El sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri en la causa que investiga el supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, comenzará a analizarse en una audiencia el próximo 30 de agosto según lo dispuso la Cámara Federal de Casación Penal, informaron fuentes judiciales.

“Fíjese audiencia para el día 30 de agosto del corriente año a las 10:00 horas”, dispuso Guillermo Yacobucci, juez de la sala segunda del tribunal de Casación en una resolución.

El magistrado aclaró que las partes que quieran hacer uso de la oralidad durante la audiencia deberán informarlo al tribunal durante los próximos tres días, a la vez que informó que también tienen la posibilidad de asentar sus posturas mediante breves notas que pueden presentar a través del sistema de gestión informática.

Antes de la feria judicial, la Cámara Federal de Casación Penal había aceptado al Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) y al abogado Alberto Binder como “amicus curiae” (amigo del tribunal).

La sala segunda del máximo tribunal penal del país debe revisar los sobreseimientos con los que fueron beneficiados el expresidente y quienes encabezaron la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante su gobierno: Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Para este caso, el tribunal está formado por los jueces Ángela Ledesma, Mariano Borinsky y Yacobucci.

Los sobreseimientos de Macri, Arribas y Majdalani fueron dictados en julio del año pasado por la Cámara Federal porteña, cuando sostuvo que las maniobras investigadas -supuesto espionaje a familiares que reclamaban saber la verdad sobre el hundimiento del submarino- correspondían en realidad a tareas realizadas para garantizar la seguridad presidencial.

Aquel fallo de la Cámara Federal porteña fue apelado por las distintas querellas que intervienen en la causa, como también por la fiscalía.

En su momento, el fiscal José Luis Agüero Iturbe reclamó ante la Cámara Federal porteña que se declare la nulidad del fallo y remarcó: “Se trataba de personas que lo único que pedían era el esclarecimiento de los acontecimientos que rodearon los hechos concernientes a la pérdida de sus seres queridos. Considerar lo contrario no es más que revictimizar a las víctimas en contra de la normativa nacional”.

LC con información de agencia Télam

Mariano Borinsky, juez de la Cámara de Casación, fue designado por sorteo para integrar el tribunal que deberá revisar el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri en la causa que investiga el supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan.

El sorteo se realizó luego de que las defensas de Macri y los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante su gobierno, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, lograran apartar del expediente a Alejandro Slokar.

El apartamiento del juez Slokar se dio por la conexidad de la causa conocida como “ARA San Juan” con el caso D'Alessio, donde el magistrado dejó de intervenir tras una presentación de la exdiputada Elisa Carrió cuando se consideró imputada.

El punto que une ambos casos es que las constancias de las tareas de inteligencia, realizadas sobre los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino, fueron halladas en el marco de la investigación realizada por el juez Alejo Ramos Padilla en el caso D'Alessio.

La Cámara Federal de Casación Penal deberá revisar los sobreseimientos de Macri, Arribas y Majdalani dictados en julio pasado por la Cámara Federal porteña, cuando sostuvo que las maniobras investigadas correspondían a tareas realizadas para garantizar la seguridad presidencial. Ese fallo fue apelado por las querellas que intervienen en la causa y por la fiscalía.

En su momento, José Luis Agüero Iturbe, fiscal ante la Cámara Federal porteña, reclamó que se declare la nulidad del fallo que benefició a Macri, Arribas y Majdalani y remarcó: “Se trataba de personas que lo único que pedían era el esclarecimiento de los acontecimientos que rodearon los hechos concernientes a la pérdida de sus seres queridos. Considerar lo contrario no es más que revictimizar a las víctimas en contra de la normativa nacional”.

Al conocerse la designación de Borinsky, la querella que encabeza la abogada Valeria Carreras emitió un comunicado donde señaló: “Vamos a impulsar la recusación de Borinsky, la cual estimamos tendrá acogida favorable, justamente en base al criterio de la Cámara Federal, para apartar al Juez Slokar hace pocas horas. Los antecedentes judiciales y visitas a Olivos de público y notorio, son muestras del temor de mis representadas respecto a la falta de imparcialidad del magistrado”.

LC con información de agencia Télam

La Cámara Federal de Casación Penal apartó este miércoles al juez Alejandro Slokar de la causa que investiga el espionaje ilegal a familiares de los tripulantes fallecidos en el hundimiento del submarino ARA San Juan, debido a un pedido de las defensas de los exfuncionarios de inteligencia de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Arribas y Majdalani cuestionaron a Slokar porque ya estaba apartado en la causa conexa que investiga las maniobras del falso abogado Marcelo D'Alessio, por lo que consideraron que su permanencia podría “tornar nulos” todos los actos posteriores del expediente judicial.

En esa línea, los abogados de los funcionarios macristas recurrieron a declaraciones públicas de Slokar en las refirió que “colegas que fueron críticos ante el establishment del Poder Judicial padecieron en el macrismo también su Gestapo, la antijudicial”.

Como tercer elemento de prueba para la recusación, Arribas y Majdalani sostuvieron que el magistrado pertenece a la agrupación “Justicia Legítima”, por lo que su animadversión contra el gobierno de Mauricio Macri se encontraba probada.

Consultado por el tribunal, Slokar consideró que los argumentos de los exfuncionarios no reunían las “causales” de apartamiento, y que las expresiones públicas fueron formuladas “en cumplimiento de atribuciones legales y reglamentarias como presidente del cuerpo”. “Solo concernieron al funcionamiento independiente del sistema judicial y, además, no realizaron referencia alguna a los hechos objeto del presente ni a ninguno de los imputados”, aseguró.

No obstante, los jueces Guillermo Yacobucci, Angela Ledesma y Daniel Petrone consideraron que están dadas las condiciones para que Slokar se aparte de la causa por el espionaje ilegal. “A efectos de aventar cualquier temor de parcialidad que manifiestan abrigar las partes, corresponde realizar una interpretación extensiva de la garantía contenida en los artículos 18 de la Constitución Nacional, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” y otras normas que conceden las garantías judiciales a los acusados de algún delito.

LC con información de agencia Télam

Alejandro Slokar, juez de la Cámara Federal de Casación Penal, rechazó este viernes la recusación presentada por las defensas del expresidente Mauricio Macri y sus exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Los acusados pretenden que el magistrado no integre la sala del tribunal que revisará sus sobreseimientos en la causa donde se investiga el supuesto espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, hundido en 2017.

“Los argumentos traídos no exhiben encuadre en ninguna de las causales que prevé el artículo 55 del digesto de rito, ni se advierte la concurrencia de alguna de las situaciones atendidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re ”Llerena“ (Fallos: 328:1491) y ”Dieser“ (Fallos: 329:3034), que permitan habilitar el apartamiento reclamado”, sostuvo Slokar en un informe presentado esta jornada.

A partir de esta presentación, sus colegas de la sala segunda del máximo tribunal penal, Guillermo Yaconucci y Ángela Ledesma, serán quienes deban resolver si aceptan el pedido de las defensas y apartan a Slokar o comparten el criterio del juez y lo confirman como integrante del tribunal para intervenir en este expediente.

Las defensas habían recurrido a tres argumentos para reclamar su recusación: la identificación del juez con el espacio “Justicia Legítima”; sus declaraciones públicas vinculadas a las presiones que sufrieron colegas y el hecho de que estuviera apartado de intervenir en el denominado caso D'Alessio, ya que fue declarado conexo con la causa del espionaje a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan.

Al citar un criterio establecido por la propia Casación, Slokar sostuvo: “El temperamento adoptado en la instancia de origen no puede resultar vinculante para esta Cámara si no encuentra arraigo en la posibilidad de incurrirse en sentencias contradictorias, por cuanto la ratio de la unificación de causas en una sala debe apuntar a favorecer la armónica aplicación de la ley, evitando pronunciamientos contradictorios y de tal manera, guarda correlato con la mejor administración de justicia”.

“Tampoco los planteos sobre un pretendido temor de parcialidad por mi actuación pública exhiben la motivación suficiente que posibilite sustentar mínimamente el extremo aducido para la exclusión”, continuó el magistrado.

“Cabe destacar que las expresiones fueron formuladas en cumplimiento de atribuciones legales y reglamentarias como presidente del cuerpo, sólo concernieron al funcionamiento independiente del sistema judicial y, además, no realizaron referencia alguna a los hechos objeto del presente ni a ninguno de los imputados, razón por la que no dan cuenta de animadversión a su respecto”, se defendió el juez. “Por fin, el cuestionamiento a la pertenencia a la Asociación Civil Justicia Legítima desde siempre ha sido desestimado por este tribunal”, remató.

El caso D'Alessio

La causa llegó a la Cámara Federal de Casación Penal a partir de las presentaciones de los familiares representados por los abogados querellantes Valeria Carreras y Luis Tagliapietra, como también del Ministerio Público Fiscal. En este marco, los defensores de Macri, Arribas y Majdalani invocaron la conexidad con la causa del falso abogado Marcelo D’Alessio.

En aquel caso, Slokar fue apartado luego de una presentación formulada por Elisa Carrió, fundadora de la Coalición Cívica (CC), quien estuvo imputada luego de ser notificada de que su nombre aparecía en el expediente.

El caso D'Alessio inició con una denuncia del empresario Pedro Etchebest ante el juzgado federal de Dolores, debido a una supuesta extorsión por parte del falso abogado, quien le habría exigido una suma de dinero para evitar su vinculación en el marco de la denominada causa “Cuadernos”. En el megaproceso, se investiga una asociación ilícita que desde 2016 a febrero de 2019 planificó y ejecutó actividades de investigación, recolección, clasificación, almacenamiento y análisis de información vinculada a personas en causas judiciales, a partir de la cual llevaban adelante maniobras extorsivas y coercitivas.

Pudo establecerse que la organización criminal reunía información solo asequible para organismos públicos. En el marco la investigación, se avanzó sobre el papel que jugaron las denominadas “bases AMBA” de la AFI, llegando a la información que daría cuenta del posible espionaje a los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino San Juan.

