido.

Es muy fácil abrir nuevamente las pistas clandestinas que fueron destruidas, porque en esa zona (Ucayali), en los próximos cinco años, no van a ingresar nuevamente las autoridades

Miguel Guimaraes — Vicepresidente de la Aidesep.

“Es tremendo que haya pistas clandestinas en tantas reservas indígenas, eso significa que el Estado no puede garantizar la protección efectiva de ninguna de ellas”, dice Vladimir Pinto, responsable de la organización ambiental Amazon Watch en Perú.

En una comunidad cercana a la reserva Kakataibo Norte y Sur, un líder indígena le dijo a Mongabay Latam que “su territorio está acorralado” y que las autoridades locales y regionales no atienden sus denuncias. Solo la guardia indígena se esfuerza por liberar su territorio comunal de la presencia del narcotráfico y otras economías ilegales. Esto se repite en cada una de las comunidades que colindan con las reservas de los PIACI.

“La guardia indígena hace controles, destruye pozas de maceración y quema cultivos, pero son muchos”, narra una fuente en territorio.

El negocio de las ‘canchas’

Quienes viven en la provincia de Atalaya, en Ucayali, conocen muy bien cómo opera el narcotráfico. Los testimonios lo describen como un negocio planificado y bien articulado, en el que las narcopistas juegan un papel fundamental. De hecho, Atalaya es considerada por Devida una de las áreas de mayor concentración de pistas de aterrizaje clandestinas en todo el país, y uno de los territorios donde la herramienta de búsqueda desarrollada con IA detectó una de las más altas concentraciones de trazos ilegales.

A Atalaya solo se ingresa con advertencias. No hablar con extraños, entrar acompañado, permanecer poco tiempo en los lugares y tratar siempre de pasar desapercibido. La premisa es clara: no confiar en nadie. Una vez en la zona, los avisos dejan de ser una exageración y dan paso a la dificultad de conseguir fuentes que estén dispuestas a hablar. La mayoría de ellas piden la protección de sus nombres.

El equipo periodístico pudo llegar hasta una pista de aterrizaje clandestina recién abierta y despejada. “Son 985 metros, una gran ‘cancha’ ”, como se llaman a las narcopistas en esta parte de la Amazonía peruana.

Quienes se encargan de ‘facilitar’ la llegada y salida de las avionetas cargadas con droga son muchas veces personas que viven en el área y que han logrado instalarse dentro de las mismas comunidades nativas, narra un motorista de la zona. El trabajo consiste en asegurar que los narcotraficantes tengan a su disposición una pista de aterrizaje clandestina para que la operación se realice sin contratiempo.

“Al día pueden salir hasta cuatros vuelos. A veces mientras en una avioneta van cargando la droga, otra va despegando. Cada operación debe tardar cinco minutos, como máximo. Así, una misma organización puede sacar diariamente hasta 1200 kilos de cocaína”, le dijo una fuente local al reportero que visitó la zona.

Las 31 narcopistas detectadas en la provincia de Atalaya por la herramienta de búsqueda desarrollada con IA son sólo el correlato de la situación que se vive. La peor parte se la llevan las comunidades indígenas, pues cuando resisten o se oponen a la operación ilegal se convierten en un obstáculo para las mafias. Más aún si 13 de los 31 aeródromos ilegales de Atalaya están dentro de sus territorios y 13 alrededor. Las guardias comunales son, en muchos casos, la primera línea de defensa.

Sin embargo, combatir a un enemigo tan poderoso sin ayuda es imposible. Las organizaciones criminales, explican los expertos, se reestructuran todo el tiempo y cambian de estrategias. Ahora, por ejemplo, tercerizan algunas de las tareas de la cadena de ilegalidad, lo que vuelve más difícil para la policía y el ejército dar con los responsables.

Una primera transformación ocurrió con la llegada de los cárteles mexicanos que dieron paso a un sistema de tercerización, explica Nicolás Zevallos del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia. “Ahora eso es aún más fragmentado al punto que básicamente son brokers los que controlan el transporte de drogas de un punto a otro, pero no tienen el control absoluto de toda la cadena, sino que se sirven de varios proveedores”, asegura. Zevallos añade que en Perú, si bien hay algunos grandes laboratorios que producen cocaína, la gran mayoría son pequeños laboratorios que producen volúmenes de droga reducidos que se van acopiando hasta obtener un cargamento “más o menos importante”.

