El Gobierno nacional anunció este jueves que, a través de la Secretaría de Industria y Comercio y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), imputó a las principales empresas de medicina prepaga del país tras hallar “indicios múltiples de un acuerdo colusivo”, en relación a los aumentos de precios de los planes de salud detectados entre diciembre de 2023 y abril de 2024. Por caso, en el dato de inflación conocido hace menos de 24 horas, las cuotas de las prepagas aumentaron en noviembre entre 3,9% y 6,9%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor promedio fue del 2,4%.

El encargado de dar a conocer la información fue el portavoz presidencial, Manuel Adorni, quien explicó que la CNDC “imputó por presunta cartelización a las empresas de medicina prepagas, a la Unión Argentina de Salud y a Claudio Belocopitt; a Galeno, al Hospital Italiano, OSDE, Hospital Britanico, Hospital Alemán, OMINT y Swiss Medical”.

De acuerdo al funcionario, “esto surge a raíz de la denuncia entre los meses de diciembre de 2023 y abril 2024”.

En tanto, en una comunicación oficial de la Secretaría de Industria y Comercio, se explicó que en el marco de “una investigación por presuntas conductas anticompetitivas iniciada a mediados de enero de este año, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) emitió un dictamen aconsejando al secretario de Industria y Comercio imputar a un conjunto de empresas de medicina prepaga, la confederación que las agrupa y la persona que la presidía, por haber hallado indicios múltiples de un acuerdo colusivo”.

Asimismo, detallan que las empresas investigadas por la CNDC y alcanzadas por la imputación “son Galeno Argentina S.A., Hospital Británico de Buenos Aires Asociación Civil, Hospital Alemán Asociación Civil, Medifé Asociación Civil, Swiss Medical S.A., Omint S.A. de Servicios, OSDE Organización de Servicios Directos Empresarios, así como también la Unión Argentina de Salud (UAS); y el Sr. Claudio Fernando Belocopitt, en su carácter de actual presidente de la firma Swiss Medical S.A. del entonces presidente de la UAS”.

También aclaran que la apertura de la presente investigación, que se encuentra en curso, “se realizó a partir de una denuncia ante la CNDC por cartelización en los términos del artículo 2°, inciso a), de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia (LDC), en virtud del aumento coordinado de los valores de las cuotas de los planes de salud médico-asistenciales de las empresas detalladas, entre los meses de diciembre de 2023 y abril de 2024”.

“En abril de este mismo año, la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía en conjunto con la CNDC intervinieron dictando una medida de tutela anticipada que obligó a las empresas del sector a retrotraer los precios de los planes de salud a los vigentes en diciembre y cesar con cualquier tipo de intercambio de información, ya sea en el marco de las reuniones de la UAS o cualquier otro ámbito, que implique precios, servicios a proveer, costos y cualquier otra información comercial”, dice el texto que difundió el Gobierno.

De acuerdo a los plazos fijados por la Ley de Defensa de la Competencia, “a partir de la notificación, personas jurídicas y humanas imputadas tienen 20 días hábiles para realizar su descargo y ofrecer pruebas para desvirtuar la conducta imputada”.

“La CNDC fijará un plazo, que no podrá ser mayor a 90 días hábiles ―y que considerar necesario podrá prorrogar por hasta 90 días hábiles más― para que se produzca la prueba concedida. Concluido este periodo, las partes imputadas contarán con seis (6) días hábiles para presentar sus alegatos”, advierten.

En tanto, sostiene que, en caso de que la prueba producida “resulte suficiente para desvirtuar imputación, la CNDC podrá disponer el archivo de las actuaciones”, pero que en caso contrario, “la Secretaría de Industria y Comercio en conjunto con la CNDC podrán multar a las imputadas con hasta el 30% de su volumen de negocios o hasta el doble del beneficio ilícito obtenido”.

La CNDC recordó en su texto que los acuerdos entre competidores o prácticas concertadas, “comúnmente conocidos como cárteles, constituyen una infracción grave a la legislación de competencia, que puede conllevar multas de hasta el 30 % de la facturación de las empresas infractoras en Argentina”.

Y clasifica “a los cárteles de núcleo duro como prácticas absolutamente restrictivas de la competencia, los cuales consisten en el acuerdo entre dos o más competidores para fijar precios, restringir la oferta, repartirse el mercado o coordinar posturas en licitaciones, concursos o subastas”.

Para conocer más sobre qué constituye una conducta anticompetitiva, La CNDC aconseja ver la siguiente infografía.

También se puede consultar una “guía de buenas prácticas para cámaras y asociaciones empresarias y colegios de profesionales”:

Se puede denunciar una conducta anticompetitiva de manera virtual a través del sistema de Trámites a Distancia (TaD), tal como se describe aquí:

¿Qué se considera una conducta anticompetitiva?

Son prácticas realizadas por personas humanas o jurídicas que tienen por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado, o que constituyen abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general (Ley N° 27.442, art. 1).

El procedimiento de investigación se iniciará de oficio o por denuncia realizada por cualquier persona humana o jurídica, pública o privada (siempre y cuando se trate del denunciante).

¿A quién está dirigido?

Cualquier persona humana o jurídica (pública o privada) denunciante que pretenda denunciar una infracción a la Ley de Defensa de la Competencia (Ley 27.442).

¿Qué necesito para realizar la denuncia?

Presentar un escrito con los siguientes datos:

Todas sus hojas, tanto las de la denuncia como las de la documentación adjunta, deben estar firmadas por quien la presente.

Una vez presentada, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia citará al presentante para que ratifique la misma y se labrará el acta correspondiente.

Para consultas respecto de la guía de “Abuso de Posición Dominante de Tipo exclusorio”, se solicita acceder al siguiente enlace.

¿Cómo hago?

1) Ingresá a la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) con tu CUIT y clave fiscal nivel 2. En el caso de una persona humana ingresar mediante el DNI o CUIT correspondiente a la persona que efectuará la denuncia. En el caso de persona jurídica, ingresa con el cuit de la persona jurídica denunciante.

2) Iniciá el trámite ingresando a “Presentación por Presunta Conducta Anticompetitiva” y validá tus datos.

3) Completá el formulario correspondiente.

4) Adjuntá la documentación que corresponda. En algunos casos la misma es obligatoria.

5) Seleccioná “Confirmar trámite''.

6) Una vez que el expediente se encuentre confirmado, en la solapa “Mis trámites” vas a poder verificar la creación del mismo y realizar su seguimiento del trámite.

En el caso de que desees realizar una presentación de manera presencial, deberás dirigirte a la Mesa de Entradas de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, ubicada en Julio A. Roca 694, Planta Baja, Capital Federal.

Para cualquier consulta podrás remitir un mail a cndcfirma@produccion.gob.ar.

Podes consultar el Manual de TAD para efectuar la presentación de una presunta denuncia por conductas anticompetitivas en el siguiente Instructivo.

¿Cuál es el costo del trámite?

Gratuito

Con información de agencias.

IG

El dueño de Swiss Medical Group, Claudio Belocopitt, renunció a la presidencia de la Unión Argentina de Salud (UAS), tras las duras acusaciones de cartelización recibidas desde el Gobierno y de aumentos desmedidos en las cuotas que les cobran a sus afiliados, que en algunos casos ascienden a más del 160% acumulado desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

Vale decir que las prepagas pudieron aplicar estos cinco aumentos consecutivos gracias al DNU del presidente Milei 70/2023. En las últimas semanas, sin embargo, el Poder Ejecutivo empezó a cuestionar las subas. Lo hizo, por ejemplo, a través del ministro de Economía, Luis Caputo, quien dijo que las empresas de medicina prepaga le “declararon la guerra a la clase media”.

“Como todos ustedes saben, en los últimos días, el sector de la salud privada ha recibido reproches y observaciones por parte de funcionarios del Gobierno nacional”, dijo Belocopitt en el comunicado de renuncia.

Señaló que “con la necesidad de preservar la posibilidad de que todos los canales de diálogo sean considerados, y entendiendo que quizás el debate sobre mi persona sea obstáculo para lograr posiciones superadoras”, ha considerado “procedente y necesario renunciar a la presidencia de la Unión Argentina de Salud”.

Para el empresario, “debe ser prioridad de todas las asociaciones que integran la Federación poder seguir prestando el servicio de salud a más del 70% de la población argentina, con la misma calidad en la que se han invertido esfuerzos durante tantos años”.

“Por eso, se deben despejar subjetividades que obstruyan la posibilidad de encontrar salidas consensuadas, basadas en debates técnicos, realidades de mercado y equilibrios económico financieros”, indicó.

Belocopitt es el principal impulsor de los fuertes aumentos en las cuotas desatados luego del decreto que desreguló al sector. Esos incrementos, que superan largamente el 160%, llevaron a que más del 10% de los afiliados a las prepagas deba darse de baja.

“Quizás mi demencia o carácter, muchas veces malinterpretado, son consecuencia de mi pasión por esta actividad que heredé de mi padre y que he desarrollado durante toda mi vida, invirtiendo y invirtiendo en mi país”, dijo Belocopitt en su carta de renuncia.

JJD, con información de NA

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) realizó una investigación en la que analizó los entramados empresariales de 16 de las familias más ricas de la Argentina y de qué modo consiguieron incrementar su patrimonio en los últimos años, con pandemia incluida.

Entre los beneficiados en plena crisis sanitaria, hay grupos cuya actividad principal es la producción o la comercialización de alimentos, y varios con posición dominante en la producción de materias primas o “commodities” transables. Son, como los describe el estudio, los beneficiarios de “una estructura corporativa y de riqueza en la Argentina”, de la cual se han beneficiado, además, con la “valorización comercial de su patrimonio durante la pandemia”. 

Dentro de las empresas analizadas, las de las familias Blaquier, Rocca, Caputo, Eurnekian y Bulgheroni mejoraron sus números en los dos años de la pandemia de coronavirus, mientras que Cherñajovsky, Madanes Quintanilla, Pagani, Braun, Brito y el conglomerado que pertenece a los herederos de Herrera Noble y Magnetto, lo hicieron solo durante uno de los años que duró la crisis sanitaria, según la investigación del CEPA, realizada por un equipo que encabezaron Hernán Letcher, Julia Strada y Leandro González. 

Los objetivos

La investigación llevada adelante por CEPA con el apoyo de la FES (Friedrich-Ebert-Stiftung) “se propone realizar un aporte en la reconstrucción y análisis de los entramados empresariales de los principales grupos económicos bajo control de las personas más ricas de la Argentina, sumando al mismo tiempo un cálculo de la valorización accionaria de diecisiete casos seleccionados, durante los últimos cinco años”, explican en el informe.

Además, aclaran que “la escasa presencia de estudios vinculados a la temática de la riqueza que profundizan en estructuras específicas y de entrelazamiento de la propiedad, valorizadas y que exponen datos cuantitativos, es la principal motivación del trabajo, la cual se ve reforzada por las transformaciones recientes experimentadas en la Argentina en el último ciclo neoliberal que introdujo políticas económicas proricos (2015-2019) y los impactos regresivos de la pandemia de covid-19 en 2020”.

De acuerdo al CEPA, “desde mediados de los 70 se registran tendencias hacia una menor presencia estatal, pero la pérdida de recaudación sobre los más ricos, la offshorización y el aumento de la desigualdad en la Argentina las políticas de los últimos cinco años han significado una agudización de estos fenómenos”.

“En el marco de la pandemia y su expansión, la desigualdad cobró creciente protagonismo, producto no solo del impacto negativo que el virus ha generado en las sociedades –ya altamente desiguales y regresivas, particularmente en América Latina– sino también por el acrecentamiento de las brechas entre ricos y pobres ante cada crisis económica experimentada en las últimas décadas”, se analiza en el estudio. Y agrega: “La desigualdad económica asociada a la concentración de los ingresos y de la riqueza es un fenómeno que no cesó de aumentar en los últimos cincuenta años”.

Resultados del 2020, primer año de pandemia de Covid-19

Para el estudio la valorización de los patrimonios comerciales de las 17 personas físicas seleccionadas y de su grupo familiar se tomaron como base los rankings de la revista Forbes.

