La candidata Keiko Fujimori celebró este sábado ante sus seguidores su liderazgo en el recuento de la segunda vuelta presidencial de Perú, donde obtiene el 50,11 % de los votos válidos frente al 49,88 % de su rival Roberto Sánchez con el 99,68 % escrutado, aunque el resultado permanece abierto mientras concluye el escrutinio oficial.

Ante un auditorio lleno de simpatizantes, la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) aseguró que “los peruanos demostraron al mundo que siempre podemos, derrotamos al terrorismo, derrotamos la inflación y ahora vamos a derrotar la delincuencia”.

“Ahora podemos decir, y faltan pocos días, ¡sí se pudo!”, lo cual desató la algarabía de sus partidarios en la celebración organizada un día antes del día del padre.

La candidata de Fuerza Popular agregó que “se vienen 5 años de grandes retos, estoy segura con que la bendición de Dios, el trabajo y la unidad de todos los peruanos, vamos a salir adelante”.

Además, Fujimori recordó a su padre, fallecido en 2024, como “un papá extraordinario” que demostró, más allá de las responsabilidades, que “hay papás que sí cumplen” con sus hijos y su familia.

Con el escrutinio al 99,68 %, los candidatos se encuentran con una diferencia entre ambos de 41.133 votos, pero el candidato Sánchez anunció este sábado que pedirá la nulidad de los votos emitidos en el extranjero por presuntas irregularidades.

Los porcentajes se invierten si se restan los votos del exterior del cómputo total, de modo que Sánchez lograría el 50,11 % de los sufragios válidos con 40.260 más que Fujimori, que registra el 49,88 %.

Sánchez, que postuló en representación del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), argumentó su intención de anular la votación en el exterior, donde sufragaron unos 300.000 peruanos, por presuntas irregularidades en la cadena de custodia de las actas de sufragio, después de que las autoridades decidiesen que los resultados ya no iban a ser transmitidos de manera digital, sino que las actas debían llegar a Lima para ser contadas.

Hasta la fecha, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha recibido 1.662 actas de votación observadas en la segunda vuelta electoral, las cuales han sido resueltas en su totalidad, pero resta por resolverse el recuento de votos de 24 actas en audiencias públicas, así como la apelación de otras 41 actas.

EFE

La candidata derechista Keiko Fujimori incrementó este miércoles a 39.115 votos la ventaja que mantiene sobre el izquierdista Roberto Sánchez cuando ya se contó el 99,383% del sufragio de la segunda vuelta presidencial que disputaron el pasado 7 de junio en Perú.

Con este porcentaje, la líder del partido Fuerza Popular recibe el 50.107%, equivalente a 9.157.631 votos, frente a un 49.893% de Sánchez, del partido Juntos por el Perú, que suma 9.118.516 votos.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) señaló que aún quedan 572 actas de votación con observaciones e impugnaciones, que deben evaluar jurados electorales especiales (JEE), de un total de 92.766 actas emitidas por igual número de mesas de sufragio.

En los jurados especiales, las actas son revisadas para resolver las quejas presentadas por los grupos políticos en contienda y, de persistir las diferencias, son enviadas a un nuevo recuento de votos en audiencia pública.

La anulación de mesas electorales

Medios locales también informaron este miércoles que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aceptó evaluar un pedido de Juntos por el Perú para que se anulen 647 mesas de votación que se instalaron en tres ciudades de Estados Unidos.

Aunque el JNE aún no ha fijado una fecha para analizar ese expediente, se indicó que la medida se tomó después de que el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 2 declaró procedente una apelación presentada por el partido izquierdista.

Este miércoles, Sánchez se reunió durante varias horas en el local de su partido con dirigentes, candidatos y asesores legales, tras lo cual anunció a periodistas que durante la mañana del jueves ofrecerá una rueda de prensa porque tiene “anuncios muy importantes que hacerle al Perú en este contexto de lucha por justicia electoral”.

El JNE señaló que la proclamación de los resultados de la segunda vuelta presidencial se dará como máximo a mediados de julio próximo, a menos de dos semanas del cambio de mando e inicio del siguiente periodo gubernamental (2026-2031) en Perú.

EFE

La candidata derechista Keiko Fujimori volvió a situarse este miércoles por delante del candidato izquierdista Roberto Sánchez al alcanzarse el 98,215% del escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, celebrada el pasado domingo.

A falta de contar menos del 2% de los votos, Fujimori obtiene el 50,002% de los votos válidos al recibir 9.032.651 sufragios, frente al 49,998% de Sánchez, que suma votos 9.032.000, lo que deja a la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) encaminada a ser la nueva presidenta de Perú por un estrechísimo margen.

El lunes, el candidato de Juntos por el Perú había tomado la delantera y consiguió alcanzar una ventaja de hasta 42.000 votos, pero la candidata de Fuerza Popular ha logrado revertir esa diferencia gracias al voto del extranjero, donde es la más votada.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) puede, de esa manera, lograr el objetivo que había perseguido en las últimas tres elecciones donde había sido derrotada en la segunda vuelta (2011, 2016 y 2021) y que apunta a conseguir en su cuarta candidatura presidencial.

Faltan por escrutarse los votos emitidos en el exterior

Los votos que restan por escrutarse pertenecen a los emitidos en el exterior y a las actas impugnadas, la mayoría de la capital Lima, donde en ambos casos la derechista es la más votada, lo que previsiblemente puede darle el triunfo por unos pocos miles de votos sobre su rival, que compitió en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

Se trata de la tercera elección consecutiva en Perú que se va a decidir por un margen exiguo de unas decenas de miles de votos, después de que Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo derrotaran a Keiko Fujimori por apenas 40.000 votos en 2016 y 2021, respectivamente.

El probable triunfo de Fujimori en esta ocasión supondría el retorno del fujimorismo al gobierno de Perú después de 26 años de la dimisión de su padre por fax desde Japón, tras un decenio donde se afianzó en el poder con un autogolpe de Estado en 1992 y que terminó en medio de un gigantesco escándalo de corrupción.

La candidata realizó una campaña de reivindicación total del legado de Alberto Fujimori al prometer gobernar como él, quien asentó las bases de la estabilidad económica y comercial que permitieron el crecimiento del país en últimas tres décadas, a la vez que derrotó a los grupos subversivos Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Más de 27,3 millones de peruanos estaban convocados el domingo a las urnas para escoger entre Fujimori y Sánchez a la opción que tendrá el derecho de gobernar el país por los próximos cinco años (2026-2031), tras una década de inestabilidad política al haber tenido ocho presidentes, debido a una sucesión de destituciones presidenciales promovidas por el Parlamento.

EFE

Ocurrió lo mismo en 2021. Entonces, fue Pedro Castillo quien logró la victoria ante Keiko Fujimori. Y la líder derechista no lo aceptó, se revolvió durante semanas, apeló, impugnó y logró retrasar durante más de un mes el reconocimiento oficial de la victoria de Castillo.

Pero también pasó después de la primera vuelta en abril. Entonces, las derechas se revolvieron contra el recuento que colocaba a Sánchez en la segunda vuelta. De nuevo, se produjeron impugnaciones y retrasos que impidieron al candidato de Juntos por el Perú entrar en campaña hasta varias semanas después que su rival, Keiko Fujimori, quien acabó en primer lugar en la primera vuelta.

Este lunes a medianoche en Lima, el recuento se encontraba en el 95,3% escrutado y otorgaba un 50,112% para Sánchez frente a un 49,888% para Fujimori –unos 40.000 votos de diferencia–. No obstante, falta, entre lo que queda por contar, la mayoría de los en torno a 400.000 votos del exterior, donde la derecha suele imponerse a la izquierda.

“Estamos confiados y optimistas, pero el conteo al 100% aún está por develarse”, reconocía este lunes Sánchez ante la prensa: “Estamos con tranquilidad para respetar los resultados. Lo que viene es trabajar por el país e invocar a todos los consensos, porque Perú tiene que parar la inestabilidad política, la criminalidad y la pobreza”.

Las elecciones muy probablemente serán objeto de fuertes disputas, por lo que está en juego no es solo el próximo mandato presidencial, sino, cómo de la ya frágil democracia peruana.

Las autoridades electorales peruanas disponen de hasta 30 días para certificar los resultados oficiales. Incluso después de que el portal público de resultados refleje el 100% de las actas procesadas, el desenlace aún no es definitivo, ya que las autoridades deben revisar las solicitudes de revisión y resolver las impugnaciones legales contra resultados concretos.

Dos Perús

Esta segunda vuelta demuestra que el país está partido entre dos formas de ver Perú.

Por un lado, es una confrontación entre el retorno a las políticas económicas, sociales y de seguridad de la derecha dura asociadas al fujimorismo de los años noventa (1990–2000) y un nuevo intento de gobierno de izquierda tras la breve y convulsa presidencia de Pedro Castillo (2021–2022).

Al mismo tiempo, evidencian el profundo antifujimorismo y anticastillismo como ejes del escenario político. Pero también es una oportunidad para poner fin a una década de inestabilidad, durante la cual el país ha tenido ocho presidentes en diez años, incluidos cuatro en los últimos cuatro, una crisis impulsada en parte por el poder desmedido del Congreso y de las fuerzas políticas que lo controlan, entre ellas el partido de Fujimori.

¿Quién es Keiko Fujimori?

Keiko Fujimori es hija del exdictador Alberto Fujimori, con quien también ejerció como primera dama entre 1994 y 2000.

Durante su gobierno, Alberto Fujimori socavó la democracia peruana, incurrió en una corrupción generalizada y ordenó graves violaciones de derechos humanos, incluidas esterilizaciones forzadas dirigidas principalmente contra mujeres indígenas, desapariciones forzadas, torturas y asesinatos cometidos por escuadrones de la muerte.

Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad, incluidas masacres, desapariciones forzadas y secuestros en 2009.

Desde la salida de su padre del poder, Keiko Fujimori ha seguido siendo una de las figuras políticas más influyentes del país, heredando el liderazgo del movimiento político fujimorista, que fue relanzado bajo el nombre de Fuerza Popular a inicios de la década de 2010.

¿Y Roberto Sánchez?

Psicólogo de formación, Roberto Sánchez es un dirigente político de izquierda, congresista desde 2021.

Fue ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el gobierno de Pedro Castillo.

Castillo fue destituido y encarcelado apenas 15 meses después de asumir la presidencia, tras un intento fallido de disolver el Congreso, gobernar por decreto y reformar el sistema de justicia. “En correspondencia a las normas vigentes y a las prerrogativas constitucionales que tiene el presidente en ejercicio otorgaríamos la gracia presidencial para la libertad del presidente Pedro Castillo”, dijo Sánchez en una entrevista con elDiario.es.

Antes de su caída, su gobierno fue blanco de una sostenida campaña de oposición liderada por Fuerza Popular y sus aliados, marcada por la obstrucción política y marcada por una retórica abiertamente racista.

Sánchez cuenta con el respaldo de Pedro Castillo, y su campaña ha girado en torno a la defensa de la libertad del exmandatario. Para muchos peruanos, Castillo fue encarcelado injustamente y su caso se ha convertido en un símbolo de la discriminación y el racismo que históricamente han enfrentado los sectores rurales e indígenas por parte de las élites políticas y económicas del país. En un gesto que busca reforzar esa identificación, Sánchez ha incorporado elementos simbólicos asociados a Castillo, incluyendo el tradicional sombrero chotano de ala ancha que popularizó durante su campaña presidencial.

Además de prometer el indulto de Pedro Castillo, Sánchez se ha comprometido a convocar un referéndum nacional para redactar una nueva Constitución que reemplace a la aprobada bajo Alberto Fujimori tras el autogolpe de 1992.

“Nosotros aspiramos a una democracia participativa”, decía Sánchez en su entrevista: “Hoy se nos ha arrebatado por esta fuerza parlamentaria mayoritaria de la señora K. Nos ha arrebatado el derecho al referéndum, ya no existe el derecho al referéndum en Perú. Debemos de derogar esa norma para volver a aplicar y preguntarle al país si es el momento de una gran Asamblea Constituyente democrática, con el método de consenso y la consulta pública nacional vinculante”.

Sánchez, no tan mal en Lima

Tradicionalmente, el voto progresista se concentra en la sierra y las provincias del sur. Mientras que la costa, Lima incluida, junto con el norte votan conservador. Sin embargo, el rechazo que genera Keiko Fujimori en amplios sectores de la sociedad ha facilitado la remontada de Sánchez, según explican en las filas de Juntos Por el Perú.

“Cómo era previsible, Roberto Sánchez pasó a liderar el recuento oficial”, afirma Gustavo Guerra García, miembro del equipo económico de JP: “El triunfo se explica por un crecimiento importante de más de 10 puntos en Lima [con respecto a la primera vuelta] y un recorte de las diferencias en el voto de los peruanos en el exterior.. El Perú se ha llenado de democracia y de dignidad”..

¿Hasta el miércoles?

El recuento es tan agónico, voto a voto, que puede que no termine de definir un ganador hasta el miércoles, como ocurrió en 2021 con Pedro Castillo,. Mientras tanto, los dos candidatos se mueven en una suerte de empate técnico, si bien el recuerdo de hace cinco años presagia una victoria de Sánchez, en tanto que superó a su rival con el 93% de los votos escrutados, momento similar a cuando lo hizo Castillo (94%)

Eso hizo que Sánchez ya hiciera su intervención desde el balcón de la plaza de San Martín con aires de ganador.

Precisamente el miércoles, informó la Cancillería de Perú, es cuando terminará el envío al país de las actas de votación en el extranjero, que corresponden a 2.506 mesas instaladas en 73 países. Tradicionalmente, el voto extranjero es más proclive a la derecha que a la izquierda.

Atomización

La primera vuelta, celebrada el 12 de abril, contó con 35 candidatos y estuvo marcada por  problemas logísticos —especialmente en algunas zonas de Lima— que llevaron a las autoridades electorales a extender la votación un día más en ciertos puestos de votación.

Las interrupciones dieron lugar a impugnaciones legales y denuncias de fraude, retrasando por más de un mes la confirmación de Roberto Sánchez como contendiente en la segunda vuelta. De cara al balotaje de este domingo, crece la preocupación por la posibilidad de que surjan nuevas acusaciones de fraude —especialmente si Roberto Sánchez resulta vencedor—, dado que Fujimori denunció fraude e intentó anular cientos de miles de votos tras su derrota en 2021, pese a que los observadores internacionales no encontraron evidencia de fraude.

Veinte horas después de que arrancara el recuento en Perú, el candidato progresista, Roberto Sánchez, tomó la delantera, por la mínima en la segunda vuelta de las presidenciales en Perú frente a la derechista Keiko Fujimori. Con el 94% de voto escrutado, el candidato de Juntos por el Perú supera a la de Fuerza Popular –50,03% frente a 49,96%– y acaricia una ajustada victoria que augura un largo proceso de impugnaciones por parte de Fujimori. Eso sí, también están pendientes mesas del exterior que suelen ser más conservadoras.

De esta manera, Sánchez está haciendo buenos los dos llamados conteos rápidos de las encuestadoras publicados este domingo a las nueve de la noche, que le concedían la victoria con una ventaja muy estrecha. Así, el candidato de Juntos por el Perú estaría dando la vuelta a las encuestas a pie de urna, que habían puesto en cabeza a la candidata de las derechas y ex primera dama Keiko Fujimori.

