El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció este jueves que se reunirá con organizaciones feministas para escuchar sus sugerencias, en medio de la polémica por su decisión de eliminar el Ministerio de la Mujer, creado apenas un año atrás, y sustituirlo por un nuevo organismo en el marco de una reestructuración estatal.

El mandatario adelantó que el encuentro con las organizaciones tendrá lugar “pronto” y que se evalúa la posibilidad de reconvertir el Ministerio en un Instituto de la Mujer o un Viceministerio dentro de la cartera de Desarrollo Social (Mides), según informó un comunicado oficial.

“Es una entidad que, por crearse a la carrera, no genera lo que debió generar, salvo buena burocracia”, justificó Mulino, y agregó que su gobierno busca transformarla en “una entidad más útil”.

La decisión fue criticada por la Defensoría del Pueblo de Panamá, que advirtió sobre un “grave retroceso” en la garantía y protección de los derechos humanos de mujeres y niñas. También una treintena de organizaciones feministas rechazaron el anuncio por considerarlo parte de un recorte de derechos disfrazado de ajuste fiscal.

La situación recuerda a la que se vive en la Argentina, donde el presidente Javier Milei eliminó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad apenas asumió, como parte de su plan de ajuste estatal para alcanzar el déficit cero. A diferencia del caso panameño, donde al menos se anunció una instancia de diálogo con colectivos de mujeres, en la Argentina la medida se tomó sin consulta previa y enmarcada en un discurso abiertamente antifeminista.

El propio Milei ha calificado al feminismo como “una aberración” y “una forma de colectivismo”, ha dicho públicamente que la brecha salarial de género es un “invento” y ha atacado en foros internacionales a las personas trans y homosexuales. Su gobierno también ha desfinanciado políticas de género, cortado programas de prevención de violencias y despedido personal especializado.

Panamá y la Argentina comparten así una tendencia regional que, en nombre del achicamiento del Estado, pone en riesgo derechos conquistados por los movimientos feministas. Pero mientras en Panamá se habilita una instancia de diálogo, en la Argentina el rumbo elegido por el Gobierno es directamente negacionista y punitivista frente a las demandas de género.

JJD, con información de EFE.

“Los necesitamos por seguridad económica”, afirmó Donald Trump sobre Groenlandia y el Canal de Panamá. Cuando se le preguntó, el presidente electo de EEUU no descartó utilizar medidas militares o económicas para tomar el control de ambas posiciones estratégicas.

En una conferencia de prensa celebrada este martes en Mar a Lago en la que expuso sus ansias expansionistas, el presidente electo sugirió incluso que utilizaría la “fuerza económica” para unir Canadá y EEUU. “Eso sería algo grande y te deshacés de esa línea artificial. También sería mucho mejor para la seguridad nacional”. “No olviden que básicamente protegemos a Canadá. Me encanta el pueblo canadiense. Son geniales. Pero nos gastamos miles de millones de dólares al año para protegerlo”, añadió.

En cuanto al Canal de Panamá, Trump recordó que fue construido por EEUU. “Puede ser que se tenga que hacer algo”, afirmó. “El Canal de Panamá es vital para nuestro país. Esta siendo operado por China y se lo dimos a Panamá. No se lo dimos a China”.

El Canal de Panamá fue entregado al país centroamericano en 1999 y su presidente, José Raúl Mulino, rechazó por completo negociar cualquier tipo de cambio sobre el estatus legal y el control del paso. “No hay nada de lo que hablar”, dijo el presidente tras una publicación de Trump en redes sociales en la que afirmaba que: “Si Panamá no garantiza la operación segura y eficiente [del canal], exigiremos que nos los devuelvan por completo y sin preguntas”.

Respecto a Groenlandia afirmó: “Lo necesitamos por nuestros objetivos de seguridad nacional. La gente lo dice desde hace mucho tiempo”. Este martes, su hijo Donald Trump Jr visitó la isla, que pertenece a Dinamarca, afirmando que se trata de una visita privada para grabar material para su pódcast. Además de la posición estratégica de la isla, su subsuelo esconde grandes recursos de las denominadas tierras raras y EEUU tiene una base militar.

“Hay aproximadamente 45.000 personas ahí. La gente ni siquiera sabe realmente si Dinamarca tiene algún derecho legal sobre la isla, pero si lo tiene, deberían renunciar a ello porque la necesitamos por seguridad nacional”, afirmó. “Es por el mundo libre. Hablo de proteger al mundo libre”, añadió.

De hecho, el presidente electo amenazó a Dinamarca con aranceles “de muy alto nivel” si no cumplen. Trump mencionó que hay barcos chinos y rusos “por todas partes” en la zona.

Por último, Trump también propuso renombrar el Golfo de México. “Vamos a cambiar el nombre del Golfo de México por el de Golfo de América”, aseguró. “Es un nombre precioso. Y es apropiado”.

El domingo 5 de mayo, un padrón de 3 millones de votantes estaba convocado en Panamá para concurrir a las urnas y elegir el nuevo Ejecutivo, los 71 escaños del Poder Legislativo unicameral de la Asamblea Nacional, la 20 bancas del Parlamento Centroamericano, 81 alcaldes, 701 representantes de corregimiento y 11 concejales, todos cargos con sus suplentes, para el período 2024-2029.

“¡Misión cumplida, carajo (...), misión cumplida Ricardo!”  proclamó este domingo el ganador en las elecciones presidenciales, el abogado, diplomático y político panameño José Raúl Mulino, por el partido de derecha Realizando Metas, en el festejo con sus seguidores de su triunfo en los comicios.

Bajo la sombra del Caudillo

Con toda intención, el reciente presidente electo nombraba al ex presidente Ricardo Martinelli (2009-2014), el creador en 2021 de Realizando Metas que otorgó todo su apoyo y caudal político durante la campaña a Mulino.

El ex mandatario se encuentra refugiado en la embajada de Nicaragua debido a la condena a diez años de cárcel por blanqueo de capitales que lo inhabilitó de participar en la contienda electoral. Antes de la descalificación, el expresidente era el favorito de las encuestas.  Su administración es recordada en gran medida por el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, que resuena con los votantes que enfrentan altas tasas de inflación y desempleo. La proscripción no fue obstáculo para que Martinelli desde la embajada interviniera activamente en la campaña electoral, razón por la cual el presidente Laurentino Cortizo, quien rechazó el pedido del refugiado de un salvoconducto para salir del país,  reclamó a Nicaragua por intromisión en sus “asuntos internos”.

Cántaros a la fuente; el 28 de abril, Martinelli estuvo presente “virtualmente” en el cierre de campaña de Mulino y no se privó de pronunciar un discurso en línea en su apoyo. El domingo 5 de mayo,  Mulino visitó a Martinelli en la embajada nicaragüense quien difundió por la red X su agradecimiento por la visita.

“Un abrazo Ricardo (Martinelli) hasta allá donde estás. Como dije se acabó la persecución política en este país, el país está harto de las peleas politiqueras que no nos han conducido a nada bueno, no me considero enemigo de nadie, y espero que nadie me considere su enemigo”, declaró Mulino apenas se conocieron los resultados que consagraban su triunfo el 34% del total de los votos ante otros siete contrincantes.

Mulino resultó ganador ante el expresidente Martín Torrijos (2004-2009), quien aspiraba a la reelección por el centroderechista Partido Popular (PP); Rómulo Roux, por la alianza de los centroderechistas Cambio Democrático (CD) y Partido Panameñista (PPA); Ricardo Lombana, por el variopinto partido Movimiento Otro Camino (MOCA); José Gabriel Carrizo, actual vicepresidente del país del Partido Revolucionario Democrático(PRD, centroizquierda); y los candidatos de libre postulación Melitón Arrocha, Maribel Gordón y Zulay Rodríguez.

Presidir sobre un país y sobre un canal bioceánicos

Mulino, abogado de 64 años,  fue el compañero de fórmula de Martinelli hasta que los tribunales lo descalificaron. Ejerció el cargo de ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Guillermo Endara (1989-94) elegido democráticamente en la sucesión presidencial del dictador Manuel Noriega. Más tarde, Ministro de Justicia (2009-10) y luego Ministro de Seguridad Pública (2010-14) de la gestión de Martinelli. El ex presidente refugiado inicialmente había elegido a su esposa Marta Linares como su compañera de fórmula, pero debido a la protesta pública la reemplazó por Mulino, cuya candidatura observada ante la Justicia por no haber sido elegido en elecciones primarias, sólo fue autorizada por el Tribunal Supremo el viernes 3 de mayo, dos días antes de la votación.

La cadena local ‘tvn’ describió a José Raúl Mulino como un político “de pocas sonrisas, directo, pero leal”. Sin embargo, también hay quienes lo califican como un hombre “de mano dura”. Y entre las críticas en su contra se destaca la represión policial en su desempeño como ministro de Seguridad contra protestas antigubernamentales como la ocurrida en Boca de Toro en 2010, donde al menos diez personas fueron asesinadas, entre ellos la mitad fueron niños y hubo 716 heridos.

Mulino, quien estuvo en prisión preventiva por supuestos delitos de corrupción y fue liberado por errores procesales, se ufana de haber sido “preso político” como también de que “para la izquierda no voy a coger nunca”. Casado con Maricel Cohen, dueña de un negocio para mascotas, el católico Mulino asegura que le encanta pasar el tiempo, entre gallinas y conejos, en la finca que su esposa le regaló cuando cumplió 50 años. 

La herencia del socialdemócrata Laurentino ‘Nito’ Cortizo, presidente saliente

El candidato electo Mulino asumirá la presidencia el 1 de julio por un período de cinco años. El balance de la gestión saliente del social democráta Laurentino Cortizo del país centroamericano de 75 517 kilómetros cuadrados,   escenario geográfico del canal de Panamá que asegura la unión y el paso entre las costas de los océanos Atlántico y Pacífico; con una población de 4 279 000 habitantes, que atravesó la pandemia del Covid-19 y la invasión de Rusia a Ucrania que acrecentó la crisis migratoria y la inflación,  aparece signado  por la corrupción del Ejecutivo y de la Asamblea Nacional, un sistema de fondos de pensiones con problemas y revueltas sociales.

La primera, la  de los estudiantes universitarios y movimientos feministas y LGB panameño contra las reformas constitucionales en 2019. En noviembre 2021,  los sectores populares organizados salieron a las calles por la defensa de un sistema de pensiones público, gratuito y de calidad, el desempleo superior al 20% sin incluir las miles de personas con contratos suspendidos, la reforma electoral, el rechazo a la política minera metálica y reclamo de los colectivos feministas por seguridad social. En agosto de 2022, educadores, obreros de la construcción, movimientos indígenas y campesinos, trabajadores, médicos y estudiantes cantaron, bailaron y bramaron por vivir bajo la amenaza de inundaciones , de cortes diarios de agua y transporte con deficiente frecuencia, con los salarios que se esfuman entre alimentos y medicinas, precarios sistemas de salud y donde gran parte de la población trabaja y cobra cuando puede, sin saber lo que devendrá el mañana.

De la seguidilla de protestas, las del 2023, las más grandes que ha tenido Panamá en tres décadas comenzaron el 23 de octubre, en vísperas de las fiestas patrias, con un par de cientos de personas en las vías. Cuando el gobierno firmó un contrato de concesión minera con la multinacional canadiense First Quantum por hasta 40 años, más de 70 000 personas salieron todos los días a las calles de la ciudad de Panamá , otras tantas miles en las capitales del interior y pueblos remotos, y hasta en el mar: pescadores aceleraron sus lanchas por el golfo de Los Mosquitos hasta el puerto Punta Rincón, que controla la mina, con el mismo reclamo: Panamá libre de minería. El máximo tribunal panameño declaró inconstitucional el contrato en noviembre pasado

Simultáneamente, las previsiones económicas son poco halagüeñas. Panamá durante gran parte del este siglo tuvo la economía con mejor desempeño en América Latina,  sin embargo su crecimiento caerá del 7,3% en 2023 al 2,5% en 2024, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), además de una deuda pública de 50.000 millones de dólares. Se suman el desempleo, con una tasa en torno al 10 por ciento; la tasa de 45% de los puestos de trabajo en el mercado informal y un tercio de la población rural vive en la pobreza.

Al mismo tiempo, el Canal de Panamá, un motor económico por lo que transita por allá alrededor del 6% del comercio marítimo mundial, ha tenido que limitar su tráfico debido a una sequía que ha desencadenado los lagos de agua dulce que abastecen las esclusas, poniendo en entredicho su supervivencia a largo plazo.

Promesas de campaña: cerrar rutas migratorias, reactivar la economía, combatir al narco

Mulino afirmó que, de llegar a la Presidencia, “cerraría” el paso fronterizo en el Tapón del Darién. En 2023, más de medio millón de migrantes en busca de una vida mejor en EEUU cruzaron la peligrosa selva del Darién, que une a Panamá y Colombia, para sucumbir en gran número en manos de bandas criminales. Aseguró también que pediría apoyo a los países de la región implicados en el flujo migratorio de personas que vienen de América del Sur, África y el Caribe.  “Panamá no es un país de tránsito” sostuvo Mulino; pero no dio más detalles sobre cómo podría cumplir con esa promesa de detener la migración.

Al igual que otros candidatos, Mulino ha dicho que se centraría en el empleo, el crimen y el acceso al agua potable. Buscará mejorar la infraestructura y el transporte público. Ha prometido expandir el sistema metropolitano de la ciudad de Panamá, un proyecto popular de la presidencia de Martinelli, a la cercana ciudad de La Chorrera, renovar el mantenimiento de las carreteras del país y un “ataque frontal” contra el narcotráfico.

Con todo, según una encuesta de Doxa, el 65% de los panameños sostienen que Martinelli será quien gobernará en la sombra. Como sea el próximo gobierno no cuenta con mayoría en la Asamblea Nacional y por lo tanto tendrá que negociar con las fuerzas políticas, sentarse en torno a la mesa y encontrar soluciones a los problemas graves y estructurales: la Caja de Seguro Social es uno, las consecuencias del Cambio Climático es otro, la situación fiscal es bastante crítica y la calidad de los servicios públicos. Después de una campaña con poca política y más bien con disputas de personas y liderazgos se abre una incógnita de cuál va a ser el tipo de política que dominará.

AGB

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso desde 2021, tuvo hasta 2022 una empresa en Panamá creada por Fernando Camino, actual directivo del grupo de sanidad privada Quirón, el que fue durante años su principal cliente. El novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid administró esa sociedad hasta 2022, tras defraudar presuntamente a Hacienda 350.951 euros en 2020 y 2021.

Esa empresa en Panamá, un territorio incluido en la última lista de paraísos fiscales de la UE, se llamaba Insumos Médicos del Pacífico, SA. La crearon en 2013, entre otros, el actual presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino. Fue disuelta en 2022, tras los dos ejercicios en los que dos empresas de González Amador en España dispararon su facturación y cometieron sendos delitos fiscales al rebajar artificialmente sus beneficios valiéndose de una trama de facturas falsas y sociedades pantalla, según la Agencia Tributaria y la Fiscalía. Buena parte de esos ingresos, 2 millones de euros, procedió de comisiones por intermediar en la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia.

La relación del novio de Ayuso con esa empresa de Panamá viene de atrás. En el registro de ese país consta una reunión de la asamblea de accionistas de la sociedad en febrero de 2014 en la que “actuó como Secretario Ad-Hoc el señor Alberto González Amador, en ausencia de Fernando Javier Camino Maculet”. 

elDiario.es preguntó al grupo Quirón si esta sociedad panameña que creó en 2013 su actual directivo tiene relación con el gigante de la sanidad privada y a qué se dedicaba. El grupo ha declinado hacer comentarios. 

Fernando Camino preside desde 2020 Quirón Prevención SL, que antes de la pandemia ya era uno de los principales clientes de Alberto González. Antes de recalar en Quirón, Camino fue administrador de Frater Prevención, una mutua que el grupo sanitario compró en 2015.

Unos meses antes, en esa reunión en febrero de 2014 documentada en el Registro de Panamá, se aceptó la renuncia de los hasta entonces directores y dignatarios de la sociedad, entre ellos, el actual directivo de Quirón. En su lugar se nombró director-secretario a Alberto González Amador, que poco después, en junio de 2014, recibió un poder general para actuar en nombre de esa empresa panameña “en cualquier acto, transacción, contrato o negocio” y ante cualquier tercero, público o privado, “en Panamá o en cualquier otra parte del mundo”, para, entre otras operaciones, “abrir una o varias cuentas en cualesquiera bancos”, dar o tomar préstamos o enajenar o comprar activos. 

La escritura pública que protocolizó el acta de la junta de accionistas que decidió la disolución de la sociedad se inscribió en Panamá el 4 de mayo de 2022. A pocos días de que Hacienda comunicase la apertura de la inspección al novio de Ayuso que ha derivado en una denuncia de la Fiscalía. 

Un documento depositado en el registro panameño en esa fecha indica que la decisión de aprobar la disolución y liquidación de la sociedad se adoptó en una reunión celebrada en Madrid el 15 de marzo de 2022. La víspera, el novio de Ayuso dimitió como director y secretario. Su sustituto fue el español César Nieto, con el que comparte negocios en España. Ambos son socios de una empresa dedicada al alojamiento turístico, October Twelve, constituida en Madrid el 17 de marzo de 2022, dos días después de aprobarse la liquidación de esa sociedad panameña. 

Con un capital de 210.000 euros, la pareja de Ayuso tiene un 40% de esta sociedad española, y César Nieto, otro 40%. La empresa figura en el Registro de la Propiedad como dueña de dos locales comerciales en el popular barrio de Usera que compró el 28 de abril de 2022. Sobre ellos no consta ninguna hipoteca. Se adquirieron poco antes de que, en 2022, y tras cometer el supuesto fraude fiscal denunciado por la Fiscalía, Alberto González comprase también un amplio piso en el barrio madrileño de Chamberí. En ese piso, valorado en más de un millón y sobre el que pesa una hipoteca de 500.000 euros, convive con la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El propio Alberto González identificó ante la Agencia Tributaria a César Nieto, su sustituto en esa empresa panameña y el encargado de liquidarla, como experto en mercado sanitario en Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos para el Fomento del Medioambiente, una de las empresas con las que la pareja de Ayuso cometió el supuesto fraude a Hacienda, y que se dedica a prestar servicios sanitarios.

El informe de la Agencia Tributaria que dio origen a la denuncia de la Fiscalía identifica a César Nieto como una de las personas de Maxwell Cremona que dio servicio a Quirón Prevención SL por servicios de expansión en Latinoamérica, en virtud de una contraprestación de 600.000 euros más IVA. 

Esos servicios, según Hacienda, no los prestó Maxwell Cremona, sino una empresa pantalla -“mera sociedad interpuesta” la llama la Agencia Tributaria-, que la pareja de Ayuso adquirió a finales de 2020. El informe de Hacienda define así el objetivo de esa operación: “Remansar fondos en favor de Alberto González Amador”. El mecanismo utilizado consistió en traspasar a otra empresa adquirida a finales de 2020 por la pareja de Ayuso, Masterman and Whitaker, un contrato con Quirón a cambio de los citados 600.000 euros (más IVA). El problema fue doble según Hacienda: esa segunda firma, sin empleados ni infraestructura, carecía de medios para realizar los trabajos, y además el importe real facturado a ese cliente fue en realidad muy inferior, de 237.320 euros.

A ojos de la Agencia Tributaria, esa cesión “carente de sentido”, fue una “simulación” por la que esa sociedad interpuesta emitió “una factura ficticia”, por un importe estimado, que “no se corresponde con la realidad de la prestación acometida”. El resultado, concluyó la inspección de la Agencia Tributaria, fue que Alberto González obtuvo una “ventaja fiscal inadmisible” para crear “de forma artificial, unas bases imponibles negativas a compensar en ejercicios futuros”. 

Haciendo así las cuentas, la nueva empresa se anotó ese año unas pérdidas de más de 222.000 euros. Con esa factura falsa, generó un gasto deducible con el que se apuntó un crédito fiscal a futuro para poder compensarlo con una desgravación fiscal cuando empezase a declarar beneficios.

Y una de las personas que prestó esos servicios a Quirón fue César Nieto, el socio de Alberto González y sucesor de la pareja de Ayuso en esa empresa en Panamá creada por un directivo del grupo del gigante alemán Fresenius, líder de la sanidad privada en España. 

Un portavoz de Quirón explicó que “Alberto González Amador lleva trabajando en consultoría y servicios de prevención laboral más de 25 años con distintas mutuas y clientes”. “Se incorporó como consultor externo en FRATER Prevención en 2003”. Y cuando en 2015 esta mutua fue adquirida por QuirónPrevención, “que no QuironSalud, otra empresa distinta a la gestora hospitalaria”, asumió “este y otros servicios”. 

Esta situación se ha mantenido “hasta la actualidad”, según este portavoz, que subrayó que “todas las facturas aceptadas y pagadas siempre van soportadas por servicios prestados y contratos en vigor”. La misma fuente, que negó que Quirón tuviera constancia de la facturación irregular de Alberto González Amador denunciada por la Fiscalía, rechazó hacer más comentarios.

El grupo Quirón gestiona tres hospitales de la red sanitaria de la Comunidad de Madrid, entre ellos, la Fundación Jiménez Díaz, y tuvo una intensa actividad en la región durante la peor de la pandemia, al prestar servicios de rastreo de contagiados, suministro de test de antígenos o prevención de riesgos laborales. De esta empresa procede la actual consejera de Sanidad, Fátima Matute.

