Hace tiempo que uno de los estrategas del PJ porteño, Juan Manuel Olmos, y el expresidente de la Cámara de Diputados en el gobierno de Mauricio Macri, Emilio Monzó, de origen peronista, venían fogoneando una candidatura presidencial de un outsider para barrer con el otro outsider que llegó a la presidencia en 2023, el economista anarcocapitalista Javier Milei. Pensaban en el dueño del Banco Macro y expresidente de River, Jorge Brito. Pero esta semana ha surgido otro nombre, también empresario: el de Daniel Hadad, que comenzó como periodista y hoy encabeza el medio de comunicación más leído en habla hispana, Infobae, con ediciones no sólo en la Argentina sino en EE.UU. -donde vive en la actualidad-, Colombia, España, México, Perú y Centroamérica. Este jueves tuvo su propio acto, no de lanzamiento político, pero sí de su capacidad de reunir a gran parte del círculo rojo en la presentación de un documental, “El Libertador”, sobre el histórico encuentro que protagonizaron José de San Martín y Domingo Sarmiento en el exilio de ambos en Francia en 1846.

La semana de Hadad había arrancando con entrevistas con Futurock, A24 y La Casa Streaming, en los que salió de su bajo perfil empresario para advertir que la apuesta del gobierno de Milei por las materias primas no derrama en las grandes urbes, para advertir sobre la situación social del conurbano bonaerense y para rescatar la importancia de los científicos. Criticó en general al gabinete libertario, pero rescató la figura de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, la misma que reorientó la ayuda social para vaciar de poder a las organizaciones sociales y centrarla en la asignación universal por hijo, la misma que desfinanció a las universidades públicas y emprendió desde su cartera la reforma laboral. También aclaró que no sabe si será candidato, pero sí que quiere aportar a su país. Y elogió a Brito como eventual postulante.

Como corolario presentó este jueves en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires un documental sobre dos próceres. “Sarmiento, un poco más polémico”, admitió al presentar el documental ante una convocatoria impresionante. Ya en abril había logrado un mitin similar cuando la Universidad de La Matanza lo nombró doctor honoris causa. En primera fila, al lado de la esposa de Hadad, se sentó el expresidente Mauricio Macri. Estuvo su primo Jorge Macri, jefe de gobierno porteño. A la misma altura ubicaron a los empresarios Martín Eurnekian, Eduardo Costantini, Marcos Bulgheroni y Brito, cuyo banco auspició el documental. Más atrás estuvieron Georgie Neuss, Gustavo Weiss (Cámara de la Construcción) y Nicolás Pino (Sociedad Rural). También había ejecutivos del grupo Techint y la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), donde Brito pesa como nadie.

Del Poder Judicial estaban Ariel Lijo, Julián Ercolini e Inés Weinberg de Roca, entre otros. También había oficialistas, pero uno de ellos, el senador Ezequiel Atauche, bromeaba con el exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona con que se iba a retirar temprano porque había muchos opositores. Estaba el secretario de Comunicación, Fabián Fernández, y el subsecretario de Inteligencia, Diego Kravetz, que se quisieron situar al fondo del auditorio. Había gobernadores como Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Claudio Poggi (San Luis) y Alberto Weretilneck (Río Negro). También el presidente del Instituto de Asuntos Indígenas, Claudio Avruj; María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, Hernán Lacunza, Alfonso Prat-Gay, Guillermo Montenegro y Bartolomé Abdala.

Había peronistas como Mayra Mendoza (cercana a Máximo Kirchner), Sergio Berni, Guillermo Michel, Juan Manuel Abal Medina, Eduardo Wado de Pedro, Sergio Palazzo, Víctor Santa María, Gerardo Zamora, Gastón Granados, Federico Achával, Federico Otermín y y Santiago Cúneo, que se acaba de afiliar al PJ tras su recorrido de ultraderecha nacional. A contramano, el diputado Rodolfo Tailhade publicó un mensaje en X contra Hadad: “Chinvengüencha, si querés colaborar con el país lo que tenés que hacer es devolver la enorme fortuna que hiciste sobre la base de negociados, privilegios y prebendas que le arrancaste al Estado Nacional, obviamente con la complicidad de la dirigencia corrupta que te chupa las medias, para cagar a todos los argentinos”. En cambio, en el acto estaban los gremialistas Cristian Jerónimo y Gerardo Martínez, así como Monzó con sus aliados Nicolás Massot y Diego Bossio. También dieron el presente Maximiliano Ferraro, Martín Lousteau, Carlos Kikuchi, Facundo Manes y el rabino Tzvi Grunblatt.

Primero tocaron los Granaderos, inclusive la Marcha de Malvinas, a tono con el resurgir nacionalista tras la bandera de los jugadores de la Selección. Después habló Hadad y recordó que dos de los cuatro primeros presidentes de Argentina había sido periodistas, incluido Sarmiento: “Esperemos que no se repitan esos errores”, acotó en broma y el público sonrió ante ese guiño sobre el misterio de su postulación. Destacó además que en las primeras cuatro presidencias tras la Constitución de 1853, Bartolomé Mitre, Sarmiento, Nicolás Avellaneda y Julio Argentino Roca, “también polémico”, “la Argentina se hizo absolutamente grande”, y destacó la alfabetización de la población. En contraste con Milei, valoró “el consenso, la tolerancia” y destacó que “el disenso nos ayuda, no nos transforma en enemigos”.

Después llegó el turno del documental de San Martín y Sarmiento, hecho con inteligencia artificial. Arturo Puig y Juan Leyrado pusieron voz a los héroes patrios. En la narración no quedan bien parados ni los indígenas en su ayuda al libertador de América ni Bernardo O'Higgins, el prócer chileno.

No está claro si Hadad o Brito será candidatos, pero sí que manifiestan explíticamente uno e implícitamente el otro la preocupación de parte del establishment empresarial con Milei. Lo ven aislado en la Quinta de Olivos y en sus ideas radicales y alejado de una economía real que muestra que crecen el campo, la minería y los hidrocarburos, pero se hunden año a año el comercio, la industria -lo sienten Paolo Rocca en Techint y Javier Madanes Quintanilla en su cerrada Fate- y la construcción. Pretenden una opción a Milei que no sea el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Incluso entre los empresarios ganadores del modelo extractivista como José Luis Manzano hay deseos ocultos de que sería mejor un otro presidente pro mercado antes que Milei. No todos son fanáticos libertarios como Marcos Galperin. Y no es sólo un deseo de los hombres de negocios: en las encuestas se eviden que hay un creciente electorado desilusionado de Milei que tampoco quiere volver al peronismo.

En ese contexto Hadad tira un globo de ensayo. No es gratuito para un empresario formular críticas abiertas al Gobierno, menos con un presidente irascible como Milei, más allá de que comparta las líneas generales de su liberalismo económico, pero no su confrontación permanente y su ajuste con motosierra y sin miramientos. Hasta ahora, Infobae ha mantenido una posición bastante proclive al experimento libertario y se desconoce que haya protagonizado conflictos en sus negocios, como sí le pasó al Grupo Clarín, cuando compró Telefónica de Argentina. Pero el periodista devenido empresario líder en medios ambiciona algo más que lo mucho que construyó: coquetea con trascender, ¿siguiendo los ejemplos de San Martín y Sarmiento? Quizás sea demasiado.

Monzó, Massot, Bossio y otros dirigentes apoyan a Brito y Hadad. El banquero por ahora se muestra más inclinado a preservar su negocio de banca y ganadería. Pero también hay analistas que detrás del posicionamiento del empresario periodístico esté la mano del asesor presidencial Santiago Caputo: es que comparten un amigo estrecho, Leonardo Scatturice, que ahora afronta crecientes demandas en Flybondi por salarios y retiros voluntarios impagos mientras apenas vuela. Sería una estocada de Caputo frente a una Karina Milei que le ha ganado terreno en el reparto del poder, o sólo habladurías que se escucharon este jueves en la facultad.

Por lo pronto, el analista político y encuestador Raúl Timerman ya elaboró un informe de su firma La Sastrería sobre Hadad, “un arquitecto de la información”. Arranca advirtiendo que los principales problemas del país son, según la gente, la corrupción, los bajos salarios y la desocupación, y sólo después viene la pobreza y la inflación, que es lo que vino a resolver Milei. Y que el mayor conflicto económico radica en el desempleo, los sueldos y la pobreza, que superan a los impuestos y los precios. A su vez, el 33% de los votantes del libertario se arrepiente de haber apoyado.

El 30% se siente cercano al peronismo y el 34% a la derecha. El resto queda huérfano. En ese contexto aparece Hadad, con imagen positiva dle 9,8%, mala del 37,5, pero es desconocido para un 40,1%... sobre todo entre los jóvenes. “Hadad demuestra tener capacidad de influencia transversal. Conversa con todos, pero siempre desde el mismo lugar y con el mismo objetivo: generar consensos”, indica el informe de Timerman. Eso sí, el informe recuerdo unas declaraciones de Hadad: “Yo creo en el liberalismo, soy tan libertario como muchos pero no soy estúpido”. Alineado también a EE.UU. e Israel, como Milei, Hadad comienza a diferenciarse en su discurso como alternativa para los que apoyan buena parte de las reformas que hizo el presidente, pero no todas ni tampoco toleran su estilo agresivo.

AR/MC

En las primeras horas de la madrugada del miércoles, de pie frente a la emblemática estatua de bronce The Spirit of Detroit, Abdul El-Sayed buscó inspiración para su discurso en el gran boxeador Muhammad Ali. “Sacudimos al mundo”, dijo en el centro de Detroit. A sus 41 años, el exfuncionario de Salud acababa de asestar el golpe de gracia al establishment del Partido Demócrata venciendo en las primarias a la congresista Haley Stevens para convertirse en el candidato a senador del Partido Demócrata por el estado de Michigan, un estado relevante por ser territorio disputado entre ambos partidos.

El-Sayed había hecho campaña con un programa progresista que incluye sanidad universal, fin a la ayuda militar para Israel y reformar radicalmente la financiación de las campañas electorales. Su rival, la moderada Stevens, había recibido 60 millones de dólares de grupos externos, entre los que se incluyen 30 millones entregados por el Comité de Asuntos Públicos Israelí-Estadounidense [AIPAC, por sus siglas en inglés] y sus organizaciones afiliadas.

Es la última sacudida, tal vez también la mayor, del terremoto político que azota al Partido Demócrata de EE.UU. Una insurgencia de izquierda que pasó de las ciudades costeras de tradición demócrata para traspasar el muro en este decisivo estado en disputa del Medio Oeste. Una insurgencia que está forzando un replanteamiento del liderazgo y la orientación ideológica del partido de cara a las legislativas de mitad de mandato de 2026; y a las presidenciales de 2028.

“Es el descontento con el status quo; es el descontento con la clase dirigente; estamos en un momento antisistema”, dice Matt Duss, vicepresidente del Center for International Policy y exasesor en política exterior del senador progresista Bernie Sanders. “No lo vemos solo en nuestro país, también lo vemos en democracias de todo el mundo. Los votantes están hartos de una élite que, sencillamente, no les está dando lo que esperan, una élite que no comprende su sufrimiento, que parece no conocer sus dificultades ni preocuparse por ellas”, añade. “Son algunas de las razones que contribuyeron al éxito de Abdul”.

Durante los últimos diez años, la política estadounidense estuvo dominada por el populismo de derecha de Donald Trump. Pero el populismo de izquierda no dejó de avanzar y florecer en paralelo desde 2016. Ese año Sanders libró su campaña como candidato outsider frente a Hillary Clinton y el establishment del partido, que terminaron derrotándolo.

“La campaña de Sanders de 2016 fue una especie de Big Bang para el renacimiento de la izquierda progresista en Estados Unidos”, dice Duss. “Muchos otros se unieron a Bernie y ahora tenemos en la izquierda progresista a muchos líderes excelentes contentos de que Abdul El-Sayed sea el candidato”.

Si yo fuera uno de los asesores de AOC [las siglas de Alexandria Ocasio-Cortez], la miraría a los ojos y le preguntaría si quiere ser presidenta; si quiere serlo, este es el momento, nunca tendrá una oportunidad mejor para hacer suya una corriente que busca a la persona que la lidere

Henry Olsen — Ethics and Public Policy Center

Alexandria Ocasio-Cortez, que en 2016 trabajaba como moza y ayudaba en la organización de la campaña de Sanders, logró una victoria sorprendente en las primarias de 2018 frente a un rival que ya ocupaba la representación por el distrito 14 de Nueva York. A los 29 años, Ocasio-Cortez se convirtió en la mujer más joven en ocupar un escaño en la Cámara de Representantes, creando con otras legisladoras progresistas un grupo pequeño y muy activo conocido como El Escuadrón.

Sanders se presentó de nuevo en 2020 y, aunque perdió frente a Joe Biden, representante del establishment, logró que su equipo tuviera mucha influencia en el programa sorprendentemente progresista del presidente demócrata. Pero el abismo entre la dirección del partido y las bases volvió a ponerse de manifiesto en 2024 con la candidatura fallida de Biden para un segundo mandato, la coronación de Kamala Harris y el posterior regreso de Donald Trump al poder.

El efecto Mamdani

Zohran Mamdani, un socialista democrático con un programa absolutamente centrado en el coste de la vida, venció el pasado noviembre al favorito del establishment, Andrew Cuomo, para terminar siendo elegido como el primer alcalde musulmán de Nueva York. Una vez allí, contribuyó a la victoria de otros tres candidatos insurgentes en las primarias del Partido Demócrata de Nueva York. Un efecto Mamdani que ya se sintió en Washington D.C., Colorado, Illinois, Michigan, Nueva Jersey, Pensilvania, Wisconsin y el estado de Washington.

Sin embargo, en las primarias demócratas de este martes para el cargo de gobernador de Wisconsin, el candidato del establishment, David Crowley, se ha impuesto por un ajustadísimo margen a la candidata de los socialistas democráticos, Francesca Hong. Esta derrota permite al establishment del partido respirar ante la oleada progresista. Sin embargo, ni Alexandria Ocasio-Cortez ni Bernie Sanders habían apoyado a Hong. Pero en Minnesota, la candidata progresista ganó la nominación al Senado frente a su rival del partido, que gozaba de mayores recursos económicos.

Entre los factores determinantes del crecimiento del ala más a la izquierda figuran la frustración con Trump, el encarecimiento de la cesta de la compra, la influencia que las grandes empresas ejercen sobre la política con su dinero y el genocidio en la Franja de Gaza. Según las encuestas de Reuters/Ipsos, la imagen favorable de Israel entre los demócratas se desplomó, pasando del 59% en 2018 a solo el 22% en mayo de 2026. Para los votantes más jóvenes, los candidatos que reciben fondos de AIPAC para sus campañas se convirtieron en tóxicos.

Michigan es el estado del país con mayor porcentaje de población árabe-estadounidense. Durante su campaña, El-Sayed acusó a Israel de genocidio y exigió ponerle fin a la ayuda militar incondicional que EE.UU. le proporciona. Un posicionamiento radicalmente enfrentado al de Stevens, que se beneficiaba de una gigantesca contribución de AIPAC y defendía la actual relación de EE.UU. con Israel.

El-Sayed, un punto de inflexión

Las victorias definitivas de El-Sayed y los también progresistas Will Lawrence y Donavan McKinney para representar al Partido Demócrata de Mchigan en las elecciones a la Cámara de Representantes representan un punto de inflexión, desmontando el mito de que los populistas de izquierda no pueden ganar más allá de los bastiones tradicionalmente demócratas.

Según Larry Jacobs, director del Center for the Study of Politics and Governance en la Universidad de Minnesota, la ruptura dentro del Partido Demócrata tiene varias causas. Una de ellas es el “estancamiento” de Chuck Schumer y Hakeem Jeffries, dos defensores fervientes de Israel que lideran el partido en el Senado y en la Cámara de Representantes respectivamente. “Gaza e Israel se convirtieron en un pararrayos para todo el resto de temas”, dice. “Existe la sensación de que los demócratas fueron unos peleles frente a Donald Trump”.

La campaña de Sanders de 2016 fue una especie de Big Bang para el renacimiento de la izquierda progresista en Estados Unidos. Muchos otros se unieron a Bernie y ahora tenemos en la izquierda progresista a muchos líderes excelentes contentos de que Abdul El-Sayed sea el candidato

Matt Duss — Center for International Policy

“Cuando los demócratas dicen que quieren contraatacar, lo dicen en serio, Donald Trump radicalizó al Partido Demócrata”, añade. “Esta revuelta dentro del partido no habría ocurrido sin Donald Trump, que está provocando una especie de terremoto, haciendo que dentro del Partido Demócrata se planteen muchas preguntas incómodas: el rumbo, el liderazgo, las prioridades políticas y la dependencia de los grandes donantes”.

Trump sacudió las viejas ortodoxias que rigen la política estadounidense desde hace décadas. Si la derecha fue capaz de concebir un programa radical como el del Proyecto 2025, ¿por qué no puede la izquierda tener la misma ambición? Hay poco interés en volver a la era anterior a Trump, a un sistema que no funcionaba y que de hecho fue el que permitió su ascenso. Se trata de replantearse la redistribución de la riqueza, de fortalecer los sindicatos, de hacer reformas para ganar democracia y de lograr una política exterior más justa.

“Lo que estamos viendo es la maduración del movimiento progresista”, señala Joseph Geevarghese, director ejecutivo de la organización Our Revolution, surgida en 2016 durante la campaña de Sanders. “Estamos viendo cómo entra en el juego una infraestructura que lleva diez años en construcción, un mensaje que tiene eco por la reacción al populismo fallido de la derecha, pero también por una mayor sofisticación en la organización de la izquierda”.

El establishment demócrata reacciona

El auge de grupos como los Socialistas Democráticos de Estados Unidos [DSA, por sus siglas en inglés] se produce en paralelo a la crisis de confianza y de identidad en el ala centrista del Partido Demócrata. Con Trump pintando el panorama con grandes y llamativos colores primarios, los demócratas moderados son percibidos como tímidos sin ideas ni personajes destacados capaces de competir con los El-Sayed, Mamdani y Ocasio-Cortez.

“Parte de su financiación depende de donantes empresariales, por lo que los moderados tienen que andarse con miramientos; no son capaces de hablar explícitamente de las razones de los problemas de la gente”, dice Geevarghese. “Los progresistas, en cambio, sí son capaces de denunciar la corrupción de nuestra política y a la clase empresarial y cómo está afectando eso al nivel de vida de las personas”.

