La nueva presidenta de Perú, la derechista Keiko Fujimori, asumió este martes, después de haberse impuesto al izquierdista Roberto Sánchez en las elecciones del pasado junio por menos de 50.000 votos, retomando así el camino iniciado por su polémico padre, el difunto Alberto Fujimori, que gobernó entre 1990 y el 2000.

Fujimori, administradora de empresas de ascendencia japonesa, es la primera mujer en ser elegida jefa de Estado en Perú y todo indica que cuenta con el suficiente respaldo en el Parlamento para poder completar su mandato de cinco años (2026-2031). La nueva mandataria busca terminar con la inestabilidad que marcó la vida política del país en la última década, con una serie de destituciones presidenciales promovidas desde el Legislativo -la mayoría, con los votos del fujimorismo-.

Keiko Fujimori se convirtió en la novena presidenta que asume el mando de Perú en diez años, después de unas elecciones que no estuvieron exentas de polémica. Tras varias semanas de recuento, Fujimori (Fuerza Popular) se impuso a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) por menos de 50.000 papeletas, según los datos oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Si bien el izquierdista ganó dentro de Perú, Fujimori se hizo con la presidencia gracias al apoyo de los peruanos residentes en otros países.

La mujer perseveró hasta este momento, con la esperanza de llegar al poder, tras haber perdido de forma consecutiva tres elecciones presidenciales en la segunda vuelta (las de 2011, 2016 y 2021), y haber pasado cerca de año y medio en prisión preventiva entre 2018 y 2020, imputada por presunto lavado de dinero en la financiación irregular de sus campañas electorales.

El presidente Javier Milei viajó a Perú para asistir a la toma de posesión de Fujimori, así como otros jefes de Estado como el rey Felipe VI de España y los presidentes de Chile, José Antonio Kast; Ecuador, Daniel Noboa; Honduras, Nasry Asfura, y Paraguay, Santiago Peña.

La sombra de su padre

Desde principios de siglo, la hija mayor y heredera política del exmandatario asumió las riendas del fujimorismo con el propósito de recuperar el poder y limpiar el nombre de su padre, que fue condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, además de otros cargos por diversos casos de corrupción.

Alberto Fujimori (1938-2024) abandonó el poder en el año 2000, pocos meses tras su victoria en las elecciones que le otorgó un tercer mandato consecutivo. Después de que una serie de grabaciones revelaran sobornos de su asesor Vladimiro Montesinos a figuras políticas, empresariales y mediáticas peruanas, el escándalo hizo que huyera del país a Japón. Sin embargo, su caída no supuso el fin del fujimorismo.

La politóloga y analista Eliana Carlín explicó que la corriente política abierta por Fujimori solo se debilitó durante unos años tras la fuga del mandatario. “Las figuras emblemáticas del fujimorismo siguieron siendo parte del ecosistema político del país, especialmente Keiko Fujimori desde el año 2011”, señaló tras la victoria de la hija mayor del expresidente. “En las cuatro campañas electorales en las que ha pasado a segunda vuelta ha habido un despliegue enorme de recursos económicos que vienen de los empresarios y de los poderes fácticos, aliados tradicionales de su padre”.

Fujimori no tiene una trayectoria política intachable y carga con el legado de su padre, que llegó a la presidencia por la vía electoral, pero se ganó con los años, dentro y fuera de Perú, el calificativo de “dictador” por la acumulación de poder y los delitos de lesa humanidad, cometidos en el marco de la lucha que emprendió contra los grupos guerrilleros Sendero Luminoso y MRTA. Tras ser detenido y extraditado a Perú desde Chile en 2005, la justicia peruana lo condenó a una pena de 25 años de prisión que, sin embargo, no cumplió porque en 2017 recibió un indulto humanitario.

Con información de la agencia EFE

Javier Milei viajó este martes a Perú para participar de la ceremonia de asunción de la flamante presidenta Keiko Fujimori y mantuvo una reunión bilateral con la nueva mandataria en Lima, en un viaje que la Casa Rosada considera una pieza central de la estrategia para consolidar un bloque de gobiernos de derecha en América Latina. El encuentro se produjo apenas tres días después de su visita a Brasil para respaldar la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro y forma parte de una agenda internacional con un marcado contenido político.

Durante la reunión, realizada en el Palacio de Torre Tagle, Milei estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. Del lado peruano participaron Fujimori y su ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá. Según informó la Cancillería de Perú, ambas delegaciones destacaron “los profundos lazos históricos” entre ambos países y coincidieron en la necesidad de profundizar la cooperación bilateral en materia económica, seguridad, ciencia, tecnología e innovación.

La sintonía política quedó reflejada incluso antes del inicio formal del encuentro, durante un intercambio difundido por la Oficina del Presidente. La flamante presidenta peruana le manifestó a Milei que era “un honor” recibirlo en Lima, mientras el libertario le agradeció la invitación. Durante esa breve conversación, que dejó expuesta la cercanía política y personal que ambos procuran construir, Fujimori comentó que el jefe de Estado argentino tenía por delante “una agenda muy nutrida” y Milei confirmó que, además de las actividades oficiales de la transmisión del mando, recibiría un doctorado honoris causa de la Universidad San Martín de Porres. El Presidente cerró el diálogo con una reflexión sobre el vértigo de una jornada de investidura: “El día de la asunción te puedo asegurar que es un día muy largo, con muchas obligaciones y un poquito tedioso. Pero es parte de la rutina”.

La escala peruana fue la continuidad de la gira que había iniciado el fin de semana pasado en Brasil. Allí, Milei participó del congreso del Partido Liberal para respaldar la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro frente a Luiz Inácio Lula da Silva y dejó una definición que sintetiza la hoja de ruta del oficialismo: “Vinimos a acompañar la ola azul, que sea el momento y terminemos de pintar el mapa como corresponde de una vez”.

La gira regional continuará el 7 de agosto, cuando Milei viaje a Bogotá para asistir a la ceremonia de asunción de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia. En la Casa Rosada tampoco descartan una escala en Ecuador para mantener una reunión con Daniel Noboa y avanzar en nuevos acuerdos bilaterales.

En Balcarce 50 consideran que el escenario continental comenzó a modificarse a partir de las victorias de Fujimori en Perú y de De la Espriella en Colombia, a las que se suma la expectativa de un regreso del bolsonarismo al poder en Brasil. Ese corrimiento ideológico alimentó entre los colaboradores más cercanos al Presidente la idea de impulsar una instancia de coordinación política entre esos gobiernos, una suerte de reedición del Grupo de Lima, el bloque diplomático impulsado en 2017 por una docena de países americanos para coordinar una posición común frente al entonces gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela-

La apuesta excede la construcción de buenas relaciones bilaterales. En el entorno presidencial sostienen que Milei busca ocupar un lugar que, a su juicio, hoy se encuentra vacante: el de articulador político de una nueva generación de dirigentes de derecha en América Latina. El Presidente entiende que fue uno de los primeros en romper la hegemonía de la centroizquierda en la región y que, a partir de ese antecedente, puede convertirse en una referencia para los gobiernos que comenzaron a emerger en los últimos meses.

La estrategia también busca proyectar esa construcción más allá de las fronteras latinoamericanas. Desde el inicio de su mandato, Milei cultivó una estrecha relación con distintas figuras de la derecha internacional, con Donald Trump como figura paradigmática. Ahora, con la aparición de gobiernos ideológicamente afines en Sudamérica, el libertario cree que existe una oportunidad para complementar esos vínculos globales con un liderazgo regional propio.

Sin embargo, el oficialismo también procura evitar que esa confrontación termine trasladándose al plano institucional. En su conferencia de prensa de este martes, el vocero presidencial, Adrián Ravier, buscó bajarle el tono a la tensión con Brasil al afirmar que las diferencias existen entre Milei y Lula, pero no entre ambos Estados. “Brasil y Argentina tienen una relación histórica”, sostuvo el portavoz, quien además remarcó que los canales diplomáticos y comerciales continúan funcionando con normalidad pese a los cruces políticos de las últimas semanas.

El oficialismo apuesta a que, si el ciclo electoral continúa favoreciendo a candidatos cercanos a sus posiciones, Milei pueda dejar de ser una excepción dentro del mapa regional para transformarse en el principal referente político de una derecha latinoamericana en expansión. En la Casa Rosada creen que, si ese giro se consolida, el Presidente argentino estará en condiciones de desempeñar un papel similar al que durante la década pasada ejercieron otros líderes regionales, aunque desde un ideario abiertamente libertario y con Buenos Aires como uno de los centros de articulación política del espacio.

PL/CRM

Keiko Fujimori, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), será la presidenta de Perú tras ganar las elecciones en su cuarto intento, un objetivo al que destinó su vida con una estoica paciencia y perseverancia propia de sus raíces japonesas, sin desistir pese a sufrir tres derrotas en segunda vuelta, enemistarse con su hermano y pasar casi año y medio en la cárcel.

A sus 51 años, Fujimori alcanzará el sillón presidencial que ocupó su difunto padre, un lugar que le fue negado en las tres elecciones anteriores donde perdió contra Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021), las últimas dos por una diferencia de apenas 40.000 votos.

Contra Castillo, incluso denunció sin pruebas consistentes un supuesto fraude en su contra y trató sin éxito de revertir los resultados a su favor.

Tras ganar por menos de 50.000 a Roberto Sánchez, que competía en representación del encarcelado expresidente Castillo, el fujimorismo volverá al Gobierno para reivindicar y emular la figura de su líder, casi veintiséis años después de que este dimitiese por fax desde Japón por un gigantesco escándalo de corrupción junto a su mano derecha Vladimiro Montesinos.

Primera mujer electa presidenta en Perú

Fujimori, ahora convertida en la primera mujer en ser elegida presidenta en Perú por votación directa, vio su vida cambiar por completo a los 16 años cuando en 1990 su padre, un profesor de la universidad nacional agraria, daba la sorpresa al ganar las elecciones al escritor Mario Vargas Llosa.

Estudió Administración de Empresas en Estados Unidos y en 1994, con solo 19 años, irrumpió en la política al convertirse en la 'primera dama' más joven en la historia de América, tras el divorcio de sus padres.

Se mantuvo al lado de su padre como su fiel escudera hasta su dimisión, y luego regresó a estudiar a EE.UU., donde conoció al estadounidense Mark Vito, con quien se casó y tuvo dos hijas, Kyara y Kaori, actualmente de 18 y 16 años, respectivamente.

En 2005 retornó a Perú, y al año siguiente fue la congresista más votada, en momentos donde su padre había sido capturado en Chile, desde donde posteriormente sería extraditado y condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad y corrupción.

Cisma familiar y cárcel

Keiko, de valores conservadores y convicciones católicas, asumió las riendas del fujimorismo rodeada de la vieja guardia de su padre e inició el camino que le llevó a perder tres veces seguidas la Presidencia en segunda vuelta.

En ese periplo se enemistó con Kenji Fujimori, el menor de sus tres hermanos, cuando este buscó un acuerdo con el entonces presidente Kuczynski para indultar a su padre mientras ella buscaba destituir al mandatario.

Su peor momento llegó al pasar casi año y medio en prisión preventiva mientras la Fiscalía la investigaba por supuesto lavado de dinero en la financiación irregular de sus campañas electorales, al haber ocultado las donaciones de empresas como la brasileña Odebrecht.

Fujimorismo 2.0

A diferencia de los anteriores comicios, Fujimori llegó a estas elecciones sin su padre, fallecido en septiembre de 2024 tras hacerse efectivo el indulto; sin su marido, del que se divorció en 2022; y librada, gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional, del juicio por lavado de dinero.

Terminó ganando con una propuesta de “orden” y “mano dura” y la promesa de enfrentar al crimen organizado, principal preocupación de los peruanos, como su padre lo hizo con el terrorismo de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Sus detractores le acusan de ser la culpable de la inestabilidad que ha tenido Perú, con ocho presidentes en diez años, en una sucesión de destituciones desde el Parlamento que el fujimorismo apoyó en su mayoría, pero ella rechaza las acusaciones de que haya gobernado y dirigido gobiernos desde la sombra del Legislativo.

EFE

Keiko Fujimori (Fuerza Popular) asume el martes 28 de julio la presidencia de Perú por el período 2026-2031, en lo que representa el regreso del fujimorismo al Ejecutivo después de 26 años, y se convierte en la primera mujer en llegar a la Jefatura de Estado del país andino, tras vencer en el balotaje del 7 de junio al candidato de la izquierda, Roberto Sánchez, por una diferencia de casi 50.000 votos.

La ceremonia de jura tendrá lugar en el hemiciclo del Congreso bicameral, con la presencia de jefes de Estado de la región, como el rey de España, Felipe VI; los presidentes Javier Milei (Argentina), José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Yamandú Orsi (Uruguay), José Raúl Mulino (Panamá), Nasry Asfura (Honduras), y el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.

Fujimori, de 51 años, dará su primer mensaje a la Nación, a las 12:30 p.m., con una duración estimada de entre 45 minutos y una hora, y se estima que incluirá al menos seis anuncios concretos sobre seguridad ciudadana y reactivación económica.

Fujimori anunció este 27 de julio que Luis Galarreta será el nuevo presidente del Consejo de Ministros de su gobierno.

“El señor Galarreta contará con mi respaldo, con mi confianza, pero también con mi exigencia”, mencionó Fujimori, citada por el diario La República.

Galarreta dijo que el próximo Gobierno buscará mostrar resultados en sus primeros 100 días, con énfasis en la lucha contra la inseguridad ciudadana y las acciones frente al fenómeno de El Niño. Indicó que el equipo de transición ya sostuvo reuniones con los futuros titulares de los ministerios del Interior, Defensa, Economía, Transportes y Vivienda para definir las primeras medidas.

Fujimori también confirmó que Elmer Cuba estará al frente del Ministerio de Economía y Finanzas y que Carlos Espá dirigirá el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Se espera que, durante la presentación del resto del gabinete, Keiko Fujimori detalle las prioridades de cada sector y exponga los principales lineamientos con los que iniciará su gestión desde el 28 de julio.

La presencia de una numerosa delegación de funcionarios estadounidenses encabezada por Landau, quien llegó a Lima el domingo por la tarde, marca la importancia que le asigna la Administración Trump al futuro gobierno de Fujimori.

La comitiva norteamericana está integrada por el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro; el subsecretario de Comercio para Comercio Internacional, William Kimmitt; la consejera de la secretaria del Tesoro, Erin Browne, y la asesora principal para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Viviana Bovo.

Landau se reunió con Fujimori en la sede de San Isidro, y además de transmitirle la felicitación del gobierno de Trump, destacó la importancia de promover la seguridad en Perú y en la región.

Javier Milei viajó en la noche de este lunes a Lima para asistir a la asunción de Keiko Fujimori como presidenta de Perú, en una ceremonia que coincidirá con el 205° aniversario de la independencia del país. El acto central tendrá lugar a las 12.15, hora peruana, en una sesión solemne del Congreso, donde la mandataria electa prestará juramento, recibirá la banda presidencial y pronunciará su primer mensaje a la nación. Después de la ceremonia, Fujimori recibirá a los mandatarios invitados en el Palacio de Gobierno, donde está previsto un almuerzo oficial.