Otros españoles que administraron la empresa panameña de Alberto González son Juan Carlos González Pérez, que ejerció como director-presidente, José Antonio de la Cerda o Vicente Brisa López. El nombre de este último, que ejerció como director-tesorero, remite a un concejal de Vox en el consistorio de Boadilla del Monte (Madrid). El de José Antonio De la Cerda, que hasta 2014 tuvo los poderes que asumió González Amador en esa empresa panameña, también remite a un candidato de Vox en las últimas elecciones municipales en la localidad segoviana de Sepúlveda.

Las protestas más grandes que ha tenido Panamá en tres décadas comenzaron el 23 de octubre, en vísperas de las fiestas patrias, con un par de cientos de personas en las vías. Pero dos semanas después de que el gobierno firmó un contrato de concesión minera con la multinacional canadiense First Quantum por hasta 40 años, en las calles de la ciudad hay más de 70 000 personas todos los días, otras tantas miles en las capitales del interior y pueblos remotos, y hasta en el mar: pescadores aceleraron sus lanchas por el golfo de Los Mosquitos hasta el puerto Punta Rincón, que controla la mina, con el mismo reclamo: Panamá libre de minería.

La irritación creció en un abrir y cerrar de ojos. Panamá venía de celebrar la llegada de la máquina con la que se construirá la línea de metro más importante de la ciudad y corría la noticia de que después de cuatro años, el país saldría de la lista gris de lavado de dinero del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Pero lo siguiente fue una marejada de gente en la calle que atraviesa el corazón bancario del país y movimientos obreros en los cruces claves de la capital reivindicando con pancartas que “el oro de Panamá es verde”, en alusión a que la riqueza del país es su biodiversidad.

Es que en menos de una semana el Ejecutivo y el Legislativo de Panamá presentaron, aprobaron e hicieron entrar en vigor el contrato elevado a ley que ampara la operación de Minera Panamá, una mina de 13 000 hectáreas que desde 2019 extrae cobre, oro, plata y molibdeno de las entrañas del Corredor Biológico Mesoamericano, una franja de bosques que atraviesa Centroamérica y que es clave para la vida silvestre amenazada, pero que carece de protección legal en Panamá.

El hartazgo se multiplicó en el segundo día de protestas, cuando el presidente Laurentino Cortizo habló en cadena nacional, tras varios días sin hacer declaraciones, para defender el contrato. “El contrato ley aprobado logra para Panamá, entre otros beneficios, salvaguardar los 9 387 puestos de trabajo directos de la mina, con una planilla anual de 357 millones de dólares”, dijo. Además, prometió que a partir de la firma del contrato con la minera, ajustarían las pensiones de jubilados que ganan menos de 350 dólares al mes, y advirtió a los manifestantes que “haría cumplir la Constitución” y despejar las calles. La respuesta popular fue masiva: la Asamblea y la Presidencia se llenaron de varios miles de personas iracundas. Desde la punta de la marcha, en donde los sindicatos y ciudadanos comunes coreaban en contra del partido gobernante, era imposible ver el final. Era un río de rabia ciudadana.

“¡Somos más y no tenemos miedo!”, gritaba la multitud en la Plaza de la Independencia, con cientos de banderas ondeando. Hasta hoy se han registrado todos los días enfrentamientos entre manifestantes y policías que intentan disolver las protestas. Cuatro personas han perdido la vista tras las refriegas, según la Defensoría del Pueblo de Panamá.

El origen del conflicto

La mina está 180 kilómetros al norte de la capital, enclavada en el Corredor Biológico Mesoamericano que la ambientalista y ex vicealcaldesa de la capital, Raisa Banfield, describe como “una zona de bosques maduros, poco intervenidos y con una gran riqueza hídrica”. Ahí nacen ríos que vierten en el caribe y el pacífico panameño. Según la empresa, la mina es solo “un puntito” en el corredor mesoamericano, pero los ambientalistas aseguran que ha fragmentado la ruta de especies críticas como jaguares y águilas harpías.

Las controversias en torno a este contrato arrastran una historia más larga. En 2021, entró en vigor un fallo de la Corte Suprema de Justicia que había sido emitido cuatro años antes y que declaró la inconstitucionalidad del contrato anterior, por no haberse sometido a licitación pública.

Tras eso, el gobierno de Laurentino Cortizo negoció durante meses y con interrupciones abruptas un contrato que permitiera dar continuidad a la operación de Minera Panamá. Pero el borrador del nuevo contrato no tuvo respaldo popular: cuando la Asamblea Nacional empezó su debate, en agosto pasado, múltiples organizaciones ambientalistas y comunitarias denunciaron ante los diputados que el contrato lesionaba la soberanía nacional. Entre los principales argumentos estaba que el texto permitía que la multinacional solicitara prohibir los sobrevuelos sobre la mina, y autorizaba expropiaciones que fueron catalogadas por los opositores como “descontroladas”.

Además, el contrato dejaba ver un plan de expansión de la mina. “Es leonino y es un atentado contra (el poblado) Donoso”, advirtió un residente de uno de los poblados cercanos a la mina en referencia a la posibilidad de que se expropien tierras de campesinos para expandir la concesión. Lo mismo se escuchó en los cabildos que los diputados organizaron en los pueblos rodeados por la minera. Por otra parte, el contrato abría la puerta a que, sin licitación pública, empresas afiliadas a la multinacional First Quantum pudieran solicitar nuevas concesiones.

Con la polémica creciendo, la Asamblea Nacional devolvió el contrato, el Ejecutivo anunció la eliminación de algunos de los artículos más controversiales y lo presentó nuevamente. Desde entonces, el gobierno sostiene que es el mejor trato que ha hecho la República de Panamá: “No conozco contrato de concesión más consultado que este”, le dijo a la prensa el ministro de Comercio, Federico Alfaro, el día que los diputados reiniciaron el debate. Sin embargo, tras eso todo ha ido a peor.

El cruce de Pacora, una estratégica localidad ubicada a 40 kilómetros al este de la capital, ha estado bloqueada casi permanentemente. En la ciudad de Santiago, en el centro del país, más de 20 000 personas ocuparon la Panamericana. “Minería, fuera”, gritaban el primer sábado de protestas. Los bloqueos han hecho colapsar la cadena de suministro y las acciones de First Quantum, que bajaron 50 % en menos de una semana. Los primeros diez días de manifestaciones se saldaron también con casi 900 personas detenidas, según la Policía Nacional.

“El Ministerio de Comercio nunca le preguntó a la población si quería que el país tuviera vocación minera, y que el desarrollo político social del país estuviera supeditado a empresas extranjeras y mineras”, explica el biólogo Isaías Ramos, del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM).

En la nueva versión del contrato una cuestión clave quedó sin modificación: la poca capacidad de fiscalización ambiental de la actividad de la mina más grande de Centroamérica.

En julio de 2021, una tubería que llevaba agua con residuos grisáceos de la actividad minera colapsó, y el Ministerio de Ambiente no pudo ingresar al lugar del desastre sino cinco días después, con un fin de semana de por medio. El ministro, Milciades Concepción, reconoció en un programa de investigación de la televisora local TVN que a esas alturas no se pudieron recolectar muestras de evidencia sobre la situación, aunque la imagen inundó las redes sociales.

La ex vicealcaldesa de la capital, Raisa Banfield, asegura que el ministerio no ha generado informes de cumplimiento de la mina desde que el contrato quedó sin efecto en 2021. Aunque en medio de la crisis, el gobierno no atendió las peticiones de entrevista de Mongabay Latam, otras organizaciones ambientales confirmaron el dato. Desde entonces, explican, las autoridades solo auditan los informes que envía la minera. Hasta 2021, el proyecto acumulaba 209 denuncias por incumplimientos ambientales, con sanciones que superan los 11 millones de dólares. La mayor parte de las fallas tiene que ver con afectaciones a la biodiversidad y manejo de las fuentes hídricas (la mina usa 18 000 litros de agua por segundo del mar Caribe y de tres ríos de la zona, extracción por la que, según el Ministerio de Ambiente, no pagaba impuestos).

Mina a la deriva

¿Cómo First Quantum llegó a controlar Minera Panamá? En 1997, Panamá le otorgó a la empresa Minera Petaquilla la concesión correspondiente al yacimiento de cobre de 13 000 hectáreas y 645 hectáreas bajo las cuales hay oro. En 2011, otra empresa canadiense, Inmet Mining, compró parte de esa concesión, la cual pasó a manos de First Quantum cuando ésta adquirió, en 2013, Inmet Mining. Dado estos movimientos, el contrato de Petaquilla es el mismo que amparó por años a First Quantum.

Petaquilla quebró tras escándalos de corrupción, denuncias de supuesta manipulación de acciones que involucran a la familia de un expresidente y problemas ambientales.

First Quantum adquirió la concesión del yacimiento de cobre cuando la Corte ya tramitaba demandas de inconstitucionalidad contra el contrato que inicialmente fue con Petaquilla y que luego heredó la multinacional canadiense. Pero mientras la justicia decidía sobre la legalidad de la mina, ese mismo tribunal frenó por cinco años una resolución que declaró área protegida la zona en donde están los yacimientos, tiempo en el que la multinacional presentó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para su proyecto.

Con su EIA aprobado, First Quantum abrió el tajo (diferente al que ya había hecho Petaquilla), construyó el centro de procesamiento y el puerto. Pero en el camino también llegó el fallo en contra del contrato. Lo que siguió fueron años de recursos, dilación y la no publicación del fallo de la justicia mientras First Quantum operaba sin contrato vigente. En cuatro años, la multinacional exportó a China, Japón, Corea del Sur, Alemania y España, 4 mil 900 millones de toneladas húmedas de concentrado de cobre extraídas de Minera Panamá.

“Han sido años de ilegalidades y de indefensión frente a gobiernos que no cumplen las leyes”, dice el biólogo Ramos, del CIAM. El contrato de First Quantum lleva años enfrentando oposición en pueblos campesinos como Donoso, La Pintada o Coclesito, en los entornos del proyecto, y los que se manifiestan por estos días en las calles denuncian a todos los gobiernos de los últimos 25 años. Cuando la marcha alcanza la Torre Miramar, uno de los rascacielos del centro de la ciudad, gritan consignas contra el presidente anterior, Juan Carlos Varela, quien también intentó la aprobación de un contrato minero en 2019, tres meses antes de salir del poder.

“La minería arrodilló a toda la clase política”, dijo un manifestante en la televisión local. En 2021, el gobierno se comprometió a acoger los resultados de un proceso de consulta pública llamada Pacto del Bicentenario, en el que miles de panameños pidieron, entre otras cosas, una moratoria indefinida a la minería a cielo abierto. En las marchas, los ciudadanos reclaman que no se cumplió.

El gobierno defiende que la empresa representa el 5 % del Producto Interno Bruto del país y que emplea a cerca de 10 000 personas. Pero un reporte de la casa matriz de la mina revela que durante los primeros nueve meses del 2023, la operación en Minera Panamá generó 2,233 millones de dólares, el 42 % de sus ingresos en todo el mundo, aunque no pagó impuestos por sus ganancias.

Ese es otro de los frentes de conflicto en esta historia: los especialistas denuncian que Panamá recibe poco en comparación con lo que gana la mina. Marcel Salamín, uno de los negociadores iniciales del contrato, se disgustó en 2021 y salió del equipo. Denunció que había renuencia a admitir que el cobre “le pertenecía a la nación panameña”.

Tras casi un año congelada, y con la intención del gobierno de rescatar el contrato y de la mina de interponer arbitrajes internacionales, la mesa de negociaciones llegó a un acuerdo en marzo pasado: con la entrada en vigor del nuevo contrato, la empresa se compromete a pagar 375 millones anuales a partir de octubre de este año. En pleno año preelectoral, la administración de Cortizo logró acordar, además, un aporte de 770 millones de dólares como pago retroactivo. Pero en la calle eso no convence a la gente, que grita “los millones para qué, si esa plata no se ve”.

Desde entonces la crisis se agudiza, First Quantum pidió un diálogo y los ciudadanos exigen el fin del contrato minero. Ante la crisis, el presidente Cortizo ofreció una moratoria a la actividad minera a cielo abierto que las organizaciones ambientales reclaman desde 2021, primero a través de un decreto, pero que tras la presión ciudadana se convirtió en ley. A partir de eso se cancelaron todos los trámites para la obtención de concesiones de exploración y extracción que estaban en proceso. La medida, sin embargo, no ha sido suficiente y ha recalado en lo que parece inevitable: buscar una puerta de salida segura al conflicto por el contrato con First Quantum.

La Corte Suprema debe fallar sobre ocho demandas de inconstitucionalidad contra el nuevo contrato, pero ya las dos procuradurías de Panamá adelantan que éste viola la Constitución porque, de nuevo, no se llamó a licitación pública, no hubo “consulta pública efectiva y previa” y no se midió el impacto ambiental.

De acuerdo con especialistas consultados por Mongabay Latam, las protestas suponen un cambio de paradigma en la sociedad. El sociólogo Enoch Adames sostiene que las manifestaciones son “un juicio histórico” al sistema de partidos, organizaciones privadas, diputados de gobierno y oposición, y a las instituciones públicas que apoyaron la entrada en vigor del contrato minero, pese los cuestionamientos ambientales que tenía a cuestas. A todo esto, además, se sumaron los escándalos de corrupción y la molestia ciudadana por la insuficiencia de los servicios públicos. “La conciencia crítica que despertó parece irreversible”, insiste Adames.

Panamá asiste a un momento clave de su historia, sostiene el sociólogo Enoch Adames: “Estamos en una situación límite. El descrédito (de la clase política) está por los suelos, como nunca. Es un laberinto que se ha creado producto de la codicia en la explotación de los recursos naturales”.

Nota por Nicanor Alvarado para Mongabay.

Este jueves, Buenos Aires repitió las postales que se vieron durante todo la Copa del Mundo: camisetas de Argentina por doquier, de todos los tiempos. Truchas, originales, nuevas, vintage, de Adidas, Reebok o Le Coq Sportif. Pero circula por las calles una que en diciembre no existía: la de las tres estrellas.

Desde temprano, la previa del partido se manifestaba en las calles. Desde el mediodía, horas antes de que se abrieran las puertas del Monumental, los hinchas concurrían al vallado de Barrio River para ver a la Scaloneta en su reencuentro con el público argentino tras los laureles.

Marina llegó de lejos. Consiguió cinco entradas para su marido y sus tres hijas. “Cada una de las reventas me costó 22 mil pesos”. Eran para la Centenario Alta, que oficialmente cotizaban a 12 mil. Hace la cuenta y dice haber pagado 50 mil pesos de más, pero no le importa porque ayer una alcanzaba los 70 mil pesos. Comenta que las compró “la semana pasada, antes que saliera al público la venta”. No sabe cómo, pero habla de “alguien que se dedica a eso”. Alguien que tenía ocho mil antes que nadie.

Si el Mundial fue un espectáculo para los más afortunados que pudieron volar hasta Qatar, jugar de local también parece ser para unos pocos.

Solo 80.000 personas tuvieron la suerte de poder conseguir una entrada. Más de un millón se quedaron en el intento. Así, el negocio de la reventa tampoco faltó esta vez.

En la plazoleta de Lidoro Quinteros y Monroe, una multitud alentaba al compás de un hombre subido a las ecobicis con una cabeza gigante de Messi sobre sus hombros. Se acercaban las cuatro de la tarde, y las puertas del Monumental todavía no abrían. Entre silbidos, los hinchas les dedicaban “abrí la puerta la puta que lo parió” a la policía.

En una jornada nubosa y húmeda, una multitud pedía un poco de agua de un vecino que se asomó por un balcón. Entre gastadas, el hombre se escondió detrás de las paredes. Al rato, volvió con una manguera y dos baldes.

Cerca del palo borracho, un grupo de amigos termina de armar un porro con papel de celulosa. “Hay que fumar antes de entrar”, se dicen, advirtiendo los tres controles policiales que se vienen para entrar al estadio. En las vallas de ingreso a la Centenario, los estaban esperando efectivos de la Policía de la Ciudad con uniforme de choque y un frente de escudos. Uno por uno iban filtrando a los hinchas, en lo que sería el primero de tres controles para verificar la autenticidad de sus entradas.

Más allá de las advertencias que la Agencia Gubernamental de Control estaría auditando las ventas ilegales, los manteros y vendedores ambulantes vinieron igual. Lo más vendido era el agua y la cerveza, a 500 y 600 pesos. Después estaban los productos más exclusivos; las remeras a $5000, el piluso a $2000, la bandera a $1500 y el llavero de la Copa del Mundo también. El vendedor explicaba el precio porque es de un material metálico, macizo y dorado. Su brillo tienta a varios.

Un estruendo desde la avenida hizo temblar es asfalto. No fueron petardos ni fuegos artificiales. Eran más de 200 músicos de “La Banda de Argentina” e “Hinchas Argentinos”, muchos de los que estuvieron en Qatar y sumaron su aporte para que la hinchada sea premiada como la mejor del mundo. De a uno fueron llegando los bombos, platillos y trompetas que tocaron las canciones clásicas de cancha y los himnos del Mundial. La convocatoria fue una muestra de la fiesta para los campeones iba más allá del Monumental “Vayas a la cancha o no” hicieron de una fiesta la larga entrada.

Atrapado en el corte y junto a otros autos quedó Walter, que vino desde La Plata con su Nissan Tiida ploteado de albiceleste. Se lo hizo un día antes de la final contra Francia. A los costados, pintaron “Messi 10” y en el vidrio de atrás “Qué mirá bobo? Andá payá”. Dice que en los festejos de la final el diario Clarín lo apodó “el auto de Messi”.

De la murga participaron también Lionel Scaloni y Jorge Sampaoli. Eran dos hinchas disfrazados que trajeron una bandera argentina que decía: “Gracias Sampaoli por dejarnos a Scaloni”, en una especie de acto reivindicativo, ahora que la amargura de Rusia 2018 quedó atrás. Son un grupo de 4 amigos de Bahía Blanca, que vinieron en auto. Usaron como 20 dispositivos distintos para ponerse en la cola virtual: “de amigos, compañeros de trabajo, familiares”, enumeraban su apoyo. Del número 1800 consiguieron 4 entradas. “No pudimos disfrutarlo allá”, entonces aprovecharon a pasarla bien con la murga y perderse a Fer Palacio y Los Totora.

Martín Muñoz, según Carlos Maslatón, es la “pieza fundamental de la hinchada nacional en Qatar 2022”. En su aparición en la transmisión oficial del partido contra México, un país conoció su cara y le atribuyó ser uno de los barrabravas enviados por el “Chiqui” Tapia por el tropiezo inicial contra Arabia Saudita. Consiguió entrada para esta ocasión también: “Pagué reventa. Alguien me la vendió, un conocido que me sigue en Instagram me la consiguió por medio de otra persona”. “A esa ni entré”, dijo sobre la cola virtual. Sobre la supuesta venta previa, dijo que las empezó a ver antes pero no las agarró. 

“El Mundial fue increíble, un sueño. Todavía no lo puedo creer”. En cuanto a qué estaba haciendo allí, reconoció que “se crearon muchas especulaciones sobre quién era yo. Creo que a los medios le convenía mucho lo que se venía diciendo, y encerrado por todos lados del discurso del barra. Yo me divertí”. Sobre el premio The Best a la mejor hinchada, “nunca tuve dudas que éramos los mejores, por suerte hubo un reconocimiento”. “Maslatón es un fenómeno, amigo mío igual, hace rato.”

Un hombre de alrededor de 50 años, trajeado y peinado con gomina, quiere invitar a unas cervezas a su grupo antes de entrar. Se acerca a un vendedor, y le paga con 20 dólares. El chico no lo podía creer, no sabe cómo darle el vuelto. Llamaba a su jefe y le decía al norteamericano que busque “dólar hoy” en su teléfono. Esteban, uno de sus amigos, dice que es de Estados Unidos: “Estaba acá con un negocio” y fue para ver el partido. Consiguieron sus entradas mediante un cuñado, que consiguió las entradas “por afuera”.

A medida que la multitud entra, las calles se despejan y dejan caminar; la murga levantó sus banderas y se fue a disfrutar el partido en la cancha o en sus casas. Llegan los últimos grupos, que al darse cuenta de los distintos ingresos al estadio por las diferentes plateas, se despiden con besos y abrazos. El sonido de la desconcentración es el de las latas siendo aplastadas, por los cartoneros que las van recolectando. Con el Monumental cada vez más cerca, no se oye La T y la M ni El Tula cantando Muchachos, sino la tribuna alentando a gritos por ver a quienes le dieron quizás la alegría más grande de su vida.

LC/MG

En medio de un fuerte operativo de seguridad a cargo de las fuerzas policiales bonaerenses la Selección Argentina salió del predio de la AFA, en la localidad bonaerense de Ezeiza, rumbo al estadio Monumental.

Pasadas las 13:40 tres combis que trasladan a los jugadores tomaron la autopista Riccheri desde el Puente El Trébol con dirección a la Capital Federal, rodeadas de una gran cantidad de motos y móviles de la Policía bonaerense y Federal.

Para facilitar el traslado, la autopista se cerró al transito en ambos sentidos, por espacio de 15 minutos dejando la traza de la autopista libre.

Por cuestiones de seguridad, desde Policía de la Ciudad -la encargada de la custodia una vez que la Selección ingresa a la jurisdicción porteña- no se informó el recorrido que realizará la Selección.

Por preparativos de cortes momentáneos, en los accesos a las autopistas de la Ciudad la Selección continuará su camino tras dejar la Autopista Riccheri por la Autopista Dellepiane en el empalme con la autopista 25 de Mayo hasta tomar el Paseo del Bajo y finalmente por la avenida Lugones hasta el puente Labruna con ingreso directo al estadio de River Plate.

Durante todo el recorrido se encontraba apostado personal de las distintas fuerzas de seguridad intervinientes en el operativo de seguridad y traslado de los jugadores y el cuerpo técnico.

