Mientras el Gobierno avanza en el Congreso con un proyecto para bajar la edad de imputabilidad y reformar el régimen penal juvenil, un informe sobre la situación carcelaria en la Argentina vuelve a poner en cuestión la eficacia de las respuestas punitivas frente a la inseguridad. Los datos muestran un crecimiento sostenido del encarcelamiento, niveles persistentes de sobrepoblación y una población privada de la libertad mayoritariamente joven, en un sistema que ya funciona bajo fuerte estrés.

La iniciativa oficial —incluida en el temario de las sesiones extraordinarias— propone modificar la Ley Penal Juvenil y reducir la edad de imputabilidad, hoy fijada en 16 años, a un piso que el Gobierno busca ubicar entre los 13 y los 14 años, según las negociaciones en curso con bloques aliados. El proyecto apunta a ampliar la posibilidad de imputar penalmente a adolescentes por delitos considerados graves, bajo un régimen diferenciado, y es defendido por el oficialismo como una respuesta frente al aumento de la violencia y la reiteración de delitos cometidos por menores.

El debate legislativo se da, sin embargo, en un contexto penitenciario complejo. Según el último informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), al que accedió elDiarioAR, en 2024 había 121.443 personas privadas de la libertad en establecimientos penitenciarios de todo el país, la cifra más alta registrada hasta el momento. La tasa de encarcelamiento alcanzó las 258 personas cada 100 mil habitantes, con un incremento interanual del 7,1%, por encima del promedio histórico.

Ese crecimiento no estuvo acompañado por una mejora estructural del sistema. Aunque varias provincias ampliaron su capacidad penitenciaria, la sobrepoblación promedio a nivel nacional fue del 30,2%: en la práctica, por cada 100 plazas disponibles se alojaron 130 personas. Distritos como Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan y Tierra del Fuego superaron incluso ese promedio.

Uno de los datos más relevantes para el debate sobre imputabilidad es la edad de la población encarcelada. El informe muestra que el sistema penal argentino ya absorbe de manera temprana a jóvenes adultos: seis de cada diez personas presas tienen entre 21 y 39 años, con una fuerte concentración en el tramo de 30 a 39. En contraste, el grupo de 18 a 20 años representa apenas el 2% del total de personas privadas de libertad. Es decir, el endurecimiento penal previo no evitó que el encierro juvenil y joven se expandiera en las últimas décadas.

También aparecen señales de alarma en el plano judicial. En 2024, si bien el 62% de las personas presas estaba condenada, más de 45 mil permanecían detenidas sin sentencia firme, una cifra que sigue creciendo en términos absolutos. Entre las mujeres privadas de libertad, la situación es más crítica: casi la mitad (48,6%) está procesada sin condena, doce puntos más que entre los varones.

El informe del CNPT aporta además un dato central para la discusión sobre política criminal: el 17% de las personas condenadas cumple penas de hasta tres años, generalmente por delitos no violentos como robos simples, hurtos, estafas o infracciones a la ley de drogas. Se trata de sanciones que, según el propio Código Penal, podrían ser cumplidas bajo modalidades alternativas al encierro, lo que vuelve a poner en debate el uso de la cárcel como respuesta casi excluyente.

En este escenario, distintos organismos de derechos humanos, especialistas en justicia juvenil y sectores de la oposición advierten que bajar la edad de imputabilidad podría ampliar aún más el universo de jóvenes bajo control penal, sin resolver las causas estructurales del delito. A esas críticas se sumó la Iglesia Católica, que rechazó la iniciativa oficial y reclamó “transformaciones profundas” centradas en la inclusión social, la educación y la prevención, en lugar de un enfoque basado casi exclusivamente en el castigo.

MC

Lucía Uberti dormía con su novio en una casa del barrio Acindar cuando la detuvieron a fines de 2018. Tenía 24 años y la acusaron de ser la instigadora de balaceras contra edificios de la Justicia y casas de jueces de Rosario. Tres años después, la condenaron a 20 años de prisión. Al novio también. Cientos de mensajes y audios de WhatsApp probaron que los dos respondían a las órdenes que les mandaban desde la cárcel Ariel Máximo “Guille” Cantero, el líder de Los Monos, y Daniel “Teletubi” Delgado, uno de los condenados por el triple crimen de Villa Moreno. 

Cuando entró a la cárcel de mujeres de Rosario, Lucía Uberti estaba embarazada y tenía un hijo chiquito. Las mujeres con niños y niñas menores de 5 años pueden reclamar la prisión domiciliaria, pero a ella se la negaron porque consideraron que era peligrosa. Tenían como argumento no solo la condena por balaceras: ya en la cárcel Uberti sumó otra causa en la Justicia Federal por un delito de narcotráfico.

Estando presa quiso estudiar. Se acercó a las docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) que trabajan en la cárcel e hizo los trámites para empezar la licenciatura en Trabajo Social. No pudo. El Servicio Penitenciario y la Justicia le rechazaron todos los pedidos para salir al aula universitaria de la cárcel. 

Tampoco le permiten aprender oficios, ni trabajar. Las visitas de sus familiares son restringidas, sin contacto físico con nadie, ni siquiera con sus hijos. Solo puede verlos a través de un blindex media hora a la semana. Desde enero, tanto ella como las otras presas de la cárcel de mujeres de Rosario calificadas como las más peligrosas están en celdas individuales y la única salida es al patio. Sus días, las 24 horas de todos los días de 20 años de condena, los pasa en una celda aislada sin hacer nada. 

—Esto repercute en el estado de ánimo de cualquier preso porque es una situación absolutamente degradante e inhumana —dice José Nanni, su abogado defensor y quien tiene como clientes a otros presos en la misma condición— Se terminan volviendo locos. Lucía está en una habitación de tres por dos sin contacto con el exterior y sin posibilidades de hacer nada, llega un momento en que la cabeza te explota. No favorece una reinserción social.

Esto repercute en el estado de ánimo de cualquier preso porque es una situación absolutamente degradante e inhumana. Se terminan volviendo locos

José Nanni — Abogado defensor de Lucía Uberti

Uberti tiene ahora 30 años y es una de las 73 mujeres presas bajo el régimen de alto perfil, una categoría made in Santa Fe. Se empezó a usar en 2015 como una clasificación dentro del Sistema Penitenciario y se legitimó apenas asumió el gobierno de Maximiliano Pullaro con la nueva Ley de Ejecución Penal. En total hay 587 internos bajo esa condición y representan apenas el 5% de la población carcelaria, que en 2025 llegó a 10.834 internos. 

La categoría de preso alto perfil se instaló con la premisa de que varios de los jefes de las bandas narcos de Rosario seguían operando desde la cárcel, algo que se comprobó en varias causas judiciales. Poco se dice, sin embargo, de la presunta complicidad o colaboración del personal del sistema penitenciario con esos delitos. Si bien el número de presos de alto perfil es bajo, sobre ellos se montó toda una estrategia de comunicación y una política de seguridad de mano dura que en marzo de 2024 tuvo una de sus imágenes más recordadas. 

Un video con fotos de unos veinte presos en cuero, sin zapatillas, sentados uno detrás del otro en fila con la cabeza rapada y entre las piernas. Alrededor, la misma cantidad de policías con uniformes azules camuflados, pasamontañas, cascos y armas largas. Una estética y una forma de comunicación que calcaba la política de seguridad de Nayib Bukele. 

En total hay 587 internos bajo el régimen de alto perfil, una categoría made in Santa Fe. Representan apenas el 5 por ciento de la población carcelaria, que en 2025 llegó a 10.834 internos.

Lo que siguió también es conocido. Cuatro homicidios al hilo. Cuatro trabajadores elegidos al azar pero con oficios que paralizaban la ciudad: un colectivero, dos taxistas y un playero de una estación de servicio. Rosario estuvo en silencio y sin movimiento durante varios días, casi como en pandemia pero sin barbijos ni alcohol en gel.

Nanni fue uno de los abogados que en 2024 presentó habeas corpus por las requisas a lo Bukele. Varios abogados y la Defensoría Pública denunciaron que en esos procedimientos hubo torturas y maltratos. Todos los recursos fueron rechazados por la Justicia. 

—Con argumentos infantiles. Los abogados del servicio penitenciario negaban todas las torturas y golpizas cuando estaban los informes forenses del médico de Gendarmería que demostraban que había gente picaneada, con quemaduras y golpes. Lo peor es que la Justicia avala todo eso. Hoy no hay un juez provincial que se le atreva al Servicio Penitenciario cuando son los que tienen que garantizar el Estado de Derecho. Y el Servicio Penitenciario hace lo que quiere. 

Cárceles por todos lados 

En los primeros tres meses del gobierno de Pullaro, la Legislatura aprobó un paquete de leyes para implementar la política de seguridad que había anunciado en campaña. El gobernador tenía mayoría en las dos cámaras y no tuvo grandes trabas para que se declarara la emergencia en seguridad con más presupuesto para aumentar salarios policiales, incorporar uniformados retirados, construir cárceles y comprar equipamiento. 

También obtuvo la ley de Inteligencia, con la que Santa Fe se convirtió en la primera provincia argentina en tener una. Y adhirió a la ley nacional de microtráfico de drogas, una normativa que habilita a la Justicia provincial a perseguir el narcomenudeo, el eslabón más bajo de la cadena de venta de drogas. En relación a las cárceles, la Legislatura sancionó una nueva ley de ejecución penal donde apareció por primera vez un capítulo sobre presos de alto perfil. 

Los define bajo cuatro circunstancias bastante amplias. Uno: un preso puede ser de alto perfil si participó o tuvo algún contacto con organizaciones criminales complejas o ligadas al narcotráfico. Dos: si hay indicios de que participó en atentados, actos de fuerza, agresión o amenaza hacia los poderes públicos o en hechos de violencia por medio de allegados y organizaciones criminales. Tres: Si tiene antecedentes de resistencia a la autoridad o si participó en un motín o tumulto. Y cuatro: si tiene recursos humanos, económicos, financieros, materiales, logísticos o de cualquier otro tipo, que hagan presumir alguna de las circunstancias anteriores. 

Uno de los puntos más criticados de la ley es que no es el Poder Judicial el que determina quien es un preso o presa de alto perfil si no el Ejecutivo. Y lo hace a través del Sistema Penitenciario que depende del Ministerio de Justicia y Seguridad. 

Un artículo escrito por Mauricio Manchado, doctor en comunicación social que trabaja desde hace años en las cárceles de Rosario en los espacios universitarios, explica que la categoría de alto perfil se convirtió “en el argumento central para fortalecer la lógica de la cárcel depósito y la negación o restricción del ejercicio de los derechos humanos bajo el argumento de la peligrosidad”. Dice que hay discrecionalidad a la hora de definir qué es un preso de alto perfil: conviven jóvenes tiratiros que entran por primera vez al sistema penal con líderes de organizaciones criminales y todos son tratados por igual. 