La agenda reunirá a una amplia representación regional. Entre los presidentes invitados se encuentran Santiago Peña, de Paraguay; Daniel Noboa, de Ecuador; José Raúl Mulino, de Panamá; Rodrigo Paz, de Bolivia; Yamandú Orsi, de Uruguay, y José Antonio Kast, de Chile. También participará el rey de España, Felipe VI. Estados Unidos estará representado por el vicesecretario de Estado, Christopher Landau, en nombre de Donald Trump.

La presencia de Milei en Lima se inscribe en su política exterior y en su intención de consolidarse como uno de los principales referentes de la derecha regional. A la ceremonia también asistirán dirigentes y expresidentes identificados con ese espacio político, entre ellos el ecuatoriano Jamil Mahuad, la boliviana Jeanine Áñez, la panameña Mireya Moscoso y el líder de la oposición española, Alberto Núñez Feijóo.

Una agenda internacional cargada

El viaje a Perú forma parte de una intensa agenda internacional de Milei. El 25 de julio estuvo en San Pablo para respaldar la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro. Luego participó de actividades en Buenos Aires y se reunió este lunes con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

El 7 de agosto, en tanto, tiene previsto viajar a Bogotá para asistir a la asunción de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia. Milei también anticipó que aprovechará ese viaje para visitar a Noboa en Ecuador y avanzar en acuerdos bilaterales.

La relación con Fujimori comenzó a consolidarse antes de su llegada al poder. Milei habló con ella por teléfono el 2 de julio, luego de que se conocieran los resultados del balotaje, y publicó un mensaje en el que aseguró que Argentina y Perú “retoman el camino de la libertad” y que ambos gobiernos coinciden en la necesidad de promover “más libertad, crecimiento económico y lucha contra el crimen organizado transnacional”.

El regreso del fujimorismo al poder

Fujimori ganó las elecciones con el 50,13% de los votos frente al candidato de izquierda Roberto Sánchez, con una diferencia de menos de 50.000 sufragios. Es su cuarto intento de llegar a la presidencia, después de haber perdido tres balotajes anteriores, y se convirtió en la primera mujer elegida para gobernar Perú.

Su llegada al poder se produce después de una década marcada por una fuerte inestabilidad política, con sucesivos presidentes y una crisis institucional que llevó al Congreso a destituir a distintos jefes de Estado.

El apellido Fujimori, además, tiene un peso central en la historia política reciente del país. Su padre, Alberto Fujimori, gobernó entre 1990 y 2000. Renunció a la Presidencia por fax desde Japón, en medio del escándalo de corrupción vinculado a su asesor Vladimiro Montesinos, y posteriormente fue condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad.

Casi 26 años después, el fujimorismo vuelve a ocupar el Palacio de Gobierno. La asunción de Keiko Fujimori se convierte así en un nuevo punto de encuentro para una derecha regional con la que Milei busca estrechar vínculos.

Lima, 3 de julio. Casi un mes después de la celebración de la segunda vuelta electoral en Perú, finalmente Keiko Fujimori es proclamada presidenta de su país. En unos comicios más que disputados, el recuento fue especialmente lento y sigue siendo cuestionado: el candidato de la izquierda, Roberto Sánchez, anunció que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar irregularidades en el escrutinio del voto exterior. Y esto no es un detalle: las papeletas contabilizadas fuera de territorio peruano son las que dieron la victoria final, por menos de 50.000 votos, a la hija del condenado y fallecido Alberto Fujimori.

El pasado lunes, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó el escrutinio que confirmó la victoria de Fujimori (50,135%) sobre Sánchez (49,865%). Pero sucede que el recuento en Perú deja a Sánchez por delante, con 9.060.022 votos y 32.014 de diferencia sobre Keiko.

Sin embargo, el resultado es muy diferente en las urnas de los consulados: la hija del presidente Alberto Fujimori, que murió condenado por delitos contra los derechos humanos y corrupción, se queda con el 63% de los votos, y más de 81.000 de diferencia. Así es como toma la delantera, para imponerse por apenas 49.641 papeletas.

La segunda vuelta en Colombia resultó igualmente reñida, con un duelo inesperado: el candidato del presidente Gustavo Petro, Iván Cepeda, se enfrentó (y perdió) frente al extravagante abogado y empresario Abelardo de la Espriella, que no aparecía como el mejor posicionado en las encuestas previas a la primera vuelta. Con el apoyo explícito de Donald Trump, el millonario se impuso en el ballotage por una diferencia de 250.000 votos y menos de un punto porcentual.

Pero si el voto dentro de las fronteras de Colombia le daba una ventaja de poco más de 73.000 papeletas, el emitido en los consulados colombianos inclinó la balanza definitivamente. En algunos países, como Estados Unidos, Venezuela o Panamá, De la Espriella obtuvo entre el 77 y el 81% del escrutinio.

El 63% de los migrantes colombianos con derecho a voto se inclinaron a la derecha, y un 65% de los peruanos. En la comunidad peruana en el exterior la derechización del electorado fue tan evidente que en la primera vuelta el candidato de izquierdas apareció en octavo lugar. El más votado fue Rafael López Aliaga, un candidato a la derecha de Keiko, ultraconservador, de la esfera del Opus Dei y que confesó estar enamorado de la virgen María.

“En elecciones altamente polarizadas y decididas por márgenes mínimos, el voto exterior puede funcionar como bisagra”, concede Lisa Zanotti, investigadora asociada del Laboratorio para el Estudio de la Ultraderecha (Ultra-Lab). Zanotti, sin embargo, cree que hay diferencias entre estas dos elecciones y pide distinguir entre decisivo y relevante: “En Perú, el voto exterior no reforzó una tendencia, sino que cambió el resultado; en Colombia no parece haber decidido al ganador, pero sí fue fundamental para transformar una ventaja mínima en una victoria más políticamente legible”.

Un voto decisivo (y a veces diverso)

“Ya podemos hablar de un giro reaccionario en la política latinoamericana. Otras veces fue conservador, pero en esta ocasión es reaccionario”, analiza Jorge Resina, profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid y estudioso de los procesos electorales en la región.

Ese giro que apunta Resina es aún más pronunciado fuera de las fronteras de los países: “En general, el voto migrante latinoamericano está escorado a la derecha”, explica, un hecho que para Anna Ayuso, investigadora para América latina en el Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), puede tener que ver con sus características sociológicas. “En estos países hay mucha diferencia entre el votante de las ciudades y el rural; y eso, que se ve en los resultados generales, es todavía más evidente en el escrutinio de los consulados, porque se trata sobre todo de personas de clase media urbana”, detalla.

Los conflictos internos del país se reproducen fuera, pero filtrados por la experiencia migratoria y por el contexto político del país de residencia

Lisa Zanotti — investigadora - Laboratorio para el Estudio de la Ultraderecha

“También hay un sesgo de selección”, señala Zanotti. “Quienes votan desde el exterior no son una muestra representativa del electorado nacional. Tienen trayectorias migratorias, redes y consumos mediáticos específicos”, detalla. Para ella, no hay un único voto migrante. “No vota igual una diáspora marcada por exilio político, inseguridad o rechazo al chavismo que una diáspora estudiantil, profesional o integrada en contextos europeos. Entonces sí el voto exterior permite ver cómo la política nacional se desterritorializa: los conflictos internos del país se reproducen fuera, pero filtrados por la experiencia migratoria y por el contexto político del país de residencia”, explica.

Realidades diferentes

“Es interesante analizar el voto exterior porque muestra cómo las divisiones ideológicas nacionales viajan y se reorganizan en la diáspora”, reflexiona Zanotti. Los temas que han dominado las campañas electorales pueden adquirir un peso diferente o recibir una mirada particular desde una distancia de miles de kilómetros.

Los expertos consultados coinciden en que el afán de estabilidad económica y política entre los migrantes peruanos pudo encontrar una respuesta en la visión neoliberal de Keiko y el poder intrínseco del fujimorismo. “Muchos de los que están enviando remesas desde otros países consideran que las políticas de apertura van a potenciar el crecimiento del país”, sostiene Resina.

El tema de la estabilidad juega un papel importante en Perú, que tuvo nueve presidentes en la última década. “Es curioso, porque el propio fujimorismo ha fomentado esa ingobernabilidad. Es el que ha hecho caer la mayor parte de los gobiernos”, señala Anna Ayuso. “Así que, finalmente, mucha gente ha dicho ‘si queremos estabilidad hay que darles el poder a ellos’. Pero esto es realmente muy peligroso, porque en Perú hay una corrupción sumamente arraigada, incrustada en el sistema”, explica.

Para Ayuso, Fujimori parte con un déficit de legitimidad por lo ajustado del resultado y el origen de los votos decisivos. “Tendrá que lidiar con la frustración en los sectores que votaron a Sánchez, e inicialmente se verá obligada a hacer algunas concesiones, a ser un poco más dialogante”, pero su triunfo reaviva el fantasma del autoritarismo.

El sistema peruano otorga ventajas de representación legislativa al candidato presidencial más votado, pero todavía hay que ver cómo se moverán las fuerzas políticas en un parlamento que vuelve a ser bicameral después de 34 años. La anulación del Senado es parte del legado de Alberto Fujimori, a quien su hija reivindicó en campaña como el artífice de una época de bonanza y seguridad.

La seguridad es, precisamente, otro de los ejes que marcaron estas elecciones. “Lima sobre todo lleva unos años horribles, y es posible que eso desde fuera se perciba como ciudad sin ley”, asegura Resina. En Colombia, además del desgaste del gobierno de Petro, pesan los problemas con el narcotráfico y el conflicto con las FARC.

El voto migrante latino en EE.UU. se ha derechizado. Creo que tiene que ver con el tema de la seguridad y con la influencia de las iglesias protestantes y pentecostales

Anna Ayuso — investigadora - Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB)

“Mucha gente sigue considerando que hubo muchos beneficios para la guerrilla y que el país no mejoró”, apunta Resina. Y en esta percepción también hay un sesgo, el de los que lo miran desde la distancia de la ciudad o incluso desde otro país, y los que viven en contacto con el conflicto, sobre todo en determinadas zonas rurales. Las opciones en campaña iban de la promesa de “paz total” mediante el diálogo promovida por la izquierda al “militarismo” de la ultraderecha.

El ‘amigo’ americano

Aquí Resina introduce otro elemento de análisis: el peso de Estados Unidos en la región. El apoyo de Donald Trump a los candidatos de derecha y ultraderecha los convierte para muchos en una opción pragmática. “Como pasó en las últimas elecciones legislativas en Argentina, el razonamiento es que si gobiernan Milei, Fujimori o De la Espriella, Estados Unidos dará más facilidades y eso contribuirá a la estabilidad”, sostiene.

La promesa de esas ventajas económicas y del apoyo internacional para terminar con la inseguridad tuvieron repercusión en los votos. Si se observa el porcentaje de votos por países, los peruanos y colombianos afincados en Estados Unidos se decantaron fuertemente por los candidatos a la derecha: en un 76% en el caso de Perú y el 81% en el de Colombia.

¿El país de residencia condiciona también la mirada migrante? “Si hablamos de Estados Unidos, la inclinación hacia la derecha probablemente combina varios factores: la composición específica de la diáspora, las razones de la migración, el peso del antiizquierdismo en comunidades latinoamericanas y un ecosistema político-mediático donde discursos de seguridad, orden, anticomunismo y liderazgo duro circulan con mucha fuerza”, analiza Lisa Zanotti.

“Está claro que el voto migrante latino en EE.UU. se ha derechizado. Creo que tiene que ver con el tema de la seguridad, que se ha convertido en uno de los asuntos centrales de las dos elecciones”, sugiere Ayuso, que también apunta a la influencia de las iglesias protestantes y pentecostales que proliferaron en América latina y tienen su origen en muchos casos en Estados Unidos. “No diría que el país de acogida determina el voto exterior, sino que puede reforzar ciertas tendencias”, resume Zanotti.

En España, los peruanos votaron mayoritariamente a Keiko Fujimori: un 60%. Pero en el caso de los colombianos, triunfó la izquierda por la mínima. Si en la primera vuelta muchos no acudieron a las urnas, en la segunda la comunidad se movilizó frente a la posibilidad de un triunfo de la ultraderecha. “Lo vi en los foros en los que participo, y entre mis amigos. Yo mismo viajé a Madrid desde Gijón para votar”, confirma Luis, fisioterapeuta de 36 años que lleva cinco fuera de su país.

“Cuando vives en Colombia estás constantemente bombardeado por los mismos mensajes, sobre todo en los medios de comunicación tradicionales. Vivir fuera te obliga a indagar, a buscar la información. Y en cuestiones como el conflicto con las FARC, la distancia te demuestra que, como en cualquier guerra, hay quien se enriquece con ella”, explica. Luis confiesa sentir nostalgia y dolor tras el triunfo de De la Espriella. “La promesa de mano dura no es nueva. Eso ya lo vivimos, y sabemos cómo terminó”, lamenta.

El anticomunismo le ganó la batalla al 'antifujimorismo' en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú, de la que salió victoriosa, por un margen muy estrecho, la candidata de derecha Keiko Fujimori (Lima, 1975), que el 28 de julio se convertirá en nueva mandataria.

Tras varias semanas de recuento, Keiko (Fuerza Popular), como se la conoce popularmente, se impuso en el recuento del 7 de junio al postulante de izquierda Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) por alrededor del 0.27% (en votos, una diferencia de 49.641 boletas), según el recuento oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La paradoja electoral es que mientras Sánchez ganó dentro del Perú, la presidencia se la arrebató Fujimori con el apoyo de los peruanos residentes en otros países.

Hija mayor del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), Keiko conquistó la primera magistratura peruana en su cuarto intento: en 2011 perdió con Ollanta Humala, en 2016 le ganó Pedro Pablo Kuczynski y en 2021 cayó ante Pedro Castillo. La saga de derrotas se extendió en estas elecciones de 2026, pero por solo durante unos días en los que Sánchez remontó la ventaja inicial de la otrora primera dama con una diferencia mínima que, sin embargo, no pudo sostenerse una vez procesados los votos en el extranjero.

El triunfo de la administradora de empresas de ascendencia japonesa revela que el anticomunismo de la sociedad peruana, posicionado en contra de Sánchez, exministro y heredero político del exmandatario Pedro Castillo (hoy encarcelado por un fallido golpe de Estado en 2022), tuvo un peso ligeramente mayor que el “antifujimorismo” en torno al cual se organiza la vida política peruana desde hace más de dos décadas.

