Una cena en un restaurante porteño sirvió de escenario para un diálogo de alto voltaje político para la descarnada interna del PRO. El menú fueron ñoquis con estofado, regados de buen vino. Uno de los comensales estaba decidido en sus intenciones, el otro pensó que se trataba de una comida de rutina. Quien invitó la cena –aunque la cuenta se pagó a medias– hizo varios circunloquios, pero al fin el mensaje fue sin rodeos: le pidió a su interlocutor que Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta unifiquen la candidatura a presidente. El influyente operador halcón de paladar negro no esperaba esa exigencia de quien considera un “amigo”. Era la tercera vez que le hacían el mismo apriete en pocas semanas. Como en las anteriores, la rechazó rotundamente.

“No fue una misión de paz. Hay un intento de un operativo que es, ante la duda, salvemos la nuestra. A mi me vinieron a hablar y me pidieron que vayamos con listas de unidad”, afirmó a elDiarioAR el involucrado en la escena que ocurrió semanas atrás. Un botón de muestra de que el enfriamiento de la marca Juntos por el Cambio en las encuestas está tensando los nervios a importantes sectores de poder que juegan en las sombras de la oposición. 

El movimiento de los “cascos blancos” –como irónicamente bautizó una segunda fuente cambiemita que confirmó el operativo– nació al calor de la división en el partido amarillo entre sus dos presidencibales y, claro está, por el repentino ascenso de Javier Milei. “De la nada y de manera coordinada aparecieron tres diciendome que tenemos que desactivar la interna, que Milei estaba creciendo”, abundó la primera fuente. Ese temor está argumentado en que las PASO podría ubicar al libertario como el postulante nominal más votado, por fuera de las dos coaliciones principales.

Con la crisis inflacionaria que no logra controlar el gobierno del Frente de Todos y sin la candidatura –ahora definitiva– de Cristina Fernández de Kirchner, en Juntos por el Cambio no entra la idea de perder las próximas elecciones. Pero la conclusión de una victoria asegurada pasó de luminosa a brumosa.

Por eso el lunes pasado Larreta y Bullrich firmaron un pacto electoral. Quisieron mostrar ante el público un entendimiento que en los hechos está lejos de concretarse. Semanas antes hubo un primer ensayo: la cúpula del PRO fotografió la unidad con una reunión en la casa del ex ministro Jorge Triaca en San Isidro. Sonrieron los postulantes junto a Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y otros dirigentes amarillos de segunda línea.

Entre los “cascos blancos” hay dirigentes de distintos colores políticos, pero sobre todo de los partidos aliados al PRO en JxC. Tributan en el radicalismo y el peronismo disidente. Los nombres de la UCR que se mencionaron ante elDiarioAR fueron los del binguero Daniel Angelici, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, y el histórico referente Enrique “Coti” Nosiglia. De extracción peronista actúa Emilio Monzó, de larga expertise en la “rosca” política.

“Los cascos blancos están operando para que no se vaya todo a la mierda”, aseguró sin medias tintas una voz en el radicalismo con conocimiento de causa. Por el despliegue de las campañas que están teniendo Larreta y Bullrich, a medida que se acerca el cierre de listas parece cada vez más alejada la posibilidad de que haya unificación de candidaturas. 

El “Tano” Angelici

Angelici y Nosiglia son dirigentes que sostienen la candidatura de Martín Lousteau en la Capital Federal como retador del macrismo. El 13 de marzo el senador asistió a la inauguración del Instituto Democracia, una escuela política que abrió el ex presidente de Boca. “El Tano no es un monje negro”, dijo una voz legislativa de Evolución para echar por tierra las acusaciones sobre sus supuestos vínculos con la Justicia. “Tiene peso y estructura propia, y es un dirigente importante del radicalismo”, ponderó un vocero.

La sombra de Angelici está directamente relacionada con el futuro de CABA, porque la pieza de Lousteau es clave en el armado federal que necesita Larreta: a cambio de garantizar una elección “equitativa” busca profundizar su alianza subterránea con la UCR nacional, que dirige el jujeño Gerardo Morales. 

Por eso el jefe de Gobierno decidió que las elecciones locales sean concurrentes –con voto electrónico, aunque el mismo día que las nacionales– y nunca ungió a un candidato amarillo propio. Ganó con la estrategia de las encuestas la salida elegante para no tener que levantarle él la mano al postulante que terminará llevando el PRO: Jorge Macri, primo del ex presidente.

En la rosca por la unidad también se involucró el correntino Valdés, que llegó a levantar el teléfono para hablar a Buenos Aires. Le exigió a Larreta, Bullrich y Macri que intenten bajar la espuma. “Che, no podemos hacer lo que estamos haciendo”, fue el comentario que recogió elDiarioAR. 

En clave de mensaje el mandatario provincial armó una foto política: invitó en abril a Corrientes a la mesa ejecutiva de la Coalición Cívica. “Tenemos que dejar de lado las peleas para proponerles un futuro a los argentinos”, propusieron entonces a través de un comunicado.

La rosca de Monzó

El perfil de Monzó creció también en el mismo sentido en los últimos días. Infobae publicó que el ex presidente de la Cámara de Diputados se reunió con Macri a principios de mayo para tender puentes internos. Hacía cinco años que no dialogaban. 

“Tenemos que reeditar el armado de 2015”, recogió La Nación en boca del diputado, quien jugaría en tándem con el radical Ernesto Sanz, uno de los sparrings que tuvo Macri para encaminarse a su victoria electoral. Entonces también estuvo en la primaria Elisa Carrió, que hoy tiene un acuerdo con Morales, encadenado a la suerte de Larreta. El escenario opositor está lejos de simular al de ocho años atrás: no hay uno, sino dos los cambiemitas con chances de llegar a la Rosada. Y ninguno parece estar dispuesto a sacar los pies del plato. 

Aunque no lo diga, Monzó construye para Bullrich. Fue parte de la foto con los radicales disidentes del “grupo Malbec” en la Vendimia mendocina –allí también posó Valdés–. Además puso a Sebastián García De Luca como jefe de campaña de la ex ministra en el territorio bonaerense. “Ellos quieren que haya candidato único”, aportó una fuente que conoce el paño. Detrás sostienen esa bandera los intendentes opositores desparramos por la provincia, que los hay más radicales que macristas. No quieren exponer su pago chico a una primaria arriba de ellos.

Pero sus intenciones chocaron esta semana con el tercer punto del contrato electoral que firmaron Bullrich y Larreta. Allí se leyó: “En la provincia de Buenos Aires, cada precandidato a presidente del PRO tendrá su propio precandidato a gobernador, por lo que habrá PASO en esta categoría”. 

Larreta rechazó “prestarle” a su rival Diego Santilli, hoy el opositor favorito. El jueves la ex ministra terminó de ungir a Néstor Grindetti por sobre Javier Iguacel, Joaquín de la Torre y –aunque es un vidalista– Cristian Ritondo. “Horacio arrugó. No quiso que el Colo unifique porque sino era su fin”, sentenció un armador halcón.

Halcones y palomas, a los picotazos

Además de la preocupación por una hipotética derrota, lo que revela el operativo “cascos blancos” es ese pliegue en el que se juega la política decisiva. Antes de las urnas, todo puede cocinarse en una cena entre ñoquis y vino. Lo ideológico tiene su componente, pero la búsqueda del poder amalgama cualquier discusión. Ya lo dijo una diputada opositora del bando larretista en un comentario en off publicado días atrás: “La pregunta que tenemos que hacernos es si realmente queremos que Juntos por el Cambio gane las elecciones o no”. 

“Hay una diferencia entre los que quieren ganar y ganar, y otros que se preguntan para qué quieren ganar. Nosotros queremos esto para que la cosa funcione”, se convenció la fuente que fue arrinconada en la cena. Su tesis es que sus rivales internos no tienen el mismo objetivo de llegar a la Rosada. Abundó: “En el fondo se está discutiendo entre halcones y palomas. Hay un prejuicio de que los halcones tenemos un bajo instinto de supervivencia, pero no nos importa demasiado si ganamos o perdemos. Queremos cambiar esto porque tenemos los huevos llenos. En cambio, las palomas tienen un nivel de supervivencia a toda costa. Entonces especulan… ¿y si Milei crece de verdad? ¿Y si vuelve Cristina? ¿Y si perdemos la provincia y las intendencia?”.

Aunque parezcan especímenes muy distintos, los nidos no son nítidos. Por poner algunos ejemplos: el secretario de Asuntos Públicos porteño, Waldo Wolff, es un halcón que trabaja para la presidencial de Larreta pero hace campaña en la Ciudad para el primo Macri. De la Torre fue fundador del massista Frente Renovador y llegó a su actual banca de senador bonaerense por la lista de Facundo Manes. García de Luca militó en el PRO y orbitó también a Margarita Stolbizer. No hay pureza cuando se trata del poder y la política.

Pese al intento de los “cascos blancos”, hoy no hay quién aventure que Larrera y Bullrich se bajarán de las PASO. El resultado es incierto; el choque, inevitable. Quedó reflejado en el modo de digerir las derrotas de las elecciones provinciales de los dos domingos pasados –salvo el triunfo previsible de la UCR en Jujuy–.

“En todos los lugares donde Larreta jugó a dividir perdimos feo”, se quejaron en el búnker de Bullrich. El emblemático caso más reciente fue el de Tierra del Fuego, donde los opositores quedaron detrás incluso que los votos en blanco. JxC se rompió entre el larretista Héctor Stefani y el radical Pablo Blanco –que tuvo el apoyo de Bullrich–. La ex ministra viajó a la isla y le pegó al jefe de gobierno donde más le duele: se mostró con una estatua de René Favaloro. A Larrera también le facturan el salto del cordobés Javier Pretto, de titular del PRO local a candidato a viceintendente por el peronismo de Juan Schiaretti.

En la vereda de enfrente retrucan con la victoria de Susana Laciar en la capital de San Juan. “El Pelado le ganó a Patricia”, aseguraron. Otro poroto a su favor fue en La Pampa, donde el radical de Martín Berhongaray sacó 42 puntos y quedó apenas tres del peronista Sergio Ziliotto. El diputado de Evolución ahora va a hacer campaña nacional por Larreta. 

La película que hasta ahora transmitieron las urnas de las provincias revela también el déficit estructural del PRO a nivel país. Sigue siendo una fuerza metropolitana. Apalancados por la vidriera que da Buenos Aires sus dirigentes son los más taquilleros a nivel nacional, pero la estructura federal la ostenta la UCR. Por eso Larreta juega todas sus fichas ahí. Incluso a costa de abrir una grieta con sus correligionarios amarillos. Habrá que esperar para conocer el resultado de su apuesta. Por ahora, la interna está a la luz del día. La operación de los “cascos blancos”, en las sombras.

MC/MG

Los chats supuestamente obtenidos mediante el hackeo al teléfono celular del ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, incluyen una conversación con el empresario del juego Daniel Angelici, ex presidente del club Boca Juniors y ex vice de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), y una conversación con otro contacto sobre un ofrecimiento de dinero. Así consta en las publicaciones realizadas en un foro que puso a la venta el contenido del teléfono de D’Alessandro por 600 dólares y que está bajo investigación judicial. 