Los presos de alto perfil se clasifican en tres categorías y la más alta es la que tiene más restricciones. Van desde usar uniformes naranjas como en las cárceles norteamericanas hasta requisas sorpresivas y aleatorias. Tienen prohibido salir del pabellón o la celda salvo en dos momentos del día, tienen restringidas las llamadas telefónicas y el uso del celular, no pueden salir a aulas universitarias y no participar de otras instancias educativas o de trabajo. 

Una de las restricciones más duras es con las visitas. Son de media hora y solo se pueden recibir dos familiares directos y por separado. Recién a los seis meses pueden cambiar de familiar. Solo pueden verse a través de un blindex, sin tocarse. En el caso de las mujeres, se les permite una vez por mes una visita con contacto físico con los hijos e hijas de hasta seis años. Si son más grandes, toca verlos a través del vidrio. Las madres tienen prohibido vivir con sus hijos chiquitos, con excepción de bebés que estén tomando la teta hasta los seis meses. 

La ley dice también que los presos de alto perfil tienen que estar en una celda con patio individual enrejado o mallado, inhibición de señal celular, de internet y personal de custodia permanente. Pero la realidad es que en la cárcel no hay lugar para eso. Ahí es cuando las condiciones de detención de varones y mujeres de alto perfil son distintas. En el caso del Nivel 1, los varones en Piñero, por ejemplo, están en un pabellón común donde pueden tener una vida un poco más comunitaria, tomar mate, hacer algunas actividades. Las mujeres no. Están completamente aisladas en celdas individuales. 

La política del alto perfil choca con una realidad: las cárceles santafesinas están superpobladas, con un 40 más de su capacidad. Esto se traduce en hacinamiento, presos que duermen de a tres en una celda, déficit en la atención médica y otros problemas. Según el Observatorio de Seguridad Pública, la población carcelaria casi se triplicó entre 2008 y 2025: pasó de 3800 a 10.834 reclusos. La tasa de presos por cada cien mil habitantes se duplicó. El 96% son varones jóvenes de menos de 30 años, en su mayoría de sectores populares. 

Hasta 2023 la tasa de homicidios de Rosario fue la más alta del país. El gran cambio fue en 2024, cuando Pullaro se anotó el triunfo político de bajar un 65 por ciento los homicidios. Entre las causas que da el Ejecutivo está la política carcelaria. Desde otros sectores se habla de que es imposible controlar el delito sin un pacto entre policías y bandas. 

En su discurso, Pullaro habla de que llegó para terminar con los privilegios de los presos y planea construir seis cárceles nuevas. La que más marketing tiene en la comunicación gubernamental es El Infierno, una cárcel de alta seguridad que ya desde el nombre promete ser una tortura para quienes estén ahí alojados. Costará $109.000 millones y tendrá capacidad para 1.152 internos, el doble de los que hay hoy. Desde el gobierno aseguran que los presos de alto perfil crecen en un 20% por año. Estarán repartidos en cuatro módulos, uno de ellos para mujeres. 

Cárceles sin aulas

María Chiponi trabaja desde hace más de 15 años en las cárceles de Rosario. Entró por una política pública nacional y hoy coordina el Programa de Educación en Cárceles de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Cuando salió la nueva ley de ejecución penal santafesina algo le llamó la atención. 

–Todo el capítulo destinado a la educación desapareció, lo borraron. Lo que vemos es que esta lógica de encarcelamiento del alto perfil derrama sobre el resto, que es el 95 de la población carcelaria. 

El derecho a la educación es universal y está en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Es fundamental no solo para la reinserción social sino para un tránsito por el encierro menos doloroso. En todos los años en la cárcel, Chiponi vio pasar distintas gestiones y sabe que los derechos no son letra muerta. Se construyen en un tira y afloja, en un diálogo que no siempre es fácil. 

La educación en las cárceles es fruto de esa construcción, de un ensayo y error. Desde la universidad lograron tener aulas equipadas y desarrollaron un dispositivo pedagógico para acompañar a quienes quieren estudiar una carrera. Tienen libros y diccionarios, material digitalizado, computadoras, acceso a aulas virtuales, exámenes con docentes por videollamada y un aprendizaje en grupo con otros compañeros y compañeras.

Los presos y presas de alto perfil no pueden acceder a nada de eso. Tienen prohibido salir a las salas universitarias. Una de las cuestiones que plantean desde el Sistema Penitenciario es que no pueden tener acceso a internet pero Chiponi explica que hay recursos de seguridad informática que se podrían implementar.

Desde el Ministerio de Seguridad dicen que la educación depende también de la capacidad de las cárceles y que hay lugar para que apenas el 4% vaya a las aulas universitarias. Pero lo cierto es que tampoco son tantos los que llegan a estudiar. Por ejemplo, en Piñero son siete presos y en la de mujeres nueve. 

En el caso de alto perfil, desde el Ministerio aseguran que acceso a la educación se garantiza bajo la modalidad a distancia. Los presos y presas reciben el material de estudio en el pabellón o en la celda y hacen los exámenes en boxes de visita con blindex de por medio. Pero lo que dice la teoría es imposible de aplicar en la práctica. 

Chiponi explica que lo intentaron durante años. Docentes iban a la puerta del pabellón a leer los textos con cada uno de los estudiantes pero el sistema no funcionó. Estaban con chalecos de seguridad puestos, rodeados de fuerzas de seguridad, materiales rotos, en una escena que era difícil para el estudio y para el acompañamiento pedagógico. 

–Es imposible tener una persona que vaya todas las semanas a la puerta de cada pabellón con un estudiante cuando tenemos aulas donde el proceso de aprendizaje funciona. Tampoco podemos sostener una ficción de solo llevarles el material. El estudio en soledad no funciona, lo sabemos porque probamos muchos métodos y por eso dotamos a las salas de recursos y materiales. 

A eso se suma que la universidad está en un momento de recorte y congelamiento de salarios. No tienen docentes de sobra para mandar a la cárcel a tomar examen a través de un blindex. Pero además, Chiponi defiende un método de trabajo, un aprendizaje adquirido. 

–Cuando insistimos con la salida a la Sala Universitaria no es caprichoso o arbitrario. Ahí están dadas las condiciones pedagógicas para que suceda el proceso educativo. 

No importan las explicaciones. El Sistema Penitenciario responde siempre que no. Y la Justicia lo apoya. Cada vez que presentan un habeas corpus los jueces lo rechazan bajo el argumento de que “hay proteger a la sociedad del delito”. Chiponi cree que detrás hay una idea de la cárcel como un lugar de sufrimiento, no de reinserción. 

–Es muy fuerte ver a esas mujeres que no pueden abrazar a sus hijos salvo que tengan menos de siete años. Lo mismo con la cárcel El Infierno, ¿a qué remite? ¿a un espacio donde las personas se quemen y ardan? Pareciera que la respuesta al reclamo de seguridad de la sociedad es con la expansión del dolor y el sufrimiento. 

AB/MG

“Otro día de cárcel” es el título de un live en Tiktok. Dura 47 minutos y muestra a tres presos que, bajo el sol, practican boxeo con cascos y guantes sobre el asfalto del patio de la Unidad Penitenciaria N°23 de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Lo miran más de 220 personas. De fondo se ve un extenso muro rosado. Detrás de la cámara, que se ve solo por momentos, se observa la sombra de un grupo de internos: son los que manejan la transmisión en la red social, responden preguntas y cuentan su historia a personas que no conocen, que miran curiosos la dinámica de un penal sin interlocutores entre los que viven el encierro y los que están del otro de lado de la pantalla, en libertad.

Tiktok llegó a los penales y parece ser una manera en que los propios detenidos le ponen fin a su aislamiento. Presos entretenidos, penitenciarios preocupados, políticos en silencio. La curiosidad es infinita. La gente quiere saber todo.

—¿De dónde sos? —preguntan en el público.

—De Claypole.

—Debe ser feo estar en cana.

—Tal cual, capo.

—¿Por qué estás preso?

—He cometido un delito y estoy pagando [Quien transmite está condenado por robo].

—¿Cuántos años tenés?

—42.

—¿Qué se les hace a los que entran a la cárcel?

—En este penal, nada.

—¿Quién lava los tuppers?

—Yo.

Apenas pasaron tres minutos desde que elDiarioAR se conecta al vivo y el cuestionario casi interrogatorio durará mucho más. En el medio se escucharán bromas, saludos y hasta habrá una demostración de abdominales a pedido de una de las usuarias de la plataforma que quiere saber cómo es el cuerpo del streamer-preso.

El detenido llega a responder algunas preguntas periodísticas durante el vivo, pero no puede hacerlo por mensaje privado porque su cuenta fue denunciada como si se tratara de un menor de edad. Al estar preso, no tiene su documento para validar sus datos. Es la precaria manera con la que en ocasiones desde la cárcel moderan la interacción con el afuera cuando detectan algo que se les va de control. Horas más tarde, elDiarioAR logra concretar con el interno una comunicación directa por otro medio. La intención es conocer en primera persona cómo les cambia la vida dentro de penal al tener celulares con internet, por qué hacen vivos en Tiktok y qué consiguen. La única condición de quien responde es no revelar su identidad.

Ni Tumberos, ni El Marginal: la vida real

—¿Por qué hacés vivos en Tiktok?

—En mis vivos trato de salir de lo que es un contexto violento y hasta tortuoso. Busco hacer notar que no todo es léxico tumbero, conductas negativas y que existe otro tipo de comportamiento dentro de la cárcel. No todo es el relato del medio hegemónico o la oratoria de la política partidaria que utilizan en el poder para permanecer en sus cargos o para llegar a los mismos.

—Tu herramienta para los vivos en la cárcel es el celular. ¿Qué opinás de retirar los celulares de las cárceles?

—Sobre el teléfono todos dicen “che, no podés tener celular porque estás detenido” o “esto es una joda”. Pero yo que estoy detenido perdí el derecho a un medio libre, a estar en una sociedad libre, a transitar libremente, pero no perdí los derechos a la salud, la cultura, la educación o el trabajo. Son derechos que sigo conservando aunque esté en un contexto de encierro. Acá no existe un tratamiento de reinserción social efectivo. Es obvio que al servicio penitenciario no le gustaría para nada escuchar esto que digo, pero sí les gustaría que uno no esté mostrando lo que es la violencia institucional, el preso contra el preso, el penitenciario reprimiendo o un léxico tumbero.

—¿Cómo dirías que es “estar preso”?

—El sistema de reinserción social de la cárcel no es coordinado, no es investigado por nadie. De cada 10 presos que salen, 12 reinciden, ¿entendés? ¿Por qué cada vez hay más detenidos dentro de las cárceles? ¿Por qué cada vez se aumentan mucho más las penas? Porque el negocio es ese, que haya cada vez más presos.

—¿Podrías poner un ejemplo concreto sobre por qué decís que la reinserción no existe?