Continuidad del fujimorismo

Alberto Fujimori (1938-2024) abandonó el poder en el año 2000, pocos meses después de ganar las elecciones para un tercer mandato consecutivo. El escándalo de los “vladivideos”, una serie de grabaciones que revelaban sobornos de su asesor Vladimiro Montesinos a figuras políticas, empresariales y mediáticas del Perú, desató una presión interna que lo llevó a escapar del país y refugiarse en Japón. Sin embargo, su caída no supuso la muerte definitiva del fujimorismo. Sus hijos Keiko y Kenji tomaron la posta y fueron ganando presencia política, en especial a partir de la segunda década de los años 2000.

La politóloga y analista Eliana Carlín dice que la corriente política abierta por Alberto Fujimori solo se debilitó por unos años tras la fuga del “dictador”. “Las figuras emblemáticas del fujimorismo siguieron siendo parte del ecosistema político del país, y especialmente Keiko Fujimori desde el año 2011”, recuerda. “En las cuatro campañas electorales en las que ha pasado a segunda vuelta ha habido un despliegue enorme de recursos económicos que vienen de los empresarios y de los poderes fácticos, aliados tradicionales de su padre”.

Desde el Congreso de la República, Keiko Fujimori ha dirigido una bancada que ha tomado medidas que favorecen a la impunidad, al crimen organizado, que criminalizan a quienes defienden los derechos humanos y un triste etcétera

Eliana Carlin — politóloga

Esta interpretación es compartida por el periodista de investigación Gustavo Gorriti, responsable de destapar más de un escándalo de corrupción vinculado a los Fujimori y a otras figuras políticas del Perú. Entrevistado en días pasados por el programa Hildebrandt en sus trece, Gorriti planteó que el de Keiko no puede considerarse un “próximo gobierno”, sino uno que continúa, “porque es un gobierno que ha sido básicamente dominado por la coalición mafiosa cuyo buque insignia ha sido el fujimorismo”.

Formada en administración de empresas en universidades de Estados Unidos (Boston, Columbia), Keiko ingresó a temprana edad a la política peruana, al convertirse en 1994 en la primera dama más joven del país y de la región. Con solo 19 años, retornó del extranjero para reemplazar en el cargo a su madre, Susana Higuchi, quien se había separado de Alberto por discrepancias políticas, al punto de ser despojada de su condición de primera dama.

La carrera de la presidenta electa dio un salto definitivo en 2006, cuando se convirtió en congresista nacional en representación de Lima con una votación entonces histórica. Tres años después fundó Fuerza Popular, el partido que aún lidera y que la ha llevado a la presidencia tras tres intentos frustrados.

La popularidad de Keiko entre los fujimoristas no la libró de escándalos de corrupción que la condujeron a prisión por más de 16 meses entre 2018 y 2020, acusada de lavado de activos aportados por la firma Odebrecht para su campaña electoral. El caso, que manchó y condenó a más de un expresidente peruano, fue archivado por una sentencia del Tribunal Constitucional peruano y liberó de culpa a Fujimori.

A las sombras propias de su trayectoria política se suman las heredadas por su padre, un mandatario que, si bien llegó a la presidencia por la vía electoral, se ganó con los años, dentro y fuera del Perú, el calificativo de “dictador” por su inclinación a la acumulación desmedida de poder y los probados delitos de lesa humanidad cometidos durante sus años de gobierno.

Fujimori padre llegó a disolver el Congreso para evitar la fiscalización legislativa, un hecho calificado como “autogolpe” de Estado, y mandó a ejecutar torturas, esterilizaciones forzadas y asesinatos en nombre de su lucha contra los grupos guerrilleros Sendero Luminoso y MRTA. Por algunas de estas violaciones a los derechos humanos, como las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, donde un comando paramilitar mató a 25 personas sospechosas de colaborar con Sendero Luminoso, fue condenado a la cárcel. Tras ser detenido y extraditado desde Chile en 2005, la justicia peruana le fijó una pena de 25 años de prisión que, sin embargo, no cumplió efectivamente. En 2017, recibió un indulto humanitario.

Lejos de tomar distancia del oscuro “legado” de su padre, Keiko siempre lo reivindicó, más aún tras la muerte del expresidente en 2024, a los 86 años y producto de las consecuencias de un cáncer.

Lejos de la reconciliación social

Keiko reconquistó el gobierno para el fujimorismo con una agenda liberal y conservadora. Los pilares de su plan, denominado “Perú con Orden”, son la seguridad, el crecimiento económico y el desarrollo social. Para luchar contra la inseguridad prometió en la campaña crear centros de comando y videovigilancia altamente tecnologizados mediante el uso de Inteligencia Artificial (IA). También propone construir cuatro megacárceles de máxima seguridad y cortar el acceso a telefonía móvil en los recintos penitenciarios, una estrategia que involucraría el papel activo de las Fuerzas Armadas.

En materia económica anunció bajar el déficit fiscal del PIB en un 1% hasta el fin de su mandato, en 2031. En lo tocante a desarrollo social, ofreció reducir la pobreza en un 15%, construir 3.000 colegios y aplicar la telemedicina para una mejor cobertura de salud. Un asunto al que su plan le presta especial atención es la corrupción estatal, a la que prevé desterrar mediante un “shock digital” que apele a la IA, la publicación en tiempo real de las licitaciones y la creación de un observatorio ciudadano de compras públicas.

Más allá del contenido concreto de su programa de gestión, en el discurso con el que Keiko llega al gobierno los sectores críticos perciben un incontestable tufo autoritario, como el que destilaba su padre. Eliana Carlín cree que, más allá de la estrecha diferencia del balotaje que ha dejado al Perú profundamente dividido, políticamente se ha impuesto el “autoritarismo”. La analista duda que la asunción de Fujimori contribuya a cerrar las heridas que abrió el decenio de Alberto: “Lamentablemente, no auguro un tiempo de reconciliación nacional. Desde el Congreso de la República, Keiko Fujimori dirigió una bancada que tomó medidas que favorecen a la impunidad, al crimen organizado, que criminalizan a quienes defienden los derechos humanos y un triste etcétera”. Carlín entiende que el modus operandi del fujimorismo en el Congreso peruano es el de “Alberto Fujimori: minando el Estado de derecho, debilitando las instituciones y estigmatizando a todo aquel que se presente con una perspectiva crítica. Eso no va a cambiar en un régimen de Keiko”.

El periodista Gorriti, por cuyo secuestro fue también juzgado Alberto Fujimori, desliza un matiz respecto a la interpretación de la politóloga. “Dudo que ella (Keiko) vaya a buscar iniciar su gobierno con las acciones de mano dura que una parte de su gente debe haberle aconsejado”, declaró en la citada entrevista a Hildebrandt. “Lo más probable es que, inicialmente, para tratar de bajar la oposición con concesiones y tal y como lo hizo eventualmente su padre, va a tratar de dar la imagen de una gobernante más moderada”.

Gorriti presume que esta estrategia obedecería a la necesidad de enfrentar a una oposición “mucho más sólida de la que hay ahora, que no hay oposición”. El gobierno peruano está bajo la presidencia interina de José María Balcazar, el octavo mandatario de los últimos 10 años durante los cuales el Congreso peruano ha impedido a los mandatarios electos y a los interinos cumplir los periodos previstos por ley.

Controlado en el último tiempo por el fujimorismo y otras fuerzas afines de derecha, el Congreso que le espera a Keiko volverá a ser bicameral tras 26 años. Carlín entrevé que esta reforma podría depararle una mayor estabilidad a la presidenta electa, “no solo por su fortaleza dentro del Legislativo, sino porque los poderes fácticos como la empresa, las Fuerzas Armadas y la gran prensa apoyan de manera abierta y notoria al fujimorismo, como lo hicieron en la década del noventa”.

Otro factor que se perfila favorable para la administradora de 51 años es el mapa geopolítico de la región, hegemonizado por gobernantes de derecha cercanos a la administración de Donald Trump. Carlín lo describe sin ambages: “Ahora mismo, Sudamérica está en un momento de giro ultraconservador para el cual Fujimori no solo va a ser funcional, sino que imagino que será el reflejo de su padre, entreguista de los recursos y soberanía”.

Aun teniendo estas perspectivas alentadoras, lo peor que podría hacer Fujimori es pecar de exceso de confianza, sobre todo teniendo en cuenta la volatilidad de la política peruana y eventuales giros en el contexto internacional. Mientras Gorriti alerta sobre las elecciones de medio mandato de EE.UU. previstas para noviembre de este año, y cuyos resultados podrían alterar el comportamiento de los mandatarios de derecha, Carlín cree que la correlación de fuerzas parlamentaria en Perú también “puede variar, y Fujimori tiene que estar muy atenta a eso”.

La candidata Keiko Fujimori celebró este sábado ante sus seguidores su liderazgo en el recuento de la segunda vuelta presidencial de Perú, donde obtiene el 50,11 % de los votos válidos frente al 49,88 % de su rival Roberto Sánchez con el 99,68 % escrutado, aunque el resultado permanece abierto mientras concluye el escrutinio oficial.

Ante un auditorio lleno de simpatizantes, la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) aseguró que “los peruanos demostraron al mundo que siempre podemos, derrotamos al terrorismo, derrotamos la inflación y ahora vamos a derrotar la delincuencia”.

“Ahora podemos decir, y faltan pocos días, ¡sí se pudo!”, lo cual desató la algarabía de sus partidarios en la celebración organizada un día antes del día del padre.

La candidata de Fuerza Popular agregó que “se vienen 5 años de grandes retos, estoy segura con que la bendición de Dios, el trabajo y la unidad de todos los peruanos, vamos a salir adelante”.

Además, Fujimori recordó a su padre, fallecido en 2024, como “un papá extraordinario” que demostró, más allá de las responsabilidades, que “hay papás que sí cumplen” con sus hijos y su familia.

Con el escrutinio al 99,68 %, los candidatos se encuentran con una diferencia entre ambos de 41.133 votos, pero el candidato Sánchez anunció este sábado que pedirá la nulidad de los votos emitidos en el extranjero por presuntas irregularidades.

Los porcentajes se invierten si se restan los votos del exterior del cómputo total, de modo que Sánchez lograría el 50,11 % de los sufragios válidos con 40.260 más que Fujimori, que registra el 49,88 %.

Sánchez, que postuló en representación del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), argumentó su intención de anular la votación en el exterior, donde sufragaron unos 300.000 peruanos, por presuntas irregularidades en la cadena de custodia de las actas de sufragio, después de que las autoridades decidiesen que los resultados ya no iban a ser transmitidos de manera digital, sino que las actas debían llegar a Lima para ser contadas.

Hasta la fecha, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha recibido 1.662 actas de votación observadas en la segunda vuelta electoral, las cuales han sido resueltas en su totalidad, pero resta por resolverse el recuento de votos de 24 actas en audiencias públicas, así como la apelación de otras 41 actas.

EFE

La candidata derechista Keiko Fujimori incrementó este miércoles a 39.115 votos la ventaja que mantiene sobre el izquierdista Roberto Sánchez cuando ya se contó el 99,383% del sufragio de la segunda vuelta presidencial que disputaron el pasado 7 de junio en Perú.

Con este porcentaje, la líder del partido Fuerza Popular recibe el 50.107%, equivalente a 9.157.631 votos, frente a un 49.893% de Sánchez, del partido Juntos por el Perú, que suma 9.118.516 votos.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) señaló que aún quedan 572 actas de votación con observaciones e impugnaciones, que deben evaluar jurados electorales especiales (JEE), de un total de 92.766 actas emitidas por igual número de mesas de sufragio.

En los jurados especiales, las actas son revisadas para resolver las quejas presentadas por los grupos políticos en contienda y, de persistir las diferencias, son enviadas a un nuevo recuento de votos en audiencia pública.

La anulación de mesas electorales

Medios locales también informaron este miércoles que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aceptó evaluar un pedido de Juntos por el Perú para que se anulen 647 mesas de votación que se instalaron en tres ciudades de Estados Unidos.

Aunque el JNE aún no ha fijado una fecha para analizar ese expediente, se indicó que la medida se tomó después de que el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 2 declaró procedente una apelación presentada por el partido izquierdista.

Este miércoles, Sánchez se reunió durante varias horas en el local de su partido con dirigentes, candidatos y asesores legales, tras lo cual anunció a periodistas que durante la mañana del jueves ofrecerá una rueda de prensa porque tiene “anuncios muy importantes que hacerle al Perú en este contexto de lucha por justicia electoral”.

El JNE señaló que la proclamación de los resultados de la segunda vuelta presidencial se dará como máximo a mediados de julio próximo, a menos de dos semanas del cambio de mando e inicio del siguiente periodo gubernamental (2026-2031) en Perú.

EFE

La candidata derechista Keiko Fujimori volvió a situarse este miércoles por delante del candidato izquierdista Roberto Sánchez al alcanzarse el 98,215% del escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, celebrada el pasado domingo.

A falta de contar menos del 2% de los votos, Fujimori obtiene el 50,002% de los votos válidos al recibir 9.032.651 sufragios, frente al 49,998% de Sánchez, que suma votos 9.032.000, lo que deja a la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) encaminada a ser la nueva presidenta de Perú por un estrechísimo margen.

El lunes, el candidato de Juntos por el Perú había tomado la delantera y consiguió alcanzar una ventaja de hasta 42.000 votos, pero la candidata de Fuerza Popular ha logrado revertir esa diferencia gracias al voto del extranjero, donde es la más votada.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) puede, de esa manera, lograr el objetivo que había perseguido en las últimas tres elecciones donde había sido derrotada en la segunda vuelta (2011, 2016 y 2021) y que apunta a conseguir en su cuarta candidatura presidencial.

Faltan por escrutarse los votos emitidos en el exterior

Los votos que restan por escrutarse pertenecen a los emitidos en el exterior y a las actas impugnadas, la mayoría de la capital Lima, donde en ambos casos la derechista es la más votada, lo que previsiblemente puede darle el triunfo por unos pocos miles de votos sobre su rival, que compitió en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

Se trata de la tercera elección consecutiva en Perú que se va a decidir por un margen exiguo de unas decenas de miles de votos, después de que Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo derrotaran a Keiko Fujimori por apenas 40.000 votos en 2016 y 2021, respectivamente.

El probable triunfo de Fujimori en esta ocasión supondría el retorno del fujimorismo al gobierno de Perú después de 26 años de la dimisión de su padre por fax desde Japón, tras un decenio donde se afianzó en el poder con un autogolpe de Estado en 1992 y que terminó en medio de un gigantesco escándalo de corrupción.

La candidata realizó una campaña de reivindicación total del legado de Alberto Fujimori al prometer gobernar como él, quien asentó las bases de la estabilidad económica y comercial que permitieron el crecimiento del país en últimas tres décadas, a la vez que derrotó a los grupos subversivos Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Más de 27,3 millones de peruanos estaban convocados el domingo a las urnas para escoger entre Fujimori y Sánchez a la opción que tendrá el derecho de gobernar el país por los próximos cinco años (2026-2031), tras una década de inestabilidad política al haber tenido ocho presidentes, debido a una sucesión de destituciones presidenciales promovidas por el Parlamento.