Asimismo se mantienen en la zona del estadio Monumental las restricciones previstas desde ayer. Más temprano se retiraron con grúas de la zona vedada al tránsito vehículos que quedaron estacionados desde anoche y no fueron retirados por sus dueños.

De acuerdo con lo determinado por la Subsecretaría de Tránsito del Gobierno porteño, los únicos habilitados para entrar a esa zona eran hoy los vecinos frentistas.

Los cortes de tránsito comenzaron anoche y afectan la avenida Udaondo entre Figueroa Alcorta y Cantilo; Figueroa Alcorta, entre Monroe y Udaondo; y Campos Salles y Teniente Riccheri entre avenida Del Libertador y Udaondo.

Lo mismo sucede con los ingresos y egresos de Lugones y Cantilo, ubicados a la altura de Udaondo, ya que el puente Labruna también estará cerrado.

Con respecto al evento, se precisó que las puertas del estadio serán abiertas a las 15:30.

Para acceder al estadio Monumental, habrá tres anillos de control, donde se verificarán las entradas a través del control electrónico de los tickets, por tal motivo las autoridades de la Ciudad aconseja a los simpatizantes acercarse al estadio lo más temprano posible para evitar aglomeraciones.

El primer anillo de control verificará la autenticidad de los tickets con un lector infrarrojo y en los restantes habrá molinetes, en los que además se hará el cacheo y un control final antes de ingresar al estadio.

Los accesos al estadio de River Plate estarán diferenciados según las ubicaciones de las entradas para un mejor ordenamiento del acceso; por el Puente Labruna solo ingresarán a las tribunas Sívori y Belgrano; por Udaondo, los que ingresen a las tribunas Sívori y Belgrano; para los que ingresan a las tribunas Centenario Alta y Baja, el acceso será por Lidoro Quinteros; y por Figueroa Alcorta para los que ingresen a las tribunas San Martín y Centenario Media.

De acuerdo con lo informado por el Gobierno porteño, el operativo fue diagramado por el Comité de Seguridad en el Fútbol del Gobierno de la Ciudad y cuenta con cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) destinados al control del programa Tribuna Segura.

Los efectivos de la Policía de la Ciudad comenzaban a ser desplegados esta mañana en las inmediaciones y los accesos a la cancha, mientras que las diferentes tribunas y zonas internas estarán cubiertas por agentes de seguridad privada.

Asimismo, los agentes de tránsito colaborarán con los cortes de calles y avenidas, y habrá helicópteros y drones para determinados seguimientos.

También, los efectivos de la fuerza porteña supervisarán en los accesos y cercanías al estadio junto a inspectores de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) la reventa de entradas, un operativo que comenzó el viernes cuando comenzó el retiro de tickets y hasta el momento incautaron entradas de seis revendedores.

Por otra parte, los inspectores de Defensa al Consumidor de la Ciudad controlarán las modalidades de cobro de estacionamientos y garajes, para evitar abusos.

Como es habitual, la AGC también realizará la inspección previa al estadio de River con un grupo de inspectores para fiscalizar la seguridad, higiene y el funcionamiento del lugar, a fin de liberarlo al uso, mientras que inspectores controlaran la venta ilegal y poder secuestrar y decomisar todo elemento fuera de regla (alcohol, parrillas, merchandising).

Para la previa y el final del evento se prevé un operativo especial de Higiene y Limpieza Urbana a través del trabajo conjunto de barrenderos, hidrolavadoras, camiones recolectores y barredoras mecánicas, que contemplan también inspecciones generales del mobiliario urbano.

CRM con información de la agencia Télam

Contrató (presuntamente) a varios guardias civiles para que llevaran a cabo labores de seguimiento a su entonces pareja, que se encontraba de vacaciones en Mallorca, con el objetivo de averiguar si la mujer tenía amantes en la isla. Para ello, habría urdido una red de espías y acoso a través de la cual sus integrantes habrían vigilado, las 24 horas y en cualquier lugar en el que ella se encontrase, cada uno de los movimientos de la víctima. El empresario y expresidente de Panamá (2009-2014) Ricardo Martinelli se halla en el epicentro de esta trama, investigada por un Juzgado de Violencia de Género de Palma, y permanece desde hace meses ilocalizable mientras la causa yace en punto muerto.

Las pesquisas en torno al exmandatario por presuntamente encargar y financiar la vigilancia de la mujer se iniciaron a raíz de dos denuncias interpuestas por la mujer, asediada por el miedo y la preocupación por su integridad física y emocional. Las denuncias, junto a las entradas y registros efectuados en el marco de estas investigaciones y las evidencias halladas en el teléfono de uno de los imputados motivaron, el pasado mes de marzo, el arresto de cuatro efectivos del Instituto Armado, uno de ellos perteneciente al grupo que vela por la seguridad en edificios como el Palacio de Marivent.

Según las indagaciones llevadas a cabo, todos ellos, en colaboración con otros encausados –entre ellos un militar del Ejército de Tierra–, aceptaron la misión de Martinelli a cambio de una remuneración económica.

Los hechos tuvieron lugar en julio de 2020, inmediatamente después de que la víctima recalara en Mallorca. Poco tiempo después, la mujer acabaría marchándose a Italia para evitar la “presión continua” y el “acoso diario” a los que estaba siendo sometida y, sobre todo, por el temor a que sus hijos se vieran afectados por lo sucedido, según el atestado con el que la Guardia Civil dio impulso a las investigaciones, al que tuvo acceso elDiario.es.

La mujer aseguraba que habían llegado a ponerle “en peligro de sufrir algún accidente” y, en su denuncia, atribuía estos hechos al propietario de una empresa de seguridad, Group Kougar, que cuenta con una página web que ofrece servicios de similar naturaleza y a través de la cual se habrían efectuado los seguimientos, a pesar de no estar registrada en ninguna base oficial ni estar habilitada, por tanto, para el desempeño de actividades de seguimiento ni seguridad privada. Sus integrantes se hacían llamar 'pumas'.

Vigilada por tierra y mar

La situación de vigilancia era tal que, de acuerdo a las pesquisas llevadas a cabo, los investigados supervisaban cada uno de los movimientos de la mujer valiéndose de medios de captación de imagen y dispositivos de seguimiento que colocaron en su vehículo. Los presuntos espías también habrían utilizado una zodiac en el mar y, durante el tiempo en que la perjudicada se encontraba en el domicilio de unos familiares, donde se alojaba, hacían uso de prismáticos. Uno de los agentes, incluso, habría llegado a identificarse como guardia civil a fin de hacer valer su condición para acceder a la urbanización privada en la que vivía la denunciante y continuar de este modo las labores de seguimiento. Los supuestos espías habían vigilado, incluso, la entrada de las viviendas de las amistades que frecuentaba.

Las investigaciones apuntan a que uno de los objetivos de los investigados era acceder a bases de datos oficiales a fin de obtener información sobre vehículos y terminales de teléfono, por lo que se sospecha su posible implicación en otros hechos de similar naturaleza. No en vano, todos ellos habrían creado el conocido como Group Kougar, lo que evidenciaría una actuación continuada en el tiempo que “resulta claramente compatible con los restantes indicios de que los investigados han venido integrando una verdadera organización dedicada a llevar a cabo actividades de seguimiento y vigilancia más allá de la legalidad”, según los investigadores.

“Enmascararon una actividad presuntamente ilícita como si estuvieran realizando una actividad de investigación oficial de la Guardia Civil”, asevera el Instituto Armado, que abunda en cómo a lo largo de la investigación se han aportado numerosas pruebas de la existencia de una organización criminal dedicada a realizar actividades de seguridad privada, cometiendo para ello presuntos delitos contra la intimidad y la seguridad de las personas, contra los derechos constitucionalmente protegidos como la inviolabilidad domiciliaria, coacciones (acoso) y descubrimiento y revelación de secretos, obteniendo con ello un beneficio económico.

La implicación de guardias civiles, un hecho de “especial gravedad”

En su atestado, la Benemérita incide en la “especial gravedad” de los hechos investigados “al estar implicados agentes de la Guardia Civil, lo cual socava la credibilidad de la sociedad en las fuerzas y cuerpos de seguridad”. “No se trata solo de agentes que cometen actividades contrarias a la ética profesional y que realizan actividades delictivas, que ya de por sí es muy grave, sino que además no dudan en aprovecharse de su condición de agentes de la Guardia Civil para conseguir sus objetivos de seguridad privada”, señala el informe, que abunda en que los agentes, que “están obligados a perseguir todos los delitos públicos de los que tengan conocimiento y los privados que hayan sido denunciados, son los que están presuntamente cometiendo estos hechos presumiblemente ilícitos, intentando que los mismos queden impunes, garantizando el éxito de sus actividades, de las cuales reciben un beneficio económico”.

“Cualquier actividad contraria a la ética que debiera tener cualquier agente perteneciente a las fuerzas y cuerpos de seguridad genera una gran alarma social, y más si cabe cuando es presumiblemente cometida por los agentes de la autoridad que deben perseguir estos ilícitos, generando desconfianza en las mismas”, señalan desde el cuerpo, quienes denuncian que las labores de seguimiento y vigilancia alteraron “gravemente” la vida cotidiana de la víctima debido al “grave acoso e intimidación que estaba sufriendo”.

Las pesquisas revelaron, además, la existencia de tres grupos de WhatsApp (aunque no se descarta la existencia de otros chats) integrados por los investigados, en dos de los cuales, bajo sendas denominaciones 'OP cacatúa' y 'Ops cacatúa, participaba el propio Martinelli, a quien identificaban como 'Zeus'. Las conversaciones mantenidas por los encausados permitieron a la Guardia Civil determinar que la víctima había sido sometida a continuos seguimientos al menos desde el 8 de julio (fecha en la que se creó el primer grupo de WhastApp) al 2 de agosto (día en que dejó de emitir mensajes el tercero).

Los investigadores aluden al “marcado carácter jerárquico” y a la disciplina que mantenía el grupo, que empleaba además técnicas y procedimientos propios de unidades policiales especializadas en la investigación y al frente del cual se encontraba Mario E., quien, a su vez, recibía indicaciones puntuales por parte de Martinelli (situado en el primer escalón de la jerarquía). El expresidente panameño habría aportado, además, las ubicaciones en las que se hallaba la mujer e informaba de adónde pretendía ir, con quién se encontraba o con quién iba a reunirse.

“La prueba de fuego para saber si es una mujer seria o una guarra”

Entre las conversaciones puede leerse así como se dirigen unos a otros: “Puma I, ¿cómo vamos a organizar? Puma III está doblando, objetivo perdido por falta de personal, la unidad mínima siempre ha sido de dos comandos”; “Zeus, por orden de Puma I procedemos Puma II y Puma IV a la marcación del objetivo en Port Adriano”; “Averígüense si esa casa donde se está quedando es del alemán Christian el esposo de Sophie”, “Ojo con ese que se la follaba”, “Está en el Seat de la abuela y va para la cala Calanova” (estos tres últimos mensajes, de Martinelli); “Se acaba de duchar”; “La vi con la toalla en la cabeza” o, tras una de las labores de seguimiento, “He temido por mi vida pero todo sea por el equipo y por joder a esta sin dejarnos la pasta”.

Incluso, en una de las ocasiones, el expresidente panameño autoriza a uno de los guardias civiles a aproximarse a la víctima “con claras intenciones de mantener algún tipo de relación con ella”, según el Instituto Armado: “Enamorar a ver si cae”, le insta Martinelli, para a continuación añadir: “Esa es su prueba de fuego, [saber si] es o no una mujer seria o una guarra”.

Todos ellos empleaban un lenguaje codificado tanto para identificarse como para las distintas actividades de seguimiento y control que llevaban a cabo. La Guardia Civil apunta, asimismo, al carácter estable del grupo, “incluso con el objetivo de permanecer en el tiempo”. “Se observa que la organización criminal está compuesta por un elevado grupo de personas, que disponen de armas, al menos los guardias civiles que participan en los hechos investigados, además de medios tecnológicos que facilitan la ejecución de los delitos y la impunidad de los mismos”, inciden los investigadores.

Martinelli, envuelto en numerosos casos de corrupción

El Juzgado en el que se hallan las pesquisas no ha logrado localizar al expresidente panameño, quien tampoco acudió a finales de noviembre a la audiencia tras la cual un juzgado de Panamá ha determinado que Martinelli debe ir a juicio por presunto blanqueo en la compra de un conglomerado de medios con fondos de procedencia supuestamente ilícita.

El expolítico, que posee una fortuna estimada en unos 1.100 millones de dólares, se ha visto envuelto en los últimos años en un rosario de investigaciones por corrupción durante su gestión al frente del país, principalmente en lo que a sobrecostes, blanqueo de capitales y escuchas ilegales se refiere. En abril de 2021, la Audiencia Nacional imputó a Martinelli tras admitir un recurso interpuesto por la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), que apuntaba a la presunta comisión de delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de dinero cometidos, al menos parcialmente, en España.

Según las pesquisas, Martinelli estaría involucrado en el presunto cobro de comisiones ilegales, a través de sociedades pantalla, en las obras de dos líneas de metro y de la Ciudad de la Salud en Panamá realizadas por un consorcio encabezado por la constructora brasileña Odebrecht, del que también formaba parte la española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).

Mientras tanto, el 12 de junio de 2017, agentes del servicio de Alguaciles Federales de Estados Unidos detenían al exmandatario panameño frente a su lujosa residencia de ocho millones de dólares en Coral Gables, Miami. Martinelli era reclamado por la justicia de su país por un asunto de escuchas ilegales a políticos, periodistas y empresarios, una trama de la que finalmente resultó absuelto.

La crisis actual difícilmente puede sorprender. En los últimos tiempos, la ciudadanía había manifestado claramente su descontento. En octubre de 2019, estudiantes de universidades privadas y públicas y miembros de los movimientos feminista y LGBT panameños se movilizaron durante semanas en contra de reformas constitucionales que no cumplían con el objetivo al que las encuestas de opinión pública apuntaban: defender a los pobres.

En noviembre 2021,  los sectores populares organizados salieron a las calles bajo un amplio abanico de demandas que confluían en un punto en común: la defensa de un sistema de pensiones público, gratuito y de calidad, el desempleo superior al 20% sin incluir las miles de personas con contratos suspendidos, la reforma electoral, el rechazo a la política minera metálica y reclamo de los colectivos feministas por seguridad social.

En mayo,  grupos sociales —docentes, transportistas, funcionarios públicos— agrupados en la Coalición Unidad por Colón (Cuco) sostuvieron enfrentamientos con fuerzas de la policía en la provincia de Colón, ubicada en la entrada del Canal. En ese lugar,  durante los tres últimos gobiernos hubo protestas cuyas represiones aún se recuerdan en la ciudad, como la perpetrada en  2012 bajo el mandato del ex presidente Ricardo Martinelli (2009-2014) involucrado en sonados casos de corrupción.  

El pliego de peticiones elevado el 19 de mayo por las organizaciones populares y sindicales al gobierno de la República enumera los reclamos de urgencias coyunturales (precio de la gasolina, de la canasta básica y de los medicamentos) y estructurales  (seguro de desempleo, reforma fiscal…) entendiendo que “la crisis económica, social y política que enfrentamos no se origina pero si se profundiza como consecuencia de la pandemia COVID 19 no pueden continuar orientadas a recuperar solamente las tasas de ganancias y proteger al capital ”; amparándose en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Comision Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “ las medidas impulsadas por los gobiernos deben estar orientadas a proteger los derechos de las personas y ampliar la cobertura social sobre los más vulnerables”, concluye que “Panamá ha tomado el rumbo contrario”.

 Un mes después, en junio se produjo la huelga de los transportistas encargados de suplir a los mercados de la capital con productos procedentes de la provincia de Chiriquí.  La escasez de verduras se evidenció en la cadena de almacenes Merca Panamá, en la ciudad capital Panamá adonde todas las semanas llegaban los productos de las tierras altas chiricanas.

A pesar de que colonenses y chiricanos solicitaban prácticamente lo mismo (congelar los precios del combustible, en escalada desde la invasión rusa a Ucrania, y de la canasta básica), el gobierno negoció por separado con cada provincia, aprovechando la fragmentación de los grupos organizadores de las protestas. Hizo algunas concesiones y apagó los fuegos. Por poco tiempo.

Veraguas, la tierra de Omar Torrijos

Las recientes manifestaciones se iniciaron en la provincia de Veraguas, ubicada a 130 km del Canal de Panamá, donde nació el caudillo y dictador Omar Torrijos Herrera, quien recuperó el Canal de Panamá para los panameños en 1977 -ponderado por Gabriel García Márquez en el discurso que pronunciara cuando recibió en 1982 el Nobel de Literatura: “había devuelto la dignidad al pueblo”- y fundó el Partido Revolucionario Democrático (PRD), donde milita Cortizo, apodado “Nito”. Un símbolo de la soberanía, que nació con la gesta del 9 de enero de 1964, recordada como “Día de los Mártires” ,después del asesinato de un grupo de estudiantes por oficiales estadounidenses al querer plantar bandera nacional en la zona del Canal gobernado entonces por EEUU. Desde la devolución del Canal a manos panameñas, el último día de 1999, Panamá creció sin pausa pero sin distribución de la riqueza: es el tercer país de la región con mayor desigualdad.  La inflación interanual es de 4,2%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Aunque la tasa de desempleo no llega al 10%, el empleo informal ha venido en aumento desde el comienzo de la pandemia superando al 48% de los trabajadores.

Los educadores de la provincia de Veraguas habían sido convocados por el gobierno representado por la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos. “No queremos mareos. En las calles está el pueblo cansado de tantos golpes a sus bolsillos”, declaró el secretario general de la Asociación de Educadores Veragüense (AEVE), Luis Arturo Sánchez, a su llegada a la reunión donde también concurrieron dirigentes de la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (ANADEPO)  una organización que representa a 20 agrupaciones de docentes, a trabajadores del campo, del sector pesquero, transportistas y estudiantes y de otras organizaciones como la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas. Las exigencias planteadas no obtuvieron respuesta satisfactoria. En consecuencia, maestros, estudiantes y sus familias cortaron la carretera Interamericana por el alza en los precios del combustible, los alimentos, los medicamentos y por la falta de inversión en educación. El Estado respondió con la represión de la fuerza policial. Al día siguiente, gremios docentes comenzaron un paro de tres días.

El Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) se unió a la huelga y se cerraron vías en las principales ciudades. La Asociación de Médicos, Odontólogos y Afines de la Caja de Seguro Social (AMOACSS), convocó a una “lucha cívica nacional” contra el alza de los precios, un grupo de estudiantes le gritó “ladrones” a los diputados en la Asamblea Nacional. Caravanas de camioneros cortaron las rutas del interior del país.

Al ritmo del ‘tamborito’ y sonando las pailas de una punta a la otra del territorio de Panamá, las clases medias se sumaron a la convocatoria  de golpear cacerolas. Las danzas del campesinado llegaron cerca de la frontera con Costa Rica y las de los indígenas a los límites con Colombia y se ha producido desabastecimiento en algunos productos en ciudad de Panamá y Chiriquí.

Educadores, obreros de la construcción, movimientos indígenas y campesinos, trabajadores, médicos y estudiantes cantaron, bailaron y bramaron por vivir bajo la amenaza de inundaciones , de cortes diarios de agua y transporte con deficiente frecuencia, con los salarios que se esfuman entre alimentos y medicinas, precarios sistemas de salud y donde gran parte de la población trabaja y cobra cuando puede, sin saber lo que devendrá el mañana

“Su discurso dio pereza”

Ante la nueva y masiva oleada de inconformidad, el presidente Cortizo anunció un subsidio al combustible y el congelamiento de precios de 10 productos de la canasta básica, incluyendo tuna (atún), pasta en coditos y sardina. No ‘mareó’ a nadie, porque las soluciones no son de fondo. En las rutas, el canto popular respondió “Su discurso dio pereza”, 

Dos días después, invitó a las organizaciones y referentes de movimientos sociales a dialogar en un punto lejano de donde se manifestaban: Ciudad del Saber, núcleo de la antigua zona del Canal. “Lo que nace en Veraguas, muere en Veraguas”, contestaron los docentes agremiados.

En Veraguas nació también la unión inédita de decenas de agrupaciones y sindicatos en dos organizaciones, Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (Anadepo) y Alianza Pueblo Unido por la Vida. De allí salieron los referentes que acudieron a la mesa de diálogo en la ciudad de Penonomé capital de la provincia de Coclé.

Arroz con tuna y whisky muy caro

El jueves 21 de julio, el primer día de discusión en esa mesa, la economista Maribel Gordon declaró: “En Panamá, detrás de cada decisión técnica hay una decisión política para favorecer a los que más ganan. La evasión del impuesto sobre la renta (de personas jurídicas) es superior a 64% y la recaudación recae sobre los asalariados”.

Al día siguiente, el sector privado empresarial manifestó en conferencias de prensa su desacuerdo a lo sostenido por Gordon. “No podemos permitir desde ningún punto de vista que este país de desarrollo, de crecimiento y de paz, nos lo cambien a un modelo que no es el nuestro”, dijo Elisa Suárez, presidenta de una empresa agitando el fantasma de Chávez y el comunismo

En Penonomé, Domitila Sandoya  indígena de Ngäbe-Buglé tomó el micrófono para ofrecer arroz con tuna a los ministros. “Por el gesto de buena voluntad que el Gobierno tiene hacia el pueblo, también nosotros tenemos la buena voluntad de brindar a ustedes el almuerzo de lo que congelaron para nosotros”. Los destinatarios de estas palabras se levantaron de sus sillas y se fueron: consideraron que las mismas ultrajan el respeto debido

El arroz con tuna se sumó a otro símbolo de este julio histórico: el whisky caro. El primero de julio se viralizó un video donde diputados brindaban con whisky de marca la reelección del diputado oficialista Crispiano Adames como presidente de la Asamblea Nacional.

