El Gobierno nacional anunció este jueves que, a través de la Secretaría de Industria y Comercio y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), imputó a las principales empresas de medicina prepaga del país tras hallar “indicios múltiples de un acuerdo colusivo”, en relación a los aumentos de precios de los planes de salud detectados entre diciembre de 2023 y abril de 2024. Por caso, en el dato de inflación conocido hace menos de 24 horas, las cuotas de las prepagas aumentaron en noviembre entre 3,9% y 6,9%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor promedio fue del 2,4%.

El encargado de dar a conocer la información fue el portavoz presidencial, Manuel Adorni, quien explicó que la CNDC “imputó por presunta cartelización a las empresas de medicina prepagas, a la Unión Argentina de Salud y a Claudio Belocopitt; a Galeno, al Hospital Italiano, OSDE, Hospital Britanico, Hospital Alemán, OMINT y Swiss Medical”.

De acuerdo al funcionario, “esto surge a raíz de la denuncia entre los meses de diciembre de 2023 y abril 2024”.

En tanto, en una comunicación oficial de la Secretaría de Industria y Comercio, se explicó que en el marco de “una investigación por presuntas conductas anticompetitivas iniciada a mediados de enero de este año, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) emitió un dictamen aconsejando al secretario de Industria y Comercio imputar a un conjunto de empresas de medicina prepaga, la confederación que las agrupa y la persona que la presidía, por haber hallado indicios múltiples de un acuerdo colusivo”.

Asimismo, detallan que las empresas investigadas por la CNDC y alcanzadas por la imputación “son Galeno Argentina S.A., Hospital Británico de Buenos Aires Asociación Civil, Hospital Alemán Asociación Civil, Medifé Asociación Civil, Swiss Medical S.A., Omint S.A. de Servicios, OSDE Organización de Servicios Directos Empresarios, así como también la Unión Argentina de Salud (UAS); y el Sr. Claudio Fernando Belocopitt, en su carácter de actual presidente de la firma Swiss Medical S.A. del entonces presidente de la UAS”.

También aclaran que la apertura de la presente investigación, que se encuentra en curso, “se realizó a partir de una denuncia ante la CNDC por cartelización en los términos del artículo 2°, inciso a), de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia (LDC), en virtud del aumento coordinado de los valores de las cuotas de los planes de salud médico-asistenciales de las empresas detalladas, entre los meses de diciembre de 2023 y abril de 2024”.

“En abril de este mismo año, la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía en conjunto con la CNDC intervinieron dictando una medida de tutela anticipada que obligó a las empresas del sector a retrotraer los precios de los planes de salud a los vigentes en diciembre y cesar con cualquier tipo de intercambio de información, ya sea en el marco de las reuniones de la UAS o cualquier otro ámbito, que implique precios, servicios a proveer, costos y cualquier otra información comercial”, dice el texto que difundió el Gobierno.

De acuerdo a los plazos fijados por la Ley de Defensa de la Competencia, “a partir de la notificación, personas jurídicas y humanas imputadas tienen 20 días hábiles para realizar su descargo y ofrecer pruebas para desvirtuar la conducta imputada”.

“La CNDC fijará un plazo, que no podrá ser mayor a 90 días hábiles ―y que considerar necesario podrá prorrogar por hasta 90 días hábiles más― para que se produzca la prueba concedida. Concluido este periodo, las partes imputadas contarán con seis (6) días hábiles para presentar sus alegatos”, advierten.

En tanto, sostiene que, en caso de que la prueba producida “resulte suficiente para desvirtuar imputación, la CNDC podrá disponer el archivo de las actuaciones”, pero que en caso contrario, “la Secretaría de Industria y Comercio en conjunto con la CNDC podrán multar a las imputadas con hasta el 30% de su volumen de negocios o hasta el doble del beneficio ilícito obtenido”.

La CNDC recordó en su texto que los acuerdos entre competidores o prácticas concertadas, “comúnmente conocidos como cárteles, constituyen una infracción grave a la legislación de competencia, que puede conllevar multas de hasta el 30 % de la facturación de las empresas infractoras en Argentina”.

Y clasifica “a los cárteles de núcleo duro como prácticas absolutamente restrictivas de la competencia, los cuales consisten en el acuerdo entre dos o más competidores para fijar precios, restringir la oferta, repartirse el mercado o coordinar posturas en licitaciones, concursos o subastas”.

Para conocer más sobre qué constituye una conducta anticompetitiva, La CNDC aconseja ver la siguiente infografía.

También se puede consultar una “guía de buenas prácticas para cámaras y asociaciones empresarias y colegios de profesionales”:

Se puede denunciar una conducta anticompetitiva de manera virtual a través del sistema de Trámites a Distancia (TaD), tal como se describe aquí:

¿Qué se considera una conducta anticompetitiva?

Son prácticas realizadas por personas humanas o jurídicas que tienen por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado, o que constituyen abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general (Ley N° 27.442, art. 1).

El procedimiento de investigación se iniciará de oficio o por denuncia realizada por cualquier persona humana o jurídica, pública o privada (siempre y cuando se trate del denunciante).

¿A quién está dirigido?

Cualquier persona humana o jurídica (pública o privada) denunciante que pretenda denunciar una infracción a la Ley de Defensa de la Competencia (Ley 27.442).

¿Qué necesito para realizar la denuncia?

Presentar un escrito con los siguientes datos:

Todas sus hojas, tanto las de la denuncia como las de la documentación adjunta, deben estar firmadas por quien la presente.

Una vez presentada, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia citará al presentante para que ratifique la misma y se labrará el acta correspondiente.

Para consultas respecto de la guía de “Abuso de Posición Dominante de Tipo exclusorio”, se solicita acceder al siguiente enlace.

¿Cómo hago?

1) Ingresá a la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) con tu CUIT y clave fiscal nivel 2. En el caso de una persona humana ingresar mediante el DNI o CUIT correspondiente a la persona que efectuará la denuncia. En el caso de persona jurídica, ingresa con el cuit de la persona jurídica denunciante.

2) Iniciá el trámite ingresando a “Presentación por Presunta Conducta Anticompetitiva” y validá tus datos.

3) Completá el formulario correspondiente.

4) Adjuntá la documentación que corresponda. En algunos casos la misma es obligatoria.

5) Seleccioná “Confirmar trámite''.

6) Una vez que el expediente se encuentre confirmado, en la solapa “Mis trámites” vas a poder verificar la creación del mismo y realizar su seguimiento del trámite.

En el caso de que desees realizar una presentación de manera presencial, deberás dirigirte a la Mesa de Entradas de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, ubicada en Julio A. Roca 694, Planta Baja, Capital Federal.

Para cualquier consulta podrás remitir un mail a cndcfirma@produccion.gob.ar.

Podes consultar el Manual de TAD para efectuar la presentación de una presunta denuncia por conductas anticompetitivas en el siguiente Instructivo.

¿Cuál es el costo del trámite?

Gratuito

Con información de agencias.

IG

El Gobierno anunció que la mayoría de las empresas de medicina prepaga van a retrotraer los aumentos a valores de diciembre y devolverán lo que hayan cobrado por encima de la inflación. Las apuntadas por la secretaría de Industria y Comercio y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia son Galeno, Hospital Británico de Buenos Aires, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint y OSDE.

Así lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su conferencia de prensa. “La Argentina de la avivada se terminó”, remarcó el portavoz del presidente Javier Milei.

De esta manera, el Gobierno confía en poder resolver un reclamo que afectaba principalmente a la clase media y que había generado un importante cruce con el rubro.

“Por disposición del Ministerio de Economía, un grupo de empresas de medicina prepaga que representa el 75% de los afiliados, van a retrotraer sus cuotas a diciembre del 2023, ajustadas por PIC a partir de allí. Además, deberán aplicar como máximo este índice apra ajustar las cuotas por los próximos 6 meses”, dijo Adorni.

Y detalló: “La superintendencia de Salud está presentando una medida cautelar para obligar a las empresas que concentran el 90% del mercado a retrotraer las cuotas y devolver el monto por encima de la inflación que cobraron desde diciembre”.

Días atrás, el ministro de Economía, Luis Caputo, había asegurado que “las prepagas le están declarando la guerra a la clase media” con los aumentos desmedidos, por lo que había señalado que desde el Gobierno iban a hacer “todo lo que esté al alcance” para defender a ese sector de la población: incluso, se deslizó la posibilidad de recurrir a la Justicia.

No se devuelve el exceso que cobraron desde diciembre

Los asociados a empresas de medicina prepaga no recuperarán lo abonado en exceso durante los primeros meses del año y deberán aguardar una medida cautelar que presentará el Ministerio de Salud.

