Una serie de amenazas de tiroteo en escuelas de distintas provincias encendió las alarmas en el sistema educativo argentino y derivó en detenciones, imputaciones y el refuerzo de medidas preventivas. Los casos más recientes se registraron en Salta, Córdoba y Mendoza, donde autoridades judiciales y educativas avanzan con investigaciones para determinar responsabilidades.

En la provincia de Salta, tres alumnos de 17, 18 y 19 años fueron detenidos tras ser acusados de realizar grafitis intimidatorios en el baño de varones del Colegio Walter Adet. Según la investigación, en las pintadas se advertía sobre un presunto tiroteo que ocurriría el próximo lunes, lo que generó preocupación en la comunidad educativa.

El fiscal penal 3 del Distrito Centro, Horacio Córdoba Mazuranic, constató que los estudiantes ingresaron al sector donde se hallaron las inscripciones. De acuerdo con fuentes del Ministerio Público Fiscal, los jóvenes señalaron que se trataba de un “reto”. El Juzgado de Garantías ordenó sus arrestos y la audiencia de imputación fue fijada para este sábado, mientras continúa la recolección de pruebas.

En paralelo, en la provincia de Córdoba, la Fiscalía Penal Juvenil del Turno 4° imputó a ocho adolescentes por el delito de “amenaza agravada por anonimato”. La causa investiga más de 100 episodios similares en la capital provincial y otras localidades como La Falda, Cosquín, Capilla del Monte, Cruz del Eje y Jesús María.

La situación también impacta en Mendoza, donde la Dirección General de Escuelas confirmó la detención de tres alumnos por amenazas de tiroteo registradas durante la última semana. El ministro de Educación provincial, Tadeo García Zalazar, informó que los implicados son menores de edad y que uno de ellos es imputable.

El funcionario explicó que la identificación de los sospechosos fue posible gracias al trabajo de la Policía de Investigaciones y al seguimiento de pistas en redes sociales, además de la colaboración de padres e instituciones educativas. También advirtió que continúan analizando indicios sobre la posible participación de más estudiantes.

En cuanto a las sanciones, García Zalazar detalló que los casos encuadran en el delito de amenazas agravadas. Los menores imputables quedarán a disposición de la Justicia Penal Juvenil, mientras que los menores de 16 años serán apartados del ámbito escolar y sometidos a evaluaciones psicológicas junto a sus familias. Asimismo, no descartó sanciones para los padres en caso de incumplimiento de sus responsabilidades.

Según datos oficiales, en Mendoza se registraron cerca de 70 escuelas con amenazas de tiroteo, lo que representa menos del 10% del sistema educativo provincial. A nivel nacional, la problemática alcanza a más de 1.000 establecimientos, lo que motivó la articulación entre distintas jurisdicciones para abordar una situación que, según las autoridades, no debe ser minimizada y requiere respuestas coordinadas.

Con información de medios

JIB

Los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Martín Llaryora (Córdoba), que mantienen una estrategia de diálogo con la Casa Rosada, atraviesan una paradoja política que comienza a crujir. Mientras aportan votos clave para la agenda de Javier Milei en el Congreso de la Nación, que incluyó la reciente reforma de la Ley de Glaciares, sus provincias enfrentan crisis fiscales severas por la caída de los fondos coparticipables. La situación comenzó a llegar a un punto crítico porque deben hacer un ajustado equilibrio entre mantener la lealtad a la Casa Rosada y proteger la solvencia de sus administraciones.

Jujuy en “modo supervivencia”

En Jujuy, la situación es crítica. El gobernador Carlos Sadir reconoció que la coparticipación viene cayendo entre 6% y 7% en términos reales, y se consignó que el primer bimestre de 2026 fue el peor en trece años. Ante este escenario, el mandatario radical implementó un ajuste de “shock administrativo” mediante el decreto 5084, que establece -hasta diciembre de este año- el congelamiento de la planta de personal, pago de horas extras solo para casos “excepcionales y restrictivas”, reducción de cargos y contrato, la prohibición de alquilar vehículos, la suspensión de transferencias y asistencias financieras extraordinarias a municipios y comunas, el congelamiento de la pauta publicitaria oficial, la prohibición de compra de bienes de capital sin autorización superior y la obligación de autorización expresa del titular del Poder Ejecutivo para iniciar toda obra pública

Las excepciones deben ser aprobadas en forma conjunta por Jefatura de Gabinete y Hacienda. “Nadie gasta, nadie compra, nadie arranca obra, nadie recibe auxilio extraordinario sin pasar por el centro de comando del Ejecutivo”, se señaló desde el entorno de quien fue ministro de Economía del exgobernador Gerardo Morales.

El ajuste de Sadir, sin embargo, tiene una carga política adicional. Una fuente con la que habló elDiarioar, señaló que “el gobernador busca dejar atrás la sombra del doble comando” y afirmó que “de aquí en más, la provincia la conduce él”. Es decir, la centralización del gasto funcionará también como una toma de control frente a la interna con el universo político que rodea a Gerardo Morales, quien fue su mentor. Sadir se reunió hace unos días con diputados provinciales de Jujuy Crece para fijar agenda y alinear al oficialismo detrás del nuevo rumbo. “Menos iniciativas de lucimiento, menos experimentos proselitistas y más acompañamiento a una provincia que entra en fase de comando centralizado”, fue la bajada de línea que definió el espíritu de cónclave.

Los ATN insuficientes y tardíos

Jujuy recibió $5.000 millones en ATN entre febrero y marzo de 2026, y en marzo le correspondieron $2.000 millones de un reparto de $47.000 millones entre 11 provincias. Sin embargo, estos montos son insuficientes frente a la caída estructural de recursos. Como señaló el propio gobernador tras reunirse con el ministro del Interior Diego Santilli en abril de 2026: “Jujuy necesita decisiones urgentes”.

Sadir ha transitado un camino tortuoso en su relación Milei. En septiembre de 2025 reclamó públicamente la falta de comunicación con el presidente: “Con otros habló, pero a mí no me llamó”. En octubre de 2025 participó de una reunión de 19 gobernadores con el presidente en la Casa Rosada y al finalizar la evaluó como “muy buena” y que el jefe de Estado “pudo plantearnos las necesidades que tiene”.

Los votos clave: Ley de Glaciares y Ley Ómnibus

Jujuy, que integra la Mesa del Litio junto a Catamarca y Salta, aportó cuatro votos positivos para la reforma de la Ley de Glaciares reciente: tres de los legisladores de La Libertad Avanza (Manuel Quintar, Alfredo González y Barbara Andreussi) y uno de Provincias Unidas (Jorge Rizzotti, afín a Sadir). Los dos diputados de Unión por la Patria (Guillermo Snopek e Inés Zigarán) votaron en contra.

Esta no es la primera vez que Sadir pone legisladores al servicio de la agenda mileísta. En febrero de 2024, los diputados jujeños ya habían votado a favor de la Ley Ómnibus (Ley Bases), con posturas contrapuestas entre el representante libertario y el de Provincias Unidas a favor, y el del peronismo en contra.

Córdoba creó el Consejo de Gestión Estratégica del Gasto

Ante ocho meses consecutivos de caída de la coparticipación, Martín Llaryora implementó el “Consejo de Gestión Estratégica del Gasto”, que concentra bajo la mirada del ministro de Economía Guillermo Acosta todas las decisiones de ejecución presupuestaria.

El funcionamiento es riguroso: cada gasto debe ser solicitado por nota electrónica y el Consejo decide qué autoriza y qué no. Se eliminaron los “fondos permanentes” (caja chica) de cada ministerio y se establecieron días de pago específicos para proveedores. En el top del recorte están: capacitaciones, catering y viajes.

Córdoba enfrenta una paradoja: mientras recibió autorizaciones para tomar US$1.525 millones en deuda internacional (US$725 millones en junio 2025 y US$800 millones en enero 2026), no recibió ni un peso en ATN durante todo 2025 ni en 2026. La recaudación propia cayó 15% en términos reales en febrero de 2026, mientras que la coparticipación bajó 8%.

Una consecuencia de esta baja disponibilidad de partidas coparticipables es que El Panal, como se conoce a la Casa de Gobierno cordobesa, restringió los fondos para los municipios. Por ello, más de 100 municipios cordobeses, liderados por intendentes de la UCR, elevaron esta semana un pedido de audiencia a Llaryora “a la mayor brevedad posible”, alertando sobre una caída del 20% a 23% en la coparticipación durante 2026. Los intendentes denuncian que existe una “brecha entre la predisposición del Gobernador y la falta de 'gestos' de varios de sus ministros”. Sin mencionarlo, se señaló al ministro de Gobierno Manuel Calvo, quien debe oficial de nexo entre el poder central y los municipios.   

El “doble juego” cordobesista

Llaryora mantiene una estrategia de “diferenciarse en lo gestual pero cuidando lo discursivo”. No confronta directamente con Milei, quien goza de alta imagen en Córdoba (74% de votos en 2023 y triunfo en las elecciones legislativas nacionales de octubre de 2025), pero responde con acciones de gobierno en sentido contrario: ante el corte de obra pública nacional, sostiene su propio plan de obras; y ante el recorte de subsidios al transporte, lanzó su boleto metropolitano, entre otras señales.

En marzo de 2026, durante la Argentina Week en Washington, Llaryora criticó el discurso de Milei contra empresarios. “Es hora de que la Nación se ponga los pantalones largos”, admitió a un medio de su provincia. Reconoció que “la recaudación viene cayendo seis, siete, ocho meses seguidos” y que tendrá que “ralentizar el desarrollo en obras”.

Tucumán: líder en ATN pero no alcanza

El gobernador Osvaldo Jaldo reconoció que Tucumán perdió “una planilla y media de sueldos” entre 2024 y 2026, por lo que se se vio obligado a disponer del fondo anticíclico, creado para atender situaciones de emergencia a meses de suceder al exgobernador y actual senador nacional Juan Manzur. A pesar de encabezar el ranking de ATN con $41.500 millones recibidos, la situación fiscal sigue siendo crítica. En el cierre de la semana describió con crudeza el escenario. “Nosotros venimos bajando todos los meses entre un 8% y 9% en el impuesto coparticipable nacional, tanto IVA como Ganancias. Es decir, venimos perdiendo todos los meses entre $10.000 y $14.000 millones”, reconoció.

La situación de las obras públicas es crítica. Jaldo denunció que la Nación paralizó el 100% de la obra pública en Tucumán. Ante este escenario, su gestión asumió proyectos estratégicos que quedaron sin respaldo nacional, a mitad de camino, financiándolos con fondos propios. La crisis llevó a decisiones dramáticas. En las últimas horas, la Legislatura suspendió la licitación para la restauración del histórico edificio de la Legislatura provincial para destinar esos recursos a obras para la prevención de inundaciones. Además, se supo que el Poder Ejecutivo desistió de abonar expropiaciones de terrenos en donde se había previsto la construcción de obras de infraestructura de relevancia.   

En este distrito, el empleo también mostró señales de deterioro. Según un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Tucumán lideró en el NOA el nivel de conflictividad industrial y laboral durante 2025, con cerca de 22 situaciones de conflicto que incluyeron paradas temporales de planta, suspensiones, despidos masivos y movilizaciones.

Pragmatismo constante y sonante

Jaldo ha llevado el pragmatismo político a su máxima expresión. Durante la campaña electoral de 2025 fue uno de los dirigentes más vehementes contra Milei, acusando al gobierno de “ahogar a las provincias” y llamando a votar “para que no gane la derecha”. Sin embargo, una vez pasadas las elecciones, fue el primer gobernador al que se convocó desde la Casa Rosada y confirmó su asistencia a la reunión de 19 mandatarios.

El mandatario tucumano ha puesto sus legisladores nacionales al servicio de la agenda libertaria en momentos clave. Su bancada colaboró para que La Libertad Avanza avanzara con leyes de ajuste como la Ley Bases, se ausentaron del recinto cuando el gobierno necesitaba evitar quórum para limitar los DNU presidenciales y dio los votos para las modificaciones de la Ley de Glaciares. En las últimas horas, anunció que recurrirá a los anticipos de coparticipación nacional que puso a disposición la Casa Rosada: “No hay duda que con esto garantizamos un 2026 con total funcionamiento y con total paz social”. Unos días antes había advertido que “hay que poner las cosas blanco sobre negro porque bajo ningún punto de vista es un regalo ni una dádiva”. Y remarcó: “Nos asisten con un anticipo de coparticipación, es decir, con plata que es nuestra y que debemos devolver dentro del mismo año”.

Salta alineada

El gobernador Gustavo Sáenz firmó esta semana un plan de austeridad por 180 días con congelamiento de salarios y suspensión de contrataciones, entre otras restricciones. La vocera de Gobierno, Paula Benavides, justificó la medida señalando que “el ejemplo debe empezar por casa” y que el ajuste estará enfocado en el gasto administrativo para no trasladarlo a los sectores más vulnerables. De todos modos, es una clara señal que los números no le cierran al mandatario dialoguista.

Salta es una de las provincias más afectadas por la eliminación del programa “Volver al Trabajo”, una medida nacional que impacta a más de 200.000 salteños y representa una retracción de aproximadamente $4.000 millones mensuales en la economía local. Estos recursos dinamizaban el consumo en comercios de cercanía y su interrupción afecta directamente la economía cotidiana.

En marzo, Sáenz advirtió que muchas obras públicas se encontraban frenadas por deudas que el Gobierno nacional aún mantiene con empresas desde octubre de 2025. Esta situación repercute directamente en áreas sensibles como el sistema de salud, el transporte público y la gestión provincial

A pesar de recibir $25.000 millones en ATN durante la gestión Milei, la provincia no logró compensar la caída estructural de recursos. Curiosamente, entre noviembre de 2024 y enero de 2026, Salta fue la única provincia del país que logró una variación positiva en sus recursos reales, con un crecimiento del 0,7% ($4.433 millones). Sin embargo, esto no impidió que el gobierno de Sáenz implementara el ajuste de 180 días, demostrando que incluso las provincias “ganadoras” en el reparto de recursos enfrentan crisis fiscales severas.

Sáenz es quizás el gobernador peronista con mayor sintonía con Milei. Durante el Argentina Week en Nueva York en marzo de 2026, se cruzó con el presidente en un pasillo del JP Morgan: Milei le sonrió, se fundieron en un abrazo y le dijo al oído “Está funcionando” mientras le palmeaba la espalda. Karina Milei también se acercó a darle un abrazo. La relación es fluida y con intereses cruzados.

En sus discursos en Estados Unidos, el gobernador se mostró en sintonía con la política económica libertaria: “Este tipo de encuentros nos permite seguir fortaleciendo vínculos y mostrar al mundo el enorme potencial productivo de nuestro país”. Participó de la reunión de gobernadores con Milei en noviembre de 2025, donde se trató la reforma laboral, tributaria y del Código Penal, además del Presupuesto 2026.

La Casa Rosada lo ve como una carta estratégica, un ariete que mete ruido en la relación entre los gobernadores para neutralizar que se muevan en bloque. De todos modos, la tensión interna crece. Sáenz reclamó públicamente: “No es justo que yo pelee por obras y otros canten”, en una clara referencia a dirigentes libertarios que critican su gestión mientras se benefician de su alianza con la Nación.

Catamarca: entre la negociación minera y la quiebra fiscal

Raúl Jalil ha llevado el diálogo con Javier Milei a un nivel que redefinió la arquitectura política del Norte Grande. En diciembre de 2025 rompió el bloque peronista en la Cámara de Diputados, retiró a sus cuatro legisladores de Unión por la Patria y conformó la bancada “Elijo Catamarca”. Este movimiento dejó a La Libertad Avanza como primera minoría en la Cámara baja, empatada con el peronismo pero con posibilidades de superarlo.

La decisión no fue improvisada. Jalil mantuvo reuniones reservadas con el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el ministro del Interior Diego Santilli y Santiago Caputo. En el oficialismo interpretan que esos encuentros “terminaron de ordenar la relación política”.

El fruto más tangible de esta alianza llegó en enero de 2026: el control de Yacimientos Mineros Aguas del Dionisio. Tras un acuerdo histórico con Milei, Catamarca asumió la facultad para designar al presidente y dos vocales en YMAD, mientras que la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), con quien comparte la propiedad, designa los otros dos vocales. La composición quedó conformada por 60% de participación para Catamarca y 40% para la UNT, eliminando la injerencia de Nación en las decisiones estratégicas.

El retorno de Fernando Jalil (hermano del gobernador) a la presidencia de YMAD es la pieza final de este acuerdo. La empresa, creada en 1958 por Juan Perón para administrar el yacimiento Farallón Negro, pasó a manos catamarqueñas como contraprestación por el apoyo del senador Guillermo Andrada para sancionar el Presupuesto 2026 y aprobar el artículo del ajuste en educación, defensa, ciencia y tecnología.

El acuerdo también contempló el traspaso del complejo de Minas Capillitas a CAMYEN (Catamarca Minera y Energética), y como contraprestación, Catamarca desistió de demandas judiciales contra el Estado Nacional. La agenda minera funcionó como un vector de sintonía: Jalil observa con interés las oportunidades de inversión que podrían abrirse tras el acuerdo comercial con Estados Unidos, especialmente en litio y cobre. Esto explica, en parte, su apoyo a la reforma de la Ley de Glaciares que busca destrabar proyectos mineros millonarios en zonas protegidas.

De todos modos, Jalil ha sido el más explícito sobre la gravedad de la situación. Confirmó una última caída reciente del 10% en la coparticipación y advirtió que el contexto lo obligó a actuar con rigor. En febrero de 2026, la provincia había perdido $12.533 millones en recursos reales, ubicándose cerca de San Juan ($14.053 millones) y La Rioja ($13.763 millones) en el ranking de provincias más afectadas.

Ante la imposibilidad de financiar obras públicas con recursos propios, Jalil tuvo que buscar financiamiento privado. Acordó con la minera Glencore un aporte de $5.000 millones para obras viales que involucran a Santa María, Belén y Andalgalá. Además, gestionó recursos ante YMAD (Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio).

