En una resolución que busca destrabar años de parálisis en el recupero de activos vinculados a crímenes de lesa humanidad, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 (TOCF 5) —integrado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg— decretó la intervención judicial de las firmas Martiel S.A. y Forestando Delta S.A..

Las compañías remiten directamente a la estructura logística de la ESMA durante la dictadura: Jorge Carlos Radice, conocido en el centro clandestino como “Ruger”, no solo participó en los operativos de secuestro, sino que fue el arquitecto financiero del saqueo de bienes a los detenidos-desaparecidos. Su hermana, Norma Berta Radice, operó como el engranaje civil necesario para administrar ese “botín de guerra” a través de sociedades que, según el tribunal, permitieron la “aparente justificación y exteriorización de bienes y riquezas” obtenidas mediante crímenes de lesa humanidad.

La intervención busca, tras décadas de maniobras, desarticular una estructura de lavado que sobrevivió mucho más allá del fin de la dictadura. La medida otorga facultades de información y administración para regularizar la situación societaria de ambas compañías.

El fallo, firmado el pasado 17 de abril, responde a una solicitud del fiscal general Félix Crous, quien denunció una demora de más de cuatro años para hacer efectivos los embargos dispuestos sobre los paquetes accionarios de estas sociedades. Según el Ministerio Público Fiscal, la resistencia de las autoridades societarias impidió que la justicia tomara control de activos que, según la investigación, fueron creados para “aplicar el provecho de los delitos cometidos por el grupo de tareas, permitiendo, a través de las estructuras societarias, la aparente justificación y exteriorización de bienes y riquezas originadas a manos del grupo militar incriminado”.

La táctica del “extravío”

La figura central de la resistencia judicial es Norma Berta Radice, imputada en la causa y última presidenta designada de ambas firmas. La defensa de Radice se opuso a la intervención alegando que la medida no tenía vinculación con el juicio. Sin embargo, el tribunal expuso una maniobra reiterada: la denuncia policial por el extravío de los libros societarios clave.

De acuerdo al expediente, Radice presentó denuncias por pérdida de libros de registro de acciones y actas de asambleas en julio de 2021 y nuevamente en noviembre de 2025. Para los jueces, esta “reticencia manifiesta” de la imputada ha sido el principal obstáculo para materializar los embargos ordenados originalmente en marzo de 2021. Ante este escenario, el TOCF 5 consideró que la intervención es el “único medio disponible” para avanzar, desplazando la administración para que el interventor judicial —designado a través de la plataforma Lex 100— proceda a la rúbrica de nuevos libros y anote las medidas cautelares.

El nexo político y legal

Este caso no es ajeno a la red de defensas que vinculan el pasado de la represión con el presente político. Como antecedente de peso en este entramado, cabe recordar que Santiago Viola, actual apoderado de La Libertad Avanza y secretario de Justicia, debajo del ministro Juan Bautista Mahiques, tuvo un rol activo como defensor de cómplices en causas vinculadas al saqueo de bienes de la ESMA.

La intervención de empresas como Martiel S.A. y Forestando Delta S.A. (con los CUIT 30-62657707-1 y 30-70763411-8 respectivamente) es parte de una batalla legal más amplia por el recupero de activos. El tribunal fundamentó su decisión en los artículos del Código Penal que habilitan a los jueces a adoptar medidas para “administrar, conservar, ejecutar y disponer” de bienes que sean producto o provecho de delitos , citando como precedente la intervención de firmas como Austral Agro S.A. o incluso el caso Hotesur S.A., donde también se alegó la falta de rúbrica de libros para obstruir el accionar judicial.

Con esta resolución, el interventor tendrá ahora 30 días para presentar un informe inicial de situación y deberá arbitrar los medios necesarios para mantener el patrimonio de las firmas, evitando su deterioro mientras se cumple con el mandato de la justicia federal.

“No sé si sos varón o mujer. Sé que naciste”. La cita, leída este jueves por la cantante Ana Belén en un homenaje celebrado en el Instituto Cervantes en memoria de las víctimas españolas de la dictadura argentina (1976-1983), es de 1995, del poeta Juan Gelman. Forma parte de una carta que escribió a su nieta, Macarena. A su hijo lo mataron cuando su mujer estaba embarazada de siete meses. No sabía si aquel bebé era niño o era niña. Después de muchos años de búsqueda, dos décadas, por fin encontró a su nieta robada.

“Sé que naciste, me lo aseguró el padre Fiorelo Cavali, de la Secretaría de Estado del Vaticano, en febrero de 1978. Desde entonces me pregunto: ¿cuál ha sido tu destino?”, recitó la cantante, con palabras de Gelman, en el acto '307, ¿dónde están?'. “Me asaltan ideas contrarias. Por un lado, siempre me repugna la posibilidad de que llamaras papá a un militar o policía ladrón de vos, o a un amigo de los asesinos de tus padres. Por otro lado, siempre quise que cualquiera que hubiese sido el hogar al que fuiste a parar te criaran y educaran bien y te quisieran mucho”, prosigue.

“Ahora tenés casi la edad de tus padres cuando los mataron y pronto serás mayor que ellos. Ellos se quedaron en los 20 años para siempre. Soñaban mucho con vos y con un mundo más habitable para vos. Me gustaría hablarte de ellos y que me hables de vos para reconocer en vos a mi hijo y para que me reconozcas a mí, en mí lo que de tu padre tengo. Los dos somos huérfanos de él”, escribe Gelman en su carta.

“Los sueños de Marcelo y Claudia no se han cumplido, todavía menos vos que naciste y estás quién sabe dónde ni con quién. Tal vez tengas los ojos verde grises de mi hijo o los ojos color castaño de su mujer, que poseían un brillo especial y tierno y pícaro. ¿Quién sabe cómo serás si sos varón, quién sabe cómo serás si sos mujer?. A lo mejor podés salir de ese misterio para entrar en otro, el del encuentro con un abuelo que te espera”. Abril, 12 de abril de 1995, ha concluido Ana Belén.

Con el mensaje de “nunca más impunidad” y la necesidad de mirar hacia atrás “para recoger las victorias del pasado”, el Instituto Cervantes fue escenario de este homenaje a los 307 españoles desaparecidos durante la dictadura argentina, organizado por el Gobierno, y que concluyó con el grito de “No a la guerra”.

Durante casi dos horas, se recordó a todas estas personas asesinadas con testimonios de sus familiares, compromisos expresados por los ministros de Política Territorial y Memoria Democrática y el de Asuntos Exteriores, y también con mucha música.

El gobierno de España homenajeó este jueves a los 307 españoles desaparecidos durante la dictadura militar argentina en un acto celebrado en el Instituto Cervantes de Madrid bajo el mensaje “nunca más impunidad”. Presidido por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el de Exteriores, José Manuel Albares, el encuentro sirvió también para reconocer oficialmente a las víctimas con la entrega de una Declaración de Reconocimiento y Reparación a la Comisión de Familiares de Españoles Desaparecidos en Argentina.

Durante el homenaje, Torres, mostró su gratitud hacia todas las víctimas de dictaduras, fallecidas y desaparecidas, y subrayó la importancia de defender la memoria como sinónimo de democracia. “Que nunca mas la impunidad del olvido se instaure”, reclamó. El titular de Memoria Democrática ha explicado que el Gobierno de España publicó en el Boletín Oficial de ese país el pasado 24 de marzo, los “nombres y apellidos” de los 307 españoles desaparecidos durante la dictadura y cuyo único delito era, según denunció, “ser fieles a la democracia”, algo que también ocurrió en España con el franquismo. “La maquinaria del terror de Estado se puso en funcionamiento. Fue una absoluta cobardía”.

Torres recalcó que recordar el dolor de las víctimas es necesario para saber “qué pasó y reparar el daño”, a la vez ha hecho hincapié en la defensa de las políticas de memoria democráticas frente a otros gobiernos, como el de Mariano Rajoy en España o el de Javier Milei en Argentina, que metieron dichas leyes “en un cajón”, lo que considera “un error absoluto”. Ante ello, el ministro ha abogado por “desterrar para siempre esa amnesia voluntaria” que “debería avergonzar a cualquier autodenominado demócrata”.

Torres también ha defendido que la memoria es el mejor “antídoto” para “contrarrestar la oleada de nostálgicos” actual: “Fueron muchas las personas que dieron la vida por la democracia como para permitirnos que a aspirantes autócratas nos pongan en solfa. Hay que ser firmes, sin rodeos”, ha indicado el ministro, que también ha criticado al actual presidente argentino por negar la “realidad histórica” y tratar de minimizar la cifra de 30.000 desaparecidos de la dictadura militar.

En el acto, presentado por el periodista Xabier Fortes y que también ha contado con actuaciones de Ana Belén, Pedro Pastor y Miguel Ríos, también ha intervenido el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que ha reclamado el “deber de recordar y acompañar” a las víctimas. Además, ha conectado ambos regímenes, tanto el de Jorge Videla como el de Francisco Franco, aseverando que fueron incapaces de “acallar las voces” de “generaciones comprometidas” tanto con la libertad como con la democracia, pese a haberlo intentado.

El acto ha contado con una mesa redonda con la fiscal de sala de Derechos Humanos, Dolores Delgado, la representante de Red por la Identidad en Madrid, Lila Parrondo, el fundador del Equipo Argentino de Antropología Forense, Luis Fondebrider, quien ha detallado que ya se han identificado 32 cuerpos de los 307 españoles desaparecidos en la dictadura argentina. Ante esto, ha instado al Gobierno a que busque a sus familiares y les pida muestra de sangre para contrastar con los cuerpos ya analizados.

Finalmente, el actor Juan Diego Botto, que también ha intervenido y que es hijo de un desaparecido argentino, ha reprochado que la falta de concienciación o de “dar la batalla” frente a lo que significó una dictadura ha llevado a la impunidad y que en Argentina tengan un presidente “negacionista” o en España “se cante el Cara al Sol”. También ha invitado a echar la mirada atrás frente a aquellos que pelearon ante los regímenes autoritarios, ganaron y consiguieron después “juzgar a los genocidas”, como en el caso de Videla, para poder repetirlo ahora frente al “genocidio” en la Franja de Gaza.

El 24 de marzo de 2021, el fotógrafo Martín Bonetto publicó una foto en su cuenta de Instagram junto a los restos de su padre, Roberto Bonetto. En mayúsculas, escribrió “SELFIE CON PAPÁ”.

Cinco años más tarde, esa fotografía es parte del libro “Hubo una vez un patio” (Editorial Planeta), escrito junto a su hermana Ana Julia. “Este no es un libro de memoria 'clásico'. No es un testimonio lineal, ni una biografía, ni un archivo histórico. Aunque contiene algo de todo eso, es, ante todo, un libro-casa”, señalan sobre su trabajo.

En “Hubo una vez un patio”, Ana Julia y Martín reconstruyen la historia de sus padres, Anna y Roberto, secuestrados el 1 de febrero de 1977. Ambos pasaron por varios Centros Clandestinos como el “Destacamento de Arana”, o el “Pozo de Banfield”. Los restos de Roberto fueron identificados en 2010. Anna permanece desaparecida.

“Cuenta la historia de una familia desmembrada por el terrorismo de Estado, pero desde lo que quedó vivo, no desde lo que se perdió”, dicen sus hijos sobre “Hubo una vez un patio”. Y advierten: “El libro mezcla registros, se permite lo grotesco, el humor, la furia y también el exceso”.

Tristeza. Porque empezó el otoño, las hojas caen secas, amarronadas y se desparraman por el piso. Tristeza, porque en unos días se cumple medio siglo del inicio de la última dictadura. Porque me sorprendo al comprobar que hay millones de compatriotas indiferentes al dolor ajeno. Porque el hambre azota. Por los que creen que “estamos mal, pero vamos bien” y no terminamos de encontrar que comprendan que no es así. Porque hay amigos y conocidos que se enferman más que nunca. Tristeza.  

Juliana Crain ve una película que le permite imaginar una realidad distinta a la que está viviendo, luego del triunfo de los nazis y los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial: es el Eje el que perdió y ya no flamea la bandera con la esvástica sobre los edificios icónicos de Nueva York.

Como en la novela homónima de Philip K. Dick, la protagonista de la serie El hombre en el castillo (se puede ver por Netflix) imagina un mundo mejor luego de ver una película, que amplía las posibilidades de lograr un mundo más feliz que la sociedad compleja e híper represiva en la que vive. Esa visión expandida entre muchos (miles, millones) podría ser el motor de un cambio. 

No estoy segura de que el imaginario colectivo haya sido la única causa del fin de la dictadura que oscureció al país entre 1976 y 1983. Entonces, con los primeros fríos, sabía qué significaba. Mis padres, militantes, me lo habían enseñado. Conocí temprano el terror porque amigos de la familia habían tenido que exiliarse en México y España por las amenazas de la triple A. La infancia transcurría con miedo entre nombres cambiados, cajas con periódicos, libros y discos enterrados.

A veces dudo de que ese período se haya cerrado más por el impulso de las fuerzas democráticas que por el deterioro propio de las fuerzas armadas. Nunca un cambio social tiene una etiología única y las cosas suelen ser contradictorias y responden a una trama en espiral, no a una relación de causa y efecto. Muchos de los que entonces apostaban por las mieles de la plata dulce, aplauden la eficacia de la motosierra. Pero hay quienes entonces y ahora han hablado de las flores.

Cincuenta años del golpe del 24 de marzo y yo, que era una nena entonces, no puedo dejar de asociar esa época con el presente. Aunque sé que nada se repite igual y todo cambia, los tiempos de la Historia son mucho más elásticos que los que deseamos para nuestras pequeñas existencias y la afectación de la gente por el hambre, la censura y la represión no tiene retorno. Son heridas profundas muy difíciles de sanar.

En estos días, casi toda la dirigencia de las organizaciones políticas invierte su energía en imaginar cargos en futuros espacios de poder, más que en delinear programas de acción para sancionar a los responsables y revertir el cada vez más miserable estado de las cosas.