—Por ejemplo, dentro de la cárcel no se trabaja el problema de las adicciones. Yo no las tengo, pero muchos sí. De hecho, hay pibes que vienen presos y no saben qué delitos cometieron porque cuando los detuvieron estaban pasados y ni siquiera se acuerdan cuando los agarraron.

—¿Qué pensás acerca de las críticas de la opinión pública por la posibilidad de que ustedes puedan tener teléfonos y cometer delitos con ellos?

—Hay ciberdelitos que se cometen desde adentro de la cárcel. Hay amenazas y estafas, pero no se dedica a eso el 100% de los presos. Por ejemplo, hasta hace un año yo usaba el celular para trabajar como administrativo en una oficina, después me despidieron y no conseguí otra cosa, pero en una sociedad digitalizada es correcto el uso del teléfono de un interno, y al que le moleste vernos que busque otro contenido. Lo que pasa es que la gente no deja de canalizar sus frustraciones personales en el otro que está detenido proque ha cometido un delito. Entonces, ninguna pena es suficiente porque la sociedad está mal.

—¿En qué te mejora la vida usar celular dentro de la cárcel y, específicamente, transmitir vivos en Titkok?

—Me cambia la relación social, saber cómo está todo afuera. Mediante una interacción con la gente puedo hasta poner los pies sobre la tierra de la realidad social. Hay cosas que familiares o amigos no te transmiten por el solo hecho de resguardarte y que no reniegues. También, obviamente, el entretenimiento de las redes te saca un poco de acá. En pocas palabras, me informo, interactúo y me relaciono con el exterior. También, busco capitalizar el tiempo acá, con algún curso en la web, online o por Zoom.

—Y en general, ¿en qué crees que cambió la cárcel desde que se permiten los celulares?

—Los celulares cambiaron un montón el comportamiento de los presos. Hay violencia, hay muertes, pero no tantas como había antes y también uno puede mostrarse de otra forma. Hoy en día dicen que el preso tiene que reinsertarse en la sociedad, pero la sociedad está digitalizada. ¿Por qué no le vas a dar un teléfono a un preso si cuando sale lo primero que tiene una persona es un teléfono? El que no tiene un teléfono es un excluído, o sea que lo seguís excluyendo. Es fácil decir “sí, el preso con los teléfonos comete delitos virtuales”, pero si manejan un analfabetismo bárbaro. La mayoría de la población carcelaria es analfabeta, entonces la idea de que la mayoría puede delinquir con los celulares no es tan así.

Vigilador vigilado

La utilización de los celulares fue autorizada a modo excepcional en las cárceles durante la pandemia, en pleno gobierno de Alberto Fernández, bajo el argumento de que los internos no podían recibir visitas por el aislamiento. Superada esa etapa, en distintos puntos del país se avanzó en volver a prohibirlos. La provincia de Buenos Aires, en cambio, decidió mantener el permiso con cierto protocolo. En los pasillos del Servicio Penitenciario Bonaerense y del Ministerio de Justicia coinciden en dos puntos: intentar sacar los teléfonos ahora sería un desastre y permitirlos alivia el día a día y reduce los conflictos.

No hay cifras oficiales sobre la cantidad de delitos que se cometen desde las cárceles a través de celulares. Existen, es cierto, pero la amenaza que más preocupa políticamente en la estructura carcelaria no es esa, sino cómo los teléfonos invierten el poder y cambia los roles: los vigilados, vigilan. Con teléfonos en su poder los presos pueden grabar situaciones irregulares o violentas y difundirlas. Un delito, en cambio, es rápidamente rastreable y posible de interrumpir. Alcanza con ubicar el teléfono y aplicar una sanción o agravar la pena a ese detenido.

“Una interna de la Unidad N° 8 se suicidó y otra desde su celda grabó el actuar del personal penitenciario que fue absolutamente negligente. Como que no sabían qué hacer con la situación. Eso quedó documentado y, obviamente, hubo consecuencias administrativas y laborales para el personal que intervino. Esto nos habla del poder que tiene un celular dentro de la cárcel con la posibilidad de todo el tiempo estar filmando y poder ver lo que pasa sin que haga faltar ver la serie”, explica a elDiarioAR una alta fuente penitenciaria que pide anonimato. Y agrega: “En una unidad de Florencia Varela detuvieron a una persona que estaba involucrada en una red de pedofilia y vendía ese material entre los presos. Eso costó la cabeza de varias autoridades, lógicamente”.

El fenómeno, sin embargo, tiene sus contratiempos y hay algunas medidas de restricción para controlar su uso. “Hoy está complicada la regulación. En algunas unidades, por ejemplo, se pueden usar los celulares en las celdas pero no en espacios comunes. Es un fenómeno que hoy está absolutamente desbordado porque no hay manera de normarlo. Si los sacás, se te arma un lío enorme con la población así como también pasaba cuando estaban prohibidos que muchos penitenciarios hacían requisas, incautaban teléfonos y no los devolvían a las familias sino que los vendían en la misma cárcel. Detrás de cada celular había un negocio: o para tenerlo o si lo secuestraban”, agrega.

Voz social y otra manera de gestionar el conflicto

Desde espacios profesionales analizan la situación de manera macro. “A contrapelo de la decisión de Patricia Bullrich, la provincia de Buenos Aires dice 'yo voy a seguir habilitando los celulares', un poco por lo bajo, sin levantar mucho el perfil, porque en la opinión pública está muy impuesta la idea de que el crimen organizado se despliega a través del uso de celulares dentro de las cárceles, pero lo habilita y lo protocoliza. ¿Por qué? Porque esto cambió absolutamente la posibilidad de gestionar cárceles súper sobrepobladas”, señala Macarena Fernández Hofmann, coordinadora del equipo Política criminal y violencia en el encierro del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Según la especialista, la superpoblación implica, entre otras cosas, que sea “imposible una relación uno a uno entre el agente penitenciario y el detenido”. En este contexto, durante años, se desarrollaron distintas estrategias hasta que un día aparecieron los celulares y los cambios emergieron.

“Lo que te dicen desde el SPB, y es real, es que les bajó el nivel de conflictividad. Entonces, es posible pensar en un enfoque del uso del celular para bajar los hechos de violencia dentro de la cárcel. De hecho, creo que hasta se puede pensar como un uso que previene la tortura por un montón de razones”, analiza Hofmann.

“El celular en la cárcel les permite a los internos un contacto mucho más asiduo con sus familiares. Eso hace que empiece a tener otro sentido la vida, porque también pueden vivir parte de esa vida que queda afuera. Cuando estás en la cárcel, no te fuiste a vivir a Marte. Seguís viviendo en esta sociedad. Yo entrevisté a un par de presos sobre el uso del celular y ellos dicen, por ejemplo, 'hago la tarea con mis hijos por videollamada'. O sea, les cambia la vida en ese sentido, pasan a ser parte de esa cotidianidad de la que no lo son físicamente”, apunta la experta del CELS. Y ejemplifica un avance en sus propias causas: “Pueden tener contacto con sus defensores directos. Ya sea porque viven una situación de violencia o hacer una denuncia, tienen la autonomía para hacerlo. También el aislamiento permite un montón de secretismo, pero con los celulares comienza a romperse”.

Con los celulares dentro de las cárceles, los internos obtuvieron otra autonomía. Pueden hacer consultas por videollamadas a sus propios médicos, pedir cosas a sus familiares, comprar por internet o acceder a conocimientos que en el penal de otra manera no podrían. Por ejemplo, ver tutoriales de oficios. También, por supuesto, entretenerse con música, películas o redes.

“Las cárceles hoy están muy sostenidas en la idea de lugar para ir a morir fuera de la sociedad. Acá, si lo pensamos en términos físicos, el aislamiento empieza a romperse y ellos pueden divertirse, ver una serie o hacer ese tipo de vivos en Tiktok. Y me parece muy interesante para el que está fuera, que no es parte de su entorno poder decir 'ah, esto implica estar en estas condiciones'”, reflexiona Hofmann. Para ella, además, es “muy interesante” incluso con su parte “más cruda y medio violenta” la posibilidad “de que los presos puedan tener una voz social sobre ellos mismos”.

Si la vida personal y en sociedad está atravesada actualmente por los celulares, tiene cierta lógica que también se usen en las cárceles. “Absolutamente todas las personas que estamos en este mundo, en este momento de la humanidad, usamos y vivimos a través de nuestros celulares. Y las cárceles y las personas privadas de la libertad son parte de esta sociedad”, observa Hofmann, que concluye: “La accesibilidad realmente permite que la cárcel no sea solo una tumba oscura”.

MM/MC

Una oficial de la Policía de la Ciudad fue detenida en las últimas horas acusada de connivencia y posible complicidad con al menos uno de los dos presos que se escaparon de la cárcel de Contraventores del barrio porteño de Nueva Pompeya.

La detención se produjo el domingo mientras desempañaba su tarea, pero trascendió hoy, luego de que difundiera la noticia el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff.

La uniformada está vinculada con la fuga de Darlin Javier Polanco Agüero, de 32 años, quien estaba preso por un homicidio, y de Dilson Eduardo Polanco Muñoz, de 35, el dominicano que había sido detenido por la División investigaciones Antidrogas IV, que aceptó su culpa en un juicio abreviado y fue condenado a cinco años y medio de prisión. A este último lo recapturaron este lunes en Paraguay. 

La oficial apresada habría logrado un vínculo con uno de los dos sujetos prófugos. “Se la arrestó porque cuando se escapa, se ve en las imágenes de las cámaras de seguridad que él la saluda y sigue, como si nada, y ella le responde con un ademán”, según detalló el portal Infobae a través de fuentes del caso.

Por su parte, Wolff dio a conocer la detención e su cuenta de X (antes Twitter), con un título que indicaba que “el uniforme no se mancha”.

“Así como respaldamos a la inmensa mayoría de nuestros policías que arriesgan su vida todos los días, somos implacables con aquellos que mancillan a la institución usando nuestro uniforme para delinquir. En una de las fugas se constató una cadena de connivencia. Ya hay una `policía` detenida, y continuaremos investigando hasta las últimas consecuencias”, remarcó el ministro.

Asimismo, añadió: “Quiero destacar la actuación de la fuerza, en especial al área de Desempeño, quienes defienden el honor que conlleva nuestro uniforme investigando y poniendo a disposición de la Justicia a quienes defraudan la confianza pública. El que traiciona el uniforme, preso”.

De esta manera, Wolff confirmó la detención de esta oficial, luego de que el domingo anunciara el desplazamiento del asesor de su cartera, Sebastián Vela, y del director de Alcaidías de la 

Policía de la Ciudad, comisario mayor Adrián Ochoa, tras la fuga de presos que se registró en las últimas semanas en diferentes edificios de la fuerza.

En ese sentido, se trata del escape de estos dos reclusos de la cárcel de Contraventores de Pompeya y de los 11 reos de la alcaidía de Barracas.

MM con información de la agencia NA.