La crisis laboral y el conflicto social

Catamarca no escapa a la conflictividad laboral. Según CEPA, esta provincia registró 14 conflictos laborales entre 2024 y 2025, incluyendo cierre de fábricas, despidos y suspensiones. Desde que comenzó el gobierno de Milei, se registró un promedio de 81 despidos por día en el sector público nacional y Catamarca sufrió los efectos de esta política. El grupo chileno Cencosud clausuró locales en Catamarca (además de Buenos Aires, San Juan, Mendoza y Tucumán), sumándose a la ola de cierres comerciales que afecta a la provincia.

¿Diálogo o supervivencia?

Los gobernadores dialoguistas enfrentan un dilema que comenzó a ingresar en un callejón sin salida. Por un lado, su alineamiento con Milei les garantizó flujos de ATN que, si bien insuficientes, son vitales. Por otro, la caída estructural de la coparticipación compromete la sostenibilidad fiscal. La paradoja es Córdoba: Llaryora no recibe ATN, debe financiarse con deuda internacional a tasas elevadas (9,75% y 8,6%), y aun así implementa el ajuste más riguroso. Mientras tanto, mantiene una relación de “doble juego” con Milei.

En Jujuy, Sadir implementó un ajuste que recuerda al de Córdoba pero con una carga política adicional: terminar con el “doble comando” heredado de Morales y afirmar su propio liderazgo. La provincia aportó votos clave para la Ley de Glaciares, pero la promesa de desarrollo minero no compensa la crisis fiscal inmediata.

Los ATN representan apenas el 6% de lo perdido en coparticipación, según reconocen allegados a los propios gobernadores. La pregunta que permanece es hasta cuándo podrán sostener este ajustado equilibrio entre lealtad política y supervivencia, cuando ya comenzaron en estas provincias las especulaciones sobre las elecciones provinciales de 2027.

La investigación por el casamiento realizado en la Quebrada de las Conchas, en la provincia de Salta, sumó en las últimas horas un fuerte condimento político a partir de los vínculos de los protagonistas con figuras del poder y contratos estatales.

La causa, que está en manos de la fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, se inició tras la viralización de imágenes de la boda de Nicole Pocoví y Federico Maran en un área protegida donde no están permitidos este tipo de eventos sin autorización. La investigación apunta a determinar si se utilizó un permiso falso para realizar la celebración y si hubo incumplimiento de la normativa ambiental vigente.

Sin embargo, a medida que avanzó la pesquisa, comenzaron a emerger conexiones que exceden lo estrictamente ambiental o administrativo. Nicole Pocoví es hija de Marcelo Adolfo Pocoví, expareja de Zulemita Menem, quien en el pasado realizó duras declaraciones públicas sobre él. En paralelo, versiones sobre la posible presencia de integrantes de la familia Menem en la boda fueron desmentidas a La Nación por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El foco político también se posó sobre Kevin Pocoví, hermano de la novia, vinculado a la firma Inversora Eslava S.A., que mantiene un contrato millonario con el PAMI por el alquiler de oficinas en la Ciudad de Buenos Aires. Según registros oficiales, esos espacios habrían sido utilizados en reiteradas oportunidades por La Libertad Avanza durante la campaña electoral, lo que abre interrogantes sobre la relación entre negocios privados y estructuras partidarias.

A esto se suma que otro de los hermanos, Alan Pocoví, se encuentra bajo investigación en la denominada “causa Andis”, donde se analizan presuntas maniobras de direccionamiento de contratos y lavado de dinero en el sistema de provisión de insumos para personas con discapacidad.

En este contexto, la Justicia no solo busca establecer si hubo irregularidades en la autorización del evento en un área protegida —regulada por las leyes provinciales 7.070 y 7.107—, sino también determinar si detrás del episodio existe una red de vínculos que conecte intereses económicos, relaciones políticas y eventuales beneficios indebidos.

Así, lo que comenzó como una presunta infracción ambiental por una boda en un paisaje icónico del norte argentino se transformó en un caso con derivaciones políticas, donde se cruzan nombres, contratos y estructuras de poder bajo la lupa judicial.

Con información de medios

JIB

El mundo lleva 50 años intentando proteger a los humedales —ecosistemas de agua dulce, marinos y costeros—, los cuales cubren apenas 6 % del planeta, pero son cruciales para los seres humanos: son suministro de alimentos, reguladores del agua y un medio de subsistencia para más de 1000 millones de personas.

En Latinoamérica, parte del cuidado de muchos lagos, ríos, acuíferos subterráneos, pantanos, marismas, turberas, pastizales, estuarios, marismas, manglares y más zonas costeras no sería posible sin las prácticas y conocimientos tradiciones de comunidades indígenas y campesinas, como el manejo del agua y sus ciclos, normas comunitarias, calendarios agrícolas y pesqueros, así como sistemas de gobernanza que dan prioridad al equilibrio ecológico, antes que a la explotación de los recursos.

Sin este conocimiento, resultaría complicado conservar los ecosistemas donde habita el 40 % de todas las especies de plantas y animales.

Los humedales también son grandes aliados climáticos por su papel clave para evitar emisiones de gases de efecto invernadero, que en muchos casos almacenan más carbono que los bosques tropicales, pero también son relegados por los tomadores de decisiones a nivel mundial.

Pese a los beneficios que generan, son también uno de los ecosistemas con mayor deterioro. A nivel mundial, se ha perdido el 35 % de los humedales naturales, que desaparecen tres veces más rápido que los bosques, de acuerdo con datos de Naciones Unidas.

En este Día Mundial de los Humedales, Mongabay Latam destaca tres casos en los que los conocimientos tradicionales de comunidades indígenas están restaurando y protegiendo a estos refugios de vida, frente a los impactos de la agroindustria, la construcción, la pesca excesiva, la sobreexplotación de recursos y la crisis climática.

Los pueblos indígenas de la Sierra Nevada realizan estrategias de restauración con comunidades vecinas y autoridades, así como de uso compartido de recursos. Foto: cortesía AIDA[/caption]

Sierra Nevada, donde los humedales sagrados son restaurados por pueblos de Colombia

Para los pueblos indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta —el sistema costero montañoso más alto del mundo—, los humedales que hay en esta región del Caribe colombiano representan espacios sagrados que conectan ecosistemas, pero también culturas y conocimientos.

Jaime Luis Arias Ramírez, gobernador del pueblo kankuamo y miembro del Consejo Territorial de Cabildo de la Sierra Nevada de Santa Marta (CTC), sostiene que los humedales de la región representan una conexión “espiritual, natural y biológica” para los pueblos kankuamo, kogi, wiwa y arhuac.

“Cumplen una función importante en la conservación de diferentes especies, son espacios donde hacemos nuestro trabajo de armonización y al mismo tiempo aportan materiales sagrados para el ejercicio de la cultura, del gobierno y del territorio”, explica a Mongabay Latam.

El líder indígena señala que el pueblo Kankuamo apuesta no solo por la recuperación de territorios a raíz de la colonización, sino también en generar planes ambientales en coordinación con otras autoridades, así como estrategias de restauración con comunidades vecinas y de uso compartido de recursos.

Una de esas estrategias es el monitoreo que hacen las comunidades en los humedales en coordinación con instituciones ambientales para intercambiar conocimientos técnicos y científicos que respete la visión indígena que existe por estos espacios.

“Por ejemplo, los mayores identifican qué tipo de variedades de plantas están en riesgo o están en proceso de recuperación desde la parte espiritual”, relata Arias sobre los impactos de diferentes actividades humanas, como la minería y el turismo masivo.

De acuerdo con la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), en la Sierra Nevada de Santa Marta existen cerca de 251 concesiones mineras, proyectos hidroeléctricos, ganadería, urbanizaciones extensivas y obras de infraestructura que ponen en riesgo los ecosistemas de la región.

“Frente a eso, estamos en un ejercicio de recuperar los humedales, los manglares, las lagunas, los ríos y otros espacios donde se conserve o se restablezcan esos corredores biológicos y ancestrales”, comenta el dirigente, quien agrega que la protección de estos ecosistemas genera una “estrategia de pedagogía” con otros actores y comunidades.

Arias también sostiene que estas prácticas ya se ven reflejadas en la Ciénaga Grande, el humedal costero más grande de Colombia, así como en ecosistemas del Parque Tayrona y en manglares del departamento de La Guajira.

Los pueblos indígenas de la Sierra Nevada también participaron en el proceso de la opinión consultiva emitida en 2025 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el cual reconoció por primera vez el derecho a un clima sano, como una medida para enfrentar la crisis climática.

La estrategia también ha sido legal. En 2018, los pueblos de la Sierra Nevada lograron que el Estado de Colombia emitiera el decreto 1500, que reconoció y delimitó formalmente la cartografía oficial de la Línea Negra o “Sezhiya”, la cual conecta 348 sitios sagrados para estas poblaciones.

A través de la red Amigos de la Sierra, organizaciones como AIDA, las clínicas jurídicas de la Universidad del Rosario y de Antioquia promovieron estrategias judiciales para que se emitiera este decreto, el cual es clave para saber cómo deben construirse estrategias de conservación y restauración de ecosistemas con enfoque biocultural, a partir de los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas y respetando sus espacios sagrados.

El reto, añade Arias, será fortalecer estos procesos ante realidades cada vez más complejas, como las dinámicas provocadas por el cambio climático.

“Toca ser más efectivo no solo en la participación sino en la implementación de esas salvaguardas y garantías. Hoy, los pueblos somos gobiernos y desde la naturaleza es fundamental cuidar estos espacios para obtener el equilibrio”, sostiene.

Una victoria para comunidades que protegen humedales, culturas y derechos en Argentina

Las comunidades del pueblo atacama, ubicado al norte de Argentina, consideran más importante el cuidado de la tierra y el “buen vivir” que cualquier modelo económico de desarrollo.

Parte del territorio que habitan incluye a los humedales altoandinos, formados por salares, lagos, lagunas y bofedales, ecosistemas de gran valor biológico, cultural y económico que les han permitido vivir desde hace más de 10 000 años en esta región andina, ubicada a más de 3500 metros sobre el nivel del mar.

Esta profunda conexión territorial ha sido la clave para que 10 comunidades atacameñas fueran reconocidas como áreas TICCA (territorios y áreas conservados por los Pueblos y Comunidades Indígenas), también llamados territorios de vida. Son iniciativa de una plataforma internacional donde las propias comunidades generan datos, estudios, mapas y análisis para la preservación de estos espacios frente a la explotación de recursos.

Se trata de los primeros territorios de Argentina con este reconocimiento y que conforman la Red Torna Lickana con las comunidades Incahuasi, Raíces Andinas, Corralito, Matancillas, Casa Colorada, Esquina de Guardia, Tipan, Cobres, Rangel y Cerro Negro, asentadas en la cuenca del salar Salinas Grandes, en las provincias de Salta y Jujuy.

Cada una de ellas emplea el conocimiento tradicional para conservar su territorio y al mismo tiempo las actividades que les dan sustento, como el cuidado y aprovechamiento de animales, agricultura, la extracción de sal y la medicina tradicional.

Vanina Corral, abogada y responsable del área de política ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), señala que estas reglas comunitarias sobre el uso del agua, el pastoreo y la agricultura sostenibles han sido vitales para la preservación de los territorios.

“Los sistemas de gobernanza propios de las comunidades son clave porque están basados en sus conocimientos tradicionales que no son solo saberes del pasado, son sistemas vivos de gestión del territorio que nos han demostrado durante siglos cómo convivir con estos ecosistemas sin destruirlos”, explica la especialista a Mongabay Latam.

Este sistema, señala, en donde hay reglas compartidas sobre dónde cultivar, pastorear o cuándo extraer agua, evita la sobreexplotación de los humedales y permite que se regeneren de forma natural.

Sin embargo, los humedales altoandinos también están cada vez más amenazados por actividades humanas, principalmente la minería de litio y otros minerales estratégicos a gran escala, en las provincia de Catamarca, Salta y Jujuy.

“La minería de litio no solo vulnera al ecosistema por la cantidad de agua que utiliza en ecosistemas donde hay muy poca”, comenta Corral. “También tiene impactos en la cultura y en la vida de las comunidades que hoy luchan por mantener sus formas de vida ancestrales”.

De acuerdo con información proporcionada por las propias comunidades a la plataforma TICCA, esta amenaza comenzó en 2010 con la llegada de empresas interesadas en la explotación de litio sin generar ninguna discusión o consulta sobre los impactos culturales, políticos, ambientales, sociales, y económicos en las comunidades.

Entre los impactos que detectan los propios habitantes está el incremento de tránsito, lo que pone en riesgo a los animales de los cuales subsisten; perturbación de los humedales por la instalación de pozos de bombeo; y el mal manejo de residuos sólidos.

Pese a las presiones de la industria, las poblaciones atacameñas han trabajado en estrategias legales a diferentes niveles para proteger el territorio. Comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc llevaron su reclamo hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También mantienen procesos a nivel provincial y nacional, como en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con este expediente buscan frenar la extracción de litio en sus territorios para priorizar el acceso al agua.

Para Corral, el histórico reconocimiento de territorios como TICCA en Argentina es clave para visibilizar el rol de las comunidades indígenas en la conservación de la naturaleza, desde prácticas culturales, espirituales y sociales, lo que permite construir alianzas e intercambiar experiencias con otras poblaciones en la región.

Sin embargo, afirma que este reconocimiento es más “simbólico y político”, pues considera que hay retos importantes para que los saberes tradiciones de las comunidades indígenas ocupen un lugar central en políticas públicas y puedan reflejarse mejor en la práctica.

“Todavía las decisiones, las políticas de protección de estos ecosistemas tienen que integrar las voces de estos territorios y receptar estos reconocimientos. Proteger los humedales también es proteger culturas, derechos y futuros posibles”, afirma.

Rituales tradicionales y defensa del Lago Titicaca en Perú

Desde el lado peruano que rodea al Lago Titicaca —el más alto del mundo— mujeres lideresas de distintas provincias se han organizado para proteger a este humedal de importancia mundial y que desde abril de 2025 fue reconocido como sujeto de derechos.

El trabajo de la Red de Mujeres Lideresas Unidas en Defensa del Agua y el Lago Titicaca ha combinado rituales ancestrales, monitoreo comunitario y estrategias legales para intentar rescatar al humedal que enfrenta graves problemas de contaminación por metales pesados y aguas residuales.

Para la agrupación de mujeres de la región de Puno, el Lago Titicaca no es solo una fuente de agua, sino un ser vivo con el que se comunican.

“El lago nos avisa, nos comunica”, dice Soraya Poma, quien está al frente de la red de mujeres, al explicar cómo el lago les guía en los procesos de agricultura.

“En [lengua] aymara decimos que sale una cosa verde en las piedras. Cuando sale en la primera semana de septiembre, la primera siembra va a estar bien. Cuando el lago se negrea y está oscuro decimos que va a caer la lluvia”, explica la dirigente y agricultora a Mongabay Latam.

Incluso, en épocas de sequía, cuenta, la comunidad de Suancata, de la provincia de Chucuito Juli, acude al lago para un ritual: sacar a la rana gigante del lago Titicaca (Telmatobius culeus), que, en la cosmovisión de los pueblos de la región, es un invocador de lluvias y de fertilidad. Las ceremonias, detalla Poma, también incluyen ofrendas como la hoja de coca, reconociendo al lago como parte central del orden natural y espiritual del territorio.

Este vínculo cultural ha sido clave para sostener una defensa activa frente a la contaminación del Lago Titicaca. Las mujeres han impulsado denuncias, campañas de concientización durante festividades masivas como la Virgen de la Candelaria y acciones comunitarias de recolección de basura en las riberas. Además, han promovido un monitoreo comunitario binacional con comunidades del lado de Bolivia.

“En un inicio hasta llegamos a discusiones con las hermanas de Bolivia. Hicimos un pacto y tenemos un documento oficial para trabajar en diferentes actividades. Hacemos monitoreo solicitando especialistas, biólogos, para saber en qué grado ya está la contaminación”, explica la dirigente.

Tras años de trabajo, negociaciones y resistencia frente a la discriminación institucional, el Consejo Regional de Puno aprobó una que reconoce al Lago Titicaca como sujeto de derechos, un logro insuficiente pero que implicó coordinar los conocimientos tradicionales de las comunidades con estrategias legales.

“Para esta ordenanza hemos dado alma, vida, corazón. Pero también dentro de este proceso hemos sufrido discriminaciones”, recuerda Poma, pues implicó un desgaste que aún persiste ante autoridades que cuestionan o desdeñan su relación con el lago.

Aunque este decreto fue un paso histórico, las lideresas advierten que la lucha continúa. El reto ahora es la reglamentación y la implementación que debe traducirse en acciones reales de restauración, tratamiento de aguas y control de actividades extractivas.

“El lago está pidiendo auxilio”, dice Poma, quien señala como un reto en sí mismo la coordinación de las 60 mujeres que integran la red y viven en comunidades apartadas entre sí. Sin embargo, también ve esperanza en su saber y su organización por el humedal.

“Con la organización se puede proteger un río, un lago, dejar un territorio limpio para nuestras futuras generaciones”, afirma.

Esta nota se publicó originalmente en Mongabay Latam el 2 de febrero de 2026.

ED

En una acción conjunta, las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán presentaron una denuncia administrativa ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) contra la empresa transportadora Transnoa S.A., a raíz de reiteradas fallas en el sistema de alta tensión que dejaron sin suministro eléctrico a más de 900.000 usuarios durante los últimos tres días en el Noroeste argentino.

La presentación fue formalizada en la sede del Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta y contó con la participación de los principales referentes energéticos de las tres jurisdicciones: Carlos Saravia, presidente del Ente Regulador salteño; Mario Pizarro, secretario de Energía de Jujuy; Hugo Montaño, responsable de la Superintendencia de Servicios Públicos de Jujuy; y José Ascárate, interventor del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán, quien participó de manera virtual.

Durante el encuentro, los funcionarios coincidieron en que el sistema eléctrico regional atraviesa una situación crítica, producto de la falta de inversiones, la escasez de personal técnico y una deficiente supervisión por parte del Estado Nacional.

