Los asesinatos de periodistas ascendieron a 189 entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de enero de 2025, lo que supone un 20% de alza frente al bienio anterior motivado por el aumento de las muertes en los países en conflicto, sobre todo en Palestina, denunció este lunes la Unesco.

En una nueva edición de su informe sobre la seguridad de los periodistas y la impunidad de los crímenes contra ellos, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura determinó que en 2024 los asesinatos de reporteros fueron 92 y en 2025 fueron 97.

Muertes en países en conflicto

Las muertes en países en conflicto en ese bienio ascendieron a 127 (67% del total), lo que profundiza la tendencia al alza que comenzó en 2023 y que estuvo en gran medida relacionada con asesinatos cometidos con drones, responsables de más de un cuarto del total de las muertes.

En áreas bélicas se registró un aumento de periodistas asesinados “en grupos”, lo que podría indicar que fueron “elegidos deliberadamente como objetivo”, algo que es un “crimen de guerra”, según indicó durante la presentación a la prensa del informe Mariya Gabriel, subdirectora general de Comunicación e Información de la Unesco.

“En los 20 años transcurridos desde que se inició el seguimiento sistemático en 2006, la Unesco ha registrado 1.641 asesinatos de periodistas, trabajadores de los medios de comunicación y creadores de contenidos en redes sociales. De media, se produjo un asesinato cada cuatro días”, detalla el estudio.

Los países árabes registraron las cifras más altas, con 97 asesinatos, liderados por Palestina con 30 muertes en 2024 y 32 en 2025.

América Latina y el Caribe

La siguiente región más afectada fue América Latina y el Caribe, con 37 casos (14 en 2024 y 23 en 2025); después Asia y el Pacífico con 34 (21 en 2024 y 13 en 2025) y en Europa central y oriental fueron 5 en 2024 y 9 el año pasado.

En las regiones donde no hay conflictos la cifra de muertes se situó en mínimos de los últimos 18 años, con 62 en el bienio.

“Es una tendencia alentadora, ya que demuestra que es posible avanzar mediante la acción conjunta de diversas partes interesadas y con colaboración. Me refiero, por ejemplo, a mecanismos nacionales, como es el caso de México”, apuntó Sylvie Coudray, directora de Libertad de Expresión y Educación en los Medios de la Unesco.

El número de mujeres asesinadas (14) fue igual al periodo precedente en términos absolutos, pero en porcentaje, debido al aumento general de las muertes, la tasa descendió hasta el 7% y fue la más baja en una década. Todas ellas, menos una, fueron asesinadas en países en conflicto.

El riesgo afecta mucho más a los periodistas locales que a los corresponsales y enviados especiales extranjeros. Un 93% de las muertes de periodistas ocurrieron en su país de origen, según la Unesco, algo que también se explica por las restricciones de entrada a territorios de alto riesgo como Palestina.

“Los periodistas locales que cubren conflictos armados, corrupción, política y delincuencia siguen siendo, con diferencia, el colectivo más vulnerable”, detalla el informe.

La lucha contra la impunidad, en retroceso

De acuerdo a los datos recopilados por la Unesco, que envió solicitudes para que los Estados miembros dieran parte sobre 1.358 casos sin resolver, la tasa de impunidad de las muertes de periodistas creció un punto respecto a hace dos años, hasta el 86%.

Eso implica un retroceso hasta niveles de 2022, pero se mantiene significativamente menor al 95% que se registraba en 2012.

Las consultas se hicieron a 78 países miembros, de los cuales 30 no enviaron respuestas, una cifra superior a la de la última consulta. Además, descendió el número de Estados que afirman tomar medidas para promover la seguridad y reducir la impunidad.

Irak, con 168 y sin responder a la petición de la Unesco, y México, que con 141 sí contestó a la demanda de información, fueron las naciones más concernidas por la investigación sobre la impunidad.

Más allá de las muertes, los riesgos para los periodistas aumentaron también con el deterioro general de la libertad de prensa en todo el mundo, con un incremento de las agresiones, el acoso judicial (por ejemplo, denuncias abusivas), las detenciones arbitrarias y las intimidaciones.

De acuerdo a cifras recolectadas por organizaciones de la sociedad civil y reproducidas por la Unesco, en el periodo en 2024 y 2025 se registraron entre 98 y 160 desapariciones de periodistas. Las detenciones, con datos de Reporteros Sin Fronteras y del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), oscilaron entre 938 (según RSF) y 466 (CPJ).

EFE

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidió este martes ante la Cámara Federal porteña que se reabra la causa por el espionaje realizado sobre periodistas, académicos, activistas y organizaciones sociales durante el gobierno de Mauricio Macri y que se cite a indagatoria a los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

En una audiencia ante los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, la organización reclamó además que se revoquen los sobreseimientos de Martín Coste, exresponsable de la Dirección Operacional de Contrainteligencia, y Carlos Tonelli Banfi, exdirector de Eventos Especiales, y que el juez Marcelo Martínez de Giorgi sea apartado de la investigación.

La discusión gira alrededor de 403 fichas elaboradas por la AFI sobre periodistas, académicos y defensores de derechos humanos en el contexto de la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), realizada en Buenos Aires en 2017, y la cumbre del G20 de 2018.

Los documentos fueron encontrados el 24 de enero de 2020 por la entonces interventora de la AFI, Cristina Caamaño, en tres sobres guardados en el “Área Restringida” de la Dirección Operacional de Contrainteligencia. Allí había informes, fichas y perfiles con información sobre las posiciones políticas e ideológicas de las personas relevadas.

“Manifiesta una postura cercana al gobierno”, “comparte permanentemente posteos en contra del gobierno”, “podemos inferir que es kirchnerista” y “devoción por el catolicismo” son algunas de las caracterizaciones que, según expuso el CELS ante los camaristas, aparecen en esos documentos.

Las fichas incluían datos sobre opinión política, adhesiones partidarias, militancia social, actividad sindical y creencias religiosas. Para la querella, esos elementos muestran que no se trató simplemente de obtener información para evaluar posibles riesgos de seguridad durante las dos cumbres internacionales, sino de un “fichaje ideológico”.

Martínez de Giorgi había sobreseído a principios de septiembre a Arribas, Majdalani, Coste y Tonelli Banfi sin haberlos citado previamente a declaración indagatoria. El juez consideró que las tareas realizadas por la AFI estaban justificadas por las necesidades de seguridad derivadas de la organización de la OMC y el G20.

Uno de sus argumentos fue que parte de la información había sido obtenida de fuentes abiertas, como las redes sociales. El CELS cuestionó este martes ese razonamiento y recordó que el artículo 4 de la Ley de Inteligencia Nacional prohíbe obtener o almacenar información y producir inteligencia sobre las personas en función, entre otros motivos, de sus opiniones políticas.

La prohibición, sostuvo la querella, no depende de que la información sea pública ni admite excepciones por el contexto en el que se desarrolla la actividad de inteligencia. “No dice ‘salvo que el contexto lo justifique’, ni ‘salvo que la fuente sea pública’, ni ‘salvo que la información sea utilizada para determinado fin’. Dice que está prohibido”, argumentó ante la Cámara.

La organización también cuestionó otros métodos utilizados para reunir información. Según expuso, hubo datos obtenidos mediante intercambios con organismos estatales como Migraciones y, en el caso del Hotel Bauen, Martínez de Giorgi llegó a considerar justificada la infiltración de un agente en una reunión interna de un partido político legalmente constituido.

Para el CELS, el punto central no es de dónde salió la información sino qué hizo la AFI con ella. La organización sostuvo que la recolección, el análisis y el almacenamiento de datos políticos, ideológicos o religiosos constituyen actividades prohibidas por la legislación de inteligencia independientemente de su origen.

Otro de los argumentos de Martínez de Giorgi para disponer los sobreseimientos fue que la mayoría de las fichas recibió un “color verde” durante el proceso de evaluación, por lo que la posición política de las personas relevadas no habría determinado finalmente si podían o no acreditarse para los eventos.

La querella respondió que la ley no prohíbe únicamente rechazar una acreditación por motivos políticos, sino la propia recopilación y sistematización de esa información. “Cada informe que recopila y sistematiza información sobre las categorías protegidas constituye en sí mismo inteligencia prohibida”, sostuvo.

El material permaneció almacenado en el área conducida por Coste hasta que fue encontrado en enero de 2020. El CELS cuestionó que el juez haya considerado casual o involuntaria esa conservación de los documentos sin contar, según la querella, con elementos probatorios que respaldaran esa conclusión.

Durante la audiencia apareció además otro elemento que la organización considera relevante. Personas a las que se les había negado el ingreso a los eventos presentaron en su momento hábeas data para conocer qué información tenía el Estado sobre ellas. En esos expedientes, la AFI negó reiteradamente poseer datos y haber participado del proceso de acreditación para la conferencia de la OMC.

Sin embargo, según el planteo realizado ante la Cámara, en la causa quedó documentada la participación de la agencia. El Ministerio de Seguridad y la Cancillería habían solicitado su colaboración y el entonces canciller llegó a enviar una nota a Arribas para pedir su intervención en la acreditación de una participante.

El CELS destacó el caso del académico Francisco Cantamutto: Coste firmó una respuesta a un hábeas data en la que la AFI decía no tener información sobre él, pero entre los documentos encontrados posteriormente apareció una ficha que lo describía como integrante de “un grupo de economistas de izquierda kirchnerista”.

La investigación lleva más de seis años desde el hallazgo de las fichas. Ya en 2021, la fiscal Paloma Ochoa había considerado que existía un grado de sospecha suficiente para convocar a indagatoria a los cuatro imputados, pedido al que había adherido el CELS. Sin embargo, las indagatorias nunca se concretaron y Martínez de Giorgi terminó sobreseyéndolos.

El fiscal Franco Picardi también apeló esos sobreseimientos y sostuvo que la investigación debía avanzar hacia las declaraciones indagatorias. Al igual que la querella, consideró que las características utilizadas por la AFI para seleccionar y perfilar a las personas coincidían con categorías cuya recopilación está vedada por la Ley de Inteligencia.

Ahora serán Llorens, Bertuzzi y Yadarola quienes deberán decidir si confirman el cierre dispuesto por Martínez de Giorgi o si, como reclamó el CELS, revocan los sobreseimientos y permiten que la investigación continúe. La organización pidió además que, en ese caso, la causa quede en manos de otro juez, con el argumento de que Martínez de Giorgi ya fijó una posición sobre el fondo del expediente sin haber interrogado a los imputados.

Los periodistas de CNN, MS NOW y Politico recuperaron este jueves el acceso a la Casa Blanca, casi una semana después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, les retirara las acreditaciones por considerar que los tres medios difundían “ficción y mentiras” sobre su Administración.

El regreso se produjo después de varias horas de tensión, ya que durante la mañana la Casa Blanca continuó impidiendo la entrada de los periodistas pese a que un juez federal había ordenado restablecer temporalmente sus credenciales.

Las reporteras Betsy Klein, de CNN, y Laura Barrón-López, de MS NOW, comenzaron a transmitir en vivo apenas pudieron ingresar a los terrenos de la Casa Blanca. Poco después, Politico informó que uno de sus periodistas también había recuperado el acceso.