El ministro porteño denunció que su línea de teléfono fue hackeada el 19 de octubre último. Casi un mes y medio después, el o los hackers anunciaron la venta del contenido de los chats de Telegram del funcionario porteño por un valor de 600 dólares, de acuerdo con la publicación en un foro en internet en el que suelen realizar este tipo de publicaciones, como informó elDiarioAR este jueves. 

Un usuario creó la publicación para vender el contenido el 1° de septiembre a las 23 horas. “Estoy vendiendo la data completa exportada de Telegram del teléfono del ministro argentino +500MB $600 (nota de la redacción: dólares). Only BTC o Monero” (en referencia a las criptomonedas), publicó en idioma inglés, con una captura de la información del Telegram de D’Alessandro: “908 chats, 4.099 contactos, 24 frecuentes”.

Ante el pedido de distintos usuarios que solicitaban “pruebas de vida” del contenido hackeado, el usuario en poder del material publicó capturas de tres conversaciones de Telegram: la ya conocida sobre el caso Lago Escondido, que involucra a jueces federales, ejecutivos de Clarín y funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires; una comunicación entre D’Alessandro y Angelici; y un supuesto tercer chat entre el funcionario porteño y un contacto agendado como “Fede”. “Estos supuestos chats fueron obtenidos mediante un espionaje ilegal”, afirmó D’Alessandro a elDiarioAR el miércoles por la noche.

Allegados al ministro de Seguridad porteño aseguraron que los chats publicados por el usuario el 2 de diciembre último estarían editados y no coinciden con conversaciones que D’Alessandro haya mantenido con sus contactos. Además, afirmaron que el funcionario utiliza la aplicación Whatsapp para comunicarse y que las supuestas conversaciones filtradas como “pruebas de vida” son un “montaje” y una “operación de inteligencia”.

Sin embargo, Angelici admitió haber mantenido esa conversación por chat con D’Alessandro, según pudo corroborar elDiarioAR. Desde Qatar, el ex presidente de Boca y ex vice de la AFA respondió la consulta de este medio este jueves por la mañana, hora local, a través de una fuente allegada que actuó como intermediario. 

Angelici ratificó que le solicitó al ministro de Seguridad “un favor” para que D’Alessandro permitiera a un custodio del ex dirigente xeneize ascender en el escalafón de la Policía de la Ciudad a pesar de que estaba fuera de término. 

El empresario del juego tenía custodia de la policía porteña debido a amenazas en su contra, de acuerdo con una fuente del ministerio de Seguridad porteño.

En las capturas publicadas por el hacker no figura la fecha del intercambio entre D’Alessando y Angelici. La fotografía del chat de Telegram sólo permite ver que se llaman mutuamente entre las 11:36 y el mediodía, sin poder establecer la comunicación, hasta que lo logran a las 12:01. Luego intercambian mensajes por escrito entre las 15:32 y las 16:38 pero tampoco figura la fecha del chat.

Esta es la transcripción textual de la conversación publicada por los hackers, sin correcciones de puntuación ni de tipeo.

MD: Lo mandé recién así que sale en la orden del día de la semana.

DA: Ok.

MD: Lo de Zarate (sic) es muy muy fundamental para vos??? Por q tengo (sic) que reabrir el sistema de ascensos y forzar mucho.

DA: Es mi custodia y se le murió la madre justo cuando tenía que rendir

MD: No me psicopatees q (sic) soy tano yo también

DA: Pero es la verdad con esta Pandemia de mierda el tipo ni la pudo despedir y justo les tocaba examen para ascender

MD: Por q (sic) no hablan antes estos bolas tristes??? Ahora veo y lo hago. Nos va a tener que hacer un monumento. El mío es más chiquito. Me adelanté a tu chiste malo…

DA: Dale jefecito jajaja

MD: Decile, (sic) porfa que lo mande mañana a las 11 a ISSP para reevaluación. Que pregunte por la licenciada Lucía Signori. Le avisas, no?

DA: Si ya le avisé

Estos supuestos chats fueron obtenidos mediante un espionaje ilegal.

Marcelo D'Alessandro — Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

El custodio -que ya no prestaría servicio para Angelici- “había cumplido con todos los requisitos para ascender y había dado todos los exámenes, estaba en condiciones de ascender”, dijo la fuente cercana a Angelici. Descartó la comisión de cualquier ilícito o intento de torcer las reglas del ministerio de Seguridad, y dijo que le habían hecho llegar la captura del chat filtrado, aunque no precisó quién.

“Fede”

En otro supuesto chat extraído del teléfono de D’Alessandro, se registra una conversación entre el ministro y un contacto agendado como “Fede”, entre las 20:39 y 20:43 horas, sin fecha. A su vez, el contacto Fede tiene agendado al funcionario como “Marcelo” o “M”. En el entorno del ministro porteño negaron tajantemente que el chat sea real y afirmaron que D'Alessandro no tiene a ningún contacto agendado como “Fede”. elDiarioAR pudo saber que las capturas de este chat publicadas por el hacker o los hackers el viernes último están en poder y fueron analizadas por personal especializado de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires para intentar determinar el origen de la publicación en línea e identificar a su publicador.

En la captura, “Marcelo” le escribe a “Fede” para contarle de un presunto arreglo de dinero. “Fede” le replica: “50% guille, 50% gata”, pero “Marcelo” le dice que sea “10 para no joder”.

El hackeo

La vulneración de la línea telefónica de D’Alessandro es investigada en los tribunales de Comodoro Py. La denuncia, que también fue presentada de manera individual por el ex ministro de Seguridad Diego Santilli, quedó a cargo de la jueza María Servini, pero recientemente la magistrada se excusó de intervenir por su relación de amistad o conocimiento con ambos denunciantes.  

Tanto en los entornos de D’Alessandro como de Santilli, quien fue ministro de Seguridad justo antes de que asumiera el actual titular de la cartera, sostienen que el hackeo se realizó en el marco de una operación de inteligencia ilegal. Se utilizó la misma técnica y fue con dos días de diferencia. 

También lo atribuyen al momento político y destacan que por las mismas fechas, uno de los jueces que se encontraba juzgando a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el juicio oral y público por el caso Vialidad denunció el hackeo de su teléfono celular con el mismo método. En el oficialismo nadie se hace eco de esas sospechas de la oposición.

Una modalidad utilizada por los hackers consiste en el secuestro de información personal o relevante y la extorsión al usuario hackeado para “devolverle” los datos vulnerados y apropiados a cambio de dinero. Sin embargo, ni Santilli ni D’Alessandro fueron extorsionados por los hackers, de acuerdo a sus denuncias y a las consultas de elDiarioAR a sus entornos. 

El custodio de Angelici había cumplido con todo los requisitos para ascender y había dado todos los exámenes, estaba en condiciones de ascender.

Fuente allegada a Daniel Angelici.

La maniobra de sustracción de la línea telefónica de D’Alessandro se hizo el 19 de octubre a las 15:26 a través del cambio de la tarjeta SIM, mediante la modalidad de autogestión, de acuerdo con la denuncia a la que accedió este medio. 

Los hackers adquirieron un nuevo chip en El Dorado, Misiones, en la frontera con Paraguay. Realizaron un trámite online de autogestión en Movistar en el que debieron responder una serie de preguntas de seguridad que D'Alessandro y Santilli habían configurado. Tras ingresar las respuestas correctas, lograron apoderarse de sus líneas. 

Ambos dirigentes están convencidos de que fueron objeto de una operación de inteligencia. Las preguntas y respuestas de seguridad estaban basadas en información de índole personal de difícil acceso, según allegados. Por eso, en Comodoro Py arriesgan la hipótesis del fuego amigo, en el marco de la interna política y pre-electoral dentro de Juntos por el Cambio.

Canal de venta

La puesta en venta del material de Telegram extraído del teléfono de D’Alessandro es la única publicación del usuario en poder del material en un foro, según pudo corroborar elDiarioAR de una fuente directa del caso.

El foro incluye una sección denominada “Transparency Reports”, donde publica una revisión de los pedidos cursados por fuerzas estatales o privados, aunque según un experto consultado no suele acceder a esas solicitudes. Por ejemplo, entre junio y septiembre de este año, el foro recibió requerimientos del gobierno de la India, Argentina y Pakistán para que entregue información sobre determinados casos (que no se identifican); y el gobierno de Corea le solicitó la remoción de contenido.

Tras una denuncia del juez federal Pablo Yadarola, uno de los jueces que figuran en el chat del caso Lago Escondido, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi consultó a expertos locales de la policía porteña para que le informen cuáles son las vías para bloquear o dar de baja la publicación de los chats filtrados, ya que se trata de material obtenido de manera ilegal.

Denuncias

Yadarola realizó la denuncia el fin de semana último, tras la filtración y publicación de los chats en los que D’Alessandro figura intercambiando mensajes y audios con el propio Yadarola y con otros tres jueces federales, Julián Ercolini, Carlos Mahiques y Pablo Cayssials; dos ejecutivos de Clarín, Jorge Rendo y Pablo Casey (sobrino de Héctor Magnetto, CEO del multimedio); el jefe de los fiscales porteño, Juan Bautista Mahiques; un exdirector de Asuntos Jurídicos de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Leonardo Bergroth; y el publicista Tomás Reinke. 

La publicación de las conversaciones les valió una denuncia penal del Gobierno y una cadena de la vicepresidenta Fernández de Kirchner. Están sospechados de haber viajado a Bariloche para hospedarse en la exclusiva propiedad del empresario británico Joe Lewis en un vuelo privado supuestamente costeado por ejecutivos de Clarín, que se filtró hace unas semanas cuando Página/12 accedió a la planilla de pasajeros del avión contratado para el viaje.

Luego, se filtraron los chats del teléfono de D’Alessandro en los que los protagonistas del viaje planifican cómo enmascarar la presunta dádiva con facturas falsas y testimonios falsos y presionar a la fiscal y la jueza federales de Bariloche -que investigaban el viaje en cuestión- para que cierren la causa. 

Por instrucción del presidente Fernández, el ministro de Justicia, Martín Soria, presentó la denuncia por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas” y solicitó a la justicia de Bariloche que obtenga “los aparatos de telefonía celular de todos los implicados”. Fue al día siguiente de la condena a seis años de prisión que recibió la vicepresidenta Fernández de Kirchner por administración fraudulenta en el caso Vialidad, que había instruido Ercolini, uno de los jueces denunciados.

ED/MG

Mientras el Gobierno de Alberto Fernández denunciaba en Bariloche a los jueces, funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires y sólo a uno de los ejecutivos del Grupo Clarín involucrados en los chats del caso Lago Escondido, en los tribunales de Comodoro Py, distintos expedientes iniciados por dos de los pasajeros del viaje a la propiedad del magnate británico Joe Lewis se movían con sigilo en el marco de la “contraofensiva”. Así lo pudo determinar elDiarioAR de fuentes con conocimiento directo de los hechos.

