Tras uno de los debates televisivos entre Flávio Bolsonaro y Lula da Silva, una búsqueda estuvo en lo más alto de Google Trends: “Flávio Bolsonaro caso Ana Clara”. El presidente Lula preguntó al candidato de extrema derecha y ganador de la primera vuelta “por qué interfirió para que el policía militar que mató a una niña de cinco años con una bala de fusil no fuera preso”. Lula se refería a uno de los episodios que están sacudiendo la campaña electoral: en 2024, el senador Flávio Bolsonaro se convirtió en el abogado del policía militar Bruno Dias Delarolli, acusado por el Ministerio Público de efectuar los dos disparos que mataron en 2021 a la niña Ana Clara Gomes mientras jugaba enfrente de su casa.

Como abogado, Flávio Bolsonaro consiguió revertir la decisión del Tribunal Superior de Justicia (STF) de llevar el caso a un jurado popular. “Difícil de creer que una persona que quiere ser presidente de Brasil defienda a un monstruo. Si Flávio gana, tengo miedo de que no se haga justicia”, aseguró la madre de Ana Clara a Revelando, la iniciativa audiovisual que presentó el caso al gran público. A día de hoy, el juicio contra Bruno Dias Delarillo aún no se celebró.

¿Por qué un senador defendió como abogado a un policía acusado de asesinar a una niña? Camila Pitanga, la actriz que conduce el episodio de Revelando, argumenta que los policías corruptos son la base de las milicias, los grupos de paramilitares surgidos en Río de Janeiro que ya se expanden por todo Brasil. Precisamente, buena parte de los escándalos que salpican a la familia Bolsonaro tienen que ver con las milicias.

En su libro República das milicias, el periodista Bruno Paes Manso califica al expresidente Jair Bolsonaro como el “rey de las milicias”. Aparte de extorsionar a la población de las favelas a cambio de servicios como gas, agua, transporte o seguridad, las milicias están implicadas en asesinatos, especulación inmobiliaria, tráfico de drogas y armas, entre otras cosas. La sombra miliciana acecha especialmente a Flávio Bolsonaro, que fue diputado regional en Río de Janeiro entre 2003 y 2018. “No quiero estar cerca tuyo. Quiero distancia de miliciano”, le dijo Lula a Flávio Bolsonaro en el debate del domingo.

La candidatura del senador Flávio Bolsonaro escondió el apellido Bolsonaro desde el comienzo de la campaña con el objetivo de vender una imagen moderada. Sin embargo, el hecho de haber anunciado que si conquista la presidencia indultará a su padre y que no descarta abrirle espacio en su Gobierno echa por tierra su estrategia anterior. Las encuestas sitúan a ambos en un empate técnico.

La sombra de las milicias y el asesinato de Marielle Franco

En la recta final de la campaña, dos bombas cayeron sobre Flávio Bolsonaro. El Supremo Tribunal Federal (STF), único órgano capaz de derrumbar la inmunidad parlamentaria, investiga a Flávio Bolsonaro por lavado de dinero y evasión de divisas. La investigación cita su vinculación con el abogado Willer Tomas, acusado, entre otras cosas, de robar a la Seguridad Social y de aceptar dinero del Banco Master proveniente de fondos de jubilación. Flávio Bolsonaro y Willer Tomas, que comparten cuenta bancaria, se comunicaban a través de Confide, una aplicación con criptografía usada por los asesinos de la concejala Marielle Franco.

Por otro lado, a finales de septiembre, G1 reveló que Flávio Bolsonaro destinó 200 mil reales desde el Senado a una oscura ONG a petición del miliciano Robson Calixto Fonseca, “o Peixe”, condenado a nueve años de prisión por el asesinato de Marielle Franco. Un día después, el conservador Estadão de São Paulo publicó el duro editorial Flávio y la sombra de los milicianos denunciando que la “candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro contiene el riesgo de la ascensión de las milicias a lo más alto del poder”.

Estadão manifestó su preocupación por la estrecha relación de Flávio con Domingos y Chiquinho Brazão, los milicianos que encargaron el asesinato de Marielle Franco. Como diputado regional, Flávio Bolsonaro votó a favor de la nominación de Domingos Brazão para el Tribunal de Cuentas del Estado. Por otro lado, Flávio Bolsonaro tuvo una histórica amistad con Adriano da Nóbrega, uno de los líderes del Escritório do Crime, organización miliciana que funciona como una especie de agencia de sicarios. Flávio empleó en su gabinete en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro (Alerj) a la madre y a la mujer de Nóbrega. Además, concedió una medalla de honor a Adriano da Nóbrega, misteriosamente asesinado en febrero 2020, cuando huía de su mandato de prisión por el caso Marielle Franco.

Especulación inmobiliaria

Una investigación del Ministerio Público acusó a Flávio Bolsonaro de entregar el 40% del salario de los funcionarios de su gabinete en la Alerja a Antônio da Nôbrega, que lo canalizaba a inversiones inmobiliarias ilegales de la milicia. Flávio fue denunciado en 2020 por el escándalo, conocido como la rachadinha, por organización criminal, lavado de dinero, malversación y apropiación indebida. Sin embargo, las pruebas de la acusación fueron archivadas por un error procedimental, bajo una fuerte presión del entonces presidente Jair Bolsonaro, que llegó a cambiar al superintendente de la Policía Federal de Río de Janeiro. Sergio Moro, entonces ministro de Justicia, dimitió del cargo, acusando al presidente de querer proteger a su hijo.

La cuestión inmobiliaria está en el epicentro de los escándalos de Flávio Bolsonaro. En 2022, una investigación periodística reveló que 51 de las 107 propiedades inmobiliarias de la familia Bolsonaro fueron compradas con dinheiro vivo (al contado), una práctica habitual en el submundo del crimen. A su vez, Flávio Bolsonaro también recibía cuantiosos ingresos sin justificar en una tienda de chocolates que abrió de Río de Janeiro, según publicaron medios locales.

Por otro lado, el jugador de fútbol Richarlison, que disputó el Mundial de 2022 con la selección brasileña, acusó a Flávio Bolsonaro en un video de robarle una mansión de lujo en una isla en Angra dos Reis a través de una maniobra judicial en la que también está involucrado el abogado Willer Tomas. La polémica con Richarlison está relacionada con la PEC das Praias, el proyecto de ley del que Flávio Bolsonaro fue relator en el Senado, que abre la puerta a privatizar terrenos de la Marina.

El pasado domingo, el presidente Lula lanzó una dura acusación a su oponente: “Fui presidente de la República tres veces, vivo en un departamento de 190 metros y un ciudadano, que es senador y ganó el mismo salario que yo, compró una casa de 10 millones de reales al contado, sin explicar de donde vino el dinero”. La compra de la casa, que en realidad costó 6 millones de reales, está siendo investigada por la Policía Federal por supuesto trato de favores del Banco de Brasilia (BRB), vinculado al Banco Master. La hipoteca concedida, a un tipo de interés menor que el oficial, fue liquidada en apenas tres años, algo que también levanta sospechas.