Los demócratas de centro saben que les están moviendo el suelo, pero no parece probable que vayan a renunciar al poder que disfrutan gracias a Wall Street y Silicon Valley sin antes dar una pelea. “No hay peor furia en el infierno que la de un demócrata amigo de las empresas que fue despreciado”, dice Norman Solomon, director de la organización RootsAction y del centro de estudios Institute for Public Accuracy. “Estoy encantado con los resultados de Michigan, pero al mismo tiempo un poco preocupado por la reacción de las fuerzas de mucho poder que llevan décadas acostumbradas a literalmente dirigir el Partido Demócrata a nivel nacional, posiblemente desde el gran éxito del Consejo de Liderazgo Demócrata [DLC, por sus siglas en inglés] a principios de los años noventa”.

El fundador del DLC fue Al From, que en 1989 eligió personalmente a Bill Clinton para llevar al Partido Demócrata hacia el centro. Se creaba así La Tercera Vía, fundamental para la victoria de Clinton en 1992 y fuente de inspiración para Tony Blair en el Reino Unido.

“Nos centramos en derrotar a los republicanos y los socialistas democráticos se centraron en derrotarnos a nosotros”, dijo From esta semana. “Tenemos que contraatacar, tenemos que ponérselo más difícil”.

Cuando Clinton se presentó por primera vez a las presidenciales, un 43% de los votantes estadounidenses se consideraba moderado, frente a un 36% que se consideraba conservador, y a un 17% que se consideraba progresista. Un escenario que en los años de polarización transcurridos desde entonces cambió de manera radical. “Nuestra fórmula es la correcta”, insistió From. “Obviamente, estamos en un mundo diferente y hay que comunicarlo de otra manera; se necesitan mensajes que promuevan los mismos valores subyacentes, como hicimos nosotros, pero tienen que ser mensajes modernos, tal vez diferentes, porque las circunstancias han cambiado”, añadió. “Nuestro programa era para la década de los noventa, no para la de 2030, pero los principios son los mismos.

Según From, los socialistas democráticos quieren un sistema diferente, no quieren promover los valores democráticos. “Solo hay que mirar su programa: quieren terminar con el Senado, quieren terminar con la presidencia y quieren terminar con el Tribunal Supremo”, dijo. “Quieren hacerse con la propiedad de las empresas y acabar con la Policía, y no quieren financiar al Ejército”.

“Ese no es el Partido Demócrata histórico, no es el partido del Roosevelt que salvó al capitalismo y a la democracia en el mundo durante la Segunda Guerra Mundial, es una ideología diferente, es un partido diferente”, añadió.

En noviembre llegará la verdadera prueba para saber si el experimento El-Sayed funciona, cuando se enfrente al excongresista republicano Mike Rogers en una contienda que podría alterar los equilibrios de poder dentro del Senado. Ganador de una beca Rhodes, hijo de inmigrantes egipcios y médico, El-Sayed se apresuró en pasar un mensaje tras vencer la enconada campaña de las primarias. “Las cosas que nos unen son mucho más importantes que las que nos separan”, dijo. Stevens también se dio prisa en anunciar públicamente su respaldo a El-Sayed.

Es probable que los demócratas progresistas y moderados de todo el país mantengan una tensa coexistencia de cara a las elecciones de mitad de legislatura, con todos ellos aprovechando sus puntos fuertes geográficos y demográficos en la causa común contra el Partido Republicano. Mientras tanto, Trump y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, están tratando de reavivar un pánico que parece de la Guerra Fría, tachando a los socialistas democráticos de “comunistas ateos” y “marxistas radicales”.

El momento de Ocasio-Cortez

“¿Pueden dos alas diferentes del mismo partido funcionar, unificarse y actuar como mayoría gobernante si los demócratas obtienen la mayoría? Yo sostengo que sí”, dice Donna Brazile, estratega política y expresidenta interina del Comité Nacional Demócrata. “Estaremos de acuerdo en cuestiones muy cruciales como la economía, la mejora de la vida de los estadounidenses, hacer que las cosas vuelvan a ser más asequibles y no centrarnos en proyectos vanidosos, así que, en la medida en que todos defendamos el mismo mensaje sobre el coste de vida, la respuesta es sí”.

Pero llegará 2028 y el momento de elegir el candidato a la presidencia. Según el periódico The New York Times, el grupo demócrata centrista Third Way está planeando una campaña de 15 millones de dólares para desacreditar al socialismo democrático de aquí a las próximas presidenciales. Algunos demócratas creen que se está exagerando la magnitud de la insurgencia. Sostienen que de los cientos de primarias que se celebran en todo el país, los progresistas solo ganaron un puñado, aunque sean de gran repercusión. Otros dicen que las primarias de Michigan sí significan un ensanchamiento del ala izquierda del partido.

“Toda la energía y el entusiasmo electoral se concentran en la izquierda y, a fin de cuentas, para que un candidato sea viable en las presidenciales de 2028, tendrá que defender con firmeza y sin tapujos un populismo económico”, opina Geevarghese. “Es lo que se necesita para superar las primarias y, en última instancia, para ser el antídoto contra Donald Trump”.

Ya comenzaron las conjeturas sobre la persona que enarbolará la bandera progresista en las próximas primarias presidenciales. Mamdani dijo que no quiere y tampoco cumple con los requisitos por haber nacido fuera de EE.UU. Aunque suele salir el nombre de Ro Khanna, el congresista por California que hizo campaña a favor de El-Sayed, la atención suele centrarse sobre Ocasio-Cortez, que ahora tiene 36 años.

“Si yo fuera uno de los asesores de AOC [las siglas de Alexandria Ocasio-Cortez], la miraría a los ojos y le preguntaría si quiere ser presidenta; si quiere serlo, este es el momento, nunca tendrá una oportunidad mejor para hacer suya una corriente que busca a la persona que la lidere”, dice Henry Olsen, que en Washington es investigador principal del centro de estudios Ethics and Public Policy Center. “Una de las cosas que en la última década vimos en todo el mundo es a jóvenes líderes cautivando a la izquierda, ¿por qué no una AOC de 39 años?”.

Traducción de Francisco de Zárate.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dejará su cargo a fines de este mes y será asesora externa del presidente Donald Trump, según anunció el mandatario este miércoles.

“Nuestra maravillosa secretaria de prensa de la Casa Blanca, y una de mis colaboradoras de mayor confianza, Karoline Leavitt, dejará su cargo a fines de mes para poder dedicar más tiempo a sus hermosos hijos pequeños y a su familia”, escribió en su red Truth Social.

Trump, quien aseguró que comprendía la decisión, adelantó que Leavitt pasará a ser una de sus principales asesoras externas “y una voz influyente dentro del Partido Republicano”.

Pocos minutos después del mensaje del presidente, que no escatimó elogios a Leavitt (“fue una de las mejores secretarias de prensa de la Casa Blanca en la historia del cargo”), fue la propia secretaria quien escribió un largo texto en su cuenta en la red social X.

“Ejercer como secretaria de prensa de la Casa Blanca durante el último año y medio fue el honor y la aventura de mi vida. Estoy profundamente agradecida al presidente Trump por brindarme tantas oportunidades extraordinarias”, escribió.

Leavitt aseguró que Trump le había pedido que continúe “como asesora principal desde afuera, y siempre seguiré defendiendo abiertamente el movimiento MAGA y al Partido Republicano”.

La secretaria de prensa más joven de la historia de Estados Unidos apuntó a su reciente maternidad como la causa del abandono de este cargo que se caracteriza por una gran complejidad y exposición mediática.

“Desde que regresé a la Casa Blanca tras el nacimiento de mi hija, sentí en mi corazón que no puedo ser la mejor madre que mis dos hijos pequeños merecen”, declaró.

Leavitt afirmó en su mensaje que desde la sala de prensa de la Casa Blanca había contado “con gran orgullo los numerosos logros históricos de esta Administración”.

Ahora se abre la incógnita de quién la sustituirá para ser la intermediaria con la prensa de la labor de la Administración Trump, en un momento especialmente complicado por los malos datos de popularidad en las encuestas del presidente, por la cercanía de las elecciones de medio mandato que se celebran en noviembre y por la guerra en Irán.

Con información de la agencia EFE

El malestar social que Donald Trump capitalizó durante la campaña de 2024 ahora se volvió en su contra. El republicano se aferró a la frustración de los estadounidenses ante el creciente costo de la canasta de la compra para así volver a la Casa Blanca. Pero Trump ahora gobierna y los precios siguen subiendo. Las clases medias perciben cómo pierden poder adquisitivo mientras su presidente se enriquece gracias al cargo.

En lugar de derrocar el establishment de Washington, tal y como prometió, Trump creó uno de nuevo conformado por los multimillonarios tecnológicos y toda la corte que lo rodea. Tampoco se desentendió de la política exterior, sino que lanzó una campaña militar en Irán, convirtió Venezuela en un protectorado y sigue con las amenazas de anexionarse Groenlandia.

A estas alturas, la mitad de los estadounidenses dicen tener problemas para pagar el combustible (un 52%) y la canasta de la compra (un 51%), según una encuesta publicada por The Guardian en julio. Un sondeo previo, publicado por la CNN a finales de mayo, ya advertía de un encarecimiento del costo de vida: la mayoría de los estadounidenses (61%) decían que habían tenido que reducir la canasta de la compra. Otro 59% afirmaba que había dejado de gastar en entretenimiento o que había recortado en gastos extras.

En paralelo, no paran de salir informaciones sobre cómo Trump logró aumentar su patrimonio. Una cifra que asciende a unos 1.408.500.000 dólares, aunque podrían ser más, según los cálculos de The New York Times. Ante esta realidad, el eslogan con el que el progresista Abdul El-Sayed ganó en Michigan es el siguiente: “Sacar el dinero de la política, para ponerlo en los bolsillos [de la gente] y aprobar el Medicare para todos”. La idea de fondo es la misma con la que el socialista Zohran Mamdani llegó el noviembre pasado a la alcaldía de Nueva York, o con la que el pastor presbiteriano James Talarico podría lograr que los demócratas consigan uno de los dos escaños que Texas tiene en el Senado.

La ajustada mayoría que los republicanos tienen en ambas cámaras del Congreso muy posiblemente se diluya en las legislativas de este noviembre. Las últimas encuestas muestran una ventaja demócrata. El pronóstico, sin embargo, no es nuevo: Trump ya empezó el año con estos números, consciente de que su popularidad estaba en mínimos históricos.

En enero, tres días después de secuestrar a Nicolás Maduro, el magnate se dirigía a los legisladores republicanos en un acto anual celebrado en el Kennedy Center de Washington y ya planteaba la idea de que probablemente perderían escaños en las elecciones de medio mandato: “Dicen que cuando ganás la presidencia, perdés las elecciones de medio mandato. Me gustaría que pudieran explicarme qué demonios le pasa por la cabeza a la gente.”

En una salida de tono similar y más reciente, Trump cargaba en Truth Social contra la victoria de El-Sayed: “Si él triunfa [...] seré tristemente, y a pesar del buen trabajo que estamos haciendo, ¡el último presidente republicano!”. Una afirmación que, lejos de dañar la imagen del progresista de Michigan, le hacía el juego de campaña. El mismo El-Sayed compartió una captura de la publicación diciendo que “ni yo lo habría podido explicar mejor”.

La gravedad de la situación en la Casa Blanca también se puede medir basándose en el retorno de los fantasmas del fraude electoral. El pasado 17 de julio Trump se dirigió a la nación para presentar las supuestas “vulnerabilidades” del sistema electoral y volvió a repetir que las elecciones de 2020 le habían sido robadas. En esta ocasión escaló un poco más la narrativa asegurando que China había interferido para evitar su victoria.

La alianza con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, también le está jugando en contra a Trump. Si Gaza fue una de las razones por las que su rival, Kamala Harris, perdió las presidenciales en 2024, Israel podría ser una de las causas por las que Trump pierda el control del Congreso. Aunque la percepción negativa hacia Tel Aviv aumentó sobre todo en los círculos demócratas, muchos votantes en el círculo conservador consideran que Washington está embarrado en Irán por culpa de Netanyahu. Esta idea, sobre todo, proliferó entre los votantes conservadores más jóvenes. Grupo que también fue clave para que Trump regresara al poder.

Aunque el gran problema para el magnate sigue siendo que por primera vez en año y medio parece haber encontrado una oposición efectiva. El avance del sector más progresista en las primarias demócratas demuestra cómo la estrategia de combatir fuego con fuego obtiene mejores resultados. El corte populista con el que se están comunicando las propuestas de izquierda está consiguiendo canalizar el malestar y la impotencia que provocó la presidencia del republicano.

Tanto los candidatos vinculados a los Socialistas Demócratas de América (DSA) como las figuras progresistas independientes —como Talarico o El-Sayed— aplican el diagnóstico básico que hizo el senador independiente Bernie Sanders sobre la derrota de 2024: “No debería sorprendernos demasiado que un Partido Demócrata que abandonó a la clase trabajadora descubra que la clase trabajadora lo abandonó a él”.

Sanders, una de las voces más a la izquierda, criticaba que “mientras los líderes demócratas defienden el statu quo, el pueblo estadounidense está enojado y quiere un cambio”. Casi dos años después, el senador independiente de Vermont compartía un iídeo en X para celebrar la victoria de El-Sayed en Michigan para seguir alimentando el momentum que está viviendo el ala más izquierdista: “Anoche, desde mi punto de vista, en el estado morado [bisagra] de Michigan, se produjo un giro tectónico en la política americana”.

El demócrata subrayaba cómo los ciudadanos de Michigan habían desbancado los millones de dólares vertidos por AIPAC, el gran lobby proisraelí de EE.UU., en la rival demócrata Haley Stevens, para aupar un candidato que “tiene las agallas de enfrentarse a los oligarcas y luchar por la clase trabajadora”.

Durante años, enfrentarse abiertamente al Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí (AIPAC) era prácticamente un suicidio político. Tanto demócratas como republicanos habían recibido dinero del mayor lobby proisraelí que, en las últimas décadas, también se convirtió en un gigante capaz de impulsar o derrocar a candidatos de ambos partidos.

En las elecciones presidenciales de 2024 fue uno de los principales motivos por el que los demócratas evitaron poner la guerra de Gaza en el centro del debate. Pero el nuevo ciclo electoral de este año está demostrando que AIPAC ya no es intocable.

La victoria del candidato demócrata progresista Abdul El-Sayed en Michigan es la última constatación de que el muro de contención construido por el grupo de presión proisraelí empieza a resquebrajarse, especialmente dentro del Partido Demócrata.

AIPAC hizo la mayor inversión de su historia, al menos 32 millones de dólares, según el New York Times, en una sola contienda electoral para intentar hundir al candidato de 41 años, médico y musulmán, y fracasó. El miércoles por la mañana, después de un ajustado recuento, el hijo de inmigrantes egipcios se imponía a la candidata Haley Stevens, quien había sido respaldada por el grupo proisraelí y el establishment demócrata.

Michigan es el último gran revés que sufre AIPAC, posiblemente el más humillante por la ingente cantidad de dinero gastada en anuncios contra El-Sayed y a favor de Stevens, sin obtener el resultado deseado. Pero no es la única carrera donde el lobby proisraelí constató que, poco a poco, está perdiendo su poder e, incluso, los candidatos a los que bendice, terminan perdiendo. En las elecciones a la alcaldía de Nueva York el año pasado, el socialista Zohran Mamdani ya abrió camino, tras convertir la crítica al genocidio israelí en Gaza y el rechazo al AIPAC en una de sus mayores bazas políticas.

De Nueva York a Illinois

En las primarias de Nueva York, los candidatos socialistas respaldados por los Socialistas Democráticos de América (DSA) también lograron ganar con la misma estrategia. En Colorado, Melat Kiros –respaldada por DSA– desbancó a la veterana Diana DeGette, quien también contaba con la financiación de AIPAC. La organización proisraelí había donado indirectamente más de un millón de dólares a DeGette con el fin de silenciar las críticas de Kiros al Estado hebreo.

En marzo, durante el ciclo de primarias de Illinois, este giro anti-AIPAC ya se hacía evidente. Nunca antes el grupo de presión había estado tan el centro del debate político. En la contienda, los grupos vinculados a AIPAC gastaron aproximadamente 20 millones de dólares en cuatro contiendas para colocar a sus candidatos en la Cámara de Representantes, ganando dos y perdiendo las otras dos.

El lobby proisraelí tuvo que disimular parte de sus gastos a través de nuevas plataformas de financiación de campañas (llamadas super PAC) que creó con nombres inocuos y sin relación entre sí, como por ejemplo, Elect Chicago Women y Chicago Progressive Partnership. No fue hasta que ya se supieron los resultados en Illinois que el grupo reveló su participación a través de esas nuevas organizaciones.

Algo muy distinto de lo que se vivió en el ciclo de 2024, cuando AIPAC iba con la cara descubierta, consciente de su fuerza. Fue así como sacó del Congreso a dos miembros de la Squad, la bancada más izquierdista de la familia demócrata.

Cori Bush fue uno de los nombres de la Squad que AIPAC tachó de su lista en 2024. La representante de St. Louis fue de las primeras demócratas en denunciar el genocidio palestino en el Congreso, algo que la puso en el punto de mira del lobby proisraelí. En el nuevo ciclo de primarias este año, Bush volvió a presentarse aprovechando el contexto favorable.

Sin embargo, resultó ser la excepción en medio de una tendencia clara en contra del AIPAC y del aparato del Partido Demócrata: volvió a ser derrotada por el demócrata Wesley Bell, quien contaba tanto con el dinero del grupo de presión como con el apoyo de la cúpula del partido.

Cambio de tendencia entre los estadounidenses

A medida que pasa el tiempo, cada vez queda más probado que la guerra de Gaza fue clave en la derrota electoral de Kamala Harris frente a Donald Trump en 2024. La pérdida de peso de AIPAC se debe al cambio de percepción que tienen los estadounidenses del conflicto en Palestina y su principal aliado en la región, Israel. Al mismo tiempo que aumentó la cifra de palestinos muertos por los ataques israelíes –más de 73.000 desde octubre de 2023–, la solidaridad con Gaza fue creciendo en detrimento de la simpatía hacia Tel Aviv.

Una encuesta publicada por Gallup a principios de año, señalaba que, por primera vez desde principios del siglo XXI, los estadounidenses sienten más simpatía por los palestinos que por los israelíes: un 41% frente a un 36%. Hasta el año pasado, la tendencia era a la inversa. El think tank Brookings ya señalaba a finales de 2025 que el apoyo a Israel había ido decreciendo entre los demócratas y votantes jóvenes. De hecho, a pesar de que Israel continúa teniendo el respaldo de los seguidores de Donald Trump, las bases más jóvenes no piensan lo mismo.

