La decisión del Gobierno de cerrar la sala de prensa en la Casa Rosada y de prohibir el ingreso a los periodistas acreditados generó una fuerte repercusión pública y política. Los propios trabajadores de prensa afectados emitieron un comunicado exigiendo que se retrotraiga la medida, mientras el gremio Sipreba denunció censura. También hubo varias declaraciones contra la medida oficial desde el Congreso, mientras voces ligadas al oficialismo decidieron guardar silencio ante la consulta de elDiarioAR.

“Desde esta mañana, por una medida discrecional y sin notificación previa de la Secretaría de Comunicación y Medios, los periodistas acreditados en Casa Rosada tenemos el acceso prohibido a nuestro lugar de trabajo debidamente acreditado”, comunicaron los acreditados en la Casa Rosada. Unos 60 trabajadores de distintos medios, de todo el abanico editorial, fueron afectados. “La decisión, que sigue sin ser justificada oficialmente por parte del Gobierno nacional, sugiere una avanzada explícita contra la libertad de prensa, el ejercicio de la profesión y el derecho de acceso a la información de toda la ciudadanía”, afirmaron en su comunicado.

“Solicitamos una pronta resolución del caso y exigimos al gobierno el cese de los ataques a la prensa”, cerró el texto de los acreditados en Balcarce 50.

También desde el gremio de Sipreba hubo una fuerte definición de censura por la medida de Javier Milei, adoptada por Manuel Adorni, jefe de Gabinete, y Javier Lanari, secretario de Medios. “Repudiamos el acto de censura que se suma a la escalada de abusos de poder de parte de Javier Milei, quien no solo insulta, difama y hostiga a periodistas y trabajadores de prensa que realizan su trabajo, sino que presiona por despidos, como es de conocimiento público”, expresó el sindicato de prensa en redes sociales.

El argumento oficial que brindó el Gobierno es que la medida responde al supuesto “espionaje ilegal” por parte de un programa del canal TN, que filmó días atrás los pasillos de Balcarce 50 con unos anteojos de última generación con cámara. Este miércoles se conoció que Casa Militar, el organismo de quien depende la seguridad presidencial, denunció penalmente a dos periodistas del medio del Grupo Clarín.

Según un mensaje que publicó Lanari en sus redes sociales, “la decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal”. “El único fin es garantizar la seguridad nacional...”, cerró el funcionario.

También hubo un comunicado del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que advirtió que “se trata de una medida de extrema gravedad institucional”. “Esta decisión no solo afecta el ejercicio del periodismo, sino que impacta directamente en el derecho de la ciudadanía a acceder a información sobre los actos de gobierno. En los hechos, implica limitar la posibilidad de que la sociedad conozca, comprenda y controle la actividad de sus gobernantes”, agregó la entidad.

FOPEA señaló que, según surge de la información disponible, el equipo periodístico de TN “había dado a conocer el trabajo que se encontraba realizando dentro de la Casa Rosada, un ámbito que, aun con normas específicas de funcionamiento y seguridad, mantiene su carácter de espacio público”.

Repercusión en el Congreso

En otra medida que profundiza su ataque a la prensa, el Gobierno dio de baja las acreditaciones de todos los periodistas que se desempeñan en la Casa Rosada. Este jueves unos 60 trabajadores de prensa se vieron impedidos de ingresar a Balcarce 50 por una decisión unilateral de Javier Milei. La medida ocurre el mismo día en que el mandatario recibe al magnate tecnofascista Peter Thiel, CEO de Palantir.

El argumento oficial que brindó la secretaría de Comunicación -que depende de Javier Lanari, parte del equipo de Manuel Adorni-, es que hubo supuesto “espionaje ilegal” por parte de un programa del canal TN que filmó días atrás los pasillos de Balcarce 50 con uno anteojos de última generación con cámara. Este miércoles se conoció que Casa Militar, el organismo de quien depende la seguridad presidencial, denunció penalmente a dos periodistas de TN.

La medida implicó el quite de huellas dactilares de los periodistas acreditados -entre ellos, uno de elDiarioAR- y la caída de una prórroga que estaba vigente sobre las acreditaciones del año pasado, que vencieron en diciembre. “Hasta que no se esclarezca el tema de los videos, no se va a permitir el ingreso a ningún periodista”, completaron en el equipo de Lanari. No hubo comunicado oficial.

La medida de restricción a la prensa es una continuación del quite de acreditaciones de hace tres semanas a un grupo de periodistas. En su momento el Gobierno impidió el ingreso a los trabajadores de medios que publicaron algunas de las noticias producidas por una supuesta red rusa que buscaba desacreditar a Milei. También hubo una acción similar en el Congreso.

La medida además está alineada a los cuestionamientos e insultos de Milei contra los medios y trabajadores de prensa. En sus redes sociales instaló el latiguillo “No odiamos lo suficiente a los periodistas”. A su vez, organizaciones internacionales como Anmistía denunció el feroz ataque del Gobierno a la libertad de prensa a partir de la represión sistemática contra la prensa en cada una de las manifestaciones donde se activa el protocolo antipiquetes.

MC

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) denunció este lunes que el Gobierno impidió el ingreso a la Casa Rosada de periodistas acreditados de varios medios de comunicación. Según el gremio, la medida constituye un acto de censura directa contra el periodismo crítico.

“El Gobierno intenta silenciar al periodismo crítico y no permite el ingreso a varios acreditados. Exigimos que las y los compañeros puedan trabajar con normalidad”, expresó el sindicato en sus redes sociales.

El gremio encuadró lo ocurrido dentro de lo que describió como una política deliberada del Ejecutivo: “Este episodio se suma a los graves ataques y el hostigamiento sistemático que el Gobierno realiza sobre la actividad de prensa, con el objetivo de dañar la libertad de expresión y disciplinar al periodismo en su rol de control de los actos de gobierno.”

La justificación esgrimida por el Gobierno para inhabilitar el acceso tiene como trasfondo una investigación internacional que señala a una red de inteligencia rusa, denominada “La Compañía”, como presunta financiadora de notas periodísticas críticas a la gestión de Milei publicadas en medios argentinos durante 2024. Según relató el periodista Javier Slucki, de El Destape, uno de los medios afectados, al llegar a Casa Rosada le informaron que su huella estaba inhabilitada, y la justificación dada fue el “espionaje de medios a través de los servicios rusos”.

Slucki precisó además que la restricción “baja directamente de la Oficina de Comunicación” y remarcó que “la denuncia del Gobierno no está judicializada ni comprobada en ningún punto”.

Para el SiPreBA, ese contexto no justifica en ningún caso una restricción al ejercicio profesional: los periodistas acreditados tienen el derecho y la obligación de cubrir los actos de gobierno, y ninguna acusación sin sustento judicial puede usarse como herramienta para bloquear ese acceso.

Según supo este medio, a un grupo de periodistas acreditados les sacaron la huella con el justificativo oficial de que se trata de “una medida preventiva hasta que se esclarezca la situación”. “No tienen ninguna culpa los periodistas, el problema es con los medios”, dijo una fuente del Gobierno. Desde este martes citarían en la Casa Rosada a los directivos de los medios involucrados.

Según supo este medio, la medida fue replicada en la Cámara de Diputados, que conduce Martín Menem. Quedaron suspendidas las acreditaciones de los periodistas que realizaban la cobertura para esos medios.

Antes del golpe de 1976, Damián Carlos Hernández ideó un pasadizo secreto en el sótano de la Librería Hernández, sobre la avenida Corrientes, para ocultar libros perseguidos. Junto a su hija Marisú y Rogelio García Lupo trabajaron durante meses fuera del horario comercial para poder esconder más de 235 mil ejemplares detrás de una estantería falsa, en un espacio clandestino que replicaba el tamaño del local.

La dictadura avanzó con amenazas, allanamientos y detenciones. En 1977, las fuerzas de seguridad irrumpieron en la librería, se llevaron miles de libros y detuvieron al encargado. En un segundo operativo descubrieron el sótano oculto: ante la magnitud del material, se limitaron a secuestrar un ejemplar por título. La presión obligó a la familia a exiliarse en Uruguay, mientras el local permaneció clausurado durante meses.

Casi medio siglo después, la librería recupera esa historia y exhibe los libros que fueron censurados. El relato de Marisú Hernández reconstruye no solo el operativo para resguardarlos, sino también el impacto de la represión sobre su familia y el valor persistente de esos ejemplares como parte de una memoria que sobrevivió a los intentos de destrucción.

Bajando las escaleras hacia el depósito de la Librería Hernández, Damián Carlos Hernández colocó una estantería vieja y profunda a lo ancho del pasillo. El fondo era una pared de cartón prensado de 8 metros con repisas repletas. Si se corrían los libros, parecía que el sótano finalizaba ahí. Pero a un costado, detrás de los estantes, una puerta oculta de apenas medio metro se abrió una noche de mediados de 1975 y dos hombres la atravesaron en cuclillas.

–Por ahí mi padre, junto con Rogelio García Lupo, pasaban los libros “subversivos”–dice María Susana Hernández, Marisú.

Es la menor de las tres hijas de Damián Carlos Hernández y Emilce García, fundadores de la librería de la calle Corrientes 1436. El local, que cumplió 70 años, decidió –en el marco de los 50 años del golpe– exhibir los libros que la dictadura había censurado.

Hernández sabía que venía una mano dura, no de gusto había estado preso en tres oportunidades. Sus hijas, acostumbradas a un padre relajado, empezaron a notarlo distinto. Cada noche apoyaba los codos sobre la mesa, se tomaba la frente y se perdía en dramáticos pensamientos hasta que llegaba la cena. Acaso en una de estas abstracciones, meses antes del golpe de 1976, imaginó el pasadizo secreto. Un muro ilusorio para ocultar más de 235 mil libros que pronto serían prohibidos.

–Yo la llamo la “estantería de la resistencia”–.

Apoyada sobre una pila de libros en el depósito, Marisú prende un cigarrillo y señala las dimensiones de la puerta oculta. Hasta ahí llegaba ella, juntando el material que su padre y sus amigos escondían del otro lado, un espacio del mismo tamaño que la librería donde aún hoy se conservan muchos de estos ejemplares envueltos en papel madera y diarios de la época que Marisú toca al pasar.

–El olor–dice Marisú caminando ya entre los pasillos del sótano escondido–. El olor de estos libros...

Con 20 años, Marisú era una joven estudiante de medicina que admiraba a su padre. Apodado el “Librero Mayor” por Osvaldo Bayer, Hernández fue una figura central en la circulación de ideas políticas y culturales en la Argentina de los años 60 y 70. Su local se convirtió en un espacio de encuentro, formación y discusión para estudiantes, militantes e intelectuales, por donde pasaron personajes como Eduardo Galeano, Arturo Jauretche y David Viñas. Tenía cultura general y una memoria prodigiosa para ubicar libros, desde los más accesibles hasta aquellos perdidos en lo alto, adonde Marisú llegaba con una escalera para retirarlos y bajarlos al sótano cuando no quedaba nadie más en el local.

Durante seis meses, Damián Carlos Hernández, su hija Marisú y Pajarito García Lupo trabajaron escondiendo más de 235 mil títulos en un sótano clandestino.