El juez federal Pablo Yadarola, del fuero Penal Económico, presentó el fin de semana una denuncia por presunto espionaje ilegal, luego de que comenzaran a circular por internet conversaciones que había mantenido mediante la aplicación Telegram y en las que figura junto al resto de los involucrados planificando cómo enmascarar el viaje sospechado de dádivas -se investiga si fue costeado por Clarín y Lewis- e influir en la investigación judicial de Bariloche para que la fiscal y la jueza cierren la causa.

La denuncia del juez Yadarola recayó por sorteo en el juzgado federal de Julián Ercolini, otro de los jueces involucrados en el caso Lago Escondido. La causa quedó delegada en el fiscal Eduardo Taiano, también de turno el día de la denuncia. El domingo 4 de diciembre por la mañana, cuando los chats y audios que revelaban la supuesta maniobra fueron publicados por medios de comunicación, Ercolini le solicitó a su colega Marcelo Martínez de Giorgi que asumiera momentáneamente en la causa, ya que el propio juez está implicado en los hechos. 

En ese primer momento, Ercolini apeló a la figura de “ausencia momentánea del juez” para no intervenir en las primeras medidas del expediente. Martínez de Giorgi ordenó a la Sección de Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que rastreara la dirección de IP desde la cual se publicó y se puso a la venta el contenido del teléfono hackeado de D’Alessandro. El juez también consultó a los expertos si el sitio web podría bloquearse o darse de baja. Al día siguiente, ya en tribunales, se envió la causa a sorteo para que quede radicada en un nuevo juzgado federal de Comodoro Py, el número 12, que está vacante y se encuentra subrogando el juez Ariel Lijo, según información judicial.

A través de una página web, el o los hackers solicitaban apenas 600 dólares por la información y a pedido de distintos usuarios dieron “pruebas de vida” de los chats del ministro de Seguridad porteño: publicaron capturas de tres conversaciones de Telegram: la ya conocida sobre el caso Lago Escondido; una comunicación entre D’Alessandro y el empresario Daniel Angelici, ex presidente del club Boca Juniors; y un tercer chat entre el funcionario y un contacto agendado como “Fede”, sobre los que se publican detalles en elDiarioAR junto a las versiones de los involucrados. “Estos supuestos chats fueron obtenidos mediante un espionaje ilegal”, afirmó D’Alessandro a este medio.

Aún no está claro quién armó el sitio web “Patagonian Facts”, en el que se publicó el chat completo del grupo de Telegram sobre el caso Lago Escondido; si la información fue comprada por alguien a los hackers o si los mismos que vulneraron la línea de D’Alessandro decidieron hacer público parte de los 908 chats que se jactaron de haber obtenido de la aplicación de mensajería utilizada por el ministro porteño.

El hackeo

¿Qué saben las autoridades hasta el momento sobre el hackeo? Existe otro expediente, precedente al iniciado el fin de semana por el juez Yadarola. El ministro porteño D’Alessandro y el diputado Diego Santilli (Juntos por el Cambio y antecesor de D'Alessandro en el ministerio de Seguridad porteño) denunciaron que sus teléfonos celulares -en realidad sus líneas- fueron hackeados con dos días de diferencia en octubre último. La denuncia quedó a cargo de la jueza María Servini, quien en los últimos días se excusó de intervenir por ser allegada a ambos denunciantes. También hay una denuncia de D'Alessandro en la fiscalía de Delitos Informáticos de la Ciudad.

El 5 de noviembre, Clarín publicó detalles de la denuncia, ratificados por este medio con fuentes directas del caso: información proporcionada por Movistar determinó que los hackers tomaron el control de las líneas de los celulares de ambos durante unas 20 horas e incluso mandaron mensajes e hicieron varios llamados al exterior. ¿Cómo lo hicieron? 

La maniobra de sustracción de la línea telefónica de D’Alessandro se realizó el 19 de octubre a las 15:26 a través del cambio de la tarjeta SIM, mediante la modalidad de autogestión, de acuerdo con la denuncia a la que accedió elDiarioAR. 

Los hackers adquirieron un nuevo chip en El Dorado, Misiones, en la frontera con Paraguay. Realizaron un trámite online de autogestión en Movistar en el que debieron responder una serie de preguntas de seguridad que D'Alessandro y Santilli habían configurado. Tras ingresar las respuestas correctas, lograron apoderarse de sus líneas. Ambos dirigentes están convencidos de que fueron objeto de una operación de inteligencia. Las preguntas y respuestas de seguridad estaban basadas en información de índole personal de difícil acceso, según allegados.

“Esa circunstancia derivó en que se viera afectada mi conectividad y si bien a partir de mis reclamos pude recuperar la misma, para lo cual tuve que instalar un nuevo chip, quienes sustrajeron momentáneamente mi identidad intentaron acceder a información de carácter personal y confidencial tales como mis contactos personales y contenido de mensajes de Whatsapp”, explicó D’Alessandro en su denuncia. 

En los tribunales de Comodoro Py arriesgan otras hipótesis: los judiciales creen que el hackeo podría ser una maniobra en el marco de la interna política de Juntos por el Cambio, es decir, perpetrado por sectores de inteligencia paralela que responden al espacio político que integran Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Patria Bullrich, en plena disputa por las elecciones presidenciales de 2023; o una operación de los servicios que responden al kirchnerismo, ya que la publicación de los primeros chats sucedió cinco días antes de la sentencia a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y uno de los involucrados es el juez que instruyó la causa del juicio: Ercolini. La expresidenta y el Gobierno capitalizaron rápidamente el efecto de los chats. Fernández de kirchner acusó a los integrantes dle chat filtrado de integrar la “mafia judicial”.

Chats a la venta

El viernes 2 de diciembre a las 12:55 del mediodía, un usuario de Twitter dio la primera alerta sobre la venta de información del teléfono de D’Alessandro en el sitio web. Otro usuario creó la publicación el 1° de septiembre a las 23 horas. “Estoy vendiendo la data completa exportada de Telegram del teléfono del ministro argentino +500MB $600 (nota del autor: dólares). Only BTC o Monero” (en referencia a las criptomonedas), publicó en inglés, con una captura de parte de la información del Telegram de D’Alessandro: “908 chats, 4.099 contactos, 24 frecuentes”.

Es la única publicación del usuario en este foro, que se adjudica ser la “continuación” de Raid Forums, otro sitio dedicado a los mismo fines que se abrió en 2015 y fue dado de baja este año, tras la intervención del FBI, el Servicio Secreto y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, según pudo corroborar elDiarioAR de una fuente directa del caso.

Tras su publicación, otros usuarios interesados en la información, le solicitaron “pruebas de veracidad” y el publicador accedió a publicar una serie de imágenes de la información.

Allí ofreció capturas de los contactos de Telegram del teléfono de D’Alessandro, como el agendado como “Daniel Angelici”, y un intercambio puntual de llamadas y mensajes de Telegram entre el ministro de Seguridad porteño y el empresario de los bingos, amigo del expresidente Macri y ex presidente de la Asociación de Fútbol Argentina (AFA), sindicado como uno de los “operadores judiciales” de Juntos por el Cambio.

Una de las IPs utilizadas por el sitio web en el que se puso el contenido del teléfono a la venta pertenece a una entidad radicada en Rusia. A su vez, el dominio que se utilizó para alojar el contenido y venderlo, está registrado en un portal con base en Finlandia.

El sitio web en el que se difundieron los chats entre los jueces, ejecutivos de Clarín, D’Alessandro y otros sobre el caso Lago Escondido utiliza una IP propiedad de Cloudflare Inc., una red de entrega de contenido que opera como intermediaria entre el usuario y el proveedor de alojamiento del sitio web, con sede en San Francisco, Estados Unidos, que tiene antecedentes de haber aportado información a fuerzas de seguridad ante un requerimiento y bloquear contenidos denunciados o dar de bajo el dominio que los publicó, explicó una fuente del caso a este medio. 

Nota: esta nota se completó a las 15:37 del 8 de diciembre de 2022 para informar que la causa iniciada por la denuncia de espionaje ilegal, según información judicial, está desde un comienzo delegada en el fiscal Taiano y tras el nuevo sorteo del expediente quedó radicada en el juzgado federal número 12, subrogado por el juez Ariel Lijo.

ED/MG

Antes de ofrecerle el puesto a Gustavo Arribas, Mauricio Macri había pensado en otra persona. En otro de sus amigos de mayor confianza. Pero Daniel “El Tano” Angelici rechazó la propuesta del presidente electo. El binguero radical dejó pasar la oportunidad de conducir la Agencia Federal de Inteligencia y optó por quedarse al frente de Boca. A fines de 2015, Angelici renunció al cargo pero no a los honores de influir sobre la justicia federal y el submundo de la ex SIDE.

Uno de los tantos embajadores que el Tano designó en la AFI, en coordinación con Arribas, fue Juan Sebastián De Stéfano. Angelici sugirió el nombre de “El Enano” para la dirección de Asuntos Jurídicos de la Agencia. De Stéfano venía de ser el delegado de Angelici en el Consejo de la Magistratura porteño. A partir de 2016, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani encararon una purga en la ex Secretaría de Inteligencia. El dúo sumó casi 600 espías nuevos. Entre las altas apareció el viejo compañero de ruta de El Tano.

De Stéfano conoció a Angelici hace más de 30 años en la Facultad de Derecho de la UBA. Militaban juntos en Franja Morada. “El Enano” tenía un tío en el antiguo Concejo Deliberante de la Capital y llegó a ocupar un cargo en la Juventud Radical. Tras su paso como jefe de legales en la AFI, el abogado De Stéfano pasó al directorio de SBASE, la empresa estatal del subte. Lo hizo nuevamente apadrinado por Angelici. 

Ahora que su nombre y su cara se difundieron en el video de la Gestapo-gate, Horacio Rodríguez Larreta se resiste a despedirlo. “De lo que salió públicamente, no se desprende que haya cometido ningún delito. Está en una reunión”, lo defendió el alcalde porteño entrevistado por La Nación.

De Stéfano fue el protagonista locuaz de la reunión realizada el 15 de junio de 2017 en un edificio del Banco Provincia. Ahí, el exministro de Trabajo de María Eugenia Vidal blanqueó sus ganas de contar con una policía secreta como la de los nazis para terminar con los sindicalistas. El actual funcionario de SBASE fue procesado en la causa por el espionaje ilegal a los presos kirchneristas que se investiga en Lomas de Zamora. Pero más tarde fue beneficiado por la Cámara de Apelaciones de Comodoro Py, bajo la hipótesis de que no existió un plan orgánico y vertical de inteligencia para-estatal.

De Stéfano ahora tiene custodia, a raíz de una serie de amenazas que recibió en las últimas semanas. Un vuelto de su tránsito por los sótanos de la AFI. “No hay vinculación directa entre esa reunión y una acción concreta. El delito de presencia no existe. Pero es una buena justificación para que el kirchnerismo sostenga que hubo una persecución política”, justifica un dirigente de la escudería Angelici. 