Banco Master y financiación ilegal

El escándalo del Banco Master, un entramado de financiación irregular a cambio de favores que ya afecta a políticos, jueces y medios de comunicación, continúa persiguiendo a Flávio Bolsonaro. En julio, The Intercept reveló que pidió a Daniel Vorcaro, presidente del banco,134 millones de reales para la financiación de la película Dark Horse sobre su padre. Parte del dinero que Flávio admitió haber usado (60 millones de reales) está en un fondo de inversión de Estados Unidos, vinculado a su hermano Eduardo Bolsonaro, prófugo de la justicia brasileña.

Por si fuera poco, dos diputados del Partido Liberal (PL) de Flávio Bolsonaro enviaron dinero público a la Academia Nacional de Cultura, la productora brasileña de la película, que también recibió dinero sospechoso del Ayuntamiento de São Paulo. “Todo indica que Dark Horse es el la caja B del PL de Flávio Bolsonaro”, según contó el periodista Celson Rocha de Barros en el podcast Foro de Teresina. Además, salió a la luz que Flávio Bolsonaro viajó con su familia en el avión privado de Daniel Vorcaro desde Miami a Brasil. Al comienzo de la campaña, el STF divulgó que Flávio estaba siendo oficialmente investigado por su relación con el caso Master.

Sin embargo, a pesar de todo, apenas el 21% de los electores asociaban el caso Master a Flávio Bolsonaro a finales de septiembre. El Tribunal Superior Eleitoral (TSE), presidido por el ministro bolsonarista Kássio Nunes, está intentando limpiar la imagen de Flávio Bolsonaro: ordenó a lo largo de la campaña la eliminación de contenido que vincula al candidato a casos de corrupción. El miércoles determinó la eliminación de posts que asocian a Flávio Bolsonaro con la operación Unha e Carne, que detuvo a Márcio Canella, recién elegido diputado regional en Río de Janeiro, por vínculos con la milicia y el Comando Vermelho (CV). Flávio Bolsonaro había manifestado su “apoyó integral” a la campaña de Canella, a quien definió como “amigo”.

En el turbulento debate televisivo de la Band TV, Lula se sacó una carta de la manga: desafió a Flávio Bolsonaro a abrir el sigilo de su cuenta bancaria y su teléfono móvil. El martes, Lula solicitó en el TSE la abertura de su sigilo, el de su mujer Janja da Silva y de sus cinco hijos con la condición de que Flávio Bolsonaro haga lo mismo.

Flávio Bolsonaro no lo hará, según fuentes de la dirección de su campaña. El senador izquierdista Camilo Santana apunta a que la negativa radica en la sospecha sobre el despacho de abogados de Flávio Bolsonaro, que facturó 13,7 millones mientras ejercía su cargo de senador. La facturación ya está siendo investigada por la Policía Federal (PF), ya que la cuenta conjunta con Willer Tomas es una de las usadas por el senador. Se sospecha que Flávio Bolsonaro era el socio oculto de una Best bet, una casa de apuestas online, según informan medios locales. El propio aumento de su patrimonio declarado en el TSE ya es de por sí sospechoso: Flávio Bolsonaro declaró tener 8,1 millones en patrimonio, un 370% más que en 2018, antes de ser senador.

Mientras Flávio Bolsonaro no acepta el desafío de Lula, el hashtag #quebraosigiloFlávio reina en la producción de memes en las redes sociales y “flávio corrupção” está entre los términos más buscados del Google Trends.

El único líder político israelí que puede arrebatar el poder a Benjamin Netanyahu lo hace con más belicismo y cara amable. Gadi Eisenkot (1960, Tiberias) es la figura de la oposición que cuenta con más apoyos de cara a los comicios generales del 27 de octubre, pero no tiene ninguna garantía de que pueda formar una coalición gobernante con los demás partidos del llamado bloque anti-Netanyahu.

Eisenkot tiene una corta trayectoria política: fue elegido por primera vez como diputado en 2022 y fundó Yashar! (recto, en hebreo) en 2025. Sin embargo, la principal carta de presentación de este teniente general retirado de 66 años es su recorrido en el Ejército, donde sirvió como jefe del Estado Mayor de la Defensa entre 2015 y 2019, periodo en el cual el Ejército reprimió militarmente las movilizaciones de la Gran Marcha del Retorno en la frontera de Gaza, en las que murieron alrededor de 200 palestinos.

Eisenkot fue uno de los principales impulsores de la llamada ‘doctrina Dahiye’, que se basa en responder de manera desproporcionada a cualquier ataque. “Lo que ocurrió en el barrio de Dahiye, en Beirut, en 2006, ocurrirá en cada pueblo desde el que se dispare contra Israel”, dijo. “Emplearemos una fuerza desproporcionada y causaremos allí grandes daños y destrucción. Desde nuestro punto de vista, no se trata de aldeas civiles, sino de bases militares”.

La doctrina toma el nombre de los populosos suburbios del sur de Beirut donde el grupo chií Hezbollah tiene una fuerte presencia. Durante la guerra contra Líbano en 2006, Israel bombardeó de forma masiva e indiscriminada Dahiye. La doctrina se aplicó de nuevo durante el genocidio en Gaza, llevada a sus extremos y con consecuencias devastadoras.

En calidad de ex jefe del Estado Mayor, integró el ‘gabinete de guerra’ que formó el Gobierno de Netanyahu pocos días después de emprender la ofensiva de castigo contra la Franja en respuesta al ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023. Si bien abandonó el gabinete en junio de 2024, participó en la toma de decisiones respecto a la guerra en los primeros ocho meses, cuando el Ejecutivo israelí dio luz verde al desplazamiento masivo de la población gazatí y su matanza, además de privarla de los bienes básicos como agua, alimentos y medicinas.

Al cabeza de lista lo acompañan otros ex altos mandos militares y de seguridad: el segundo de la lista de Yashar! estuvo al frente del Shin Bet (la agencia de seguridad e Inteligencia interior de Israel) y más abajo hay dos generales y un coronel; también hay algunos exministros. Ilana Shpaizman, profesora titular del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad israelí de Bar-Ilan, señala que la lista de Yashar! es “muy religiosa y derechista”, aunque el partido se considera de centroderecha y el mismo Eisenkot fue tildado de “centrista”. La politóloga dice que es difícil definir la ideología del candidato, pero su lista busca atraer el voto derechista, de partidos como el Likud. Al fin y al cabo, estas elecciones no se disputan entre izquierda y derecha, sino entre Netanyahu y anti-Netanyahu.

La seguridad y la prosperidad de Israel son la misión de mi vida. Estoy determinado a cumplir con esta misión

Gadi Eisenkot

Durante la campaña electoral también trató de mostrar una cara más amable que Netanyahu: la del padre de familia que, además, perdió a uno de sus cinco hijos en Gaza, donde estaba desplegado en diciembre de 2023. También dos de sus sobrinos murieron en combate en la brutal guerra israelí contra la Franja (en la que fallecieron casi 500 uniformados israelíes y más de 74.000 palestinos desde 2023).  

“La seguridad y la prosperidad de Israel son la misión de mi vida. Estoy determinado a cumplir con esta misión”, afirma Eisenkot en la página web de su campaña. La biografía oficial del candidato destaca sus más de 40 años de servicio en las FDI, desde 1978 como soldado hasta llegar a ser jefe del Estado Mayor en 2015. El militarismo marca su programa electoral, así como ha marcado su vida profesional y personal.

