La Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA), que conducen el estatal Hugo Godoy y el visitador médico Ricardo Peidro, reclamó hoy al Gobierno a través de una carta documento “la inmediata convocatoria al Consejo del Salario Mínimo”.

En una carta documento enviada a la secretaría de Trabajo que depende del Ministerio de Capital Humano y está a cargo de Omar Yasín, la central obrera exigió que “se arbitren los medios necesarios para convocar de forma urgente a reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil para determinar el nuevo haber en atención a la muy grave pérdida de poder adquisitivo de la remuneración vigente”.

La carta documento fue firmada por Godoy y el secretario Administrativo de la CTAA, el gastronómico Daniel Jorajuría, y explicó que conforme el artículo 139 de la Ley 24.013 “el salario mínimo, vital y móvil garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y previsto por el 116 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) es decidido por el Consejo”.

“Los datos del proceso inflacionario sufrido en los últimos meses superaron con creces las peores previsiones para las determinaciones incluidas en la Resolución referenciada. La coyuntura es mucho más grave por la pérdida de poder adquisitivo salarial”, afirmaron.

La CTAA sostuvo que el haber mínimo está congelado en 156 mil pesos desde el 1° de diciembre, mientras la inflación acumulada en dos meses se ubicó por arriba del 50 por ciento, y explicó que en ese contexto “el incumplimiento en la convocatoria inmediata al Consejo y a actualizar ese ingreso violenta de forma palmaria la manda constitucional y legal de garantizar a los trabajadores alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimientos, vacaciones y previsión”.

La central intimó a Trabajo a “la urgente convocatoria del organismo bajo apercibimiento de realizar denuncias por incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Con información de agencias.

MM

Tras 30 años de lucha, trabajadores del sector informático tendrán una negociación colectiva de salarios. El Ministerio de Trabajo convocó a las cámaras empresarias del rubro y la Asociación Gremial de Computación (AGC) a conformar la comisión paritaria para firmar un convenio colectivo de trabajo para la industria tecnológica.

Desde la entidad gremial celebraron la decisión de la cartera a cargo de Raquel “Kelly” Olmos a la cual catalogaron como un “hito político y jurídico” para la adecuada organización de la actividad.

“Aspiramos a entablar un diálogo franco para poder avanzar en la resolución de los problemas más urgentes de los informáticos, en especial en la definición de roles ocupacionales, categorías laborales, trayectos formativos, certificación laboral, condiciones salariales y de trabajo, los planes de carrera profesional, la realización de revisiones paritarias periódicas, el pago de horas extra y guardias y un programa de formación y capacitación serio que atienda los constantes cambios y necesidades que presenta la innovación”, afirmaron desde la AGC.

La convocatoria del Ministerio de Trabajo estaba destinada a la entidad sindical, en representación de los trabajadores y a la Cámara de la Industria del Conocimiento (ARGENCON), la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI), la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina (CICOMRA), la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentinos (ADVA), la Cámara Argentina de Multimedia, Ofimática, Comunicaciones y Afines (CAMOCA) y la Cámara Argentina de Distribuidores Mayoristas de Informática, Productores y Afines (CADMYPyA).

La lucha por la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de la industria tecnológica lleva ya alrededor de 30 años. Los empleados de empresas del rubro durante décadas han estado fuera de convenio y cobrando salarios muy por debajo de lo que perciben sus pares en otros países. Este era el caso de los trabajadores de Globant que, según un trabajo de Diego Genoud para elDiarioAR, en 2021, recibían pagas por 350 dólares, frente a los 1.250 dólares que se abonaban en las filiales de la empresa en otros países.

“La industria cree que tiene el derecho o privilegio de no tener gremio en el sector. Hay una persecución sindical tremenda. Los empleados y empleadas no se quieren exponer. Los suspenden y los echan. Tenemos casos de trabajadores que se afiliaron y literalmente al otro día los despidieron. Quizás ganan la batalla judicial y los reincorporar, pero mientras el Gobierno no intervenga nadie se va a querer afiliar, menos con un gremio que no pudo siquiera firmar convenio”, había relatado en aquella oportunidad Ezequiel Tosco, Secretario General de la AGC.

Según expresó ahora el gremio vía X (ex Twitter), la decisión de la cartera labora “genera grandes expectativas y esperanza entre los trabajadores que finalmente podremos expresarnos en un marco de igualdad frente a las empresas y abordar diversos temas relacionados con la vida profesional de los informáticos”.

Y agregaron: “Los trabajadores tendremos la posibilidad de contar con reglas claras y transparentes para planificar nuestro desarrollo personal, organizar nuestra vida laboral, acceder a la seguridad social tanto para nosotros como para nuestras familias, y disfrutar de los beneficios colectivos que logremos construir”.

ACM

Las CTA de los Trabajadores y Autónoma y la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) impulsarán mañana un aumento no inferior al 44% en el marco del nuevo encuentro del Consejo del Salario. Llegaron a esta cifra de consenso hoy durante un encuentro entre los gremios y movimientos sociales que se desarrolló en la sede de la CTA encabezada por el diputado nacional del Frente de Todos (ahora, Unión por la Patria), Hugo Yasky.