Respecto a la posibilidad de que Rodríguez Larreta eche del gobierno a De Stéfano, cerca del Angelici se muestran dispuestos a resistir. E incluso a contraatacar. Se preguntan en tono provocador si Julio Garro, presente en la reunión del Banco Provincia, no debería renunciar entonces a la intendencia de La Plata. Además argumentan que correr al Enano sería una forma de reconocer los delitos de la AFI durante la presidencia de Macri. Por eso el alcalde y María Eugenia Vidal alternan entre el silencio, el siga siga y las contorsiones retóricas. Los desmanejos de la AFI amarilla representan una caja de Pandora incómoda para el PRO. Ningún dirigente macrista muestra demasiado interés en explorar qué pasó en ese ámbito entre 2015 y 2019. Aun los que fueron víctimas de la inteligencia ilegal, como Rodríguez Larreta y Vidal.

Con su agrupación Radicales por Argentina, Angelici mantiene una sociedad doble: tanto con el sector de la UCR liderado por Martín Lousteau, esponsoreado por el mítico Enrique “Coti” Nosiglia, como con Rodríguez Larreta. Entre ambas facciones radicales le aportan al larretismo ocho votos clave en la Legislatura porteña. Cuatro responden al Tano. La otra mitad, a Lousteau. 

Angelici mantiene una sociedad doble: tanto con el sector de la UCR liderado por Martín Lousteau como con Rodríguez Larreta. Entre ambas facciones radicales le aportan al larretismo ocho votos clave en la Legislatura porteña.

Si bien fue una figura importante en el diseño de la AFI amarilla, Angelici no arrastra procesamientos ni investigaciones en su contra. “De ningún tipo”, subraya un dirigente de la UCR porteña que lo conoce desde hace 30 años. Y agrega: “El Tano parece oscuro porque tiene incidencia sobre la justicia y el juego, que para algunos moralistas es un pecado. Pero no lo es”. Elisa Carrió disiente con ese punto de vista. En 2016, Lilita lo denunció en Comodoro Py por operador judicial y monje negro, pero la causa quedó en la nada. Y en los últimos días, al calor del Gestapo-gate, la Coalición Cívica difundió un informe de consumo interno. A lo largo de cinco páginas, el partido de Carrió ensaya un despegue ético de los desmanejos de la ex SIDE. El documento se titula “Acciones de Elisa Carrió y la Coalición Cívica contra la inteligencia ilegal en Argentina y algunos hechos de los han sido víctimas”. Y enumera hechos y denuncias de 2010 a la fecha.

Desde que abandonó la presidencia de Boca en 2019, Angelici reparte su tiempo entre la política y los negocios. En diciembre pasado sumó un cargo en la UCR presidida por el jujeño Gerardo Morales. En su oficina de Carlos Pellegrini y Córdoba, el Tano ofició como garante de paz entre el gobernador Morales y el senador Lousteau. Fue el anfitrión de una reunión que destrabó la puja entre ambos. A cambio, se ganó un lugar oficial en la mesa nacional de la UCR, en representación de la Capital. Y en adelante pretende cicatrizar, desde las sombras y con perfil bajísimo, el quiebre del bloque radical en Diputados. 

Además sigue de cerca la rosca xeneize, donde por ahora no planea volver a pelear por la presidencia. Y en paralelo amplía y moderniza su mini-imperio de bingos y casinos. El 29 de diciembre, en la última sesión del año del 2021, la Legislatura cordobesa aprobó las apuestas a través de aplicaciones online. Se trató de un proyecto votado por la coalición schiarettista y una parte de Juntos por el Cambio. Angelici es parte de Atlántica de Juegos, una de las operadoras que explotará el juego en esa provincia. Macri apoyó explícitamente la sanción de la ley. “Se aprobó a fin de año, con una sola discusión de comisión y de cerrada participación. Fue muy oscuro y fraudulento”, se queja ante elDiarioAr el senador cordobés Luis Juez. Y agrega: “No me gusta que Macri la apoye, es habilitar una plataforma de juegos para que los chicos desarrollen la ludopatía”.

Macri y Angelici se conocieron en 2005. Fue en la casa que El Tano tenía (y todavía tiene) en la ciudad de Pergamino. El ingeniero de la UCA y el abogado radical conectaron de forma inmediata: un flechazo de confianza mutua. Desde ese momento, Angelici manejaría la franquicia del radicalismo-PRO, con un plus personal: el de su influencia sobre el mundo judicial.

AF

Hace tres años, en noviembre de 2018, la Argentina deportiva -y no solo la deportiva- estaba sumergida en los superclásicos que definían la Copa Libertadores por primera y hasta ahora única vez en la historia. Si la final de ida se jugó sin problemas el 11 de noviembre en la Bombonera, en la revancha programada para el 24 en el Monumental estalló el caos: el colectivo que trasladaba a los jugadores de Boca fue atacado por hinchas de River a 800 metros del estadio, en la intersección de Avenida Libertador, Monroe y la diagonal Lidoro Quintero.

Casi todo lo que pasó después es sabido: la Conmebol llevó el desquite a Madrid y River ganó 3-1. Pero qué ocurrió en los alrededores del Monumental siempre fue -y acaso seguirá siendo- un territorio abonado a las suspicacias. Más allá de la violencia de los hinchas, las fallas del operativo de seguridad fueron tan elementales que algunas preguntas quedaron servidas: ¿Hubo una zona liberada? ¿Cómo se explica que los policías no estuvieran en el lugar donde más tenían que cubrir, la llegada de los jugadores de Boca a una marea de exaltados partidarios de River?

Como máximo o único culpable político quedó Martin Ocampo, el entonces ministro de Justicia y Seguridad porteño que, en la mira del presidente Mauricio Macri, fue relevado de su puesto 48 horas después del escándalo, el lunes 26 de noviembre. Hoy legislador porteño de Juntos por el Cambio con mandato hasta 2023 y vicepresidente de la UCR en Capital Federal, Ocampo nunca había prestado su testimonio con perspectiva en el tiempo. “Hablé con Jorge Lanata el día que renuncié y con Mónica Gutiérrez esa noche. Después di notas porque soy legislador pero de eso ya no me preguntan”, dice a elDiarioAR en la primera entrevista desde que dejó de ser ministro. Es amigo íntimo de Daniel Angelici, el entonces presidente de Boca y delegado de Macri en el fútbol y Tribunales. En el loteo de poder, el área de Justicia y Seguridad se le había asignado a Angelici, y Ocampo era su hombre.

Tres años después de una agresión que causó impacto mundial, el exministro porteño apunta como principal error a la coordinación del operativo con las fuerzas federales. Dice que la Prefectura, la encargada de estar en la esquina de los incidentes, no tenía el conocimiento para un espectáculo de este tipo.

-¿Renunciaste o te pidieron la renuncia al día siguiente?

-Te piden la renuncia, sí. Igual yo la ofrecí. Sería así, exactamente: la ofrecí. Uno ya sabe que la situación política tiene que tener un escape, que el conflicto público era muy grande y que no se resolvía tan sencillamente. El contexto también es que a la semana siguiente era el G20, entonces no podíamos tener un problema de seguridad nacional.

-En ese momento se te presentó, además de tu relación con Angelici, por tres puntos: lógicamente ministro de Justicia y Seguridad porteño, fiscal general de la Ciudad en licencia y responsable del operativo de seguridad de la final.

-No, eso no.

-¿No eras el responsable del operativo?

-No, nunca. Un ministro nunca se encarga de una cosa tan particular, eso no.

-¿Entonces por qué renunciaste?

-Obviamente, cuando se instala el conflicto, hay una situación de conmoción pública. De hecho, cuando declaré, dije que yo era el responsable político, y eso significa que no era el responsable operacional. ¿Por qué era el responsable político? Porque tenía la conducción política de todo el sistema de seguridad pública de la Ciudad. Pero no hay una acción directa del ministro sobre el operativo de seguridad.

-¿De quién era la responsabilidad, entonces?

-Normalmente es un proceso policial. Es un operativo policial que en este caso tenía un montón de ribetes políticos, como si jugábamos con visitantes o no. Había un montón de debates públicos sobre el partido y eso, en la organización del operativo, es estrictamente policial.

-¿Qué pasó en Monroe y Libertador?

-Lo que pasó fue lo que pasó. El operativo tenía una particularidad, que por primera vez lo hacíamos en conjunto con las fuerzas federales. Ya arrancó con ese inconveniente, porque eso significa que tenías que coordinar con otras fuerzas. Veníamos de hacer la transferencia de la Policía y la creación de la Policía de la Ciudad, y las fuerzas federales estaban disconformes con que el operativo lo condujera la seguridad de la Ciudad. Después, lo que pasó, fue el piedrazo. Ahí no hubo ninguna organización. Eran hinchas desatados por la pasión ingobernable, la mala pasión. Fueron varios errores, pero el tema conceptual fue haberlo hecho con las fuerzas federales. El problema se produjo donde estaban las fuerzas federales, no se produjo donde estaban las fuerzas de la Ciudad. El que tenía que contener ahí era la Prefectura.

-¿Y el descontento que había en la Federal a partir de la homogeneización con los efectivos de la Ciudad? Ahí había un foco de conflicto.

-Ahí sí, pero no solo lo salarial, es un tema de poder. La Policía Federal nunca quiso que se hiciera la transferencia, que se hizo por voluntad política de Macri, (Horacio Rodríguez) Larreta y mía. Me dijeron que íbamos a tardar cuatro años en hacer la transferencia, porque era algo inédito, y me terminaron dando un premio honoris causa. Con tantos efectivos, además: 20.000. El primer año tuvimos muchos problemas, la Federal nos boicoteaba el traspaso, se resistió. Eso continuó mucho tiempo, hay un sentido de pertenencia muy grande de los policías a la Federal, y con eso incentivaron todo tipo de conflictos. Pero éste no, no nació de ellos, no es que fueron y organizaron tirar piedras. Hicieron millones de cosas, te puedo decir cosas que rozaron a mi seguridad física, pero esto no.

-¿No creés que fue una zona liberada?

-No, liberada no creo. Yo creo que fue impericia por ahí de las fuerzas de la Prefectura, pero no zona liberada, no para que le tiren (piedras) al micro. Después descubrimos que los tipos que tiran no eran de la barra, y eso que nosotros habíamos allanado la casa de algunos barras el día anterior (se encontraron tickets para la final y dinero). Esas son las decisiones que hay que tomar que a veces son difíciles, para eso sí me consultaron, si allanábamos o no. Y yo dije ‘si el juez dijo que allanamos, allanamos’.

-¿Aunque sea el día previo a la final?

-Sí, aunque sea el día previo. Mucha gente en el fútbol cree que está por encima de la ley. Que, porque el fútbol es importante para la gente, se pueden hacer cosas que el resto de la sociedad no. Pero el problema puntual de eso no hubo ningún complot, ninguna operación, ninguna zona liberada. Tiendo a creer que, a veces, muchas de las cosas pasan por falta de profesionalismo, por falta de compromiso con el trabajo que se está haciendo, y eso es lo que me parece que pasó.

-¿Por qué había tantas piedras en el lugar?

-No, eso no. Puede que hayan buscado algunas, y las hayan puesto, pero no hubo una planificación previa. Porque cuando ves quiénes fueron, cómo fueron, fue bastante más desorganizado de lo que se pensaba. Incluso, con 20 policías más, con 20 prefectos más, se hubiese resuelto, no era un tema difícil. De hecho la Policía de la Ciudad da los alertas por la radio, y dice ‘hay gente, despejen’.