Slokar, en el informe practicado conforme el artículo 61 del Código Procesal con cita de los precedentes de la Corte Suprema, desecha su apartamiento denunciando un “medio espurio para apartar a los jueces del conocimiento de la causa que por norma legal le ha sido atribuido”, como descarta su apartamiento por sus expresiones públicas o su carácter de miembro fundador de Justicia Legítima.

Recuento de la causa

Slokar fue convocado a integrar la Sala II para esta causa para reemplazar al camarista Carlos Mahiques, apartado tras ser recusado por las querellas conformadas por familiares de submarinistas, representados por Carreras y Tagliapietra, quienes le atribuyeron amistad con el expresidente Macri.

El submarino ARA San Juan se hundió el 15 de noviembre de 2017 frente al Golfo de San Jorge, cerca de Comodoro Rivadavia, en su regreso de Ushuaia hacia la Base Naval de Mar del Plata, con 44 tripulantes a bordo.

Macri fue procesado por el juez federal de Dolores, pero luego la Cámara Federal revocó esa medida, decisión que fue apelada y llevó el sumario a la Cámara Federal de Casación Penal. Para su dejar sin efecto su procesamiento, los camaristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens consideraron que el acercamiento de personal de seguridad del exmandatario a los familiares o averiguaciones sobre sus actividades no tenían otro motivo que la seguridad presidencial.

LC con información de agencia Télam

El expresidente Mauricio Macri y los exdirectivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante su gobierno, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, recusaron este lunes al juez Alejandro Slokar, quien debe revisar el fallo con el que los tres fueron sobreseídos por el supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan.

Las defensas de los exfuncionarios argumentaron que Skolar no puede intervenir, ya que está apartado en una causa conexa -el “Caso D'Alessio”- y porque en entrevistas periodísticas se manifestó en referencia al despliegue de la Inteligencia durante el gobierno de Macri, según las presentaciones judiciales.

“El hecho objetivo de que dentro de los agravios que deberá resolver esta Sala II se encuentren diversos vinculados directamente a la causa FMP88/2019, demuestra holgadamente que el Sr. Juez Dr. Alejandro W. Slokar no puede intervenir en la presente causa FMP8559/2020 y que su actuación genera probado y real temor fundado de parcialidad, por lo que se deberá disponer su apartamiento”, planteó el abogado de Macri, Pablo Lanusse.

Por su parte, la defensa de Arribas sostuvo que Slokar no debería intervenir porque en un reportaje a Página/12 afirmó que hubo funcionarios judiciales que sufrieron “macartismo” y la presión de la “Gestapo, la antijudicial”. “Es innegable que un juez que realizó semejantes manifestaciones públicas, sobre temáticas que se relacionan estrechamente con los hechos con los que se me vincula -junto al expresidente Mauricio Macri y a otros exfuncionarios- y tiene una opinión tan negativa hacia dicha gestión de gobierno, en aquellos aspectos, difícilmente pueda actuar con la imparcialidad que debe caracterizar a todo magistrado para valorar objetivamente los hechos que constituyen el objeto procesal. Más bien, parece que ya tiene una posición tomada sobre todo lo que ocurrió”, dijo la defensa.

En esa línea se expresó también la defensa de Majdalani, al señalar: “Lo que tenemos es que a partir de manifestaciones públicas que ha realizado (Slokar) una vez que se lo designara Presidente de esa Exma. Cámara, se colige que, según su modo de ver, durante la gestión presidencial del señor Mauricio Macri, habría existido una suerte de estructura conformada por distintos funcionarios de ese entonces que se habrían dedicado a la persecución de opositores a esa administración”.

A partir de dichas presentaciones, la querella de un grupo de familiares de los tripulantes, representados por la abogada Valeria Carreras, emitió un comunicado en el que manifestó: “No teniendo el Juez Slokar vínculos con ninguno de los procesados Macri, Arribas y los demás consortes, ni relaciones con el poder político, ni cuestionamientos como la mayoría de jueces de Comodoro Py, confiamos en su imparcialidad”. “Sin embargo en el día de la fecha los procesados principales, han pedido su apartamiento. A diferencia del trato que esta querella ha recibido, priorizamos los derechos de los encausados, respetamos su derecho de defensa en juicio”, sostuvo Carreras.

Slokar fue convocado a la Sala II en reemplazo del camarista Carlos Mahiques, quien fue apartado de la causa tras ser recusado por las querellas conformadas por familiares de submarinistas representados por los letrados Carreras y Luis Tagliapietra, bajo las atribuciones de amistad con el expresidente.

Hundimiento del ARA San Juan

El submarino ARA San Juan se hundió el 15 de noviembre de 2017 frente al Golfo de San Jorge, cerca de Comodoro Rivadavia, en su regreso desde Ushuaia hacia la Base Naval de Mar del Plata.

Macri había sido procesado por el juez federal de Dolores, pero luego la Cámara Federal revocó la medida, una decisión que fue apelada y llevó el sumario a la Cámara Federal de Casación Penal. Por ese entonces, los camaristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens habían considerado que el acercamiento de personal de seguridad de Macri a los familiares o averiguaciones sobre sus actividades no tenían otro motivo más que la seguridad presidencial.

LC con información de agencia Télam

Antes de ofrecerle el puesto a Gustavo Arribas, Mauricio Macri había pensado en otra persona. En otro de sus amigos de mayor confianza. Pero Daniel “El Tano” Angelici rechazó la propuesta del presidente electo. El binguero radical dejó pasar la oportunidad de conducir la Agencia Federal de Inteligencia y optó por quedarse al frente de Boca. A fines de 2015, Angelici renunció al cargo pero no a los honores de influir sobre la justicia federal y el submundo de la ex SIDE.

Uno de los tantos embajadores que el Tano designó en la AFI, en coordinación con Arribas, fue Juan Sebastián De Stéfano. Angelici sugirió el nombre de “El Enano” para la dirección de Asuntos Jurídicos de la Agencia. De Stéfano venía de ser el delegado de Angelici en el Consejo de la Magistratura porteño. A partir de 2016, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani encararon una purga en la ex Secretaría de Inteligencia. El dúo sumó casi 600 espías nuevos. Entre las altas apareció el viejo compañero de ruta de El Tano.

De Stéfano conoció a Angelici hace más de 30 años en la Facultad de Derecho de la UBA. Militaban juntos en Franja Morada. “El Enano” tenía un tío en el antiguo Concejo Deliberante de la Capital y llegó a ocupar un cargo en la Juventud Radical. Tras su paso como jefe de legales en la AFI, el abogado De Stéfano pasó al directorio de SBASE, la empresa estatal del subte. Lo hizo nuevamente apadrinado por Angelici. 

Ahora que su nombre y su cara se difundieron en el video de la Gestapo-gate, Horacio Rodríguez Larreta se resiste a despedirlo. “De lo que salió públicamente, no se desprende que haya cometido ningún delito. Está en una reunión”, lo defendió el alcalde porteño entrevistado por La Nación.

De Stéfano fue el protagonista locuaz de la reunión realizada el 15 de junio de 2017 en un edificio del Banco Provincia. Ahí, el exministro de Trabajo de María Eugenia Vidal blanqueó sus ganas de contar con una policía secreta como la de los nazis para terminar con los sindicalistas. El actual funcionario de SBASE fue procesado en la causa por el espionaje ilegal a los presos kirchneristas que se investiga en Lomas de Zamora. Pero más tarde fue beneficiado por la Cámara de Apelaciones de Comodoro Py, bajo la hipótesis de que no existió un plan orgánico y vertical de inteligencia para-estatal.

De Stéfano ahora tiene custodia, a raíz de una serie de amenazas que recibió en las últimas semanas. Un vuelto de su tránsito por los sótanos de la AFI. “No hay vinculación directa entre esa reunión y una acción concreta. El delito de presencia no existe. Pero es una buena justificación para que el kirchnerismo sostenga que hubo una persecución política”, justifica un dirigente de la escudería Angelici. 

Respecto a la posibilidad de que Rodríguez Larreta eche del gobierno a De Stéfano, cerca del Angelici se muestran dispuestos a resistir. E incluso a contraatacar. Se preguntan en tono provocador si Julio Garro, presente en la reunión del Banco Provincia, no debería renunciar entonces a la intendencia de La Plata. Además argumentan que correr al Enano sería una forma de reconocer los delitos de la AFI durante la presidencia de Macri. Por eso el alcalde y María Eugenia Vidal alternan entre el silencio, el siga siga y las contorsiones retóricas. Los desmanejos de la AFI amarilla representan una caja de Pandora incómoda para el PRO. Ningún dirigente macrista muestra demasiado interés en explorar qué pasó en ese ámbito entre 2015 y 2019. Aun los que fueron víctimas de la inteligencia ilegal, como Rodríguez Larreta y Vidal.

Con su agrupación Radicales por Argentina, Angelici mantiene una sociedad doble: tanto con el sector de la UCR liderado por Martín Lousteau, esponsoreado por el mítico Enrique “Coti” Nosiglia, como con Rodríguez Larreta. Entre ambas facciones radicales le aportan al larretismo ocho votos clave en la Legislatura porteña. Cuatro responden al Tano. La otra mitad, a Lousteau. 

Angelici mantiene una sociedad doble: tanto con el sector de la UCR liderado por Martín Lousteau como con Rodríguez Larreta. Entre ambas facciones radicales le aportan al larretismo ocho votos clave en la Legislatura porteña.

Si bien fue una figura importante en el diseño de la AFI amarilla, Angelici no arrastra procesamientos ni investigaciones en su contra. “De ningún tipo”, subraya un dirigente de la UCR porteña que lo conoce desde hace 30 años. Y agrega: “El Tano parece oscuro porque tiene incidencia sobre la justicia y el juego, que para algunos moralistas es un pecado. Pero no lo es”. Elisa Carrió disiente con ese punto de vista. En 2016, Lilita lo denunció en Comodoro Py por operador judicial y monje negro, pero la causa quedó en la nada. Y en los últimos días, al calor del Gestapo-gate, la Coalición Cívica difundió un informe de consumo interno. A lo largo de cinco páginas, el partido de Carrió ensaya un despegue ético de los desmanejos de la ex SIDE. El documento se titula “Acciones de Elisa Carrió y la Coalición Cívica contra la inteligencia ilegal en Argentina y algunos hechos de los han sido víctimas”. Y enumera hechos y denuncias de 2010 a la fecha.