Oposición a los dos Estados

No se pueden esperar de Eisenkot políticas diferentes a las de Netanyahu, al menos en los ámbitos de defensa y seguridad y respecto a los palestinos. Se opone a un Estado palestino independiente, pero tampoco quiere seguir los pasos del actual Gobierno hacia la anexión de iure de los territorios ocupados. Recientemente, dijo que sería “un desastre para el Estado de Israel” anexionar Cisjordania, con más de 3 millones de palestinos, y Gaza, con otros dos millones. “No los quiero”, afirmó.

En un acto electoral junto a la Franja de Gaza, a mediados de octubre, prometió que terminará con Hamas en un plazo de 18 meses desde su toma de posesión, ya sea con la aplicación del plan de Donald Trump para desarmar al grupo islamista o con una operación militar. Eisenkot pone a las FDI en el centro de su programa electoral.

Una de las promesas principales del candidato es el establecimiento de una comisión de investigación oficial sobre el gran ataque de Hamas del 7 de octubre contra el sur de Israel, en el que fueron asesinadas más de 1.200 personas y otras 251 fueron secuestradas. Es probablemente la mayor diferencia con Netanyahu, quien se resistió desde el primer momento a una comisión que investigue en qué fallaron el Gobierno y todas las agencias de seguridad del Estado para que pudiera producirse la irrupción de los milicianos palestinos desde la vigilada Franja y la masacre de cientos de ciudadanos israelíes en las localidades próximas. Según fuentes cercanas a Eisenkot, citadas por el medio estadounidense Axios, el principal objetivo del candidato es sustituir al hombre que considera responsable de no haber evitado el ataque del 7 de octubre.

El hecho de que sus hijos participaran en la posterior guerra contra Gaza, mientras que los hijos de Netanyahu no lo hicieron, lo acerca a la mayoría de los votantes, que fueron llamados a filas ellos mismos o sus familiares y amigos en al menos una ocasión desde 2023 —no solo en el frente gazatí, sino en Líbano y en Siria y en las campañas de bombardeos contra Irán y Yemen—.

Otro punto destacado de su programa, que lo diferencia de Netanyahu, es aprobar una ley para que todos los ciudadanos tengan que servir en las FDI o en otros cuerpos del Estado, incluidos los judíos ultraortodoxos, cuya exención del servicio militar obligatorio fue una de las cuestiones más polémicas de la legislatura que termina y le causó más de un quebradero de cabeza a Bibi —quien gobernó con el apoyo de dos partidos ultraortodoxos—. Poner fin a los privilegios de los que gozó tradicionalmente la comunidad haredí y compartir el “esfuerzo bélico” es algo que apoyan muchos ciudadanos, según las encuestas, así como los partidos de la oposición que Eisenkot busca agrupar en una coalición que marque el “camino recto” para Israel, según reza su lema de campaña.

Cercano y poco carismático 

Hay algunos aspectos personales de Eisenkot que lo diferencian de Netanyahu y que atrajeron a una parte del electorado que rechaza el desempeño de Bibi y las actitudes del primer ministro y su esposa. Sin ir más lejos, está acusado de fraude y abuso de confianza por aceptar casi 300.000 dólares en regalos, incluidos champán y cigarros.

Frente a eso, Eisenkot se presenta como un candidato honesto y cercano. “Se lo percibe como una persona común, lo cual representa un cambio significativo y positivo a los ojos de muchos que ven a Netanyahu como alguien arrogante y distante del público”, dice Shpaizman, profesora titular del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad israelí de Bar-Ilan. Agrega que la personalidad de Eisenkot está jugando a su favor en la campaña electoral. Sin embargo, señala que no adoptó una postura clara respecto a muchos asuntos, por lo que es difícil saber qué hará si llega al gobierno.

El exgeneral procede de una familia humilde, que emigró a Israel desde Marruecos, por tanto, es un judío mizrají (oriental), mientras que la alta política israelí estuvo dominada a lo largo de las décadas por los judíos de origen europeo. Nació en Tiberias, en el norte de Israel, y vivió en Eilat, en el extremo sur, por lo que conoce las circunstancias de la periferia del país, cuya población dice estar marginada y olvidada, por estar lejos de los centros urbanos de Tel Aviv y Jerusalén. Uno de los puntos de su programa electoral es precisamente el desarrollo de la periferia. Pese a todo, Eisenkot está familiarizado con las dinámicas del poder porque estuvo al frente de una de las instituciones más importantes de Israel y también conoce muy bien a su rival, Netanyahu, que fue primer ministro cuando él lideraba el Ejército. 

El riesgo país argentino se consolida bien arriba del mínimo de julio. Aquel mes , el indicador de cuánta más tasa de interés debería pagar Argentina en caso de colocar deuda en los mercados internacionales había tocado su piso del año, con 402 puntos básicos (es decir, 4% más tasa que EE UU). El martes llegó a superar los 700 y al día sigiente se amesetó en 674.

“Desde julio hasta hoy subió alrededor de 270 puntos, lo cual es mucho, especialmente comparado con países vecinos que tienen un riesgo país de alrededor de 100 o algo más”, dice el consultor Orlando Ferreres. La explicación más habitual es la externa: suben las tasas en Estados Unidos y los inversores salen de los mercados emergentes. Pero la mayoría de los analistas consultados coincide en que eso no alcanza para explicar por qué Argentina se aceleró más que sus vecinos. Al temor inversor a una derrota electoral del libertario Javier Milei se suman la caída de la actividad y una montaña de vencimientos de deuda en 2027 y 2028 que todavía no tiene financiamiento asegurado.

El exviceministro de Economía Ferreres enumera cinco razones. La primera es la confianza: “¿Quién, cuando llegue el momento, va a ganar las elecciones? Si no estoy seguro, no pongo plata”. La segunda, la menor actividad, sobre todo en el tercer trimestre, que hace caer la recaudación tributaria. La tercera, la suba de las tasas internacionales, “que afecta a todos los países”. La cuarta, que “los vencimientos son muy grandes para 2027 y 2028”. Y la quinta, que la falta de inversión bruta interna fija “deja dudas sobre 2027”.

El frente externo es el punto de partida. “Principalmente fue por la suba de tasas de los bonos de Estados Unidos. Eso hizo que subieran las tasas a nivel internacional, aunque en Argentina se vio una aceleración más rápida comparado con otros países”, explica el analista Gino Penacchioni, analista de la sociedad de bolsa DA Valores. Su compañera de trabajo Leila Mara Ali agrega el precio del petróleo por la guerra de Irán y la caída de la Bolsa en las últimas ruedas “por el ruido político de las elecciones del próximo año”.

Ese sonido reverbera en los bonos. “El Bonar que vence en 2028 rinde aproximadamente 10% en dólares, porque no se sabe qué gobierno lo tendrá que pagar, casi el triple que el de 2027”, señala Ali. Un economista de un banco local, que pidió no ser identificado, describe la combinación: la suba de la tasa estadounidense “llevó al desarme de posiciones en economías emergentes”, mientras que en el plano local “se empieza a pensar ya en los efectos de la elección” y los inversores internacionales “van desarmando gradualmente de cara al año que viene”.