“La devolución de los aumentos no está dentro del ámbito de facultades de la Secretaría de Industria y Comercio”, aclararon desde la dependencia a cargo de Pablo Levigne.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que la Superintendencia de Salud presentará una medida cautelar ante la Justicia para obligar a las empresas a devolver a los afiliados el monto por encima de la inflación que cobraron desde diciembre“.

Bajo este cuadro de situación, los afiliados a empresas de medicina prepaga no recuperarán lo cobrado en exceso, a menos que haya un fallo de la Justicia.

Tampoco hay ningún tipo de medida para el conjunto de afiliados que se dieron de baja, que se estimó en 500 mil personas.

Ante la andanada de aumentos que se acumuló en los últimos meses, el Gobierno decidió que las empresas puedan ajustar el valor de sus cuotas por inflación con base en los precios de diciembre 2023.

Cálculos de la Secretaría de Comercio estiman que la reducción de la cuota sería del orden del 33%. El tope de ajuste a partir de la inflación regirá por los próximos seis meses, según indicó Comercio.

No obstante, cabe apuntar que las empresas pueden apelar la medida, pero la sola presentación de la queja no es suficiente para que quede sin efecto la decisión oficial.

Qué dijo la Comisión nacional de Defensa de la Competencia

Medida preventiva para que las principales empresas de medicina prepaga recalculen los aumentos de sus planes de salud.

Con el objetivo evitar daños al régimen de competencia, el secretario de Industria y Comercio —a instancias de la CNDC— resolvió dictar una medida de tutela anticipada que ordena reajustar los valores de las cuotas de sus planes de salud según la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor.

En el marco de una investigación por presuntas conductas anticompetitivas iniciada a mediados de enero de este año, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) determinó que existen indicios múltiples de un acuerdo colusivo entre las principales empresas de medicina prepaga del país.

A raíz de lo anterior, la CNDC emitió un dictamen aconsejando al Secretario de Industria y Comercio del Ministerio de Economía la adopción de una medida de tutela anticipada en los términos del artículo 44 de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia (LDC), para que un conjunto de empresas de medicina prepaga, la confederación que las agrupa y la persona humana que la presidía, cumplan con los requerimientos que se detallan a continuación.

En primer lugar, se dispuso que los valores de las cuotas de los planes de salud médico-asistenciales a ser cobradas no podrán superar el siguiente cálculo: la cuota del plan de salud médico asistencial del mes de diciembre de 2023 multiplicada por (1 + la variación porcentual entre el Índice de Precios al Consumidor nivel general con cobertura nacional elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos vigente al momento de la facturación correspondiente, y el mismo Índice correspondiente a diciembre de 2023). La medida aclara que, en el caso de los clientes dados de alta luego de diciembre de 2023, el ajuste debe realizarse teniendo como base un plan similar al contratado.

La medida preventiva ordena además cesar con cualquier tipo de intercambio de información, ya sea en el marco de las reuniones de la Confederación Unión Argentina de Salud (UAS) o cualquier otro ámbito, que implique precios, servicios a proveer, costos y cualquier otra información comercial.

Asimismo, las compañías de medicina prepaga deberán presentar información a la CNDC sobre precios nominales de cada plan de salud ofrecido, ingresos obtenidos por cada plan de salud y cantidad de afiliados en cada uno de los planes. Las empresas deberán aportar datos desde diciembre de 2023 en adelante, e informar su actualización con una frecuencia mensual. A su vez, las compañías y la UAS tienen la obligación de publicar, en el plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la notificación de la cautelar, el texto completo de la medida de tutela anticipada en sus respectivos sitios web.

Las personas investigadas por la CNDC y alcanzadas por la medida reseñada son Galeno Argentina S.A., Hospital Británico de Buenos Aires Asociación Civil, Hospital Alemán Asociación Civil, Medifé Asociación Civil, Swiss Medical S.A., Omint S.A. de Servicios, OSDE Organización de Servicios Directos Empresarios; la confederación que las agrupa, Unión Argentina de Salud (UAS); y el Sr. Claudio Fernando Belocopitt, en su carácter de actual presidente de la firma Swiss Medical S.A. y del entonces presidente de la UAS.

La apertura de la presente investigación, que se encuentra en curso, se realizó a partir de una denuncia ante la CNDC por cartelización en los términos del artículo 2, inciso a), de la LDC, en virtud del aumento coordinado de los precios de los planes de medicina prepaga de las empresas detalladas.

El artículo 44 de la LDC faculta a la autoridad de aplicación de la norma que, actualmente es la CNDC en conjunto con la Secretaría de Industria y Comercio, en cualquier etapa de una investigación, a imponer el cumplimiento de condiciones u ordenar el cese de conductas con el objetivo de evitar que se produzca un daño, o disminuir la magnitud del perjuicio, su continuación o agravamiento. La LDC prevé que estas medidas, si bien son recurribles por los sujetos alcanzados, deben cumplirse a partir de su dictado.

La CNDC recuerda que los acuerdos entre competidores o prácticas concertadas, comúnmente conocidos como carteles, constituyen una infracción grave a la legislación de competencia, que puede conllevar multas de hasta el 30 % de la facturación de las empresas infractoras en Argentina.

En particular, el artículo 2 de la LDC clasifica a los cárteles de núcleo duro como prácticas absolutamente restrictivas de la competencia, los cuales consisten en el acuerdo entre dos o más competidores para fijar precios, restringir la oferta, repartirse el mercado o coordinar posturas en licitaciones, concursos o subastas.

Para conocer más sobre qué constituye una conducta anticompetitiva, se puede ver la siguiente infografía.

También se puede consultar una guía de buenas prácticas para cámaras y asociaciones empresarias y colegios de profesionales en el siguiente enlace.

Se puede denunciar una conducta anticompetitiva de manera virtual a través del sistema de Trámites a Distancia (TaD), tal como se describe aquí.

La comunicación oficial

La Secretaría de Industria y Comercio y la CNDC (Comisión Nacional de Defensa de la Competencia), en el marco de una denuncia realizada y ante ciertos indicios de un acuerdo colusivo entre las prepagas, han decidido dictar una medida de tutela anticipada en el marco de la Ley de Defensa de la Competencia con el fin de evitar que se produzca un daño al régimen de competencia. La medida ha sido tomada en los inicios de una investigación en curso por una presunta cartelización.

La medida retrotrae los aumentos operados a diciembre del año pasado y faculta a las prepagas a aplicar, como máximo, el índice de precios al consumidor para el cálculo de cualquier aumento.

Además, prohíbe cualquier intercambio de información competitivamente sensible entre las empresas de medicina prepaga investigadas y la cámara que las aglutina. Adicionalmente, las empresas deberán presentar información sobre el cumplimiento.

¿Cómo se va a devolver la plata de los aumentos de estos meses y de qué meses serían?

La devolución de los aumentos no está dentro del ámbito de facultades de la Secretaría de Industria y Comercio. Eventualmente, puede impactar en el cálculo de la multa, de comprobarse que la práctica efectivamente se produjo.

¿A qué mes se retrotrae el aumento?

La medida retrotrae los aumentos operados a diciembre del año pasado y faculta a las prepagas a aplicar, como máximo, el índice de precios al consumidor para el cálculo de cualquier aumento.

¿Cómo van a ser los ajustes de ahora en adelante?

La medida retrotrae los aumentos operados desde diciembre del año pasado y faculta a las prepagas a aplicar, como máximo, el índice de precios al consumidor para el cálculo de cualquier aumento. Ese tope rige, en principio, durante los próximos seis meses.

¿Las empresas pueden apelar la medida?

Sí, pero es importante destacar que la medida entra en vigor de inmediato y no la suspende una eventual apelación.

¿Los clientes pueden recuperar el dinero cobrado en exceso?

La Ley de Defensa de la Competencia prevé la acción de daños y perjuicios contra las empresas que cometan prácticas anticompetitivas una vez que la sanción quede firme.

¿Cuál es el organismo que toma la medida y actúa en el caso?

La resolución la adopta la Secretaría de Industria y Comercio, por recomendación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. La investigación la lleva adelante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

¿Cómo se aplica la multa?

Concluida la investigación y acreditada de manera independiente que la práctica colusiva denunciada se produjo, una infracción a la normativa de competencia puede importar una sanción de multa de hasta el 30% de la facturación de las empresas infractoras en Argentina, o hasta el doble del beneficio ilícitamente obtenido por la maniobra.

¿Qué evidencia encontró la Secretaría para hablar de presunción de cartelización?