La librería ya había cerrado esa noche de mediados de 1975. Hernández seguía ordenando cuando alguien tocó la puerta. Desde el año anterior, la Triple A lo hostigaba con llamadas: “Te vamos a reventar, librero”, amenazaban. Hernández fue hasta la puerta y abrió: era Rogelio García Lupo, que dirigía Eudeba. “Pajarito” entró, “siempre impecable”, se arremangó y comenzaron: Marisú bajaba libros y ellos los pasaban al sótano clandestino a través del pasadizo. Tenían por delante seis meses de trabajo y más de 235 mil títulos por esconder, siempre fuera del horario comercial, para que nadie los vea. Pero alguien los vio.

Emilce y la memoria de los libros prohibidos

–Dios mío, otra vez los libros–. 

Emilce García está por cumplir 100 años, y cuando su hija, Marisú, y su nieta, Mariana, entran a la habitación donde está internada y le muestran el video que hicieron el 28 de enero al cumplirse un año más del día que las fuerzas conjuntas allanaron la librería Hernández, Emilce García se lleva las manos a la cabeza, y dice:

–Dios mío, otra vez los libros–.

A 49 años de aquel cierre, Marisú Hernández reconstruyó en ese video la historia del material prohibido: el secuestro sistemático y el intento por hacer desaparecer el catálogo. Tras la publicación en redes sociales, la repercusión fue inmediata. Cientos de personas contaron su vínculo con la librería y su historia durante el golpe (“yo tuve que quemar mis libros”, dijo uno. “Mi papá los enterró”, contó otro). Muchos padres y madres se acercaron y llevaron uno de estos ejemplares para enseñarles a sus hijos.

La escritora Laura Ramos contó que la “gloriosa” librería Hernández le “salvó la vida”: “Hernández le daba a mi padre libros ‘en consignación’ para que mi madre los vendiera en Montevideo. Así comíamos. Hernández nunca los cobró”.

Lila Filler –hermana Silvia Filler, asesinada en 1971 por un grupo parapolicial–contó que durante la dictadura pidió un libro prohibido de Cortázar y se lo entregaron. “Pude conseguir el Libro de Manuel. Recuerdo que primero me dijeron que no, luego me dijeron que esperara y finalmente me lo entregaron ya envuelto”, dijo.

La escritora Laura Ramos contó que la “gloriosa” librería Hernández le “salvó la vida”: “Hernández le daba a mi padre libros ‘en consignación’ para que mi madre los vendiera en Montevideo. Así comíamos. Hernández nunca los cobró”

La mención a la librería Trilce en el video abrió otra historia. Poco después, se contactó el hijo de sus dueños, ambos secuestrados y desaparecidos. Contó que, como a muchos hijos, la historia llega más tarde: primero el silencio, después las preguntas. Días después, fue a tomar un café con Marisú. Nunca se habían visto. Sus padres eran Isabel Valencia y Horacio Edmundo Fernández.

Al otro costado de la cama, Mariana transmite desde su celular a la televisión el video de Marisú en el depósito. Emilce se recuesta y observa. Aunque su nombre casi no circuló públicamente, fue cofundadora de la librería en 1956 y una figura central en su sostenimiento. De perfil bajo, ligada al trabajo cotidiano, sostuvo a la vez la vida familiar y el proyecto en contextos adversos. Durante la dictadura atravesó desplazamientos entre Buenos Aires y Montevideo, sin perder el vínculo con sus hijas. Si Hernández fue la exposición y el carisma, ella fue el trabajo silencioso. Tras la muerte de su marido, en 1987, su presencia en la continuidad del proyecto familiar se volvió más evidente. Siguió así hasta que la pandemia la obligó a recluirse.

–Esos libros–dice Emilce, con una mano en la frente, al terminar de ver el video–, esos libros...

Los allanamientos y el exilio

El 28 de enero de 1977, cerca de las siete de la tarde, suena el teléfono en Corrientes 1436.

–Librería Hernández.

–Hola, Eduardo –saluda Damián Carlos Hernández.

–¿Eduardo?

–Tenemos visitas, en este momento no podemos atenderlo –responde Eduardo Mora y corta. 

Efectivos de la Seccional Quinta irrumpen en la librería. Remueven libros y retienen testigos. Damián Carlos y Emilce, desde Comodoro Rivadavia, vuelan a Aeroparque. Observan su hija Ana María y su marido, Eduardo Mora, encargado del local. Marisú está en Boedo, en un cumpleaños. “Quedás detenido por vender libros de izquierda”, le dicen a Mora. Ese día secuestran unos 8 mil ejemplares. Entonces, bajan al sótano.

Llegan a la enorme estantería, antigua y cargada de libros. Corren algunos volúmenes y ven, al fondo, una pared de cartón. No sospechan. Clausuran el local y se llevan a Eduardo.

Nadie en la familia imagina que la detención de Eduardo se va a prolongar. Durante años, casi no se habla de esos seis meses en las cárceles de Devoto, La Plata y Caseros. Se enterarán años después de algunas cosas que vivió en libros que se escribieron. Esa tarde lo detienen. Un mes y medio más tarde, tras un segundo allanamiento el 18 de marzo, lo sacan de la comisaría y lo llevan nuevamente a la librería. Alguien había denunciado la existencia de un “sótano escondido”.

Esta vez, los policías destruyen la estantería. Detrás aparecen pilas y pilas de libros. “Enloquecen”. Se llevan un ejemplar de cada título. El resto queda ahí. Eran unos 235 mil ejemplares.

Entre ellos, El peronismo, de Gonzalo Cárdenas (Ediciones Cepe); Formaciones económicas precapitalistas, de Karl Marx (Polémica); Testigos de China, de Bernardo Kordon y otros (Carlos Pérez Editor); Literatura y cultura popular, de Antonio Gramsci (Cuadernos de Cultura Revolucionaria); entre muchos otros.

Esa tarde del 28 de enero, Ana María —embarazada— se queda sola. Busca a su hermana y vuelven a su casa. Carlos Damián y Emilce regresan y se refugian en lo de la “tía Yolanda”, amiga de confianza.

El 8 de febrero, en su Fiat 1600 rojo, Marisú pasa a buscar a su padre y lo lleva hacia el puerto para exiliarse en Uruguay.

–Esperá –dice él–. Llevame por Corrientes.

Desde el auto en movimiento, miran la librería clausurada. Siguen en silencio hasta el puerto.

La librería vuelve a abrir a fines de 1977, con el sótano clausurado. La administración queda en manos de Ecequiel Leder Kremer, ex pareja de Marisú y padre de Mariana, que le da una impronta adaptada a la época. “Para mis viejos era importante que esto se mantuviera. Y así lo hicimos”, dice Marisú.

El matrimonio se instala en Montevideo. En Argentina desaparecían muchos de sus amigos. Hernández enferma. Le diagnostican un cáncer de estómago que arrastra hasta su muerte, en 1987. Tenía 63 años.

“No pudieron con los libros”

Marisú es médica y trabajó durante años en terapia intensiva hasta que un problema de salud la obligó a dejar. A comienzos de los 2.000 retomó su trabajo como librera en un local más chico, en Corrientes 1311, que cerró con la pandemia. Entonces volvió a este lugar, donde todo había empezado.

–Estar acá, en silencio, me llena de energías. Pero también esta librería representa muchas otras cosas...

Camina por los pasillos del sótano revisando viejos libros. Se detiene en uno. Lo huele y lo abre.

–No sabes lo que significa este libro para mí–, dice.

–¿Qué importancia tienen los libros hoy?

–El libro como objeto es incomparable, y tiene mucha importancia sobre todo hoy porque están intentando destruir la cultura y el pensamiento, es terrible lo que está pasando. Con mi hija, mi hermana, mis sobrinos y la gente que trabaja, que son verdaderos libreros, intentamos mantener la impronta que dejó mi viejo: promover la cultura, que el libro llegue a la gente, que vengan y lo toquen.

Marisú sube las escaleras hacia el salón. Entre clientes que caminan, se ubica a unos metros de los libros prohibidos exhibidos en unos estantes.

–¿Cómo se sintió tras la publicación del video?

–Fue impresionante la repercusión. Un hombre me llamó y me contó que estuvo el día del allanamiento. Hubo madres que vinieron para enseñarles a sus hijos el significado de estos libros.

–¿La respuesta fue siempre positiva?

–Mi hija me contó que hubo algunos haters en redes. Dicen cosas como “esta señora se salvó vendiendo libros comunistas”. Lo dicen con liviandad, pero esas palabras te llevan directamente a un momento oscuro. Yo tenía 20 años entonces, pero no eran los 20 de ahora.

–¿Cómo era antes?

–Estábamos involucrados. Yo era más feliz. Había entusiasmo porque había ideales. Hasta el golpe, eso nos cambió la vida.

–¿Qué aprendió y que admiraba de sus padres?

–Lo que más admiro en ambos es el compañerismo–(con la voz quebrada)–, y la coherencia. Y que nos permitieron leer: mi viejo me decía “vos leé; este es un facho pero lee, lee para que no te engañen”.

–Entonces, ¿que representa esta librería para usted?

–Representa a los desaparecidos que venían a leer y a pensar acá. Cuando los militares encontraron los 235 mil libros, eran demasiados y no pudieron quemarlos ni llevárselos. No pudieron con los libros. Tampoco pudieron con la librería. Eso es lo que nos mantiene vivos.

LN/MG

Los presentadores de late shows estadounidenses Jimmy Kimmel y Stephen Colbert se reunieron anoche en la televisión para animar la velada y, de paso, burlarse un poco del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El uno apareció como entrevistado en el show del otro, y ambos se emitieron en el aire al mismo momento de la noche. Los cómicos han ofrecido una exhibición de compañerismo y oponen resistencia a que el sabotaje de Trump a sus programas acabe con el humor.

“Espero que hayan sacado las botellitas de plastiquito de kechup en la Casa Blanca esta noche”, dijo Colbert nada más comenzar, en referencia a que esperaba que el presidente —junto con sus gustos alimenticios infantiles que tanto han sido criticados— estuviera viéndolos. Después de comentar la celebración de los Emmys, Colbert explicó al público cómo ha llevado la cancelación de su programa: “Nos enteramos de la nominación a los premios justo el día de antes a que nos cancelaran... fue una montaña rusa emocional”. La CBS ha cancelado el programa del presentador a partir de mayo y no ha renovado al cómico por ser una voz crítica contra el republicano.

“Pero yo sabía que todavía quedaba un acto más”, contó Colbert. El cómico explicó anoche cómo decidió avisar a todos sus compañeros que la cadena había acabado con el programa y contárselo también a todos los espectadores estadounidenses al final del programa. En viva voz y en directo, pese a que le recomendaron no hacerlo“. ”No tienen pelotas, Stephen, seamos claros“, le respondió Kimmel.

No faltaron las anécdotas de pesca y barbacoa que han vivido ambos presentadores, amigos desde hace 20 años, siempre entretenidas para el espectador. Y tampoco los chistes más mordaces contra la polarización política que vive el país, mientras involucraban a otros presentadores del mundillo. “Jimmy Fallon, creo que es tremendamente egoísta por tu parte que celebres ahora mismo tu cumpleaños, sabiendo lo dividido que está el país”, dijo Colbert.