Pero el diagnóstico no termina en Washington ni en las encuestas. “Uno de los puntos altos del Gobierno actual era la actividad económica, que a pesar de su heterogeneidad mostró fuertes números de crecimiento después del ajuste de principios de 2024”, recuerda Penacchioni. “Recientemente, los datos del segundo y el tercer trimestre muestran que la actividad cayó, y eso puede influir en el análisis de los tenedores de bonos”. Suma otro dato: la desinflación “parece ser más lenta de lo esperado por el Gobierno y los analistas”.

El economista Pablo Singerman, del estudio Singerman & Makón, es el más crítico. Reconoce el shock externo, con el bono del Tesoro estadounidense a 10 años en máximos, el conflicto de Irán y la suba del petróleo. “Pero fundamentalmente el tema es la política local”, sostiene. “La política monetaria y fiscal de ajuste profundo de este modelo de Milei y el (Luis) Caputo (ministro de Economía) está haciendo que la actividad se desplome, salvo tres o cuatro sectores, como hidrocarburos, minería, algo de agro y el sector financiero”. Y pone en duda las cuentas públicas: “El supuesto superávit fiscal es precario”. Alude a la caída de la recaudación y al ocultamiento del gasto en intereses de la deuda al capitalizarlos.

El primer costo del riesgo país alto es la dificultad del acceso al crédito externo. Con un riesgo país cerca de 700 puntos, Argentina debería pagar unos 7 puntos porcentuales anuales por encima de lo que paga el Tesoro de Estados Unidos para colocar deuda en dólares. “El nivel de tasas un poco más alto retroalimenta que el Gobierno no pueda emitir deuda en dólares, por lo que se pone en juego el programa financiero en dólares de 2027, año electoral y factor de suba del riesgo país de por sí”, advierte Penacchioni.

Ese es el nudo para otro economista de un banco local, que también habló en off the record: “Hay dudas sobre el costo del cierre del programa financiero del año que viene, ahora que la emisión de Bonares se complicó”. Si no consigue dólares prestados, el Tesoro tendrá que juntar pesos para comprarlos. “Deberá sumar muchos pesos para poder comprar los dólares, si con la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central se le bloquea el giro de utilidades” de este organismo al Tesoro, explica.

Singerman describe un círculo vicioso. El refinanciamiento de los vencimientos “se empieza a complicar y encarecerse muchísimo”, lo que trae “mayor presión sobre las reservas del Banco Central, sobre el tipo de cambio y la expectativa de devaluaciones cada vez más altas”. A eso se suma que el crédito privado se vuelve más caro. “Con lo cual se genera más recesión, más tensión política, menos actividad económica, y esto realimenta el riesgo país”.

No todos ven un impacto tan fuerte en la economía real. El economista Ariel Ferrari, de la Fundación Economía y Sociedad (Fundecos), sostiene que mira “sin demasiada preocupación en cuanto al frente interno”. Argumenta que hoy invierten en Argentina sobre todo las grandes empresas energéticas, por lo que la suba “no va a afectar la inyección de inversiones en Vaca Muerta”. Aun así, admite que “siempre es bueno tener un numerito bastante más bajo”, porque en la región la prima es mucho menor.

Nadie se anima a poner un techo firme al indicador que elabora el banco JP Morgan a partir del valor de los bonos en dólars. “Hasta hace un rato te hubiera dicho que el rango era de 600 de piso y que probablemente no superara los 700, pero terminó superando los 700”, cuenta Singerman. Para él, Wall Street “está mirando las encuestas”, que “empiezan a ser adversas al oficialismo”. Si esa tendencia sigue y el financiamiento no aparece, el indicador tiene margen para seguir subiendo.

Ferrari ve el escenario opuesto. Sostiene que Milei, “al menos hoy, visto en perspectiva, va a repetir una elección exitosa”, porque la oposición no tiene un candidato definido y “los nombres que se mencionan tienen una carga bastante negativa”. Por eso cree que hay “más riesgo externo que interno”. Según su lectura, lo que pase afuera puede mover el número en cualquier dirección: un triunfo de la ultraderecha de Flávio Bolsonaro este domingo en Brasil “consolidaría bastante la región” y “puede llegar a dar aire”, mientras que un mal resultado de los republicanos de Donald Trump en las legislativas de Estados Unidos en noviembre haría subir el riesgo país. Es que un Congreso norteamericano en manos demócratas podría complicar otro rescate de Trump a Milei en 2027, como el de 2025.

La distancia con la meta oficial es grande. Milei espera que el riesgo país perfore los 100 puntos en algún momento de 2027, el nivel que hoy tienen varios vecinos de la región. Si las causas son varias, la salida también. Sobre las tasas de Estados Unidos o la guerra en Irán, el Gobierno puede hacer poco. Sobre el resto, los economistas marcan tres frentes.

El primero es cerrar el programa financiero de 2027 antes de que el calendario electoral lo complique más. Caputo menciona como respaldo el swap (canje de monedas) con China y una línea de US$20.000 millones con Estados Unidos.. Pero mientras las tasas sigan altas, salir a colocar Bonares sale caro, y comprar los dólares con pesos del Tesoro depende de cuántos pesos tenga disponibles.

El segundo es reactivar la economía. Una actividad que vuelve a crecer mejora la recaudación y, con ella, la capacidad de pago. El tercero es la credibilidad. Para Ferreres, todo vuelve a la pregunta inicial: quién ganará en 2027. Hasta que el mercado tenga esa respuesta, o al menos un plan para pagar los vencimientos de 2027 y 2028 gane quien gane, el riesgo país difícilmente vuelva a los 400 puntos de julio.

AR / NB

Balón de oxígeno para Lula da Silva en la recta final de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. El Senado aprobó el jueves de la semana pasada una histórica reducción de jornada laboral sin pérdida salarial, una de las banderas electorales de Lula. Tras la aprobación del fin de la escala 6x1 (seis días trabajados por semana y uno libre) todos los trabajadores con contrato tendrán a partir de diciembre derecho a dos días libres semanales. Además, la jornada laboral se reduce de 44 a 40 horas. La medida afecta a 37,11 millones de personas que trabajan más de 41 horas a la semana, según el Ministerio de Trabajo.

“El fin de la escala 6x1 es más que un cambio en la jornada de trabajo. Es tener más tiempo para vivir, descansar, estar con la familia, ver cómo los hijos crecen, cuidarse y aprovechar la vida”, aseguró Lula en redes sociales. En un giro de última hora, el Partido Liberal (PL) del candidato Flávio Bolsonaro votó a favor, para evitar un castigo electoral (el 73% de los brasileños apoyan la medida). Sin embargo, Flávio Bolsonaro ya señaló al empresariado que revisará la medida en caso de que gane las elecciones.

Inicialmente, el fin de la escala 6x1 no estaba en los planes del Gobierno Lula. El detonante llegó de la mano de Rick Azevedo, un trabajador de una farmacia de Río de Janeiro, que acaba de ser elegido diputado. En septiembre de 2023 grabó un video en TikTok para desahogarse, tras recibir una llamada de su jefa en su único día de descanso: “Quiero saber cuando nosotros, clase trabajadora, vamos a hacer una revolución en este país relacionada con la escala 6×1. Es una esclavitud moderna”. El video se viralizó, propiciando el nacimiento Movimento Vida Além do Trabalho (vida más allá del trabajo). La diputada Erika Hilton, que el pasado día 4 obtuvo más de un millón de votos, se convirtió en la gran abanderada del fin de la escala 6x1. El Gobierno Lula abrazó la propuesta. La presión de Lula fue clave para su aprobación en el congreso en mayo por una amplísima mayoría.