Suena, suena el tamborito

Los dueños de las empresas agitaron los fantasmas de comunismo, en un país con más riesgo de parecerse a Honduras que a Venezuela por la histórica política transaccional con EEUU y el aumento del crimen organizado del narco en la política favorecido por las cercanas costas en dos océanos, su sistema financiero, las laxas normas electorales y la impunidad ante la corrupción que es otro de los ejes centrales de las calles. En medio del clima de protestas, el lunes debía empezar la audiencia por el caso de la entrega de sobornos millonarios de la brasileña Odebrecht en Panamá. Pero la mayor investigación por corrupción en la historia de ese país, que involucra a 83 imputados, se postergó y reprogramó para el 12 de septiembre. Entre los imputados están los expresidentes Martinelli y Juan Carlos Varela (2014-2019).

Los empresarios reclamaron la liberación del paso en rutas y ocupar un lugar de la mesa conformada con el único fin de atender los reclamos de quienes protestaron. Consecuentemente, miembros de la sociedad civil, reclamaron su lugar en la discusión.

En la Asamblea, los diputados practican una dudosa filantropía por donarse a sí mismos los fondos que administran. Organismos reguladores de competencia, bancos y valores, suelen tener a los regulados en sus juntas directivas.

En ciudad de Panamá, una ciudad de contrastes por sus edificios espejados con marcas internacionales y otros que parecen ruinas después de un terremoto, el presidente Cortizo, en un momento crítico que exige medidas y mediación, pidió por mensaje 

televisivo desde la capital a los movimientos sociales de la Mesa que reciban a la empresa privada, blanco de las protestas. 

El tambor, otro protagonista de este julio histórico, seguirá su marcha en mugas, bailes congos y danzas indígenas. A qué puerto llevará al país del Canal, es una incógnita. Acaso sea una constituyente originaria, como en Chile, o un resultado electoral que sepulte tendencias anteriores, como en Colombia. Una historia que recién comienza.

AGB

Después de dos semanas de protestas contra el aumento del costo de la vida en Panamá, el gobierno de Laurentino Cortizo anunció el acuerdo para destrabar el conflicto. Gran parte de las organizaciones movilizadas quedaron fuera del pacto sellado por un grupo de dirigentes, en el cual el Ejecutivo se comprometió a reducir el precio del combustible, de 6 dólares a 3,30 por galón [3,78 litros], a cambio de levantar los cortes en las calles del país.

¿Qué organizaciones lideran la protesta?

Hace más de dos semanas, un grupo de docentes de escuelas públicas convocó a un paro nacional. En poco tiempo, se sumaron numerosas organizaciones en distintos puntos del país. Debido al volumen y el despliegue que han tenido las protestas, no es posible pensar en los manifestantes como un bloque compacto. Representan un “grupo social heterogéneo”, dice Nelva Araúz Reyes, doctora en Derecho y Ciencias Políticas, investigadora del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales de Panamá.

Las reivindicaciones están lideradas por la Alianza Nacional por los Derechos de los Pueblos (Anadepo), una organización que representa a 20 agrupaciones de docentes, a trabajadores del campo, del sector pesquero, transportistas y estudiantes. Pero no sólo Anadepo llamó a salir a las calles. También lo hicieron agrupaciones como la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas o el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción. Esta diversidad de interlocutorees dificulta al Gobierno negociar y encontrar puntos de acuerdo comunes.

¿Qué pide la movilización social?

Las agrupaciones coinciden en un reclamo al Gobierno: respuesta al incremento del costo de la vida. Si bien el Presidente anunció el domingo una reducción en el precio del combustible que tendrá impacto en el valor de los alimentos y medicamentos, la lista de demandas es larga. El pliego de 32 puntos exige, entre otras medidas, un aumento en los salarios, una congelación de los precios de los alimentos, e incentivos a la producción nacional. También rechazab la instalación en Panamá de cuatro bases militares bajo control de EEUU.

Si bien Panamá es uno de los países con mayor crecimiento económico de América Latina, también está atravesado por la desigualdad. La inflación interanual es de 4,2%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Aunque la tasa de desempleo no llega al 10%, el empleo informal ha venido en aumento desde el comienzo de la pandemia superando al 48% de los trabajadores.

¿Cómo respondió el Gobierno?

El presidente Laurentino Cortizo llamó a avanzar en un diálogo “sincero y sin doble agenda” a través de una mesa de negociación. “No tengo duda que con el diálogo sincero, sin doble agenda, podremos seguir avanzando, corrigiendo lo que hay que corregir”, dijo Cortizo la semana pasada. Pero muchos dirigentes no aceptaron la invitación.

En paralelo, algunas voces en los sindicatos denunciaron que el Gobierno llamó a reprimir a los manifestantes. “Hemos sido informados que la Policía está disparando balas vivas”, había dicho el viernes el secretario general del sindicato de la construcción, Saúl Méndez. “Denunciamos, lo repudiamos y llamamos al pueblo a resistir esta brutalidad y hacemos responsable en primera instancia al Gobierno”.

¿Qué está en juego para el presidente Laurentino Cortizo?

Laurentino Cortizo, apodado “Nito”, llegó a la presidencia en 2019 como candidato del Partido Revolucionario Democrático, histórico espacio de centroderecha, desde donde construye una administración poco acostumbrada a negociar con los sectores más críticos.

“Todos los partidos importantes de Panamá son de centroderecha, eso ayuda a entender por qué las políticas se deciden en este país por consenso y el Gobierno no está acostumbrado al disenso”, dice Claire Nevache-Weill, investigadora del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales en Panamá.

Señala que la manera en que Cortizo –empresario ganadero, exdiputado y expresidente de la Asamblea Nacional, además de ministro de Desarrollo Agropecuario durante el Gobierno de Martín Torrijos– puede frenar el descontento es atendiendo a las exigencias sectoriales. “Pero responder a las demandas estructurales exigen una revisión del modelo de país mucho más profunda, al estilo Chile, en la que aún no estamos en ese momento”, dice Nevache-Weill.

Para Nelva Araúz Reyes, lo que está en juego es la credibilidad del Gobierno. Sobre todo cuando los manifestantes no confían en sus autoridades, ni en las mesas de diálogo. “La población siente que las reuniones no son útiles, sino más bien dilatorias de la atención de sus necesidades primarias”, dice Araúz Reyes, quien sostiene que la manera de avanzar es con la construcción de una sola mesa de diálogo que incluya a todos los sectores, con respuestas claras y plazos definidos.

¿Y el caso Odebrecht?

La corrupción es otro de los ejes centrales de las calles. En medio del clima de protestas, este lunes debía empezar la audiencia por el caso de la entrega de sobornos millonarios de la brasileña Odebrecht en Panamá.

Pero la mayor investigación por corrupción en la historia de ese país, que involucra a 83 imputados, se postergó y reprogramó para el 12 de septiembre. Entre los imputados están los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019).

AGB

Los hermanos Carlos Herminio “Charlie” y Santiago Blaquier, integrantes de una de las familias más ricas de Argentina y accionistas de la compañía Ledesma, figuran en la filtración Pandora Papers con sociedades en paraísos fiscales constituidas para inversiones financieras y pesca deportiva, según los documentos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y analizados por elDiarioAR, y la información aportada por ambos empresarios ante la consulta de este medio. Ambos empresarios sostuvieron que declararon sus sociedades offshore ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Los Blaquier ocuparon el puesto 24 del ranking de los más ricos de 2020 que elabora la revista Forbes. El pater familias Carlos Pedro Blaquier tuvo cinco hijos con Nelly Arrieta de Blaquier, quien murió a finales de 2020. La fortuna familiar asciende a US$490 millones, según la publicación. Carlos, conocido como “Charlie”, y Santiago son dos de sus hijos y accionistas del ingenio Ledesma, una de las compañías más emblemáticas de la historia argentina por su marca de azúcar y por las acusaciones de haber colaborado con la desaparición de trabajadores azucareros y militantes políticos la Noche del Apagón en Jujuy, durante la última dictadura militar. 

El mayor, Carlos Herminio, actual chairman de Ledesma y director de la Sociedad Rural Argentina entre 2000 y 2012, figura en distintos documentos como beneficiario final de la offshore Yamary Business Ltd., radicada el 1° de febrero de 2014 en Islas Vírgenes Británicas, un archipiélago del Caribe, de acuerdo con los archivos internos del estudio Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal).

Carlos Herminio Blaquier no figura en los documentos públicos de la sociedad. La accionista de Yamary Business Ltd. es otra compañía offshore: EDG Group Ltd, una “trust company complex” con domicilio en Majuro, en la república de las Islas Marshall. La conexión de Charlie Blaquier con esta compañía surge de un archivo interno de Alcogal en formato excel que lo identifica como “beneficiario final”.  Es decir, el verdadero dueño de la firma.

El 15 de abril de 2014, Alcogal registró en un documento privado que el objetivo de la sociedad era operar como “holding” de “activos privados” de Blaquier en Suiza. Los registros y documentos de la sociedad se remitieron a la calle Lommenstrasse 20 en Zurich, Suiza.

“Tengo la totalidad del capital social de (la compañía) de manera directa”, respondió Carlos Herminio ante la consulta de elDiarioAR, y agregó que el único activo de la compañía es “una cuenta bancaria en el exterior con posiciones financieras de diversa magnitud y composición”. “Dicha sociedad y su valor patrimonial se encuentran declarados ante la AFIP, tributando el impuesto a los bienes personales sobre el valor patrimonial al cierre de cada período fiscal”, afirmó el empresario. 

Yamary Business se encuentra activa, aseguró el chairman de Ledesma y sostuvo que paga impuesto a las ganancias por las rentas percibidas por esta offshore desde que así lo impuso la AFIP con la reforma tributaria de 2018, cuando el fisco impuso que los contribuyentes argentinos pagaran este tributo por sus sociedades radicadas en el extranjero.

elDiarioAR había solicitado a los Blaquier, como en todos los casos analizados en Pandora Papers, acceso o vista a las declaraciones juradas de ambos empresarios pero el pedido no fue concedido hasta el momento. De los 45 casos publicados hasta el momento por este medio, sólo seis de los consultados habían accedido a mostrar extractos de sus declaraciones fiscales ante la AFIP. 

Inversiones en el Caribe y Brasil

Santiago Blaquier figura en registros internos del bufete panameño Alcogal vinculado a ocho compañías offshore. “Poseo una participación accionaria en Fishing Lodges, compañía holding que controla directa o indirectamente a las sociedades mencionadas en la requisitoria, las cuales revisten el carácter de operativas en el negocio de la pesca deportiva en el Caribe”, explicó el empresario.

El director de Ledesma tiene el 40% de esta offshore, Fishing Lodge, según uno de los documentos que surgen de Pandora Papers. Además, está registrado en documentos de uso interno del bufete panameño como beneficiario final de seis compañías de Islas Vírgenes Británicas a partir de 2002 y hasta al menos 2016: Brahmbari Holdings Inc.; Caribean Lodges Limited; Fly Fishing Sales and Marketing Limited; Global Fishing Investments; Silver Stream Ventures; y Sunbird International Holdings Inc. 

También figura accionista de Forbes Holdings pero informó que fue disuelta en 2017 sin haber llevado adelante “ninguna de las operaciones previstas al tiempo de su constitución”.

Si bien el capital social de Fishing Lodge sería de más de US$22 millones, los activos a julio de 2016 eran de poco más de US$2,5 millones y el porcentaje que le correspondía a Blaquier era de poco más de un millón de dólares, según uno de los documentos analizados. 

“Mi participación en el holding mencionada se encuentra expuesta en mi patrimonio que anualmente se informa a la AFIP. Contribuyo con el erario público a través del impuesto a los bienes personales, por el valor patrimonial al cierre de cada periodo fiscal, y a su vez, en su caso, por las rentas -dividendos- que pueda distribuir la sociedad tributando el pertinente impuesto a las ganancias”, dijo ante la consulta.

“Las sociedades operativas ya mencionadas poseen cuentas bancarias en el exterior para atender el giro comercial que se deriva de su actividad específica”, agregó sobre la consulta acerca de los bienes y cuentas a nombre de las offshore.

Santiago Blaquier incursionó en otro negocio: las filiales argentina y brasileña de Quintessentially, una empresa británica dedicada a organizar desde viajes y fiestas privadas hasta inversiones inmobiliarias y educativas para clientes selectos. 

A través de Global Fishing Investments, el empresario figura con el 7% de Qlatam LLC, una sociedad radicada en Delaware, una jurisdicción en territorio estadounidense identificada por expertos de Oxfam y otras organizaciones como paraíso fiscal.

En Brasil y Argentina, Quintessentially está a cargo del empresario Hernán De Laurente, dueño del 50% de Qlatam LLC y socio de Marcelo Tinelli en la bodega Lorenzo de Agrelo, en Mendoza, según los documentos.

Los managers de Qlatam son abogados de Alcogal que aparecen en cientos de sociedades creadas por el estudio para sus clientes. En 2017, firmaron un documento titulado “Sinceramiento fiscal”, que detallaba el patrimonio de la compañía y deja constancia de que al 22 de julio de 2016, Santiago Blaquier mantenía una participación accionaria del 7% del capital social. “La presente certificación se extiende a los efectos de ser presentada ante quien corresponda bajo el Régimen de Sinceramiento Fiscal sancionado en la República Argentina”, dice el documento, que también detalla información de otros socios.

Los managers declararon que la compañía sólo tiene una cuenta con US$3.718 en el banco internacional de Santa Lucía, otro paraíso fiscal del Caribe; y el 45% de una compañía de Brasil valuado en US$2.471 (Q.Brazil Serviços de Representação e Produção de Eventos Em Geral Ltda.).

Una fuente cercana a De Laurente dijo a elDiarioAR que Qlatam no llegó a operar y que no recordaba que la compañía haya ingresado al blanqueo de 2016. Sin embargo, Blaquier explicó que la compañía “QLatam brinda directa o indirectamente a través de franquicias, servicios de conserjería de alto nivel a viajeros y/o clientes que así lo solicitasen” y sobre el capítulo impositivo, dijo: “Valen para esta sociedad las mismas consideraciones de índole tributaria” que en los otros casos explicados.

“Alcogal se adhiere a todos los requisitos legales en la prestación de servicios corporativos y de formación de empresas, en pleno cumplimiento de todos los requisitos aplicables en todas las jurisdicciones en las que operamos”, dijo la firma ante la consulta de ICIJ.

Imperio de caña

En junio de 2015, la revista Clase Ejecutiva, de El Cronista, entrevistó a “Charlie” y Santiago Blaquier, quienes relataron cómo fueron asumiendo el control del imperio familiar ante la salida de su padre y el cambio generacional. 

El mayor de los dos hermanos contó que asumió como gerente general de Ledesma, la empresa de su familia “estaba con serios problemas de rentabilidad”. “Entonces yo le hago una propuesta a papá, le presento una carpeta, que básicamente había que despedir 3.200 personas. Papá se la llevó un fin de semana, la miró y me dijo: ‘Mirá, yo estoy de acuerdo, esto te va a generar muchos problemas. Pero si vos estás de acuerdo en bancarte esto, avanzá”.

“Algo que papá nos inculcó mucho fue la importancia social de Ledesma en la comunidad. Cuando papá se hace cargo de la presidencia en el 70, en el pueblo Ledesma, las calles eran (de la empresa) Ledesma, la panadería de Ledesma, la proveeduría de Ledesma, el cementerio de Ledesma, los hospitales de Ledesma. Y papá dijo: ‘Yo tengo que romper con este feudo. Donó todo. Herminio Arrieta -su suegro, ex propietario del ingenio y conductor del partido conservador local de Jujuy- decía: ‘Lo que pasa Carlos es que vos sos un poco zurdo’”.

Con epicentro en la provincia de Jujuy, Ledesma utiliza la caña de azúcar en la mayoría de sus productos: desde azúcar y papel hasta alcohol, bioetanol y energía. También tiene producción de cítricos, carne y cereales a través de La Biznaga, según informa en su sitio web oficial.

En la provincia de Jujuy tiene unas 40 mil hectáreas de caña y emplea a 7.000 personas. El padre de Carlos Herminio y Santiago, Carlos Pedro Blaquier, fue desde los años 70 el líder de la compañía, hasta que sus hijos asumieron el control en los últimos años. “El resultado del ejercicio cerrado en mayo de 2019 arrojó un resultado positivo de $277 millones”, informó Forbes en 2020.

Carlos Herminio encabeza el directorio de la compañía como presidente o charman y Santiago es uno de los directores junto a Alejandro, Ignacio y Juan Ignacio Pereyra Iraola. Carlos Blaquier cedió sus acciones a sus hijos, confirmó una fuente de la compañía.

Blaquier padre está procesado en dos causas por presuntos crímenes de lesa humanidad. El empresario rechazó las acusaciones. Ambos expedientes fueron elevados a juicio oral pero los debates aún no comenzaron. El tribunal debe analizar un informe del Cuerpo Médico Forense, que depende de la Corte Suprema, que sostiene que por su estado de salud mental, Blaquier padre no podría ser juzgado. 

Pandora Papers es una colaboración global entre @elDiarioAR y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (@ICIJorg) sin fines de lucro. Si te gusta el periodismo como este, haz una donación al ICIJ para apoyarlo.

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ED

Los dueños de Edenor y accionistas de medios de comunicación del Grupo América, José Luis Manzano y Daniel Vila, aparecen vinculados a un fideicomiso neozelandés y un misterio panameño en los documentos que surgen de Pandora Papers, según reconstruyó el equipo argentino del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que integra elDiarioAR.

Manzano, exministro de Interior de Carlos Menem, figura como controlante de un fideicomiso constituido en Nueva Zelanda que lleva su apellido: “The Manzano Trust”, de acuerdo con los registros internos de Asiaciti, una firma especializada en la creación y gestión de compañías y entramados offshore en Oceanía y Asia que fue multada por Singapur debido a las fallas en sus controles antilavado.

En esos registros de la firma Asiaciti, Manzano aparece con su nombre completo e identificado como “beneficiario final o fideicomitente” del fideicomiso, junto a una solicitud para recibir un pago de US$200.000. En marzo de 2017, se registró un formulario oficial del gobierno de Nueva Zelanda donde consta el supuesto pago en el “calendario de liquidación y distribución de fideicomisos extranjeros”. No hay movimientos adicionales sobre esa estructura offshore en los documentos. 

Consultado por el equipo local de ICIJ, un abogado de Manzano confirmó que “el trust [por el fideicomiso] se constituyó en 2017”, aunque indicó que ya “no está activo”. Sin embargo, sostuvo que el empresario mendocino “no es el beneficiario del trust, como así tampoco realizó ningún retiro” de fondos.

De acuerdo con la facturación de Asiaciti en Pandora Papers, en septiembre de 2017, Asiaciti también emitió una factura para “The Manzano Trust” por “la transferencia de un fideicomiso de Nueva Zelanda”. En enero de 2018, Asiaciti registró otro remito por US$1.725 por el mantenimiento anual del fideicomiso y los servicios a sus beneficiarios más impuestos para todo 2018. Existe un tercer remito por el mismo monto con fecha enero de 2019.

Las jurisdicciones de las Islas del Pacífico, como Nueva Zelanda, cuentan con algunas de las leyes de protección de activos más estrictas del mundo, que protegen a los propietarios de fideicomisos y empresas ficticias de los acreedores, reguladores e incluso órdenes judiciales extranjeras. 

En una declaración enviada por correo electrónico a ICIJ, Asiaciti dijo que la firma cumple con las leyes y regulaciones de las jurisdicciones en las que opera y que mantienen un programa de cumplimiento “sólido”. “Sin embargo, ningún programa de cumplimiento es infalible, y cuando se identifica un problema, tomamos las medidas necesarias con respecto a la participación del cliente y hacemos las notificaciones correspondientes a las agencias reguladoras”, agregó la firma.

Manzano divide sus días entre Argentina y Ginebra, Suiza, donde reside temporalmente. A través de su abogado, evitó precisar si “The Manzano Trust” estaba declarado –o si debía hacerlo- ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) u otro organismo tributario. Es dueño de Integra Capital, a través de la cual mantiene inversiones en petróleo, gas, generación y distribución eléctrica, litio y uranio.

A mediados de 2020, Manzano y Vila compraron Edenor, la mayor distribuidora de energía eléctrica del país, que hasta entonces era propiedad de Marcelo Mindlin. En el consorcio, se sumaron Mauricio Filiberti y Global Income Fund Limited, un fondo de inversión radicado en Bahamas. “Siempre es un buen momento para invertir en la Argentina, esta­mos en el sector energético hace catorce años y esta es una buena oportunidad de crecimiento. Creemos en la Argentina”, dijo Manzano en aquel momento a elDiarioAR.

Este año, la dupla empresaria, de excelente relación con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y con el kirchnerismo más puro, amplió también sus inversiones en medios al adquirir El Cronista a Francisco De Narváez.

El misterio panameño

En Pandora Papers, Daniel Vila está vinculado a un documento fechado el 10 de julio de 2015 pero el nexo es incierto. El empresario aparece junto a sus hijos con un poder general para controlar a la sociedad Mayburg International SA, radicada en Panamá. El poder les fue concedido por un abogado del estudio Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), especializado en la gestión offshore. Sin embargo, Vila dijo al equipo argentino que desconoce por completo la sociedad y que nunca estuvo en contacto con ese bufete panameño.

Tengo una sociedad de este tipo que utilicé para adquirir una propiedad en Miami y que está declarada ante la AFIP.

Daniel Vila.