El programa de Kimmel ha tenido mejor suerte. Ha sido cancelado durante algunas semanas, después de que el showman de Brooklyn hiciera un comentario sobre la muerte del activista ultraconservador y religioso Charlie Kirk, que fue asesinado de un disparo el 10 de septiembre. La administración Trump trató de sacar provecho de la muerte de Kirk, y culpar del disparo a un movimiento de odio progresista y woke, o incluso a las personas trans. “Muchos en el mundo MAGA están trabajando duramente para sacar provecho del asesinato de Charlie Kirk”, denunció Kimmel en su show. Y, claro, la cadena ABC decidió suspender el programa después de ser amenazado por la Comisión Federal de Comunicaciones, dependiente del Gobierno de EEUU.

Sin embargo, la presión popular —muchos estadounidenses se han dado de baja de los servicios de la cadena de tele y han cancelado sus suscripciones a Disney+, dueña de ABC— y política contraria al despido de Kimmel —y a favor de la libertad de expresión— ha conseguido la restitución del programa, finalmente.

“Hasta donde yo sé, los de ABC ni siquiera sabían que yo estaba al frente de un programa”, bromeó Kimmel en el programa de Colbert. “Estaba en la oficina cuando me llamaron, y el único sitio privado de allí es el baño. Así que me enteré en el baño. Les abucheé. Me dijeron que cortar la emisión les parecía la mejor opción porque estaban preocupados por lo que yo pudiera decir. Votamos, perdí la votación. Me subí los pantalones, y avisé al equipo”, relató el cómico.

“Conocerte bien es admirarte profundamente, y estoy muy feliz de que hayan vuelto a emitir tu programa”, respondía Colbert.

“Decididamente impropia e inadmisible”. El juez Steven D. Merryday criticó duramente la demanda de 85 páginas del presidente Donald Trump contra el New York Times, además de afirmar que es insostenible, según ha adelantado The Washington Post.

Merryday, juez federal de Tampa, desestimó la demanda por difamación contra el New York Times, argumentando que iba en contra de las normas que rigen los procedimientos civiles en tribunales federales.

El juez federal de distrito, designado por el presidente George H.W. Bush, emitió un fallo contundente, criticando duramente al presidente y a sus abogados por su demanda: “En esta demanda, un ciudadano estadounidense prominente (quizás el más prominente) alega difamación por parte de un destacado editor de periódicos estadounidense (quizás el más prominente) y de varias otras empresas y personas físicas. Alegando solo dos cargos simples de difamación, la demanda ocupa 85 páginas. El cargo I aparece en la página 80 y el cargo II en la página 8”.

La Casa Blanca declinó hacer comentarios, afirma The Washington Post.

Además de los problemas legales en cuestión, Merryday se quejó del escrito y afirmó que todo abogado debe saber que una denuncia no es un “foro público para vituperios e invectivas” ni un “megáfono de relaciones públicas, un podio para un discurso apasionado en un mitin político o el equivalente el Rincón de Oradores de Hyde Park [Londres]”.

El juez indicó que se puede presentar una nueva denuncia en un plazo de 28 días y debe tener menos de 40 páginas.

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció el pasado 15 de septiembre en Truth Social la presentación de una demanda por difamación y calumnias de 15.000 millones de dólares contra The New York Times, al que acusa de servir como portavoz de los demócratas.

En una publicación de Truth Social, Trump afirmó que la demanda se interpone en Florida y señaló, entre otras preocupaciones, el respaldo del Times a la excandidata presidencial Kamala Harris.

“Hoy tengo el gran honor de presentar una demanda por difamación y calumnias de 15.000 millones de dólares contra The New York Times, uno de los peores y más degenerados periódicos de la historia de nuestro país, convirtiéndose prácticamente en un portavoz del Partido Demócrata de Izquierda Radical”, publicó Trump: “ Lo considero la mayor contribución ilegal a una campaña electoral de la historia. Su apoyo a Kamala Harris fue colocado en el centro de la portada de The New York Times, ¡algo inaudito hasta ahora! Durante décadas, The Times ha utilizado un método para mentir sobre su presidente favorito (¡YO!), mi familia, mi negocio, el movimiento, MAGA y nuestra nación en su conjunto”.

Amenaza a la libertad de expresión

Y todo esto ocurre en la semana en la que la ABC –propiedad de Disney– decidiera suspender el programa del cómico Jimmy Kimmel, en lo que supone el último episodio de los retrocesos en la libertad de expresión en EEUU desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, situación se ha acelerado desde el asesinato del activista y comentarista ultra afín a la Casa Blanca Charlie Kirk, el pasado 10 de septiembre.

Como ocurrió con la cancelación del programa de Stephen Colbert por parte de la CBS, la “suspensión indefinida” del programa de Kimmel ha venido precedida de presiones directas y públicas por parte de Trump –quien en su celebración del despido de Colbert pidió los de Jimmy Kimmel y Jimmy Fallon– pero, también, por parte del organismo regulador FCC –Comisión Federal de Comunicaciones–.

Pero no solo precedida de amenazas. Las amenazas se han redoblado tras el anuncio de la ABC de suspender el programa de Kimmel. Este jueves, el presidente de EEUU, en el vuelo de vuelta desde Reino Unido, amagaba con retirar las licencias de emisión a las grandes televisiones por tener una línea editorial poco trumpista: “Esto también debería discutirse en cuanto a las licencias. Cuando tienes una cadena, tienes programas nocturnos y lo único que hacen es atacar a Trump.... Si miras, no han tenido un comentarista conservador en años. Lo único que hacen es atacar, no pueden hacer eso, son una rama del Partido Demócrata. Leí en alguna parte que las cadenas estaban en mi contra en un 97%, y aun así gané fácilmente las elecciones. Solo me dan mala publicidad o mala prensa. Y están operando con una licencia. Creo que tal vez deberían revocarles la licencia. Dependerá de Brendan Carr, es excepcional, es un patriota, ama a nuestro país y es un tipo duro. Así que ya veremos”.

En los últimos días se divulgaron audios que involucran en un escándalo de presunta corrupción a una figura clave para el gobierno, Karina Milei, hermana de Javier y secretaria general de la Presidencia. También conocida como “El Jefe” –por el rol protagónico que encarna en La Libertad Avanza (LLA)-, quedó implicada en las grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en las que se expone un presunto sistema de coimas del cual ella sería beneficiaria.

En un intento de limitar la divulgación de otros audios de Karina Milei grabados en Casa Rosa, la Justicia -impulsada por el Gobierno- ordenó frenar la difusión de nuevas grabaciones atribuidas a la hermana del Presidente. Más allá del contenido —que sigue siendo un misterio— lo verdaderamente llamativo es la reacción: el pedido de censura previa impulsado por el Ejecutivo y la insólita concesión otorgada por el Poder Judicial. Una decisión que amenaza con allanar medios de comunicación y periodistas en caso de difundir esos audios.

¿Cómo puede ser que, en democracia y con nuestra Constitución Nacional, que en su artículo 14 garantiza el derecho de las personas a “publicar sus ideas por la prensa sin censura previa”, se habilite semejante pretención? Especialmente cuando el artículo 32 prohíbe al Congreso dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta. El principio está escrito con claridad meridiana: la censura previa está prohibida en Argentina.

El marco internacional refuerza esa protección y nuestra Constitución, en su artículo 75 inciso 22, otorga jerarquía constitucional a tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 13) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 19), en los que se reconoce a todas las personas el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Sin condiciones. Sin filtros previos. La libertad de expresión, en términos legales, es un derecho robusto, diseñado justamente para proteger al ciudadano frente al poder.

La propia jurisprudencia argentina también consolida esa protección. En el caso Campillay (1986), la Corte Suprema sostuvo que los medios no pueden ser responsabilizados penalmente por difundir información de interés público si citan la fuente o usan el modo potencial. Más de veinte años después, en el fallo Patitó (2008), el tribunal reafirmó que las figuras públicas deben soportar un mayor nivel de escrutinio y crítica porque de eso se trata la vida democrática. Que hoy un juez (Alejandro Maraniello), con varias denuncias en la Magistratura, avance con medidas de censura previa, en contra de esa tradición, no es solo un retroceso jurídico: es un síntoma alarmante de degradación democrática.

Por eso, la decisión judicial no es un trámite menor, es un precedente alarmante. Porque si el poder puede decidir qué se publica y qué no, lo que se erosiona no es solo el trabajo periodístico, sino la confianza en la democracia misma y en nuestras garantías constitucionales.

La censura en democracia es un oxímoron. Una contradicción que revela que algo está podrido en el corazón del sistema. Porque si la democracia es, ante todo, el gobierno de la palabra —del debate, de la pluralidad, de las voces que se contradicen—, silenciar es dinamitar sus cimientos.

Lo más perturbador es que ya no hace falta un gobierno de facto para decretar el silencio. No se necesitan fuerzas paramilitares ni listas negras. Basta un juez. Basta un sello. Basta un oficio judicial que amenaza con allanamientos para disciplinar a periodistas y medios. Así funciona la censura contemporánea: no como un golpe estridente, sino como un goteo burocrático. Una mordaza con membrete.

Y lo más obsceno es el cinismo. Porque quienes nos gobiernan usaron la bandera de la “libertad de expresión” para justificar su violencia cargada de insultos, fake news, discursos de odio, persecuciones digitales. Ese derecho humano fue convertido en una licencia para dañar. La libertad de expresión fue reducida a eso: el derecho a gritar más fuerte que el otro. El derecho a humillar, a degradar, a silenciar con violencia simbólica a cualquier voz disidente. Se la degradó tanto que perdió espesor: la libertad de expresión se transformó en excusa.

Pero ahora que la necesitamos realmente, ahora que la libertad de expresión debería ser la garantía mínima para entender lo que pasa y ejercer nuestra ciudadanía, esa misma bandera se arruga y se tira al tacho. De pronto, las herramientas que ayer se utilizaban para “decir lo que nadie se anima” hoy son “campaña sucia”. Lo que ayer era celebrado como libertad hoy es castigado como delito.

Ahí está la trampa: quienes usaron la libertad de expresión para disciplinar, hoy la niegan para protegerse. El poder siempre fue hábil en ese doble juego: invocar principios universales cuando sirven a su causa, anularlos cuando se vuelven incómodos o peligrosos.

Y el Poder Judicial, lejos de funcionar como contrapeso, se convierte en instrumento. Porque sin división real de poderes la democracia es apenas un decorado. Una puesta en escena donde las instituciones simulan independencia mientras ejecutan la voluntad del Ejecutivo. La historia argentina conoce bien esa mecánica: la censura durante la dictadura fue el extremo del horror, pero en democracia también hubo intentos de acallar voces. Desde periodistas procesados por investigar a la Justicia hasta artistas silenciados por “ofender la investidura”. El método cambia, la tentación persiste.

La censura jamás se presenta como censura. Nunca se reconoce como tal. Siempre se enmascara. Se vende como prudencia, como protección, como seguridad. Pero lo “seguro”, cuando lo define el poder, siempre termina siendo lo conveniente. Y lo conveniente, cuando se trata de controlar la palabra, siempre termina siendo el silencio.

Lo que está en juego no es un audio, una noticia o una operación mediática; ni siquiera una elección legislativa. Lo que está en juego es el precedente: si hoy se callan voces con la excusa de “ordenar”, mañana se pueden desaparecer muchas más. La censura funciona como una bola de nieve: empieza con un caso “excepcional” y termina arrasando con todo lo que incomoda.