Al día pueden salir hasta cuatros vuelos. A veces mientras en una avioneta van cargando la droga, otra va despegando. Cada operación debe tardar cinco minutos, como máximo. Así, una misma organización puede sacar diariamente hasta 1200 kilos de cocaína

Fuente anónima de Atalaya, Ucayali.

El especialista explica que para que funcione este sistema fragmentado, las organizaciones criminales transnacionales envían a una persona que sirve de conexión con los países productores de droga, como es Perú. Este sujeto contrata y coordina con quienes se encargan del acopio y del transporte de la droga, y luego se va.

Luisa Sterponi, de UNODC, coincide en que se están observando diferentes fenómenos alrededor de las drogas, desde la aparición de grupos criminales especializados más pequeños que brindan servicios directamente al narcotráfico, hasta grupos criminales transfronterizos como el Comando Vermelho y el Primer Comando Capital que desde Brasil están ingresando al territorio peruano. “Esos grupos criminales dedicados al tráfico ilícito de droga también se están dedicando a otros crímenes. La confluencia de delitos dentro de los grupos de crimen organizado está aumentando muchísimo”.

Noam López, profesor de la Escuela de Gobierno y del Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas de la Universidad Católica del Perú (PUCP), e investigador principal en seguridad de PULSO PUCP, intenta resumirlo. “Hay grupos de crimen organizado instalados en el país que actúan en todas las economías ilegales al mismo tiempo. Lo que se debe tener en cuenta, es que estas personas tienen conocimiento del territorio y saben cómo abordar a la autoridad”. Explica que suele haber un líder que desarrolla una estrategia y que de ser exitosa, la replica una y otra vez: “Un líder organiza todas estas actividades. Entonces, imagina que tiene un batallón de 30 a 50 jóvenes que tienen el conocimiento del territorio. Cuando le va bien en un lugar y tiene todo organizado, se va a otra zona. Eso es lo que está pasando”.

El especialista indica que la transferencia de conocimiento es rápida y que si alguien muere, es reemplazado de inmediato, porque ya hay otras personas que conocen el sistema. “Por eso si destruyes pistas, vuelven a construirse y a operar avionetas muy rápidamente”. La estrategia, precisa López, incluye la creación de empresas para lavar dinero. “Nuestra mirada debe ser al crimen organizado, al lavado de activos y a todo lo que tiene que ver con los flujos ilícitos porque es un negocio internacional y multiproductos”, concluye Luisa Sterponi de UNODC Perú.

¿Hacia dónde va la droga que sale de esta zona de Perú? Un agente del área de Operaciones Tácticas de la División de Maniobras contra el Tráfico Ilícito de Drogas–Pucallpa le dijo a Mongabay Latam que avionetas Cessna de bandera boliviana aterrizan en Atalaya para llevar cargamentos de entre 300 y 350 kilos de clorhidrato de cocaína. Suelen tener como destino el departamento del Beni y, en algunos casos, luego de parar en esa región del norte de Bolivia, continúan vuelo hacia Brasil. A veces también se dirigen a Colombia, como lo menciona el coronel PNP James Tanchiva, jefe de la División dé Maniobras Contra el Tráfico Ilícito de Drogas en Pucallpa.

En respuesta a un pedido de información, la oficina central de Dirandro señaló que entre 2013 y 2022 destruyeron 705 pistas de aterrizaje clandestinas en las regiones de Huánuco, Pasco y Ucayali. Las intervenciones se incrementaron sobre todo entre 2019 y 2020, los años más críticos de la pandemia y violencia en esos territorios. Además, se destruyeron 12 avionetas destinadas al tráfico de drogas en las tres regiones y 19 aeronaves fueron reportadas como siniestradas entre el 2012 y 2022.

Concesiones de alto vuelo

“Deberían hacer un centro de operaciones tipo VRAEM en Ucayali porque ya es insostenible lo del narcotráfico. Hemos aprendido a convivir, mientras no nos metamos con ellos”, cuenta a Mongabay Latam el representante de una concesión forestal en la que se detectó una pista de aterrizaje clandestina. A pesar de las denuncias presentadas por el concesionario, asegura que las autoridades no han actuado.

Si se observan las imágenes satelitales de las narcopistas detectadas dentro de las concesiones forestales de Ucayali, se nota que sobre ellas se superponen los parches de cultivos ilícitos de coca. Seis de las 10 pistas ilegales de las provincias de Atalaya, Coronel Portillo y Padre Abad están en medio de sembríos de coca.