Tras una primera consulta, Vila pidió tiempo para consultar a sus asesores legales y contables, tanto internos como externos, para determinar si habían tramitado esta sociedad a su nombre o si tenían registros de ella. La respuesta fue negativa, según el empresario. “Averigüé con todos los asesores que llevan mi contabilidad porque no la recordaba, ni la tenía presente y no encontraron nada. Mi hijo -Agustín, de excelente relación con La Cámpora- la buscó en internet y encontró que actualmente la sociedad está en venta por unos US$40”, sostuvo.

En diálogo con el equipo argentino de ICIJ, Vila ofreció el nombre de otra compañía con la que controló activos en el exterior. “Tengo una sociedad de este tipo que utilicé para adquirir una propiedad en Miami y que está declarada ante la AFIP”, detalló. Se llama Isidris Corp. y en los registros públicos del estado de Florida Vila figura como su agente y director.

A mediados de 2015, cuando se redactó el documento de Alcogal con su nombre, Vila intentaba tomar el control de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), tras la muerte de Julio Grondona, y mantenía un contrapunto con la familia Vignatti y Cristóbal López por el diario Ámbito Financiero, cautelar judicial incluida.

De acuerdo a ese documento, tanto el empresario como sus hijos Barbarita, Agustín y María Noel quedaron autorizados “para que actúen individualmente” en relación a Mayburg International SA, “en su nombre y representación en cualquiera y todos los países y partes del mundo en relación con sus negocios” y que “lleven a cabo todos o cualquier acto o cosa que pueda realizar la compañía”, incluyendo el manejo de bienes y cuentas bancarias. Tanto Vila como sus hijos, mayores de edad, figuran con sus nombres completos y los números correctos de sus documentos de identidad. Sin embargo, el documento no está firmado.

De acuerdo con el registro mercantil de Panamá, la sociedad Mayburg International SA se creó el 26 de mayo de 2015, un mes y medio antes de que se redactara el documento de Alcogal. El capital inicial de la compañía, según los documentos públicos, fue de US$10.000 y el domicilio “oficial” de la firma en ese país es el del estudio.

En el registro mercantil de Panamá existen dos documentos públicos de la sociedad, su inscripción legal y su estatuto. En ninguno de ellos figuran los Vila relacionados con la compañía.

En una resolución del Ministerio de Economía panameño de agosto de 2018, subida a la Gaceta Oficial Digital de ese país, Mayburg International SA figura dentro de una lista de sociedades y personas jurídicas a las que les suspendieron sus derechos corporativos por adeudar la tasa única.

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ED

Manuel Vázquez, ex asesor del exsecretario de Transporte Ricardo Jaime y acusado de operar como su testaferro e intermediario de sobornos, fue beneficiario final de una offshore con cuenta bancaria en Suiza para destinar fondos de origen desconocido, según surge de los documentos de Pandora Papers obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y analizados por el equipo argentino*, que integra elDiarioAR junto a La Nación e Infobae.

Además de Vázquez, su hijo y colaborador, Julián Vázquez; y su esposa, Marta Margarita Domínguez, también figuran como beneficiarios finales de la offshore Walsh Partners Corp., radicada en Islas Vírgenes Británicas, en 2008. Julián Vázquez llegó incluso a enviar un correo electrónico a los gestores de la sociedad caribeña para pedirles que lo asesoren sobre cómo utilizar la offshore para canalizar dinero de origen desconocido a través de un “préstamo figurado” e ingresarlo al país.

Vázquez ha negado haber utilizado sociedades offshore para recibir supuestos sobornos destinados a Jaime por parte de empresas y empresarios del transporte. Pandora Papers revela ahora los documentos que prueban que Walsh Partners Corp. fue activada por Vázquez y su hijo Julián para operar una cuenta en Suiza con fines sospechosos. 

Los documentos obtenidos por ICIJ revelan además que Julián Vázquez; su hermano, Mariano; y su madre también obtuvieron un poder de otra sociedad offshore, Cantbury Overseas SA, radicada en Panamá, para abrir y operar una segunda cuenta bancaria en Mónaco.

Los documentos y correos electrónicos podrían tener impacto directo en la situación judicial de la familia Vázquez. El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi debe decidir desde 2019 si procesa al ex asesor de Jaime, su esposa e hijos por el rol de su consultora Caesa, una empresa ficticia montada, según la Justicia, para blanquear los sobornos de empresarios. La familia es investigada en el caso de supuestas coimas por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, una obra adjudicada en 2008 a la brasileña Odebrecht y sus socias lecsa, Ghella y Comsa. A excepción de la constructora del Lava Jato, el resto de las compañías niegan haber participado en los pagos indebidos. 

El equipo argentino de ICIJ cruzó los documentos de Pandora Papers con los correos electrónicos de Vázquez secuestrados por la Justicia federal. Walsh Partners Corp. une a los Vázquez con Odebrecht, el soterramiento y un pago destinado a la cuenta suiza de la offshore de Islas Vírgenes Británicas.

Andrés Gramajo, defensor de Manuel Vázquez y del grupo familiar, indicó al equipo argentino que, antes de ser asesor de Jaime, “Manuel Vázquez prestó servicios de consultoría a  varias compañías multinacionales y brasileñas como ALL (America Latina Logistica, operadora ferroviaria), Camargo Correa, Embraer y Odebrecht, entre otras” y dijo que eso se encuentra acreditado en la causa. 

Gramajo indicó que Walsh Partners Corp. y su respectiva cuenta bancaria “tenían un uso personal, doméstico y privado de Manuel Vázquez, y que su conformación no constituye delito alguno”. “La sociedad y su cuenta bancaria dejaron de tener operatividad en 2009 o 2010 por razones estrictamente personales, y no deben dar explicaciones al respecto, como así tampoco fueron intimados a hacerlo”, agregaron. 

Los Vázquez dijeron no recordar si Walsh Partners Corp. fue declarada ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), pero que “seguramente” la informaron al fisco. No acreditaron documentación que lo respalde.

Manuel Vázquez prestó servicios de consultoría a varias compañías multinacionales y brasileñas.

Andrés Gramajo. — Abogado de la familia Vázquez.

Actualmente, Vázquez padre se encuentra con prisión domiciliaria y está siendo juzgado junto a Jaime -preso en la cárcel de Ezeiza- por la compra de material rodante inservible para el ferrocarril Belgrano Cargas entre 2005 y 2012. Tanto Manuel como su hijo Julián también son juzgados por el mismo tribunal oral y público como presuntos prestanombres de Jaime en una causa por supuesto enriquecimiento ilícito del exfuncionario, una acusación que niegan. 

“Un préstamo figurado”

La sociedad de papel Walsh Partners había sido radicada el 29 de febrero de 2008, según un formulario de la oficina de Trident Trust Company en Suiza, pero los Vázquez aparecen en los documentos un mes después, en marzo de 2008. Jaime aún era funcionario público. En un formulario que cuenta con copia certificada de los pasaportes de Vázquez, su esposa y su hijo Julián, el proveedor Trident registró que el propósito de la sociedad era “tener una cuenta bancaria en el Merrill Lynch de Zúrich, Suiza”. La única exigencia de due dilligence fue copia de los pasaportes.

Un año después, en marzo de 2009, Julián Vázquez se contactó con el proveedor offshore Trident. “De acuerdo a lo conversado telefónicamente, estaría queriendo utilizar esta sociedad para que a su vez participe dentro de otra sociedad en la Argentina. En un principio necesitaría o capitalizar a Walsh Partners o tomar un préstamo figurado para poder justificar el envío de los fondos a la Argentina”, escribió Julián Vázquez a una ejecutiva de Trident Trust Company. Ante las consultas del equipo argentino de ICIJ, Julián Vázquez no respondió a qué se refirió con “préstamo figurado”, con qué fondos buscaba capitalizar la sociedad ni a qué empresa argentina se refería. La familia tampoco respondió qué activos llegó a manejar.

El correo electrónico fue enviado desde la casilla personal del argentino el 17 de marzo de 2009. Ricardo Jaime aún era secretario de Transporte de Cristina Fernández de Kirchner, aunque ya era un funcionario cuestionado.

Julián Vázquez escribió al proveedor Trident: “Quisiera cambiar el directorio de la sociedad poniendo yo los directores y teniendo yo los libros y las acciones de la sociedad en mi poder”. Entonces, en la offshore figuraban como directores tres ciudadanos de distintas nacionalidades (suiza, británico y chipriota), con domicilio en la isla de Chipre.

“Necesitaría que Trident siga siendo mi agente en BVI (Islas Vírgenes Británicas) y me presenten los papeles que correspondan ahí todos los años, como cuando haya que cambiar el directorio”, escribió Julián Vázquez en el mismo correo. “Necesitaría nombrar un apoderado legal en la Argentina con amplios poderes para poder tomar decisiones por la sociedad aquí”, agregó. Tenía, además, cierta urgencia: “Quisiera saber si esto que estoy planteando es posible y si es así como hacemos para realizarlo a la brevedad”, concluyó.

Tras recibir el correo de Julián Vázquez, una administradora del área Corporativa de Trident derivó el elocuente mail a otros miembros de la firma para pedir instrucciones y recibió la siguiente respuesta: “Por favor, ¿podrías confirmarle que su correo electrónico ha sido recibido y le daremos asesoramiento?”.

Al día siguiente, la ejecutiva de Trident cumplió y respondió a Julián Vázquez: “Estamos revisando los documentos de la compañía y le estaremos mandando un email con las instrucciones que hay que seguir para realizar los cambios requeridos”.

En el formulario en el que fueron registrados como beneficiarios finales de Walsh Partners Corp, los Vázquez y Marta Margarita Domínguez fijaron domicilio en una dirección de la calle Arroyo, en General Pueyrredón, Acassuso, Buenos Aires. El trámite les costó US$1.700.

La sociedad y su cuenta bancaria dejaron de tener operatividad en 2009 o 2010 por razones estrictamente personales, y no deben dar explicaciones al respecto, como así tampoco fueron intimados a hacerlo.

Andrés Gramajo. — Abogado de la familia Vázquez.

Un pago de Odebrecht

Tres meses después del mail con las indicaciones de Julián Vázquez, a fines de junio de 2009, el encargado de Odebrecht en Argentina, Mauricio Couri Ribeiro, intercambió mails con Vázquez para solicitarle confirmación de los datos a los cuales debía transferir dinero. “Necesitamos la dirección de Walsh Partners. Entendemos que la cuenta n° ----------- es la cuenta de Walsh Partners en Merrill Lynch. ¿Es cierto?”, preguntó Couri. Ese mismo 22 de junio, Manuel Vázquez confirmó los datos por e-mail. El pago debía pasar por una cuenta del Northern Trust International Banking Corp., en Nueva York, con destino final a la cuenta de Walsh Partners Corp., en Suiza. El número de cuenta consta en el mail original.

El abogado de los Vázquez afirmó que “las indicaciones para la transferencia de Couri Ribeiro tiene vinculación con honorarios profesionales por trabajos de consultoría oportunamente realizados a dicha empresa (Odebrecht), entre muchas otras, y ninguna vinculación tiene con el proceso licitatorio ni adjudicación de la obra del soterramiento”. 

“Del mismo modo, tampoco está acreditada en la causa la existencia de Walsh Partners Inc. en ninguno de los 32 cuerpos que conforman la investigación del soterramiento ni en las 40 cajas de documentación”, sostuvo el abogado. Luego, el letrado indicó que “no se realizó ninguna transferencia bancaria a dicha sociedad por parte de Couri Ribeiro y tampoco por ningún representante de la firma Odebrecht”.  

Los documentos bancarios dejan claro que los verdaderos dueños de la sociedad Walsh Partners son los Vázquez. En el formulario que surge de los documentos obtenidos por ICIJ, aparece el nombre de Enrique Fahrion certificando de puño y letra las copias de los pasaportes de los tres dueños de la compañía.

No hay más rastros de esta compañía ni de la cuenta bancaria suiza en Pandora Papers. Pero siete meses después de solicitar la activación de la sociedad, el 10 de agosto de 2009, los Vázquez habían abandonado la offshore. Ricardo Jaime había renunciado cinco semanas antes al gobierno de Fernández de Kirchner. En otro correo de ese día, la ejecutivo Patrizia Zuppinger instruyó a una colega que debía proceder con la liquidación de la sociedad en cuestión y le ordenó cortar vínculo con esa compañía: “No emita más facturas ni extractos, cancele las facturas abiertas y elimínelas del estado de cuenta. Por favor, modifique sus registros en consecuencia”. 

“Cada uno de los negocios de servicios corporativos y fiduciarios de Trident está regulado en la jurisdicción en la que opera y está totalmente comprometido con el cumplimiento de todas las regulaciones aplicables. Trident coopera habitualmente con cualquier autoridad competente que solicite información. Trident no habla de sus clientes con los medios”, respondió a ICIJ el proveedor offshore.

Las indicaciones para la transferencia de Couri Ribeiro tiene vinculación con honorarios profesionales por trabajos de consultoría oportunamente realizados a dicha empresa (Odebrecht).

Andrés Gramajo. — Abogado de la familia Vázquez.

De Islas Vírgenes a La Plata

Walsh Partners tuvo una hermana en la ciudad de las diagonales. Julián Vázquez y su hermano Mariano, también investigado por la Justicia como supuesto colaborador de su padre, fundaron el 18 de mayo de 2009 Walsh Partners Holdings SA, una compañía creada para el “comercio aéreo en general y transporte terrestre”; “fabricación y comercialización de aeronaves, motores y/o repuestos de los mismos”; “servicios y operaciones inmobiliarias”; y “explotación de medios de radiodifusión”; además de “financiera”. Y prepararon el terreno para un fideicomiso: “La sociedad podrá ser fiduciante, fiduciaria o beneficiaria”.

“La sociedad radicada en la ciudad de La Plata jamás tuvo actividad, ni cuenta bancaria, ni adquisición de activos de ningún tipo. Se conformó, pero nunca se utilizó y tampoco se reempadronó”, respondió su abogado. “La utilización del mismo nombre fue una sugerencia de la misma entidad financiera y jamás existieron operaciones entre ambas sociedades”, agregó.

Mónaco

La sociedad Cantbury Overseas SA se creó el 2 de junio de 2010 y se inscribió al día siguiente en el registro mercantil de Panamá, según consta en los documentos públicos de ese país, consultados por el equipo argentino de ICIJ. 

En los registros abiertos no hay rastros de los Vázquez, pero en la documentación privada que revela Pandora Papers existe un poder otorgado por la compañía offshore a Julián y Mariano Vázquez (hijos de Manuel) y su madre, Marta Margarita Domínguez. Los tres, al igual que su padre, son investigados en la Justicia por el caso soterramiento (Odebrecht).

El 21 de julio de 2010, el estudio panameño Alcogal, gestionó un poder para que la familia Vázquez pueda abrir, mantener y operar una cuenta bancaria en el CDM Mónaco, una entidad bancaria dedicada a clientes extranjeros en el principado europeo. También intervino, como corresponsal, el estudio David Mulchi & Asociados, con sede en Madrid, y dedicado a la asesoría y consultoría jurídico-tributaria, económica y comercial.

Ante la consulta, los Vázquez se limitaron a responder que Cantbury Overseas SA “no tuvo ningún movimiento de fondos, ni adquisición de activos, ni operatividad”.

Alcogal, con sede en Panamá, es un proveedor offshore de referencia para políticos y gente adinerada en América Latina y más allá. “Alcogal se adhiere a todos los requisitos legales en la prestación de servicios corporativos y de formación de empresas, en pleno cumplimiento de todos los requisitos aplicables en todas las jurisdicciones en las que operamos”, dijo la firma ante la consulta de ICIJ.

Arrepentido de arrepentirse

En febrero de 2019, Manuel Vázquez había declarado como arrepentido en la causa por supuestos sobornos por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, publicó Perfil. Dijo entonces ante el fiscal Franco Picardi que el empresario Angelo Calcaterra, primo del entonces presidente Mauricio Macri, habría sido el encargado de negociar los supuestos pagos ilegales con el entonces secretario de Transporte por la obra que lideró la constructora brasileña Odebrecht, socia de Calcaterra. El empresario negó la acusación ante la Justicia. 

Alcogal se adhiere a todos los requisitos legales en la prestación de servicios corporativos y de formación de empresas, en pleno cumplimiento de todos los requisitos aplicables en todas las jurisdicciones en las que operamos.

Alcogal.

Vázquez dijo entonces al fiscal Picardi que los empresarios habrían pagado US$20 millones en sobornos por la obra del Sarmiento. Sin embargo, tres meses más tarde Vázquez padre se desdijo de sus propias palabras ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi.

¿Qué pasó entre febrero y mayo de 2019? En abril, Martínez de Giorgi procesó a Vázquez por presuntas dádivas en el caso Odebrecht pero sobreseyó a los miembros de su familia: sus dos hijos y su esposa, quienes formaban parte de una consultora “ficticia”, denominada Caesa, que según la Justicia fue utilizada para blanquear coimas. Los tres se declaran inocentes. 

Todos los clientes de la consultora de Vázquez eran contratistas del Estado en el área de Jaime, mientras Vázquez era su asesor. Por eso, el fiscal sostiene que la consultora podría haber sido una pantalla para las coimas destinadas al entonces funcionario.

Vázquez dijo ante la Justicia que su esposa e hijos no tenían nada que ver con la empresa. El fiscal estableció que sí y pidió que se los procese como cómplices. 

Antes de que el abogado Gramajo asuma la defensa, Vázquez se encontraba asesorado por otra abogada, quien asistió al ex asesor de Jaime durante su declaración como colaborador en la causa del Sarmiento. Según su abogado actual, esa abogada “representaba intereses contrapuestos en la misma investigación, defendiendo al señor Soba Roja” (otro imputado, actualmente fallecido). “Por ese motivo, interpuse una nulidad (de la declaración ante el fiscal). La Cámara Federal hizo lugar y ordenó recibirle declaración indagatoria nuevamente al señor Vázquez”, dijo su actual defensor, Gramajo.

Entre diciembre de 2005 y, al menos, enero de 2009, la constructora Iecsa y la compañía Sideco Americana, ambas de la familia Macri, realizaron pagos a la consultora de Manuel Vázquez, según consta en el expediente del soterramiento. Iecsa estuvo al mando de Franco Macri hasta 2007 y luego fue vendida a su sobrino Calcaterra. Le pago unos $600 mil a la consultora de Vázquez mientras que la española Comsa, otra socia de Iecsa y Odebrecht en la obra del soterramiento, también le facturó a la empresa “ficticia” de Vázquez $263.097. Las empresas sostienen que pagaron por servicios de consultoría.

La sociedad titular del avión y los accionistas eran Jorge Cupeiro y su mujer.

Andrés Gramajo. — Abogado de los Vázquez.

El 4 de octubre de 2007, Vázquez recibió un correo del encargado de Odebrecht en Argentina, Mauricio Couri Ribeiro, quien le confirmó una transferencia de US$100.000. Se envió bajo el rótulo “adquisição de propiedades” desde una cuenta de Constructora Internacional del Sur SA, utilizada para el pago de coimas de la empresa brasileña, según la investigación del Lava Jato.

Cerca de un veredicto

Jaime y Vázquez enfrentan actualmente un juicio oral y público, a cargo del Tribunal Oral Federal número 6. El proceso ingresó en los últimos días en la etapa de alegatos y se espera un veredicto cerca de fin de año. En 2015, ambos firmaron un juicio abreviado en los tribunales, en el que admitieron haber recibido dádivas de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) que, casualmente, explotaba el servicio del Sarmiento, como publicó Infobae.

El juicio actual se centra en otras dos causas judiciales contra Jaime y Vázquez: el presunto enriquecimiento ilícito del exsecretario de Transporte -en el que su exasesor está acusado de supuesto testaferro-; y la compra de trenes chatarra a España y Portugal, transacción en la que intervino el español Vázquez y que el juez de instrucción, Julián Ercolini, consideró una estafa al Estado argentino.

Se hizo correr este rumor periodístico de que el avión pertenecía a Jaime cuando ello no es cierto,

Andrés Gramajo. — Abogado de la familia Vázquez.

Entre los bienes adjudicados por la Justicia a Jaime que vinculan a los Vázquez hay un avión Learjet de alrededor de US$4 millones, adquirido en 2008 con un “préstamo” de otra sociedad offshore (Elkrest) de Islas Vírgenes Británicas, según consta en el expediente judicial. 

“La sociedad titular del avión y los accionistas eran Jorge Cupeiro y su mujer”, dijo el abogado de Vázquez. Cupeiro, un célebre automovilista de carretera que fue socio de Zulemita Menem en la concesionaria Toyota de Nuñez, falleció en febrero último. Su familia no respondió las consultas del equipo de ICIJ en las últimas semanas.

“La adquisición de la aeronave constituía un negocio en sí mismo, puesto que a través de su explotación comercial, la inversión se vería recuperada en un mediano plazo. Fue ese el motivo por el cual Manuel Vázquez decidió, con fondos propios, ingresar en este negocio y solicitó la colaboración de su hijo Julián para cuestiones administrativas”, agregó el letrado, quien sostuvo que la compra del avión fue una inversión entre empresarios.

“Se hizo correr este rumor periodístico de que el avión pertenecía a Jaime cuando ello no es cierto, en razón de la disputa suscitada entre distintas empresas para su explotación, una de ellas, MacAir Jet. Finalmente, fue la empresa Aerorutas quien se hizo cargo de la explotación de la aeronave”, concluyó el abogado.

*El equipo argentino de Pandora Papers está integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación); Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz (Infobae); y Emilia Delfino (elDiarioAR).

Pandora Papers es una colaboración global entre @elDiarioAR y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (@ICIJorg) sin fines de lucro. Si te gusta el periodismo como este, haz una donación al ICIJ para apoyarlo.