La investigación se encuentra en curso, la prueba es aún preliminar, pero existen declaraciones, un paralelismo y simultaneidad de los aumentos aplicados y otros indicios de cartelización que el dictamen de la CNDC desarrolla en detalle.

Asumiendo que una inflación del 10% para abril, y tomando en cuenta que, en promedio, las cuotas de la medicina prepaga se incrementaron en un 151% desde diciembre, la medida logrará reducir la cuota de las empresas de medicina prepaga en un 33%.

Es decir, las empresas de medicina prepaga deberían cobrar una cuota en mayo que no fuera superior al 70% de la facturada en diciembre pasado.

Caputo felicitó a Pazo y Lavigne

Qué dijo Belocopitt, dueño de Swiss Medical

El encargado de dar la cara por las empresas de medicina prepaga fue Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical y quien fue titular de la Unión Argentina de Salud (UAS) hasta el pasado lunes.

El empresario rechazó las acusaciones que recibió y se mostró ofendido por el hecho de que se haya revelado la cantidad de dinero que recibió de parte del Estado en concepto de ATP durante la pandemia de coronavirus: afirmó que el Gobierno del presidente Javier Milei le tiró “un balde de mierda” para desprestigiarlo.

Cuáles son las compañías investigadas por la CNDC

Qué dijo la Superintendencia de Servicios de Salud

El organismo presentó ante la justicia una acción de amparo que contiene una medida cautelar por abuso de precios, con el objetivo de retrotraer los aumentos de las cuotas de la medicina prepaga que estuvieron por encima de la inflación.

El comunicado completo: “Al iniciar la gestión, el Gobierno se encontró con un sistema de salud en decadencia y prácticamente quebrado. Esto es producto de años de falta de inversión, de congelamientos en los valores de las cuotas de la medicina prepaga y por ineficiencias de fiscalización y control.

Con este diagnóstico, a través del DNU 70/2023 y sus decretos reglamentarios, la Superintendencia de Servicios de Salud -organismo autárquico bajo la órbita del Ministerio de Salud de la Nación- desreguló el sistema de salud con el objetivo que todos los beneficiarios puedan elegir libremente entre Obras Sociales y Prepagas y con el fin de impulsar la libre competencia entre los distintos actores.

Como encargado de fiscalizar a las empresas de medicina prepaga y de garantizar que haya competencia entre los integrantes del mercado, el organismo supervisó y analizó las conductas de las principales empresas durante los primeros cuatro meses del año y observó abusos en el aumento de los valores de las cuotas.

Por esta razón, la Superintendencia de Servicios de Salud presentó hoy una acción de amparo que contiene una medida cautelar en la justicia para retrotraer estos aumentos que, según lo que estudió, fueron abusivos producto de una posición dominante en el mercado. Asimismo, en una acción complementaria, la Secretaría de Comercio, ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, avanzó con una medida tutelar contra empresas del sector por cartelización.

El gobierno no permitirá y castigará fuertemente la cartelización y el abuso de precios ya que considera que una cosa es la libre competencia y otra, muy distinta, es ponerse de acuerdo para aumentar los precios casi el doble del índice de inflación.

Las empresas del sector tenían con el gobierno anterior un acuerdo de no aumentar la cuota a cambio de otros beneficios otorgados. Ahora, buscaron compensarlo atentando contra todos los argentinos y hasta destruyendo el propio sistema de salud del cual son parte.

Para el gobierno es fundamental tener un sistema de salud más solidario, equitativo y competitivo impulsando la libre competencia entre los distintos actores y la libertad de elección de los beneficiarios. El camino es ese, no que los argentinos paguen por el arreglo entre los empresarios y el gobierno anterior“.

Cómo presentar una denuncia por conductas anticompetitivas

Si sos persona física o jurídica, pública o privada (siempre y cuando DENUNCIANTE), y considerás que una empresa adopta conductas anticompetitivas, podés presentar la denuncia correspondiente ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

¿Qué se considera una conducta anticompetitiva?

Son prácticas realizadas por personas humanas o jurídicas que tienen por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado, o que constituyen abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general (Ley N° 27.442, art. 1).

El procedimiento de investigación se iniciará de oficio o por denuncia realizada por cualquier persona humana o jurídica, pública o privada (siempre y cuando se trate del denunciante).

Para mayor información sobre las conductas anticompetitivas: Infografía.

¿A quién está dirigido?

Cualquier persona humana o jurídica (pública o privada) denunciante que pretenda denunciar una infracción a la Ley de Defensa de la Competencia (Ley 27.442).

¿Qué necesito para realizar la denuncia?

Presentar un escrito con los siguientes datos:

Todas sus hojas, tanto las de la denuncia como las de la documentación adjunta, deben estar firmadas por quien la presente.

Una vez presentada, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia citará al presentante para que ratifique la misma y se labrará el acta correspondiente.

Para consultas respecto de la guía de “Abuso de Posición Dominante de Tipo exclusorio”, se solicita acceder al siguiente enlace.

¿Cómo hago?

1) Ingresá a la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) con tu CUIT y clave fiscal nivel 2. En el caso de una persona humana ingresar mediante el DNI o CUIT correspondiente a la persona que efectuará la denuncia. En el caso de persona jurídica, ingresa con el cuit de la persona jurídica denunciante.

2) Iniciá el trámite ingresando a “Presentación por Presunta Conducta Anticompetitiva” y validá tus datos.

3) Completá el formulario correspondiente.

4) Adjuntá la documentación que corresponda. En algunos casos la misma es obligatoria.

5) Seleccioná “Confirmar trámite''.

6) Una vez que el expediente se encuentre confirmado, en la solapa “Mis trámites” vas a poder verificar la creación del mismo y realizar su seguimiento del trámite.

En el caso de que desees realizar una presentación de manera presencial, deberás dirigirte a la Mesa de Entradas de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, ubicada en Julio A. Roca 694, Planta Baja, Capital Federal.

Para cualquier consulta podrás remitir un mail a cndcfirma@produccion.gob.ar.

Podes consultar el Manual de TAD para efectuar la presentación de una presunta denuncia por conductas anticompetitivas en el siguiente Instructivo.

¿Cuál es el costo del trámite?

Gratuito

Con información de agencias y oficial.

IG

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) aprobó la operación de desconcentración de Disney respecto de sus señales deportivas en el país, mediante la cual cederá a MediaPro los canales Fox Sports y los derechos de competencias como la Conmebol Libertadores, la UEFA Champions League y la Fórmula 1.

A fines de diciembre la CNDC, dependiente de la Secretaría de Comercio Interior, dictaminó que Disney debía concretar una desinversión de sus señales y derechos debido a la posición dominante que obtuvo en el segmento.

En marzo de 2019, Walt Disney adquirió 21st Century Fox internacionalmente, por lo que, la primera, además de las cuatro señales básicas de ESPN, obtuvo las tres de Fox Sports y sus respectivos derechos, ganando así, de acuerdo con la CNDC, un 64% del share (mercado) del segmento de señales deportivas.

Esta posición “disminuye, restringe o distorsiona la competencia en el mercado de comercialización de señales deportivas básicas y perjudica el interés económico general”, destacó la CNDC en ese entonces.

En ese marco, a principios de febrero último, Disney propuso la venta de dichas señales y la cesión de los derechos a la empresa multinacional española MediaPro, afirmando que dicha operación “cumple en tiempo y forma” lo requerido por la CNDC.

El Grupo Mediapro es uno de los conglomerados audiovisuales más importantes de Europa con presencia en todo el mundo a través de 55 centros de producción en 36 países. La empresa fue fundada por los catalanes Tatxo Benet y Jaume Roures y en 2018 se sumó el Orient Hontai Capital con la compra del 53,5% del paquete accionario. 

Tras analizar la venta, la CNDC recomendó a la Secretaría de Comercio Interior aprobar la desinversión y el ingreso de MediaPro en el mercado de señales deportivas básicas, operación que fue confirmada por la dependencia que conduce Roberto Feletti, según informaron este jueves en un comunicado.

La operación involucra la cesión de la licencia de la marca “Fox Sports” en la Argentina, las tres señales básicas (Fox Sports 1, 2 y 3) y los derechos de la copa Conmebol Libertadores de América, UEFA Champions League, NFL, MLB, Fórmula 1, UFC, WWE, Premier Boxing Champions, Liga ACB de Básquet, World Rugby Sevens y el ATP World Tour 250 de Córdoba.

Todas estas competencias empezaron a ser emitidas por Fox Sports a partir de comienzos de este año en lugar de ESPN, previo a la aprobación por parte de la CNDC, dictamen que no comprende los derechos transmitidos por streaming.