Sin embargo, ocurren hechos que nos devuelven la esperanza. Y más allá de quienes están a la cabeza de los partidos, sigo creyendo en la política. Miles de mujeres de todo el país bordan los nombres de los treinta mil desaparecidos y convierten una tarea doméstica en un recordatorio colectivo. El Volun organiza ollas populares en Plaza Flores, como otros tantos agrupamientos de jóvenes que intentan paliar la expulsión del sistema que ejerce el gobierno. Desde el llano, el movimiento no se aquieta.

Con sólo 15 años, tres meses y medio después del golpe, Magdalena Gallardo, Malena, se transformó en la desaparecida más joven de la dictadura, entre los 108 estudiantes que fueron asesinados o desaparecidos. Teníamos 12, 13 años, cuando en el invierno de 1974 compartimos un campamento en San Luis, organizado por el centro de estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires. Su belleza brillaba en los fogones nocturnos, era la delegada de primer año y la referente de la juventud guevarista. Había nacido en Luis Beltrán, donde hace poco un grupo de estudiantes filmó el documental Malena: la última pared. Allí vivía en una casa del campamento de Agua y Energía. Con su familia, a los 10 años se mudó a Buenos Aires. Desapareció el 8 de julio de 1976 en el barrio de Caballito. Tal vez hoy sería profesora de historia, actriz o abogada. 

Beatriz Aguilera, Bety, la hermana mayor de mi amiga Marisa, pasó la infancia de Rufino, Santa Fe, jugando en la casita de alambre que les hizo el papá al lado del gallinero. Bety Aguilera, la preciosa chica de pelo lacio, aprendió de su abuela Catalina a tejer con cinco agujas, estudiaba francés e inventaba coreografías con sus amigas mientras veía por la tele los programas Alta Tensión y Música en libertad. Poco después, Bety empezó a escuchar en el Wincofon los discos de Sui Generis y Alfredo Zitarrosa. Y en los ratos libres que le dejaban la militancia y sus estudios de Medicina en Rosario, seguía bailando. Quería ser psiquiatra y acaso ahora estaría en el CONICET investigando los beneficios de un medicamento para la depresión. Pero fue asesinada el 17 de febrero de 1977, en el Pasaje Marchena, a pocas cuadras de la facultad. Supe de ella muchos años después, porque Marisa -compañera de Periodismo en El Grafo- no lo contó hasta muy entrada la democracia.

¿Cómo hubieran sido sus vidas si Malena y Bety estuvieran? ¿Cómo serían nuestras vidas si los desaparecidos y asesinados anduvieran por aquí?

LH/MF

A días de cumplirse medio siglo del inicio de la última dictadura cívico-militar, la Justicia federal dio a conocer la identidad de 11 de las 12 personas cuyos restos fueron hallados en el predio donde funcionó el centro clandestino de detención La Perla, en Córdoba.

El trabajo, encabezado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), permitió avanzar en la identificación de víctimas desaparecidas desde la década del 70 y abrir una nueva etapa para sus familias, atravesada por el duelo, pero también por la certeza.

El anuncio fue realizado por el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, quien precisó que una de las familias solicitó mantener en reserva el nombre de su familiar. Los identificados son Ramiro Sergio Bustillo, José Nicolás Brizuela, Raúl Oscar Ceballos Cantón, Adriana María o Cecilia María Carranza -sin poder determinar cuál de las hermanas mellizas-, Carlos Alberto D’Ambra, Alejandro Jorge Monjeau, Mario Alberto Nívoli, Elsa Mónica O’Kelly Pardo, Oscar Omar Reyes, Eduardo Jorge Valverde Suárez y Sergio Julio Tissera.

Los restos habían sido encontrados durante excavaciones realizadas en 2025 en la zona conocida como “Loma del Torito”, dentro de un predio de más de 14 mil hectáreas en La Calera, donde funcionó uno de los mayores centros clandestinos del país entre 1976 y 1978. Según reconstrucciones basadas en testimonios y archivos, en ese lugar se habrían realizado enterramientos clandestinos de personas detenidas-desaparecidas.

El EAAF encabezó los trabajos de búsqueda y análisis con el apoyo de organismos judiciales y universidades, logrando identificar restos óseos que se encontraban fragmentados y mezclados. Para este año está previsto continuar con las tareas de excavación en el área.

Durante la conferencia de prensa en Córdoba, familiares de las víctimas compartieron su emoción y remarcaron la importancia del hallazgo. Los testimonios coincidieron en destacar el rol de los organismos de derechos humanos y la persistencia de una lucha que lleva décadas. También hubo llamados a quienes aún no aportaron información genética para avanzar en nuevas identificaciones.

El caso de las hermanas Carranza sintetiza la complejidad de estas investigaciones: el análisis permitió determinar que uno de los restos pertenece a una de ellas, pero no a cuál, debido a que compartían el mismo ADN. Aun así, el hallazgo aporta una certeza largamente esperada por la familia.

Desde la Justicia subrayaron que estos avances permiten “terminar con la incertidumbre” y garantizan a las familias la posibilidad de cerrar un ciclo. Al mismo tiempo, remarcaron que los intentos de ocultamiento de los cuerpos formaron parte de una estrategia para asegurar la impunidad.

CRM

La Justicia federal de Córdoba confirmó la identificación científica de los restos de 12 personas que habían sido enterradas clandestinamente en predios del Ejército cercanos al ex centro clandestino de detención La Perla, uno de los principales sitios de exterminio durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983).

La información fue difundida a través de un comunicado del Juzgado Federal N.º 3, a cargo del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja. El resultado surge de los trabajos de análisis antropológicos forenses realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en colaboración con el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de la provincia de Córdoba.

Los estudios se realizaron sobre restos humanos encontrados durante excavaciones efectuadas en 2025 en el sector conocido como “Loma del Torito”, dentro de la Guarnición Militar de La Calera, en las inmediaciones del ex centro clandestino de detención.

Según informó el juzgado, los análisis genéticos permitieron alcanzar un “resultado parcial” que identifica científicamente a doce víctimas cuyos restos habían sido recuperados durante la campaña de excavaciones realizada el año pasado. Las identidades, sin embargo, no serán dadas a conocer públicamente hasta que se complete el proceso de notificación a los familiares directos.

La búsqueda en la zona se desarrolló durante 68 días en un área de aproximadamente diez hectáreas. En ese período, equipos especializados y maquinaria removieron grandes volúmenes de tierra en sectores donde, a partir de testimonios de sobrevivientes, fotografías históricas y relevamientos aéreos, se había establecido una alta probabilidad de existencia de fosas comunes.

Los trabajos permitieron recuperar numerosos fragmentos óseos que luego fueron sometidos a procesos de datación, clasificación y análisis genético con el objetivo de determinar su identidad. Desde la Secretaría de Derechos Humanos provincial señalaron que el proceso de comunicación con las familias se encuentra en una etapa sensible.

La causa judicial que investiga enterramientos clandestinos en el predio se inició en 1998 a partir de una presentación del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la abogada María Elba Martínez y el periodista Horacio Verbitsky, quienes solicitaron a la Justicia la búsqueda de los restos de desaparecidos en el área.

La Perla funcionó como centro clandestino de detención, tortura y exterminio entre 1976 y 1978, bajo el mando del Tercer Cuerpo de Ejército. Investigaciones del Archivo Provincial de la Memoria estiman que entre 2.200 y 2.500 personas pasaron por ese lugar, donde el nivel de letalidad fue particularmente alto.

En Córdoba, a diferencia de otros centros clandestinos del país, los enterramientos clandestinos fueron una de las principales modalidades utilizadas para ocultar los cuerpos de las víctimas. Por esa razón, las tareas de excavación en los terrenos cercanos al predio militar se consideran clave para avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido y en la identificación de personas desaparecidas.

Desde el juzgado indicaron que una vez finalizado el proceso de notificación a las familias se brindará información más detallada sobre las identidades confirmadas y el avance de los análisis, que podrían permitir identificar a otras víctimas cuyos restos también fueron recuperados durante las excavaciones.

CRM

La justicia federal de Córdoba confirmó este viernes que se hallaron restos humanos en el predio donde funcionó La Perla, el mayor centro clandestino de detención de la última dictadura militar en el interior del país. El anuncio lo hizo el juez federal N° 3, Hugo Vaca Narvaja, quien precisó que el hallazgo se produjo en los primeros días de excavación en el sector conocido como Loma del Torito, dentro de la zona denominada Las Lomitas.

Los restos fueron encontrados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en el marco de una nueva campaña de 70 días ordenada en la causa “Averiguación de Enterramientos Clandestinos”, iniciada en 1998 a partir de denuncias de Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, y familiares de desaparecidos. Se trata del primer hallazgo de restos óseos en el predio de La Perla, que funcionó entre 1976 y 1978 bajo el mando del Tercer Cuerpo de Ejército, a cargo de Luciano Benjamín Menéndez.

“Hemos logrado encontrar restos humanos en La Perla en las proximidades de la Loma del Torito”, señaló Vaca Narvaja. El magistrado remarcó que durante años los juicios de lesa humanidad permitieron reconstruir la sistematicidad del terrorismo de Estado, pero que ahora comienzan a aparecer pruebas materiales. El secretario de Derechos Humanos del juzgado, Juan Miguel Ceballos, agregó: “Este buen comienzo nos augura un futuro que nos entusiasma y nos tiene entusiasmados para desandar el largo camino que nos queda”.

El EAAF explicó que los huesos se hallaron en un relleno consistente con alteraciones detectadas en imágenes aéreas de 1979, que mostraban movimientos de tierra en la zona. Esas fotografías, analizadas por el geólogo Guillermo Sagripanti de la Universidad Nacional de Río Cuarto, resultaron decisivas para acotar la búsqueda a unas diez hectáreas dentro de un predio de 3.200.

El sector donde se hallaron los restos coincide con lo denunciado en 1985 por el trabajador rural José Julián Solanille durante el Juicio a las Juntas. El testigo relató haber escuchado gritos desgarradores en 1976 y haber encontrado pequeñas tumbas en las inmediaciones del cuartel.

La noticia generó una fuerte expectativa entre los organismos de derechos humanos y los familiares de desaparecidos. Según el Archivo Provincial de la Memoria, entre 2.000 y 2.500 personas pasaron por La Perla, la mayoría de las cuales permanece desaparecida. En distintos procesos judiciales se acreditó que allí se torturaba, se asesinaba y que muchas víctimas eran fusiladas en el mismo predio en los llamados “traslados”.

Los especialistas aclararon que el proceso recién comienza y que la identificación de los restos podría demorar meses. Los fragmentos -entre ellos un fémur y partes de cráneos- serán cotejados con el Banco Nacional de Datos Genéticos. “Cuando uno encuentra los restos y los identifica, esa persona deja de ser un desaparecido. La necesidad de dar por terminado este estado de incertidumbre es lo que hay que resaltar”, enfatizó Vaca Narvaja.

“El hallazgo marca un auspicioso reinicio de la búsqueda”, celebraron desde el EAAF. Con nuevas tecnologías, la pericia de especialistas y décadas de lucha de los organismos, la búsqueda de los desaparecidos continúa.

CRM

La Policía bonaerense confirmó el hallazgo de tres cuerpos en los allanamientos y rastrillajes por la búsqueda de las jóvenes Morena Verri (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) en Florencio Varela.

Las familias de las chicas identificaron los tres cuerpos que fueron encontrados enterrados en una casa de Florencio Varela, a través de una serie de imágenes que les mostraron los investigadores.

Según detallaron a la agencia Noticias Argentinas, uno de los cuerpos fue encontrado enterrado en el patio de una casa, mientras que el segundo fue hallado calcinado dentro de la camioneta blanca, la cual tiene características similares a la que se habían subido las chicas el pasado viernes, último día en el que fueron vistas en la rotonda de La Tablada. El tercer cuerpo fue encontrado luego en el mismo lugar.

El martes por la noche comenzaron los procedimientos en los que se logró constatar la presencia de manchas hemáticas y la detención de al menos cuatro personas. Fuentes del caso explicaron a NA que los operativos en la zona comenzaron tras detectar la última conexión que localizó la antena celular de una de las chicas.

De este modo, se llevó a cabo un allanamiento de urgencia en una vivienda, la cual el viernes por la noche había sido alquilada por una banda perteneciente al barrio 1-11-14 y que habían organizado una “fiesta narco”.

Allí dentro encontraron a un hombre y una mujer que “limpiaban con lavandina restos de sangre que había por todos lados”.

Luego, tras las primeras averiguaciones se logró dar con un hotel de la zona, motivo por el cual se realizó otra pesquisa donde se dio con otro hombre y otra mujer, ambos detenidos.

Esta última es dueña de la casa previamente allanada y quien contrató a dos jóvenes para limpiar.

Un vecino de la casa allanada completó: “Es una casa grande y tiene patio, no es un aguantadero. Más que nada vengo a dar la cara porque este es un lugar tranquilo. Estamos todos consternados. Es como que ustedes mañana salgan a la vereda y se encuentran con una escena como esta”.

El martes último, familiares y vecinos de las jóvenes desaparecidas se reunieron para manifestarse en la rotonda de La Tablada, en el cruce de Monseñor Bufano y Crovara, el mismo punto donde fueron vistas por última vez, para exigir su hallazgo.

El momento en el que las chicas desaparecidas subieron a la camioneta blanca

Brenda del Castillo, Morena Verdi, de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15, fueron vistas por última vez el viernes pasado en la rotonda de La Tablada, cuando una cámara de seguridad las registró subiendo a una camioneta de color blanco. Se trataba de una Chevrolet Tracker con patente adulterada.