Desde que abandonó la presidencia de Boca en 2019, Angelici reparte su tiempo entre la política y los negocios. En diciembre pasado sumó un cargo en la UCR presidida por el jujeño Gerardo Morales. En su oficina de Carlos Pellegrini y Córdoba, el Tano ofició como garante de paz entre el gobernador Morales y el senador Lousteau. Fue el anfitrión de una reunión que destrabó la puja entre ambos. A cambio, se ganó un lugar oficial en la mesa nacional de la UCR, en representación de la Capital. Y en adelante pretende cicatrizar, desde las sombras y con perfil bajísimo, el quiebre del bloque radical en Diputados. 

Además sigue de cerca la rosca xeneize, donde por ahora no planea volver a pelear por la presidencia. Y en paralelo amplía y moderniza su mini-imperio de bingos y casinos. El 29 de diciembre, en la última sesión del año del 2021, la Legislatura cordobesa aprobó las apuestas a través de aplicaciones online. Se trató de un proyecto votado por la coalición schiarettista y una parte de Juntos por el Cambio. Angelici es parte de Atlántica de Juegos, una de las operadoras que explotará el juego en esa provincia. Macri apoyó explícitamente la sanción de la ley. “Se aprobó a fin de año, con una sola discusión de comisión y de cerrada participación. Fue muy oscuro y fraudulento”, se queja ante elDiarioAr el senador cordobés Luis Juez. Y agrega: “No me gusta que Macri la apoye, es habilitar una plataforma de juegos para que los chicos desarrollen la ludopatía”.

Macri y Angelici se conocieron en 2005. Fue en la casa que El Tano tenía (y todavía tiene) en la ciudad de Pergamino. El ingeniero de la UCA y el abogado radical conectaron de forma inmediata: un flechazo de confianza mutua. Desde ese momento, Angelici manejaría la franquicia del radicalismo-PRO, con un plus personal: el de su influencia sobre el mundo judicial.

AF

La vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner volvió a referirse este martes en las redes sociales al presunto armado de causas judiciales contra dirigentes gremiales por parte del gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal, bajo una serie de posteos que tituló “Papá Noel, la Gestapo y el cuento de los cuentapropistas”.

“Mira qué casualidad hoy es 28 de diciembre, por si no te acordás es el Día de los Inocentes y también el fin del cuentito de los cuentapropistas”, escribió la Vicepresidenta en su cuenta de Twitter, que eligió por segunda vez consecutiva para pronunciarse sobre el polémico video en el que aparece el exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, en una reunión con otros funcionarios y empresarios, a quienes les confiesa: “Si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”.

Esa filmación, en la que -según los audios- se promovía el armado de causas contra dirigentes gremiales, motivó que el presidente Alberto Fernández instruyera a la interventora de la AFI, Cristina Camaño, para que presentara una denuncia penal, que se concretó este lunes ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal de La Plata 3, a cargo de Ernesto Kreplak.

En sus tuits de este martes, la Vicepresidenta señaló que “en la concurrida reunión de la mesa judicial de Mariu Vidal del 16/06/17” estaban “Sebastián De Stefano, Dir. Asuntos Jurídicos de la AFI y Darío Biorci, cuñado y Jefe de Gabinete de Silvia Majdalani, Subdirectora de la AFI”.

También menciona, entre los participantes -que además volvió a señalar en una foto- a “Diego Dalmau Pereyra: Dir. Operacional de Contrainteligencia de la AFI de Macri, Arribas y Majdalani” y agregó que “Biorci y Dalmau Pereyra acompañaron a Silvia Majdalani y fueron presentados como sus dos principales colaboradores cuando se realizó el traspaso de funciones en diciembre del 2015”.

Este lunes, la Vicepresidenta también había reflexionado en las redes sociales sobre el polémico video y advirtió: “Qué otras pruebas necesitará la sociedad argentina, mas allá de las lógicas y legítimas adhesiones, para entender que el espionaje político y la persecución judicial que sufrimos quienes fuimos opositores a ese gobierno, no es un relato partidario”.

“Qué otras pruebas necesitará el Poder Judicial argentino sobre la existencia de mesas judiciales y asociaciones ilícitas que tuvieron lugar durante el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal?”, escribió y vinculó a varios exfuncionarios de Cambiemos con el accionar de entonces de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), involucrada en causas donde se investiga si hubo espionaje ilegal.

Con información de agencias.

IG

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó este miércoles a través de sus redes sociales el fallo de las últimas horas de la Cámara Federal porteña, que revocó los procesamientos a los extitulares de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani por supuesta “asociación ilícita” en la causa que investiga maniobras de espionaje ilegal en el Gobierno de Mauricio Macri, que habían sido dictados por la Justicia Federal de Lomas de Zamora.

“¡Llegó Papá Noél!”, comenzó la exmandataria su hilo de tweets en referencia a la causa. “Ayer, la Cámara Federal de Comodoro Py que, durante 4 años, con Bruglia -el camarista puesto a dedo por Macri- como personaje estelar, decía que yo era la jefa de ¡4 asociaciones ilícitas! -disparate jurídico-, ¡y que, además, en una de ellas estaban incluso mis hijos!”, sostuvo la Vicepresidenta.

“Ahora… Dice, en tándem con el camarista Llorens -el que visitaba a Macri en Olivos-, que Mauricio Macri como presidente, Gustavo Arribas como titular de la AFI y Silvia Majdalani como su subdirectora… No tienen nada que ver con el espionaje que desde la AFI -que depende directamente de la Presidencia de la Nación- hicieron sobre mí, sobre opositores políticos, sobre dirigentes sindicales y hasta sobre miembros de su propia fuerza política”, aseguró Fernández de Kirchner en Twitter.

Y agregó: “O sea que… Los agentes de inteligencia de la AFI utilizaron recursos y logística del organismo para espiar todos y cada uno de los objetivos que sólo le interesaban al mismísimo Mauricio Macri… pero él, su amigo Arribas y su socia Majdalani no sabían nada y no tienen nada que ver. ¡Andá!”

Para concluir, la expresidenta sentenció: “Regalito de Navidad de dos jueces de la Cámara Federal de Comodoro Py para Macri y su pandilla. ¡Mamita!”

El fallo sobre Arribas y Majdalani

La Cámara Federal porteña revocó este martes los procesamientos a los extitulares de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani por supuesta “asociación ilícita” en la causa que investiga maniobras de espionaje ilegal en el Gobierno de Mauricio Macri

En su fallo, el Tribunal de Apelaciones dejó procesada a Majdalani por presunto “incumplimiento de deberes” a raíz de no haber controlado la actividad de un grupo de agentes de la Agencia Federal de Inteligencia procesados por presunto espionaje ilegal, según resoluciones a las que tuvo acceso Télam.

Por mayoría y con la disidencia del juez Eduardo Farah, los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi confirmaron también la falta de mérito en la causa para el secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto.

Macri no está imputado en este expediente. El fallo de mayoría de la Cámara favorece la postura de su defensa en la causa por presunto espionaje ilegal a los familiares de tripulantes del Ara San Juan, en la que el expresidente quedó procesado junto a la cúpula de la AFI de su gobierno. Al descartar una supuesta asociación ilícita y adjudicar las supuestas tareas de inteligencia ilegal a un grupo de espías con presuntos intereses particulares, los camaristas están rechazando que la AFI macrista haya ordenado oficialmente el espionaje ilegal y no lo reconoce como una política del gobierno de Macri, como plantea el juez Martin Bava en Dolores.

La causa D´Alessio pasa a Comodoro Py

La Cámara Federal de Casación Penal dispuso este miércoles que la causa por espionaje y extorsión que tiene como principal acusado al falso abogado Marcelo Sebastián D'Alessio pase a los tribunales federales de Comodoro Py y deje de tramitar ante la justicia de Dolores, informaron fuentes judiciales.

La decisión fue adoptada por la sala segunda del máximo tribunal de apelaciones, integrada para este caso por los jueces Javier Carbajo, Guillermo Yacobucci y Eduardo Riggi, ante un planteo del fiscal imputado Carlos Stornelli.

IG

La Cámara Federal porteña revocó este martes los procesamientos a los extitulares de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani por supuesta “asociación ilícita” en la causa que investiga maniobras de espionaje ilegal en el Gobierno de Mauricio Macri, que habían sido dictados por la Justicia Federal de Lomas de Zamora.

En su fallo, el Tribunal de Apelaciones dejó procesada a Majdalani por presunto “incumplimiento de deberes” a raíz de no haber controlado la actividad de un grupo de agentes de la Agencia Federal de Inteligencia procesados por presunto espionaje ilegal, según resoluciones a las que tuvo acceso Télam.

Por mayoría y con la disidencia del juez Eduardo Farah, los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi confirmaron también la falta de mérito en la causa para el secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto.

Macri no está imputado en este expediente. El fallo de mayoría de la Cámara favorece la postura de su defensa en la causa por presunto espionaje ilegal a los familiares de tripulantes del Ara San Juan, en la que el expresidente quedó procesado junto a la cúpula de la AFI de su gobierno. Al descartar una supuesta asociación ilícita y adjudicar las supuestas tareas de inteligencia ilegal a un grupo de espías con presuntos intereses particulares, los camaristas están rechazando que la AFI macrista haya ordenado oficialmente el espionaje ilegal y no lo reconoce como una política del gobierno de Macri, como plantea el juez Martin Bava en Dolores.

La querellas pueden presentarse ante la Cámara Federal de Casación. También las defensas, en el caso de los que quedaron procesados parcialmente, como Majdalani.

En cuanto a Arribas, los jueces dictaron su falta de mérito y revocaron el embargo y medidas cautelares que había establecido el juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé.

Lo mismo hicieron para con otra veintena de imputados en la causa, al considerar no probada aún la existencia de una asociación ilícita.