La libertad de expresión no es cómoda. Nunca lo fue. Es incómoda, es ruidosa, es molesta. Y ahí radica su valor. Porque si solo sirve para amplificar lo que el poder quiere escuchar ya no es libertad: es propaganda. Y una democracia que teme a las voces críticas no es democracia. Es un simulacro con urnas, un cascarón vacío que conserva las formas mientras vacía la sustancia.

Si una democracia no soporta la palabra, no es la palabra la que sobra. Es la democracia lo que falta.

*Antropóloga y fundadora de @@panopticocultural

ED

El recinto de la Cámara de Diputados, donde cada 1 de marzo los presidentes de la Nación inauguran el período de sesiones ordinarias del Congreso ante la Asamblea Legislativa, que reúne a los diputados y a los senadores de la Nación, además de los miembros de la Corte Suprema y los gobernadores, entre otras autoridades, permanecerá blindado contra la prensa.

La medida, dispuesta por una resolución conjunta dictada este jueves por la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, determinó la prohibición de ingresar a la “casa del pueblo” a toda persona que no sea legislador de la Nación. Así, en una decisión inédita desde el retorno de la democracia en 1983, los periodistas acreditados quedarán desplazados al segundo piso, lejos del lugar donde históricamente cubren cada sesión parlamentaria.

La inauguración de las sesiones ordinarias es el evento institucional más importante de la República porque en un mismo día y lugar se reúnen las cabezas de los tres poderes del Estado más los gobernadores de las provincias.

Villarruel y Menem tomaron esta decisión por orden de Karina Milei y pese al rechazo del Círculo de Periodistas Parlamentarios y la mayoría de los bloques no oficialistas de ambas cámaras. A la prensa le dieron espacios minúsculos y alejados para la cobertura.

Desde 1983, el periodismo parlamentario ha trabajado en cada Asamblea Legislativa desde los palcos ubicados detrás del estrado presidencial. Ningún mandatario ni mandataria, ni ninguna autoridad legislativa en estas cuatro décadas de democracia alteró la labor de la prensa, salvo la actual gestión de La Libertad Avanza.

El Círculo de Periodistas Parlamentarios ya había alertado, antes de esta limitación formalizada este jueves por Villarruel y Menem, que la del próximo sábado sería la primera vez en la historia que los reporteros gráficos no podrían acceder al recinto de Diputados por lo que sólo podrán hacer imágenes desde los palcos ubicados en las galerías. En cambio, sí accederán los fotógrafos oficiales autorizados por Casa Rosada. Antes de la llegada de Milei al poder estaba permitido el ingreso de hasta 28 fotógrafos que podían ubicarse frente al estrado y en los pasillos hasta el ingreso del Presidente.

Por otro lado, los periodistas parlamentarios acreditados de modo permanente no podrán usar los palcos que tienen asignados desde siempre, con asientos suficientes y escritorios para trabajar detrás del estrado de la presidencia del cuerpo, diseñados para facilitar su labor. Ahora serán utilizados por invitados especiales de Presidencia.

Las justificaciones de los voceros oficialistas ante los periodistas acreditados en el Parlamento fueron insólitas. “Las condiciones serán similares y/o mejores”, llegó a decir una fuente ligada a la cúpula libertaria. Otro de los argumentos que dieron los operadores del Gobierno es que como habrá bancas opositoras ausentes, principalmente la de Unión por la Patria, la más numerosa, “no habrá nada para ver”.

Ya cuando Milei presentó el Presupuesto 2025 el 15 de septiembre a los acreditados se los envió a un palco al costado derecho. El argumento extraoficial es que se quería evitar que al Presidente se lo registre mediáticamente “desde la nuca”. En el palco habitual de la prensa se ubicaron embajadores y funcionarios nacionales y porteños, como fue el caso de Daniel Scioli, secretario de Turismo, y Waldo Wolff, ministro de Seguridad de Jorge Macri.

La resolución de Villarruel y Menem generó reacciones de rechazo de diputados y senadores de la oposición. “LA LIBERTAD (DE PRENSA) NO AVANZA. A pesar del reclamo casi unánime de los bloques de ambas Cámaras (incluido el que realizamos), se acaba de oficializar la restricción para el trabajo de prensa durante la Asamblea Legislativa. Reporteros gráficos y periodistas, AFUERA!” (sic), posteó en X el diputado Esteban Paulón, referente del socialismo santafesino e integrante del bloque Encuentro Federal, que preside Miguel Ángel Pichetto.

A su vez, la senadora por Córdoba Alejandra Vigo expresó también en X: “Me solidarizo con los trabajadores de prensa a quienes les restringieron sus lugares de trabajo habituales para la cobertura de la Asamblea Parlamentaria. La libertad de prensa es uno de los pilares de la democracia”.

El diputado de Unión por la Patria Eduardo Valdés, por su parte, presentó un proyecto de resolución para garantizar el acceso de la prensa a los palcos del primer piso del recinto de la Cámara de Diputados, ubicados detrás de la Presidencia. El objetivo es asegurar que los periodistas acreditados puedan realizar coberturas sin restricciones en eventos institucionales, políticos y parlamentarios.

Según el texto, la limitación por resolución dispuesta por Villarruel y Menem “vulnera la libertad de prensa y el acceso a la información”. La propuesta ha recibido apoyo de múltiples bloques parlamentarios y organizaciones de prensa como el Círculo de Periodistas Parlamentarios y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), que denunciaron que la decisión fue impuesta por las autoridades del Congreso en línea con el Ejecutivo.

Para el Gobierno, los periodistas “están subidos a la poltrona, completamente desquiciados”

Juan Pablo Carreira, director de Comunicación Digital de la Presidencia, cuestionó el reclamo de los periodistas acreditados del Congreso y respondió un tuit de queja de la periodista Débora de Urieta con tono de burla: “Periodistas se quejan de que les dieron 'dos palquitos' preferenciales en el Congreso para la Apertura de Sesiones. Están subidos a la poltrona. Completamente desquiciados”, posteó el funcionario en X, donde usa el seudónimo Juan Doe.

Carreira, un tuitero conocido por su postura liberal y republicana, antes de ser designado en el gobierno de Milei era editor en jefe del sitio paraoficialista La Derecha Diario. En sus posteos se destacaba por sus críticas a los trabajadores del sector público, y terminó siendo empleado del Estado.

JJD

No son tiempos fáciles para la prensa en ninguna parte, pero el resurgir de movimientos autoritarios nunca ha sido un buen augurio para las libertades individuales, entre ellas las libertades de prensa y de expresión. Esta vez ha ocurrido en el seno del diario estadounidense The Washington Post, donde una de sus más prestigiosas caricaturistas dejó el diario tras la censura a una de sus últimas creaciones satíricas.

En un artículo titulado 'Por qué abandono el Washington Post', la dibujante estadounidense de origen sueco Ann Telnaes explicó este sábado sus razones para abandonar el diario que ha publicado sus trabajos gráficos durante los últimos 16 años de forma ininterrumpida.

Sin dejar margen a la especulación, Telnaes arranca su explicación con las siguientes palabras: “He recibido comentarios y he tenido conversaciones productivas —y algunas diferencias— sobre viñetas que he enviado para su publicación, pero en todo este tiempo nunca habían matado una de mis viñetas debido a hacia quién o hacia qué elegí dirigir mi pluma. Hasta ahora.”

La viñeta en cuestión, de la que la propia autora ha publicado un borrador, muestra a un grupo de empresarios tecnológicos millonarios ofreciendo bolsas de dinero a una figura gigante colocada sobre un podio que parece representar al presidente electo de EEUU, Donald Trump.

Entre los empresarios representados se encuentran el fundador y CEO de Facebook y Meta, Mark Zuckerberg, el empresario dedicado a la Inteligencia Artificial Sam Altman, el editor del periódico Los Ángeles Times Patrick Soon-Shiong, la Compañía Walt Disney o el propio Jeff Bezos, propietario del periódico The Washington Post. La autora, Ann Telnaes, ha confirmado que los personajes del dibujo corresponden a estas cinco personalidades y empresas.

De acuerdo con Telnaes, que a lo largo de las últimas décadas ha sido premiada con numerosos galardones —desde el Pulitzer hasta el más reciente premio Herblock en 2023—, la viñeta pretendía hacer una crítica satírica a los jefes ejecutivos multimillonarios de empresas tecnológicas y de medios de comunicación que “han estado haciendo todo lo posible” por obtener el favor del presidente electo Trump.

Como defiende la autora, que cita expresamente un artículo de diciembre del Washington Post, en las últimas semanas se han escrito numerosas piezas periodísticas en Estados Unidos sobre cómo estos hombres “con lucrativos contratos gubernamentales” e “interés en eliminar regulaciones” han ido pasando por Mar-a-lago para reunirse con Donald trump.

Esta mansión de Palm Beach, en Florida, creada como casa de verano de los presidentes de EEUU fue adquirida por el magnate a mediados de los 80 y ha sido convertida en su cuartel general de facto. El empresario Elon Musk ha llegado incluso a alquilar una habitación en ella para estar más cerca del presidente electo y participar junto a él en encuentros con distintos líderes internacionales.

La historietista asegura que, aunque no es extraño que los editores pongan objeciones a algunas de las metáforas utilizadas en una viñeta “en caso de que el mensaje no sea claro o no represente de forma correcta el mensaje del caricaturista”, ese no ha sido el caso en esta ocasión. Ann Telnaes defiende que esto es un cambio de las reglas del juego, y que es “peligroso” para una prensa libre.

“Como caricaturista editorial, mi trabajo es el de pedir cuentas a personas poderosas e instituciones”, recuerda Telnaes, quien enfatiza que “por primera vez” su editor le impidió hacer este trabajo de crítica. Ante ello, Telnaes ha tomado la decisión de abandonar el periódico y, aunque cree que su decisión no generará una especial conmoción porque “solo” es “una historietista”, afirma que no parará en enfrentar al poder con la verdad ya que, como dicen, “la democracia muere en la oscuridad”.

Una crisis más para la “prensa libre” de EEUU

La nueva polémica en torno al periódico del dueño de Amazon, Jeff Bezos, se produce pocas semanas después de que, por primera vez y coincidiendo con una de las elecciones más decisivas de los últimos tiempos, el periódico no expresara su apoyo editorial a un candidato presidencial.

Según informó entonces la cadena de radio pública NPR, el periódico se ha visto sacudido por una oleada de cancelaciones de suscriptores y una serie de renuncias de columnistas, mientras lidia con las consecuencias de la decisión de Bezos de vetar el apoyo a la vicepresidenta Harris. Esta estación de radio calculaba que en torno a un 8% de los 2,5 millones de suscriptores pidieron darse de baja por este motivo.

Una polémica similar azotó en aquellos días a otro diario estadounidense: Los Angeles Times. Allí, la jefa del Consejo Editorial, Mariel Garza, renunció a su cargo en protesta porque el dueño del rotativo, Patrick Soon-Shiong, bloqueó el apoyo del diario a Harris. El multimillonario Soon-Shiong, que quiso presentar su decisión como un intento de neutralidad, era otra de las figuras representadas en su viñeta por Ann Telnaes.