Al seguir el rastro de ese vehículo, a través de las cámaras de seguridad del municipio de La Matanza y con la colaboración de la Policía de Ciudad, los detectives lograron determinar que habían cruzado la avenida General Paz. De esta manera, llegaron a una casa en Florencio Varela, donde esta madrugada los investigadores encontraron tres cuerpos descuartizados.

El video muestra el momento exacto en el que las tres chicas, que se encontraban paradas en una esquina, observan la llegada de la camioneta en cuestión y se suben al asiento trasero de la misma. Luego, el vehículo dobla hacia la derecha y sale de la escena.

En las últimas horas, la búsqueda de las tres mujeres desaparecidas desde el pasado viernes dio un macabro giro. La DDI de La Matanza de la Policía Bonaerense halló tres cadáveres descuartizados en una casa allanada en la zona de Villa Vatteone, Florencio Varela, a la que se arribó por el impacto del celular de una de las víctimas en una antena de la zona.

Las cámaras de seguridad fueron clave para determinar el recorrido realizado por la camioneta Chevrolet Tracker blanca a la que se subieron las tres chicas desaparecidas.

NB con información de NA.

La serie argentina 'El Eternauta', estrenada la semana pasada en Netflix y que es furor en decenas de países, ha desencadenado un aumento en las consultas de personas nacidas en el país suramericano durante la última dictadura militar (1976-1983) sobre su identidad e impulsado la búsqueda de los nietos del autor de la obra original, Héctor Oesterheld, desaparecido en 1977.

La serie, que está basada y comparte nombre con la historieta publicada en 1957, no transcurre durante la última dictadura militar pero mantiene una fuerte conexión con la página más oscura de la historia argentina por el destino trágico de su autor, secuestrado y desaparecido por el Gobierno militar junto a sus cuatro hijas -Beatriz, Diana, Estela y Marina- por su militancia en la agrupación armada Montoneros.

Diana y Marina estaban embarazadas en el momento de su secuestro, y tanto ellas como su padre, sus hermanas y sus hijos -que se cree nacieron en cautiverio- continúan desaparecidos.

Tras el exitoso lanzamiento de 'El Eternauta', las organizaciones de derechos humanos Abuelas de Plaza de Mayo e H.I.J.O.S. lanzaron una campaña para intensificar la búsqueda de los nietos de Héctor Oesterheld, algo que motivó además las consultas por su identidad de otras personas nacidas durante esos años.

“La repercusión de la serie generó más consultas en los últimos días y seguramente se irán sucediendo más en los próximos. Cualquier hecho cultural con masividad tan bien logrado y tan nuestro como la serie es para nosotros una enorme posibilidad para difundir la búsqueda”, aseguró a EFE Manuel Gonçalves Granada, nieto restituido y secretario de Abuelas de Plaza de Mayo.

La campaña, que se viralizó en redes sociales bajo el lema “¿Estás mirando El Eternauta?”, invita a quienes nacieron entre noviembre de 1976 y enero de 1978 -posibles fechas de nacimiento de los nietos del autor- y tienen dudas sobre su identidad a ponerse en contacto con Abuelas de Plaza de Mayo.

Tras décadas de trabajo, la organización sigue buscando a unas 300 personas, hijas e hijos de personas secuestradas y asesinadas por el régimen militar, muchos de los cuales tuvieron partos clandestinos, fueron apropiados ilegalmente y sus nombres modificados. El último hallazgo realizado por Abuelas se produjo en enero de este año, cuando anunciaron al “nieto 139”.

La campaña difundida esta semana incluye también intervenciones en espacios públicos, como afiches que combinan la imagen de la serie con fotografías de los miembros desaparecidos de la familia Oesterheld.

Un impulso a la búsqueda

“A través de una serie que tiene trascendencia mundial buscamos que más personas se sigan preguntando y buscando su verdadera identidad, entendiendo que si naciste durante la dictadura en Argentina podrías ser uno de los dos nietos o nietas de la familia Oesterheld, o cualquiera de los otros 300 hombres y mujeres de ese conjunto de bebés robados que hoy seguimos buscando”, añadió Gonçalves Granada.

Carlos Pisoni, integrante de la agrupación H.I.J.O.S, explicó a EFE: “Con la explosión de la serie a nivel mundial vimos una oportunidad para generar el debate y para volver a preguntarnos ¿Dónde están los restos de la familia Oesterheld?, ¿Qué pasó con ellos? y ¿Qué pasó con sus hijos?”.

Desde las organizaciones señalaron que la serie y el interés que desencadenó por la historia del autor son un puente para llegar a nuevas generaciones, nuevos países y personas que se encuentran alejadas o desconocen su lucha.

“Se abre la posibilidad de llegar a otros públicos, a nuevas generaciones e incluso la posibilidad, que para nosotros es quizás la más dificultosa, de llegar con este mensaje de búsqueda de los nietos y nietas a otros países, porque verdaderamente los nietos que faltan pueden estar en cualquier lugar del mundo”, señaló el secretario de Abuelas, cuyo trabajo ha permitido el hallazgo de nietos en países como España, Holanda y Estados Unidos.

Las organizaciones destacaron además que este impulso a su búsqueda se da en un contexto político adverso producto de la desfinanciación de las políticas y espacios de memoria por parte del Gobierno de Javier Milei y su promoción de discursos negacionistas.

“Mientras esta serie es un 'boom' y un éxito mundial, en la Argentina se desfinancian las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, entre ellas la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), fundamental en la búsqueda de nietos. La serie también pone en debate cuál es el rol del Estado argentino en esta temática”, aseveró Pisoni.

Laura Guarinoni, para la agencia EFE.

IG

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, decidieron este jueves la creación de “una Unidad Provincial Especializada para la búsqueda de personas apropiadas durante la última dictadura cívico-militar”.

“Ayer nos enteramos de que por decisión del presidente Milei se avanzó en el desmantelamiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) que, entre otras tareas, se dedica a la búsqueda de bebés nacidos en cautiverio durante el terrorismo de Estado”, explicó en redes sociales el mandatario bonaerense.

De acuerdo a Kicillof, desde la nueva Unidad, “seguiremos buscando a los 300 nietos y nietas y defendiendo el trabajo que llevan adelante con amor hace más de 40 años las Abuelas de Plaza de Mayo. En la provincia de Buenos Aires seguiremos profundizando las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”, detalló en su posteo de X el gobernador junto a una foto con Estela de Carlotto.

Este miércoles, el Gobierno de Javier Milei oficializó la derogación del Decreto 715/2004, que había establecido la “Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado”.

Esta Unidad, creada en el ámbito de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), tenía como misión asistir en las investigaciones relacionadas con la desaparición de menores durante la última dictadura militar, accediendo a archivos y documentos de organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, así como de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

El decreto argumenta que la creación de esta Unidad implicaba una delegación de facultades que, según la Constitución Nacional, son exclusivas del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal.

En particular, se señala que el acceso directo e irrestricto a información confidencial sin intervención judicial, otorgado por el decreto ahora derogado, constituía una violación del derecho a la intimidad y otras garantías constitucionales, como el debido proceso.

El Gobierno fundamentó la derogación en precedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sostuvieron que la atribución de funciones jurisdiccionales a órganos administrativos es inconstitucional.

Asimismo, se subrayó que “la investigación de delitos graves, como la desaparición forzada de personas, debe ser conducida por el Poder Judicial, en coordinación con el Ministerio Público Fiscal, para garantizar la imparcialidad y el respeto de los derechos fundamentales”.

Qué dijo Abuelas de Plaza de Mayo

Al conocerse la oficialización de la derogación de la Unidad, Abuela de Plaza de Mayo denunció “una nueva embestida contra la búsqueda de las nietas y nietos apropiados durante la última dictadura. La decisión del Gobierno de eliminar la unidad de investigación de la CoNaDI favorece la impunidad”.

En junio pasado, cuando la derogación de la Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado ya estaba en marcha, Abuelas de Plaza de Mayo manifestó “su profunda preocupación por la decisión del Gobierno Nacional”. Este era el comunicado:

“Abuelas de Plaza de Mayo manifiesta su profunda preocupación por la decisión del Gobierno Nacional de eliminar la ”Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado“ (UEI), de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Co.Na.DI). La Unidad fue creada en 2004 con el objetivo de investigar los casos de nuestras nietas y nietos desaparecidos en una instancia prejudicial que busca garantizar el derecho a la identidad y a la verdad.

La eliminación de la UEI ralentizará la búsqueda de nuestros nietos y nietas y resultará un perjuicio para la ciudadanía, un obstáculo para la justicia y un gasto para el Estado. Como auxiliar de la Justicia, la Unidad evita la citación en sede judicial de hombres y mujeres –incluidos miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad–, así como también prevé la confidencialidad absoluta de estos procesos. Nunca, en estos 32 años de existencia de la Co.Na.DI, se filtró información acerca de alguna de las personas investigadas.

Esta Unidad asiste a jueces y fiscales en casos de posible sustitución de identidad, para evitar que se abran en la justicia causas improcedentes. En Abuelas contamos con alrededor de 7000 denuncias de posible hijos e hijas de personas desaparecidas. Sin la existencia de la UEI, mañana deberíamos presentarnos ante los Tribunales Federales o a la Unidad Fiscal Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el terrorismo de Estado (UFICANTE) con las 7000 denuncias, algo absolutamente ineficaz e inviable. Existen muchos organismos del Estado que auxilian a la Justicia, con el objetivo de hacerla más eficaz, como la Oficina Anticorrupción y la CONADEP, dependencias del Poder Ejecutivo con atribuciones de investigación, que no la reemplazan ni ejercen funciones judiciales, sino que la auxilian en su tarea.

La UEI realiza una investigación preliminar que agiliza la tarea de la Justicia, no la duplica. Se trata de una herramienta ideada durante estos 40 años de democracia, para hacer eficaz la búsqueda de nuestros nietos y nietas. Nos duele tener que recordar que, en los primeros años de búsqueda, muchos jueces no nos atendían y los que lo hacían encontraban muchas dificultades para hacer avanzar las causas. Antes de la creación de la UEI, las causas en la Justicia podían demorar años, luego este instrumento permitió acelerar la búsqueda y desestimar casos antes de ser judicializados.

Este proyecto de decreto pretende eliminar un área clave del Estado y es un anticipo de lo que venimos advirtiendo respecto de las implicancias negativas de la Ley Bases, que otorgaría amplias facultades al Poder Ejecutivo para disolver unilateralmente organismos que fueron creados por ley. Resulta un ejemplo cabal de las medidas regresivas que se impulsan desde el Gobierno, que merecen especial atención y la adopción de medidas urgentes.

Reiteramos que la disolución de la UEI conllevará a una demora, un gasto innecesario de recursos para la Justicia y una obstaculización aún mayor en la restitución de identidad de los casi 300 nietas y nietos que estamos buscando, hace ya 47 años. Pedimos al Gobierno que revea la decisión y a la sociedad que nos acompañe en el reclamo“.

El Gobierno de Javier Milei oficializó este miércoles la derogación del Decreto 715/2004, que había establecido la “Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado”.

Esta Unidad, creada en el ámbito de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), tenía como misión asistir en las investigaciones relacionadas con la desaparición de menores durante la última dictadura militar, accediendo a archivos y documentos de organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, así como de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

El decreto argumenta que la creación de esta Unidad implicaba una delegación de facultades que, según la Constitución Nacional, son exclusivas del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal.

En particular, se señala que el acceso directo e irrestricto a información confidencial sin intervención judicial, otorgado por el decreto ahora derogado, constituía una violación del derecho a la intimidad y otras garantías constitucionales, como el debido proceso.

El Gobierno fundamentó la derogación en precedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sostuvieron que la atribución de funciones jurisdiccionales a órganos administrativos es inconstitucional.

Asimismo, se subrayó que “la investigación de delitos graves, como la desaparición forzada de personas, debe ser conducida por el Poder Judicial, en coordinación con el Ministerio Público Fiscal, para garantizar la imparcialidad y el respeto de los derechos fundamentales”.

Qué dijo Abuelas de Plaza de Mayo

En junio pasado, cuando la derogación de la Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado ya estaba en marcha, Abuelas de Plaza de Mayo manifestó “su profunda preocupación por la decisión del Gobierno Nacional”. Este era el comunicado:

“Abuelas de Plaza de Mayo manifiesta su profunda preocupación por la decisión del Gobierno Nacional de eliminar la ”Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado“ (UEI), de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Co.Na.DI). La Unidad fue creada en 2004 con el objetivo de investigar los casos de nuestras nietas y nietos desaparecidos en una instancia prejudicial que busca garantizar el derecho a la identidad y a la verdad.

La eliminación de la UEI ralentizará la búsqueda de nuestros nietos y nietas y resultará un perjuicio para la ciudadanía, un obstáculo para la justicia y un gasto para el Estado. Como auxiliar de la Justicia, la Unidad evita la citación en sede judicial de hombres y mujeres –incluidos miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad–, así como también prevé la confidencialidad absoluta de estos procesos. Nunca, en estos 32 años de existencia de la Co.Na.DI, se filtró información acerca de alguna de las personas investigadas.

Esta Unidad asiste a jueces y fiscales en casos de posible sustitución de identidad, para evitar que se abran en la justicia causas improcedentes. En Abuelas contamos con alrededor de 7000 denuncias de posible hijos e hijas de personas desaparecidas. Sin la existencia de la UEI, mañana deberíamos presentarnos ante los Tribunales Federales o a la Unidad Fiscal Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el terrorismo de Estado (UFICANTE) con las 7000 denuncias, algo absolutamente ineficaz e inviable. Existen muchos organismos del Estado que auxilian a la Justicia, con el objetivo de hacerla más eficaz, como la Oficina Anticorrupción y la CONADEP, dependencias del Poder Ejecutivo con atribuciones de investigación, que no la reemplazan ni ejercen funciones judiciales, sino que la auxilian en su tarea.