En el caso de Majdalani, se redujo el embargo en su contra a 4 millones de pesos al dejarla procesada por presunto incumplimiento de deberes pero con falta de mérito en relación al delito de “asociación ilícita”.

El Tribunal de Apelaciones confirmó los procesamientos de un grupo de ex agentes de la AFI por infracción a la Ley de Inteligencia 25520, en relación a maniobras de espionaje ilegal.

Se trata de Alan Ruiz, Diego Dalmau Pereyra, Jorge Horacio Sáez, Facundo Melo, Leandro César Araque, Emiliano Federico Matta, Juan Carlos Silveira y Cristian Lionel Suriano y María Andrea Fermani.

En la causa intervino la Cámara Federal con sede en Comodoro Py 2002 debido a que Casación Penal resolvió que el caso pase de los tribunales de Lomas de Zamora al fuero federal porteño.

Con información de Télam.

IG

Mauricio Macri, desde Miami, donde viajó para presentar su libro, aseguró este viernes que no cambiará su agenda en el exterior pese a la citación indagatoria para el próximo 7 de octubre en la causa que investiga el espionaje a los familiares del Ara San Juan. Según allegados al exmandatario, la decisión del juez de Dolores Martín Bava es “parte de la campaña política del Frente de Todos”, al tiempo que aseguran que sus abogados pedirán “más tiempo para preparar la defensa”.

Macri fue citado a indagatoria para el próximo jueves en el marco de la causa que investiga el espionaje a los familiares del Ara San Juan, que se hundió el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur. Además, se le dictó la prohibición de salida del país, a pesar de ya estar en el exterior.

El juez Bava es subrogante de Alejo Ramos Padilla y tomó la decisión como parte de las medidas dispuestas en la investigación que intenta determinar si miembros del anterior gobierno buscaron controlar los movimientos de los familiares de las víctimas a través de maniobras desplegadas de las denominadas bases AMBA de la Agencia Federal de Inteligencia entre fines de 2016 y diciembre de 2017. El expresidente tiene la obligación de asistir a la indagatoria.

Por el momento, Macri, tras comunicarse con sus abogados, resolvió que esperará que llegue la notificación oficial de la resolución judicial a su domicilio y adelantó que pedirá una postergación de la indagatoria al considerar que tiene poco tiempo para preparar su defensa, ya que no vio el expediente, publica Infobae, donde sostienen que el expresidente no entiende “el apuro” del juez Bava porque él no estaba involucrado en la causa, sino Gustavo Arribas, el exjefe de la AFI durante el gobierno de Cambiemos.

Desde Miami, de acuerdo a su agenda original, el exmandatario debería viajar rumbo a Qatar para cumplir con labores vinculadas a la Fundación FIFA, que preside.

Patricia Bullrich: “Macri no estaba procesado y de golpe lo llaman a indagatoria”

La titular del PRO, Patricia Bullrich, calificó este viernes como “muy sorprendente y nunca visto” la decisión de la Justicia de citar a declaración indagatoria con prohibición de salida del país al expresidente Mauricio Macri en la causa en la que investiga espionaje ilegal a familiares de fallecidos en el hundimiento del submarino ARA San Juan.

“En este caso ha habido una causa abierta contra los titulares de la AFI en la que Mauricio Macri no estaba absolutamente involucrado. Y de no estar involucrado se pasa a tener una indagatoria con imposibilidad de salir del país sabiendo que está afuera”, consideró Bullrich al participar de un encuentro por videoconferencia, en el cual la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio (JxC) presentó su Comité de Control Electoral rumbo a las legislativas del 14 de noviembre.

“Las personas procesadas en esta causa son otras, no estaba procesado Macri y de golpe lo llaman a indagatoria en tres días en una causa que no conoce, con un juez subrogante, siendo que no esta en el país”, continuó Bullrich.

“Es muy sorprendente -insistió- donde primero llaman al expresidente que a las personas que estaban siendo investigadas; es un procedimiento raro, nunca visto que alguien que no está en la causa sea llamado a indagatoria”.

La resolución del juez Bava

Se trata de la primera citación a declarar en calidad de imputado para Macri desde que dejó la Presidencia de la Nación.

En el mismo fallo, el juez procesó sin prisión preventiva al extitular de la AFI en el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas, y a la exsubdirectora del organismo, Silvia Majdalani, con embargos de 20 millones de pesos para cada uno y a otros imputados.

El espionaje ilegal “se hizo con el objetivo de anticiparle a la máxima autoridad del Estado en ese entonces, cuáles serían los reclamos del colectivo de familiares quienes, para ese entonces, eran los protagonistas de uno de los temas de mayor trascendencia nacional”, remarcó Bava en su fallo.

“Todo esto es de una gravedad inconmensurable para nuestro país, nuestra democracia y nuestra historia, y como dije, es deber del Poder Judicial investigarlo y sancionarlo”, agregó.

La “gravedad de los hechos aquí ventilados constituye no solo una conculcación al sistema democrático, sino que vulnera los compromisos asumidos internacionalmente por el Estado Argentino, por inmiscuirse en la vida privada e intimidad de éstas mujeres y de las familias que estaban atravesando uno de los mayores golpes de su vida, como es la desaparición de un ser querido”, evaluó.

En el capítulo de la resolución dedicado a la decisión de citar a indagatoria a Macri, el juez sostuvo que, en principio, “determinar la transgresión a la Ley 25520 (ley de Inteligencia) es identificar los límites del poder del Estado para con todos los ciudadanos de la República Argentina”.

“Corresponde detallar que se le imputa desde su cargo de Presidente de la Nación, por lo menos en el período comprendido entre el mes de diciembre del año 2017 y finales del año 2018 ha ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias”, detalló la resolución.

Por otra parte, Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes del Ara San Juan fallecidos, consideró que la decisión del juez Bava “se caía maduro desde el primer momento. No iba a poder zafar porque los papers que presentaron, que están en el expediente, que entregaron los espías, están dirigidos personalmente a él y no puede alegar desconocimiento. Esto es una grata sorpresa”, dijo en declaraciones a Radio 10.

Detalles de la causa

La causa por la que Macri será indagado se inició por una denuncia radicada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, en septiembre del año pasado. La primera parte de la investigación la llevó adelante el fiscal Daniel Adler en Mar del Plata, hasta que el caso cambió de jurisdicción a Dolores.

De acuerdo con la denuncia de Caamaño, mientras el submarino aún permanecía desaparecido, durante la gestión de Macri, la AFI hizo seguimientos en las manifestaciones realizadas en Mar del Plata por parientes y amigos de los tripulantes.

El juez dictó además el procesamiento del ex director de la AFI, Gustavo Arribas, y la exdirectora, Silvia Majdalani, además de varios funcionarios y agentes que habían sido indagados. Se los sindicó como “responsables del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de coautores, en virtud de haber obtenido información, producido inteligencia y almacenado datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias, y por la actividad lícita que desarrollaban, así como en virtud de haber pretendido influir en la situación institucional y política del país, en la vida interna de los partidos políticos y en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo; en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de funcionario público en carácter de coautores”.

Según Bava, la responsabilidad de los hechos investigados no puede endilgársele solo a los exjefes de la AFI. En su fallo, el juez escribió: “No solo las más altas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia estaban en pleno conocimiento de las acciones ilegales que realizaban en Mar del Plata, sino que además, le retransmitían estas acciones al Presidente de la Nación. Es otro argumento que permite demostrar que el entonces Presidente de la Nación, Mauricio Macri, se encontraba en pleno conocimiento del especial interés y el seguimiento que realizaba la Agencia Federal de Inteligencia respecto los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan”.

La denuncia con la que se inició la causa sostiene que la AFI, mientras buscaba material que había solicitado un juez, halló tres discos rígidos con los registros del espionaje ilegal a los familiares, a través de fotos, partes de inteligencia y la intrusión en redes sociales, principalmente en el primer semestre de 2018.

Según Caamaño, las “tareas” ventiladas “no se encontraban ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado”.

“El material acompañado demuestra que la AFI hizo inteligencia sobre familiares, amigos y allegados de los tripulantes del ARA San Juan, y ello por el solo hecho de pertenecer al colectivo de familiares de las víctimas del hundimiento”, escribió la funcionaria en su denuncia.

De acuerdo a la AFI de Caamaño, “los informes, fechados entre enero y junio de 2018, muestran seguimientos sistemáticos y fotografías tomadas frente a la Base Naval de Mar del Plata o durante otras actividades realizadas, por ejemplo, en el Consejo Deliberante de esa ciudad o en el monumento al Gral. San Martín local, tanto de las columnas, como a referentes de los grupos de familiares”.

El ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 en aguas del mar argentino. A bordo viajaban 44 tripulantes. Pasado un año y dos días, la nave fue encontrada por una empresa privada, con toda su tripulación muerta, muy cerca del punto de desaparición y en el lugar donde se suponía que se encontraba, a 907 m de profundidad.

Con información de agencias.

IG

El exvicepresidente Amado Boudou denunció este viernes al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la supuesta violación de sus derechos y garantías durante el desarrollo de la causa Ciccone Calcográfica, según el escrito al que accedió elDiarioAR. El organismo internacional deberá analizar si da trámite al caso y lo remite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El exfuncionario presentó una denuncia de más de 20 páginas ante la CIDH, con sede en Washington, Estados Unidos, con el patrocinio de uno de sus abogados, Alejandro Rúa. En el documento, Boudou relató los roles que habrían cumplido distintos actores en una supuesta maniobra del lawfare o “guerra judicial” en su contra. “El Estado argentino es responsable por la violación” de nueve artículos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo.

“He sido sometido en mi país a un proceso judicial amañado y arbitrario en el que no ha habido garantía convencional que no se haya violado, comenzando por la de legalidad, en un contexto de discriminación política y persecución”, expresó Boudou en su denuncia.

El exvicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner (2011-2015) fue condenado en 2018 por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública por haberse quedado con el 70% de las acciones de la imprenta de billetes Ciccone Calcográfica, junto a varios cómplices y a cambio de garantizar el salvataje de la compañía, que se encontraba al borde de la quiebra, según el fallo del Tribunal Oral Federal número 4.