Al comparar la evolución de la valuación del patrimonio comercial entre los inicios de los años 2020, 2021 y 2022 (pre pandemia, primer año de pandemia y segundo año de la misma), se lograron los siguientes resultados:

Para el primer año, se contó con información sólo sobre 11 grupos empresarios familiares. Entre ellos, 8 aumentaron su patrimonio en dólares y 3 tuvieron una caída en su valorización. En términos porcentuales, la familia que más vio crecer su patrimonio a febrero de 2021 fue la encabezada por Carlos Blaquier (Grupo Ledesma, azúcar y papel), al pasar de US$ 120,4 millones un año antes a 162,9 millones en la fecha señalada, con un incremento del 35% en moneda dura. Nicolás Caputo (Mirgor más Construcciones) le sigue al pasar de US$ 78,1 millones a 100,5 millones entre un año y el siguiente (28% de aumento).

Con menor variación porcentual, pero con valuaciones absolutas más importantes, se destacan por su enriquecimiento en el primer año de la pandemia:

Paolo Rocca (Techint), con un patrimonio comercial que pasó de u$s 12.209 millones a 12.857 millones: sumó 648 millones en sólo un año:

Luis Pagani (grupo Arcor), de tener u$s 4996 millones subió a 5719 millones, con un incremento de 723 millones en un año;

Rubén Cherñajovsky (grupo Newsan), de u$s 2003 millones de patrimonio comercial, subió a 2586 millones, con un crecimiento de u$s 583 millones;

Alejandro Bulgheroni y herederos de Carlos Bulgheroni (Bridas-Pan American Energy), sumaban u$s 1404 millones en 2020 y un año después, 1739 millones. 

También incrementaron su patrimonio en el mismo período Eduardo Eurnekian (Corporación América) y Javier Madanes Quintanilla (Aluar), mientras que tuvieron variación negativa en ese período Federico Braun (La Anónima), Héctor Magnetto y herederos de Roberto Noble (grupo Clarín), y herederos de Jorge Horacio Brito (Banco Macro).

Resultados del 2021, segundo año de pandemia de Covid-19

Para el segundo año de la pandemia, el informe de CEPA sólo obtuvo datos comparativos para siete entramados empresarios familiares, de los cuales 6 mostraron incrementos, de acuerdo a lo que concluye este viernes Página/12. Sólo el grupo Eurnekian exhibe pérdidas, pero se aclara que, entre ambos períodos, vendió Wilobank, sin que lo obtenido de la operación se refleje en la valuación patrimonial de febrero de 2022.

Entre los ganadores, se destaca un nuevo salto patrimonial de Paolo Rocca, que con un incremento de 3776 millones, alcanzó los 16.633 millones de dólares. Carlos Blaquier y Nicolás Caputo más que duplicaron al comienzo de este año su patrimonio del año pasado (llegó a u$s 234 millones el primero y a 211 millones el último), mientras que los dueños de los grupos Clarín, Macro y La Anónima pudieron revertir el resultado negativo del año anterior, sumándose a los favorecidos por el enriquecimiento en plena pandemia.

Las conclusiones del CEPA

“A lo largo de la presente investigación se realizó un recorrido que tuvo como objetivo central contribuir a profundizar el análisis de la riqueza en la Argentina a través del estudio de 16 casos de entramados empresariales.

Considerando el marco desarrollado, los principales aportes del presente trabajo se estructuraron en cinco grandes ejes.

En el primero de ellos, la investigación aporta una descripción pormenorizada del perfil de las y los titulares de los entramados empresariales analizados en clave económica, es decir, a qué se dedican, cuáles son las estrategias de integración vertical y/o diversificación de actividades y las relaciones entre ellos, junto con otras cuestiones de relevancia.

En segundo orden, la investigación constata la existencia de estrategias de configuración de entramados empresariales orientados a ocultar y desresponsabilizar a las personas propietarias y sus familias, lo que constituye uno de los principales aportes al estado del arte.

En tercer lugar, la cuantificación del patrimonio comercial de los entramados empresariales analizados significa una contribución fundamental al estudio de las fortunas de las y los principales titulares de la riqueza en Argentina.

En cuarto orden, la investigación aporta una descripción precisa de la offshorización presente en el propio diseño de los entramados empresariales de nuestro país.

En quinto orden, se detallan las necesidades de centralización de la información estatal para poder avanzar en mejores bases de datos para el estudio de la riqueza y la configuración del capital en Argentina.

El perfil de los y las titulares de los entramados empresariales analizados

“Los 16 casos estudiados permiten ilustrar el perfil y rol en la economía de los entramados empresariales de sus titulares y familia, dado que representan una buena parte de los más importantes empresarios y empresarias argentinos (tanto en los listados de Forbes como de la Revista Mercado), con firmas principales ampliamente conocidas. Prácticamente todos los perfiles analizados incluyen entre las y los accionistas a sus propios familiares.

En primer lugar, todos operan en posiciones estratégicas en cada sector de actividad, lo que les otorga el manejo de los precios del mercado interno y les permite una mayor capacidad de apropiación de la renta.

Madanes Quintanilla detenta el monopolio del negocio del aluminio.

Entre Coto y Braun manejan buena parte de la comercialización en nuestro país a través de las cadenas de supermercados Coto y La Anónima.

Magnetto y Noble representan el mayor grupo de medios de la Argentina, y a otra escala lo siguen Belocopitt (América) (adicionalmente, con una porción significativa del negocio de la salud con Swiss Medical) y Pierri (Canal 26).

En la industria alimenticia, Pagani a través de Arcor (que adquirió Bagley y Mastellone) controla gran parte del rubro, al que se suma Blaquier en el mercado del azúcar con la centenaria Ledesma.

Rocca tiene el monopolio de tubos sin costura con el gigante Techint. Bulgheroni y Rey figuran entre los principales exponentes del pequeño puñado de empresas que controlan la energía del país.

Eurnekian concentra un buen número de aeropuertos, particularmente en la Argentina. En el negocio financiero, Braun y Brito tienen gran incidencia a través del Grupo Galicia y Macro, respectivamente.

Caputo y Chernajosvky dominan la fabricación de electrónica de consumo con base en Tierra del Fuego.

Cavazzani, en lo referido a los videojuegos, ocupa un lugar central en el mercado. Tienen inserción exportadora, lo que les permite manejo y disposición de divisas.

La familia Pagani (vía Arcor), la familia Blaquier (con Ledesma), Chernajovsky (Newsan Food), Madanes Quintanilla (con Aluar), y Rocca (con Techint) dedican gran parte de su producción a la 197 exportación.

Máximo Cavazzani se dedica sobre todo a la exportación de servicios tecnológicos, aunque en este último caso, la sede hoy se encuentra en Uruguay.

Blaquier participa con exportaciones de cítricos y bioetanol, mientras que Braun y Coto hacen lo suyo con sus respectivos frigoríficos.

En general, la inserción exportadora se encuentra concentrada en productos primarios o industria básica. Los casos estudiados son representativos de diversas estrategias de integración vertical y al mismo tiempo de diversificación productiva.

Un ejemplo de ello es Madanes Quintanilla, dueño de FATE y Aluar. En la medida que fue expandiéndose, Madanes llevó adelante una estrategia de integración vertical en la cadena del aluminio, tanto en la producción (de extruidos y laminados) como en la comercialización y distribución (generación y transporte de energía eléctrica, a través de Hidroeléctrica Futaleufú y Transpa S.A) e incluso en energías renovables (a través de INFA S.A.).

A la par, diversificó actividades: comenzó a desarrollar actividades financieras (CIPAL S.A., Estancia San Javier de Catamarca S.A. y Pecerre S.C.A) y operaciones en el sector de servicios (con Tales S.C.A. y Heidam S.A.).

En la estructura del grupo comandado por la familia Belocopitt se destaca la integración vertical de sus servicios asociados a la salud: la medicina prepaga con la participación en sanatorios e institutos médicos, en conjunto con compañías de seguros y aseguradoras de riesgos del trabajo (ART), acompañada de la pata inmobiliaria donde el grupo desarrolla sus actividades relacionadas. La diversificación se da por su participación en medios de comunicación y productoras de contenidos audiovisuales mediante SMG Media S.A.

La familia Caputo se ha caracterizado por una importante diversificación en su etapa expansiva, para luego pasar a un entramado societario menos diverso. El Grupo contaba con cierto grado de diversificación con sus participaciones en empresas dedicadas a la construcción y a la generación eléctrica, pero al desprenderse de dichas participaciones la diversificación se encuentra hoy bastante limitada.

En el caso de Blaquier, en cambio, predomina la integración vertical: el aprovechamiento del ingenio azucarero y la producción de azúcar para la producción de papel (aproximadamente el 40% de la producción nacional), alcohol y bioetanol, y biomasa para la generación eléctrica. Además, ha diversificado en un mix de productos, con producciones agrícolo-ganaderas de granos, carnes y cítricos.

En el caso de la familia Coto la estrategia predominante radica en la integración del negocio de la carne. Desde la producción ganadera, pasando por la cadena frigorífica, la logística y los supermercados.

Distinto es el caso de la familia Cherñajovsky, en la cual la diversificación parece ser la estrategia predominante. Encabezado por Newsan S.A. con el ensamblado y producción de artículos de línea blanca y electrónica, se dedica también a la producción de alimentos, con actividades agrícologanaderas y pesca de exportación.

La estructura del Grupo de las y los herederos de Jorge Brito es la que presenta quizás de manera más clara la convivencia de estrategias de integración vertical y diversificación. El Grupo tiene cuatro grandes “cabezas”: Banco Macro (financiera), Inversora Juramento (agro), Genneia (energía), y Anglia (bienes raíces). Y dentro de cada rama que se desprende de estas sociedades se dan las estrategias de integración vertical y horizontal. Genneia participa en distintos centros de generación eléctrica renovable con cierto grado de diversificación (solar y eólica), también en generación térmica y provee de servicios de transporte de gas natural. Con Anglia participa de desarrollos inmobiliarios y su explotación comercial. Con el Banco Macro y sus subsidiarias interviene en la renta financiera mientras que con Inversora Juramento se dedica a cultivos agrícolas y al negocio ganadero, integrado con el Frigorífico Bermejo.

El caso de Pagani es de integración horizontal. La estructura del entramado se caracteriza por un diseño mediante el cual a través del control de casi la totalidad (99,68%) de las acciones de Arcor S.A.I.C., la familia Pagani posee acciones de las distintas sociedades entre las que sobresale el 51% de Bagley Latinoamérica S.A. (a su vez, con esta empresa poseen el 23,69% de Mastellone Hermanos S.A., el 50,84% de Bagley Chile S.A., 51% de Bagley Do Brasil Alimentos Ltda., y 50,64% de Bagley Argentina S.A.) y el 23,69% de Mastellone Hermanos S.A. de manera directa.

Todos los entramados estudiados en el presente trabajo responden a esta lógica. No obstante, el caso que mejor refleja dicha realidad es el Grupo Clarín, en tanto en sus orígenes comenzó siendo un diario, y a lo largo de los años se constituyó en uno de los multimedios más poderosos de América Latina. Así, a lo largo de su evolución no solo desarrolló y adquirió señales televisivas del interior del país, señales de cable y de radio, sino que además luego de la compra del paquete accionario de Telecom Argentina, avanzó en la concentración de los servicios de telefonía fija, celular y provisión de internet que le garantizó dicha empresa, así como posteriormente a través de la adquisición de la empresa Cablevisión se adentró en el sector de la televisión por cable y la provisión de servicios de telecomunicaciones e internet por medio de la estructura técnica y comercial de Fibertel.

En esta expansión hacia arriba y los costados que cada entramado presenta como característica, no es casual encontrar sociedades con participaciones cruzadas. Por ejemplo, Rocca comparte con Clarín las inversiones en Impripost. Por su parte, Ledesma es socio de Mindlin en algunos de los proyectos y empresas energéticas“.

El informe completo

IG

La crisis sanitaria por el Covid-19 se transformó en el contexto perfecto para la escalada de la disputa entre las empresas de medicina prepaga y el gobierno de Alberto Fernández: aumento de costos y de cuotas a los afiliados, reclamos salariales del exhausto personal de salud, falta de diálogo, intrigas políticas y una causa judicial se suman a un escenario con poco margen para aflojar las tensiones. 

Este miércoles, el juez el juez Pablo Cayssials, del furo Contencioso Administrativo Federal, falló a favor de uno de los planteos de las empresas de medicina privada al suspender dos resoluciones oficiales que habían frenado en 2020 dos aumentos en las cuotas que abonan los afiliados. El expediente se inició con la demanda presentada por 17 empresas de medicina privada, que aseguraron en un escrito que el “sistema está en llamas”. Los referentes del sector sostienen en entrevistas, conferencias de prensa y declaraciones informales que el kirchnerismo busca desfinanciar a las compañías para dejarlas al borde de la quiebra y propiciar la estatización del sistema. 