La UEI realiza una investigación preliminar que agiliza la tarea de la Justicia, no la duplica. Se trata de una herramienta ideada durante estos 40 años de democracia, para hacer eficaz la búsqueda de nuestros nietos y nietas. Nos duele tener que recordar que, en los primeros años de búsqueda, muchos jueces no nos atendían y los que lo hacían encontraban muchas dificultades para hacer avanzar las causas. Antes de la creación de la UEI, las causas en la Justicia podían demorar años, luego este instrumento permitió acelerar la búsqueda y desestimar casos antes de ser judicializados.

Este proyecto de decreto pretende eliminar un área clave del Estado y es un anticipo de lo que venimos advirtiendo respecto de las implicancias negativas de la Ley Bases, que otorgaría amplias facultades al Poder Ejecutivo para disolver unilateralmente organismos que fueron creados por ley. Resulta un ejemplo cabal de las medidas regresivas que se impulsan desde el Gobierno, que merecen especial atención y la adopción de medidas urgentes.

Reiteramos que la disolución de la UEI conllevará a una demora, un gasto innecesario de recursos para la Justicia y una obstaculización aún mayor en la restitución de identidad de los casi 300 nietas y nietos que estamos buscando, hace ya 47 años. Pedimos al Gobierno que revea la decisión y a la sociedad que nos acompañe en el reclamo“.

Algunos argumentos del Gobierno de Milei para cerrar la Unidad

Sobre la CONADI

La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad es el Organismo dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos responsable de garantizar el cumplimiento de la Convención Internacional por los Derechos del Niño, en lo referente al derecho a la identidad (artículo 7, 8 y 11).

La CoNaDI fue creada en 1992 y sus alcances, objetivos y facultades fueron ratificados en 2001 por la Ley 25.457.

Algunas de las acciones que desarrolla la CONADI

Con información de agencias.

IG

Los restos hallados el 6 de junio del año pasado durante el trabajo de búsqueda de detenidos desaparecidos durante la dictadura uruguaya (1973-1985) llevado a cabo en el Batallón 14 del Ejército de Uruguay pertenecen a Amelia Sanjurjo Casal.

Así lo informó hoy el fiscal especializado en Delitos de Lesa Humanidad Ricardo Perciballe, quien brindó una conferencia de prensa acompañado por integrantes de la agrupación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.

“En el día de hoy el EAAF de Argentina (Equipo Argentino de Antropología Forense) nos confirmó en un 99,99 % que se trata de Amelia Sanjurjo Casal”, señaló.

Al mismo tiempo explicó que el resultado arribó luego de un largo trabajo llevado a cabo con el Grupo de Investigación de Antropología Forense de Uruguay, la Institución Nacional de Derechos Humanos y con la agrupación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.

Detalló que este incluyó exhumaciones de cuerpos y toma de muestras de exámenes de familiares en Uruguay y en el extranjero.

“Amelia Sanjurjo Casal fue una militante social y política que por el solo hecho haber resistido a la dictadura civil y miliar que operó en el país fue detenida el 2 de noviembre de 1977 y trasladada al centro clandestino de detención y torturas La Tablada”, detalló Perciballe en la conferencia.

Asimismo, agregó que en ese lugar “fue sometida a diversos y aberrantes tormentos que le provocaron su muerte”, ocurrida cuando tenía 41 años y cuando se presumía que estaba embarazada.

Por otra parte, el fiscal señaló que la causa se encuentra archivada y que en los próximos días presentará un escrito para su reapertura e investigar quién o quiénes fueron los responsables directos de su desaparición forzada y asesinato.

Los restos humanos de una posible persona desaparecida en la dictadura cívico-militar fueron hallados el 6 de junio durante los trabajos de excavación que se desarrollaron en un predio del Batallón 14 del Ejército, ubicado a las afueras de Montevideo.

Inmediatamente, el equipo de antropólogos forenses de la Institución Nacional de Derechos Humanos comenzó a trabajar para retirar el esqueleto.

El 21 de julio, un estudio llevado adelante por un laboratorio genético en Argentina determinó que el cuerpo había sido torturado durante la dictadura.

“Por ser este un enterramiento clandestino en predio militar de larga data, con material asociado destinado a la desintegración cadavérica, con restos óseos humanos que presentan traumatismos peri mortem a nivel de columna cervical producto de violencia que puede estar relacionado con la causa de muerte”, detalló el informe leído ese día por la antropóloga Alicia Lusiardo. 

CRM con información de la agencia EFE

A los fachos más o menos letrados, con poca cocción en el horno de la literatura, les gusta citar de una manera vamos a decir problemática el último párrafo de El arte de injuriar (1933), de Jorge Luis Borges, en el que se cuenta que “a un caballero, en una discusión teológica o literaria, le arrojaron en la cara un vaso de vino. El agredido no se inmutó y dijo al ofensor: ‘Esto, señor, es una digresión. Espero su argumento’”.

Mi primera sensación es que lo hacen por identificación oculta con quien arroja el vaso de vino, no con quien espera el argumento. La segunda, se hace dos preguntas: ¿Por qué ese es el pasaje más citado del artículo? ¿Qué les ven a esas líneas los borgeanos dummies?

Al leer El arte de injuriar no se puede dejar de pensar en la afición de Borges por los “animosos”, esos versos que van del chiste sexual al de guerra, pasando siempre por el alambique de la burla ejecutada con silenciador. De esas ejecuciones, se nota el efecto sin el ruido, lo que garantiza un despliegue de delicadeza sobre la violencia que anida en la gastada. Son maniobras insultantes sofisticadas, un poco barrocas, que quizá tengan como finalidad que la ofensa llegue con retraso al ofendido para que el ofensor pueda escapar entes de que le llegue el vuelto.

Borges dice que el agresor sabe que el agredido será él. De algún modo, lo que hace el agresor es invertir en el vuelto que tarde o temprano habrá de recibir. Un ejemplo ordinario: supongamos que de repente se presenta en este mundo un país kamikaze. Su objetivo: estrellarse y llevarse puesto aquello con lo que se estrella. Digamos, un pacto suicida encubierto, como el del capitán Ahab de Herman Melville, que se lleva puesta la ballena blanca más grande el mundo porque si él no puede matar a la ballena y la ballena no puede matarlo a él, que mejor solución (además de única) que la de hundirse juntos.

Imaginemos, ya al borde del delirio, no sólo que ese país kamikaze imposible existe en alguna dimensión sino que, además, tiene un vocero que no deja una sola mañana sin mancharla con su presencia aceitosa. Es un agresor presidencial y, como todo agresor, “sabe que el agredido será él”, y que cualquier palabra que pronuncie podría “ser invocada en su contra”. Su estado, aunque lo que se vea sean los artificios de la suficiencia y la arrogancia, y el estiramiento de palabras buscando un efecto ISER para escurrir en esa formita llena de perforaciones hasta la última gota de contenido, es un estado de temor, lo que “lo obligará a especiales desvelos”.

Para describir en profundidad la situación engañosa del agresor presidencial, y su modo de creer que le ha tocado el don de hablar de arriba hacia abajo descargando contrapicadas sobre lo “inferior”, implantemos aquí el verdadero hit de El arte de injuriar: “Tres reyes mandan en el poker y no significan nada en el truco”. No vaya a ser cosa que uno de estos días, esos tres tristes reyes aparezcan en un mazo de cartas españolas.

La extrapolación podría completarse vaticinando (está cantado) que, en un futuro inmediato, el agresor presidencial, tal como dictaminaron los dioses con Santos Chocaro (el personaje que Borges inventa mezclando frases de José Vargas Vila, Ángel Samblancat y Victor Hugo, según averiguó Aurelio Asiain en un artículo de Letras Libres), no va a “deshonrar el patíbulo” luego de haber “fatigado la infamia”. Su condena será estar vivo (para recibir el vuelto).

Sin embargo, el agresor presidencial del país kamikaze que por suerte no existe, ¿no?, porque ¿cómo va a haber un país kamizake?, tiene algo. A ese algo, al que no le encuentro la vuelta para nombrarlo de manera directa, lo llamaré provisoriamente “idiotez inteligente”. Surge de la idiotez, la idiotez es su raíz, pero despliega una inteligencia que, dicho sea de paso, no existiría como tal si no prendiera en la supuesta “inteligencia” de quienes la reciben.

El efecto de la maniobra sí puede describirse de manera directa. Se llama “hablar al pedo”, una conducta vinculada a dos debilidades humanas: 1) hablar; 2: hacerlo al pedo. Entre una y otra se clava la cuña de la especulación en forma de diálogo de sordos. Por ejemplo, si el agresor presidencial del país kamikaze dice, por ejemplo: “adoctrinamiento”, lo que quiere es que todo el universo de la lucha por la vida material se concentre en el nido donde el tero no pone el huevo. ¿Qué hacen los genios opositores? Se clavan de cabeza en ese nido, mientras ignoran el otro.

El extremo de la experiencia de “hablar al pedo” (lo que nunca podría ocurrir sin antes “escuchar al pedo”) es la discusión numerópata sobre los desaparecidos, el último clásico de la charla nacional. ¿Quién, con dos dedos de frente, puede prestarse a hablar en términos de cantidad sobre un asunto de calidad? Como si a las torturas, las desapariciones, los fusilamientos, los robos de bebés, las violaciones o el exilio les hicieran falta “hacer un número”. Ni que se estuviera discutiendo la inflación.  

En esa confusión, creada con voluntad de montaje por quienes la propician, se mezclan los asuntos de naturaleza con los de grado, como si fuese posible mezclar el agua y el aceite. No habría que aceptar entregarse a discusiones sin antes hacer el esfuerzo (sobrehumano, porque el repertorio de provocaciones es casi infinito: una palabra, una provocación) de encuadrarlas en el género al que pertenecen. Hay que discriminar, seleccionar, jerarquizar. De lo contrario, va a pasar esta época sin que hayamos abierto verdaderamente la boca.   

JJB/MF

El domingo 24 de marzo Ana Tauil, de 27 años, fue parte del cordón de seguridad de una de las columnas que se movilizaron a Plaza de Mayo a 48 años del golpe de Estado cívico militar. En medio de ese grupo iba su papá, Cristian Tauil, que por primera vez marchó con Nietes, la agrupación de la que ella forma parte. Ana lo miraba con atención, preocupada por el calor, por que no se canse. “Es maravilloso estar con mis compañeros. Siempre, de chiquita iba con las compañeras de mi papá a las movilizaciones y ahora él me acompaña a mi”, cuenta Ana, que con 6 años vivió las protestas de los años 90 junto a su papá, que militó primero en H.I.J.O.S y después en el movimiento piquetero. Ella es nieta de Roberto Taiul, delegado de base de una química de Munro desaparecido el 20 de octubre de 1976. Lo secuestraron en su casa, donde estaba Cristian, que en ese momento tenía cinco años.

En esa misma columna caminaba Ana Rios Brandana, de 25 años. Caminaba y temblaba. Es nieta de José Ignacio Ríos y Juana María Armelin y sobrina nieta de Oscar Dionisio, militantes del Partido Comunista Marxista Leninista  (PCML) desaparecidos en 1978. Ella también viene de una familia de militantes: su papá y sus tíos en H.I.J.O.S y su mamá en la Juventud Universitaria Peronista. Las movilizaciones no son nuevas para ella, pero este 24 fue especial: “Me cuesta ponerlo en palabras, pero mi cuerpo hablaba: estaba temblando. Viví una mezcla de emoción y calidez después de tanta violencia. Era necesario ese amor que transmite la plaza, ese abrazo para recordarnos la fuerza que tenemos. Fue un respiro, algo cálido entre tanta violencia, política y económica, de no llegar a fin de mes. Porque somos jóvenes y nos pega la realidad, muches se quedaron sin trabajo y otros estamos recontra precarizados”, dice.

Karen Maydana Galván, de 29 años, vió todo desde el escenario. Compartió el espacio con Abuelas y Madres como representante de Nietes. Desde allí tomó dimensión de la masividad de la marcha y lloró. Su abuelo materno, Orlando Galván, fue secuestrado y desaparecido en 1977 y en 2010 el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó sus restos. Karen y su hermana Bárbara militaban con su mamá, Carmen Galván, en la Comisión de familiares y compañeros de detenidos desaparecidos de Tres de Febrero, pero desde hace unos años están en Nietes. “Todes necesitábamos esa marcha. Mucha gente está conociendo nuestra agrupación y depositan un montón de esperanza y se alegran de nuestra existencia y eso es algo hermoso y también es una responsabilidad muy grande”, cuenta.

La agrupación Nietes se creó en La Plata, en el 2019, durante el macrismo, y se expandió con los años. Son entre 250 y 300 adolescentes y jóvenes de Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Tierra del Fuego y Córdoba y se definen como “nietes de los 70 e hijes de la lucha de los 90”. Dan charlas en escuelas para interpelar a otros jóvenes. “Nos interesa generar un debate, saber en cuál están los jóvenes, queremos que se vayan con preguntas. Notamos que los que están terminando el secundario son medios desinteresados, lo siente lejano, hay falta de información. En los adolescentes y chicos de primaria hay más participación”, explica Ana Ríos Bardana. 

Era necesario ese amor que transmite la plaza para recordarnos la fuerza que tenemos. Fue un respiroentre tanta violencia, política y económica. Somos jóvenes y nos pega la realidad, muches se quedaron sin trabajo y otros estamos recontra precarizados

Ana Rios Brandana — Nieta de desaparecidos

Tienen un legado: mantener vigente la lucha de Madres, Abuelas e H.I.J.O.S y también sostener las demandas propias de su generación. “El legado tiene que ver con convertir un tema personal en una lucha política, eso no se tiene que perder nunca. Nosotros hablamos de la memoria para dar disputas en el presente, no solo disputar el sentido de los hechos sino sobre la vida que queremos vivir. Las Abuelas y Madres han formado parte de las luchas de los 90, la lucha es una sola. No puede haber una separación de los derechos humanos y los derechos que son vulnerados, no se puede separar de las luchas de nuestra generación, de nuestro tiempo”, explica Ana Tauil. Esa agenda nueva incorpora la demanda de los feminismos, como el aborto seguro, legal y gratuito ( de ahí el color verde del logo de la agrupación) o el respeto a las diversidaddes sexogenéricas. 