Durante su indagatoria en el juicio, Boudou refutó haber intervenido a favor del levantamiento de la quiebra de la imprenta; y dijo que el dueño de ese 70% era el exbanquero Raúl Moneta, entonces inimputable por una severa enfermedad, y quien falleció en 2019. 

Moneta fue investigado en el expediente Ciccone II junto al banquero Jorge Brito, señalado como supuesto financista de la compra, pero Brito fue sobreseído. Falleció en 2020. Boudou explicó a la CIDH que su caso fue enviado a juicio antes de que se avanzara contra Brito y Moneta, lo que entendió que fue parte de la maniobra denunciada.

He sido sometido en mi país a un proceso judicial amañado y arbitrario en el que no ha habido garantía convencional que no se haya violado.

Las pruebas en su contra fueron consideradas contundentes por 17 jueces de distintas instancias y cinco fiscales. Sin embargo, Boudou sostiene que se cometieron irregularidades durante sus reiteradas y publicitadas detenciones (tres en los últimos tres años y medio), y también a lo largo del juicio oral en su contra y la revisión de su caso en los tribunales de apelaciones, incluso en la Corte Suprema. 

“Ante la manipulación de las voluntades judiciales afectadas no hubo ningún recurso real a mi disposición para la defensa de mis derechos, pues todo eso fue ratificado por la Corte”, aseguró. El máximo tribunal consideró en diciembre que los planteos de la defensa debían ser rechazados.

Boudou enumeró la presunta violación de nueve artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos por parte de dos poderes del Estado (el Ejecutivo y el Judicial) y supuestos cómplices externos. En el escrito apuntó al gobierno de Mauricio Macri; a exmiembros del Servicio Penitenciario Federal y de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI); a jueces de distintas instancias y a medios de comunicación. Detalló cómo habrían articulado acciones en su contra.

“Se trataba de lograr una sentencia anticipada construida mediática y judicialmente, sin que existiera correlación alguna con la verdad de los hechos”, afirmó. “El objetivo político central era borrar o montar una nueva memoria popular sobre el ciclo político que había gobernado la Argentina desde el año 2003 hasta el año 2015”, aseguró citando a la Comisión Bicameral de inteligencia y al comparar el supuesto accionar denunciado con las prácticas de la última dictadura militar. También adjudicó la presunta maniobra a una campaña a favor del macrismo, con fines electorales.

Boudou criticó el desempeño de todos los jueces que intervinieron en el caso Ciccone: desde el juez de primera instancia, Ariel Lijo (que comenzó a instruir la causa en 2012 y lo procesó en 2014) hasta el máximo tribunal, que confirmó su sentencia en apenas un párrafo en diciembre último. “La Corte Suprema de Justicia de la Nación no revisó el caso, haciendo aplicación del artículo 280 del código de procedimientos civiles” y “sin dar razón alguna de su negativa a abrir la instancia extraordinaria ante la gravedad de los reclamos”, sostuvo ante la CIDH.

Los servicios y el arrepentido

La denuncia de Boudou ante el organismo internacional también incluyó un pormenorizado relato del supuesto espionaje ilegal de la AFI a sus abogados y al propio exfuncionario mientras estuvo alojado en la cárcel federal de Ezeiza, hecho que es objeto de una investigación penal en la que están procesados Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, exjefes de inteligencia de la gestión macrista, y exautoridades del Servicio Penitenciario Federal (SPF), entre otros. Todos han negado los cargos. Boudou contó que existen pruebas de que se instalaron en el penal dispositivos para escuchar sus conversaciones con sus abogados, algo prohibido por la ley.

A los fines de una condena impuesta de antemano, ante jueces de distintas instancias afectados en su imparcialidad, se pagó ilegalmente una declaración y se mantuvieron ocultas dichas circunstancias.

“El objetivo de la extorsión política y económica era claro: quebrar emocional, económica y políticamente a las víctimas seleccionadas” para el lawfare, dijo citando nuevamente a la Comisión Bicameral de inteligencia en el Congreso.

La causa Ciccone fue objeto de interés de los servicios de inteligencia desde su inicio. Los primeros abogados de Boudou en la causa fueron Diego Pirota y sus colegas del estudio de Darío Richarte, exjefe de la SIDE durante el gobierno de Fernando De La Rúa, un estudio apuntado en los tribunales como uno de los que coordinó la práctica profesional con supuestas instrucciones del exjefe de los espías Jaime Stiuso y del auditor por el peronismo en la Auditoría General de la Nación (AGN), Javier Fernández, señalado como “operador judicial” del kirchnerismo, un rol que siempre ha negado. Stiuso y los abogados de dicho estudio también han negado haber participado de cualquier irregularidad.

Tras el quiebre entre el kirchnerismo y Stiuso, el estudio renunció a todas las defensas de funcionarios kirchneristas y Boudou dio un giro de 180 grados para elegir a sus nuevos defensores: Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, fervientes críticos de la intromisión de la exSIDE en la Justicia.

En su denuncia contra el Estado argentino, el exfuncionario también hizo hincapié en la negociación atribuida a la exministra Patricia Bullrich con Alejandro Vandenbroele -testaferro de Boudou, para la Justicia-, con el fin de que declarara como arrepentido en su contra; ahondó en el pago de $1.500.000 al arrepentido, dispuesto por el Ministerio de Justicia macrista (Boudou presentó actas oficiales que lo prueban); y supuestas irregularidades durante el desarrollo del juicio, como la imposibilidad de presentar prueba a su favor durante el proceso.

“A los fines de una condena impuesta de antemano, ante jueces de distintas instancias afectados en su imparcialidad, se pagó ilegalmente una declaración y se mantuvieron ocultas dichas circunstancias en que intervinieron las agencias de inteligencia y otros funcionarios del Gobierno” de turno, afirmó. Comparó el hecho con otro caso que analizó la CIDH: el pago de US$400.000 a Carlos Telleldín en el caso AMIA, antecedente que analizó en detalle.

“Mi declaración como arrepentido fue libre, no fue pagada por nadie”, dijo Vandenbroele a Infobae. “El Ministerio de Justicia también ha autorizado fondos muy elevados para reubicar a otros testigos protegidos”, dijo una fuente macrista de esa cartera a elDiarioAR ante una consulta en enero.

Afuera de la política

Otro de los puntos por los que demandó al Estado es la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, que recibió en 2018. La definió como contraria a lo dispuesto por la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica y la Declaración Universal de Derechos Humanos, al encuadrarla dentro de las categorías de penas “degradantes”, “arbitrarias” y/o “crueles”.

Boudou cumple un arresto domiciliario que se encuentra en revisión ante la posibilidad de ser trasladado por cuarta vez a una cárcel federal para cumplir el resto de la pena. Para mediados de año, estará en condiciones de solicitar la libertad condicional, ya que habrá cumplido los dos tercios de su pena, confirmaron fuentes de su defensa y una fuente judicial del caso.

En su escrito, definió como arbitrarias sus detenciones preventivas, previas a la condena, y contó que el tribunal que lo juzgó lo obligó con una resolución a presentarse a todas las audiencias del juicio para “obtener la máxima espectacularidad político-mediática”. También recordó la publicidad de sus traslados “esposado y disfrazado con casco y chaleco antibalas ante el tribunal”. 

En su denuncia ante la CIDH, Boudou adjuntó presentaciones judiciales ante distintas instancias (apelación, documentos de los expedientes, recursos ante tribunales de apelación), el informe de la Bicameral de Inteligencia, copia de otros expedientes (La Mesa Judicial del macrismo) y notas periodísticas, entre otras pruebas de su denuncia. 

En trámite

La CIDH es un organismo independiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y su objetivo es proteger los derechos humanos en el Continente, según su estatuto. Está integrada por siete miembros “independientes”.

Tras la presentación de Boudou, el caso ingresará a la Comisión para su evaluación y posible remisión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el tribunal internacional que juzgará si el Estado argentino violó la Convención Americana.

Argentina es uno de los veinte Estados que han reconocido la competencia de esta corte interamericana, pero una sentencia contra el país no necesariamente modificaría la situación procesal de Boudou en Argentina. 

En 2017, la Corte Suprema de la Nación estableció que la Corte Interamericana no puede revocar sentencias del máximo tribunal argentino. Hay otros antecedentes que van en sentido contrario. Por lo tanto, si existiera un fallo a su favor a nivel internacional, Boudou podría reclamar en Argentina que se revise y revoque su condena.

ED

El fallo a favor del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva tiene por ahora un impacto meramente “político” y “moral” en las defensas de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, exfuncionarios y empresarios allegados al kirchnerismo, procesados por supuestos delitos de corrupción, y los abogados aún no han decidido si lo usarán en el corto plazo como un nuevo antecedente jurídico del llamado lawfare (“guerra judicial”) en las causas y juicios, según explicaron a elDiarioAR varios de ellos, en on y off the record. De hecho, sostienen, que ya han realizado planteos similares a los de Lula da Silva que en algunos casos todavía no tienen resolución o han terminado en fallos desfavorables para los investigados.

A pesar del impacto mediático y la celebración del propio presidente Alberto Fernández, los abogados consultados no ven una consecuencia inmediata del “efecto Lula” aunque sostienen que el fallo del juez Edson Fachin en Brasil “tiene puntos de contacto” y “podrá usarse en futuros planteos” ante la Corte Suprema y los tribunales orales federales.

Este lunes, el ministro Fachin, miembro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil que interviene en los procesos del caos Lava Jato, hizo lugar a un habeas corpus presentado en noviembre por la defensa de Lula da Silva y anuló todas las decisiones judiciales en su contra tomadas por el juez federal Sérgio Moro en cuatro casos de presunta corrupción, según el fallo al que accedió este medio. El juez Fachin, quien integra el máximo tribunal brasileño, no declaró inocente al dos veces presidente brasileño sino que ordenó que los expedientes vuelvan a foja cero y sean tramitados nuevamente por otro juez, en otra jurisdicción. 