“Los concesionarios son custodios del bosque y tienen la responsabilidad de informar a las autoridades y hacer una denuncia cuando ocurre una invasión y cuando encuentran cultivos ilícitos o pistas clandestinas”, señala Navarro. Al menos 6 de los 9 concesionarios reportaron los hallazgos y señalaron que las autoridades no atendieron sus denuncias, como se lee en los informes del Osinfor. Cabe mencionar, que hoy solo cuatro de las nueve concesiones se encuentran activas, los títulos habilitantes del resto han caducado.

Franco Navarro, del Gobierno Regional de Ucayali, le dijo a Mongabay Latam que en sobrevuelos realizados en el 2023 detectaron hasta 21 pistas de aterrizaje clandestinas dentro de concesiones forestales y que toda la información fue enviada al concesionario y a las autoridades correspondientes, entre ellas la Dirandro y la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Ucayali. Sin embargo, un agente antidrogas de Pucallpa señaló que no le ha llegado “ningún documento de alguna empresa con concesión forestal que dé cuenta de alguna pista en esos terrenos”. Mientras las responsabilidades pasan de un lado a otro, más pistas se siguen abriendo.

De todas las pistas abiertas dentro de concesiones forestales, cinco de ellas se construyeron entre los años 2020 y 2021, en plena pandemia del Covid 19, época en que se redujeron significativamente las fiscalizaciones forestales debido a las restricciones para los trabajos en campo.

“Hay 36 líderes indígenas asesinados (desde el 2013) y este número va aumentar mientras no se resuelvan los problemas de raíz. Esto va a continuar”, señala Miguel Guimaraes, vicepresidente de la Aidesep, quien aporta una cifra mayor a los crímenes identificados por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

*Los nombres de algunas personas que fueron entrevistadas y que participaron en la realización del reportaje, además de todas las comunidades indígenas, fueron cambiados u omitidos por su seguridad. Esto fue conversado con la Organización Regional Aidesep Ucayali (Orau).

Esta investigación fue realizada por Mongabay Latam en alianza con el Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región (CAPIR), que lidera el Institute for War and Peace Reporting (IWPR) en América Latina.

La Selección argentina le ganó esta noche con lo justo como local por 1 a 0 a Perú y se mantuvo como único líder de las Eliminatorias Sudamericanas al término de la duodécima fecha de la competencia para el Mundial de los Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Con un golazo de chilena de Lautaro Martínez, a los 10 minutos del segundo tiempo, el elenco nacional sigue firme arriba y podrá obtener su clasificación a la Copa del Mundo en la próxima doble fecha FIFA si consiguen dos triunfos ante Uruguay y Brasil.

El equipo argentino arrinconó a Perú en su campo y movió la pelota a todos los sectores para tratar de romper un complicado cerrojo, pero consiguió meter dos balones entre líneas que no pudo conectar bien Argentina y encontraron bien parado al arquero Pedro Gallese.

La más clara llegó a los 21 minutos, cuando tras una salida de Gonzalo Montiel, dejó solo al tridente ofensivo con Lionel Messi, quien le cedió la pelota a Lautaro Martínez y el goleador del Inter habilitó a Julián Álvarez pero el ex River estrelló su remate en el primer palo.

A los 23 minutos, Álvarez envió un centro de frente al arco de Perú y Alexis Mac Allister la conectó de cabeza después de ganarle a los centrales Carlos Zambrano y Miguel Araujo pero el balón pasó cerca del poste.

En el segundo tiempo el partido mantuvo el mismo tinte: con el elenco de Lionel Scaloni como dominador con la posesión de la pelota mientras que Perú se mantuvo cerrado atrás, pero esta vez dejando más espacios al local para romper la defensa.

Para los 10 minutos del complemento, el capitán Messi hizo una genialidad cerca del área de Perú y le metió un centro suave al área chica para una chilena magistral de Martínez, quien la clavó en el ángulo para meter su gol número 32 con la camiseta de la Selección argentina.

Ya para el final del partido, Perú comenzó a meter más gente en ataque y se animó a buscar el empate con más ganas que casi todo el partido, pero la falta de ideas le permitió a la Argentina seguir con su dominio.

Incluso pudo quedarse con 10 jugadores por un planchazo de Carlos Zambrano que no acusó el árbitro colombiano Wilmar Roldán, quien tan solo amonestó al defensor.