Según detallaron las autoridades, los cortes registrados no constituyen hechos aislados, sino que responden a un deterioro estructural en la operación de Transnoa S.A. Entre los principales puntos del reclamo se destacan la falta de inversión y mantenimiento de la red, el incumplimiento de normativas vigentes y una política empresarial que -según denunciaron- prioriza la rentabilidad por sobre la calidad del servicio.

Además, los cortes eléctricos generaron un efecto dominó en otros servicios básicos. La interrupción del suministro afectó gravemente la provisión de agua potable, debido a que los pozos de captación subterránea dependen de la energía eléctrica para su funcionamiento. La presentación también alude a que los cortes eléctricos generaron problemas en la atención sanitaria.

En la presentación hecha por las tres provincias ante el ENRE, detallan los cortes sufridos en las distintas localidades. Entre el 22 y el 23 de enero, 90.000 usuarios se vieron afectados en Orán, San Martín y Rivadavia en la provincia de Salta. Mientras que en Jujuy, quedaron afectadas las localidades Libertador General San Martín, Fraile Pintado, Calilegua, Caimancito, Yuto, El Talar, San Pedro y Vinalito. El evento en Jujuy ocurrió entre el 23 y 24 de enero y afectó a más de 750.000 usuarios. En tanto, el mismo 23 la Estación Transformadora Aguilares, en Tucumán, quedó fuera de servicio afectando la zona sur de la provincia, a unos 60.000 usuarios.

En el petitorio elevado al ENRE, las autoridades de Salta, Jujuy y Tucumán solicitaron al ente regulador que le requiera a Trasnoa SA los planes de inversión y las medidas correctivas para evitar la recurrencia de las fallas, que se obligue a la empresa transportista a abrir oficinas comerciales y de atención en las provincias donde opera, que se intime a la empresa a detallar la infraestructura disponible en Salta, Tucumán y Jujuy y que el ente regulador informe las multas que aplicó a Trasnoa entre 2019 y 2025.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, calificó como una “torpeza”, la suspensión indiscriminada e injusta de beneficios a personas con discapacidad: “No es lo mismo en la Capital Federal notificar a la gente para que acuda al lugar donde tiene que hacerse la auditoría, que en geografías tan amplias como la de Salta, donde hay parajes muy alejados”, explicó.

Esta medida fue calificada por Sáenz como “muy triste” y generó “una angustia muy grande” al suspender no solo las pensiones, sino también la cobertura médica y los insumos. El gobernador consideró que esta situación es una muestra de “desconocer desde un escritorio en Capital Federal la realidad de muchas provincias”.

En este sentido, el gobernador planteó “suspender los planes sociales en zona de frontera, sobre todo las provincias que somos fronterizas, que vemos cómo mes a mes se cruzan de un país a otro, a cobrar una asignación universal por hijo y después se vuelven al país vecino”, afirmó.

En ese sentido, Sáenz sugirió que se deben “suspender todos los planes sociales en zona de frontera” y exigir que “vengan cada uno de los que acrediten la residencia real en nuestra provincia y en cada una de las provincias y en el país”. Con esta medida, *el gobernador sostiene que se podría beneficiar a los jubilados y aumentar los beneficios a las personas con discapacidad, ya que se estaría evitando “la cantidad de fondos que estamos dilapidando en los extranjeros que no viven y que no residen, que no trabajan y que no aportan nada a nuestro país”*.

Asimismo, Sáenz defendió la decisión de la Provincia de arancelar la atención sanitaria a extranjeros, una medida que tomó porque “era muy injusto ver los tours de salud para venir a atenderse a nuestros hospitales”.

“Esto debería pasar en los hospitales públicos de todo el país. Porque en cualquier parte del mundo, al extranjero, nos cobran la salud. Y si no pagas, no te atienden”, aunque reconoció que “por una cuestión humanitaria nunca dejamos de atender cuando hay riesgo de vida”.

Presentación de amparo a la Corte Suprema

Por otra parte, la Fiscalía de Estado de Salta acudió a la Corte Suprema para solicitar la restitución inmediata de las pensiones no contributivas por invalidez y otros beneficios que fueron suspendidos por el Gobierno Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Dicha acción tramita en la Corte Suprema de Justicia de la Nación con la caratula: CSJ 2128/2025 MISIONES, PROVINCIA DE c/ ESTADO NACIONAL Y OTRO s/AMPARO.

La provincia de Salta solicita que:

i) Se ordene el inmediato restablecimiento del pago de las Pensiones No Contributivas por Invalidez y demás beneficios conexos para las personas con residencia en la provincia de Salta que han sido ilegítimamente suspendidos por el ANDIS;

ii) Se disponga el pago retroactivo a los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas por Invalidez y demás beneficios conexos desde la fecha de su suspensión;

iii) Se declare la nulidad de las auditorías y procedimientos irregulares implementados por el ANDIS en el territorio de la Provincia de Salta;

iv) Se adopten medidas urgentes para garantizar un procedimiento de auditoría transparente, profesional y accesible, en el cual se respete el debido proceso y los derechos de las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, hasta tanto se dicte sentencia definitiva, solicita se disponga de manera cautelar

1. Restablezca inmediatamente el pago de las pensiones suspendidas en el marco de las auditorías realizadas en el ámbito de la Provincia de Salta

2. Se abstenga de suspender nuevos beneficios hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo en este amparo

El gobernador de Salta advirtió que “no pueden pagar justos por pecadores” y “hoy tenemos familias y organizaciones que denuncian vulneración de derechos básicos”. Por esto mismo, *Sáenz exigió auditorías “serias y transparentes”

Sobre la tierra rojiza de Tartagal, a más de 360 kilómetros de la capital salteña, aún se sostiene uno de los derechos más golpeados de los últimos años: el derecho a decidir. En el norte de Salta, el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo –garantizado por la Ley 27.610 desde 2021– se enfrenta a un desmantelamiento sistemático que opera en silencio, y que nuevamente va camino a convertirse en un privilegio de clase.

En este contexto las comunidades originarias son las más afectadas. Lejos de los centros urbanos, las mujeres wichí, guaraníes y chorotes enfrentan no solo la falta de insumos médicos, sino también barreras culturales, lingüísticas y territoriales. “Hoy estamos sintiendo lo peor que puede pasar en un país”, dijo Nancy López, líder weenhayek-wichi de la comunidad Ocku Puckie en Salta. “El hospital ya no te da nada. Antes te daban una tableta y vos comprabas otra. Ahora sólo te dan un papel para que compres todo. Y muchas veces no tenés ni para una”, expresó apenas pasadas las 8 de la mañana de un martes, ya que ni bien terminase de hablar tendrá que salir a los “territorios” para continuar el trabajo de lucha y resistencia de las comunidades indígenas.

Ese “papel” es una receta. Un papel que, traducido al mercado, vale 110.432 pesos: el costo actual de una caja de misoprostol en farmacias privadas, según confirmó la médica Miranda Ruiz, garante de IVE/ILE en el Hospital Público Juan Domingo Perón. Ese hospital —el tercero más grande de la provincia— ya no cuenta con stock de medicamentos. “Desde la Residencia de Medicina Familiar y Comunitaria se dan 15 turnos todos los lunes a la mañana. Pero no tenemos medicación desde hace meses” por lo que “se les da receta para que compren”, resumió Ruiz, quien en 2021 había sido imputada por aborto sin causal, pero fue sobreseída poco más de un año después por el Poder Judicial salteño.

Un Estado ausente, una ley quebrada

Macarena Villena, médica de familia e integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, lo dijo sin rodeos: “Tenemos ley, pero no tenemos medicación. El acceso está quebrado. Y se está elitizando”. Aseguró que desde marzo, no hay distribución pública de misoprostol ni de mifepristona en Salta. Como efectora asegura que las compras que venían haciendo la provincia también se interrumpieron. “Nos dijeron que no hay autorización para seguir comprando. Y lo poco que llega no cubre la demanda”, denunció. Este medio intentó comunicarse con las autoridades a cargo —Javier Sapura, supervisor de Salud Sexual y Reproductiva de la cartera de Salud de Salta, quien dijo estar de licencia; y Patricia Leal, en Maternidad e Infancia; y — pero no recibió respuestas a las consultas.

Lo cierto es que desde diciembre de 2023, el gobierno nacional de Javier Milei avanzó con una política de recorte total en los programas de salud sexual y reproductiva. No se autorizaron partidas para compra de medicamentos, anticonceptivos ni insumos básicos. Además, se desarmaron programas y equipos técnicos, y se interrumpieron las líneas de capacitación a profesionales. El Ministerio de Salud no renovó contratos ni continuó la distribución de misoprostol y mifepristona, esenciales para garantizar abortos seguros.

La consecuencia es clara y en la provincia el aborto legal dejó de ser gratuito y pasó a ser un privilegio. “Estamos atendiendo mujeres que pueden trasladarse, que tienen obra social o que logran reunir el dinero. Las demás ni siquiera llegan a pedir turno”, explicó Villena. “¿Qué pasa con ellas? ¿Dónde están? ¿A quién recurren?”, se preguntó la profesional de la salud que fue una de las impulsoras públicas del debate por el aborto legal, seguro y gratuito en Salta. No tiene respuesta.

Para Villena, que ejerce en el principal epicentro de la provincia, el problema que se vive en Salta tiene nombre y apellido. “No hay voluntad política para garantizar la ley. El gobernador Gustavo Sáenz es antiderechos. Se alinea con Nación, que dejó de enviar medicación. Y mientras tanto, la provincia no reclama ni demanda nada. Se quedan callados, como si no fuera su responsabilidad”, denunció.

Las cifras que el Estado conoce (y desoye)

El Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta (OVcM) registró, en 2024, un total de 4.621 interrupciones voluntarias del embarazo. La demanda se concentra en mujeres de entre 21 y 30 años -- 1.331 en el grupo de 21 a 25 años, y 1.223 en el de 26 a 30—. Esta franja, que representa más del 55% de los abortos realizados, coincide con una población en edad fértil, activa, muchas veces jefa de hogar.

Aún así, hay otro dato, más urgente y más oscuro: durante el 2024 se realizaron 83 IVE y 19 ILE en niñas y adolescentes de entre 10 y 15 años. Más de cien casos en menores, lo que significan casos atravesados por la violencia sexual, la falta de educación sexual integral, el miedo y el silencio. Ante lo que debería ser motivo de escándalo y la posibilidad de reforzar las políticas públicas, estas se desmantelan.

Las interrupciones legales del embarazo, por causales como violación o riesgo de vida, sumaron 382 en todo el año. Febrero fue el mes con más casos (49), y julio el más bajo (12). Por edades, la distribución es similar: la mayoría de las ILE (93) se realizaron en mujeres de 21 a 25 años, seguidas por el grupo de 26 a 30 (85). Pero la presencia de niñas en esos datos (19 entre 10 y 15 años) revela un dato más profundo: la violencia estructural sigue operando en los cuerpos más vulnerables, sin que haya una respuesta estatal integral.

La comparación entre IVE e ILE por grupo etario refleja el mismo patrón, donde el aborto en Salta se muestra como una necesidad transversal, concentrada en mujeres jóvenes, con capacidad reproductiva activa. La diferencia es que la ILE, por definición, representa situaciones críticas. Y esas situaciones no son atendidas como tales.

Si algo dejó el debate público por el derecho al aborto fue la consciencia de que detrás de cada cifra hay una historia. Sin embargo, hoy se visibiliza una ausencia porque mientras los números muestran la demanda, el sistema de salud pública no está preparado para responder. “El derecho a decidir está condicionado a lo que consigas en la farmacia o a lo que puedan donar las redes feministas”, sentenció Villena.

Las barreras invisibles: idioma, territorio, cultura

En las comunidades indígenas, esas barreras se vuelven muros. “Siempre he dicho que si hablo de aborto, las mujeres no lo aceptan. Creen que es un crimen”, dijo Nancy López. Pero esa resistencia no es caprichosa, puesto que muchas veces es producto del desconocimiento, de la falta de información en la lengua materna, de protocolos que no consideran las culturas locales. “Los papeles están en castellano y con palabras que muchas no entendemos. Si no entendés, no podés aceptar”, explicó.

Por eso, un grupo de mujeres indígenas impulsó la creación de cartillas traducidas al wichí y al guaraní, acompañadas por audios en lengua originaria. “Cuando lo escuchan en su idioma, lo entienden. Y ahí empieza el debate”, contó Nancy. Relató que este año, con esfuerzo propio, lograron hacer talleres en dos comunidades. En uno de ellos participaron 78 mujeres. Pero sin movilidad, sin talleristas, sin financiamiento estatal, la tarea es lenta. “Avanzamos igual. Despacio, pero avanzamos”, repitió Nancy.

Fue en diciembre del 2021, que un grupo de mujeres, entre las que se encontraba Nancy López, dieron a conocer la creación de una herramienta pensada desde sus territorios, sus lenguas y sus cuerpos. Se trató de “Cuerpos y libertades”, una colección de materiales traducidos e interpretados a los idiomas wichí, guaraní, toba y chorote, que adapta los protocolos del Ministerio de Salud de la Nación para la atención integral en casos de violación sexual y para el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE).

Más de veinte personas participaron de este trabajo colectivo junto a traductores especializados, que asumieron el desafío de trasladar al lenguaje propio de cada comunidad no solo las palabras, sino los sentidos, las prácticas y los derechos. El objetivo era garantizar que cada persona pueda tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva sin que la barrera idiomática sea un obstáculo. “No hay anticonceptivos. No hay nada”

En Tartagal, Pamela Justiniano -responsable de la Dirección de Mujeres y Diversidad- denunció una situación alarmante. “No hay anticonceptivos. Ni pastillas, ni inyectables, ni preservativos. Hace meses que no llega nada”, expresó. En ese sentido, dijo que la falta de insumos básicos deja a miles de mujeres y personas del colectivo LBGTIQ+ sin posibilidad de elegir, sin protección frente a infecciones, sin alternativas. “Los kits de salud sexual están vacíos. Y los programas de atención en barrios y comunidades están paralizados”, detalló.

Además de los insumos, también dijo que faltan vínculos institucionales. Para ingresar a las comunidades indígenas, dijo que su equipo necesita autorización desde el CIC Rural. Pero, con el cambio de autoridades, esa articulación se cortó este año. “La nueva dirección no responde. Hay que mandar notas, esperar semanas. Y muchas veces nos dicen que no”.

Justiniano también afronta una gestión con recortes. “Nos dijeron que no hay recursos para seguir haciendo territorio. Que salgamos lo menos posible”, lamentó. Ante ello, la planificación de acciones ahora se reconfigura desde la precariedad: visitan comedores y merenderos con recursos propios, recolectan ropa en eventos, y apelan a la colaboración de negocios locales para ayudar en fechas clave como el Día de la Madre o del Niño.

La situación también se agrava por los obstáculos logísticos. “Antes realizaban operativos desde una articulación multidisciplinaria, donde llegaban a los territorios equipos de Salud, Educación, Género”, entre otros. También, la oficina que dirige Pamela casi fue trasladada a la terminal de Tartagal, lejos del circuito de instituciones claves como el 911 o Ciudad Judicial. “Nos negamos, porque es fundamental estar cerca. Es el único recurso humano que tenemos para acompañar a una mujer en situación de violencia. No se puede ir sola”, insistió.

La red, la trinchera, la esperanza

Sin Estado, sin medicamentos, sin recursos, lo que queda es la red, sean profesionales, indígenas y feministas. “Volvimos a coordinar con el Socorro (Rosa de Salta) como antes de que exista la ley. Armamos redes de donación de medicación. Y esto no debería pasar. Ya no”, dijo Villena. A modo de ejemplo, contó que en Cafayate, gracias al esfuerzo de una psicóloga del hospital, logran entregar parcialmente misoprostol a quienes consiguen la mifepristona por su cuenta.

Lo cierto es que la urgencia por garantizar el derecho a decidir también se une a la urgencia por comer. En un contexto socio económico alarmante para el país, las salidas se sostienen desde las redes, principalmente de mujeres. Nancy López, contó que mientras intentan dialogar sobre el derecho al aborto, en paralelo llevan adelante otros procesos, como la elaboración de huertas comunitarias y trabajos con artesanas junto a organizaciones de la sociedad civil. Además, sostienen la Radio La Voz Indígena, sin auspicios. “No tenemos ayuda, pero seguimos. Porque la radio siempre fue nuestra herramienta para decir la verdad”, manifestó.

En la diaria, desde la Dirección de Mujeres y Diversidad son testigos del deterioro social. “Las mujeres vienen y te dicen que no tienen ni para comer. Te muestran fotos de casas hechas de plástico. Es tremendo cómo está golpeando la crisis”, contó. En muchos casos, la ayuda se reduce a un módulo alimentario esporádico o a gestiones que hacen con el área de Desarrollo Humano o colectivos barriales.

La situación en comunidades indígenas es particularmente delicada. “Hay mucha discriminación, cuesta mucho que se acerquen. Y cuando lo hacen, si no podemos darles algo concreto, se sienten defraudadas”, expresó. Sin capacitaciones ni recursos sostenidos, la tarea de acompañar se vuelve cuesta arriba.

A pesar de todo, Justiniano afirmó que siguen saliendo al territorio, aunque sea “arañando”. Sostienen talleres, acompañan trámites judiciales y se organizan en red. “No vamos a dejar de salir. Aunque sea con lo que tenemos, vamos a seguir llegando”, afirmó.

En la misma sintonía, Nancy López dijo que están “tratando de que no se caiga todo. Es difícil, pero si avanzamos lento, avanzamos igual. Como decimos entre nosotras: hay que arañar el año (hacer todas las acciones posibles), pero hay que llegar”. En esa frase está la síntesis de una lucha que no claudica y que se enfrenta al desprecio de quienes gobiernan.

ML / MA

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, reclamó una mirada equitativa desde Nación para aprovechar el potencial del interior. “No alcanza con el equilibrio fiscal, también se necesita un equilibrio institucional: un presidente que trabaje con los gobernadores”, afirmó.