El fallo refuerza nuestros planteos, de alguna forma los ilumina.

Lula estaba condenado en base a las decisiones del entonces juez Moro, con jurisdicción en Curitiba, en el estado de Paraná, pero el juez Fachin determinó que Moro no era el juez natural para intervenir en las denuncias contra el expresidente, no sólo porque los hechos no habrían ocurrido en su territorio sino porque tampoco habrían una justificación suficiente para vincular los casos contra Lula da Silva a la Operación Lava Jato, la megacausa de Moro que absorbió las denuncias contra el líder del Partido de los Trabajadores (PT). Al anular los cuatro procesos, Fachin levantó la proscripción que pesaba sobre Lula da Silva y lo habilitó para ser candidato en 2022.

“Lo que se resolvió en Brasil pone en evidencia una matriz de persecución en la región y expone a jueces que carecen de objetividad o imparcialidad, y esos planteos están en la Corte, pero el efecto del fallo no es de aplicación inmediata en las causas locales”, dijo a este medio Carlos Beraldi, abogado de Fernández de Kirchner. Esa “matriz de persecución” es lo que los defensores denominan lawfare, una embestida judicial y mediática contra dirigentes políticos de la izquierda en América Latina, entre ellos Fernández de Kirchner y Lula da Silva. 

“El impacto del fallo en Argentina es político en lo inmediato, más que jurídico, pero tiene una enorme significación y pone de relieve las características del lawfare”, afirmó Eduardo Barcesat, abogado de Gerardo Ferreyra, dueño de Electroingeniería y uno de los empresarios procesados por el caso de los cuadernos, de los pocos que no declaró como imputado colaborador en el caso y negó su participación en el supuesto pago de coimas a los Kirchner para obtener contratos de obra pública. 

Hemos planteado que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación que confirmó lo actuado por el juez Julián Ercolini no era la sala que debía realmente intervenir en el caso.

Los fallos de tribunales extranjeros suelen citarse como antecedentes o jurisprudencia, en especial cuando se trata de decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos o de tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La defensa de Fernández de Kirchner dice que no están pensando en planteos en el corto plazo pero el fallo brasileño será una herramienta para reforzar los planteos que ya vienen llevando adelante y que sostienen que las causas contra la vicepresidenta se basan en una “persecución judicial política y mediática”. “El fallo refuerza nuestros planteos, de alguna forma los ilumina”, dijo Beraldi.

Ambos penalistas también resaltan que si bien no esperan un impacto jurídico, insistirán con sus planteos ante la Corte y otros tribunales inferiores. “La Corte Suprema argentina tiene diversos planteos de nulidad similares y no ha hecho nada aún. Debe prontamente propiciar el desmontaje del lawfare. Es lo que esperamos que suceda”, sostuvo Barcesat.

Beraldi y Barcesat plantean varios paralelismos entre los planteos de la defensa de Lula, a la que el juez Fachin hizo lugar, y algunos de los planteos de la vicepresidenta en varias de las causas en su contra. “En la Corte Suprema, hay planteos que se vinculan con el fallo en Brasil. Uno es la figura del juez enemigo. Nosotros venimos recusando al juez Bonadio desde 2015, 2016”, sostuvo Beraldi. La mayor parte de los procesamientos contra la vicepresidenta fueron ordenados por el fallecido juez federal y esos casos están camino a juicio oral y público, como el de los cuadernos del chófer Oscar Centeno. 

“También, por ejemplo, en la causa de Vialidad (que está en pleno juicio) hemos planteado que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación que confirmó lo actuado por el juez Julián Ercolini no era la sala que debía realmente intervenir en el caso”, agregó Beraldi.

“No descartamos nuevas presentaciones por este fallo. De hecho, hace unos diez días, insistimos con un planteo de nulidad por el caso de los cuadernos en un recurso de queja ante la Sala I de la Casación Federal, reprochando que el Tribunal Oral Federal número 7 rechazó tratar las nulidades planteadas antes del juicio y sostuvo que se van a tratar al final, cuando dicte sentencia”, aseguró Barcesat.

El abogado de Ferreyra agregó: “Las nulidades que planteamos se centran en el origen de la causa de los cuadernos ya que se evitó el sorteo informático de juez (la denuncia y el aporte de los cuadernos fue realizada directamente ante el fiscal Carlos Stornelli en presunta conexión con una causa ya iniciada sobre importación de GNL); en la falta de un soporte técnico audivisual de las declaraciones de los arrepentidos (los dichos de los imputados colaboradores sólo quedaron asentados por escrito y no en audio y video); y que se nos negara durante la instrucción la producción de prueba como informes fiscales y un careo con (el exfuncionario Claudio) Uberti, quien involucró a mi cliente en su declaración”. 

Paralelismo con el caso de Lomas

Existen incluso planteos de las defensas de los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani; y del exsecretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto, que también tiene un paralelismo con el caso Lula, según las resoluciones analizadas: la competencia y la jurisdicción del expediente por presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Macri. Nieto, Arribas y Majdalani plantean que si la mayoría de los hechos ocurrieron en Capital Federal y las órdenes salieron de la AFI (ubicada a metros de la Casa Rosada), el caso debe investigarse en los tribunales de Comodoro Py 2002.

La causa se originó en un juzgado federal de Lomas de Zamora tras la declaración de un acusado de narcotráfico como arrepentido y las partes (acusados y querellantes) trabaron durante meses una disputa judicial sobre dónde correspondía realmente que el caso fuera investigado. Ganaron los acusados, quienes lograron que el actual juez de la causa, con asiento en Lomas de Zamora, fuera apartado y el expediente recayera en un juzgado de la Ciudad de Buenos Aires. Fernández de Kirchner, una de las supuestas espiadas y querellante en la causa, solicitó a la Casación que revierta esa decisión y devuelva el avanzado expediente al juez de Lomas. La resolución está pendiente en el máximo tribunal penal federal. 

ED

La Cámara Federal de Casación resolvió por mayoría que la causa de presunto espionaje ilegal contra los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el Gobierno de Mauricio Macri sea investigada por los tribunales federales de Capital Federal, como pedían procesados y allegados al expresidente. De esta forma, tras meses de disputa sobre la radicación de la causa, la Sala IV del tribunal penal apartó al juez federal y a los fiscales de Lomas de Zamora que intervienen en el caso, de acuerdo al fallo que accedió elDiarioAR.

El planteo para la mudanza del expediente a Comodoro Py había sido presentado por Darío Nieto, exsecretario privado de Macri, quien fue indagado en la causa de Lomas de Zamora por su presunta participación en el espionaje ilegal. Al pedido de Nieto se sumaron las defensas de los procesados Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, ex número uno y dos del organismo de Inteligencia durante el macrismo. La causa quedaría ahora a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Stornelli, quien fue investigado a su vez en la Justicia de Dolores, en otra causa sobre presunto espionaje ilegal.

Los jueces Mariano Hernán Borinsky y Javier Carbajo resolvieron el conflicto de competencia que estaba pendiente desde el año pasado con la disidencia de la tercera integrante de la sala, Ángela Ledesma.

La investigación abarca dos expedientes construidos en los tribunales federales de Lomas de Zamora. El primero se enfoca en “las vigilancias a Cristina Kirchner en el Instituto Patria y en su domicilio” durante 2018, y por estos hechos ya están procesados Arribas, Majdalani y un grupo de exagentes de la AFI.

El cambio de competencia no implica invalidar lo ya actuado ni retrotraer la causa a etapas ya superadas.

En el segundo “se investiga el espionaje a políticos afines y opositores, dentro de los cuales había detenidos por corrupción (en la cárcel federal de Ezeiza), a quienes les escuchaban las conversaciones desde la cárcel”, explicó un comunicado del tribunal. Por este caso, Arribas, Majdalani, exfuncionarios del Servicio Penitenciario Federal y exagentes de la AFI fueron indagados a finales de 2020. Su situación aún no está definida.

El juez federal de Lomas Juan Pablo Auge, que se hizo cargo de la investigación después de que fuera apartado su colega de Lomas Federico Villena, “aseguraba que debía ser él quien continúe con la investigación por lo avanzado del proceso”. El camarista Leopoldo Bruglia había determinado que el epicentro de los hechos era la Ciudad de Buenos Aires, donde tiene sede la AFI y desde donde se habrían impartido las supuestas órdenes investigadas, y también los domicilios supuestamente espiados como el particular de la vicepresidenta o la sede del Instituto Patria.

“Los jueces Borinsky y Carbajo explicaron que las causas debían continuar tramitando de modo conjunto ya que su escisión traería aparejado un perjuicio para la investigación y una afectación al derecho de defensa en juicio, ya que los abogados deberían defenderse ante dos jueces distintos que podría tomar decisiones distintas e incurrir en sentencias contradictorias”, sostiene el comunicado.

Se investiga el espionaje a políticos afines y opositores, dentro de los cuales había detenidos por corrupción (en la cárcel federal de Ezeiza), a quienes les escuchaban las conversaciones desde la cárcel.

En el fallo, los dos jueces detallaron que “de la descripción de la plataforma fáctica del caso se desprende que su núcleo se habría cometido en la ciudad de Buenos Aires, sede de la AFI y de los domicilios supuestamente espiados, mientras que algunas de sus ramificaciones habrían sucedido en el conurbano bonaerense”. “El cambio de competencia no implica invalidar lo ya actuado ni retrotraer la causa a etapas ya superadas”, aclararon.

Además, los jueces de Casación convalidaron los allanamientos que la Justicia federal de Lomas de Zamora realizó en el domicilio de Nieto, secretario privado del expresidente.

El inicio de las actuaciones en Lomas de Zamora se debió a que un detenido en una causa por presunto narcotráfico, Sergio Rodríguez, declaró ante el juez Federico Villena que el exagente de la AFI Facundo Melo lo condujo a poner un artefacto explosivo en el domicilio de un ex funcionario de Defensa en Recoleta, Capital Federal. El juez fue apartado de la causa tras planteos de las defensas: Villena era el mismo juez que había autorizado las tareas de inteligencia de 2018, ahora investigadas.