De acuerdo con el recuento rápido de Ipsos, Sánchez ganaría con el 50,3% de los votos frente al 49,7% de Fujimori –con un margen de error del 1,9%–. Asimismo, el recuento rápido de actas oficiales de la encuestadora Datum, también con un margen de error del 1,9%, sitúa a Sánchez con un 50,14% y a Fujimori con un 49,86%.

¿Y a qué se debe este cambio cuando apenas quedan seis puntos por contar? “Los votos provenientes de zonas rurales y del sur del país suelen ser contabilizados y transmitidos más tarde. Dado que estas regiones han mostrado un respaldo mayoritario a Sánchez, la diferencia entre los candidatos podría variar significativamente a medida que se incorporen más votos al conteo oficial”, explica Francesca Emanuele, Asociada Senior de Política Internacional del Center for Economic and Policy Research (CEPR) y jefa de la misión de observación electoral del think tank estadounidense en Perú.

Desde el balcón del partido Obras, una de las formaciones de la coalición que le apoya, Sánchez afirmó este domingo por la noche ante sus seguidores: “Este es el día de la recuperación de la democracia. Queremos poner delante de ustedes la serenidad, el respeto democrático, el sentido del voto del pueblo peruano”.

Sánchez, que prometió el indulto al encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), señaló: “Hay una ventaja importante que reafirma la voluntad del pueblo que quiere justicia”.

Fujimori, por su parte, dijo: “Nos encontramos en un empate técnico, hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda, por tal razón, serán días largos hasta conocerlo. Sería irresponsable definir el resultado en base a una muestra como es el conteo rápido que utiliza aproximadamente 1.000 actas de 90.000 que se tiene a nivel nacional. Quiero decir al pueblo peruano que no pierda la esperanza, necesitamos calma y serenidad y vamos a esperar con mucha fe el resultado final”.

Las declaraciones de Fujimori anuncian unas largas semanas de impugnaciones y una proclamación oficial dentro de un mes cuando esté contado el 100% de los votos. El escenario reproduciría lo ocurrido en 2021 entre Fujimori y Castillo, pero también lo ocurrido en la primera vuelta para impedir que Sánchez la pasara.

“Los problemas logísticos que marcaron la primera vuelta, sumados a las acusaciones infundadas de fraude y a las posteriores impugnaciones de actas, retrasaron durante más de un mes la confirmación oficial del candidato que obtuvo el segundo lugar, generando condiciones desiguales para la competencia entre los dos aspirantes que disputan la segunda vuelta”, explica la analista de CEPR Francesca Emanuele: “Es fundamental que Perú evite una repetición de lo ocurrido tras las elecciones de 2021, cuando las acusaciones infundadas de fraude de la entonces candidata presidencial Keiko Fujimori provocaron una demora sin precedentes en la certificación de los resultados y en el reconocimiento oficial de la victoria de Pedro Castillo”.

Dadas sus declaraciones en campaña, es previsible que Fujimori alegue fraude si resulta derrotada, como ocurrió en las elecciones de 2021, cuando solicitó la anulación de alrededor de 200.000 votos después de que su rival, Pedro Castillo, ganara en la segunda vuelta con una estrecha ventaja. La victoria de Castillo fue posteriormente ratificada y asumió la presidencia al mes siguiente. 

“Los días posteriores a la votación del domingo serán tan importantes como la propia jornada electoral”, afirma Emanuele. “Las instituciones democráticas del Perú estarán bajo escrutinio y la comunidad internacional observará atentamente lo que ocurra”.

Fujimori es hija del exdictador Alberto Fujimori, quien fue condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad, incluidas masacres, desapariciones forzadas y secuestros en 2009.

Entre 1994 y 2000, Keiko Fujimori ejerció como una de las principales representantes públicas del gobierno autoritario de su padre, y se ha postulado sin éxito a la presidencia peruana en tres ocasiones anteriores.

Fujimori se impuso en la primera vuelta con un 17,18% de los votos, seguida por Sánchez con un 12,03% y López Aliaga (Renovación Popular) con un 11,9%, a solo 21.210 del aspirante de izquierdas y después de que los primeros resultados que se fueron conociendo situasen al ultraderechista en segundo lugar.

Los profundos antifujimorismo y anticastillismo siguen marcando el escenario político. Muchos peruanos esperan que estos comicios ayuden a poner fin a una década de inestabilidad, durante la cual el país tuvo ocho presidentes en diez años, incluidos cuatro en los últimos cuatro, una crisis impulsada en parte por el poder desmedido del Congreso y de las fuerzas políticas que lo controlan, entre ellas el partido de Fujimori.

La primera vuelta, celebrada el 12 de abril, contó con 35 candidatos y estuvo marcada por problemas logísticos —especialmente en algunas zonas de Lima— que llevaron a las autoridades electorales a extender la votación un día más en ciertos puestos de votación.

La segunda vuelta ha reconfigurado los bloques políticos en torno a Fujimori y Fuerza Popular, y Sánchez y Juntos por el Perú (JPP).

El candidato ultra que quedó tercero, López Aliaga, de Renovación Popular, respaldó a Fujimori, sumándose al bloque de derechas que también incluye a los candidatos de la primera vuelta Carlos Espá (SíCreo), Roberto Chiabra (Unidad Nacional/PPC/Unidad y Paz), José Williams (Avanza País), Rafael Belaúnde Llosa (Libertad Popular). Fujimori también cuenta con apoyos de los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski y José Jerí, y de la extrema derecha europea, como Vox.

Por otro lado, Sánchez formó una coalición antifujimorista y de centroizquierda que incluye a Ricardo Belmont (Partido Cívico OBRAS), Alfonso López Chau (Ahora Nación), Marisol Pérez Tello (Primero la Gente), Ronald Atencio (Venceremos), Rosario Fernández (Un Camino Diferente), Yonhy Lescano (Cooperación Popular), Armando Massé (Partido Democrático Federal), así como el Partido de los Trabajadores y Emprendedores, Todo con el Pueblo, Nuevo Perú, Voces del Pueblo, Unidad Popular, Adelante Pueblo Unido, Resurgimiento Unido Nacional y los expresidentes Pedro Castillo y Martín Vizcarra.

En un esfuerzo por demostrar que está preparado para gobernar Perú con esta coalición de partidos y movimientos, Sánchez ha presentado un programa de segunda vuelta titulado 'Prioridades Estratégicas para la Gobernabilidad y el Desarrollo Equitativo de la Nación Peruana: 2026-2031', y un equipo técnico ampliado de 124 personas que incluye profesionales de otros partidos y movimientos políticos.

Mientras tanto, Fujimori ha estado promocionando el respaldo de políticos de extrema derecha de la región, incluso a través de videollamadas con la política venezolana María Corina Machado, actualmente radicada en Estados Unidos, y el candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella.

También recibió el apoyo de última hora de los representantes republicanos estadounidenses de Florida, María Elvira Salazar y Carlos A. Giménez, quienes respaldaron a de la Espriella antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia el 21 de enero y que anteriormente han sido acusados de “acciones intervencionistas” en ese país.

Más de 27,3 millones de peruanos están convocados a las urnas para elegir a la opción que obtendrá el derecho de gobernar el país por los próximos cinco años (2026-2031), lo que será el noveno presidente del país en los últimos diez años, tras una década de inestabilidad política por una sucesión de destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento.

La ventaja de la candidata derechista Keiko Fujimori sobre el izquierdista Roberto Sánchez se redujo a 0,14 puntos al llegar al 93% del escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, celebrada este domingo.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori obtiene el 50.069% de los votos válidos, mientras que el escudero y representante del encarcelado expresidente Pedro Castillo logra el 49.931%% .

En número de votos, la líder del partido fujimorista Fuerza Popular obtiene 8.756.646 votos, por delante de los 8.732.482 que registra el líder del partido de izquierda Juntos por el Perú. La diferencia es de apenas 24.164.

Dos proyecciones publicadas en la noche del domingo vaticinan que la diferencia entre ambos candidatos se reducirá a niveles mínimos a medida que avance el escrutinio, con la posibilidad de que Sánchez adelante incluso a Fujimori.

La muestra elaborada por la empresa Ipsos para la Asociación Civil Transparencia, con un margen de error del 1,9%, otorgó un 50,3% a Sánchez, contra un 49,7% a Fujimori.

Mientras, otra proyección con actas oficiales de la empresa privada Datum Internacional, con un margen de error de 1%, señaló que Sánchez recibió un 50,14% y Fujimori un 49,86%.

Los primeros votos en escrutarse pertenecen en su mayoría a la capital, Lima, y a otras ciudades del país, donde Fujimori es la candidata más votada, mientras que Sánchez concentra sus apoyos en zonas rurales, cuyos votos acostumbran a ser los últimos en contabilizarse, junto a los votos del extranjero, que favorecen principalmente a la candidata de derecha.

En las dos últimas citas electorales, Fujimori, que se presenta por cuarta vez a la Presidencia de Perú, se quedó a las puertas del Palacio de Gobierno de Lima por apenas 40.000 votos respecto a Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

Más de 27,3 millones de peruanos estaban convocados a las urnas para escoger a la opción que gobernará el país para los próximos cinco años (2026-2031), tras una década de inestabilidad política que ha sumado ocho presidentes en diez años, producto de una serie de destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento.

EFE

Algo más de 27 millones de peruanos deberán elegir este domingo entre la candidata conservadora y de derecha Keiko Fujimori, de Fuerza Popular (FP), y el progresista Roberto Sánchez de Juntos por el Perú (JP), en una segunda vuelta a la que el país llega tras casi dos meses de incertidumbre debido a la accidentada primera votación del 12 de abril, cuyos resultados fueron oficializados tras unos largos y tensos 35 días.

Las más recientes encuestas difundidas a principios de la semana mostraron una ligera ventaja de Fujimori, hija del ya fallecido expresidente y dictador condenado por delitos de lesa humanidad Alberto Fujimori (1990-2000), quien busca la presidencia por cuarta vez.

Mientras en una encuesta elaborada oralmente alcanzó un 38% frente a un 35% de Sánchez, en un simulacro de votación de la empresa Ipsos se impuso con el 51,4% de los votos válidos frente al 48,6%, dentro del margen de error.

“En el simulacro, el 10,5% dejaron la cédula en blanco y el 10,8% viciaron su voto. Es probable que parte de los que votaron en blanco sean en realidad indecisos. A su vez, el 74% de los votantes de cada candidato declara tener su voto ya decidido, pero el 26% restante podría cambiar su opinión”, precisó el informe de la encuestadora.

La precisión sobre los porcentajes correspondientes a indecisos y votos nulos no es gratuita, teniendo en cuenta que las encuestas previas a la primera vuelta no advirtieron el ascenso de Sánchez, afín al expresidente hoy encarcelado Pedro Castillo (2021-2022), quien en algunos sondeos no aparecía ni siquiera entre los cinco primeros y acabó conquistando el segundo lugar por encima de favoritos como el ultraderechista Rafael López Aliaga.

Dudas y desconfianza electoral

La primera vuelta de abril en Perú alcanzó ribetes extraordinarios por más de una razón. En primer término, por el número récord de candidatos: 35. Una cifra que vaticinaba la dispersión del voto. A esa complejidad se sumó la de la reposición del sistema legislativo bicameral, que también se metió en la votación.

Por si fuera poco, la jornada de sufragio registró irregularidades que fueron ampliamente denunciadas: desde la demora en la apertura de recintos de votación hasta la no apertura de mesas electorales, que llevaron a prolongar las horas de voto hasta el día siguiente.

Para más inri, la lentitud en el cómputo de votos sembró una creciente desconfianza ciudadana por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), entidad organizadora de las elecciones, y llevó a que el candidato López Aliaga denunciara abiertamente un fraude, sin pruebas, y demandara la anulación de los comicios. La presión se saldó con la renuncia del director de la ONPE, Piero Corvetto.

Los resultados no se proclamaron hasta el 17 de mayo, 35 días después de la primera vuelta. La lentitud fue atribuida a la revisión de más de 68.000 actas observadas y a la transmisión en directo de más de 2.300 audiencias públicas.

Fujimori resultó primera con el 17,18% de los votos, seguida por Sánchez con el 12,03% y López Aliaga (Renovación Popular) con el 11,9%, a solo 21.210 del aspirante de izquierda y después de que los primeros resultados que se fueron conociendo situasen al ultraderechista en segundo lugar.

Se anticipa un resultado muy ajustado y existe el riesgo de que se repitan las voces de fraude y que no se reconozcan los resultados electorales, sobre todo si pierde Fujimori

Eliana Carlín — Politóloga y analista

Para la politóloga y analista Eliana Carlín, el impacto de la primera vuelta sobre el proceso electoral aún en curso ha sido enorme. Recuerda que solo Fujimori tenía la certeza de estar en el balotaje, mientras que Juntos por el Perú “pasó varias semanas atendiendo impugnaciones y defendiendo la votación para que se confirme el pase a segunda vuelta”.

Ni siquiera la renuncia de la cabeza de la ONPE liberó suficientemente la presión ante la nueva votación, para la que se anticipa “un resultado muy ajustado y existe el riesgo de que se repitan las voces de fraude y que no se reconozcan los resultados electorales, sobre todo, si pierde Keiko Fujimori”, pronostica Carlín.

El investigador Hernán Chaparro no descarta que el cómputo vuelva a demorarse más de lo recomendable, más aún a sabiendas de la experiencia de la primera vuelta: “Puede que demore mucho porque es probable que se impugnen muchas mesas”. 

Ante esa eventualidad, el también catedrático del departamento de Comunicación de la Universidad Católica espera una mejor respuesta de la ONPE. Recomienda puntualmente que habilite “una sala de prensa abierta permanente para informar de los avances”, algo que “hizo siempre salvo en esta primera vuelta”. De no hacerlo, advierte, “la gente comienza a tomar datos y hacer cálculos sin soporte alguno”.

Incertidumbre ante resultados

Más allá de las estimaciones de las encuestas, las predicciones sobre el eventual ganador se han tornado complejas. El inesperado desempeño de Sánchez ha echado por tierra muchos cálculos y planes, al tiempo que ha devuelto a primer plano el “antifujimorismo” de la sociedad peruana y la fuerza del voto rural por un candidato que fue ministro del malogrado Pedro Castillo.

Chaparro cree que las elecciones las decidirán los que “aún lo están pensando”. “Muchos de centro o centroizquierda estaban pensando votar viciado [nulo] porque no confían en ninguno de los dos, pero JP ha girado al centro y el fujimorismo no ha mostrado intención de cambiar con relación a lo que ha hecho su bancada del 2021 al 2026. Eso son puntos a favor de JP y en contra de FP”, apunta el investigador.

En la misma línea, Carlín observa que la resurrección del antifujimorismo podría ser determinante para volcar la balanza en favor de Sánchez. La analista se remite a la última ola de protestas en el país andino, cuando la represión posterior a la salida de Castillo asesinó a casi 50 personas. “Eso, naturalmente, debilitó mucho el tejido social”, dice.

La politóloga también valora la apuesta de Sánchez por convocar a otras fuerzas políticas progresistas y conformar un frente por la gobernabilidad. “Yo creo que esto puede terminar por definir las elecciones. Sin embargo, es importante mencionar que Fujimori se ubica arriba en las encuestas, y tiene el apoyo cerrado de la prensa y el gran empresariado”, matiza.