El juez federal Timothy Kelly había dispuesto la noche anterior la restitución de las acreditaciones durante 14 días, mientras continúa el trámite de la demanda presentada por los tres medios contra la decisión de Trump.

Sin embargo, este jueves por la mañana los periodistas continuaban sin poder ingresar. Ante esa situación, los medios solicitaron una audiencia de urgencia y Kelly ordenó a la Administración que respondiera por escrito antes de las 12.30. Horas después, finalmente se permitió la entrada de los reporteros.

El magistrado consideró que la revocación de las credenciales se había producido sin un “debido proceso constitucionalmente adecuado” y sostuvo que los argumentos de la Administración ofrecían “poco respaldo” a la justificación basada en razones de seguridad nacional.

“Para empezar, nada en el expediente anterior a esta demanda sugiere que la revocación de los pases de acceso a la Casa Blanca de los demandantes estuviera motivada por preocupaciones de seguridad nacional”, escribió Kelly en su resolución.

El juez también señaló que los periodistas habían perdido sus pases el 19 de septiembre, pero no habían sido informados sobre los motivos de la medida hasta tres días después. Durante la audiencia, cuestionó que se hubieran aplicado sanciones sin que existieran previamente reglas claras ni una notificación que permitiera a los afectados conocer qué conductas podían derivar en la pérdida de sus credenciales.

Las acreditaciones permanecerán restituidas hasta que exista una nueva decisión judicial o hasta que venza la orden de restricción temporal, dentro de 14 días. La medida, además, no puede ser recurrida de manera inmediata.

La Administración Trump defendió el veto bajo el argumento de que el acceso a la Casa Blanca constituye “un privilegio, no un derecho”. El abogado del Departamento de Justicia Michael Velchik sostuvo además durante la audiencia que el Presidente puede establecer las condiciones de ingreso y vinculó la decisión con la protección de información clasificada.

Los representantes legales de CNN, MS NOW y Politico rechazaron ese argumento y señalaron que las preocupaciones de seguridad nacional aparecieron después de que comenzara el litigio. Recordaron que las explicaciones públicas iniciales de Trump se habían centrado, en cambio, en el contenido de las coberturas periodísticas.

Trump había anunciado el veto el viernes pasado y acusó a los tres medios de publicar “ficción y mentiras” sobre su Gobierno. “Los medios de comunicación no deberían poder escribir o informar constantemente sobre ficción y mentiras al cubrir al presidente de los Estados Unidos. Pronto seguirán otros medios de noticias falsas”, había afirmado.

CNN, MS NOW y Politico acudieron conjuntamente a la Justicia al considerar que el retiro de las credenciales constituía una represalia por sus coberturas y una violación de la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege la libertad de prensa.

El fallo de Kelly no resuelve todavía el litigio de fondo. La restitución de las acreditaciones es temporal mientras el tribunal continúa analizando el recurso presentado por los tres medios contra la decisión presidencial.

Veto a CNN, MSNOW y Politico. El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este viernes su veto a tres importantes medios de comunicación estadounidense para cubrir sus actividades.

“Me enorgullece anunciar que, con efecto inmediato, vetaré de la Casa Blanca a la CNN de las noticias falsas, a MSNOW (¡que hace poco cambió su nombre de MSNBC debido a la falta de audiencia y credibilidad!) y a Politico (¡los beneficiarios de una suscripción ilegal y ridícula de 8 millones de dólares —un récord histórico— directamente del Gobierno de los Estados Unidos, bajo el mandato del corrupto Joe Biden, para mantenerlos «a flote»! ¡A mí eso me parece corrupción!), como consecuencia de sus coberturas de NOTICIAS FALSAS”, publicó el presidente de EE.UU. en Truth Social.

Trump prosiguió: “Los medios de comunicación no deberían poder escribir o informar constantemente sobre FICCIÓN y MENTIRAS al cubrir al presidente de los Estados Unidos, a la Administración Trump o a los Estados Unidos de América. Pronto seguirán otros medios de noticias falsas”.

Lo que no explica Trump es qué noticias falsas publicaron estos medios como para motivar esta decisión, ni tampoco si esa decisión supone que va a prohibir la entrada de esos medios a la Casa Blanca o que los va a retirar de las rotaciones del pool, que es el grupo reducido de periodistas, que cambia periódicamente por indicaciones de la Administración, para cubrir los viajes del presidente de EE.UU. en el Air Force One o sus comparecencias en el Despacho Oval.

No es la primera vez que el presidente de EE.UU. toma medidas contra medios en represalia por sus coberturas. Así, presentó denuncias contra el New York Times y el Wall Street Journal, además de vetar a la agencia AP por no llamar Golfo de América al Golfo de México.

Trump, además, amagó con retirar la licencia de emisión a la propia CNN y otras cadenas de televisión, salvo la Fox, por ser críticas con su gestión.

Periodistas y representantes de entidades de prensa expusieron este viernes en la Cámara de Diputados sobre el deterioro de la libertad de expresión en la Argentina y advirtieron por el crecimiento de las agresiones, las restricciones al acceso a la información y el hostigamiento hacia quienes ejercen el periodismo.

En San Miguel de Tucumán, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) presentó su Informe de la Comisión de Libertad de Prensa en el que expresaron su preocupación por las agresiones del presidente Javier Milei hacia el periodismo como también por el avance de la Inteligencia Artificial en detrímento del trabajo periodístico.

“Salvaguardar la libertad de expresión implica, necesariamente, defender las condiciones operativas y económicas que permiten a los medios cumplir su rol como contrapoder, resistiendo las presiones que, bajo el velo de la innovación, buscan diluir su relevancia social y restringir su alcance público. ADEPA reafirma que la transformación tecnológica y la inteligencia artificial deben abordarse como desafíos estructurales para el futuro del periodismo, no como fenómenos aislados”, señala el documento

En Diputados, la reunión fue convocada por integrantes opositores de la Comisión de Libertad de Expresión, que cuestionaron la falta de funcionamiento del cuerpo y la ausencia del bloque mayoritario. Durante el encuentro expusieron representantes del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), la Asociación de Periodistas de la República Argentina (APeRA), Periodistas Argentinas (PA) y periodistas de distintos medios.

Algunos de los periodistas que participaron fueron Sebastián Lacunza, columnista de elDiarioAR, Nancy Pazos (Radio 10), Natasha Niebieskikwiat (Clarín), Mónica Gutiérrez, Rodrigo Lloret (director de Perfil) y Francisco “Paco” Rabini, de SiPreBA.

El vicepresidente de FOPEA, Claudio Jacquelin, calificó la situación como “sumamente grave” y sostuvo que la libertad de expresión y de prensa atraviesa “un estado de fragilidad demasiado profunda”. Según explicó, a los ataques contra las voces críticas del discurso oficial se suma una crisis de la industria y una creciente precarización de las condiciones laborales de los periodistas.

Jacquelin recordó que FOPEA lleva 16 años realizando un monitoreo de la libertad de expresión y señaló que en 2025 se alcanzó un récord de agresiones contra periodistas, por encima incluso de las registradas en 2013. La cifra, según la entidad, ya fue superada durante 2026. “Más del 60% de las agresiones provienen del Poder Ejecutivo Nacional, es un porcentaje inédito en la historia de la existencia del monitoreo”, afirmó.

FOPEA sostuvo además que existe un mecanismo sistemático de estigmatización y descalificación verbal de periodistas y voces críticas desde el poder central, amplificado a través de estructuras estatales y paraestatales.

La entidad enumeró entre los hechos que considera más graves las modificaciones por decreto al acceso a la información pública, las agresiones físicas de las fuerzas de seguridad contra trabajadores de prensa, hackeos, campañas de difamación y la utilización de acciones judiciales destinadas a intimidar a periodistas.

También mencionó la situación del fotógrafo Pablo Grillo, herido durante la represión de una manifestación frente al Congreso, y alertó sobre las consecuencias de la derogación del Estatuto del Periodista Profesional, tanto para las condiciones laborales como para garantías vinculadas con la protección de las fuentes.

Otro de los ejes fue la situación de los periodistas acreditados en la Casa Rosada. Durante la reunión se denunciaron restricciones para circular por áreas comunes, obstáculos para acceder a funcionarios y limitaciones para realizar repreguntas durante las conferencias.

Fernando Ramírez, presidente de APeRA, recordó que estuvo acreditado en la Casa de Gobierno desde 1983 hasta 2025 y señaló que las condiciones comenzaron a deteriorarse después de los primeros meses de la actual administración. “Los primeros seis meses fueron correctos y después se fue todo a la deriva”, afirmó. Para Ramírez, se trata del “peor momento que sufre la relación periodismo-gobierno”.

El periodista Gabriel Sanfilippo, también acreditado en la Casa Rosada, cuestionó las restricciones y planteó si esas prácticas pueden terminar institucionalizándose y ser heredadas por futuras administraciones. “¿Este Gobierno vino a hacer el trabajo sucio de encerrarnos en la sala de periodistas? ¿De no permitir repreguntar en las conferencias de prensa? ¿El Gobierno que venga, si cambia de color político, va a dar marcha atrás de todo esto?”, preguntó.

La secretaria de FOPEA, Paula Moreno Román, advirtió además que las prácticas observadas a nivel nacional comienzan a trasladarse a las provincias. “Estas conductas del poder político central están haciendo mella en las provincias”, sostuvo, y mencionó problemas vinculados con la distribución de la publicidad oficial, la falta de transparencia en el manejo de fondos públicos y las dificultades para acceder a funcionarios. Moreno Román puso especialmente el foco en la función de intermediación del periodismo. “La no existencia de la repregunta en definitiva lo que hace es fomentar un discurso unidireccional”, afirmó.

Violencia contra trabajadores de prensa

La periodista Nancy Pazos, en representación de Periodistas Argentinas (PA), denunció la violencia sufrida por trabajadores de prensa durante las manifestaciones frente al Congreso y recordó que, a diez días de asumir el Gobierno, la organización presentó un hábeas corpus preventivo para evitar que quienes realizaran las coberturas fueran “golpeadas, gaseadas o detenidas”. Según señaló, el recurso todavía no obtuvo respuesta y el planteo llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Pazos aseguró que en los últimos dos años más de 150 cronistas y reporteros gráficos resultaron gravemente heridos mientras trabajaban. “Lo hacen porque esas cámaras, esos celulares, esos ojos y esta lengua transmiten información, y es esa información la que hacen desaparecer cuando reprimen a la prensa”, afirmó.

Finalmente, reclamó a los legisladores que el nuevo Estatuto del Periodista incorpore un capítulo destinado a garantizar el derecho a trabajar sin sufrir violencia. “Tienen la información, tienen las pruebas, tienen los cuerpos lastimados de más de 150 colegas: lo único que falta es que actúen”, sostuvo, y cerró: “Basta de violencia contra la prensa. Ni en las redacciones, ni en las calles, ni en las aulas”.

Mónica Gutiérrez también pidió no naturalizar las agresiones. La periodista recordó que las tensiones entre el poder y la prensa son inherentes al oficio, pero consideró que actualmente alcanzaron un nivel especialmente preocupante. “El periodismo es contrapoder y en todo momento las tensiones entre la prensa y el poder han existido, pero ahora han llegado muy lejos”, sostuvo.

Gutiérrez advirtió también sobre el efecto que puede producir en la sociedad la deslegitimación sistemática del periodismo profesional y el reemplazo de fuentes periodísticas por influencers u otros canales sin los mismos procedimientos de verificación.