Tanto en el Ejecutivo como en el kirchnerismo descartan un plan o intento por estatizar la medicina privada, lo que consideran costoso e impracticable, y aseguran que su único objetivo es lograr un sistema de salud “más equitativo e integrado” con medidas. En el antagonismo, sobresale la falta de diálogo entre el ministerio de Salud y las privadas, y pasan desapercibidas ideas generales de integración entre lo público y privado con las que representantes de los distintos sectores están de acuerdo, según las consultas de elDiarioAR, como centralizar la compra nacional e internacional de medicamentos para abaratar los costos de todos.  

A la puja por los aumentos de cuota y la paritaria salarial del sector, se sumó a la discusión la idea de un “sistema integrado de salud”, que pocos saben explicar cómo podría ejecutarse en Argentina, donde no sólo coexisten tres subsistemas (público, privado y obras sociales) sino donde deberían coordinarse a su vez otros numeroso esquemas dentro de los subsistemas a nivel nacional, provincial y municipal. 

La crisis del sector genera una bola de nieve: las prepagas y obras sociales contratan muchas veces a sanatorios y clínicas privadas, empresas de urgencias, ambulancias, laboratorios, entre otros prestadores que forman parte de la cadena de pagos y costos, tanto a la hora de aumentar como de recortar, explicó Jorge Iapichino, cirujano y secretario de Hacienda de la Confederación Médica de la República Argentina. 

Todos dependen de las prepagas y obras sociales para cobrar y para pagar a sus propios proveedores y personal. Estas a su vez, dependen del Ejecutivo para fijar aumentos (en el caso de las prepagas) o de la liberación de fondos (para las obras sociales).

El empresario Claudio Belocopitt, presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), fundador de Swiss Medical y accionista de América TV, es quien lidera la disputa con el gobierno de Fernández en todos los frentes: judicial, político y mediático. Swiss Medical es la segunda prepaga con mayor cantidad de afiliados en el país (alrededor de un millón; OSDE tiene un millón y medio). “Suplicamos que el Poder Judicial cumpla su rol republicano, que ponga límites constitucionales al Poder Ejecutivo”, dice el escrito de demanda del 16 de junio, también promovida por OSDE, Galeno, Medicus, Medifé, Omint y Hospital Italiano, entre otros. El juez del caso autorizó ahora que se apliquen dos aumentos que habían sido aprobados por el Gobierno en 2020 y luego desaprobados por la misma gestión: un 10% para diciembre 2020 y otro 7% para febrero 2021. Los sectores deberán seguir discutiendo en sede administrativa para llegar a un acuerdo.

En las consultas realizadas por elDiarioAR a voceros y actores centrales de los distintos sectores queda en evidencia que la falta de diálogo, que se cortó tras la salida del exministro de Salud Ginés González García en febrero, es uno de los factores centrales en la escalada del conflicto que se dio en el último mes y medio. 

Fernández y Belocopitt no se han vuelto a reunir desde principios de enero, cuando el Presidente citó al empresario para disipar la versión de que su gobierno buscaba estatizar el sistema de salud, aseguró una fuente al tanto de ese diálogo. Desde entonces, según la fuente, los contactos entre ambos han sido sólo telefónicos.

Un ajuste injustificado y excesivo en las cuotas de los usuarios podría devenir en un grave perjuicio para aquellos que no puedan solventarlos.

Ministerio de Salud de la Nación. — Escrito ante la Justicia.

Puentes cortados

Un interlocutor de los privados es el Superintendente de Servicios de Salud, Daniel López, quien recibe y envía mensajes pero no tiene poder de decisión sobre el conflicto. El diálogo con la ministra Carla Vizzotti, es casi nulo, según fuentes del sector privado. 

“Hay diálogo constante pero esto requiere mucho trabajo, eliminar dudas y temores”, contrarrestó Homero Giles, presidente de IOMA y uno de los promotores de un sistema de salud integrado que incomoda a las prepagas.

En medio de la pelea, la ganadora hasta ahora fue la Confederación General del Trabajo (CGT). Los sindicatos consiguieron que el Gobierno les conceda un reclamo que vienen exigiendo a los gobiernos de las últimas dos décadas: recuperar parte de lo que llaman “la crema” de los trabajadores en relación de dependencia, los más jóvenes, que implican menos gastos. 

Suplicamos que el Poder Judicial cumpla su rol republicano, que ponga límites constitucionales al Poder Ejecutivo.

Escrito de demanda de prepagas.

Las obras sociales acumulan más del 60% de los pacientes del sistema de salud, alrededor de 26 millones de personas, según datos del sector. La “crema” son unos 4,5 millones de trabajadores en relación de dependencia que actualmente eligen derivar sus aportes. En lugar de ir a las obras sociales que les impone el sistema, los aportes van a una prepaga. 

Los empleados tampoco pueden elegir la prepaga, ya que depende de un acuerdo entre empresas del sector privado y una serie de obras sociales pequeñas que existen a los fines de efectuar este proceso: derivar aportes (muchos trabajadores completan el valor de la cuota con dinero de su bolsillo).

Esos 4,5 millones de trabajadores representan alrededor del 75% de los 6 millones de clientes de las prepagas, explicó a este medio un representante del mercado privado de la salud. Sólo un millón y medio de usuarios son 100% privados y pagan la cuota total de su bolsillo. 

Hay diálogo constante pero esto requiere mucho trabajo, eliminar dudas y temores.

Homero Giles — Presidente de IOMA.

El miércoles, el Gobierno modificó ese sistema de libre elección y dispuso que quienes inicien un vínculo laboral “deberán permanecer un año en la obra social correspondiente a la rama de su actividad antes de poder ejercer el derecho de opción de cambio”. En el Ejecutivo reconocen que el DNU se basó en un “proyecto presentado por la CGT”.

Las demandas

Los empresarios liderados por Belocopitt afirmaron en el escrito presentado ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal que existe un “tremendo desfasaje entre el aumento de los costos y los escasos porcentajes de los aumentos que había autorizado el Ministerio” y critican que el Ejecutivo no autorice al sector a aumentar las cuotas a sus afiliados para compensar esa brecha. 

El juez subrogante Pablo Cayssials rechazó un segundo pedido de las prepagas: no dictará una medida cautelar para que las empresas apliquen un nuevo aumento de “emergencia” del 9,77% a las cuotas a sus afiliados (adicional al 28% ya autorizado y a cuenta de futuros aumentos). La negociación, por ahora, deberá girar en torno a los aumentos autorizados por el magistrado.

El ministerio de Salud contestó en el expediente que “un ajuste injustificado y excesivo en las cuotas de los usuarios podría devenir en un grave perjuicio para aquellos que no puedan solventarlos”, además de rebatir en duros términos los análisis económicos que presentaron las empresas sobre costos y aumentos. 

Salud sostuvo ante la Justicia que los costos han aumentado un 30% y que los aumentos anuales de cuotas tienen ese techo. Los privados afirman que sus costos se elevaron mucho más y que las cuotas están atrasadas en un 46,46%, a abril de 2021, según explican ambos sectores en el expediente consultado.

Al conflicto se sumó que el Sindicato de Sanidad reclama al sector privado un aumento del 45% salarial. El gremio es liderado en Capital Federal por Héctor Daer, uno de los sindicalista de la CGT con mejor llegada al Presidente. La falta de acuerdo por las paritarias forzó una conciliación obligatoria a finales de junio. 

Las empresas responden que están de acuerdo con el aumento reclamado por los trabajadores pero que no pueden costearlo sin un aumento de la cuota. “Es real que hay un problema de financiamiento pero las empresas también han crecido en otros momentos y nunca nos llamaron para distribuir la riqueza. Ahora somos socios en la pobreza”, respondió Norberto Maschio, secretario de Prensa de Sanidad.

La articulación entre los sistemas público, privado y obras sociales ya existe pero una integración sería más profunda. Eso no es una estatización ni un camino hacia la estatización.

Nicolás Kreplak — Viceministro de Salud bonaerense.

“El 60% del costo de un sanatorio es el personal”, explica Iapichino, de la Confederación Médica de la República Argentina. El mensaje que recibe el personal sanitario en plena segunda ola de la pandemia es “te quiero pagar el aumento pero no puedo” y “el aumento de salario depende del Ejecutivo”, sostiene. “El atraso salarial viene desde hace unos cuatro años”, agregó.

El sistema incomprendido

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner también es un factor que hace saltar alarmas en los empresarios del sector. “Tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos”, dijo la expresidenta a finales de diciembre, durante la clausura de un encuentro virtual organizado por la Fundación Soberanía Sanitaria, cuyo referente es el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Krepalk, uno de los promotores del sistema integrado de salud. 

Días después de esas declaraciones, el presidente Fernández debió reunirse con Belocopitt para asegurarle que su gobierno no busca estatizar el sistema. Luego vinieron marchas y contramarchas en la autorización de aumentos de las cuotas a los afiliados y la salida de González García por el caso del “vacunatorio VIP”, que alejó aún más a los interlocutores.

Los referentes del sector privado consultados sostienen que no saben de qué se trata el sistema integrado de salud, pero creen que apuntaría a debilitar al sistema de las prepagas, clínicas y sanatorios privados con el objetivo de allanar el camino hacia la estatización. 

Algunos referentes del sector privado -que prefieren no ser citados- sostienen que las palabras de Fernández de Kirchner se enmarcaron en la idea de “los cubanos”, como llaman a un grupo de funcionarios del gobierno de Axel Kicillof, entre ellos el viceministro Kreplak y el presidente de IOMA, Homero Giles, quien se graduó de médico en la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba. Ambos fueron funcionarios durante la presidencia de CFK.

“Hay tres modelos: el sistema privatizado; el sistema único (que creo que es el mejor); y el sistema integrado, que es el más razonable y factible en Argentina”, afirmó Kreplak a elDiarioAR. “La articulación entre los sistemas público, privado y obras sociales ya existe pero una integración sería una articulación más profunda. Eso no es una estatización ni un camino hacia la estatización”, aseguró.

Es real que hay un problema de financiamiento pero las empresas también han crecido en otros momentos y nunca nos llamaron para distribuir la riqueza.

Norberto Maschio — Sindicato de Sanidad.

IOMA, la obra social de los trabajadores bonaerenses, y PAMI, la de los jubilados, concentran el 50% de las compras de medicamentos de todo el sistema, explicó Giles. Se proveen, además, de los servicios de clínicas y sanatorios privados. Giles dijo a elDiarioAR que “nunca se habló de estatizar el sistema privado de salud. No existe esa discusión en la historia argentina”. 

“Los que luchamos por un sistema de salud más equitativo e integrado hablamos de integrar los distintos subsistemas (sector público, obras sociales y medicina privada) a través de mecanismos que no existen actualmente”, explicó el presidente de IOMA. 

Esos mecanismos son variados. Incluyen historias clínicas únicas de los pacientes, mayores regulaciones y el acceso a información financiera de los privados, como, por ejemplo, cuánto gastan en insumos y medicamentos. 

Tanto Kreplak como Giles aseguran que la integración permitiría abaratar los costos para los privados. El Estado, con alto poder de compra y negociación con los proveedores nacionales e internacionales, podría centralizar las compras para todos, pero a cambio deberán abrir sus cuentas.

El viceministro Kreplak sostuvo ante la consulta que la compra integrada de medicamentos e insumos sería factible en la provincia. “Para que eso funcione- dice Giles- el sector público debe poder acceder a información clave del sector privado. Hay que destrabar ese punto: cómo acceder a esa información”.

Ricardo Lilloy, presidente de la Cámara de Empresas de Medicina Privada, coincidió en que el sector privado se beneficiaría si el Estado encabeza las licitaciones internacionales de medicamentos de altísimo costo y de las nuevas coberturas pero opina que “el Estado debe prestar ese servicio sin que se convierta en un fondo de reintegros”.

Lilloy dirige el observatorio de precios de la UAS. sus últimos informes afirman que entre 2020 y 2021 los medicamentos hospitalarios aumentaron 278% en promedio y las drogas para terapias intensivas, otro 383% promedio. Ambos, muy por encima de la inflación interanual del 42%.

Primero hay que articular mejor lo que ya existe: al Estado dentro del Estado.

Jorge Iapichino — Cirujano y sec. de Hacienda de la Confederación Médica Argentina.