El inesperado desempeño de Sánchez ha echado por tierra muchos cálculos y planes, al tiempo que ha devuelto a primer plano el “antifujimorismo” de la sociedad peruana y la fuerza del voto rural por un candidato que fue ministro del malogrado Pedro Castillo

Una vez que se conozcan los resultados de la segunda vuelta, quien resulte electo deberá enfrentar un problema más complejo en el Perú contemporáneo: durar en el gobierno. En un país que ha registrado ocho presidentes en los últimos 10 años, la estabilidad se ha vuelto un ideal político casi inalcanzable, sobre todo por el papel del Congreso para destituir mandatarios y reemplazarlos con una facilidad pasmosa.

En este contexto, Chaparro afirma que la estabilidad del gobernante que salga de las elecciones dependerá en última instancia de algo tan elemental como inusual en la cultura política sudamericana: que las autoridades “piensen en el país, casi un contrafáctico”. El catedrático recuerda que el Estado se ha vuelto un botín para diferentes corruptelas, por lo que frenar la corrupción y gestionar bien el Estado son tareas de primer orden. “Lo otro, lograr acuerdos para revertir una serie de leyes dadas por el Congreso con nombre propio. La luna de miel de los últimos gobiernos ha sido muy corta porque quien llegó al gobierno tenía una primera minoría y a la prensa en contra”, señala.

Con la vista puesta en la gobernabilidad, Carlín vaticina un Parlamento fragmentado “con dinámicas nuevas porque se ha cambiado a un Congreso bicameral”, pero en el que los partidos de derecha Fuerza Popular (Fujimori) y Renovación Popular (López Aliaga) tendrían casi la mitad del Senado, lo que les otorgaría un poder dominante. “En el caso de Roberto Sánchez, tendría que hacer alianzas con más grupos y no siempre tan afines para poder gobernar y que no lo vaquen [destituyan] como ocurre en los últimos años”, predice.

La candidata derechista Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, consolidó su primer lugar en los comicios presidenciales de Perú, con 16,88% de votos válidos, cuando se ha escrutado el 60% de los sufragios de las elecciones generales de este domingo, señaló el cómputo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), es seguida por el ultraderechista Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, con 13,88% de los sufragios, y por el centrista Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, con 12,50% de los votos.

De mantenerse estos resultados al término del escrutinio, Fujimori y López Aliaga disputarán la Presidencia de Perú en una segunda vuelta, el próximo 7 de junio.

El cómputo de la ONPE, precisó que Fujimori ha recibido, hasta el momento, 1.838.531 votos, mientras que López Aliaga tiene 1.511.437, y Nieto llega a 1.361.296.

Tras estos tres candidatos aparece, el populista Ricardo Belmont, del partido Obras, con 9,8% y 1.082.166 votos, y el izquierdista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con 8,5% y 932.811 votos.

Esta es la primera vez que Sánchez aparece entre los cinco candidatos más votados en el cómputo oficial, ya que un conteo rápido que ofreció la empresa Ipsos este lunes le dio la principal opción de disputar la segunda vuelta electoral con Fujimori, en una reñida disputa con López Aliaga y Nieto.

Otro conteo rápido realizado y difundido este domingo por la empresa Datum señaló que Fujimori y López Aliaga disputarán la segunda vuelta.

De confirmarse las proyecciones, será la cuarta vez seguida que la candidata de Fuerza Popular estará en la segunda vuelta, después de haber perdido en esa instancia en las tres ocasiones anteriores ante Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

Más de 27,3 millones de peruanos fueron convocados el domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho mandatarios en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.

La jornada estuvo marcada por problemas en la distribución del material electoral en varios distritos de Lima, que provocó retrasos en el inicio del sufragio e incluso el impedimento de votación en 13 colegios de la capital, que dejó sin ejercer su derecho a 52.261 personas, algo que después el jurado electoral ordenó que se solucione con la ampliación de la votación hasta este lunes.

EFE

Las elecciones presidenciales de Perú celebradas este domingo se encaminan a una segunda vuelta entre la derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y, probablemente, el ultraderechista Rafael López Aliaga (Renovación Popular), quien denunció sin pruebas fraude y pidió capturar al organizador de los comicios, tras una jornada electoral marcada por problemas logísticos que obligaron a extender la votación al lunes en trece colegios.

De acuerdo a un conteo rápido de 1.500 actas realizado por la encuestadora Datum, Fujimori obtiene el primer lugar con el 16,8% de votos válidos, seguido de López Aliaga (12,9%) y del centrista Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), con 11,4%, único que podría poner en jaque la segunda plaza del empresario admirador de Donald Trump.

De confirmarse esta proyección, será la cuarta vez seguida que la candidata estará en la segunda vuelta, después de haber perdido en esa instancia en las tres ocasiones anteriores ante Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

Mientras, para López Aliaga será la primera vez en esa instancia tras no alcanzarla en 2021 y posteriormente ganar las elecciones para alcalde de Lima, cargo del que dimitió el año pasado para volver a ser candidato presidencial.

Al 40% de votos escrutados, Fujimori tiene el 17,1% de votos válidos, López Aliaga el 16,4% y Nieto el 13,8%.

Tras conocer estos resultados, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-200) celebró que la izquierda esté cerca de quedarse fuera de la segunda vuelta.

“Los resultados del conteo rápido son una señal muy positiva para el país, porque el enemigo es la izquierda, y de acuerdo a los resultados del conteo, no estarían en la segunda vuelta, y eso es muy positivo para todos los peruanos”, enfatizó Fujimori.

La candidata y líder de Fuerza Popular, que hizo una campaña en la que reivindicó plenamente el gobierno de su difunto padre, autor de un autogolpe de Estado en 1992, y posteriormente condenado a 25 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos, entre otras sentencias por corrupción, sostuvo que “desde hace 25 años nos gobierna el antifujimorismo, que lo único que ha hecho es buscar excusas y lanzar muchos insultos”.

“Nosotros no guardamos rencor. Todos estos años nos hicieron mejores. El país no lo salva una sola persona, sino un equipo, y este equipo se dirige y gobierna desde la Presidencia”, dijo la candidata durante una intervención desde un hotel de Lima donde aguardó los resultados del conteo rápido.

Fujimori dijo que “Perú no aguanta más improvisaciones. ”Hoy no es un día de festejo, porque nuestro país vive tiempos difíciles, pero es un día de muchísima esperanza. Nuestro país está mucho más cerca de recuperar el orden“, recalcó.

La jornada electoral comenzó con grandes retrasos en la apertura de importantes centros de votación en la capital Lima, debido a la falta de material electoral, que hizo que unos 52.000 electores se quedasen sin poder votar, una situación que motivó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a autorizar, en una decisión inédita, que la votación en esos locales se haga este lunes.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), encargada de organizar las elecciones, atribuyó el problema a la empresa contratada para el reparto, que en algunos puntos llegó cinco horas después de la hora de inicio de la votación. De acuerdo al reporte oficial, se lograron instalar el 99,8% de las mesas electorales a nivel nacional.

Pese a la decisión de extender la votación al lunes, López Aliaga (Renovación Popular) demandó penalmente al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, por omisión de funciones y solicitó a la Fiscalía que ordene su captura inmediata, al considerar que “no es casualidad” que se quedasen sin abrir colegios en zonas donde, según él, votan mayoritariamente por Renovación Popular.

No obstante, tanto las misiones de observación electoral de la Unión Europea (UE) como de la Organización de Estados Americanos (OEA) reportaron una jornada electoral sin irregularidades y con una gran afluencia de electores, pese a los problemas para la apertura de determinados locales de votación.

EFE

Treinta y cinco candidatos, un número récord en Latinoamérica, aspiran a la presidencia de Perú en las elecciones generales de este domingo 12 de abril, en las que se prevé una segunda vuelta para renovar el poder político en un país donde ser presidente se volvió sinónimo de ceses tempranos e incluso de acabar en la cárcel.

Las últimas encuestas autorizadas por la Ley Orgánica de Elecciones coinciden en que la derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular), hija del fallecido dictador Alberto Fujimori, se ubica a la cabeza de la intención de voto, con porcentajes que fluctúan entre el 13 y el 18%. Le siguen el comediante de centroderecha Carlos Álvarez (País para Todos) y el empresario ultraconservador Rafael López Aliaga (Renovación Popular), exalcalde de Lima, quienes se disputan el segundo lugar para aspirar a la segunda ronda del 7 de junio.

Más de 27 millones de peruanos están habilitados para votar por un presidente, dos vicepresidentes, 60 senadores, 130 diputados y 5 representantes para el Parlamento Andino. Un total de 198 autoridades se elegirán en estos comicios cuyos primeros resultados oficiales deberían conocerse en la noche de este domingo. Los datos finales están previstos para el mediodía del lunes, según la Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE).

Ocho presidentes en diez años

El ganador de las elecciones presidenciales sucederá en la presidencia a José María Balcázar, el cuarto mandatario del periodo presidencial 2021-2026 que originalmente estuvo al mando del profesor y sindicalista de izquierdas Pedro Castillo, vencedor de la segunda vuelta ante Keiko Fujimori. Sin embargo, una tentativa de autogolpe de Estado para intentar evitar una eventual destitución del mismo Congreso llevó al cese y encarcelamiento de Castillo menos de un año y medio después de haber asumido funciones.

Lo reemplazó la abogada Dina Boluarte, quien gobernó entre diciembre de 2022 y octubre de 2025 con una gran impopularidad —también fue objeto de numerosas investigaciones abiertas por la Fiscalía—. Una vez destituida por el Congreso, acusada de “permanente incapacidad moral” para gestionar la crisis de seguridad en el país, la relevó el abogado José Jerí, quien ocupó el puesto entre octubre de 2025 y febrero de 2026. Su corto mandato acabó a raíz de unos sospechosos encuentros con empresarios chinos que fueron bautizados como “chifagate”. En su reemplazo, el Congreso eligió el 18 de febrero a Balcázar, abogado y exjuez, quien debería entregar el poder al ganador del proceso electoral el 28 de julio de este año para que gobierne entre 2026 y 2031.

Sin embargo, pocos se animarían a predecir que el gobernante entrante complete su periodo de cinco años. El último presidente en cumplir plenamente su mandato fue Ollanta Humala (2011 y 2016). En el siguiente quinquenio se sucedieron cuatro mandatarios: Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Manuel Merino (2020) y Francisco Sagasti (2020-2021). El primero de ellos renunció acorralado por su implicación en el escándalo Lava Jato. El segundo fue destituido por el Congreso, acusado de sobornos durante su paso como gobernador de la región de Moquegua. El tercero apenas aguantó cinco días en la presidencia antes de renunciar por las protestas sociales en su contra. El cuarto hizo la transición en la que se organizaron nuevas elecciones y entregó el poder a Castillo.

En total, durante los últimos 10 años, Perú fue gobernado por ocho presidentes, solo dos de ellos elegidos en las urnas. De esos ocho, dos están en la cárcel. Además de Castillo, recluido desde diciembre de 2022 y recientemente condenado a 11 años y cinco meses de cárcel, Vizcarra cumple una condena en primera instancia de 14 años de prisión por cohecho pasivo. También están tras las rejas Alejandro Toledo (2001-2006), condenado a 20 años y 6 meses de reclusión por aceptar sobornos de la constructora Odebrecht, y Humala, procesado por lavado de activos y financiación ilícita de campañas electorales. 

Un caso especial es el de Kuczynski, quien cumplió arresto domiciliario y continúa bajo investigaciones. No menos particular es el caso del dos veces presidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011), quien se suicidó en 2019 cuando la policía peruana se aprestaba a detenerlo por su vinculación con el caso Odebrecht. 

El fenómeno de “captura del Estado”

Aun con estos antecedentes, que convirtieron la presidencia del Perú en un cargo de alto riesgo legal y administrativo, las elecciones de 2026 convocaron la cifra récord de 35 candidatos. 35 potenciales expresidentes antes de los cinco años.

“Existe esta visión de los partidos políticos casi como un ‘pequeño emprendimiento personal’, sin ninguna ideología cohesionadora o proyecto de país claro”, dice la politóloga y analista política Eliana Carlín, sobre la cantidad de postulantes. “En esta lógica, dentro de cada partido convergen intereses económicos que son los que movilizan a quienes se suman a estos proyectos políticos. El Estado es visto, la mayoría de las veces, como un botín”, añade. 

El investigador Hernán Chaparro apunta que las candidaturas obedecen a la necesidad de mantener cuotas de poder, ya sea desde el Ejecutivo o el Congreso. “Se usa al Estado para repartir puestos de trabajo, hacer clientelismo y negocios, pero también para copar el sistema judicial y/o legislativo y frenar los juicios o investigaciones que tienen”, dice el también catedrático del departamento de Comunicación de la Universidad Católica. “No por gusto la población considera que el principal problema del país es la corrupción”, sentencia. 

El antifujimorismo, que fue muy fuerte sobre todo en 2016, ya parece más atenuado. Es una coyuntura más favorable para ella, pero todo partido se inicia con el pitazo inicial

José Carlos Requena — analista político

La proliferación desmedida de candidaturas tiene también una explicación más estructural. Carlín se remite a la reforma legislativa de 2019, año en que cambió la disposición de inscribir un partido político con más de 700.000 firmas de adherentes. “La reforma eliminó ese requisito y lo sustituyó por un padrón de afiliados equivalente al 0,1% del padrón electoral, aproximadamente 24.000 personas”, explica. “Eso facilitó una inscripción masiva de nuevas organizaciones políticas que llegaron al proceso de 2026”.  

El analista político José Carlos Requena recuerda que la reforma contemplaba originalmente dos etapas: la flexibilización de los requisitos para inscribir partidos y la organización de elecciones primarias. “La expectativa era que esta reforma tuviera una segunda parte, las elecciones primarias, que nunca se implementaron”, dice el también socio de la consultora Público.

Complementa esta interpretación Chaparro, para quien las primarias debían servir como filtro a fin de que en la etapa final solo se presentaran ocho a 10 agrupaciones políticas. “Como los grupos que están en el Congreso sabían que iban a tener bajos niveles de votación, vieron que lo mejor era promover la fragmentación”, aduce. A este factor, el catedrático añade otros dos: “La dificultad de quienes buscan renovar la política para juntarse y construir alternativas partidarias. Primaron los egos. Y que hay quienes solo fundan un partido para luego rentar los espacios al Congreso o incluso las candidaturas presidenciales. Lo que acá llamamos partidos vientres de alquiler”.

A segunda vuelta con Keiko

Los tres analistas consultados coinciden en que la segunda vuelta electoral es inminente. También comparten que, en su cuarta postulación a la presidencia, Keiko Fujimori tiene prácticamente asegurada su participación en la votación del 7 de junio. En lo que no muestran un consenso absoluto es en las posibilidades que tendría la hija del expresidente, también encarcelado por crímenes de lesa humanidad, para salir finalmente airosa de la contienda electoral.

Chaparro cree que el “antifujimorismo” aún tiene en Perú el peso suficiente para llevar a Keiko a una nueva derrota. “El antifujimorismo es muy grande. La mayor probabilidad es que vuelva a perder”, pronostica el investigador. Carlín coincide en que esa tendencia electoral “ha demostrado ser, en el Perú contemporáneo, una fuerza electoral más cohesionada que muchas identidades partidarias positivas”. Sin embargo, aclara, “en una segunda vuelta se vuelven a tirar los dados y nada está dicho”.  