Durante meses, Flávio criticó el fin de la escala 6x1 y defendió una ley alternativa para una “jornada flexible”, la PEC 12/2026, en la que el trabajador cobre por hora trabajada. “La propuesta acentúa la explotación de mano de obra. Va en contra de casi todos los ordenamientos jurídicos occidentales, incluso contrariando entendimientos consolidados hace décadas por la Organización de Trabajo (OIT)”, asegura Nasser Ahmad Allan, abogado especialista en derecho laboral y socio del despacho Gasam Advocacia.

Visiones opuestas

La postura de Lula y de Flávio Bolsonaro frente a la escala 6x1 revela dos visiones económicas opuestas. El triunfo de Flávio representa la continuidad de las políticas de ajuste fiscal del gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022); el de Lula, la inercia de sus políticas públicas de expansión del gasto público. 

Tijeretazo al estilo Milei. Tras ganar la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Flávio Bolsonaro anunció un “tesouraço” (“tijeretazo”) del gasto público de 200.000 millones, sin tocar los gastos sociales. Su programa de gobierno prevé la eliminación de al menos diez ministerios, reforma tributaria, bajada de impuestos y retoma de la privatización de empresas públicas. Daniella Marques, asesora de economía de Flávio Bolsonaro, declaró en septiembre que su eventual gobierno eliminará más de mil normas, “usando la inspiración del gobierno de Javier Milei en Argentina”.

Al final del mandato de Jair Bolsonaro la deuda pública se redujo a un 72,9% del PIB. Una parte vino de la privatización de empresas controladas directa o indirectamente por el Estado: se privatizaron 83 empresas públicas (el número cayó de 213 a 130). Flávio Bolsonaro reiteró en campaña que privatizará la empresa pública de correos, entre otras. Durante el gobierno Lula, la deuda pública aumentó hasta el 82,9% del PIB en agosto. Lula no quiere abrir mano del gasto social. “Mucho dinero en mano de pocos es pobreza”, argumentó Lula en la entrevista en vivo el pasado jueves.

Programas y gastos sociales. Lula aseguró hace unos días que el tijeretazo anunciado por Flávio Bolsonaro afectará a los gastos sociales, algo refrendado por la mayoría de economistas. Maria Lourdes Mollo, profesora de economía da Universidade de Brasília (UnB), declaró a Monitor Mercantil que no es posible hacer cortes sustanciales en el presupuesto público sin afectar al área social. Lula cita el legado del gobierno de Jair Bolsonaro, cuando “políticas como 'Farmácia Popular', 'Minha Casa, Minha Vida' y 'Mais Médicos' perdieron recursos o fueron reducidos”.

El informe Después del desmantelamiento 2019-2022 del Instituto de Estudios Socioeconómicos reveló una caída generaliza en el gasto social del gobierno de Jair Bolsonaro. El programa 'Casa Verde Amarela', que substituyó al histórico 'Minha Casa, Minha Vida', redujo su presupuesto de 78,7 millones de reales a 29,7. La inversión en el 'Farmácia Popular', que facilita medicamentos gratuitos para las rentas más bajas, cayó un 59%. El Bolsa Familia, el programa social lanzado por Lula en 2003, renombrado como Auxílio Brasil, fue el único que aumentó su valor. Sin embargo, fue debido a una medida legislativa del congreso durante la pandemia. Lula acaba de aumentar un 15% el Bolsa Familia, que afecta a 19,28 millones de familias. Cada una de ellas, pasará a recibir 691 reales, en lugar de 600. 

Tanto Lula como Flávio Bolsonaro apuestan por mantener el Bolsa Familia. Aun así, Flávio criticó el programa y quiere vincularlo a la creación de empleo.

Salarios y pensiones. Durante la campaña electoral, Flávio Bolsonaro presentó a un círculo de empresario su plan sobre pensiones. La propuesta, que terminó filtrándose a la prensa, propone aumentar a 67 años la edad de jubilación (actualmente está en 65 para hombres y 62 para mujeres). Al mismo tiempo, la economista Laura Carvalho, autora del ensayo Valsa brasileira. Do boom ao caos econômico, denunció en el podcast Calma Urgente que Flávio Bolsonaro quiere desvincular el aumento de las pensiones al aumento del salario mínimo. La medida evitaría el ajuste automático del salario mínimo gracias a la Política de Valorização Permanente do Salário Mínimo, creada por Lula en 2003 y retomada en 2023. Aunque Jair Bolsonaro aumentó tanto el salario mínimo como las pensiones de acuerdo a la inflación, abandonó la política su revalorización que, además de la inflación, aplica también el crecimiento del PIB de los dos años anteriores.

Por este motivo, el salario mínimo en Brasil se revalorizó proporcionalmente más durante el gobierno Lula. El salario mínimo en Brasil pasó de 1.212 reales (240 dólares) al final del mandato de Jair Bolsonaro a 1.621 reales (320 dólares) en 2026. El salario medio es de 3.777 reales.

Inflación y economía cotidiana. El gobierno Lula sale mejor parado que el gobierno de Jair Bolsonaro en cuanto a control de la inflación. El aumento de los precios acumulado durante el gobierno Lula, hasta septiembre, fue de un 17,9%, según el Índice de Precios al Consumidor Amplio (IPCA). En los últimos doce meses, la inflación de Brasil se sitúa en el 4,58%. Durante el gobierno de Bolsonaro, hasta septiembre de 2022, la inflación acumulada fue del 25,26%. El peor año fue 2021, cuando la inflación escaló a un 10,16% anual. Sin embargo, con el alza del precio de la gasolina por la guerra de Irán y de algunos productos agrícolas por el cambio climático y la demanda global (por ejemplo, el café) la sensación de que la vida está cara está generalizada. En agosto, durante los primeros días de la campaña electoral, el equipo de Flávio Bolsonaro viralizó muchos vídeos a pie de supermercado denunciando el alto precio de los productos. 

Patricia Costa, economista del Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (Dieese), aseguró a TVT News, que la insatisfacción tiene su raíz en el fuerte aumento de los alimentos durante el gobierno de Jair Bolsonaro: “En la pandemia, el precio del aceite de soja se duplicó. Llegó a unos 6 reales y nunca más bajó. El conjunto de la cesta básica aumentó el 68% entre 2019 y 2022 en la ciudad de São Paulo y 14% durante el gobierno Lula”. Durante el gobierno Bolsonaro (entre enero de 2019 y agosto de 2022), los alimentos y las bebidas aumentaron un 44,2%, frente a un 17,1% del gobierno Lula hasta el pasado agosto. El boletín de Dieese revela que algunos productos como el arroz disminuyeron su precio durante el gobierno Lula. El kilo de arroz, que llegó a costar en agosto de 2024, 5,88 reales, cayó a 4,45 en agosto de este año gracias a la Política Nacional de Abastecimiento Alimentar (PNAAB) puesta en marcha por Lula en diciembre de 2023 mediante decreto presidencial. El decreto facilita que el gobierno acumule reservas de alimentos básicos, para lanzarlos al mercado en tiempos de escasez. 