EFE

Ocurrió lo mismo en 2021. Entonces, fue Pedro Castillo quien logró la victoria ante Keiko Fujimori. Y la líder derechista no lo aceptó, se revolvió durante semanas, apeló, impugnó y logró retrasar durante más de un mes el reconocimiento oficial de la victoria de Castillo.

Pero también pasó después de la primera vuelta en abril. Entonces, las derechas se revolvieron contra el recuento que colocaba a Sánchez en la segunda vuelta. De nuevo, se produjeron impugnaciones y retrasos que impidieron al candidato de Juntos por el Perú entrar en campaña hasta varias semanas después que su rival, Keiko Fujimori, quien acabó en primer lugar en la primera vuelta.

Este lunes a medianoche en Lima, el recuento se encontraba en el 95,3% escrutado y otorgaba un 50,112% para Sánchez frente a un 49,888% para Fujimori –unos 40.000 votos de diferencia–. No obstante, falta, entre lo que queda por contar, la mayoría de los en torno a 400.000 votos del exterior, donde la derecha suele imponerse a la izquierda.

“Estamos confiados y optimistas, pero el conteo al 100% aún está por develarse”, reconocía este lunes Sánchez ante la prensa: “Estamos con tranquilidad para respetar los resultados. Lo que viene es trabajar por el país e invocar a todos los consensos, porque Perú tiene que parar la inestabilidad política, la criminalidad y la pobreza”.

Las elecciones muy probablemente serán objeto de fuertes disputas, por lo que está en juego no es solo el próximo mandato presidencial, sino, cómo de la ya frágil democracia peruana.

Las autoridades electorales peruanas disponen de hasta 30 días para certificar los resultados oficiales. Incluso después de que el portal público de resultados refleje el 100% de las actas procesadas, el desenlace aún no es definitivo, ya que las autoridades deben revisar las solicitudes de revisión y resolver las impugnaciones legales contra resultados concretos.

Dos Perús

Esta segunda vuelta demuestra que el país está partido entre dos formas de ver Perú.

Por un lado, es una confrontación entre el retorno a las políticas económicas, sociales y de seguridad de la derecha dura asociadas al fujimorismo de los años noventa (1990–2000) y un nuevo intento de gobierno de izquierda tras la breve y convulsa presidencia de Pedro Castillo (2021–2022).

Al mismo tiempo, evidencian el profundo antifujimorismo y anticastillismo como ejes del escenario político. Pero también es una oportunidad para poner fin a una década de inestabilidad, durante la cual el país ha tenido ocho presidentes en diez años, incluidos cuatro en los últimos cuatro, una crisis impulsada en parte por el poder desmedido del Congreso y de las fuerzas políticas que lo controlan, entre ellas el partido de Fujimori.

¿Quién es Keiko Fujimori?

Keiko Fujimori es hija del exdictador Alberto Fujimori, con quien también ejerció como primera dama entre 1994 y 2000.

Durante su gobierno, Alberto Fujimori socavó la democracia peruana, incurrió en una corrupción generalizada y ordenó graves violaciones de derechos humanos, incluidas esterilizaciones forzadas dirigidas principalmente contra mujeres indígenas, desapariciones forzadas, torturas y asesinatos cometidos por escuadrones de la muerte.

Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad, incluidas masacres, desapariciones forzadas y secuestros en 2009.

Desde la salida de su padre del poder, Keiko Fujimori ha seguido siendo una de las figuras políticas más influyentes del país, heredando el liderazgo del movimiento político fujimorista, que fue relanzado bajo el nombre de Fuerza Popular a inicios de la década de 2010.

¿Y Roberto Sánchez?

Psicólogo de formación, Roberto Sánchez es un dirigente político de izquierda, congresista desde 2021.

Fue ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el gobierno de Pedro Castillo.

Castillo fue destituido y encarcelado apenas 15 meses después de asumir la presidencia, tras un intento fallido de disolver el Congreso, gobernar por decreto y reformar el sistema de justicia. “En correspondencia a las normas vigentes y a las prerrogativas constitucionales que tiene el presidente en ejercicio otorgaríamos la gracia presidencial para la libertad del presidente Pedro Castillo”, dijo Sánchez en una entrevista con elDiario.es.

Antes de su caída, su gobierno fue blanco de una sostenida campaña de oposición liderada por Fuerza Popular y sus aliados, marcada por la obstrucción política y marcada por una retórica abiertamente racista.

Sánchez cuenta con el respaldo de Pedro Castillo, y su campaña ha girado en torno a la defensa de la libertad del exmandatario. Para muchos peruanos, Castillo fue encarcelado injustamente y su caso se ha convertido en un símbolo de la discriminación y el racismo que históricamente han enfrentado los sectores rurales e indígenas por parte de las élites políticas y económicas del país. En un gesto que busca reforzar esa identificación, Sánchez ha incorporado elementos simbólicos asociados a Castillo, incluyendo el tradicional sombrero chotano de ala ancha que popularizó durante su campaña presidencial.

Además de prometer el indulto de Pedro Castillo, Sánchez se ha comprometido a convocar un referéndum nacional para redactar una nueva Constitución que reemplace a la aprobada bajo Alberto Fujimori tras el autogolpe de 1992.

“Nosotros aspiramos a una democracia participativa”, decía Sánchez en su entrevista: “Hoy se nos ha arrebatado por esta fuerza parlamentaria mayoritaria de la señora K. Nos ha arrebatado el derecho al referéndum, ya no existe el derecho al referéndum en Perú. Debemos de derogar esa norma para volver a aplicar y preguntarle al país si es el momento de una gran Asamblea Constituyente democrática, con el método de consenso y la consulta pública nacional vinculante”.

Sánchez, no tan mal en Lima

Tradicionalmente, el voto progresista se concentra en la sierra y las provincias del sur. Mientras que la costa, Lima incluida, junto con el norte votan conservador. Sin embargo, el rechazo que genera Keiko Fujimori en amplios sectores de la sociedad ha facilitado la remontada de Sánchez, según explican en las filas de Juntos Por el Perú.

“Cómo era previsible, Roberto Sánchez pasó a liderar el recuento oficial”, afirma Gustavo Guerra García, miembro del equipo económico de JP: “El triunfo se explica por un crecimiento importante de más de 10 puntos en Lima [con respecto a la primera vuelta] y un recorte de las diferencias en el voto de los peruanos en el exterior.. El Perú se ha llenado de democracia y de dignidad”..

¿Hasta el miércoles?

El recuento es tan agónico, voto a voto, que puede que no termine de definir un ganador hasta el miércoles, como ocurrió en 2021 con Pedro Castillo,. Mientras tanto, los dos candidatos se mueven en una suerte de empate técnico, si bien el recuerdo de hace cinco años presagia una victoria de Sánchez, en tanto que superó a su rival con el 93% de los votos escrutados, momento similar a cuando lo hizo Castillo (94%)

Eso hizo que Sánchez ya hiciera su intervención desde el balcón de la plaza de San Martín con aires de ganador.

Precisamente el miércoles, informó la Cancillería de Perú, es cuando terminará el envío al país de las actas de votación en el extranjero, que corresponden a 2.506 mesas instaladas en 73 países. Tradicionalmente, el voto extranjero es más proclive a la derecha que a la izquierda.

Atomización

La primera vuelta, celebrada el 12 de abril, contó con 35 candidatos y estuvo marcada por  problemas logísticos —especialmente en algunas zonas de Lima— que llevaron a las autoridades electorales a extender la votación un día más en ciertos puestos de votación.

Las interrupciones dieron lugar a impugnaciones legales y denuncias de fraude, retrasando por más de un mes la confirmación de Roberto Sánchez como contendiente en la segunda vuelta. De cara al balotaje de este domingo, crece la preocupación por la posibilidad de que surjan nuevas acusaciones de fraude —especialmente si Roberto Sánchez resulta vencedor—, dado que Fujimori denunció fraude e intentó anular cientos de miles de votos tras su derrota en 2021, pese a que los observadores internacionales no encontraron evidencia de fraude.

Veinte horas después de que arrancara el recuento en Perú, el candidato progresista, Roberto Sánchez, tomó la delantera, por la mínima en la segunda vuelta de las presidenciales en Perú frente a la derechista Keiko Fujimori. Con el 94% de voto escrutado, el candidato de Juntos por el Perú supera a la de Fuerza Popular –50,03% frente a 49,96%– y acaricia una ajustada victoria que augura un largo proceso de impugnaciones por parte de Fujimori. Eso sí, también están pendientes mesas del exterior que suelen ser más conservadoras.

De esta manera, Sánchez está haciendo buenos los dos llamados conteos rápidos de las encuestadoras publicados este domingo a las nueve de la noche, que le concedían la victoria con una ventaja muy estrecha. Así, el candidato de Juntos por el Perú estaría dando la vuelta a las encuestas a pie de urna, que habían puesto en cabeza a la candidata de las derechas y ex primera dama Keiko Fujimori.

De acuerdo con el recuento rápido de Ipsos, Sánchez ganaría con el 50,3% de los votos frente al 49,7% de Fujimori –con un margen de error del 1,9%–. Asimismo, el recuento rápido de actas oficiales de la encuestadora Datum, también con un margen de error del 1,9%, sitúa a Sánchez con un 50,14% y a Fujimori con un 49,86%.

¿Y a qué se debe este cambio cuando apenas quedan seis puntos por contar? “Los votos provenientes de zonas rurales y del sur del país suelen ser contabilizados y transmitidos más tarde. Dado que estas regiones han mostrado un respaldo mayoritario a Sánchez, la diferencia entre los candidatos podría variar significativamente a medida que se incorporen más votos al conteo oficial”, explica Francesca Emanuele, Asociada Senior de Política Internacional del Center for Economic and Policy Research (CEPR) y jefa de la misión de observación electoral del think tank estadounidense en Perú.

Desde el balcón del partido Obras, una de las formaciones de la coalición que le apoya, Sánchez afirmó este domingo por la noche ante sus seguidores: “Este es el día de la recuperación de la democracia. Queremos poner delante de ustedes la serenidad, el respeto democrático, el sentido del voto del pueblo peruano”.

Sánchez, que prometió el indulto al encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), señaló: “Hay una ventaja importante que reafirma la voluntad del pueblo que quiere justicia”.

Fujimori, por su parte, dijo: “Nos encontramos en un empate técnico, hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda, por tal razón, serán días largos hasta conocerlo. Sería irresponsable definir el resultado en base a una muestra como es el conteo rápido que utiliza aproximadamente 1.000 actas de 90.000 que se tiene a nivel nacional. Quiero decir al pueblo peruano que no pierda la esperanza, necesitamos calma y serenidad y vamos a esperar con mucha fe el resultado final”.

Las declaraciones de Fujimori anuncian unas largas semanas de impugnaciones y una proclamación oficial dentro de un mes cuando esté contado el 100% de los votos. El escenario reproduciría lo ocurrido en 2021 entre Fujimori y Castillo, pero también lo ocurrido en la primera vuelta para impedir que Sánchez la pasara.

“Los problemas logísticos que marcaron la primera vuelta, sumados a las acusaciones infundadas de fraude y a las posteriores impugnaciones de actas, retrasaron durante más de un mes la confirmación oficial del candidato que obtuvo el segundo lugar, generando condiciones desiguales para la competencia entre los dos aspirantes que disputan la segunda vuelta”, explica la analista de CEPR Francesca Emanuele: “Es fundamental que Perú evite una repetición de lo ocurrido tras las elecciones de 2021, cuando las acusaciones infundadas de fraude de la entonces candidata presidencial Keiko Fujimori provocaron una demora sin precedentes en la certificación de los resultados y en el reconocimiento oficial de la victoria de Pedro Castillo”.

Dadas sus declaraciones en campaña, es previsible que Fujimori alegue fraude si resulta derrotada, como ocurrió en las elecciones de 2021, cuando solicitó la anulación de alrededor de 200.000 votos después de que su rival, Pedro Castillo, ganara en la segunda vuelta con una estrecha ventaja. La victoria de Castillo fue posteriormente ratificada y asumió la presidencia al mes siguiente. 

“Los días posteriores a la votación del domingo serán tan importantes como la propia jornada electoral”, afirma Emanuele. “Las instituciones democráticas del Perú estarán bajo escrutinio y la comunidad internacional observará atentamente lo que ocurra”.

Fujimori es hija del exdictador Alberto Fujimori, quien fue condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad, incluidas masacres, desapariciones forzadas y secuestros en 2009.

Entre 1994 y 2000, Keiko Fujimori ejerció como una de las principales representantes públicas del gobierno autoritario de su padre, y se ha postulado sin éxito a la presidencia peruana en tres ocasiones anteriores.

Fujimori se impuso en la primera vuelta con un 17,18% de los votos, seguida por Sánchez con un 12,03% y López Aliaga (Renovación Popular) con un 11,9%, a solo 21.210 del aspirante de izquierdas y después de que los primeros resultados que se fueron conociendo situasen al ultraderechista en segundo lugar.

Los profundos antifujimorismo y anticastillismo siguen marcando el escenario político. Muchos peruanos esperan que estos comicios ayuden a poner fin a una década de inestabilidad, durante la cual el país tuvo ocho presidentes en diez años, incluidos cuatro en los últimos cuatro, una crisis impulsada en parte por el poder desmedido del Congreso y de las fuerzas políticas que lo controlan, entre ellas el partido de Fujimori.

La primera vuelta, celebrada el 12 de abril, contó con 35 candidatos y estuvo marcada por problemas logísticos —especialmente en algunas zonas de Lima— que llevaron a las autoridades electorales a extender la votación un día más en ciertos puestos de votación.

La segunda vuelta ha reconfigurado los bloques políticos en torno a Fujimori y Fuerza Popular, y Sánchez y Juntos por el Perú (JPP).

El candidato ultra que quedó tercero, López Aliaga, de Renovación Popular, respaldó a Fujimori, sumándose al bloque de derechas que también incluye a los candidatos de la primera vuelta Carlos Espá (SíCreo), Roberto Chiabra (Unidad Nacional/PPC/Unidad y Paz), José Williams (Avanza País), Rafael Belaúnde Llosa (Libertad Popular). Fujimori también cuenta con apoyos de los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski y José Jerí, y de la extrema derecha europea, como Vox.

Por otro lado, Sánchez formó una coalición antifujimorista y de centroizquierda que incluye a Ricardo Belmont (Partido Cívico OBRAS), Alfonso López Chau (Ahora Nación), Marisol Pérez Tello (Primero la Gente), Ronald Atencio (Venceremos), Rosario Fernández (Un Camino Diferente), Yonhy Lescano (Cooperación Popular), Armando Massé (Partido Democrático Federal), así como el Partido de los Trabajadores y Emprendedores, Todo con el Pueblo, Nuevo Perú, Voces del Pueblo, Unidad Popular, Adelante Pueblo Unido, Resurgimiento Unido Nacional y los expresidentes Pedro Castillo y Martín Vizcarra.

En un esfuerzo por demostrar que está preparado para gobernar Perú con esta coalición de partidos y movimientos, Sánchez ha presentado un programa de segunda vuelta titulado 'Prioridades Estratégicas para la Gobernabilidad y el Desarrollo Equitativo de la Nación Peruana: 2026-2031', y un equipo técnico ampliado de 124 personas que incluye profesionales de otros partidos y movimientos políticos.