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ED

El exsecretario de Transporte de Cristina Fernández de Kirchner, Juan Pablo Schiavi, preso por la tragedia de Once, controló una compañía offshore de Panamá y una cuenta bancaria en el exterior que no declaró ante la Oficina Anticorrupción. El exfuncionario obtuvo un poder general sobre la sociedad Groveland Overseas SA, el 16 de enero de 2008, dos días después de ser dado de alta en la Administración Pública Nacional.

El exfuncionario compartió ese poder con su esposa, María Verónica Mora Dubuc, y otro familiar para tomar el control de la offshore, según surge de los documentos de Pandora Papers, la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que integra elDiarioAR junto a La Nación e Infobae*.

Schiavi había ingresado el 14 de enero de 2008 como titular de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), por entonces bajo la órbita del ministro Julio De Vido, según figura en su declaración jurada pública. Su designación en el Boletín Oficial, sin embargo, fue oficializada recién en abril.  

El directorio de Groveland Overseas SA emitió el poder a favor del matrimonio Schiavi “para que administren y gobiernen bienes de toda clase, ya sean muebles, inmuebles, bonos, acciones y/o valores”, de acuerdo con los documentos del bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), un bufete panameño que brinda servicios offshore a corporaciones multinacionales, inversionistas y personas de alto patrimonio. “Alcogal se adhiere a todos los requisitos legales en la prestación de servicios corporativos y de formación de empresas, en pleno cumplimiento de todos los requisitos aplicables en todas las jurisdicciones en las que operamos”, dijo la firma ante la consulta de ICIJ.

En una carta del 17 de enero de 2008, Alcogal se dirigió a agentes del Merrill Lynch Bank Uruguay e identificó a esa entidad como “banco corresponsal” de la sociedad offshore de Schiavi.

Consultado por el equipo argentino de ICIJ, Schiavi, a través de sus abogados, confirmó la existencia de la compañía panameña y de una cuenta bancaria en el exterior, aunque no dio precisiones de los montos que manejó. Solo aseguró que “hace años” que allí “no hay un dólar”.

“A través de un operador que manejaba cuestiones financieras, Schiavi abrió una cuenta en el exterior, donde depositó dinero cuyo origen fue producto de su actividad privada anterior a que fuera funcionario público nacional”, indicó Schiavi a través de sus abogados. “Su esposa, en tanto, es de nacionalidad venezolana y tuvo en su momento una sucesión. No había una obligación tributaria en la Argentina por esos fondos”, transmitió el exsecretario de Transporte. Advirtió que le costó reconstruir los detalles de la operatoria sin los papeles ya que está preso en el penal de Ezeiza desde hace tres años.

En los documentos que forman parte de Pandora Papers no surgen datos adicionales sobre los montos que manejó Groveland Overseas SA, que -según los registros públicos de Panamá- fue disuelta en 2017.

Schiavi dijo que recurrió a esa sociedad offshore “por una cuestión de protección y de desconfianza en el sistema bancario argentino”. Por esa “desconfianza”, añadió a través de sus abogados, “abrió la cuenta bancaria vinculada a esa persona jurídica -Groveland Overseas SA-”. “Pero hace años que no tiene actividad y que está en cero, si bien no se cerró desde el punto de vista formal. Hoy no tiene ni un dólar”, afirmó.

Actividad privada

Schiavi es ingeniero agrónomo y militante peronista. Participó de las campañas políticas de Italo Luder, Carlos Grosso, José Manuel de la Sota y Octavio Bordón. Tuvo sus inicios en la función pública durante la gestión de Grosso en la Ciudad de Buenos Aires, cuando se desempeñó como subsecretario de Mantenimiento Urbano.

En 1997, se asoció a Daniel Chaín, entonces ejecutivo del Grupo Socma y quien sería años después funcionario de Mauricio Macri en la Ciudad y Nación. Juntos constituyeron en 1997 una sociedad comercial, Audeco Inversiones SA (AISA), cuya actividad era, entre otras, la refacción de estaciones de tren. 

En 2000, Schiavi asumió el rol de jefe de campaña de Macri, quien compitió en las elecciones porteñas de 2003. El candidato de Schiavi perdió finalmente el ballotage con Aníbal Ibarra. Dos años después, en 2005, Schiavi también tuvo un rol central en la campaña de Propuesta Republicana (Pro).

Tuvo un breve paso por la gestión de Jorge Telerman en la Ciudad y en 2008 saltó, bajo el ala de De Vido, al Ministerio de Planificación. Fue entonces, cuando Schiavi se desprendió de su parte en Audeco Inversiones SA, la sociedad con Chaín, según surge de las declaraciones juradas públicas ante la Oficina Anticorrupción (OA) que analizó el equipo argentino de ICIJ.

En su primera declaración jurada ante la OA, en 2008, Schiavi también declaró dos autos modelo 2005 y el 50% de una casa en Palermo de 227 metros cuadrados, además de acciones en Tiraxi SA (una empresa de Salta) y depósitos por $43.700. Su esposa, en tanto, declaró el otro 50% de la casa palermitana y dos inmuebles más. 

En 2009, asumió como secretario de Transporte, tras la renuncia de Ricardo Jaime. En su siguiente declaración jurada anual, informó que ya no tenía acciones en Audeco Inversiones SA y canceló una deuda que tenía con esa empresa por $50.000. En depósitos y dinero en efectivo pasó a declarar $306.108. En los dos años siguientes, Schiavi casi no informó cambios en sus activos. Su patrimonio declarado total se redujo durante su paso por la función pública nacional: en 2008 informó bienes por $561.368 y en 2012, cuando renunció, lo hizo por $487.570, un 13% menos.

En ninguno de los años en los que se desempeñó como funcionario, sin embargo, Schiavi declaró ante la Oficina Anticorrupción a la firma Groveland Overseas SA, de Panamá, ni su cuenta bancaria en el exterior.

El 6 de marzo de 2012, Schiavi presentó su renuncia, dos semanas después de la tragedia ferroviaria de Once, que le costó la vida a 51 personas y una por nacer.

El juez Claudio Bonadio lo procesó por el delito de defraudación contra la administración pública y descarrilamiento culposo. En diciembre de 2015, un tribunal oral lo condenó a cinco años y seis meses de prisión. Fue detenido el 5 de octubre de 2018. En las próximas semanas estará en condiciones de solicitar la libertad condicional, gracias a los beneficios del estímulo educativo por cursos hechos desde que está en prisión.

*El equipo argentino de Pandora Papers está integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación); Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz (Infobae); y Emilia Delfino (elDiarioAR).

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ED

Los gobiernos de Panamá y de Chile así como el principal estudio de abogados implicado en las filtraciones, Alcogal, reaccionaron este domingo a las informaciones y documentos difundidos en los Pandora Papers, un trabajo periodístico que reunió a 150 medios en 117 países, entre ellos elDiarioAR, que indaga en los patrimonios y negocios de jefes de Estado, expresidentes, funcionarios, empresarios, artistas, deportistas y fugitivos de la justicia. 

Ante la publicación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), el gobierno de Panamá, país implicado en el supuesto blanqueo de billones de dólares, señaló: “Sin menoscabo a la libertad de prensa e información que respetamos decididamente, y con la intención de evitar apreciaciones sensacionalistas como las que en el pasado nos han causado gran daño, estamos trabajando de forma cohesionada e interinstitucional, decididos a contrarrestar las repercusiones negativas de cualquier escándalo tangencial o coyuntural en el que se quiera involucrar al país”.

El comunicado añade que a través del Ministerio de Relaciones Exteriores se comunicó al equipo directivo de la ICIJ “que deben evitar las referencias sin justificación informativa asociadas al país”. El principal bufete que ha sido blanco de la filtración global tiene sede en Panamá.

Por otra parte, el gobierno panameño sostiene que la Superintendencia de Sujetos no Financieros “hará la supervisión inmediata de los sujetos obligados de nuestra jurisdicción mencionados en la publicación, como parte de nuestra respuesta oportuna, para la protección de la imagen y reputación del país”. Además, la Dirección General de Ingresos (DGI) “iniciará los procesos de fiscalización a los contribuyentes naturales y/o jurídicos en la República de Panamá señalados por la misma publicación y atenderá el intercambio de información con las jurisdicciones aludidas”.

El estudio de abogados ALCOGAL, uno de los principales implicados en estos supuestos blanqueos, rechazó lo que llamó “conjeturas, imprecisiones y falsedades de las publicaciones”, basadas en los documentos del propio bufete.

En un comunicado de prensa, los abogados afirman: “Nuestra auditoría interna no encontró evidencia alguna de incumplimiento en ninguno de los casos mencionados por el ICIJ. De hecho, desde nuestra fundación en 1985, nunca hemos enfrentado cargos relacionados con actividades indebidas y mucho menos hemos sido condenados por cualquier tipo de actividad ilícita en las jurisdicciones donde trabajamos”.

“La publicación del ICIJ está plagada de información inexacta, desactualizada y proyecta una imagen equivocada acerca de las actividades de nuestra firma. En algunos casos, las personas mencionadas nunca fueron clientes nuestros. En otros casos, las sociedades indicadas no fueron creadas por ALCOGAL”, añade. “Se confunden requisitos actuales de debida diligencia, con casos o situaciones que ocurrieron antes de la entrada en vigencia de las leyes de debida diligencia actuales y que, en el momento en que ocurrieron, claramente se enmarcaban dentro de los estándares legales aplicables en ese entonces. Es decir, ignoran la realidad jurídica de cada caso y el hecho de que los estándares aplicables han evolucionado”.

El estudio de abogados agrega que siempre colaboró con las autoridades y actuó de conformidad con las normas. “El ICIJ desconoce que antes de la adopción de las leyes actuales de debida diligencia, las normas permitían que las firmas de abogados confiaran en la información de debida diligencia obtenida por los intermediarios profesionales (bancos, proveedores de servicios corporativos, fiduciarias, firmas de abogados, etc.), de quienes son realmente clientes directos los beneficiarios finales”.

Finalmente, ALCOGAL asegura que sus actividades son “exclusivamente de naturaleza jurídica y corporativa”. “Nosotros no prestamos servicios financieros, ni asesoría en materia tributaria en relación con nuestros servicios corporativos

internacionales“.

El gobierno de Chile, en tanto, desmintió que el presidente Sebastián Piñera hubiera participado en 2010, durante su primer mandato presidencial, en la venta de una empresa minera a través de un paraíso fiscal en las islas Vírgenes Británicas, mientras parlamentarios de oposición estudiaban iniciarle una investigación. Piñera y esa operación conforman una de las principal revelaciones de la investigación.

“Los hechos mencionados respecto de la venta de Minera Dominga ya fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia durante 2017, y la Fiscalía recomendó terminar la causa por la inexistencia de delito, ajustarse a la ley y la falta de participación del presidente Sebastián Piñera en la mencionada operación”, precisó el Palacio de La Moneda en un comunicado. “La decisión de la Fiscalía fue acogida por el Tribunal de Primera Instancia y ratificada unánimemente por la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia”, detalló, según la agencia de noticias Europa Press.

Sin embargo, parlamentarios de oposición iniciaron conversaciones para realizar una investigación a Piñera.

“Lo que hizo el presidente es gravísimo, haremos todas las investigaciones al respecto e incluso estamos analizando con la bancada la creación de una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados para indagar en el tema”, afirmó Gonzalo Winter, según la agencia Sputnik. “Constantemente nos enteramos de las irregularidades de los negocios del presidente Sebastián Piñera, quien no separa su rol político de su rol de empresario, haciendo negocios con nosotros, los chilenos”, agregó.

Según Pandora Papers, Piñera y algunos familiares eran los mayores accionistas del proyecto Minera Dominga con 33% de sus acciones, que junto a las de su amigo Carlos Délano sumaban 56% de la iniciativa que pretende instalarse en las cercanías de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, en la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo.

En diciembre de 2010, Délano compró por US$152 millones el porcentaje de todos los socios de Dominga y la operación se concretó con un acta firmada en Chile por US$14 millones y otra en las Islas Vírgenes Británicas por US$138 millones, según los documentos revelados.

El pago se efectuaría en tres cuotas: la primera el 10 de diciembre de 2010 por 106,8 millones de dólares, la segunda por 21 millones de dólares el 18 de enero y la tercera por 9,9 millones de dólares el 31 de diciembre de 2011.

“Sin embargo, ese último desembolso estaba sujeto a condiciones: dependía de que no cambiaran las reglas en la zona donde se ubicaría el proyecto minero. El pago quedaba condicionado a que el sector no se transformara en una zona de exclusión o no se convirtiera en un parque nacional o reserva nacional”, lo que impediría el desarrollo del proyecto Dominga, reveló ICIJ junto a Ciper y LaBot.

CRM

La Asamblea Nacional Legislativa de Panamá aprobó este martes un proyecto que legaliza el cannabis medicinal y convertiría al país en el primero en regular el consumo de esta sustancia en América Central.

El proyecto, impulsado por el presidente de la Asamblea unicameral y diputado oficialista, Crispiano Adames, fue aprobado con 44 votos a favor y ninguno en contra, informó la agencia de noticias AFP.

La norma entrará en vigor cuanto sea homologada por el presidente panameño Laurentino Cortizo.

“Esa medida viene a ayudar a cientos de panameños que hasta el momento se las ha imposibilitado poder adquirir ese medicamento en Panamá”, afirmó durante el pleno el también diputado oficialista del Partido Revolucionario Democrático (socialdemócrata), Leandro Ávila.

La iniciativa legislativa tiene como objetivo “crear un marco regulatorio que permita el uso y acceso vigilado y controlado del cannabis medicinal y sus derivados”, según indica el preámbulo del citado proyecto, agregó AFP.

El uso del cannabis será “con fines terapéuticos, médicos, veterinarios, científicos y de investigación en el territorio nacional”, añade el texto aprobado.

El proyecto fue presentado por Adames en 2019, pero tuvo múltiples cambios para que fuera aprobado por unanimidad por todos los grupos parlamentarios.

Sus proponentes buscan, con el uso del cannabis, mejorar la calidad de vida de personas con glaucomas, epilepsia, artritis, esclerosis múltiples, migrañas, convulsiones y diferentes tipos de dolores, incluido el cáncer.

La ley permitiría la importación, exportación, cultivo, producción y comercialización de esta sustancia y sus derivados a través de una serie de licencias otorgadas por el Estado panameño.

Panamá es el primer país de Centroamérica en aprobar un proyecto de ley para la regulación del uso, consumo y comercialización de cannabis medicinal, concluyó AFP.

Con información de agencias.

IG

El juez federal Sebastián Casanello procesó este jueves al abogado ítalo-argentino Néstor Marcelo Ramos como coautor del lavado de casi US$33 millones del empresario Lázaro Báez, exsocio de la familia Kirchner, según el fallo al que accedió elDiarioAR. Ramos fue el presidente y accionista de las sociedades suizas Helvetic Service Group y Swisser AG, también denunciadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en otro expediente por sus nexos con los exaccionistas de Garbarino SA y otras nueve empresas argentinas. 

El procesamiento de Ramos en el caso Báez vuelve a poner bajo la lupa el rol de Helvetic y Swisser AG, ambas manejadas entre 2003 y 2013 por Ramos, y la verdadera finalidad de los servicios prestados por estas sociedades a empresas y empresarios argentinos, además de a Báez.

El dueño de Austral Construcciones fue condenado en febrero a 12 años de prisión por lavado agravado de activos, de acuerdo a la sentencia del Tribunal Oral Federal número 4, pero Casanello aún conserva un capítulo más del caso, enfocado en la pista suiza y el circuito de sociedades offshore y cuentas bancarias en el extranjero que sirvieron al patagónico para concretar la maniobra que le valió la condena.

El magistrado también embargó a Ramos por la suma $36.587 millones y ordenó trabar embargos sobre los bienes de Helvetic (por más de $33.567 millones) y de la sociedad uruguaya Wodson International SA (por más de $9.609 millones), también manejada entonces por Ramos y utilizada en el esquema de lavado de dinero orquestado por Báez y sus colaboradores, según el juez.

Ramos es abogado, recibido en la Universidad de Córdoba y especializado en derecho societario. Tiene 58 años y pasaporte italiano. Está radicado hace años en Lugano, Suiza, desde donde prestó servicios a sus clientes argentinos durante una década. Fue citado a indagatoria en abril de 2016 por el caso Báez pero el juez y el fiscal Guillermo Marijuan recién pudieron indagarlo este año, semanas antes de la feria judicial de invierno, ya que las autoridades suizas se negaron a extraditarlo durante los últimos cinco años. 

Ramos llegó a tener pedido de captura internacional por esta causa. En las últimas semanas, Suiza accedió a que sea indagado por la Justicia argentina por videoconferencia y desde el país helvético, donde se encuentra el acusado y atravesando un delicado estado de salud.

Casanello estableció que “el aporte efectuado por Ramos consistió en figurar -a través de las sociedades vehículos que detentaba- como dueño aparente de los negocios e inversiones desplegadas por el Grupo Báez” y que fue “una mera pantalla destinada a ocultar al verdadero dueño del dinero”. 

Conexiones en Comodoro Py

Ramos y sus sociedades suizas conectan los movimientos millonarios de Báez, Garbarino SA y otras nueve compañías argentinas, según la denuncia de la AFIP que reveló elDiarioAR en julio y que data de finales de 2017. 

En el caso de Garbarino, las sociedades Helvetic y Swisser AG fueron denunciadas por la AFIP por haberse llevado unos US$30 millones de la empresa argentina en 2013; y por haber movido acciones por otros US$13 millones de la cadena de electrodomésticos y otras nueve compañías (sólo por parte de Swisser AG, entre 2004 y 2015) de diversos rubros: construcción en la obra pública, bienes raíces, frigoríficos, agropecuaria, venta de electrodomésticos, fabricación de cuero y calzado. Se trata de Instrumentos Musicales SA (Promúsica), Decavial SA, Copelle SA, Adanti Solazzi y CIA, Frigorífico Gorrina SA, Río Rojo SA, DesDelSur SA, Estancias San Francisco SA, Maquinarias Zurich SA y Garbarino SA.

Ni accionistas ni ejecutivos de Garbarino o las otras nueve empresas han sido imputados ni citados por la denuncia. El fiscal del caso desestimó la denuncia del fisco, único acusador en la causa, que instruye el juez Julián Ercolini.

Una mera pantalla destinada a ocultar al verdadero dueño del dinero.

Sobre Ramos y Helvetic — Fallo judicial.

El fiduciario suizo

Durante su indagatoria, Ramos presentó un escrito y dijo que actuó como fiduciario, es decir, como administrador de dinero ajeno, lo que no implicaría la comisión de ilícitos. Sin embargo, Casanello sostuvo que no hay ningún tipo de documento que avale esa prestación de servicios, la creación de un fideicomiso o la admisión de que manejaban el patrimonio de Báez. Además, destacó que el propio empresario negó su vínculo con Helvetic durante la instrucción de la causa.

El abogado ítalo-argentino también había planteado en un descargo que el dinero que manejó provenía de actividades lícitas e identificables con los Baéz, por lo que no había existido un plan para ocultar la procedencia de los fondos que manejó en Suiza. En su fallo de este jueves, el juez afirmó que el dinero que circuló en las cuentas en el exterior no se encontraba bajo la titularidad de las empresas de la familia Báez, sino a nombre de “sociedades de cartón” panameñas administradas por asesores del empresario y la financiera SGI, información que fue corroborada por Suiza.

¿Qué servicios prestó Ramos a sus clientes argentinos? En el caso Báez, Casanello determinó que la participación de Ramos en el entramado financiero “consistió en ocultar al verdadero dueño del dinero” y “brindarle apariencia de licitud, simulando la inversión de una empresa extranjera”. Para la maniobra, se utilizó a Helvetic, que llegó a adquirir la financiera SGI, conocida como “la Rosadita”, con sede en Puerto Madero, desde la cual operaban los Báez. 

La AFIP sospechaba que esos servicios fueron para más de un empresario local y así lo sostuvo cuando denunció a los exaccionistas de Garbarino en 2017, según la denuncia que consta en la causa de Ercolini.

“Ramos era lo que se conoce como un facilitador profesional: un profesional que presta el servicio de diseñar estrategias, de forma intencionada y activa, para facilitar la comisión de delitos”, concluyó el juez Casanello en el escrito de procesamiento.

La suiza

Helvetic actuaba como una fiduciaria que intervenía en negocios diversos en nombre propio, pero por cuenta y orden de terceros, según el procesamiento de Ramos. “Su servicio principal consistía en operar como cara visible de titularidades societarias y operaciones bancarias realizadas por orden y en beneficio de sus clientes, quienes permanecían ocultos”, sostuvo el fallo.  

“También existen pruebas de que dicha firma habría sido utilizada por otras personas o grupos empresarios ajenos a los aquí investigados”, dijo Casanello, y citó al Grupo Garbarino, entre otros. También remarcó que su juzgado denunció el vínculo de la suiza con la cadena de electrodomésticos ante la Justicia en 2016. La causa fue cerrada. Un año y medio después, la AFIP volvió con nueva información sobre las suizas y sus nexos con Garbarino y otras nueves empresas, lo que originó una segunda causa.

Ramos era lo que se conoce como un facilitador profesional: un profesional que presta el servicio de diseñar estrategias, de forma intencionada y activa, para facilitar la comisión de delitos.

Al procesar a Ramos, Casanello sostuvo que está probado que millones en negro salieron del país “clandestinamente” y terminaron depositados en distintas instituciones bancarias suizas, “en cuentas de titularidad de compañías de acciones al portador radicadas en paraísos fiscales, propiedad de Báez y de sus familiares directos”.