Una vez apartado Villena, los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide detectaron una supuesta red de espionaje ilegal que incluía a los agentes de la AFI luego imputados Alan Ruiz, Diego Damau Pereyra, Jorge Sáez y Leandro Araque, entre otros, quienes fueron promovidos o incorporados durante la gestión de Arribas y Majdalani. Los exagentes niegan haber realizado inteligencia ilegal y sostienen que cumplían órdenes.

Desde esa red llamada Super Mario Bros, los informes habrían llegado a la Casa Rosada a través de la funcionaria del área del Documentación Presidencial Susana Martinengo, de acuerdo a los fiscales. La exfuncionaria negó los cargos en su indagatoria. En el último pedido de procesamiento, Incardona y Eyherabide no incluyeron a Nieto, del entorno más próximo de Macri, sospechado previamente de recibir los datos recabados por Martinengo. Nieto también se declara inocente.

Entre las víctimas del presunto espionaje ilegal se encontrarían Cristina Fernández de Kirchner, Salvatore Pica —pareja de Florencia Macri—, María Eugenia Vidal, Cristóbal López, Hugo Alconada Mon, Diego Santilli, Carlos Zanini, el periodista Rodis Recalt, el obispo de Lomas de Zamora, Jorge Lugones, entre muchos otros.

*Este artículo se actualizó a las 15.18 del 12 de febrero con información sobre la causa judicial y la posición de los acusados.

ED

A más de un año de su salida del poder, las causas judiciales que involucran al expresidente Mauricio Macri y sus exfuncionarios han tenido escasos avances en los tribunales federales de Comodoro Py, con fallos favorables en la Cámara Federal porteña, peritajes demorados que dilatan el avance de algunos expedientes y acusaciones que llegan sólo hasta sus exministros. Aún así, el exmandatario y su familia sumaron abogados, promovieron querellas y monitorean a través de sus letrados los expedientes que consideran más importantes, según pudo reconstruir elDiarioAR de fuentes con intervención en las causas, documentos y hombres de su confianza. 

A pesar de la feria judicial de enero, uno de los principales frentes que ocupan a los defensores de Macri giran en torno al caso Correo Argentino SA y la posible extensión de la quiebra hacia Socma y Sideco, principales empresas del grupo familiar, y la eventual inhibición y embargos a sus hijos como consecuencia de la quiebra. El caso Correo se divide en distintos fueros: el comercial, el penal y el contencioso administrativo federal.

Como presidente, Mauricio siguió haciendo negocios y dejó huellas por todos lados.

Sus abogados también siguen especialmente una causa penal de la jueza María Servini, originada por una querella de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa contra Macri y exfuncionarios de su gobierno. Los dueños de Indalo acusaron al expresidente de haberlos “presionado” para que los medios de comunicación del Grupo participaran en una supuesta “campaña” contra Cristina Fernández de Kirchner, a partir de 2016. Según la denuncia, la negativa habría dado lugar a las denuncias de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y otros organismos públicos por un supuesto fraude impositivo pergeñado por la petrolera del grupo, Oil Combustibles. Lo que más preocupa a la defensa de Macri es la orden de la jueza Servini de analizar las llamadas entrantes y salientes y la geolocalización del teléfono celular del expresidente durante un lapso de dos años. Además, el abogado del exmandatario, Pablo Lanusse, se sumó a la querella iniciada por el exsecretario de Macri Darío Nieto por el secuestro y peritaje del teléfono de éste en la causa por supuesto espionaje ilegal que tramita en los tribunales de Lomas de Zamora.

Algunos de los hombres que asesoran a Macri denuncian que revivió la alianza entre el kirchnerismo y operadores judiciales de los supuestamente desarticulados servicios de Inteligencia, quebrada a partir de 2013. En la sospecha sobrevuela, aún, la capacidad de influencia de la vieja escudería del exjefe de los espías Jaime Stiuso, en cuyo entorno dicen que está retirado. Aquella supuesta articulación de Stiuso con los tribunales de Comodoro Py dio lugar a un choque frontal en los últimos dos años del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Durante los años de Macri en la Casa Rosada, el propio exjefe operativo de la central de Inteligencia declaró en tribunales sobre la exmandataria, el pacto con Irán y la muerte del fiscal Alberto Nisman.

El teléfono y Cristóbal López

En julio último, la jueza Servini ordenó el entrecruzamiento de llamados telefónicos y determinaciones de ubicaciones geoposicional de Macri, varios de sus exfuncionarios y de sus interlocutores frecuentes y no frecuentes, explicó una fuente con acceso directo al expediente. El análisis debía abarcar todas las llamadas entrantes y salientes, y la geolocalización de estos teléfonos entre el 1° de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019. La jueza se lo encargó a la DAJuDeCO (Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado), que depende del Poder Judicial.

“El análisis significaba 1.340 días de cruces de llamados y ubicaciones, es decir, casi todo su Gobierno”, dijeron muy cerca del exmandatario a este medio. Eso le permitiría a la jueza acceder a información sensible no sólo para su causa sino para el resto de los expedientes que Macri tiene pendientes, añadió la fuente consultada.

La medida fue apelada por la defensa del expresidente, que encabeza Lanusse, y la Sala II de la Cámara Federal porteña ordenó a Servini circunscribir el entrecruzamiento de llamados. La jueza lo redujo a unos dos años, aspecto también objetado por la defensa de Macri. La Cámara Federal de Casación deberá volver a evaluar la medida, ante un nuevo recurso de la defensa por “carencia de razonabilidad, proporcionalidad y utilidad” del entrecruzamiento.

La magistrada busca analizar si los teléfonos encuadran con las acusaciones de López y De Sousa (representado por Carlos Beraldi, también abogado de la vicepresidenta en otros expedientes): que Macri y un grupo de funcionarios de su Gobierno orquestaron, a través de una “mesa judicial”, el “desapoderamiento” de los dueños del Grupo Indalo y la denuncia de la AFIP por el caso Oil Combustibles, por el que ambos empresarios están atravesando un juicio oral y público.

Ante la consulta de este medio sobre si Macri utilizó como presidente un teléfono encriptado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que dirigía su amigo Gustavo Arribas, un hombre muy cercano al expresidente respondió: “Tenía el teléfono asignado por la AFI, pero entiendo que nunca lo usó, siempre utiliza la misma línea desde hace años. Varios exfuncionarios tenían esos móviles, pero nunca quisieron usarlos porque provenían de la AFI y no se podía configurar la geolocalización, así que los dejaron guardados en un cajón”.

Correo, el patrimonio y los hijos 

En el juzgado federal de Ariel Lijo, Macri tiene una imputación formal realizada en 2017 por el fiscal Juan Pedro Zoni (más tarde desplazado de la fiscalía federal por el procurador interino Eduardo Casal). Zoni había solicitado que se investigara al entonces presidente, algunos de sus funcionarios y los representantes del grupo Macri por los supuestos delitos de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública en relación al preacuerdo entre el Ejecutivo de Macri y la empresa Correo Argentino SA, propiedad de su familia. Con Macri a cargo de la Presidencia, el ministerio de Comunicaciones aceptó en junio de 2016 (con acuerdo de la Justicia comercial) la condonación del 98,87% de la deuda de Correo con el Estado, originada en el no pago del canon del servicio postal privatizado (entre 1997 y 2003). Así lo establecieron la fiscal Gabriela Boquin —quien logró bloquear el pacto— y su par federal en lo criminal Gerardo Pollicita. Este caso le valió la primera citación a indagatoria de un ministro de Macri, el radical Oscar Aguad, por presunta corrupción. Aguad siempre ha negado la acusación.

A casi cinco años de la apertura del expediente penal, “la investigación aún está bastante lejos de llegar a Macri”, confió una fuente judicial con acceso directo a la causa. Aguad, entonces ministro de Comunicaciones; su subalterno, Juan Manuel Mocoroa; y dos representantes de Correo Argentino SA que firmaron el acuerdo con el Ejecutivo fueron indagados en marzo de 2019. El juez Lijo aún no definió sus situaciones procesales y para hacerlo aguarda los resultados de un informe contable que ordenó a fines de 2019 (a instancias de la Cámara Federal) para establecer el presunto perjuicio contra el Estado.

El concurso de acreedores de Correo cumplió 19 años el 9 de octubre último. La empresa residual, sin ninguna actividad, atraviesa el proceso de salvataje o cramdown desde hace más de un año. Si esa instancia fracasa, el camino inevitable sería la quiebra de la compañía. ElDiarioAR corroboró con fuentes del entorno de Macri que los últimos abogados incorporados al caso comercial ya evalúan su estrategia frente a la posible extensión de la quiebra de Correo hacia su principal accionista, Socma, y su anterior principal accionista, Sideco, empresas centrales del grupo Macri. Es un escenario que dan por descontado. Sería el peor panorama para la familia del expresidente y podría significar la eventual inhibición y embargos a sus hijos, quienes son titulares de las acciones que Macri tenía en Socma y de las cuales dijo haberse desprendido al asumir como presidente. 

El 22 de octubre, la Cámara Federal porteña ordenó reabrir un expediente penal contra quienes intervienen en el caso Correo en el fuero comercial. Había sido iniciado por Socma contra la jueza Marta Cirulli; la fiscal Boquin; el procurador del Tesoro, Carlos Zannini; y el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, por sus medidas en el expediente. La causa había sido archivada por el juez Sebastián Casanello (a pedido del fiscal Carlos Rivolo) por inexistencia de delito, al considerar que las decisiones tomadas por los cuatro denunciados forman parte de sus funciones en el concurso de acreedores de Correo, según el expediente. La decisión de la Cámara obligó a reabrir la causa, como pretendía Socma. Los letrados también intentaron desplazar a la jueza y, en numerosas oportunidades, a la fiscal del caso, aún sin éxito.