En gran parte, el deterioro de la imagen de Israel ante los jóvenes trumpistas no es una cuestión de defensa de los derechos humanos o rechazo al genocidio palestino, sino de su apuesta por el “America First” (ideario que exige gastar los recursos del país en el país y no involucrarse en conflictos exteriores), a lo que se suma la influencia de los grupúsculos neonazis.

Antes de ser asesinado, el influencer de extrema derecha Charlie Kirk (muy popular entre las juventudes trumpistas) había hecho notar ya este cambio de visión entre sus seguidores.

El cuestionamiento del apoyo a Israel no solo está erosionando la influencia del AIPAC, sino que también rompió el consenso bipartidista en torno al envío de armas a Tel Aviv. Recientemente, más de 100 demócratas votaron en contra de seguir prestando ayuda militar a Israel. Aunque la propuesta no prosperó debido al bloqueo republicano, algo así hubiera sido impensable hace tan solo dos años.

De vez en cuando, una contienda por el Senado marca el rumbo de todo un partido. En 1991, un funcionario estatal llamado Harris Wofford, asesorado por un cajún de lenguaje soez llamado James Carville, derrotó a su oponente republicano, mucho más conocido, y ganó unas elecciones en Pensilvania. Lo logró prometiendo ampliar el acceso a la atención médica, sentando así las bases para la campaña presidencial de Bill Clinton al año siguiente.

Si Abdul El-Sayed logra consolidar su victoria en las primarias demócratas al Senado y ganar las elecciones generales en Michigan este otoño boreal, habrá creado su propio modelo. A pesar de su margen de victoria más ajustada de lo esperado, su campaña ofrece un ejemplo de cómo los demócratas de todo el país pueden responder al desafío político que plantea Donald Trump.

Al presentar las primarias al Senado de Michigan como una batalla más entre insurgentes progresistas y centristas del establishment, la cobertura mediática de la campaña de El-Sayed pasó por alto lo innovador de la misma. Al igual que Zohran Mamdani y los socialistas democráticos que ganaron escaños en la Cámara de Representantes en Nueva York, Pensilvania y Colorado, El-Sayed quiere poner fin al apoyo militar incondicional de Estados Unidos a Israel.

Pero mientras que Mamdani a veces habla de Israel exclusivamente desde la perspectiva de los derechos humanos y el derecho internacional -como hizo en un video reciente en el que argumenta que Benjamin Netanyahu debería ser arrestado como criminal de guerra-, el mensaje de El-Sayed es más nacionalista. Rara vez habla del Estado judío sin vincularlo con la incapacidad de Washington para resolver los problemas internos.

En una entrevista reciente, el editor de The New Yorker, David Remnick, preguntó a El-Sayed si apoyaba uno o dos Estados en Israel-Palestina. El-Sayed no cayó en la trampa. Respondió que su atención se centraba menos en “lo que sucede allí que en lo que sucede aquí”. Su principal preocupación, explicó, era que Estados Unidos destinaba fondos para armamento israelí que podría invertir en escuelas de Michigan. Si bien reconoció: “Creo en la igualdad de derechos, la paz, la dignidad y la autodeterminación, tanto para palestinos como para israelíes judíos”, afirmó. “No me corresponde, como político estadounidense, decidir cuál debería ser la paz definitiva. Pero sí me corresponde asegurar que nuestros recursos se administren correctamente para las personas de las que soy responsable: esos niños que asisten a esas escuelas en malas condiciones”.

Mientras que Mamdani habla de Israel exclusivamente desde la perspectiva de los derechos humanos y el derecho internacional, el mensaje de El-Sayed es más nacionalista. Rara vez habla del Estado judío sin vincularlo con la incapacidad de Washington para resolver los problemas internos

Al vincular persistentemente la ayuda militar estadounidense a Israel con las necesidades insatisfechas en Estados Unidos, El-Sayed está creando una versión progresista de la política de “Estados Unidos Primero”. En 2016, Donald Trump explotó el resentimiento que muchos estadounidenses sentían tras década y media de guerras fallidas en Medio Oriente. Ahora, tras el genocidio israelí en Gaza y la guerra de Trump en Irán, El-Sayed está cambiando las tornas.

La diferencia radica en que Trump fusionó nacionalismo e imperialismo: afirmó que la guerra de Irak fue un error porque Estados Unidos pretendía “convertir en democracias occidentales a países que no tenían experiencia ni interés en serlo”; Estados Unidos, según él, debería haberse apoderado del petróleo iraquí.

El-Sayed, en cambio, fusiona nacionalismo con progresismo. No ataca la ayuda humanitaria que en su día ofreció la USAID. Condena la ayuda militar a Israel (y también a Egipto, donde nació su padre) porque viola los derechos humanos en el extranjero y priva de recursos a los estadounidenses en su propio país.

Este mensaje no solo resuena entre la izquierda estadounidense. El verano pasado, el asesinado activista de derecha Charlie Kirk tuiteó que los jóvenes conservadores “se muestran escépticos sobre el estado actual de la relación de Estados Unidos con Israel” y “quieren tener la certeza de que los líderes estadounidenses anteponen los intereses de su propio país”.

Una encuesta realizada en mayo por el Instituto para la Comprensión de Medio Oriente reveló que, por un margen de casi dos a uno, los republicanos menores de 45 años prefieren a los candidatos que apoyan la reducción de la venta de armas al Estado judío financiada con fondos públicos.

Pero la campaña de El-Sayed ofrece a los demócratas otra lección. No solo les está mostrando cómo recuperar el nacionalismo del Partido Republicano, sino también cómo usar la ventaja financiera de los republicanos en su contra.

En las últimas cinco semanas de la campaña de primarias de El-Sayed, los comités de acción política (llamados Super PAC) encargados de financiar a su oponente, la representante Haley Stevens, gastaron doce veces más en anuncios de televisión que los que lo apoyaban a él. La mayoría de los candidatos no pueden superar semejante disparidad. Pero El-Sayed convirtió esta desventaja en una fortaleza.

Una y otra vez, utilizó en su contra el apoyo financiero que Stevens recibía del grupo de presión proisraelí Aipac, que aportó la mayor parte del dinero externo en su nombre. También la vinculó con otros grupos de interés impopulares. Sus partidarios emitieron un anuncio de televisión que destacaba las contribuciones que había recibido de la compañía eléctrica de Michigan, DTE Energy, ampliamente criticada por sus altas tarifas y los frecuentes cortes de luz.

Existen muchas razones por las que los demócratas tuvieron dificultades para derrotar al Partido Republicano de la era Trump, entre otras, porque los republicanos se apropiaron del nacionalismo y el populismo. Si Abdul El-Sayed logra la victoria este otoño boreal, le habrá entregado a su partido una hoja de ruta para recuperar ambas

La insistencia de El-Sayed en el origen de las donaciones de Stevens convirtió su ventaja financiera en una carga electoral. Cuando Sarah Longwell, de The Bulwark, preguntó a un grupo de discusión de Michigan por qué no les gustaba Stevens, “los votantes mencionaron repetidamente a Aipac y la aparente influencia corporativa”.

El-Sayed realizó esta maniobra política contra una compañera demócrata. Pero este otoño boreal, y probablemente de nuevo en 2028, los demócratas de todo el país se verán ampliamente superados en gasto electoral por los republicanos.

Donald Trump convirtió al Gobierno federal en una mina de oro para corporaciones y multimillonarios que se benefician enormemente de su administración y le devuelven el favor con donaciones para sus campañas. Elon Musk, por ejemplo, anunció recientemente que gastará al menos 100 millones de dólares en apoyo a candidatos republicanos este otoño boreal. En general, según informó MS Now a finales del mes pasado, el Comité Nacional Republicano, los comités de campaña republicanos de la Cámara de Representantes y el Senado, y los Super PACs afines al Partido Republicano han recaudado casi 600 millones de dólares más que sus homólogos demócratas.

La campaña de El-Sayed ofrece un modelo de cómo los demócratas pueden responder: centrar la atención en el dinero. El-Sayed estableció una conexión entre el respaldo de Aipac a Stevens y su apoyo a la ayuda militar estadounidense a Israel. Pero otros demócratas pueden tachar a sus oponentes republicanos de lacayos no solo por la Aipac, sino también por Elon Musk, las grandes petroleras, las farmacéuticas o la IA, y resaltar la conexión entre sus fondos de campaña y su apoyo a políticas que perjudican a la gente común.

Esta estrategia exige que los demócratas rechacen la financiación corporativa y de grupos de interés, y que lleven a cabo campañas que dependan principalmente de pequeños donantes. No hay garantía de que esto funcione. No todos los demócratas pueden transmitir un mensaje populista tan efectivo como el de El-Sayed. Pero la impactante corrupción de la presidencia de Trump y la obscena brecha de riqueza que sus políticas contribuyeron a crear les brindan una oportunidad, lo que significa que el modelo de El-Sayed podría resultar eficaz mucho más allá de Michigan.

Existen muchas razones por las que los demócratas tuvieron dificultades para derrotar al Partido Republicano de la era Trump, entre otras, porque los republicanos se apropiaron del nacionalismo y el populismo. Si Abdul El-Sayed logra la victoria este otoño boreal, le habrá entregado a su partido una hoja de ruta para recuperar ambas. Los demócratas de todo el país deberían tomar nota.

Parecía que Elon Musk se había retirado de la primera línea de la política estadounidense después de su dramático divorcio del presidente Donald Trump. Pero ahora planea regresar para la campaña electoral de los comicios de medio mandato del próximo noviembre: el milmillonario estudia reactivar su comité de acción política, llamado America PAC, para rescatar a los republicanos ante unas elecciones que cada vez se complican más para el partido de Trump.

El magnate autorizó que esa entidad gaste entre 10 y 120 millones de dólares en la campaña de este otoño. Los PAC (siglas en inglés de Comités de Acción Política) son organizaciones que se dedican a recaudar fondos y a hacer campaña por distintos candidatos.

En las elecciones presidenciales de 2024, Musk inyectó más de 290 millones de dólares en la candidatura de Trump para ayudarle a regresar a la Casa Blanca. Según reveló el periódico The Guardian, el programa de captación de votantes de Trump en estados clave estaba siendo gestionado principalmente por America PAC, que a pocas semanas de las presidenciales tenía entre 300 y 400 empleados en cada uno de los siete estados disputados de Estados Unidos.

Ahora, los medios Axios y The New York Times desvelan que el PAC de Musk prevé centrarse en las acciones puerta a puerta, además de aumentar los anuncios online y por correo. La estrategia, según explican los medios, sería movilizar todos aquellos votantes conservadores que no suelen ir a votar en las legislativas.

La aparición de Musk en la contienda electoral tiene una explicación. Hace tiempo que el multimillonario hizo las paces con el presidente, aunque se encargó de mantener un perfil bajo. Musk voló junto a Trump a bordo del Air Force One rumbo a China el pasado mes de mayo: el sudafricano descendiendo por las escaleras del avión presidencial ante el recibimiento oficial chino fue la confirmación de que Musk volvía a estar en el círculo íntimo del mandatario.

La vuelta de America PAC en estos momentos agravaría aún más los problemas económicos de los demócratas. A pesar de que las encuestas indican que van con ventaja –ya que la guerra en Irán está causando malestar y no está previsto que termine pronto–, el agujero de unos dos millones de dólares que sufre el Comité Nacional Demócrata (DNC) amenaza con comprometer la recta final de la campaña. Especialmente porque, en contraste, el Comité Nacional Republicano (RNC) cuenta con unos 130 millones de dólares en efectivo, según estimaciones de The New York Times.

A pesar de que el descontento de los estadounidenses por el encarecimiento del costo de vida es innegable, una estrategia de campaña agresiva para movilizar las bases conservadoras podría poner en apuros a los demócratas de cara a las próximas votaciones. Por ejemplo, algunos de los escaños clave para que pudieran recuperar el control del Senado estadounidense siguen estando muy disputados, por lo que no está todo perdido para los republicanos.

Además, la diferencia de fuerza económica hace que los demócratas tengan que elegir bien dónde invierten el dinero para asegurar la carrera electoral. No se pueden permitir muchos errores, menos después del escándalo de su candidato en Maine, Graham Platner. Los demócratas estaban casi seguros de poder ganar en ese estado, pero todo se truncó hace unas semanas cuando Platner renunció a raíz de una denuncia de agresión sexual.

A cuatro meses de los comicios, la retirada de Platner echó por tierra la campaña en Maine y obligó a los demócratas a tener que buscar en tiempo récord a un nuevo candidato que tenga el mismo tirón. La victoria en este estado de la Costa Este era el camino más probable para conseguir la mayoría en el Senado; ahora, esa ruta se ha desviado a Texas, con el candidato demócrata James Talarico.

La presión financiera es tal que incluso el liderazgo de Ken Martin, quien asumió la presidencia del DNC el año pasado, se vio cuestionado. Esta misma semana The New York Times revelaba que el equipo de Recursos Humanos del partido demócrata abrió una investigación a Martin después de que lanzara su teléfono contra el escritorio de un asistente.

El DNC arrastra problemas financieros desde que Kamala Harris perdió las presidenciales de 2024. El partido esperaba que, después de la caída de donantes por el batacazo electoral, la perspectiva de las elecciones de medio mandato y el enojo con Trump reactivaran las donaciones. Pero, por el momento, eso no está pasando. Según Notus, que cita los registros de propiedad de Washington, el año pasado el DNC ofreció como garantía su sede física en la capital federal para poder obtener una línea de crédito de 15 millones de dólares destinada a invertir en las elecciones del próximo noviembre, que serán una prueba de fuego para los demócratas.

Cancha chica del fútbol, cancha grande de la realidad.

Si de manera simultánea se llenaran los estadios de Central, Ñuls, Colón y Unión, alrededor de 150 mil personas estarían protagonizando un momento de la historia. Imposible gambetear semejante convocatoria.

Sin embargo, a 43 años de la recuperación democrática y a menos de uno de la reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe en la que quedó marcada la necesidad de la representación de las minorías a través de la proporcionalidad y no el de la gobernabilidad, esa enorme cantidad de personas no serían tenidas en cuenta a la hora de votar.

Serían invisibles, etéreas y su expresión política desechada, ignorada.

Una fenomenal proscripción.

Le llaman “reforma electoral”.

En realidad es una trampa a la voluntad popular, una trampa a la democracia.

En 1962, en medio de repetidos golpes de Estado, la anterior Constitución sostenía la necesidad de respetar el principio de gobernabilidad. Que la fórmula triunfadora tuviera la mayoría legislativa. Eso se dejó de lado con la nueva carta magna santafesina del año 2025.

Sin embargo, el PUS (Partido Único Santafesino), la unidad estructural de la UCR, el PJ, el PS, el PRO y asociados, pretenden que los votos se cuenten de acuerdo al padrón y no según los verdaderos y emitidos y que el porcentaje mínimo sea del 5 por ciento, es decir cerca de 150 mil votos, aquella cantidad de santafesinas y santafesinos que completarían los estadios de Central, Ñuls, Colón y Unión al mismo tiempo.

Concentración de poder político, ajenidad a lo que sucede electoralmente en casi todas las provincias argentinas donde los porcentajes se toman desde los votos válidos emitidos y un piso alevoso que saltaría del 3 por ciento actual al 5 por ciento.

Democracia de baja intensidad, finita, sin representación de minorías. Una democracia cada vez menos democrática. De allí que más que reforma electoral sea una trampa.

Con el argumento de no darle lugar a aventureros de la política o propuestas que no quieren gobernar, ideas de la profundidad de un charco, los sectores que siguen creyendo en la política como herramienta de transformación a favor de las mayorías y no como la gerencia de los intereses de los grupos económicos dominantes, regionales y multinacionales, quedarían sin representación en la legislatura de Santa Fe.

Ya no se hablaría de la flagrante contradicción de generar exportaciones por 16 mil millones de dólares y al mismo tiempo sumar personas empobrecidas hasta trepar a la cifra de 600 mil solamente entre el Gran Santa Fe y el Gran Rosario.

O que el porcentaje del presupuesto para salud mental sea del 0,02 por ciento del total, mientras que los suicidios casi llegan a duplicar los homicidios en el último año.

De allí que tampoco en los partidos del PUS aparezca una sola mención al financiamiento de la política, la necesidad de terminar con los aportes de las grandes empresas que son las agroexportadoras, las mismas que siempre terminan beneficiadas con las obras públicas pagando casi nada en términos de gravámenes provinciales aunque facturan miles de dólares por minuto.

Desde el Frente Amplio por la Soberanía proponemos la eliminación del piso proscriptivo y la auditoría del financiamiento de cada propuesta electoral, entre otras diferencias profundas con las fuerzas del régimen de la resignación.

La única manera de devolverle el carácter transformador a la política es respetando a las minorías, democratizar la democracia y rechazar intentos burdos de concentración de poder que únicamente benefician a corrientes más relacionadas con el neofascismo que con una sociedad más humana e inclusiva.

Por eso no a la reforma electoral del PUS que no es reforma, es una trampa.

Una trampa tan grande como las canchas de Central, Ñuls, Colón y Unión llenas y que sea ignorada semejante movilización popular.

*El autor es presidente del bloque de diputados provinciales del Frente Amplio por la Soberanía en Santa Fe, periodista de investigación y escritor.

Apenas unas horas después de que un tribunal de apelación redujese su pena de inhabilitación y abriese la puerta a una nueva candidatura a las presidenciales, la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, despejó el misterio y anunció su intención de presentarse a las elecciones de 2027.

“Quiero agotar todas las vías de recurso de las que dispongo para poder defender mi inocencia en este caso”, afirmó Le Pen en su primera entrevista en televisión tras conocer el fallo. Este mismo martes, el Tribunal de Apelación de París confirmó la sentencia contra ella por malversación de fondos públicos, pero rebajó la pena, despejando de esta forma en segunda instancia el camino de la ultraderechista para presentarse a las próximas elecciones presidenciales, cuya primera vuelta será en abril de 2027.

“Dado que tengo la posibilidad de presentar un recurso de casación —lo que no era necesariamente el caso en otras situaciones— y que la resolución del Tribunal de Casación suspende los efectos de la sentencia, podré hacer campaña sin pulsera electrónica”, dijo la líder de Agrupación Nacional.

La pena contra Le Pen fue rebajada de cuatro a tres años de prisión, dos de ellos en libertad condicional, y de cinco años de inhabilitación a 45 meses, 30 de ellos condicionales, lo que la reduce a 15 meses firmes –ya pasó 15 meses en situación de inelegibilidad desde que se dictó la sentencia en primera instancia—. Incluso con la rebaja de la pena, podría verse obligada a cumplir un año de prisión firme con un brazalete electrónico, si el tribunal de última instancia confirma la sentencia. Este tribunal ya anunció que podría dictar sentencia a finales de año.