Más cauto se muestra Requena. A su entender, los resultados dependerán de la orientación que Keiko le otorgue a su campaña para el segundo turno. “El antifujimorismo, que fue muy fuerte sobre todo en 2016, ya parece más atenuado. Es una coyuntura más favorable para ella, pero todo partido se inicia con el pitido inicial”, plantea.

Los matices interpretativos entre los analistas vuelven a asomar cuando se trata de perfilar al eventual contrincante de Fujimori. Chaparro afirma sin tapujos que será Álvarez quien llegue al balotaje. Lo secunda Carlín: “Carlos Álvarez es un actor cómico con altísimo grado de conocimiento popular, masivo y transversal, que comprende al electorado, y con gran elocuencia debido a su profesión como artista escénico”. 

Requena no se juega por Álvarez ni por López Aliaga. Apunta a una tercera opción: el también exalcalde de Lima Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras), ubicado más al centro que los otros dos. “Creo que él es el que le puede presentar una competencia más complicada a Fujimori”, presume. “Es un personaje mucho más articulado en temas retóricos y, quiérase o no, transmite una imagen de renovación de la que carecen López Aliaga, que acaba de ser alcalde de Lima, o Álvarez, que tiene un par de años en campaña con un partido con sus respectivos pasivos”.

Las coincidencias reaparecen a la hora de dimensionar el papel que tendrá el Congreso peruano en el próximo periodo de gobierno en Perú. Requena cree que su elección “es algo fundamental y va a ser determinante para la estabilidad de quien sea elegido presidente”. En un contexto de “presidencialismo parlamentarizado”, el Legislativo tiene un rol trascendental, advierte Carlín a manera de vaticinar perspectivas poco alentadoras. “Según Transparencia, el 85% de los peruanos percibe al Congreso como la institución más corrupta del país. Esa desconfianza no es arbitraria: responde a escándalos de corrupción documentados en los últimos años, pero también a un patrón de abuso institucional que este Congreso ha consolidado de manera especialmente agresiva”.

Un ejemplo del “abuso” al que alude es la aprobación parlamentaria de la restitución del Senado, una propuesta a la que el 90% de los peruanos se opuso en un referéndum de 2018. Aun así, en 2024 el bicameralismo fue repuesto por los legisladores sin necesidad de otra consulta ciudadana, aprovechando un resquicio legal y el abuso de la mayoría.

Este precedente lleva a Carlín a predecir que “el clima de inestabilidad puede mantenerse considerando que ninguna bancada obtendrá mayoría en el Congreso”. Ello daría pie a que los congresistas sigan abusando de sus facultades de fiscalización, “lo cual nos ha llevado a esta deriva democrática, con apariencia de institucionalidad en la cual se tuercen marcos legales para cesar presidentes, inhabilitar políticos opositores y demás golpes a la democracia”.

El novelista peruano Alfredo Bryce Echenique falleció este lunes a los 87 años, tal y como informa El Comercio de Perú. Bryce Echenique nació en Lima en 1939 y es el autor de novelas que son historia de la literatura como Un mundo para Julius, La vida exagerada de Martín Romaña y Tantas veces Pedro. Su obra radiografió con humor y mala leche a la élite peruana.

Nació el 19 de febrero de 1939 en Lima (Perú), en una familia aristocrática. El autor hizo Derecho en la Universidad Nacional de San Marcos de su país, donde también cursó Letras, doctorándose así años después por La Sorbona de París en Literatura francesa clásica y contemporánea. En 1964, presentó una tesis sobre Ernest Hemingway, transicionando definitivamente al mundo de las letras.

El autor se convirtió en uno de los escritores más destacados del boom latinoamericano, con obras como No me esperen en abril. Además, es un ejemplo de cómo su generación fue compuesta por escritores que, desde distintas perspectivas, retrataron Perú con ironía y también sensibilidad. De hecho, durante su etapa universitaria se relacionó en un ambiente intelectual que lo conectó con la realidad peruana, en contraste con el mundo aristocrático limeño en el que había crecido.

El novelista fue parte de una explosión literaria de autores y títulos procedentes del continente americano, promovida por la editorial catalana Seix Barral y a través de su legendario Premio Biblioteca Breve, del que surgieron figuras como los premios Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa o Gabriel García Márquez, entre otros.

En su paso por esta editorial Seix Barral, responsable de la llegada de autores latinoamericanos hacia España y Europa, publicó el grueso de sus novelas más famosas, como Un mundo para Julius en 1970. Destaca de este periodo el díptico que el autor bautizó como Cuaderno de navegación en un sillón Voltaire, que comprende las novelas La vida exagerada de Martín Romaña y El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz.

Por otro lado, son célebres las obras Reo de nocturnidad (1998), por la que obtuvo el Premio Nacional de Narrativa en España, y La amigdalitis de Tarzán (1999). Posteriormente publicaría en Anagrama, y ya en el siglo XXI, haría lo propio con sus volúmenes de lo que él denominó “antimemorias”, Permiso para vivir y Permiso para sentir, tomos en los que hace una crítica ácida, y no exenta de su característica ironía, de la transformación sufrida por Perú a finales del siglo XX.

Bryce, junto a Vargas Llosa y Julio Ramón Ribeyro, fue uno de los tres grandes exponentes de la literatura peruana de la segunda mitad del siglo XX. Asimismo, fue merecedor en vida del Premio Nacional de Literatura de Perú de 1972 por Un mundo para Julius, así como del Premio Planeta en 2002 por El huerto de mi amada. También recibió en 2002 en Italia el premio Grinzane Cavour por La amigdalitis de Tarzán. No obstante, destacó su rechazo, por convicciones democráticas, de la distinción de la Orden El Sol del Perú que quiso otorgarle el gobierno autocrático de Alberto Fujimori.

Por otro lado, tanto Bryce como Vargas Llosa y Ribeyro compartieron experiencias vitales muy similares, ya que nacieron en familias de la burguesía pudiente de Perú y desde su juventud viajaron al extranjero, principalmente a Francia y España, ya fuera por motivos políticos o por formación literaria. Además, a pesar de regresar con asiduidad a su país de origen, los tres vivieron la mayor parte de su vida en el extranjero.

La ironía como obra de arte

Aunque Bryce no tuvo una carrera de las dimensiones de la de García Márquez o Vargas Llosa, sí destacó por la peculiaridad de su estilo, donde la ironía, o los narradores más impensables, fueron sus instrumentos para contar relatos llenos de amarga crítica, e incluso de autocrítica, pero siempre con una autoironía y un sentido del humor que las humanizaba y permitía que los lectores empatizaran con ellos.

Sin embargo, su literatura no utilizó la baza del humor como un artefacto para mejorar su potencial comercial, sino más bien como un lubricante para desarrollar las más descarnadas críticas, en especial para su país. Bryce no posee, así, obras de la entidad crítica de los Cien años de soledad de Márquez o de Conversación en La Catedral de Llosa, pero con Un mundo para Julius, una suerte de autobiografía de infancia narrada desde la perspectiva de un niño, consiguió diseccionar la alta sociedad limeña de su juventud sin ningún tipo de concesiones.

Racismo, clasismo, machismo y violencia sexual afloran a lo largo de esta novela en comportamientos que, se presume, Bryce atribuye a sus padres. Y lo hace de un modo tan cruel como ingenuo, que es como se supone que ve las cosas un niño. En otras de sus obras, como La vida exagerada de Martín Romaña, Reo de nocturnidad o El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz, la crítica política se diluye en favor del humor, si bien siempre cargado de cuestionamiento a los modos y convenciones sociales.

El mundo lleva 50 años intentando proteger a los humedales —ecosistemas de agua dulce, marinos y costeros—, los cuales cubren apenas 6 % del planeta, pero son cruciales para los seres humanos: son suministro de alimentos, reguladores del agua y un medio de subsistencia para más de 1000 millones de personas.

En Latinoamérica, parte del cuidado de muchos lagos, ríos, acuíferos subterráneos, pantanos, marismas, turberas, pastizales, estuarios, marismas, manglares y más zonas costeras no sería posible sin las prácticas y conocimientos tradiciones de comunidades indígenas y campesinas, como el manejo del agua y sus ciclos, normas comunitarias, calendarios agrícolas y pesqueros, así como sistemas de gobernanza que dan prioridad al equilibrio ecológico, antes que a la explotación de los recursos.

Sin este conocimiento, resultaría complicado conservar los ecosistemas donde habita el 40 % de todas las especies de plantas y animales.

Los humedales también son grandes aliados climáticos por su papel clave para evitar emisiones de gases de efecto invernadero, que en muchos casos almacenan más carbono que los bosques tropicales, pero también son relegados por los tomadores de decisiones a nivel mundial.

Pese a los beneficios que generan, son también uno de los ecosistemas con mayor deterioro. A nivel mundial, se ha perdido el 35 % de los humedales naturales, que desaparecen tres veces más rápido que los bosques, de acuerdo con datos de Naciones Unidas.

En este Día Mundial de los Humedales, Mongabay Latam destaca tres casos en los que los conocimientos tradicionales de comunidades indígenas están restaurando y protegiendo a estos refugios de vida, frente a los impactos de la agroindustria, la construcción, la pesca excesiva, la sobreexplotación de recursos y la crisis climática.

Los pueblos indígenas de la Sierra Nevada realizan estrategias de restauración con comunidades vecinas y autoridades, así como de uso compartido de recursos. Foto: cortesía AIDA[/caption]

Sierra Nevada, donde los humedales sagrados son restaurados por pueblos de Colombia

Para los pueblos indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta —el sistema costero montañoso más alto del mundo—, los humedales que hay en esta región del Caribe colombiano representan espacios sagrados que conectan ecosistemas, pero también culturas y conocimientos.

Jaime Luis Arias Ramírez, gobernador del pueblo kankuamo y miembro del Consejo Territorial de Cabildo de la Sierra Nevada de Santa Marta (CTC), sostiene que los humedales de la región representan una conexión “espiritual, natural y biológica” para los pueblos kankuamo, kogi, wiwa y arhuac.

“Cumplen una función importante en la conservación de diferentes especies, son espacios donde hacemos nuestro trabajo de armonización y al mismo tiempo aportan materiales sagrados para el ejercicio de la cultura, del gobierno y del territorio”, explica a Mongabay Latam.

El líder indígena señala que el pueblo Kankuamo apuesta no solo por la recuperación de territorios a raíz de la colonización, sino también en generar planes ambientales en coordinación con otras autoridades, así como estrategias de restauración con comunidades vecinas y de uso compartido de recursos.

Una de esas estrategias es el monitoreo que hacen las comunidades en los humedales en coordinación con instituciones ambientales para intercambiar conocimientos técnicos y científicos que respete la visión indígena que existe por estos espacios.

“Por ejemplo, los mayores identifican qué tipo de variedades de plantas están en riesgo o están en proceso de recuperación desde la parte espiritual”, relata Arias sobre los impactos de diferentes actividades humanas, como la minería y el turismo masivo.

De acuerdo con la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), en la Sierra Nevada de Santa Marta existen cerca de 251 concesiones mineras, proyectos hidroeléctricos, ganadería, urbanizaciones extensivas y obras de infraestructura que ponen en riesgo los ecosistemas de la región.

“Frente a eso, estamos en un ejercicio de recuperar los humedales, los manglares, las lagunas, los ríos y otros espacios donde se conserve o se restablezcan esos corredores biológicos y ancestrales”, comenta el dirigente, quien agrega que la protección de estos ecosistemas genera una “estrategia de pedagogía” con otros actores y comunidades.

Arias también sostiene que estas prácticas ya se ven reflejadas en la Ciénaga Grande, el humedal costero más grande de Colombia, así como en ecosistemas del Parque Tayrona y en manglares del departamento de La Guajira.

Los pueblos indígenas de la Sierra Nevada también participaron en el proceso de la opinión consultiva emitida en 2025 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el cual reconoció por primera vez el derecho a un clima sano, como una medida para enfrentar la crisis climática.

La estrategia también ha sido legal. En 2018, los pueblos de la Sierra Nevada lograron que el Estado de Colombia emitiera el decreto 1500, que reconoció y delimitó formalmente la cartografía oficial de la Línea Negra o “Sezhiya”, la cual conecta 348 sitios sagrados para estas poblaciones.

A través de la red Amigos de la Sierra, organizaciones como AIDA, las clínicas jurídicas de la Universidad del Rosario y de Antioquia promovieron estrategias judiciales para que se emitiera este decreto, el cual es clave para saber cómo deben construirse estrategias de conservación y restauración de ecosistemas con enfoque biocultural, a partir de los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas y respetando sus espacios sagrados.

El reto, añade Arias, será fortalecer estos procesos ante realidades cada vez más complejas, como las dinámicas provocadas por el cambio climático.

“Toca ser más efectivo no solo en la participación sino en la implementación de esas salvaguardas y garantías. Hoy, los pueblos somos gobiernos y desde la naturaleza es fundamental cuidar estos espacios para obtener el equilibrio”, sostiene.

Una victoria para comunidades que protegen humedales, culturas y derechos en Argentina

Las comunidades del pueblo atacama, ubicado al norte de Argentina, consideran más importante el cuidado de la tierra y el “buen vivir” que cualquier modelo económico de desarrollo.

Parte del territorio que habitan incluye a los humedales altoandinos, formados por salares, lagos, lagunas y bofedales, ecosistemas de gran valor biológico, cultural y económico que les han permitido vivir desde hace más de 10 000 años en esta región andina, ubicada a más de 3500 metros sobre el nivel del mar.

Esta profunda conexión territorial ha sido la clave para que 10 comunidades atacameñas fueran reconocidas como áreas TICCA (territorios y áreas conservados por los Pueblos y Comunidades Indígenas), también llamados territorios de vida. Son iniciativa de una plataforma internacional donde las propias comunidades generan datos, estudios, mapas y análisis para la preservación de estos espacios frente a la explotación de recursos.

Se trata de los primeros territorios de Argentina con este reconocimiento y que conforman la Red Torna Lickana con las comunidades Incahuasi, Raíces Andinas, Corralito, Matancillas, Casa Colorada, Esquina de Guardia, Tipan, Cobres, Rangel y Cerro Negro, asentadas en la cuenca del salar Salinas Grandes, en las provincias de Salta y Jujuy.

Cada una de ellas emplea el conocimiento tradicional para conservar su territorio y al mismo tiempo las actividades que les dan sustento, como el cuidado y aprovechamiento de animales, agricultura, la extracción de sal y la medicina tradicional.

Vanina Corral, abogada y responsable del área de política ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), señala que estas reglas comunitarias sobre el uso del agua, el pastoreo y la agricultura sostenibles han sido vitales para la preservación de los territorios.

“Los sistemas de gobernanza propios de las comunidades son clave porque están basados en sus conocimientos tradicionales que no son solo saberes del pasado, son sistemas vivos de gestión del territorio que nos han demostrado durante siglos cómo convivir con estos ecosistemas sin destruirlos”, explica la especialista a Mongabay Latam.

Este sistema, señala, en donde hay reglas compartidas sobre dónde cultivar, pastorear o cuándo extraer agua, evita la sobreexplotación de los humedales y permite que se regeneren de forma natural.

Sin embargo, los humedales altoandinos también están cada vez más amenazados por actividades humanas, principalmente la minería de litio y otros minerales estratégicos a gran escala, en las provincia de Catamarca, Salta y Jujuy.