Mientras tanto, Fujimori ha estado promocionando el respaldo de políticos de extrema derecha de la región, incluso a través de videollamadas con la política venezolana María Corina Machado, actualmente radicada en Estados Unidos, y el candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella.

También recibió el apoyo de última hora de los representantes republicanos estadounidenses de Florida, María Elvira Salazar y Carlos A. Giménez, quienes respaldaron a de la Espriella antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia el 21 de enero y que anteriormente han sido acusados de “acciones intervencionistas” en ese país.

Más de 27,3 millones de peruanos están convocados a las urnas para elegir a la opción que obtendrá el derecho de gobernar el país por los próximos cinco años (2026-2031), lo que será el noveno presidente del país en los últimos diez años, tras una década de inestabilidad política por una sucesión de destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento.

La ventaja de la candidata derechista Keiko Fujimori sobre el izquierdista Roberto Sánchez se redujo a 0,14 puntos al llegar al 93% del escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, celebrada este domingo.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori obtiene el 50.069% de los votos válidos, mientras que el escudero y representante del encarcelado expresidente Pedro Castillo logra el 49.931%% .

En número de votos, la líder del partido fujimorista Fuerza Popular obtiene 8.756.646 votos, por delante de los 8.732.482 que registra el líder del partido de izquierda Juntos por el Perú. La diferencia es de apenas 24.164.

Dos proyecciones publicadas en la noche del domingo vaticinan que la diferencia entre ambos candidatos se reducirá a niveles mínimos a medida que avance el escrutinio, con la posibilidad de que Sánchez adelante incluso a Fujimori.

La muestra elaborada por la empresa Ipsos para la Asociación Civil Transparencia, con un margen de error del 1,9%, otorgó un 50,3% a Sánchez, contra un 49,7% a Fujimori.

Mientras, otra proyección con actas oficiales de la empresa privada Datum Internacional, con un margen de error de 1%, señaló que Sánchez recibió un 50,14% y Fujimori un 49,86%.

Los primeros votos en escrutarse pertenecen en su mayoría a la capital, Lima, y a otras ciudades del país, donde Fujimori es la candidata más votada, mientras que Sánchez concentra sus apoyos en zonas rurales, cuyos votos acostumbran a ser los últimos en contabilizarse, junto a los votos del extranjero, que favorecen principalmente a la candidata de derecha.

En las dos últimas citas electorales, Fujimori, que se presenta por cuarta vez a la Presidencia de Perú, se quedó a las puertas del Palacio de Gobierno de Lima por apenas 40.000 votos respecto a Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

Más de 27,3 millones de peruanos estaban convocados a las urnas para escoger a la opción que gobernará el país para los próximos cinco años (2026-2031), tras una década de inestabilidad política que ha sumado ocho presidentes en diez años, producto de una serie de destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento.

EFE

Algo más de 27 millones de peruanos deberán elegir este domingo entre la candidata conservadora y de derecha Keiko Fujimori, de Fuerza Popular (FP), y el progresista Roberto Sánchez de Juntos por el Perú (JP), en una segunda vuelta a la que el país llega tras casi dos meses de incertidumbre debido a la accidentada primera votación del 12 de abril, cuyos resultados fueron oficializados tras unos largos y tensos 35 días.

Las más recientes encuestas difundidas a principios de la semana mostraron una ligera ventaja de Fujimori, hija del ya fallecido expresidente y dictador condenado por delitos de lesa humanidad Alberto Fujimori (1990-2000), quien busca la presidencia por cuarta vez.

Mientras en una encuesta elaborada oralmente alcanzó un 38% frente a un 35% de Sánchez, en un simulacro de votación de la empresa Ipsos se impuso con el 51,4% de los votos válidos frente al 48,6%, dentro del margen de error.

“En el simulacro, el 10,5% dejaron la cédula en blanco y el 10,8% viciaron su voto. Es probable que parte de los que votaron en blanco sean en realidad indecisos. A su vez, el 74% de los votantes de cada candidato declara tener su voto ya decidido, pero el 26% restante podría cambiar su opinión”, precisó el informe de la encuestadora.

La precisión sobre los porcentajes correspondientes a indecisos y votos nulos no es gratuita, teniendo en cuenta que las encuestas previas a la primera vuelta no advirtieron el ascenso de Sánchez, afín al expresidente hoy encarcelado Pedro Castillo (2021-2022), quien en algunos sondeos no aparecía ni siquiera entre los cinco primeros y acabó conquistando el segundo lugar por encima de favoritos como el ultraderechista Rafael López Aliaga.

Dudas y desconfianza electoral

La primera vuelta de abril en Perú alcanzó ribetes extraordinarios por más de una razón. En primer término, por el número récord de candidatos: 35. Una cifra que vaticinaba la dispersión del voto. A esa complejidad se sumó la de la reposición del sistema legislativo bicameral, que también se metió en la votación.

Por si fuera poco, la jornada de sufragio registró irregularidades que fueron ampliamente denunciadas: desde la demora en la apertura de recintos de votación hasta la no apertura de mesas electorales, que llevaron a prolongar las horas de voto hasta el día siguiente.

Para más inri, la lentitud en el cómputo de votos sembró una creciente desconfianza ciudadana por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), entidad organizadora de las elecciones, y llevó a que el candidato López Aliaga denunciara abiertamente un fraude, sin pruebas, y demandara la anulación de los comicios. La presión se saldó con la renuncia del director de la ONPE, Piero Corvetto.

Los resultados no se proclamaron hasta el 17 de mayo, 35 días después de la primera vuelta. La lentitud fue atribuida a la revisión de más de 68.000 actas observadas y a la transmisión en directo de más de 2.300 audiencias públicas.

Fujimori resultó primera con el 17,18% de los votos, seguida por Sánchez con el 12,03% y López Aliaga (Renovación Popular) con el 11,9%, a solo 21.210 del aspirante de izquierda y después de que los primeros resultados que se fueron conociendo situasen al ultraderechista en segundo lugar.

Se anticipa un resultado muy ajustado y existe el riesgo de que se repitan las voces de fraude y que no se reconozcan los resultados electorales, sobre todo si pierde Fujimori

Eliana Carlín — Politóloga y analista

Para la politóloga y analista Eliana Carlín, el impacto de la primera vuelta sobre el proceso electoral aún en curso ha sido enorme. Recuerda que solo Fujimori tenía la certeza de estar en el balotaje, mientras que Juntos por el Perú “pasó varias semanas atendiendo impugnaciones y defendiendo la votación para que se confirme el pase a segunda vuelta”.

Ni siquiera la renuncia de la cabeza de la ONPE liberó suficientemente la presión ante la nueva votación, para la que se anticipa “un resultado muy ajustado y existe el riesgo de que se repitan las voces de fraude y que no se reconozcan los resultados electorales, sobre todo, si pierde Keiko Fujimori”, pronostica Carlín.

El investigador Hernán Chaparro no descarta que el cómputo vuelva a demorarse más de lo recomendable, más aún a sabiendas de la experiencia de la primera vuelta: “Puede que demore mucho porque es probable que se impugnen muchas mesas”. 

Ante esa eventualidad, el también catedrático del departamento de Comunicación de la Universidad Católica espera una mejor respuesta de la ONPE. Recomienda puntualmente que habilite “una sala de prensa abierta permanente para informar de los avances”, algo que “hizo siempre salvo en esta primera vuelta”. De no hacerlo, advierte, “la gente comienza a tomar datos y hacer cálculos sin soporte alguno”.

Incertidumbre ante resultados

Más allá de las estimaciones de las encuestas, las predicciones sobre el eventual ganador se han tornado complejas. El inesperado desempeño de Sánchez ha echado por tierra muchos cálculos y planes, al tiempo que ha devuelto a primer plano el “antifujimorismo” de la sociedad peruana y la fuerza del voto rural por un candidato que fue ministro del malogrado Pedro Castillo.

Chaparro cree que las elecciones las decidirán los que “aún lo están pensando”. “Muchos de centro o centroizquierda estaban pensando votar viciado [nulo] porque no confían en ninguno de los dos, pero JP ha girado al centro y el fujimorismo no ha mostrado intención de cambiar con relación a lo que ha hecho su bancada del 2021 al 2026. Eso son puntos a favor de JP y en contra de FP”, apunta el investigador.

En la misma línea, Carlín observa que la resurrección del antifujimorismo podría ser determinante para volcar la balanza en favor de Sánchez. La analista se remite a la última ola de protestas en el país andino, cuando la represión posterior a la salida de Castillo asesinó a casi 50 personas. “Eso, naturalmente, debilitó mucho el tejido social”, dice.

La politóloga también valora la apuesta de Sánchez por convocar a otras fuerzas políticas progresistas y conformar un frente por la gobernabilidad. “Yo creo que esto puede terminar por definir las elecciones. Sin embargo, es importante mencionar que Fujimori se ubica arriba en las encuestas, y tiene el apoyo cerrado de la prensa y el gran empresariado”, matiza.

El inesperado desempeño de Sánchez ha echado por tierra muchos cálculos y planes, al tiempo que ha devuelto a primer plano el “antifujimorismo” de la sociedad peruana y la fuerza del voto rural por un candidato que fue ministro del malogrado Pedro Castillo

Una vez que se conozcan los resultados de la segunda vuelta, quien resulte electo deberá enfrentar un problema más complejo en el Perú contemporáneo: durar en el gobierno. En un país que ha registrado ocho presidentes en los últimos 10 años, la estabilidad se ha vuelto un ideal político casi inalcanzable, sobre todo por el papel del Congreso para destituir mandatarios y reemplazarlos con una facilidad pasmosa.

En este contexto, Chaparro afirma que la estabilidad del gobernante que salga de las elecciones dependerá en última instancia de algo tan elemental como inusual en la cultura política sudamericana: que las autoridades “piensen en el país, casi un contrafáctico”. El catedrático recuerda que el Estado se ha vuelto un botín para diferentes corruptelas, por lo que frenar la corrupción y gestionar bien el Estado son tareas de primer orden. “Lo otro, lograr acuerdos para revertir una serie de leyes dadas por el Congreso con nombre propio. La luna de miel de los últimos gobiernos ha sido muy corta porque quien llegó al gobierno tenía una primera minoría y a la prensa en contra”, señala.

Con la vista puesta en la gobernabilidad, Carlín vaticina un Parlamento fragmentado “con dinámicas nuevas porque se ha cambiado a un Congreso bicameral”, pero en el que los partidos de derecha Fuerza Popular (Fujimori) y Renovación Popular (López Aliaga) tendrían casi la mitad del Senado, lo que les otorgaría un poder dominante. “En el caso de Roberto Sánchez, tendría que hacer alianzas con más grupos y no siempre tan afines para poder gobernar y que no lo vaquen [destituyan] como ocurre en los últimos años”, predice.

La candidata derechista Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, consolidó su primer lugar en los comicios presidenciales de Perú, con 16,88% de votos válidos, cuando se ha escrutado el 60% de los sufragios de las elecciones generales de este domingo, señaló el cómputo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), es seguida por el ultraderechista Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, con 13,88% de los sufragios, y por el centrista Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, con 12,50% de los votos.

De mantenerse estos resultados al término del escrutinio, Fujimori y López Aliaga disputarán la Presidencia de Perú en una segunda vuelta, el próximo 7 de junio.

El cómputo de la ONPE, precisó que Fujimori ha recibido, hasta el momento, 1.838.531 votos, mientras que López Aliaga tiene 1.511.437, y Nieto llega a 1.361.296.

Tras estos tres candidatos aparece, el populista Ricardo Belmont, del partido Obras, con 9,8% y 1.082.166 votos, y el izquierdista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con 8,5% y 932.811 votos.

Esta es la primera vez que Sánchez aparece entre los cinco candidatos más votados en el cómputo oficial, ya que un conteo rápido que ofreció la empresa Ipsos este lunes le dio la principal opción de disputar la segunda vuelta electoral con Fujimori, en una reñida disputa con López Aliaga y Nieto.

Otro conteo rápido realizado y difundido este domingo por la empresa Datum señaló que Fujimori y López Aliaga disputarán la segunda vuelta.

De confirmarse las proyecciones, será la cuarta vez seguida que la candidata de Fuerza Popular estará en la segunda vuelta, después de haber perdido en esa instancia en las tres ocasiones anteriores ante Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

Más de 27,3 millones de peruanos fueron convocados el domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho mandatarios en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.

La jornada estuvo marcada por problemas en la distribución del material electoral en varios distritos de Lima, que provocó retrasos en el inicio del sufragio e incluso el impedimento de votación en 13 colegios de la capital, que dejó sin ejercer su derecho a 52.261 personas, algo que después el jurado electoral ordenó que se solucione con la ampliación de la votación hasta este lunes.

EFE

Las elecciones presidenciales de Perú celebradas este domingo se encaminan a una segunda vuelta entre la derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y, probablemente, el ultraderechista Rafael López Aliaga (Renovación Popular), quien denunció sin pruebas fraude y pidió capturar al organizador de los comicios, tras una jornada electoral marcada por problemas logísticos que obligaron a extender la votación al lunes en trece colegios.

De acuerdo a un conteo rápido de 1.500 actas realizado por la encuestadora Datum, Fujimori obtiene el primer lugar con el 16,8% de votos válidos, seguido de López Aliaga (12,9%) y del centrista Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), con 11,4%, único que podría poner en jaque la segunda plaza del empresario admirador de Donald Trump.

De confirmarse esta proyección, será la cuarta vez seguida que la candidata estará en la segunda vuelta, después de haber perdido en esa instancia en las tres ocasiones anteriores ante Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

Mientras, para López Aliaga será la primera vez en esa instancia tras no alcanzarla en 2021 y posteriormente ganar las elecciones para alcalde de Lima, cargo del que dimitió el año pasado para volver a ser candidato presidencial.

Al 40% de votos escrutados, Fujimori tiene el 17,1% de votos válidos, López Aliaga el 16,4% y Nieto el 13,8%.

Tras conocer estos resultados, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-200) celebró que la izquierda esté cerca de quedarse fuera de la segunda vuelta.

“Los resultados del conteo rápido son una señal muy positiva para el país, porque el enemigo es la izquierda, y de acuerdo a los resultados del conteo, no estarían en la segunda vuelta, y eso es muy positivo para todos los peruanos”, enfatizó Fujimori.

La candidata y líder de Fuerza Popular, que hizo una campaña en la que reivindicó plenamente el gobierno de su difunto padre, autor de un autogolpe de Estado en 1992, y posteriormente condenado a 25 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos, entre otras sentencias por corrupción, sostuvo que “desde hace 25 años nos gobierna el antifujimorismo, que lo único que ha hecho es buscar excusas y lanzar muchos insultos”.