“El mínimo salarial legal debe tener en este último período del año un fuerte incremento para permitir la recuperación en términos reales de la pérdida de poder adquisitivo por el proceso inflacionario impulsado por los grandes formadores de precios”, indicaron los secretarios generales de las tres organizaciones, Yasky (CTA), Hugo Godoy (CTA-A) y Esteban Castro (UTEP).

El Ministerio de Trabajo convocó a una reunión virtual con sindicalistas y empresarios para este miércoles a las 14 horas y celebrará dos encuentros más para discutir la recomposición salarial. Un documento de la CTA-A planteó este martes que en esas mesas de negociación, se impulsará “una política salarial común e integral que contemple las necesidades y demandas de los trabajadores en relación de dependencia formal, bajo convenios, en cooperativas o en situación de informalidad”.

Durante las reuniones previstas, también se debatirá la suba de los montos mínimos y máximos de las prestaciones para desempleados.

El último encuentro del Consejo del Salario se llevó a cabo el pasado 13 de julio para actualizar el valor mínimo. En aquella oportunidad, con solo un voto en contra (CTA-A) y una abstención (CTA), el monto ascendió a $105.500 durante el séptimo mes del año, $112.500 en agosto y 118.000 en septiembre.

ACM con información de agencias.

En el marco de las negociaciones paritarias, ferroviarios acordaron esta tarde en el Ministerio de Trabajo un acuerdo trimestral parcial del 36,88%, distribuido en subas de entre el 16% y 18%. “El acuerdo paritario en Trabajo es parcial y muy importante para los trabajadores, ya que también contempló una suma fija no remunerativa del 12,4% sobre el ingreso de agosto y se cobrará por única vez con los haberes de este mes”, indicó Sergio Sasia, presidente de la Unión Ferroviaria.

Además de esta entidad, el acuerdo contó con la firma de el Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad, las Asociaciones de Señaleros Ferroviarios Argentinos (ASFA) y del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos y Ferroportuarios (APDFA), dirigidos por Omar Maturano, Enrique Maigua y José Silva, respectivamente.

Con los aumentos previstos, los trabajadores del rubro habrán acumulado una mejora salarial del 87,6% en siete meses. “Ese 36,88% trimestral se sumará al 37% logrado para el cuatrimestre abril-julio, por lo que el acumulado de la mejora será del 87,6% en siete meses, lo que permitirá a todos los trabajadores de la actividad ferroviaria que sus ingresos superen a la inflación”, agregó Sasia, también integrante del consejo directivo de la CGT y secretario general nacional de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).

Los gremios participantes celebraron este logro, pero destacaron que este convenio salarial implicó “negociaciones directas y difíciles en especial en el contexto de una complicada situación económico-social”. Pese a esto, reconocieron que no hubo necesidad de “recurrir o apelar a la adopción de medidas de fuerza y sin que el personal debiera perder horas de trabajo”.

La paritaria anual de los ferroviarios abarca el período abril 2023-maro 2024, de modo que los dirigentes todavía deben negociar los incrementos correspondientes a los cinco meses comprendidos entre noviembre y marzo, inclusive. Para ello, acordaron una nueva reunión en el anteúltimo mes del año, luego de que se difunda el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre.

ACM con información de agencias.

El Ministerio de Trabajo convocó a una reunión para definir el nuevo monto del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). Luego de una inflación del 12,4% en agosto y una Canasta Básica Alimentaria que se disparó 17%, se busca mitigar el impacto sobre el costo de vida.

En julio, el Consejo del Salario había resuelto aumentar el salario mínimo a $118.000 hasta septiembre en tres tramos. El primer aumento lo hizo subir hasta $105.500, en agosto quedaría en $112.500 y en septiembre, en $118.000, tras lo cual habrá en esa instancia una nueva discusión.

Actualmente, el salario mínimo es de $87.987. El incremento que tiene como base al mes de junio será de 34% hasta septiembre.

De acuerdo con la convocatoria, el Consejo se reunirá “en sesión plenaria ordinaria mediante plataforma virtual”, donde se fijará el valor de la remuneración que comenzará a regir en octubre.

Un reciente Decreto de Necesidad y Urgencia elevó el piso mínimo imponible del Impuesto a las Ganancias al equivalente de 15 veces el salario mínimo para quedar exento del gravamen, cifra que hasta ahora alcanzaría los $1.770.000.

La norma también señala que el monto de la remuneración del salario mínimo que se tomará para la exención será la que esté vigente el 1 de octubre de 2023.

Después de la reunión del Consejo, el mencionado tope de $1.770.000 volverá a modificarse, de acuerdo al porcentaje del aumento del SMVM.

Si el Consejo fija un incremento del 15% desde el 1 de octubre y lo lleva a $135.700, en línea con la inflación de los alimentos observada en agosto, el tope se elevaría a $2.035.500.

La próxima convocatoria del Consejo estaba prevista para el 15 de octubre, pero el Gobierno Nacional adelantó su realización para adecuarlo al decreto.