La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), a cargo del fiscal general Alberto Adrián María Gentili, informó que se registraron 15 muertes en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal en los primeros seis meses del 2024 a través de la publicación del documento estadístico Muerte en cárceles federales. El trabajo compara que en el mismo periodo de 2023 se habían registrado 8 muertes, lo que implica “un notorio incremento” en la cifra.

De acuerdo con el informe, las muertes de personas bajo custodia entre el 1° de enero y el 30 de junio del año en curso se registraron en diez cárceles federales, con el siguiente detalle:

El reporte también detalla información sobre el rango etario, el género y la nacionalidad de las personas fallecidas:

En relación a la situación procesal de las personas fallecidas, 11 se encontraban con condena firme y 4 procesadas; 6 llevaban menos de un año detenidas. A su vez, 4 llevaban más de cuatro años en prisión, 2 personas entre dos y cuatro años, y 3 personas entre uno y dos años.

El reporte detalla asimismo la tipología de las muertes. La Procuraduría indica que 9 casos fueron por causas no traumáticas y 5 por razones traumáticas, mientras que el restante es objeto de investigación. De acuerdo con los registros, la mayor parte de las muertes fueron producto de problemas de salud. Dentro del conjunto de fallecimientos traumáticos predominaron las muertes por ahorcamiento, con tres casos; hubo una por quemaduras; y un ahogamiento provocado por la ingestión de un elemento extraño.

La PROCUVIN registra, contabiliza y analiza desde 2013 las muertes de personas detenidas bajo custodia del SPF. La continuidad en el trabajo de actualización de bases de datos le permite a la procuraduría desplegar series históricas y evolutivas, tanto en términos cuantitativos como también en la profundización de las modalidades y circunstancias en las que se dan los diferentes tipos de fallecimientos.

DM con información de Fiscales.gob.ar

Un juez mendocino resolvió que los presos alojados en penales provinciales no podrán acceder a teléfonos celulares dentro de las cárceles, debido a que finalizó la emergencia sanitario que lo habilitaba en el 2020 a partir de la cuarentena ordenada por la pandemia del coronavirus, informaron fuentes judiciales.

Se trata del juez Sebastián Sarmiento quien, además, dispuso que las mujeres privadas de su libertad sean las únicas que seguirán con dicho beneficio, para facilitarles la comunicación con sus hijos.

La decisión ya fue comunicada hoy al Ministerio Público Fiscal, al Servicio Penitenciario y a la ONG Defensora General que apoyaba la continuidad del uso de los teléfonos.

Sarmiento fundamentó su decisión de eliminar la utilización de celulares en que “se ha superado el estado de emergencia sanitaria a nivel global, tal como lo ha resuelto la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.

El planteo había surgido a fines del 2023 dado que el 31 de diciembre tenía fin el decreto del ex presidente Alberto Fernández sobre la tenencia autorizada de teléfonos celulares dentro de los penales debido a la pandemia y el aislamiento social obligatorio, por lo cual los internos no podían recibir visitas.

Ante esto, el juez Sarmiento emitió el primer día de este 2024 una prórroga por 10 días y convocó a una audiencia con diferentes actores sobre el tema, quienes expusieron su posición.

Desde el Ministerio Público Fiscal provincial y el Servicio Penitenciario mendocino se opusieron a la continuidad del beneficio e indicaron que tenía que volver a aplicarse la ley vigente.

Los argumentos de quienes están a favor de continuar con el uso se sostienen en que la utilización de celulares es un derecho humano básico que deben tener todas las personas.

En esa postura se centraron la Defensoría General de la provincia, representada en la audiencia por Rafael Manzur; el Procurador de las Personas Privadas de Libertad, Luis Romero; también la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Suprema Corte de Justicia.

Según el dictamen, el plazo de retiro efectivo debería “no ser menor a los seis meses, debiendo notificar con una debida anticipación a las personas privadas de la libertad”.

Sarmiento dejó en claro que el Servicio Penitenciario “sólo podrá retirar los equipos de telefonía celular en aquellos sectores donde se le garanticen una frecuencia de visitas igual a que le se venía usufructuando, previa al inicio de la pandemia en el año 2020”.

MM

Con información de la agencia Télam.

Dos personas balearon un banco en Rosario y dejaron una nota con una amenaza para el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, luego de que restituyera los pabellones de alto perfil para narcos y sicarios.

“Pullaro, no te metas con el pabellón 9. Así como matamos a un policía, vamos a matar a tu familia”, rezaba el cartel con el mensaje intimidatorio, que se vincularía con el anuncio del mandatario provincial.

Los disparos se dieron contra la sucursal del banco Macro ubicada en la esquina de Saavedra y Ovidio Lagos, zona a la que acudieron dos sujetos a bordo de una moto. Uno de ellos se bajó de la motocicleta, dejó una bolsa ecológica que contenía el cartel y les solicitó a los presentes que se corrieran para efectuar los cuatro tiros contra la sucursal.

En ese momento había cuatro personas en los cajeros automáticos y otras tres haciendo fila en la calle. Todos se resguardaron y no resultaron heridos.

Tras el hecho, los sicarios se dieron a la fuga y son buscados intensamente. En la causa interviene la fiscal Noelia Navone, quien se encuentra de turno en la unidad de Flagrancia.

En el lugar del hecho se incautaron cuatro vainas servidas calibre 40. Se busca identificar a los sicarios a través de las cámaras de seguridad de la zona, que los podría haber captado: uno de los sujetos tenía la cara descubierta.

Pullaro anunció este martes la restitución de los pabellones de alto perfil para jefes narcos y sicarios que comenzó en la Unidad Penitenciaria 11 de Piñero, además de la suspensión del ingreso de alimentos a las cárceles por parte de los familiares de los reclusos.

NB con información de NA.

Entre anoche y hoy, ocurrieron en Quito una serie de ataques con granadas y explotaron dos coche-bomba frente a las sedes del organismo que gestiona las cárceles en el marco de una presunta protesta de organizaciones criminales por las constantes requisas en prisiones. En los establecimientos carcelarios, además, tuvieron lugar motines y retenciones de agentes por parte de los detenidos.

Ayer, policías y militares realizaron un operativo en las cárceles de Cotopaxi y Turi y decidieron el traslado de algunos líderes de bandas. Esto generó enfrentamientos entre los agentes y presos en las prisiones, lo que derivó en los primeros grabando un video en el que solicitan al gobierno nacional que no adopte decisiones que atenten contra sus derechos y los de los reclusos. “Este mensaje es para decirles que no tomen decisiones que atenten contra los derechos humanos de las personas privadas de la libertad”, dijo el vocero de los policías, vestido con uniforme militar.

En este marco, el ministro de Seguridad, Wagner Bravo, sostuvo que este hecho, sumado a la explosión de los autos, constituyen un intento de intimidación hacia la administración de Guillermo Lasso. “Quieren amedrentar al Estado para evitar que sigamos cumpliendo con la función que tienen las fuerzas armadas y la policía en controlar estos centros penitenciarios”, aseguró.

Los dos vehículos ─un sedán y una camioneta─ cargaban cilindros de gas cuando explotaron frente a distintas sedes del Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad en la zona comercial de Quito. Según indicó el general Pablo Ramírez, director de Investigación Antidrogas de la policía, el sedán contaba con “dos cilindros de gas con combustible, mecha lenta y aparentemente tacos de dinamita”.

En otros sectores de la ciudad capital, estallaron tres granadas, según informó el alcalde Pabel Muñoz a través de la red social X (antes Twitter). De acuerdo al sitio Primicias, también se produjeron otras dos detonaciones en El Oro.

Frente a estos ataques, el Frente de Seguridad decidió reunirse en el Palacio de Carondelet, sede del Poder Ejecutivo, sin la presencia del presidente Guillermo Lasso.

Según especificó Ramírez, ya se detuvieron a seis personas, entre ellas una de nacionalidad colombiana, a pocos kilómetros del lugar de una de las explosiones. Todos ellos tienen antecedentes por extorsión, robo y asesinato.

Hasta ahora, las calles de la capital ecuatoriana no había sido escenario de la guerra entre bandas del narcotráfico y las autoridades, pero los recientes hechos parecen marcar un punto de inflexión. Las cárceles habían sido el principal lugar en el que se libraban los conflictos y las masacres como consecuencia de choques entre bandas y motines que, desde 2021, dejaron un saldo de más de 430 presos muertos.

Actualmente, en todo el país rige un estado de excepción que habilita a los militares a patrullar las calles e intervenir en el control de las prisiones donde se desarrolla la guerra de bandas, en general aliadas de cárteles mexicanos y colombianos.

ACM con información de agencias.

El Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles, un equipo multidisciplinario que evalúa la condición de vida en los penales, denunció “la acuciante situación de hacinamiento en Comisarías y Alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires” y la superpoblación en gran parte de los centros de detención.

“El encierro en condiciones de sobrepoblación y hacinamiento se torna a todas luces ilegítimo y tal circunstancia no podría justificarse invocando deficiencias edilicias, carencias presupuestarias y/o cualquier otra situación de emergencia o excepción”, sostiene un informe, al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas.

El Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles es un organismo integrado por jueces federales y nacionales, la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Procuración contra la Violencia Institucional (Procuvin) y la Defensoría General de la Nación.

En lo que concierne a la Ciudad de Buenos Aires (CABA), el documento revela que “se pudieron observar inadecuadas condiciones de detención y hacinamiento. Falta de agua, ventilación, recreación, sistema médico y vulneración de los derechos del colectivo de personas allí alojadas”.

“Particularmente preocupante es la problemática de las mujeres detenidas en estas condiciones. Toda mujer presa presenta una doble condición de vulnerabilidad, por estar privada de su libertad y por el hecho de ser mujer o autopercibirse como tal”, añade el texto.

El reporte también subraya que a nivel federal “hay 11.361 personas detenidas en el conjunto de las cárceles federales, para una capacidad disponible de 10.932 plazas”.

“El cupo fijado mediante la resolución ministerial se encuentra sobrepasado en diez cárceles federales. Todas las unidades del norte del país y el CPF VI de Mendoza recientemente inaugurado se encuentran con el cupo duplicado artificialmente mediante camas cucheta”, precisa el documento.

En CABA, la cárcel de Devoto tiene un cupo de 1.186 (aunque, según un peritaje oficial, debería ser de 819) plazas, pero al 31 de marzo pasado estaban alojadas allí 1.464 personas.

El Sistema recomendó a jueces, fiscales y defensores oficiales “prestar especial atención -en este contexto particular- al uso abusivo de la prisión preventiva, al alarmante incremento de las personas encarceladas con penas de hasta tres años y a eventuales retrasos en el régimen de progresividad de la ejecución penal para los condenados”.

El documento destacó que “la cantidad de personas detenidas por penas de corta duración se ha incrementado notablemente desde 2017. A diciembre de 2022, los condenados a penas menores a tres años cumpliendo pena en cárceles federales ascendían a 1.020 personas”.