Para después

“No hay un proyecto, es una idea general que ilumina lo que hay que trabajar post pandemia”, responden en Casa Rosada. “El Estado no tiene dinero para afrontar una estatización, ni para expropiar”, aseguró la fuente oficial. “El Gobierno discute a cara de perro pero a la hora de la crisis pusimos los recursos que necesitaban todos los sectores privados para afrontar la crisis sanitaria” por el Covid-19, añadió.

“Primero hay que articular mejor lo que ya existe: al Estado dentro del Estado (entre Nación, las provincias y municipios) y pensar, por ejemplo, cuántos hospitales como el Garrahan o el Posadas se necesitan en el país y dónde específicamente deberían construirse”, afirmó el cirujano Iapichino, quien también cree que hay que repensar “si el rol del Ejecutivo es fijar los aumentos de las prepagas o sólo controlarlos”.

Hay un punto en el que tanto los privados como los funcionarios pro-integración coinciden: la necesidad de contener los aumentos de precios de las industrias farmacéutica y de tecnología médica. “Son las que más ganan y aquí es donde la integración es clave: que un sólo sector, el público, negocie las compras para todos, incluidos los privados”, dice Giles.

“Lo que nosotros nos preguntamos es por qué una persona que no puede pagar una operación en la Favaloro no puede operarse en la Favaloro”, afirmó Giles. ¿Cómo y quién financiaría esa posibilidad? “Los recursos están dentro del sistema, lo que falta es una coordinación y redistribución entre los distintos sectores, lo que debería formalizarse en al menos una ley y una mesa con todos los actores. En un sistema integrado, la medicina prepaga se distingue de las obras sociales o del público por su hotelería, sus servicios premium o determinados profesionales, por ejemplo”, aseguró el presidente de IOMA.

ED

En una semana en la que el sistema de salud y su posible reforma está en boca de oficialistas, opositores y prestadores de medicina prepaga, el presidente Alberto Fernández también se refirió al tema y aseguró este viernes que se tendrá que ver “cómo optimizar y coordinar el funcionamiento del sistema público, parapúblico y privado”.

Así lo afirmó al presentar en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada un proyecto de ley que busca “jerarquizar a enfermeros y enfermeras como profesionales de la salud”, además de “establecer los mecanismos necesarios para favorecer su formación continua y de calidad, e incrementar la cantidad de trabajadores según las necesidades de cada provincia”.

En cuanto a la posible reforma del sistema de salud, el mandatario consideró que las autoridades deberán “ver cómo optimizar el funcionamiento, cómo coordinamos y cómo mejoramos a partir de la experiencia vivida”, en referencia a la pandemia del coronavirus.

En la semana, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ya se había pronunciado sobre el tema al asegurar en un acto en La Plata que había que “repensar el sistema de Salud, integrados entre lo público y lo privado”. Y agregó: “Tenemos que tener la valentía y la inteligencia de anticiparnos a lo que va a venir. Buscando soluciones y no problemas para entorpecer al otro”.

Por su parte, el ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, había dicho que la Argentina “tiene un sistema con subsectores, que tiene dificultades de coordinación con el modelo federal, distributivo de la Salud. La pandemia vino a demostrar que eso es indispensable”, al tiempo que admitió que se trata de un sistema “que requiere mejoría, coordinación, una nueva mirada sobre lo que hemos vivido. Pero también es cierto que la complejidad del sistema de Salud en la Argentina es de tal magnitud, es tan esencial y estratégico su funcionamiento que eso merece mesas amplias de diálogo y búsqueda de un camino común y compartido sobre cómo se construye un sistema más potente y de mayor calidad, orientado a resolver los problemas modernos”, remarcó. Y añadió: “Las mesas de diálogo, la búsqueda de consenso y la construcción colectiva de los diferentes subsectores en un proyecto coordinado es el camino apropiado y el que vamos a defender”.

Por el lado de los representantes de medicina privada, Claudio Belocopitt, titular de la Unión Argentina de Salud, previo a la presentación en la Justicia de un amparo que le permita a las prestadoras aumentar un 9,77% la cuota de sus beneficiarios, se pronunció sobre los rumores de estatización de los sistemas de Salud: “A principios de marzo del año pasado, cuando lo imposible de la llegada del virus, se transformaba en inevitable, circularon borradores de decreto que mencionaban un eventual plan de gobierno para estatizar el sistema. Versión que volvió a repetirse a principios de este año. En ambas oportunidades, ante el estrépito causado en la sociedad, fuimos citados por el Presidente de la Nación para transmitirnos su conocimiento sobre el grave problema de financiamiento del sector y desmentir la intención de la nacionalización del sistema de salud privado. En esa oportunidad nos pidieron ‘algunas semanas’ para encontrar el camino, a fin de dar una respuesta de fondo al problema de nuestro sistema que contiene a millones de argentinos. Las semanas y los meses pasaron y las soluciones nunca aparecieron, situación inversamente proporcional a los rumores sobre la intervención del sistema que aumentaban y eran cada vez más profundos, ratificados, inclusive, por confirmaciones en ‘off’”.

“Un acto de reparación” con enfermeros y enfermeras

En cuanto al acto de este viernes en el que se presentó un proyecto para favorecer la actividad de enfermeros y enfermeras, el mandatario aseguró que el texto “tiene en su objetivo un interés social, que es tener mejores profesionales, más capacitados, más preparados, y tiene un acto de reparación”.

“En la pandemia, que vamos más de 500 días, hemos pasado momentos muy difíciles y muchos de ustedes (las y los trabajadores de la Salud) la deben haber pasado particularmente mal y fueron siempre los que estuvieron al frente de la batalla poniéndole el pecho al virus. A cada uno y a cada una de los enfermeros y enfermeras de esta patria gracias de corazón”, reflexionó el Presidente.

“El Estado debe estar presente preparando médicos y médicas, preparando enfermeros y enfermeras, preparando a los médicos en sus distintas especialidades, para que cada argentino que lo necesite encuentre una respuesta que el Estado haya organizado para darle”, reflexionó.

En el acto, el Jefe de Estado estuvo acompañado por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, y el diputado nacional Pablo Yedlín, autor del proyecto.

Entre los ejes del proyecto se dará carácter de Ley al Programa Nacional de Formación de Enfermería en la órbita del Ministerio de Educación, según los lineamientos del Consejo Federal de Educación, y se promoverá el acompañamiento en la profesionalización de los auxiliares de enfermería que actualmente integran el sistema de salud, tanto público como privado, para que validen sus conocimientos y puedan acceder a tecnicaturas y licenciaturas. También, contempla el otorgamiento de incentivos y aportes económicos a la formación mediante becas y la provisión de instrumentos y equipamiento para la capacitación en enfermería, entre otras herramientas.

IG

Tal como lo había anticipado en los medios de comunicación el presidente de la Unión Argentina de Salud, Claudio Belocopitt, las empresas de medicina prepaga concretaron este miércoles la presentación de un amparo judicial que tiene por objeto que el Gobierno autorice aumentos a las cuotas que cobran a sus beneficiarios, que están congeladas por disposición del Ejecutivo.

En el texto, que llega a la Justicia dos días después de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner haya manifestado en un acto junto al Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, la necesidad de repensar todo el sistema de salud, y que está firmado por una quincena de empresas del sector, se solicita una medida cautelar que autorice un aumento del 9,77% sobre el valor actual de las cuotas.

La demanda está ahora en manos del juzgado número 7, subrogado por el juez Pablo Cayssials, y allí se pide que se dicte “una medida cautelar autónoma, consistente en que se autorice un aumento del 9,77 % sobre el valor actual de las cuotas” de las empresas de medicina prepaga. Y agrega el escrito: “Suplicamos que el poder judicial cumpla su rol republicano, que ponga límites constitucionales al poder ejecutivo”.

El valor del aumento requerido surge de sumar 3,59%, que es la diferencia entre lo autorizado por las sucesivas resoluciones (que totalizan 25,52%) y el 30% reconocido en el informe técnico de octubre de 2020 elaborado por los técnicos de la Superintendencia de Seguros de Salud; y un 6,18% que es el mayor costo resultante de la negociación paritaria. “Nuestro pedido pudo haber sido más ambicioso, pero lo hemos limitado para que su viabilidad o procedencia resulten indiscutibles”, aseguran en el texto.

Los fundamentos

En el escrito, así fundamentan las empresas de medicina prepaga firmantes (Swiss Medical, Omint, Osde, Galeno, Apres, Medicina Esencial, Medicus, Medife, Círculo Médico Lomas De Zamora, Hospital Italiano, Instituto Médico Asistencial, Cemic, ACA Salud y Mutual Federada 25 De Junio, todas integrantes de la Unión Argentina de Salud) su reclamo al Gobierno:

a) en que existe un tremendo desfasaje entre el aumento de los costos y los escasos porcentajes de los aumentos que había autorizado el Ministerio;

b) en que los aumentos autorizados son incluso inferiores a los aconsejados en un informe técnico producido por la propia autoridad de aplicación que demostraba ese desfasaje;

c) en que ese atraso de las cuotas ponen en peligro el sistema de salud (las propias consideraciones de las resoluciones reconocían esta situación, aludiendo incluso en que corría riesgo la cadena de pagos);

d) que esta situación es particularmente grave en el contexto de la emergencia sanitaria producida por la pandemia del covid-19;

e) que la situación no sólo afecta a las empresas de medicina prepaga, sino también a los afiliados, a los trabajadores y a los prestadores;

f) que el tema, en definitiva, compromete a todo el sistema de salud nacional, ya que el perjuicio a uno de los subsistemas opera como vaso comunicante hacia los otros subsistemas que concurren a la preservación de la salud.

Además, agregan que para lograr su objetivo y tener una resolución favorable, “no hace falta ninguna indagación técnica; no es necesario producir prueba alguna; nuestro pedido no contempla los perjuicios financieros derivados de la demora temporal en efectuar dicho reconocimiento; y nuestra solicitud no tiene en cuenta la catastrófica situación actual por la que atraviesan las EMP, producto de la segunda ola de contagios del COVID”.

Hacia el final del extenso texto presentado, las empresas de medicina prepaga aseguran que lo que se pide, “no es otra cosa que: a) una medida ”inmediata“; b) que se adopte ”sin dilación alguna“; c) que, entre otros aspectos, permita obtener ”recursos genuinos“; d) para afrontar las paritarias salariales de los trabajadores de la salud”.

Asimismo, reflexionan que las instituciones que ellos representan están “frente a una realidad que superó la emergencia, es catastrófica, se muere gente en los pasillos de los centros asistenciales, se estructuran protocolos para la ‘última cama’, se elige quien es asistido primero y a cuál se lo deja a su suerte... Estamos hablando de un bien jurídico, pero en esta extrema situación tenemos tanto los prestadores de salud, como los prestadores de Justicia una obligación ineludible, salvar vidas”.

En el cierre, las EMP recapitulan sus pedidos:

“Por lo expuesto, solicitamos: 1. Nos tenga por presentados, por acreditada la personería, por parte y por constituidos los domicilios procesal y electrónico indicados. 2. Se tenga por acompañada la prueba documental individualizada en el capítulo VIII, ordenando la agregación de los instrumentos adjuntos. 3. Se tenga por ofrecida la caución juratoria. 4. Disponga, en forma inmediata, como medida cautelar, la autorización para el aumento del 9,77% por sobre el valor actual de las cuotas que perciben las EMP”.

La medida cautelar autónoma completa: 

IG

Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical y titular de la Unión Argentina de Salud, advirtió que el momento que vive el sistema de salud es de “una gravedad extrema” por la falta de camas y profesionales para los cuidados intensivos, al tiempo que pidió un cierre más duro que “incluya a las escuelas”.

Para el empresario, “la situación en terapia intensiva es de una gravedad extrema. Todos tenemos que tomar conciencia que esta situación es muy complicada. Los cálculos demuestran la situación, es todo re contra complicado”, remarcó este miércoles, en diálogo con Radio con Vos.

Además, Belocopitt reveló que el sistema público “tampoco tiene mucho espacio para recibir pacientes, pero por ahora estamos con la red propia” y agregó: "Lo que se pudo hacer, se hizo, y se hizo más", en cuanto a cómo reaccionaron las empresas de salud frente a la segunda ola de coronavirus que tiene una curva de casos sostenida en números muy altos y a las clínicas y hospitales al borde del colapso.