MediaPro destinará, como inversión inicial para ingresar en el mercado argentino, cerca de US$ 30 millones anuales destinados a adquirir los derechos cedidos por Disney.

Realizada la operación, la CNDC realizará de aquí en adelante un monitoreo del cumplimiento de los compromisos conductales establecidos sobre Disney en la comercialización de señales en Argentina, según se informó.

Dichos compromisos establecen requisitos sobre las condiciones de comercialización y paquetización que minimizan los efectos de cartera que la operación pudiera generar aún con posterioridad de concretada la desinversión, y por un plazo de cinco años.

Es decir, Disney, en el caso de los derechos que venzan durante los próximos cinco años, al igual que MediaPro podrá pujar por las nuevas licitaciones de las competencias involucradas, pero está obligada a sublicenciarlos en la Argentina y no podrá emitirlos por sus señales ESPN durante dicho lapso de tiempo.

Entre otros plazos establecidos por la Comisión, Disney podrá proveer a MediaPro servicios de producción y de publicidad por los próximos seis meses como parte de la transición de las operaciones.

Asimismo, los contratos de distribución con los cableoperadores continuarán vigentes, debiendo Disney notificarlos de la operación en un plazo de un mes y MediaPro negociar las renovaciones futuras de los mismos.

La CNDC afirmó que “la desconcentración y los compromisos impuestos por el organismo benefician a más de ocho millones de hogares que se encuentran suscriptos al servicio de televisión paga en Argentina”.

Con información de agencias.

IG

Justo en los días en que el Gobierno está poniendo en marcha el fideicomiso del trigo para subvencionarle el precio a los molinos de harina y abaratar así el pan y las pastas, la Secretaría de Comercio Interior sancionó a una de las principales empresas del sector, Molino Cañuelas, y a la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), la Cámara de Industriales Molineros (CIM) y la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras de la República Argentina (Apymimra) con multas por un total de $445 millones por concertar “conductas anticompetitivas” en el marco de un “cartel institucionalizado”. La medida se dispuso a través de la Resolución 332/2022 publicada este martes en el Boletín Oficial y suscripta por el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, quien días atrás tuvo un cruce con los empresarios del sector, a los que acusó de “estrangular al abastecimiento de harina”. La medida de Feletti responde a su vez a un largo dictamen de 111 páginas que sentenció la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia el pasado 18 de marzo a partir de una denuncia de 2017.

Las multas son de $150 millones a Molino Cañuelas, la empresa de los Navilli; el mismo monto para FAIM; $93 millones para CIM y $51 millones para Apymimra, y son el corolario de un proceso administrativo iniciado el 4 de abril de 2017, con la denuncia de Industrias Medianas y Pequeñas Unidas Locales SA (Impulsar) ante Defensa de la Competencia. El pago de las sanciones deberá hacerse efectivo dentro de los diez días hábiles desde la notificación (es decir hasta el 21 de abril), y Comercio Interior instó a las partes a que “cesen y se abstengan de realizar acuerdos de fijación de precios e intercambiar información sensible, en el mercado de la molienda de trigo y la comercialización de harina de trigo”.

Una vez conocida la medida, la FAIM manifestó a través de un comunicado de prensa su rechazo a la sanción, a la que consideró “groseramente arbitraria” y adelantó que “recurrirá a todas las instancias judiciales que la amparan”. Para la FAIM, la multa es “exorbitante e infundada” y la resolución “carece del más básico sustento fáctico y jurídico” y “está sancionando un hecho que nunca ocurrió”.

“Más allá de la ilegalidad de la decisión, FAIM está convencida de que la resolución de mención responde a otros intereses, que exceden el adecuado marco jurídico y el debido proceso, toda vez que dicha resolución tiene como antecedente un proceso administrativo iniciado en 2015 en donde las partes presentaron todas las pruebas y evidencias de que no hubo ningún hecho a sancionar”, sostuvo. Por tal razón, la entidad adelantó que “recurrirá a todas las instancias judiciales que la amparan” para obtener un pronunciamiento judicial que “ponga fin” al actuar “arbitrario de la Secretaria de Comercio Interior”.

En relación a la sanción, la Resolución 332/2022 da cuenta del expediente por un hecho ocurrido el 13 de agosto de 2015, cuando, en el marco de la “Fiesta de la Harina” llevada a cabo en el Hotel Sheraton de Buenos Aires, las cuatro partes denunciadas y “por lo menos 107 empresas” sellaron el denominado “acuerdo general de la libre competencia en el sector molinero”, que implicaría la fijación de precios mínimos en forma convenida por todo el sector, en lo que Comercio Interior consideró un “cartel institucionalizado”. A partir de entonces, se indica en los considerandos de la resolución, “comenzó un accionar de prácticas anticompetitivas” por parte de Molino Cañuelas, organizando reuniones de precios convocadas por FAIM que “habrían perseguido la subordinación de parte de los pequeños molinos con la amenaza de eventuales sanciones institucionales y sus potenciales perjuicios y consecuencias económicas”.

Impulsar sostuvo que FAIM “está al servicio de un oligopolio y es conducida con un estatuto que establece un mecanismo de decisión en base a la capacidad de molienda”, y en consecuencia “el más grande decide y los demás acatan”. Asimismo, aseguró que Molino Cañuelas “limita, distorsiona y restringe la libre competencia en el mercado y el desarrollo de fuentes de trabajo generadas por los pequeños y medianos molinos, esenciales para el funcionamiento y la sustentabilidad de la economía nacional”.

De acuerdo con el dictamen de la CNDC, “las conductas anticompetitivas imputadas tuvieron lugar en todo el territorio nacional en el período comprendido, desde octubre de 2014 hasta, al menos, abril de 2017”. Esas conductas configuraron “una práctica colusiva horizontal entre las imputadas, para la fijación de precios mínimos de venta e intercambio de información sensible, con el objeto de limitar la competencia entre las empresas molineras en el mercado de la molienda de trigo y la comercialización de harina de trigo en todo el territorio nacional, resultando perjudicial para la libre competencia y el interés económico general”, señaló Comercio Interior en la resolución.

“Un acuerdo de las características del aquí analizado requiere de un coordinador con peso suficiente en el mercado que brinde cierta estabilidad, en nuestro caso, la firma Molino Cañuelas”, remarcó. Si bien la multa fijada a la empresa fue de $150 millones, por tratarse del máximo legalmente permitido, Comercio Interior aseguró que “a partir del cómputo de un 20% sobre ventas netas de harinas de trigo para el año 2017, es decir, tomando el porcentaje mínimo del rango recomendado a nivel internacional para casos de carteles, ascendería a la suma de $1.083 millones”.

AR/CC

The Walt Disney Company deberá esperar un poco más para ver cumplidos sus objetivos. La compañía que compró en 2019 Twenty First Century Fox en una operación a nivel global y se quedó con el 64% del mercado de las señales deportivas presentó su plan de desinversión contrarreloj y pretende que el gobierno nacional se la apruebe en tiempo récord y a libro cerrado. 

El desacople entre las pretensiones del conglomerado dueño de Espn y Fox y los pasos que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) cree necesario dar quedó evidenciado como nunca durante el mediodía del martes. Mientras Disney difundía un comunicado en el que anunciaba por su cuenta el cumplimiento de los requisitos de desinversión y la venta de sus señales de Fox y los derechos correspondientes a la compañía de origen catalán Mediapro, la secretaría de Comercio de Roberto Feletti daba a conocer una nueva intimación en la que le reclama a la firma que conduce a nivel regional el abogado argentino Diego Lerner dar pasos adicionales para la aprobación y cumplir el dictamen que ignoró el fin de semana pasado: la transmisión por TV abierta de los partidos de River o Boca que Disney tiene reservados para la señal de Fox Premium.

Casualidad o no, la llegada de Feletti al área de Comercio activó un expediente que había estado dormido durante un año largo, un período en el cual Disney usufructuó su posición dominante, tal y como lo relata la propia CNDC en el dictamen de 138 páginas del 23 de diciembre pasado. Ahora, cuando Disney presionaba por su aprobación y contaba con el aval de altas figuras del gobierno para un trámite express, el sucesor de Paula Español escribió: “Dicho plazo de contestación y presentación correspondiente y conforme lo prescripto en los numerales 2.4.4.1 y 2.4.4.2, debía ser realizado dentro del plazo de 15 días desde la notificación fehaciente de lo resuelto, circunstancia que operó el día 8 de febrero de 2022, sin que se haya dado efectivo cumplimiento a las medidas conductuales adicionales allí establecidas. A ello, debe adicionarse la circunstancia de que la presentación de la desinversión resuelta y notificada, fue realizada sin la esencial y obligatoria traducción pública que permita su evaluación integral por esta autoridad de aplicación, como por los órganos técnicos consultivos involucrados y los servicios jurídicos permanentes de la jurisdicción”. Traducido: Disney deberá esperar y terminar de presentar la información que le demanda la CNDC en tiempo y forma. 