“Nosotros no guardamos rencor. Todos estos años nos hicieron mejores. El país no lo salva una sola persona, sino un equipo, y este equipo se dirige y gobierna desde la Presidencia”, dijo la candidata durante una intervención desde un hotel de Lima donde aguardó los resultados del conteo rápido.

Fujimori dijo que “Perú no aguanta más improvisaciones. ”Hoy no es un día de festejo, porque nuestro país vive tiempos difíciles, pero es un día de muchísima esperanza. Nuestro país está mucho más cerca de recuperar el orden“, recalcó.

La jornada electoral comenzó con grandes retrasos en la apertura de importantes centros de votación en la capital Lima, debido a la falta de material electoral, que hizo que unos 52.000 electores se quedasen sin poder votar, una situación que motivó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a autorizar, en una decisión inédita, que la votación en esos locales se haga este lunes.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), encargada de organizar las elecciones, atribuyó el problema a la empresa contratada para el reparto, que en algunos puntos llegó cinco horas después de la hora de inicio de la votación. De acuerdo al reporte oficial, se lograron instalar el 99,8% de las mesas electorales a nivel nacional.

Pese a la decisión de extender la votación al lunes, López Aliaga (Renovación Popular) demandó penalmente al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, por omisión de funciones y solicitó a la Fiscalía que ordene su captura inmediata, al considerar que “no es casualidad” que se quedasen sin abrir colegios en zonas donde, según él, votan mayoritariamente por Renovación Popular.

No obstante, tanto las misiones de observación electoral de la Unión Europea (UE) como de la Organización de Estados Americanos (OEA) reportaron una jornada electoral sin irregularidades y con una gran afluencia de electores, pese a los problemas para la apertura de determinados locales de votación.

EFE

Treinta y cinco candidatos, un número récord en Latinoamérica, aspiran a la presidencia de Perú en las elecciones generales de este domingo 12 de abril, en las que se prevé una segunda vuelta para renovar el poder político en un país donde ser presidente se volvió sinónimo de ceses tempranos e incluso de acabar en la cárcel.

Las últimas encuestas autorizadas por la Ley Orgánica de Elecciones coinciden en que la derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular), hija del fallecido dictador Alberto Fujimori, se ubica a la cabeza de la intención de voto, con porcentajes que fluctúan entre el 13 y el 18%. Le siguen el comediante de centroderecha Carlos Álvarez (País para Todos) y el empresario ultraconservador Rafael López Aliaga (Renovación Popular), exalcalde de Lima, quienes se disputan el segundo lugar para aspirar a la segunda ronda del 7 de junio.

Más de 27 millones de peruanos están habilitados para votar por un presidente, dos vicepresidentes, 60 senadores, 130 diputados y 5 representantes para el Parlamento Andino. Un total de 198 autoridades se elegirán en estos comicios cuyos primeros resultados oficiales deberían conocerse en la noche de este domingo. Los datos finales están previstos para el mediodía del lunes, según la Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE).

Ocho presidentes en diez años

El ganador de las elecciones presidenciales sucederá en la presidencia a José María Balcázar, el cuarto mandatario del periodo presidencial 2021-2026 que originalmente estuvo al mando del profesor y sindicalista de izquierdas Pedro Castillo, vencedor de la segunda vuelta ante Keiko Fujimori. Sin embargo, una tentativa de autogolpe de Estado para intentar evitar una eventual destitución del mismo Congreso llevó al cese y encarcelamiento de Castillo menos de un año y medio después de haber asumido funciones.

Lo reemplazó la abogada Dina Boluarte, quien gobernó entre diciembre de 2022 y octubre de 2025 con una gran impopularidad —también fue objeto de numerosas investigaciones abiertas por la Fiscalía—. Una vez destituida por el Congreso, acusada de “permanente incapacidad moral” para gestionar la crisis de seguridad en el país, la relevó el abogado José Jerí, quien ocupó el puesto entre octubre de 2025 y febrero de 2026. Su corto mandato acabó a raíz de unos sospechosos encuentros con empresarios chinos que fueron bautizados como “chifagate”. En su reemplazo, el Congreso eligió el 18 de febrero a Balcázar, abogado y exjuez, quien debería entregar el poder al ganador del proceso electoral el 28 de julio de este año para que gobierne entre 2026 y 2031.

Sin embargo, pocos se animarían a predecir que el gobernante entrante complete su periodo de cinco años. El último presidente en cumplir plenamente su mandato fue Ollanta Humala (2011 y 2016). En el siguiente quinquenio se sucedieron cuatro mandatarios: Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Manuel Merino (2020) y Francisco Sagasti (2020-2021). El primero de ellos renunció acorralado por su implicación en el escándalo Lava Jato. El segundo fue destituido por el Congreso, acusado de sobornos durante su paso como gobernador de la región de Moquegua. El tercero apenas aguantó cinco días en la presidencia antes de renunciar por las protestas sociales en su contra. El cuarto hizo la transición en la que se organizaron nuevas elecciones y entregó el poder a Castillo.

En total, durante los últimos 10 años, Perú fue gobernado por ocho presidentes, solo dos de ellos elegidos en las urnas. De esos ocho, dos están en la cárcel. Además de Castillo, recluido desde diciembre de 2022 y recientemente condenado a 11 años y cinco meses de cárcel, Vizcarra cumple una condena en primera instancia de 14 años de prisión por cohecho pasivo. También están tras las rejas Alejandro Toledo (2001-2006), condenado a 20 años y 6 meses de reclusión por aceptar sobornos de la constructora Odebrecht, y Humala, procesado por lavado de activos y financiación ilícita de campañas electorales. 

Un caso especial es el de Kuczynski, quien cumplió arresto domiciliario y continúa bajo investigaciones. No menos particular es el caso del dos veces presidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011), quien se suicidó en 2019 cuando la policía peruana se aprestaba a detenerlo por su vinculación con el caso Odebrecht. 

El fenómeno de “captura del Estado”

Aun con estos antecedentes, que convirtieron la presidencia del Perú en un cargo de alto riesgo legal y administrativo, las elecciones de 2026 convocaron la cifra récord de 35 candidatos. 35 potenciales expresidentes antes de los cinco años.

“Existe esta visión de los partidos políticos casi como un ‘pequeño emprendimiento personal’, sin ninguna ideología cohesionadora o proyecto de país claro”, dice la politóloga y analista política Eliana Carlín, sobre la cantidad de postulantes. “En esta lógica, dentro de cada partido convergen intereses económicos que son los que movilizan a quienes se suman a estos proyectos políticos. El Estado es visto, la mayoría de las veces, como un botín”, añade. 

El investigador Hernán Chaparro apunta que las candidaturas obedecen a la necesidad de mantener cuotas de poder, ya sea desde el Ejecutivo o el Congreso. “Se usa al Estado para repartir puestos de trabajo, hacer clientelismo y negocios, pero también para copar el sistema judicial y/o legislativo y frenar los juicios o investigaciones que tienen”, dice el también catedrático del departamento de Comunicación de la Universidad Católica. “No por gusto la población considera que el principal problema del país es la corrupción”, sentencia. 

El antifujimorismo, que fue muy fuerte sobre todo en 2016, ya parece más atenuado. Es una coyuntura más favorable para ella, pero todo partido se inicia con el pitazo inicial

José Carlos Requena — analista político

La proliferación desmedida de candidaturas tiene también una explicación más estructural. Carlín se remite a la reforma legislativa de 2019, año en que cambió la disposición de inscribir un partido político con más de 700.000 firmas de adherentes. “La reforma eliminó ese requisito y lo sustituyó por un padrón de afiliados equivalente al 0,1% del padrón electoral, aproximadamente 24.000 personas”, explica. “Eso facilitó una inscripción masiva de nuevas organizaciones políticas que llegaron al proceso de 2026”.  

El analista político José Carlos Requena recuerda que la reforma contemplaba originalmente dos etapas: la flexibilización de los requisitos para inscribir partidos y la organización de elecciones primarias. “La expectativa era que esta reforma tuviera una segunda parte, las elecciones primarias, que nunca se implementaron”, dice el también socio de la consultora Público.

Complementa esta interpretación Chaparro, para quien las primarias debían servir como filtro a fin de que en la etapa final solo se presentaran ocho a 10 agrupaciones políticas. “Como los grupos que están en el Congreso sabían que iban a tener bajos niveles de votación, vieron que lo mejor era promover la fragmentación”, aduce. A este factor, el catedrático añade otros dos: “La dificultad de quienes buscan renovar la política para juntarse y construir alternativas partidarias. Primaron los egos. Y que hay quienes solo fundan un partido para luego rentar los espacios al Congreso o incluso las candidaturas presidenciales. Lo que acá llamamos partidos vientres de alquiler”.

A segunda vuelta con Keiko

Los tres analistas consultados coinciden en que la segunda vuelta electoral es inminente. También comparten que, en su cuarta postulación a la presidencia, Keiko Fujimori tiene prácticamente asegurada su participación en la votación del 7 de junio. En lo que no muestran un consenso absoluto es en las posibilidades que tendría la hija del expresidente, también encarcelado por crímenes de lesa humanidad, para salir finalmente airosa de la contienda electoral.

Chaparro cree que el “antifujimorismo” aún tiene en Perú el peso suficiente para llevar a Keiko a una nueva derrota. “El antifujimorismo es muy grande. La mayor probabilidad es que vuelva a perder”, pronostica el investigador. Carlín coincide en que esa tendencia electoral “ha demostrado ser, en el Perú contemporáneo, una fuerza electoral más cohesionada que muchas identidades partidarias positivas”. Sin embargo, aclara, “en una segunda vuelta se vuelven a tirar los dados y nada está dicho”.  

Más cauto se muestra Requena. A su entender, los resultados dependerán de la orientación que Keiko le otorgue a su campaña para el segundo turno. “El antifujimorismo, que fue muy fuerte sobre todo en 2016, ya parece más atenuado. Es una coyuntura más favorable para ella, pero todo partido se inicia con el pitido inicial”, plantea.

Los matices interpretativos entre los analistas vuelven a asomar cuando se trata de perfilar al eventual contrincante de Fujimori. Chaparro afirma sin tapujos que será Álvarez quien llegue al balotaje. Lo secunda Carlín: “Carlos Álvarez es un actor cómico con altísimo grado de conocimiento popular, masivo y transversal, que comprende al electorado, y con gran elocuencia debido a su profesión como artista escénico”. 

Requena no se juega por Álvarez ni por López Aliaga. Apunta a una tercera opción: el también exalcalde de Lima Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras), ubicado más al centro que los otros dos. “Creo que él es el que le puede presentar una competencia más complicada a Fujimori”, presume. “Es un personaje mucho más articulado en temas retóricos y, quiérase o no, transmite una imagen de renovación de la que carecen López Aliaga, que acaba de ser alcalde de Lima, o Álvarez, que tiene un par de años en campaña con un partido con sus respectivos pasivos”.

Las coincidencias reaparecen a la hora de dimensionar el papel que tendrá el Congreso peruano en el próximo periodo de gobierno en Perú. Requena cree que su elección “es algo fundamental y va a ser determinante para la estabilidad de quien sea elegido presidente”. En un contexto de “presidencialismo parlamentarizado”, el Legislativo tiene un rol trascendental, advierte Carlín a manera de vaticinar perspectivas poco alentadoras. “Según Transparencia, el 85% de los peruanos percibe al Congreso como la institución más corrupta del país. Esa desconfianza no es arbitraria: responde a escándalos de corrupción documentados en los últimos años, pero también a un patrón de abuso institucional que este Congreso ha consolidado de manera especialmente agresiva”.

Un ejemplo del “abuso” al que alude es la aprobación parlamentaria de la restitución del Senado, una propuesta a la que el 90% de los peruanos se opuso en un referéndum de 2018. Aun así, en 2024 el bicameralismo fue repuesto por los legisladores sin necesidad de otra consulta ciudadana, aprovechando un resquicio legal y el abuso de la mayoría.

Este precedente lleva a Carlín a predecir que “el clima de inestabilidad puede mantenerse considerando que ninguna bancada obtendrá mayoría en el Congreso”. Ello daría pie a que los congresistas sigan abusando de sus facultades de fiscalización, “lo cual nos ha llevado a esta deriva democrática, con apariencia de institucionalidad en la cual se tuercen marcos legales para cesar presidentes, inhabilitar políticos opositores y demás golpes a la democracia”.

El novelista peruano Alfredo Bryce Echenique falleció este lunes a los 87 años, tal y como informa El Comercio de Perú. Bryce Echenique nació en Lima en 1939 y es el autor de novelas que son historia de la literatura como Un mundo para Julius, La vida exagerada de Martín Romaña y Tantas veces Pedro. Su obra radiografió con humor y mala leche a la élite peruana.

Nació el 19 de febrero de 1939 en Lima (Perú), en una familia aristocrática. El autor hizo Derecho en la Universidad Nacional de San Marcos de su país, donde también cursó Letras, doctorándose así años después por La Sorbona de París en Literatura francesa clásica y contemporánea. En 1964, presentó una tesis sobre Ernest Hemingway, transicionando definitivamente al mundo de las letras.

El autor se convirtió en uno de los escritores más destacados del boom latinoamericano, con obras como No me esperen en abril. Además, es un ejemplo de cómo su generación fue compuesta por escritores que, desde distintas perspectivas, retrataron Perú con ironía y también sensibilidad. De hecho, durante su etapa universitaria se relacionó en un ambiente intelectual que lo conectó con la realidad peruana, en contraste con el mundo aristocrático limeño en el que había crecido.

El novelista fue parte de una explosión literaria de autores y títulos procedentes del continente americano, promovida por la editorial catalana Seix Barral y a través de su legendario Premio Biblioteca Breve, del que surgieron figuras como los premios Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa o Gabriel García Márquez, entre otros.

En su paso por esta editorial Seix Barral, responsable de la llegada de autores latinoamericanos hacia España y Europa, publicó el grueso de sus novelas más famosas, como Un mundo para Julius en 1970. Destaca de este periodo el díptico que el autor bautizó como Cuaderno de navegación en un sillón Voltaire, que comprende las novelas La vida exagerada de Martín Romaña y El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz.

Por otro lado, son célebres las obras Reo de nocturnidad (1998), por la que obtuvo el Premio Nacional de Narrativa en España, y La amigdalitis de Tarzán (1999). Posteriormente publicaría en Anagrama, y ya en el siglo XXI, haría lo propio con sus volúmenes de lo que él denominó “antimemorias”, Permiso para vivir y Permiso para sentir, tomos en los que hace una crítica ácida, y no exenta de su característica ironía, de la transformación sufrida por Perú a finales del siglo XX.

Bryce, junto a Vargas Llosa y Julio Ramón Ribeyro, fue uno de los tres grandes exponentes de la literatura peruana de la segunda mitad del siglo XX. Asimismo, fue merecedor en vida del Premio Nacional de Literatura de Perú de 1972 por Un mundo para Julius, así como del Premio Planeta en 2002 por El huerto de mi amada. También recibió en 2002 en Italia el premio Grinzane Cavour por La amigdalitis de Tarzán. No obstante, destacó su rechazo, por convicciones democráticas, de la distinción de la Orden El Sol del Perú que quiso otorgarle el gobierno autocrático de Alberto Fujimori.