Parte de la militancia implica absorber conocimientos de los organismos históricos.  Nietes participa de las rondas de los jueves en Plaza de Mayo e intentan tomar un café con alguna de las Madres. Se reúnen con integrantes de H.I.J.O.S, que les dan consejos sobre organización y, otra veces, conversan con sobrevivientes que les cuentan cómo era la disputa política en los 70. “Cuando hablo con ellos siento que hablo con mis abuelas. Nos cuentan cómo veían el mundo. Lo que admiro de esa generación son las utopías que defendían, creían que realmente era posible cambiar las cosas, estaban dispuestos a hacer cambios profundamente radicales. Nos gustaría que la militancia se recupere en esas utopías, que son proyectos. Sentimos que hoy están desdibujados  y tenemos que empezar a preguntarnos qué soñamos, qué queremos, por qué militamos. Ellos lo tenían muy claro, hoy la militancia no lo tiene tan claro”, interpela Ana Ríos Brandana. 

“Abuelas y Madres representan un motor para seguir luchando, un ejemplo. Las admiramos muchísimos, siempre que la cosa se pone difícil, complicada, que uno siente miedo o desesperanza pensas en ellas, decis: ‘Me tengo que dejar de joder, si ellas pudieron, nosotros tambien’. Tratamos de devolverles algo de lo que ellas nos dan, nos interesa marcarles que la juventud no se volvió de derecha porque estamos acá, hay un montón de militantes jóvenes que las quieren, las bancan, que están dispuestos a levantar sus banderas, que las causas no terminan con ellas, que va a seguir”, agrega.

¿Cómo es crecer con un abuelo o abuela desaparecido?, ¿Qué preguntas aparecen en la infancia?, ¿Cuáles son las respuestas?, ¿Cómo se habla de eso en la escuela, en la plaza, en el barrio?. Las tres coinciden en que Nietes es un espacio dónde pudieron encontrar respuestas y hablar con iguales, sentirse comprendidas. “Encontar este lugar fue como un mimo al alma, yo antes militaba con mi mamá, pero eran grandes y yo necesitaba juventud”, dice Karen. Algo parecido le pasó a Ana Tauil:  “Fue la primera vez que vi tantos pibes y pibas que tenían una historia tan parecida a la mía. En mi escuela era la única que tenía contacto con la militancia y la dictadura, me sentía rara. Intentaba contar,  pero se me hacía difícil. Cuando estaba en octavo año hablé del 24 de marzo, hablé mucho, interrumpía a la maestra. Tenía algo muy guardado que formaba parte de mi vida íntima y que no encontraba la forma de sacarlo, pero quería compartirlo. Por eso siento que Nietes me cambió tanto, me flasheó, todo lo que yo sentía que no podía hacer y, de repente, estábamos todos en la misma”. 

Hasta los 15 años Karen creyó que su abuelo podía estar vivo, que volvería algún día a Caseros, que se lo iba a cruzar en el barrio y que él le contaría que se había podido escapar. Pero en el 2010 cuando el EAAF confirmó el hallazgo de los restos de Orlando Galván comenzó el duelo. “Es raro crecer sin abuelo por razones políticas, él no estaba y no tenía un lugar donde llevar una flor. Simplemente no estaba, estaba desaparecido. ¿Dónde está?, ¿Por qué?. Esas eran preguntas que me inundaban todo el tiempo y no las entendía. Más grande fui comprendiendo el contexto de lo que fue el Golpe. Es un poco triste, pero ahora tengo donde llevar una flor. Por ahí, mis compañeros no, por eso pedimos las listas, queremos saber dónde están nuestros abuelos”, exige.

Todes necesitábamos esa marcha. Mucha gente está conociendo nuestra agrupación y depositan un montón de esperanza y se alegran de nuestra existencia y eso es algo hermoso y también es una responsabilidad muy grande”, cuenta

Karen Maydana Galván — Nieta de desaparecidos

El dolor que trasvasa las generaciones como una sustancia acuosa que se esparce. “Nací y crecí con mucha conciencia del sufrimiento de lo que le había pasado a mi papá, eso me marcó en mi infancia. No tanto una posición propia en el sentido de que me falta mi abuelo, sino que a mi papá le faltó algo muy importante. No pude entender cómo me había afectado a mí hasta muy grande cuando llegué a Nietes. Se trata de esa angustia que se transmite de generación en generación, hay algo psíquico que pasa. Ese dolor que se transmite es  inevitablemente, por eso todos hacemos terapia”, explica Ana Tauil, que es socióloga y trabaja en Observatorio de Crímenes de Estado investigando el impacto del genocidio en la tercera generación. Recuerda que durante mucho tiempo ella y sus hermanas creían que la angustia era algo normal, algo que pasaba en todas las familias. “Eso lo descubrí de grande, yo pensaba que la angustia era algo importante para todo el mundo. Son cositas que fui descubriendo, empecé a hacer terapia a los 20 porque tenía una cosa dolorosa muy fuerte. A los 24 empecé a militar en Nietes y a tomar la primera persona en una lucha, en que esto nos afecta a todos , a las terceras generaciones. La militancia es entender que afecta no solo a los familiares sino a toda nuestra generación”, agrega. 

“Siempre decimos que nos sacaron tantas cosas, que no nos saquen la alegría. Recordemos a nuestros abuelos con alegría, militemos y levantemos las banderas que ellos levantaban en los 70 por sus sueños”, dice Karen. En Nietes están en alerta ante el contexto de negacionismo y el intento de imponer una nueva versión de la historia por parte del gobierno de Javier Milei. Saben que las Abuelas y las Madres están grandes y cada vez son menos. También saben que junto con los HIJOS son los encargados de mantener el legado por la defensa de los derechos humanos. Saben que son esa esperanza de la que les hablaron en la marcha del 24 de marzo.

CDB/MG

El exjefe de Gobierno porteño y fundador del PRO Horacio Rodríguez Larreta se sumó a los dirigentes políticos que conmemoraron el Día de la Memoria, con un mensaje en sus redes sociales en el que sostuvo que hay “30.000 razones para redoblar nuestra apuesta por la memoria, la verdad y la justicia”. 

Mientras la vicepresidenta Victoria VIllarruel publicó un video poniendo en duda la cantidad de desaparecidos, Rodríguez Larreta articuló su mensaje en las redes sociales en torno de los 30.000 desaparecidos que sostienen los movimientos de derechos humanos. Así, para Larreta, hay “30.000 razones para profundizar nuestro trabajo por una democracia más fuerte, ciudadana y representativa 30.000 razones para gritar hoy con más fuerza: ¡Nunca Más!”.

El fundador del PRO acompañó su mensaje con un video en el que recuerdó el secuestro de su padre durante la última dictadura. Horacio Rodríguez Larreta (padre) fue un dirigente político desarrollista que durante la dictadura fue secuestrado; sin embargo, dado su alto perfil -era presidente de Racing Club-, Rodríguez Larreta (p) fue posteriormente liberado. En ese momento, Horacio Rodríguez Larreta (h) tenía 12 años.

“Yo tenía 12 años. Me acuerdo que vivíamos con mi viejo y con mis hermanos, y nos turnábamos para dormir con él; ese día me tocaba a mí. La chica que trabajaba con nosotros tocó la puerta y dijo 'señor lo buscan abajo'. Era raro, eran las tres de la mañana. Papá se levantó, dijo 'voy a ver quién es', y no volvió”, comienza el relato de Rodríguez Larreta.

“Después nos enteramos por un sereno o alguien que lo vio que se lo llevaron en un Falcon verde, en uno de los simbólicos Falcon verde. Después desapareció y no tuvimos más noticias. Al día siguiente, vino un montón de gente a casa y yo sentía que era como si nos dieran el pésame”.

Si bien el funcionario aclara que nunca se supo dónde estuvo detenido su padre, sí sospechan que fue trasladado al Pozo de Banfield: “Para mí fue una vivencia que me dejó muy marcado. Tuvimos la 'suerte' de que la visibilidad de mi viejo le salvara la vida, pero hay muchos otros que no tuvieron esa suerte, y hoy se lamenta”.

NB

Con su hijo de un mes, recién recibida de abogada y 24 años, dejó Tucumán a las apuradas para instalarse en un barrio de Buenos Aires y escapar de las garras de la noche de la última dictadura cívico militar que mandaba a sangre y fuego en el país. Aún recuerda con precisión la noche del 14 de septiembre de 1976, cerca de las 21, calurosa, cuando tres hombres sin identificaciones golpearon a la puerta de la casa en la que vivía con su esposo Enrique Sánchez, de 23 años, y su bebé, Juan Pablo. “Escuché que golpearon la puerta y ante la pregunta sobre su nombre, respondió: 'Sí, soy yo. ¿Qué pasa?'. Y abrió. Los dos sabíamos de qué se trataba. Pidió darle un último beso a Juan Pablo, que estaba en mis brazos en otra habitación, se acercó a nosotros, lo hizo y se despidió. Luego lo obligaron a subir a un Renault 12 blanco. Fue la última vez que lo vi”.

El relato es de Alicia Noli, exjueza provincial y federal de Tucumán, una de las víctimas directas del terrorismo de Estado que, en el marco del 40 aniversario del retorno de la democracia, repasó aquellos duros momentos y reflexionó, en un diálogo con elDiarioAR, sobre la importancia de la vida democrática.

Con 72 años, Noli hizo de su recorrido profesional una vida de compromiso con los derechos humanos, mientras dedicó todo lo que estuvo a su alcance a encontrar a su compañero.

Fiel a sus convicciones, integró el grupo inicial, en diciembre de 1983, de lo que fue la Asociación de Abogados por los Derechos Humanos de Tucumán, y a los pocos meses se sumó como asesora a la Comisión Bicameral que creó el Gobierno provincial para recibir denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en la dictadura. Los cientos de testimonios recogidos hasta 1985, “en un clima todavía enrarecido y con personajes de la dictadura aún activos”, fueron elevados a la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), a la Justicia Federal y se convirtieron en documentos valiosos durante los juicios por crímenes de lesa humanidad.

En el informe que se elaboró se consignaron 507 secuestros y un listado provisorio de 387 desaparecidos, entre 1974 y 1983. “Escuchamos relatos espantosos de secuestros y allí empezamos a tener indicios de que Tucumán había sido un gran laboratorio horroroso, como la puesta en marcha de los centros clandestinos de detención durante el Operativo Independencia”, le cuenta a elDiarioAR en la cocina comedor de su casa, en Yerba Buena, rodeada de un jardín que explota de verdes.

Unos años más tarde, por concurso, se integró al Poder Judicial tucumano, donde también abordó causas vinculadas con violaciones a los derechos humanos perpetradas entre 1976 y 1983. En 2008, ya siendo docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), se excusó de integrar el tribunal que juzgó a los represores Antonio Domingo Bussi y a Luciano Benjamín Menéndez, ambos condenados y ya fallecidos, por crímenes de lesa humanidad. ¿El motivo? Era querellante en la causa por la desaparición de su compañero Enrique.

Años más tarde también integraría tribunales en donde se juzgó a hombres comprometidos con la dictadura. Algunos fueron condenados y otros absueltos, por lo que fue blanco de duras críticas. Entre ellas, hasta un editorial del diario La Nación, en 2016, que la vinculaba falsamente con el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). En 2017, también fue parte del tribunal que condenó por lavado de activos a miembros del otrora poderoso clan mafioso tucumano Ale, señalado como responsable por la desaparición de “Marita” Verón. 

¿Ese recorrido la endureció? No parece. “Aún hoy tiemblo y mi corazón se estruja cada vez que paso cerca de la casa de donde se llevaron a Enrique. Nunca pude volver a verla, no me animo”, confiesa. La casa se encuentra en Ecuador al 1.000, una zona considerada barrio de trabadores, en el norte de la capital tucumana. Le sucede lo mismo cuando debe recorrer la ruta nacional 9, hacia el norte de la provincia o el país. “Desde ella se ve el Arsenal Miguel de Azcuénaga, que también fue un centro clandestino de detención y en donde sabemos que estuvo detenido Enrique, por testimonios en los juicios”, destaca.

El último beso

En 1974, Alicia estudiaba abogacía y Enrique lo hacía en la Facultad de Bioquímica, también de la UNT. Eran tiempos de euforia de mucha participación política, con los Tucumanazos de 1969 y 1972 —de resistencia a la dictadura entre obreros azucareros y estudiantes universitarios— aún muy presentes. “Mi hermana nos presentó en un bar del centro tucumano, a donde caíamos estudiantes de todas las facultades y de distintas provincias. No éramos militantes de partidos políticos pero sí lo hacíamos en la universidad”, cuenta. “A las semanas ya éramos novios, en mayo de 1975 nos casamos pero ya casi no había participación política porque habían puesto bombas en la Facultad de Derecho, en el Colegio de Abogados y en otras instituciones, por lo que reinaba un clima de miedo. Se redujo muchísimo el activismo y, es más, en 1976 casi todas las personas que conocíamos se habían alejado por temor”, recuerda. Agrega que Enrique era del cuerpo de delegados de Bioquímica y que participaba de las asambleas que se realizaban en el mítico Comedor Universitario, recordado por memorables debates políticos. “Hubo quienes creían que tenía alguna relación con el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), que era fuerte en esa facultad, pero no, no tenía ninguna vinculación, solo amistades”, sostuvo.

Ese mismo año, a Enrique, que se había criado en Juan Bautista Alberdi, una pequeña ciudad ubicada 105 kilómetros hacia el sur de San Miguel de Tucumán, en cercanías con Catamarca, le faltaban unas pocas materias para recibirse –“era un alumno de 10, muy bueno”, lo recuerda Alicia– y trabajaba en el local comercial que tenía el padre de Alicia en el centro tucumano. “Yo hacía mis primeros pasos como asistente en un estudio jurídico y vivíamos con lo que juntábamos”, dice.