“La minería de litio no solo vulnera al ecosistema por la cantidad de agua que utiliza en ecosistemas donde hay muy poca”, comenta Corral. “También tiene impactos en la cultura y en la vida de las comunidades que hoy luchan por mantener sus formas de vida ancestrales”.

De acuerdo con información proporcionada por las propias comunidades a la plataforma TICCA, esta amenaza comenzó en 2010 con la llegada de empresas interesadas en la explotación de litio sin generar ninguna discusión o consulta sobre los impactos culturales, políticos, ambientales, sociales, y económicos en las comunidades.

Entre los impactos que detectan los propios habitantes está el incremento de tránsito, lo que pone en riesgo a los animales de los cuales subsisten; perturbación de los humedales por la instalación de pozos de bombeo; y el mal manejo de residuos sólidos.

Pese a las presiones de la industria, las poblaciones atacameñas han trabajado en estrategias legales a diferentes niveles para proteger el territorio. Comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc llevaron su reclamo hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También mantienen procesos a nivel provincial y nacional, como en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con este expediente buscan frenar la extracción de litio en sus territorios para priorizar el acceso al agua.

Para Corral, el histórico reconocimiento de territorios como TICCA en Argentina es clave para visibilizar el rol de las comunidades indígenas en la conservación de la naturaleza, desde prácticas culturales, espirituales y sociales, lo que permite construir alianzas e intercambiar experiencias con otras poblaciones en la región.

Sin embargo, afirma que este reconocimiento es más “simbólico y político”, pues considera que hay retos importantes para que los saberes tradiciones de las comunidades indígenas ocupen un lugar central en políticas públicas y puedan reflejarse mejor en la práctica.

“Todavía las decisiones, las políticas de protección de estos ecosistemas tienen que integrar las voces de estos territorios y receptar estos reconocimientos. Proteger los humedales también es proteger culturas, derechos y futuros posibles”, afirma.

Rituales tradicionales y defensa del Lago Titicaca en Perú

Desde el lado peruano que rodea al Lago Titicaca —el más alto del mundo— mujeres lideresas de distintas provincias se han organizado para proteger a este humedal de importancia mundial y que desde abril de 2025 fue reconocido como sujeto de derechos.

El trabajo de la Red de Mujeres Lideresas Unidas en Defensa del Agua y el Lago Titicaca ha combinado rituales ancestrales, monitoreo comunitario y estrategias legales para intentar rescatar al humedal que enfrenta graves problemas de contaminación por metales pesados y aguas residuales.

Para la agrupación de mujeres de la región de Puno, el Lago Titicaca no es solo una fuente de agua, sino un ser vivo con el que se comunican.

“El lago nos avisa, nos comunica”, dice Soraya Poma, quien está al frente de la red de mujeres, al explicar cómo el lago les guía en los procesos de agricultura.

“En [lengua] aymara decimos que sale una cosa verde en las piedras. Cuando sale en la primera semana de septiembre, la primera siembra va a estar bien. Cuando el lago se negrea y está oscuro decimos que va a caer la lluvia”, explica la dirigente y agricultora a Mongabay Latam.

Incluso, en épocas de sequía, cuenta, la comunidad de Suancata, de la provincia de Chucuito Juli, acude al lago para un ritual: sacar a la rana gigante del lago Titicaca (Telmatobius culeus), que, en la cosmovisión de los pueblos de la región, es un invocador de lluvias y de fertilidad. Las ceremonias, detalla Poma, también incluyen ofrendas como la hoja de coca, reconociendo al lago como parte central del orden natural y espiritual del territorio.

Este vínculo cultural ha sido clave para sostener una defensa activa frente a la contaminación del Lago Titicaca. Las mujeres han impulsado denuncias, campañas de concientización durante festividades masivas como la Virgen de la Candelaria y acciones comunitarias de recolección de basura en las riberas. Además, han promovido un monitoreo comunitario binacional con comunidades del lado de Bolivia.

“En un inicio hasta llegamos a discusiones con las hermanas de Bolivia. Hicimos un pacto y tenemos un documento oficial para trabajar en diferentes actividades. Hacemos monitoreo solicitando especialistas, biólogos, para saber en qué grado ya está la contaminación”, explica la dirigente.

Tras años de trabajo, negociaciones y resistencia frente a la discriminación institucional, el Consejo Regional de Puno aprobó una que reconoce al Lago Titicaca como sujeto de derechos, un logro insuficiente pero que implicó coordinar los conocimientos tradicionales de las comunidades con estrategias legales.

“Para esta ordenanza hemos dado alma, vida, corazón. Pero también dentro de este proceso hemos sufrido discriminaciones”, recuerda Poma, pues implicó un desgaste que aún persiste ante autoridades que cuestionan o desdeñan su relación con el lago.

Aunque este decreto fue un paso histórico, las lideresas advierten que la lucha continúa. El reto ahora es la reglamentación y la implementación que debe traducirse en acciones reales de restauración, tratamiento de aguas y control de actividades extractivas.

“El lago está pidiendo auxilio”, dice Poma, quien señala como un reto en sí mismo la coordinación de las 60 mujeres que integran la red y viven en comunidades apartadas entre sí. Sin embargo, también ve esperanza en su saber y su organización por el humedal.

“Con la organización se puede proteger un río, un lago, dejar un territorio limpio para nuestras futuras generaciones”, afirma.

Esta nota se publicó originalmente en Mongabay Latam el 2 de febrero de 2026.

ED

La lectura obvia y generalizada es que el Gobierno de Javier y Karina Milei recibió un apoyo contundente en las elecciones legislativas del 26 de octubre. El triunfo cobra un plus de valor, no tanto por el porcentaje obtenido, sino por la crítica situación económica y la precariedad política con las que el oficialismo había llegado a las urnas.

Ciertas extralimitaciones interpretativas sugieren que “la gente decidió bancar el ajuste”, “rechaza al peronismo” y “no quiere más populismo”. Como argumentos del Gobierno son esperables en términos de la confrontación con la oposición, pero conllevan riesgos si se los adopta como lecturas genuinas del resultado electoral.

No existe tal acepción como “la gente” ante un escrutinio que tuvo a 41% a favor del ultra, más un par de puntos de formaciones muy afines, contra 35% del peronismo opositor y 4% de la izquierda. El resto se reparte entre propuestas fluctuantes, con Provincias Unidas a la cabeza, que se acomodan al viento, y que resultó la opción más castigada por el votante, máxime si se computa la poderosa pauta publicitaria de los gobernadores que la impulsaron. Hoy los protagonistas de esa “avenida de la moderación” se esmeran para obtener una foto con Diego Santilli. Tal es el tamaño de su degradación. Si el resultado de octubre hubiera sido inverso, ensayarían la forma del desplante.

La ventaja grosso modo de 45% del oficialismo frente a 40% nítidamente opositor abre camino para que el Gobierno explore mayorías legislativas más estables que las que tuvo en 2024 y dejó de tener en 2025. Los gobernadores peronistas acuerdistas de Tucumán y Catamarca dieron por finalizado el período de ficción opositora y se encaminan a consagrar un interbloque de diputados y senadores junto a sus pares de Misiones y Salta, al que quizás sumen a representantes de San Luis y alguna otra provincia. Algo parecido es esperable de las bancadas que responden al cordobesismo y al nonato santafesismo que intentó esbozar el radical Maximiliano Pullaro, frustrado por el pésimo resultado electoral que obtuvo su fuerza hace tres semanas.

No siempre se repiten los escenarios políticos, pero cabe repasar un antecedente ineludible. Buena parte de los acuerdistas de hoy que provienen de provincias pequeñas del peronismo fueron muy kirchneristas hasta 2015, intentaron dar vuelta la página de Cristina y brindaron con Mauricio Macri hasta 2018, fueron los primeros en anotarse en el Frente de Todos con Alberto Fernández en 2019, pidieron el voto a Sergio Massa en 2023 y demoraron apenas semanas en acercarse a Milei en 2024, pese a que el ultra los despreció como “ratas” y “extorsionadores”.

Los gobernadores peronistas acuerdistas de Tucumán y Catamarca dieron por finalizado el período de ficción opositora y se encaminan a consagrar un interbloque de diputados y senadores junto a sus pares de Misiones y Salta

El cuadro invita a estimar cuánto durará el gesto de autonomía que hoy exhiben, por ejemplo, el tucumano Osvaldo Jaldo o el catamarqueño Raúl Jalil. Esta semana, durante un encuentro de fin de año, una legisladora de las que participarán del interbloque peronista-acuerdista en ciernes no pudo contener la risa al mencionar las migajas que concede la Casa Rosada a su gobernador para garantizarse el apoyo. No obstante, la legisladora dará el paso.

Si no hay nada demasiado nuevo bajo el sol sobre el comportamiento del centrão argentino —importación de un término de la política brasileña, en cuyo Congreso tiene mucho mayor volumen y tradición—, una cuestión más relevante sugiere medir en su justo término la victoria electoral de los hermanos ultras.

Son los salarios...

Los datos del salario marcan que, en el decreciente segmento de los trabajadores formales del sector privado, el nivel se ubica en los valores de noviembre de 2023, que de por sí eran bajos tras el mal año final del Gobierno de los Fernández.

Una invariante de las promesas de derecha que llegan para “sincerar la economía”, constatado con los años de Macri y ahora con los de Milei: cuestionan el poco dinamismo del mercado laboral argentino, pero el primer efecto de sus políticas es que se pierden decenas de miles de empleos de calidad. Con Cambiemos, ese descenso fue de 220.000 puestos de asalariados formales en el sector privado, y con Milei alcanza los 130.000.

Los ingresos de los empleados públicos son 15% inferiores a los de dos años atrás y la cantidad de empleos destruidos en el Estado se acerca a 60.000. La narrativa oficialista que reproducen las pantallas de Clarín y La Nación indica que se trataba de ñoquis y choriplaneros; la realidad muestra que el país —más allá del reemplazo de los acomodados de un color por otro— pierde educadores, científicos, técnicos, sociólogos y artistas, por obra de “un topo” poco instruido que “ama destruir el Estado desde adentro”.

La estadística oficial reporta un progreso llamativo en los ingresos de los trabajadores informales. Otro clásico de las reformas promercado, “para que seamos un país normal como Paraguay y Perú”, es que el empleo precario pega un salto, es decir, se flexibiliza de hecho, sin necesidad de modificar la legislación laboral. Si el INDEC es fiel a lo que sucede, por alguna razón compleja, los empleadores de trabajadores no registrados, sin papeles, urgidos por el pluriempleo y en un contexto recesivo, decidieron aumentarles el salario. O bien, como señalan especialistas como Agustín Salvia (UCA), cambió la forma en que el INDEC recaba datos en la Encuesta Permanente de Hogares, y ello repercute en un alza meramente metodológica a la hora de comparar.

La realidad muestra que el país pierde educadores, científicos, técnicos, sociólogos y artistas, por obra de 'un topo' poco instruido que 'ama destruir el Estado desde adentro'

Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA-Autónoma, explicó en X dos tendencias centrales de los datos de empleo. El deterioro en los ingresos parece haber llegado para quedarse, porque la línea de tiempo marca una estabilidad en todos los segmentos, incluidos los reportados como de mejor comportamiento. En cuanto a los puestos de trabajo, con un descenso de 223.796 con respecto a noviembre de 2023, las caídas se dan en los sectores público y privado, y casas particulares, contra un aumento del monotributo. Entre los grandes sectores privados, el que más cae es la industria.

El modelo

El tan mentado modelo peruano fue explicado días atrás por uno de sus hacedores, el exministro de producción y exjefe de investigación de mercados emergentes de Barclays Capital y exjefe de estrategia de deuda externa para mercados emergentes del Deustche Bank, Piero Ghezzi. Se sabe que Perú es uno de los países de Sudamérica con las instituciones más inestables, matanzas periódicas en el contexto de protestas sociales y escándalos de corrupción en continuado, pero consagró una conducción económica que transcurre al margen de los vaivenes políticos. Ghezzi es uno de los nombres de esa conducción y La Nación lo entrevistó días atrás.

La primera pregunta fue sobre el mercado laboral. La respuesta no tiene desperdicio.

“En el Perú, el porcentaje de empleo informal es aproximadamente del 70 por ciento. No es que ese número no haya mejorado: hace diez, quince o veinte años, en 2007, según las cifras confiables más antiguas que tenemos, el empleo informal era más o menos del 80 por ciento. Obviamente que 70 o 72 por ciento de empleo informal es inaceptable en cualquier economía. Ésa es la realidad peruana”.

Es decir, a este ritmo —baja de diez puntos porcentuales de la informalidad cada veinte años—, Perú, que lidera desde principios de siglo la estadística de crecimiento en el continente, necesita seis décadas de “progreso” para alcanzar un porcentaje de empleo informal de 40%, que es el que tiene Argentina.

“¿Y el nivel de desempleo?”, consultó la colega Luciana Vázquez.

Respondió Ghezzi:

“El número de desempleo es algo que nadie tiene en cuenta en Perú. Al no haber beneficios laborales al desempleo ni seguro de desempleo, es más o menos irrelevante”.

Más adelante, el especialista explicó que como la economía peruana genera empleos de baja calidad y empuja a una informalidad inconmovible de pequeños comercios, mientras un pilar de su crecimiento está basado en la minería, en la que “la demanda por mano de obra es relativamente baja, pero tiene las ventajas de generación de decenas de miles de millones de dólares de exportaciones”, el país no muestra ninguna capacidad de absorber recursos humanos mejor capacitados. Es decir, aunque Perú registre progresos en las evaluaciones internacionales de su sistema educativo, los jóvenes que emergen de las escuelas no tienen otro destino que realizar tareas que podrían ejercer si no hubieran pasado por las aulas.

Aunque el economista peruano no parece describir los problemas mencionados como si fueran estructurales —por el contrario, está explicando un caso de “éxito”—, su relato da cuenta de una economía fallida. Perú crece a tasas chinas desde hace décadas, pero la mejora en los ingresos y los trabajos de los hogares es apenas perceptible, tramas delictivas dominan parte del territorio ante la ausencia del Estado —que pesa en menos de 20% del PBI, otro anhelo de Milei—, los conflictos sociales se resuelven con represión ilegal y nadie mide la desocupación porque no tiene sentido. Si el cuadro de Perú es fallido, en Argentina, incluso para su baja autoestima de hoy, sería una tragedia social.

La admiración por Perú tiene lógica ante la naturaleza intelectual y profesional de los equipos liderados por Federico Sturzenegger y Luis Caputo. El país vecino tiene bajo riesgo país, no enfrenta problemas de financiamiento, canaliza inversiones muy relevantes para una economía de su tamaño, centradas en la minería y la pesca, y tiene baja inflación. Su Banco Central es lo que los economistas ortodoxos consideran “independiente”.

Si el cuadro de Perú es fallido, en Argentina, incluso para su baja autoestima de hoy, sería una tragedia

No hace falta denigrar a Milei como lo hizo el humorista estadounidense Jon Stewart en el popular “The Daily Show” (“parece un duende que masturba elefantes”) para darse cuenta de que el álbum de fotos que consigue el mandatario argentino con su par estadounidense, su voz ahogada en el momento en que lo saluda producto de la emoción —la descompostura también cabe ante Rafael Nadal o El Tronquito, corresponde reconocer—, y los tuits de Scott Bessent tienen un valor muy relativo, incluso para aquellos que piensen que esa parafernalia es positiva.