-¿Y por qué no llega la Prefectura? En un audio interno se escucha ese pedido.

-Porque la Prefectura y las fuerzas federales no tienen el conocimiento de la organización de un evento deportivo. Y generalmente, el mando nacional no tiene tanto conocimiento como para saber que, lo que dice, es lo que se hace. A ellos le dijeron ‘vamos a mandar tantos efectivos’ y después había muchos menos efectivos de lo que se necesitaba. Cuando quisieron reaccionar, eran muchos menos, y la gente los desbordaba.

-¿Por qué no había policías en el lugar?

-No, había, pero menos de lo que se necesitaba. El anillo 1, el más cercano al estadio, y el anillo 2, el que le sigue y termina en Libertador, eran de la Policía de la Ciudad. Y de Libertador hacia el exterior era el 3, responsabilidad de las fuerzas federales. El traslado del micro de Boca también era de la Policía de la Ciudad, por eso modula ‘despejen, despejen, estamos entrando’. Pero para mí, eso sí, fue un error de coordinación, haberlo organizado con las fuerzas federales. Si lo hubiéramos organizado con la Policía de la Ciudad, tal vez eso no pasaba. Tal vez hubieran pasado otras cosas, porque el conflicto después de la derrota habría sido difícil de bancarse.

-¿Tu interpretación es que fue más impericia que algo provocado? 

-No fue una organización política destinada a armar eso. No es que alguien lo pensó y dijo ‘vamos a hacer esto para complicar a Boca, a River o al ministro’. Para mí, lo que pasó es que no llevaron la cantidad de efectivos para cubrir ese lugar. Eso es una suposición, porque no tuve acceso al numerario de la Prefectura. Ellos sabían, porque les habíamos dado un protocolo de trabajo, que la llegada del micro tenía una situación de posible despeje de gente, y estaba planificado que tenían que estar. Es más, tenían que estar en ese lugar los cuerpos de Infantería. Para mí fue una decisión mala de la organización general. Porque mandaron a Prefectura a ese lugar, y Prefectura es la fuerza que menos experiencia tiene en esto. ¿Quién tiene más experiencia de las fuerzas federales? La Policía Federal tiene más experiencia. La que le sigue es Gendarmería, y después recién la Prefectura. Pero ellos querían un comando unificado de las tres fuerzas federales y definieron eso. Para mí eso fue el gran problema.

-¿Fue más una cuestión del gobierno nacional?

-No del gobierno, porque el gobierno tampoco. Si te digo que yo no decidía eso, también te tengo que decir la verdad, que Patricia (Bullrich, entonces ministra de Seguridad) tampoco decidía ese tema policial. Un ministro nunca decide ese nivel de detalles. Vos te dedicás a la planificación del modelo de seguridad pero no te dedicás a cada tema concreto de seguridad.

-En el tema había un par de cruces ineludibles: sos hincha de River y amigo del entonces presidente de Boca.

-Sí, soy socio de River. Iba a la platea San Martín un montón de años y muchas veces al palco del Colo Santili (Diego, su sucesor como ministro de Justicia y Seguridad porteño), soy amigo de él. Igual, cuando era ministro, evitaba ir al fútbol. Siempre la situación de River con la barra era complicada. Los fiscales encontraron las máquinas impresoras de duplicados en el mismo predio de River. Pero eso no tuvo que ver con el conflicto del micro. Aparte de ser hincha de River, soy íntimo amigo, casi familiar diría, del Tano (Angelici, entonces presidente de Boca). Es el padrino de mi hijo y yo soy el padrino de su hija. Nos conocemos de pibitos, de antes de que él fuera presidente de Boca y yo ministro. Y con todo eso ensuciaron bastante también.

-¿No hablaste con él en esos días?

-En los dos partidos de fútbol no hablé nunca por teléfono con él. Así es una relación de amistad. Él sabía que yo tenía que hacer un trabajo. Habré hablado diez días después.

-Analistas políticos interpretaron que, a partir de la cercanía entre ambos, el que tenía que garantizar el operativo era Angelici como responsable político de la seguridad de la Ciudad.

-Claro, dijeron que (los piedrazos) eran una movida para perjudicar a River. Y después River usó mi renuncia para fundamentar su posición en la Conmebol. Y más tarde empezaron las especulaciones con el resultado del partido. River necesitaba la renuncia para fundamentar que no era un problema de River sino de seguridad.

-¿Y estabas de acuerdo con esa postura de River?

-Yo soy fanático del fútbol y creo que el partido se tenía que jugar, pero eso lo digo como hincha. Como funcionario publico, digo que los niveles de pasión y de conflicto que se viven en Argentina siempre son una bomba de tiempo. 

AB/CB

Se convirtieron en blanco de denuncias penales en los tribunales federales; los investigan por supuestas presiones a jueces y fiscales que fallaban contra los intereses del Gobierno de Mauricio Macri; los acusan de presuntamente “decidir el curso” de las causas contra la entonces expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus funcionarios, y de agitar la llamada “guerra judicial”(lawfare) contra sus enemigos políticos. 

Casi todos los exintegrantes de la denominada “mesa judicial” están lejos de los cargos y dicen haber vuelto a la actividad privada. En los tribunales federales tienen pendientes dos expedientes judiciales que concentran las principales acusaciones en su contra. Uno de ellos los inquieta en particular: la que instruye la jueza María Servini, originada por una querella de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, y que tiene pendiente el análisis de un informe sobre el teléfono celular de Macri, según pudo reconstruir elDiarioAR del diálogo con los varios de los exfuncionarios de la mesa judicial, allegados y fuentes judiciales de las causas. La jueza tiene el informe en una caja fuerte del juzgado a la espera de que la Cámara Federal de Casación la autorice a abrirlo, confirmó una fuente cercana a la magistrada.

La mayoría de los hombres de la mesa judicial son de extrema confianza de Macri: lo asesoraban ya desde sus tiempos de ejecutivo de Socma, en Boca Juniors o la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. “Durante la presidencia -contó uno de ellos a este diario- nos reuníamos cada 15 días en la Casa Rosada a la vista de todos. Los periodistas acreditados nos cruzaban en los pasillos y nos consultaban. No hay nada que ocultar”.

El objetivo de esas reuniones era nombrar 100 jueces por año

Todos niegan las acusaciones y definen las denuncias del kirchnerismo y de jueces y fiscales como “delirios” y “fábula” de quienes buscan “victimizarse”, “justificar el avance judicial” contra los exfuncionarios de Fernández de Kirchner acusados por corrupción y “garantizarse la impunidad” en las causas que prosperaron durante el Gobierno de Macri. 

En un primer grupo están quienes han reconocido en distintas oportunidades haber integrado la mesa judicial, pero que sostienen que su único fin era elaborar las ternas de jueces para que Macri eligiera cuáles serían sus candidatos que enviaría al Senado para ocupar los juzgados y fiscalías vacantes. Son el exministro de Justicia Germán Garavano; el exjefe de asesores del entonces presidente, José Torello; el exprocurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías; el exsecretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas; y el exrepresentante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura Juan Bautista Mahiques. Se les sumaba el diputado y consejero de la Magistratura Pablo Tonelli. 

“El objetivo de esas reuniones era nombrar 100 jueces por año”, dijo uno de los exfuncionarios de la mesa. “Había y sigue habiendo muchas vacantes en juzgados y fiscalías, y nos juntábamos para acelerar ese proceso. Analizábamos los perfiles de los candidatos que había que presentarle al Presidente. Averiguábamos por nuestro lado sus antecedentes, referencias de contactos en común”, añadió.

Había dos mesas judiciales: la de los martes y la de los jueves.

Por otro lado, están los señalados como integrantes presuntos de la mesa, que niegan haber participado de reuniones vinculadas a la selección de jueces, fiscales o cualquier actividad del gabinete judicial: Gustavo Arribas, exjefe de Agencia Federal de Inteligencia (AFI); Daniel Angelici, expresidente de Boca; y Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, entonces integrante del directorio de YPF, quien niega haber participado de la mesa judicial y haber sido uno de los “alfiles” de Macri en los tribunales. 

“Había dos mesas judiciales: la de los martes y la de los jueves”, confió un exfuncionario de Macri que defiende la “mesa de los martes”. “Los martes se reunía la mesa que analizaba las ternas de jueces, y los jueves se convocaba a otra mesa donde participaban Macri, Arribas y (el entonces jefe de Gabinete, Marcos) Peña con algunos de los funcionarios de la mesa judicial, pero no todos”, sostuvo. “Ahí se definían los temas más estratégicos”, agregó. 

“Arribas fue convocado a reuniones donde se le informaba sobre cuestiones relacionadas con legislación antiterrorista, el Código Penal y el registro de organizaciones sospechadas de terrorismo”, dijo un exintegrante de la mesa ante la consulta. El exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) solicitó recientemente permiso en dos expedientes en los que se lo investiga para viajar a Brasil a atender sus negocios privados. Tiene tres procesamientos por presunto espionaje ilegal, cargos que siempre ha negado.

Macri se enojaba con un juez, pedía algo y ahí se creaban las divisiones

“En una de las denuncias que presentamos incorporamos información que recibimos en la Comisión Bicameral de Inteligencia de parte de la interventora de la AFI”, Cristina Caamaño, dijo el diputado Rodolfo Tailhade. “Es la copia de unos 18 correos electrónicos hallados en la secretaría privada de la AFI convocando a Arribas a las reuniones de la mesa judicial”, afirmó.

“El Tano (Angelici) jamás participó de las reuniones y por su relación con miembros de la Justicia daba una mano para ayudar, nunca para hacer daño”, agregó sobre el rol del dirigente radical abocado al negocio de los bingos y otros rubros. Angelici mantenía una relación fluida con Mahiques, el representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura. En contraposición, su enemiga pública y también figura clave de Cambiemos Elisa Carrió tenía diálogo con algunos miembros de la mesa judicial y era especialmente escuchada por Torello, Tonelli y Rodríguez Simón, dijo uno de los integrantes. 

Carrió fue motivo de uno de los quiebres internos en 2018, cuando parte de la mesa se opuso a elevar la terna del fiscal Ignacio Mahiques para ocupar un juzgado federal. El magistrado había concursado con éxito y junto a Gerardo Pollicita había liderado la acusación contra Fernández de Kirchner por el caso Vialidad. “Le bajaron el pulgar tras las quejas de Carrió porque el padre de Ignacio -el juez de Casación Carlos Mahiques- había absuelto a (Carlos) Menem por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador”, contó un exmiembro de la mesa judicial. “El hermano del fiscal, Juan Bautista, integraba la mesa y hubo muchas discusiones porque él sostenía que el único motivo para no llevarle a Macri el pliego de su hermano era lo que les había pedido Carrió”, contó el exfuncionario.

Arribas fue convocado a reuniones donde se le informaba sobre cuestiones relacionadas con legislación antiterrorista.