Desde San Juan, Sáenz volvió a poner en agenda la necesidad de un verdadero federalismo como condición indispensable para atraer inversiones y generar empleo en las provincias. “Hemos trabajado en brindar seguridad jurídica, algo fundamental para quienes depositan su confianza en las provincias y en nuestro país”, sostuvo junto a gobernadores de provincias cupríferas, en el marco de la II Conferencia Internacional Argentina Cobre 2025.

En tanto, Sáenz valoró el avance del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece beneficios tributarios, impositivos y aduaneros, pero subrayó que no alcanza con el equilibrio fiscal. “También se necesita un equilibrio institucional: un presidente que trabaje con los gobernadores para brindar confianza a quienes apuestan por la Argentina”, afirmó.

El mandatario salteño también remarcó que “la lealtad es una avenida de ida y vuelta”, y lamentó que muchas veces las provincias hayan hecho su parte sin recibir respuestas. “Los gobiernos nacionales deben entender que las provincias son la ventana de oportunidades que el país necesita. Pero para eso requerimos todo lo que durante años se nos ha negado: conectividad, rutas en condiciones, acueductos y obras de infraestructura”.

Sáenz advirtió que sin estas condiciones es imposible pensar en un país que crezca, y llamó a trabajar de forma conjunta para garantizar inversiones, empleo y desarrollo local. “Debemos defender nuestra tierra, a nuestra gente y a nuestros recursos nacionales. Y, por sobre todo, el federalismo que tanto tiempo se nos ha negado”.

Por último, sostuvo que “el norte es un gigante dormido que ha empezado a despertar y le está mostrando al país que tiene todo lo que el mundo necesita”. Y concluyó: “Argentina no empieza ni termina en la General Paz. En Capital Federal no se produce nada. Es hora de que le devuelvan al país lo que el país le ha dado. Deseo una Argentina en la que todos tengamos las mismas oportunidades. Eso es libertad”.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anunció que revisará los planes sociales otorgados por la ANSES a personas extranjeras que no residan en la Argentina. Según explicó, busca colaborar con el gobierno nacional en la revisión de estos beneficios y aseguró que su objetivo es “defender los intereses de los argentinos”.

“Insistimos en la necesidad de dar de baja los planes sociales de ANSES a aquellos extranjeros que los cobran sin vivir en nuestro país”, expresó Sáenz, al tiempo que sostuvo que el Gobierno nacional “está trabajando en esa línea” y que su administración está “colaborando con todo lo necesario para que eso sea posible”.

El mensaje fue difundido a través de las redes sociales oficiales del Ejecutivo salteño y reposteado por el presidente Javier Milei, en señal de apoyo. Sáenz también celebró las medidas impulsadas por Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el marco de la reforma migratoria. “Desde Salta la venimos pidiendo desde que asumí como gobernador, por ser una provincia con pasos internacionales”, afirmó.

El mandatario salteño consideró que estas decisiones representan “un gran paso en defensa de los intereses de nuestro país y de los argentinos”.

En las instalaciones de la Cámara de Comercio de la ciudad de Salta, el intendente Emiliano Durand presentó el plan de estímulo fiscal “Menos impuestos, más inversión”. Se trata de una serie de medidas para el desarrollo del sector privado, que van desde exenciones impositivas hasta concesiones de espacios públicos para emprendimientos.

“Dijimos que íbamos a acompañar al sector privado y hoy lo estamos concretando. Buscamos generar condiciones para la inversión porque es el motor del desarrollo de la ciudad. Nosotros queremos ser el motor y no el freno. Se trata de acompañar al que invierte”, destacó Durand.

El evento contó con la participación del reconocido arquitecto y urbanista Álvaro García Resta, quien destacó el potencial de la ciudad. “Cómo dijo Emiliano, trabajamos para mejorar la vida de la gente. La perspectiva del sector público y del sector privado es la misma”.

En la ocasión también se puso en marcha la ordenanza “Más trabajo, menos impuestos”, con la firma de las tres primeras carpetas de la mano de las empresas: Gomez Rocco & CIA SRL, Alberdi SAS y Tesolce SRL. A través de este programa, las empresas que contraten nuevos trabajadores o realicen inversiones en la ciudad se verán exentas del pago de tributos municipales por hasta cinco años.

En la misma línea, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz también anunció recientemente la disminución de impuestos y eliminación de tasas para incentivar a sectores productivos.

Los anuncios

El programa “Impulso Plaza” establece concesiones de espacios de dominio municipal para proyectos gastronómicos o de esparcimiento. Las personas o empresas interesadas en ocuparlos deberán presentar una propuesta para la puesta en valor y el mantenimiento del lugar. En una primera etapa, se pondrán a disposición 20 espacios públicos entre: plazas, parques y platabandas.

Por su parte, el programa “Turismo con beneficios” prevé simplificaciones administrativas y medidas de acompañamiento fiscal para empresas del sector turístico. Los certificados de habilitación comercial tendrán prórroga de vencimiento hasta marzo de 2026. A su vez, habrá exenciones totales en distintas tasas municipales para el ejercicio fiscal 2025.

La ordenanza “Balcones gastronómicos” habilita la extensión de la actividad de bares, confiterías, restaurantes y otros a las aceras y calzadas, permitiendo la colocación de sillas y mesas. Los locales que accedan al programa deberán garantizar la circulación peatonal y la armonía con el entorno.

Por otro lado, el programa de Padrinazgo de Espacios Verdes habilita a personas físicas o jurídicas a apadrinar plazas, parques, platabandas, rotondas y otros espacios públicos a cambio de exenciones totales en tributos municipales. Las firmas interesadas deberán comprometerse a su mantenimiento, limpieza, puesta en valor y cuidado ambiental.

Un nuevo informe de la organización internacional Global Witness, que investiga desde hace más de 30 años abusos ambientales y de derechos humanos en distintos puntos del mundo, puso al empresario argentino Eduardo Elsztain, del círculo cercano al presidente Javier Milei, y al Banco Santander en el centro de una denuncia por supuesta deforestación de bosques nativos en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay. 

El reporte se centró en cómo el Santander, banco de capitales españoles, financió mediante la compra de bonos a Cresud, la empresa agropecuaria que controla Elsztain. El análisis de datos satelitales realizado por Global Witness sugiere que Cresud ha deforestado más de 170.000 hectáreas en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay desde 2001 –un área tres veces mayor que Madrid y ocho veces mayor a la Ciudad de Buenos Aires– para convertirlas en tierras de cultivo y venderlas posteriormente a un mejor precio. 

Cresud es una compañía agropecuaria con negocios en Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. Se centra en cultivos extensivos, caña de azúcar y ganado. Entre esos cuatro países acumula más de 800.000 hectáreas. 

Elsztain es el dueño de IRSA, la empresa propietaria de los principales shoppings y centros comerciales de Argentina, además de supermercados, bancos, financieras, telecomunicaciones, tecnología, energía, turismo y hoteles, como el Libertador, elegido por La Libertad Avanza (LLA), el partido de Milei, como bunker de campaña en las últimas dos elecciones.

Los bosques supuestamente afectados por la empresa incluyen las regiones del Gran Chaco en Argentina y Paraguay; el Chiquitano, en Bolivia; y el Cerrado, en Brasil. “La expansión de la empresa también ha provocado conflictos con los pueblos indígenas y las comunidades locales en Brasil, Paraguay y Bolivia”, aseguró Global Witness. 

El Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal de Sudamérica, después de la Amazonía, comprende en Argentina a las provincias de Salta, Chaco, Santiago del Estero y Formosa, en el noreste del país. En la región chaqueña de estas cuatro provincias conviven 3.400 especies de plantas, 500 especies de aves, 150 mamíferos –entre ellos, el yaguareté, del que se estima, quedan unos 20 ejemplares en esta región de Argentina–, 120 reptiles, unos 100 tipos de anfibios y más de 4 millones de personas, de las cuales cerca del 8% es indígena, sostiene un estudio de la organización Greenpeace. Los pueblos originarios dependen del bosque para obtener alimentos, agua, maderas y medicamentos.

“Con toda la deforestación, los estuarios y las quebradas y el agua dulce, se han secado, y eso ahora es un gran problema”, afirmó a Global Witness Sergio Rojas, un activista indígena de la comunidad Qom. “Estamos en una situación muy difícil porque no hay nada que comer, nada que beber y las temperaturas en este momento también son extremas”, agregó. 

En el caso de Cresud, sus campos se encuentran en Salta, donde más de 60.000 hectáreas de vegetación han sido arrasadas en una única área, la Estancia Los Pozos, desde su adquisición en 1997, dice el informe de Global Witness.

elDiarioAR se comunicó con el área de Ambiente del gobierno de Salta, donde informaron que los permisos de deforestación concedidos a Cresud corresponden a otras gestiones en la provincia.

Cresud vende terrenos a otras firmas. En este análisis, Global Witness solo pudo examinar la supuesta deforestación en propiedades que están actualmente en manos de la empresa, lo que  significa que las verdaderas cifras de desmonte serían muy superiores. 

De hecho, según el análisis satelital de otra organización, Greenpeace, entre 1998 y 2018, se han deforestado un total de 120.000 hectáreas en los campos de Cresud en la provincia de Salta.

“Cresud se dedica a comprar grandes extensiones de tierras forestales, las deforesta y las convierte en tierras de cultivo para soja, trigo, girasoles o cría ganado. Luego cuando el terreno se revaloriza, la empresa suele venderlo al mejor postor”, afirmó a elDiarioAR Charlie Hammans, autor del reporte.  

“Bienes raíces agrícolas”

Elsztain es uno de los reyes del real estate en Argentina. En 1994, un nuevo director ejecutivo de Cresud tomó el enfoque de las inversiones en bienes raíces y lo aplicó a las propiedades rurales, detalla el informe.

Tres décadas más tarde, la empresa ha tenido un extraordinario éxito financiero. Pasó de registrar ingresos por US$49 millones en 2010 a US$1.400 millones en 2024.

En 2005, estableció una filial en Brasil, BrasilAgro, con el objetivo de expandir el modelo empresarial argentino. Luego se extendió a Paraguay y Bolivia.

Cresud y BrasilAgro son empresas que cotizan en la bolsa de valores de Nueva York.

“El proyecto comercial es sencillo”, afirma Hammans. “En julio de 2024, el gerente argentino de Cresud, Diego Chillado Biaus, dijo: ‘Vamos a las áreas a las que las personas no quieren ir, enfrentamos la volatilidad de la producción, nos encargamos de estabilizarlos (los campos) y los vendemos para comenzar otra vez’”. “Mientras Cresud aguarda por la fijación de los precios de los terrenos, la tierra se usa para el cultivo de soja, trigo y girasoles, así como para la cría de ganado”, sostiene Hammans.

Cresud se dedica a comprar grandes extensiones de tierras forestales, las deforesta y las convierte en tierras de cultivo para soja, trigo, girasoles o cría ganado

Charlie Hammans — Autor del informe de Global Witness

El rol de Santander

El banco Santander ha tenido un rol central en el avance de las topadoras en el monte chaqueño, según Global Witness. La organización determinó que la sede argentina del banco español ha contribuido a financiar a Cresud desde 2011 con unos US$1.300 millones para el gigante de la agroindustria.

“Cresud no podría obtener ganancias sin poder deforestar porque todo su modelo de negocio depende de poder arrasar grandes extensiones de bosques de vital importancia para el clima”, afirmó Giulia Bondi, activista sénior de Global Witness. “Y sin embargo, cuando el banco Santander introdujo una política para limitar la financiación de empresas deforestadoras, sus inversiones en Cresud aumentaron”.

Global Witness utilizó una combinación de datos proporcionados por la plataforma Eikon Refinitiv e informes financieros disponibles públicamente, realizados por Cresud, para calcular la financiación del banco a la compañía argentina.

El banco de capitales españoles suele ser el colocador principal de las emisiones de bonos emitidas por Cresud. De hecho, el estudio sostiene que 35 de las 47 emisiones de bonos emitidas por Cresud para recaudar dinero de inversionistas desde 2002 han sido suscritas por Santander como suscriptor principal. Los consorcios bancarios, incluido Santander, representaron más del 90% del valor total de los bonos emitidos por Cresud desde 2002. Santander coloca frecuentemente el bono en consorcios de hasta otros 10 bancos.

“Santander desempeñó un papel fundamental en la recaudación de estos 1.300 millones de dólares para Cresud al actuar como suscriptor principal de la empresa, conjuntamente con varios bancos argentinos e internacionales”, explicó a elDiarioAR el autor del informe. Cuando un banco como Santander suscribe un bono para una empresa, la ayuda a recaudar fondos de otros inversionistas y le garantiza comprar el bono si no se vende. 

Esta financiación se incrementó a pesar de la adopción por parte de Santander en 2018 de una política para “limitar” la deforestación, y el establecimiento en 2021 de un objetivo de deforestación neta cero, sostiene el investigador de Global Witness.  

Además de suscribir sus bonos en busca de financiamiento, “el banco le ha proporcionado directamente a Cresud préstamos de más de US$50 millones”, concluye el informe.

elDiarioAR se comunicó con dos voceros de Elsztain, pero ninguno de ellos respondió. Cresud tampoco respondió a los autores del informe. En respuesta a una solicitud de comentarios en 2021, en el marco de una investigación centrada en la deforestación y realizada por el medio brasileño Agencia Pública, la filial de Cresud en Brasil, BrasilAgro, declaró: “Llevamos a cabo nuestro negocio implementando las mejores prácticas de gobernanza empresarial”.  Luego, agregó: “Nos gustaría reiterar que todos los acuerdos y transacciones realizados por la empresa están en consonancia con la legislación pertinente”.

Ante la consulta de elDiarioAR sobre si financiar a Cresud no implicaba una violación a su propia política ambiental, la filial argentina de Santander respondió: “Tenemos políticas estrictas de compromiso ambiental”. “Por temas de confidencialidad no tenemos permitido comentar cuestiones de nuestros clientes”, añadieron sus voceros.

La política ambiental del banco establece que, en cuanto a sus clientes, Santander diseñará “productos y servicios de carácter social y ambiental” para “contribuir a la conservación del medio ambiente y la mitigación del cambio climático”. “El banco se compromete a considerar tanto el impacto ambiental de sus instalaciones y operaciones internas como de su actividad bancaria y financiera”, dice su propio protocolo.

Santander también establece entre sus políticas ambientales “la ambición del banco de ser cero emisiones netas de carbono en 2050 para luchar contra el cambio climático”. Sin embargo, de acuerdo con el cálculo de Global Witness, la deforestación de Cresud equivaldría a un estimado de 30 millones de vuelos trasatlánticos, ya que los bosques afectados constituyen una de las zonas con mayor biodiversidad y carbono del mundo. 

Ola Janus dirige la campaña Banks and Nature de BankTrack, una ONG que organiza campañas para que los bancos respondan por sus compromisos. Consultada por Global Witness, sostuvo en el informe: “Las ambiguas políticas de Santander les abren las puertas a la deforestación y los abusos de derechos humanos relacionados con los negocios agrícolas en América del Sur”. La especialista afirmó que en aras de mostrar su verdadero compromiso con el fin de la deforestación, “Santander debería comenzar por pedirles explícitamente a sus clientes y proveedores que no contribuyan a la conversión o degradación de los ecosistemas naturales”.  

Cuando el banco Santander introdujo una política para limitar la financiación de empresas deforestadoras, sus inversiones en Cresud aumentaron

Giulia Bondi — Activista sénior de Global Witness

Bondi, por su parte, agregó: “Esto demuestra la urgente necesidad de que la Unión Europea (UE) establezca normas para impedir que el sector financiero subvencione la destrucción de bosques de vital importancia para el clima”. 

El bloque postergó la entrada en vigencia de una ley denominada La Ley Cero Deforestación. La norma debía entrar en vigencia el 30 de diciembre de 2024 para grandes operadores y comerciantes, y el 30 de junio de 2025 para micro, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, el Parlamento Europeo decidió que este plazo será extendido por un año más, luego de que 17 países de Latinoamérica, Asia y África enviaran una carta solicitando el cambio.

La normativa europea plantea que países como Argentina se deben preparar para cumplir la norma de la Unión Europea que prohibirá el ingreso de productos provenientes de zonas deforestadas después de 2020. 

ED/DTC

El Comité del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) aprobó hoy el primer proyecto minero, en el que se invertirán US$ 2.700 millones.

Se trata de Rincón de Litio, en Salta, donde la empresa Rio Tinto aumentará la capacidad de producción a 60.000 toneladas anuales de litio de grado batería, mediante la construcción de una planta que se iniciará a mediados de este año.

Así lo anunció el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, en el marco del evento ArminerA, que agrupa a las principales empresas del sector. 

“Esperemos que sea el primero de varios”, dijo González, en el marco del evento organizado por IDEA y la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM).

Rincón de Litio es el cuarto proyecto RIGI que se aprueba, pero el primero del sector minero de los siete que se presentaron desde que entró vigencia el régimen de beneficios fiscales y cambiarios, en octubre del año pasado.

Rio Tinto es la segunda empresa minera más grande del mundo y la principal productora de litio del país, después de completar la adquisición de Acardium Lithium a finales del año pasado. 

Opera dos de los seis proyectos de litio en producción en el país: Fénix, en Catamarca, y Salar de Olaroz, en Jujuy.

Con información de agencias.

IG

“Cuando estás haciendo el tendido para ingresar la electricidad al barrio lo primero es poner los pilares que son muy pesados. Para levantar uno de esos y ponerlo en pie, se necesitan cuatro hombres forzudos, o seis mujeres. O dos mujeres y un carrito con palanca”. Para Natalia Ramos la ecuación es así de sencilla. “Las mujeres reemplazamos la fuerza con inteligencia”, grafica. 

Pero no siempre fue así. Aunque nació en La Plata, Natalia vive en la ciudad de Salta desde hace muchos años. Allí cursó el secundario en una escuela técnica y empezó un terciario en Biomedicina. Pero, durante las prácticas en los hospitales, a sus compañeros de cursada les parecía que a ella le correspondía sentarse en un escritorio u ocuparse de la limpieza. 