“Preferimos perder uno o varios días de sueldo antes que perder nuestra libertad, convencidos de que la libertad y la autonomía del servicio público es un valor de todos. Y la RAI es de todos”. Así, en un comunicado leído en las principales ediciones de los telediarios, los periodistas de la RAI, la televisión y radio públicas de Italia, explicaron las razones que les llevaron a mantener este lunes una huelga de 24 horas para “defender su autonomía e independencia” del “control de la política” y de “los intentos de censura” del Gobierno liderado por la ultraderechista Giorgia Meloni.

El paro llega tras semanas de protestas de los trabajadores por lo que definen como un “control asfixiante” para que la información sirva de “megáfono” del Ejecutivo, una denuncia a la que se sumó la oposición política que acusa a la dirección de haber convertido la RAI en “Telemeloni”.

“Los periodistas de la RAI, por primera vez en muchos años, se abstienen totalmente de trabajar para protestar contra las decisiones de la cúpula directiva”, se indica en el comunicado leído esta mañana en la cadena.

Los periodistas denuncian que la dirección “no sustituye a los que se jubilan o están de baja por maternidad” o “no estabiliza a los trabajadores precarios”, pero también que “la RAI intentó censurar un monólogo el 25 de abril, para luego, con evidentes dificultades, intentar convertirlo en una cuestión económica”, en referencia al veto al escritor Antonio Scurati en víspera de la fiesta nacional en la que se recuerda la liberación de Italia del nazifascismo.

La empresa replica que “la decisión de ir a la huelga por motivos que nada tienen que ver con los derechos de los trabajadores se encuadra en motivaciones ideológicas y políticas”, en un duro comunicado, en el que pide a Usigrai, el sindicato convocante, “que deje de promover noticias falsas que dañan la imagen de la empresa”.

“No se ha puesto ninguna censura o mordaza sobre la información”, añade la dirección, que ha conseguido mantener de su lado al nuevo sindicato Unirai, para el que a la RAI “hay que relanzarla, no ensuciarla”.

La oposición denuncia el intento de crear “Telemeloni”

La Federación Nacional de Prensa Italiana (FNSI) considera “gravísima” la acusación de difundir “noticias falsas” para “desacreditar” a “cientos de colegas” y la considera en realidad “una operación de distracción masiva, pero ocultar lo que realmente está sucediendo en el servicio público”.

También la oposición considera “muy graves” los “intentos” de “desacreditar” a los periodistas de la RAI, que el Partido Demócrata ha rebautizado como “Telemeloni”, como con “el caso Scurati”.

Meloni justificó el veto a Scurati en sus redes sociales: “La izquierda grita al régimen, la RAI responde que simplemente se ha negado a pagar 1.800 euros (el salario mensual de muchos empleados) por un minuto de monólogo”, a lo que el escritor respondió: “Eso, señor presidente, es violencia. No física, por supuesto, pero siempre violencia. ¿Es el precio que se tiene que pagar hoy en su Italia por haber expresado el propio pensamiento?”.

El de Scurati es el último de varios casos en los que Meloni ha sido acusada de censura o de utilizar los medios públicos en su beneficio, como la marcha de la RAI del periodista Fabio Fazio, tras cuatro exitosas décadas en la cadena pública, o la modificación del reglamento de intervenciones en campaña electoral, que acaba con el límite de tiempo de las intervenciones televisivas de políticos con cargos institucionales. 

Otros dos casos han agitado las aguas del debate sobre la libertad de prensa en Italia en las últimas semanas. Por un lado, la posible adquisición de la agencia AGI, la segunda agencia del país —actualmente propiedad de la empresa energética ENI, controlada al 35% por el Estado— por parte de Antonio Angelucci, parlamentario de la Liga pero muy cercano a Meloni y ya propietario de tres periódicos afines al Gobierno, Il Giornale, Libero e Il Tempo. Por otro lado, la decisión de la Fiscalía de Perugia de incluir a tres periodistas del diario Domani en la lista de investigados por un caso de acceso a informaciones reservadas sobre políticos y famosos, en el que los dos principales acusados son un teniente de la Guardia de Finanza, la policía tributaria de Italia, y un magistrado. La investigación surgió después de una denuncia ante la fiscalía del actual ministro de Defensa, Guido Crosetto, después de que Domani publicara un artículo sobre posibles conflictos de intereses de Crosetto por algunas asesorías a empresas del sector armamentístico.

Crosetto no se querelló contra Domani por difamación ni desmintió las informaciones, pero presentó una denuncia para investigar cómo habían accedido a esa información, es decir una investigación sobre la fuente de los periodistas. Ahora los tres periodistas —Stefano Vergine, Giovanni Tizian y Nello Trocchia, los últimos dos coautores de una investigación sobre el padre de Meloni, publicada el pasado mayo por elDiario.es— son investigados por acceso abusivo y revelación de secretos a pesar de que la Constitución y las leyes italianas amparan a los periodistas en la publican de cualquier información que sea de interés público en el ejercicio del derecho de crónica. La acusación a la que se enfrentan los tres cronistas —que han recibido apoyos de decenas de medios europeos y de las principales organizaciones en defensa de la libertad de prensa— acarrea una condena de hasta nueve años de cárcel.

Diversos informes llevan años alertando de un incremento de la censura de internet en todo el globo. Y lo cierto es que no se trata de un fenómeno solamente limitado a regímenes autoritarios como Rusia o Irán, sino que también se está extendiendo en países con una larga tradición democrática. Se trata de un problema complejo que limita cada vez más el acceso a la información, también en América Latina.

El Gran Firewall de China                                                                                                  

El ejemplo más conocido de restricción online es el del llamado ‘Gran Cortafuegos’ de China, un sistema que bloquea decenas de miles de direcciones IP en el exterior del país y que impide a los ciudadanos chinos acceder a servicios como Google, Facebook, Instagram, Snapchat, X o YouTube, entre muchos otros. Este ‘Gran Firewall’ también bloquea aplicaciones de chat como la coreana Line o la vietnamita Zalo, así que no solo limita el acceso a apps occidentales.

Incluso aplicaciones chinas como TikTok tienen prohibido su uso por parte de ciudadanos chinos. La versión china de TikTok se conoce como Douyin, y cuenta con contenidos curados por las autoridades chinas que fomentan la disciplina de estudio o el conocimiento de la historia del país. El control de todo lo que se publica y se comparte en internet es total por parte del gobierno de China, que invierte cada vez más recursos en este ámbito.

América Latina no se libra de la censura

En América Latina, la situación se está agravando, especialmente, en Venezuela y Nicaragua, donde los gobiernos de Nicolás Maduro y de Daniel Ortega –respectivamente– han incrementado el número de páginas web informativas inaccesibles en el país. En el caso de Venezuela, las cifras hablan de un aumento del 20 % en las webs censuradas en 2023, mientras que la censura en Nicaragua podría estar siendo incluso más severa.

Estas medidas para silenciar a la oposición y al disenso civil sitúan a Venezuela o Nicaragua en línea con otros países autoritarios como Rusia o Irán, con quienes han establecido unos lazos cada vez más sólidos, y con quienes se alinean de manera rutinaria en la escena internacional. Por fortuna, las medidas adoptadas para impedir el acceso a este tipo de contenidos no son tan exhaustivas como las del ‘Gran Firewall’, y pueden superarse con las herramientas adecuadas.

¿Cómo acceder a contenidos censurados online?

La manera más fácil de acceder a contenidos censurados son las VPN, herramientas que permiten ocultar IP en nuestros dispositivos para poder navegar desde un tercer país y superar la censura del país en que nos encontremos. Con una VPN, una persona que resida en Venezuela puede conectarse a internet a través de un servidor argentino y acceder a la información que no es accesible desde territorio nacional.

Las VPN tienen además la ventaja de cifrar el tráfico de sus usuarios, de modo que los gobiernos autoritarios no tienen modo de saber a qué información se accedió a través de ellas. Lo único que puede saberse es que se empleó una VPN, algo que los países como Rusia o Irán también prohíben. A menos, claro está, que se trate de una VPN permitida por el gobierno, en cuyo caso es obvio que la información transmitida no será confidencial.

La censura en las redes sociales, un problema creciente

Por otra parte, el aumento de las publicaciones de desinformación en redes como Facebook, Instagram, YouTube o X está conduciendo a un desarrollo cada vez más amplio de sistemas de censura en todas las redes sociales. Algunos de estos sistemas llevaban años en pie y contaban con un amplísimo consenso entre la población, pero el concepto de lo que se considera censurable no ha dejado de crecer en los últimos años.

Existen etiquetas que deberían ser, lógicamente, objeto de desaprobación y control –por ejemplo el ‘discurso de odio’– que, sin embargo, han sido interpretadas y aplicadas de manera desigual en las redes sociales. Los intereses de gobiernos, grupos de presión, empresas y medios de comunicación confluyen en el control sobre las narrativas en las redes, y resultan en diferentes formas de censura que, por el momento, no tienen una solución clara.

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama dirigió una carta a los trabajadores de bibliotecas y librerías para agradecerles su trabajo diario y para defender la libertad de expresión en medio de una ola de censura. Ante la avalancha de iniciativas de políticos republicanos —ejecutadas por organizaciones ciudadanas con vínculos conservadores— para intentar retirar miles de obras tanto en las aulas como en bibliotecas públicas, Obama señala que “no es casualidad” que estos “libros vetados” estén escritos por personas racializadas o del colectivo LGTBI y reivindica que el intercambio de ideas es la “base” de la democracia.

El exmandatario citó la importancia en su vida de escritores como Mark Twain, Toni Morrison, Walt Whitman y James Baldwin. También ha defendido que leer sobre las vidas de personas tan diferentes a la suya propia le enseñó a empatizar, mientras escribir le “ayudó a desarrollar” su propia identidad. “Hoy algunos de los libros que han marcado mi vida, y la vida de tantos otros, están siendo cuestionados por gente que está en desacuerdo con ciertas ideas o perspectivas. No es casualidad que estos ”libros vetados“ a menudo están escritos o protagonizados por personas racializadas, indígenas y miembros del colectivo LGTBI. Aunque también hubo casos desafortunados en los que libros de autores conservadores o libros que contienen palabras o escenas 'provocadoras' fueron objeto de borrado”, señala.

En cualquier caso, continúa Obama, el impulso “parece ser el de silenciar en lugar de refutar, aprender o intentar entender otros puntos de vista que no son el nuestro” y, en su opinión, esa idea es “errónea y contraria a lo que hace grande” a Estados Unidos.

En la misiva, el exdirigente celebra que las bibliotecas son espacios “donde la gente puede compartir ideas, participar y acceder a recursos cívicos y educativos”. “Ayudáis a que la gente se convierta en ciudadanos activos e informados (...) Y lo hacéis en un clima político duro donde sois atacados por gente que o bien no puede o no quiere entender el papel vital y único que jugáis en la vida del país”, les dice.

Una obra de teatro sobre un maestro republicano fusilado, otra de Virginia Wolf que aborda la homosexualidad, una tercera que habla sobre trastornos alimentarios, la última película de Buzz Lightyear que incluye un beso lésbico. Estos cuatro títulos tienen en común haber sido recientemente censurados en cuatro municipios diferentes por sus autoridades municipales, gobernados por el Partido Popular y Vox. La respuesta desde el ámbito de la cultura no tardó en llegar. La recién surgida Plataforma de Artes Libres emitió este miércoles un comunicado con el que esperan recabar apoyos para hacer frente a los vetos ideológicos que se están produciendo.