Por su parte, la periodista de Clarín Natasha Niebieskikwiat pidió que las prácticas actuales no se institucionalicen. Aunque recordó conflictos y restricciones al acceso a la prensa durante administraciones anteriores, sostuvo que nunca había observado “semejante autoritarismo” ni un deterioro de esas características. “Yo estoy prohibida en Casa de Gobierno. Me parece muy grave el desmantelamiento de todo el aparato institucional de prensa”, señaló.

El debate por la pauta oficial

Durante la reunión también hubo cuestionamientos a la política de publicidad oficial. Rodrigo Lloret, director de Perfil, sostuvo que, si bien la Secretaría de Comunicación dejó de distribuir pauta bajo el mecanismo utilizado por administraciones anteriores, continúan existiendo recursos públicos destinados a medios. Según Lloret, esos fondos serían distribuidos a través de empresas estatales, fundamentalmente YPF, de manera “discrecional” y sin información pública suficiente sobre sus destinatarios.

Los legisladores opositores que impulsaron la reunión cuestionaron, por su parte, la falta de actividad de la Comisión de Libertad de Expresión. El diputado Nicolás Trotta sostuvo que existen más de cien proyectos vinculados con la temática que no son tratados debido a la falta de funcionamiento de la comisión y afirmó que los ataques contra periodistas no pueden considerarse episodios aislados.

La advertencia de ADEPA

En paralelo con la reunión realizada en el Congreso, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) presentó su Informe de la Comisión de Libertad de Prensa e Información durante la 64ª Asamblea General de la entidad, realizada en San Miguel de Tucumán.

El documento cuestionó las críticas y agresiones del presidente Javier Milei y su entorno contra periodistas y alertó sobre sus posibles consecuencias sociales. “La crítica al periodismo es legítima y necesaria, pero el agravio y la estigmatización, especialmente cuando provienen de quienes ejercen altas responsabilidades públicas, deterioran el debate democrático y pueden generar un efecto contagio sobre el conjunto de la sociedad”, señaló ADEPA.

La asociación recordó, entre otros episodios, las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien ante una información periodística que consideró falsa sostuvo que la Justicia debía intervenir y planteó la necesidad de una ley que castigara ese tipo de conductas.

ADEPA advirtió que una norma de esas características podría conceder a las autoridades un poder incompatible con los estándares democráticos de libertad de expresión y generar un efecto inhibitorio sobre la investigación y difusión de asuntos de interés público.

También recordó el episodio ocurrido durante una exposición de Milei ante estudiantes secundarios de la Escuela ORT, cuando el mandatario vinculó a los periodistas con el mandamiento “no robarás” y alentó una reacción de los alumnos contra la prensa.

Para la entidad, cuando el insulto proviene de la máxima autoridad del Estado y se repite sistemáticamente, la asimetría de poder hace que el problema exceda una disputa individual entre un funcionario y un periodista.

ADEPA incorporó además al debate los desafíos que atraviesa la industria periodística frente al desarrollo de la inteligencia artificial. Reclamó proteger la propiedad intelectual de los contenidos utilizados para entrenar modelos de lenguaje y alimentar algoritmos sin compensación para quienes los producen.

“La utilización indiscriminada de contenidos protegidos para entrenar modelos de lenguaje y alimentar algoritmos de búsqueda, sin la debida compensación a sus creadores, amenaza la viabilidad económica de la prensa”, advirtió.

La entidad sostuvo que defender la libertad de expresión también implica garantizar las condiciones económicas necesarias para la existencia de medios independientes, redacciones profesionales y voces locales.

Los pronunciamientos de FOPEA y ADEPA confluyeron así en una misma advertencia: los ataques, la estigmatización y las restricciones al trabajo periodístico no afectan únicamente a quienes ejercen la profesión, sino también el derecho de la sociedad a acceder a información y a contar con voces capaces de controlar y cuestionar al poder.

CRM

La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, presidida por María Carolina Moises (Convicción Federal), realizó este martes una reunión informativa en el Salón Illia para receptar un proyecto de ley de un nuevo Estatuto del Periodista. El encuentro contó con la participación de legisladores, profesionales de prensa y entidades gremiales de la comunicación.“Este es el primer paso para lograr que el periodismo recupere su estatuto; es un deber de la política y del Poder Legislativo. El proyecto presentado hoy no se limita a restaurar lo que ya existía, sino que busca legislar sobre nuevos derechos, considerando los cambios tecnológicos y sociales”, afirmó la senadora Moises al abrir el encuentro.

La propuesta, presentada este martes por gremios y asociaciones sindicales de prensa, busca actualizar la normativa histórica que regula la actividad periodística. Para ello, preserva principios centrales como la libertad de expresión y la protección específica de los trabajadores de prensa. Asimismo, regula los nuevos derechos vinculados al uso de plataformas y al teletrabajo, define el rol de la inteligencia artificial en las tareas de prensa, reconoce derechos de cuidado y de secreto profesional, y protege la labor en las coberturas periodísticas. La iniciativa surge como respuesta a la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional, la cual establece la derogación del estatuto vigente a partir del 1 de enero de 2027.

La jornada contó con las exposiciones de Carla Gaudensi, secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y secretaria adjunta segunda del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA); María Ana Mandakovick, secretaria general del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación (CISPREN) de Córdoba; Diego Miner, secretario general de la Asociación de Periodistas de Corrientes; Pablo Jiménez, secretario general de la Asociación de Prensa de Santa Fe y los periodistas Mariano Obarrio y Gabriela Pepe.

Al inicio de los testimonios, Gabriela Pepe justificó la importancia de avanzar hacia un nuevo marco legal y reflexionó sobre la actualidad de la profesión: “La relación del periodismo con el poder de turno siempre es de tensión y hoy atravesamos un momento muy complejo. Nuestro trabajo cuenta con una protección especial y la libertad de expresión está amparada por la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Esto tiene como contracara el derecho a la información de la sociedad; por eso es fundamental garantizar la diversidad de voces y de líneas editoriales”.

A su turno, Mariano Obarrio coincidió con la senadora Moises y sostuvo que es necesaria la regulación de la inteligencia artificial, argumentando que “está plagiando y usurpando contenidos de los medios periodísticos, lo que afecta tanto a las empresas del sector como a los propios periodistas”. Asimismo, consideró preocupante el actual tráfico de información y, tras el cierre de la agencia oficial de noticias Télam, señaló que el Gobierno Nacional busca centralizar el manejo informativo, motivo por el cual disolvió el organismo con el agravante del despido de sus trabajadores.

Por su parte, María Ana Mandakovick advirtió que la crisis internacional de la prensa se debe a la concentración de medios, al impacto del capital financiero sobre las empresas locales y a la dependencia extrema de las plataformas digitales. Sostuvo que la sobreabundancia de información y la precarización laboral caracterizada por bajos salarios y polifuncionalidad, configuran un escenario desolador que urge resolver mediante este nuevo marco regulatorio.

La representante sindical Carla Gaudensi destacó el espíritu de la iniciativa: “Este estatuto contiene los aspectos protectores más importantes que tenía nuestra norma, en el sentido de que los periodistas no podamos ser presionados por ejercer nuestra labor. Esa es la protección federal y la base que nos da el estatuto, a la vez que incorpora aspectos de modernización”. Concluyó enfatizando la urgencia del debate: “Necesitamos que el 1 de enero esta norma esté vigente, porque es una protección indispensable para seguir informando a la sociedad”.

Por último, los senadores presentes formularon preguntas y expusieron sus posturas frente a la propuesta del nuevo estatuto. “El proyecto quedará en circulación para que los senadores puedan verlo, analizarlo y firmarlo estableciendo un plazo hasta el próximo viernes para, luego, poder ingresarlo formalmente y realizar el giro correspondiente a las comisiones”, concluyó Moises.

Meses después de la derogación del Estatuto del Periodista Profesional como parte de la ley de Modernización Laboral, la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de la Cámara alta se reunirá este martes a las 15 en el Salón Arturo Illia de la Cámara alta para la presentación de un nuevo proyecto de Estatuto de Periodista Profesional, con la presencia de expositores invitados de organizaciones sindicales de prensa como SIPREBA y FATPREN.

El proyecto de ley para crear el nuevo Estatuto del Periodista Profesional será presentado por la titular de la comisión, Carolina Moisés (Convicción Federal).

“Además de preservar la libertad de expresión, la iniciativa regula los nuevos derechos asociados al uso de plataformas, el teletrabajo, el rol de la IA, los derechos de cuidado y de secreto profesional, y protege la tarea en las coberturas periodísticas, entre otros aspectos”, adelantó un comunicado del equipo de prensa de la senadora jujeña.

La lista de invitados se compone, entre otros, de Carla Gaudensi, secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN); María Ana Mandakovick, del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Cordoba (CISPREN); Diego Miner, de la Asociación de Periodistas de Corrientes; y Pablo Jiménez, de la Asociación de Prensa de Santa Fe. 

El Estatuto del Periodista Profesional, reglamentado en la Ley 12.908 de 1946 fue derogado en el Título XXVI de la Ley de Modernización Laboral aprobada y promulgada en marzo de este año.

En el marco de una negociación, los sindicatos lograron que al menos se mantenga la vigencia del estatuto hasta el 31 de diciembre de este año, para tener un tiempo que les permita aprobar una nueva norma que lo reemplace.

“Este año, Milei avanzó con la reforma laboral y sancionó la derogación del Estatuto del Periodista desde el 1 de enero de 2027, que garantizaba un piso de derechos y mayor estabilidad laboral. Además, continuó con el ajuste en los medios públicos”, cuestionó la secretaria general de FATPREN, Carla Gaudensi. 

“No podemos quedarnos en la resignación: necesitamos organizarnos y pelear de conjunto para lograr una actualización del Estatuto, mejorar los salarios y conseguir nuevas conquistas”, señaló.

Una situación alrmante

En el marco del 7 de junio, Día del Periodista, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) presentó en las últimas horas los resultados de la Encuesta Integral 2026 sobre la situación socioeconómica de quienes trabajan en empresas y medios de comunicación del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en un contexto de ataque permanente desde la gestión de Javier Milei a la labor periodística en detrimento de la libertad de prensa.

El informe, en base a las respuestas de 1.014 periodistas, revela como dato saliente que el 67,8% de los consultados tuvo recurrir a créditos, tarjetas o préstamos para cubrir necesidades básicas, pagar servicios o el alquiler durante el último mes.

De acuerdo al estudio, “el 77,7% de quienes tienen deudas destina al menos el 30% de sus ingresos a pagarlas, umbral considerado internacionalmente como sobreendeudamiento. Aun así, el 39,5% de los consultados reconoce que no llega a fin de mes y tuvo que recortar gastos, endeudarse o incluso reducir consumos alimentarios”, detalla el informe.

Según los datos de la encuesta, “el 65,6% de las y los trabajadores de prensa cobra por debajo de la línea de pobreza en su principal empleo, medida por la Canasta Básica Total (CBT) del INDEC, que se calculó en $1.469.768 en abril”. Incluso si se suman todos los empleos e ingresos, “el 40,7% de quienes trabajan en la actividad continúa por debajo de esos valores. En el otro extremo de la pirámide, apenas el 6,2% afirma que puede sostener su nivel de vida con lo que percibe con su principal empleo en prensa”, reconstruye el estudio.