Triple candidata a las presidenciales, Le Pen había establecido después de su condena en primera instancia varias condiciones para decidir si se lanzaba o no a una cuarta candidatura: ser elegible en la fecha de la primera vuelta, el 18 de abril de 2027, y no tener que hacer campaña con un brazalete electrónico.

La primera condición parece cumplirse con la sentencia en apelación. La segunda condición era la de no recibir condena a un año de prisión efectiva, que puede sustituirse por el uso de una pulsera electrónica. Pese a la seguridad mostrada durante la entrevista de que no tendrá que hacer campaña bajo vigilancia electrónica, los juristas en Francia dudan sobre si la pena se suspenderá o no durante el recurso de casación, sobre las condiciones de aplicación de esta pena y sobre las posibles adaptaciones que harían posible una campaña electoral.

De hecho, para complicar aún más el horizonte judicial de Le Pen, algunos especialistas citan varios precedentes en los que un recurso de casación, al suspender la resolución de apelación, podría incluso reactivar la ejecución provisional dictada en primera instancia, una posibilidad que Le Pen afirmó no contemplar.

Más sorprendente aún, la activación del recurso de casación pone en marcha un nuevo juicio, cuyo fallo podría llegar en plena campaña electoral. Y nada hace pensar que ese fallo anulará completamente la pena de prisión contra Le Pen. Pero ella considera que “ya no hay ningún escenario en el que no pueda presentarme como candidata en 2027”, negándose a aceptar la posibilidad de que el tribunal confirme su culpabilidad (algo que los expertos consideran probable). “Esperemos que el tribunal de casación no se equivoque”, deseó la líder ultra. “Los franceses tendrán libertad para elegir. Serán ellos quienes tengan la última palabra”.

“Jordan Bardella y yo vamos a poner en marcha muy pronto esta campaña presidencial”, adelantó la líder de Agrupación Nacional, quien consideró el tándem que forma con el joven presidente del partido (que hubiera sido candidato en su lugar en caso de inhabilitación) ofrece a los franceses una alternativa “equilibrada, coherente y sólida”.

“Hago un llamamiento a los franceses para que se unan a la plataforma que hemos inaugurado esta noche, Marinelepen.com, para apoyar esta campaña y participar activamente en ella, que acaba de comenzar”, concluyó.

Alternativa para Alemania (AfD) se encuentra en su mejor momento histórico. Las encuestas otorgan a la formación ultra el primer lugar no solo en varias regiones del este del país, donde supera el 40%, sino a nivel federal. La ultraderecha nunca estuvo más cerca que hoy de volver a gobernar, más de 80 años después del fin del nacionalsocialismo. En ese contexto, su decisión estratégica es radicalizarse. De hecho, la elección de celebrar el congreso del partido el pasado fin de semana en Turingia es prueba de eso, ya que la fecha coincide justamente con el centenario del cónclave del partido nazi, cuando Adolf Hitler diera la primera señal pública de su camino a la toma del poder.

“Fuera de este salón están los perdedores de la historia. Aquí dentro están reunidos los vencedores”. La frase pertenece al anfitrión de este fin de semana, el líder de AfD en Turingia y el referente más importante del ala radical del partido, Björn Höcke. Los delegados recibieron con aplausos su mensaje. Representaba fielmente el clima de euforia que vive un partido que ya no oculta su conexión ideológica con el pasado antidemocrático de Alemania.

El escenario es el mensaje

El 4 de julio de 1926, el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP) celebraba el primer congreso tras su refundación después de haber sido prohibido por el golpe fallido de Múnich tres años antes. Hitler había optado por Turingia debido a las restricciones que todavía estaban vigentes en Baviera y otras regiones del país. Aquel día surgieron ciertos elementos fundamentales para la liturgia del nazismo: se oficializaron las juventudes hitlerianas, se entregó la bandera manchada de sangre (blutfahne), reliquia nazi que se utilizaba para consagrar las banderas de las SA y las SS; y se mostró por primera vez de forma masiva y espectacularizada el saludo hitleriano con el brazo derecho levantado.

Cuatro años más tarde, el partido de Hitler llegó al poder en esa misma región y la transformó en una suerte de laboratorio político para los nazis. Utilizando vías institucionales y legales, el representante del NSDAP purgó la policía, quitando a todo simpatizante de la República, creó la cátedra de “investigación racial” en la Universidad de Jena y hasta introdujo mensajes doctrinarios en las escuelas sobre la ideología nacionalsocialista. Fue el primer paso de la normalización de un partido extremista que poco tiempo después tomaría el poder a nivel federal.

Björn Höcke es profesor de Historia. Sabe perfectamente que la elección de la fecha será leída como una provocación. De hecho, esa es su intención. El líder de AfD en Turingia nunca abandonó su objetivo de reivindicar el pasado del país. Detesta lo que él define como “el culto de la culpa”, un concepto que considera vergonzante y antinacionalista. Alemania no tendría por qué avergonzarse: al contrario, debería estar orgullosa de su identidad. Esa vergüenza histórica es atribuida a la “gigantesca catástrofe educativa” que vivió el país, según evalúa Höcke. Tanto es así que en el congreso expresó: “No les permitieron desarrollar una identidad saludable. Son los heridos del alma […] y esa es nuestra tarea en AfD: restablecer la normalidad, sanarlos. En el fondo, somos los psicólogos”.

La cohesión social no existe en el diccionario de AfD. Lo que sí es importante, en cambio, es fomentar el miedo al diferente. En consonancia con su ideología de derecha radical, este partido sostiene que una sociedad sana es una sociedad homogénea

La retórica de Höcke siempre se caracterizó por sus aires refundacionales y revisionistas. Ese es el andamiaje ideológico que sostiene sus intervenciones públicas. En su discurso de apertura del congreso expresó varias de sus propuestas para “curar” a la nación. Acusó a los partidos tradicionales de financiar con millones de euros iniciativas y proyectos que promueven una sociedad “colorida”, pero cuyo resultado ha sido la erosión de la identidad alemana. Desde su punto de vista, el Estado debería ser neutral en términos ideológicos, ni de izquierda ni de derecha, lo que deriva en su promesa más importante: “Desconectar el enchufe fiscal”.

Alice Weidel, reelegida como jefa del partido, anunció lo mismo, pero incorporando la narrativa trumpista: “Secaremos el pantano de las ONG y eliminaremos todos los gastos para proyectos absurdos”. Ambos se refieren a los mismos actores: organizaciones de protección de la Constitución, fundaciones democráticas, proyectos interculturales, iniciativas ambientales, cualquier espacio que trabaje con sectores vulnerables o defienda el Estado de derecho. Su estrategia es demonizarlos y convertirlos en enemigos de la patria, en nombre de un país que, en su propia definición, es solo para los “nativos”.

Sin embargo, la cohesión social no existe en el diccionario de AfD. Lo que sí es importante, en cambio, es fomentar el miedo al diferente. En consonancia con su ideología de derecha radical, este partido sostiene que una sociedad sana es una sociedad homogénea. De allí derivan las ideas xenófobas que circulan a gran velocidad y con un enorme poder de penetración. Narrativas como la teoría conspirativa del 'gran reemplazo' jugaron un rol fundamental. El propio Höcke, en el congreso del fin de semana, subrayó: “Un aspecto central de la dignidad humana inalienable es el derecho a la patria, y la patria se pierde no solo por la huida y la expulsión, sino también al convertirse en una minoría en el propio país”.

El proceso radicalizante

El devenir del congreso fue acorde con el tono y el contenido de los discursos de sus principales oradores. En el orden del día aparecía un punto que llamó la atención: retirar la lista de incompatibilidades para ser miembro del partido. Se trata de un límite que AfD introdujo para evitar que afiliados a ciertas organizaciones puedan ser admitidos. En un principio fue una frontera formal de exclusión para evitar la llegada de simpatizantes de la extrema derecha o incluso neonazis. En la actualidad, esa lista se convirtió en un mecanismo incómodo para los más radicales, ya que sus aliados naturales pertenecen a ese sector.

Pese a todo, Weidel logró evitar que el tema se discutiese al prometer que el partido se ocupará de elaborar una nueva lista actualizada que no obedezca los cánones de la Oficina Federal de Protección de la Ley Fundamental. Este organismo se ocupa de identificar, investigar, vigilar y advertir sobre cualquier amenaza contra el orden democrático en Alemania. En efecto, AfD es objeto de observación a causa de las mencionadas conexiones y algunas de sus reivindicaciones que ponen en cuestión artículos de la Carta Magna como por ejemplo el primero: “La dignidad humana es intocable”.

Höcke es el nuevo jefe en las sombras y con ello perece el sector burgués y neoliberal de los miembros del oeste del país. El centro de gravedad del partido se ha desplazado definitivamente a los territorios de la vieja RDA

Las deportaciones masivas de “no nativos” (incluso de forma retroactiva, como llegó a plantear Höcke recientemente en un pódcast) representan uno de los ejes fundamentales de la agenda ultraderechista. De hecho, uno de los oradores lo expresó sin rodeos: “La remigración no es negociable”. Otro la presentó como una política pública que supuestamente aliviaría la escasez de vivienda, una maniobra discursiva recurrente de la derecha radical: blanquear una consigna xenófoba y radical apelando a un problema doméstico sin evidencia alguna.

A lo anterior se le suma una resolución llamada “quedarse en lugar de irse”, que apunta a incentivar el regreso de alemanes que emigraron, según interpretaron los delegados de AfD. Resulta interesante que para evitar cualquier connotación positiva de la palabra inmigración se votó un cambio en el nombre de la propuesta que pasó de hablar de “Alemania como país de inmigración para emigrados alemanes” a “Alemania, un país para el retorno”.

Los aliados de Höcke, en puestos clave

Los congresos de AfD estuvieron históricamente marcados por haberse convertido en una arena de disputa por el poder interno. Sus facciones no dudaron en enfrentarse, exponiendo al contrincante e iniciando procesos sancionadores y hasta de expulsión. Varios exjefes del partido pueden dar fe de haber vivido la inescrupulosa ira de sus correligionarios.

En julio de 2026, por el contrario, las peleas brillaron por su ausencia. Todo funcionó de forma más armónica y los cambios, que no fueron menores, fluyeron sin desorden. Si bien el dúo que lidera el partido, formado por Alice Weidel y Tino Chrupalla, fue reelegido sin contracandidaturas, el resto de la cúpula del partido vio modificada su fisonomía. Los aliados más cercanos y fieles a la línea radical de Björn Höcke ocupan ahora puestos clave, como el de vicepresidente o el de tesorero, además de otras sillas de la mesa directiva. Höcke es el nuevo jefe en las sombras y con ello perece el sector burgués y neoliberal de los miembros del oeste del país. El centro de gravedad del partido se desplazó definitivamente a los territorios de la vieja RDA. Allí donde AfD es el partido más fuerte con distancia.

Es posible que el clima pacífico se haya visto reforzado por la narrativa que fue un denominador común durante las jornadas: el victimismo. Las protestas fuera del salón en el que se celebró el congreso fueron multitudinarias. Estuvieron marcadas por la presencia de dos corrientes: Zusammenstehen (permanecer unidos) y Widersetzen (resistir). Mientras que la primera promovía la movilización ciudadana masiva, incluyendo a los partidos, las iglesias y los sindicatos, enfocada en festivales democráticos; la segunda giraba en torno al bloqueo activo para impedir la realización del congreso en sí. Esta última se compone del sector de acción antifascista propiamente dicho.

La motivación de los manifestantes era única: hay que hacer algo antes de que AfD llegue al poder. Sin embargo, los sondeos son contundentes: es una cuestión de tiempo. ¿O acaso es una tendencia reversible?

¿AfD al poder?

Si mañana hubiese elecciones en Sajonia-Anhalt, AfD estaría a tres escaños de la mayoría absoluta. En otras regiones del este necesitaría entre cinco y ocho para conseguirlo. La intención de voto supera ampliamente el tercio del electorado y en algunos casos rompió la barrera del 40%. En otras palabras, la posibilidad de un gobierno ultraderechista en Alemania no es imposible en absoluto.

Sus oportunidades de llegar al poder no se agotan allí. Por el contrario, en los últimos meses crecieron, incluso más que la intención de voto: otro partido decidió aflojar el cordón sanitario, o como se lo conoce en Alemania, brandmauer.

La intención de voto supera ampliamente el tercio del electorado y en algunos casos ha roto la barrera del 40%. En otras palabras, la posibilidad de un gobierno ultraderechista en Alemania no es imposible en absoluto

En junio de 2026, Sahra Wagenknecht, líder del partido BSW, declaró que se abstendría en las votaciones sobre candidatos de la AfD y la CDU. De hecho, su partido comunicó que en votaciones puntuales podría darse una cooperación, según el tema de la agenda, con la ultraderecha. Este partido es una escisión de Die Linke, la izquierda poscomunista, que incorporó un discurso ultraconservador y antiinmigración muy cercano al de la derecha radical, mientras que mantiene su visión de izquierda más clásica en temas como el rol intervencionista del Estado y la defensa de la clase trabajadora.

Cuál de las dos lecturas terminará por imponerse, la abstención como rampa hacia el poder o como trampa para vaciarlo de votos, es todavía una incógnita, incluso de puertas adentro de AfD. Lo que no admite ambigüedad es la aritmética: en Sajonia-Anhalt le faltan apenas tres escaños para la mayoría absoluta y las encuestas siguen subiendo. Con BSW como aliado o como obstáculo, en septiembre Alemania puede tener, por primera vez desde 1945, un gobierno regional liderado por la ultraderecha.

Cuando eso ocurra, alguien va a recordar la frase de Höcke en Erfurt: los vencedores, dentro del salón; los perdedores, en la calle. Cien años después de aquel congreso en Turingia, el laboratorio vuelve a estar abierto.

Algo más de 27 millones de peruanos deberán elegir este domingo entre la candidata conservadora y de derecha Keiko Fujimori, de Fuerza Popular (FP), y el progresista Roberto Sánchez de Juntos por el Perú (JP), en una segunda vuelta a la que el país llega tras casi dos meses de incertidumbre debido a la accidentada primera votación del 12 de abril, cuyos resultados fueron oficializados tras unos largos y tensos 35 días.

Las más recientes encuestas difundidas a principios de la semana mostraron una ligera ventaja de Fujimori, hija del ya fallecido expresidente y dictador condenado por delitos de lesa humanidad Alberto Fujimori (1990-2000), quien busca la presidencia por cuarta vez.

Mientras en una encuesta elaborada oralmente alcanzó un 38% frente a un 35% de Sánchez, en un simulacro de votación de la empresa Ipsos se impuso con el 51,4% de los votos válidos frente al 48,6%, dentro del margen de error.

“En el simulacro, el 10,5% dejaron la cédula en blanco y el 10,8% viciaron su voto. Es probable que parte de los que votaron en blanco sean en realidad indecisos. A su vez, el 74% de los votantes de cada candidato declara tener su voto ya decidido, pero el 26% restante podría cambiar su opinión”, precisó el informe de la encuestadora.

La precisión sobre los porcentajes correspondientes a indecisos y votos nulos no es gratuita, teniendo en cuenta que las encuestas previas a la primera vuelta no advirtieron el ascenso de Sánchez, afín al expresidente hoy encarcelado Pedro Castillo (2021-2022), quien en algunos sondeos no aparecía ni siquiera entre los cinco primeros y acabó conquistando el segundo lugar por encima de favoritos como el ultraderechista Rafael López Aliaga.

Dudas y desconfianza electoral

La primera vuelta de abril en Perú alcanzó ribetes extraordinarios por más de una razón. En primer término, por el número récord de candidatos: 35. Una cifra que vaticinaba la dispersión del voto. A esa complejidad se sumó la de la reposición del sistema legislativo bicameral, que también se metió en la votación.

Por si fuera poco, la jornada de sufragio registró irregularidades que fueron ampliamente denunciadas: desde la demora en la apertura de recintos de votación hasta la no apertura de mesas electorales, que llevaron a prolongar las horas de voto hasta el día siguiente.

Para más inri, la lentitud en el cómputo de votos sembró una creciente desconfianza ciudadana por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), entidad organizadora de las elecciones, y llevó a que el candidato López Aliaga denunciara abiertamente un fraude, sin pruebas, y demandara la anulación de los comicios. La presión se saldó con la renuncia del director de la ONPE, Piero Corvetto.

Los resultados no se proclamaron hasta el 17 de mayo, 35 días después de la primera vuelta. La lentitud fue atribuida a la revisión de más de 68.000 actas observadas y a la transmisión en directo de más de 2.300 audiencias públicas.

Fujimori resultó primera con el 17,18% de los votos, seguida por Sánchez con el 12,03% y López Aliaga (Renovación Popular) con el 11,9%, a solo 21.210 del aspirante de izquierda y después de que los primeros resultados que se fueron conociendo situasen al ultraderechista en segundo lugar.

Se anticipa un resultado muy ajustado y existe el riesgo de que se repitan las voces de fraude y que no se reconozcan los resultados electorales, sobre todo si pierde Fujimori

Eliana Carlín — Politóloga y analista

Para la politóloga y analista Eliana Carlín, el impacto de la primera vuelta sobre el proceso electoral aún en curso ha sido enorme. Recuerda que solo Fujimori tenía la certeza de estar en el balotaje, mientras que Juntos por el Perú “pasó varias semanas atendiendo impugnaciones y defendiendo la votación para que se confirme el pase a segunda vuelta”.

Ni siquiera la renuncia de la cabeza de la ONPE liberó suficientemente la presión ante la nueva votación, para la que se anticipa “un resultado muy ajustado y existe el riesgo de que se repitan las voces de fraude y que no se reconozcan los resultados electorales, sobre todo, si pierde Keiko Fujimori”, pronostica Carlín.

El investigador Hernán Chaparro no descarta que el cómputo vuelva a demorarse más de lo recomendable, más aún a sabiendas de la experiencia de la primera vuelta: “Puede que demore mucho porque es probable que se impugnen muchas mesas”. 

Ante esa eventualidad, el también catedrático del departamento de Comunicación de la Universidad Católica espera una mejor respuesta de la ONPE. Recomienda puntualmente que habilite “una sala de prensa abierta permanente para informar de los avances”, algo que “hizo siempre salvo en esta primera vuelta”. De no hacerlo, advierte, “la gente comienza a tomar datos y hacer cálculos sin soporte alguno”.