Tal como contó elDiarioAR el jueves último, la firma de capitales estadounidenses había apurado al gobierno con una advertencia explícita que figuraba al final de su plan de desinversión. Allí especificaba que una respuesta tardía por parte del Estado nacional le podía costar caro a todos los involucrados en el negocio del fútbol. “Disney quiere todo ya”, le dijo a este diario un funcionario que trabaja en el tema. Dentro del gobierno, la tensión llegó al más alto nivel y se dio entre los funcionarios que querían actuar con celeridad a pedir de Disney y los que pretendían cumplir con todos los pasos necesarios antes de aprobar el traspaso de las señales y derechos de Fox a Mediapro, la empresa que hoy está dominada por capitales chinos y tiene una larga historia de entendimientos con la compañía que tiene como icono al Ratón Mickey. 

El viernes a última hora, tras la nota de este diario que daba cuenta de la presión del conglomerado estadounidense sobre el gobierno nacional, Disney difundió a través de La Nación un acuerdo con la Televisión Pública para seguir haciendo su voluntad: ceder los partidos de equipos denominados chicos y desoyendo el dictamen de  Defensa de la Competencia. 

Dueño de una capacidad de lobby sin igual, el empresario Diego Lerner goza de un blindaje mediático sorprendente y tiene llegada directa a las autoridades del diario de la familia Saguier. De extrema cercanía con Mauricio Macri durante su presidencia, cuenta también con un vínculo cercano con Sergio Massa y parte de la comandancia del Frente de Todos.  

Semejante poder le sirvió para demorar durante un año el expediente en el que debía entregar información sobre el grado de concentración que ostentaba en la industria pero no le alcanzó todavía para ver cumplidos sus objetivos. Puertas adentro del gobierno, no son pocos los que admiten que la demora se debe solo a cumplir con los pasos formales y a no dejarse atropellar por Disney. Más temprano que tarde, según reconocen, el plan de desinversión será aprobado y el holding norteamericano se desprenderá de contenidos fundamentales entre los que figuran la Copa CONMEBOL Libertadores, la UEFA Champions League, NFL (Fútbol Americano), MLB (Béisbol), Fórmula 1, UFC (Lucha), WWE (Lucha Libre), Premier Boxing Champions, Liga ACB Basketball, World Rugby Seven, ATP World Tour 250 y ATP Córdoba.  

Será el momento de poner la lupa en Mediapro, el conglomerado de origen catalán que fue creado en 2006 y hoy pertenece a la compañía de capitales chinos Orient Hontai en un 85%. Tanto dentro del Gobierno como en la industria del entretenimiento, el socio que presenta Disney para la operación divide aguas. Mientras algunos lo consideran un competidor con intereses propios, otros lo mencionan como una firma que juega en tándem con Disney y funciona como pantalla.

¿Socios o competidores?

El plan de desinversión de la dueña de Espn y Fox se esfuerza por presentar a MediaPro como un actor que puede cumplir con todos los requisitos fijados por Defensa de la Competencia y convertirse en un competidor vigoroso en el corto plazo. Prevé la cesión de las tres señales de TV de Fox a Imagina, la sublicencia de la marca Fox Sports, la cesión de acuerdos de distribución vigentes con los cableoperadores para que el nuevo concesionario pueda operar de forma inmediata y un acuerdo de cesión de servicios transitorios con el objetivo declarado de que Imagina entre en el mercado argentino con rapidez y eficiencia. Ese último aspecto alimenta las versiones sobre las conexiones entre Disney y MediaPro. El holding que dirige Lerner ya había propuesto a la firma que ahora controlan los chinos el 27 octubre de 2021, durante una de las audiencias especiales en las que presentó su “propuesta de remedios” y como alternativa para quedarse con una porción menor de sus contenidos. 

Disney y MediaPro tienen una historia de producciones en común. Los catalanes informan en su página web que Espn es uno de sus dos clientes principales y el personal de Espn trabaja incluso en el edificio que Mediapro tiene en la calle Tomkinson, en Martínez, San Isidro. Los catalanes le facilitan a Espn tanto la infraestructura como el personal. Además, el gerente general de Disney Guillermo Tabanera tiene una relación histórica con los catalanes: en noviembre pasado visitó al jefe de Gabinete Juan Manzur junto con Tatxo Benet, uno de los cofundadores de la productora creada en España. Además, se reunieron con funcionarios de la CNDC. 

Según informa de manera oficial, Mediapro es propiedad de Imagina Media Audiovisual, una sociedad que tiene 7000 empleados y está presente en 176 países. Es el agente exclusivo de los campeonatos de primera y segunda división del fútbol español y de los derechos exclusivos de torneos como el de la UEFA Champions League. Dispone de 70 sets de grabación en Europa, América Latina y Estados Unidos.  

La potencial compradora de Fox no solo se dedica al negocio del fútbol sino que además tiene una pata en la industria del entretenimiento: produjo más de 60 películas que compitieron en los principales festivales de cine internacionales. Acaba de ganar 6 premios Goya por la Película “El buen patrón” y está seleccionada para competir por el Oscar como mejor película extranjera. El encargado de recibir el premio fue Jaume Roures, el magnate de la comunicación que fue blanco de críticas en su país por haber sido el encargado de cerrar el Diario Público. Uno de los que expresó sus cuestionamientos a Roures en las últimas horas fue el periodista Pere Rusiñol, uno de los despedidos en el medio que pertenecía a la firma de origen catalán: “Felicidades (...) con la paradoja de que el peor patrón y magnate capitalista con quien me he cruzado en la vida es justamente el productor”. 

Roures contó que la película multipremiada surgió como una crítica a la reforma laboral del Partido Popular, la llave que encontró para avanzar con las cesantías en su propio medio. En Argentina, Imagina Audiovisual y Mediapro ya están presentes y son dueños de compañías como Promofilm, Promo TV SAU y Oficina Burman.

Lo reveló elDiarioAR, hace un año. El expediente provocó un estruendo en el negocio del futbol, generó expectativa en el más alto nivel, sacudió a los gigantes que actuan en la industria del entretenimiento y provocó cortocircuitos en la cúpula del Frente de Todos. Pero entró en la dimensión desconocida durante todo 2021, pese a que Alberto Fernández se declaraba ante su entorno como uno de sus principales impulsores. Finalmente, cuando el tema parecía haber quedado dormido, tuvo su resolución esta semana.  

El secretario de Comercio Roberto Feletti firmó la resolución 2022-11-APN y le dio respaldo al dictamen de 138 páginas que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia había presentado el 23 de diciembre pasado. Ahora The Walt Disney Company, el conglomerado que en 2019 compró Twenty First Century Fox a nivel global y se quedó en Argentina con el 64% del mercado de las señales deportivas, tiene un año y seis meses de prórroga para desinvertir y habilitar la competencia en un rubro en el que ostenta una elocuente posición dominante: es dueña de Fox Sports, Fox Sports 2, Fox Sports 3, ESPN, ESPN 2, ESPN 3, ESPN+ y ESPN Extra pasaron a tener un sólo dueño.

Con sus tres señales deportivas básicas, Fox ocupa el 32,7% del mercado de televisión paga y, con las cuatro de ESPN, Disney concentra otro 31,3% del mercado. Por fuera, sólo existe TyC (32,4%) y DeporTV (3,5%). Sin embargo, Defensa de la Competencia incluyó en su dictamen un mecanismo que obliga a Disney a responder antes y no seguir postergando una situación que, de facto, ya lleva tres años. Hasta que la desinversión se lleve a cabo, la fusionada tiene que transmitir de manera abierta y gratuita eventos deportivos relevantes de cada una de las competencias definidas como “contenidos fundamentales” de que dispone (Libertadores, UEFA, NFL, MLB, Fórmula 1, entre otras) y transmitir bajo esta modalidad un partido de River o Boca cada fecha del torneo local de fútbol. Según especifica el dictamen, esos contenidos deben estar disponibles “para todas las señales de televisión abierta y paga que requieran la retransmisión”. “Pusimos un ancla ahora porque no queremos que nos sigan bicicleteando un año más. Tienen 20 días hábiles” le dijo a elDiarioAR una fuente del Gobierno que trabajó en el tema y conoce bien el procedimiento a seguir. 