Aquellos estudiantes no constituían un caso aislado. Muchos hombres y mujeres de la Argentina aún siguen pensando que hay oficios para hombres y otros para mujeres. Más aún en aquella ciudad, a más de 1.400 kilómetros de Buenos Aires, donde se preserva la arquitectura colonial y se rinde culto al Señor del Milagro. 

Las estadísticas ponen en números estas diferencias. Según los Indicadores de Género del Mercado Laboral Argentino que elabora el Ministerio de Economía a través de Secretaría de Coordinación de Producción  y el CEP XXI - Centro de Estudios para la Producción, en 2023  la tasa de feminización, es decir, el porcentaje de mujeres que trabajaban en Salta  era del 26, 9 por ciento. En Buenos Aires, la ciudad capital de la Argentina  era del 40 por ciento. 

Pero hay otros números del Instituto Nacional de Estadística y Censo que documentan que aún en 2025, la brecha promedio de inserción laboral es del 21 % entre hombres y mujeres a nivel nacional y entre quienes tienen trabajo, los sueldos de los varones son un 29 % más altos que los de las mujeres. Esta diferencia se agrava cuando se desagrega la variable trabajadores sin calificación, como la construcción que alcanza a una diferencia del 35,7 % en los ingresos de unas y otros.

La capacitación

Con estas discrepancias en la mira, en 2022 el Gobierno provincial decidió apostar por la inserción laboral de las mujeres con cursos de capacitación en oficios. Fue a partir de la creación de la Secretaría de las Mujeres, Género y Diversidad dependiente del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo provincial. El programa se denomina Constructoras y apunta a formar a mujeres y disidencias para integrarse al sector. 

La elección de la construcción no es caprichosa. Se trata de uno de los sectores de trabajo eventual que emplea mayoritariamente a los varones. Para las mujeres, los trabajos más precarizados y eventuales están ligados al trabajo doméstico o el cuidado de personas. Sin embargo, la diferencia de salarios entre el sector de la construcción y el de servicio doméstico, coloca a las mujeres en un lugar de mayor vulnerabilidad y menor retribución que los hombres. En marzo de 2025 el salario del servicio doméstico era de entre  $2.863 y $3.454 por hora. En cambio, en el mismo mes, los salarios de la construcción arrancaban precisamente en los $3450 y podrían llegar a los $8111, según la zona geográfica y la especialización.  Estas cifras explican el interés por sumar mujeres en una ocupación mejor remunerada. 

Por eso la provincia puso en marcha Constructoras que comenzó a mediados de 2022. Actualmente, el programa está en marcha en Capital, Tartagal, Cafayate, Metán, Cerrillos, Galpón, Cachi, El Carril, Apolinario Saravia, La Caldera, Coronel Moldes, Angastaco y Colonia Santa Rosa, tras desembarcar gracias a la articulación con las Áreas Municipales de Mujeres, Géneros y Diversidad de cada uno de los municipios. Los últimos municipios que se sumaron durante 2025  fueron San Carlos y la Puna salteña. 

Todos los cursos se dictan en colaboración con la UPATECO (la Universidad Provincial de Administración, Tecnología y Oficios). “Primero es un modo de formarlas en un oficio históricamente masculinizado como una manera de romper estas barreras que siguen existiendo en algunos oficios para la incorporación de mujeres y personas LGBT y Q+”, argumenta Itatí Carrique, secretaría de las Mujeres, Género y Diversidad dependiente del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo de la provincia.  Luego apunta: “Además, es incluirlas en un mercado laboral que tiene mejores salarios  que muchos otros ámbitos de la economía donde las mujeres se desarrollan en mayor medida, como por ejemplo, las empleadas de casas particulares”.

Para Carrique poder incluir a las mujeres en un mercado laboral que tiene mejores salarios y mejores condiciones que el que habitualmente transitan “permite lograr mujeres que tengan mayor autonomía económica y mayor posibilidad de autosostenerse, que es una de las grandes dificultades que tienen las mujeres”.

Estos cursos tuvieron un efecto concreto: la capacitación de las egresadas que aprendieron oficios y certificaron sus saberes para integrarse a la construcción. Pero hubo otro efecto colateral: en 2023 el Ministerio de Obras Públicas de la Nación en conjunto con el de El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad anunció la realización del Programa Constructoras a nivel nacional a partir de la experiencia de Salta  y otras provincias con iniciativas similares como La Rioja, San Luis, Catamarca y Chaco. Desde entonces, comenzaron a desarrollarse cursos en todo el país.

Aunque no hay datos desagregados por provincia, la inserción de mujeres en el sector de la construcción tiene estimaciones a nivel nacional. En 2007 las mujeres constituían el 4,1 por ciento de los trabajadores, según los datos del CEP XXI. En 2023 (el último año que registró el estudio) se había elevado al 7,1 por ciento.

Para explicar el crecimiento incipiente que se dio en ese período, además del programa salteño hubo una decisión de la representación sindical en el mismo sentido. Fue en el seno mismo del principal gremio del sector, la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción). A través de su brazo UOCRA MUJER organizó talleres de capacitación por la equidad de género tanto para hombres como para mujeres. “Fortalecer y visibilizar a las mujeres en el sector aporta que más mujeres se sumen y se animen”, explica la titular de la rama gremial  femenina, Paula Martínez. 

La sindicalista es consciente de las diferencias de representación que se dan en el sector: “La industria de la construcción es una industria masculinizada, es decir, durante mucho tiempo estuvo compuesta exclusivamente por varones y aún hoy ellos son franca mayoría”. Sin embargo, apunta: “Esto no implica necesariamente que sea una industria machista. La construcción puede ser tan machista, o tan poco machista, como el resto de la sociedad”. 

En ese sentido, Martínez admite que durante mucho tiempo se sostuvo el argumento de la diferencia de fuerza física como motivo para que quienes participaran de la construcción fueran solo los varones. Pero, en línea con la anécdota que cuenta Natalia Ramos, la sindicalista asegura que ese razonamiento se vuelve insostenible con la tecnificación actual. “Nos obliga a revisar qué otros preconceptos, qué otros mandatos de la masculinidad y de la feminidad están operando para que aún sea una industria fuertemente masculinizada”, agrega.

Si bien la conformación actual del equipo UOCRA Mujeres es más reciente, la preocupación del sindicato por la equidad de género comenzó en los primeros años de la década del 2000. “Dos hitos marcan las primeras acciones de UOCRA Mujeres: por un lado, la sanción de la Ley 25.674 de Participación femenina en las unidades de negociación colectiva de las condiciones laborales conocida como ”Ley de cupo femenino sindical“ en 2002. Por el otro, la crisis del año 2001 que implicó que muchas mujeres, en su gran mayoría jefas de hogar, se acercaran en su búsqueda de sustento a la industria de la construcción”, detalla Martínez.

La sindicalista cuenta que a estas dos realidades buscó dar respuesta la creación del entonces Departamento de la Mujer, que inició sus actividades con relevamientos de la participación de mujeres en obras de grandes dimensiones. Continuó con el trabajo en el abordaje de la salud y seguridad de las mujeres en la industria de la construcción y fue sumando actividades y competencias, entre ellas la transversalización de la perspectiva de género y la sensibilización, manteniendo siempre el objetivo de mejorar la calidad de vida de las trabajadoras constructoras y sus familias. 

El modo que encontró el sindicato para abrir la brecha, también fue la capacitación. “En 2023 concretamos, en conjunto con Fundación UOCRA y Programa PAGE de la OIT cursos en los que participaron más de 120 mujeres de distintas seccionales de CABA, AMBA y Mar del Plata. Además, en la seccional Zona Norte (la de Salta) 10 compañeras se capacitaron en electricidad por un requerimiento específico de una empresa que luego contrató a algunas de ellas”. 

A los cursos de formación los dictan técnicos y profesionales de la Fundación Uocra, pero también hay componentes de sensibilización en perspectiva de género en los que está involucrada específicamente Uocra Mujer. “Somos profesionales de las ciencias sociales y también personal técnico”, apunta Martínez, quien resalta que el equipo es federal y tiene referentes de todo el país de la Fundación Uocra, Uocra Mujer y los centros de formación profesional del sindicato. Todos ellos diseñaron la respuesta en conjunto. El financiamiento también proviene de distintas fuentes. “Hay cursos que cuentan con financiamiento de organizaciones internacionales, otros de gobiernos locales. Algunos se realizaron en conjunto con la Cámara Argentina de la Construcción, y otros por cuenta del sindicato. El programa y los fondos se adaptaron a cada situación, cuentan en Uocra Mujer.

El cupo

En el caso concreto de Salta, la capacitación se articula con otro factor que la potenció: una decisión política. Hasta hoy, gracias a la conciencia creada por el programa Constructoras, 15 comunas salteñas sancionaron una ley de cupo de género que establece que las empresas concesionarias de las obras públicas que contrata la municipalidad, deben tener, al menos un 10 por ciento de mujeres entre sus operarios.  

“Ya que la provincia estaba formando a las mujeres con el programa Constructoras, buscamos una herramienta desde el Concejo Deliberante para la inclusión laboral de esas mujeres capacitadas. La encontramos en el cupo de obras públicas, que permite incorporarlas desde el mismo Estado”, cuenta la concejal Malvina Gareca de la ciudad de Salta que logró que se sancionase una modificación que propuso de incorporar el artículo 3 Bis a la norma 15.593- Adhesión al Sistema de Contrataciones de la Provincia para establecer el cupo femenino. Fue en noviembre de 2022. Meses más tarde en mayo de 2023 la edil Alicia Vargas impulsó que ese cupo del 10 por ciento se extendiese no solo a las contrataciones sino también a las obras que lleva adelante la misma comuna salteña y a los operarios de la planta hormigonera comunal en la que se produce el material destinado a la obra pública. 

Los resultados

Las capacitaciones suman mujeres formadas en oficios relacionados con la construcción. Desde UOCRA Martinez cuentan que fueron 120 en 2023 y en 2024 27 en el AMBA y otras 27 en Comodoro Rivadavia, otro de los distritos donde se impulsaba una ley de cupo en la obra pública. “El rol de UOCRA como sindicato es impulsar, favorecer estas iniciativas, y a la vez ofrecer formación técnica a las compañeras para que cuando esos puestos de trabajo efectivamente estén disponibles, ellas tengan la capacitación necesaria para poder desarrollarse en esta industria”, argumenta Martínez. 

Por su parte, desde la provincia de Salta y Constructoras, Carrique cuenta que desde mediados de 2022 la provincia formó a 1.100 mujeres. “Además de formar en la Capital de la provincia que es el mayor volumen, hemos formado también en 15 de los 60 municipios provinciales. Este año estamos continuando con la formación, de hecho, hace pocos días entregamos los últimos certificado”. 

Si bien la iniciativa en Salta se sigue desarrollando, el programa Constructoras a nivel nacional solo desarrolló unos pocos cursos. Sucede que el Ministerio fue disuelto en junio de 2024 y las capacitaciones se discontinuaron. El único rastro que queda de ellas es un manual que se denomina “La perspectiva de género en el ciclo de la obra pública”. Esta publicación que realizó el Ministerio de Obras Públicas junto a ONU Mujeres tiene por objetivos generar la inclusión laboral de las mujeres en todo el ciclo y rompe con el mandato de la masculinidad en este campo laboral, reconocer la heterogeneidad de su público destinatario y propiciar una mayor participación de las mujeres y diversidades en la toma de decisiones en espacios de jerarquía de la política y la Obra Pública.  El manual reúne buenas prácticas en la gestión administrativa y financiera de la obra con perspectiva de género de la Argentina y de otros países latinoamericanos como Perú, Bolivia y Uruguay. 

La secretaria de Género salteña asegura que el programa Constructoras le sigue dando a la provincia muchas satisfacciones concretas:  “Algunas de esas mujeres se incluyeron en la obra pública. En casos concretos y emblemáticos como la construcción del Centro de Convenciones de Cafayate o un plan de viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda”. 

También Gareca evalúa como positiva la experiencia a partir de la respuesta de las empresas: “Nos dicen que las mujeres realizan una tarea excelente. Con mucha responsabilidad Alaban la calidad de las terminaciones y que son muy organizadas. A veces, más que los hombres”. 

“El conocimiento nos da ventajas-apoya Ramos, una de las mujeres que se capacitó en la provincia- Al principio nos mandaban a limpiar o a un escritorio a hacer papeles. Pero después se dieron cuenta de que éramos útiles. somos organizadas y suplimos la fuerza con conocimientos o herramientas e ingenio”.

En ese sentido, Ramos, una de las beneficiarias del curso apunta: “Siempre me interesaron los oficios, de hecho estudié en la escuela técnica Pero además me tentó la remuneración que es mejor que en otras ocupaciones. Y el poder organizar mis horarios”. Luego cuenta que optó por realizar el tendido eléctrico de las obras y otros trabajos particulares para poder disponer de su tiempo y compatibilizarlo con el cuidado de sus dos hijos. 

Luego hay gratificaciones que pasan más por lo personal. “Mi hija de 10 años está orgullosa de mí, Cuando le preguntan en la escuela qué hace su mamá, cuenta todos los oficios que tengo y, que, además, tengo cultivos y gallinas en casa”, cuenta Verónica González, otra de las salteñas que pasó por las clases.. 

“A mi marido le resultó raro cuando empecé a ir a la obra. pensaba que me iba a volver enseguida. Ahora se acostumbró y tengo su apoyo cien por ciento. Va a buscar a la nena a la escuela mientras yo estoy trabajando”, confiesa Ramos, sobre el día a día que cambió la dinámica familiar. 

La revolución también se instaló en las aulas:  “Cuando empecé el primer curso de albañilería mis compañeros se sorprendían. Era la única mujer entre 18 varones”, grafica González. “También en el barrio se sorprenden de que sepa de albañilería, de electricidad y hasta arreglar lavarropas. Me dicen la multioficio, Cuando me contratan por Whats App para que vaya a hacer un arreglo se sorprenden de que llegue una mujer”, cuenta divertida. 

Su colega Natalia Ramos también describe la reacción de sus clientes: “Intentan pagarme menos por ser mujer. Me dicen que me van a pagar lo que les parezca. Cuesta hacerse respetar”. 

Tras la desaparición del Ministerio de Mujeres las capacitaciones crecieron ya que el Estado nacional no organiza cursos. Sine mango, desde UOCRA, Paula Martínez apunta: “Creo que es imposible aislar el impacto del cierre de organismos estatales de género -el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación entre ellos pero no únicamente- solamente en términos de demanda de capacitaciones.Son muchos los factores que podrían modificar esa demanda: por ejemplo, la tasa de desempleo, que está en aumento y que lleva a muchas personas a buscar nuevas alternativas de subsistencia y ven en la adquisición de nuevas calificaciones una oportunidad. También la mayor difusión de las actividades”. 

Sin embargo, grafica: “el cierre de organismos estatales de género implica la pérdida del interlocutor estatal en el diálogo tripartito (sector empleador, sector del trabajo, Estado) con lo que distintas líneas de trabajo conjunto se deterioran o se pierden”.

Al interior de la organización, durante 2024 UOCRA pudo seguir ampliando la llegada a seccionales de distintos puntos del país. “Trabajamos con 34 seccionales, 18 de ellas por primera vez en 2024, lo que implicó que más de 1200 compañeros y compañeras participaran de actividades de sensibilización, en forma presencial o virtual”, sintetiza.  

 Los aprendizajes

Quienes pasaron por la experiencia de la capacitación y la salida al mercado laboral de la construcción aún señalan cuentas pendientes. Por ejemplo, el preconcepto que existe sobre el desconocimiento de la mujer de ciertas tareas consideradas tradicionalmente como masculinas. “Cuando toman a un hombre no le preguntan dónde aprendió, porque les parece normal que sepa hacer ciertas tareas. Como soy mujer, a mí me preguntan y no me creen que lo sé hacer”, se lamenta Ramos. 

Precisamente, el primer aprendizaje sobre la integración de las mujeres en la construcción surgió sobre la marcha: para insertarlas era necesario tratar de erradicar estereotipos. Así lo describe Martínez  “Desde UOCRA Mujeres trabajamos también con las empresas que están dispuestas a ello para la remoción de los patrones socioculturales que limitan el acceso de las mujeres a sus derechos y a la igualdad y la no discriminación”. También Nancy Hornus, titular del programa de Equidad de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) cuenta que, al igual que el brazo sindical, la entidad empresaria apostó por  la concientización. “Desde la Cámara nos sumamos para acompañar a los empresarios ya que el Estado estableció la perspectiva de género en la obra pública. Comenzamos a trabajar en la sensibilización de los empresarios. El objetivo era desaprender el modo habitual de trabajo para sumar esta perspectiva”.

La ley de cupo implementada en Salta como resultado de las capacitaciones ha inspirado réplicas en otras partes del país y generó que ciudades como Concordia aprobasen una ordenanza de cupo en la obra pública. En Mar del Plata, aún es una propuesta y en Comodoro Rivadavia se sancionó en diciembre de 2024 conel requerimiento de  un porcentaje superior: el 15 por ciento de participación femenina. 

Esta posibilidad de réplica quedó sistematizada en los manuales que editó el Ministerio de Obras Públicas en 2023.  En ese marco, también en octubre de 2023 el Ministerio de Obras Públicas presentó la Red Federal de la Construcción con Perspectiva de Género, una política articulada con la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) que busca consolidar y profundizar en todo el país las estrategias desplegadas para revertir las brechas de género que históricamente afectan al sector fortaleciendo la participación de las mujeres y LGBTI+. Sin embargo, tras el cambio de gobierno en diciembre de 2023 estas acciones quedaron desactivadas. 

Puestas a pensar, las mujeres capacitadas tienen más sugerencias.  “El capacitador del curso era un varón, y a veces nos llamaba muchachos o changos (N.R.: un modismo que se usa en el noroeste de Argentina para nombrar a un joven) y se olvidaba de que éramos todas mujeres. Creo que eso deberían tenerlo en cuenta”, explica Ramos, quien ante esa carencia se propuso ella misma ser capacitadora. “Ahora capacito mujeres para enseñarnos y aprender de nosotras mismas. De hecho estoy yendo a la Puna salteña a dar un curso”, cuenta. 