Incertidumbre ante resultados

Más allá de las estimaciones de las encuestas, las predicciones sobre el eventual ganador se han tornado complejas. El inesperado desempeño de Sánchez ha echado por tierra muchos cálculos y planes, al tiempo que ha devuelto a primer plano el “antifujimorismo” de la sociedad peruana y la fuerza del voto rural por un candidato que fue ministro del malogrado Pedro Castillo.

Chaparro cree que las elecciones las decidirán los que “aún lo están pensando”. “Muchos de centro o centroizquierda estaban pensando votar viciado [nulo] porque no confían en ninguno de los dos, pero JP ha girado al centro y el fujimorismo no ha mostrado intención de cambiar con relación a lo que ha hecho su bancada del 2021 al 2026. Eso son puntos a favor de JP y en contra de FP”, apunta el investigador.

En la misma línea, Carlín observa que la resurrección del antifujimorismo podría ser determinante para volcar la balanza en favor de Sánchez. La analista se remite a la última ola de protestas en el país andino, cuando la represión posterior a la salida de Castillo asesinó a casi 50 personas. “Eso, naturalmente, debilitó mucho el tejido social”, dice.

La politóloga también valora la apuesta de Sánchez por convocar a otras fuerzas políticas progresistas y conformar un frente por la gobernabilidad. “Yo creo que esto puede terminar por definir las elecciones. Sin embargo, es importante mencionar que Fujimori se ubica arriba en las encuestas, y tiene el apoyo cerrado de la prensa y el gran empresariado”, matiza.

El inesperado desempeño de Sánchez ha echado por tierra muchos cálculos y planes, al tiempo que ha devuelto a primer plano el “antifujimorismo” de la sociedad peruana y la fuerza del voto rural por un candidato que fue ministro del malogrado Pedro Castillo

Una vez que se conozcan los resultados de la segunda vuelta, quien resulte electo deberá enfrentar un problema más complejo en el Perú contemporáneo: durar en el gobierno. En un país que ha registrado ocho presidentes en los últimos 10 años, la estabilidad se ha vuelto un ideal político casi inalcanzable, sobre todo por el papel del Congreso para destituir mandatarios y reemplazarlos con una facilidad pasmosa.

En este contexto, Chaparro afirma que la estabilidad del gobernante que salga de las elecciones dependerá en última instancia de algo tan elemental como inusual en la cultura política sudamericana: que las autoridades “piensen en el país, casi un contrafáctico”. El catedrático recuerda que el Estado se ha vuelto un botín para diferentes corruptelas, por lo que frenar la corrupción y gestionar bien el Estado son tareas de primer orden. “Lo otro, lograr acuerdos para revertir una serie de leyes dadas por el Congreso con nombre propio. La luna de miel de los últimos gobiernos ha sido muy corta porque quien llegó al gobierno tenía una primera minoría y a la prensa en contra”, señala.

Con la vista puesta en la gobernabilidad, Carlín vaticina un Parlamento fragmentado “con dinámicas nuevas porque se ha cambiado a un Congreso bicameral”, pero en el que los partidos de derecha Fuerza Popular (Fujimori) y Renovación Popular (López Aliaga) tendrían casi la mitad del Senado, lo que les otorgaría un poder dominante. “En el caso de Roberto Sánchez, tendría que hacer alianzas con más grupos y no siempre tan afines para poder gobernar y que no lo vaquen [destituyan] como ocurre en los últimos años”, predice.

Algo ya se venía cociendo en Colombia desde hace cuatro años. En mayo de 2022, un ingeniero septuagenario millonario y excéntrico llamado Rodolfo Hernández irrumpió en la primera vuelta presidencial con casi seis millones de votos y estuvo a tres puntos de alcanzar el poder. Lo llamaron el “Trump colombiano”. Pero quedó descartado por sus excesos verbales y sus enredos judiciales a pesar de haber enarbolado la lucha anticorrupción como bandera de campaña.

Muchos creyeron que era una simple anomalía. Cuatro años después, un abogado penalista de extrema derecha de 47 años y sin experiencia política llamado Abelardo De la Espriella hizo lo mismo, pero con 10 millones de apoyos y ganando la primera vuelta al favorito y candidato del oficialismo de izquierda Iván Cepeda. ¿Cómo se explica?

Más furor que ideología

Colombia no llega hasta acá sola. La izquierda sigue en el poder en México, Brasil y Uruguay, pero al mismo tiempo emerge una nueva derecha que avanza allí donde el descontento cala más hondo: Milei en Argentina, Noboa en Ecuador y Bukele en El Salvador como una franquicia de exportación. Colombia, por el momento, tardó en sumarse a esa tendencia. El progresismo gobernó los últimos cuatro años y sigue siendo una fuerza política importante, con algo más de nueve millones y medio de votos. Pero el domingo no ganó la primera vuelta, ni siquiera con el empuje del presidente.

El de De la Espriella no se trata de un fenómeno ideológico en sentido clásico. Es algo más visceral y más difuso. El politólogo Camilo Cruz lo resume así: la fractura entre quienes dependen del Estado y quienes aprendieron a prescindir de él. En Colombia, esa brecha tiene un rostro concreto: la mitad de la fuerza laboral trabaja en la economía informal, entre ellos miles de abogados, médicos o ingenieros que en otros países entrarían en la categoría de autónomos. Es decir, un segmento de profesionales independientes, ajeno a las estructuras estatales y desconfiado de su burocracia. Y, sobre todo, de sus promesas. El cuatrienio del gobierno de Petro los alejó aún más y De la Espriella supo leerlos cuando nadie más lo hacía.

El abogado siguió el guion utilizado por varios candidatos de la derecha radical desde finales de los años 80: explotar la condición de “outsider” —cercano siempre al poder, nunca dentro de él— para encarnar el hartazgo ciudadano y presentarse como el único salvador del “abismo petrista” o, en su defecto, del “comunismo hispanoamericano”. Mientras tanto, presume de su fortuna en redes sociales, mostrado sus vuelos en jet privado, su Rolls-Royce Phantom y pasa largas temoradas en sus casas de Miami, Bogorá y la campiña toscana.

El contexto regional

Hay una explicación estructural a la victoria de De la Espriella. “Colombia ha entrado en la dinámica latinoamericana”, explica la analista Nadia Pérez Guevara. “Debido a la existencia del conflicto armado interno, estuvimos un poco ajenos a las olas y a los debates regionales. Ahora no. Los temas relacionados con la violencia, la distribución de la tierra y los derechos humanos ya no son ejes prioritarios”.

Durante décadas, la guerra organizó la política colombiana. La posición frente a las guerrillas o la paz movilizaba al electorado. Cuando esa lógica empezó a disolverse, quedó libre un espacio que De la Espriella ocupó con otro lenguaje: seguridad urbana, antipolítica, informalidad y valores conservadores. El mismo idioma que Milei habla en Buenos Aires o que Trump esgrime en Washington.

Colombia entra a la dinámica latinoamericana [...] Los temas relacionados con la violencia, la distribución de la tierra y los derechos humanos ya no son ejes prioritarios

Nadia Pérez Guevara — Analista

Hundimiento del uribismo

El politólogo Yann Basset, de la Universidad del Rosario, asegura que hay cierta continuidad en la historia de hace cuatro años con la candidatura del ingeniero Rodolfo Hernández, condenado por corrupción en marzo de 2024 y fallecido en septiembre del mismo año. “En ambos casos [con Abelardo] se nota un vacío de liderazgo de la derecha tradicional en el contexto posturibista. [El expresidente Álvaro] Uribe sigue siendo una figura importante, pero ya no alcanza a ser el líder hegemónico que fue hace 20 años”.

De cualquier forma, Paloma Valencia se mantuvo leal a su mentor político, se plegó sin fisuras al expresidente y buscó atraer al electorado de centro con su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, un tecnócrata de perfil moderado. Sin embargo, la unión no cuajó: el Centro Democrático pasó de 3,2 millones de sufragios en las primarias de marzo a 1,6 millones este domingo.

¿Y ahora qué?

De la Espriella supo leer la coyuntura política. Se lanzó con un programa de apenas tres páginas y consiguió movilizar a un electorado que llevaba años esperando un discurso de extrema derecha sin complejos. Pero Basset matiza: no todo su apoyo es ideológico. “En la última semana, la gente se dejó llevar por una especie de voto útil a la derecha que terminó de hundir a Valencia. Hay mucho voto pragmático de una derecha más tradicional que se acabó volcando hacia él”. Así, el también apodado Tigre llega a la segunda vuelta del 21 de junio con una coalición más heterogénea de lo que parece. Es una fortaleza, pero también una fragilidad.

En la última semana, la gente se dejó llevar por una especie de voto útil a la derecha que terminó de hundir a Valencia. Hay mucho voto pragmático de una derecha más tradicional que se acabó volcando hacia él

Yann Basset — Politólogo de la Universidad del Rosario

Detrás de su buen resultado hay dos apoyos que los expertos apenas empiezan a cartografiar: los jóvenes conservadores de TikTok y otras redes sociales, y las iglesias evangélicas. “Son jóvenes que, por el acceso a la información vía digital, han mirado hacia la derecha y hacia principios conservadores”, explica Pérez Guevara. Este es, quizás, un matiz importante para quienes daban por hecho que todos los manifestantes que salieron a la calle durante el paro y el estallido social de 2021 estaban con la izquierda petrista. Al parecer, una parte de esa misma generación conectó con el universo global de Trump y depositó su votó por el Tigre.

El segundo bloque es aún más silencioso. “Las iglesias cristianas nunca habían logrado consolidarse como fuerza política en Colombia. Ahora sí lo hacen de manera abierta”, analiza Pérez Guevara. De hecho, el jefe de debate de la Espriella es Jaime Andrés Beltrán, pastor cristiano e hijo de uno de los líderes evangélicos más influyentes de Santander, en el noreste del país. Y el propio De la Espriella, que en otros tiempos se declaraba ateo, llegó a esta campaña rezando en público. Las estructuras eclesiásticas hicieron el resto del trabajo territorial que su movimiento Firmes por la Patria, con apenas un año en política, no podía hacer solo.

Por todo ello, Iván Cepeda llega a la segunda vuelta con una herida y una oportunidad, tras sembrar en la jornada electoral la duda sobre los resultados y rectificar al día siguiente. “No hemos encontrado en este momento evidencias sobre hechos de una dimensión o profundidad que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades”, reconoció.

La cicatriz visible es que no movilizó a su propio electorado de izquierda. “Hay un hueco de al menos un millón de votos recuperables solo en Bogotá”, señaló el domingo por la noche, durante un debate en YouTube, el politólogo Ricardo García Duarte, exrector de la Universidad Distrital. “También en el Caribe y en el Valle del Cauca, donde hace cuatro años la izquierda tuvo una votación muy considerable”. La oportunidad: parte del apoyo de De la Espriella es pragmático y puede moverse.

García Duarte advierte que para cambiar el rumbo Cepeda debe modificar su discurso. Cita un ejemplo: la izquierda no puede quedarse en la letanía de las negociaciones de paz. El experto sugiere que, tras los fallos de la política de Paz Total de Petro, debe garantizar seguridad y combinar la negociación con la coerción institucional.

La politóloga Nadia Pérez Guevara interpreta el triunfo de De la Espriella, por su parte, como un fenómeno multiclase que agrupa no solo a votantes afines a la ultraderecha, sino también a desafectos y ciudadanos cínicos frente a la política y la democracia. Media Colombia llevaba ya algunos años acumulando el descontento. Y el domingo en la noche, por primera vez, alguien lo tradujo en victoria.

El gobernador de Buenos Aires llegó a la cumbre progresista de Barcelona convencido de que “existe una internacional ultra” y de que la izquierda no puede limitarse a resistir: “Hay que plantear una propuesta para el mundo que viene”. Axel Kicillof (Buenos Aires, 1971), economista y una de las principales figuras del peronismo, habló sin rodeos sobre el fracaso del plan económico de Milei, la interferencia de Trump en las elecciones argentinas y su propia candidatura presidencial para 2027: “La tarea es mucho más grande que buscar el candidato”.

-¿Cómo describiría la situación económica y social de Argentina en este momento?

-El modelo de Milei está fracasando, se mire por donde se mire. La enorme mayoría de los argentinos lo está pasando muy mal desde hace dos años. Y la novedad no es ni la guerra, ni Trump, ni los conflictos. Es la política económica que está aplicando Milei. Hay 270.000 nuevos desempleados formales y cerraron 22.000 empresas. Son números parecidos a los que hubo en los peores momentos económicos. Y junto con esa pérdida de empleo está habiendo una precarización muy rápida de trabajos que no tienen protección ni derechos.

-El gobierno de Milei presume de que ha logrado el nivel más bajo en pobreza de los últimos siete años. ¿Es así?

-No es lo que se ve en ningún lado. Ha sido muy polémico porque han echado a las autoridades del instituto estadístico. Tiene que ver con el modo de medición, está basado en estadísticas de ingresos y salarios que no se corresponden con ninguna otra fuente. No tiene ningún rigor y no es lo que se vive en Argentina. 

-¿Qué hicieron mal los gobiernos de la izquierda argentina para que alguien como Milei pudiera alcanzar la presidencia?

-Hay un fenómeno mundial. Más allá de la experiencia nacional, hay cuestiones de época. El gobierno previo al de Milei en Argentina fue un gobierno de unidad de todos los sectores del peronismo que habíamos estado enfrentados. Hubo muchas dificultades y, sin duda, fue un gobierno que terminó decepcionando bastante por los resultados económicos. Uno le puede dar una explicación más general sobre la etapa de la economía mundial, pero también hubo disputas internas. Así que hay muchos elementos para la autocrítica. 

Milei dijo que venía a destruir el Estado desde adentro, como si fuera un topo, una persona absurda. Se presentó para manejar un Estado al que viene a destruir

-Como gobernador de Buenos Aires, que es la provincia donde reside el 40% de la población argentina, ¿qué margen de maniobra tiene frente a los recortes del Gobierno de Milei?

-Está siendo muy difícil. Hemos cumplido seis años y medio de gobierno. En la primera etapa construimos el equivalente a mil escuelas, centros de atención primaria de la salud y reequipamos muchísimos de nuestros hospitales. Pusimos centros universitarios en 80 localidades pequeñas. Hicimos muchísimo en todas las áreas, lo que explicó en parte la reelección. Luego vinieron los primeros dos años de Milei y empezó a notarse muy fuerte la ausencia de un gobierno nacional. Milei dijo que venía a destruir el Estado desde adentro, como si fuera un topo, una persona absurda. Se presentó para manejar un Estado al que viene a destruir.

-El propio Milei está reconociendo que el dato de la inflación, que ha vuelto a repuntar, es malo. 

-No está funcionando. Aplicó un plan antiinflacionario que consiste en dejar fijo el tipo de cambio. Es un tipo de cambio atrasado, que hace que sea más barato ir de vacaciones fuera que dentro del país, o que sea más barato comprar alimentos de afuera. El otro elemento es una enorme recesión: limitar los ingresos. Desde que Milei asumió el poder planteó aumentos salariales de cero con una inflación que el año pasado fue del 31%. El último número es un 3,4% de inflación mensual. 

-Como economista, ¿cuál sería su plan para la inflación? 

-A mí me tocó ser ministro de Economía en los años 2014 y 2015, durante la época de Cristina Kirchner. Y el último indicador de inflación que tuvimos en el último año fue del 23% sin una recesión. Aún es alto, pero sin una recesión profunda, sin destruir los puestos de trabajo, sin destruir salarios, salud, educación y la vida de las personas. 

La tarea es mucho más grande que buscar el candidato. Esa sería más bien la culminación de un proceso, no su inicio

-En las elecciones de septiembre de 2025 en la provincia de Buenos Aires obtuvo una victoria muy contundente que lo proyectó como líder de la oposición y como una alternativa electoral frente a Milei. Pero después llegaron los comicios legislativos nacionales de octubre y en ellos Javier Milei ganó con relativa holgura. ¿Qué lectura hace ahora de estas dos elecciones?

-En la provincia de Buenos Aires pasamos de una victoria contundente a una elección muy polarizada, con listas nacionales, no provinciales. Se perdió, pero fue prácticamente un empate. Nosotros sacamos la misma cantidad de votos y todo el que había votado a diferentes expresiones regionales o locales se acumuló en Milei. En la provincia de Buenos Aires logró aproximadamente 20.000 votos de diferencia para un padrón de más de 10 millones. Fue una diferencia muy pequeña. Pero sí, Milei a nivel nacional sacó 40 puntos. Él lo presentó como una enorme victoria y dice: ‘Ahora voy a ir a fondo’, ‘ahora me voy a llevar el mundo por delante’. Y la verdad es que con 40 puntos nacionales tampoco estaba para tal prepotencia. 

-Muchos en su espacio político le sitúan como candidato en las próximas elecciones argentinas frente a Milei. ¿Se lo está planteando?

-La provincia de Buenos Aires es la más grande y muchas veces ha tenido candidatos a presidente después de que se cumplan los dos períodos como gobernador. No es raro que vean en mí una posibilidad de candidatura presidencial. 

Hay una tarea previa a una campaña y una candidatura: la reconstrucción del campo popular, de la fuerza política. Estamos en una situación muy excepcional, en un mundo que está reconfigurando sus esquemas de poder. Cada país tiene la obligación de enfrentar ese mundo planteando cosas nuevas ante fenómenos nuevos. La tarea es mucho más grande que buscar el candidato. Esa sería más bien la culminación de un proceso, no su inicio.

Cristina Kirchner, hoy presidenta del Partido Peronista a nivel nacional, está presa injustamente cumpliendo una condena

-¿Hace falta primero una mayor unidad interna?

-Sí. Eso también tiene que ver con algo que es habitual en fuerzas políticas como la nuestra, que tienen una historia tan larga. Hemos tenido discusiones, tenemos todavía disputas y hemos hecho un gobierno con el que no hemos tenido los resultados esperados. Además, Cristina Kirchner, hoy presidenta del Partido Peronista a nivel nacional, está presa injustamente cumpliendo una condena. 

-Hablemos de la cumbre progresista que se celebró este fin de semana en Barcelona, en la que usted participó junto con muchísimos otros dirigentes y líderes de todo el mundo. ¿Qué esperaba de este encuentro?

-Fue una agenda muy, muy interesante, pero creo que fue una reacción también. Y una apuesta ante una ultraderecha que, si bien es un fenómeno nuevo, ha mostrado que conforma una red internacional coordinada, que comparte un discurso.

-¿Existe una internacional ultra?

-Sí, existe.

-Y no existe una internacional progresista.

-La ultraderecha nos pone un desafío a todos. Lo importante de estos días es no discutirlo solo como una cuestión defensiva. También qué proponemos para el mundo que viene. Lo tenemos que pensar desde Latinoamérica, y desde Europa. Y si lo podemos pensar juntos es original, novedoso y potente.