En cuanto a las medidas restrictivas y el debate generado entre Nación y Ciudad por las clases presenciales, Belocopitt fue contundente: “Yo vengo diciendo que hay que bajar la circulación viral, y para eso hay que bajar la circulación, no tiene discusión. No hay dudas de que hay que poner más restricciones. Esta discusión de las escuelas no hubiera existido si se cerraba todo. Estaba para un cierre más duro que incluía a las escuelas", concluyó.

Días atrás, cuando los contagios no eran tan elevados como ahora, el empresario ya había advertido que, aunque hubiera un “amesetamiento de la curva, ese número no relaja al sistema de salud, sino que lo sigue estresando día a día. Lo que hay que lograr es que baje la curva” y resaltó: “Si no baja la curva, el sistema sigue recibiendo más pacientes de la cantidad de altas que tiene para dar”.

En cuanto al nivel de estrés en los profesionales de la salud “ya está pasando todos los límites, porque no son tantos los médicos, enfermeros e internistas disponibles en Argentina para la cantidad de pacientes que tienen que atender”, sentenció.

IG

Con sus gritos en televisión y sus advertencias sobre la catástrofe, Claudio Belocopitt se convirtió en cara codiciada de la infodemia y en aliado inesperado de Alberto Fernández y Axel Kicillof. Dueño de Swiss Medical y accionista del Grupo América, el titular de la Unión Argentina de Entidades de Salud no deja de reclamar aumentos para las prepagas pero se concentra en alertar sobre la saturación del sistema de salud privado y la falta de camas de terapia intensiva ante el pico de contagios que vive la Argentina. Acostumbrado a ganar fortunas con aquel kirchnerismo que incorporaba millones de trabajadores sanos a la medicina prepaga, Belocopitt encontró al fin un motivo para conciliar su propios intereses con el drama general. Al margen de su show, el socio sanitario de Daniel Vila y José Luis Manzano no es el único que piensa que lucrar con la polarización es estar “pelotudeando en la cubierta del Titanic”. De perfil bajo y sin un holding de medios propio, el empresario Jorge Piva reclama una tregua de 60 días para lograr un consenso mínimo entre gobierno y oposición que permita enfrentar la emergencia. “Hace falta enfriar las pantallas y que los medios dejen espacio para un acuerdo. Me faltan camas y tengo las terapias arriba del 90%. Las intervenciones programadas se redujeron a cero y queda un piso duro para otras urgencias que ya no se puede bajar”, dice el director general de Medifé y el sanatorio Finochietto. Generosos auspiciantes, con una camada de formadores de opinión que defienden sus intereses en la puja permanente por aumentar la cuota de las prepagas, esta vez el pedido de los empresarios de la medicina privada no es atendido ni cuando gritan. La mayoría piensa que hay que volver al inicio, cerrar todo por un tiempo, funcionar con las actividades esenciales y acelerar con el proceso de vacunación en la medida en que se pueda.  

Desde el ministerio de Salud, afirman que los privados tienen desde siempre más camas de terapia que los hospitales públicos porque es más negocio y facturan más, pero remarcan que en el Estado hoy el problema principal no se reduce a las UTI sino al personal especializado que hace falta para atenderlas: el sector público no puede retener a los mejores profesionales y enfermeras, que trabajan en los hospitales con salarios ultradevaluados.

Nada más lejano de la tregua que piden las prepagas que el choque por las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires. Por oportunismo, convicción o consejo de algún asesor, Horacio Rodríguez Larreta se pintó la cara para declarar “casi de vida o muerte” la continuidad de clases que, en la mayoría de las escuelas, ya se venían dando cada dos o tres semanas.

Favorecido por un presidente que entre la desesperación y la impotencia decidió ignorar a su amigo Horacio, el jefe de gobierno prefirió relativizar la curva de contagios, dar batalla en tribunales y hasta ignorar un fallo judicial. Larreta logró así lo que no había podido en el tiempo de la triple alianza con Fernández y Kicillof: usar la pandemia para potenciar su perfil nacional y al mismo tiempo encolumnar detrás suyo a los halcones del PRO de los que por lo bajo se queja. Le rinde en el reino del corto plazo, tal como lo admitían los colaboradores del jefe de gobierno que, apenas unas horas antes de que Argentina avanzara hacia el récord de los 60 mil muertos, aseguraban que Horacio estaba en “su mejor momento”. Pero atenta contra el objetivo de asumir el liderazgo de la oposición, el rol que Larreta quiere pero sigue ejerciendo Mauricio Macri, ese padre político y gran benefactor que por las dudas lo mandaba a espiar. Como le pasa a Alberto con Cristina, si Larreta no se diferencia de Macri más que en algunos modos, no hay razones para apostar a la copia revestida de gestión y es preferible volver al original.

Si la crisis unifica por un rato a los bloques de la polarización y descomprime las tensiones internas entre la dirigencia, por abajo se impone la fragmentación y el sálvese quien pueda. Fernández tiene una lista interminable de problemas por resolver. Por eso, vale oro el anuncio de que el empresario Marcelo Figueiras va a utilizar la transferencia de tecnología de los indios de Hetero y envasar el principio activa de la Sputnik V en Argentina para suplir el papel de salvador que estaba reservado para Hugo Sigman en el origen de la saga. Síntoma ineludible de que arriesgó mucho y sus colaboradores no le cuidaron bien las espaldas, el dueño del Grupo Insud quedó en la mira del artista de Comodoro Py Guillermo Marijuan. 

A las apuestas frustradas y a la dificultad para acceder a las vacunas se le suma una falta de perspectiva que llama la atención incluso dentro del oficialismo. Anunciada hasta el hartazgo, la segunda ola vino a desautorizar las proyecciones de Martín Guzmán, el ministro que decidió recortar el gasto Covid en el Presupuesto 2021 basado en una salida rápida que ahora entra en zona de anegamiento. Con Guzmán dedicado a una diplomacia europea que lo mantuvo fuera de la escena urgente de la Argentina, el gobierno ya activó los primeros paliativos para afrontar las nuevas restricciones, en especial los 15.000 pesos que serán destinados a casi un millón de personas. Si no hay un cambio de tendencia, Fernández tendrá que optar entre la falta de camas y el intento de avanzar en un cierre mayor que no se restringa a las escuelas y afecte también al transporte y la producción que no para. 

El rebote en la economía no sólo no llega a los bolsillos de los grandes conglomerados urbanos como el AMBA sino que vuelve a quedar afectado por un virus que muta y se sigue expandiendo. Sin fecha para la pospandemia que se anunció temprano, el coronavirus se perfila como el único dato estable que rige la dinámica política en el año electoral. Después del frío en que redundó la relación del ministro de Economía con la vicepresidenta, Máximo Kirchner le pide a los sectores de mayor diálogo con Guzmán que lo convenzan de que no es posible avanzar con el ajuste en este contexto. Mientras el Fondo bueno no aparece y tanto CFK como Sergio Massa piden postergar el acuerdo con los soldados de Kristalina Georgieva, el profesor de la universidad de Columbia permanece firme en su prédica de achicar subsidios para reducir el déficit fiscal y evitar turbulencias futuras. No queda claro, sin embargo, qué tipo de alquimia le permitirá impedir que los ingresos sigan cayendo si la inflación persiste por las nubes. 

Lo dice el último informe de la consultora PxQ: la dinámica de los precios complica el plan oficial basado en que los salarios le ganen a la inflación 2021 y el consumo privado se recupere tras 3 años consecutivos de caída. Peor que eso, el ancho continente de precarizados se expande junto con el virus y los sectores de menos recursos son empujados cada día a la pobreza. El martes próximo, cuando Claudio Moroni desempolve finalmente la instancia del Consejo del Salario, empresarios y sindicalistas se sentarán a contar escombros de un territorio devastado. Lo que muestran los consultoras del mercado lo sufren a la hora de comer los sectores más vulnerables de la población.

Hoy en manos de funcionarios de primera línea del gobierno, un informe elaborado por militantes del Frente Darío Santillán destaca que entre enero de 2018 y enero de 2021, el Salario Mínimo, Vital y Móvil perdió nada menos que el 52% de su poder adquisitivo: aumentó un 132,4% en el mismo período en que la inflación escaló en un 253,9%. En diciembre de 2017, el SMV y M llegaba a cubrir la mitad de la canasta básica total o línea de pobreza y, en febrero de 2021, alcanzaba apenas para comprar un tercio de ese indicador. Fijado en la mitad del Salario Mínimo, el Salario Social Complementario que perciben los capas más bajos de pirámide social se reduce a la sexta parte de lo necesario para cruzar el umbral de la pobreza. Por eso y por la inflación de 13% en tres meses que registró el INDEC -42,6% en el último año-, desde las organizaciones sociales que respaldan al gobierno piden que el acuerdo en el Consejo del Salario incluya una cláusula de revisión para septiembre u octubre. 

Lo dijo en los últimos días el obispo más cercano al Papa Francisco, sin que su palabra tuviera tampoco ningún eco. “Como a los pobres no los ven, más que alguno que esté tirado por ahí en el centro, los que viven por acá ignoran que existen estas casas donde hay angustia por el día a día, por la comida, por chicos que no tienen acceso al mínimo recurso. Como no los ven, viven como si no existieran”. El ex rector de la UCA y actual obispo de La Plata, Víctor “Tucho” Fernández dijo que en lugar de una salida más humanista lo que se impone es una “angustia individualista, de sálvese quien pueda” y cuestionó a los millonarios que se niegan a pagar el impuesto a la riqueza: “frente a lo que tienen, los afecta demasiado poco, no les cambia la vida”. Para el obispo Fernández, hoy es necesario priorizar a los que viven en la economía informal, pero hay un sector de la sociedad argentina que “los desprecia profundamente, no los considera seres humanos con la misma dignidad”.

Apenas un escalón más arriba de la pobreza, están los millones de personas que, en el primer año de la pandemia, recibieron el IFE cada dos meses y ahora no están contemplados por las partidas oficiales. Es una clase media baja que va y viene en medio de la polarización y, según temen algunos en el peronismo, empieza a expresar su resentimiento con el gobierno. 

Con fecha del 22 de abril y en base a 1275 casos en la provincia de Buenos Aires, el último trabajo de la consultora Circuitos aporta algunos indicios preocupantes para el peronismo oficial. El 82,2% de los encuestados considera que la situación del país es muy mala (36,3%), mala (21,5%) o regular (24,4%); el 55,9% cree que su situación puede empeorar (25,9%) o empeorar mucho (30%), el 20,5% piensa que mantenerse igual y solo el 20% apuesta a que puede mejorar (14,5%) o mejorar mucho (4,9%). Consultados por las últimas restricciones que ordenó Fernández, el 58,1% se dice dispuesto a cumplirlas y el 26,6% afirma que no está dispuesto, mientras el 52,6% destaca que las medidas afectan su trabajo o sus ingresos 52,6% y el

37,9% asegura que no los afectan. Hacia adelante, no hay demasiado margen social para botón rojo: solo el 22,1% cree que las restricciones deben mantenerse, el 37,1% pide flexibilizarlas y el 23,5% opina que hay que abandonarlas. Más aún, el 65,5% pide volver a la presencialidad en las escuelas.

De acuerdo al estudio que dirige el sociólogo Pablo Romá, tres datos conspiran contra el Frente de Todos. En relación al trabajo previo, de principios de marzo, aumentó 7 puntos el pesimismo ante la situación del país y creció 9 % el total de los que juzgan como “muy mala” la gestión del gobierno, en un panorama general donde la opinión negativa es bastante más alta que la positiva. Además, aunque el FDT sigue primero en intención de voto -4 puntos arriba de Juntos por el Cambio- disminuyó el porcentaje de los que se dicen representados por el kirchnerismo: si a principios de marzo eran el 32,1% ahora son el 27,1%. El número contrasta con el ascenso de los que afirman no sentirse identificados con ningún espacio político: hace un mes y medio eran el 29,9%, pero ahora son el 32,5%, la fuerza electoral más potente del sistema político en la inmensidad bonaerense. 