De acuerdo al gremio de prensa, “la percepción sobre las condiciones para informar también se deterioraron. El 86,8% consideró que la libertad de expresión empeoró con la gestión libertaria, y uno de cada cuatro trabajadores/as contestó que sufrió agresiones o amenazas por su trabajo”.

Aunque algunos indicadores registran leves mejoras respecto de los peores momentos de 2024 y 2025, “la situación salarial sigue siendo crítica y obliga a gran parte del sector a recurrir al pluriempleo”. Además, el informe revela que el 54,4% de las personas encuestadas tiene dos o más empleos remunerados, y el 86,4% de ellas afirma que se ve obligada a hacerlo “porque el salario no alcanza”.

“La necesidad alcanza incluso para los jubilados y jubiladas del gremio, donde el derecho al descanso es un lujo inalcanzable. El 68,8% de quienes respondieron y están en edad jubilatoria sigue trabajando, y casi el 40% tiene más de un empleo”, remarcaron desde SiPreBA.

El informe también destaca que la situación “es particularmente grave en las ramas radiales y de prensa escrita. En las emisoras, el 86,4% de los trabajadores cobra por debajo de la línea de pobreza, mientras que en prensa escrita ese porcentaje asciende al 75,7%”.

El informe abarcó a medios como Clarín, La Nación, Infobae, América TV, Olé, El Trece, TN, C5N, El Destape, Radio con Vos, Radio del Plata, Telefe, Ámbito Financiero, Diario Crónica, Crónica TV, Canal 9, Radio Nacional, Página 12, Perfil, El Cronista, la Televisión Pública y elDiarioAR, entre otros, y se presenta habitualmente desde hace años en coincidencia con la fecha conmemorativa y la creación del SiPreBA, que cumple este 7 de junio su 11° aniversario.

El Día del Periodista llega este domingo con un dato que alcanza para medir el estado material del oficio: el 65,6% de los trabajadores y trabajadoras de prensa del AMBA cobró en abril por debajo de la línea de pobreza en su principal empleo. La cifra surge de la Encuesta Integral #SiPreBA2026, respondida durante mayo por 1.014 periodistas, más del 20% de toda la actividad registrada, según informó el Sindicato de Prensa de Buenos Aires.

El salario neto mediano en el principal empleo en prensa fue de $1.200.000, un 18,4% por debajo de la Canasta Básica Total del Indec, que en abril se ubicó en $1.469.768. El dato mejora frente al 70,48% registrado en 2025, pero sigue muy por encima del 45% relevado en 2023. La mejora parcial no cambia el cuadro de fondo: dos de cada tres periodistas no cubren la canasta de pobreza con su trabajo principal.

La pobreza salarial no se corrige del todo sumando trabajos. El 40,7% de las personas encuestadas quedó por debajo de la línea de pobreza incluso al sumar todos sus ingresos, dentro y fuera de la prensa. Sólo el 6,2% respondió que el sueldo de su principal empleo le alcanza por sí mismo para mantener su nivel de vida. El resto depende de otros ingresos, ajusta gastos o directamente no llega a fin de mes.

El 7 de junio es el Día del Periodista en la Argentina porque ese día, en 1810, Mariano Moreno fundó La Gazeta de Buenos Ayres, considerado el primer periódico de la etapa independentista. La fecha fue establecida en 1938, durante el Primer Congreso Nacional de Periodistas, en Córdoba, como homenaje al nacimiento de la prensa política argentina y al rol público del periodismo

El informe de Sipreba pone números a una escena triste en las redacciones, las radios, los canales, las agencias, los portales y los medios autogestivos: periodistas con más de un empleo, deudas para comer y/o pagar servicios, trabajos informales para completar ingresos y jornadas extendidas que terminan deteriorando la salud. El 54,4% tiene dos o más empleos remunerados; el 22,7% tiene tres o más. Entre quienes trabajan en más de un lugar, el 86,4% dijo que lo hace porque el sueldo no le alcanza.

La necesidad de buscar otro ingreso no aparece como excepción, sino como método de supervivencia. El 52,2% afirmó haber buscado otro empleo remunerado durante el último mes. Además, el 16,9% hace alguna changa informal para complementar ingresos, en rubros que van desde microemprendimientos y oficios hasta trabajos en plataformas de mensajería o transporte. El periodismo, para una parte grande de quienes lo ejercen, ya no paga una vida de periodista.

La deuda entró de lleno en la encuesta como problema central. El 67,8% recurrió a algún tipo de crédito para cubrir necesidades básicas como alimentos, servicios o alquiler. El 36% usó tarjeta de crédito en cuotas para compras básicas y el 13,3% se endeudó con billeteras virtuales. La mediana del ingreso destinado al pago de deudas fue del 40%. Casi la mitad, el 46%, destina más del 50% de sus ingresos a compromisos financieros.

Ese endeudamiento ya ordena decisiones elementales del hogar. El 24,3% postergó el pago de servicios básicos para priorizar la compra de alimentos.

En la radio, el 86,4% cobró por debajo de la Canasta Básica Total en su principal empleo, con una mediana salarial de $907.500, 38% menos que la línea de pobreza. En la prensa escrita —diarios, portales, agencias y revistas—, el 75,7% quedó por debajo de la canasta. En la televisión, donde suelen sostenerse mejores condiciones de convenio, el 32,4% también cobró menos que la línea de pobreza.

Uno de cada tres trabajadores de prensa televisada dijo que necesita un segundo empleo. Entre quienes tienen un solo trabajo, el informe registró jornadas extendidas de dos o tres horas extras diarias y, muchas veces, un sexto día semanal para llegar a un salario digno.

La precarización golpea con más fuerza a colaboradores y freelance. Entre quienes trabajan bajo esas condiciones, el 80,7% cobra por debajo de la línea de pobreza en su empleo principal en prensa. El 76,7% tiene dos o más empleos remunerados y el 41,7% sostiene tres o más trabajos simultáneos. Entre los colaboradores de prensa escrita, el 60% no recibió ninguna actualización de tarifas en el último semestre.

La formación no garantiza mejores ingresos

El 43,9% de quienes respondieron terminó una carrera universitaria o tiene posgrado completo o incompleto, pero las empresas privadas no pagan adicional por título académico. En una actividad que exige formación permanente, manejo de fuentes, escritura, edición, criterio informativo y capacidad técnica, el título no se transforma necesariamente en salario.

La vivienda agrega otra presión. El 28,2% paga alquiler y el rango más frecuente de gasto mensual, incluidas expensas, va de $700.001 a $1.000.000. Ese monto representa entre el 58% y el 83% del salario mediano del gremio. El dato se cruza con otro gasto sensible: el 93,2% se atiende en el sistema privado de salud, en muchos casos con un costo que se sostiene a fuerza de endeudamiento o recortes en otros consumos.

Las desigualdades de género atraviesan ese cuadro. El 20,4% de mujeres y disidencias declaró cobrar menos que compañeros varones que hacen la misma tarea, mientras que el 43,8% dijo no saberlo, un dato que sugiere que la brecha real podría ser mayor. Las mujeres y disidencias tienen dos o más empleos en el 61,1% de los casos, contra el 50,5% de los varones. Además, el 54,3% de quienes tienen personas a cargo dedica más de seis horas por día a tareas de cuidado, frente al 26,2% de los varones.

La juventud aparece como otro punto crítico. Sólo el 11,1% de las personas encuestadas tiene 30 años o menos, una proporción que viene bajando desde 2023, cuando era del 15%. El 35,2% de los jóvenes trabaja bajo condiciones precarias de contratación, el doble de la media general del gremio. Y el 88,3% de las personas jóvenes cobra por debajo de la línea de pobreza en su principal trabajo en prensa.

Si los ingresos no alcanzan, las tarifas no se actualizan, la precarización se concentra en quienes recién ingresan y los jóvenes buscan otro empleo antes de consolidarse en una redacción, el periodismo pierde capacidad de renovación. No por falta de vocación, sino por falta de condiciones materiales para quedarse

La encuesta también registró el deterioro de la salud laboral. El 22,2% afirmó haber padecido problemas de salud relacionados con el trabajo. Los síntomas más frecuentes fueron tensión e irritación, ambos con 53,4%; alteraciones del sueño, 51,6%; alteraciones del estado de ánimo, 48,9%; y ansiedad, 46,5%. Durante el último año, el 23,5% sufrió reestructuraciones impuestas sin consentimiento, el 22% presiones por contenidos periodísticos y el 18,6% maltrato laboral de jefes.

El 86,8% consideró que la libertad de expresión empeoró durante la gestión de Javier Milei

Uno de cada cuatro trabajadores de prensa afirmó haber sufrido agresiones o amenazas online u offline por ser periodista o trabajar en prensa. Entre las mujeres y disidencias que reportaron agresiones, el 84,6% recibió ataques virtuales. Entre los varones, en cambio, pesaron más las agresiones físicas en coberturas, con gaseos, balas de goma o golpes.

El intento de derogar el Estatuto del Periodista Profesional aparece en ese contexto. El 91,6% se manifestó en contra de la derogación de la norma, sancionada como decreto en 1944 y votada como ley en 1946. La reforma laboral prorrogó su derogación hasta el 31 de diciembre. Frente a eso, Fatpren y los sindicatos de prensa impulsan una actualización que incorpore nuevas modalidades laborales, teletrabajo, inteligencia artificial, protección de la salud psicofísica, perspectiva de género y cobertura ante represión o violencia institucional.

Otro dato que muestra la encuesta de Sipreba es que el 58% dijo que usa la inteligncia artificial para trabajar. En 2023 lo hacía el 8,4%; en 2024, el 23%; y en 2025, el 47%. Entre quienes la incorporaron, el 82,7% la utiliza al menos dos veces por semana y más de la mitad registra un uso diario.

Los motivos de adopción muestran una mezcla de necesidad, adaptación y presión productiva. El 55,5% dijo que la IA le permite eliminar tareas rutinarias o tediosas; el 41,3%, incrementar la eficiencia operativa; y el 41%, experimentar o probar herramientas nuevas. Pero del lado empresario el panorama aparece desordenado: el 42,2% de las empresas no implementó ninguna acción específica, sólo el 33,7% brindó instancias de formación y apenas el 10,2% coordina reuniones periódicas para discutir su uso.

El dato laboral más sensible aparece cuando se mide la productividad. El 25,8% de los periodistas produce más piezas gracias a la IA. En respuestas cualitativas, algunos describieron una aceleración severa: duplicar o incluso triplicar la cantidad de notas por jornada. La herramienta puede aliviar tareas tediosas, pero también puede convertirse en una palanca para exigir más producción con la misma dotación, el mismo salario o menos puestos.

Ahí está la amenaza concreta para el empleo periodístico. Si las empresas usan IA para resumir, titular, transcribir, editar, traducir, corregir, buscar antecedentes, generar borradores o reescribir cables, pueden mejorar procesos y liberar tiempo. También pueden reducir personal, reemplazar tareas, borrar autorías, apropiarse de estilos y convertir la productividad extra en ajuste laboral. La diferencia depende de reglas, negociación sindical, transparencia y supervisión humana.