En otro expediente, iniciado por una denuncia del director del Banco Nación Claudio Lozano a la que se sumó la Unidad de Información Financiera por los préstamos otorgados durante la gestión macrista a la agroexportadora Vicentin, el abogado Lanusse logró que la Cámara Federal porteña rechazara una medida cautelar con un pedido de inhibición general de los bienes de Macri. En noviembre de 2019, el Banco Nación prorrogó préstamos a Vicentin por US$100 millones que formaban parte de US$300 millones asignados por la entidad estatal a la firma agroexportadora, una de las principales aportantes a las campañas proselitistas de Macri. Poco después de la última tanda de préstamos, Vicentin entró en cesación de pagos.

No más allá de Dietrich

En algunas causas contra Fernández de Kirchner, la vicepresidenta quedó procesada como responsable política de las decisiones formalizadas por sus exfuncionarios, como en el caso Dólar Futuro, y también por los vínculos directos con algunos de los privados favorecidos por sus hombres en el gabinete. Por ejemplo, en en el juicio oral y público por el caso Vialidad, se la juzga por los 51 contratos adjudicados al empresario Lázaro Báez, entonces socio de los Kirchner.

Sin embargo, esa lógica de algunos jueces y fiscales no se replica en las causas contra miembros del gabinete macrista: las investigaciones, hasta el momento, no alcanzan a tener imputado ni indagado a Macri aunque se cuestione el accionar de ministros y funcionarios de su administración en casos como Parque Eólicos, Paseo del Bajo y Autopistas, en las que se investigan supuestos beneficios millonarios que su gobierno le habría garantizado a empresas de su familia o a un exsocio comercial del holding empresarial.

Además de ser consultado por los casos relacionados con Macri, el exministro de Justicia Germán Garavano también monitorea la situación del exministro de Transporte Guillermo Dietrich, investigado por el caso de las Autopistas y la causa del Paseo del Bajo. Dietrich siempre ha negado haber beneficiado a las empresas de la familia de Macri o haber cometido irregularidades en las concesiones, negociaciones y licitaciones.

En el caso de los parques eólicos, Gianfranco -que actualmente es la cabeza visible de Sideco y Socma- hizo de testaferro de Mauricio.

En diciembre de 2019, el juez Claudio Bonadio sobreseyó sin indagatoria previa a Dietrich y al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, entre otros, por el supuesto direccionamiento de las obras más costosas del Paseo del Bajo a la constructora Iecsa, entonces propiedad de Angelo Calcaterra, primo de Macri, según consta en el expediente.

La fiscal Alejandra Mángano y el fiscal Sergio Rodríguez (Procuraduría de Investigaciones Administrativas, PIA) apelaron la decisión de Bonadio y aguardan resolución de la Cámara Federal porteña. Los puntos clave del caso apuntan a la supuesta alteración de las reglas del pliego de la licitación para favorecer a Iecsa durante 2016, cuando la empresa se quedó con el tramo más caro de la obra por $3.183 millones. Iecsa y las defensas de los acusados han negado siempre cualquier irregularidad en el caso. 

El caso Autopistas se centra en la decisión del gobierno de Macri de renegociar los contratos de concesión de dos autopistas (accesos norte y oeste) con la compañía española Abertis y sus socias, y reconocerles supuestas deudas millonarias del Estado. Al inicio de las negociaciones, Sideco todavía tenía el 7% de las acciones de Ausol (acceso oeste). 

Todas las operaciones vinculadas con los parques eólicos en las que participó la empresa Socma fueron informadas, controladas y aprobadas por muchas autoridades gubernamentales.

El julio último, horas antes de dejar su cargo, el juez Rodolfo Canicoba Corral procesó a Dietrich; el exministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; el de Energía, Javier Iguacel, y al exprocurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías. En septiembre, la Sala II de la Cámara Federal porteña revocó los cuatro procesamientos a la espera de la obtención de prueba documental a la que los imputados no tuvieron acceso durante sus indagatorias. Los cuatro negaron las acusaciones.

Canicoba también buscaba saber qué tan buen negocio hizo Sideco al vender sus acciones tras el aumento de peajes autorizado por el gobierno de Cambiemos; y a qué precio se vendieron las acciones de Sideco en Ausol, según una fuente con acceso directo al expediente.

En la causa por los parque eólicos, Macri tampoco es investigado hasta ahora, afirmó una fuente judicial del caso. Durante 2016, Sideco gestó una estrategia para entrar en el negocio de las energías renovables sin pasar por licitaciones públicas, como reveló Perfil a partir de enero de 2018. Tras la denuncia del diputado Rodolfo Tailhade, el juzgado federal de Marcelo Martínez De Giorgi comenzó una investigación que llega hasta el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública para favorecer a las compañías de la entonces familia presidencial, acusación que el exfuncionario ha negado en al menos un descargo escrito ante el juez.

Pero por el momento, en la causa de espionaje no hay indicios para llegar a Macri.

El juzgado analiza antecedentes y documentación oficial, y busca determinar si las empresas que manejaba el grupo Macri participaron en igualdad de condiciones que otras compañías, según explicó una fuente judicial del caso. 

En el libro Hermano, de Santiago O’Donnell, publicado el año pasado, Mariano Macri, hermano del expresidente, afirmó: “Como presidente, Mauricio siguió haciendo negocios y dejó huellas por todos lados”. “En el caso de los parques eólicos, Gianfranco -que actualmente es la cabeza visible de Sideco y Socma- hizo de testaferro de Mauricio”, dijo. Tras la publicación del libro, una fuente cercana a la familia lo contradijo y sostuvo: “Todas las operaciones vinculadas con los parques eólicos en las que participó la empresa Socma fueron informadas, controladas y aprobadas por muchas autoridades gubernamentales”, agregaron.

Espionaje, Arribas y Majdalani

“El jefe de la AFI tiene rango de ministro y reporta directa y exclusivamente al Presidente. Es Arribas el vínculo más directo entre la causa y Macri”, aseguró uno de los investigadores de la causa que tramite en los juzgados federales de Lomas de Zamora, uno de los pocos expedientes que ha traído contratiempos para el expresidente durante 2020. “Pero por el momento, en la causa no hay indicios para llegar a Macri”, dijo una fuente judicial que participa de la investigación.

Los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majadalani están procesados en este expediente por los presuntos delitos de violación de la Ley Nacional de Inteligencia y falsedad ideológica por el presunto espionaje ilegal a la actual vicepresidenta Fernández de Kirchner y al Instituto Patria, y por haber supuestamente presentado informes falsos o basados en información falsa ante la Justicia y ante la Comisión Bicameral de Inteligencia en el Congreso para justificar esos seguimientos.

Los fiscales federales de Lomas de Zamora Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide también pidieron sus procesamientos por el supuesto espionaje ilegal a dirigentes opositores y oficialistas, y por el presunto seguimiento ilegal a exfuncionarios kirchnerista detenidos por causas de corrupción en cárceles federales. Tanto Arribas como Majdalani sostuvieron ante la Justicia que nunca ordenaron tareas de inteligencia ilegal en ningún ámbito.

El jefe de la AFI tiene rango de ministro y reporta directa y exclusivamente al Presidente. Es Arribas el vínculo más directo entre la causa y Macri.

Entre las tareas de supuesto espionaje ilegal, los fiscales identificaron que la hermana menor del expresidente, Florencia Macri, y su pareja, el empresario Salvatore Pica, fueron blanco de las vigilancias de la AFI durante el gobierno de Cambiemos, así como miembros relevantes del PRO aunque no del círculo más íntimo de Macri, como Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli.

Además, en el juzgado federal de Dolores, Arribas y Majdalani tienen otro procesamiento por supuestas “acciones de inteligencia prohibidas” y “abuso de autoridad” en la provincia de Buenos Aires.

El secretario Nieto

En el mismo expediente de Lomas, los fiscales solicitaron al juez Juan Pablo Auge que dicte la falta de mérito de Nieto. “Por el momento, entendemos que no existen elementos de prueba suficientes como para decretar el procesamiento o sobreseer” al colaborador del expresidente por su supuesta participación en la entrega de informes de inteligencia ilegal a Macri, determinaron los fiscales en su último escrito.

Mientras Lomas avanza sobre la excúpula de la AFI, Macri y su secretario privado son querellantes en los tribunales federales de Retiro por la supuesta adulteración del contenido del celular secuestrado a Nieto en el marco de la causa de supuesto espionaje. “Allí se probó en el peritaje informático sobre ese celular que 48 horas después de su secuestro, realizado en Capital Federal, y mientras estaba bajo custodia de fuerzas federales en dependencias físicas en la Ciudad, fue alterado el contenido creándose un evento en la aplicación WhatsApp”, dijo una de las partes ante la consulta. El “evento” sería un contacto entre el celular de Nieto y el de Majdalani.

Macri también inició una querella por “la extracción de datos (del celular de Nieto que son) ajenos al objeto procesal” de la causa de Lomas, en referencia a menciones al préstamo para la empresa Vicentin, y por la “extracción ilegal de datos personales (de Macri), sensibles y alcanzados por el secreto fiscal”, como información sobre sus tarjetas de crédito y su clave fiscal ante la AFIP. “Macri no está formalmente imputado en Lomas de Zamora y nada justificaba la extracción forense de esa información y su agregado a la causa”, dijo una fuente cercana al exmandatario.

Viejos asuntos 

Las complicaciones procesales para Macri quedaron muy atrás en el tiempo, por ahora. Su último procesamiento fue en mayo de 2010, cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y el entonces juez Norberto Oyarbide lo consideró partícipe de las “escuchas ilegales” a su cuñado Néstor Leonardo, entre otros. Más de cinco años después, el juez federal Sebastián Casanello sobreseyó Macri en el caso, a días del traspaso presidencial, en diciembre de 2015, por considerar que no había pruebas en el expediente para sostener la acusación.

Con anterioridad, Macri había estado procesado por presunto contrabando cuando todavía era presidente de Boca Juniors, en febrero de 2001, por hechos de 1993, cuando ejercía como ejecutivo de Sevel, una empresa de su familia. La acusación del entonces juez Carlos Liporace apuntaba a supuestos delitos en el cobro de reintegros por exportaciones de vehículos. La Corte Suprema modelada por Carlos Menem lo absolvió más tarde.

ED