En julio, pasado el Consejo aprobó por mayoría un aumento de esa remuneración del 34% en tres tramos, entre julio y septiembre, lo que elevó ese ingreso a $105.500, luego a $112.500 en agosto y llegó a $118.000 en el corriente mes.

En aquella reunión, la CGT votó a favor, la CTA Autónoma lo rechazó al reclamar un 55%, y la CTA de los Trabajadores liderada por Hugo Yasky decidió abstenerse.

La modificación del SMVM impacta en las prestaciones por desempleo el plan Potenciar Trabajo y el Programa Acompañar, además de las becas Progresar, entre otros subsidios del Estado.

LC con información de agencia NA

La ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos ratificó hoy su apoyo al proyecto de ley para reducir la jornada laboral que presentarán los diputados y sindicalistas Hugo Yasky y Sergio Palazzo. “Es una propuesta que en su momento nosotros desde el Ministerio respaldamos, porque pensamos que la Argentina ha quedado, en ese sentido, muy retrasada al establecer todavía, desde la década del 30, 48 horas de jornada laboral semanal”, sostuvo la funcionaria.

En este sentido, la ministra planteó que la jornada debería ser de alrededor de 40 horas, pero que hay quienes demandan una caída a 36 horas, “que es la experiencia en los países más desarrollados”. “Pensamos que eso, con un planteo que sea escalonado, debería ir reduciéndose y tendiendo a converger con lo que hoy está vigente en el resto de los países”, explicó la titular de la cartera laboral.

“Me parece que si progresivamente pasamos de 48 horas a 44 y de 44 a 40 horas, por lo menos avanzaremos en algo en donde es una de las pocas áreas del mundo laboral en la que la Argentina tiene un retroceso importante”, agregó.

Esta no es la única medida que está contemplando Olmos. Según indicó, se está trabajando también en un proyecto de ley para regular las aplicaciones de servicios de entrega a domicilio y mejorar las condiciones laborales en este ámbito. “En ese universo de trabajadores de plataformas, hay algunos que quieren tener la relación de dependencia y otros que son independientes y quieren mantenerse así. Se les va a dar la libertad de decisión, pero también se les va a ofrecer la oportunidad de ampliar derechos laborales, como es el caso de seguridad para sus tareas”, señaló la funcionaria.

ACM con información de agencias.

Este viernes 8 de septiembre, Unión Docentes Argentinos (UDA) participó de una nueva reunión de revisión salarial en la que se acordó una actualización del salario mínimo inicial para los docentes de todo el país. El piso pasará de $165.000 a $200.000 en septiembre, $220.000 en octubre y $250.000 en diciembre de 2023.

“Ponemos en valor la paritaria como herramienta para mejorar salarios que obliga a sentarse al Estado nacional, y a las provincias representadas por el Consejo Federal, a discutir condiciones de trabajo y las remuneraciones por debajo de la cual ningún docente debe cobrar en Argentina”, explicó Sergio Romero, Secretario General de UDA.

Según indicó el sindicato, también se actualizará el “incentivo docente” que, sumado al ítem “conectividad”, ascenderá a $28.700 a partir de septiembre. Hasta ahora, el monto era de $21.200.

“La Educación debe ser prioridad en nuestro país y una política de Estado a largo plazo. Resulta impensable la consecución de esos objetivos sin la paritaria docente como herramienta de paz y justicia social”, aseguró el titular de la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT.

De la reunión de este viernes participaron el ministro de Educación, Jaime Perczyk, y la ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, entre otros funcionarios del gobierno de Alberto Fernández.

En ese marco, Romero también exigió que los legisladores aborden la eliminación del impuesto a las ganancias para aliviar a los docentes en tanto considera que se trata de un tributo “injusto”. “El salario no es ganancia, nuestro sueldo es una remuneración legítima por el trabajo realizado”, expresó.

ACM

El Gobierno Nacional, empresarios y las tres centrales obreras debatirán este jueves un nuevo monto del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y de las prestaciones de desempleo en el marco de una nueva convocatoria al Consejo del Salario.

El Ministerio de Trabajo, a cargo de Raquel “Kelly” Olmos, convocó a sindicalistas y empresarios para debatir una actualización del mínimo en una sesión ordinaria a las 16 horas, que se llevará a cabo en forma virtual. La CTA y la CGT están trabajando para presentar en esta reunión una “propuesta común de aumento” del salario.

Según adelantó la CTA-Autónoma, bajo la conducción de Hugo “Cachorro” Godoy, se propondrá un incremento de alrededor del 50% o 60% sobre el mes de junio y una revisión del monto en octubre. La negociación será acompañada por una “jornada nacional de lucha” con movilización hacia el establecimiento de la cartera laboral.

“Si el Consejo fijara un valor que atendiera las necesidades elementales de un trabajador o trabajadora, el SMVM debería estar en $233 mil y estamos lejos de eso porque deberíamos tener un incremento del 170%”, indicó Godoy.

El pasado 21 de marzo se definieron por última vez los montos del SMVM y las prestaciones por desempleo. En el 1 de abril, el mínimo fue de $80.342, en mayo de $84.512 y en junio alcanzó los $87.987.