La propuesta de nuevo Estatuto impulsada por Fatpren y sindicatos de prensa incorpora un artículo sobre IA como herramienta complementaria del trabajo periodístico, que no debe reemplazar tareas ni puestos. También reclama autoría y supervisión humana, reconocimiento de propiedad intelectual sobre estilos, voces e imágenes, transparencia empresarial, compensación económica y capacitación obligatoria con participación sindical.

El teletrabajo completa el mapa de cambios no resueltos. El 53,5% realiza tareas remotas, de manera permanente o híbrida, frente al 69,8% del año anterior. Entre quienes teletrabajan, el 48,7% tuvo que hacer alguna inversión extra para trabajar desde su casa, pero sólo el 24,6% recibe algún pago adicional por infraestructura o conectividad. La ley de Modernización Laboral, la reforma laboral que Milei logró que el Congreso sancionara a fines de febrero de este año, deroga la regulación del teletrabajo desde el 1 de enero de 2027, otro frente abierto para la actividad.

La encuesta también mira a los jubilados, donde el deterioro previsional se vuelve pluriempleo. El 68,8% sigue trabajando en el gremio porque lo que cobra de jubilación no le alcanza. Entre quienes continúan activos, el 38,7% tiene más de un empleo y el 78,9% de ese grupo dijo que lo hace por insuficiencia de recursos. El 35,7% no llega a fin de mes incluso con trabajos por fuera de la jubilación.

El Día del Periodista suele llegar con saludos, placas y frases sobre la importancia social del oficio. La encuesta del SiPreBA obliga a mirar quiénes hacen las noticias, cuánto cobran, cuántos trabajos sostienen, cuánta deuda acumulan, qué costo pagan en salud y qué lugar ocuparán frente a la automatización. Porque periodismo enfrenta una doble presión. Por un lado, salarios que no alcanzan, empresas que precarizan, ataques políticos, violencia en coberturas y un intento de recortar derechos históricos. Por otro, una incorporación acelerada de IA que puede mejorar herramientas de trabajo o convertirse en una excusa para producir más con menos periodistas.

JJD

En el marco del 7 de junio, Día del Periodista, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) presentó en las últimas horas los resultados de la Encuesta Integral 2026 sobre la situación socioeconómica de quienes trabajan en empresas y medios de comunicación del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en un contexto de ataque permanente desde la gestión de Javier Milei a la labor periodística en detrimento de la libertad de prensa.

El informe, en base a las respuestas de 1.014 periodistas, revela como dato saliente que el 67,8% de los consultados tuvo recurrir a créditos, tarjetas o préstamos para cubrir necesidades básicas, pagar servicios o el alquiler durante el último mes.

De acuerdo al estudio, “el 77,7% de quienes tienen deudas destina al menos el 30% de sus ingresos a pagarlas, umbral considerado internacionalmente como sobreendeudamiento. Aun así, el 39,5% de los consultados reconoce que no llega a fin de mes y tuvo que recortar gastos, endeudarse o incluso reducir consumos alimentarios”, detalla el informe.

Según los datos de la encuesta, “el 65,6% de las y los trabajadores de prensa cobra por debajo de la línea de pobreza en su principal empleo, medida por la Canasta Básica Total (CBT) del INDEC, que se calculó en $1.469.768 en abril”. Incluso si se suman todos los empleos e ingresos, “el 40,7% de quienes trabajan en la actividad continúa por debajo de esos valores. En el otro extremo de la pirámide, apenas el 6,2% afirma que puede sostener su nivel de vida con lo que percibe con su principal empleo en prensa”, reconstruye el estudio.

De acuerdo al gremio de prensa, “la percepción sobre las condiciones para informar también se deterioraron. El 86,8% consideró que la libertad de expresión empeoró con la gestión libertaria, y uno de cada cuatro trabajadores/as contestó que sufrió agresiones o amenazas por su trabajo”.

Aunque algunos indicadores registran leves mejoras respecto de los peores momentos de 2024 y 2025, “la situación salarial sigue siendo crítica y obliga a gran parte del sector a recurrir al pluriempleo”. Además, el informe revela que el 54,4% de las personas encuestadas tiene dos o más empleos remunerados, y el 86,4% de ellas afirma que se ve obligada a hacerlo “porque el salario no alcanza”.

“La necesidad alcanza incluso para los jubilados y jubiladas del gremio, donde el derecho al descanso es un lujo inalcanzable. El 68,8% de quienes respondieron y están en edad jubilatoria sigue trabajando, y casi el 40% tiene más de un empleo”, remarcaron desde SiPreBA.

El informe también destaca que la situación “es particularmente grave en las ramas radiales y de prensa escrita. En las emisoras, el 86,4% de los trabajadores cobra por debajo de la línea de pobreza, mientras que en prensa escrita ese porcentaje asciende al 75,7%”.

El informe abarcó a medios como Clarín, La Nación, Infobae, América TV, Olé, El Trece, TN, C5N, El Destape, Radio con Vos, Radio del Plata, Telefe, Ámbito Financiero, Diario Crónica, Crónica TV, Canal 9, Radio Nacional, Página 12, Perfil, El Cronista, la Televisión Pública y elDiarioAR, entre otros, y se presenta habitualmente desde hace años en coincidencia con la fecha conmemorativa y la creación del SiPreBA, que cumple este 7 de junio su 11° aniversario.

El próximo martes 9 a las 15, en el anexo del Senado (Hipólito Yrigoyen 1849), el SiPreBA, la FATPREN y los sindicatos de prensa de todo el país presentarán el proyecto de actualización del “Estatuto del Periodista Profesional y del personal administrativo de empresas periodísticas”, junto a la senadora Carolina Moisés, presidenta de la Comisión Unicameral de Sistemas, Medios de comunicación y Libertad de expresión, senadores y senadoras de distintos espacios políticos y periodistas de diferentes medios de comunicación y regiones del país.

Un estudio nacional sobre la situación de las mujeres periodistas en Argentina reveló que la mayoría ha enfrentado distintos tipos de violencias de género en el ejercicio de su profesión, muchas de ellas desde los primeros años de su carrera. El informe, elaborado por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), advierte que estas situaciones tienen un impacto significativo en la salud, especialmente en la salud mental, y en el desarrollo profesional de las trabajadoras de prensa.

La investigación, realizada entre julio y diciembre de 2024 con financiamiento de la UNESCO y el Fondo Mundial para la Defensa de los Medios (GMDF), se basó en una encuesta a 215 periodistas de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo fue analizar sus trayectorias laborales y las violencias que enfrentan, así como identificar posibles acciones para prevenir y erradicar estas prácticas.

Entre los principales hallazgos, el estudio detectó que las formas de violencia más mencionadas son la psicológica, institucional y económica, además del hostigamiento y la violencia en línea. En particular, 150 de las periodistas encuestadas señalaron haber sufrido violencia psicológica, 115 violencia institucional y económica, 88 violencia digital y 84 violencia sexual. También se registraron casos de violencia laboral y física.

Según el relevamiento, estas agresiones suelen ocurrir especialmente al comienzo de la vida laboral y los principales agresores identificados son varones con cargos jerárquicos dentro de los medios de comunicación, compañeros de trabajo y funcionarios o empleados públicos. En el caso de la violencia en línea, en cambio, los ataques suelen provenir de usuarios particulares, muchas veces mediante cuentas anónimas o perfiles en redes sociales.

El informe también señala que muchas de estas violencias se naturalizan o pasan inadvertidas, especialmente aquellas que no dejan marcas visibles, como el hostigamiento psicológico o ciertas microviolencias en el ámbito laboral. Entre los testimonios recogidos aparecen relatos de persecuciones laborales, asignación de tareas o temas estereotipados para mujeres, obstáculos en la carrera profesional o incluso despidos injustificados.

En relación con el contexto laboral, la investigación indica que las periodistas encuestadas tienen en su mayoría entre 36 y 60 años y cuentan con un alto nivel educativo. Sin embargo, solo el 28,37% ocupa cargos jerárquicos dentro de los medios de comunicación. De hecho, 200 de las 215 participantes consideran que existen barreras para que las mujeres accedan a puestos de liderazgo.

Entre los obstáculos más señalados aparecen factores culturales y la desigual distribución de las tareas de cuidado. Más de la mitad de las encuestadas son jefas de hogar y muchas tienen hijos menores de edad, lo que dificulta la conciliación entre las responsabilidades familiares y las exigencias laborales del periodismo.

El informe también advierte sobre la persistencia de desigualdades salariales. Casi la mitad de las encuestadas percibe que las mujeres ganan menos que los hombres por realizar el mismo trabajo. Algunos testimonios incluidos en el estudio describen casos en los que colegas varones recibían salarios significativamente más altos o eran promovidos con mayor rapidez.

En cuanto a la respuesta frente a estas situaciones, el estudio señala que la reacción más habitual de las periodistas es compartir lo ocurrido con otras mujeres, sin realizar denuncias formales. Aunque muchas conocen organizaciones que ofrecen acompañamiento frente a la violencia de género, pocas recurren a estos espacios.

Las autoras del informe advierten que las violencias contra mujeres periodistas no solo afectan sus trayectorias individuales, sino que también pueden impactar en la libertad de expresión y el derecho a la información. Según el estudio, estas agresiones buscan en muchos casos intimidar o silenciar voces críticas dentro del periodismo.

Ante este panorama, las participantes del relevamiento plantearon distintas acciones necesarias para enfrentar el problema. Entre ellas se destacan la implementación de protocolos institucionales para la prevención y el abordaje de la violencia, capacitaciones en perspectiva de género y seguridad digital, y mecanismos de denuncia más claros y accesibles.

Para FOPEA, avanzar en el estudio de estas violencias resulta fundamental para dimensionar la magnitud del fenómeno y promover políticas que garanticen condiciones de trabajo seguras y equitativas. El informe concluye que escuchar las experiencias de las periodistas y visibilizar estas problemáticas es un paso clave para fortalecer tanto la igualdad de género en los medios como la calidad democrática del sistema informativo.

CRM

En el marco del debate sobre la reforma laboral que impulsa el Gobierno, el Congreso también discutirá la derogación del Estatuto del Periodista Profesional y el desfinanciamiento de políticas públicas vinculadas a la cultura, como el cine nacional y los medios públicos. Se trata de aspectos incorporados al proyecto que exceden el plano estrictamente laboral y que generaron una fuerte reacción en el periodismo, los sindicatos y amplios sectores del ámbito cultural.

El artículo 193 de la iniciativa plantea la derogación del Estatuto del Periodista, el marco regulatorio que protege a la actividad y otorga una cobertura especial ante el despido arbitrario, como resguardo de la libertad de expresión. Frente a ese punto, más de tres mil periodistas, de una variedad inusual por su amplitud ideológica y los sectores representados, expresaron en una solicitada su rechazo total a la medida.

Fuentes oficiales señalaron que, en la mesa de negociaciones, existe la posibilidad de prorrogar por 180 días la vigencia del Estatuto, aunque sin garantías de continuidad. Por ese motivo, el reclamo persiste y el gremio de periodistas sostiene que la derogación debe ser rechazada de plano en el debate parlamentario.