Las mismas participantes se dieron cuenta de que necesitaban manejar sus tiempos para compatibilizar sus nuevos oficios con las tareas domésticas que suelen recaer en ellas. “Más que trabajar en una obra me sirve hacer trabajos particulares. Así puedo cumplir con las actividades de mi hija. Llevarla y traerla de la escuela, de taekwondo o inglés. Y hacer las tareas de la casa”, describe González, quien se ufana incluso de tener cultivos en el fondo de su casa. Luego analiza: “Algunas de las chicas que hicieron los cursos no se pueden organizar con los horarios y la familia. En definitiva, lo que aprendieron solo les sirvió para hacer arreglos en su propia casa”. 

Consciente de esta necesidad de muchas mujeres de ser trabajadoras y, a la vez, esposas y madres, y sumar las tareas de la casa y las de cuidado, la concejala Gareca asegura que en algunas comunas se promovió la creación de cooperativas para la obra pública que tuviesen un 50% de mujeres y que contemplasen los horarios flexibles para que pudiesen compatibilizar su trabajo con la familia. 

Los límites  

La mayoría de las limitaciones tienen que ver con decisiones políticas. Así describe la situación Paula Martínez: “El número de mujeres y diversidades en la industria de la construcción continúa siendo pequeño aunque mostró un crecimiento sostenido hasta fines de 2023. En 2024, con la eliminación del Ministerio de Obras Públicas y la casi eliminación de la obra pública el golpe al nivel de empleo de los trabajadores y trabajadoras de la construcción fue durísimo. Se estima que se perdieron 200 mil puestos de trabajo directos. Entre ellos por supuesto también hay empleos de trabajadoras”. Al haber menos trabajadoras empleadas, lógicamente menos cuotas sindicales y menos disponibilidad de fondos para cursos y capacitaciones. 

La gremialista señala el rol del Estado como garante de derechos y como regulador de las relaciones entre el sector empleador y el sector de los trabajadores y trabajadoras. “No solo se dio la disolución del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación; también se cerraron o desjerarquizaron ministerios o áreas de género en varias provincias. Y también organismos en otros ministerios que transversalizaban la perspectiva de género en sus respectivas áreas de intervención. Entonces, faltan interlocutores y todos los avances que se venían dando en término de inclusión de mujeres y diversidades en la construcción están ahora en cuestión”. 

En el mismo sentido, Lorena González, titular de la Dirección General de la Mujer y la Diversidad de la Municipalidad de Salta explica que aunque la ordenanza de cupo de género está vigente, no se ha avanzado en su reglamentación para delimitar sus alcances concretos. De este modo, la integración de mujeres depende de la buena voluntad de las empresas pero cuenta con una herramienta poderosa que está subutilizada. Sucede que muchas ordenanzas requiere una reglamentación explícita que incluya los alcances y el modo de ser implementada. No es el caso de la del cupo que depende de la buena voluntad de las empresas. 

Desde lo cotidiano, Natalia Ramos propone sumar práctica a los cursos. “Por supuesto que hay, pero, desde mi experiencia tendrían que ser más, así las chicas salen más seguras y con más conocimientos prácticos”.  Luego apunta: “También nos pasa que , a veces, carecemos de equipamiento. El programa te da un incentivo económico y yo lo aproveché para comprarme un taladro, pero las herramientas son caras, y a los bancos les cuesta darles créditos a las mujeres, más que a los hombres. Entonces una no puede armarse de las herramientas que necesita para entrar en una obra o hacer trabajos particulares de construcción”. Como alumna y como capacitadora, Ramos sueña con la posibilidad de que cada mujer reciba un kit de herramientas de construcción junto a su certificado de capacitación. 

Mientras tanto, se dedica a transmitir lo que sabe, en las aulas y en su propia familia. “Cuando voy a hacer un trabajo, a veces llevo a mis hijos para que me acompañen. Les doy la caja de herramientas y les pido que me las alcancen para que aprendan. Tanto al varón como a la nena, porque los dos pueden ser constructores”, avisa convencida. 

Este reportaje se realizó con el apoyo de la Solutions Journalism Network y la Fundación Hewlett, a través del Fondo para el Periodismo de Soluciones en Latinoamérica, una iniciativa de El Colectivo 506.

Los cuatro gobernadores dialoguistas con la Casa Rosada, Gustavo Sáenz de Salta, Leandro Zdero de Chaco, Carlos Sadir de Jujuy y Claudio Poggi de San Luis, se impusieron en las elecciones provinciales de este fin de semana, sin contratiempos. La sorpresa fue el resultado que obtuvo La Libertad Avanza (LLA), en la capital salteña, un resultado que entusiasma a la tropa libertaria hacia las elecciones nacionales de octubre. Las victorias oficialistas se vieron favorecidas por un peronismo dividido que no pudo resolver sus internas, ni en los distritos intervenidos. 

En Salta, nadie dudaba que se impondría el gobernador Gustavo Sáenz pero la sorpresa fue la derrota del oficialismo con La Libertad Avanza en la capital y que el peronismo se haya quedado con las manos vacías. Por primera vez en una elección de medio término en este distrito, el justicialismo no obtuvo nada y fue un reflejo de la crisis partidaria. De acuerdo a los datos provisorios, que cerraron alrededor de las 20, debido a que la votación fue con la Boleta Única Electrónica (BUE), la “Alianza por la Unidad de los Salteños”, de Sáenz, obtuvo 11 de las 12 bancas a senadores provinciales en juego. Para diputados, se quedó con 20 de los 30 diputados que estaban en juego; mientras que LLA cosechó un senador y 9 diputados provinciales. El Frente Liberal Salteño, libertarios que se referencian con la Casa Rosada pero no con la conducción provincial, obtuvo un diputado provincial.

En su primer discurso, Sáenz sostuvo que “fue una gran elección” y agradeció a todos los candidatos de su espacio. “Yo no sé cómo se leen las elecciones provinciales, las legislativas, pero si de 12, ganamos 11, creo que ganamos 11 a 1, no? Si de 30 diputados, ganamos 20, creo que ganamos, no?”, agregó. Admitió, de todos modos, que “La Libertad Avanza hizo una buena elección”. También con tono irónico y en un claro mensaje por elevación a la titular del PJ Nacional, Cristina Fernández de Kirchner, señaló: “agradezco al PJ intervenido, no sacaron ni un diputado”. “Que se den cuenta que a los salteños no nos dicen desde Buenos Aires lo que tenemos que hacer”, cerró. 

La elección a senador por la capital fue una de las más seguidas, por tratarse del distrito con mayor peso electoral, con 457.642 votantes, alrededor del 41% del total. Roque Cornejo, de LLA, logró el 35,04% de los votos y se quedó con la única banca en juego. En segundo lugar quedó Bernardo Biella, del espacio de Sáenz, con el 30,57%; y muy atrás se posicionó Guido Giacosa, del Frente Justicialista Salteño, con el 6,53%.

Victoria de la alianza de Zdero con LLA

En Chaco, en elecciones que tuvieron una participación que apenas superó el 50%, con el 97% de los datos provisorios escrutados, el frente “Chaco Puede + La Libertad Avanza” cosechó el 45,2% de los votos, un fuerte espaldarazo para la alianza que cerró con la Casa Rosada el gobernador radical Leandro Zdero. Este resultado era seguido desde otras provincias, pues algunos mandatarios radicales estarían dispuestos en avanzar con acuerdos similares, en función de las elecciones nacionales legislativas de octubre.      

En segundo lugar quedó “Chaco Merece Más”, con el 33,2%, un armado del exgobernador Jorgen Milton Capitanich, que logró unir a la mayor parte del peronismo provincial. Tercero quedó “Primero Chaco”, con el 11,3%, un espacio disidente del justicialismo que tuvo como cabeza visible a la intendenta de Barranqueras, Magda Ayala, y que sumó a otros intendentes. Ante una consulta de elDiarioAR, indicaron que este espacio mantiene vasos comunicantes con la Casa de Gobierno chaqueña. De todos modos, demostró que el peronismo dividido facilitó el triunfo del oficialismo y con este resultado, de las 16 bancas en juego para la Cámara de Diputados, Zdero se quedó con 8, el justicialismo con 6 y el peronismo disidente logró 2. 

Capitanich fue el primero de los referentes de peso en hablar antes que se dieran a conocer los resultados oficiales y anticipó la derrota. “Observamos una tendencia favorable al oficialismo, metieron mucha estructura”, dijo, y criticó la demora en la carga de los datos provisorios. Justificó el segundo lugar en que “históricamente las primeras elecciones luego de un recambio de gestión, se suele apoyar al oficialismo”. Alrededor de las 20, un eufórico Zdero dijo en la puerta de la sede partidaria: “reafirmamos que el rumbo que esta provincia tomó a partir del 10 de diciembre del 2023 es el rumbo para poder tener un Chaco que recupere la dignidad. Un Chaco que deje atrás los dolores, un Chaco que ponga transparencia frente a la corrupción”.

Las otras fuerzas que participaron fueron Bases para la libertad (2,07%), Nuevo Espacio Chaco Independiente (2,05%), Partido del Obrero (1,83%), Ahora Vos Chaco (1,68%), Partido Lealtad Popular (0,88%), Movimiento Política, Social y Cultural Proyecto Sur (0,57%), Participación Ciudadana (0,52%), Participación Ciudadana (0,52%) y Partido Frente Arraigo (0,32%).

Poggi se impuso con holgura en San Luis

El gobernador Claudio Poggi, exJuntos por el Cambio, plebiscitó su gestión este domingo y lo logró con holgura, respaldado también por la UCR y por la marcada fragmentación de las otras fuerzas. Por primera vez se votó en esta provincia con la Boleta Única Papel, un sistema que empujó el mandatario por la rapidez para votar y para el recuento provisorio. El triunfo fue una buena noticia para un mandatario que se inscribió dentro del lote de los gobernadores dialoguitas, cercanos a la Casa Rosada. 

“Ahora San Luis”, de Poggi, con el 85% de las mesas escrutadas, logró un 46,81% y el segundo lugar fue para el “Frente Justicialista”, con un 26,50%, del exgobernador Alberto Rodríguez Saá, que también tuvo como rival a su hermano Adolfo, también exmandatario, que cerró un acuerdo con el actual jefe provincial. En San Luis no se constituyó el partido La Libertad Avanza por diferencias internas pero hubo dos listas libertarias. Tercera Posición alcanzó el 7,9% y ¡Viva la Libertad Carajo!, un 7,1%, del diputado nacional Carlos D'Alessandro. Si jugaban juntos podrían haber llegado a los 15 puntos.

Una de las características de la campaña fue la ausencia de referencias a dirigentes nacionales, en especial, desde el oficialismo. Sobre los cuatro senadores provinciales que debían renovarse, el frente del gobernador se impuso en los departamentos Belgrano, Pedernera y San Martín, y en Ayacucho era voto a voto, hasta la medianoche. Para diputados provinciales, “Ahora San Luis” aplastó en Belgrano y Pueyrredón y Jujuy. El “Frente Justicialista” se impuso en Dupuy y Pringles. Lejos quedaron NOS (2,05%); Frente por la Justicia Social (1,90%); Proyecto Clase Media (1,53%); Movipro (1,34%); San Luis Futuro (1%), Frente de Izquierda y los Trabajadores (0,82%) y Movimiento Renovación Chacabuco (0,49%).

Sadir revalidó su conducción

El gobernador radical Carlos Sadir plebiscitó su gestión y le salió como esperaba. De acuerdo a los datos provisorios, que comenzaron a darse a conocer a las 21.30, el “Frente Jujuy Crece” del gobernador, obtiene el 39%; La Libertad Avanza llega a los 19% y el Frente Justicialista alcanza el 11%. Desde varios partidos hubo quejas debido a que el sitio oficial se cae cada cinco minutos.

Recién cerca de las 22, el mandatario provincial salió al escenario de la sede partidaria junto a candidatos y dirigentes a adjudicarse la victoria. “Agradezco a las otras fuerzas, a todos los que compitieron hoy. Felicitaciones a los que resultaron electos como diputados y concejales en los municipios. Vamos a seguir trabajando y haciendo esfuerzos para este estado que llevamos adelante con un modelo de administración responsable, con equilibrio financiero, sin olvidarnos de la gente”, sostuvo. Estos comicios eran claves para el gobernador radical, que sucedió a Gerardo Morales, pues su intención es revalidar conducción para ir por la reelección en 2027, se indicó. 

Con el segundo lugar ya consolidado, el búnker de LLA fue una fiesta. En medio de la euforia, senador nacional libertario Ezequiel Atauche festejó en el búnker y desde allí señaló que ese espacio se convirtió en la verdadera oposición. “Somos la primer fuerza opositora en la provincia de Jujuy”, sumó el diputado nacional Manuel Quintar. “Le vamos a poner un límite a la casta. Nuestros candidatos a concejales han arrasado en las principales localidades y en San Salvador”, dijo. Para Atauche y Quintar el resultado fue clave porque consolidó sus liderazgos, frente a las otras dos listas libertarias que se presentaron, que acusaban ideario mileista pero que cuestionaron a la conducción provincial.  

Según el secretario electoral, Alejandro Gluck, “votó alrededor del 50% del padrón en San Salvador y en el interior, cerca del 60%, por lo que el promedio dio un 63%”, dijo. En este distrito se renuevan 24 miembros, el sistema es unicameral y se votó con el tradicional voto de papel, por lo que los votantes se encontraron con numerosas boletas en el cuarto oscuro.

En donde habrá una lectura fina de la elección será en el peronismo por el choque entre el Frente Justicialista, del PJ intervenido, y el espacio de la senadora nacional Carolina Moisés, que obtuvo un magro resultado. Moisés es refractaria a la conducción del PJ Nacional que preside Cristina Fernández de Kirchner. En noviembre habrá elecciones internas pero el objetivo de la expresidenta sería unir al peronismo antes de las elecciones nacionales de octubre. 

Los jujeños fueron a las urnas también para la renovación de la mitad de concejos municipales en cada localidad y se eligieron vocales de comisiones municipales. Los 598.408 votantes habilitados fueron distribuidos en 1.812 urnas, en 308 establecimientos de toda la provincia.

DC/MG

El gobernador de Salta Gustavo Sáenz celebró la victoria obtenida en las elecciones legislativas provinciales. “Hicimos una gran elección y hoy la provincia se ha vestido con los colores del poncho salteño”, expresó el mandatario, destacando el fuerte respaldo obtenido en el interior provincial.

Sáenz resaltó los resultados obtenidos, por los que se obtuvo 11 de los 12 senadores en juego y 20 de los 30 diputados. “Si de 12 senadores que se elegían ganamos 11, creo que ganamos 11 a 1 y si de 30 diputados ganamos 20, creo que ganamos”, afirmó el gobernador, subrayando la contundencia del triunfo que lo mantiene liderando la mayoría en ambas Cámaras legislativas de la Provincia.

El mandatario hizo hincapié en el federalismo y la identidad salteña, subrayando el apoyo recibido en el interior de la provincia. “El 42% de los electores están en Capital y agradezco a todos los que nos hayan acompañado y nos siguen acompañando. Pero el otro 58% está en toda la provincia. Y si yo defiendo el federalismo a nivel nacional, con mucha más mayor razón lo hago también aquí en mi provincia”, señaló Sáenz y agregó: “Así como digo siempre que la Argentina no empieza y termina en la General Paz, tampoco Salta empieza y termina en Aunor”.

Además, el gobernador felicitó a los diputados electos y al senador por Capital, y llamó a la unidad de todos los sectores políticos. “Los invito nuevamente con humildad, con grandeza a los que entraron y van a representar a Salta, que trabajemos juntos. Las elecciones se terminaron”, afirmó Sáenz, convocando a construir puentes en lugar de muros.

Sáenz también destacó la importancia de escuchar a todas las voces, incluyendo las críticas constructivas, pero rechazó los agravios y las mentiras. “Vamos a escuchar a los que opinan distinto porque lo venimos haciendo. Vamos a escuchar a los que tienen una oposición constructiva, a los que no los vamos a escuchar son a los detractores que durante mucho tiempo y mucho antes de la campaña vienen agraviando, insultando, inventando y mintiendo para hacerle creer cosas a la gente que no son”, expresó.

Finalmente, el gobernador reafirmó su compromiso de trabajar por el crecimiento de Salta, defendiendo los intereses de los salteños y buscando convertir a la provincia en la perla del norte argentino. “Salta tiene la posibilidad histórica de convertirse en la perla del norte argentino y lo estamos demostrando, vamos a seguir trabajando en ese sentido”, concluyó Sáenz

Los resultados oficiales se pueden seguir en el siguiente link.

MU

Las elecciones Legislativas en Jujuy finalizaron a las 18 y, si bien se esperan los primeros resultados hacia las 20, las cuatro fuerzas con mayor posibilidad de incorporar diputados, concejales y vocales de comisiones municipales son Jujuy Crece, que representa a la UCR; el Frente Justicialista, el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) y el debut de La Libertad Avanza (LLA).

Hay expectativa más allá de cada una de las cuatro provincias, ya que con un calendario electoral escalonado, los resultados de hoy pueden marcar nuevos armados, alianzas y estrategias de las distintas fuerzas políticas para las próximas contiendas de acá a octubre.

Chaco

Chaco elige 16 diputados en una elección donde debuta la alianza entre la UCR y La Libertad Avanza. La ciudadanía chaqueña empezó a concurrir desde esta mañana a las urnas para elegir 16 diputados que renovarán la mitad de la Cámara de Diputados unicameral, en una elección que tiene como dato saliente la alianza enhebrada entre el gobernador Leandro Zdero y La Libertad Avanza (LLA).

Es la primera provincia donde el presidente Javier Milei decidió avanzar en una coalición con uno de los partidos políticos dialoguistas que ayudó el Gobierno a sancionar leyes en el Congreso.