Un mes antes del nacimiento de Juan Pablo, el 14 de agosto, la pareja se instaló en un pequeño departamento familiar que estaba cerca de los tribunales provinciales por problemas de salud de la inminente mamá. Cuando nació el bebé, decidieron permanecer allí un mes más. “El día anterior a volver al barrio, Enrique fue a ver la casa y los vecinos le contaron que unas personas preguntaron, con cierta familiaridad, como si se tratara de amigos, si ya había nacido nuestro hijo. No le llamó la atención y al día siguiente volvimos. La primera noche fue la del secuestro, la del último beso. Y no lo volví a ver más”, relató. Silencio.

“Ahí trabaja esa que se nos escapó, debería estar muerta”

La familia fue el principal soporte que tuvo Alicia para ocultarse “para su exilio interno”, como lo llama. Tras el secuestro y con el dato de que habían saqueado el departamento céntrico en donde había estado dos meses, su padre la llevó hasta el aeropuerto de Santiago del Estero para viajar a Buenos Aires. No conseguía pasajes y recién 30 años más tarde le confesó cómo lo logró. “En un almuerzo familiar, contó que se acercó al jefe del aeropuerto que estaba en una oficina vidriada. Lo hizo pasar y sin rodeos le dijo, señalándome: 'Esa chica que está allí con un bebé es mi hija, secuestraron a su esposo y la están buscando'. Se expuso, podría haber pasado cualquier cosa pero logró los boletos y nos fuimos”, rememora, conmovida.

Alicia y el bebé se instalaron en una casa en Vicente López y después se sumaron su madre y su hermana. A los dos años sus padres se separaron pero “siempre estuvieron muy cerca”. Igual, el nexo con la familia en Tucumán se hacía a través de un comerciante, para mantenerse ocultos. Al año siguiente, en 1977, consiguió trabajo en un colegio de monjas cercano, mientras se acercó al Episcopado y al Movimiento Ecuménico, desde donde solo recibía respuestas de que sus pedidos para dar con el destino de Enrique “se estaban tramitando”.

“En cada Navidad se renovaban las esperanzas de un posible blanqueo, de que nos dijeran a donde lo tenía detenido, pero nada. Fue muy doloroso ese proceso. La primera esperanza seria fue la llegada al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de loe Estados Americanos (OEA) porque sentimos que el mundo empezaba a mirar a los que buscábamos a nuestros familiares”, contó. Ella fue una de las que hizo una denuncia ante el organismo. La CIDH llegó al país en 1979, recibió más de 5.800 denuncias en Buenos Aires, Tucumán y Córdoba, visitó las cárceles en Resistencia, Magdalena, Rawson, Córdoba, La Plata, Olmos, Villa Devoto y Caseros, en donde entrevistó a cientos de personas detenidas y presas políticas. También mantuvo audiencias con las principales autoridades militares, dirigentes gremiales, empresariales y de distintas iglesias.

Me costó construir la imagen del Enrique desaparecido a muerto. La condición de desaparecido era etérea, estaba bien ir todos los años al Bosque de la Memoria, con la certeza de que lo habían asesinado. Pero asumir sus restos fue difícil.

En los 80 se instaló en Córdoba porque tenía familiares allí. De esa etapa, recuerda cuando Juan Pablo cumplió cinco años, en 1981. “Comenzó a llorar en el festejo, le pregunté qué le pasaba y me respondió que era porque su padre no podía venir. 'Mi papá no va a venir más. Vos me decías que quiere venir con nosotros pero sabes qué pienso, que no lo dejan y si no lo dejan es porque son malos'. Su reflexión fue de una lógica brutal, implacable, me sacó una venda porque hasta ese momento hasta le compraba ropa a Enrique para cuando regresara, como una forma de sobrevivir para no dejar de reír, para jugar con mi hijo y criarlo”, rememoró.

Al volver a Tucumán, poco antes el retorno democrático, ingresó a trabajar en la Dirección Provincial del Azúcar. Una mañana, rememoró, su jefe la llamó para contarle que había sido invitado a una reunión que presidía Antonio Bussi. De acuerdo con esta persona, apenas se presentó, Bussi le dijo: “Ahí trabaja esa que se nos escapó, debería estar muerta”. “Me di cuenta que el aparato represivo todavía estaba presente y me asusté pero ya se venían las elecciones, se respiraban otros aires”.

Viajó a Buenos Aires para estar en el acto en el que Raúl Alfonsín, entonces candidato a presidente por la Unión Cívica Radical, habló ante un millón de personas en la avenida 9 de Julio. Al ser una persona de fuerte compromiso con los derechos humanos y ya conocida, el entonces fiscal Julio Strassera, que pronunció el “Nunca Más” en el Juicio a las Juntas, la invitó a presenciar una de las jornadas. “No me dejaban pasar con Juan Pablo porque era un niño y entramos por una gestión especial. Recuerdo que 'Juampi' se pasó todo el tiempo mirando las cámaras fotográficas y quizás allí nació su vocación por ese oficio”, reflexionó. En la actualidad, Juan Pablo Sánchez Noli es un reconocido reportero gráfico de Tucumán y trabaja en el diario La Gaceta. 

–¿Cuánto la marcó la desaparición de Enrique?

–Me marcó mucho en mi vida profesional, que estuvo muy relacionada con los derechos humanos pero no me refugié en la depresión. Me endureció para seguir con la búsqueda. Fue una manera de seguir. Y creo que Enrique le hubiera gustado este recorrido, no tengo dudas.

–Con todo su recorrido, ¿qué reflexión hace sobre estos 40 años de democracia recién cumplidos?

–Lo positivo es el compromiso con los derechos humanos porque se trata de un acuerdo que se mantiene, más allá de la grieta y de algunos sectores negacionistas, que son minoritarios. Las políticas de derechos humanos se han sostenido, aunque están incompletas y falta un largo camino. Pero puedo decir que Argentina avanzó profundo, en relación a otros países y por eso vemos reacciones tan violentas. Hay voces inconstitucionales que pretenden romper esos acuerdos mínimos pero para hacerlo se ponen demasiado excéntricas y lo hacen sin ningún aval ético, ni mínimo, siquiera. 

El regreso

Alicia reconoce que en los juicios obtuvo las certezas, de una testigo, de que Enrique había estado detenido en el Arsenal Miguel de Azcuénaga. En la “Causa Arsenales”, cuenta, una mujer declaró que habían estado detenidos juntos en ese centro clandestino y que estaban todo el tiempo con vendas en los ojos aunque por debajo algo podían ver. Pudo decirle que se llamaba Enrique Sánchez y que si salía, debía dar este mensaje textual: “Deciles que estoy bien, que los amo”. Después surgieron otros testimonios y cruces de datos que confirmaron que su compañero estuvo en esa base que dependía del Ejército.

Hacia fines de los 90 y comienzos del 2000 recibió información, siendo jueza, de la supuesta existencia de lo que se conoce como el Pozo de Vargas, la fosa en Tafí Viejo, en donde se han identificado a 119 víctimas de la última dictadura cívico militar, hasta el momento. Las excavaciones comprobaron en 2002 que había un pozo, primero, y luego que había sido utilizado para arrojar cuerpos de detenidos, torturados y asesinados. Los restos de Enrique, extraídos por el Colectivo de Arqueología Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT), fueron identificados en 2016 por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). 

“Me costó construir la imagen del Enrique desaparecido a muerto. La condición de desaparecido era etérea, para mí estaba bien ir todos los años al Bosque de la Memoria, de la UNT, con la certeza de que lo habían asesinado. Pero el día que me notificaron me emocionó porque pensé: 'Al fin lo encontramos'. Pero asumir sus restos fue difícil. Juan Pablo, que no tuvo a su padre, se convirtió entonces en el interlocutor ante EAAF, vio sus restos y creo que cerró un círculo”, confesó. “Ese tránsito fue muy difícil para mí. Lo más importante fue el encuentro de mi hijo con la materialidad del padre porque para los hijos es más fuerte que para las parejas”, me parece.

DC/MG/JJD

Los vecinos aseguran que casi no sale de su casa, que se lo ve poco y nada, que apenas camina unos metros hacia un almacén cercano para comprar lo mínimo que necesita. Con 75 años y una vida intensa, nunca se fue del barrio Echeverría, ubicado en la zona oeste de San Miguel de Tucumán, cuya principal característica es que más popular no viene. El otrora “petiso fornido, de bigotes anchos, pelo largo, campera de cuero y que se hacía notar en las reuniones”, como lo describió una militante peronista tucumana de los duros años 70 que lo conoce, hoy pasa sus días desapercibido. Ese es Juan Carlos Clemente, un testigo clave en los juicios que se realizaron en Tucumán por crímenes de lesa humanidad. Fue él quien aportó la hasta ahora, única lista de detenidos del país que permitió reconstruir el mecanismo de desapariciones, torturas y crímenes que se aplicó durante la última dictadura cívico militar.

En los años 70, Clemente ya era conocido en la zona como “El Perro”, “por su físico, su aspecto y su modo de ser que intimidaba”, contó a elDiarioAR otro compañero de su militancia con el que ya no tiene contacto. Su hermano menor, Alberto, que también se sumó a las luchas de entonces, heredó un apodo similar. Fue bautizado como “El Caschi”, un vocablo que viene del quechua y que quiere decir “perro pequeño”. Es una palabra común en el norte argentino, en especial en la ruralidad.  

“El Perro” permanece bajo la custodia del Programa de Protección de Testigos del Ministerio de Justicia de la Nación, por lo que vive casi en la clandestinidad. Es la consecuencia de haber escondido en su casa y durante 33 años, 250 hojas de documentos que aportó al Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán, en junio de 2010. Los biblioratos que entregó contienen nombres de agentes de inteligencia, de “delincuentes subversivos” que eran buscados y de cadáveres identificados. Además, aportaron detalles de operativos y lo principal: nueve páginas con 293 nombres, historias de vida y, de ese total, 195 hombres y mujeres que tienen escrito a su lado las iniciales DF: “disposición final”, sus condenas a muerte. Jamás la Justicia había accedido a un documento tan importante y esclarecedor. El nombre más conocido del registro es el de Diana Oesterheld, secuestrada en Tucumán, hija del escritor y guionista Héctor Oesterheld, creador de “El Eternauta”, quien continúa desaparecido junto a sus otras tres hijas.

Las 250 hojas de documentos que aportó al Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán, en junio de 2010 contienen nombres de agentes de inteligencia, de "delincuentes subversivos" que eran buscados y de cadáveres identificados

Clemente es hijo de un suboficial del Ejército que oficiaba de cocinero, estudió la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) pero no la terminó. Mientras tanto, se entregó a la militancia cristiana en su barrio, en la parroquia de Montserrat, por lo que se sumó a la Juventud Obrera Católica (JOC). En nada, dio el salto a la organización Montoneros, que en los 70 ya tenía una importante presencia en Tucumán en sus distintos frentes, uno de ellos con vinculación con los curas tercermundistas, que también estaban en la provincia. “El Perro” se sumó al movimiento villero, por opción. Entonces, el Echeverría era lo más parecido a una villa. En poco tiempo se convirtió en “el jetón del barrio”, como se definió ante el TOF, cuando se sentó por primera vez ante los jueces y dejó enmudecida a la sala al entregar la primera lista de desaparecidos desde el retorno de la democracia, en 1983.

“Era un tipo muy comprometido con la causa, nadie podía dudar de eso porque participó en acciones en donde había un riesgo cierto de ser detenido. Sobre todo, después de septiembre de 1974, cuando Montoneros ordena el pase a la clandestinidad”, señala a elDiarioAR Francisco “Pancho” Viecho, exmilitante de la organización, quien conoció a Clemente. La decisión de la cúpula de ocultamiento incluyó el regreso a la lucha armada y se tomó dos meses después de la muerte del expresidente Juan Domingo Perón, que aceleró el enfrentamiento interno en el seno del peronismo y las divisiones en un país que se encaminaba hacia una de sus más grandes tragedias: el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. 

Por entonces, “El Perro” ya formaba parte de la Unidad Básica de Combatientes, rango superior al que se llegaba en Montoneros luego de haber demostrado valor e inteligencia, y se le habían asignado funciones de mando en la Unidad Sur de la provincia, que abarcaba desde el extremo sur de la capital tucumana hasta el límite con Catamarca, una zona considerada caliente por la presencia de integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Esto supuso que allí, al año siguiente, se instalen divisiones del Ejército Argentino y se ponga en marcha el sangriento Operativo Independencia, una horrorosa escuela de la represión que sobrevendría antes y tras el golpe de Estado.

Soy menor que él y compartimos mucho, incluso acciones en donde arriesgamos nuestras vidas pero por varias situaciones, no tengo dudas que es un traidor

Gustavo Herrera — Ex militante montonero

“Soy menor que él y compartimos mucho, incluso acciones en donde arriesgamos nuestras vidas pero por varias situaciones, no tengo dudas que es un traidor”, señala Gustavo Herrera, un exmilitante montonero que fue detenido, liberado y estuvo frente a frente con Clemente, en un careo, en uno de los juicios por crímenes de lesa humanidad que se realizaron en Tucumán. “Pancho” Viecho coincide con él y apunta que el nombre de su esposa de entonces, Rosa Quinteros, que también militaba, está en el listado que entregó “El Perro” y a su lado las iniciales DF, su destino trágico. “Fue secuestrada cuando iba en ómnibus hacia el sur de la provincia. A la altura de Famaillá subió una patota, la bajó y la subió a un auto. Clemente tuvo acceso a esa información y no dijo nada. Un traidor es un traidor”, sentencia.