Por otro lado, tanto Bryce como Vargas Llosa y Ribeyro compartieron experiencias vitales muy similares, ya que nacieron en familias de la burguesía pudiente de Perú y desde su juventud viajaron al extranjero, principalmente a Francia y España, ya fuera por motivos políticos o por formación literaria. Además, a pesar de regresar con asiduidad a su país de origen, los tres vivieron la mayor parte de su vida en el extranjero.

La ironía como obra de arte

Aunque Bryce no tuvo una carrera de las dimensiones de la de García Márquez o Vargas Llosa, sí destacó por la peculiaridad de su estilo, donde la ironía, o los narradores más impensables, fueron sus instrumentos para contar relatos llenos de amarga crítica, e incluso de autocrítica, pero siempre con una autoironía y un sentido del humor que las humanizaba y permitía que los lectores empatizaran con ellos.

Sin embargo, su literatura no utilizó la baza del humor como un artefacto para mejorar su potencial comercial, sino más bien como un lubricante para desarrollar las más descarnadas críticas, en especial para su país. Bryce no posee, así, obras de la entidad crítica de los Cien años de soledad de Márquez o de Conversación en La Catedral de Llosa, pero con Un mundo para Julius, una suerte de autobiografía de infancia narrada desde la perspectiva de un niño, consiguió diseccionar la alta sociedad limeña de su juventud sin ningún tipo de concesiones.

Racismo, clasismo, machismo y violencia sexual afloran a lo largo de esta novela en comportamientos que, se presume, Bryce atribuye a sus padres. Y lo hace de un modo tan cruel como ingenuo, que es como se supone que ve las cosas un niño. En otras de sus obras, como La vida exagerada de Martín Romaña, Reo de nocturnidad o El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz, la crítica política se diluye en favor del humor, si bien siempre cargado de cuestionamiento a los modos y convenciones sociales.

El mundo lleva 50 años intentando proteger a los humedales —ecosistemas de agua dulce, marinos y costeros—, los cuales cubren apenas 6 % del planeta, pero son cruciales para los seres humanos: son suministro de alimentos, reguladores del agua y un medio de subsistencia para más de 1000 millones de personas.

En Latinoamérica, parte del cuidado de muchos lagos, ríos, acuíferos subterráneos, pantanos, marismas, turberas, pastizales, estuarios, marismas, manglares y más zonas costeras no sería posible sin las prácticas y conocimientos tradiciones de comunidades indígenas y campesinas, como el manejo del agua y sus ciclos, normas comunitarias, calendarios agrícolas y pesqueros, así como sistemas de gobernanza que dan prioridad al equilibrio ecológico, antes que a la explotación de los recursos.

Sin este conocimiento, resultaría complicado conservar los ecosistemas donde habita el 40 % de todas las especies de plantas y animales.

Los humedales también son grandes aliados climáticos por su papel clave para evitar emisiones de gases de efecto invernadero, que en muchos casos almacenan más carbono que los bosques tropicales, pero también son relegados por los tomadores de decisiones a nivel mundial.

Pese a los beneficios que generan, son también uno de los ecosistemas con mayor deterioro. A nivel mundial, se ha perdido el 35 % de los humedales naturales, que desaparecen tres veces más rápido que los bosques, de acuerdo con datos de Naciones Unidas.

En este Día Mundial de los Humedales, Mongabay Latam destaca tres casos en los que los conocimientos tradicionales de comunidades indígenas están restaurando y protegiendo a estos refugios de vida, frente a los impactos de la agroindustria, la construcción, la pesca excesiva, la sobreexplotación de recursos y la crisis climática.

Los pueblos indígenas de la Sierra Nevada realizan estrategias de restauración con comunidades vecinas y autoridades, así como de uso compartido de recursos. Foto: cortesía AIDA[/caption]

Sierra Nevada, donde los humedales sagrados son restaurados por pueblos de Colombia

Para los pueblos indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta —el sistema costero montañoso más alto del mundo—, los humedales que hay en esta región del Caribe colombiano representan espacios sagrados que conectan ecosistemas, pero también culturas y conocimientos.

Jaime Luis Arias Ramírez, gobernador del pueblo kankuamo y miembro del Consejo Territorial de Cabildo de la Sierra Nevada de Santa Marta (CTC), sostiene que los humedales de la región representan una conexión “espiritual, natural y biológica” para los pueblos kankuamo, kogi, wiwa y arhuac.

“Cumplen una función importante en la conservación de diferentes especies, son espacios donde hacemos nuestro trabajo de armonización y al mismo tiempo aportan materiales sagrados para el ejercicio de la cultura, del gobierno y del territorio”, explica a Mongabay Latam.

El líder indígena señala que el pueblo Kankuamo apuesta no solo por la recuperación de territorios a raíz de la colonización, sino también en generar planes ambientales en coordinación con otras autoridades, así como estrategias de restauración con comunidades vecinas y de uso compartido de recursos.

Una de esas estrategias es el monitoreo que hacen las comunidades en los humedales en coordinación con instituciones ambientales para intercambiar conocimientos técnicos y científicos que respete la visión indígena que existe por estos espacios.

“Por ejemplo, los mayores identifican qué tipo de variedades de plantas están en riesgo o están en proceso de recuperación desde la parte espiritual”, relata Arias sobre los impactos de diferentes actividades humanas, como la minería y el turismo masivo.

De acuerdo con la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), en la Sierra Nevada de Santa Marta existen cerca de 251 concesiones mineras, proyectos hidroeléctricos, ganadería, urbanizaciones extensivas y obras de infraestructura que ponen en riesgo los ecosistemas de la región.

“Frente a eso, estamos en un ejercicio de recuperar los humedales, los manglares, las lagunas, los ríos y otros espacios donde se conserve o se restablezcan esos corredores biológicos y ancestrales”, comenta el dirigente, quien agrega que la protección de estos ecosistemas genera una “estrategia de pedagogía” con otros actores y comunidades.

Arias también sostiene que estas prácticas ya se ven reflejadas en la Ciénaga Grande, el humedal costero más grande de Colombia, así como en ecosistemas del Parque Tayrona y en manglares del departamento de La Guajira.

Los pueblos indígenas de la Sierra Nevada también participaron en el proceso de la opinión consultiva emitida en 2025 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el cual reconoció por primera vez el derecho a un clima sano, como una medida para enfrentar la crisis climática.

La estrategia también ha sido legal. En 2018, los pueblos de la Sierra Nevada lograron que el Estado de Colombia emitiera el decreto 1500, que reconoció y delimitó formalmente la cartografía oficial de la Línea Negra o “Sezhiya”, la cual conecta 348 sitios sagrados para estas poblaciones.

A través de la red Amigos de la Sierra, organizaciones como AIDA, las clínicas jurídicas de la Universidad del Rosario y de Antioquia promovieron estrategias judiciales para que se emitiera este decreto, el cual es clave para saber cómo deben construirse estrategias de conservación y restauración de ecosistemas con enfoque biocultural, a partir de los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas y respetando sus espacios sagrados.

El reto, añade Arias, será fortalecer estos procesos ante realidades cada vez más complejas, como las dinámicas provocadas por el cambio climático.

“Toca ser más efectivo no solo en la participación sino en la implementación de esas salvaguardas y garantías. Hoy, los pueblos somos gobiernos y desde la naturaleza es fundamental cuidar estos espacios para obtener el equilibrio”, sostiene.

Una victoria para comunidades que protegen humedales, culturas y derechos en Argentina

Las comunidades del pueblo atacama, ubicado al norte de Argentina, consideran más importante el cuidado de la tierra y el “buen vivir” que cualquier modelo económico de desarrollo.

Parte del territorio que habitan incluye a los humedales altoandinos, formados por salares, lagos, lagunas y bofedales, ecosistemas de gran valor biológico, cultural y económico que les han permitido vivir desde hace más de 10 000 años en esta región andina, ubicada a más de 3500 metros sobre el nivel del mar.

Esta profunda conexión territorial ha sido la clave para que 10 comunidades atacameñas fueran reconocidas como áreas TICCA (territorios y áreas conservados por los Pueblos y Comunidades Indígenas), también llamados territorios de vida. Son iniciativa de una plataforma internacional donde las propias comunidades generan datos, estudios, mapas y análisis para la preservación de estos espacios frente a la explotación de recursos.

Se trata de los primeros territorios de Argentina con este reconocimiento y que conforman la Red Torna Lickana con las comunidades Incahuasi, Raíces Andinas, Corralito, Matancillas, Casa Colorada, Esquina de Guardia, Tipan, Cobres, Rangel y Cerro Negro, asentadas en la cuenca del salar Salinas Grandes, en las provincias de Salta y Jujuy.

Cada una de ellas emplea el conocimiento tradicional para conservar su territorio y al mismo tiempo las actividades que les dan sustento, como el cuidado y aprovechamiento de animales, agricultura, la extracción de sal y la medicina tradicional.

Vanina Corral, abogada y responsable del área de política ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), señala que estas reglas comunitarias sobre el uso del agua, el pastoreo y la agricultura sostenibles han sido vitales para la preservación de los territorios.

“Los sistemas de gobernanza propios de las comunidades son clave porque están basados en sus conocimientos tradicionales que no son solo saberes del pasado, son sistemas vivos de gestión del territorio que nos han demostrado durante siglos cómo convivir con estos ecosistemas sin destruirlos”, explica la especialista a Mongabay Latam.

Este sistema, señala, en donde hay reglas compartidas sobre dónde cultivar, pastorear o cuándo extraer agua, evita la sobreexplotación de los humedales y permite que se regeneren de forma natural.

Sin embargo, los humedales altoandinos también están cada vez más amenazados por actividades humanas, principalmente la minería de litio y otros minerales estratégicos a gran escala, en las provincia de Catamarca, Salta y Jujuy.

“La minería de litio no solo vulnera al ecosistema por la cantidad de agua que utiliza en ecosistemas donde hay muy poca”, comenta Corral. “También tiene impactos en la cultura y en la vida de las comunidades que hoy luchan por mantener sus formas de vida ancestrales”.

De acuerdo con información proporcionada por las propias comunidades a la plataforma TICCA, esta amenaza comenzó en 2010 con la llegada de empresas interesadas en la explotación de litio sin generar ninguna discusión o consulta sobre los impactos culturales, políticos, ambientales, sociales, y económicos en las comunidades.

Entre los impactos que detectan los propios habitantes está el incremento de tránsito, lo que pone en riesgo a los animales de los cuales subsisten; perturbación de los humedales por la instalación de pozos de bombeo; y el mal manejo de residuos sólidos.

Pese a las presiones de la industria, las poblaciones atacameñas han trabajado en estrategias legales a diferentes niveles para proteger el territorio. Comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc llevaron su reclamo hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También mantienen procesos a nivel provincial y nacional, como en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con este expediente buscan frenar la extracción de litio en sus territorios para priorizar el acceso al agua.

Para Corral, el histórico reconocimiento de territorios como TICCA en Argentina es clave para visibilizar el rol de las comunidades indígenas en la conservación de la naturaleza, desde prácticas culturales, espirituales y sociales, lo que permite construir alianzas e intercambiar experiencias con otras poblaciones en la región.

Sin embargo, afirma que este reconocimiento es más “simbólico y político”, pues considera que hay retos importantes para que los saberes tradiciones de las comunidades indígenas ocupen un lugar central en políticas públicas y puedan reflejarse mejor en la práctica.

“Todavía las decisiones, las políticas de protección de estos ecosistemas tienen que integrar las voces de estos territorios y receptar estos reconocimientos. Proteger los humedales también es proteger culturas, derechos y futuros posibles”, afirma.

Rituales tradicionales y defensa del Lago Titicaca en Perú

Desde el lado peruano que rodea al Lago Titicaca —el más alto del mundo— mujeres lideresas de distintas provincias se han organizado para proteger a este humedal de importancia mundial y que desde abril de 2025 fue reconocido como sujeto de derechos.

El trabajo de la Red de Mujeres Lideresas Unidas en Defensa del Agua y el Lago Titicaca ha combinado rituales ancestrales, monitoreo comunitario y estrategias legales para intentar rescatar al humedal que enfrenta graves problemas de contaminación por metales pesados y aguas residuales.

Para la agrupación de mujeres de la región de Puno, el Lago Titicaca no es solo una fuente de agua, sino un ser vivo con el que se comunican.

“El lago nos avisa, nos comunica”, dice Soraya Poma, quien está al frente de la red de mujeres, al explicar cómo el lago les guía en los procesos de agricultura.

“En [lengua] aymara decimos que sale una cosa verde en las piedras. Cuando sale en la primera semana de septiembre, la primera siembra va a estar bien. Cuando el lago se negrea y está oscuro decimos que va a caer la lluvia”, explica la dirigente y agricultora a Mongabay Latam.

Incluso, en épocas de sequía, cuenta, la comunidad de Suancata, de la provincia de Chucuito Juli, acude al lago para un ritual: sacar a la rana gigante del lago Titicaca (Telmatobius culeus), que, en la cosmovisión de los pueblos de la región, es un invocador de lluvias y de fertilidad. Las ceremonias, detalla Poma, también incluyen ofrendas como la hoja de coca, reconociendo al lago como parte central del orden natural y espiritual del territorio.

Este vínculo cultural ha sido clave para sostener una defensa activa frente a la contaminación del Lago Titicaca. Las mujeres han impulsado denuncias, campañas de concientización durante festividades masivas como la Virgen de la Candelaria y acciones comunitarias de recolección de basura en las riberas. Además, han promovido un monitoreo comunitario binacional con comunidades del lado de Bolivia.

“En un inicio hasta llegamos a discusiones con las hermanas de Bolivia. Hicimos un pacto y tenemos un documento oficial para trabajar en diferentes actividades. Hacemos monitoreo solicitando especialistas, biólogos, para saber en qué grado ya está la contaminación”, explica la dirigente.

Tras años de trabajo, negociaciones y resistencia frente a la discriminación institucional, el Consejo Regional de Puno aprobó una que reconoce al Lago Titicaca como sujeto de derechos, un logro insuficiente pero que implicó coordinar los conocimientos tradicionales de las comunidades con estrategias legales.

“Para esta ordenanza hemos dado alma, vida, corazón. Pero también dentro de este proceso hemos sufrido discriminaciones”, recuerda Poma, pues implicó un desgaste que aún persiste ante autoridades que cuestionan o desdeñan su relación con el lago.

Aunque este decreto fue un paso histórico, las lideresas advierten que la lucha continúa. El reto ahora es la reglamentación y la implementación que debe traducirse en acciones reales de restauración, tratamiento de aguas y control de actividades extractivas.

“El lago está pidiendo auxilio”, dice Poma, quien señala como un reto en sí mismo la coordinación de las 60 mujeres que integran la red y viven en comunidades apartadas entre sí. Sin embargo, también ve esperanza en su saber y su organización por el humedal.