Endeudamiento familiar y apuestas online. En agosto, Brasil batió el récord de endeudamiento familiar. El 81,7% de las familias tiene algún tipo de deuda, según la Pesquisa de Endeudamiento e Incumplimiento del Consumidor (Peic). “El gran villano continúa siendo la tarjeta de crédito. Muchas personas reciben límites de crédito mayores del que consiguen soportar”, aseguró la economista Carla Beni, de la Fundación Getúlio Vargas (FGV), a G1.

Sin embargo, el verdadero aumento del endeudamiento se produjo durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Si a comienzos de 2019, el porcentaje de familias endeudadas estaba en un 59,8%, a finales de 2022 alcanzó el 79,3%. Detrás de la relativa estabilidad del porcentaje de familias endeudadas durante el gobierno Lula están algunas políticas públicas del gobierno Lula, como el programa Desenrola 2, que disponibilizó dinero público del Fondo de Garantía del Tiempo de Servicio (FGTS) para reducir deudas.

Por otro lado, la gran apuesta para terminar con el endeudamiento de Lula fue la prohibición de las apuestas online. Las bets, como se conocen popularmente, representan el mayor motor del endeudamiento familiar en Brasil.

Por otro lado, durante la campaña electoral, Lula consiguió presionar al Congreso y al Senado para la aprobación de un proyecto complementario de la ley de autónomos (Microemprendedor Individual en Brasil, MEI) que perdona parte de las deudas con los bancos públicos. La elevada tasa oficial de tipos de interés durante el gobierno Lula, establecida de forma independiente por el Banco Central, ha sido un impedimento para la reducción del endeudamiento familiar. En la actualidad es de un 13,75%. Jair Bolsonaro comenzó su mandato en 2019 con un 4,50% de tipos de interés. 

Por su parte, Flávio Bolsonaro se opone a la prohibición de las bets. Su propuesta para reducir el endeudamiento de las familias va en la dirección de Lula: comprar deudas y refinanciarlas con tipos de interés menor con dinero público. 

Poder adquisitivo, desigualdad y empleo. La renta domiciliar per cápita de Brasil alcanzó los 2.316 reales, según el Instituto Brasileño Geoestadístico (IBGE). La cifra, un récord histórico, representa un aumento significativo (en 2022 era de 1.625). El aumento fue más acentuado en quienes ganan menos. A pesar de ello, el 10% más rico de la población aumentó un 8,7% su renta.

El aumento de la renta domiciliar per cápita, además de estar vinculado a los programas sociales, está directamente relacionado con a caída del desempleo. Lula consiguió el pleno empleo, situando la tasa de paro al 5,3% en agosto, según la Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios (Pnad). Jair Bolsonaro, cuyo gobierno registró un 14,2% de desempleo en 2020, acabó su mandato con un 8,4%. Además, durante el gobierno Lula el trabajo informal se redujo a un mínimo histórico (37,2%). Por otro lado, durante el gobierno de Jair Bolsonaro Brasil entró en el mapa del hambre de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) entre 2019 y 2021. Brasil volvió a salir del mapa del hambre en el trienio 2022-2024, cuando el porcentaje de la población que sufre con malnutrición o falta de acceso a la alimentación cayó a menos del 2,5%. 

La economista Juliane Furno, destaca en un artículo en Le Monde Diplomatique, la importancia de la exención de impuestos aprobada por el gobierno Lula a finales de 2025 para quien gana hasta 5.000 reales al mes: “La exención del impuesto de la renta financiada por una tributación mínima sobre las altas renda representa el primer movimiento histórico concreto en décadas para volver menos regresiva la estructura tributaria brasileña”. Por otro lado, la reciente aprobación de la ley complementaria de autónomos aumenta el techo de facturación de 80.000 a 110.00 en 20227 y 140.000 en 2028.

PIB, bolsa y economía global. Cuando Jair Bolsonaro llegó a la presidencia brasileña, el país ocupada el noveno lugar en el ranking de economías del mundo. El decrecimiento de 3,3% en 2020 arrastró a Brasil hasta la decimotercera posición. A pesar de que Brasil creció en 2021 (4,8%) y 2022 (2,9%), no volvió a figurar entre las diez economías más grandes del mundo hasta el gobierno Lula. En 2023, Brasil volvió a ocupar la novena posición. Desde 2024 hasta la actualidad, Brasil ocupa el décimo puesto. Durante el gobierno Lula, el PIB de Brasil creció moderadamente: 3,2% en 2023, 3,4% en 2024 y 2,3% en 2025 . En 2026, según cálculos del Fondo Monetario Internacional (FMI), el crecimiento será de un 2,2%. El FMI prevé que sea la octava economía del mundo en 2027, con un PIB proyectado de 2,65 mil millones de dólares, muy cerca de Italia (2,7 mil millones) y de Rusia (2,83).

En comercio, externo, Lula sale mejor parado que Jair Bolsonaro. La balanza comercial durante el gobierno de Jair Bolsonaro acumuló un superávit de 208,5 mil millones de dólares, según el Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Secretaría de Comercio Exterior. El gobierno Lula, hasta el mes de agosto, acumula un superávit de 365,9 mil millones. 

Por si fuera poco, Lula también consiguió atraer más capital extranjero que Jair Bolsonaro.

La bolsa de São Paulo (Bovespa) registró en enero un récord de capital extranjero: 26.000 millones de dólares, superando la cifra de todo el 2025 (25.000). De enero de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2026, el Ibovespa, el principal índice bursátil brasileño aumentó un 69,8%. Bajo la gestión de Bolsonaro, el índice subió apenas un 24,86%. De cualquier forma, el aumento de inversión extranjera está relacionado a los elevados tipos de interés. “Nuestros tipos de interés está algo por problemas fiscales. Si reduces un poco la tasa, el capital extranjero, se va”, aseguró Marx Gabriel, CEO de MB Consultoria, a UOL.

Este lunes, el Tribunal Supremo de España confirmó que suspende el derecho al voto en las elecciones del 29 de noviembre a más de 160.000 españoles que se acogieron a la ley de nietos, excepto a aquellos que cuenten con un certificado de la autoridad consular que acredite que aportaron documentos del exilio de sus antepasados para acceder a la nacionalidad. 

Muchos de los afectados son argentinos nacionalizados, que muestran su rechazo a la decisión del Supremo. “Es un desprecio y, desde el punto de vista jurídico, una grave violación de los derechos constitucionales en medio de un proceso electoral”, afirma el abogado Juan Manuel Martínez Chas, quien obtuvo la ciudadanía en 2025.

El Tribunal Supremo dio un plazo de cinco días para presentar la documentación que demuestre que los españoles que emigraron entre 1936 y 1955 huyeron de la Guerra Civil o de la dictadura de Francisco Franco por razones políticas, ideológicas o de orientación o identidad sexual. Al respecto, Martínez Chas señala que “la trampa es que se prioriza una postura política, sin dar posibilidad de defensa a los afectados con unos plazos muy exiguos. Esto pone en aprietos a los consulados para ver cómo hacen para verificar los expedientes”.