Para la maniobra, se abrieron cuentas bancarias en Panamá y Suiza, en instituciones financieras como Unibank and Trust Inc., Balboa Bank & Trust Corp., FPB Bank Inc., Banco Trasatlántico (todos en Panamá) y PKB y Safra Sarasin (Suiza). 

Una vez repartido el dinero en las cuentas suizas, “se puso en operatividad el plan para reingresar esos fondos a la Argentina de una manera que tuviera apariencia de legalidad. Aquí es donde vuelve a ser funcional Néstor Marcelo Ramos y sus ‘empresas de cartón’”, explicó el magistrado.

También existen pruebas de que dicha firma habría sido utilizada por otras personas o grupos empresarios ajenos a los aquí investigados.

Desde Helvetic, manejó parte de las cuentas bancarias que movieron millones de dólares. Ramos actuó como “administrador”, registró la apertura de cuentas en Suiza, que tenían a los hijos de Báez como beneficiarios finales; y luego se encargó de blanquear esos fondos y reingresarlos en apariencia de legalidad a la Argentina.

Para ellos, desde las cuentas en Suiza, se llevó adelante una operación de compra de bonos soberanos que luego fueron liquidados en el Mercado de Valores de Rosario y su producido terminó depositado en la cuenta corriente de Austral Construcciones SA, en el Banco de la Nación Argentina, sucursal Plaza de Mayo, dice el fallo. El valor de los títulos una vez operado el vencimiento fue de US$32.800.000 que se depositaron en pesos.

Helvetic necesitó de la intermediación de un agente de bolsa, Financial Net Sociedad de Bolsa SA, que liquidó los bonos adquiridos en el exterior.

En todo este proceso, Ramos participó de esos trámites junto a colaboradores directos de Báez, ordenó transferencias, firmó documentos, autorizó movimientos de dinero y de bonos, y hasta viajó a Argentina para encargarse de las tratativas personalmente, según el fallo. También hizo lo necesario en Suiza: presentó ante las autoridades del banco Safra documentos que intentaban respaldar los movimientos millonarios en dinero que regresaron a Argentina entre diciembre de 2012 y abril de 2013, sostuvo el juez.

ED

La pista suiza de la causa Garbarino no está tan lejos de casa y es en Uruguay donde desde hace 16 años también se guardan secretos de las sociedades suizas denunciadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por el presunto lavado de millones de dólares de empresas argentinas, según las consultas realizadas por elDiarioAR y correos electrónicos que surgieron de la filtración de los Panama Papers, que reprodujo en 2016 el semanario Búsqueda en Montevideo y actualmente cobran relevancia para el caso.

La AFIP denunció que en 2013 dos compañías suizas sin actividad económica (Swisser AG y Helvetic Service Group) se llevaron alrededor de US$30 millones de la cadena de venta de electrodomésticos que años más tarde se sumió en una profunda crisis financiera. La empresa argentina pasó de ser la líder del mercado a valer apenas 1 peso en junio de 2020. Los hermanos Daniel y Omar Garbarino la vendieron a Carlos Rosales, exfuncionario de Daniel Scioli, quien en julio último adeudaba tres meses de salarios a los 3.800 trabajadores de Garbarino, según reconoció la empresa ante la consulta.

Además, según los hallazgos del organismo fiscal y presentados ante la Justicia en 2017, Swisser AG movió acciones de diez compañías argentinas (incluida Garbarino) por alrededor de US$13 millones sin que pudiera rastrearse la verdadera identidad de esos accionistas y los beneficiarios finales del dinero que las suizas se llevaron de empresas locales de diversos rubros: desde constructoras de la obra pública hasta frigoríficos de exportación, entre otros, como informó este medio en las últimas semanas. 

Se trata de Instrumentos Musicales SA (Promúsica), Decavial SA, Copelle SA, Adanti Solazzi y CIA, Frigorífico Gorina SA, Río Rojo SA, DesDelSur SA, Estancias San Francisco SA, Maquinarias Zurich SA y Garbarino SA. Ningún accionista o ejecutivo de estas compañías está imputado de ningún ilícito en la causa. Las respuestas de estas compañías a las consultas de elDiarioAR pueden leerse en el artículo del domingo último.

Quienes custodian la información clave sobre cómo y para qué se abrieron en Argentina estas dos firmas suizas, Helvetic Service Group y Swisser AG, son los responsables del estudio Damiani, que encabeza su socio y CEO, Juan Pedro Damiani, expresidente del Club Atlético Peñarol y el preferido de los argentinos que buscan resguardar sus fortunas en paraísos fiscales y cuentas bancarias en Suiza, como demostraron las filtraciones de documentos de los Panama Papers entre 2016 y 2018.

El estudio Damiani utilizó a Swisser AG para “triangular”, según admite un ejecutivo del bufete en un correo electrónico que se filtró gracias a la investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung. elDiarioAR contactó durante días a través de llamada, mensajes y correos electrónicos a Damiani y Juan Fernández Methol (actual CFO y socio del estudio) para conocer su versión, pero en la sede del estudio de Montevideo respondieron que los miembros del bufete “no hacen declaraciones a los medios”.

Ya sabemos que podemos triangular a través de Swisser AG, lo cual es muy bueno. Pero necesitaré estar prevenido.

Ramses Owens — Ejecutivo de Mossack Fonseca en un correo de 2005.

Los correos electrónicos que revelaron los Panama Papers estaban conectados a “clientes argentinos” pero poco identificados en las misivas virtuales. Actualmente, con la información de la denuncia de AFIP, los e-mails podrían sumar una nueva pieza al rompecabezas de la pista suiza: ¿quiénes estaban detrás de las acciones y millones que movió Swisser AG durante una década? ¿se cometieron delitos de evasión, fuga de divisas, lavado de dinero? ¿dónde terminaron esos millones de dólares y quiénes más participaron del entramado?

Background

La causa por los presuntos delitos de asociación ilícita y lavado de activos contra Garbarino tramita en el juzgado federal de Julián Ercolini desde 2017 pero no había trascendido hasta la publicación de elDiarioAR en julio. El expediente no tiene fiscal y estuvo al borde del cierre más de una vez en los últimos años pero permaneció abierto por impulso del fisco y Elisa Carrió, y en mayo último, por un fallo de la Cámara Federal porteña. Ningún accionista o ejecutivo de Garbarino está imputado o fue citado. Tampoco del resto de las nueves empresas señaladas en la denuncia. 

En el expediente por lavado de dinero del empresario Lázaro Báez, exsocio de los Kirchner, la pista suiza conduce a la misma organización, ya que el patagónico utilizó Helvetic para la maniobra de lavado, según determinó la sentencia del juicio. A pesar de que Báez fue condenado en febrero a 12 años de prisión junto a sus hijos y colaboradores por lavado agravado, la causa sigue abierta en el juzgado de instrucción de Sebastián Casanello para intentar avanzar sobre “los suizos”. 

Antes de la feria judicial de invierno, el magistrado logró indagar por primera vez al abogado ítalo-argentino Néstor Marcelo Ramos como presunto partícipe de la maniobra de blanqueo de casi US$33 millones de Báez entre 2010 y 2013. Ramos fue accionista y presidente de Helvetic y Swisser AG entre 2003 y 2013, según la denuncia de la AFIP. Ante Casanello, negó los cargos en una videoconferencia desde una fiscalía en Suiza, donde las autoridades se han negado a extraditarlo por su frágil estado de salud, según confirmó una fuente directa del expediente.

Triangulando

Swisser AG comenzó a operar en Argentina en 2004, de acuerdo con la denuncia de AFIP, adquiriendo las acciones de diez empresas argentinas, entre ellas, Garbarino SA. Los correos que reprodujo el semanario Búsqueda permiten establecer que la relación entre Damiani y la firma suiza existe desde al menos 2005. Ese mismo año, Swisser AG adquirió en febrero el 5% de las acciones de Garbarino SA y al año siguiente Helvetic pasó a controlar la compañía argentina. 

El estudio de Damiani tenía una relación directa con Ramos y lo ayudó a entrar en el circuito panameño: lo introdujo ante sus colegas de Mossack Fonseca en Panamá en agosto de 2005 para que el bufete centroamericano pudiera utilizar a Swisser AG como su “fiduciaria suiza” y “triangular” dinero y movimientos de sus clientes argentinos, según los correos electrónicos a los que accedió Búsqueda en abril de 2016.

Con respecto a los datos del doctor Marcelo Ramos le informamos que es nuestro socio en Europa.

E-mail del estudio Damiani a Mossack Fonseca.

El estudio Damiani le pasó la información de esa sociedad anónima a Ramses Owens, ejecutivo de Mossack Fonseca, según los correos. “Continuando con la conversación telefónica, informamos de los datos de nuestra fiduciaria suiza”, escribió Juan Fernández, socio del estudio Damiani en un e-mail dirigido a Owens, en agosto de 2005.

Owens respondió, con copia a Juan Pedro Damiani: “Ya sabemos que podemos triangular a través de Swisser AG, lo cual es muy bueno. Pero necesitaré estar prevenido, y contar con algún documento que sirva de base para argumentar que la transacción era necesaria. ¿Será factible?”.

Owens reenvió esos correos dirigidos al estudio Damiani en otro e-mail dirigido a un cliente de Mossack Fonseca para quien el abogado panameño estaba buscando los servicios de una “fiduciaria”, según consta en el artículo de Búsqueda. “Como ves, tenemos una compañía fiduciaria en Suiza que podría colaborarnos con esto. Básicamente sería que ellos nos darían un tipo de factura, nos compensarían el cheque y nos devolverían el dinero. Se trata de suizos, gente clase A número 1”, contó el abogado panameño a su cliente.

A partir del 2005, el estudio Damiani armó varias empresas en las que el presidente y accionista de Swisser AG y Helvetic, el abogado Ramos, figuró como director o beneficiario final, según reveló Búsqueda. 

En 2007, por ejemplo, gestionó ante Mossack Fonseca para que Ramos fuera el director y beneficiario de Mayer Trading Group, una sociedad con domicilio en Londres que realizaría “comercio de productos cárnicos” provenientes de Argentina. En uno de correos analizados por el semanario uruguayo el estudio Damiani informa que la compañía tenía “un estimado anual de ventas de U$S20 millones”.

Barnes & Miles es otra sociedad armada por Damiani para Ramos en 2007. Durante el proceso de apertura de la firma, Mossack Fonseca le solicitó al estudio uruguayo que brindara información sobre el verdadero beneficiario final de la compañía, ya que Ramos era sólo la cara visible de la fiduciaria suiza y los panameños sabían que se trataba de un administrador de dinero ajeno. 

“Debido a las políticas modernas de ‘conozca a su cliente’, las compañías fiduciarias deben solicitar ciertos requisitos de debida diligencia de los beneficiarios finales de aquellas sociedades que sean atendidas por nuestro estudio”, escribieron desde Mossack Fonseca a Damiani. El socio del estudio uruguayo, Fernández, respondió: “Con respecto a los datos del doctor Marcelo Ramos le informamos que es nuestro socio en Europa, quien nos asiste en consultoría y temas legales, residiendo en la ciudad de Lugano, Suiza. Solicitamos de esta forma obviar los demás trámites”. 

Ante la insistencia del estudio de Panamá, los uruguayos debieron ceder y aportaron los datos que le requerían sobre Ramos, como información bancaria y copia de documentación personal, publicó Búsqueda en 2016.

Un favorito

Juan Pedro Damiani es la cabeza de un poderoso estudio jurídico y contable de Uruguay al que recurren argentinos con el objetivo de resguardar sus secretos financieros en paraísos fiscales y cuentas bancarias en Suiza para ocultar sus patrimonios e inversiones, según los documentos y correos electrónicos que revelaron los medios argentinos y Búsqueda que participaron de Panama Papers, tanto en 2016 como en la segunda entrega de la filtración en 2018.

Yo puedo dar totalmente fe y claridad e información de los clientes del estudio que contrataron con Helvetic, que los tengo claramente determinados y que no tienen absolutamente nada que ver con esta falacia.

Juan Pedro Damiani — Sobre la causa Báez.

Durante años, Damiani fue el principal nexo entre argentinos y el estudio Mossack Fonseca, también dedicado a crear sociedades offshore desde Panamá. Los hermanos Daniel y Omar Garbarino fueron clientes de ese mismo bufete panameño, que participó de los trámites para que Swisser AG y Helvetic se llevaran unos US$30 millones de la compañía en 2013, según la AFIP.

El contador uruguayo, quien fue miembro del Comité de Ética de la FIFA, presidente del Club Atlético Peñarol y cónsul de Marruecos en su país, también ayudó a decenas de sus clientes argentinos a ingresar al blanqueo de capitales del gobierno de Mauricio Macri, según revelaron La Nación, Perfil e Infobae en 2018. Colaboró en la elaboración de documentación y antedató declaraciones ante la AFIP para que sus clientes argentinos pudieran entrar al sinceramiento fiscal con los “papeles en orden”.

El contador Damiani también fue indagado en 2018 por el juez Casanello por el presunto vínculo del estudio uruguayo con la suiza Helvetic pero tiene una falta de mérito y su situación procesal deberá ser definida, al igual que la de Ramos. Damiani siempre negó cualquier conexión con Báez. En 2016, dijo en el programa “En la mira” de VTV: “Yo puedo dar totalmente fe y claridad e información de los clientes del estudio que contrataron con Helvetic, que los tengo claramente determinados y que no tienen absolutamente nada que ver con esta falacia”, como llamó a la presunta conexión con el empresario patagónico.

Se trata de una asociación delictiva que presta servicios ilícitos a terceros que no podrían en principio justificar patrimonialmente sus inversiones.

Denuncia de la AFIP de 2017

En la causa Báez, el juzgado recibió información desde Europa que confirmó que la filial uruguaya de Helvetic tenía una cuenta bancaria en el LGT Bank en el Principado de Liechtenstein y que el beneficiario de la cuenta, al menos entre 2010 y 2013, fue Damiani. Sin embargo, esa cuenta no fue la utilizada en el circuito de lavado de Báez, según la información que recabó el juzgado hasta el momento, dijo a este medio una fuente directa de la investigación.  

Las suizas

Swisser AG y Helvetic son sociedades hermanas. Ambas se registraron en Ginebra, entre 2003 y 2004, pero también tienen otros domicilios en Suiza. Comparten varias cosas: su presidente y accionistas hasta 2013, el abogado ítalo-argentino Néstor Marcelo Ramos, entre otros apoderados y representantes. Además de haber sido controladas por las mismas personas, las firmas suizas comparten IP, auditora y dirección postal en Suiza.

La AFIP determinó en una investigación de 2017 que se trataba de dos sociedades “vehículo” y que “se trata de una asociación delictiva que presta servicios ilícitos a terceros que no podrían en principio justificar patrimonialmente sus inversiones”. 

El fisco solicitó a la Justicia federal dilucidar “los alcances operativos de esta estructura offshore” conformada por las firmas Swisser AG y Helvetic, y “determinar los verdaderos beneficiarios de estas operaciones de enorme trascendencia económica”, tanto por el caso de Garbarino como de otras nueves compañías argentinas de distintos rubros que también cedieron en las mismas fechas acciones a Swisser AG.

La segunda

Esta trama fue denunciada en dos oportunidades, según pudo reconstruir elDiarioAR en base a las consultas de expedientes. La primera vez fue tras los Panama Papers, en 2016, cuando el juez federal Sebastián Casanello ordenó que se investigara el vínculo entre Garbarino y Helvetic, que había surgido de los documentos de Panama Papers. Esa denuncia fue desestimada por el fiscal Eduardo Taiano, según confirmaron los abogados de los exaccionistas de Garbarino por “inexistencia de delito”.

La segunda denuncia contra la principal cadena de venta de electrodomésticos del país fue presentada por la AFIP a finales de 2017, tras una “inspección preventiva” a la empresa y otras compañías del rubro. Fue desestimada por el fiscal Carlos Rívolo, quien entendió que no se trataría de hechos que puedan investigarse en su fuero. El fisco solicitó entonces ser querellante y mantuvo abierto el expediente. Elisa Carrió se presentó en 2018 como amicus curiae (amiga del tribunal) con el mismo fin: evitar el cierre de la causa.

La Cámara Federal porteño ordenó en mayo último que el expediente continúe abierto, según el fallo al que accedió este medio.

ED

A pesar de que se destinarán al menos US$3.747 millones en planes de vacunación contra el Covid-19 en siete países de América Latina, hasta la fecha se mantiene un cerco infranqueable sobre la mayoría de las condiciones de los contratos suscritos por los gobiernos de Ecuador, Colombia, Perú, Panamá, México, Venezuela y Argentina (saber más) con empresas farmacéuticas que producen las sustancias y las comercializan, según pudo establecer la alianza de medios latinoamericanos “Vigila la pandemia”*.

Las vacunas son un insumo central para avanzar en la batalla contra el coronavirus e inmunizar a la población mundial. Diferentes entidades públicas de los referidos países se negaron a proporcionar copias de los documentos contractuales o detalles de estos acuerdos. En la mayoría de los casos, las autoridades no informaron el precio de cada dosis, el cronograma de entregas de los productos y otros aspectos comerciales, solicitados por la red periodística mencionada a través de pedidos formales de acceso a la información, presentados entre enero y abril de este año.

El ranking de inversión en vacunas es liderado por México, que anunció que destinará US$1.660 millones a la adquisición de dosis. Le sigue Colombia, con acuerdos por unos US$497 millones, y Argentina, en tercer lugar, que firmó hasta el momento contratos por más de US$478 millones. Ecuador, por otra parte, alcanza el cuarto puesto, con la cifra de US$458 millones.

Perú es el quinto país de la lista que más fondos destina a las vacunas: US$408 millones. Luego, Venezuela, con más de US$230,3 millones, según los datos relevados por “Vigila la Pandemia”. Los montos por país fueron obtenidos a través de información oficial proporcionada por cada Estado a pedido de la alianza de periodistas y diferentes ONG, así como mediante el relevamiento de anuncios, comunicados e información oficial.

México: cláusulas con fecha de vencimiento

En México, donde se proyecta el desembolso de US$1.660 millones en vacunas antiCovid-19, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ordenó ocultar entre dos y cinco años el contenido de los contratos para adquirir las dosis, con el argumento de que hay acuerdos de confidencialidad suscritos con las farmacéuticas, de acuerdo con resoluciones oficiales analizadas como parte de este proyecto periodístico.

En ese país, la reserva de información, que incluye a los expedientes, archivos y bases de datos en torno a la campaña de vacunación, está garantizada por al menos diez resoluciones de los comités de transparencia de la Secretarías de Salud y de Relaciones Exteriores. A la fecha, México tiene acuerdos y contratos suscritos con los laboratorios Pfizer, de Estados Unidos; AstraZeneca, del Reino Unido; CanSino y Sinovac, de China; y Sputnik V, de Rusia. Todos los esquemas —salvo el de CanSino— requieren la aplicación de doble dosis.

Todas las resoluciones argumentan que hay un acuerdo de confidencialidad y que la difusión de información pone en riesgo, además, la seguridad nacional. Para mantener esa situación, que alcanza la operación del programa de vacunación, la Secretaría de Salud mexicana alegó que la información podría ser utilizada por grupos de la delincuencia organizada para “desestabilizar y afectar la operación del programa de vacunación, ya sea sustrayendo las vacunas o ejerciendo algún tipo de violencia”. En México, los registros de muertes por la pandemia superan los 200 mil y más de 2,3 millones de contagios.

El velo venezolano

En Venezuela, los estragos de la pandemia que se conocen hasta el momento se basan en discursos de voceros oficialistas que emiten información con gruesas omisiones e incluso contradictoria. Las estadísticas epidemiológicas y otros indicadores de salud están restringidas desde 2017 por disposición del gobierno.

No obstante, con el fin de conocer sobre los contratos, cantidades de dosis y las condiciones aceptadas por el Estado venezolano para acceder a las vacunas contra el Covid-19, la alianza “Vigila la pandemia” envió el 5 de abril último dos solicitudes de información: a la Comisión Presidencial para el Seguimiento, Control y Prevención de la Covid-19, presidida por la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez; y al Ministerio de Salud. A la fecha, ninguna de las autoridades ha enviado respuesta alguna.

El 29 de diciembre, el gobierno de Maduro firmó el contrato para adquirir 10 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V, con una inversión de US$200 millones. Pero, hasta ahora, han llegado sólo 380.000 dosis, entre el 13 de febrero y el 24 de abril. Es el 3,8% de lo acordado. 

Además, el 2 de marzo último, este país recibió una donación procedente de China: 500.000 biológicos Vero Cell de Sinopharm, elaborada por Beijing Institute of Biological Products. Los detalles del convenio sobre este producto chino, cuyos resultados de la Fase III de sus ensayos clínicos no han sido publicados en revistas especializadas, también permanecen bajo reserva.

De los lotes de vacunas provenientes de Rusia se beneficiaron con la inmunización diputados y líderes políticos chavistas, entre ellos el presidente Maduro y su esposa, Cilia Flores. También, la exprimera dama, Marisabel Rodríguez, quien estuvo casada con el fallecido presidente Hugo Chávez.

El primero de junio de 2020, el gobierno interino de Venezuela presidido por el diputado de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, anunció al país que habían alcanzado un acuerdo con Maduro que permitiría el acceso al país de las vacunas disponibles a través del mecanismo Covax Facilty.

Con ese aval en mano, a mediados de marzo de 2021 se hizo público el monto que pagaría Venezuela, a través del gobierno interino, para acceder a 12 millones de dosis por más de US$30 millones. El acuerdo fracasó el 24 de marzo cuando la vicepresidenta designada por Maduro, Delcy Rodríguez, informó al país que la “comisión presidencial científica ha decidido no incluirla [vacuna de AstraZeneca] en los esquemas de tratamiento en Venezuela ni en los esquemas de vacunación”. Esa es la marca que Covax Facility se encuentra distribuyendo en la región.