Esa cifra es similar a la superpoblación detectada en las cárceles de la Capital Federal.

El equipo interdisciplinario también propone “finalizar, a la mayor brevedad posible, el nuevo Complejo Penitenciario Federal Ricardo Gutiérrez, en Marcos Paz, y el Complejo Penitenciario Federal Agote, en Mercedes”, ambos en la provincia de Buenos Aires.

Además, un sistema en CABA para el alojamiento transitorio de detenidos, una ley de cupo y una flexibilización en los regímenes de morigeración del cumplimiento de la pena para delitos de poca lesividad.

Con información de NA.

IG

Marco Estrada González, el capo narco que implantó el terror en la villa 1-11-14 fue uno de los pioneros, pero otros continuaron con la modalidad donde la cárcel no es un impedimento para seguir manteniendo el negocio del narcotráfico.

En su caso se comprobó que, estando detenido en el penal de máxima seguridad de Marcos Paz, seguía dando órdenes para mantener el negocio del narcotráfico en la villa de Bajo Flores. Su logística se mantuvo intacta, hasta poco antes de ser finalmente deportado a Perú tras recibir una condena en 2022.

Este fue uno de los casos que expuso la Procuraduría de Narcocriminalidad sobre la delicada situación que se da en varios penales federales de la Argentina, donde los capos narco mantienen intacta su estructura. Sus celdas no son un impedimento para mantener el negocio.

Otro de los casos que expuso la fiscalía especializada, conducida por Diego Iglesias, es el de Mario Segovia, más conocido como “El Rey de la Efedrina”. A través de teléfonos celulares, cartas escritas de puño y letra encriptadas y las visitas que recibía de familiares, continuaba manejando el negocio de la droga. En su propia celda, se le secuestró una tablet con la cual enviaba y recibía correos electrónicos.

Desde la Unidad 43 hubo otro caso, donde el narco Alejandro González impartió órdenes para mantener el negocio de la droga en la zona Sur, más precisamente el partido de Lomas de Zamora. Llegó a ordenar el asesinato de un miembro de un clan rival.

Otro ejemplo es el de Néstor Rojas, detenido en el penal de Ezeiza, quien ordenó meter un cargamento de droga a nuestro país desde Paraguay mediante el uso de teléfonos celulares.

Más conocido es el caso de Ariel Máximo “Guille” Cantero, jefe de “Los Monos”, quien impartía órdenes en el manejo de la droga y hasta encargó un secuestro extorsivo. Tenía un teléfono fijo en la Unidad 1 de Coronda, en la provincia de Santa Fe. Además, cuando estuvo un tiempo detenido en la Unidad 6 de Rawson, daba órdenes por teléfono sobre tareas del narcotráfico.

El informe elaborado por la Procuraduría expone casi una veintena de casos, donde capos narco siguen manejando el negocio de la droga y delitos conexos como las balaceras desde el interior de la cárcel. Mediante teléfonos celulares, tabletas, teléfonos fijos, visitas y otros métodos ingeniosos, siguen manteniendo el negocio y el terror asociado al narcotráfico.

El informe fue hecho a raíz de varias tareas de investigación que se realizaron en los últimos años, y fue entregada al Procurador interino en 2021. Sin embargo, en la situación actual nada cambió, ya que al día de hoy se sigue dando la misma modalidad.

LC con información de agencia NA

Policía Federal allanó los penales de Rawson, Marcos Paz y Ezeiza por orden de juzgados federales de Morón, Rosario y fiscales de esta última ciudad en búsqueda de narcos que siguen operando desde esos establecimientos de máxima seguridad, entre ellos el líder de “Los Monos”, Ariel Máximo “Guille” Cantero.

Los operativos los hace Policía Federal por orden del juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, y el de Morón, Jorge Rodríguez, en trabajo conjunto con la PROCUNAR, la fiscalía anti drogas a cargo de Diego Iglesias, así como fiscales que investigan el crimen organizado en Rosario que encabezan Matías Edery y Luis Chiapa Pietra. 

La búsqueda de celulares es porque se sospecha que desde esos penales se imparten órdenes para cometer distintos hechos de violencia -Cantero se encuentra en Marcos Paz-, y en este caso en particular se trata de dos hechos recientes: la balacera en noviembre al instituto de Marcos Paz y el asesinato en Rosario de Lorenzo Altamirano, quien fue secuestrado y abandonado en la puerta de la cancha de Newell's Old Boys con disparos en su cuerpo.

Junto al cuerpo de Altamirano, quien fue dejado en el lugar con tres disparos, los asesinos dejaron un cartel: “Damián Escobar y Leandro Vinardi. Gerardo Gomes! Dejen de sacar chicos del club para tirar tiro en Rosario”.

Vinardi, Escobar y Cristian Avalle, este último también mencionado en otro cartel en otra balacera protagonizada ese mismo día, son laderos de Cantero y los tres están presos en Ezeiza. Por eso, parte de los allanamientos consistieron en ir a sus celdas para ver si se da con algún indicio de aquel caso.

En Rawson, están detenidos Leandro “el Gordo” Vilches, Rodolfo Héctor Marini y Alexis Camino, ellos tres pertenecientes a una facción rival, por lo que se sospecha que se está protagonizando un enfrentamiento interno entre distintos grupos de la banda “Los Monos”.

El otro hecho por el cual allanaron a Cantero en Marcos Paz es porque en noviembre pasado al frente de ese penal, en una obra lindante donde se está haciendo una ampliación del complejo, un auto disparó doce balazos lo que fue interpretado como un apriete por la detención allí del líder de la banda narco criminal.

LC con información de agencia NA

“Me bajé del bondi para disimular. Cuando me hiciste las preguntas me dio vergüenza. A veces me pasa, la gente te rompe las bolas. Es la mochila social que cargo y que vengo cargando desde el momento de mi salida. El bondi estaba lleno de gente”, dice desde el otro lado del teléfono Betina y desciende del colectivo en el que viaja hacia el IX Encuentro Nacional de Escritura en la Cárcel en la Ciudad de Buenos Aires.

Betina tiene 58 y estuvo presa más de dos años en la cárcel de Ezeiza. Mientras camina y come una empanada, dice que quiere llegar temprano al Centro Cultural Paco Urondo donde leerá una de sus producciones literarias. “Amo a mis profes, intento hacer las cosas como deben ser”, cuenta y sigue caminando. Fue detenida en el 2017 y ahí empezó a estudiar Letras en el Programa de Extensión en Cárceles de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. “Los profes llevan la libertad. En esos apuntes y corazones llenos de juventud y de ganas, llevan libertad. No es joda, no es una palabra nada más. No hay en el mundo gente como mis profes”, repite.

Betina escribe historias: las que escucha, las que le cuentan. Retiene y transcribe en un cuaderno. Ya publicó algunas. Le regalaron una computadora, pero prefiere el papel. Es una de las casi 600 personas que pasan al año por el programa que dicta la carrera de Letras y talleres de escritura en el Centro Universitario de Devoto (CUD), en el Centro Universitario de Ezeiza (CUE) y en la unidad IV de Ezeiza, donde se alojan de mujeres y personas trans. Hasta el jueves 13 se realiza un nuevo encuentro anual con  paneles temáticos, presentación de libros, lecturas, talleres, exposiciones de publicaciones y material audiovisual hecho en la cárcel, música en vivo y una feria de productos elaborados por cooperativas y proyectos sociales de familiares de detenidos y personas liberadas.

“Pensamos la escritura como una forma de acción y de intervención, como una herramienta para sobrevivir al encierro a través del arte, la literatura y la escritura”, le dice a elDiarioAR Cynthia Bustelo, una de las coordinadoras del programa. “Es compartir lo que nosotros tenemos a mano como equipo y facultad, como forma de conquistar la palabra. Un modo más de conquistar derechos, garantizando el derecho a la educación, a la palabra, al arte”, agrega. 

La mochila de Betina. “A no ser en la universidad, que es el único lugar donde encuentro paz, cargamos la mochila. Nos miran, nos señalan, no nos dan laburo”, retoma. “Me metieron presa ahora, de vieja. Un garronazo. Yo tenía 8 gramos de marihuana. Escuchame una cosa, tengo casi 60 años y me metieron presa por 8 gramos de marihuana, es un porro para aliviar mi ansiedad, brother. Estuve presa por una presunta participación de una banda, porque me vieron vieja y mujer, un motón de preconceptos juntos. Estuve dos años esperando el proceso y después fui absuelta”, detalla.

Ahora sigue estudiando y da clases en una escuela pública. Hace unos meses trabajó en el Programa de Acompañamiento de Trayectorias y Revinculación (ATR)  de la provincia de Buenos Aires para estudiantes que no tuvieron acceso a dispositivos o conexión durante la pandemia. También atiende el bar de su facultad, pero todavía carga la mochila.

Es ahí donde la palabra se convierte en herramienta de disputa. “Tiene la potencia de disputar el sentido común, de desmitificar, de desmontar estigmas. Se trata de que cada quien pueda decir sus palabras, su discurso. Qué cosas se viven en las cárceles o cómo a través de la educación y la palabra podemos impugnar, interrumpir, resistir o resignificar esa experiencia de encierro”, agrega Bustelo.

“Ellos escriben las cosas y yo les pongo melodía y verso”, dice la canción “Para quién canto yo entonces” de Charly García que Betina retoma. “Me cuentan una historia de vida que me llega al corazón y se transforma. Le pongo todo y me hago carne de ese relato. En general, son historias de dolor a las que les pongo humor”, agrega. 

Mientras fuma un cigarrillo, Betina sigue caminando para llegar al Encuentro. “Seguimos cargando la mochila, me da calentura y rabia. Voy a seguir luchando para que eso no exista más porque esto que yo puedo resolver bajándome del bondi, evitando que todos escuchen, hay compañeras que no lo saben hacer”. 

CDB

Actualmente en Argentina hay cerca de 110.000 personas privadas de libertad y al menos otras 30,000 con medidas de restricción. En el país hay más de 200 unidades carcelarias y cerca de 50.000 personas trabajan en los distintos sistemas penitenciarios. El costo de manutención mínimo de cada PPL es de al menos 10.000 dólares por persona al año, lo que significa un costo de 1.100 millones de dólares al año. Además, hay un número significativo de fiscales, peritos, jueces y personal judicial para sancionar y ejecutar las penas.  Sin embargo, a pesar de este muy oneroso sistema de castigo, el Estado se desentiende de las personas que, habiendo cumplido la pena, recuperan su libertad. Una proporción indeterminada, pero muy importante, se enfrentará a serios problemas en su regreso al medio libre y volverá a delinquir, arrastrando también a su familia y la comunidad que lo rodea. En otras palabras, existe una maquinaria costosa para castigar, y muy poco se hace para evitar que las personas, después de haber cumplido su pena, desistan del delito y eviten regresar a las cárceles. 