-¿Cuál es su posición frente a la guerra desatada por EEUU e Israel frente a Irán?

-Quieren resolver con guerras problemas que la guerra solo viene a agravar. Es una aberración y tiene nuestra condena, con la particularidad de que el presidente argentino por el seguidismo, por la subordinación, por ideas tontas —casi diría pereza intelectual y deseo de agradar—, nos está metiendo como país en esos conflictos. Irán ha declarado a Argentina prácticamente enemigo. Estamos en la peor de las situaciones. Hay que dar una respuesta que sea a favor de los pueblos y claramente no la guerra.

-Uno de los planes de Trump es precisamente reconstruir la hegemonía de EEUU en América Latina y ha encontrado en Milei uno de sus principales aliados. ¿Está subordinándose Argentina a Washington bajo ese eje Milei-Trump?

-Argentina ha tenido otros episodios de subordinación de gobiernos de derecha y uno clásico ha sido el de Menem durante la década de los 90, que se autodenominaron “relaciones carnales” con Estados Unidos. Esto es peor. En Naciones Unidas, por ejemplo, solo tres países hemos votado en contra de determinar a la esclavitud como la aberración más grande en términos de delitos: Israel, Estados Unidos y Argentina. Es absurdo. Quiero pedir perdón por esos votos en nombre de una mayoría de argentinos. Estamos dándole la espalda a aliados históricos con cuestiones que tienen que ver con una agenda norteamericana. Me parece aberrante y vergonzoso para la Argentina.

En las elecciones de octubre ocurrió algo que tiene que ver con Estados Unidos: intercedió con una ayuda directa cuando el Gobierno estaba zozobrando y además intervino Trump pidiendo que se votara a Milei. Es una interferencia en política interna que pocas veces se había visto. 

Vemos a Trump peleándose con el Papa. Ha traspasado ya las últimas barreras.

-Acaba de reeditar su libro ‘De Smith a Keynes siete lecciones de historia del pensamiento económico’. Milei se reivindica liberal. ¿Qué diría Adam Smith si pudiera ver las políticas de Milei?

-Prácticamente todas las escuelas de pensamiento económico le dan un papel protagónico a Adam Smith como padre de la economía moderna, menos una, que es la escuela a la que pertenece Milei: la austriaca. Los autores de la escuela austríaca no ahorran en reproches, críticas y hasta prácticamente insultos a Adam Smith. Ser austriaco es ser antiliberal en el sentido del liberalismo de Smith. Smith reconoce que hay funciones que tiene que desempeñar el Estado y que son indelegables, como la educación. O que hay un peligro en los monopolios. Adam Smith critica los monopolios y Milei los reivindica. 

-¿Qué opina de la posición y de la imagen internacional de Pedro Sánchez? En los últimos meses ha tenido bastante repercusión su oposición a Trump. 

-Por eso estoy aquí también: porque en toda Europa y en todo el planeta las posiciones a favor de la guerra y de la ultraderecha son criticadas, resistidas y combatidas. Pedro Sánchez, también por decisiones que ha tomado y posiciones que ha adoptado contra la evolución más reciente de estas políticas, creo que se ha convertido en un referente internacional. 

Por supuesto que se pueden discutir muchas cosas, pero hoy vemos a Trump peleándose con el Papa León. Ha traspasado ya las últimas barreras. Y a mí me parece muy importante que, a pesar de las amenazas y los insultos, se pongan de pie diferentes referentes internacionales a defender sus posiciones. Yo estoy acá no para tomar partido en cada una de las decisiones, sino básicamente para decir que a esta ultraderecha hay que ponerle un límite y un dique. Y no solo eso. Hay que presentarle una alternativa.

-Hemos visto este fin de semana la derrota de Orbán en Hungría, que es también la derrota de JD Vance, que lo fue a apoyar. Meloni ha perdido recientemente un referéndum muy importante en Italia, que es también su primera derrota en las urnas, en Chile ha ganado Kast... ¿En qué momento está el ciclo en el mundo, en América Latina y en Argentina?

-Históricamente había algo pendular en América Latina que hacía que en los países ganaban posturas de base popular, progresistas o de izquierda. Y luego venía la derecha. Pero ahora está la ultraderecha y las grandes transformaciones que están ocurriendo creo que hacen la cuestión bastante más compleja. Estamos en un mundo en transición de un centro hegemónico muy fuerte después de la segunda posguerra, pero particularmente desde la caída del Muro. Era una hegemonía norteamericana que tenía que ver con cuestiones de reglas del juego internacional, pero también ideológicas, que en América Latina se le conoció como el neoliberalismo o el Consenso de Washington. Hoy vemos que ese pensamiento canónico está en discusión por la propia ultraderecha. Y la ultraderecha no es globalista.

Treinta y cinco candidatos, un número récord en Latinoamérica, aspiran a la presidencia de Perú en las elecciones generales de este domingo 12 de abril, en las que se prevé una segunda vuelta para renovar el poder político en un país donde ser presidente se volvió sinónimo de ceses tempranos e incluso de acabar en la cárcel.

Las últimas encuestas autorizadas por la Ley Orgánica de Elecciones coinciden en que la derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular), hija del fallecido dictador Alberto Fujimori, se ubica a la cabeza de la intención de voto, con porcentajes que fluctúan entre el 13 y el 18%. Le siguen el comediante de centroderecha Carlos Álvarez (País para Todos) y el empresario ultraconservador Rafael López Aliaga (Renovación Popular), exalcalde de Lima, quienes se disputan el segundo lugar para aspirar a la segunda ronda del 7 de junio.

Más de 27 millones de peruanos están habilitados para votar por un presidente, dos vicepresidentes, 60 senadores, 130 diputados y 5 representantes para el Parlamento Andino. Un total de 198 autoridades se elegirán en estos comicios cuyos primeros resultados oficiales deberían conocerse en la noche de este domingo. Los datos finales están previstos para el mediodía del lunes, según la Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE).

Ocho presidentes en diez años

El ganador de las elecciones presidenciales sucederá en la presidencia a José María Balcázar, el cuarto mandatario del periodo presidencial 2021-2026 que originalmente estuvo al mando del profesor y sindicalista de izquierdas Pedro Castillo, vencedor de la segunda vuelta ante Keiko Fujimori. Sin embargo, una tentativa de autogolpe de Estado para intentar evitar una eventual destitución del mismo Congreso llevó al cese y encarcelamiento de Castillo menos de un año y medio después de haber asumido funciones.

Lo reemplazó la abogada Dina Boluarte, quien gobernó entre diciembre de 2022 y octubre de 2025 con una gran impopularidad —también fue objeto de numerosas investigaciones abiertas por la Fiscalía—. Una vez destituida por el Congreso, acusada de “permanente incapacidad moral” para gestionar la crisis de seguridad en el país, la relevó el abogado José Jerí, quien ocupó el puesto entre octubre de 2025 y febrero de 2026. Su corto mandato acabó a raíz de unos sospechosos encuentros con empresarios chinos que fueron bautizados como “chifagate”. En su reemplazo, el Congreso eligió el 18 de febrero a Balcázar, abogado y exjuez, quien debería entregar el poder al ganador del proceso electoral el 28 de julio de este año para que gobierne entre 2026 y 2031.

Sin embargo, pocos se animarían a predecir que el gobernante entrante complete su periodo de cinco años. El último presidente en cumplir plenamente su mandato fue Ollanta Humala (2011 y 2016). En el siguiente quinquenio se sucedieron cuatro mandatarios: Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Manuel Merino (2020) y Francisco Sagasti (2020-2021). El primero de ellos renunció acorralado por su implicación en el escándalo Lava Jato. El segundo fue destituido por el Congreso, acusado de sobornos durante su paso como gobernador de la región de Moquegua. El tercero apenas aguantó cinco días en la presidencia antes de renunciar por las protestas sociales en su contra. El cuarto hizo la transición en la que se organizaron nuevas elecciones y entregó el poder a Castillo.

En total, durante los últimos 10 años, Perú fue gobernado por ocho presidentes, solo dos de ellos elegidos en las urnas. De esos ocho, dos están en la cárcel. Además de Castillo, recluido desde diciembre de 2022 y recientemente condenado a 11 años y cinco meses de cárcel, Vizcarra cumple una condena en primera instancia de 14 años de prisión por cohecho pasivo. También están tras las rejas Alejandro Toledo (2001-2006), condenado a 20 años y 6 meses de reclusión por aceptar sobornos de la constructora Odebrecht, y Humala, procesado por lavado de activos y financiación ilícita de campañas electorales. 

Un caso especial es el de Kuczynski, quien cumplió arresto domiciliario y continúa bajo investigaciones. No menos particular es el caso del dos veces presidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011), quien se suicidó en 2019 cuando la policía peruana se aprestaba a detenerlo por su vinculación con el caso Odebrecht. 

El fenómeno de “captura del Estado”

Aun con estos antecedentes, que convirtieron la presidencia del Perú en un cargo de alto riesgo legal y administrativo, las elecciones de 2026 convocaron la cifra récord de 35 candidatos. 35 potenciales expresidentes antes de los cinco años.

“Existe esta visión de los partidos políticos casi como un ‘pequeño emprendimiento personal’, sin ninguna ideología cohesionadora o proyecto de país claro”, dice la politóloga y analista política Eliana Carlín, sobre la cantidad de postulantes. “En esta lógica, dentro de cada partido convergen intereses económicos que son los que movilizan a quienes se suman a estos proyectos políticos. El Estado es visto, la mayoría de las veces, como un botín”, añade. 

El investigador Hernán Chaparro apunta que las candidaturas obedecen a la necesidad de mantener cuotas de poder, ya sea desde el Ejecutivo o el Congreso. “Se usa al Estado para repartir puestos de trabajo, hacer clientelismo y negocios, pero también para copar el sistema judicial y/o legislativo y frenar los juicios o investigaciones que tienen”, dice el también catedrático del departamento de Comunicación de la Universidad Católica. “No por gusto la población considera que el principal problema del país es la corrupción”, sentencia. 

El antifujimorismo, que fue muy fuerte sobre todo en 2016, ya parece más atenuado. Es una coyuntura más favorable para ella, pero todo partido se inicia con el pitazo inicial

José Carlos Requena — analista político

La proliferación desmedida de candidaturas tiene también una explicación más estructural. Carlín se remite a la reforma legislativa de 2019, año en que cambió la disposición de inscribir un partido político con más de 700.000 firmas de adherentes. “La reforma eliminó ese requisito y lo sustituyó por un padrón de afiliados equivalente al 0,1% del padrón electoral, aproximadamente 24.000 personas”, explica. “Eso facilitó una inscripción masiva de nuevas organizaciones políticas que llegaron al proceso de 2026”.  

El analista político José Carlos Requena recuerda que la reforma contemplaba originalmente dos etapas: la flexibilización de los requisitos para inscribir partidos y la organización de elecciones primarias. “La expectativa era que esta reforma tuviera una segunda parte, las elecciones primarias, que nunca se implementaron”, dice el también socio de la consultora Público.

Complementa esta interpretación Chaparro, para quien las primarias debían servir como filtro a fin de que en la etapa final solo se presentaran ocho a 10 agrupaciones políticas. “Como los grupos que están en el Congreso sabían que iban a tener bajos niveles de votación, vieron que lo mejor era promover la fragmentación”, aduce. A este factor, el catedrático añade otros dos: “La dificultad de quienes buscan renovar la política para juntarse y construir alternativas partidarias. Primaron los egos. Y que hay quienes solo fundan un partido para luego rentar los espacios al Congreso o incluso las candidaturas presidenciales. Lo que acá llamamos partidos vientres de alquiler”.

A segunda vuelta con Keiko

Los tres analistas consultados coinciden en que la segunda vuelta electoral es inminente. También comparten que, en su cuarta postulación a la presidencia, Keiko Fujimori tiene prácticamente asegurada su participación en la votación del 7 de junio. En lo que no muestran un consenso absoluto es en las posibilidades que tendría la hija del expresidente, también encarcelado por crímenes de lesa humanidad, para salir finalmente airosa de la contienda electoral.

Chaparro cree que el “antifujimorismo” aún tiene en Perú el peso suficiente para llevar a Keiko a una nueva derrota. “El antifujimorismo es muy grande. La mayor probabilidad es que vuelva a perder”, pronostica el investigador. Carlín coincide en que esa tendencia electoral “ha demostrado ser, en el Perú contemporáneo, una fuerza electoral más cohesionada que muchas identidades partidarias positivas”. Sin embargo, aclara, “en una segunda vuelta se vuelven a tirar los dados y nada está dicho”.  

Más cauto se muestra Requena. A su entender, los resultados dependerán de la orientación que Keiko le otorgue a su campaña para el segundo turno. “El antifujimorismo, que fue muy fuerte sobre todo en 2016, ya parece más atenuado. Es una coyuntura más favorable para ella, pero todo partido se inicia con el pitido inicial”, plantea.

Los matices interpretativos entre los analistas vuelven a asomar cuando se trata de perfilar al eventual contrincante de Fujimori. Chaparro afirma sin tapujos que será Álvarez quien llegue al balotaje. Lo secunda Carlín: “Carlos Álvarez es un actor cómico con altísimo grado de conocimiento popular, masivo y transversal, que comprende al electorado, y con gran elocuencia debido a su profesión como artista escénico”. 

Requena no se juega por Álvarez ni por López Aliaga. Apunta a una tercera opción: el también exalcalde de Lima Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras), ubicado más al centro que los otros dos. “Creo que él es el que le puede presentar una competencia más complicada a Fujimori”, presume. “Es un personaje mucho más articulado en temas retóricos y, quiérase o no, transmite una imagen de renovación de la que carecen López Aliaga, que acaba de ser alcalde de Lima, o Álvarez, que tiene un par de años en campaña con un partido con sus respectivos pasivos”.

Las coincidencias reaparecen a la hora de dimensionar el papel que tendrá el Congreso peruano en el próximo periodo de gobierno en Perú. Requena cree que su elección “es algo fundamental y va a ser determinante para la estabilidad de quien sea elegido presidente”. En un contexto de “presidencialismo parlamentarizado”, el Legislativo tiene un rol trascendental, advierte Carlín a manera de vaticinar perspectivas poco alentadoras. “Según Transparencia, el 85% de los peruanos percibe al Congreso como la institución más corrupta del país. Esa desconfianza no es arbitraria: responde a escándalos de corrupción documentados en los últimos años, pero también a un patrón de abuso institucional que este Congreso ha consolidado de manera especialmente agresiva”.

Un ejemplo del “abuso” al que alude es la aprobación parlamentaria de la restitución del Senado, una propuesta a la que el 90% de los peruanos se opuso en un referéndum de 2018. Aun así, en 2024 el bicameralismo fue repuesto por los legisladores sin necesidad de otra consulta ciudadana, aprovechando un resquicio legal y el abuso de la mayoría.

Este precedente lleva a Carlín a predecir que “el clima de inestabilidad puede mantenerse considerando que ninguna bancada obtendrá mayoría en el Congreso”. Ello daría pie a que los congresistas sigan abusando de sus facultades de fiscalización, “lo cual nos ha llevado a esta deriva democrática, con apariencia de institucionalidad en la cual se tuercen marcos legales para cesar presidentes, inhabilitar políticos opositores y demás golpes a la democracia”.

El Gobierno nacional busca acelerar la discusión de una reforma electoral que incluye modificaciones en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la implementación de la Boleta Única, con la intención de que el tema pueda tratarse en el Congreso antes de mitad de año.

La Casa Rosada apunta a avanzar en estos cambios durante 2026, un año sin elecciones nacionales, para evitar interferencias en el calendario electoral y lograr consensos políticos más amplios.

En ese marco, uno de los principales puntos en debate es el futuro de las PASO. El oficialismo evalúa distintas alternativas que van desde su modificación hasta una eventual eliminación, aunque reconoce que cualquier cambio requerirá acuerdos con sectores de la oposición para avanzar en el Congreso.

La estrategia del Gobierno es abrir una instancia de negociación con gobernadores y bloques legislativos para definir un esquema que permita reducir costos del sistema electoral y simplificar el proceso de votación, en un contexto donde las primarias vienen siendo cuestionadas por distintos espacios políticos.

En paralelo, el Ejecutivo impulsa la implementación de la Boleta Única de Papel a nivel nacional, una iniciativa que ya cuenta con antecedentes en algunas provincias y que busca reemplazar el sistema actual de boletas partidarias.

La propuesta apunta a mejorar la transparencia del proceso electoral y evitar irregularidades vinculadas a la provisión de boletas.

La reforma es parte de una agenda institucional más amplia que el Gobierno pretende instalar en el Congreso en los próximos meses, en medio de un escenario de negociaciones políticas donde el oficialismo busca construir consensos para avanzar en cambios estructurales del sistema electoral argentino.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

Un 24 de febrero de 1946, hace ochenta años, se celebraron las elecciones por las que Perón –dos años antes un perfecto desconocido– se convertiría en presidente de la República. Fue uno de los comicios más democráticos que tuvo nuestro país (masculinos, aclaremos, porque a las mujeres todavía no les era permitido votar). No sólo porque fueron transparentes, sino porque en ellos la población tuvo la oportunidad de decidir realmente sobre los rumbos del país, algo que no siempre sucede al votar. 

La Argentina venía de una brevísima experiencia democrática: las primeras elecciones limpias habían sido en 1916, y como en esa y las dos siguientes los electores dieron la victoria a los radicales, que no eran del agrado de las clases altas, el golpe de Estado de 1930 instauró una dictadura filofascista que pronto abrió el camino, fraude mediante, para el regreso de la derecha liberal-conservadora. Perón había surgido de entre los funcionarios de la segunda dictadura militar iniciada en 1943, también de orientación derechista, pero enemiga de los liberal-conservadores que ocupaban entonces la Casa Rosada.   

La historia previa a su llegada al poder es conocida. En su paso por la Secretaría de Trabajo y Previsión (STP), Perón había promovido varias medidas que superaban las conquistas que el movimiento obrero había obtenido hasta entonces. Lo que venía generando entusiasmo no eran tanto los aumentos salariales como una gama de nuevos e inéditos beneficios y derechos laborales. En su breve gestión, Perón había ido asumiendo una actitud más amistosa para con los sindicatos. Los hostigamientos iniciales pronto terminaron (excepto para los comunistas, a quienes se siguió persiguiendo sin tregua). Se invitó a cada uno a enviar asesores que trabajaran de manera permanente en la STP, colaborando en la confección de las nuevas medidas y presentando denuncias de abusos patronales.