Con información de agencias.

El Ministerio de Trabajo dispuso hoy que aquellos afectados por el paro de colectivos realizado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) al momento de concurrir a sus puestos laborales conservarán el derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales. Así lo indicó en la Resolución 887, difundida esta tarde por la cartera a cargo de Raquel “Kelly” Olmos.

El documento también estipula que los trabajadores en esta situación “deberán acreditar dicha condición ante su empleador” y que, en caso de discrepancias entre ambos, la cuestión deberá resolverse “por vía del diálogo social entre empleadores, o sus representantes, y las organizaciones representativas de trabajadores”.

La medida se tomó dado que el paro de transporte constituye una medida de fuerza mayor que, según el Código Civil y Comercial, exime a los trabajadores de poner sus servicios a disposición del empleador. En este marco, el ministerio sostuvo que “configurándose una situación de fuerza mayor para esos trabajadores, resulta imprescindible garantizar la no afectación del derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales”.

La ministra de Trabajo también confirmó, vía redes sociales, que “con la suscripción de la paritaria por parte del sector empresario se levantó el paro de colectivos” Además, informó que, junto al ministro de Economía Sergio Massa y su par de Transporte, Diego Giuliano, se convocó a una mesa de diálogo para todos los involucrados en el conflicto. “Situaciones apremiantes como las sucedidas en el día de hoy no deben repetirse más”, concluyó.

Con información de agencias.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) convocó a un paro en las líneas de corta y media distancia para el próximo viernes 7 de julio en reclamo por un aumento salarial acordado en paritarias. El sindicato informó que la medida se extenderá hasta que las empresas paguen la mejora salarial para choferes del interior y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según lo establecido en la resolución conjunta de los ministerio de Trabajo y Transporte.

“Los choferes no pueden, ni deben, esperar disposiciones reglamentarias, convenios o rendiciones para percibir sus haberes y no pueden ser rehenes de la problemática del servicio”, aseguró Roberto Fernández, líder de la UTA, en referencia a las actuales diferencias entre el sector empresario y la autoridad de aplicación.

Según el acuerdo salarial, en julio, los choferes deberían percibir un nuevo básico salarial de $384.800. Además, se estableció subir el salario básico retroactivo a abril a $262.000 y una suma fija no remunerativa por única vez de $32.000. Para mayo, el básico se fijó en $284.000 y en junio ascendió a $320.000. Según se prevé, en agosto y septiembre, alcanzará $380.192 y $414.409, respectivamente.

Con información de agencias.

El Ministerio de Trabajo convocó para el 13 de julio a una reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo con el fin de definir el nuevo incremento de haberes. Las centrales sindicales y principales cámaras empresarias participarán del encuentro para analizar el comportamiento de los ingresos en función de la inflación.

En la última sesión, realizada el pasado 21 de marzo, los participantes lograron acordar nuevos montos para el salario mínimo, vital y móvil (SMVM), prestaciones por desempleo, entre otras, como consecuencia del incremento de precios. Tras las negociaciones, el sueldo mínimo se fijó en $87.987 y las prestaciones por desempleo oscilaron entre los valores mínimo y máximo de $24.440,33 y $40.733,88.

Dados los índices de inflación de los últimos meses, por encima de lo previsto, los gremios desde hace tiempo reclaman ajustes en las paritarias. Finalmente, desde el gobierno cedieron al pedido y destacaron que “resulta pertinente decidir la convocatoria a sesión plenaria ordinaria del Consejo, con el fin de actualizar montos”.

Con información de agencias.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó, este miércoles, el paro de transportes de corta y media distancia del interior del país para el 22 y 23 de junio luego de que fracasaran las negociaciones paritarias con las empresas de servicios de colectivos. La medida de fuerza también estará acompañada por movilizaciones.

El servicio continuará con normalidad en aquellas jurisdicciones en las que se reconozca el aumento salarial “en las mismas condiciones que las resueltas para el personal de conducción del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”, según indicó la agrupación en un comunicado.

A pesar de la medida de fuerza, la UTA también ratificó que participará de la audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de este jueves 22 de junio, a las 15 horas, para solucionar el conflicto.

La semana pasada, la agrupación había llevado a cabo otro paro en el Interior que no fue acatado por la la opositora Lista Azul, que no adhirió al plan del lucha encabezado por el secretario general, Roberto Fernández. En aquella oportunidad, entonces, la Ciudad de Córdoba y Mar del Plata contaron con servicio, mientras que en otras localidades como Mendoza capital, Santa Fe, Rosario, Tucumán, San Luis y Ushuaia, el paro se cumplió con más fuerza. Se prevé que las movilizaciones actúen como factor de presión para el acatamiento generalizado de la medida.

ACM con información de agencias

El rechazo a la reforma parcial de la Constitución provincial de Jujuy, aprobada esta madrugada en una convención marcada por los desacuerdos, cobró volumen con un paro general de gremios enrolados en la CGT y la CTA, además de la advertencia del Gobierno Nacional sobre la posibilidad de que se declare la “inconstitucionalidad” de dos artículos.