DG

En un local pequeño que tenía Antonio Cafiero sobre la avenida Corrientes, a metros de Cerrito, el médico cirujano Ginés González García inauguró hace casi tres décadas el Instituto Isalud, la piedra basal de una construcción política que le permitió ser tanto una referencia ineludible como un político de poder. Los memoriosos recuerdan que Ginés estaba exultante en aquella casa de Corrientes 1132. Era 29 de octubre de 1991, al abuelo del jefe de Gabinete de Alberto Fernández y a su joven ministro de Salud le quedaban 50 días de gestión en la provincia de Buenos Aires y el duhaldismo estaba a la vuelta de la esquina. Ginés terminaba su gestión de tres años con alta aprobación y la extensión de la atención primaria: junto al gobernador, le había tocado surfear la hiperinflación y el ajuste, suceder al reconocido Floreal Ferrara y superar una prueba que nunca más volvería a pasar: entrar a un ministerio donde su propia gente se contaba con los dedos de una mano. 

Treinta años más tarde, le tocó a Santiago Cafiero llamar por teléfono a Ginés para anunciarle que el Presidente había decidido echarlo de su cargo, a causa del escándalo de la vacunación selectiva en el ministerio de Salud. El sanitarista más destacado del peronismo desde el regreso de la democracia terminó su ciclo de manera abrupta. Sin defenderlo de lo que consideran un error puntual o una lógica dañina en un contexto de lo más difícil, sus amigos del oficialismo y hasta algunos miembros de la oposición con los que nunca se llevó bien coinciden: se fue por la puerta de atrás y lo echaron de la peor forma. Con él, no sólo se termina una etapa para el gobierno de los Fernández sino que cae también un sistema de relaciones. Todavía es temprano para saber cuánto seguirá vigente y cuánto deberá cambiar. 

Aquella creación de Ginés en el local del abuelo Cafiero comenzó muy rápido a dar frutos y, muy poco después, hubo que mudarse a Viamonte 1167. Hoy la universidad privada Isalud tiene su edificio principal en la calle Venezuela 931 y dos sedes más que le pertenecen en Venezuela 847 y 758. El rector de la Universidad es el ex Superintendente de Servicios de Salud de la Nación entre 2002 y 2006, Ruben Torres, -uno de sus íntimos amigos- y el de la Fundación es Carlos Garavelli. Isalud le sirvió a González García para sostener como prioridad un tema que, hasta que llegó la pandemia, llevaba varias décadas ausente de la discusión política. Ofreció carreras y posgrados en administración hospitalaria, licenciatura en enfermería, medicina legal, especialización en sistema de salud y seguridad social, auditoría de atención de la salud. Además creció con contratos de asesoramiento a organismos y entidades -gubernamentales y no gubernamentales-, ejecución de proyectos de investigación y realización de congresos.

Como nadie desde la política y desde el peronismo, Ginés se dedicó a formar profesionales para ejercer la función pública, algo que solo el radicalismo hizo desde la Facultad de Medicina de la UBA. Desde el sector privado y con otro criterio, el Hospital Italiano se destaca entre los que aportó ministros como Fernán Quirós y Adolfo Rubinstein al ensayo del macrismo. Pero Ginés no se quedó solo con ISALUD. Además, cultivó una relación con la dirigencia del PJ y tendió un arco de alianzas que iba desde los sindicatos hasta laboratorios. 

Como ministro de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner ente 2002 y 2007, se consagró como un funcionario que planteó temprano la necesidad de legalizar el aborto, se enfrentó al obispo castrense Antonio Baseotto y avanzó también con los medicamentos genéricos. Todo sus indicadores le dieron positivo: en la gestión, en la prensa y en la imagen. Entre la década menemista y el estallido de 2001, había logrado que varias generaciones de técnicos se formaran en su Instituto y pasaran después a la función pública para  acompañarlo desde distintos puestos. Entre los especialistas en el rubro, remarcan que la mayor parte de los funcionarios de las provincias peronistas en el área de Salud, incluidos varios ministros, se formaron en la universidad de Ginés. Es por eso que se le reconoce su capacidad para armar equipos y cubrir los cargos directivos de todo el ministerio con una mayoría de profesionales educados en su propia escuela. “El 80% de los técnicos que están trabajando en Salud Pública pasó en algún momento por ISALUD”, afirma un directivo de una obra social que lo conoce bien. El gobernador de Tucumán y ex ministro de Cristina Fernández de Kirchner, Juan Manzur; el ex ministro de Salud de Manzur en Tucumán y actual presidente de la comisión de Acción Social y Salud de la Cámara de Diputados, Pablo Yedlin; el actual secretario de Calidad en Salud y exdirector del Hospital El Cruce, Arnaldo Medina -Magíster en Economía y Gestión de la Salud- son apenas tres de una lista interminable. 

Poco después de su creación, un convenio con la Universidad de Lomas de Zamora permitió a la Fundación dictar sus primeros posgrados en Sistemas de Servicios de Obra Social y en Economía de la Salud. Unos años más tarde, ya a fines de la década del noventa, el decreto 1412/98 firmado por Carlos Menem y Susana Decibe le dio el reconocimiento como Institución Universitaria, una distinción que llegó justo con la inauguración de la sede de Venezuela 931. Tres días antes de terminar su gestión, Néstor Kirchner, Alberto Fernández y Daniel Filmus firmaron la autorización definitiva para funcionar como universidad privada.

Ser ministro

Ginés González García nació en 1945, dos meses antes del Día de la Lealtad, en una familia acomodada de San Nicolás, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Estudió Medicina en la Universidad Nacional de Córdoba y se graduó en 1969, el año del Cordobazo. Ahí conoció a uno de sus grandes amigos, Carlos “Calepo” Vizzotti.  De extremo perfil bajo, “Calepo” se especializó en administración hospitalaria, fue gerente de la obra social AMSA y trabajó en el sanatorio Mitre y en la clínica Agote. Quienes conocen el vínculo recuerdan que Vizzotti padre cuidó a Ginés en momentos en que estaba mal de salud y que el saliente ministro de Salud conoció a Carla Vizzotti desde chica. “La vio aprender a caminar”, dice un viejo dirigente del peronismo. Ginés y Calepo fueron compañeros de militancia y, cuando el primero asumió como ministro designó al segundo como Subsecretario de Relaciones Sanitarias e Investigación en Salud. Más tarde, en 2007, el ministro de Kirchner nombró a la médica infectóloga Carla Vizzotti como directora de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio.

Criado en el peronismo, de lo más hábil para las relaciones políticas, agrandado, conciliador y con una capacidad única de construcción de poder, los sobrevivientes del primer gabinete de Kirchner recuerdan que González García era capaz de esperar al sucesor de Duhalde hasta la madrugada para hablar un rato con él de política. “A él, le encantaba ser ministro. Por eso, volvió”, dice un representante del sector privado con el que cultivó una buena relación. Si esa era la expectativa, no sólo no se cumplió sino que su segunda parte como ministro abrió paso a un mundo de pesadilla. La crisis económica que se prolongó en el tiempo, la peor pandemia del último siglo y el cambio vertiginoso de las redes sociales y los medios de comunicación le impidieron moverse con la comodidad que había logrado quince años atrás, cuando el país y el peronismo eran otros. 

La crisis económica, la peor pandemia del último siglo y el cambio vertiginoso de las redes sociales y los medios de comunicación le impidieron moverse con la comodidad que había logrado quince años atrás, cuando el país y el peronismo eran otros.

A su círculo íntimo de reuniones largas, se le sumó la incorporación de su sobrino Lisandro Bonelli como su mano derecha y el paso del tiempo, cruel e indefectible. Su yerno, el arquitecto Hernán Barbalace se quedó con el área de Recursos Físicos del Ministerio. Su amigo Daniel López Ferraro fue nombrado a cargo de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud. Con ellos, Ginés tiene lazos también en el ámbito privado, en sociedades vinculadas al sector agropecuario y bodegas. Histórico compañero suyo de militancia, otro de sus socios, Eugenio Zanarini, asumió en la Superintendencia de Servicios de Salud: había sido interventor en la Administración de Programas Especiales, vicerrector en la Universidad Isalud y empleado de la Fundación. Visto desde afuera, eran una especie de familia que funcionaba con una lógica cerrada y propia. Eran modos que le daban de comer a sus detractores más duros.

Son muchos los que acusan a Bonelli, el jefe de gabinete que tenía una maestría en Derecho Empresario, por haber cercado a Ginés y haber conspirado de mal modo contra Vizzotti. Con la renuncia del veterano sanitarista algo se rompió también al nivel más íntimo, dado el vínculo histórico de Ginés con el padre de la actual ministra. Las críticas de los amigos de González García coinciden con las de la oposición más dura: apuntan contra la funcionaria que se destacó como nadie durante la pandemia y la cuestionan por haber dicho que no estaba al tanto de la vacunación selectiva, cuando era la responsable del área. Solo unos pocos saben qué pasó en los últimos meses en privado entre las dos referencias públicas que tuvo el gobierno durante el año de la peste.

Ginés era un ministro de Fernández que no contaba con el apoyo de Cristina, pero además chocaba con declaraciones innecesarias que eran usadas siempre en su contra. Los enemigos del gobierno lo golpeaban y así, sin quererlo, beneficiaban a la vicepresidenta. CFK promueve a Daniel Gollán y Nicolas Kreplack para el área y postula a Liliana Korenfeld para reemplazar a Zanarini en la Superintendencia de Servicios de Salud. A la inversa, Los Gordos venían en el ministro que se fue el principal dique de contención -junto con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni- para la reforma integral de salud que anunció la vicepresidenta en La Plata, en diciembre pasado. Por lo pronto, por criterio de la ministra Vizzotti o del presidente Fernández, Zanarini -que en diciembre pasado sufrió un ataque cardíaco- parece haber sido confirmado en su cargo.

Sin remedio

Cuando asumió por segunda vez como ministro, Ginés tenía amigos entre los dueños de las prepagas que guardan un perfil bajo, como Jorge Piva, de Medifé. Pero desconocía a los empresarios que viven haciendo declaraciones en los medios como Claudio Belocopitt. En el arranque de 2020, el dueño de Swiss Medical hizo gestiones para llegar a él y conocerlo en forma personal: sabían el uno del otro por referencias y se habían cruzado en encuentros públicos, pero nunca habían tenido una charla a solas. Distinto es el trato histórico del exembajador en Chile con los dueños de los laboratorios, en especial los nacionales, agrupados en la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA). Presidida por  Eduardo Macchiavelo, el CEO de Roemmers, nuclea a pesos pesados que ganaron un poder indudable en los últimos tiempos. No solo Roemmers: también Hugo Sigman (Grupo Chemo) y sus socios de la familia Sielecki en Elea Phoenix, Sebastian Bagó, Marcelo Figueiras, de Richmond; tantos otros. Para esos grandes auspiciantes de la campaña de Fernández 2019, Ginés era un puente de plata. Sin embargo, en algún momento de 2020, el propio Fernández se disgustó con Sigman. Fue cuando salió a buscar la Sputnik V y tuvo uno de sus tantos cortocircuitos con su ministro de Salud. Los aumentos para las prepagas -que en el mismo día de diciembre fueron aprobados y rechazados vía DNU- y la demora del acuerdo con el laboratorio chino Sinopharm para la provisión de vacunas fueron otros de los episodios que antecedieron al escándalo. 

La alianza del gobierno con los laboratorios locales tiene consecuencias concretas. Así lo piensan especialistas en el rubro, dentro y fuera del gobierno. Según un informe de la Unión Argentina de Salud (UAS), durante 2020 los medicamentos de uso hospitalario aumentaron en promedio 278%, mientras que productos como el propofol -de uso en pacientes graves con Covid-19- tuvieron aumentos anuales de 335%. De acuerdo al trabajo de la entidad que reúne a prepagas y sanatorios, los fármacos de uso común en pacientes ambulatorios aumentaron 46,1% -10% arriba de la inflación- y los medicamentos de alto costo -que superan en algunos casos los 500.000 por unidad- tuvieron aumentos superiores a 55%. Pero, lejos del promedio, hay remedios que subieron de manera inexplicable. Por ejemplo, el acenocumarol, un anticoagulante para evitar accidentes cerebrovasculares en personas que padecen arritmias, que incrementó su precio de venta al público en un 1.397%.