El rediseño de la Justicia tras la salida del kirchnerismo, las formas elegidas para relacionarse con el Poder Judicial y las distintas líneas políticas de sus integrantes dividió las aguas en la mesa judicial, según admitió un exfuncionario que presenció esas reuniones periódicas pero sostuvo que la incapacidad para contener los designios del expresidente era el principal motivo de discusiones. “Macri se enojaba con un juez, pedía algo y ahí se creaban las divisiones, porque algunos miembros de la mesa sobreactuaban y salían a denunciar a los jueces, se querían llevar el mundo por delante y muchas veces no había forma de hacerles entender que con los jueces no funciona así”, afirmó el exfuncionario.  

Esa supuesta “sobreactuación” se traducía en denuncias de los miembros de la mesa contra jueces en el Consejo de la Magistratura. “Aunque no todos estaban de acuerdo, había una tendencia a denunciar a los jueces por el contenido de sus sentencias”, agregó el aliado de Macri al tanto de las reuniones. Ese es uno de los puntos de la investigación que lleva adelante el fiscal Franco Picardi, según confirmó una fuente directa del expediente.

Picardi investiga las supuestas presiones a jueces de distintos fueros (laboral, penal y civil). En el expediente ya declararon por escrito algunos de los magistrados cuyos casos se hicieron públicos y se solicitó a Jefatura de Gabinete los registros de ingresos y egresos a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos durante 2018 para intentar reconstruir los movimientos de los exfuncionarios denunciados de supuestamente presionar a jueces y fiscales, según confirmó a este medio una fuente judicial que intervienen en el caso.

El recién asumido presidente del Consejo de la Magistratura, Diego Molea, dijo este viernes que “en otros tiempos” a través de ese cuerpo “se dirimían cuestiones políticas” y se lo utilizaba para “presionar jueces y disciplinarlos”. “Estoy totalmente convencido de eso, es más, estoy haciendo un análisis de todas las denuncias contra magistrados porque creo que utilizaban la comisión del consejo (de Acusación) para presionar jueces y para disciplinarlos”, dijo Molea en una entrevista a Radio El Destape. “El lawfare también tuvo que ver con desplazar jueces y fiscales a pedido del presidente Macri”, dijeron muy cerca de Molea ante la consulta de este medio.

En agosto de 2020, la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público citó a la fiscal general Gabriela Boquin, a cargo de la causa Correo Argentino, uno de los principales frente judiciales de Macri y su familia. Fue luego de que el procurador interino Eduardo Casal, quien asumió como jefe de los fiscales durante la gestión de Cambiemos, abriera un sumario administrativo contra la fiscal por supuestos maltrato y mobbing laboral a ex empleados de la fiscalía. 

Boquin expuso que las denuncias en su contra comenzaron tras su intervención en la causa Correo y los dictámenes que perjudicaron tanto al gobierno macrista como a la empresa de la familia Macri. La primera denuncia fue presentada en enero de 2018, dos meses después de la asunción de Casal y la salida de Alejandra Gils Carbó, según un escrito presentado por Boquin. Cerca de Casal negaron que el objetivo de la Procuración sea “perseguir” a Boquin por su función en la causa. Su caso llegó, como otros, hasta el relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la independencia de los jueces, Diego García Sayán.

Desde el llano

Torello, como jefe de asesores de Macri en la Presidencia, oficiaba como coordinador de la mesa judicial. Cuatro años después en su entorno dicen que está alejado de la función pública, dedicado a los negocios privados que atendía antes de asumir en el gobierno. “Sólo da una mano” cuando lo convocan por algo puntual porque “su corazón está ahí”, junto a Macri, dijo una persona cercana al exfuncionario. 

Rodríguez Simón y Saravia Frías regresaron a sus estudios jurídicos para ejercer como abogados particulares.

Otros dos integrantes de la mesa asumieron cargos en territorio porteño: Clusellas es auditor general de la Ciudad de Buenos Aires, en representación del oficialismo; y Mahiques es el fiscal general de la Ciudad. Tonelli sigue siendo abogado y Santiago Otamendi, exnúmero dos del Ministerio de Justicia, quien eventualmente participó de las reuniones, es juez del Tribunal Superior porteño.

El lawfare también tuvo que ver con desplazar jueces y fiscales a pedido del presidente Macri.

Tras su salida del Gobierno, el exministro Garavano volvió a la profesión. Tiene un estudio jurídico, atiende a clientes particulares pero también monitorea las causas judiciales de Macri y el exministro de Transporte Guillermo Dietrich, investigado en causas clave para el expresidente: el caso Autopistas y el expediente por la obra del Paseo del Bajo (en ambos hay empresas de sus familiares denunciadas por supuestas irregularidades en la obtención de contratos durante su gobierno). En el caso del Paseo del Bajo, además, está denunciado el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

También sigue de cerca la causa de Servini contra Macri y otros supuestos miembros de la mesa judicial que habrían intervenido en el caso Oil Combustibles, afirmó una fuente cercana al exministro. Cristóbal López acusó al expresidente de haberlo “presionado” para que los medios de comunicación del Grupo Indalo participaran en una supuesta “campaña” contra Fernandez de Kirchner, tras el final de su Gobierno, y luego haber denunciado a la petrolera del grupo, Oil Combustibles, tras la negativa del empresario. Lo que más preocupa a la defensa de Macri es la orden de la jueza Servini de analizar las llamadas entrantes y salientes y la geolocalización del teléfono celular del expresidente durante un lapso de dos años. 

En julio último, la jueza Servini ordenó el entrecruzamiento de llamados telefónicos y determinaciones de ubicaciones geoposicional de Macri, varios de sus exfuncionarios y de sus interlocutores frecuentes y no frecuentes. El análisis debía abarcar todas las llamadas entrantes y salientes y la geolocalización de estos teléfonos entre el 1° de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019 pero la Cámara Federal porteña ordenó achicar el periodo de cruces y circunscribirlo a determinados hitos del caso.

La jueza debió acatar la orden. La DAJuDeCO (Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial) entregó en diciembre el informe final, pero Servini aún no pudo analizarlo, ratificó una fuente judicial del caso. El informe está en una caja fuerte del juzgado a la espera de que Casación resuelva un nuevo recurso de la defensa por “carencia de razonabilidad, proporcionalidad y utilidad” del entrecruzamiento.

La magistrada busca analizar si los teléfonos encuadran con las acusaciones de López y De Sousa (representado por Carlos Beraldi, también abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en otros expedientes): que Macri y un grupo de funcionarios de su gobierno orquestaron a través de una “mesa judicial” el “desapoderamiento” de los dueños del Grupo Indalo y la denuncia de la AFIP por el caso Oil Combustibles, por el que ambos empresarios están atravesando un juicio oral y público.

ED

La aprobación del juego online en los dos principales distritos del país terminó por romper un acuerdo tácito entre los institutos de lotería provinciales que beneficiaba a los operadores físicos de bingos y casinos. Hasta hace pocos años, mientras los televidentes e internautas argentinos eran bombardeados con publicidades de PokerStars o Bet365, ningún distrito tenía reguladas o permitidas las apuestas en línea.

En su momento, Misiones intentó cortarse sola otorgándole una licencia a la multinacional austríaca Bwin, pero una medida cautelar puso fin al experimento. En aquel momento, el argumento de los demás gobernadores era que la provincia iba a terminar cobrando impuestos por apuestas que levantaba de todo el país, perjudicando a los demás distritos. Las discusiones en torno a si convenía o no habilitar el negocio enfrentó a las loterías provinciales y fue motivo de encendidos debates, como el que ocurrió el 14 de agosto de 2013 en el Salón Hidalgo del Hotel Conquistador, reunión que terminó a los gritos. 

Avances tecnológicos

Mientras tanto, las apuestas en línea seguían sin estar reguladas, lo que no impedía que miles de jugadores argentinos probaran su suerte con partidos de Primera o Segunda División en una serie de páginas del exterior, con pagos hechos vía PayPal o transferencia bancaria. El director de un portal especializado en gaming estimó que durante el Mundial 2014 se apostaron US$90 millones desde Argentina.

En los últimos tiempos, la agudización de la crisis económica volvió a poner el tema en agenda y ya no hubo forma de contener a los gobernadores con ansias de recaudar por un negocio que ya existía, pero sin dejar un peso en el país. Hoy existen 9 provincias donde el juego online está regulado y en operación (Entre Ríos, Río Negro, Tucumán, Neuquén, Chaco, Misiones, San Luis, La Pampa y Santa Cruz), más otras 4 donde se avanzó con la regulación y se ultiman los detalles para la puesta en marcha del sistema (Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Formosa).

“Los avances tecnológicos nos llevan a agilizar procesos para responder a las necesidades y demandas de los jugadores, y a la dinámica del mercado”, justificó Silvio Vivas, presidente del ente controlador de la Lotería de Entre Ríos.

FP

Un negocio recorre la Argentina en pandemia: las apuestas en línea. Las fuerzas de la historia, que incluyen el prolongado cierre de bingos y casinos, las necesidades de las arcas públicas y la naturalización del entretenimiento en el hogar, se unieron para hacerlo avanzar.

En Ciudad de Buenos Aires, el vicejefe Diego Santilli había dicho que estaba “en contra del juego”, pero su jefe, Horacio Rodríguez Larreta, autorizó la modalidad online, hasta entonces prohibida, que podría comenzar a funcionar en marzo. En Provincia, el Gobierno de Axel Kicillof mandó a decir a los trabajadores de los casinos que no se avanzaría con un proyecto armado por María Eugenia Vidal, pero al filo del cierre del año firmó una resolución que finalmente le adjudicaba licencias a 7 operadores, incluyendo empresas vinculadas a Daniel Angelici, Cristóbal López y Daniel Mautone, y la tradicional Boldt. Quedó afuera la española Codere, principal operadora de bingos bonaerenses que vive una grave crisis financiera que va más allá de la pandemia.

“Las necesidades financieras de la Ciudad y la Provincia aceleraron la puesta en funcionamiento del online, en medio de una despreocupación general por el tema de la ludopatía”, dijo a elDiarioAR Walter Martello, defensor del pueblo adjunto de la provincia.

El proyecto de Vidal, un concurso para que siete empresas comiencen a operar en este negocio no regulado, había quedado en stand by tras su derrota en las elecciones de 2019. “La provincia no es Las Vegas y no queremos que cada casa se convierta en un casino”, dijo la entonces senadora provincial Teresa García (hoy ministra de Gobierno). Al asumir, Kicillof tomó distancia del proceso y hasta modificó la carta orgánica del Instituto de Loterías para recortarle poder a su titular, el contador Omar Galdurralde. 

Mientras tanto, y con las salas cerradas por la pandemia, algunos representantes gremiales recibieron, aliviados, señales de que el juego online no iba a ser prioridad. Pero el 31 de diciembre apareció en el Boletín Oficial provincial una resolución que listaba a las 7 adjudicatarias, avanzando efectivamente con el proceso. “Lo tomamos muy mal. Nos venían diciendo que no era de agenda inmediata”, explicó a elDiarioAR Pablo Gelves, trabajador del Casino Central de Mar del Plata y miembro de la agrupación Agustín Tosco. “Se ve que entre la presión que ejercieron los empresarios y la necesidad de liquidez terminaron cediendo”, agregó.