Este viernes, la ministra Raquel Olmos adelantó que el Gobierno, a través de la cartera laboral, pedirá que se declare la inconstitucionalidad de los artículos de la Constitución jujeña que sancionan y restringen la protesta social.

“El Ministerio emitió un documento para que el Gobierno de Jujuy revise la legislación sobre derechos laborales institucionales, que buscan llevar al nivel penal lo que son derechos laborales absolutamente institucionalizados en la Argentina”, apuntó la funcionaria en declaraciones a Radio Provincia. Remarcó: “Di la directiva para presentar la inconstitucionalidad de los artículos de esta reforma de la Constitución”.

“El derecho a la protesta y de huelga son derechos laborales instituidos por nuestra Constitución y también está la adopción de acuerdos internacionales que tienen jerarquía constitucional, por eso no solo elaboramos el documento estableciendo claramente cuál era la posición de nuestro Gobierno, sino que di la directiva de que se analice qué fue incorporado específicamente en la Constitución y nos vamos a presentar pidiendo la inconstitucionalidad de esos artículos”, explicó la ministra.

En el marco de la Convención Constituyente, la reforma tuvo un acelerado tratamiento, ya que solo llevó dos sesiones ordinarias durante las cuales se presentaron ocho renuncias de convencionales constituyentes: seis del Frente de Izquierda Unidad y dos del Frente Justicialista, a raíz de su desacuerdo con el texto.

Con el voto de los 29 representantes oficialistas, se ratificó la “prohibición de cortes de ruta” como método de protesta, en un artículo que también impide la ocupación de edificios públicos en el marco de reclamos sociales y gremiales. Entre otros puntos aprobados en la reforma figuran la imposición de nuevos órganos y reglas en la administración de Justicia y modificaciones al Régimen Electoral y el Régimen Municipal.

Mientras en la noche del jueves se desarrollaba el debate en la Convención, una multitudinaria marcha de antorchas se realizó por las calles de San Salvador de Jujuy, encabezada por gremios docentes que presentaron una denuncia penal contra el gobernador Gerardo Morales y cumplen dos semanas de paro por tiempo indeterminado bajo la consigna: “Arriba los salarios, abajo la reforma”.

Ahora, el Gobierno provincial aspira a concretar la jura a la nueva Constitución, en una ceremonia prevista para el próximo martes a las 18.

Desde las primeras horas de este viernes, organizaciones sociales, políticas, gremiales, de derechos humanos y pueblos originarios de Jujuy confluyeron en una multitudinaria marcha de protesta. “Gerardo Morales aprobó su reforma constitucional a espaldas del pueblo jujeño”, indicaba su lema central, que incluyó cortes de ruta y calles en diversas localidades.

Grupos de manifestantes llegaron temprano a la capital provincial desde diversos puntos del territorio para movilizarse hacia la sede gubernamental, que amaneció custodiada por fuerzas de seguridad local. Durante la mañana, la policía intimó a los manifestantes para que levanten los cortes, pero las protestas persistieron.

Por otra parte, pobladores de distintas comunidades indígenas iniciaron una marcha denominada “Tercer malón de la paz” contra la reforma, y llegaron también esta mañana a San Salvador y se movilizaron desde el acceso norte al microcentro capitalino. “Nos hemos juntado de los cuatro puntos cardinales para venir acá y decirle lo que está haciendo mal Gerardo Morales. Él se ríe en nuestras caras, pero nosotros somos corajudos y hemos venido a luchar, caminando hasta acá”, expresaron miembros de las comunidades.

Sebastián López, del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy (Seom), espera que “el gobernador dé marcha atrás con lo aprobado de espaldas al pueblo” y consideró que Jujuy perdió una “oportunidad histórica de tener una Constitución que amplíe derechos”.

El Frente de Organizaciones en Lucha en Jujuy (FOL) también rechazó la reforma al considerarla “absolutamente antidemocrática”. “Lo único que busca Gerardo Morales es imponer a la fuerza un ajuste exclusivamente al servicio de los poderosos, de las corporaciones extractivistas para el saqueo del litio, la quita de tierras a los pueblos originarios, el uso privado de los recursos naturales y, por supuesto, garantizar también el ajuste en consonancia completa con las recetas del FMI”, expresaron desde la organización.

Ayer jueves, en la sesión de la Convención, frente a los presidentes del bipartidismo jujeño, Guillermo Jenefes (FJ) y Alejandro Nieva (FCJ), Morales defendió su proyecto de reforma: “Los desafíos a 40 años de la sociedad jujeña tienen que ver con nuevos derechos. Se ha planteado una idea conceptual desde que se votó la ley de reforma parcial para reafirmar la vigencia de la paz que hay en nuestro pueblo”, sostuvo.

Morales reiteró que su gestión “no va a volver atrás” con estas modificaciones y volvió a cargar contra las organizaciones sociales, al plantear que “el ejercicio de derecho de la manifestación no puede obstaculizar el ejercicio de otros derechos y este es el debate que tiene que ver con la consolidación de la paz”, planteó.