La salida fulminante de Ginés no sólo tiene impacto público. Dentro del ministerio, Vizzotti deberá reorganizar una estructura que sufrió más de una baja. Además de los funcionarios cuestionados, se fueron otros que eran apreciados en el área. Entre ellos, distintas fuentes destacan a Martín Sabignoso, un abogado de San Nicolás que estaba a cargo de la Secretaría de Equidad del Ministerio y que integraba el comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud. Como si fuera poco, el subsecretario de Gestión de Servicios e Institutos, Alejandro Collia, está con respirador a causa del Covid 19 y el subsecretario Articulación Federal, Jose Guccione, padece también un problema personal de salud. Con la vacunación masiva como prioridad y difícil misión, la nueva ministra buscará diluir la imagen que dejó su antecesor después de las notas de Clarín y la promoción radial de Horacio Verbitsky. Pero además, tendrá que rearmar un ministerio que diseñó Ginés y repensar un sistema de relaciones que fue edificado durante treinta años por el sanitarista más destacado del peronismo. Si pretende hacer cambios en salud, deberá complementar su perfil técnico con ese difícil arte que manejaba Ginés hasta que se le fue de las manos. De lo contrario, precisará un apoyo político muy fuerte por parte de Fernández para moverse en un contexto de crisis y en un terreno donde priman intereses muy fuertes.

DG

¿Cómo es ser multimillonario en un país con más de 40% de pobres? A mí no me da culpa ser multimillonario.

Claudio Belocopitt, 59 años, más de tres décadas en la industria de la salud privada, se reclina sobre el sillón de cuero, abre las piernas, entrecierra los ojos y se lleva las lentes al mentón. Suspira. Es una respiración lenta, mansa. Parece un gesto ensayado después de pensar, muchas veces y mucho antes de esta entrevista, la respuesta a esa pregunta.

En el octavo piso de un edificio de la Avenida del Libertador, frente al Parque Thays, la oficina del fundador de Swiss Medical Group es una combinación de alfombra de pelo corto, madera y un enchapado de mármol negro que cubre las paredes. Afuera el día es de plomo, aquí nos baña una luz amarilla. Afuera, la humedad típica del febrero porteño, aquí el frío glacial del aire acondicionado.

“La única riqueza que genera un sentimiento de culpa es la que te afanaste, la ganaste a costa del hambre de otro. Pero no a costa del laburo. No se trata de lo que tenés, sino de lo que hacés”, dice Belocopitt.

¿Y Usted qué hace?

Me esfuerzo todos los días para que esta organización sea mejor y que la gente crea que está eligiendo a esta organización porque siente que está bien atendida. Y que el personal esté bien pago. Yo generé un valor que no sólo contribuye al sistema de salud. He creado una infinidad de puestos de trabajo. Cuando reciben la medalla por los veinte años de trabajo en la compañía, mis colaboradores me cuentan que estando acá fueron a la universidad, se casaron, se compraron una casa... Entonces no me da culpa. 

Su nombre aparece en la lista de los 50 argentinos más ricos, según la revista Forbes.

Todos los países se preocupan y ocupan en ver cómo logran que los ricos se queden a invertir. Porque somos hacedores. La mayoría de estos tipos que vos viste en esa lista de Forbes se están yendo de la Argentina. Por eso hoy este tema tiene que importarle a la sociedad. Y a la clase política también, porque los ricos tienen que estar en su equipo.

¿Por qué hay una mirada negativa sobre los empresarios?

Es que el concepto de “empresario” en la Argentina es pésimo. Si vos sos artista, actor, futbolista y andás en un auto de la puta madre, te aplauden. Ahora, si sos empresario: “¡Hijo de puta! ¡¿A quién le choreaste?!”. Esa frase sobre los que hicieron plata “a quién habrá cagado” generó mucho resentimiento. La riqueza forma parte del capitalismo. No seamos hipócritas. Todos vivimos en ese sistema y cada uno va buscando cómo estar un poquito mejor. ¿Cómo? Haciendo. Y yo tengo la tranquilidad de haber sido un constructor permanente. A mí no me incomoda ser empresario. Tenemos un rol fundamental en el desarrollo de cualquier sociedad.

Aun así casi la mitad de los argentinos es pobre y el desempleo es del 13%, mientras que los sectores más pudien...

La hipocresía barata de creer que la sociedad está peor porque la distribución es incorrecta. 

A mí no me incomoda ser empresario. Tenemos un rol fundamental en el desarrollo de cualquier sociedad.

Claudio Belocopitt. — Dueño de Swiss Medical.

¿Entonces qué opina sobre la ley de Aporte Solidario, más conocida como “impuesto a los ricos”?

Estoy totalmente de acuerdo en que, en el contexto de la pandemia, los que más tienen, paguen más. Pero este impuesto está mal hecho porque es confiscatorio. Debería estar calculado sobre lo que ganás, no sobre “lo que tenés”. ¡Si ya existe un impuesto al patrimonio! Es un “impuesto” para captar votos, para conseguir adhesión, fanatismo. Le va a dar resultado a los políticos, no a los argentinos.

¿Hablan de esto entre ustedes?

¿Entre quiénes?

Entre los empresarios.

Mis colegas se ponen colorados. Permiten que se digan cosas sobre nosotros y no salen a poner la trucha para defenderse. Parte de la responsabilidad sobre el desprecio al mundo empresario es nuestra, porque organizamos eventos para hacer catarsis entre nosotros.

El sueño del pibe

Claudio Belocopitt es hijo de Mauricio, un hombre que a los 43 años murió de un infarto. Fue de repente, algo inesperado que dejó a su esposa, Yolanda, y a los dos hijos en el abandono económico y, también, social: los amigos de su padre, que eran sus socios en el Sanatorio Metropolitano, desaparecieron.

“Los fines de semana se armaba una fila gigante de autos en nuestra quinta de Pacheco. Eran los socios de mi padre que venían a comer asado. Después de su muerte, no supimos más de ellos. Nosotros perdimos todo. Fue un gran desfalco familiar. A los 12 años pasé de ser un nene que estaba en una clase súper acomodada a ser un pibe que se preocupaba por todo. Sentí tanta bronca. Tanta. Y creo que… No, no ‘creo’: estoy convencido de que eso fue tan traumático que me juré dedicarme a la industria de la salud, como mi viejo. Me juré que un día esos tipos que desaparecieron iban a enterarse de que Claudio Belocopitt era ‘alguien’”, dice, es obvio, Claudio Belocopitt.

Aquella quinta de Pacheco la perdieron. La madre, que era actriz pero no necesitaba trabajar, empezó a llevar los gastos del día en un libretita y salió a buscar empleo. Dio clases de teatro en la escuela Belgrano Day School y en el Liceo N°9. Compensaba los ingresos con un puesto de administrativa que le había ofrecido un hermano en una empresa de salud. Claudio Belocopitt terminó el secundario y se anotó en la Universidad de Belgrano para recibirse de contador. Era 1983 y a los 23 años ya estaba metido en la Bolsa de Comercio.

“Y me iba muy bien en la Bolsa. Era la época de las mesas de dinero, la timba financiera… Yo era un pendejo, un yuppie que ganaba plata todos los fines de semana. Pero no era lo que a mí me gustaba. Seguía pensando en mi viejo, en qué podía hacer para meterme en el rubro de la salud. ¿Qué mierda puedo hacer para que algo sea distinto y funcione? Y un día en Punta del Este, caminando por la playa…”, dice Belocopitt, echado sobre el respaldo del sillón de la oficina, las piernas abiertas, los ojos haciendo puntería.

Ese día en Punta del Este vio, como si mirara por primera vez, a la gente que como él hacía turismo en Uruguay. Las permanentes, el glamour, los bronceados anaranjados, el consumo: la ostentación. Pensó si esa gente se atendería en un sanatorio que se pareciera más a un hotel que a un hospital. Se respondió que sí. Pensó si esa gente sentiría la misma pertenencia a un sanatorio de lujo que a un shopping. La respuesta: sí. Pensó si esa gente  que se sentaba a la mesa de restó carísimos, se sentiría a gusto en una habitación bien decorada y con catering: sí. Y volvió a Buenos Aires con la idea de construir una clínica-hotel.

“En ese momento yo operaba con una casa en la Bolsa que tenía la representación internacional de un banco suizo. Y convencí a muchos inversores de ese banco a poner unos mangos en la Argentina para hacer este proyecto. El país que se caía a pedazos, estábamos por la hiperinflación... Pero a los inversores suizos les aseguraba que el proyecto iba a funcionar. Yo les contaba la historia con tanta pasión que conseguí la plata. Así que a la clínica le puse ‘Suizo Argentina’: quedaba bien y era, digamos, una gentileza”, sigue Belocopitt. 

En 1988 compró el terreno, al año siguiente empezó a construir. A los 29 años, en 1991, inauguró la Clínica y Maternidad Suizo Argentina. Hizo foco en la obstetricia inspirado en aquella caminata por Punta del Este: si esa gente se esmeraba en los preparativos de su casamiento u organizaba cumpleaños de 15 de lujo, también podía considerar un parto en un lugar que se pareciera más a un spa que a un hospital. El año de la inauguración, sin embargo, fue malo. Y llevaría tres años que el negocio rindiera.

“Me encontré con una fuerte resistencia de la industria de la salud tradicional porque en aquel momento la medicina no tenía nada que ver con la hotelería. La cama era a manivela y el zapallo en almíbar te lo tiraban en una cazuela de acero inoxidable. Si mi proyecto funcionaba, el resto tenía que poner plata. Se me vino encima una campaña de desprestigio muy grande. Los médicos, que son el puente con el paciente, no querían trabajar en mi clínica. Yo estaba preparado para un éxito extraordinario, pero el 91 fue un fracaso”, dice Belocopitt.

A los inversores suizos les aseguraba que el proyecto iba a funcionar. Yo les contaba la historia con tanta pasión que conseguí la plata.

Así como los shoppings despliegan un marketing propio para  “atraer clientes”, en 1994  él fundó Swiss Medical Medicina Prepaga. Así, Belocopitt creó un negocio para sostener su primer negocio: sumó afiliados que pagaban una cuota para atenderse en la Suizo Argentina. En 2000 abrió el Sanatorio Agote y empezó a construir Los Arcos. La crisis económica de 2001 la surfeó comprando la cartera de clientes de otras empresas de medicina prepaga que se fundían. También adquirió una compañía de seguros, que sería el origen de lo que hoy es SMG Seguros. Después sumó la clínica Olivos. 

Con una breve experiencia como productor de espectáculos de Antonio Gasalla a fines de los ochenta, fue socio de Marcelo Tinelli en Radio del Plata y de Daniel Hadad en Canal 9. Belocopitt tiene una productora (Córner) y el 40% del canal América TV, acciones que le compró a Francisco De Narváez en 2017. Hoy su patrimonio está valuado en 440 millones de dólares. Ahora, en la oficina del piso ocho, se ríe de costado el pibe que contaba los autos de los socios de su padre en el ingreso de la quinta de Pacheco.

“La salud es como un avión”

De acuerdo a los datos que maneja Belocopitt, presidente de la Unión Argentina de Entidades de la Salud, creada en 2019, seis millones de argentinos tienen prepaga, es decir, el 15% de la población. De ese porcentaje, un 4% no paga porque se hacen cargo las empresas que emplean a los afiliados. El resto se divide en dos: los que derivan una parte del sueldo al sector privado a través de las obras sociales y los que pagan por su cuenta. elDiarioAR quiso chequear estos estimados con la Superintendencia de Servicios de Salud y también averiguar cuáles son las quejas recurrentes de los afiliados pero al cierre de esta edición (y a pesar de la insistencia) no hubo respuesta. 

“La gente cree que somos un sistema de salud público. La gente pega la boleta en la heladera y nos putea todos los meses. Se enoja con nosotros, como si nosotros fuésemos responsables. Pero somos una opción. La medicina privada no es una obligación. Es para los que pueden pagarla”, sigue Belocopitt. 

¿Los argentinos somos concientes del cuidado de la salud?

El argentino se acuerda de la salud dos veces: la primera, cada 31 de diciembre cuando levanta la copa a las 12. La segunda, cuando la pierde. 

Vivimos más, ¿vivimos mejor?

Hay una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que estamos viviendo más tiempo y mejor. La mala noticia, que a la gente le cuesta entender, es que nos va a costar mucho pagarlo. La frase “la salud no tiene precio” forma parte de esa cantidad de frases hermosas para decir, pero no tiene ningún sentido. Puede ser que la salud no tenga precio, pero tiene un costo altísimo.

El Gobierno suspendió el 7% de aumento previsto para febrero. ¿Cuán atrasada está la cuota?

Hay discusiones técnicas, pero el retraso está entre el 40% y el 55, 60%. No es lo que decimos nosotros, eh, esto está respaldado por el Gobierno.

Mucha gente no podría pagar ni escalonadamente ese aumento.