Con este triunfo como local, y con los resultados del resto de la fecha, Argentina puede asegurarse el boleto al Mundial 2026 si le gana a Uruguay como visitante y a Brasil en el Monumental.

MM con información de la agencia NA.

El Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional de Perú emitió hoy una sentencia en la que considera que el exmandatario Alejandro Toledo favoreció a la constructora brasileña Odebrecht en la concesión de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica, que une Perú y Brasil, entre 2004 y 2005.

Así, la Justicia peruana aceptó plenamente la petición del Ministerio Público e impuso a Toledo nueve años de cárcel por colusión y 11 años y seis meses por lavado de activos.

“En el delito de colusión, el tribunal sostiene que se demostró un rosario de irregularidades, injerencia inusitada y aceleración del proceso de licitación de la referida obra, actos ilícitos vinculados a Toledo Manrique”, indicó el Poder Judical en la red social X.

El fallo, que fue leído por la magistrada Inés Rojas, afirma que Toledo, de 78 años, “se coludió con particulares interesados como Odebrecht para que, mediante una coima de 35 millones de dólares, se otorgue a la empresa brasileña la licitación de la construcción de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica, causando perjuicio al Estado”.

“Todas estas irregularidades constituyen y evidencian una clara concertación entre un funcionario, primera autoridad del Estado, y los privados. Esta conducta defrauda al Estado”, señala.

Además, resalta que el expresidente, para hacerse con el dinero del soborno, “convenció a su amigo Josef Maiman (empresario israelí fallecido) de que fuera su intermediario y reciba, a través de sus empresas creadas, la coima de Odebrecht”.

El juzgado anunció que la pena de prisión es inmediata, por lo que Toledo regresará al penal conocido como Barbadillo, en el distrito limeño de Ate, donde permanecía desde su extradición desde Estados Unidos, en abril de 2023.

Toledo es el primer expresidente peruano condenado por el megacaso de corrupción de Odebrecht.

El fallo judicial también dictó nueve años de prisión a dos ex funcionarios públicos de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), Alberto Pasco-Font y Sergio Bravo, y 14 años al empresario José Castillo Dibós.

DM con información de agencia EFE

Llamado 'el Chino' a pesar de sus orígenes japoneses, el expresidente derechista Alberto Fujimori había gobernado Perú entre 1990 y 2000. Murió el miércoles 11 de septiembre de 2024 a los 86 años en Lima “después de una larga batalla contra el cáncer”, informó en X su hija y heredera política Keiko, candidata fujimorista derrotada en tres elecciones presidenciales.  

En 1990 vestido como samurai y manejando un tractor este agrimensor con anteojos que enseñaba matemáticas hizo campaña con el eslogan “Un presidente como tú”. Cuando presentó su candidatura, si era conocido como rector en la vida administrativa de las universidades, era un desconocido casi perfecto para la sociedad y la vida política partidaria peruanas.

El boom de 'El Chino'

En la elección del 8 de abril 'el Chino' quedó segundo entre varios candidatos, todos a la zaga de un vencedor que lucía invencible: el favorito de las élites blancas costeras y de la banca y los poderes y finanzas tradicionales. Fue a este ganador de la primera vuelta, el arequipeño Mario Vargas Llosa, a quien Fujimori derrotó el domingo 10 de junio con una mayoría nítida: 62,32 puntos porcentuales y 4 millones y medio de votos, más del doble de los que el candidato presidencial de Cambio 90 había obtenido en primera vuelta.

El escritor best-seller del boom de la novela latinoamericana, después Premio Nobel de Literatura y hoy académico de número de la Academia Francesa era también un novato en la vida política electoral. Vargas Llosa se había presentado con un programa político liberal y una profecía de milagros de crecimiento nacional vía medidas económicas de shock. Su rival 'el Chino' lo venció con la promesa de nunca jamás poner el pie en ese pedregoso camino neoliberal. Sin embargo, aquella vía y orientación serían después, muy pronto, desde su asunción el 28 de julio, las suyas propias. Con una decisión y voluntad todavía únicas en el último medio siglo de historia democrática sudamericana por su violencia y aun crueldad, el programa de neoliberalismo económico llevado a término sin distracciones y apelando a una represión política y policial que corregía toda desviación se volvió la marca distintiva de los años del Fujimorato y de su herencia que perdura y distingue al Perú dentro del continente .