Silencio

Cerca de Kicillof prometieron averiguar la versión oficial del cambio de postura, pero finalmente optaron por el silencio. “No vamos a realizar declaraciones al respecto”, se excusó una vocera. La movida fue una victoria del sector de Galdurralde, un hombre de Martín Insaurralde y cercano al binguero Daniel Mautone, pero también se leyó como un triunfo en Juntos por el Cambio, que desde 2019 venía impulsado el negocio por medio de Fernando Rovello, número dos de Lotería durante la gestión Vidal y hombre de Angelici. Casualidad o no, la resolución del Instituto llegó al mismo tiempo que los votos macristas para la aprobación del presupuesto provincial.

Angelici y Mautone, socios bingueros en las salas de Ramallo y Pergamino, tienen sangre joven en el online: Sebastián Mautone, uno de los hijos de Daniel, socio 151.737 de Boca y excandidato a vocal por la lista de Christian Gribaudo que perdió las últimas elecciones en el club. Entre las empresas adjudicatarias también aparecen Boldt, dueña del Casino Trilenium de Tigre; Argenbingo S.A. de Nazareno Lacquaniti, titular del Bingo Luján y aliado al gigante internacional Bet365; la empresa Pasteko S. A., de Gastón Stefani, titular de dos bingos en Berazategui; y Hotel Casino Tandil S.A., que a pesar de su nombre legal administra una serie de salas en la provincia de Catamarca. Estas dos últimas aparecen vinculadas al empresario futbolístico Gustavo Ranucci, ex vicepresidente de la Cámara de Bingos bonaerense y hombre cercano al conductor televisivo Marcelo Tinelli.

Para ingresar, cada una de las empresas deberá poner 65 millones de pesos de canon a dividirse en los próximos dos años y pagar, una vez habilitado el negocio, un 8 por ciento de ingresos brutos más otro canon variable del 2 por ciento de la ganancia neta.

Para las arcas provinciales, es dinero fresco en época de crisis. Para los empresarios del rubro, la noticia más importante del gaming de Latinoamérica en lo que va del mes.

Idas y vueltas en la Ciudad

El gobierno de Larreta también actuó en base a una escala de valores, al menos, flexible. Su proyecto original de apuestas en línea dejaba fuera del negocio a los titulares de las salas de juego físicas en la Ciudad: el Hipódromo de Palermo y el Casino Flotante de Puerto Madero, ambas con estrechos vínculos con Cristóbal López. El año pasado, con la crisis sanitaria y las salas cerradas, se activó una negociación política para permitir que estos operadores también puedan ingresar a la licitación.

Ante la presión de sus aliados “transparentistas” (la Coalición Cívica de Elisa Carrió y el bloque Confianza Pública de Graciela Ocaña), el oficialismo en la Legislatura encontró una solución elegante al entuerto y votó una modificación que levantaba la exclusión de estas dos empresas de juego presencial al tiempo que incluía una cláusula de “ficha limpia” que impediría la participación en el negocio de personas condenadas por delitos graves o contra la administración pública: un claro intento por despegarse de López en caso de que siguiera teniendo una participación en el negocio del juego.

El socio del Grupo Indalo asegura que ya no opera el negocio y quedó en manos de su socio Ricardo Benedicto. ¿Resultado? Los bloques de Carrió y Ocaña votaron a favor del cambio de criterio del larretismo, la izquierda votó en contra y el Frente de Todos se abstuvo.

Sebastián Vivot, gerente de Modernización de la Lotería de la Ciudad (Lotba), dijo que el proceso para habilitar a 12 operadores está “avanzado” y que las primeras plataformas empezarán a funcionar antes del final del primer trimestre. “Hay doce empresas que ya han pagado la tasa administrativa que les permite participar y aspirar a un permiso a una agencia de juego en línea”, explicó. En lugar de un canon, la recaudación porteña se estructura en torno a un porcentaje de lo apostado más un 6 por ciento de Ingresos Brutos. Fuentes de Lotba aseguraron a elDiarioAR que este año esperan recaudar entre $600 y $800 millones.

Dudas a futuro

El defensor adjunto Martello, autor del libro No va más, dice que la habilitación del negocio en ambos distritos deja muchos aspectos sin discutir, como las limitaciones a la publicidad y el futuro de las apuestas deportivas “en un país donde el juego está delegado a las provincias, pero el fútbol es regulado por una entidad federal como la AFA.”

En la provincia de Buenos Aires, donde viven más de 16 millones de personas, funcionan apenas 10  centros de atención y asistencia al juego compulsivo, la mayor parte de ellos en el conurbano. “Es decir que si una persona tiene problemas de juego patológico en General Villegas, para poder recibir ayuda profesional gratuita y personalizada deberá viajar más de 280 kilómetros hasta el centro más cercano, que en este caso está en Pergamino”, graficó.

La otra preocupación es el destino de las salas físicas. No son pocos los trabajadores de bingos y casinos que temen por sus puestos de trabajo ahora que al miedo por la pandemia y las aperturas con aforo reducido se le sumará la opción de apostar desde la comodidad del hogar. Los flamantes operadores en línea lo niegan. “Son públicos distintos. Las apuestas online apuntan a un público joven que hoy casi no va a las salas”, explicó el director de una de las empresas adjudicatarias con 25 años en el rubro. Otro operador festejó en el anonimato. “El online no es un mal negocio”.

FP

El empresario Cristóbal López espera para este 2021 un veredicto en el juicio del caso Oil Combustibles, pero aún quedarán pendientes el concurso de acreedores de esa petrolera (con una eventual extensión de quiebra a firmas asociadas y a su persona) y dos juicios penales por los casos Los Sauces y Cuadernos, informaron a elDiarioAR fuentes judiciales con acceso directo a los expedientes y su defensa.

Aunque fue noticia en los últimos días a raíz de la adjudicación de licencias del juego online en la provincia de Buenos Aires, su abogado penalista, Fabián Lértora, dijo a este medio que “López vendió su participación accionaria en las empresas de apuestas a uno de sus socios, Ricardo Benedicto”, por lo que sostiene que no fue beneficiado por la medida. La venta se habría pactado por casi US$100 millones, pero la Justicia se lo embargó.

Esta semana, trascendió que el 29 de diciembre el gobierno de Axel Kicillof finalizó el proceso de adjudicación del negocio del juego online que había comenzado María Eugenia Vidal durante su gestión. Según el boletín oficial bonaerense, la explotación del juego electrónico quedó en manos de 7 grupos empresarios, entre ellos Binbaires, en la que López asegura que ya no forma parte. Otros beneficiados por la decisión de Vidal y Kicillof fueron las alianzas que integran Daniel “Tano” Angelici, la empresa Boldt; el empresario del juego Daniel Mautone; y los exsocios de López asociados en Binbaires SA. Todos formaron uniones transitorias de empresas con firmas extranjeras, por disposición del Gobierno bonaerense.

El desprendimiento del negocio del juego, según el abogado de López, fue a partir de 2016, cuando el caso Oil Combustible llevó a López a vender sus acciones en dos empresas en pos de “no perjudicar” a sus socios en ese sensible negocio. También renunció a sus cargos en los directorios de Casino Club SA e Inverclub SA (a través de la cual integraba Binbaires, que explota tres bingos bonaerenses). Estas empresas no formaban parte del Grupo Indalo, por lo que no fueron alcanzadas por la crisis provocada por el caso Oil, explicó su abogado.

Según otra fuente de la sociedad comercial que integraba López, el otrora “zar del juego” y sus hijos vendieron su 30% en Inverclub SA a Benedicto, por más de US$38,6 millones, en cuotas anuales. Fue en junio de 2016 y la fuente sostiene que la operación quedó registrada en el Libro de Registro de Acciones de la empresa. 

La operación fue aprobada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, según la fuente de la sociedad, el 31 de octubre de 2016. En 2017, Benedicto solicitó suspender los pagos a López por el plazo de 180 días, cuando el gobierno de Mauricio Macri anunció que subiría la alícuota del impuesto a las ganancias a las apuestas y por una “deuda histórica” de la sociedad con el fisco porteño por ingresos brutos. Para abril de 2018, Benedicto supuestamente habría pagado a López unos US$11 millones de los US$38,6 millones acordados, según la misma fuente, quien no pudo actualizar la información, por el momento.

En Casino Club SA, López concretó la venta de sus acciones y las de sus hijos (tenían el 28% en total) en otros US$60 millones, en seis cuotas anuales, según la fuente consultada. La sociedad fue vendida a Inverclub SA en octubre 2017. El trámite se presentó también ante Defensa de la Competencia, pero en este caso la fuente no pudo confirmar si la operación fue finalmente aprobada. La primera cuota que López debía recibir fue de unos US$5 millones y la segunda, en abril de 2018, estaba estipulada en US$12,7 millones.

Sin embargo, el dueño del Grupo Indalo supuestamente no pudo percibir el resultado de la venta de esas acciones a su socio, explicó su abogado ante la consulta. Las cuotas que cobró quedaron embargadas por la Justicia federal, dijo su defensa y aclaró que consta en el expediente que entonces llevaba adelante el juez Julián Ercolini.

El día después del juicio

El principal caso contra López es el de Oil Combustibles, dividido en dos frentes: el penal y el comercial. El expediente que tramita en el fuero de criminal federal es por presunta “defraudación agravada” por el no pago al fisco de $8.000 millones del impuesto a los combustibles líquidos entre 2013 y 2015. El juicio oral y público, que comenzó en junio de 2019 en Comodoro Py 2002, se espera que finalice cerca de la feria de invierno de este año. Aún restan escuchar a algunos de los principales testigos del fisco y a los ofrecidos por las defensas. Los pronósticos son grises. 

En 2020, el aislamiento por la pandemia sorprendió al dueño del Grupo Indalo en una de sus propiedades en Comodoro Rivadavia, Chubut. Desde entonces, siguió las audiencias del juicio oral y público por el caso Oil. Su abogado penalista informó que el empresario sigue allí, donde nació un imperio que hoy está embargado, vendido o en concurso de acreedores.

El caso fue impulsado en 2016 por la gestión de Alberto Abad en la AFIP, tras la llegada de Mauricio Macri a la presidencia. Les costó la libertad a López y a su entonces socio Fabián De Sousa, que recuperaron en 2019, y la inestablidad de su emporio económico: el Grupo Indalo. También, asegura Lértora, empujó a quien entonces era conocido como “el zar del juego” a resignar su participación en el negocio de los casinos, bingos y apuestas con el que había hecho pie tanto en jurisdicción nacional bajo gobierno de los Kirchner, como en la Capital Federal, con Mauricio Macri, y en otras provincias.  

La defensa cree que tiene chances de demostrar que no habrían existido delitos por parte de las autoridades y accionistas de Oil, y que el proceso por el cual llegó a juicio, impulsado por la AFIP, estuvo viciado por supuestas irregularidades. Será el Tribunal Oral Federal 3 el que deba determinarlo. La fiscalía de juicio, a cargo de Juan García Elorrio, impulsa el caso y viene sosteniendo la acusación que, en parte, se basa también en que López y su socio De Sousa habrían destinado los fondos que debían utilizarse para cancelar los planes de pagos de la AFIP para otro fin: capitalizar a sus propias empresas y ampliar su grupo económico, por ejemplo, mediante la compra del canal de noticias C5N y Radio Diez al empresario Daniel Hadad, entre otros activos en medios que fue tomando Indalo.