Un texto del que se han hecho eco los intérpretes Aitana Sánchez Gijón, Alba Flores, Susi Sánchez, Carlos Bardem, Natalia de Molina, Juan Diego Botto, María Adánez, Asier Etxeandía, Miguel Rellán, Laura Galán, Carolina Yuste, Hugo Silva, Gorka Otxoa, Leticia Dolera, Víctor Clavijo, Anabel Alonso, Emma Suárez, Esther Acebo, Elena Martín, Eneko Sagardoy, Irene Arcos, Ana Wagener, Olivia Delcán, Itziar Castro, Carmen Ruiz, Abril Zamora, Dafne Fernández, María Botto, Lydia Bosch y Omar Ayuso; directores de cine como Montxo Armendáriz, Isa Campo, Andrea Jaurrieta, Mabel Lozano, Pilar Palomero, Laura Hojman y Patricia Font; cantantes como Rodrigo Cuevas, Ismael Serrano, Rocío Saiz, Supremme de Luxe y Sole Giménez; dramaturgos como Pablo Messiez; escritores como Guillém Clua, Alana S. Portero, Elisabeth Duval, Bob Pop, Lucía Lijtmaer, Maruja Torres, Rosa Montero y Javier Giner; y guionistas como Alberto Caballero y Diego Pinillos.

También el Ministro de Educación y Deporte, Miquel Iceta. Del mundo de la política se pronunciaron otros nombres como Yolanda Díaz, Félix Bolaños, Héctor Gómez, Pilar Alegría, Carla Antonelli, Mónica García, Alejandra Jacinto, Eduardo Rubiño e Idoia Villanueva. Isabel Aguilar, directora del FIT (Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz) y Enrique Viralta, director del Máster en Gestión Cultural y del Instituto y Tecnología de la Carlos III mostraron igualmente su apoyo.

“Las y los profesionales del mundo de la cultura queremos denunciar el retorno de la censura que está atentando contra la libertad de expresión. Un derecho consolidado social y democráticamente en nuestra Constitución”, defienden en el escrito difundido.

“Exigimos la protección de nuestros derechos fundamentales porque sin cultura no hay democracia”, concluyen tajantes en su texto, que compartieron instituciones entre las que se encuentran el Centro Dramático Nacional, la SGAE, la Associació Professional Dansa Illes Balears, la Asociación MIM, los Premios Max, ALMA Guionistas, FAETEDA, y la Unión de Actores y Actrices; y la Academia de las Artes Escénicas de España. Además de compañías de teatro como Teatro Defondo, Kamikaze, Teatro del Barrio, Teatre Lliure y Proyecto 43-2; editoriales como Dos Bigotes, La Imprenta y Talentura; y productoras audiovisuales como Caballo Films y Tandem Films.

Desde la plataforma explican que su iniciativa nace como reacción a la “increíble situación por la que están pasando las Artes Escénicas y la Música, en la que se están produciendo cancelaciones de espectáculos y cancelaciones por todo el Estado, estrictamente motivadas por criterios políticos y partidistas”.

Una lista de cancelaciones que se engrosa

En los tres casos citados que afectan a piezas de teatrales, el modus operandi fue prácticamente el mismo: la aprobación para ser representadas por los gobiernos previos –PP y Ciudadanos, PSOE; y PSOE, Més y Unidas Podemos– de las localidades afectadas que, al pasar a manos de PP y Vox tras las elecciones celebradas el pasado 28 de mayo, fueron canceladas.

A principios de junio, la compañía de teatro madrileña Teatro Defondo cerró presupuesto y fechas con el Gobierno en funciones del Ayuntamiento de Valdemorillo –en ese momento liderado por PP y Ciudadanos– para representar Orlando: una biografía, la novela escrita por Virginia Woolf en 1928. La autora indagó en ella sobre tabúes como la sexualidad y la homosexualidad femenina; y es considerada como una de sus grandes obras maestras. La nueva dirección del Ayuntamiento, ahora conformada por PP y Vox, les comunicó la semana pasada que “por decisión de equipo de gobierno” no programará la obra.

El director de la compañía compartió un comunicado valorando que, tras haber mantenido una conversación telefónica con el consistorio, entendió que se trataba “de un caso de veto ideológico por parte de la concejala entrante”, haciendo referencia a la nueva responsable del área de Cultura, Victoria Amparo Gil Movellán (Vox). Una llamada telefónica fue igualmente la vía por la que Xavier Bobés y Alberto Conejero fueron informados de que su obra sobre el profesor republicano Antoni Benaiges, cuya representación estaba prevista para el próximo 15 de julio en Briviesca (Burgos), no se llevaría a cabo.

La función, finalista en los Premios Max y los Premios de la Crítica había sido aprobada con el anterior equipo del gobierno, del PSOE. El paso del mando, que convirtió a José Solas (PP) en nuevo alcalde, motivó el cambio de decisión. El dirigente aseguró que la cancelación está vinculada a cuestiones económicas; pero Bobés descartó que se tratara de una cuestión monetaria o técnica, hablando directamente de “censura”. “Es el momento de afrontar juntas y juntos la situación inquietante de nuestro país, exigiendo a todas las administraciones la salvaguarda de la libertad de expresión y el acceso a la cultura, y el respeto a las compañías y espectadores”, advirtió Conejero.

El PP fue también quien vetó en Palma de Mallorca NUA, una obra que aborda los trastornos alimentarios, transmitiendo de forma “cruda” sus síntomas y cómo los cánones de belleza afectan a estas enfermedades. El consistorio, que venía de estar gobernado por PSOE, Més y Unidas Podemos y depende ahora del PP, indicó repitiendo el patrón que es una cuestión presupuestaria y por no estar en sintonía con “la línea de espectáculos que se programarán con los nuevos cambios de gobierno”.

Esta vez fuera desde la oposición, Vox exigió en Getafe al Gobierno liderado por Sara Hernández (PSOE), que modificase el contenido de la obra La Villana de Getafe por contener “insinuaciones sexuales” que “en ningún momento incluía” el texto de Lope de Vega. Desde el Ayuntamiento cargaron contra su argumentario y aseguraron: “Nosotros no censuramos”. El director de la función, Marcos Toro, se pronunció sobre lo sucedido este miércoles a través de sus redes sociales: “Condeno que se haga uso de la cultura para confundir y crear desasosiego ante la mirada inocente de una ciudad y sus ciudadanos”.

“A los afines a Vox, tengo que responder que no hay maldad en la ejecución de mi propuesta. Pero parece que no ocurre lo mismo desde la mirada de quien lo percibe... Tan solo cierto sector unido a Vox considera insano mostrar símbolos que forman parte de la naturaleza, y que la humanidad ha utilizado para referirse a la fertilidad y la sexualidad”, añadió antes de afirmar que, durante la representación: “No hubo signos de incomodidad entre el público. Y en el susodicho caso de que así fuera, esa incomodidad también forma parte de nuestro trabajo”.

El cine también se vio afectado. Carmen Pérez Tejedor (PP) es la alcaldesa del Ayuntamiento de Bezana (Cantabria), cuya Concejalía del Cultura representa Manuela Bolado (Vox). Esta área fue la responsable de censurar la proyección de la película Lightyear porque en ella aparecen dos mujeres besándose.

Una serie de acusaciones recientes, que se hicieron virales en la web y de las que los medios de comunicación oficiales también se hicieron eco, sacude a los seguidores del movimiento #MeToo en China. Uno de los acusados es profesor de la mayor universidad pública del país.

El profesor fue suspendido tras ser acusado de agredir sexualmente a una joven que tenía 16 años en el momento de los hechos. La denuncia, de la que han informado varios medios de comunicación oficiales, es la más reciente de un movimiento #MeToo que suele verse obstaculizado por la censura y la mano dura contra el activismo. El caso sale a la luz poco después de que al menos una docena de mujeres denunciaran el acoso sexual por parte del conocido guionista chino Shi Hang, el cual negó las acusaciones (de hechos que se remontan desde hace más de una década atrás hasta semanas antes de que las víctimas empezaran a hacerlos públicos). En abril también se presentaron acusaciones contra un destacado editor de textos feministas.

El martes por la noche, una mujer realizó una publicación en la red social china Weibo en la que acusó a un profesor de la Universidad de Zhengzhou, en la provincia de Henan, de haberla manipulado y agredido sexualmente hace 11 años, cuando ella tenía 16. La mujer dice que, como resultado, quedó embarazada y que el profesor la acompañó a abortar al hospital.

“Hola, profesor”, escribió la mujer, de acuerdo con la traducción realizada por China Media Project. “Soy la chica a la que lavaste el cerebro, a la que controlaste mentalmente durante dos años y medio, a la que violaste, a la que destruiste”.

A la mañana siguiente, la Universidad publicó un comunicado en el que aseguraba tener “tolerancia cero con la mala conducta moral”. Asimismo, el comunicado informaba de la creación de un grupo especial de investigación. Mientras tanto, el profesor quedó suspendido y aún no respondió públicamente a las acusaciones.

El relato de la mujer y las conversaciones vinculadas a este han sido leídas más de 300 millones de veces, y generaron decenas de miles de comentarios online. Algunos pidieron pruebas, a lo que ella respondió diciendo que podía demostrar el aborto, pero no que éste estuviera relacionado con el profesor. Además, afirmó que no buscaba consecuencias penales para el acusado, pero sí que se supiera su historia.

La enorme mayoría de comentarios parecía a favor de la mujer y algunos citaban el lema maoísta “una sola chispa puede provocar un incendio en la pradera”, utilizado por el movimiento #MeToo chino.

Las anteriores denuncias de #MeToo atrajeron mucha atención en las redes sociales, antes de ser silenciadas por la extrema censura china. Numerosos activistas han sido hostigados o detenidos, entre ellos la periodista y activista Huang Xueqin, que lleva casi dos años en la cárcel sin cargos contra ella.

La estrella del tenis Peng Shuai estuvo desaparecida durante varias semanas tras publicar acusaciones de agresión sexual contra Zhang Gaoli, ex alto cargo del Comité Permanente del Politburó del Partido Comunista de China. La publicación original y todas las conversaciones posteriores fueron objeto de una censura estricta. Tras una campaña mundial para conocer su paradero, Peng Shuai reapareció y se retractó.

Algunos casos son más sonados, como las acusaciones contra Shi Hang y la condena por violación de la estrella pop canadiense de origen chino, Kris Wu. Las publicaciones en línea sobre el caso de la Universidad de Zhengzhou fueron eliminadas y los medios de comunicación oficiales informaron sobre él, aunque citando casi exclusivamente el comunicado emitido por la institución académica.

En palabras de David Bandurski, investigador y director del China Media Project: “La total falta de seguimiento por parte de los medios de comunicación chinos, así como la uniformidad casi absoluta en el tratamiento del caso, sugieren que las restricciones impuestas sobre esta historia ya estaban en vigor a primera hora de la mañana del miércoles, con instrucciones a los editores para que utilizaran únicamente la nota de la Universidad de Zhengzhou y evitaran las fuentes independientes”.