Una década de gobierno represivo entre dos golpes (1992-2000)

La caída de Fujimori en el año 2000 pareció tan inverosímil como había parecido su ascenso electoral en 1990 y su reacomodamiento en un poder casi absoluto después del autogolpe de abril de 1992. Fue defenestrado en el año 2000 después de que un canal de televisión difundiera un video en el que se veía a su jefe de inteligencia Vladimiro Montesinos intentando sobornar a un congresista (la Constitución fujimorista de 1993, hoy vigente, había suprimido el Senado y hecho del Poder Legislativo peruano un órgano unicameral). Fujimori huyó a Japón y envió por fax su renuncia desde un hotel de Tokio. Después de cinco años en el exilio, viajó a Chile para intentar una reaparición política; en cambio, fue extraditado a Perú.

Como jefe de gobierno de una dictadura cívico-militar, Fujimori cortó la hiperinflación, combatió el desempleo y mejoró la gestión técnica de los asuntos públicos del Estado. Durante la Fujicracia la economía nacional creció y mejoró el nivel medio de vida. Hizo una cruzada, que supo hacerse ver como eficaz, contra el narcotráfico. No mostró respeto por la ley ni por la institucionalidad peruana. El 'Fujimorazo' o autogolpe del 15 de abril de 1992 fue un decreto por el cual Fujimori cerró el Congreso entonces bicameral y colocó al Poder Judicial bajo su control y custodia: un decreto presidencial que permitió al presidente gobernar a discreción por decreto.

Alberto Fujimori ganó las elecciones presidenciales de 1990 con el 62,32% de los votos. El Fujimorazo o autogolpe del 15 de abril de 1992 fue un decreto por el cual el presidente constitucional, con apoyo militar de las FFAA y aprobación de los medios, disolvió el Congreso y colocó a la Justicia bajo su custodia: un decreto que permitió al Presidente gobernar por decreto.

Fue elogiado por derrotar a las guerrillas de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, pero todo elogio terminaba al empezar a señalarse la brutalidad de sus métodos. Las violaciones de DDDH, sistemáticas o despreocupadas, le generaron críticas mundiales y le valieron al fin una larga condena en prisión.

Fujimori había recibido un Perú en bancarrota con una hiperinflación del 7000 por ciento. El Fujishock de sangre y de lágrimas enfrentó de inmediato la alta capacidad de resistencia y baja capacidad de victoria características de los sectores populares peruanos.

Alberto Fujimori supo cómo capitalizar la caída de la inflación y la captura del líder de la organización maoísta Sendero Luminoso: Abimael Guzmán, arequipeño como su rival Vargas Llosa y como su mejor aliado el jefe de los servicios de inteligencia Montesinos. Con el auxilio y consejo de este ‘monje negro’, Fujimori convocó elecciones presidenciales en 1995, donde ganó en primera vuelta con más del 67% de los votos derrotando a su mayor adversario Javier Pérez de Cuéllar, ex secretario general de la ONU.

En diciembre de 1996 militantes del movimiento Tupac Amaru tomaron por asalto la Embajada japonesa en Lima y durante 126 días retuvieron como rehenes a 126 personas. El secuestro terminó con la operación “Chavín de Huántar” ordenada por Fujimori que liberó la sede diplomática: perdieron su vida un rehén y dos militares y murieron o fueron ejecutados 14 guerrilleros.

A pesar de que la nueva Constitución peruana que había logrado imponer en 1993 se lo vedaba, Fujimori se postuló como candidato a un tercer mandato presidencial en el año 2000. Las ganó en el balotaje del 28 de mayo con el 74,33% de los votos. Pero sólo después de que su mayor rival competitivo, que después sería su sucesor, el economista Alejandro ‘el Cholo’ Toledo, retirara su candidatura y boicoteara la segunda vuelta llamado a la oposición a ir a las urnas pero para emitir un voto impugnado.

El 28 de julio asumió Alberto Fujimori e inició su tercera presidencia al tiempo que llegaba a Lima la histórica Marcha de los Cuatro Suyos organizada por su opositor Alejandro Toledo. Una sede del Banco Nación fue incendiada, y seis de sus empleados murieron entre el humo y las llamas.

Pocos meses después explotó el escándalo de los ‘vladivideos’. Estos videos de cámara oculta eran filmados por el propio Vladimiro Montesinos para filmar la corrupción de figuras políticas, empresariales o periodísticas compradas por el Gobierno. La filtración y difusión pública de varias de estas cintas motivó la fuga al exterior de Fujimori para evitar un mandato judicial de arresto. La renuncia japonesa por fax fue rechazada por el Congreso, que votó la deposición y fin del mandato presidencial invocando la cláusula de “incapacidad mental permanente” que había introducido en el nuevo ordenamiento político y legal peruano la Constitución fujimorista de 1993.