Desde Disney dijeron a este diario que por el momento no van a hacer comentarios y no está claro si elegirán la vía del reclamo judicial o buscarán hacer una oferta que conforme a las autoridades. A cargo de la firma en América Latina está el abogado argentino Diego Lerner, aunque lo más probable es que el tema se eleve al board de la compañía en Estados Unidos, como sucedió hace poco más de un año, cuando la empresa entró en un conflicto con TNT Sports por el botín del torneo local. El accionista principal de TNT es Turner Internacional, propiedad a su vez de la poderosa AT & T.

Desde Disney dijeron a este diario que por el momento no van a hacer comentarios y no está claro si elegirán la vía del reclamo judicial o buscarán hacer una oferta que conforme a las autoridades.

La división en el Gobierno

Desde el inicio, el tema que le interesaba saldar al Presidente para promover la competencia y cuestionar la concentración dividió al Gobierno. Entre los funcionarios que tuvieron intervención en el caso estaban el ex secretario de Medios Francisco Meritello -entrevistado por elDiarioAR sobre el conflicto hace casi un año-, el ministro de Deportes Matías Lammens y el gerente de Relaciones Institucionales de YPF, Santiago Carreras, que representa la postura de Máximo Kirchner en el mundo del fútbol. Ninguno de ellos parecía tan dispuesto como se decía el Presidente para avanzar con un pronunciamiento que complique a Disney. Tampoco Sergio Massa, a quien en el oficialismo admiten como cercano a Lerner, el CEO de Disney. 

Mientras Paula Español estuvo al frente de la secretaría de Comercio, el expediente parecía haber quedado archivado sin fecha y la llegada de Feletti coincidió con la definición de un caso que el gobierno tenía pendiente desde hace dos años. Como siempre, son muchos los que interpretan que la resolución del tema contó con el impulso y el aval de Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, en las oficinas del gobierno que trabajan en el área de defensa de la competencia afirman que el dictamen tuvo el aval del ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas y que solo se dilató porque se cumplieron con todos los pasos necesarios hasta llegar a la definición. 

Si bien la operación se firmó en 2019, durante el primer año de la pandemia todo estuvo paralizado y el gobierno nacional prácticamente no intervino en el caso. En 2021, basado en el artículo 14 de la ley 27.442 de Defensa de la Competencia, sancionada en 2018, se abrió un proceso que comenzó con el “informe de objeción”, una instancia intermedia que le da oportunidad de adaptarse a la ley a las empresas que ostentan posición dominante. Hubo dos audiencias especiales de acuerdo en las que Disney ofreció su “propuesta de remedios” para mitigar la concentración en el mercado: la primera fue el 21 de mayo artículo y la segunda el 27 de octubre. En ese segundo intento, la empresa propuso incluso un comprador para los derechos de los que decía desprenderse: MediaPro, un grupo empresario español creado en 2006 y con el cual tanto Disney como Lerner tienen emprendimientos en común. 

Los fundamentos

Dueña de una capacidad de lobby que se siente fuerte en el negocio del fútbol y trasciende las fronteras, la multinacional dilató todo lo que pudo la presentación de la información que demandaba la CNDC y fue representada en el expediente por el poderoso estudio Marval O'Farrell Mairal. Sin embargo, el dictamen firmado por el presidente de la CNDC Rodrigo Luchinsky y los vocales Guillermo Pérez Vacchini, Balbina Griffa Díaz y Pablo Lepere rechaza los ofrecimientos de Disney por considerar que la empresa apuntaba a desprenderse de contenidos que generaban una décima parte del rating del conglomerado, tenían un alcance en el tiempo limitado y no facilitaban la competencia efectiva en el mercado.

Para la CNDC, “la operación genera un incremento sustancial en la concentración en el mercado de comercialización de señales deportivas básicas, con un aumento en el poder de mercado y de negociación de las empresas. Los efectos unilaterales más significativos son la alta probabilidad de que las empresas incrementen los precios de este tipo de señales a sus clientes (...) Dado el tipo de comercialización que utilizan las partes, es también altamente probable que se produzcan efectos de cartera, extendiendo el mencionado poder de mercado adquirido con la operación al resto de sus señales, en detrimento de los consumidores. Por último, este tipo de comercialización de venta paquetizada podría retrasar o impedir la innovación aguas abajo, en el mercado de televisión paga y/o de servicios audiovisuales no licenciados”.

Según el pronunciamiento estatal, Disney puede elevar los precios del abono y sacar beneficio también ante los cableoperadores que demandan sus contenidos. En uno de los pasajes del dictamen, los miembros de la Comisión señalan de hecho que la empresa que concentra el 64% del share ya obtuvo beneficios de su posición dominante. “Con posterioridad a la fusión, Disney modificó las condiciones de negociación, ofreciendo las señales fusionadas de manera conjunta, incrementando el precio percibido por las básicas y premium, limitando la venta de contenidos a otras OTT -plataformas vía Internet- e incluso retirando contenido del servicio premium hacia su propia OTT. Estas conductas evidencian la voluntad de ejercer el poder de mercado que, de aprobarse la operación, alcanzaría Disney”, dicen. 

El dictamen también apunta a que la compañía que conduce Lerner en América Latina no pueda elevar la proporción entre lo que cuestan sus servicios y lo que vale el abono que pagan los consumidores. La comisión consultó a distintas empresas distribuidoras de señales pagas sobre el impacto del costo del abono de Fox y Espn en el total del abono básico: el resultado fue 20% en los casos de Telecom, Telecentro y AMX, 35% en el de Telefónica y hasta 50% en Colsecor, una entidad de origen cordobés que reúne a cooperativas que en 270 localidades de la Argentina de 21 provincias.

Desde que avanzó con la fusión, Disney vació de contenido las señales de Fox y concentró sus actividades en ESPN, hacia donde migraron los periodistas más conocidos y la mayor parte de su actividad. La única excepción era Fox Premium, dueña del 50% de los derechos de televisación del torneo local. Según fuentes del mercado le dijeron a elDiarioAR, el objetivo de la empresa era apagar los canales de Fox desde el 1 de febrero y mudar todos sus contenidos a su propia OTT, la plataforma Star+, algo con lo que ni siquiera Lerner estaba de acuerdo.

El dictamen no apunta a que la megafusión se resuelva con la venta de Fox sino de parte de los derechos del conglomerado. Eso generó contó comentarios de respaldo de voces que son críticas del gobierno nacional. El profesor de la Universidad Torcuato Di Tella y consultor de empresas en temas regulatorios, Marcelo Celani, por ejemplo, afirmó que “La CNDC subordinó la fusión Disney-Fox e impuso medidas conductuales adicionales. La confirmación de esta posición está en línea con los cambios de aire a nivel internacional en materia de fusiones”. 

DG

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, se reunió esta tarde con el presidente de la Confederación General Económica (Cgera), Marcelo Fernández, y dirigentes de la CGT como Antonio Caló y Sergio Romero. Tras el encuentro advirtió que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia investigará abusos de posición dominante entre los proveedores de las pymes, sector al que representa la Cgera.

“Por un lado, faltan insumos en el mundo y han aumentado muchísimo (de precio). Y tenemos que lidiar con eso. Pero por otro lado, hay abusos de posición dominante”, se refirió Kulfas a las causas de los aumentos de precios, al retirarse del encuentro en la sede de la Cgera. “Ahí es dónde queremos trabajar en conjunto”, agregó el ministro. También comentó que el objetivo radica en que la reactivación económica, que ya supera el nivel prepandémico y se inicia incluso en los sectores más afectados por el Covid-19 como el turismo, se traduzca en mayores ingresos de las personas. En este sentido, opinó que los controles de precios impuestos por el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, apuntan a mejorar el poder de compra “en el corto plazo”.

En tanto, Fernández, de la Cgera, dijo que su cámara sólo representa a un 5% de empresas de alimentos y la mayoría son de calzado, indumentaria, maquinaria, plásticos, vidrio o papel. “No sólo debe atenderse el precio de los alimentos. Pedimos que se devuelva el IVA cuando se pagan con tarjeta otros productos que no sean alimentos. Porque a todos nos están aumentando los precios. Queremos salarios competitivos para que se pueda consumir en todos los sectores, no sólo alimentos”, declaró el presidente de la Cgera. Cuando se le advirtió que la ropa aumenta más que la comida, responsabilizó al alza de las materias primas del sector textil.

AR

Con la irrupción de la pandemia, la ya muy popular aplicación de mensajería instantánea WhatsApp adquirió un nuevo estatus en la Argentina: se volvió una necesidad básica. Las familias de menores ingresos gestionaron su vinculación virtual con las escuelas casi exclusivamente por ese canal, que además se volvió central para trabajar, mantener el contacto con los afectos en el marco del aislamiento obligatorio y, en el último tiempo, también fue una herramienta de gestión de salud. Por WhatsApp se pueden solicitar turnos de vacunación en ciertas jurisdicciones y acceder a los resultados de los hisopados, entre otras cosas. 