La acción decidida de Perón se tradujo asimismo en la expansión de beneficios jubilatorios, mejores indemnizaciones por accidentes de trabajo, aguinaldos, más cantidad de días de vacaciones pagas y nuevas cláusulas de defensa de la estabilidad para varios gremios. Por otra parte, se dispuso la creación de un nuevo fuero judicial, con tribunales del trabajo a cargo de jueces especialmente dedicados a proteger los derechos de los trabajadores. Pero acaso la medida más importante fue el decreto que reglamentaba y extendía las negociaciones de convenios colectivos por rama de actividad. Este tipo de convenios había beneficiado hasta entonces a pocos gremios y tenía alcances limitados. La nueva disposición hizo obligatoria la mediación del Estado en caso de conflictos; los convenios firmados serían en adelante de cumplimiento forzoso y se dotó a la STP poderes de policía para garantizarlo. La Ley de Asociaciones Profesionales de octubre de 1945, que convirtió ese decreto en norma firme, otorgó también a los trabajadores amplios derechos de sindicalización, incluyendo la protección de los delegados y afiliados contra cualquier represalia de la patronal. 

Las conquistas de estos meses irritaron profundamente a los empresarios, no tanto porque los obligaran a pagar mejores salarios, sino por los cambios que ocasionaban en el trato cotidiano con su mano de obra. Por todas partes tuvieron que lidiar con delegados gremiales y abogados sindicales que se les plantaban de igual a igual. Los trabajadores sentían que ahora existía una voluntad superior, por encima de la de sus patrones, que velaba por sus intereses. Naturalmente, esto afectó la disciplina laboral, a medida que el temor y la sumisión fueron dando lugar a una actitud más orgullosa, incluso altanera, por parte de peones, empleados y obreros. Los empresarios y estancieros no podían soportar este desafío a las jerarquías tradicionales, y eso fue alimentando durante 1945 una formidable reacción antiperonista. Las protestas de las principales entidades patronales por el “clima de indisciplina” se hicieron públicas y muy pronto los trabajadores percibieron el peligro de una reacción. No había dudas de que, si caía Perón, los intereses del capital intentarían desandar el camino de las conquistas obreras. De hecho, la reacción se hizo visible apenas se produjo la renuncia del coronel a sus cargos, cuando la Corte Suprema anuló el decreto de creación de los tribunales del trabajo por “inconstitucional”. Incluso después del regreso triunfal de Perón, los empresarios se negaron a pagar los nuevos aguinaldos y realizaron un lock out contra el gobierno. 

Para comienzos de octubre de 1945 el escenario de lucha de clases estaba planteado con total claridad. Las entidades patronales, con ayuda de la embajada estadounidense, habían conseguido poner en marcha un gigantesco movimiento de oposición en el que consiguieron aglutinar a todos los partidos políticos. Jaqueado, el gobierno militar finalmente entregó la cabeza de Perón y se preparó para traspasar rápidamente el poder a la Corte Suprema. La reacción patronal estaba unificada y en marcha. 

Frente a ese escenario ¿Qué hacer? Era fundamental para los trabajadores adoptar una línea de acción sin pérdida de tiempo. Pero ¿cuál? Perón no era parte del movimiento obrero y muchos sindicalistas lo veían con desconfianza. Si por un lado sus medidas venían beneficiando a los obreros, su uniforme militar y su perfil ideológico generaba resquemores. La célebre movilización del 17 de octubre de 1945 respondió esa pregunta: los trabajadores apostaron por Perón como modo de defenderse de la reacción patronal en marcha. 

Apenas terminada esa gesta, los dirigentes sindicales concibieron el proyecto de crear un partido propio que fuera el brazo político del movimiento obrero. Sin demoras pusieron manos a la obra, y en noviembre más de 200 delegados sindicales llegados de todo el país fundaron el Partido Laborista (PL), presidido por Luis Gay, dirigente telefónico de larga trayectoria. La nueva agrupación se concebía como una fuerza de centroizquierda reformista y aspiraba a atraer no sólo a los trabajadores sino también a los sectores medios progresistas. La idea era llegar al poder en las elecciones previstas para febrero, llevando a Perón como candidato. 

Si quería ganar la elección, Perón, que carecía de un partido propio, necesitaba contar con el apoyo decisivo de los sindicatos. Pero no quería quedar atado de pies y manos a ellos. Desde muy temprano se notaron los síntomas de tensión que esta situación provocaba entre los aliados. En verdad, los tironeos venían de mucho antes. Desde 1944 todos los sindicalistas se vieron, en mayor o menor medida, en la necesidad de hacer malabares para mantener su autonomía aprovechando al mismo tiempo las ventajas que ofrecía Perón, que venían a cambio de gestos de apoyo. Una negativa total podía traer consecuencias dramáticas, como pronto aprendieron los comunistas. Para quitarlos de en medio el coronel había creado o ayudado a afianzar sindicatos rivales, para canalizar los nuevos beneficios a través de ellos, desacreditando de ese modo a los gremialistas opositores. Este tipo de maniobras inquietaba no sólo a los comunistas, sino también a los gremialistas moderados, que temían caer víctimas de ellas. Pero los eventos de octubre parecían haber dado vuelta la relación de fuerzas: ahora era Perón el que temía por su autonomía. Para no quedar preso de los dirigentes del PL, exigió que aceptaran una alianza con la UCR-Junta Renovadora, un pequeño grupo de políticos escindido del radicalismo. Los conflictos entre ambas agrupaciones no tardaron en aparecer, lo que dio mayor autoridad a Perón como mediador indispensable. 

El PL puso toda su energía en asegurar la victoria en las elecciones y de hecho fue el que consiguió por lejos la mayor cantidad de votos para el coronel. Las fuerzas antiperonistas se habían unificado tras los candidatos de la Unión Democrática, una coalición que agrupaba no sólo a la UCR y los demócrataprogresistas, sino también al socialismo y el Partido Comunista, que creían ver en Perón una amenaza “nazifascista”. La campaña estuvo marcada por una gran polarización y una intensa lucha social. Las manifestaciones y militantes peronistas recibieron frecuentes balaceras. Por su parte, en su recorrida por el interior el “Tren de la Victoria” de los antiperonistas fue constantemente apedreado. Fueron elecciones realmente vibrantes.

En febrero de 1946 Perón logró una ajustada victoria, con una diferencia importante en algunos sitios y menos categórica en otros, pero aun así triunfó en la gran mayoría, incluso en la Capital. Las elecciones fueron récord en participación de votantes. Lo votaron no sólo las clases populares sino incluso una porción importante de empleados, pequeños productores y otros sectores medios-bajos. Incluso algunas élites locales lo acompañaron (especialmente en Córdoba y Santa Fe), atraídas por su nacionalismo, por su clericalismo o por haberse declarado “un conservador, en el noble sentido de la palabra”. 

Los laboristas tuvieron poco tiempo para festejar la victoria: a poco de las elecciones Perón inició maniobras para quitarles todo poder autónomo. Para erigirse como líder indiscutido del movimiento tenía que contar con un aparato político propio. En mayo ordenó la disolución del PL y del resto de las agrupaciones que lo habían apoyado y su fusión en un nuevo Partido Único de la Revolución Nacional, luego redenominado simplemente Partido Peronista, como para que no quedaran dudas. Algunos laboristas, sorprendidos, intentaron resistir. Pero las presiones y la fuga de dirigentes los fueron haciendo desistir y en junio finalmente acataron la directiva. Los que se negaron a hacerlo, como Cipriano Reyes –quien como referente del gremio de la carne había tenido un papel crucial para movilizar a los trabajadores el 17 de octubre–, terminarían presos. Así terminó el primer y hasta ahora último intento del movimiento obrero argentino de incursionar en política con un partido propio.

Así y todo, la apuesta que entonces hicieron los trabajadores les permitió defender los derechos laborales conseguidos y sostenerlos durante décadas. Desde entonces las clases altas quisieron eliminarlos por todos los medios, por las buenas o por las malas. Avanzaron con retrocesos desde la última dictadura –contando no pocas veces con la ayuda de sectores del peronismo– hasta que encontraron en Milei el vehículo efectivo.

La historia de las elecciones de 1946 es rica en enseñanzas. De lo que la autonomía política de los trabajadores puede lograr. Y de la fragilidad de esos logros cuando se sostienen en liderazgos que no salen de su seno.

EA/MC

Chile elige este domingo a un nuevo presidente en un balotaje que enfrentará a la izquierdista, Jeannette Jara, con el ultraderechista, fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Militante del Partido Comunista y apoyada por el oficialismo encabezado por el presidente Gabriel Boric, Jara enfrenta al opositor fundador del Partido Republicano y reputado como el hijo de un integrante del partido nazi en Alemania.

Ambos candidatos -que compiten para el periodo 2026-2030- no son parte de los partidos del centro político tradicional chileno que gobernaron la nación austral en las últimas dos décadas.

Según los sondeos de opinión, José Antonio Kast, quien se postula por tercera vez a la presidencia, se quedaría con el máximo puesto del Ejecutivo una vez que se conozcan los resultados.

Son casi 16 millones de personas las que fueron habilitadas para participar en el primer comicio presidencial chileno con carácter obligatorio que definirá al nuevo mandatario.

Jannette Jara ganó por estrecho margen en primera vuelta

El 16 de noviembre pasado Jeannette Jara, con 26,8 % de los votos, y José Antonio Kast, con 23,9 % de las preferencias, avanzaron al balotaje presidencial que se realizará este domingo.

José Antonio Kast cerró su campaña en la ciudad de Temuco, ubicada a unos 670 kilómetros al sur de Santiago y capital de la región de La Araucanía, en un acto en el que volvió a hablar protegido por un vidrio antibalas.

El republicano había lanzado su campaña allí mismo, convirtiendo a la localidad en uno de sus bastiones electorales, en sintonía con su discurso de mano dura ante el conflicto mapuche que se vive en la región.

Durante su discurso, el candidato republicano enfocó sus críticas hacia el gobierno de Gabriel Boric: “Lo más increíble es que este Gobierno lo tuvo todo para hacer las cosas bien; no le faltó nada, no tuvo pandemia, no tuvo estallido, prometió solucionar todo”.

Jeannette Jara, en tanto, celebró su último acto en la ciudad de Coquimbo, en el denominado Norte Chico chileno.

Tras repasar algunos de sus logros como ministra de Trabajo de Gabriel Boric —como el aumento del salario mínimo o la reducción de la jornada laboral—, la candidata prometió “medidas concretas” para combatir la inseguridad y garantizar mejoras económicas para que los chilenos puedan “llegar a fin de mes”.

Los actos de Temuco y Coquimbo fueron el cierre de una semana que había comenzado con el debate organizado por la Asociación Nacional de Televisión de Chile (Anatel), el último cara a cara entre los aspirantes al Palacio de La Moneda antes de las elecciones.

Tal como sucedió en algunas instancias anteriores, el cruce entre los candidatos estuvo marcado por la insistencia de Jeannette Jara para que José Antonio Kast explicara alguna de sus medidas más controvertidas, como la expulsión de 300.000 migrantes irregulares o un ajuste de 6.000 millones de dólares.

Así fue el camino al balotaje

El camino a la segunda vuelta estuvo marcado por el protagonismo de Franco Parisi, candidato por el Partido de la Gente que, sorpresivamente, se ubicó en el tercer lugar de las preferencias durante la primera vuelta, con el 19,71% de los votos.

El resultado permitió al candidato, y a sus más de 2,5 millones de votantes estar en el centro del debate político.

A diferencia del apoyo instantáneo que los candidatos Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) y Evelyn Matthei (Chile Grande y Unido), Parisi evitó un alineamiento automático con José Antonio Kast e identificó a su partido como “ni facho ni comunacho”.

Además, convocó a sus votantes a decidir, a través de una consulta en internet, qué posición adoptar, logrando que el 78% de los participantes se volcara hacia el voto blanco o nulo.

El politólogo chileno Rodrigo Karmy (consultado por el sitio Sputnik News) opinó que, lejos de prestar sus votos a Jeannette Jara o José Antonio Kast, Parisi logró instalarse como una suerte de “tercer participante en el balotaje”.

Otros dos candidatos, Johannes Kaiser y Evelyn Matthei, aseguraron su respaldo a Kast desde el día de la primera vuelta, pero los indecisos, los que no votaron en primera vuelta y el electorado volátil de Parisi, serán quienes inclinen la balanza, según opinó recientemente en la Argentina el profesor de la UBA José Antonio Cárcamo, oriundo de Chile.

El voto de los chilenos en la Argentina

La comunidad chilena residente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá votar el próximo domingo para elegir a su próximo presidente en una escuela de Retiro.

Para estos comicios en el país trasandino, el Gobierno porteño montará en Buenos Aires un operativo especial del que participarán los ministerios de Justicia, Seguridad y Educación, además de ofrecer infraestructura.

Entonces, la Ciudad abrirá la Escuela Primaria N° 6 en Basavilbaso 1295, esquina Juncal, en Retiro, para que los ciudadanos chilenos puedan votar entre las 8 y las 12, con una docena de mesas habilitadas.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

La ciudad de Tegucigalpa, capital de Honduras, creció de manera desordenada a lo largo del siglo XX. A medida que su población se multiplicaba, la capital fue expandiéndose sobre las lomas y cerros que la rodean. En las faldas del imponente monte Picacho fueron apareciendo pequeñas viviendas, levantadas en pendientes abruptas con materiales modestos y colores vivos. En estos barrios populares, Libertad y Refundación (Libre) —el partido que la izquierda hondureña fundó tras el golpe de Estado de 2009— forjó los enclaves electorales que le abrirían el camino hacia la presidencia en 2021.

Cuatro años después, la candidatura de Rixi Moncada —cofundadora del partido y exministra de Defensa del actual gobierno de Xiomara Castro— quedó reducida al 19,3% de los votos. Una cifra que deja en “shock” a una militancia que confiaba en una victoria de la que han quedado a 20 puntos de diferencia. Libre exigió la “nulidad total” de las elecciones al considerar que se celebraron bajo la “injerencia” y “coacción”, pero los resultados preliminares llevaron a la organización a un debate interno para entender qué pudo fallar.

En el barrio alto de Buenos Aires —bastión donde Libre arrasó en los comicios anteriores— el apoyo al partido se desvaneció, quedando superado por los candidatos de la derecha bipartidista: Salvador Nasrrala (Partido Liberal) obtuvo un 36,2% del voto en esta zona popular; por detrás, Nasry Asfura (Partido Nacional) recabó un 35,5%, y en tercer lugar Rixi Moncada obtuvo un 26,1%. Siete puntos por encima del resultado nacional, pero muy lejos de los resultados de 2021.

“Se supone que este barrio era nuestro, pero bien pronto empezó el recuento y vimos que no”, resume con resignación Jennifer Berrío, vecina del barrio y militante del hasta ahora partido en el Gobierno. “Teníamos muchas expectativas; se prometieron demasiadas cosas que no se pudieron cumplir”, aseguró esta vendedora de ropa de 38 años. “Se nos volteó la gente”.

La llegada de Libre al poder generó una ola de esperanza tras el golpe el Estado de 2009 y 12 años ininterrumpidos de gobierno conservador. “Mucha gente tenía expectativas que no se podían cumplir en tan poco tiempo y en un país convulsionado”, dijo Pedro Cáceres, jubilado de 78 años. “Yo no me explico por qué Libre supuestamente perdió la elección”, agregó, con resignación.

“Nos faltó tiempo”, explicó José Gómez, mecánico de 73 años. “No se pueden ver los resultados de este Gobierno porque, después de 12 años de dictadura, este era un gobierno de transición”, aseguró. “Cambiar un país es un proceso muy largo y no se ha podido cumplir todo lo que la gente quería”, razonó. “El país venía de un problema de gasto social nulo y de un gobierno de un condenado por narcotráfico”, dijo, en referencia al expresidente Juan Orlando Hernández (JOH), sentenciado en Estados Unidos a 45 años de prisión por narcotráfico e indultado por Donald Trump.

El “voto del miedo”

En el comedor Leiba, el número 47 del capitalino Mercado de Dolores, Pedro Cáceres, Jennifer Berrio y José Gómez discuten acaloradamente con otros dos vecinos de la capital. “¿Mano, pero es que no ves lo que pasa en Venezuela?”, replicó uno, elevando la voz. “No queremos ñángaras aquí —término hondureño para referirse a los comunistas—, solo traen pobreza y miseria”, gritó otro mientras se pone de pie y deja sobre el mostrador su plato de arroz, frijoles, huevo y banano. Gómez negó en silencio con la cabeza, se llevó el teléfono a la oreja y subió el volumen. Sonaba AC/DC.

Otro factor clave en la derrota de Libre fue el llamado “voto del miedo”, alimentado por una campaña especialmente polarizante en la que los candidatos de la oposición acusaban al Gobierno de querer convertir el país “en una dictadura comunista”. El propio presidente estadounidense irrumpió en la recta final. “¿Maduro y sus narcoterroristas se apoderarán de otro país?”, se preguntó Trump, advirtiendo de que Estados Unidos no “malgastaría su dinero” en Honduras si Rixi Moncada resultaba elegida.

“Ya estás con Venezuela otra vez, ¿no estamos hablando de Honduras?”, respondió Pedro Cáceres, frunciendo el ceño. “Yo no soy comunista, por ejemplo; más bien soy trabajadora”, replicó Jennifer Berrío. “Se nos asocia mucho, y yo creo que sí hubo gente que votó con miedo”, dijo la vendedora.

Libre se autodefine como un partido de “socialismo democrático” y, si bien restableció relaciones con Venezuela durante el actual Gobierno, sus principales propuestas de campaña estaban centradas en “democratizar la economía”, con medidas como una nueva ley tributaria para gravar a las grandes fortunas.

Las advertencias de Donald Trump pesan con especial fuerza en Centroamérica, una región donde la cercanía geográfica con Estados Unidos y la profunda dependencia económica vuelven a estos países particularmente vulnerables a cualquier gesto o amenaza procedente de Washington. En EEUU residen más de dos millones de hondureños, muchos de ellos en situación irregular. Las remesas representan cerca del 25% del PIB nacional y la enorme mayoría proceden del país norteamericano. La posibilidad de que se intensifiquen las deportaciones masivas o disminuyan las inversiones estadounidenses parece haber sido un factor decisivo para muchos votantes.