La Universidad Nacional de Tres de Febrero, a través del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV) presenta hoy el Informe 2022 Reincidencia en Argentina, una investigación realizada por Marcelo Bergman, Fernando G. Cafferata, Juan Ambrogi, Pablo Fernández y Facundo Pernigotti. 

El Informe 2022 ofrece una radiografía de la reincidencia en la Argentina y su impacto social.  Pretende llamar la atención en la necesidad de pensar en el día “después”, ya que el cumplimiento de la condena no termina con el problema delincuencial. Se basa en datos de fuentes oficiales –Registro Nacional de Reincidencia (RNR) y el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP)– y en los resultados de dos encuestas realizadas a la población privada de libertad por CELIV en 2013 y 2019.  

La presentación es hoy, miércoles 31 de agosto a las 17. Tendrá dos modalidades: presencial en la sede Rectorado Juncal 1319, CABA, y con entrada gratuita y online: solicitar acceso al Zoom en celiv@untref.edu.ar

Exponen: Leonardo Pitlevnik, María Virginia Barreyro, Eduardo Oderigo y Federico Fahsbender 

Presenta: Marcelo Bergman, director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.

Sobre los expositores:

Leonardo Pitlevnik: Doctor en derecho (UBA), Profesor adjunto regular (UBA) Director Académico del Centro de Estudios de Ejecución Penal (UBA)

María Virginia Barreyro. Abogada, especialista en Magistratura Penal por la UNLaM, maestranda en Antropología Social (UNaM), Directora General de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal-DCAEP.

Eduardo Oderigo. Abogado penalista, fundador y director de la Fundación “Los Espartanos”

Federico Fahsbender. Periodista, editor de Policiales de Infobae, Licenciado en Comunicación Periodística por la UCA. Autor del libro “El trueno en la sangre: Biografía criminal de Banana Espiasse”.

Presenta:

Marcelo Bergman. Doctor en Sociología por la Universidad de California en San Diego. Director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.

PP

Este sábado 16 de julio se celebra en Argentina el Día del Servicio Penitenciario Federal en conmemoración a la Virgen del Carmen, patrona de la institución.

Esta fecha coincide con el Día de Nuestra Señora del Carmen, que fue establecido en 1949 mediante decreto. De igual manera, se estableció el 16 de julio de 1968 como el Día del Agente Penitenciario. El nombre de la celebración fue modificado con correlación a las reformas de la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario Federal N° 17.236/67 y mediante el Decreto N° 3.342 es renombrado en 1968 como “ Día del Servicio Penitenciario Federal”, el cual fue ratificado a través del Decreto 1.717/85, nuevamente en honor a la festividad religiosa.

El Servicio Penitenciario Federal (SPF) fue creado en 1933 a través de la Ley Nº 11833 “De Organización Carcelaria y Régimen de la Pena”. Actualmente, su funcionamiento se rige por las previsiones de la Ley Orgánica Nº 20.416, la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad Nº 24.660 y reglamentos complementarios.

Es la fuerza de seguridad argentina que administra los establecimientos penitenciarios federales y lleva a cabo programas criminológicos de seguridad y reinserción.

Dentro del rango de Oficiales encontramos: Inspector General, Prefecto, Subprefecto, Alcaide Mayor, Alcaide, Subalcaide, Adjutor Principal, Adjutor, Subadjutor.

 Mientras que en el rango de suboficiales se encuentran: Ayudante Mayor, Ayudante Principal, Ayudante de Primera, Ayudante de Segunda, Ayudante de Tercera, Ayudante de Cuarta, Ayudante de Quinta, Subayudante.

DL

Algo Prestado es un podcast de elDiarioAR realizado por Tamara Tenenbaum, junto a un invitado cada semana. Está alojado en Spotify, plataforma líder para la publicación de podcast, y también en otras aplicaciones de streaming.

TT

Una mujer privada de la libertad y alojada en la Unidad Penal 8 de Los Hornos, en La Plata, contrajo matrimonio con una joven de la misma edad con la que está en pareja desde hace 12 años, informó hoy el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

El casamiento contó con la presencia de una jueza de Paz y del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Julio Alak.

La ceremonia fue llevada a cabo en el Salón de Usos Múltiples de la escuela de la cárcel, que fue decorado con globos y flores, y donde Mabel del Luján, de 26 años, la mujer privada de libertad, contrajo matrimonio con Gisella, informaron en un comunicado. Después, realizaron un ágape con las cónyuges, sus familiares y compañeras.

Pasadas las 11 de la mañana, la jueza de Paz Andrea Pilar Giménez inició la ceremonia, que reunió a las contrayentes y a las testigos, una compañera de Mabel privada de libertad como ella, y a una de sus primas, que llegó con el resto de su familia.

Desde el SPB especificaron que una vez que la jueza expresó que ambas mujeres estaban unidas en matrimonio, “los presentes estallaron en aplausos y allí surgieron las lágrimas de emoción de Mabel y Gisella”.

Tras la ceremonia, la jueza de paz expresó que el casamiento “fue muy emocionante porque las chicas pudieron por fin poner un sello a este cariño que se tienen”. “Ellas estaban muy emocionadas y fue muy bueno que la pueda acompañar tanta gente, la gente de la Unidad, el ministro Alak, sus familiares y la gente de Acceso a la Justicia. Fue muy importante para todos nosotros porque marca que es muy positivo el trabajo que llevamos adelante en todas las cárceles de la Provincia”, agregó.

También estuvo presente Gabriela Carpinetti, directora nacional de Acceso a la Justicia de la Nación, quien durante la ceremonia expresó: “Acá rigen la Constitución y el derecho de soñar, el ánimo de amar, porque el amor también es un derecho y casarse es un derecho, en las distintas formas de amar que desarrollamos los seres humanos”.

Analizó que “más que nunca, hay que hacer valer ese derecho en las cárceles porque acá también se puede construir otra humanidad, otra forma de relacionarnos y de reparar el daño que se pudo haberle hecho a otros causándole dolor” y felicitó a las esposas “por este amor, que es un derecho a amar y a ser felices”.

El ministro Alak, por su parte, destacó que su gestión busca que las cárceles sean espacios “donde rijan los derechos sociales y los derechos humanos, para que los internos e internas se pueden documentar como corresponde, contraer matrimonio si lo desean, además de educarse, de formarse y de trabajar”. “El fin es que cuando cumplan la condena salgan en libertad y no vuelvan a reincidir, ese es nuestro desafío”, concluyó el ministro bonaerense.

MB con información de agencia Télam.

El mapa del narcotráfico en Argentina tiene actualmente tres focos principales, una casta de narcos que está siempre un paso adelante de las autoridades y un Estado incapacitado para coordinar políticas que contengan la problemática, según funcionarios, magistrados y especialistas consultados por elDiarioAR este semana.

Si bien el narcotráfico se extienden en todo el país desde hace décadas, la fotografía que hoy tiene la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) muestra tres focos más calientes por el nivel de actividad localizada: Rosario, el Conurbano bonaerense y Misiones, por la frontera con Paraguay y Brasil. 

Otros años, la región noroeste, especialmente Salta y Jujuy, en la frontera con Bolivia, eran uno de los puntos geográficos más problemáticos, y si bien, el narco sigue activo en la zona, distintas investigaciones judiciales pusieron demasiados ojos en la región y habrían aplacado un poco la actividad, confió a este medio uno de los fiscales que trabaja en el territorio. 

En estos tres puntos geográficos (Buenos Aires, Rosario y Misiones), el narco no sólo tiene presencia local sino que las provincias son parte de las rutas del tráfico de cocaína y marihuana, las principales drogas que se comercializan en el país. Rutas entre las provincias y desde países limítrofes. Formosa se suma a la red de rutas, entre otras provincias, según el último informe de gestión de Procunar (2020). Argentina es también ruta hacia Europa para la exportación ilegal.

El análisis de la fiscalía surge de 312 investigaciones en las que la Procunar intervino en 2020, pero también de otras decenas de causas en las que viene interviniendo desde años anteriores. En total, entre 2013 y 2020, participó en 1.794 causas de narcocriminalidad en todo el país.

Lo que más les cuesta a las autoridades es ponerse de acuerdo, según quedó en evidencia en las consultas realizadas. Coordinar políticas entre el Estado Nacional y las provincias, y entre los distintos poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) parece una odisea y la consecuencia es el pase de facturas y responsabilidades entre unos y otros.

Las maniobras fueron planificadas o llevadas a cabo desde el interior de los establecimientos penitenciarios.

Informe de la Procuración General de la Nación.

En septiembre último, un informe de la Procuración General de la Nación identificó 19 casos de jefes de bandas narco que seguirían manejando el negocio desde las cárceles del país –tanto federales como provinciales–, donde se encuentran cumpliendo condenas o con prisión preventiva, de acuerdo con el documento publicado en la web oficial.

El informe, en el que participaron cinco fiscales federales de distintos puntos del país, la Procunar, la Procuraduría de Violencia Institucional, la Unidad Fiscal de Ejecución Penal, la Asociación de Fiscales y funcionarios del Ministerio Público Fiscal fue elevado por el procurador Eduardo Casal al Ministerio de Justicia de la Nación, pero desde el Ejecutivo, que tiene bajo su poder el control del Servicio Penitenciario Federal, sostienen que “se toman todas las medidas de prevención posibles dentro de la ley y la Constitución Nacional” y que las restricciones en las cárceles tocaron techo. 

En el documento, los fiscales denunciaron maniobras “concretas de tráfico, transporte y comercialización de estupefacientes y de otros graves delitos vinculados (como el lavado de activos, homicidios, secuestros extorsivos, amenazas, amenazas coactivas o tenencia y tráfico de armas de guerra), que fueron planificadas o llevadas a cabo desde el interior de los establecimientos penitenciarios”.

“Estas personas también habían sido previamente condenadas por haber cometido otros delitos desde el interior de las cárceles y pese a ello pudieron repetir esos patrones de conductas criminales”, sostuvo el informe. Los 19 casos fueron identificados en el informe.

La actividad identificada por los fiscales en cárceles como Ezeiza o Marcos Paz; la Unidad 6 de Rawson; unidades de Chaco, Ciudad de Buenos Aires y Misiones; así como complejos de Salta, Santa Fe y La Matanza, entre otros, no sólo incluye el manejo del negocio narco sino también de “lavado de activos, homicidios, secuestras extorsivos, amenazas coactivas o la tenencia y  tráfico de armas de guerra y municiones”. Los fiscales se basaron en escuchas telefónicas a los investigados, entre otras medidas de prueba en sus respectivas causas. 

“El problema es el territorio”, responden desde el Ejecutivo ante la consulta. “Se realizan requisas en busca de los celulares, se sanciona a los penitenciarios ante presuntas irregularidades y se monitorea con cámaras las 24 horas. El Ejecutivo hace todas las medidas que nos sugieren los fiscales en el documento”, agregó la fuente oficial.