En este contexto, la aplicación —que desde 2014 pertenece al gigante tecnológico Facebook— anunció a principio de año un cambio en su política de privacidad, que generó una fuerte reacción entre los usuarios y obligó a la empresa a postergarla a mayo. Sin entender bien de qué se trataba, muchos se negaron a aceptar y migraron a otras plataformas como Telegram. Sin embargo, la centralidad de la herramienta forzó a la mayoría a volver. A este episodio se refirió este miércoles Pablo Bello, gerente de Políticas Públicas de Facebook para WhatsApp en América Latina, que expuso en la Comisión de Medios y Libertad de Expresión del Senado de la Nación.  

“La nueva política de privacidad se refiere exclusivamente a los chatbots, a quienes utilizan el canal API [interfaz de programación de aplicaciones], no es para interacciones regulares entre personas”, sostuvo Bello, para quien esto no fue comprendido correctamente por los usuarios. “No hemos informado bien a la ciudadanía sobre nuestros cambios de privacidad”, reconoció. 

Según detalló, las conversaciones entre personas se mantienen bajo los mismos términos y conservan la protección del “cifrado de extremo a extremo”. Es decir, que solo las personas que interactúan acceden al contenido y WhatsApp no puede —no tiene capacidad técnica—ver la conversación. 

En la plataforma comercial que utilizan empresas e instituciones es distinto. En ese caso la aplicación permite gestionar varias conversaciones de manera simultánea a través de un único número de teléfono. En ese caso sí hay un tercero involucrado en las conversaciones, que es un desarrollador (en la jerga, un BSP: business service provider). La ampliación de los datos capturados rige para las conversaciones que suceden por esta vía.

Bello dijo que WhatsApp desarrolló junto con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad un chatbot para atención de casos de violencia de género, otro para la vacunación en la Provincia de Buenos Aires y otro para informar sobre los resultados de los tests de coronavirus que realiza el Gobierno porteño. Además, trabaja junto a la Cámara Electoral para desarrollar un “chatbot electoral”, algo que ya existe en otros países de la región. 

WhatsApp es gratuito para los usuarios, pero les cobra ese servicio a las empresas e instituciones y planea ofrecerlo próximamente a pymes. Como gran estrategia, ofrece utilizar la información recolectada para afinar la puntería de los proyectiles comerciales sobre un universo cada vez más grande de potenciales clientes. Según datos de Accenture citados por Bello, durante la pandemia el 71% de los consumidores argentinos usó WhatsApp para hacer compras. Bello dijo que el cambio de la política de privacidad implicó solo darle la información a los usuarios, pero que el cambio de fondo ya está operando y que las empresas que lo utilizan “han demostrado que es valioso”.

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) recomendó a la Secretaría de Comercio Interior en enero, cuando se anticiparon los cambios en la política de privacidad, dictar una cautelar para suspender el cambio mientras se investigaban sus alcances. Rodrigo Luchinsky, presidente de la CNDC, también participó de la comisión este miércoles y dijo que hay una investigación en trámite que trabaja sobre dos hipótesis. 

Por un lado, la de “abuso de posición dominante explotativa”, lo que se explica como una “irrazonable recopilación de datos y la subordinación de prestación del servicio a aceptar esas condiciones”. Por otro, la hipótesis de “abuso de posición dominante exclusoria”, es decir, el establecimiento de barreras de entrada para el ingreso de otros competidores.

“Esta es la primera oportunidad  para abordar una problemática generalizada en todo el mundo”, dijo Luchinsky, ya que no se indagó en los alcances que tendría en el mercado local de aplicaciones digitales la compra en 2014 de WhatsApp por parte de Facebook. 

Según datos que aportó Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Información e investigación, en la Argentina WhatsApp tiene una penetración que supera el 80% de los celulares y más del 90% del mercado de las aplicaciones de mensajería. 

Becerra detalló que la información personal que esta actualización autorizaba a compartir constaba de número de teléfono, nombre, perfil, pagos y transacciones financieras, contactos, actualización de estado, información sobre cuánto se usa WhatsApp y por cuánto tiempo, información de interacción con contactos, grupos y empresas, información sobre el dispositivo móvil, carga de batería, proveedor de internet, potencia de la señal, modelo de hardware, sistema operativo y dirección IP. En ese sentido, dijo que “la cesión de volúmenes importantes de datos importantes que podrían no ser imprescindibles para un servicio de mensajería puede ser preocupante” y que se puede entender “la reacción negativa en el marco de una cuestión más general”. 

“Dada la posición dominante y los efectos de red propios de la economía digital los usuarios no pueden elegir las condiciones en las que el servicio es prestado o el tratamiento que se hace de sus datos. No hay un servicio sustituto a WhatsApp hoy, por lo tanto hay que mirarlo con la particularidad que tiene”, dijo Becerra. De todos modos, llamó la atención sobre la complejidad del tema citando una paradoja: al tiempo que se busca revertir la extracción de información de usuarios, los mismos actores solicitan esos datos para avanzar contra acciones de bullying, grooming, acoso, discursos de odio, trolleo. “Esa complejidad tiene el tema —dijo—. No se puede minimizar al extremo el uso de los datos personales e identificar al mismo tiempo el acoso en línea, por ejemplo; es difícil de compatibilizar”.

DT

Marcelo Tinelli salió a castigar a The Walt Disney Company Latin America en Instagram y volvió a ser noticia en una pelea de pesos pesados. “Firman los derechos del fútbol argentino, para después, desde sus pantallas y programas destruir al fútbol, a los dirigentes que ellos creen les jugaron en contra, proteger a otros, y pegarles a los clubes”, escribió. Así, puso sobre la superficie un conflicto solapado que lleva varios meses y recrudece ahora, después de la revelación de elDiarioAR. Mientras el Gobierno dilata la definición sobre la fusión FOX-ESPN y el presidente Alberto Fernández le dice a sus ministros y funcionarios que el gigante Disney debe desinvertir, se abre una trama poco clara sobre el contrato que la AFA firmó, en el último día de 2020, con la compañía de origen norteamericano para extender hasta 2030 los derechos de televisación del fútbol local.

Fue una salida que sorprendió a los clubes, al gobierno, a las cableoperadoras y a los gigantes que peleaban por el botín del fútbol, en especial TNT Sports, la competencia que pretendía aprovechar la fusión FOX-ESPN para arrebatarle el negocio a Disney y quedarse con el 100% de los derechos de transmisión en el ámbito local. En octubre pasado, la AFA había decidido rescindir el contrato con Fox Sports y había iniciado una batalla judicial con la firma debido a que no se había informado el impacto local de una operación global: la adquisición de Twenty-First Century Fox por parte de Disney Latin America. Sin embargo, en un giro que pareció repentino, Claudio “Chiqui” Tapia anunció el acuerdo por 45 millones de dólares y Tinelli lo avaló como vicepresidente de la AFA y presidente de la Liga de Fútbol. Después, se lo comunicó a los presidentes de los 24 clubes de fútbol, desde Rodolfo D’Onofrio y Jorge Ameal hasta los equipos más chicos. 

Sin embargo, algo pasó en la recta final de las negociaciones de lo que nada se conoce. Según pudo saber elDiarioAR de fuentes bien informadas, entre el 10 y el 15 de diciembre, Tapia le pidió a Tinelli que le permita negociar sin su presencia los detalles del contrato que se discutía con el gerente general de Disney, Guillermo Tabanera, y el jefe periodístico de ESPN, Juan Cruz Ávila. Argumentó que en Disney había recelo con el animador y lo consideraban el principal promotor de la operación que pretendía sellar TNT Sports para quedarse con todo. Las esquirlas se perciben en la pantalla: mientras Tinelli es idolatrado en la señal de Turner Internacional, es denunciado y acusado de manera sistemática por los animadores de ESPN. 

El creador de Showmatch fue apartado de la mesa de negociaciones y las charlas se trasladaron de la sede de Viamonte al predio de la AFA en Ezeiza. El acuerdo lo rubricó Tapia con los representantes de Disney. “Me limpiaron”, le dijo Tinelli a un amigo que lo llamó en los últimos días para preguntarle cómo se explicaba el entendimiento con la empresa que era dueña de ESPN y se quedó en 2019 con Fox Sports.