Argentina fue el país en el que se presentaron más solicitudes para obtener la nacionalidad española por parte de los descendientes de exiliados españoles, en virtud de la llamada ley de nietos, una disposición incluida en la Ley de Memoria Democrática de 2022. El Consulado General de España en Buenos Aires recibió 645.000 solicitudes, de las cuales ya están nacionalizadas unas 30.000 personas. De estos últimos, menos de la mitad pidió el alta en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

Para poder ejercer el derecho al sufragio en estos comicios generales, se necesita aparecer en el censo de residentes en el extranjero, cerrado para estos comicios a 1 de agosto de 2026. Según los datos aportados por el Gobierno de Pedro Sánchez al Supremo, son 163.020 el número de afectados.

El abogado Martínez Chas, cuyo abuelo llegó como exiliado de La Coruña, Galicia, sostiene que “la Constitución establece la obligatoriedad del Estado español de garantizar el derecho a voto de los españoles que se encuentran en el exterior”. “Soy nacionalizado de origen. En septiembre hice una presentación al Defensor del Pueblo en España y en estos días voy a ampliarla. Ya hice una presentación en el consulado. Estoy viendo si puedo apelar ante el Tribunal Supremo. Voy a interponer los recursos que estén a mi alcance para poder votar”, afirma a este medio.

Griselda Díaz Marchi, nieta de asturianos y nacionalizada española desde 2024, señala que está en contacto con otras personas en la misma situación para presentar un recurso colectivo ante la Justicia de España. “Estoy indignada por esta decisión judicial, que responde a un pedido de la derecha que busca recortar derechos. Me preocupa y me enoja, porque primero empiezan con nosotros, los naturalizados, y luego irán a por otros colectivos minoritarios, como dice el verso de Bertolt Brecht”, dice.

“Las españolas y españoles nativos deberían mantenerse atentos a la defensa de los derechos democráticos porque la historia demostró una y otra vez que existen sectores dispuestos a restringir la participación ciudadana en beneficio de unos pocos”, señala. Díaz Marchi agrega que “si tuviera la posibilidad, iría a España a votar el 29 de noviembre”.

El Tribunal Supremo sostiene que el derecho de sufragio “no es un derecho de carácter absoluto”, sino que está supeditado a intereses generales, como es el de “preservar la veracidad e inexistencia de irregularidades en el censo electoral que debe prevalecer sobre el interés particular del ciudadano”. Los jueces adoptaron esa medida a petición de los partidos ultraderechistas Iustitia Europa y Vox.

El abuelo de Ariel Mulki Aguilera, Eduardo Aguilera, llegó a Argentina en 1951 desde Valdepeñas, Ciudad Real, exiliado por el franquismo. “La gravedad de la situación es que las condiciones que se exigían de demostración del exilio eran para la ciudadanía; no eran condiciones previstas para el voto. Una vez obtenida la ciudadanía, es inseparable del derecho del voto”, afirma Mulki Aguilera.

“Ahora, de la noche a la mañana te piden que demuestres el exilio. ¿Qué pensaban que venían a hacer nuestros ancestros? Venían de exiliados. Mi abuelo Eduardo Aguilera Merino llegó a la provincia de Mendoza perseguido por protestante; investigué sobre él y voy a publicar un libro que se titula Nieto del silencio. Tengo una sensación total de indignación”, admite el docente e investigador.

Por su parte, Florencia Vasallo González, traductora pública con formación en Derecho, considera que está acreditada su alta electoral, porque accedió a la nacionalidad a través del anexo 3 de la ley de nietos, no del anexo 1. “En 2024 recibí en Santiago de Compostela el alta en el censo electoral. El anexo 1 se refiere a hijos, hijas, nietos o nietas que hayan perdido su nacionalidad a causa del exilio. En el caso de mi familia, fue por exilio económico. Me parece que la Justicia divide a los españoles con derecho al voto y los españoles que no [tienen derecho]. Eso es horrible”.

A fecha de 1 de agosto de 2026, el registro de votantes en el extranjero incluía a más de 163.000 personas que habían adquirido la nacionalidad española mediante la ley de nietos, según la sentencia del Alto Tribunal. Casi 97.000 solicitudes adicionales de nacionalidad habían sido aprobadas, pero aún no se habían incorporado al registro a finales de agosto, y más de 304.000 peticiones seguían bajo estudio. No está claro cuántos de estos quedarían excluidos de los comicios.

Mientras, Diego Pérez, empleado público, quien espera el trámite de la ciudadanía española, ve con preocupación la decisión del Supremo. “Los que se exiliaron fueron víctimas; yo veo una discriminación total. La justicia está contaminada por la política. No saben si son socialistas los nacionalizados que iban a votar en noviembre; a lo mejor votaban al mismo Vox. Se cercena un derecho que tenemos por nuestros abuelos y bisabuelos. En mi caso, eran anarquistas que dejaron su tierra; es como un castigo a ellos”.

“Trump está hundiendo al partido”. Así de elocuente se expresa una fuente consultada por la CNN este lunes. Y lo cierto es que el pánico está creciendo entre las filas republicanas, sobre todo entre esos congresistas, senadores y gobernadores que tienen miedo a perder sus cargos institucionales, es decir, sus puestos de trabajo, sus sueldos, su poder y su lugar privilegiado en el establishment político y económico de EE.UU.

Los republicanos temen que el presidente de EE.UU., que se encuentra de gira por todo el país con actos diarios para la campaña de las elecciones del 3 de noviembre, los arrastre a una debacle electoral que les haga perder la Cámara de Representantes y el Senado. No en vano, el índice de aprobación de Trump alcanzó su mínimo, con un 30% de los estadounidenses a favor y un 68% en contra, lo que supone un descenso de 4 puntos porcentuales respecto a julio, según una encuesta reciente del Pew Research Center. Es decir, el 68% censura lo que está haciendo, una desaprobación que el propio presidente contribuye a alimentar con sus actos de campaña.

Desde la guerra de Irán hasta la represión migratoria, pasando por el encarecimiento del costo de la vida y un acuerdo con Vladímir Putin para intentar rebajar el precio del diésel a la desesperada mientras alimenta la guerra en Ucrania. Pero no solo: ese acuerdo tumba las sanciones a Rusia firmadas por Trump el pasado 18 de septiembre, además de que devuelve a Putin su condición de interlocutor internacional, tras haber sido sancionado por Occidente, y lo convierte en un aliado que sale al rescate de un presidente de EE.UU. asfixiado por las consecuencias de sus propias decisiones en materia arancelaria y de política exterior.

En todo caso, según los expertos, el acuerdo equivale a la demanda de diésel de EE.UU. durante día y medio, por lo que no se prevé que tenga un gran impacto en el precio al consumidor.

Este domingo, senadores de los dos partidos, como Susan Collins (republicana por Maine), Jeanne Shaheen (demócrata por Nuevo Hampshire), Richard Blumenthal (demócrata por Connecticut), Lisa Murkowski (republicana por Alaska), Ron Wyden (demócrata por Oregón), Thom Tillis (republicano por Carolina del Norte) y John Curtis (republicano por Utah), emitieron una declaración conjunta para condenar las importaciones de gasóleo ruso a EE.UU. pactadas entre Trump y Putin.