Pese a que durante el Gobierno de Xiomara Castro la economía hondureña creció por encima del 3,5% anual, según datos del Banco Mundial, y la pobreza se redujo en 15 puntos —volviendo a niveles prepandemia—, ese avance macroeconómico no se tradujo con la intensidad deseada en las capas populares. Honduras sigue siendo uno de los 25 países más desiguales del mundo, de acuerdo con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

Hemos tenido cuatro años de contranarrativa que, al mismo tiempo que invisibilizaba nuestro trabajo, nos demonizaba

Un cargo medio de Libre

“El trabajo sigue siendo un problema, no estamos, pero ¿cuándo hemos estado bien? Siempre hemos sido”, replicó Pedro Cáceres con gesto tranquilo a uno de los dos acalorados votantes de la oposición con los que discutía en el mercado. “Ha sido un voto de castigo sí. Es verdad que no está bien la situación laboral, pero porque la economía está colapsada de gobiernos pasados”, agregó José Gómez. 

Iglesia y televisión

“Los hondureños somos muy influenciables; tenemos mala formación política y espiritual”, aseguró Cáceres. Para este votante de Libre desde su fundación, los medios de comunicación y la Iglesia desempeñaron un papel clave en las elecciones del 30 de noviembre. “La mayoría de los medios están en manos de la empresa privada, como en todo el mundo, pero aquí es todavía más intenso”, señaló.

Fuentes de Libre que prefieren no identificarse públicamente hasta que concluya el debate interno señalaron a elDiario.es que la gestión de la comunicación fue uno de los principales lastres del gobierno. “Hemos tenido cuatro años de contranarrativa que, al mismo tiempo que invisibilizaba nuestro trabajo, nos demonizaba”, afirmó un cargo medio de la formación. “Pero tampoco reaccionamos a tiempo: no teníamos medios alternativos para contrarrestar ese relato. Enciendes la televisión y encuentras ocho canales hablando mal del Gobierno y apenas dos mostrando nuestro trabajo”. Desde el partido añadieron que esta brecha con los medios tradicionales se profundizó después de que, durante el primer año de Ejecutivo de Xiomara Castro, se redujera la publicidad institucional. “Nos faltó comunicación, explicar lo que se ha hecho”, apostilló el mecánico capitalino Gómez.

Las redes sociales también jugaron un papel determinante. “Llevamos años viendo cómo tiktokers de extrema derecha lanzan puro odio, y nosotros recién empezamos a generar contenido allá”, explicó. En Honduras, la edad media de la población es de 25,7 años: un país joven donde las redes sociales se convirtieron en uno de los principales espacios de consumo informativo.

Se cree que la religión también jugó un papel relevante en estas elecciones. Con la llegada de Libre al poder, varias congregaciones religiosas —católicas y evangélicas— comenzaron a movilizarse contra iniciativas como la reforma educativa, convocando a una “Marcha por la familia y los valores” frente a la “ideología de género”. Las tensiones entre el Gobierno de Libre y las iglesias de Honduras escalaron visiblemente cuando la Conferencia Episcopal de Honduras (CEH) y la Confraternidad Evangélica de Honduras convocaron una “caminata por la paz y la democracia” para el 16 de agosto de 2025, una movilización religiosa que muchos sectores críticos interpretaron como una señal de alineamiento con la oposición. Durante la movilización fueron visibles consignas “contra el comunismo” y lemas contrarios al Gobierno. 

Esta dinámica se multiplicó en la recta final de la campaña, donde algunos pastores evangélicos convocaron vigilias por la democracia y llamaron al voto por la oposición durante sus rezos. Este posicionamiento religioso cobró peso en un contexto donde la mayoría de la población hondureña se declara cristiana. Según datos recientes, casi la mitad de los hondureños se identifican como evangélicos, mientras que aproximadamente un tercio se autodefine como católico. 

Autocrítica

El pasado 9 de marzo se celebraron las elecciones primarias para definir a los candidatos presidenciales de cada partido. En Libre, la oficialista Rixi Moncada —respaldada por la corriente interna M-28J, a la que pertenecen la presidenta Xiomara Castro y el expresidente Manuel Zelaya— obtuvo más de 674.000 votos, mientras que su rival, el diputado Rasel Tomé, consiguió alrededor de 53.000. En total, más de 720.000 sufragios emitidos en la interna del partido.

Libre va a resurgir como el ave Fénix

Pedro Cáceres — Jubilado

La cifra contrasta con los 520.000 votos que el CNE otorga a Moncada con el 85% de las actas escrutadas. Un retroceso que alimenta las teorías de fraude que la dirigencia de Libre sigue sosteniendo. Más allá de las irregularidades que el proceso pueda haber registrado, fuentes internas admitieron que el partido debe “trabajar para mejorar la democracia interna”. “Fallamos en integrar a otras corrientes en las listas de diputados y alcaldes”, reconocen. “Se privilegió a personas afines por encima de cuadros con mayor conexión con la base, y eso no puede volver a repetirse”, admitió un miembro de la formación.

En la misma dirección apuntó Berrio. “Hay que pedir responsabilidades, hay gente que no es adecuada para su puesto”, sostuvo esta vecina del barrio de Buenos Aires. “Espero que den un paso atrás y se revise lo que no se hizo bien”, dijo. “Yo vengo ahorita de la reunión del partido y eso es lo que estábamos pidiendo”. 

Pese a que militancia y dirigencia siguen procesando la derrota electoral, se confiesan confiados en poder recuperar el terreno perdido. “Venimos de la calle, de un golpe de Estado y de represión. Ahorita toca ser autocríticos y reorganizarse”, aseguró Cáceres. “Libre va a resurgir como el ave Fénix”, afirmó sonriendo con rostro sereno. Y señaló que la falta de mayorías parlamentarias va a ser un escenario para visibilizar la propuesta política del partido. “Hay que aprovechar la división en el Congreso para mostrar nuestro programa”.

Gómez es incluso más optimista: “En ocho años estamos gobernando”. La derrota no le desmoraliza y no piensa abandonar el partido. “Yo voy a continuar en Libre, el bipartidismo se ha repartido el país durante 130 años con cinco golpes de Estado”.

La noche ya cayó sobre Tegucigalpa y el comedor Leiba es uno de los últimos que permanecen abiertos en el silencioso Mercado de Dolores. Las voces de la discusión se amplifican en los pasillos vacíos, rebotando entre los puestos cerrados. Solo el rock que brota del teléfono de José Gómez cortó, por momentos, la acalorada conversación. “Ponme una baleada [plato insignia de la cocina hondureña] y un café para cenar”, pidió Cáceres a la dueña del negocio. “Mañana seguimos”, aseguró, despidiéndose de sus contertulios antes de encarar las cuestas que conducen a los barrios altos de Tegucigalpa.

Este domingo, Chile va a las urnas para elegir al sucesor de Gabriel Boric. La ciudadanía chilena incluida en un un padrón de 15.770.000 personas votará por uno de los ocho candidatos a presidente de la nación.

Las encuestas indican que existe polarización y marcan de antemano que la candidata del oficialismo, Jeanette Jara, pasaría a una segunda vuelta con alguno de sus contrincantes, ya que parte con una expectativa de sumar el 30% de los votos.

Ese número no le alcanza para lograr la victoria, debido a que en Chile se necesita un 50% para ganar en la primera vuelta.

En segundo lugar, se posiciona el insistente exdiputado de ultraderecha José Antonio Kast, por lo que ambos pasarían a una segunda vuelta.

Otros candidatos que podrían arrimar son diferentes exponentes de la derecha, como Evelyn Mathei o Johannes Kaiser, un libertario descendiente de alemanes que rompió con Kast, otro político con reminisencias germanas, hijo de un un militante del partido nazi teutón.

La a seguridad, la criminalidad y el narcotráfico son las preocupaciones de los ciudadanos chilenos y por lo tanto, los temas principales de campaña, reportaron distintos medios informativos internacionales.

“En mi Gobierno habrá mayor seguridad en los barrios. Además, vamos a tirar del hilo donde más les duele (a los delincuentes): la ruta del dinero sucio”, declaró Jara en campaña.

También prometió que cada familia chilena “llegue tranquila a fin de mes”, en materia económica.

Mientras que Kast, que va por “la tercera y la vencida” oportunidad, promete “el cambio”, el otro descendiente de alemanes, Johannes Kaiser Barents-von Hohenhagen, libertario, sorprendió con la propuesta de generar expulsiones y operativos con paso previo por “campos de reconducción o campamento muy cerca de la frontera con Bolivia”, de acuerdo con un reporte de la agencia de noticias Xinhua.

Ese hombre anticipó que incluso busca hablar con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para enviar presos a la megacárcel del país centroamericano.

Franco Parisi, del Partido de la Gente (una alternativa populista/antisistema) y Marco Enríquez-Ominami (ME-O), que va como independiente en su quinta carrera por el Poder Ejecutivo, son otros candidatos, según el informe de Newsweek Argentina.

Harold Mayne-Nicholls, ex dirigente deportivo, se presenta como independiente con un discurso moderado y Eduardo Artés, una opción de izquierda más radical, que ya compitió en otras elecciones, suman en la grilla.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

El vínculo entre José Luis Espert y el espacio de Mauricio Macri quedó retratado en el libro No va más — La Argentina que destruyeron (Penguin Random House, 2020), que el excandidato del Frente Despertar publicó junto a Luis Rosales, su compañero de fórmula en 2019.

La obra fue escrita durante el primer año de la pandemia, meses después de que Espert recibiera la transferencia de US$200.000 de parte de Federico “Fred” Machado constatada en el expediente judicial de Texas, y mientras aguardaba completar el contrato. Por entonces, Machado estaba bajo el foco de los fiscales estadounidenses sospechado de narcotráfico, pero todavía sin pedido de captura. Su nombre estaba fuera del radar de Argentina.

El texto combina memorias e ideas de Espert y Rosales con preguntas y respuestas que se formulan entre ellos. El objetivo queda explicitado de entrada. Los autores ponen el acento en casos emblemáticos de presunta corrupción de la familia Macri, critican sin paliativos a dirigentes del PRO y a otros exponentes liberales y conservadores, y brindan detalles sórdidos sobre cómo Juntos por el Cambio intentó —según su versión— destruir la candidatura del Frente Despertar, mediante aprietes, sobornos y campaña sucia.  

Espert y Rosales se atribuyen el papel protagónico de una travesía griega. Cuando Espert pergeñó la postulación presidencial, lo primero que preguntó quien sería su compañero de fórmula fue si “tenía algún muerto en el placard”. “No tengo problemas, que abran el placard. Vayan y vean lo que tengo guardado”, respondió el economista. “Asumiste el riesgo. Fue una audaz revelación de tu personalidad”, reflexiona Rosales en la página 32.

Según Espert, quien lo impulsó a emprender la candidatura presidencial en el trimestre final de 2018 fue el empresario periodístico Daniel Hadad, propietario de Infobae. El dato sintoniza con otro que se conoció recién este año. En febrero de 2019, Machado acudiría a través de un intermediario a Pablo Deluca, director de relaciones institucionales de Infobae, para que le presentara al economista tras escucharlo en el programa de Alejandro Fantino.

A partir del anuncio de la postulación, el Gobierno de Macri desató una cacería con el fin de evitar una competencia que dividiera el voto de la derecha, cuentan Espert y Rosales en el libro publicado hace cinco años.

Rosales denuncia directamente un intento de soborno, apenas maquillado. “Hubo un particular interés del Gobierno para que renunciáramos a la candidatura. Ya sin disimulo enviaron emisarios, presidentes de fundaciones liberales, presidentes de think tanks con edulcoradas (itálica del original) propuestas. El hilo conductor fue el mismo en todos los casos: que no participáramos de las elecciones para que Mauricio Macri tuviera más chances de ser reelecto”.

Unas páginas más adelante, Espert narra que Federico Salvai, entonces jefe de Gabinete de María Eugenia Vidal, fue el encargado de “sacarnos del juego” en la provincia de Buenos Aires, con el mismo fin: eliminar a un competidor por derecha. “El plan de Salvai se cumplió tal cual lo había vaticinado nuestra fuente”, concluye Espert. El libro narra cómo Juntos por el Cambio habría fraguado la inscripción de candidaturas provinciales del Frente Despertar. De hecho, la autoridad electoral de la provincia de Buenos Aires detectó múltiples irregularidades en las listas y el frente de Espert debió retirar las postulaciones en el tramo de gobernador y legisladores provinciales.

“Todo tiene precio”

La dupla detalla otra presunta operación clave del Gobierno de Macri a través de Alberto Asseff, histórico titular del Partido Nacional Constitucionalista-UNIR.

Explican los autores: 'En el Sistema, todo tiene precio. Tiempo después se dijo en versiones no confirmadas que el pase de Asseff a Juntos por el Cambio habría ‘costado’ US$500.000, de los cuales sólo habría cobrado la mitad'   

Espert hizo un pacto con esa formación en marzo de 2019, en la misma semana en que estableció los primeros contactos con Machado. El “alquiler” del sello de Asseff —así lo mencionan en el libro— serviría como estructura legal con la que se presentaría el Frente Despertar.

Entre varias descalificaciones al dirigente nacionalista, escribió Espert. “En ese bazar persa me encontré con camellos de cuatro jorobas, dinosaurios vivos y serpientes que hablaban. Uno de esos animales exóticos fue Alberto Asseff”.  

Pese a la desconfianza que Espert manifiesta haber sentido de entrada por este veterano político, el acuerdo con el PNC-UNIR fue ineludible dado que el Gobierno de Macri le bloqueaba cualquier otra alternativa más razonable en el mundo liberal-conservador, como la histórica UCeDé, a la vez que le birlaba nombres que sospechosamente cambiaban de camiseta, entre los que los autores citan a Darío Lopérfido y a Yamil Santoro.

Ocurrió que Asseff retiró el soporte del PNC-UNIR a Espert y Rosales el 21 de junio de 2019, apenas 24 horas antes de la inscripción de candidaturas presidenciales ante la Justicia Electoral. Con escaso margen de reemplazo, la movida podía resultar letal para el objetivo de anotar una postulación a la derecha de Macri. En el acto, sin disimular el motor de su brusco giro, Asseff acordó su candidatura a diputado nacional en el puesto once por la lista de Juntos por el Cambio en la Provincia de Buenos Aires. El paso se consagró con una foto del nacionalista conservador junto a Cristian Ritondo y Miguel Ángel Pichetto. 

Explican los autores: “En el Sistema, todo tiene precio. Tiempo después se dijo en versiones no confirmadas que el pase de Asseff a Juntos por el Cambio habría ‘costado’ US$500.000, de los cuales sólo habría cobrado la mitad, ya que el success fee no se hizo efectivo”.   

Sobre la hora, Espert y Rosales se las ingeniaron para salvar su inscripción gracias al acuerdo con el partido UNITE, a cargo de José Bonacci, dirigente santafesino que se autodefine como un fascista herbívoro.

Más adelante (página 199), Espert saca pecho por haber “vapuleado a sopapos limpios a Cristian Ritondo” en un almuerzo televisivo con Juana Viale, en Canal 13. “Motivos sobraban para maltratar al ahora líder de la bancada de Juntos por el Cambio en Diputados... Ritondo fue —entre otras tropelías— el brazo ejecutor del transfuguismo a último minuto de Alberto Asseff”, escriben.

“En la pesada mochila de Ritondo habría que cargarle la jugada traicionera de voltearle a nuestra fórmula la lista completa en la provincia de Buenos Aires”, afirman los autores. Espert y Rosales hacen chanzas y el primero dice no saber si Ritondo era “un perverso o un boludo”.

Asseff niega terminantemente haber sido comprado o haber traicionado a Espert y Rosales. Por el contrario, explica que se dio cuenta de que el Frente Despertar había sido creado para beneficiar a la fórmula que resultaría ganadora, Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner.

También hay varios fragmentos dedicados a Marcos Peña, quien es descripto como el cerebro detrás de todas las operaciones para perjudicar al Frente Despertar. “En el tramo final de la campaña, Marcos Peña probó la efectividad de viralizar fake news a través de Whatsapp”. Una difusión transmitida días antes de las elecciones acusó a la fórmula del Frente Despertar de ser financiada por el Grupo América, de Daniel Vila, José Luis Manzano y Eduardo Eurnekián, y por Jorge Brito, todo supuestamente para favorecer al kirchnerismo y perjudicar a Macri.

Títulos de capítulos son inequívocos sobre los odios y rivalidades de los autores. “De Mendiguren, el depredador” (capítulo tres), “Moyano, la bestia” (cinco), “Pichetto, el Frank Underwood criollo (cuatro). ”Odio lo que representa Pichetto“, afirma Espert. Lo asocia a la figura de Charles Mauricie de Talleyrand-Périgord: ”el prototipo del político desleal, traidor, pérfido, taimado y felón por naturaleza. Desde la cuna hasta el cajón“.

El evidente encono que Espert mostraba en 2020 contra casi todo el espectro de Juntos por el Cambio —una excepción, Horacio Rodríguez Larreta— envejecería mal cuando poco después el economista se sumó a esa alianza.

“Cuando ya habíamos dejado atrás la ola negativa del affaire Asseff, vendría otra forma de amedrentarnos: el ataque a nuestra camioneta de campaña en Retiro” (página 48).

“No creo que haya sido un ataque para matarnos, pero sí para asustarnos. Algo así como ‘no pudimos bajarlos de la carrera sacándoles a Asseff; se las ingeniaron para conseguir otro sello, bueno, entonces les mandamos un par de tiritos para asustarlos'”

José Luis Espert

Dos tiritos

Los autores pasan a narrar el presunto ataque recibido en la camioneta Jeep Cherokee cuando se dirigían a una entrevista en Crónica TV, el 6 de agosto de 2019, una semana antes de las primarias que ganarían Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Afirman que el chofer, un “experimentado” expolicía, les informó que habían recibido disparos. El relato adquiere una secuencia dramática, con llamados a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli.

Espert no duda sobre la autoría intelectual del hecho: “No creo que haya sido un ataque para matarnos, pero sí para asustarnos. Algo así como este mensaje. ‘No pudimos bajarlos de la carrera sacándoles a Asseff; se las ingeniaron para conseguir otro sello y estar en las boletas, bueno, entonces les mandamos un par de tiritos para asustarlos'”.

Finalmente los autores no terminan de dilucidar si la camioneta recibió dos piedrazos o dos balazos, pero no hacen ninguna alusión a un dato fundamental.

El vehículo, patente OIO592, era propiedad de Fred Machado. Aunque haya sido el menos costoso que los aportes, fue la punta del ovillo que derivó en que hoy el empresario argentino emprenda rumbo a Texas para ser juzgado por presuntos fraude y narcotráfico, y Espert, tras creer que se encaminaba a la cúspide, haya quedado fuera de carrera y esté imputado por lavado en un juzgado federal de San Isidro.  

“Nunca antes había metido los pies en el barro de la política y tampoco había visto sus miserias tan de cerca”, rememora Espert sobre la aciaga experiencia de 2019 en la página 54.

SL

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