Tinelli había sido el encargado de darle las malas noticias a Tabanera y al presidente de Disney, Diego Lerner, en octubre pasado, cuando los abogados de la AFA advirtieron que la difusión de contenidos del fútbol local -que pertenecían a Fox- empezaron a aparecer en ESPN. Era motivo de rescisión de contrato. Por esos días, entre las autoridades del fútbol argentino ya se esperaba un pronunciamiento definitivo del gobierno sobre la fusión entre gigantes y se demoraba la firma de un acuerdo con el argumento de que el Estado debía intervenir en el caso. Se repetía además que la oferta de 45 millones que hacía Disney era insuficiente para el negocio que se discutía.

De gran cercanía con Mauricio Macri, Lerner no conoce lo que es el revanchismo: tiene la fortuna de ser bendecido con un negocio fabuloso durante el gobierno del Frente de Todos. Durante los años de la aventura amarilla, el empresario invitó más de una vez al ex presidente a las fiestas que organizaba en chacras y Haras, la última en diciembre de 2019. Sin embargo, el dueño de Disney también tiene vínculo con Sergio Massa y cuenta entre sus contactos al consultor Adrián Kochen, habitual promotor de empresarios ligados al peronismo como la familia Eskenazi y Hugo Sigman.

Hay un capítulo más que alimenta desde hace dos semanas las suspicacias entre los clubes y las empresas interesadas en el negocio del fútbol. La insistente versión de que un empresario nacional había hecho una oferta por 55 millones de dólares que la AFA rechazó, pese a que superaba en  U$S 10 millones al ofrecimiento de Disney. Ese empresario había llegado al edificio de Viamonte para presentar su propuesta de la mano de Tinelli.

Pese a que la Asociación del Fútbol Argentino decidió hace dos semanas extender hasta 2030 el contrato que le otorga los derechos de transmisión local al gigante The Walt Disney Company -que viene de comprar Fox y fusionarla con ESPN-, la operación enfrenta obstáculos considerables. Revelado ayer por elDiarioAR, el primero y más importante es el criterio que el presidente Alberto Fernández ya le transmitió a sus ministros: las empresas deben desinvertir para cumplir con la ley y evitar la posición dominante que hoy exhiben. Se suma ahora un segundo y es el dictamen de 35 páginas que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia le elevó a la secretaria de Comercio Paula Español el 5 de noviembre pasado. 

Pese a que el presidente tiene funcionarios que promueven un acuerdo con Disney a cambio de la cesión de derechos de televisación, el informe -que toma como punto de partida la ley 27.442 de Defensa de la Competencia- aporta una larga lista de evidencias que sugieren una intervención estatal en el sentido contrario. 

El texto es una ampliación de un primer documento presentado en marzo del año pasado, que incorporó después información de la “megafusionada”, cuestionamientos de la competencia y denuncias de cableoperadores. Los cableoperadores, entre ellos Alberto Pierri, de Telecentro, cuestionan la operación global que cambió por completo el mapa de la televisión paga en Argentina. 

La compra de Twenty-First Century Fox Inc por Disney derivó en un conglomerado que hoy concentra el 64% del mercado de señales deportivas por operador de televisión paga. Fox Sports, Fox Sports 2, Fox Sports 3, ESPN, ESPN 2, ESPN 3, ESPN+ y ESPN Extra pasaron a tener un sólo dueño. Con sus tres señales deportivas básicas, Fox ocupa el 32,7% del mercado de televisión paga y, con las cuatro de ESPN, Disney concentra otro 31,3% del mercado. Por fuera, sólo existe TyC (32,4%) y DeporTV (3,5%). 

De acuerdo con el dictamen de Defensa de la Competencia: “La operación trae como consecuencia que la empresa fusionada contaría con 7 de las 9 señales deportivas básicas y con casi dos terceras partes del total del rating de señales deportivas, además de la señal Fox Sports Premium que transmite partidos de la Superliga Argentina de Fútbol. Se deduce también, que, como consecuencia de la operación, el número de competidores pasaría de tres a dos”. 

Las consecuencias de esa transformación son múltiples y se verifican en distintos terrenos, donde se acumulan los cuestionamientos y denuncias de empresas como Telered Imagen S-A -propiedad del Grupo Clarín y dueña de TyC-. Teléfonica, Telecentro y DirecTV. En una verdadera pelea entre gigantes, Fox y Disney buscaron argumentar en su favor que se enfrentan el poder de negociación de los principales operadores de televisión paga -Cablevisión y DirecTV-, quienes reúnen el 70% de la audiencia. 

ESPN y FOX SPORTS tienen la tajada principal de su negocio en la transmisión de eventos deportivos internacionales de alta relevancia. La Copa Libertadores (FOX), la Copa Sudamericana (ESPN) y la Recopa Sudamericana, la Champions League (FOX e ESPN), la Europa League (FOX e ESPN), la liga inglesa (ESPN), la liga española (ESPN), la liga italiana (ESPN), la liga francesa (ESPN), la liga holandesa (ESPN), la liga belga (ESPN) y la liga alemana (FOX), además del básquet de la NBA (ESPN), los torneos de tenis Grand Slams y del circuito ATP (ESPN), los torneos de automovilismo como Fórmula 1, Fórmula 2 y Fórmula 3 (FOX), y torneos de rugby como el Mundial y el Seis Naciones. 

En base a ese poderío incomparable, no sólo pueden ganar la disputa de fondo con otros gigantes como Turner Internacional -que pretendía quedarse con el 100 % de los partidos del futbol local- sino también imponer condiciones en las negociaciones con cableoperadores. 

Ante la Comisión de Defensa de la Competencia, las empresas distribuidoras ratificaron que las señales deportivas son muy relevantes debido a la transmisión de eventos deportivos en vivo, que los usuarios consideran fundamental para incluir en la grilla de señales. 

Entre sus conclusiones, el informe apunta un dato clave en el marco de la batalla del gobierno contra los precios en el año electoral: “El incremento sustancial de la concentración como resultado de la operación implicaría un aumento significativo en el poder de mercado y de negociación de las empresas, con la posibilidad de potenciales aumentos de los precios de las señales y de los abonos que pagan los consumidores finales”, dice. 

Además, remarca que, dado que las empresas comercializan sus señales de manera paquetizada, el aumento de poder de mercado en las señales deportivas podría trasladarse al resto de sus señales de televisión paga en detrimento de los consumidores, que también por esta razón podrían ver incrementado el valor del abono de televisión paga y podrían recibir una oferta más reducida, menos variada y con productos de menor calidad. 

Por último, la “paquetización” mencionada podría evitar o retrasar el surgimiento en Argentina de nuevos operadores y/o de nuevas formas de comercialización de señales de televisión paga, como ser el “skinny bundle”, servicios de streaming, OTT, impidiendo o demorando la competencia y la innovación en el mercado de televisión paga. 

El informe concluye sosteniendo que “la operación de concentración económica notificada tiene la potencialidad de restringir o distorsionar la competencia, de modo tal que puede resultar perjuicio para el interés económico general, en relación con el mercado de señales deportivas de televisión paga”.

Con la firma de su presidente Rodrigo Luchinsky -además de los vocales Balbin Griffa Díaz, Pablo Lepere y Guillermo Pérez Vacchini-, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia incluye una mención al índice de Herfindahl-Hirschman (IHH) como otro indicador que mide la concentración del mercado y considera que una operación puede no ser problemática desde el punto de vista de la competencia si el mercado resultante presenta un valor inferior a los 2000 puntos. Para el Departamento de Justicia y la Comisión Federal del Comercio de Estados Unidos, los valores superiores a 2500 puntos son característicos de un mercado altamente concentrado. 

La fusión de Disney arroja un valor post operación del IHH que asciende a 5166 puntos lo que muestra un mercado altamente concentrado. Es por eso por lo que recibió cuestionamientos en Estados Unidos, México y Brasil, que ordenaron la desinversión de activos. El dictamen especifica que el 23 de septiembre de 2019, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acordó con las empresas la desinversión de todos los activos asociados a 22 señales deportivas regionales que pertenecían a Fox, 21 de las cuales fueron adquiridas por el grupo multimedios Sinclair Broadcast Group. La red regional correspondiente a Nueva York fue adquirida por un conjunto de inversores, entre los que se encontraba la propia Sinclair, los NY Yankees, Amazon y Redbird Capital.

En el caso de México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó la operación sujeta a desinversiones y condicionamientos. Ordenó la desinversión de todos los activos relacionados con la provisión y el licenciamiento de los canales deportivos de FOX (FOX SPORTS) y prohibió que DISNEY provea y licencie los suyos (ESPN) con los de FOX y adquieran o produzcan contenidos deportivos en conjunto.