Es el poder Judicial es que tiene que solicitar ese tipo de restricciones al Ejecutivo.

Postura del Ejecutivo ante la consulta sobre el informe de la Procuración.

En el Ejecutivo, contaron el ejemplo de Ariel Máximo “Guille” Cantero, jefe de Los Monos, uno de los 19 líderes señalados en el informe. “Está condenado a 67 años de prisión, le hacen requisas semanales y está alojado solo en un pabellón para 20 plazas, sin contacto con otros detenidos para evitar que los maneje. Lo custodia un grupo especial del Servicio. El año pasado le encontraron un celular y suspendieron y sumariaron a 36 penitenciarios”, respondió la fuente. 

Comunicaciones

Para concretar las maniobras desde las cárceles, los jefes de las bandas, como Los Monos (Rosario), los grupos de Marcos Estrada González en la 1-11-14 (Ciudad y provincia de Buenos Aires) o del Primer Comando de Frontera (Misiones), “utilizaban medios de comunicación (teléfonos celulares y teléfonos de los pabellones)” o lo hacían “a través de personas tanto de adentro como del exterior y hasta coordinación entre personas detenidas en diversos penales”, sostiene el informe. “En algunos casos, no puede dejar de suponerse una posible connivencia de parte de los agentes del servicio penitenciario” en la facilitación o habilitación del uso de teléfonos celulares, indicó el informe de la Procuración.

“En algunos casos, los establecimientos penitenciarios presentaron niveles de seguridad que no resultaron adecuados para prevenir los riesgos inherentes a la peligrosidad de los internos allí alojados”, sostuvieron los fiscales y funcionarios del Ministerio Público Fiscal. 

“Después de encontrarle a Cantero el celular, se puso el teléfono del pabellón en el patio, donde tiene escaso acceso porque lo usaba permanentemente al ser el único en el pabellón. Quitarle acceso total al teléfono del pabellón y prohibirle las visitas es ilegal y anticonstitucional y ningún juez lo solicita formalmente. Es el poder Judicial es que tiene que solicitar ese tipo de restricciones al Ejecutivo”, respondió la fuente gubernamental consultada. 

En los próximos días, el Servicio Penitenciario Federal recibirá también a un hijo de 19 años de Cantero y a su esposa, a quienes alojará en distintas dependencias, confirmó la persona consultada.

El Conurbano

El partido de San Martín, en el norte del Gran Buenos Aires, tiene su propio esquema narco: bandas propias, división y disputa del territorio, según distintas investigaciones fiscales y judiciales. La semana última, fue el centro de las alarmas por el caso de la cocaína adulterada, que le costó la vida a 24 personas y afectó a decenas de consumidores, según actualizó este sábado la agencia Télam. 

Necesitamos reformar la ley de drogas.

Fuente oficial gobierno de la provincia de Buenos Aires.

La primera hipótesis del caso apuntó a un supuesto boicot entre grupos por el control del negocio. Con los días, las autoridades lo descartaron, como publicó elDiarioAR. Surgió la teoría de un error del “cocinero” al cortar la droga con una sustancia que no supo manejar -supuestamente el fentanilo, según las autoridades- y una presunta prueba para introducir este opiáceo que hace estragos en los Estados Unidos y se cobra la vida de decenas de miles de personas.

“No se puede entender la situación actual en la provincia sin explicar primero el quiebre que generó el cambio de la legislación en 2005”, sostuvo una fuente oficial ante la consulta de elDiarioAR. “Fue cuando se desfederalizó la tenencia simple de estupefacientes, y la policía y la Justicia locales pasaron a ocuparse sólo del narcomenudeo, es decir, del narco a baja escala”. 

Entonces, el narcotráfico a gran escala quedó a cargo de los tribunales federales en territorio provincial (Lomas de Zamora, San Martín, Morón, etc. etc.) con intervención de las fuerzas de seguridad federales. “Eso se interpretó como un paso adelante pero hoy creemos que fue un error: se cortaron los grandes procedimientos de drogas”, agregó la fuente, quien asegura que Sergio Berni apuesta a tender nuevamente los puentes entre el ministerio de Seguridad bonaerense y la Justicia federal.

“El resultado fue una enorme caja para la Bonaerense, con control del territorio, y se rompió la cadena de información. En otras provincias, como Córdoba, sucedió algo similar. Necesitamos reformar la ley de drogas”, aseguró la fuente. 

En la Procuración, una fuente respondió: “En algunos puntos de la provincia de Buenos Aires, la coordinación entre Justicia provincial y federal funciona; en otros, no. Se hicieron nueve mesas de intercambio de información desde 2019 entre fiscales provinciales y federales. Los efectos negativos de la desfederización se neutralizan con coordinación. Lo mismo se está haciendo en Salta”, agregó.

Una década caliente

En Rosario, concuerdan con el informe de Procelac: los capos siguen manejando desde las cárceles, reconocieron fuentes consultadas con acceso a las investigaciones.

El narco en Rosario adquirió magnitud hace más de una década, pero comenzó a gestarse a finales de los años 90, explicaron a elDiarioAR fuentes que trabajan diariamente en contacto con la problemática y cuyas identidades se reservan por razones de seguridad. Fue cuando la comunidad internacional estableció restricciones en la importación y comercialización de los precursores químicos en países productores de hoja de coca  (Colombia, Perú y Bolivia) y el narcotráfico buscó la flexibilidad argentina para conseguir estas sustancias clave en la elaboración de la cocaína.

Algunos precursores se utilizaban, por ejemplo, para la industria frigorífica y en Argentina se importaban y comercializaban sin control. Así que el narco trajo las cocinas al sur de Sudamérica: traían la pasta base y la refinaban en el país, donde conseguían con facilidad las otras materias primas.

Rosario ofreció un combo de atracción, profundizó otra fuente consultada en la provincia de Santa Fe: se presupone que primó la posibilidad de entrar y sacar la droga por el puerto, la hidrovía, aviones o tierra; los servicios de profesionales como abogados, contadores y un centro financiero presente por el mercado de cereales; la pobreza; y otra particularidad de la ciudad: es un importante centro urbano pero no es capital de la provincia y por ende no tiene al centro del poder en el territorio.

El narco en la ciudad santafesina no sólo implicaría la comercialización de cocaína y marihuana, tanto para la exportación y, en menor medida, para el consumo interno e interprovincial. Implicaría lavado de dinero dentro del sistema financiero y económico local -comenzó a haber más dinero circulando-; conlleva complicidad en sectores de la policía, la justicia y la política; el desarrollo de otras actividades ilegales como juego clandestino -justamente para el blanqueo de capitales de la droga y la diversificación de los negocios-, la extorsión -impuesto a la protección a comerciantes, por ejemplo-; y sicariato.

Utilizaban medios de comunicación (teléfonos celulares y teléfonos de los pabellones) personas tanto de adentro como del exterior y hasta coordinación entre personas detenidas en diversos penales.

Informe de la Procuración sobre narcocriminalidad en las cárceles.

La pobreza y la posibilidad de hacer dinero rápido convirtieron a Rosario en el foco más caliente de la narcocriminalidad: a muchos jóvenes no les importa si los asesinan antes de los 30 si la alternativa es vivir sumidos en la pobreza otros 50 años. 

Las bandas se distribuyen el territorio pero la gestión de ese territorio es sumamente compleja. El resultado: en 2021, se registraron 241 homicidios en la ciudad, el 67,3% de los asesinatos cometidos en la provincia de Santa Fe, de acuerdo con el Observatorio de Seguridad Pública provincial. La cifra es similar en años anteriores.

Ese número gigante está geográficamente concentrado. Alrededor del 80% de los homicidios se concentraría en un 10% o 15% del territorio de la ciudad: el más pobre, donde controlan las bandas, afirmó una fuente consultada en la provincia. Sin embargo, el lavado de activos se realizaría en las zonas más pudientes, donde hay dinero y donde operan los financistas, abogados y contadores del narco.

Eldorado

La principal preocupación sobre el territorio de Misiones en el Ministerio Público Fiscal surgió por una investigación desarrollada entre septiembre y diciembre de 2020. La Procunar se enfocó en el Primer Comando de Frontera (PCF), una organización narcocriminal transnacional que mantiene vínculos con las facciones de crimen organizado brasileras conocidas como Primer Comando da Capital (PCC), Comando Vermelho y Bala Na Cara, según el último informe de gestión de la fiscalía especializada.  

“La investigación permitió establecer que esta estructura ilícita era comandada por una persona desde el interior del Complejo Penitenciario Nº 1 de Ezeiza, donde se encontraba detenido por tres casos de  homicidio, maniobras de narcotráfico y planes para atentar contra la vida de un juez de instrucción de Posadas, provincia de Misiones, que lo investiga por uno de esos hechos”, informó Procunar. 

Las intervenciones telefónicas permitieron incautar 11.204 kilogramos de marihuana y 32 kilogramos de cocaína en dos meses. “La organización tenía su centro de operación en Misiones, montó una estructura en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires y contaba con operadores en la República del Paraguay y el Estado Federativo de Brasil”. 

Ante la consulta de elDiarioAR, en la gobernación de Misiones declinaron dar su versión y sostuvieron que lo que ocurre en las fronteras es responsabilidad de las fuerzas federales.

ED

Al menos 68 presos fallecieron en las últimas horas en nuevos enfrentamientos registrados en una prisión de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, la misma en la que en septiembre se produjo una de las peores masacres carcelarias de Latinoamérica con 119 muertos. El Ministerio Público informó además que hay 25 internos heridos, reportó el diario ecuatoriano El Comercio.

La comandante de la Policía, general Tannya Varela, había señalado más temprano en conferencia de prensa que los enfrentamientos entre reclusos en la Penitenciaría del Litoral dejaban “58 privados de la libertad que perdieron sus vidas y 12 que se encuentran heridos”.

La Policía Nacional informó en la madrugada que activó el protocolo de seguridad y que intervino el centro carcelario con sus unidades tácticas para restablecer el orden. La intervención de los agentes “permitió salvar vidas”, dijo por su parte Pablo Arosemena, gobernador de la provincia del Guayas (cuya capital es Guayaquil).

El enfrentamiento se produjo en el pabellón dos, donde hay un promedio de 700 personas privadas de la libertad, debido que las bandas se disputan el liderazgo, ya que quien era el cabecilla fue puesto en libertad recientemente, indicaron las autoridades.

Los medios locales dan cuenta que en el lugar se encontró un fusil, 10 tacos de dinamitas, y dos pistolas.

En la misma prisión, reclusos que son miembros de bandas rivales vinculadas al narcotráfico y que se disputan el poder sostuvieron choques armados en septiembre que dejaron 119 fallecidos, en la mayor masacre de la historia carcelaria de Ecuador y una de las peores de América Latina. Desde entonces la violencia no ha parado en esa unidad: otros 15 internos fueron asesinados, precisó la agencia de noticias AFP.