Los sindicatos del sector denunciaron además que las cámaras de las grandes empresas de medios enviaron un documento a los senadores que no fue difundido públicamente, en el que “no realizan ni una sola propuesta de modernización sino que sólo buscan eliminar derechos, como la protección especial ante el despido arbitrario”. Desde las organizaciones gremiales afirmaron que están dispuestas a discutir una actualización del Estatuto en el ámbito del Congreso, pero con propuestas concretas y no con el objetivo de desguazar la norma vigente.

En la misma línea, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) advirtió “lo grave que sería derogar el Estatuto” y reclamó “un debate para actualizar la norma, no suprimirla”. Senadores de distintos bloques, incluso algunos que acompañan la reforma laboral, ya anticiparon que rechazarán ese artículo si el Gobierno insiste con su inclusión.

El capítulo de derogaciones del proyecto también alcanza a estatutos de otras actividades, como los de viajantes de comercio, peluqueros, choferes particulares y el del personal administrativo de empresas periodísticas.

En paralelo, sectores de la cultura expresaron su preocupación por el desfinanciamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y de los medios públicos nacionales (RTA), a partir de la supresión del capítulo V de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Los artículos 210 y 211 de la denominada ley de modernización eliminan los mecanismos de financiamiento de esos organismos, en un apartado que, según señalaron referentes del sector, no guarda relación directa con el debate sobre aspectos laborales.

Artistas como Jorge Marrale, Julieta Díaz y Tomás Fonzi, junto a directores de cine y teatro y sociedades de gestión como SAGAI, se pronunciaron públicamente para advertir sobre el impacto de esas medidas en la producción cultural y en el sistema de medios públicos.

El The Washington Post informó a su personal que puso en marcha un proceso de despidos masivos que recortó cerca de un tercio de su dotación total, incluidos más de 300 periodistas de una redacción que contaba con alrededor de 800 trabajadores. El ajuste afectó de forma directa la estabilidad laboral y las condiciones de trabajo de cientos de personas, en un contexto de caída de ingresos, pérdida de suscriptores y dificultades para sostener un modelo digital rentable.

La decisión fue comunicada el miércoles 4 de febrero de 2026 en reuniones internas encabezadas por el editor ejecutivo Matt Murray. Los despidos alcanzaron tanto a trabajadores de la redacción como a personal del área comercial y administrativa, y se concentraron especialmente en las secciones de deportes, cobertura local e internacional. Según detalló The New York Times, la empresa avanzó con recortes que representaron cerca del 30% de su personal total, incluyendo corresponsales en el exterior y editores con trayectoria en el diario.

En términos operativos, el Post cerró su sección de Deportes, redujo de manera significativa la cobertura metropolitana, eliminó el área dedicada a libros y dio de baja el pódcast diario Post Reports. Una parte de los periodistas deportivos fue reubicada en el área de reportajes, aunque sin precisiones sobre la continuidad de sus funciones ni garantías de estabilidad. La cobertura internacional también quedó severamente recortada: el medio mantuvo corresponsales en apenas una decena de destinos y despidió trabajadores en Medio Oriente, India y Australia.

La conducción del diario justificó el ajuste por las pérdidas acumuladas. Murray sostuvo ante el personal que la empresa “perdió demasiado dinero durante demasiado tiempo” y no logró responder a las necesidades de sus lectores, y explicó que el nuevo perfil editorial pondría el foco en política nacional, negocios y salud. En un correo posterior, reconoció que el diario seguía “anclado en una etapa anterior”, cuando dominaba el producto impreso local, y admitió que el tráfico proveniente de búsquedas en internet cayó casi a la mitad en los últimos tres años, en parte por el avance de la inteligencia artificial generativa.

El impacto laboral del anuncio fue inmediato. Las notificaciones de despido comenzaron a llegar por correo electrónico, y los propios periodistas se avisaron entre sí con mensajes breves: “Eliminado”, repetían. Peter Finn, entonces responsable de la sección internacional, pidió ser despedido para no participar del diseño del recorte, según confirmaron fuentes citadas por el New York Times. La secuencia dejó expuesto el costo humano del ajuste, en una redacción que había crecido de manera sostenida durante los primeros años de la gestión de Bezos.

El diario pertenece desde 2013 al empresario Jeff Bezos, fundador de Amazon y una de las personas más ricas del mundo. Según analizó el New York Times, los despidos evidenciaron que el magnate todavía no encontró un esquema sostenible para un medio digital de gran escala, pese a más de una década de inversiones. Durante los primeros años bajo su control, el Post expandió su redacción y su alcance, pero en los últimos tiempos perdió audiencia, suscriptores y peso en el ecosistema informativo.

La crisis se profundizó tras una serie de decisiones empresariales y editoriales. En 2023, Bezos contrató a Will Lewis para buscar un camino hacia la rentabilidad. Su gestión incluyó reorganizaciones internas, mayor incorporación de herramientas de inteligencia artificial y una nueva política que eliminó el respaldo editorial a candidaturas presidenciales. Esa definición bloqueó un editorial de apoyo a Kamala Harris antes de las elecciones de 2024 y derivó en la cancelación de cientos de miles de suscripciones, según admitieron fuentes del propio medio.

Desde una perspectiva laboral, el recorte implicó la pérdida de cientos de puestos calificados en una actividad ya atravesada por la precarización y el achicamiento de redacciones. La eliminación de corresponsalías y de coberturas locales redujo la diversidad informativa y concentró tareas en menos trabajadores. El propio Murray reconoció que la producción diaria de artículos disminuyó de manera sostenida en los últimos cinco años.

El ajuste del Post se inscribió en una tendencia más amplia de la industria de medios en Estados Unidos, marcada por la caída de la publicidad, el cambio en los hábitos de consumo y la dependencia de plataformas tecnológicas, con consecuencias directas sobre el empleo periodístico. En este caso, el impacto resultó especialmente significativo por el peso histórico del diario y su rol en investigaciones emblemáticas del periodismo estadounidense.

Hasta el momento, la empresa no informó ningún plan de reincorporación ni medidas de protección laboral para el personal despedido, y un vocero de Bezos no respondió a los pedidos de comentarios realizados por el New York Times. El recorte ya se ejecutó y redefinió de manera estructural el tamaño y el alcance de la redacción, mientras cientos de trabajadores quedaron fuera del diario sin certezas sobre su futuro inmediato.

JJD

El Washington Post está despidiendo a un tercio de su personal en la redacción y otros departamentos. El diario, propiedad del dueño de Amazon, Jeff Bezos, comenzó a aplicar los recortes este miércoles, incluyendo la eliminación de su sección de deportes y la reducción del número de periodistas que tiene en el exterior.

Los cambios fueron anunciados por el editor ejecutivo, Matt Murray, en una reunión por Zoom con el personal, informa Associated Press.

La reducción de personal representa un importante golpe para el Post, periódico que pasó a la historia por sus revelaciones sobre el caso Watergate.

La plantilla fue informada de que recibirían correos electrónicos anunciando si su puesto había sido eliminado o no. Un representante del Post confirmó que se despediría a un tercio del personal, sin especificar el número total de empleados del periódico, informa AP.

La sección de libros del diario se cerrará, y su sección de noticias del área de Washington y el personal de edición se reestructurarán, según informó Murray a los empleados. El podcast Post Reports será suspendido.

Murray reconoció que los recortes serán un golpe, pero afirmó que el objetivo es crear un Post que pueda crecer y prosperar de nuevo.

“El Washington Post está tomando hoy una serie de medidas difíciles pero decisivas para nuestro futuro, lo que representa una importante reestructuración en toda la empresa”, dijo un portavoz del Post en un comunicado: “Estas medidas están diseñadas para fortalecer nuestra posición y centrar nuestra atención en ofrecer el periodismo distintivo que diferencia al Post y, lo que es más importante, que atrae a nuestros lectores”.

Como empresa privada, el Post no revela el número de suscriptores que tiene, aunque se estima que ronda los 2 millones.

Estas medidas se esperaban desde hacía varias semanas, cuando se filtró la noticia de que el Post había comunicado a sus periodistas deportivos que tenían previsto cubrir los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia que no irían. Tras hacerse público, el Post dio marcha atrás y anunció que enviaría un equipo reducido.

Los problemas del Post contrastan con la situación de su competidor de siempre, The New York Times, que prosperó en los últimos años, en gran parte gracias a las inversiones en productos complementarios como su sitio web de juegos y las recomendaciones de Wirecutter.

El Times duplicó su plantilla en la última década.

En las últimas semanas, muchos empleados del Washington Post apelaron directamente al propietario del periódico, el multimillonario fundador de Amazon, Jeff Bezos. El periódico estuvo perdiendo suscriptores, en parte debido a decisiones tomadas por él, como retirar su apoyo a Kamala Harris, demócrata, durante las elecciones presidenciales de 2024 contra Trump, republicano, y reorientar las páginas de opinión hacia una línea más conservadora.

El sindicato de los empleados del Washington Post, el Washington Post Guild, hizo un llamamiento para que los lectores enviaran un mensaje a Bezos: “¡Ya basta! Sin el personal del Washington Post, no hay Washington Post”.

“Tras pagar 40 millones de dólares por la película de Melania, Bezos está despidiendo a cientos de periodistas del Washington Post que nos informan sobre hechos reales”, afirmó el congresista por Texas y líder del Progressive Caucus, Greg Casar: “Mientras tanto, convierte la redacción en una operación de defensa de los multimillonarios. Con demasiada frecuencia, los multimillonarios que controlan nuestros principales medios de comunicación traicionan a nuestro país”.

Trabajadores y trabajadoras de prensa, junto a legisladores nacionales de distintos bloques opositores, rechazaron este miércoles la derogación del Estatuto del Periodista Profesional incluida en el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno. La protesta se realizó frente al Congreso de la Nación, en el marco de una conferencia de prensa convocada por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN).

La actividad tuvo como eje el rechazo al artículo 193 de la denominada “Ley de modernización laboral”, que propone eliminar una de las principales conquistas históricas del gremio periodístico. El reclamo estuvo respaldado por una solicitada firmada por más de 3.000 periodistas de todo el país, difundida en medios nacionales y provinciales, que expresa el estado de alerta del sector ante un avance que consideran una profundización de la precarización laboral.

Del encuentro participaron los senadores nacionales del bloque Justicialista José Mayans, Florencia López, Mariano Recalde y María Teresa González, así como los diputados del Frente de Izquierda Romina del Plá, Néstor Pitrola y Myriam Bregman, además de Gabriel Solano y Vanina Biasi. También acompañaron numerosos referentes del periodismo, entre ellos Alejandro Bercovich, Mariano Obarrio, David Cayón, Silvia Mercado, Claudia Acuña y Nancy Pazos.

Durante la conferencia, Nancy Pazos realizó una enfática defensa del Estatuto del Periodista y cuestionó con dureza al Gobierno nacional. “Estamos frente a un régimen”, sostuvo, y advirtió que el propio presidente Javier Milei “se está acercando a situaciones que incomodan incluso a quienes lo quieren defender”. Al mismo tiempo, remarcó que el gremio no se opone al debate: “No somos necios. Estamos dispuestos a dialogar y a acompañar procesos que fortalezcan la democracia, no que la debiliten”.

En ese sentido, recordó el origen del Estatuto del Periodista y su relación con la transformación de los medios en empresas comerciales. “Cuando los medios pasaron a ser negocios, la libertad que había que garantizar era la del trabajador. Somos los periodistas quienes aseguramos la pluralidad de opiniones”, afirmó.