Las protestas y movilizaciones se replicaron en varias localidades jujeñas: La Quiaca, Abra Pampa, Humahuaca, Tilcara, San Pedro y Libertador San Martín. En tanto, el paro general en la provincia consiguió el apoyo de azucareros y de los mineros de los emprendimientos que se explotan en la provincia.

La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) rechazaron la sanción de la reforma parcial por considerarla “antidemocrática y autoritaria” y convocaron al paro que sigue vigente este viernes. En un comunicado, firmado por la secretaria general Sonia Alesso de Ctera, y el secretario general adjunto Roberto Baradel de la CTA, también advirtieron que la reforma “viola derechos humanos, sociales y sindicales”.

LC con información de agencia Télam

El Gobierno creó un programa para fomentar la regularización y registración de trabajadores informales, que contempla una ayuda económica mensual a cargo del Ministerio de Trabajo.

Se trata del Programa de Apoyo a la Registración (PAR) que se implementará en el marco del Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT).

Su lanzamiento se formalizó por medio de la Resolución 596/2023 del Ministerio de Trabajo, publicada este martes en el Boletín Oficial.

Según lo dispuesto, el programa tendrá dos componentes:

La Resolución aclaró que el componente Registración Laboral tiene como objetivo fomentar el empleo registrado mediante el otorgamiento de un subsidio que apoye la contratación laboral bajo las modalidades reguladas por la Ley N° 20.744 de Contrato de Trabajo.

En este caso, podrán participar, en las condiciones que fije la reglamentación, las siguientes personas y empresas:

Las trabajadoras y los trabajadores que sean incorporadas/os por un/a empleador/a en el Componente Registración Laboral percibirán, en forma directa e individualizada, una ayuda económica mensual a cargo del Ministerio de Trabajo durante tres períodos mensuales continuos.

Por su parte, los empleadores que adhieran a este componente podrán contabilizar como parte del salario la ayuda económica mensual a cargo del Ministerio de Trabajo, y abonarán a sus empleados, como mínimo, la diferencia necesaria para alcanzar el salario establecido para la categoría laboral que corresponda.

En cuanto al componente de seguro de desempleo, el Gobierno dispuso que para establecer la cuantía de la prestación para trabajadores convencionados o no convencionados que no cuenten con declaración de remuneración mensual, normal y habitual, se considerará el valor del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente.

El Poder Ejecutivo justificó la creación de este programa al señalar que el empleo no registrado “es una de las formas más extendidas y desprotegidas del trabajo”, que genera “la exclusión de los trabajadores que no gozan de la protección de las normas laborales y de los beneficios de la seguridad social”.

La resolución

Con información de NA.

IG

Los colectivos funcionarán normalmente mañana martes y por al menos por dos semanas. El Ministerio de Trabajo prorrogó este lunes por otros 10 días el período de conciliación obligatoria desde esta medianoche en el conflicto que por reclamos salariales mantienen la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias de la actividad.

Durante la audiencia virtual de hoy por la tarde, no se alcanzó un acuerdo por el aumento salarial, pero la decisión de cartera laboral fue adoptada sobre el filo del vencimiento de la Ley 14.786 de conciliación. La misma fue acatada por el gremio, el cual levantó el paro de 24 horas previsto para mañana.

La decisión de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de la cartera encabezada por la ministra Raquel Olmos exhortó a las partes a mantener “la mejor predisposición y apertura para negociar los temas sobre los cuales mantienen diferencias a fin de contribuir a la paz social y a mejorar el marco de las relaciones laborales” y aseguró que de forma oportuna sindicalistas y empresarios serán convocados a una nueva audiencia.

El conflicto enfrenta al gremio de Roberto Fernández a las compañías de la región metropolitana de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), de las cámaras Empresarias del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA), del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA), del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA) y a la Federación Argentina de Transporte por Automotor de Pasajeros (FATAP).

En un encuentro virtual realizado esta tarde, sindicalistas y empresarios tampoco lograron un acuerdo para incrementar los salarios de los choferes de corta y media distancia, por lo que Trabajo consideró “necesario” prorrogar el período de la conciliación obligatoria.

La medida de fuerza había sido anunciado por la UTA, que reclama “una recomposición salarial urgente” para los choferes. Desde la Asociación Argentina de Empresarios de Transporte Automotor (AAETA), habían indicado que se requieren $6200 millones de pesos adicionales por mes solo para satisfacer los reclamos de UTA (lo que significan $25 adicionales por cada pasajero).

La FATAP ratificó “la imposibilidad de producir el aumento exigido y sostuvo que esa realidad se mantendrá en tanto los gobiernos nacionales, provinciales y municipales no generen compensaciones necesarias y contractualmente previstas”, y argumentó que “los incrementos salariales, de combustible, repuestos y bienes de capital, entre otros, tienen que cubrirse mediante las tarifas o los aportes que los gobiernos disponen”.

Los trabajadores de la línea 60 también habían advertido que de no haber acuerdo comenzaría a la 00 horas el paro nacional, según sostuvo en declaraciones radiales el delegado gremial Esteban Simonetta, quien destacó que el incremento de los ingresos para el primer semestre del año se había firmado en febrero y que es preciso “acomodarlo”. Por la mañana, los choferes de esa línea, Micrómnibus Norte S.A. (MONSA), cortaron parcialmente la autopista Panamericana ramal Campana a la altura del kilómetro 42,9.