Muy cerca de López dijeron a este medio que la prioridad en el frente penal es ganar el juicio de Oil y, si consiguen un veredicto a su favor, recién entonces planificar los pasos a seguir para intentar recuperar sus empresas. El caso comercial, donde se dirime el concurso de acreedores del Grupo Indalo tiene varios puntos en contra de López. “Esto es paso a paso”, dijo la fuente.

El empresario es testigo en otro expediente penal federal que está en plena investigación, a cargo de la jueza María Servini y en el que López declaró que Macri lo habría presionado para que sus medios de comunicación en una supuesta campaña mediática para “meter presa a Cristina Fernández de Kirchner”. 

El empresario sostiene que, al negarse a la presión, el Gobierno de Macri habría instrumentado una embestida para “desapoderarlo” de sus empresas, a partir del caso Oil, que incluiría, su alejamiento del negocio del juego, dicen cerca de López. En el gobierno de Cambiemos, siempre negaron esas acusaciones. En la causa, Servini busca acceder y analizar la totalidad de las llamadas de los teléfonos del expresidente Macri.

Frente comercial

La causa en el fuero comercial y el concurso de acreedores está íntimamente ligada al juicio penal. Los bienes de Oil están embargados y el resto del Grupo Indalo está en concurso de acreedores. El caso podría derivar no sólo en la imposibilidad de recuperar su emporio sino en que, de decretarse la quiebra, ésta se extienda a López y sus bienes personales. Pero será en un plazo no inmediato, aclaró una fuente judicial del caso.

Entre las últimas novedades, hubo dos fallos de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial en diciembre sobre cuestiones puntuales del expediente. La fiscal general Gabriela Boquin había solicitado que el tribunal ordenara recolectar nueva prueba para establecer en qué fecha exacta comenzó la cesación de pagos de Oil a la AFIP, ya que consideró que no estaba establecido claramente. 

La medida de la fiscal implicaba realizar una auditoría de los planes de pagos que podría ampliar eventualmente las responsabilidades de funcionarios del fisco, según una fuente judicial con acceso directo al expediente. La Cámara negó esa petición y estableció que Oil entró en cesación de pagos supuestamente en junio de 2011, desde su creación, según publicó La Nación. López y De Sousa sostienen que la cesación de pagos comenzó en 2016, durante la gestión de Abad.

La Cámara también confirmó en diciembre el desplazamiento de los síndicos por haberle entregado el legajo con toda la documentación original de la AFIP a un abogado de López y De Sousa. El legajo desapareció y ahora debe ser reconstruido, confirmó una fuente de la causa.

Los Sauces

El caso por supuesto lavado de dinero de la corrupción se centra en los alquiler que López y De Sousa pagaron a la familia Kirchner mientras accedían a contratos con el Estado. La causa está elevada a juicio oral y público, aún sin fecha de inicio y con un peritaje pendiente que solicitaron las defensas, confirmó una fuente judicial del expediente. 

Es uno de los casos más sensibles para la vicepresidenta Cristian Fernández de Kirchner, ya que sus hijos Florencia y Máximo (jefe de la bancada oficialista en Diputados) están procesados en el expediente por sus roles (muy distintos uno de otro, según los acusadores y las defensas) en el manejo de la empresa Los Sauces SA, que administraba un hotel boutique en El Calafate.

Tanto para los empresarios como para los Kirchner el origen del dinero y de la prestación de los alquileres no es ilícito y por ende, sostienen, no habría habido maniobra de lavado.

Cuadernos

Sobre López y De Sousa pesan dos acusaciones derivadas de las investigaciones de los cuadernos de las coimas. Uno de los expedientes está elevado a juicio oral y público, aún sin fecha de inicio, y es por supuesto cohecho a los Kirchner para acceder a contratos de obra pública, según la acusación que consta en el expediente. Ambos negaron esas acciones, al igual que la vicepresidenta.

En el segundo expediente, los empresarios fueron procesados por el fallecido juez Claudio Bonadio por una supuesta maniobra de lavado de dinero, junto a otros imputados, en la compra de departamentos en el edificio de Recoleta donde vive la vicepresidenta Fernández de Kirchner. La Cámara Federal revocó esos procesamientos y los acusados están con falta de mérito, confirmó una fuente judicial con acceso al expediente. 

El acueducto

López y De Sousa fueron procesados por el juez Bonadio por supuestas irregularidades en la construcción de un acueducto en Chubut y Santa Cruz, entre el Lago Musters (Comodoro Rivadavia) y Rada Tilly (Caleta Olivia). Fueron acusados de presunta “defraudación contra la administración pública” en el periodo de entre 2013 y 2017, según el expediente.

La investigación se abrió en 2017, a raíz de una denuncia de la Oficina Anticorrupción y se basó en un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que planteó que la constructora de los empresarios, CPC SA, habría sido favorecida con la licitación de manera irregular y que la obra no se concluyó, según la denuncia.

El caso está siendo revisado en la Sala I de la Cámara Federal y se espera que se dé a conocer el fallo después de la feria de enero, informó una fuente del tribunal.

ED

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires otorgó licencias para operar el juego online a 7 oferentes, una medida largamente tramitada que puede cambiar la lógica del negocio oficial de apuestas en el principal distrito de la Argentina. La lista de ganadores, mediante un proceso que contó con el aval de la oposición, incluye a empresarios y firmas del exterior y nacionales, algunas de ellas ligadas al oficialismo y/o al macrismo  y/o a otras ramas del peronismo.

Entre los nombres que manejarán un negocio de facturación estimada en US$600 millones anuales se encuentra el accionista de Indalo, allegado al oficialismo y exarrendatario de la familia Kirchner, Cristóbal López; el operador judicial del macrismo y expresidente de Boca Juniors, Daniel Angelici; su exsocio Daniel Mautone; y la firma Boldt, que comenzó a pisar fuerte en la actividad gracias a adjudicaciones directas otorgadas por el gobierno de Eduardo Duhalde. En cambio, quedó afuera del negocio online la empresa española Codere que tiene a Argentina como uno de sus principales mercados y enfrenta severos problemas financieros.

Axel Kicillof culminó el proceso de adjudicación que había iniciado su antecesora, María Eugenia Vidal (PRO), y el hecho coincidió con el aval legislativo al presupuesto del principal bloque opositor, Juntos por el Cambio, subrayó Clarín. La resolución de la compulsa fue publicada el 31 de diciembre pasado en el Boletín Oficial de la Provincia y contó con la firma del presidente de Lotería de la Provincia de Buenos Aires, Omar Galdurralde, designado en el cargo por consejo del intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, dijeron a elDiarioAR fuentes del Ejecutivo provincial.

En principio, la provincia que gobierna Kicillof percibirá anualmente US$90 millones a través de Ingresos Brutos y US$60 millones por el canon que recaudará Lotería sobre las apuestas digitales, especificó Clarín. Las empresas deberán abonar $65 millones como cargo fijo único, dijo la resolución.

El marco de la licitación esbozado durante el gobierno de Vidal en diciembre de 2018 exigió que los oferentes debían formar consorcios entre un local, que aportaría 25% del capital, y un extranjero, con el restante 75%, en virtud de la naturaleza de un negocio global al que se accede por internet.

Afortunados

Boldt,la firma de la familia Tabanelli que se había dedicado décadas a la impresión de documentos bancarios, puso un primer pie en los juegos de azar en 1993 a través de Club Keno de la Quiniela Bonaerense, por adjudicación directa firmada por el entonces gobernador Eduardo Duhalde, explicaron los periodistas Ramón indart y Federico Poore en el libro El Poder del Juego.  Bajo el mismo método, Tabanelli ganó espacio en el rubro de tragamonedas, hasta que en 1999 dio el salto al asociarse a su colega Santiago Soldati, de Sociedad Comercial Del Plata, para lanzar Trilenium en Tigre, “el casino más grande de Latinoamérica”. Boldt maneja bingos y tragamonedas en distintos partidos de Buenos Aires otorgados o renovados, en su mayoría, por la gestión de Daniel Scioli. En esta ocasión, Boldt se asoció a Cassava Enterprises, un operador de apuestas deportivas con sede en California, para participar del negocio online, informó La Política Online.

Angelici se anotó como uno de los ganadores de la compulsa mediante Atlántica de Juegos junto a la multinacional de origen canadiense PokerStars, con asiento legal en la Isla de Man. El dirigente de la UCR y articulador de la mesa judicial del macrismo tiene una larga tradición en el negocio de los bingos en la Provincia. La participación en el concurso estaba vedada para dirigentes deportivos, pero Angelici dejó de ser presidente de Boca en diciembre de 2019 y pudo concursar.

El exsocio de Angelici Daniel Mautone, uno de los principales bingueros del país y de la Provincia en particular, consiguió una licencia online a través de Casino de Victoria en asociación con Betsson Malta Holding Limited, una operadora de juegos de azar con sede en Estocolmo, remarcó LPO. En 2011, Mautone, aportante para las campañas de diversos candidatos en las provincias, dijo a Perfil que conocía a Alberto Fernández y se tenían “mutuo aprecio”.

En pleno proceso de recuperación de sus activos e influencia tras enfrentar diversos procesos judiciales durante el macrismo y permanecer detenido casi 2 años, Cristóbal López conformó la sociedad Binbaires junto a Federico Achával y Ricardo Benedicto. Los empresarios argentinos se juntaron con la griega Intralot Internacional. López y su socio en Indalo y Oil Combustibles Fabián De Sousa denunciaron haber sido víctimas de persecución durante el gobierno de Macri, ofensiva que supuestamente incluyó espionaje, extorsiones llevadas a cabo por allegados al entonces presidente y abusos procesales cometidos por Comodoro Py. Los dueños de Indalo enfrentan acusaciones por fraude y evasión impositiva que fueron ratificadas en distintas instancias judiciales. En diciembre, la Cámara Comercial detalló que los dueños de Oil Combustibles incurrieron de manera “sistemática” en “medios ruinosos y fraudulentos” en perjuicio del fisco.  Cuando comenzó el declive del macrismo, Indalo retomó el control pleno de sus medios C5N, Radio 10, Pop Radio y Ámbito Financiero, y sus dueños manifestaron su intención de recuperar todos sus activos.

El perdedor más sonoro del concurso fue la española Codere, responsable del 40% de la facturación de bingos y tragamonedas de la Provincia de Buenos Aires, un negocio que entró en crisis por las restricciones de la pandemia. A través de su subsidiaria Iberargen SA, Codere resultó la peor punteada en la competencia, dijo LPO. La Argentina representa cerca de un tercio del negocio global de Codere, pero sus problemas exceden con creces la filial local y debió reestructurar su deuda.

Hasta la fecha, el juego online estaba desregulado y el Estado no percibía ningún ingreso por esa actividad.

SL