Argentina necesita crecer, ganar competitividad y productividad, recuperar su mercado laboral y dejar de depender de salvatajes sistemáticos como los que consigue Caputo cada cuatro meses, que se amontonan en el renglón de la deuda externa y dejan al país en el punto de partida.

Esa vuelta es la que el mejor presidente de la historia de la humanidad, “el coloso” y “el gigante” no encontraron pasada la mitad de la gestión de Gobierno, pese al apoyo infinito del eje EE.UU.-FMI, el barullo de las pantallas de medios cooptados y el Congreso que vuelve a estar ávido de “darle las herramientas al Presidente”.

Tanto poder y, sin embargo, la suerte del Gobierno de Milei parece estar atada a que las inconductas de Trump con su amigo Jeffrey Epstein no pasen a mayores y a que las batallas arancelarias y las redadas antiinmigrantes no le cobren al republicano un precio altísimo en las elecciones de medio término del año próximo.

Expedientes que laten

Tras las elecciones de octubre, la conducción política del Ejecutivo quedó ratificada en un pilar de los apellidos Milei y Menem en el plano político, y otro de Caputo y el staff surgido del JP Morgan en el económico. Ese es el sistema de poder que toma las decisiones en el Estado argentino. No abundan las lecturas, ni consumos culturales, ni experiencias militantes, ni caminatas por calles del barrios populares. Sobran, en cambio, atardeceres en barrios privados.

Hay tres expedientes que hablan.

Los allanamientos y citaciones a indagatorias dispuestos el viernes por el juez federal Sebastián Casanello a pedido del fiscal Franco Picardi en el expediente de las supuestas coimas orquestadas por Diego Spagnuolo en la Agencia Nacional de Discapacidad alumbran una trama delictiva voraz que apenas se empezó a descubrir. Según confesó Spagnuolo, a la cabeza de todo ello estaban Karina Milei y los Menem. Si el curso de la investigación mantiene el rigor expuesto en las decisiones del juez y el fiscal, dilucidar esa versión será cuestión de tiempo.

El martes próximo, la comisión parlamentaria que investigó la estafa $LIBRA dará su informe final. Allí estarán descriptos trazos sobre giros de dinero, cajas fuertes vaciadas, conexiones con la Casa Rosada, extorsiones y probables destinatarios finales. Por caso, quedó acreditado que Hayden Davis, el pelirrojo que se vanagloriaba de manejar a Karina y Javier Milei con un joystick, realizó una transferencia por US$500.000 en el mismo momento en que se encontraba reunido con el Presidente en Casa Rosada.

En Argentina, el juez a cargo del expediente es Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal, que instruye la investigación, es Eduardo Taiano. Es decir, la garantía de que el expediente no producirá ningún efecto relevante se acerca al 100%, pero hay una investigación paralela en el Distrito Sur de Nueva York, que los prestidigitadores de Comodoro Py no dominan.

Hayden Davis, el pelirrojo que se vanagloriaba de manejar a Karina y Javier Milei con un joystick, realizó una transferencia por US$500.000 en el mismo momento en que se encontraba reunido con el ultraderechista en Casa Rosada

El tercer caso latente es la investigación sobre José Luis Espert y Federico “Fred” Machado. Tramita en un juzgado federal de San Isidro y se encuentra en plena instrucción.

Espert, que eligió como abogados a Alejandro Freeland y Santiago Kent, acaba de pedir la nulidad del expediente. Sus letrados se caracterizan por irrumpir en los casos a los codazos. Así lo hicieron dos meses atrás, cuando representaron a la Droguería Suizo Argentina, de los Kovalivker, supuestos cómplices de los Menem y Karina Milei en las coimas del 3%. Freeland y Kent dejaron esa defensa cuando comenzaron a trabajar para Espert.

El caso Machado describe la forma en que un economista montó una candidatura presidencial con el fin de hacer negocios y, en ese camino, encontró el financiamiento de un empresario sospechado en EE.UU. de ser narcotraficante y haber cometido un fraude por centenares de millones de dólares. Espert se asomó a la política de la mano un colega llamado Javier Milei. Entre acercamientos y distanciamientos, ambos se cruzaron acusaciones gravísimas de corrupción. Mientras la suerte de Machado será decidida en cuestión de días o semanas por fiscales de Texas, con quienes el argentino intentará negociar una pena, el registro contable del fideicomiso que alumbró el caso sigue aportando montos de dinero y destinatarios.

¿Qué pasará con esos expedientes?

Uno de los integrantes de la comisión parlamentaria sobre $LIBRA se sinceró sobre los efectos que tendrá el informe a ser presentado el martes. “Por ahora no va a pasar nada, ningún juez o fiscal va a tomar una decisión, pero guardarán la información en el cajón. Cuando cambien los tiempos políticos, van todos en cana”.

SL

slacunza@eldiarioar.com

El Congreso de Perú destituyó de manera exprés a la presidenta, Dina Boluarte, sin que nadie lo pudiese sospechar ni prever al comenzar el día. Ahora asume de forma interina la jefatura del Estado el jefe del legislativo, el derechista José Jerí, que se convirtió en el séptimo presidente de Perú en apenas nueve años.

A seis meses de las próximas elecciones, previstas para abril de 2026, a primera hora del jueves, ningún partido había manifestado su intención de sacar a Boluarte del poder tras casi tres años en el cargo. Sin embargo, en pocas horas, se encontró con cuatro mociones, conocidas en el país como “vacancia por incapacidad moral permanente”, que salieron adelante gracias a los 122 votos de los partidos conservadores que hasta este jueves apoyaban a la ya expresidenta. En ellas, se declaró su “permanente incapacidad moral” para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana y el auge del crimen organizado.

Con el abrupto final de Boluarte, Perú escribió en pocas horas un nuevo capítulo de su larga convulsión política que vive el país desde 2016, donde ningún presidente ha podido completar un mandato completo y todos han terminado destituidos por un Parlamento opositor al que no podían dominar. Analizamos las razones detrás de esta destitución, sus escándalos y qué va a pasar a partir de ahora.

Presidenta a merced de la derecha

Boluarte asumió la Presidencia de Perú en diciembre de 2022. Sucedía en el cargo a Pedro Castillo (2021-2022) después del fallido intento de autogolpe de Estado protagonizado por el izquierdista gobernante para intentar evitar una eventual destitución del mismo Congreso tras salir a la luz numerosos indicios de presunta corrupción en su administración. Se convertía así, además, en la primera mujer presidenta del país.

Desde ese momento, Boluarte, que había llegado al Gobierno bajo la bandera de un proyecto de izquierda radical encabezado por Castillo, decidió aliarse con las fuerzas de derecha. De esta forma logró que, en lugar de convocar nuevas elecciones como pedían las masivas protestas que se sucedieron durante los meses siguientes a la detención y encarcelamiento de Castillo y que fueron duramente reprimidas con más de 50 muertos, intentase completar el mandato hasta el 28 de julio de 2026.

Desde entonces hasta este mismo jueves, Boluarte había logrado salvar seis mociones previas para ser destituida gracias al apoyo de la derecha que controlan el legislativo peruano y que habían presionado férreamente a Castillo en su mandato.

Su enorme impopularidad

A medida que se acercaban las elecciones de 2026, la enorme impopularidad de Boluarte comenzó a ser un lastre para los partidos que la respaldaban. Así, poco a poco comenzaron a criticarla por su gestión y a volverse momentáneamente oposición para luego volver su posición inicial de respaldo.

El motivo detrás de este progresivo alejamiento son las bajas tasas de aceptación con las que contaba Boluarte. En concreto, apenas llegaba al 3% de aceptación dentro de la población peruana. Los más de 50 muertos en las protestas por la detención y encarcelamiento de Castillo esfumaron toda popularidad que pudiese tener una política que, hasta las elecciones de 2021, había basado su carrera política en haber sido candidata a alcaldesa de su municipio.

Aunque lo cierto es que el Congreso apenas supera el 5%, al ser percibidos ambos poderes como una clase política mercantilista interesada en gobernar y legislar para ellos mismos, y alejada de los intereses de la población.

Hasta once investigaciones abiertas contra ella

A los más de 50 muertos por las protestas, Boluarte se enfrenta al menos once investigaciones por parte de la Fiscalía por graves delitos contra los derechos humanos y por presunta corrupción. El fiscal general interino, Tomás Gálvez, anticipó que esté viernes solicitará que un juez le prohíba a Boluarte salir del territorio nacional

Entre ellas estaban casos como el Rolexgate por supuestamente haber recibido relojes de lujo y otros suntuosos regalos a cambio de favores. También la estaban investigando por no haber informado de su temporal incapacidad al someterse a una serie de cirugías estéticas y falsificar su firma durante el tiempo que estaba convaleciente. Y el Ministerio Público también la puso en el foco por favorecer la fuga de Vladimir Cerrón, el líder de Perú Libre.

A pesar de estas investigaciones abiertas, las fuerzas que dominan el Congreso siempre la protegieron de las denuncias de la Fiscalía e incluso el Tribunal Constitucional llegó a sacar una polémica sentencia que limita las posibilidades del Ministerio Público de investigar a la jefa de Estado.

La gota que colmó el vaso: la crisis de inseguridad

La gota que parece que colmo el vaso y que motivó a activar el proceso de destitución de Boluarte fue la escalada de criminalidad a nivel nacional y las nuevas protestas registradas en las últimas semanas en el centro de la capital Lima lideradas por la denominada Generación Z. El ataque con armas de fuego a un popular grupo de cumbia, que dejó heridos a cuatro de sus miembros, encendió las redes sociales y generó el rechazo ciudadano ante lo que se consideró inacción del Ejecutivo para solucionar el aumento de la criminalidad. 

A esto hay que sumarle el masivo paro en el sector de los autobuses de transporte urbano que el lunes paralizó la capital ante una ola de extorsiones y asesinatos de conductores.

¿Y ahora qué?

A pesar de todo este bagaje, todo parecía indicar que el pacto entre Boluarte y fuerzas de derecha como el fujimorismo continuaría hasta las elecciones de 2026. Sin embargo, los partidos que la sostenían en la Presidencia prescinden ahora de ella para tratar de buscar algo de popularidad. La mayoría de los líderes de estos partidos tiene aspiraciones presidenciales, como Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), o el ultraconservador alcalde de Lima Rafael López Aliaga, líder del partido Renovación Popular.

Por ahora, el abogado y congresista de 38 años José Jerí (1986) asumirá el cargo hasta las próximas elecciones tras un paso por el Parlamento relativamente discreto pero con la gran mancha de una denuncia por violación sexual a inicios de año que se archivó hace dos meses. El hasta ahora jefe del legislativo y otro hombre fueron denunciados por una mujer que afirmó haber sufrido un ataque sexual en una reunión social a la que acudió el legislador el pasado 29 de diciembre de 2025 en el distrito de Canta, al noreste de Lima.

¿Qué pasará con Boluarte?

Más allá de la duda de quién asumirá el cargo a partir de 2026, el gran interrogante también es que pasará con Boluarte. La presidenta se negó a asistir al hemiciclo este jueves y durante toda la jornada no salió del Palacio de Gobierno hasta que se consumó la destitución.

Posteriormente, se despidió del cargo con un mensaje a la nación que fue cortado por todos los canales de televisión que lo estaban transmitiendo, incluido el estatal TV Perú, y en el que aceptaba su destitución. La mandataria apareció en uno de los salones de la sede de la Presidencia escoltada por sus ministros, en una alocución donde ya no lucía la banda presidencial, uno de los atributos reservados para el jefe o jefa de Estado. Boluarte comenzó su mensaje aceptando su destitución y, acto seguido, comenzó a enumerar una serie de hechos y cifras de su gestión. En ese momento, el mensaje fue sacado de la transmisión.

Minutos después, abandonó el Palacio de Gobierno en su automóvil oficial con rumbo desconocido. Más de cuatro horas después de abandonar el palacio presidencial se desconoce su paradero, pues aparentemente no llegó a su domicilio en el residencial distrito limeño de Surquillo.

Durante la tarde del jueves se rumoreó que podía haber tanteado la posibilidad de un asilo en Argentina, Brasil y Ecuador. Sin embargo, su abogado personal, Juan Carlos Portugal, aseguró que Boluarte no tenía intención de pedir asilo ni de fugarse del país, pese al riesgo de ser detenida ante las múltiples investigaciones que tiene abiertas en Fiscalía.

Con información de EFE

El Congreso de Perú destituyó en la noche de este jueves de manera exprés a la presidenta, Dina Boluarte, tras aglutinar cuatro mociones de vacancia (destitución) para declarar su “permanente incapacidad moral” para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana y el auge del crimen organizado, cuando faltan escasos seis meses para las elecciones generales de 2026.

El Legislativo peruano aprobó las cuatro mociones para sacar a Boluarte del poder con 122 votos a favor de un total de 130, una cifra muy superior a los 87 que se requerían para que la iniciativa fuese exitosa, en una sesión donde la mandataria no se ha presentado ante el hemiciclo para ejercer su defensa.

La primera presidenta mujer de Perú termina así un mandato de dos años y diez meses desde que a finales de 2022 asumió la Presidencia para suceder al izquierdista Pedro Castillo (2021-2022), del que era su vicepresidenta, y se mantuvo en el poder gracias al respaldo de un grupo de fuerzas de derecha que controlan el Congreso y que ahora promovieron y apoyaron su salida.

El proyecto de ley de destitución leído ante de la votación del Congreso señala que se declara la “permanente incapacidad moral de la presidenta de la República y la vacancia de la presidencia de la República” peruana. Detalla que este jueves se han presentado cuatro mociones de orden del día que han propuesto la destitución de Boluarte por una causal establecida en la Constitución peruana.

Por ese motivo, resolvió declarar su “permanente incapacidad moral” y la vacancia de la presidencia, así como “en consecuencia, la aplicación del régimen de sucesión establecido” en la Constitución peruana.

Esa sucesión indica que, al no tener Boluarte vicepresidentes, asume la jefatura del Estado el presidente del Congreso, cargo que ejerce actualmente el derechista José Jerí.

Boluarte no acudió al hemiciclo para ejercer su derecho a defensa, por lo que el presidente del Congreso José Jerí anunció la decisión de continuar con el proceso de destitución. “En vista de que ha sido convocada y no se ha presentado se procederá con el proceso de vacancia”, remarcó. De inmediato propuso que comience un debate de las mociones, pero un grupo de parlamentarios planteó una cuestión previa para evitar ese proceso e ir de inmediato a la votación.

Poco antes, uno de los abogados de Boluarte, Juan Carlos Portugal, había anunciado en la red social X que la gobernante no iba a convalidar el proceso en su contra acudiendo al Congreso. “Un debido proceso parlamentario -cuya decisión afecta derechos constitucionales- tiene mínimas y esenciales exigencias. El derecho a la defensa, y su preparación dentro de un plazo razonable, es una de ellas”, aseguraba.

Portugal acusa, en ese sentido, al Congreso de haber renunciado “a esta garantía” y consumar “su violación”. “Los derechos y garantías de orden constitucional y procesal, no tienen rostro. No lo convalidaremos, y por esa razón, no acudiremos al Parlamento nacional. No en estas condiciones”, concluye.

Otro de sus abogados, Joseph Campos, informó en la cadena estatal TV Perú que él le recomendó a la gobernante que no asista al Congreso porque desconocían el contenido de mociones de vacancia presentadas en su contra.