El secretario general de SiPreBA, Agustín Lecchi, señaló que el gremio rechaza de manera integral la reforma laboral, pero subrayó especialmente la preocupación por la eliminación del estatuto. Indicó que más de 3.000 periodistas firmaron la solicitada leída durante el acto y adelantó que mantendrían reuniones con distintos bloques legislativos, entre ellos el radicalismo del Senado y representantes provinciales.

Desde el escenario también tomaron la palabra Alejandro Bercovich, quien destacó el amplio respaldo que recibió la iniciativa: “La solicitada lleva la firma de colegas de un espectro político e ideológico muy diverso. Eso muestra hasta qué punto está en juego la libertad de expresión si se deroga el Estatuto del Periodista”. En la misma línea, el secretario gremial de SiPreBA, David Barresi, se preguntó: “¿Qué tipo de democracia se imaginan con periodistas que no puedan ejercer su profesión con derechos?”.

Edgardo Carmona, secretario general del Sindicato de Prensa de Rosario, sostuvo que el rol del periodismo es central para la vida democrática: “No somos dueños de la información, somos un vehículo para que la sociedad sepa lo que pasa, incluso aquello que muchas patronales intentan ocultar”.

Los legisladores del Frente de Izquierda coincidieron en vincular la ofensiva contra el estatuto con una política más amplia del Gobierno. Vanina Biasi afirmó que la eliminación del régimen laboral específico del periodismo responde a un compromiso con los empresarios del sector, mientras que Néstor Pitrola advirtió que “atacar la estabilidad de quienes informan es atacar directamente la libertad de expresión y el derecho de la población a estar informada”.

La conferencia, realizada bajo un inusual operativo policial, dejó planteado que el rechazo a la derogación del Estatuto del Periodista no es un reclamo sectorial, sino una advertencia sobre el impacto que la reforma laboral tendría en el ejercicio del derecho a la información y en la calidad de la democracia.

Lo que comenzó con unos cálculos “a ojo” en un “papelito” durante una asamblea de trabajadores –en la que se anunció el despido colectivo y el cierre de la empresa que publicaba más de una decena de revistas–, se convirtió en un movimiento de resistencia sin precedentes en el periodismo portugués. Una iniciativa que recaudó más de 200.000 euros en nueve días. Hoy, un grupo de periodistas intenta mantener a flote la popular revista Visão con un objetivo en el horizonte: crear un proyecto sostenible y financiado por quienes lo leen.

Entre estos resistentes está Margarida Davim, que explica a elDiario.es que la decisión de luchar por la revista surgió en un momento crítico. “Hablé con el director [Rui Tavares Guedes] y le pregunté: '¿Qué te parece si llamo a un abogado y le pido ayuda para intentar frenar la liquidación de la revista en los tribunales?”.

Tras la pandemia, la caída de las ventas en quioscos, la disminución de la publicidad y el aumento del costo del papel llevaron al extremo la situación de Trust in News, la empresa propietaria de Visão, que fue acumulando deudas imposibles de pagar, en una espiral que se agravó con los salarios atrasados y la incapacidad de pagar a los proveedores. La empresa dejó de poder enviar las revistas por correo a los suscriptores y fue haciendo recortes, pero todo ello fue insuficiente y, en julio del año pasado, un tribunal decretó el cierre de las revistas y la liquidación de los activos que quedaban.

Al rescate de una revista histórica

Actualmente, solo 12 periodistas producen la publicación, sin personal administrativo ni comercial en el grupo. Lo hacen a pesar de los salarios atrasados, trabajando exclusivamente desde casa desde que fueron desalojados de las instalaciones de la revista a finales de julio de 2025. Entre reuniones a distancia y mucha perseverancia, lograron mantener Visão en los quioscos gracias a una autorización judicial especial que les dio esperanzas de otro desenlace para la revista. 

Debido a la insolvencia de la empresa que tenía los derechos de publicación de más de una docena de revistas, el cese de la actividad y la venta de activos era un requisito judicial para que los acreedores de la empresa pudieran recuperar parte del dinero que el grupo Visão les debía. El antiguo accionista intentó recuperar la compañía, pero el plan fue rechazado por la Justicia porque se consideró inviable. Para evitar un largo período de espera en los tribunales hasta que se resolviera la liquidación de la empresa y la venta de los títulos en subasta, a algunos de los periodistas que trabajaban en la revista se les ocurrió proponer la continuación de la publicación de Visão.

El objetivo de seguir publicándola era evitar que el histórico título de la prensa portuguesa, que saca una revista semanal desde 1993, perdiera su valor. Cada uno desde su casa hacen una revista que nunca dejó de salir a los quioscos y que ahora vende más que antes de la crisis que afectó a la empresa. Aunque no tiene cifras exactas, Davim habla de unas ventas de “alrededor de 10.000 ejemplares por edición”, un éxito para el panorama mediático portugués.

Después de garantizar que la revista nunca dejara de publicarse, aún faltaban las condiciones para iniciar la nueva fase del proyecto: una estructura que permitiera empezar de nuevo, sin deudas y con la garantía de que la revista Visão pudiera seguir siendo elaborada por los periodistas que ayudaron a construir ese medio de comunicación.

A través de una campaña de crowdfunding lanzada este mes de enero, la docena de periodistas pidió a los lectores que no “cerraran los ojos”. El objetivo era recaudar 200.000 euros, suficientes para cubrir los gastos de los primeros meses, comprar material informático y licencias, garantizar la impresión y adquirir el título en la subasta que aún debe celebrar el tribunal. Este grupo de periodistas ya recaudó unos 250.000 euros, procedentes de casi 6.000 donaciones. 

Nadie asegura que no vayan a aparecer más interesados en comprar Visão —incluso puede aparecer alguien que pague más y que no tenga ningún interés en seguir publicándola—, pero con la campaña intentan asegurarse de que cuentan con el dinero suficiente para garantizarse que los derechos de publicación de la revista sigan en manos de los periodistas que la hacen cada semana.

Un modelo financiado por quienes lo leen

El equipo que mantiene viva Visão quiere que su nueva estructura pase por una sociedad de periodistas, creada desde cero y blindada contra los intereses externos de los propietarios de los grandes grupos empresariales y mediáticos del país. Margarida Davim subraya que el proyecto que idearon es financieramente sostenible, respaldado por un plan de negocio a 10 años diseñado con la ayuda de expertos financieros. El objetivo es crecer, contratar a más periodistas, hacer más reportajes y volver a publicar algunas de las revistas que tuvieron que dejar de existir, como Visão Júnior, la única revista de información en Portugal dirigida al público juvenil. Todo ello sin renunciar a la edición en papel.

La publicación puede estar a la venta, pero el equipo que la elabora no está y los lectores tampoco

Margarida Davim — Periodista de 'Visão'

“El título debe pertenecer a los periodistas y, sobre todo, blindar la cuestión editorial y la cuestión de la dirección”, dice Margarida Davim, quien remarca que el grupo no acepta la participación de “capitalistas con agendas ocultas”.

El futuro de la revista depende ahora de una subasta por carta cerrada que solo se llevará a cabo tras una evaluación oficial de los títulos. Este proceso de evaluación está en curso y, según Davim, “deberá tardar entre un mes y un mes y medio”. Hasta ese momento, el crowdfunding continúa, lo que mantiene al grupo con la esperanza de conseguir conservar el derecho a publicarla. Sobre todo porque, como recuerda Margarida Davim, “la publicación puede estar a la venta, pero el equipo que la elabora no está y los lectores tampoco”. 

La periodista explica que la estrategia está “inspirada en modelos como Le Monde, The Guardian o elDiario.es” y consiste en recuperar la relación con los miles de suscriptores y demostrar que el periodismo especializado y de profundidad, “especialmente en papel”, sigue teniendo un papel fundamental en la democracia. En Portugal solo hay dos revistas semanales de actualidad. Sin Visão, el país perdería otro título histórico en una agonía que ha reducido al mínimo el sector de la prensa.

La precariedad laboral, la proliferación de fake news y la escasa accesibilidad a los datos son los tres principales problemas que enfrentan hoy los periodistas ambientales, explica en una entrevista con EFE la presidenta de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA), María García de la Fuente.

La asociación que nuclea a profesionales españoles y que cumplió recientemente sus 30 años de vida, reúne a periodistas especializados en un sector en el que “ya no somos sólo los que hablamos de bichos o de catástrofes, sino de muchísimos temas: agua, energía, reciclaje, movilidad…”, un cambio a mejor que se produjo a raíz de la COP25.

La cumbre climática organizada en Madrid en diciembre de 2019 certificó “la transversalidad de este tipo de informaciones” y además “nos proporcionó un reconocimiento de la propia profesión periodística”, resume.

Problemas

García de la Fuente señala la precariedad “tanto de recursos como de salarios” como el principal problema no sólo en esta especialización sino en el periodismo en general, porque “no podemos cubrir tres temas al día y hacer compatible eso con un periodismo de calidad”.

Otro desafío son las fake news y la desinformación, que “marcan muchas veces la agenda” porque

“desvían la atención del público, desgastan al profesional y quitan mucho tiempo” a la hora de desmentir noticias falsas o sesgadas.

Respecto a la escasa accesibilidad a los datos, señala que “hay mucha información, pero no suele estar disponible de manera coherente”, por lo que es necesario emplear tiempo para interpretarla y eso “escasea en una profesión como ésta”.

Luego hay otros problemas, como las amenazas personales a periodistas “que se ven forzados a ser también activistas”, sobre todo en algunos países americanos y africanos donde “lamentablemente a veces pagan su trabajo con su vida”.

Especialización y fuentes

La asociación que preside García de la Fuente nació en noviembre de 1994 cuando una treintena de periodistas que trabajaban en distintos medios “de una manera muy solitaria” sintieron “la necesidad de reivindicar su especialización y que ésta alcanzara no sólo las redacciones sino también las universidades”.

La apuesta por la especialización y la mejora de contactos con las fuentes son los dos pilares en los que sigue basándose esta asociación, que organiza un congreso nacional bianual y distintos cursos como el seminario especializado que este año se desarrollará en Córdoba o la séptima edición de su escuela de comunicación ambiental en la Universidad del País Vasco.

En cuanto a las fuentes, “muchas empresas y organizaciones” cuentan ya con periodistas especializados en temas ambientales y “eso es bueno porque crea empleo y porque tienes información de gente que sabe de lo que está hablando”, pero “lo malo es que ahora existe un exceso de información porque se cuenta absolutamente todo” y es preciso seleccionar mucho más.

En este panorama irrumpe también la polarización política “que hemos detectado especialmente en lo relacionado con el cambio climático, donde el sesgo diferencia a los partidos según ideologías” pero “somos un servicio público y debemos contar con la ciencia”, que “construye hipótesis aunque se basa en hechos y trabaja con certezas”.

2026 traerá…

Esperanza ante lo que vendrá

García de la Fuente espera que 2026 “traerá cosas buenas, sobre todo en temas de calidad del aire, y espero también que la próxima cumbre de cambio climático -COP31, en Turquía- tome fuerza”, además de apostar por un refuerzo de las políticas ambientales en Iberoamérica y China.