Por su parte, el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, señaló que se necesitan “herramientas constitucionales idóneas para proteger a la población, recobrar el orden en las cárceles y luchar contra las mafias que se lucran del caos”. “El primer derecho que debemos garantizar es el derecho a la vida y la libertad ciudadana, lo cual no es posible si la fuerza pública no puede actuar para proteger. Expreso mis más sinceras condolencias a las familias que perdieron seres queridos”, escribió en Twitter.

Las revueltas carcelarias en todo Ecuador dejaron más de 250 muertos en lo que va del año. Solamente en febrero, fallecieron 79 reclusos en amotinamientos simultáneos en cuatro centros penitenciarios.

La Policía indicó el viernes que descubrió a tres reos de la misma cárcel de Guayaquil que pretendían ingresar cinco pistolas, dos fusiles y 27 bultos con municiones y explosivos a través de una reja que da hacia una calle, la cual rompieron.

La masacre de septiembre llevó al gobierno ecuatoriano a declarar un estado de excepción para el sistema penitenciario, por lo que soldados apoyan a policías en el mantenimiento del control en las 65 cárceles del país.

Las prisiones ecuatorianas tienen capacidad para 30.000 personas pero están ocupadas por 39.000, con una superpoblación del 30%.

CB con información de Télam

La cifra de fallecidos fue confirmada en la tarde de este miércoles por el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, quien presidió en Guayaquil la reunión del comité de seguridad que evalúa la situación carcelaria tras la masacre en la Penitenciaría del Litoral. Lo ocurrido llevó a que Lasso declarara el “estado de excepción nacional en todo el sistema carcelario”. En rueda de prensa el mandatario informó de un total de 116 fallecidos y cerca de 80 heridos, todos presos.

“Es lamentable que las cárceles se las pretenda convertir en un territorio de disputa del poder por parte de bandas delincuenciales. El Estado ecuatoriano va a actuar, debemos actuar, y la primera decisión que hemos tomado es declarar el estado de excepción del sistema carcelario de todo el territorio ecuatoriano”, dijo.

Lasso reconoció que las autoridades aún no han retomado el control de la prisión en la que ocurrieron los enfrentamientos, lo que esperan suceda en las próximas horas.

Fausto Buenaño, comandante de la policía de la Zona 8, con sede en Guayaquil, detalló el martes que las bandas que se enfrentaron buscaban tomar el control de un pabellón del penal.

Detonaciones de armas de fuego y explosiones en varios pabellones activaron las alertas de las autoridades. Durante la intervención, los agentes encontraron cadáveres con impactos de balas y efectos de granadas en los pabellones de la penitenciaría.

El diario El Comercio informó que varias víctimas fueron mutiladas.

“El incidente se habría iniciado por riñas entre bandas delictivas, en un pabellón del centro penitenciario”, explicó el martes el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas privadas de libertad y Adolescentes Infractores (SNAI).

Autoridades hablan de “una tragedia”

Los familiares de los fallecidos acudieron este miércoles a una morgue del sur de Guayaquil a la que se llevaron los cadáveres de los presos.

El Comercio informa también que a la cárcel donde ocurrieron los violentos enfrentamientos también llegaron familiares de internos para exigir información oficial de las víctimas, un listado pormenorizado y la protección para evitar más asesinatos.

Bolívar Garzón, director del SNAI, aseguró en declaraciones a la cadena FM Mundo: “No ha sido fácil, ayer (martes) la Policía tomó el control a las 14, pero anoche hubo otros tiroteos, cosas, explosiones, y hoy de mañana ya tomamos total control, estamos entrando a los pabellones del conflicto y descubriendo más cadáveres”.

“Realmente es una tragedia, algo tremendo lo que está pasando, esta pelea entre grupos delincuenciales organizados que en la búsqueda del poder interno llegan a estos niveles, realmente es terrible la situación”, señaló el director del SNAI.

Este es el tercer motín que se registra en una cárcel de Ecuador en lo que va de 2021. Los dos anteriores ocurrieron en febrero y en julio y dejaron 79 y 22 muertos, respectivamente.

La organización Human Rights Watch le pidió al gobierno de Ecuador que investigara e identificara a los responsables de la violencia en las cárceles.

NB

Soy quilmeña, en el exilio capitalino desde hace varias décadas, y siempre pensando en volver al sur. Como quilmeña, amo el río y visito cada vez que puedo nuestra Ribera. El sábado 31 de julio me fui a leer al sol, de frente al horizonte grisceleste. Al rato, pasaron dos amigas de la secundaria. Charlamos, y cuando los bancos de cemento y sin respaldo comenzaron a incomodarnos, decidimos ir a tomar un café. Abrimos los baúles de nuestros autos, sacamos sendas mochilas. En un segundo, gritos y un rayo de dolor, mi cabeza arrastrando por el asfalto, tres pibes corriendo con mi mochila violeta y con la mochila negra de una de mis amigas. En seguida un patrullero se metió por donde habían entrado y yo pensé: “Que no les hagan nada, solo que me traigan lo que descarten”.  

         Hace poco entregué un proyecto de libro que se llama “Contra el punitivismo”. Allí trato de discutir de modo sencillo algunas ideas impuestas, o aceptadas sin demasiado debate, sobre el funcionamiento del sistema penal. Se llama así porque entiendo como punitivismo la concepción de que castigar más y por más tiempo, o llenar la calle de policías, cámaras, patrulleros y armas, resuelve la problemática de la violencia y de los delitos que nos afectan más directamente: que nos saquen nuestras cosas, que nos lastimen. O que lastimen a los seres que amamos. Que un momento de disfrute y alegría, que un encuentro entre amigxs, se transforme en un segundo en otra cosa: gritos, violencia, despojo.

         Lo que intento decir en ese libro, y cada vez que escribo o hablo sobre el tema, o cuando abogo por los derechos de las personas privadas de libertad, es que aumentar las penas, o llenar la calle de policías, no sirve para que vivamos en una sociedad más segura. Suelen responderme con una frase: “Porque no te pasó a vos”.

         Evidentemente, a mí, como a la mayoría de las personas, me pasaron varios de esos hechos que tanto nos angustian: entraron a mi casa en dos oportunidades, y se llevaron cosas valiosas; me robaron muchas veces en la calle: celulares, cadenitas, billeteras, carteras. En Quilmes y en Almagro, en el subte y en el colectivo, en un negocio del Once, y en Mar del Plata. En una ocasión, la violencia estuvo a un segundo de caer sobre mi cuerpo: En julio de 1981, entrando en mi casa, un departamento frente a la estación de Quilmes, un tipo que dijo que estaba armado, me llevó junto a una amiga a un descampado, y cuando estaba a punto de violarme (“Sacate las botas y la campera”, fue lo último que escuché), me levanté y salí corriendo, gritando hasta la avenida junto con mi amiga. Era plena dictadura, el día anterior había habido un paro de la CGT Brasil, policías y fuerzas de seguridad y militares patrullaban por todos lados. Esa presencia no evitó esas horas de terror, dentro del contexto del terrorismo de Estado.

         Cuando llegué el sábado a la Ribera, dejé el auto cerca de donde había un patrullero estacionado. Cuando todo pasó, no sé si seguía ahí, pero ese, u otro, fue el que ingresó al barrio donde corrieron los pibes, y dos más volvieron a pasar en la siguiente hora. Ninguno encontró nada.

         Lo que nos hicieron esos pibes, si fueran detenidos y llevados a juicio, podría calificarse como un robo agravado. Para el caso de que fueran punibles, les correspondería una condena de 5 a 15 años, sin posibilidad de tener salidas transitorias ni libertad condicional. Eso, por las últimas reformas punitivistas: las condenas se cumplen de punta a punta. Y entonces, tomándome como ejemplo para explicar lo que pienso: ¿de qué me sirve a mí, como víctima, o a mi amiga, que esos pibes pasen cinco años hacinados en una cárcel?  ¿En qué repara la tristeza y el dolor -en la cabeza, en la pierna, en el cuello, en el corazón- ese dolor planificado sobre sus cuerpos y sus almas?

         Muchxs personas piensan: “Mientras están presos, al menos, esos no joden”. ¿Y el resto? ¿Y las condiciones que hacen que esos pibes estén haciendo eso, a pasos de la muerte o la cárcel? Porque podrán robar una, dos, diez mochilas. Pero algún día quizá una bala policial los alcance, o sean linchados, o finalmente los cacen y terminen encerrados.

         ¿Eso quiere decir que a mí me gusta que la gente robe, lastime o mate? Claro que no. Y tampoco me provoca deseos de venganza ni odio contra el pibe que apenas llegué a entrever mientras me caía y sentía que mi cabeza giraba contra el asfalto.

         Si quienes nos robaron fueran detenidos, el Estado destinaría un montón de dinero en jueces, fiscales, defensores, policías y penitenciarios, para nada. O para empeorar todo: su vida, la de su familia, sus escasas perspectivas. Entonces, lo que trato de plantear es que no sirve. Que el encierro, las penas cada vez más altas, la prohibición de tener salidas transitorias o libertad condicional no evitan ni reparan nuevos dolores ni violencias. Que es un gran negocio llenar las calles de cámaras, de patrulleros y de policías, y que eso puede evitar que se cometa un delito en un lugar específico, pero como no es posible cubrir la tierra entera de controles y de armas, hay que pensar otra cosa. Una sociedad más igualitaria, por ejemplo. Condiciones dignas de vida. Derechos para todes les niñes de nuestra Patria a vivir una infancia y una adolescencia felices, en las que no sea una opción arrebatar mochilas o cámaras fotográficas como modo de vida. Lo que me gustaría es que la canchita a la que corrieron los pibes, y donde después descartaron algunas de nuestras cosas, sea el espacio de juego y de encuentro de todo el barrio, y que el Estado esté presente ahí, no solo en la forma de un patrullero inútil.

         En estos días, luego de este hecho, muchas personas fueron solidarias y amorosas. Recuperamos algunos documentos y objetos de valor afectivo, que nos acercaron con absoluto desinterés. Medios quilmeños publicaron notas con títulos como “Le robaron a la ex funcionaria que pedía liberaciones de presos”. Unían un corto lapso de función pública en Quilmes, entre diciembre de 2019 y abril de 2020, y mi militancia activa a favor de los derechos de las personas privadas de libertad, siempre, y particularmente durante la pandemia. Algunos de los comentarios destilaban odio, y alegría porque “al fin te tocó”. “Jodete”, escribieron varios, “por defender delincuentes”. A mucha gente le cuesta entender algo que hace muchos años me enseñó David Baigún, maravilloso profesor de derecho penal: defendemos los derechos de las personas acusadas o condenadas por algún delito, no sus hechos. A mí me parece sencillo de comprender, casi una obviedad, pero vivimos tiempos en que nada es obvio, ni siquiera algo que está vigente, en nuestro país, desde la Asamblea del Año XIII.