El proceso contra Boluarte

Todas las mociones de destitución presentadas contra Boluarte fueron aceptadas por no menos de 113 votos y el Parlamento también aprobó convocar de inmediato a Boluarte con 118 votos a favor, lo que supera las cuartas quintas partes de la Cámara.

El proceso es irreversible después de recibir el respaldo de los partidos de derecha que hasta ahora sostenían a Boluarte en el poder desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2022 y cuando solo faltan seis meses de celebrarse las elecciones generales peruanas de 2026, convocadas para el mes de abril.

Entre los promotores del proceso de destitución hay varios partidos que han respaldado a la mandataria pero que tienen líderes con aspiraciones presidenciales, como el del ultraconservador Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien es el alcalde de Lima; y el del derechista Podemos Perú, del empresario José Luna.

En el transcurso de la jornada se han acumulado de manera repentina y sin previo aviso hasta cuatro mociones de destitución contra Boluarte, que de un momento a otro se ha quedado sola tras quedarse sin el apoyo de los socios que le han permitido gobernar desde hace casi tres años a cambio de abandonar el proyecto político de su predecesor, el izquierdista Pedro Castillo (2021-2022), quien protagonizó un fallido intento de golpe de Estado frente a una posible destitución.

Boluarte deja el cargo como la presidenta más impopular de Latinoamérica, con una aprobación de apenas un 3% según varias encuestas, debido a las más de 50 muertes durante la represión a las protestas que pedían nuevas elecciones tras la destitución y encarcelamiento de Castillo, así como numerosas investigaciones por presunta corrupción.

Al consumarse su destitución, debe asumir la Presidencia de manera interina el presidente del Congreso hasta la celebración de las nuevas elecciones, con lo que se convertirá en el séptimo mandatario de Perú desde 2016, tras Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Manuel Merino (2020-2020), Francisco Sagasti (2020-2021) y Pedro Castillo (2021-2022), además de Boluarte. 

Con información de EFE

La Policía de Perú entregó a Matías Agustín Ozorio, mano derecha del narco “Pequeño J”, a agentes de la Policía bonaerense y la Interpol, quienes lo trasladaron a la Argentina en un avión de la Fuerza Aérea. El detenido arribó al país en medio de un fuerte operativo de seguridad y este viernes deberá declarar ante el fiscal Adrián Arribas.

Ozorio, de 28 años, llegó al aeropuerto de Lima acompañado de una estricta custodia policial. Desde el miércoles a la noche había quedado detenido en la sede de la Dirección Antidrogas junto al principal acusado en la causa, Tony Janzen Valverde Victoriano.

Finalmente, pasadas las 23, Ozorio aterrizó en Buenos Aires y quedó bajo custodia de las autoridades argentinas. Fue trasladado en helicóptero a la zona de Puente 12, en la base de apoyo aéreo de la Policía bonaerense en Ezeiza. De allí sería llevado a la DDI de San Justo, en donde este viernes por la mañana será indagado por el fiscal Arribas.

En el aeropuerto de Lima, se presentó el ministro del Interior peruano, Carlos Malaver, junto a agentes de la Policía Nacional para dar una conferencia de prensa sobre la entrega de Ozorio y la inminente extradición de “Pequeño J”.

“Si bien es cierto que no vamos a devolverle la vida a estas tres jóvenes, sí quisiéramos colaborar y dar un pequeño bálsamo a ese gran dolor que deben estar sufriendo los familiares de las víctimas”, expresó el funcionario.

El avión de la Fuerza Aérea, modelo EMBRAER ERJ 140LR con matrícula FAG037, salió desde El Palomar con un equipo de Interpol, un médico y oficiales de la Policía de la Provincia. Antes de aterrizar en el aeropuerto de Lima, realizó un parada en Salta.

Desde Perú, la aeronave despegó minutos después de las 18 y, alrededor de las 21 hizo una parada en Salta nuevamente para cargar combustible. De allí, emprendió un vuelo directo a Buenos Aires.

Carlos Adrián Arribas, a cargo de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, adelantó que Ozorio será indagado el viernes por la mañana. “No puedo decir qué rol tuvo Ozorio. Por ahora está como coautor. Es todo materia de investigación, hay secreto de sumario en la causa”, señaló el investigador a TN.

Por otro lado, el fiscal aseguró que no se levantará el secreto de sumario de la causa mientras avance la investigación y aclaró que aún no tienen probado “que haya habido una transmisión” del triple crimen.

Este viernes no solo se realizará la indagatoria a Ozorio, sino que también se llevará a cabo la apertura de los celulares incautados durante la investigación. Avances que podrían ser claves para esclarecer los hechos y a los autores.

“Es una audiencia importante porque vamos a sacar información clave”, agregó Arribas, quien aclaró que no tiene claro cuánto durará el proceso de apertura.

El fiscal advirtió que continúan estableciendo el móvil del triple crimen y descartó estar reteniendo la causa para que no pase a la justicia federal: “Solamente estoy investigando”.

“Es parte de la investigación si ´Pequeño J´ es parte de algo más grande. No sé si el techo de la organización termina en él”, explicó Arribas.

El titular de la fiscalía de La Matanza confirmó que ninguno de los primeros cuatro detenidos quiso declarar ante la Justicia.

A su vez, detalló que la causa continúa caratulada como homicidio “con características que no se ven a menudo”. “Por ahora no va a cambiar la carátula”, afirmó.

Por último, se negó a revelar los nombres de los prófugos. Se estima que hay al menos dos personas que participaron del crimen y aún no fueron detenidas.

Un fuerte terremoto puso en alerta a toda la costa del Pacífico. El seísmo, de magnitud 8,8 se produjo frente a la península rusa de Kamchatka. Es el más fuerte en la región desde 1952 y provocó la alarma de tsunami en varios países como Japón, China, varios territorios estadounidenses como Hawái, Canadá y distintos países de Latinoamérica.

Según las autoridades rusas, el terremoto se inició a 19,3 kilómetros de profundidad y a unos 126 kilómetros de la costa. Horas después los servicios de emergencia rusos registraron olas de tres y cuatro metros de altura en las costas del sureste de la península de Kamchatka, donde se produjo el terremoto.

Cuatro grandes olas provocadas por el terremoto alcanzaron e inundaron la costa de una de las islas Kuriles del norte, Paramushir, en Rusia sin causar víctimas, según informaron las autoridades locales.

La primera ola avanzó 200 metros y las siguientes olas dañaron la infraestructura del puerto de Sévero-Kurilsk. En total, han sido evacuadas unas 2.700 personas en el archipiélago de las Kuriles por la alerta de tsunami.

Pero la envergadura del temblor activó también las alarmas en Japón, que ya sufrió en 2011 un fuerte tsunami que afectó a las instalaciones nucleares de Fukushima. Ahora, el país ha activado los protocolos, pese a que las primeras estimaciones hablan de que el terremoto apenas se notó en Japón, donde alcanzó el nivel dos de la escala sísmica nipona de siete niveles (centrada en medir la agitación en la superficie y el potencial destructivo) en las ciudades de Kushiro, Akkeshi, Shibetsu y Betsukai, en el extremo sureste de la isla de Hokkaido, en el norte de archipiélago nipón y al sudoeste del epicentro.

Las autoridades japonesas constataron la llegada este miércoles de un tsunami de hasta 40 centímetros en la isla de Hokkaido, en el norte de Japón, después de que se emitiera una alerta. Las primeras olas llegaron a la ciudad de Hanasaki, en Nemuro, a las 10:30 hora local (03:30 hora española), mientras que en las localidades de Hamanaka, el puerto de Kushiro y Ako se observaron tsunamis de altura parecida, según detalló la cadena japonesa NHK.

No obstante, ante el riesgo de un impacto mayor, cerca de dos millones de personas han recibido en Japón órdenes de evacuar sus hogares o de abandonar zonas costeras ante el riesgo de tsunamis. Los trabajadores de la planta nuclear de Fukushima han sido también evacuados este miércoles.

En la isla septentrional de Hokkaido, la mayor de las que componen el archipiélago nipón ubicada con más cercanía a Kamchatka, las autoridades locales emitieron una orden de evacuación del máximo nivel (5 sobre 5) para 10.463 ciudadanos en la localidad costera de Urakawa. Esta alerta significa que un desastre natural “está en curso” y urge a la acción inmediata de los afectados para salvar sus vidas.

Además, la bahía de Tokio se encuentra sujeta a un aviso de tsunami de hasta un metro, así como la de Osaka, donde se celebra la Exposición Universal, y las islas de Shikoku (oeste), Kyushu (sudoeste) y Okinawa (sudoeste). También se esperan tsunamis de hasta 20 centímetros en las costas del mar de Japón.

Las autoridades chinas también emitieron una alerta de tsunami de nivel amarillo tras el fuerte terremoto de magnitud 8,8 registrado frente a la península rusa de Kamchatka. El Centro de Alerta de Tsunamis del Ministerio de Recursos Naturales indicó que el sismo, ocurrido a las 07:25 hora de Pekín (01:25 horas), podría provocar olas de hasta 40 centímetros en la costa norte de Zhejiang y de unos 30 centímetros en Shanghái entre las 17:00 y las 20:00 horas de hoy en el gigante asiático (11:00 y 14:00 horas).

La alerta amarilla -el segundo nivel más bajo en el sistema de cuatro niveles de advertencia de tsunamis de China, que va de azul a rojo- llega después de que sensores oceánicos cerca del epicentro detectaran olas de hasta 90 centímetros y estaciones costeras en Japón y Rusia registraran alturas de entre 30 y 50 centímetros.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) elevó inmediatamente al máximo la alerta por riesgo de tsunami en todo el estado de Hawái, ubicado en medio del océano Pacífico, así como en el extremo más occidental de Alaska. Horas después, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) ha decidido bajar la alerta a 'aviso' explicando que “no se espera que un tsunami de gran magnitud azote el estado de Hawái”.

El gobernador del archipiélago, Josh Green, había decretado el estado de emergencia y llamado a la población a evacuar las zonas costeras. Las primeras olas comenzaron a impactar en las costas de Hawái a las 8.25 horas (hora local). Desde entonces se ha registrado ya una ola de 1.74 metros en Kahului, Maui, y otra de 1.5 metros en Hailo.

“He firmado una proclamación de emergencia y los Centros de Operaciones de Emergencia del Estado y del Condado están completamente activados. Por favor, tomen esta situación en serio”, dijo Green en la red social X. El gobernador también ha anunciado la cancelación de todos los vuelos con origen y destino a la isla de Maui.

La agencia estadounidense lanzó un aviso amarillo para toda la costa oeste de Estados Unidos y Canadá, que posteriormente elevó a nivel naranja -el segundo en la escala de intensidad de tres colores- y que alcanzó el color rojo -el de mayor riesgo- en un tramo de casi 200 kilómetros entre California y Oregón.Las autoridades canadienses pidieron a los habitantes de gran parte de su costa del Pacífico que eviten las playas y las zonas litorales.

En Filipinas se alertó de la llegada de olas de “menos de un metro” en varios puntos costeros del archipiélago. “Se prevé que las primeras olas del tsunami lleguen entre 13:20 y 14:40 hora local (7:20 y 8:40 hora española)”, señaló el Departamento de Sismología. Según los resultados del análisis de la Agencia indonesia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG), el terremoto tiene el potencial de causar un tsunami con altura inferior a 0,5 metros.

Alerta generalizada en Latinoamérica

El Centro de Alertas de Tsunamis (CAT) de la Secretaría de Marina (Semar) de México emitió una alerta para las costas del Pacífico mexicano, donde se espera el arribo de alturas menores a 20 centímetros a partir de las 02.00 hora local (10.00 horas) y hasta cinco horas después en Ensenada, Punta Abreojos (Baja California), Cabo San Lucas (Baja California Sur), Mazatlán (Sinaloa), Puerto Vallarta (Jalisco), Manzanillo (Colima), San Blas (Nayarit), Lázaro Cárdenas (Michoacán), Acapulco (Guerrero), Salina Cruz (Oaxaca) y Puerto Madero (Chiapas).

En tanto, la Agencia de Meteorología del estado de Chiapas (AMC) también apuntó costas de Guatemala (Champerico), El Salvador (Acajutla), Nicaragua (Corinto) Costa Rica (Quepos) y Panamá (Punta Mala).

El presidente Gabriel Boric informó que hay una “alerta de tsunami para toda la costa de Chile para mañana (miércoles)” y que según el protocolo se evacuará “tres horas antes de la estimación de la llegada de la ola”.

La alerta aplica para las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso, y estado de precaución en Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Ecuador lanzó una advertencia ante la “alta probabilidad” de un tsunami que afecte a las Islas Galápagos y para las costas del territorio continental se mantiene la observación. En caso de llegar un tsunami a las costas ecuatorianas, lo haría en los primeros puntos a las 10.00 hora local de Galápagos y a las 11.00 hora local continental (18.00 hora española), y en los puntos más alejados llegaría en torno a las 13.00 horas (20.00 horas).

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú lanzó una alerta de tsunami para todo el litoral del país. De acuerdo al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), el tren de olas puede llegar a las costas peruanas en torno a las 10.00 hora local (17.00 horas) en los puertos de la costa norte del país y a las 11.24 (18.24 horas) al puerto del Callao, aledaño a la capital Lima, y a las 12.22 (19.22 horas) al sureño de Matarani, en la región Arequipa.

Nuevo terremoto de magnitud 6,2 sacude a Kamchatka

Un nuevo terremoto de magnitud 6,2 sacudió este miércoles la península rusa de Kamchatka, según informaron los sismólogos de la Academia de Ciencias de Rusia.

El temblor tuvo lugar a las 21:56 hora local (09:56 GMT) y su epicentro se situó a una profundidad de 69 kilómetros y a casi 200 kilómetros al este de la capital de Kamchatka.

Los habitantes de la península, escenario de un terremoto de magnitud 8,8, informan en las redes sociales de “nuevas sacudidas”, mientras que los sismólogos reportan numerosas réplicas.

El primer seísmo, que provocó alerta de tsunamis en muchos países bañados por el océano Pacífico, fue el más potente en esa región del Lejano Oriente ruso bañada por el océano Pacífico desde 1952, según informó el Servicio Geofísico Unificado ruso en su canal de Telegram.

Los especialistas rusos registraron en el plazo de una hora unas trece réplicas de magnitud 5-6 cerca de Petropavlovsk-Kamchatski, capital de la península.

Precisamente, el epicentro del seísmo se situaba 161 kilómetros al este de la ciudad rusa, a una profundidad de 32 kilómetros.

Las autoridades locales están evaluando los daños, proceso que llevará una semana, pero por el momento apenas hay desperfectos en viviendas, infraestructuras y carreteras.

Aunque se mantiene la alerta de tsunami en ciertos lugares, algunos evacuados ya están volviendo a sus hogares, ya que en el Lejano Oriente ruso ya ha anochecido.

Los científicos rusos admiten que en las costas de Kamchatka, la isla de Sajalín y el archipiélago de las Kuriles faltan entre 10 y 15 estaciones automáticas de medición del nivel del mar y de amenaza de tsunamis.

EFE

La minería ilegal mueve siete veces más dinero que el narcotráfico en Perú, alertó este viernes el canciller Elmer Schialer al advertir sobre la urgente necesidad de formalizar la actividad minera en el país.

Schialer se refirió al gran poder de esta actividad delictiva en la emisora RPP, al hablar de los bloqueos en carreteras de varios puntos del Perú, como en Arequipa y La Libertad, por parte de mineros ilegales.