“Con la organización se puede proteger un río, un lago, dejar un territorio limpio para nuestras futuras generaciones”, afirma.

Esta nota se publicó originalmente en Mongabay Latam el 2 de febrero de 2026.

ED

La lectura obvia y generalizada es que el Gobierno de Javier y Karina Milei recibió un apoyo contundente en las elecciones legislativas del 26 de octubre. El triunfo cobra un plus de valor, no tanto por el porcentaje obtenido, sino por la crítica situación económica y la precariedad política con las que el oficialismo había llegado a las urnas.

Ciertas extralimitaciones interpretativas sugieren que “la gente decidió bancar el ajuste”, “rechaza al peronismo” y “no quiere más populismo”. Como argumentos del Gobierno son esperables en términos de la confrontación con la oposición, pero conllevan riesgos si se los adopta como lecturas genuinas del resultado electoral.

No existe tal acepción como “la gente” ante un escrutinio que tuvo a 41% a favor del ultra, más un par de puntos de formaciones muy afines, contra 35% del peronismo opositor y 4% de la izquierda. El resto se reparte entre propuestas fluctuantes, con Provincias Unidas a la cabeza, que se acomodan al viento, y que resultó la opción más castigada por el votante, máxime si se computa la poderosa pauta publicitaria de los gobernadores que la impulsaron. Hoy los protagonistas de esa “avenida de la moderación” se esmeran para obtener una foto con Diego Santilli. Tal es el tamaño de su degradación. Si el resultado de octubre hubiera sido inverso, ensayarían la forma del desplante.

La ventaja grosso modo de 45% del oficialismo frente a 40% nítidamente opositor abre camino para que el Gobierno explore mayorías legislativas más estables que las que tuvo en 2024 y dejó de tener en 2025. Los gobernadores peronistas acuerdistas de Tucumán y Catamarca dieron por finalizado el período de ficción opositora y se encaminan a consagrar un interbloque de diputados y senadores junto a sus pares de Misiones y Salta, al que quizás sumen a representantes de San Luis y alguna otra provincia. Algo parecido es esperable de las bancadas que responden al cordobesismo y al nonato santafesismo que intentó esbozar el radical Maximiliano Pullaro, frustrado por el pésimo resultado electoral que obtuvo su fuerza hace tres semanas.

No siempre se repiten los escenarios políticos, pero cabe repasar un antecedente ineludible. Buena parte de los acuerdistas de hoy que provienen de provincias pequeñas del peronismo fueron muy kirchneristas hasta 2015, intentaron dar vuelta la página de Cristina y brindaron con Mauricio Macri hasta 2018, fueron los primeros en anotarse en el Frente de Todos con Alberto Fernández en 2019, pidieron el voto a Sergio Massa en 2023 y demoraron apenas semanas en acercarse a Milei en 2024, pese a que el ultra los despreció como “ratas” y “extorsionadores”.

Los gobernadores peronistas acuerdistas de Tucumán y Catamarca dieron por finalizado el período de ficción opositora y se encaminan a consagrar un interbloque de diputados y senadores junto a sus pares de Misiones y Salta

El cuadro invita a estimar cuánto durará el gesto de autonomía que hoy exhiben, por ejemplo, el tucumano Osvaldo Jaldo o el catamarqueño Raúl Jalil. Esta semana, durante un encuentro de fin de año, una legisladora de las que participarán del interbloque peronista-acuerdista en ciernes no pudo contener la risa al mencionar las migajas que concede la Casa Rosada a su gobernador para garantizarse el apoyo. No obstante, la legisladora dará el paso.

Si no hay nada demasiado nuevo bajo el sol sobre el comportamiento del centrão argentino —importación de un término de la política brasileña, en cuyo Congreso tiene mucho mayor volumen y tradición—, una cuestión más relevante sugiere medir en su justo término la victoria electoral de los hermanos ultras.

Son los salarios...

Los datos del salario marcan que, en el decreciente segmento de los trabajadores formales del sector privado, el nivel se ubica en los valores de noviembre de 2023, que de por sí eran bajos tras el mal año final del Gobierno de los Fernández.

Una invariante de las promesas de derecha que llegan para “sincerar la economía”, constatado con los años de Macri y ahora con los de Milei: cuestionan el poco dinamismo del mercado laboral argentino, pero el primer efecto de sus políticas es que se pierden decenas de miles de empleos de calidad. Con Cambiemos, ese descenso fue de 220.000 puestos de asalariados formales en el sector privado, y con Milei alcanza los 130.000.

Los ingresos de los empleados públicos son 15% inferiores a los de dos años atrás y la cantidad de empleos destruidos en el Estado se acerca a 60.000. La narrativa oficialista que reproducen las pantallas de Clarín y La Nación indica que se trataba de ñoquis y choriplaneros; la realidad muestra que el país —más allá del reemplazo de los acomodados de un color por otro— pierde educadores, científicos, técnicos, sociólogos y artistas, por obra de “un topo” poco instruido que “ama destruir el Estado desde adentro”.

La estadística oficial reporta un progreso llamativo en los ingresos de los trabajadores informales. Otro clásico de las reformas promercado, “para que seamos un país normal como Paraguay y Perú”, es que el empleo precario pega un salto, es decir, se flexibiliza de hecho, sin necesidad de modificar la legislación laboral. Si el INDEC es fiel a lo que sucede, por alguna razón compleja, los empleadores de trabajadores no registrados, sin papeles, urgidos por el pluriempleo y en un contexto recesivo, decidieron aumentarles el salario. O bien, como señalan especialistas como Agustín Salvia (UCA), cambió la forma en que el INDEC recaba datos en la Encuesta Permanente de Hogares, y ello repercute en un alza meramente metodológica a la hora de comparar.

La realidad muestra que el país pierde educadores, científicos, técnicos, sociólogos y artistas, por obra de 'un topo' poco instruido que 'ama destruir el Estado desde adentro'

Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA-Autónoma, explicó en X dos tendencias centrales de los datos de empleo. El deterioro en los ingresos parece haber llegado para quedarse, porque la línea de tiempo marca una estabilidad en todos los segmentos, incluidos los reportados como de mejor comportamiento. En cuanto a los puestos de trabajo, con un descenso de 223.796 con respecto a noviembre de 2023, las caídas se dan en los sectores público y privado, y casas particulares, contra un aumento del monotributo. Entre los grandes sectores privados, el que más cae es la industria.

El modelo

El tan mentado modelo peruano fue explicado días atrás por uno de sus hacedores, el exministro de producción y exjefe de investigación de mercados emergentes de Barclays Capital y exjefe de estrategia de deuda externa para mercados emergentes del Deustche Bank, Piero Ghezzi. Se sabe que Perú es uno de los países de Sudamérica con las instituciones más inestables, matanzas periódicas en el contexto de protestas sociales y escándalos de corrupción en continuado, pero consagró una conducción económica que transcurre al margen de los vaivenes políticos. Ghezzi es uno de los nombres de esa conducción y La Nación lo entrevistó días atrás.

La primera pregunta fue sobre el mercado laboral. La respuesta no tiene desperdicio.

“En el Perú, el porcentaje de empleo informal es aproximadamente del 70 por ciento. No es que ese número no haya mejorado: hace diez, quince o veinte años, en 2007, según las cifras confiables más antiguas que tenemos, el empleo informal era más o menos del 80 por ciento. Obviamente que 70 o 72 por ciento de empleo informal es inaceptable en cualquier economía. Ésa es la realidad peruana”.

Es decir, a este ritmo —baja de diez puntos porcentuales de la informalidad cada veinte años—, Perú, que lidera desde principios de siglo la estadística de crecimiento en el continente, necesita seis décadas de “progreso” para alcanzar un porcentaje de empleo informal de 40%, que es el que tiene Argentina.

“¿Y el nivel de desempleo?”, consultó la colega Luciana Vázquez.

Respondió Ghezzi:

“El número de desempleo es algo que nadie tiene en cuenta en Perú. Al no haber beneficios laborales al desempleo ni seguro de desempleo, es más o menos irrelevante”.

Más adelante, el especialista explicó que como la economía peruana genera empleos de baja calidad y empuja a una informalidad inconmovible de pequeños comercios, mientras un pilar de su crecimiento está basado en la minería, en la que “la demanda por mano de obra es relativamente baja, pero tiene las ventajas de generación de decenas de miles de millones de dólares de exportaciones”, el país no muestra ninguna capacidad de absorber recursos humanos mejor capacitados. Es decir, aunque Perú registre progresos en las evaluaciones internacionales de su sistema educativo, los jóvenes que emergen de las escuelas no tienen otro destino que realizar tareas que podrían ejercer si no hubieran pasado por las aulas.

Aunque el economista peruano no parece describir los problemas mencionados como si fueran estructurales —por el contrario, está explicando un caso de “éxito”—, su relato da cuenta de una economía fallida. Perú crece a tasas chinas desde hace décadas, pero la mejora en los ingresos y los trabajos de los hogares es apenas perceptible, tramas delictivas dominan parte del territorio ante la ausencia del Estado —que pesa en menos de 20% del PBI, otro anhelo de Milei—, los conflictos sociales se resuelven con represión ilegal y nadie mide la desocupación porque no tiene sentido. Si el cuadro de Perú es fallido, en Argentina, incluso para su baja autoestima de hoy, sería una tragedia social.

La admiración por Perú tiene lógica ante la naturaleza intelectual y profesional de los equipos liderados por Federico Sturzenegger y Luis Caputo. El país vecino tiene bajo riesgo país, no enfrenta problemas de financiamiento, canaliza inversiones muy relevantes para una economía de su tamaño, centradas en la minería y la pesca, y tiene baja inflación. Su Banco Central es lo que los economistas ortodoxos consideran “independiente”.

Si el cuadro de Perú es fallido, en Argentina, incluso para su baja autoestima de hoy, sería una tragedia

No hace falta denigrar a Milei como lo hizo el humorista estadounidense Jon Stewart en el popular “The Daily Show” (“parece un duende que masturba elefantes”) para darse cuenta de que el álbum de fotos que consigue el mandatario argentino con su par estadounidense, su voz ahogada en el momento en que lo saluda producto de la emoción —la descompostura también cabe ante Rafael Nadal o El Tronquito, corresponde reconocer—, y los tuits de Scott Bessent tienen un valor muy relativo, incluso para aquellos que piensen que esa parafernalia es positiva.

Argentina necesita crecer, ganar competitividad y productividad, recuperar su mercado laboral y dejar de depender de salvatajes sistemáticos como los que consigue Caputo cada cuatro meses, que se amontonan en el renglón de la deuda externa y dejan al país en el punto de partida.

Esa vuelta es la que el mejor presidente de la historia de la humanidad, “el coloso” y “el gigante” no encontraron pasada la mitad de la gestión de Gobierno, pese al apoyo infinito del eje EE.UU.-FMI, el barullo de las pantallas de medios cooptados y el Congreso que vuelve a estar ávido de “darle las herramientas al Presidente”.

Tanto poder y, sin embargo, la suerte del Gobierno de Milei parece estar atada a que las inconductas de Trump con su amigo Jeffrey Epstein no pasen a mayores y a que las batallas arancelarias y las redadas antiinmigrantes no le cobren al republicano un precio altísimo en las elecciones de medio término del año próximo.

Expedientes que laten

Tras las elecciones de octubre, la conducción política del Ejecutivo quedó ratificada en un pilar de los apellidos Milei y Menem en el plano político, y otro de Caputo y el staff surgido del JP Morgan en el económico. Ese es el sistema de poder que toma las decisiones en el Estado argentino. No abundan las lecturas, ni consumos culturales, ni experiencias militantes, ni caminatas por calles del barrios populares. Sobran, en cambio, atardeceres en barrios privados.

Hay tres expedientes que hablan.

Los allanamientos y citaciones a indagatorias dispuestos el viernes por el juez federal Sebastián Casanello a pedido del fiscal Franco Picardi en el expediente de las supuestas coimas orquestadas por Diego Spagnuolo en la Agencia Nacional de Discapacidad alumbran una trama delictiva voraz que apenas se empezó a descubrir. Según confesó Spagnuolo, a la cabeza de todo ello estaban Karina Milei y los Menem. Si el curso de la investigación mantiene el rigor expuesto en las decisiones del juez y el fiscal, dilucidar esa versión será cuestión de tiempo.

El martes próximo, la comisión parlamentaria que investigó la estafa $LIBRA dará su informe final. Allí estarán descriptos trazos sobre giros de dinero, cajas fuertes vaciadas, conexiones con la Casa Rosada, extorsiones y probables destinatarios finales. Por caso, quedó acreditado que Hayden Davis, el pelirrojo que se vanagloriaba de manejar a Karina y Javier Milei con un joystick, realizó una transferencia por US$500.000 en el mismo momento en que se encontraba reunido con el Presidente en Casa Rosada.

En Argentina, el juez a cargo del expediente es Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal, que instruye la investigación, es Eduardo Taiano. Es decir, la garantía de que el expediente no producirá ningún efecto relevante se acerca al 100%, pero hay una investigación paralela en el Distrito Sur de Nueva York, que los prestidigitadores de Comodoro Py no dominan.

Hayden Davis, el pelirrojo que se vanagloriaba de manejar a Karina y Javier Milei con un joystick, realizó una transferencia por US$500.000 en el mismo momento en que se encontraba reunido con el ultraderechista en Casa Rosada

El tercer caso latente es la investigación sobre José Luis Espert y Federico “Fred” Machado. Tramita en un juzgado federal de San Isidro y se encuentra en plena instrucción.

Espert, que eligió como abogados a Alejandro Freeland y Santiago Kent, acaba de pedir la nulidad del expediente. Sus letrados se caracterizan por irrumpir en los casos a los codazos. Así lo hicieron dos meses atrás, cuando representaron a la Droguería Suizo Argentina, de los Kovalivker, supuestos cómplices de los Menem y Karina Milei en las coimas del 3%. Freeland y Kent dejaron esa defensa cuando comenzaron a trabajar para Espert.

El caso Machado describe la forma en que un economista montó una candidatura presidencial con el fin de hacer negocios y, en ese camino, encontró el financiamiento de un empresario sospechado en EE.UU. de ser narcotraficante y haber cometido un fraude por centenares de millones de dólares. Espert se asomó a la política de la mano un colega llamado Javier Milei. Entre acercamientos y distanciamientos, ambos se cruzaron acusaciones gravísimas de corrupción. Mientras la suerte de Machado será decidida en cuestión de días o semanas por fiscales de Texas, con quienes el argentino intentará negociar una pena, el registro contable del fideicomiso que alumbró el caso sigue aportando montos de dinero y destinatarios.

¿Qué pasará con esos expedientes?

Uno de los integrantes de la comisión parlamentaria sobre $LIBRA se sinceró sobre los efectos que tendrá el informe a ser presentado el martes. “Por ahora no va a pasar nada, ningún juez o fiscal va a tomar una decisión, pero guardarán la información en el cajón. Cuando cambien los tiempos políticos, van todos en cana”.

SL

slacunza@eldiarioar.com