Evasivas en Perú

En el Perú, donde más de 153 mil personas fallecieron por la pandemia y cerca de 1,8 millón se contagió con el virus, el gobierno transitorio de Francisco Sagasti ha realizado contratos o acuerdos para compra de vacunas por al menos US$408,8 millones, de acuerdo información difundida por el Ministerio de Salud.

En tal sentido, el Ejecutivo ha suscrito contratos con tres laboratorios: Sinopharm, Pfizer y AstraZeneca. Además, firmó un convenio con la iniciativa Covax Facility, que busca garantizar el “acceso equitativo” a las vacunas en el mundo.

Pfizer se lleva el principal acuerdo con Perú: el contrato es por US$237,6 millones a cambio de 20 millones de dosis, según información oficial. Se estima que el costo por cada dosis sería de 11,88 dólares.

Para acceder a los contratos y conocer sus condiciones, la alianza “Vigila la pandemia” envió pedidos de información al Ministerio de Salud, al Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) y al Ministerio de Economía y Finanzas. Ninguna de estas entidades respondieron de forma positiva sobre el valor de cada dosis, bajo el argumento de que esta información se encontraba restringida  por las cláusulas de confidencialidad de los acuerdos contractuales. 

En el caso de Cenares, evitó contestar respecto a los cronogramas de entrega de los productos de las mencionadas farmacéuticas. El organismo público señaló que esos datos estaban clasificados como confidenciales por decretos de urgencia emitidos para facilitar la adquisición de vacunas antiCovid-19 y también se amparó en la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esa misma explicación dio el gobierno de Argentina: las fechas de entrega acordadas son secretas.

En relación a las vacunas se han presentado irregularidades e incluso hechos de posible connotación ilícita. A inicios de febrero, se reveló que dosis experimentales de la vacuna de Sinopharm fueron aplicadas indebidamente a decenas de funcionarios, pues las dosis tenían como destino a los voluntarios y científicos que participaban en el ensayo clínico en Fase III del producto chino. 

Entre los implicados se encuentran el expresidente Martín Vizcarra y la exministra de Salud Pilar Mazzetti, y otros exfuncionarios que incluso participaban en las negociaciones para comprar lotes de vacunas a Sinopharm.

La negativa de Colombia

El gobierno de Iván Duque ha destinado US$497 millones para la adquisición de vacunas, de acuerdo con el análisis de cuatro resoluciones oficiales disponibles. Sin embargo, estas disposiciones no informan el número de dosis que es posible comprar con ese monto desembolsado. 

Como parte del proyecto periodístico ‘Vigilia la pandemia’, se hizo un pedido de información al Ministerio de Salud y la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (encargada del manejo de los recursos en la emergencia). Pero los funcionarios de estas entidades aún no han proporcionado datos ni registros sobre las condiciones impuestas por los laboratorios al Estado colombiano en los contratos por las vacunas.

La respuesta oficial del Ejecutivo es que no se puede entregar información alguna en relación a los convenios, contratos, cantidades ni condiciones de las vacunas adquiridas por la existencia de acuerdos de confidencialidad.

Este argumento fue esgrimido también para contestar de forma negativa a otras peticiones de información realizadas por medios de comunicación, congresistas y organizaciones de la sociedad civil, además de órdenes de jueces.

El gobierno de Colombia ha comprado 66,5 millones de dosis. Esa cantidad alcanzaría para inmunizar al 78.8% de la población del país, de acuerdo con cifras oficiales. 

En el Plan Nacional de Vacunación se estima que vacunar a cada colombiano costará 21 dólares.

Silencio oficial en Ecuador

En Ecuador, la administración presidencial de Lenín Moreno dispuso la asignación de un total de US$458 millones para la compra de vacunas. Se conoce que se llegó a acuerdos comerciales con los laboratorios Pfizer, Sinovac, AstraZeneca y Johnson & Johnson.

En la búsqueda de los detalles de las contrataciones de vacunas, la alianza periodística latinoamericana presentó dos solicitudes de acceso a la información pública el 24 y 25 de febrero último, pero el Ministerio de Salud nunca respondió. Así, permanecen en la nebulosa los datos En la búsqueda de los detalles de las contrataciones de vacunas, la alianza periodística latinoamericana presentó dos solicitudes de acceso a la información pública el 24 y 25 de febrero último, pero el Ministerio de Salud nunca respondió. Así, permanecen en la nebulosa los datos sobre las condiciones de los contratos y convenios que el Estado ha aceptado ante los proveedores de vacunas.

La falta de información alcanza al plan de vacunación del país, respecto al cual el mandatario Lenín Moreno ha brindado declaraciones contradictorias. Moreno dejará el cargo el 24 de mayo y lo entregará al nuevo presidente, Guillermo Lasso, electo en segunda vuelta el domingo 11 de abril. Durante su campaña, Lasso se comprometió a vacunar a nueve millones de personas en 100 días.

Hasta el momento, Ecuador recibió 11 lotes, por un total de 1.498.410 dosis que deberían servir para llegar al 8.6% de la población, pero menos del 1% ha sido inmunizado, según datos oficiales.

El caso panameño

En Panamá, el gobierno de Laurentino Cortizo ha negociado la compra de más de 9 millones de dosis de vacunas de empresas farmacéuticas como Pfizer, AstraZeneca y también mediante la iniciativa Covax Facilty, pero no responde a los pedidos para acceder a los contratos con estos laboratorios a pesar de que deberían ser públicos, según la norma vigente. La información oficial habla de una inversión total de US$76 millones en vacunas contra el Covid-19.

Desde el 30 de diciembre, el diario La Prensa requirió al Ministerio de Salud copia simple de los contratos suscritos por el Estado panameño. Sin embargo, transcurridos los 60 días que establece la Ley de Transparencia panameña para responder peticiones extensas, no se facilitó información alguna.

Esta misma solicitud la efectuó el abogado Ernesto Cedeño, pero a la Contraloría General de la República —que por normativa digitaliza toda la información del Estado— y  también lo pidió la organización Fundación para la Libertad Ciudadana. Hasta la fecha, tampoco fueron atendidas ninguna de estas dos solicitudes.

Esta versión del artículo periodístico es un resumen de la versión completa.

* La alianza periodística ‘Vigila la Pandemia’ investiga el uso de fondos públicos y potenciales hechos de corrupción en la lucha contra el Covid-19. Esta iniciativa transfronteriza, que coordina Convoca.pe, está integrada por Periodismo de Investigación (PI) y GK (Ecuador); Consejo de Redacción (Colombia); Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México), Convoca.pe (Perú), Runrunes y El Pitazo (Venezuela); y cuenta con la participación de elDiarioAR (Argentina); y el diario La Prensa (Panamá).

ED

Desclasificar los contratos con los laboratorios proveedores de vacunas contra el Covid-19 y dar a conocer cuáles son las condiciones impuestas por los proveedores internacionales al Estado Nacional “pone en riesgo la salud y la vida de los y las habitantes” de Argentina, sostuvo el ministerio de Salud de la Nación ante una solicitud de acceso a la información pública realizada el 19 de marzo por elDiarioAR en conjunto con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). 

La iniciativa se realizó en el marco de la alianza “Vigila la pandemia”*, liderada por Convoca.pe, de  Perú, e integrada por medios de Colombia, Ecuador, Venezuela, México, Panamá y Argentina. En su respuesta del 14 de abril, Salud reconoció que los proveedores de las vacunas contra el coronavirus impusieron las cláusulas de secreto y confidencialidad para poder concretar la compra-venta. Este tipo de exigencias alcanzan los cronogramas de entrega y los pagos por adelantado, y puede incluir supuestas cláusulas de protección (indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias contra las farmacéuticas). 

En Argentina, Perú y México, las autoridades de esos países se negaron a informar las condiciones de contratación de vacunas contra el Covid-19. En Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá no respondieron, al cierre de este artículo, las consultas realizadas por esta alianza de medios y ONGs, en el marco de leyes y derecho al acceso a información pública. El problema se repite en la Unión Europa (UE), solo por mencionar otro caso internacional.

Los únicos puntos de los contratos con las farmacéuticas que el ministerio de Salud accedió a informar son: la cantidad de dosis contratadas; las compañías y organizaciones con las que se celebraron convenios; las fechas en que se firmaron y los precios por unidad, como publicó elDiarioAR este domingo. Según la cartera liderada por la ministra Carla Vizzotti, el Estado Nacional firmó cinco contratos, entre octubre de 2020 y marzo de 2021, para acceder a 58.924.000 dosis por un total de US$478.254.000, un promedio de US$10,62 la dosis por habitante. 

En base a esas cifras es posible establecer que los proveedores sólo entregaron, al 28 de abril, el 16,7% (9.927.945) del total de dosis contratadas. Este número se completó a última hora del miércoles, cuando llegó un nuevo envío de Sinopharm. Se esperaba que la compañía china complete su contrato con la entrega de otro millón de dosis este jueves. De esa manera, cumpliría con su contrato.

El principio de máxima divulgación y el derecho de acceso a la información pública no deberían ser prenda de negociación en ninguna contratación pública.

Fechas de entrega confidenciales

Uno de los puntos centrales para conocer si los proveedores están cumpliendo con los contratos es conocer las fechas de entrega pactadas con el Estado. Sin embargo, este es uno de los aspectos alcanzados por la confidencialidad impuesta por los laboratorios. “El cronograma de entregas se encuentra (también) incluido en el marco de los contratos que, debido a sus cláusulas, revisten carácter confidencial”, sostuvo el ministerio en la respuesta al pedido de acceso. 

Otro punto que no fue informado por el Gobierno es si los documentos comerciales incluyen o no sanciones a las farmacéuticas por no cumplir con los cronogramas de entregas. De acuerdo con las fuentes consultadas que pidieron reserva de identidad, en ninguno de los cinco contratos menciona sanciones de este tipo. 

Según pudo establecer la investigación de “Vigila la Pandemia”, las cláusulas de confidencialidad aceptadas por Argentina incluyen no sólo el acceso a los distintos contratos sino también a la correspondencia oral y escrita entre los funcionarios y las compañías; el contenido de las negociaciones. La información surge de la consulta a fuentes con acceso a información plasmada en los documentos.

Ante la consulta de “Vigila la Pandemia”, tanto AstraZeneca como los representantes de la Sputnik V, así como miembros de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme), que nuclea a los laboratorios extranjeros, no dieron al cierre de esta nota su versión sobre por qué las compañías plantearon estas cláusulas y si se trata de exigencias usuales en el mercado general de vacunas.

Qué buscan reservar

En el caso de la Sputnik V, las cláusulas también apuntan a mantener bajo secreto información financiera, comercial y técnica sobre las vacunas, así como derechos de propiedad intelectual, información científica, métodos, procesos y planes comerciales que no estén disponibles públicamente, según pudo establecer “Vigila la Pandemia” y elDiarioAR a través de la consulta de fuentes con acceso al contenido de los documentos. 

Los contratos de AstraZeneca y Covishield son similares en las cláusulas: protegen la información tecnológica, algoritmos, diseños, planos y pronósticos. Además de análisis, evaluaciones, investigación, planes de negocios, estrategias, listas de clientes, información comercial y financiera, planes de comercialización y elementos físicos, compuestos y componentes de las vacunas.

Sinopharm impuso un periodo de confidencialidad de 10 años desde la fecha de la firma del convenio, según reconstruyeron las fuentes consultadas. Incluye toda la información oral y escrita proporcionada tanto antes como después de la firma del contrato. 

Acceso oficial pero restringido

El ministerio de Salud sólo remitió los contratos a tres ámbitos del Estado, pero el acceso fue tabicado y exigió un compromiso de reserva. Las copias fueron enviadas a la Auditoría General de la Nación (AGN), cuyo rol es el control de las cuentas del Ejecutivo, y a dos comisiones parlamentarias: la de Salud en Diputados y la del Senado. Así lo informó Salud en su respuesta a esta alianza periodística.

En Diputados, sólo dos legisladores tuvieron real acceso a la documentación completa: el presidente de la comisión de Salud, Pablo Yedlin (Frente de todos), y la vicepresidenta, Carmen Polledo (Junto por el Cambio). “Al ser la única del bloque que tuvo acceso a los contratos, realicé un punteo o resumen para que mis compañeros de la oposición pudieran tener elementos e información para analizarlos”, dijo Polledo ante la consulta. “Aún así, nos falta información y ante la falta de vacunas, la oposición está dispuesta a hacer las modificaciones que se requieran en la ley o tratar una nueva ley de vacunas para que la población pueda acceder a  más dosis y enfrentar la pandemia”, agregó la diputada.

Las 58,9 millones de dosis que se pactaron en los contratos secretos no fueron entregadas ni pagadas en su totalidad, según aclaró la respuesta oficial, sino que son las cantidades comprometidas a entregar. Al menos dos proveedores recibieron millonarios adelantos, pero el Ministerio no respondió ese punto de los contratos. 

Pagos por adelantado

Sólo se conocen, hasta el momento, un adelanto del 60% a AstraZeneca, que no entregó una sola dosis del contrato (tiene plazo hasta fines de junio), según confirmó la ministra Vizzotti en una entrevista en el programa Brotes Verdes. Otro pago adelantado por US$32,1 millones fue destinado a entrar al mecanismo Covax a través de la Fundación GAVI, informó ante el Congreso el subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio, Mauricio Monsalvo. Incluyen el valor de las vacunas por más de US$28 millones y una garantía de alrededor de US$3 millones. Este sistema sólo entregó hasta el momento el 11,2% de ese acuerdo con Argentina. Sin embargo, se estima que todos los contratos incluyen adelantos.

“Cada contrato lleva sus condiciones de pagos en función de lo negociado por el Gobierno. Covax es un caso especial, que sí requiere adelanto de dinero para ingresar al fondo. El resto se negocia en función del proveedor”, explicó la diputada Polledo. 

Nos falta información y ante la falta de vacunas, la oposición está dispuesta a hacer las modificaciones que se requieran en la ley o tratar una nueva ley de vacunas.

Tres reglas para el velo informativo

El secretismo no sólo está garantizado por las cláusulas de los contratos comerciales sino  también por la Ley de Vacunas Destinadas a Generar Inmunidad Adquirida contra el COVID-19 N° 27.573, sancionada en 2020 por el Congreso para posibilitar los acuerdos con los laboratorios y por dos resoluciones del Ministerio, explicó Salud en su respuesta. La normativa habilitó al Ejecutivo a firmar cláusulas sobre indemnidad (indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias contra las farmacéuticas).

La confidencialidad también fue sellada por dos resoluciones del Ministerio. Incluso dentro de la cartera de Salud, el acceso a los trámites de la compra-venta de las vacunas fue restringido, para lo cual la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio, a cargo de Mauricio Monsalvo, dictó la Disposición 475/20 para “garantizar la confidencialidad de los expedientes administrativos”. 

Una segunda resolución, la 1/21, establece “los alcances de la confidencialidad” para todos los acuerdos comerciales. El texto de ambas resoluciones no fue publicado en el Boletín Oficial ni el sitio web del Ministerio, por lo que tampoco es de acceso público.

Una cláusula mundial

Como se ha dado a conocer en Argentina y otros países de América latina y también en Europa, los fabricantes de vacunas diseñadas para ayudar a derrotar la pandemia del coronavirus impusieron cláusulas de confidencialidad en los contratos de compra-venta a los Estados. Los niveles de secretismo de los contratos varían según los países (saber más), pero todos tienen en común el compromiso de los Estados a cerrar el acceso a los escritos firmados por funcionarios públicos con las farmacéuticas.

La Comisión Europea (CE) ha pedido a las capitales de los países que integran la comunidad que respalden las acciones legales contra AstraZeneca por presunto incumplimiento de sus obligaciones contractuales en la Unión Europea (UE), como informó The Guardian en los últimos días.

En la solicitud de acceso a la información, el ministerio de Salud reconoce expresamente que la confidencialidad a favor de los laboratorios “no ha sido, bajo ningún punto de vista, por iniciativa de esta cartera de Estado”, enfatizó Salud, en clara alusión a una imposición de las compañías y proveedores de vacunas. La sede argentina de AstraZeneca no respondió las consultas de elDiarioAR.

¿Por qué el Estado Nacional aceptó la inclusión de estas cláusulas de confidencialidad? Las razones, respondió el ministerio de Vizzotti, “obedecieron a una práctica de mercado internacional impuesta a nivel mundial, sin la cual no hubiese sido posible suscribir dichos contratos para acceder a las vacunas requeridas y, por lo tanto, cumplir con las obligaciones del Estado Nacional para proteger y garantizar la salud de las personas”.

El exministro Ginés González García dijo ante la Comisión de Salud de Diputados el 3 de febrero que el Gobierno rechazó un acuerdo comercial con la farmacéutica Pfizer debido a las condiciones impuestas por la compañía, que hasta el momento no se ha pronunciado puntualmente sobre los dichos del exfuncionario.

Información y derecho a la salud

Sebastián Pilo, codirector de ACIJ, afirmó que “el principio de máxima divulgación y el derecho de acceso a la información pública no deberían ser prenda de negociación en ninguna contratación pública, y mucho menos en una sobre la que se juega la salud y la vida de millones de personas”. 

Sin embargo, el gobierno de Alberto Fernández sostiene que si informara las condiciones impuesta por los laboratorios “implicaría la violación de las cláusulas de confidencialidad” y, como consecuencia, dice el ministerio de Salud, eso llevaría a que las compañías y proveedores extranjeros “interrumpan” la provisión de las vacunas y se perjudique “la celebración de nuevos contratos para futuras adquisiciones”. 

mAbxience ha cumplido y fabricado el principio activo al que nos habíamos comprometido, tanto en tiempo como en cantidad.

“Implicaría un grave retroceso para nuestro país en la lucha contra la pandemia”, agregaron en la cartera de Salud. Dos funcionarias autorizaron la respuesta oficial a la solicitud de información: Sonia Gabriela Tarragona (titular de la Unidad Gabinete de Ministros del Ministerio) y Mariana Giacobbe Goldberg (secretaria de Acceso a la información Pública en el Ministerio).

 Terragona es una de las principales colaboradoras de la ministra Vizzotti. Fue directora general de la Fundación Mundo Sano, entre 2008 y 2015. Mundo Sano fue co-fundada por la científica y empresaria Silvia Gold. El esposo de Gold es el empresario Hugo Sigman, cuyo laboratorio mAbxience produce en Argentina el principio activo (materia prima) de la vacuna de una de las líneas de producción de AstraZeneca: la que luego se envasa en México. Ante las consultas de este medio sobre la previa relación de Tarragona con Gold, voceros del ministerio de Salud no respondieron.

“mAbxience ha cumplido y fabricado el principio activo al que nos habíamos comprometido, tanto en tiempo como en cantidad”, escribió Sigman en su cuenta de Twitter. “Una vez envasado en México (y ahora, de manera provisoria, también en Estados Unidos), este principio activo volverá en forma de vacuna exclusivamente a los países de América Latina”, agregó el empresario.

Información pública pero...

ACIJ y elDiarioAR presentaron en una carta al ministerio los argumentos sobre la importancia de transparentar las condiciones impuestas por las farmacéuticas al Estado Nacional y garantizar así el derecho de los ciudadanos y destinatarios finales de esas vacunas a conocer la información sobre el marco en el que el Estado utiliza fondos públicos para garantizar la salud pública, a qué renuncian las autoridades en pos de ese objetivo y qué condiciones imponen los laboratorios a los gobiernos para garantizar sus objetivos comerciales en medio de una pandemia que azota al mundo. 

La solicitud de acceso a la información pública está garantizada por una ley específica sancionada en 2016 (la Ley 27.275), que reconoce el derecho de cualquier ciudadano a solicitar “toda la información en poder del Estado”.

Dicha ley tiene excepciones, explicadas de manera explícita en el texto de la norma. En la solicitud de acceso a la información pública, elDiarioAR planteó al ministerio de Salud la alternativa de acceder a copia de los contratos con los laboratorios en las que las autoridades pudieran mantener en reserva esos “secretos industriales y comerciales” que pudieran afectar el derecho de competencia de las compañías y que están a su vez amparados como excepciones en la Ley de Acceso a la Información Pública.

En ese marco, sólo se informaron algunos datos de los contratos pero no las imposiciones legales de los laboratorios. La “divulgación de la información efectivamente amenaza causar un perjuicio sustancial”, argumentó Salud. “Se advierte que existen diversos intereses en juego, entre los cuales deben primar aquellos vinculados al derecho a la salud y a la vida”. De entregar copia de esas cláusulas sensibles, “se pondría en grave riesgo la provisión de vacunas”, sostuvo el Ministerio.  

“La implicancia no sólo excede ampliamente los intereses de los proveedores, si no que repercute en los intereses de la Nación toda” y “está dado no sólo por el riesgo de que la contraparte afectada interrumpa la provisión de las vacunas objeto de tales contratos, sino que tal circunstancia podría perjudicar la celebración de nuevos contratos para futuras adquisiciones”, concluyó el organismo. 

* La alianza periodística ‘Vigila la Pandemia’ investiga el uso de fondos públicos y potenciales hechos de corrupción en la lucha contra el Covid-19. Esta iniciativa transfronteriza, que coordina Convoca.pe, está integrada por Periodismo de Investigación (PI) y GK (Ecuador); Consejo de Redacción (Colombia); Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México), Convoca.pe (Perú), Runrunes y El Pitazo (Venezuela); y cuenta con la participación de elDiarioAR (Argentina); y el diario La Prensa (Panamá).

ED