Desde la semana pasada, estos grupos protestaron por el anuncio del cierre del registro estatal que les permitía seguir con sus actividades, las cuales fueron vinculadas con el incremento de la criminalidad.

“Nosotros vamos a reimponer el principio de autoridad, vamos a dialogar con quien quiera dialogar y vamos a aplicar todo el peso de la ley a todos estos dirigentes (que impulsan los reclamos), que ya están identificados”, aseguró el canciller.

En este sentido, sostuvo que quienes bloquean las carreteras están recibiendo unos 120 soles diarios (US$33 o €29), lo que evidencia un financiamiento no necesariamente legal, vinculado principalmente a la minería ilegal.

Agregó que a “esa gente que financia busca desestabilizar” no le interesa “la ley, ni la paz” y dijo que los bloqueos están afectando al transporte de alimentos y otros bienes esenciales.

Además, indicó que el Ejecutivo ya anunció que se van a sancionar y “aplicar todo el peso de la ley contra los responsables”, pero agregó que también sigue abierta la puerta del diálogo.

Expertos vincularon la expansión de la minería ilegal en Perú con el aumento del precio del oro en el mercado nacional e internacional.

Precisamente, el diario El Comercio alertó este viernes que hay puntos de la Amazonía peruana donde una draga minera puede extraer hasta 7 kilos de oro al año usando mercurio, lo que además de un gran daño medioambiental, genera unos US$690.000 o €590.000 anuales.

EFE

A menudo se dice que el imperio inca, que se extendió a lo largo de 4.000 kilómetros y fue la civilización más grande de América, no tuvo un sistema de escritura. Pero la afirmación no es del todo exacta, porque los incas registraron la información a través de un sofisticado sistema de cuerdas y nudos, los quipus, que los expertos llevan años tratando de descifrar.

Una de esas especialistas es la antropóloga escocesa Sabine Hyland, que viajó hasta la remota aldea montañosa de Jucul, en los Andes peruanos, para estudiar un conjunto de quipus que fueron guardados en secreto durante siglos por los ancianos. Estos quipus no fueron generados directamente por los incas, sino por los habitantes de la zona que aún sabían interpretar sus signos tras la caída del imperio en el siglo XVI, y Hyland cree que pueden ofrecer algunas claves para descifrar su mensaje.

Los quipus de Jucul tienen algunas características especiales, como que presentan borlas en lugar de nudos, y Hayland descubrió un detalle que tiene el máximo interés para los climatólogos: estas marcas en las cuerdas se relacionan con ofrendas en épocas de sequía o inundaciones. “Los pueblos andinos del pasado consideraban estos quipus un registro del clima y los estudiaban para comprender los patrones de lo que ocurría, tal como lo hacemos hoy”, escribe la antropóloga de la Universidad de Saint Andrews en The Conversation.

Si miras uno de los quipus de Jucul y ves que había muchas ofrendas a Paccha-cocha ese año, sabes que era una época de sequía, ya que las ofrendas se hacían para aumentar la lluvia

Sabine Hyland — Antropóloga de la Universidad de Saint Andrews

Algunas borlas de los 97 quipus conservados por los aldeanos están hechas de colas de llama que recuerdan a las nubes de lluvia y se presentaban en las ofrendas en el lago sagrado Paccha-cocha cuando se quería invocar a las precipitaciones, mientras que en otros rituales pedían a los espíritus de los muertos que detuvieran las inundaciones. “Si miras uno de los quipus de Jucul y ves que había muchas ofrendas a Paccha-cocha ese año, sabes que era una época de sequía, ya que las ofrendas se hacían para aumentar la lluvia”, escribe Hyland.

Buscar los isótopos

Clara Rodriguez Morata, paleoclimatóloga del Centro de Biodiversidad Naturalis, en Países Bajos, cree que los quipus pueden aportar información valiosa para completar el registro climático histórico de los Andes, no solo a través de los datos etnográficos y lingüísticos, como los que obtiene Hyland, sino con herramientas como el análisis de isótopos con las que ella trabaja. De hecho, antes de conocer el enfoque de la antropóloga escocesa, ya había comenzado a explorar esta posibilidad con el investigador peruano Iván Ghezzi, que está obteniendo fechas de radiocarbono precisas para los quipus.

“Le pregunté a Iván qué tipo de materiales se usaban para hacer los nudos, si eran fibras animales o vegetales, porque yo trabajo con isótopos estables de oxígeno en madera y lo relacionamos con la climatología de regional”, explica. “Si obtenemos el contenido isotópico y una datación, quizá podamos relacionarlo científicamente con temas de precipitación y tener también un registro climático”.

Es perfectamente posible que algún día los quipus —que comprenden inventarios, censos y calendarios— nos regalen también datos sobre el clima del pasado

Iván Ghezzi — Investigador experto en quipus y datación por radiocarbono

“Los quipus son artefactos muy ricos en información, y complejos en estructura y contexto de hallazgo”, explica Ghezi a elDiario.es. Los proyectos de datación mediante radiocarbono que él y su equipo realizaron demuestran que es posible aprovechar esta complejidad para obtener fechados de alta precisión, con un rango de error inferior a 20 años. “Algunos quipus excepcionales los estamos correlacionando con eventos históricos de fecha conocida, es decir, un año exacto, registrados en documentos escritos de la época colonial del Perú”, señala. “Por lo tanto, es perfectamente posible que algún día los quipus —que ya sabemos que comprenden inventarios, censos y calendarios— nos regalen también datos sobre el clima del pasado”.

Descifrar un enigma

Aunque la mayoría de los quipus que conocemos se fabricaron en época inca, desde hace algunas décadas los científicos se están centrando en intentar descifrar los quipus de época colonial, que pueden relacionar con eventos históricos conocidos. El mayor paso hasta la fecha lo dio el matemático estadounidense Manny Medrano con el llamado “archivo de quipus del valle del Santa”, que ha podido correlacionar con un texto de la misma zona escrito en español en el año 1670, como si fuera una especie de piedra de Rosetta de los quipus. “Recién estamos empezando a descifrar los quipus, y cuando alcancemos este logro, se abrirá un universo de información que contienen, incluyendo probablemente el clima”, destaca Ghezi.

¿Por qué tiene tanto interés obtener datos del clima en el tiempo de los incas? Porque es un periodo del que apenas hay registros y fundamental para entender los climas del pasado, en concreto, las oscilaciones de las precipitaciones y temperaturas producidas por los ciclos de El Niño, que dependen de cambios en la temperatura superficial del océano del Pacífico.

“En Europa llevamos midiendo temperatura y precipitación desde hace 200 años, pero en los Andes, no”, señala Rodríguez Morata. “Por eso, cualquier registro del tipo que sea que nos dé información sobre el clima del pasado es muy importante para los modelos climáticos y para hacer las proyecciones a futuro. Si los incas registraban en los quipus la información que ellos necesitaban mantener, deberían ser mucho más estudiados a nivel climático”.

Creo que los quipus tienen un gran potencial como un indicador climático nuevo y único en una región remota donde hay pocos indicadores climáticos de alta resolución disponibles

Valerie Trouet — Investigadora de la Universidad de Arizona y paleoclimatóloga

“Los quipus, las rogativas, nos abren una ventana al clima del pasado”, asegura Marta Domínguez Delmás, experta en dendrocronología, la datación de los anillos de los árboles. “Son registros climatológicos de alta resolución, con una cobertura geográfica y/o temporal mayor de la que ofrecen los registros instrumentales. También indican que nuestros antepasados sentían la misma necesidad de entender y mitigar los fenómenos climatológicos extremos”.

“Creo que los quipus tienen un gran potencial como un indicador climático nuevo y único en una región remota donde hay pocos indicadores climáticos de alta resolución disponibles”, añade la investigadora de la Universidad de Arizona y paleoclimatóloga Valerie Trouet. “En Europa existe una larga historia de documentación escrita”, recuerda. “Los quipus brindarán una oportunidad única para hacer lo mismo en una región y para un período histórico donde los registros escritos son mucho más escasos, si es que existen”.

Buscando nuevos proxies

Cuando no existe un registro directo, los climatólogos obtienen datos de diferentes fuentes, desde los anillos de los árboles a las muestras de hielo, lo que se llama un proxy climático. Estas fuentes sirven para reconstruir un modelo de cómo fue el clima de épocas pasadas y entender su evolución. En el caso de los Andes, hay investigadores trabajando en los más diversos escenarios, desde los testigos de hielo de los glaciares hasta la madera de las queuñas centenarias que crecen en lo alto de los volcanes.

Desde el Laboratorio de Dendocronología de la Universidad Austral de Chile, por ejemplo, Duncan Christie y su equipo están trabajando en una reconstrucción precisa del clima del altiplano en los últimos 1.000 años a partir de los anillos de los árboles. “Sería muy interesante comparar los datos obtenidos de los quipus con estos valores, porque en la misma época hay señales de sequías muy severas y sostenidas y también periodos muy lluviosos, así como señales de El Niño”, asegura. “Necesitamos tener un registro largo para ver cuál es la variabilidad natural y determinar qué se debe al cambio climático”.

Cualquier registro del tipo que sea que nos dé información sobre el clima del pasado es muy importante para los modelos climáticos y para hacer las proyecciones a futuro

Clara Rodriguez Morata — Paleoclimatóloga del Centro de Biodiversidad Naturalis, en Países Bajos

Clara Rodríguez Morata e Iván Ghezi colaboran en la investigación de un yacimiento arqueológico de más de 3.000 años conocido como Chankillo, en la costa peruana, que puede ampliar la comprensión de los efectos de El Niño. “Las puertas del sitio tienen los dinteles de madera, son troncos enteros de algarrobo”, señala la investigadora española. “La teoría de los arqueólogos es que hubo un evento de El Niño muy fuerte que desestabilizó toda la sociedad del momento y vamos a comprobar si se ve en los anillos”. “Queremos ver la relación entre esta catástrofe ambiental, social y de salud pública, y la aparición de la guerra en la zona”, afirma Ghezi.

El caso de los quipus es especial, porque permite investigar datos del clima tanto en el sustrato físico como en el mensaje que dejaron registrado los habitantes de la zona. Algo parecido sucede con las litografías de piedra halladas en el yacimiento arqueológico de Cerro Sechín, de más de 2.000 años de antigüedad, en las que aparecen grandes peces que se han asociado con un fenómeno de El Niño particularmente intenso. “Cualquier formato es útil para intentar reconstruir los cambios del clima”, asegura Rodríguez Morata. Y si los quipus de Jucul ayudan a construir una cronología de lluvias a partir de las ofrendas habrá más datos para comprobar lo que pasó en toda la región.

Para Duncan Christie, la información que se pueda obtener de los quipus tiene cierto paralelismo con la que se extrajo de los registros de actividad en las minas de plata de Potosí, en Bolivia. “En épocas coloniales hay registros muy detallados de cómo era el caudal del canal que alimentaba los molinos de la mina o la cantidad de rogativas católicas para pedir la lluvia, y al comparar con las reconstrucciones de precipitación obtenidas con los anillos de los árboles encontramos coincidencias, así que son métodos que se que se complementan y se validan entre ellos”.

“Si logramos cartografiar los quipus y datarlos, tendremos un registro de datos climáticos de esta región, creado por los propios habitantes andinos”, concluye Hyland. “Creo que existen otras aldeas en la región con quipus similares”, comenta a elDiario.es. “La última vez que estuve en Jucul, me hablaron de dos aldeas diferentes con quipus muy parecidos”.

Aunque en su estado actual, advierte, los quipus de Jucul se encuentran amenazados por insectos, moho y roedores y corremos el riesgo de que este tesoro de datos etnográficos, culturales y climáticos se pierda para el futuro. “Recientemente recibí una ayuda del Museo Británico para limpiar y preservar profesionalmente estos quipus”, informa la antropóloga. “También esperamos crear una vitrina para el quipu más grande del mundo, para que pueda exhibirse en el pequeño museo del pueblo. Aún nos queda mucha más investigación que realizar sobre los quipus y cómo codificaban la información”.

China anunció este jueves que, a partir del 1 de junio de 2025, los ciudadanos de Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay podrán ingresar a China sin necesidad de visado para estancias de hasta 30 días.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino Lin Jian confirmó los detalles de la medida, que había sido adelantada por el presidente, Xi Jinping, durante la reciente cumbre ministerial China–Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) .

Según Lin, la política estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 y permitirá a los titulares de pasaportes ordinarios viajar al país asiático por motivos de turismo, negocios, visitas familiares, intercambios culturales o tránsito.

El objetivo, afirmó el vocero, es “facilitar aún más los intercambios entre pueblos y fomentar la cooperación amistosa”.

Lin aseguró que China “seguirá ampliando su política de apertura” y dio la bienvenida a más ciudadanos latinoamericanos para que “visiten, exploren y experimenten la vitalidad y diversidad” del país.

La iniciativa se enmarca en una serie de pasos adoptados por Pekín desde 2023 para reactivar el turismo y los vínculos internacionales tras el prolongado cierre de fronteras por la pandemia.

China ya había extendido de 15 a 30 días el periodo de exención de visado para países como España y ha firmado acuerdos de exención recíproca con otra veintena de Estados.

Actualmente, China es el principal socio comercial de países como Brasil, Chile y Perú, y ha incrementado su presencia en América Latina a través de proyectos de infraestructura y comercio vinculados a su iniciativa de las Nuevas Rutas de la Seda.

Pekín asegura que China y Latinoamérica “reforzarán su unidad” tras reunión con la Celac

El Gobierno chino aseguró este miércoles que China y Latinoamérica “fortalecerán su unidad” y “trabajarán juntos para crear un supermercado de 2.000 millones de personas”, después de que se celebrase este martes la IV Reunión Ministerial del foro China-Celac en la capital china.

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró en una rueda de prensa que “la cooperación entre China y América Latina tiene amplias perspectivas”, “proporciona nuevos motores” y “abre nuevas oportunidades para su respectivo crecimiento y desarrollo global”.

Lin aseveró que ambas partes “continuarán apoyándose mutuamente en temas relacionados con los intereses fundamentales y preocupaciones principales de cada uno”.

“China y América Latina mantendrán el sistema de comercio multilateral y el ambiente de cooperación abierto, y protegerán la equidad y la justicia internacionales, así como la paz y la estabilidad mundiales”, agregó el vocero, al tiempo que describía el foro celebrado este martes como “un gran éxito”.

La IV Reunión Ministerial del foro China-Celac aprobó para el periodo 2025-2027 un centenar de proyectos que se suman a una línea de crédito de 60.000 millones de yuanes (aproximadamente 8.330 millones de dólares, 7.498 millones de euros) anunciada por el líder chino, Xi Jinping.

Y es que a pesar de tratarse de una reunión de ministros de Exteriores, la cita la protagonizaron el propio Xi y los presidentes de Colombia, Chile y Brasil, cuya inédita asistencia implica una firme declaración de intenciones frente a un Washington irritado por la presencia creciente de China en la región.

China y los países miembros de la Celac adoptaron una declaración conjunta que enfatiza su apuesta mutua por el multilateralismo.

“Diversificar mercados debe ser una realidad. Hoy desde Pekín lanzamos el mensaje al mundo de que somos regiones hermanas”, dijo en la capital china la canciller colombiana, Laura Sarabia, cuyo país ejerce la presidencia del organismo, en una rueda de prensa conjunta con el jefe de la diplomacia china, Wang Yi, al término de la reunión. 

EFE.

IG