Para los que no pueden, está el sistema de salud público, que tiene que ser gratuito y accesible para todos. Por eso hay que segmentarlo. La salud es como un avión: tenés pasajeros en Primera Clase, pasajeros en Ejecutiva y pasajeros en Turista. Todos viajan y todos aterrizan. Cada quien decide qué categoría puede pagar. Lo mismo pasa con el sistema de salud. La medicina privada es para los que la pueden pagar. 

Sin embargo, tener acceso a la medicina privada no es sólo un tema de recurso económico. Hay adultos mayores que pueden pagar pero las empresas no los aceptan.

Pero si el Estado no te da la solución y te quedás afuera, la culpa no es del sector privado. El PAMI tiene que atender a la Tercera Edad y el hospital público a los carenciados que no acceden al resto de los subsistemas. Y en el caso de los jubilados, tienen que asociarse antes. En este país la gente no sale con el auto si no tiene seguro, pero camina sin cobertura médica. 

¿Y los jóvenes con enfermedades preexistentes que deben hacer todo un tramiterío o pagar cifras por encima de los 30 mil pesos mensuales?

Es que la atención de la enfermedad preexistente no es algo que tenga que solucionar la prepaga. La solución se la tiene que dar el Estado, porque ese es su rol. Al sistema privado lo componen el aporte de todos sus afiliados. Imaginate si un día todos tienen una enfermedad preexistente. ¿Cómo se financia el sistema? Hay infinidad de pacientes que “cuestan” 500 mil pesos por mes y pretenden pagar una cuota de 6 mil pesos. ¿Cómo hago para cobrar 6 pero darte 500?

¿Y cómo hacen para financiarse ahora si el atraso es, en promedio, del 50%?

Hasta ahora lo sostuvimos con dos pilares. El ATP, que se terminó. Y el sector financiador, que venía bancando a las prestadoras y que gastó menos porque la gente durante 2020 iba menos a atenderse. Pero, ¿qué pasa? Enero fue el mes de más gasto prestacional, porque hubo mucha patología pospuesta que empezó a demandar atención. A esto se suma que los medicamentos subieron, la comida subió, el combustible subió, ¡los salarios subieron! ¡El dólar subió! Vamos hacia una crisis inexorable. Si el Estado colabora, puede que nos recuperemos en dos años.

¿Es cómodo ir a su propio canal a quejarse de determinadas medidas que toma el Gobierno en pandemia?

Estás pasando varias cosas por alto. Primero, voy a hablar adónde me inviten. Segundo, si les cago el rating no me llaman, ni siquiera de mi propio canal. Y tercero: también se ha dicho que la mayoría de los periodistas de América han sido anticuarentena, cosa que es cierta, y yo, en el momento más álgido, me sentaba ahí a defenderla.

De pie y lejos del escritorio, Claudio Belocopitt chequea su teléfono. Alto, desgarbado, zapatos de charol, la corbata en un nudo flojo. Sobre su escritorio hay un pelotita de golf, un encendedor de puros y un pisapapeles de hierro con esta inscripción: “Boludiasol. Antiinflamatorio testicular para pueblos cansados de boludeces”.

VDM

Alberto Fernández no conoce el plan de reforma del sistema de Salud que patrocina Cristina Fernández de Kirchner. No recibió ningún documento ni proyecto, no escuchó ningún informe in voce, sino que tan solo repasó apreciaciones genéricas sobre una idea que comparte: que el modelo sanitario está en un punto crítico y que, tarde o temprano, habrá que cambiarlo.

Fue el motivo por el que Fernández convocó a Ginés González García como ministro de Salud, según contó un funcionario nacional a elDiarioAR. Para que encarara una reconfiguración de un sistema atípico que combina un sector privado acotado pero poderoso con uno público, costoso y ubicuo, además de las obras sociales sindicales como tercer actor. Algo así como un hombre del sistema para cambiar el sistema.

Llegó la pandemia y el eje fue otro: camas UTI, respiradores, vacunas. Hasta que, el 18 de diciembre, el atardecer del día que Fernández recibió a la cúpula de la CGT en Olivos, Cristina Kirchner lanzó una bomba cuando pidió discutir el sistema de salud. Ante la cúpula del Frente de Todos y en presencia de Alberto Fernández en el estadio único de La Plata, la vicepresidenta reclamó “ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales”. Las prepagas y los gremios se pusieron en alerta, y la Casa Rosada quedó bajo fuego: Cristina impuso una agenda que inquietó a aliados de Fernández.

Alberto espera que el equipo de Salud, donde conviven con matices González García y su vice, Carla Vizzoti, apure un paquete de propuestas para avanzar con pruebas piloto de una reforma del sistema.

“El objetivo se cumplió: Cristina mira los temas trascendentales y creyó que era importante abrir la discusión sobre el sistema de salud. Nadie se puede hacer el distraído. Todos los actores del sistema saben que el sistema funcional mal”, dijo a elDiarioAR un miembro del equipo que, con el ministro de Salud bonaerense Daniel Gollán como principal referencia, promueve la reforma.

Desde ese espacio, que tiene abiertas disidencias con González García, mandan otro mensaje: el próximo movimiento, que debe consistir en activar una ronda de consultas y discusiones con los actores del sistema de salud, dependerá de Fernández. “La conducción política definirá si es oportuno avanzar ahora o hacerlo en otro momento”, apuntó la fuente.

Plan A, plan K

Desde la cima del gobierno, bajan dos líneas: no tienen precisiones sobre cuál es el proyecto de Cristina para reformar el sistema pero, mientras definen un auxilio para los prestadores, esperan que el equipo de Salud, donde conviven con matices González García y su vice, Carla Vizzoti, apure un paquete de propuestas para avanzar con pruebas piloto de una reforma del sistema.

Si se concreta, Fernández habrá puesto sobre la mesa una propuesta con su sello, ajena o diferente -aunque quizá compatible- con la que empujan desde el cristinismo.

La propuesta es germinal y, según lo que deslizó un portavoz político -en Salud dijeron a este medio que hay mesas de trabajo permanente desde inicios de la gestión- define líneas para mejorar la asignación de recursos humanos, avanzar con un esquema de “compra centralizada” de medicamentos para bajar los precios, ajustar la coordinación en un sistema fragmentado y algunas propuestas referidas a la financiación. Hay un capítulo puntual, que no está claro si avanzará a no, referido a la integración del Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) al sistema de obras sociales, porque ese organismo -principal estructura unificada de salud de América Latina- funciona “como una isla y está hipercentalizado.”

Por otro lado, el paso que esboza Alberto Fernández atiende una demanda que elevan los gremios y que Jorge Sola, del Consejo del Directivo de la CGT, explicitó ante elDiarioAR para que se analice una suba de los aportes patronales a las obras sociales. El argumento central es que el Plan Médico Obligatorio (PMO), es decir la cobertura básica que deben garantizar las obras sociales, tiene un costo promedio de 2700 pesos mensuales, mientras que la recaudación promedio por cada afiliado es de 1800 pesos, en el cálculo de Sola.

Tocar los aportes para resolver el financiamiento no sirve: subís los aportes, con lo problemático que puede ser eso, y a la semana los laboratorios te suben los precios y otra vez estás a pérdida

Ese gap es un crucial, afirman en el sector sindical. En Salud de Nación comparten el planteo y, en los grupos vinculados con Cristina, creen lo que dicen los gremios: que la mayoría de las obras sociales son deficitarias y que muchas funcionan por el aporte extra de los sindicatos. Pero, a su vez, consideran que sólo atender el financiamiento no alcanza. “Tocar los aportes para resolver el financiamiento no sirve: subís los aportes, con lo problemático que puede ser eso, y a la semana los laboratorios te suben los precios y otra vez estás a pérdida”, dijo la voz del espacio de Cristina.

Aparece otra demanda recurrente: la prestación a los monotributistas, que en promedio aportan $1.000, para un PMO que cuesta casi el triple.

Esos ejes aparecen, en el capítulo referenciado al financiamiento, de los borradores que circulan en Casa Rosada donde, por ahora, se enfocan en otro tema, que es rescatar al sector más golpeado del sistema, los prestadores, que venían a los tumbos y como otras empresas, sobrevivieron al 2020 por el programa de pago de salarios ATP que implementó el Estado. Si esos son algunos de los ejes del proyecto albertista, el plan A ¿cuáles son los del proyecto K?

Fantasmas

La pregunta primaria es otra. ¿Hay un proyecto cristinista para reformar el sistema? Sí y no. Hay un título, un concepto general y textos sueltos, la mayoría analíticos, sobre las fallas del sistema, pero “no hay un plan sobre qué hacer”, dijo el funcionario K.

Ese vacío inicial generó pánico en el mundo gremial donde se instaló la tesis de que Cristina proponía centralizar la recaudación de todo el sistema, público, privado y sindical, en una sola cuenta. Es la matriz del Sistema Nacional Integrado de Salud, un modelo que desarrolló el peronismo en los '70, y que tiene puentes con el concepto universalista de los sistemas sanitarios más abarcativos del mundo que funcionan en Europa. Del Reino Unido a Italia, de Alemania a España, en ese continente, con sus variantes, el Estado carga sobre sus espaldas la atención sanitaria para todos los habitantes. En general, el sistema europeo era gratuito, pero la segunda ola de reformas noeliberales se animó a tocar esa vaca sagrada, aunque los precios son en todos los casos accesibles y con múltiples excepciones.

En el cristinismo niegan una centralización de ese tipo. “No hay fantasmas: no hay plan ningún para estatizar ni para sacarle la obra social a nadie; lo que hay que hacer es hablar, armar mesas de trabajo y analizar cómo mejoramos el sistema”, afirmó a elDiarioAR el dirigente que pidió hablar en off de récord porque ocupa un despacho oficial.

Hay, sin embargo, segmentos puntuales sobre los que pone la lupa el grupo que trabajó en el Instituto Patria -desde allí aportó a la Plataforma Electoral del Frente de Todos en paralelo a los equipos técnicos del PJ que capitaneaba González García-, pero ahora lleva adelante la política sanitaria en la gestión de Axel Kicillof. Entre las figuras más relevantes están Gollán, su segundo, Nicolás Kreplak, y Homero Giles, presidente del IOMA.

Como definición inicial, en términos políticos, repiten la idea de que “no hay que moverse rápido”, que la velocidad de la discusión la fijará el Gobierno nacional y que la base es mejorar la “coordinación entre los subsistemas” con puntos a revisar en cada uno de ellos. “Es con todos”; dijo el portavoz y planteó que hay conversaciones con gobernadores, con gremios y con prestadores que coinciden en que hay que discutir un cambio del sistema. Algunos ejes son los siguientes:

Auxilio

En medio, hubo un episodio confuso. Se autorizó una suba a las prepagas y luego se desactivó, lo que derivó en una larga charla de Fernández con Claudio Belocopitt, presidente de Swiss Medical Group y de la Unión Argentina de Entidades de Salud, y socio del grupod de medios América, quien aprovechó el episodio para pedir una audiencia presidencial y consultar si el Gobierno evaluaba alguna medida que implicaba la “estatización” de las prepagas. Se fue con la respuesta negativa en ese frente. En paralelo, Fernández le dijo que no autorizaba la suba para no aumentar la presión inflacionaria.

La resolución, que aumentaba un 7% las cuotas de las prepagas, fijaba en su artículo dos que la suba iba a los prestadores, el sector más crítico. La semana pasada, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero analizó con su vice, Cecilia Todesca Bocco, la situación de clínicas y sanatorios, descripta como el sector más golpeado en el prisma gubernamental. El diagnóstico lo comparten en la cartera de Salud bonaerense, donde reportan, casi a diario, cierre de clínicas: el parte del viernes dio cuenta del caso de un instituto privado en Junín y otro en Los Toldos.

José Sánchez, presidente de la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS), se reunió con Fernández y con Cafiero, y avanza con conversaciones con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, para concertar un auxilio que consistiría en un REPRO salud de tónica similar al ATP, además de una baja de los aportes patronales para el sector. Esta semana habría novedades al respecto.

En la charla con Fernández, según Sánchez dijo a elDIarioAR, no apareció la hipotética reforma del sistema de salud. Consultado por este medio, el titular de la FAPS -y presidente de Emergencias- dijo que “el sistema funciona” aunque ve problemas en “la intermediación” y las coberturas desiguales según la región. “El cambio debe ser con tiempo y sin partidización. Hay que repensar algunas cosas y buscar mayor integración y cooperación entre los sectores”, concluyó.

PI