Por ese motivo, la mirada nacional estará puesta en Chaco para evaluar si este frente fue beneficioso para Zdero, que busca renovar las siete bancas que pone en juego y sumar dos nuevos diputados para conseguir la mayoría parlamentaria.

Al momento de votar esta mañana, el gobernador Zdero desmintió pedidos de La Libertad Avanza para no incluir al PRO en la alianza provincial. “Dentro de las listas hay candidatos del PRO. Tenemos un gobierno de coalición, seguimos trabajando hoy, mañana y siempre, de la misma manera que generamos una alianza amplia en nuestra provincia y de esa manera seguirá avanzando”, sentenció a la salida del cuarto oscuro.

En sus declaraciones, el gobernador también admitió algunos faltantes de presidentes de mesa, aunque aclaró que las autoridades lograron resolver los traspiés, y denunció el robo de boletas.

Zdero, que pertenece al radicalismo, tiene la ventaja de que el peronismo irá dividido, ya que se le rebelaron al ex gobernador y líder del justicialismo Jorge “Coqui” Capitanich diputados e intendentes que se presentarán por afuera del frente “oficial” del PJ.

Para esta elección están habilitados para votar mas de 1 millón de chaqueños.

Para elegir los 16 diputados se presentan 11 listas, que tendrán en la boleta de papel un color que identificará a cada agrupación y las fotos de su primer candidato.

El oficialismo, que tiene 15 de las 32 bancas, pone en juego 7 diputados y se presenta bajo el lema “Chaco Puede+Libertad Avanza”.

Por su parte, el bloque justicialista tiene 11 bancas y pone en juego 6 lugares, y se presentará con la agrupación “Chaco Merece Mas”. El ex gobernador de Chaco Jorge Capitanich encabezará la lista del peronismo.

Durante la jornada electoral, el candidato y ex gobernador se acercó a votar y expresó sus impresiones sobre el proceso democrático, el estado del tiempo y la importancia de participar. Capitanich sostuvo hoy que la transparencia debe alcanzar a todos los poderes del Estado y también a los medios y redes sociales.

“Yo quiero muchas fichas limpias: ficha limpia para todos. Ficha Limpia para jueces y fiscales, que tienen que presentar declaración jurada patrimonial y positiva. Ficha Limpia para los medios de comunicación. Ficha Limpia para las redes sociales”, sentenció.

También, denunció intentos de manipulación y remarcó la importancia de garantizar la fiscalización para asegurar la transparencia del proceso.

En tanto, el diputado peronista Atlanto Honcheruk armó junto a intendentes el frente“ Primero Chaco”.

También se postulan por el Partido Obrero César Báez; por el Movimiento Político Social María Celeste Espínola; y por Lealtad Popular Héctor Pruncini.

Además, se presentarán Gerardo Delgado (Ahora Vos Chaco); Marta Kassor (Bases para la Libertad); Luara Gerzel (Frente Arraigo); y Juan José Bergia (Nuevo Espacio Chaco Independiente).

San Luis

San Luis elige legisladores e intendentes con el debut de la Boleta Única de Papel. Esta es la primera prueba electoral para el gobernador Claudio Poggi, quien asumió en diciembre de 2023 tras derrotar al peronismo. Ahora, su gestión buscará consolidar poder territorial frente al espacio que encabeza Alberto Rodríguez Saá.

Así, la provincia de San Luis arrancó esta mañana con las elecciones legislativas y municipales, en una jornada marcada por el debut de la Boleta Única de Papel (BUP), un sistema que reemplaza a las tradicionales boletas partidarias y busca agilizar el proceso electoral.

Algo que celebró el gobernador al salir del cuarto oscuro:   “La novedad es la implementación de la Boleta Única de Papel que va a dar más trasparencia, economía en los costos de impresión, una medida ecológica y se abrieron las mesas mucho más rápido”.

El padrón habilitado incluye a ciudadanos mayores de 18 años, para quienes el voto es obligatorio, mientras que los jóvenes de 16 y 17 años y las personas mayores de 70 pueden votar de manera voluntaria.

En estos comicios se renuevan 22 bancas de la Cámara de diputados provinciales, lo que representa la mitad del cuerpo legislativo, y cuatro escaños en el Senado correspondientes a los departamentos de Belgrano, San Martín, Ayacucho y Pedernera.

Además, se elegirán intendentes y concejales en decenas de localidades, lo que incluye las ciudades de San Luis, Villa Mercedes, La Punta, Juana Koslay y Potrero de los Funes, así como también en comunas más pequeñas como Renca, Beazley, Naschel y Unión.

En los comicios de San Luis, los candidatos estarán representados con nombre y apellido, y la fotografía de los primeros postulantes.La lista contendrá los nombres y apellidos de los cinco primeros candidatos y candidatas.

La provincia cuenta con la particularidad de ser una de las pocas en las que La Libertad Avanza, el partido que fundó el presidente Javier Milei, no participa.

El actual gobernador, Claudio Poggi, quien lidera el frente Ahora San Luis y reúne a partidos como el PRO, la UCR y Avanzar San Luis, ungió al intendente de la ciudad de Juana Koslay, Jorge “Toti” Videla, como cabeza de lista de diputados en el departamento de Pueyrredón, el más importante de la provincia y donde está la capital.

El ex mandatario provincial Alberto Rodríguez Saá impulsa a la diputada nacional Silvia Sosa Araujo como principal candidata del Frente Justicialista. Al salir de votar, Rodríguez Saá arremetió contra la gestión del actual de Poggi.

“El gobierno ha sumergido a la provincia en la pobreza”, sentenció al ser consultado sobre el ánimo social. “Hay tristeza, miedo. No se acompañó la inflación con aumentos salariales y eso generó pobreza. Hoy tenemos un 27% de pobreza en San Luis”, afirmó.

Rodríguez Saá apuntó contra la gestión de Poggi y denunció amenazas a empleados estatales: “Hay muy pocos electores. Puede ser por desinformación, pero también por miedo: si no votás, no te pueden echar porque no sos responsable”.

En tanto, la coalición La Libertad Avanza (LLA) presentó candidatos tanto para cargos legislativos como municipales, pero no cuenta con el apoyo de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Se trata de la lista “Viva La Libertad, Carajo” que encabeza Héctor David Ocaña.

Por otro lado, el diputado nacional Carlos D`Alessandro encabeza la lista del Partido Tercera Posición, que se define como aliado libertario.

El Frente de Izquierda Unidad presentó lista de candidatos solo en el distrito de Pueyrredón, con Johana Anahí Gómez como cabeza de nómina.

Al igual que en otras provincias, San Luis no tendrá Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Salta

También sin PASO y con voto electrónico, la provincia de Salta arrancó esta mañana con las elecciones para renovar 12 bancas en el Senado provincial y 30 en Diputados, además de cargos municipales en distintos departamentos, en una jornada clave para el escenario político local.

Junto a la elección de cargos legislativos, a estos comicios se suma la revalidación de intendencias, concejalías y la designación de convencionales constituyentes que modificarán la Carta Municipal de la ciudad de Salta.

Las autoridades recordaron que el voto es obligatorio para los mayores de 18 años y que quienes no concurran sin justificación válida podrán ser sancionados con multas, conforme a lo previsto por la legislación provincial.

Entre los principales candidatos se destacan el actual diputado y médico Bernardo Biella, quien se postula como senador por la Alianza por la Unidad de los Salteños, con respaldo del gobernador Gustavo Sáenz.

En plena jornada electoral, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, emitió su voto y pidió “un baño de humildad” para la dirigencia nacional. Consultado sobre su vínculo con el mandatario Javier Milei, Sáenz explicó que decidió acompañar algunas iniciativas del Ejecutivo Nacional porque considera que “el presidente fue elegido por los argentinos con un porcentaje importante” y que “hay que dejar gobernar”. Sin embargo, aclaró que su apoyo no es incondicional:

A su vez, aparece entre las figuras destacadas de los comicios Flavia Royón, ex secretaria de Minería de la Nación, como primera candidata a diputada por Capital por el Frente Vamos por Salta; y Guillermo Kripper, referente del Frente Unidos por Salta, también en carrera por una banca en esa categoría.

Adicionalmente, competirán fuerzas como el Frente Cambiemos Salta, el Frente Justicialista Salteño, el Frente Juntos, el Frente Liberal Salteño por Salta Libre, Salta Va con Felicidad, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, La Libertad Avanza, Salta Independiente (SI) y Patria Grande.

Los ciudadanos deben elegir a 232 convencionales municipales, encargados de redactar o reformar las Cartas Orgánicas de sus municipios, y también 121 concejales municipales, distribuidos en más de 20 localidades,

 El Tribunal Electoral de Salta habilitó en su sitio web oficial la consulta de padrones y los listados completos de candidatos oficializados: https://www.electoralsalta.gob.ar/ .

Jujuy

La UCR de Jujuy pone en juego su dominio en las elecciones legislativas , en las que se renuevan 24 diputados provinciales, así como también 288 concejales y miembros de comisiones municipales en diversas localidades.

Los jujeños eligen a sus nuevos representantes bajo el sistema tradicional de boletas separadas por cada partido y candidato. El voto es obligatorio para los ciudadanos de entre 18 y 70 años, mientras que es voluntario para jóvenes de 16 y 17 años y para los mayores de 70, con la posibilidad de justificar la no participación en caso de causas válidas.

El oficialista Frente Jujuy Crece lleva a Adriano Morone como cabeza de lista, con el apoyo del gobernador Carlos Sadir.Morone irá por su reelección, al igual que Gisel Bravo y Omar Gutiérrez.

Al momento de votar,  el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir denunció que La Libertad Avanza (LLA) realizó una “clara violación” de la veda electoral al enviar comunicaciones a los jujeños por teléfono y mensajes en redes sociales.

“Nuestros apoderados del frente lo plantearon porque a pesar de regir la veda se seguían enviando mensajes y comunicaciones por la web”, sostuvo tras emitir el voto en el cuarto oscuro, y sumó: “Es una clara violación a la veda”.

Asimismo, remarcó que su espacio compite en soledad, y planteó que por primera vez, el espacio que fundó el presidente Javier Milei se medirá en Jujuy.

El Frente Justicialista, en tanto, postula a Noemí Elizabeth Isasmendi, ex directora de ANSES Jujuy, como primera candidata, seguida por Juan Manuel Soler.

Otra lista del peronismo es el Frente Somos Más que encabeza Carlos de Aparici, a la vez que la actual concejal de San Salvador de Jujuy Graciela Carrasco encabeza el armado peronista Frente Primero Jujuy.

Por La Libertad Avanza (LLA), en tanto, competirá Kevin Ballesty, que fue funcionario durante el gobierno de Gerardo Morales, y lo acompañan Fernanda Checa, Emiliano Pérez Robinson, Sofía Ternavasio y Matías Paternó.

Por el Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad competirá el diputado nacional Alejandro Vilca.

MP con información de NA

A horas del súperdomingo de comicios ya rige la veda electoral en Chaco, San Luis, Salta y Jujuy, en donde se renovarán de manera parcial cargos legislativos. Se trata de distritos en donde mandan los jefes provinciales Leandro Zdero, Claudio Poggi, Gustavo Sáenz y Carlos Sadir, considerados “gobernadores dialoguistas” por mantener diálogo fluido con el gobierno del presidente Javier Milei, con quien han colaborado en la aprobación de leyes con los diputados y senadores que les responden. Los cuatro plebiscitarán sus gestiones y entre lo más novedoso se cuenta la alianza que selló Zdero con La Libertad Avanza, laboratorio que será seguido de cerca porque podría influir en decisiones en otros distritos en función de las elecciones nacionales legislativas de octubre.

El choque de fuerzas más interesantes tendrá como escenario a Chaco debido a la coalición que cocinó Zdero en la Casa Rosada con Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, y Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, a quien la hermana del presidente empoderó para que tome decisiones sobre el armado en las provincias de LLA. Del diálogo entre los tres nació “Chaco Puede + La Libertad Avanza”. En la otra vereda se encuentra el “Frente Chaco Merece Más”, del tres veces gobernador Jorge Milton Capitanich, que logró encolumnar a la mayoría del peronismo, es decir, una línea que responde al exgobernador Domingo Peppo, kirchneristas, massistas y afiliados que se identifican con Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires. El choque entre Zdero y Capitanich augura tensiones porque los sondeos indican que el oficialismo se impondría pero con un estrecho margen.

En el acto de cierre de campaña, el mandatario chaqueño pidió que los electores “vayan a votar con entusiasmo para que no demos ni un paso atrás, para que sigamos avanzando”. “Nosotros no somos esos teñidos de corrupción, por eso les pido que el domingo vayamos a votar para recuperar ese orgullo de ser chaqueño y de que el Chaco puede salir adelante”, agregó. Capitanich llamó a “poner límites con el voto” al “despilfarro, al endeudamiento irresponsable, a la corrupción, a los tarifazos, al deterioro del trabajo, a las privatizaciones encubiertas”. “Pido perdón desde lo más profundo de mi corazón por lo que hicimos mal, por lo que fallamos, por lo que no pudimos satisfacer, por los que se sintieron defraudados y por los muchos que cometieron errores usando nuestra buena fe”, cerró.

Más de un millón de chaqueños están habilitados para elegir 16 de las 32 bancas de la Cámara de Diputados, entre 11 listas provinciales. Los otros espacios que se presentan son el Frente Primero Chaco, Partido Obrero, Movimiento Político, Social y Cultural - Proyecto Sur, Lealtad Popular, Participación Ciudadana, Partido Frente Arraigo, Ahora Vos Chaco, Bases para la Libertad y Nuevo Espacio Chaco Independiente.

Poggi, el disidente

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, plebiscitará su gestión y buscará obtener una mayoría especial en las dos cámaras legislativas y para eso construyó el “Frente Ahora San Luis” en el que conviven el exgobernador peronista Adolfo Rodríguez Saá y varios partidos que van desde la UCR y el PRO, hasta Libres del Sur. Poggi supo ser un hombre fuerte del exgobernador Alberto Rodríguez Saá, con quien rompió y se convirtió en mandatario en 2023 de la mano de lo que fue Juntos por el Cambio. 

En esta provincia se elegirán 22 diputados y 4 senadores provinciales y se votará por primera vez con Boleta Única Papel. En este distrito no se votan listas provinciales, sino que se eligen representantes por distrito electoral, es decir, diputados por los departamentos Pueyrredón, Belgrano, Dupuy, Junín y Pringles. Y solo senadores por Ayacucho, Pedernera, San Martín y Belgrano. 

La principal fuerza con la que se medirá Poggi será el “Frente Justicialista” de Alberto Rodríguez Saá y que tiene como principal candidata a la exministra de Salud, Silvia Sosa Araujo. Es decir, también habrá choque de hermanos. La dificultad para esta “lista oficial” del PJ es que habrá en los cuartos oscuros otras dos listas peronistas, que son el Frente Primero San Luis y el Frente por la Justicia Social. Un peronismo dividido que podría servirle en bandeja una amplia victoria al gobernador.

Por desavenencias internas, La Libertad Avanza no pudo constituirse como partido político en este distrito y desde la Casa Rosada se bajó la instrucción de no chocar con Poggi, según trascendió. Solo habrá dos desprendimientos que competirán en algunos municipios: “Tercera Posición”, que apadrina el diputado nacional Carlos D'Alessandro, y “Viva La Libertad Carajo”, que respaldan la senadora nacional Ivanna Arrascaeta y el prosecretario parlamentario y empresario de la salud Rodolfo Negri.

El resto de las listas que se presentarán en este comicios son el Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad, Frente Primero San Luis, NOS, Proyecto Clase Media, S.U.M.O., San Luis Futuro, Partido M.A.S. y Mo.Vi.Pro.

Sáenz va por todo

En Salta, el octavo distrito electoral más grande del país, están habilitados para votar este domingo 1,09 millones de personas, que deberán elegir 30 diputados y 12 senadores provinciales, 121 concejales y 232 convencionales municipales, quienes deberán reformar las cartas orgánicas locales. Como en estos últimos años, los salteños votarán con la Boleta Única Electrónica (BUE) que combina lo digital con el soporte papel.

El gobernador Gustavo Sáenz construyó la “Alianza por la Unidad de los Salteños”, que está integrada por los frentes “Unidos por Salta” y “Si Salta Unida”, más el espacio peronista “Vamos Salta”. Este último tiene el sello de las autoridades partidarias del PJ intervenido y una liga de intendentes justicialistas que, en rigor, representan a la mayoría de los municipios. Además, el mandatario acordó con el intendente de la capital salteña, Emiliano Durand, por lo que se espera una buena performance del oficialismo en el distrito provincial de mayor peso.

En la vereda de enfrente se encuentra el Frente Justicialista Salteño que se armó con el Partido Justicialista intervenido, con el exfuncionario nacional Sergio Berni y la pampeana Luz Alonso como sus titulares; el Partido del Trabajo y el Pueblo, Salta va con Felicidad, más los partidos kirchneristas Frente Grande, Instrumento Electoral por la Unidad Popular, Kolina y el Partido de la Victoria. Lejos de unir al peronismo, la intervención del PJ blanqueó las diferencias internas, en especial, de un importante sector que es refractario a la conducción nacional de su titular, la expresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner. Este espacio es el que armó el “Vamos Salta” que juega con Sáenz.

El Frente responde al senador nacional Sergio “Oso” Leavy y lleva como candidatos por la capital provincial a Guido Giacosa, para senador, y a Verónica Caliva, para diputada.

Los libertarios tienen el problema de ir divididos. Por un lado, el Partido La Libertad Avanza, el espacio que responde al presidente Milei, que tiene como principales referentes a la diputada nacional Emilia Orozco y al exdiputado y poderoso sojero Alfredo Olmedo. Este espacio no tuvo acto de cierre de campaña pero en los últimos días visitaron esa provincia los influencers Gordo Dan, Mariano Pérez, Iñaki Gutiérrez, Eugenia Rolón y Agustín Romo, que reportan de manera directa a la Casa Rosada. Hubo presentación en un teatro de la capital y durante sus exposiciones no hubo críticas a la gestión de Sáenz, solo para el peronismo, la UCR y el PRO, a los que trataron como “la casta”. El cuidado de la figura del gobernador quizás se relacione con el buen diálogo que tejió desde el minuto cero con la gestión de Milei. Al día siguiente del acto de los influencers, el Gordon Dan –cuyo nombre es Daniel Parisini– se corrió hasta Jujuy para colaborar con la campaña.