Las cámaras empresarias, que se negaron nuevamente hoy a recomponer los salarios, habían señalado la imposibilidad de enfrentar el reclamo gremial y sostuvieron que esa mejora de los ingresos tendría que ser cubierta con subsidios del Estado nacional.

LC con información de agencias

La Asociación Bancaria (AB), conducida por el diputado nacional Sergio Palazzo del Frente de Todos (FdT), volvió a denunciar que “los empresarios insisten con propuestas que se ubican por debajo de los índices inflacionarios del trimestre”, luego de una nueva negociación paritaria en el Ministerio de Trabajo. Advierten que “el tiempo se acaba” para el sector.

Sindicalistas y empresarios fueron nuevamente convocados este lunes por la cartera laboral, en lo que fue la tercera audiencia formal de la revisión del acuerdo convencional, ocasión en la cual el gremio bancario denunció “la insuficiente propuesta de las patronales”. No hubo acuerdo y desde el gremio advirtieron por posibles consecuencias.

“No es posible ser rehenes de la permanente e insaciable ambición de los banqueros, que solo priorizan de forma egoísta la posibilidad de maximizar cada vez más las ganancias a costa del esfuerzo de los trabajadores. La premisa gremial en cada negociación paritaria es como mínimo mantener el poder adquisitivo del salario”, apuntaron en un comunicado.

Palazzo y Claudio Bustelo, secretario de Prensa del sindicato, señalaron que el mantenimiento del poder adquisitivo del ingreso de los bancarios “es una premisa que, de manera clara, no ocurre ni se observa reflejada en la actual negociación de la paritaria”. Exigieron “una urgente respuesta satisfactoria a los justos reclamos gremiales” y advirtieron que de lo contrario “los cuerpos orgánicos del sindicato decidirán los pasos a seguir” y hicieron “plenamente responsable al sector empresario de sus consecuencias”.

El Ministerio de Trabajo encabezado por Raquel Olmos decidió un nuevo cuarto intermedio y convocó a las partes a lo que sería la cuarta audiencia negocial para el próximo miércoles. Para la Bancaria, la propuesta patronal “es insuficiente”, tras haber iniciado de formalmente la revisión del acuerdo paritario el 15 de este mes en la cartera laboral.

La revisión de la paritaria del sector bancario había sido prevista en la cláusula tercera del último acuerdo salarial, por lo que el sindicato reclamó en su momento la inmediata renegociación.

LC con información de agencia Télam

El Consejo Nacional de la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) levantó, esta noche, el paro de colectivos de corta y media distancia previsto para este viernes. Así lo confirmó Roberto Fernández, titular del sindicato, luego de que el Ministerio de Trabajo dictara la conciliación obligatoria.

La medida del gobierno nacional abrió un período de cinco días hábiles para que se lleven a cabo las negociaciones pertinentes para resolver la disputa salarial que motivaba la medida de fuerza. Además, la conciliación obligatoria ─que establece que la situación debe retrotraerse a la vigente antes del inicio del conflicto─ intima a las empresas a “abstenerse de tomar cualquier tipo de represalias con el personal representando por la organización sindical”.

La cartera laboral, encabezada por la ministra Raquel “Kelly” Olmos, informó que “resulta necesario disponer las medidas pertinentes para promover una solución pacífica y legal al conflicto planteado, en el marco de la competencia de esta Autoridad”.

ACM con información de agencias

Las empresas con más de 100 trabajadores deberán ofrecer servicio de guardería para niños de entre 45 días y 3 años, a partir del 23 de marzo, anticipó la ministra de Trabajo Kelly Olmos al sitio de Ambito Financiero. Así lo establece el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, una normativa de 1974 reglamentada el año pasado por el Gobierno de Alberto Fernández mediante el decreto 144/2022. Los empleadores cuyos establecimientos se encuentren en un mismo parque industrial o una distancia menor a 2 kilómetros entre sí podrán implementar los espacios de cuidado de manera conjunta.

Aquellas empresas que no puedan ofrecer este servicio deberán abonar una compensación monetaria a sus empleados equivalente, por lo menos, al 40% del salario de la actividad de “asistencia y cuidado de personas” del Convenio del personal de casas particulares. “Podrá preverse el reemplazo de la obligación de la presente medida por el pago de una suma dineraria no remunerativa, en concepto de reintegro de gastos de guardería o trabajo de cuidado de personas, debidamente documentados”, establece el artículo 4 del decreto.

Esta alternativa se autorizó en el marco de los reclamos de la Unión Industrial Argentina (UIA), gestionados durante el verano, que buscaban frenar la aplicación de la norma. Además de la flexibilización de la medida para que las empresas puedan ofrecer un reintegro, el gobierno ya había limitado el cumplimiento de la norma a aquellas con más de 100 empleados dados los reclamos por las dificultades que suponía la normativa para las pequeñas y medianas empresas (pymes). Las concesiones se dieron luego de negociaciones entre la UIA y el equipo de Claudio Moroni, ex ministro de Trabajo.