La huida  

En 1975, una patota de civil ingresó a la casa de Clemente, en el barrio Echeverría, y se llevó al “Caschi” y a su cuñada. Ambos fueron liberados pero para él fue un límite. Al sentir que estaba en riesgo su seguridad y la de su compañera (y prima), María del Carmen Clemente, dejaron todo y viajaron a la capital de Salta, en donde se instalaron y unos meses después ella quedaría embarazada. Más tarde, “El Perro” regresa solo a Tucumán para trabajar en un ingenio azucarero. De acuerdo a su propio testimonio, lo secuestran y a los pocos días –el 13 de agosto de 1976– también a su compañera, que era conocida como “Mafalda” o “La gorda Mary”, y a su niño de 15 días, quienes son trasladados a Tucumán. Se cree, según Cristina Barrionuevo, que militó con ambos en Montoneros aunque en su caso, en la agrupación Evita, que ella fue asesinada unos días después pero sus restos nunca fueron encontrados, por lo que su nombre figura en la larga lista de desapariciones durante la dictadura. El niño, en circunstancias poco claras, fue entregado a los abuelos y a poco de terminar la secundaria se radicó en España, en donde vive en la actualidad.

Hace unos años, en la plaza del barrio Echeverría, un grupo de militantes de los 70 colocó una placa para recordar a esa vecina y compañera desaparecida. Ese día, Barrionuevo leyó un texto en donde señaló: “Compañera ‘Gorda Mary’, viviste tu maternidad sola, lograste preservar a tu hijo de las garras de la dictadura y soportaste la traición del hombre que quisiste y que te entregó a cambio de su vida. Hoy queremos recordarte como la luchadora que fuiste, sin menguar por ello tu simpatía y tu sonrisa, tu alegría de vivir”. Cuentan que “El Perro” fue invitado al acto pero faltó. Algunos tenían alguna esperanza de que asistiera por tratarse de la madre de su hijo. “Como militante que fue, sabe cómo moverse y a qué lugares es conveniente no ir para evitar encontrarse con alguno de nosotros”, reflexionó Cristina a elDiarioAR. La plaza se encuentra a unas cuadras de la casa en la que todavía vive Clemente, sobre el tranquilo y poco transitado Pasaje Montserrat. El recorrido, a pie, se cubre en apenas 10 minutos. Un vecino que optó por el anonimato y que conoce al exdirigente villero, contó que una tarde de mucho calor, con poca gente en la calle, lo vio parado frente a la placa de mármol que tiene escrito el nombre de quien fue su compañera. “Todos sabemos quién es pero es de hablar poco, nadie lo molesta, estuvo como cinco minutos mirando para abajo y se fue”.  

Las dudas

En la página 197 de su libro “Los Traidores. Intimidades de la guerra revolucionaria”, Carlos Manuel Acuña se refiere a Clemente: “sospecharon que fue un traidor, incluso un infiltrado de los servicios, en particular de la policía de Tucumán y llegaron a acusarlo no sólo de colaborar con los represores sino hasta de participar en las torturas”. El autor se refiere a militantes que lo conocieron y para los que no está claro porqué sobrevivió tantos años como detenido y luego convertido a agente policial, todo en la exJefatura de Policía.  

Clemente declaró en varios juicios en el TOF de Tucumán. Entre ellos, “Jefatura I - Arsenales I” y “Jefatura II - Arsenales II”, dos megacausas en las que –además de aportar en la primera los biblioratos claves que permitieron condenas– relató sobre su secuestro y los centros clandestinos de detención (CCD) a donde lo llevaron y fue torturado. Por ejemplo, al ex ingenio azucarero Nueva Baviera, a unas cuadras de “La Escuelita de Famaillá”, otro CCD; y a la exJefatura de la Policía, en la zona céntrica de San Miguel de Tucumán, hoy Sitio de la Memoria, desde donde se centralizó y coordinó parte de la actividad represiva. Insistió también en que desde el regreso de la democracia y de manera periódica, lo llamaban por teléfono y hasta se presentaban en la puerta de su casa, exmiembros de la Policía de Tucumán que lo intimidaban con frases como “tené cuidado con lo que vayas a declarar” o hacían contacto para tratar de averiguar el paradero de otras personas. “Era para meterme miedo, para que me sintiera amenazado”, señaló en el TOF, una vez. Aunque por entonces se desconocía que tenía documentación clave, estaba claro que por su larga estadía en la exJefatura –desde 1976 a 1983– conocía rostros, nombres y acciones de hombres comprometidos con la represión ilegal.  

Clemente declaró en varios juicios en el TOF de Tucumán en las que –además de aportar en los biblioratos claves que permitieron condenas– relató sobre su secuestro y los centros clandestinos de detención (CCD) a donde lo llevaron y fue torturado

Durante las tres horas en las que declaró, en junio de 2010, “El Perro” detalló cómo fue extrayendo los documentos del CCD exJefatura de la Policía y que escondió por más de tres décadas: “Los iba sacando en la pierna, como se pone una tobillera, y los enganchaba con la media. No los leía, pero intuía que eran importantes. Por algo los iban a quemar”. Pudo hacerlo porque ese mismo año le permitieron que durmiera a diario en su casa, con la amenaza de que sus padres pagarían las consecuencias si realizaba algún movimiento extraño. En los primeros meses de 1977 le asignaron funciones administrativas, le entregaron un carnet de policía, del rango más bajo, y cobraba un sueldo. “Nunca lo solicité”, aclaró en ese juicio. Contó que a fines de ese año se dio la orden de desmantelar el Servicio de Informaciones Confidenciales (SIC) y el CCD que funcionaban en la ex Jefatura. Una parte de la documentación fue guardada, mientras que otra fue quemada. Fue del destino de esta última que extrajo los papeles en tandas. “Enterré los papeles en mi casa, en una bolsita antihumedad, como vienen las golosinas, y los envolví en plástico cuatro o cinco veces”, relató ante los jueces. Ese lugar estaba a centímetros debajo de su cama, por lo que durmió encima de ellos cerca de 33 años, imaginando quizás que serían un salvoconducto para tiempos difíciles. En 1984, el ahora exMontonero renunció a la Policía y continuó en silencio por temor. Recién habló cuando la Justicia lo citó.

“El Perro” kiosquero

Antes de dar su testimonio en los juicios por crímenes de lesa humanidad e ingresar al Programa de Protección de Testigos del Ministerio de Justicia de la Nación, Clemente encontró su medio de vida en el mismo lugar en donde amaneció a la militancia religiosa de su juventud, en la Parroquia Montserrat. Algunos todavía lo recuerdan como ese hombre amable que tenía un kiosco de golosinas en el colegio del mismo nombre que está pegado al templo. “Un día dejó de ir y después de un largo tiempo nos enteramos que había sido testigo de una causa por desaparecidos. Se comentó que estaba amenazado y que por eso cerró el kiosco”, contó Emilia, una mujer entrada en años que se sorprendió cuando el autor de esta nota le informó sobre la importancia de la documentación que “El Perro” aportó en las causas. “Habrá tenido miedo, en este barrio anduvieron mucho los Montoneros”, reflexionó.

Gustavo “El Cabezón” Herrera, fue uno de los militantes que compartió acciones junto a Clemente y que después se cruzó con él en un careo, en un mano a mano, en una de las causas. “Reconozco que esa vez no hizo ninguna alusión a cuestiones personales, todo fue sobre hechos que se denunciaron y sobre los que mantuvimos nuestras diferencias. Fue la única oportunidad en la que lo vi desde que volvió la democracia”, relató Herrera a elDiarioAR. También recuerda que a la hora de testimoniar desoyó las recomendaciones de los abogados, quienes le habían pedido que tratara con cierta consideración al “Perro” para no desacreditar su valiosa entrega de documentos. “Me pidieron demasiado, era imposible, para mí es un traidor pero no puedo precisar desde cuándo, quizás lo quebraron en las sesiones de torturas”, dijo. “Algo pasó con él y el daño que le hizo a Montoneros podría haber sido peor, estuvo en varios operativos en los que hasta pudo perder la vida y conocía muchos nombres. Si nos hubiera entregado entonces, no sé cuántos más desaparecidos podría haber”, agregó. Herrera también cree que Clemente delató a quien entonces era su compañera. “Unas horas antes de su secuestro de la pensión en la que vivíamos clandestinos, ella estuvo con él y le entregó algo. Y al día siguiente me detuvieron a mí, debido a que la noche en la que se llevaron a mi esposa yo estaba en la casa de mis padres porque estaba enfermo”, recordó “El Cabezón”.

Las dudas sobre su lealtad se sostienen en las propias declaraciones de Clemente en el TOF. En esa primera ocasión ante los jueces, detalló que algunas noches algunos detenidos eran subidos a autos para recorrer barrios tucumanos y “marcar” (señalar) a militantes, que luego eran secuestrados. Se los denominaba “paseadores” y ante la pregunta de uno de los jueces sobre si alguna vez había marcado a miembros de Montoneros u otras organizaciones, su lacónica respuesta fue: “varias veces”. 

"El Perro" debía presentarse a declarar en otra causa en 2019 pero se excusó por padecer problemas en la boca que derivaron en un cáncer que le tomó la lengua y parte de la garganta. Desde ese momento no habló más, se calló

Corrían 2019 y 2020 cuando “El Perro” debía presentarse a declarar en otra causa por crímenes de lesa humanidad en Tucumán pero se excusó por padecer problemas de salud. Desde ese momento no habló más, se calló. Por consultas, elDiarioAR supo que primero acusó problemas en la boca y ese padecimiento fue el origen de un cáncer que le tomó la lengua y parte de la garganta. Fue operado y su voz es indescifrable. De “jetón del barrio” al silencio más absoluto, esquivando el encuentro con quienes se jugó la vida, alguna vez.

Hay compañeros que nunca más abrieron la boca por esos tormentos, las heridas fueron tan grandes que optaron por el silencio. Quién puede negar que ante los tormentos solo importa tener un minuto más de vida para negociar por uno mismo y los que ama

Cristina Barrionuevo — Ex Militante de Montoneros

“Compasión, no lástima”

Cristina Barrionuevo, la militante setentista amiga de la compañera desaparecida del “Perro”, recuerda que una vez se lo encontró de frente en un negocio del centro de la capital tucumana. “Era una rotisería y cuando casi nos chocamos mi reacción fue decirle de todo, insultarlo, tratarlo de traidor, a los gritos. Pero no respondió, se dio la vuelta y se fue”, contó. “Con los años entendí que no debería haberlo hecho, que tendría que haberme acercado a él, de algún modo, porque aunque teníamos dudas sobre él, al fin y al cabo es una víctima de la maquinaria de destrucción que fue el terrorismo de Estado”, reflexionó.

Para esta militante que sigue clamando por el destino de los desaparecidos, el dolor de las víctimas por las torturas fue insoportable para muchos y hubo reacciones de todo tipo. “Hay compañeros que nunca más abrieron la boca por esos tormentos, las heridas fueron tan grandes que optaron por el silencio. Quién puede negar que ante los tormentos solo importa tener un minuto más de vida para negociar por uno mismo y los que ama”, dice Cristina. “Destruido desde lo moral y quebrado como ser humano, creo que 'El Perro' aprovechó su oportunidad para vivir, que necesitaba una reivindicación y devolver algo, frente a una sociedad que lo juzgaba, y por eso planeó lo de los documentos. El acoso en el que vivió y vive debe ser terrible, por eso tampoco dejó que nadie se acercara a su hijo y lo mandó a vivir en el exterior”. El estado de salud de Clemente lo dispensaría de tener que presentarse una vez más ante los jueces. El 10 de junio de 2010, Clemente quebró su relato ante el TOF con una reflexión que quizás aún tenga vigencia y por la que permanece casi oculto: “Hace 34 años que trato de saber por qué estoy vivo y quién lo ordenó”.

DC/MG

La palabra “desaparición” remite a la dictadura, a la definición perversa de Jorge Rafael Videla cuando habló de sujetos “ni vivos ni muertos” en 1979. Argentina recuperó la democracia en 1983 y hasta pudo juzgar a las Juntas Militares en 1985. La sociedad dijo “Nunca más”. Pero, ¿realmente no volvió a pasar? ¿Cuales son los cuerpos que a nadie le importan?

Este trabajo indaga en la realidad de familiares de mujeres desaparecidas en los últimos años. No son excepciones. Según el informe “Desaparición en democracia” del Ministerio Público Fiscal y la Colectiva de Intervención ante las Violencias (Ciav) , entre 1990 y 2013 estaban siendo buscades 6040 niñes, adolescentes y adultes. Los datos no se han actualizado desde entonces. Tampoco hay un análisis de las desapariciones ocurridas entre 1983 y 1990, aunque el primer caso, el de José Luis Franco, ocurrió apenas 15 días después del retorno de la democracia.

Si bien el Estado ya no tiene sistemáticamente el lugar de victimario -aunque son numerosos los casos de desapariciones perpetradas por las fuerzas de seguridad- sigue siendo incapaz de proteger a las víctimas y de amparar a sus familiares. El papel de la Justicia no es mucho mejor. Las búsquedas se abandonan y los casos quedan sin resolver, cargando en los familiares el peso de continuar indagando. Como los casos mediatizados suelen obtener algo más de atención por parte de las instituciones, las familias no tienen más remedio que exponerse a la canibalización de los medios, siempre dispuestos a explotar el morbo en pos del beneficio económico. 

Punto de Encuentro adelanta parte de un trabajo más amplio de Eleonora Ghioldi, “Desaparecides en democracia”, que amplía la temática que ya había trabajado en “Guerreras”, sobre víctimas de violencia sexual y “Atravesadoxs”, sobre familias de víctimas de femicidio. “Guerreras” y el corto documental “aborto Legal Ya” inauguran una mjestra en la Universidad de Texas, El Paso, este 23 de marzo. 