El otro espacio libertario es el Frente Liberal Salteño por Salta Libre, que también acusa referencia en el presidente Milei, no así con la conducción local. Sus dirigentes más visibles son Alberto Castillo, hasta hace unos meses funcionario de Sáenz, y Alba Quintar, abogada y asesora “ad honorem” del Ministerio de Justicia de la Nación en Salta. Se especula que la aparición de este frente fue fogoneado desde la Casa de Gobierno salteña para dividir el voto libertario y si hay alguien que supo aplicar fórmulas para dividir a la oposición en estos últimos años en beneficio propio, ese es Sáenz.

Las otras listas que participarán de los comicios son el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Frente Juntos (exintegrantes del deshilachado Juntos por el Cambio, entre ellos, la UCR y PRO) y el Frente Cambiemos Salta.

Sadir muestra músculo

El Tribunal Electoral Permanente de Jujuy informó que casi 600.000 electores están habilitados para votar este domingo, con la tradicional boleta de papel, para elegir a 24 diputados provinciales titulares, 10 suplentes, 288 concejales y representantes de comisiones municipales. Los frentes que formarán parte de la contienda son 11 y un partido político.

El gobernador Sadir construyó alrededor de la UCR, que gobierna esa provincia desde 2015, el Frente Jujuy Crece, al que sumó para esta elección a dirigentes peronistas de extracción sindical. Sadir, que viene de ser ministro de Hacienda de Gerardo Morales, buscará este domingo sumar músculo para consolidar su liderazgo. Paso a paso se diferencia del exprecandidato a vicepresidente de la Nación y el resultado de esta elección será clave. Para que no quepan dudas de su intención el principal candidato es el presidente de la Juventud Radical, Adriano Morone, de su más estrecha confianza.

Los libertarios llegan a esta instancia divididos en tres. El sello LLA es sostenido por el senador nacional Ezequiel Atauche y el diputado nacional Manuel Quintar, que reportan de manera directa con Karina Milei y “Lule” Menem, pese a que la hermana del presidente de a Nación todavía no visitó esta provincia, como sí lo hizo en otros distritos para respaldar el nacimiento del partido. Por ejemplo, en Tucumán y Salta. De igual modo, para que no quepan dudas que se trata de la fuerza de Milei, el Gordo Dan estuvo en esa provincia junto a Atauche y Quintar participando de la campaña.

En la recta final hacia las elecciones aparecieron dos nóminas identificadas con el ideario libertario que coinciden en criticar a los referentes locales de Milei. Se trata del Frente Unir Liberal y el Frente Transformación Libertaria Jujuy, cuyos votos serán violeta, del mismo color que la lista oficial libertaria. Se señala que habría sido una operación de la Casa de Gobierno jujeña para partir el voto opositor.

En donde no hubo injerencia externa pero sí atraviesa un cisma a cielo abierto es en el peronismo. Desde que se intervino el PJ provincial, en julio de 2023, los interventores Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez, no pudieron unir a las distintas corrientes. La grieta se profundizó cuando la conducción provincial pateó para noviembre la interna para elegir autoridades internas, prevista para antes de los actuales comicios provinciales. Se suponía que la interna ordenaría al partido y de allí saldrían los candidatos. No sucedió. Por eso, la elección de este fin de semana funcionará, en los hechos, como una interna justicialista.

Por un lado está el Frente Justicialista, que es el resultado del armado en el que trabajaron Fernández y Menéndez, con el aval de la presidenta del PJ Nacional, Cristina Fernández. Los referentes son la diputada nacional Leila Chaher, que integra La Cámpora y pretende presidir al peronismo provincial, y a Rubén Rivarola, quien fue ungidocomo presidente del PJ cuando fue intervenido, en medio del escandaloso proceso de reforma de la Constitución local que fue apoyado por el PJ.

Del otro lado se encuentra el Frente Somos Más, articulado en torno del espacio de la senadora nacional Carolina Moisés, quien también aspira a tener voz de mando en el PJ vernáculo y es crítica de la conducción que ejerce de Cristina de Kirchner. La otra referencia de esta alianza es el candidato a diputado provincial Carlos De Aparici. Constituido por partidos provinciales y municipales, Moisés confía también en la suma de gremios y movimientos sociales para que su fuerza obtenga un buen resultado este domingo. Su principal objetivo es derrotar al Frente Justicialista.

También participará de las elecciones un tercer espacio que está integrado por hombres identificados con el peronismo pero que en las elecciones de 2023 jugaron con Gerardo Morales. Se trata del Frente Primero Jujuy, del exrector de la Universidad Nacional de Jujuy, Rodolfo Tercchi, y Carlos Haquim, exvicegobernador jujeño y que integra el espacio Hacemos, del exgobernador cordobés Juan Schiaretti. 

Otra fuerza que buscará tener un resultado positivo, teniendo en cuenta que en cada comicio provincial tuvo buenos resultados, es el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, de donde surgió el diputado nacional Alejandro Vilca. Esta semana visitó esa provincia el diputado nacional Nicolás del Caño, quien estuvo muy activo en la recta final de la campaña. Los otros espacios que competirán son el Frente por un Nuevo Jujuy y el Frente de los Trabajadores Jujeños, referenciado en Carlos Hamud, secretario general de la CTA Autónoma de Jujuy. 

DC/MG

Las exportaciones de litio argentino, que tuvieron durante más de veinte años como protagonistas a las provincias de Catamarca y Jujuy, sumaron en febrero a Salta. Eramine Sudamérica, la subsidiaria local de la compañía francesa Eramet, realizó la primera exportación de 40 toneladas de carbonato de litio desde la puna salteña a China. Este año la empresa planea exportar 13.000 toneladas, aportando un crecimiento de 19% al total de exportaciones de litio del país. 

Pasados catorce años y una inversión de U$S800 millones desde la primera exploración, el proyecto Centenario-Ratones –ubicado a 3.800 metros sobre el nivel del mar en la región conocida como la puna salteña, en el departamento de los Andes– marcó un hito para la minería en la provincia. La relevancia del hecho radica en que, tras años de que tanto Jujuy como Catamarca se llevarán los títulos de la producción de litio, la provincia inició un camino que se acelerará cuando comiencen a hacer lo mismo los otros dos proyectos que se inauguraron recientemente: Sal de Oro (de la coreana Posco) y Mariana (de la china Ganfeng Lithium) . 

Cuando los tres se encuentren produciendo a toda su capacidad hacia el 2030 (25.000tn Eramine, 25.000tn Posco y 20.000tn Ganfeng), tendrán el potencial de duplicar la producción actual de litio en Argentina ( 67.000tn según la Bolsa de Comercio de Rosario). 

Desafíos logísticos en la puna salteña: un camino largo y complicado

El primer despacho de carbonato de litio tuvo un trayecto logístico de 1580 km desde el salar Centenario-Ratones hasta el Puerto de Rosario, desde donde se embarcó a China. El paso de Sico, que es la frontera con Chile más cercana, hubiera significado la mitad del kilometraje. Sin embargo, la ruta no se encuentra acondicionada para tal fin, y solo están habilitados los camiones de carga: “Hoy por hoy es más barato exportar por el puerto de Rosario, porque falta infraestructura para pasar por Chile”, aseguran desde la empresa en diálogo con este diario. 

En una visita a proyectos mineros de la puna, elDiarioAR vivió en carne propia la falta de infraestructura y complicaciones logísticas de Salta: un alud provocado por lluvias en el cerro ocasionó una demora de seis horas por tres cortes en la ruta nacional 51, que conecta a la ciudad con todos los proyectos mineros de la puna. 

Y las empresas que operan allí lo tienen contemplado. Desde el área de logística de Eramine informaron a este diario que cuentan con rutas alternativas cuyas distancias pueden ser más largas (bajando por Jujuy, por ejemplo). En cada corte calculan que la demora estimada no sea mayor a los tiempos que se extienden por ir por camino alternativo. 

En diálogo con este diario, desde la propia empresa admitieron haber esperado a publicar el anuncio de la salida del camión hasta que el mismo no estuviese en camino. Febrero es temporada de lluvias en Salta y los cortes son más regla que excepción. 

Con la obra pública parada, el gobierno provincial y las mineras intentan encontrar alguna alternativa para resolverlo. 

Tecnología de extracción directa

Además de tener la particularidad de ser pionero en la comercialización de litio en Salta, el proyecto es el primero en el país que cuenta con un proceso de extracción directa de litio (EDL) a escala industrial. El método de extracción utilizado hasta ahora en el mineral ubicado en salmueras es el evaporítico, que consiste en separar el litio del resto de los minerales a través de sucesivas evaporaciones en piletones especiales, aquellos que ilustran la mayoría de las fotos de los salares en explotación.

La extracción directa no utiliza las piscinas de evaporación para hacer la purificación. En tanto, la salmuera de descarte (la que sobra luego de obtener el litio) puede ser devuelta al salar. Según la propia empresa, este proyecto recuperará el 90 por ciento del litio contenido en la salmuera natural, y tiene un período de procesamiento de 7 días, frente a los 18 meses que lleva el proceso tradicional. Además, aseguran que es más conveniente para el medio ambiente dado que “requiere la mitad del bombeo de salmuera con igual producción y permite reciclar hasta el 60 por ciento del agua insumida, por lo que requiere menos agua que con los métodos convencionales por evaporación”. 

Sin embargo, existen dudas sobre esta tecnología, que se encuentra aprobada pero es incipiente: la única experiencia a escala industrial se encuentra en China, más pequeña que la extensión del proyecto salteño y el resto se aplica a escala piloto. Un estudio publicado por la revista Nature Reviews Earth & Environment destaca que la EDL podría incluso utilizar mayores cantidades de agua que el método actual, comprometiendo su aplicabilidad en lugares áridos. Además, la investigación alerta que algunas tecnologías de extracción directa implican cambios de pH en la salmuera (calentamiento de la salmuera hasta 80ºC), y utilización de productos químicos que deben tenerse en cuenta durante las evaluaciones de impacto ambiental.

Litio en Argentina

Argentina es el segundo país con reservas de litio en salmuera (una de las formas más simples y menos costosas para la explotación) y el cuarto productor de carbonato a nivel mundial, y cuenta con operaciones desde hace treinta años. Estas condiciones, que llevaron al país a estar en la mira mundial durante el auge del precio del mineral en 2022- pasó de comercializarse de U$S20.000 promedio a U$S73.000 la tonelada entre 2021 y 2022-, hoy sirven para amortiguar el freno de inversiones de la producción de mineral, que se observan a nivel mundial a raíz de la vertiginosa caída del precio - que ronda los U$S10.000 la tonelada-.

Los números verifican esta paradoja: las exportaciones argentinas de carbonato de litio cayeron 35% en millones de dólares entre el primer semestre de 2023 y 2024; pero la producción sigue aumentando- –63% en el mismo periodo–.

Actualmente existen seis proyectos en producción en el país: Proyecto Fénix, que opera desde los 90 en el Salar del Hombre Muerto de Catamarca a través de Río Tinto (ex Livent fusionada con Allkem y convertida en Arcadium Lithium). Luego el Salar de Olaroz en Jujuy, que comenzó a producir en 2016 y pertenece a la firma Sales de Jujuy, subsidiaria de Río Tinto (originalmente Allkem) y la estatal Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE). El tercero en inaugurarse, también en Jujuy, fue el proyecto Caucharí Olaroz, operado por Minera Exar desde junio del 2023, un consorcio del litio conformado por la canadiense Lithium Argentina (ex Lithium Americas), la china Ganfeng Lithium y JEMSE.

Los últimos tres proyectos puestos en marcha fueron en Salta. El Centenario-Ratones a mediados del año pasado, luego Sal de Oro de la coreana Posco ubicado en la parte norte del Salar del Hombre Muerto, en la zona fronteriza de las provincias de Catamarca y Salta. A principios de febrero se inauguró Mariana en el Salar de Llullaillaco, también en la puna salteña, operado por Litio Minera Argentina, subsidiaria de Gangfeng Lithium. 

Próximamente, se inaugurará el proyecto Salar del Rincón, también en la puna salteña. Está operado por la inglesa Río Tinto y aportará 50.000 toneladas de litio de producción. Finalmente Tres Quebradas se encuentra en el Municipio de Fiambalá, y sería el segundo proyecto en Catamarca. Propiedad de la china Zijing mining group, aportará 25.000 toneladas anuales a la producción de carbonato en el país. 

Aunque el desarrollo de los proyectos mineros continúa avanzando con expectativas, no todos los sectores de la comunidad comparten el mismo entusiasmo. En Salta y Jujuy, algunas comunidades se expresan en contra de la expansión de la minería del litio, preocupadas por los impactos ambientales y sociales. 

Sin embargo, y gracias a la lucha de más de diez años de las comunidades originarias, las empresas cuentan con un departamento especial de relación con las mismas, con las que se comprometen a emplear como proveedoras, y hacer obras de infraestructura que “queden cuando los proyectos se van”, cuenta a este diario el intendente de una de ellas. 

La comunidad próxima a Eramine son 7 familias de puesteros que viven de manera semi nomades y que se mueven entre distintos puntos del salar durante el año en búsqueda de las mejores pasturas. El poblado más cercano es Santa Rosa de Los Pastos Grandes. 

NR/MG

“Hoy es un día de gran trascendencia para la provincia de Salta y para la Argentina. Celebramos el primer hito minero del año 2025: la inauguración de esta planta industrial para producción de cloruro de litio de la empresa Ganfeng Lithium”, dijo el gobernador Gustavo Sáenz durante el inicio de la producción de la primera planta de procesamiento de cloruro de litio en el Parque Industrial de Güemes.

La nueva planta es parte del proyecto Mariana en el Salar de Llullaillaco, que atravesando Tolar Grande hasta la planta industrial de General Güemes “recorrerá un camino de transformación, donde la industria convertirá un recurso en valor y desarrollo”, señaló el mandatario.

Por eso enfatizó la importancia de la industrialización del litio en Salta, consolidando a la provincia como protagonista en la era de la transición energética.

Destacó que en menos de un año se pusieron en marcha tres plantas industriales: Eramine Sudamérica en el Salar Centenario Ratones y luego, Sal de Oro de Posco, con un modelo operativo que integra distintas etapas de producción tanto en la Puna como en Güemes y cuya planta también se ubica en el Parque Industrial.

La ceremonia oficial, que marcó el inicio de la producción con el tradicional golpe de gong, contó con la presencia de Xioashen Wang, presidente de Ganfeng Lithium CO.; Jason Luo, presidente de Ganfeng Lithium Sudamérica y el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero.

El proyecto Mariana es uno de los más importantes de Salta y su construcción “impulsó la economía local, generando más de 11.600 fuentes de empleo directas e indirectas y con un gran impacto transformador de la minería en la región”, expresó Sáenz.

Con la puesta en marcha de la planta “se inicia una nueva etapa donde 600 trabajadores serán parte fundamental en la generación de 20.000 toneladas anuales de cloruro de litio, fortaleciendo la balanza comercial minera y posicionándonos como la provincia que más minas de litio ha consolidado en fases de producción”, dijo.

Además, destacó el compromiso de la empresa con la sustentabilidad, al impulsar el uso y generación de energía solar para operar de forma autónoma, utilizando energía renovable y reduciendo su impacto ambiental.

“Avanzamos hacia un futuro donde la minería y la sostenibilidad caminan juntas, en un modelo que posiciona a Salta como protagonista del desarrollo responsable”, finalizó.

Por su parte, el presidente de Ganfeng Sudamérica se refirió a este proyecto como “un un nuevo hito en la minería de Salta y Argentina y para inaugurar un futuro próspero y sostenible”. Consideró que es uno de los proyectos emblema en Argentina y un modelo de colaboración minera entre China y Argentina. “No sólo inicia el desarrollo y progreso de la industria del litio en Salta y Argentina, sino que también aporta una gran cantidad de empleos e ingresos fiscales para la región. La industria del litio es clave para la fuerza y crecimiento económico de Salta y Argentina”, expresó Jason LUO.

En tanto, el presidente de Ganfeng Lithium CO. se refirió a la gran inversión de la empresa que en total ha invertido en el país 3.000 millones de dólares y afirmó: “En el futuro continuaremos ampliando la inversión no sólo en la construcción de proyectos y adquisición de equipos, sino también a iniciativas de desarrollo comunitario”.

Por último, el secretario de Minería de la Nación felicitó “por el logro que representa la conclusión y puesta en marcha de la planta de cloruro de litio Mariana”. Y agregó: “También felicito al Gobierno de Salta por todo lo hecho para que esta nueva planta sea una realidad. El noroeste argentino ocupa un lugar estratégico en el mapa del litio mundial. Nuestro compromiso es firme, no sólo con las metas de hoy, sino también con las generaciones futuras. Tenemos la firme convicción de que este es el camino hacia el verdadero desarrollo”.

Un tren de carga quedó suspendido en el aire en la localidad salteña de Horcones, luego de que se rompiera parte de la estructura de un puente, ubicado entre Rosario de la Frontera y Metán.

El incidentese produjo este miércoles al mediodía, a la altura del kilómetro 953, aunque no se reportaron heridos.

La formación, de la empresa Trenes Argentinos Cargas, quedó colgando tras el colapso, aunque sostenida por el resto de los vagones, lo que evitó la caída al vacío. 

Por el momento se desconocen las causas de la rotura del puente, pero se estima que se debió a las lluvias de los últimos días, que socavaron los soportes, y también a la falta de mantenimiento.

Desde el Gobierno nacional se había declarado la emergencia ferroviaria tras el choque de trenes en Palermo, ocurrido a mediados del año pasado.

MM con información de la agencia NA.