Pese a los cambios, la UIA sostiene que el decreto tiene “complejidades administrativas y para su posible cumplimiento”. La actual ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos aseguró que la interpretación del decreto es sencilla, pero que el gobierno continuará trabajando para brindar las aclaraciones pertinentes. “Estamos dispuestos a dar las explicaciones que hagan falta y, de hecho, estamos trabajando en una norma aclaratoria que sirva como marco de interpretación allá donde pudiera caber una duda”, expresó.

La titular de la cartera laboral también aclaró que la reciente flexibilización del decreto busca que “durante un plazo a definir”, las empresas que solicitaron la postergación del emplazamiento de las salas maternales y la representación sindical del personal negocien y acuerden las condiciones de cumplimiento de la norma.

El empleo independiente es la principal fuente de trabajo formal de los últimos 3 años, según información de la consultora LCG. El mayor aumento se dio entre los monotributistas: los contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado crecieron en más de 310.000 desde febrero de 2020, a lo que se sumaron 185.000 nuevos monotributistas sociales. En ese mismo período, se registraron 8.000 trabajadores autónomos menos.

En los últimos tres años, también aumentó la cantidad de trabajadores en relación de dependencia, pero el incremento no superó los 263.000 empleados. “Desde el año 2012 se observa una pérdida continua de participación de los asalariados privados sobre los puestos registrados totales, pasando del 55,6% en enero de 2012 al 48,1% actual”, indicó LCG. El empleo público creció en 173.000 personas, una suba muy por debajo de la correspondiente de los monotributistas, y pasó a representar el 26,1% del total de trabajadores registrados.

En noviembre de 2022, la tendencia de los últimos años se mantuvo: de los 47.825 nuevos puestos creados en el anteúltimo mes del año, alrededor de 27.000 correspondieron a empleados independientes, es decir, más del 55% del crecimiento total mensual. “Al interior, se destacaron los monotributistas con un aumento del 1,6% mensual sin estacionalidad, mientras que los autónomos crecieron en 0,1% mensual”, sostuvo LCG. Esto representa un aumento de 31.400 y 289 nuevos puestos en noviembre, respectivamente.

Respecto del mismo mes del 2021, el incremento asciende a 7,7% para los monotributistas del régimen simplificado (135.900 personas) y 39,7% en el caso de los sociales (156.600 nuevos individuos), según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Los autónomos también registraron un aumento, con una suba de 5.000 personas a comparación de noviembre de 2021. Así, de los 630.800 trabajadores registrados en el último año, 297.500 corresponden a individuos no asalariados.

El incremento de los puestos de trabajo formal, que alcanzó en noviembre de 2022 la cifra récord de 13.018.100, representa un avance con respecto a la situación laboral de los argentinos, pero persisten grandes desafíos. El informe de la Fundación Éforo “Caracterización de la población inactiva en edad de trabajar” del 2021 señalaba que en Argentina alrededor de 24 millones de personas se encontraban inactivos, de los cuales 8 millones estaban en edad de trabajar. Aproximadamente 4.3 millones de personas inactivas tienen más de 24 años, mientras que 800.000 jóvenes de entre 15 y 24 años no estudiaban ni trabajaban.

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La cantidad de trabajadores registrados en 2022 llegó a casi los 13 millones con un incremento del 5% respecto de 2021, aunque más de la mitad son empleados públicos y monotributistas, según datos difundidos por el Ministerio de Trabajo.

De acuerdo al informe al que tuvo acceso elDiarioAR, la cantidad de empleados registrados entre octubre y noviembre del año pasado (últimas cifras oficiales) eran 12.937 millones, con un incremento de 623.000 puestos respecto de un año atrás.

El dato más sobresaliente es que más de la mitad de la recuperación obedece al empleo independiente y la contratación de empleo público. Es decir, de la mayor cantidad de trabajadores hasta octubre de 2022, al menos 54.000 eran trabajadores estatales y 281.000 monotributistas.

Sobre éstos últimos, los monotributistas sociales crecieron un 39% al pasar de 398.000 a 555.000, los autónomos subieron un 1,3%, de 387.000 a 392.000; y los monotributistas puros, un 6.7%, de 387.000 a 392.000.

Los no asalariados, por otro lado, crecieron 10,9% interanual; mientras que los puestos de trabajo generados por empresas privadas alcanzaron los 291.000, con un crecimiento del 4,9%.

El análisis del Ministerio de Trabajo indica que hacia el tercer trimestre del año pasado, en promedio, el salario del sector regular de la economía era de $188.293, con una variación anual del 80,3%.

Además señala que la dinámica de crecimiento en el sector privado de la economía seguirá durante enero de 2023. Durante ese momento, en el total de empresas consultadas, un 4,8% indicó que iba a registrar variaciones en su plantel de empleados en los siguientes tres meses, de los cuales un 3,8% dijo que iba a subir y un 1% que iba a bajar, lo cual dejó un neto positivo del 2,8%.

MB