Tehuel de la Torre 

Era un joven trans que fue visto por última vez el 11 de marzo de 2021 cuando salió de su casa en San Vicente camino a una entrevista de trabajo. La justicia investiga el caso como “homicidio agravado por odio a la orientación sexual e identidad de género”, aunque nunca se encontró el cuerpo. Su papá reclama que lo busquen vivo y sospecha que pueda haber sido entregado a una red de trata. 

Bruno Gentiletti

Tenía ocho años al momento de su desaparición en Rosario en 1997. La familia Gentiletti sufrió el escrutinio y la difamación por parte de quienes querían desviar atención de su propia negligencia: la policía había insistido en dar al nene por ahogado aunque los padres insistían en que no había entrado al agua. 

Pasaron tres meses hasta que se hizo la reconstrucción de la desaparición y el juez aceptó la posibilidad de que Bruno estuviera vivo. Hoy tendría 36 años. 

La familia había logrado movilizar a la sociedad rosarina: fotocopiadoras que reproducían gratis la foto de Bruno, un supermercado que imprimió 25.000 calendarios con la foto y la yerba marca Flor de Lis, que la incluyó en el envase de su producto.

El caso de Bruno y la lucha de su familia fueron cruciales para impulsar en Santa Fe la creación del Registro Provincial de Información de Niños Desaparecidos.

Guadalupe Lucero

Más de 400 allanamientos, peritajes a un centenar de celulares y múltiples líneas de investigación no han logrado resolver todavía la desaparición de Guadalupe Lucero en San Luis. Tenía 5 años y jugaba con otros nenes de su barrio que entraron a la casa a avisar a los adultos que Guadalupe había desaparecido. 

Sin embargo, el sistema de Alerta Sofía -que coordina en forma nacional las búsquedas urgentes mediante la difusión de fotos de menores desaparecidos a través de celulares, redes sociales y medios de comunicación- tardó dos días en activarse, cuando es sabido que las primeras 24 horas son cruciales en estos casos. Además, la reconstrucción de los hechos tardó un año en realizarse, una demora inexplicable.

María Cash

Su papá la vio por última vez en 2011 subiendo a un micro que debía llevarla a Jujuy, pero la joven diseñadora nunca llegó a destino. Federico Cash murió en un accidente en la ruta tras una pista falsa para encontrar a su hija. Ya habían pasado tres años. Desde entonces es la mamá, María del Carmen Gallego, quien mantiene vigente el recuerdo de María y reclama que no se abandone la búsqueda. 

“Los únicos que luchan son los padres, entonces es muy difícil. Cuando fue lo de Maria no había lo que hay ahora para poder investigar, toda la parte de internet. Pero parece ser que aunque haya cosas más modernas, sigue sin pasar nada”, asegura. 

Sofia Herrera

Se la vio por última vez en un camping de Río Grande, en Ushuaia, en 2008. Sofía tenía tres años y ocho meses. Su caso da nombre al alerta nacional que activa una red de difusión de imágenes en todo el país ante la desaparición de niños, niñas o adolescentes que puedan encontrarse en peligro. 

Pese a los años transcurridos, su familia no abandona la esperanza de encontrarla viva y su mayor interrogante es si Sofía sabe quién es, si recuerda esos tempranos años de su infancia que pasó con sus padres, si podrían reconocerla si pasara frente a ellos. 

Luna Rivero

En 2017, Lorena Rivero se encontraba en el noveno mes de un embarazo único de gemelos, como se denomina cuando ambos fetos comparten saco,  cordón umbilical y son del mismo sexo. Los seguimientos previos habían mostrado que eran dos niñas, que tenían buena movilidad y que estaban en buen estado de salud. Su mamá pensaba llamarlas Sol y Luna. 

Lorena recuerda su parto como un momento de dolor y malos tratos. Le anunciaron que una de las niñas había muerto, pero se negaron a mostrársela. “Sufrí violencia obstétrica. Tenía derecho a que me dejaran ver. Por alguna razón no me la mostraron”. A la familia le llevó un año más conseguir que les entregaran el cuerpo y resultó ser de un varón. Además, los certificados de defunción daban versiones contradictorias sobre las causas de la muerte y el estudio de ADN se consideró no concluyente. Sol tiene ahora seis años y Lorena aún no sabe qué pasó con su hermana Luna. “Necesito saberlo. Saber si murió, decirle adiós o buscarla donde esté. Y si está viva poder recuperarla, encontrarla algún día”. 

EG

La biblioteca de Martha Fernández Ontivero, de 70 años, ocupa una pared entera en su pequeño departamento de la zona de Congreso. Una mitad de los estantes está compuesta por libros como: El dictador, la biografía de Jorge Rafael Videla, escrita por la periodista María Seoane; Santa Evita, de Tomás Eloy Martínez. Montoneros: la resistencia después del final, de Marisa Sadi. La política y la historia. “Toda mi familia es peronista”, dice Martha, sentada en su comedor, una tarde de verano. “Yo militaba en la Juventud Peronista cuando entré a estudiar Letras en la Facultad de Filosofía en los 70”, cuenta. En la otra mitad de su biblioteca no hay libros sobre política, ni historia. Están escritos en inglés. Uno es sobre la arquitectura de Toronto, la ciudad canadiense. Otro de marketing y diseño. También sobre el cauce de los ríos en Ottawa, la capital de Canadá. Esa diferencia en la biblioteca de Martha ─empleada de la Biblioteca del Congreso─ también marca su vida. Las dos que tuvo.

En una, la de los años ’70 y ’80, cuando se exilió en Canadá tras escapar de la dictadura, y en donde diseñó ropa para una marca de Michael Jordan, mientras otros vestidos suyos deslumbraban las pasarelas de alta costura del país del norte y eran portadas de las principales revistas de modas. En otra, la que intenta preservar hoy, Martha busca a Virginia Brizuela, su amiga de militancia peronista y compañera de trabajo de la Biblioteca del Congreso, desaparecida por la última dictadura militar en 1977. “Mi memoria se disoció entre lo que viví en Canadá y lo que pasaba en Argentina”, cuenta Martha. Por años, una vida bloqueó a la otra. La militancia clandestina en Buenos Aires quedó sesgada por el flash de las fotos en los desfiles y las entrevistas que le hacían. Hasta que un día, Martha recordó y ya no pudo olvidar.

El exilio

Martha entró a trabajar a la Biblioteca del Congreso en 1974. Tenía 21 años, militaba en el peronismo de base y estudiaba Letras en la Universidad de Buenos Aires. En la Biblioteca también trabajaba Virginia Brizuela, estudiante de letras igual que ella. “Virginia venía de una familia conservadora, pero simpatizaba con las causas populares”, cuenta Martha. Ambas se hicieron amigas ese mismo año y, por insistencia de Martha, Virginia comenzó a ir a las marchas y reuniones que organizaba el movimiento peronista. “Compartíamos mucho. Trabajo, facultad, militancia. Hasta conoció a su novio en uno de las reuniones del partido”, recuerda Fernández.

Dos años después, en 1976, tras el golpe de Estado por parte de la Junta Militar, la situación en la Biblioteca del Congreso, como en todos los organismos públicos, se volvió inaguantable. Si para Borges las bibliotecas eran una especie de paraíso, la del Congreso se transformó en un purgatorio. “Llegaron coroneles y sargentos como interventores y empezaron a investigar a todo el personal”, apunta Martha. “Nos encerraban en una oficina y nos hacían preguntas personales y políticas”, agrega Hugo Fasciolo, exempleado del Congreso en aquella época. “A muchos les dieron la baja y los echaban sin justificación”, suma. Otros, sin embargo, tendrían un destino diferente.

Mientras los interventores se ocupaban de investigar al personal y esconder material del tipo “subversivo” en la biblioteca, Martha y Virginia continuaban militando. “Notábamos que cada vez más compañeros pasaban a la clandestinidad”, cuenta Martha. Un día ella y su madre asistieron a una reunión en la Iglesia Santa Cruz, que durante la dictadura funcionó como punto de encuentro entre militantes. Allí, sola, entre los bancos largos, las esperaba la médica Sara Ponti, doctora de la obra social del personal de la Biblioteca e integrante de una organización de izquierda. En 1974, dos años antes, Ponti le había salvado la vida a Martha, tras detectarle un soplo en el corazón durante una consulta. Y en aquella reunión iba a volver a hacerlo. “Estás marcada, Martha”, le dijo la médica en la iglesia. “Te tienen en una lista. Tenes que irte”. Ambas hicieron silencio y se fueron entre balbuceos. No lo sabían, pero esa sería la última vez que hablarían con la médica.

“La doctora Ponti era una persona de confianza”, describe Martha. “Así que le hice caso y empecé a preparar mi exilio”. A los pocos días de aquella reunión, además, los interventores de la Biblioteca le comunicaron a Martha que había quedada cesanteada. Desempleada y con la amenaza latente de grupos de tareas con su nombre en una lista, Martha debía irse pronto. Un conocido suyo se iba para Canadá y decidió que lo acompañaría. La joven militante tuvo que ideárselas para juntar dinero y comprar su pasaje al exilio. Su mamá era modista y tenía una máquina semindustrial. Así que se puso a confeccionar ropa. “Hice 300 polleras escosesas para niñas y las vendí todas”, recuerda Martha. En 1977, con 25 años, aterrizó en la ciudad canadiense de Toronto. De su amiga Virginia Brizuela y la doctora Sara Ponti, no volvería a tener noticias hasta muchos años después.

“Yo siempre sé”

Martha se adaptó rápido al país del norte. Unos amigos que ya estaban allá le hicieron el contacto con una boutique de ropa en una zona exclusiva de Toronto. Su inglés fluido, además, le permitió desenvolverse. Uno de sus primeros trabajos fue el diseño de pantalones de yoga. “Se usaban mucho en los años ’70, la meditación estaba muy de moda”, cuenta ella.

Luego de unos meses, sus prendas, sin que ella lo supiera, empezaron a usarse cada vez más en diferentes desfiles. “De repente me vi trabajando con las marcas de ropa más importantes del país ”, relata Martha, quien empezó a usar su apellido materno para presentarse como diseñadora. “Fernández no encajaba en el mundo de la moda”, explica. Danier, The Leather Ranch, Royal Leather, Haines Canadá, son algunas de las marcas de alta costura que lucieron los diseños de, por aquel entonces, Martha Ontivero.

“Me desconecté de todo lo que estaba pasando en Argentina”, cuenta ella. “Solo me dediqué a diseñar y producir sin pausa”. Una joven sudamericana que llega prácticamente sola a Canadá empieza a marcar tendencia en el mundo de la moda. Fue una noticia que los medios locales no pudieron ignorar. “Spunky Latin Lady” (“Dama latina valiente”, en español), tituló en 1978 la sección de moda de la revista Toronto Life, una de las publicaciones más consumidas de la época. “Don't distress her” (“Nada la angustia a ella”), la presentó la revista Toronto Fashion el mismo año. Ante cada reportaje, las preguntas eran las mismas: ¿cómo sabía ella qué prenda estaría de moda el próximo año? “Yo siempre sabía”, responde Martha. Siempre.

Las modelos le tocaban la puerta de su casa en Toronto para pedirle ropa prestada. Las marcas de maquillaje publicitaban sus desfiles con sus nuevos diseños. Buenos Aires y la militancia clandestina habían quedado atrás.

Fue a mediados de los años '80 que Martha lanzó uno de sus diseños más memorables. El basquetbolista Michael Jordan, por aquel momento máximo ídolo de ese deporte en los Estados Unidos, había lanzado su propia línea de ropa interior. Para instalar la marca en Canadá, los dueños de la marca eligieron a Martha para impulsar su producción. “Tuvimos problemas porque la tela venía de un país asiático que estaba en guerra y no podían exportarla”, recuerda. “Pero lo resolvimos y se vendió muy bien”.

Martha guardó cada recorte en donde una prenda suya salía promocionada. También las entrevistas. Lo tiene en una carpeta negra y vetusta con folios. Pero entre los recortes hay títulos que escapan al mundo de la moda. “Los huérfanos del terror”, tituló el diario Toronto Star en 1998, en una entrevista a hijos de desaparecidos durante la dictadura argentina. “Argentina: los fantasmas de la guerra sucia”, se lee en un recorte del Toronto Sun, dedicado a la historia de un centro clandestino de detención en Buenos Aires. El pasado asaltaba a Martha, aunque ella se empecinara en olvidarlo.

Fue recién en el 2008 que Martha volvió a conectar con sus raíces militantes. Con la llegada de internet, y desde Canadá, intentó buscar a sus amigos de Buenos Aires. Escribió un nombre en el buscador: Virginia Brizuela. Allí se enteró que su amiga y excompañera de trabajo había sido secuestrada y desaparecida en 1976, el mismo año de su exilio. Algo se había destrabado en su memoria. “Esa noticia me hizo como un clic en la cabeza”, cuenta Martha.

En 2015, tras alejarse del mundo de la moda por razones laborales, regresó finalmente al país y se instaló en Buenos Aires. Ese mismo año, fue invitada por la Asociación del Personal Legislativo (APL) a un acto donde se rendía homenaje a los nueve empleados desaparecidos que sufrió el Congreso de la Nación. Entre ellos, Virginia Brizuela y Sara Ponti. De esta última, Martha no recordaba nada. Ni la detección de su enfermedad cardíaca, ni el aviso de que figuraba en una lista de subversivos. En ese acto, sin embargo, sí recordó. “Sara me había salvó la vida dos veces. Me puse a llorar cuando me pude acordar”, confiesa.

Martha continúa trabajando hoy en la Biblioteca del Congreso, mientras busca a su amiga desaparecida. “Le escribí una carta a la familia contándole que me gustaría saber cuál fue el destino de ella, pero no tuve respuesta”, explica. “Pero voy a seguir buscando”, dice. El paradero de Brizuela es desconocido y figura como una de las 30 mil desaparecidas. Sin embargo, en la memoria de Martha ya no hay dos vidas separadas. Solo una. La que ella mantiene viva. La que no puede olvidar.

FLC/DTC