“Lo malo es que seguiremos teniendo políticos que no creen que cuidar el medioambiente es bueno para la salud y la economía”, pero en su opinión sería posible cambiar la opinión de algunos líderes como el presidente de EEUU, Donald Tump, “si ve que invertir en el sector es rentable”.

En cuanto a España, revertir las actuales políticas “no tendría sentido porque ya hay resultados positivos”, pero ha indicado que “necesitamos alcaldes y presidentes autonómicos valientes para proteger a las personas y los entornos naturales conjuntamente”.

EFE

Más de 300 periodistas permanecieron entre rejas en todo el mundo al cierre de 2025, en un contexto de “creciente autoritarismo y conflictos armados”, según el informe anual del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), que sitúa a China, Birmania e Israel como los países que más reporteros encarcelan, seguidos de Rusia, Bielorrusia y Azerbaiyán.

El estudio documenta un total de 330 periodistas privados de libertad por motivos relacionados con su trabajo informativo, la tercera cifra más alta desde que CPJ comenzó a llevar registros en 1992 y solo por debajo del récord de 384 en 2024.

Más de un tercio de los periodistas encarcelados llevan más de cinco años en prisión y casi la mitad no han sido sentenciados, mientras que el 26% ha permanecido detenido durante cinco años o más “sin juicio, en violación del derecho internacional, que exige procesos justos sin demoras indebidas”, según la organización.

Casos emblemáticos de periodistas detenidos

El informe subraya que al 61% de los periodistas encarcelados en 2025 se los acusó de delitos considerados contra el Estado, entre ellos terrorismo, espionaje o recepción de fondos extranjeros, una tendencia que afecta sobre todo a quienes cubren información política.

CPJ advierte además de que la labor periodística crítica se trata en numerosos países como una amenaza a la seguridad nacional y que utilizan “marcos legales ambiguos para silenciar voces independientes”, lo que contribuye a “la erosión de la democracia y a la falta de rendición de cuentas”.

Entre los casos emblemáticos citados figura el del periodista chino Dong Yuyu, condenado a siete años de cárcel por espionaje y con contacto muy limitado con su familia durante casi cuatro años, o el de la reportera palestina Farah Abu Ayash, que permanece detenida en Israel sin cargos formales y que ha denunciado aislamiento prolongado y abusos físicos y médicos, según la organización.

En Etiopía, la periodista Genet Asmamaw enfrenta cargos de terrorismo tras cubrir el conflicto en la región de Amhara, mientras que en Rusia la reportera Anastasiya Glukhovska permanece encarcelada desde 2023 en la región ocupada de Zaporizhzhia sin información clara sobre los cargos en su contra.

Asia concentra un tercio de los periodistas encarcelados

Por regiones, Asia concentra el mayor número de periodistas encarcelados, con 110, encabezados por China, Birmania y Vietnam.

Europa y Asia Central suman 96, con Rusia, Bielorrusia y Azerbaiyán a la cabeza, mientras que Oriente Medio y el norte de África suman 76 periodistas presos, principalmente palestinos detenidos por Israel y reporteros encarcelados en Egipto, según CPJ.

África contabiliza 42 periodistas tras las rejas, incluidos 16 en Eritrea y cinco en Etiopía, mientras que América es la región con menos casos, seis, aunque CPJ alerta de persecución política en países como Venezuela, Guatemala y Nicaragua.

Al margen, CPJ asegura que “casi un tercio de los periodistas encarcelados denunció maltrato” y que un 20 % informó haber sufrido “torturas o palizas”, con “Irán, Israel y Egipto entre los países con más denuncias históricas de abusos”.

“Estos incluyen aislamiento prolongado, privación de alimentos y atención médica, violencia física y psicológica y amenazas de muerte”, afirma la organización, que enfatiza que las cifras siguen siendo “persistentemente altas” y que representan una grave amenaza para el derecho de la sociedad a estar informada.

EFE

El periodismo deportivo argentino perdió este sábado a una de sus voces más emblemáticas. Guillermo Salatino murió a los 80 años tras sufrir un paro cardíaco, horas antes de someterse a una intervención quirúrgica de cadera que tenía prevista.

La noticia sacudió de inmediato al ambiente del tenis, disciplina a la que dedicó gran parte de su vida profesional y desde la cual dejó una huella profunda e indeleble.

Guillermo Salatino fue mucho más que un cronista especializado: fue testigo privilegiado de generaciones enteras de tenistas argentinos, a quienes acompañó desde los inicios hasta los grandes escenarios del circuito internacional. Su mirada experta, su estilo directo y su capacidad para explicar el juego lo convirtieron en una referencia obligada durante décadas.

Aunque en 2022 dejó de viajar a los torneos por recomendación médica —tras su última cobertura presencial en Wimbledon—, nunca se alejó del tenis. Continuó opinando, analizando y marcando agenda con la misma pasión de siempre. De hecho, su despedida de las grandes coberturas llegó recién este año, con las finales de la Copa Davis 2025 en Bologna, donde volvió a demostrar su vigencia y compromiso con la profesión.

Con la franqueza que lo caracterizaba, había hablado públicamente de sus problemas de salud: múltiples stents, EPOC y dificultades de movilidad que lo obligaron a bajar el ritmo de una vida marcada por jornadas extenuantes en los principales torneos del mundo.

En los últimos días, Salatino se encontraba de vacaciones junto a su familia, a la espera de una operación programada que había mencionado incluso en sus intervenciones previas al Australian Open. Su fallecimiento, inesperado, provocó una inmediata ola de mensajes de despedida y reconocimiento en redes sociales, tanto de colegas como de deportistas y fanáticos.

El gobierno de Nicolás Maduro deportó de Venezuela al equipo periodístico de C5N, compuesto por los periodistas Adrián Salonia y Nicolás Munafó y el camarógrafo Fabián Solís. El hecho se conoció a partir del relato de Salonia, quien describió el momento como de “mucha tensión”.

En una historia de Instagram, relató cómo ocurrieron los hechos: “Llegamos al aeropuerto internacional Simón Bolívar, de Caracas, ayer a las 2 am (hora local). En Migraciones nos pidieron la documentación correspondiente y allí esperamos durante dos horas, en las que nos sacaron fotos, nos hicieron decenas de preguntas y registraron todo”.

Enseguida comentó que “la Policía de Migraciones nos comunicó que no teníamos admitido el ingreso y nos condujeron a un pasillo y de ahí rápidamente a la manga del avión”.

“Sí, fuimos expulsados sin ninguna explicación. El destino, Bolivia, y acá estamos, esperando el regreso a Buenos Aires”, cerró.

La Expulsión “Sin Explicación”

El equipo fue demorado durante dos horas en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Caracas, donde el personal de Migraciones les retuvo la documentación y les comunicó la expulsión:

El destino inmediato del equipo fue Bolivia, y se encuentran allí esperando el regreso a Buenos Aires. Por el momento, el equipo no tiene sus pasaportes y les comunicaron que los podrán recuperar recién cuando ingresen a la Argentina.

Con información de la agencia NA

Representantes de Aministía Internacional de Argentina; el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA); la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expusieron datos sobre los ataques a la libertad de expresión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero el Gobierno minimizó esos cuestionamiemtos.

Los referentes de Derechos Humanos calificaron de “alarmante” el panorama para la prensa y ante las condiciones en las que trabajan los periodistas y los medios de comunicación, que sufren, señalaron, una situación de “hostigamiento y deslegitimación” desde la gestión del presidente Javier Milei que invita, de forma constante, a “odiar a los periodistas”.

El Gobierno estuvo representado en la audiencia virtual por el subsecretario de Derechos Humanos, Julio Baños, que negó la existencia de una política de desprestigio a pesar de que el propio presidente, desde sus redes sociales, manifieste que “la peor cloaca del universo está en los medios”, que son una “basura mentirosa” y que son “sicarios con credencial de supuestos periodistas”.

El monitoreo de libertad de expresión de FOPEA arrojó que en 2024 se registraron “179 casos de ataques al ejercicio periodístico y un aumento del 53%” respecto a 2023. “El Presidente encabeza la mayor parte de los agravios. Es responsable de 113 de los 250 casos registrados hasta noviembre del 2025″, sostuvo Paula Moreno, presidenta de la asociación.

Por su parte, Hugo Alconada Mon, periodista de La Nación y miembro de FOPEA, detalló cómo fueron los intentos de hackeo a sus redes sociales, las amenazas en su teléfono celular y sus cuentas financieras, además de la registración de su identidad en páginas pornográficas luego de haber investigado el plan de inteligencia del Gobierno que habilitaba la posibilidad de espionaje ilegal sobre opositores y periodistas.

Amnistía señaló que durante 2024 y lo que va del 2025 alrededor de 300 trabajadores de prensa “resultaron heridos” con “lesiones oculares, heridas en el rostro e impactos de balas en el cuerpo”. “Su trabajo en el contexto de las manifestaciones sociales es clave, ya que las imágenes, filmaciones y fotografías funcionan como un control externo del Estado. Pero el Gobierno no quiere que su accionar quede registrado, y lo resuelve apuntando a periodistas en la calle”, denunció Paola García Rey, directora adjunta de la ONG en nuestro país.

En representación del SiPreBA, secretario adjunto electo del gremio y el periodista de Clarín, Francisco Rabini, recordó las agresiones digitales y mediáticas a través de la confección de fake news realizadas con inteligencia artificial hacia la periodista y directora de la emisora Futurock, Julia Mengolini, quien estaba allí presente; los golpes que recibió por parte de un ciudadano el director de El Destape, Roberto Navarro, y el impacto del misil de gas lacrimógeno que impactó en la cabeza del fotógrafo independiente Pablo Grillo, que aún continúa en tratamiento.

El fotoperiodista de ARGRA Tomás Cuesta relató las consecuencias de lo que implica hoy cubrir una manifestación en Argentina porque, dijo, “hace dos años” los trabajadores de prensa “normalizamos equiparnos como si fuéramos a una zona de guerra” con casco, máscara de gas y gafas protectoras. “Nos mantenemos en contacto y atentos a ver si todos volvimos bien. No porque las manifestaciones sean más violentas, sino porque la Policía lo es, y porque en muchos casos la prensa se convirtió en un blanco”, remarcó.

Por último, el CELS recordó que el Protoclo Antipiquetes, impulsado y aplicado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue cuestionado no solo por la CIDH sino por otros “nueve relatores de la Organización de las Naciones Unidas” e hizo entrega a las autoridades de la comisión de una carta escrita por la mamá de Grillo.

La CIDH se solidarizó con Mengolini, quien también contó “la campaña de difamación y violencia digital sin precedentes” que el Estado Nacional montó en su contra. “Se usó inteligencia artificial para crear imágenes y videos falsos de contenido sexual sobre mí”, agregó.

La secretaria ejecutiva de la Comisión, Tania Reneaum Panzi, señaló que en nuestro país existe efectivamente “un contexto de amenazas y criminalización” a los periodistas y a activistas de derechos humanos, y prometió realizar una visita a la Argentina luego de la solicitud por parte de los miembros presentes.

El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, se sumó a las palabras de Panzi y manifestó que cuando un gobernante se dirige a la prensa “lo hace desde una posición de poder” y “puede tener impactos”.

“La voz de una autoridad no es una voz cualquiera. El sistema interamericano aspira a que la voz de toda autoridad no contribuya a la generación de riesgos para otras personas”, concluyó.

Con información de la agencia NA