Traducción de Julián Cnochaert.

Los periodistas extranjeros en China se enfrentaron en 2022 a más controles y restricciones a la hora de realizar coberturas debido a la férrea política de “Covid cero”, vigente hasta finales del año pasado, según el informe anual del Club de Corresponsales de Prensa Extranjera en China (FCCC).

“Ha sido otro año duro y agotador. Los controles por el ”Covid cero“ echaron por tierra las coberturas de medios ya de por sí bajos de moral y con plantillas reducidas por las expulsiones de periodistas y los retrasos a la hora de recibir nuevos visados”, según el informe, publicado este miércoles.

El club agrega que los corresponsales viajaron menos en 2022: “El año pasado, no tuvimos la oportunidad de cubrir China en profundidad debido a las restricciones por el Covid”.

Los periodistas también destacan que aunque se hayan levantado los controles por el covid -que incluían cuarentenas, limitaciones a la movilidad o la obligatoriedad de realizar PCR diarias-, otras restricciones continúan vigentes.

Entre ellas, destacan la “obstrucción policial” a la hora de informar o la cancelación de entrevistas a última hora debido a la presión de las autoridades.

El club denuncia asimismo el “acoso” a periodistas extranjeros durante los Juegos Olímpicos de Invierno, que tuvieron lugar en febrero de 2022, y durante el XX Congreso del Partido Comunista (PCCh) de octubre.

Sobre este último, el club asegura que muchos medios acreditados finalmente no tuvieron acceso a ninguno de los eventos que querían cubrir.

El FCCC denuncia igualmente “restricciones, obstrucciones e intimidación” durante las protestas de finales del año pasado contra la política del cero covid.

Por ejemplo, a finales de noviembre, un periodista de la cadena británica BBC fue detenido en Shanghái (este) tras ser “golpeado y pateado” por agentes de la policía mientras grababa la ola de protestas contra las políticas anti-covid.

Otro informador denuncia que la policía detuvo temporalmente a un empleado chino de un medio extranjero por estar “presuntamente involucrado” en grupos de la red social Telegram en los que se hablaba de las protestas.

Así, el club también alerta de un aumento de las tecnologías de vigilancia así como de presión y de amenazas contra quienes hablen con medios extranjeros: “La lista de personas a las que se les prohíbe explícitamente hablar con la prensa extranjera es simplemente demasiado grande como para recordarla. Va de empleados de empresas estatales a médicos, trabajadores y académicos”, denuncia un corresponsal en el informe.

Por otra parte, muchos medios siguen aún esperando la concesión de acreditaciones de prensa, a lo que hay que sumar las tensiones geopolíticas que, en algunos casos, pueden alterar el proceso de tramitación de visados, según el FCCC.

“En 2023, las perspectivas de que las tramitaciones pendientes se solucionen son bastante limitadas. Por ejemplo, las negociaciones entre EEUU y China para que se concedan nuevos visados a los reporteros que trabajan para medios estadounidenses se han estancado. La incertidumbre complica la capacidad de los medios para informar sobre un país complejo ya de por sí difícil de cubrir”, indica el club.

“China sigue siendo una de las historias más importantes de nuestro tiempo y, sin embargo, desde que comenzó la pandemia la libertad de prensa ha disminuido a un ritmo muy acelerado”, remata el informe.

EFE.

IG

Más allá de su criticada celebración en Qatar, la presente edición de la Copa del mundo de fútbol ha dejado este fin de semana una nueva y llamativa controversia. Esta vez, con China como protagonista. El país asiático no participa en la cita mundialista, pero a pesar de ello, también está ofreciendo por televisión el gran evento deportivo. Eso sí, de una forma diferente al resto de países.

La cadena estatal de China, CCTV, ha comenzado a censurar planos que muestren a los aficionados en las gradas sin mascarilla, optando en su lugar por pinchar planos cortos de los entrenadores. Todo ello como respuesta al clima de tensión que se vive estos días en el país, donde se están sucediendo las protestas ciudadanas contra las restricciones impuestas por el régimen de Xi Jinping en su estrategia de 'cero COVID'. Sobre todo tras ver que los estadios qataríes están abarrotados de hinchas sin mascarilla ni distancia de seguridad y los habitantes de China, en cambio, deben seguir cumpliendo unas medidas contra el coronavirus que consideran excesivas. “¿Esto es el Mundial 2018? ¿Nadie está preocupado por el virus?”, escribió irónicamente un usuario de WeChat, una de las aplicaciones más utilizadas en China, tras ver uno de los partidos que se han jugado recientemente en Qatar, tal y como recoge The Hollywood Reporter.

En este contento, la CCTV ha modificado la señal de partidos como el Canadá-Croacia, disputado este pasado domingo, como comprobó durante la emisión el periodista Mark Dreyer, especialista en deporte chino. A través de un hilo en Twitter -cuya viralización ha provocado que el vídeo que lo acompaña haya sido retirado “por una denuncia del titular de los derechos de autor”-, Dreyer explica que la televisión china está reemplazando planos del público -no todos, pero sí varios- coincidiendo con las protestas contra la política de 'cero COVID'. Una medida que, dice, es habitual. “Las emisoras chinas son notoriamente cautelosas con las tomas de multitudes en eventos deportivos internacionales debido a lo que se puede ver en ellas. Como banderas tibetanas, por ejemplo”, apunta.

China emite los partidos con un retraso de tiempo

Este ejercicio de “censura preventiva”, como así lo califica, es “bastante fácil de hacer”, según el periodista, que pasa a explicar el procedimiento. “Hay un equipo de transmisión de CCTV en Doha donde el director ve la transmisión principal del anfitrión de la FIFA. Pero también puede pagar para tener acceso a cámaras adicionales, como la cámara ”ISO“ en los banquillos de los equipos, que muestra a los entrenadores y los suplentes”, señala antes de dar el dato clave: “Dado que todos los partidos se retransmiten en China con un retraso de tiempo (generalmente 30 segundos), es fácil pasar de un primer plano de una multitud a uno de estos otros ángulos, y los espectadores en casa no se enterarían”.

“Por supuesto, habrá momentos en los que todavía se vean tiros [de cámara] de la multitud (tiros más amplios, después de algunos goles cuando un tiro cortado sería demasiado desconcertante, etc.), pero hay una clara reducción”, comenta Dreyer, que en uno de sus tuits compara cómo se vieron en BBC y CCTV una misma jugada del Croacia-Canadá. En ambas se aprecia desde el mismo ángulo de cámara cómo el balón sale de banda en un momento concreto del partido, pero mientras la señal ofrecida en la cadena británica mostró a continuación un primer plano de un seguidor canadiense y un plano cercano de varios hinchas croatas, la señal china optó por pinchar al seleccionador de Canadá, John Herdman.

Dreyer no ha sido el único en denunciar esta situación. También lo ha hecho, a partir de su hilo, otro periodista, Bill Birtles, corresponsal en el Este asiático de la televisión pública australiana (ABC). “Pensaba que era una tontería que la emisora del gobierno de China censurara las tomas de los fans en la Copa del Mundo debido a la ira del encierro en casa. Pero es verdad”, señala el corresponsal, que aporta como prueba varios vídeos. En el primero, grabado desde sus propios portátiles, se puede ver cómo la señal de la cadena australiana SBS reaccionó al primer gol croata con un plano de un aficionado balcánico celebrando efusivamente el tanto de su selección. En cambio, la señal de CCTV se fijó en la celebración, también efusiva, del seleccionador croata, Zlatko Dalic.

Esta situación se dio también en el primer y único gol de Canadá: SBS emitió la reacción de los hinchas canadienses y CCTV la de los entrenadores, aunque a la cadena china se le coló un plano de fans norteamericanos, evidenciando así que su señal estaba editada.

Redacción verTele

El mes pasado, fui a una biblioteca situada más o menos en el centro de Estados Unidos, y todo el mundo –niños, ancianos, estudiantes de todas las etnias y niveles de conocimiento– estaba dedicándose tranquilamente a lo suyo, juntos. Una bibliotecaria me entrevistó en un elegante anfiteatro frente a los habitantes de Kansas City. Hablamos de inmigración, política y crisis climática, y también conseguimos reírnos mucho.

Algunos asistentes cuestionaron mis puntos de vista y los comentamos allí mismo. Mantuvimos una conversación sincera y divertida en un espacio público, gratuita para todos, y que fue transmitida en directo para las personas que ese día no pudieron ir a la biblioteca. Solo después pensé en lo inusual, y también profundo, que es esto.

“Las bibliotecas son ese espacio silencioso y poderoso que siempre está ahí, ¿verdad?”, me dijo Lessa Kanani'opua Pelayo-Lozada. Es bibliotecaria y fue elegida presidenta de la Asociación Americana de Bibliotecas (ALA, en inglés) a principios de este año. “Somos esa constante, para todos. Estamos aquí y no nos iremos a ninguna parte”.

Proteger el 'statu quo'

Pelayo-Lozada asumió el cargo en un momento en que la derecha estadounidense intensificó un asalto orquestado contra los libros, la libertad intelectual y, por supuesto, las bibliotecas. Según la bibliotecaria, se trata de “un ataque político, concertado y organizado que dificulta nuestro trabajo”.

La asociación, que lleva dos décadas haciendo seguimiento de los boicots a determinados libros, informa de que 2021 fue el peor año en cuanto a intentos de censura se refiere, con 1.597 libros denunciados. 

Desde que hay libros, ha habido censura. A menudo, la censura se justifica con una ambigua preocupación por la “decencia pública”, pero la verdad es que no es más que un velo que cubre un motivo más oscuro: silenciar puntos de vista no deseados y proteger el statu quo.

Este hecho se hace evidente en el actual movimiento para prohibir determinados libros, muchos de ellos sobre derechos LGBTQ+ o racismo, a menudo escritos por personas negras. Le pregunté a Pelayo-Lozado por qué cree que se da esta situación. “Nuestro objetivo como bibliotecas es empoderar a nuestros usuarios, capacitarlos para el pensamiento crítico, capacitarlos para hacer realidad sus sueños. Y eso puede asustar a la gente que quizá no quiere que todo el mundo esté empoderado, que quiere tener poder sobre los demás”.

Como informó The Guardian, la censura impulsada con frecuencia por grupos conservadores está vinculada a donantes ricos de la derecha, incluso cuando se hacen pasar por iniciativas de base, con nombres como “Moms for Liberty” (Madres a favor de la libertad) y “Parents Defending Education” (Progenitores en defensa de la educación). 

EveryLibrary, un grupo de acción política para bibliotecas, informa de que muchos estados del país aprobaron leyes para cambiar el modo en que las bibliotecas gestionan las quejas en torno a determinados libros, facilitando su retirada. Los legisladores republicanos, que afirman a bombo y platillo que están a favor de la libertad de expresión, están trabajando para cambiar la forma en que se nombran los miembros de las juntas de las bibliotecas y desafiando las leyes que protegen a los bibliotecarios y a los profesores de ser procesados en caso de que se les acuse de compartir algún punto de vista que alguien pueda considerar ofensivo.