De la huida a la extradición, la condena, la cárcel y el indulto

Se ha dicho que Fujimori es el primer expresidente elegido democráticamente en el mundo que es declarado culpable de violaciones de los derechos humanos en su propio país. Pero incluso desde la prisión siguió atrayendo el apoyo de las bases populares.

A las acusaciones de violación de los DDHH en la represión de las guerrillas de izquierda de las que fue hallado culpable y por las que fue condenado a 25 años de prisión en 2009, se había sumado otra por la cual Alberto Fujimori se vio nuevamente ante la Justicia en los últimos dos años de su vida. La de haber sometido a la esterilización forzada a al menos 1300 mujeres andinas. Sucesivos testimonios, visibilizados y oídos desde 2009 hasta hoy, son la prueba de que más de 270 mil mujeres y 22 mil varones, en su mayoría de origen indígena, habrían sufrido esterilizaciones sin su conocimiento o sin su voluntad entre los años 1996 y 2001 en las regiones serranas del Perú.

Perseguido por mandatos internacionales de captura por delitos de lesa humanidad, el arresto le llegó en Chile desde donde fue extraditado en Perú. En 2009 fue condenado a 25 años de prisión. Estaba acusado de haber dado al escuadrón de la muerte ‘Grupo Colina’ la orden de masacrar en Lima en 1991 a 25 personas sospechosas de senderismo en Barrios Altos y de haberle ordenado otra masacre en la Universidad La Cantuta al año siguiente. También en 1992 el Presidente de facto ordenó los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, de los que fue condenado como mandante.

A estas acusaciones se sumó otra, por las que Fujimori se vio nuevamente ante la Justicia en los últimos dos años de su vida. La de haber sometido a la esterilización forzada a al menos 1300 mujeres andinas. Sucesivos testimonios, visibilizados y oídos desde 2009 hasta hoy, son la prueba de que más de 270 mil mujeres y 22 mil varones, en su mayoría de origen indígena, habrían sufrido esterilizaciones sin su conocimiento o sin su voluntad entre los años 1996 y 2001 en las regiones serranas del Perú. 

Fujimori había solicitado en repetidas ocasiones un indulto presidencial, alegando que su salud se estaba deteriorando rápidamente en la cárcel. El 24 de diciembre de 2017, el presidente Pedro Pablo Kuczynski le concedió el indulto por razones humanitarias, solo tres días después de sobrevivir a una votación de destitución con la inesperada ayuda de los partidarios de Fujimori en el Congreso. El indulto desencadenó protestas callejeras y fue anulado al año por la Corte Suprema de Justicia. Fujimori volvió a prisión el 23 de enero de 2019.

En diciembre pasado, el Tribunal Constitucional de Perú ordenó la liberación de Fujimori, desafiando la orden de una corte internacional de que permaneciera en prisión. Algunos expertos describieron la decisión como un ejemplo del deterioro institucional de Perú.

El fujimorismo se ilusiona con el futuro

En 1974 Alberto Fujimori se casó con Susana Higuchi. Después del divorcio, su ex esposa se volvió una de las críticas más acérrimas de la Fujicracia peruana. Tuvieron cuatro hijos: Keiko Sofía, Hiro Alberto, Sachi Marcela y Kenji Gerardo. El fujimorismo dominó la política peruana mucho después de la caída de su líder en 2000. La hija mayor, Keiko, que había sido primera dama después de que sus padres se enemistaran públicamente, heredó la mayor parte de su base. Estuvo a punto de ganar la presidencia en 2011 y 2016 y fue la principal líder de la oposición del país durante varios años.

“El fujimorismo fue un régimen muy autoritario a partir de 1992, y fue también, como sabemos ahora, un régimen muy corrupto, que en conjunto fue más negativo que positivo para Perú. Contribuyó a establecer una cultura política muy polarizada y poco institucionalizada, y la sensación de que el país es casi ingobernable”, concluye el historiador Paulo Drinot, profesor del University College londinense, una evaluación y balance en The New York Times. Keiko Fujimori no concluye así su propio balance histórico post mortem: la huérfana ya está nuevamente en campaña y aspira a gobernar el Perú.

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