Miedo a la información

La batalla contra la libertad intelectual pasó del ámbito legal al físico. Recientemente, 20 neonazis enmascarados protestaron frente a una biblioteca de Boston en la que se celebraba un cuentacuentos Drag Queen. El pasado noviembre, miembros de los Proud Boys, un grupo de extrema derecha, se presentaron en una reunión del consejo escolar de Downers Grove, en Illinois. Allí abuchearon a los estudiantes que defendían su derecho a leer Gender Queer, una autobiografía sobre el viaje de identidad de género de la autora no binaria Maia Kobabe cuando era adolescente y uno de los libros que los conservadores tienen en el punto de mira en todo el país.

¿Tanto les asusta que los jóvenes lean la experiencia vital de otra persona? Creo que la derecha tiene mucho miedo de las bibliotecas, no porque las bibliotecas promuevan cierto tipo de información, sino porque las bibliotecas promueven la información en sí.

“Nuestro principal objetivo es encontrar la manera de proporcionar información y facilitar el acceso a la información, sea cual sea la forma que adopte: ya sea en papel, en audiolibros o en alfabetización digital, estamos aquí para eso”, dice Pelayo-Lozado. Cree que esta labor y los valores fundamentales de las bibliotecas –la democracia y la diversidad– son lo que resulta tan difícil de aceptar para algunas personas. “Estamos capacitados para hacer que el conocimiento y las ideas estén disponibles para que todo el mundo tenga la libertad de elegir qué leer”.

La filósofa alemana Hannah Arendt analizó en profundidad la mentalidad de los fascistas y su miedo a una población bien informada y con mentalidad independiente. Como dijo ella: “No existen los pensamientos peligrosos, por la sencilla razón de que pensar en sí mismo es una actividad muy peligrosa”. Las bibliotecas nos ayudan a pensar. Por este motivo son poderosas, y por este motivo están siendo atacadas. Y por eso mismo debemos protegerlas.

Traducción de Emma Reverter

MH

“En la Unión Europea (UE), la primera democracia del mundo, ninguna radio libre debe ser retirada de antena por razones no objetivas sobre la base de un procedimiento administrativo discriminatorio”, ha afirmado el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton. En consecuencia, la Comisión Europea ha decidido este viernes a Hungría ante la Justicia por no renovar la licencia de la emisora Klubrádió.

La Comisión también lleva a Hungría ante la Justicia europea por discriminación de personas LGTBIQ, “a raíz de una ley húngara que discrimina a las personas por su orientación sexual e identidad de género”, dice Bruselas: “La Comisión considera que la ley viola las normas del mercado interior, los derechos fundamentales de las personas (en particular, las personas LGBTIQ) y, en relación con esos derechos fundamentales, los valores de la UE. La ley húngara, en particular, destaca y se dirige al contenido que 'promueve o retrata' lo que denomina 'divergencia de la propia identidad correspondiente al sexo al nacer, el cambio de sexo o la homosexualidad' para personas menores de 18 años”.

Esta remisión al Tribunal es el siguiente paso del procedimiento de infracción iniciado por la Comisión Europea el 15 de julio de 2021 contra Hungría con una carta de emplazamiento.

Dado que las autoridades húngaras “no respondieron suficientemente a las preocupaciones de la Comisión” en relación con la igualdad y la protección de los derechos fundamentales, y no incluyeron ningún compromiso para remediar la incompatibilidad, la Comisión envió un dictamen motivado a Hungría el 2 de diciembre de 2021.

Censura a Klubrádió

“Hoy llevamos a Hungría a los tribunales por la decisión del Consejo de Medios de rechazar la solicitud de Klubrádió para el uso del espectro radioeléctrico sobre la base de razones desproporcionadas e injustificadas”, ha dicho Breton: “Tales violaciones de la legislación de la UE ponen en peligro la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación”.

Andras Arato, director de Klubrádió Radio, explicaba a elDiario.es: “2010 es un año notable en la historia húngara, porque Orbán y su partido regresaron ganando las elecciones y comenzaron su guerra contra todos los órganos de control de las instituciones de la democracia liberal, entre ellos los medios independientes. El método principal fue el económico. Muy pronto, el gobierno, sus instituciones y sus empresas se convirtieron en el actor principal. Más del 50% del mercado era propiedad de estas instituciones y empresas. Esa era una parte, la otra el impacto en los actores privados del mercado publicitario. Por ejemplo, Klubrádió perdió el 90% de sus ingresos. Solíamos tener unos ingresos de dos millones y medio de euros al año. En un año, bajó a alrededor de 200.000. Así que perdimos nuestro sustento. Muchos medios independientes quebraron y cerraron”.

“Intenté el modelo de donaciones para sustituir a la publicidad, y fue un gran éxito durante los últimos años, en los que recibimos cinco, seis millones de euros de apoyo en un país donde no hay tradición de activismo civil, no hay una gran tradición de democracia”, explica Arato: “Pero la decisión del uso de las frecuencias está en manos de un llamado consejo de medios con un poder extremo. Nosotros teníamos una licencia hasta 2021 y el consejo de medios se negó a prolongar nuestra licencia. Y el sistema no permite tener un juicio justo, pero ahora estamos en la Corte Suprema. No estamos en las ondas de radio desde el 14 de febrero de este año, cuando perdimos la frecuencia. Pero abrimos una campaña de donación para emitir por internet que ha sido la más exitosa de nuestra historia. La audiencia demostró que necesita Klubrádió, y que está dispuesta a hacer sacrificios por eso”.

Precio discriminatorio de los combustibles

La Comisión Europea también ha lanzado este viernes un procedimiento de infracción contra Hungría por su política de cobrar precios de combustible más altos a los vehículos con matrícula extranjera. “Medidas como estas son muy preocupantes”, dice Breton: “Trastornan nuestro activo más importante para hacer frente a las crisis y la inestabilidad: el mercado único. Especialmente en tiempos de crisis, es esencial preservar y fortalecer la confianza mutua y la solidaridad en todo el continente.

“Vimos al comienzo de la pandemia de COVID que las respuestas individuales descoordinadas y una serie de prohibiciones nacionales de exportación empeoraron la situación para todos”, prosigue el comisario de Mercado Interior: “En tiempos de crisis, es aún más importante trabajar juntos y resistir la tentación de hacerlo solo. Mantener la libre circulación de bienes, servicios y personas y proteger nuestras cadenas de suministro en tiempos de crisis será el objeto del Instrumento de Emergencia del Mercado Único que presentaremos en septiembre”.

AGB

Siete libros en español y swahili fueron prohibidos en las prisiones del estado de Michigan en el último año, según una lista obtenida a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información (FOIA).

Entre el material escrito condenado por el  Departamento Correccional de Michigan se encuentran los diccionarios en español –el segundo idioma hablado en EEUU-  y swahili - una lengua africana hablada principalmente en Tanzania y Kenia-  bajo el presupuesto de que el contenido de estos representa  una amenaza para las penitenciarías del estado.

“Si todos los presos decidieran aprender un idioma incomprensible para nosotros,  podrían hablar libremente con otros frente al personal  e introducir contrabando o agredir al personal o agredir a otro preso”, dijo Chris Gautz, portavoz del Departamento de Estado de Michigan.

Gautz sostiene que permitir a los presos el libre acceso a libros escritos en idiomas distintos al inglés podría alentarlos a organizarse sin el conocimiento del personal. “Cuando los libros están escritos  en un idioma que nosotros mismos no tenemos capacidad de leerlos y entender exactamente qué es lo dicen, no podemos permitirlo”, agregó.

Durante las últimas dos décadas, Paul Wright, director del Centro de Defensa de los Derechos Humanos y ex recluso en un centro correccional en el estado de Washington, lidió con la censura en las cárceles de EEUU.  Mientras estuvo encarcelado, Wright fundó Prison Legal News, un periódico publicado en línea desde mayo de 1990 que informa sobre asuntos de justicia penal y litigios civiles relacionados con prisiones y cárceles, principalmente en EEUU.

“A los funcionarios de prisiones les gusta censurar todo lo que sea crítico a ellos mismos, y también les gusta censurar todo lo que tenga que ver con las minorías”, declaró Wright.

Un fallo de la Corte Suprema de 1989 permite que las prisiones prohíban cualquier libro, siempre que sea en aras de la seguridad.

No se trata de un caso aislado en EEUU sino que  forma parte de la oleada de prohibiciones de acceso a los libros iniciada en 2021.

La American Library Association (ALA), la asociación de bibliotecas  más antigua y más grandes del mundo, redacta cada año un informe anual que monitoriza los esfuerzos de diferentes grupos políticos y de presión por prohibir libros en bibliotecas y colegios de todo el país.

Su directora, Deborah Caldwell-Stone, que lleva trabajando más de 20 años en la redacción de estos informes,  sostuvo: “Lo que estamos observando ahora es un volumen sin precedentes de informes de censura que parecen estar relacionados con una campaña organizada para eliminar ciertos libros”.

En el estado de Pensilvania, en una larga lista de libros prohibidos se encuentran los que tratan sobre la comunidad negra de los escritores Jacqueline Woodson, Ijeoma Oluo e Ibram X Kendi. El veto alcanzó  también a títulos como la autobiografía de Malala Yousafzai y libros infantiles sobre Rosa Parks y Martin Luther King Jr, así como artículos y videos, incluido un documental sobre la escritura de James Baldwin. 

 En el estado de Kansas se retiró de bibliotecas y librerías Fun Home: Una tragicomedia familiar, el libro de memorias basado en las experiencias de su autora, Alison Bechdel que fue seleccionado como uno de los cien mejores libros del año por The New York Times,

En el estado de Utah, el libro de Toni Morrison Ojos Azules fue retirado de las bibliotecas escolares por contener “contenido explícito”. Con la misma justificación, otro título del autor ganador del premio Nobel, Beloved, fue retirado en Virginia. Ambas historias abordan temas relacionados con la esclavitud y la comunidad negra en EEUU.

Para Caldwell-Stone, las principales organizaciones de base detrás de este movimiento son Heritage Action, Heritage Foundation y Family Policy Alliance. “Que estas organizaciones inciten a los padres a desafiar la educación que reciben en el colegio supone un desafío a nuestros valores democráticos de libertad de expresión, libertad de pensamiento y libertad de creencias”, declaró. 

La alarma por la  prohibición de libros en escuelas y bibliotecas de EEUU llevó a la Biblioteca Pública de Nueva York (NYPL) a lanzar la campaña nacional “Libros para todos” para que los ciudadanos puedan acceder a los textos impugnados, especialmente en los estados gobernados por el Partido Republicano, como Florida, lo que afectó el acceso a obras que abordan temas de género, segregación racial, religión e historia.

Sin embargo, en las unidades penitenciarias no hay aún campaña parecida.

Kwesi Osundar, de la ciudad de Detroit , la más grande del estado de Michigan,  que cumple su condena en el Centro Correccional de Chippewa (URF) en el norte de Michigan solicitó libros en swahili desde 2009 para conocer más sobre la diáspora africana. “Así que el swahili, siendo uno de los idiomas africanos más hablados, fue el primer obstáculo para mí”, reconoció Oseundar quien asegura que presentó quejas ante las autoridades de la  prisión, pero estas nunca llegaron a ninguna parte.

“Las autoridades están ahí  porque tienen que darnos algún tipo de procedimiento  para buscar soluciones  administrativas, pero muy rara vez alguien obtiene alguna solución”, explicó Osundar.

AGB con información de diarios, agencias, y fuentes