“El Congreso prohibió explícitamente las importaciones de energía rusa en 2022 para evitar que los dólares estadounidenses financiaran la brutal guerra de Putin contra Ucrania”, afirma la declaración: “El Congreso fue claro: Estados Unidos no debe importar petróleo de Rusia hasta que esta ponga fin a su agresión contra Ucrania y cese las amenazas contra nuestros aliados de la OTAN. La decisión del presidente Trump de permitir las importaciones de gasóleo ruso a EE.UU. contraviene directamente dicha ley. Además, la Administración no consultó al Congreso ni presentó ninguna explicación que justifique su decisión, tal y como exige la ley. Estados Unidos no debe proporcionar a Putin un salvavidas financiero mientras Rusia siga matando a civiles ucranianos. La Administración debe dar marcha atrás de inmediato”.

Renegando de Trump

A poco más de tres semanas de las elecciones de mitad de legislatura, algunos republicanos que se presentan a las elecciones marcan distancias con Trump en sus debates electorales. Un ejemplo son los debates al Senado en Maine, entre la senadora Susan Collins y el aspirante demócrata Troy Jackson, informa ABC News. En los dos debates celebrados, Collins habló de su registro de votos en contra de Trump y de cómo se enfrentó a su partido para colaborar con la oposición: “Voté a favor del presidente Biden el 91% de las veces. Y, solo este año, solo en esta legislatura, voté en contra del presidente Trump 137 veces”.

Collins también criticó la guerra en Irán, afirmando que “no está bien planteada” y que provocó circunstancias adversas en lo que respecta al precio del petróleo a nivel mundial. Collins, además, criticó los aranceles impuestos por Trump a Canadá, un país cuya economía está estrechamente vinculada a la de Maine.

En Michigan, en el debate para las elecciones a gobernador del martes pasado, el candidato republicano, John James, pidió que la guerra en Irán terminara rápidamente: “Debería haber terminado ayer”.

En el debate para las elecciones a gobernador de Georgia, por otro lado, el candidato republicano, Rick Jackson, que en su momento basó su campaña en ser “el gobernador favorito de Trump”, ahora está cambiando de discurso. Cuando su oponente demócrata, Keisha Lance Bottoms, intentó vincular a Jackson con el presidente, este, en cambio, se alineó con el popular gobernador saliente, el republicano Brian Kemp, que lleva dos mandatos en el cargo.

“Déjenme que les diga algo. No le debo nada a nadie. Nadie me dijo nunca lo que tengo que hacer. Mi prioridad número uno son los georgianos. Son ustedes. Y me enfrentaré a cualquiera, tal y como hizo Brian Kemp. Él colabora con ambos partidos, con ambos presidentes, y se mantiene firme cuando no está de acuerdo”, afirmó Jackson durante el debate del martes, en el que no mencionó nunca al presidente por su nombre.

Represión migratoria

Muchos republicanos también son críticos con la represión migratoria. Recientemente, la congresista republicana por Florida María Elvira Salazar difundía un video en el que impugnaba las políticas de la Casa Blanca. Y no es la única. “Cuando empezás a deportar a personas que llevan aquí 15 o 20 años sin incidentes, eso es una zona gris en la que, en mi opinión, hay mucha división de opiniones”, afirmó el senador John Cornyn (republicano por Texas). “Siempre pensé que esta idea de las deportaciones masivas transmitía un mensaje equivocado”.

Una encuesta de Fox realizada entre el 11 y el 14 de septiembre a 1.211 votantes registrados revela que el 53% consideraba que la aplicación de las leyes de inmigración por parte de la Administración Trump había ido demasiado lejos. De los que afirmaron que las deportaciones habían ido demasiado lejos, el 45% señaló que el Gobierno estaba haciendo un uso excesivo de la fuerza, mientras que el 49% afirmó que se estaba actuando contra las personas equivocadas.

El senador Mike Rounds (republicano por Dakota del Sur), que se presenta a la reelección este año, afirmó que la mayoría de los estadounidenses quiere que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se centre en los migrantes que hayan cometido delitos distintos del de cruzar ilegalmente la frontera: “La mayoría de los estadounidenses afirman que somos una nación de leyes, pero con tanta gente aquí de forma ilegal como la que tenemos, asegurémonos bien de que nos centremos en detener a aquellas personas que infringieron nuestras leyes en aspectos distintos al simple hecho de estar aquí ilegalmente”.

Rounds aconsejó a la Administración Trump que fuera más indulgente con los inmigrantes que “están aquí y cuentan con una resolución judicial que [establece] que pueden permanecer en el país”.

El senador Thom Tillis (republicano por Carolina del Norte) afirmó que está de acuerdo con sus colegas republicanos del Senado en que las deportaciones masivas de Trump fueron demasiado lejos: “Prefiero que 100 personas en situación irregular queden en libertad antes que detener a una persona inocente. Aparte de ser una tontería desde el punto de vista político, en mi opinión es inmoral. Ocultamos por completo el enorme éxito que supone la seguridad de la frontera, al extralimitarnos y actuar de forma demasiado agresiva”.

“¡Este no va a ser un país laico!”, se desgañita el pastor Silas Malafaia, micrófono en mano. Cabeza de una de las iglesias pentecostales más importantes de Brasil, Malafaia fue el as en la manga de Jair Bolsonaro para conseguir la presidencia en 2018. En un país en el que alrededor del 30% de la población se reconoce como evangélica, lo que diga un líder religioso como él tiene un peso enorme. Y esto no ocurre solo allí. La expansión de esta rama del protestantismo está marcando el pulso de una Latinoamérica volcada casi ya por completo hacia la extrema derecha, que ha encontrado el aliado perfecto para sus recetas económicas ultraliberales y su agenda social conservadora. 

Ocho años después de aquel acto de campaña en el que bramaba contra la laicidad, el discurso de Malafaia no ha bajado un ápice en intensidad. Hoy es otro Bolsonaro el de las boletas, y llega a la segunda vuelta de las elecciones como caballo ganador. Flávio revalida los esponsales entre ultraderecha y evangélicos para tumbar a Lula da Silva con la promesa de una vuelta al orden anterior, empezando por indultar al expresidente encarcelado por intento de golpe de Estado. En el nombre del padre, con la inestimable ayuda del Espíritu Santo. 

La votación del 25 de octubre decidirá el futuro de Brasil, pero no solo. El duelo entre Lula y Bolsonaro dirá también si aguanta o no el gran bastión de la izquierda en Sudamérica en un contexto en el que la batalla política en la región se ha ido contaminando de crucifijos, citas bíblicas y discursos antiderechos.  

Kissinger y la iglesia anticomunista 

El desembarco de las iglesias pentecostales en América latina comenzó en los años 60 y 70, apadrinada en parte por Estados Unidos. En plena Guerra Fría, a Henry Kissinger le preocupaba la deriva de una iglesia católica influenciada por la teología de la liberación, que conectaba con los pobres y los movilizaba en el reclamo de mayor justicia social. Pronto llegaría el papa Juan Pablo II para acabar con aquello, pero el secretario de Estado no quería brotes verdes comunistas, así que su realpolitik, además de promover y financiar dictaduras en toda la región, apoyó una corriente religiosa que consideraba más afín a sus intereses.

En contraposición a las ramas más tradicionales, el evangelismo pentecostés considera que el éxito y bienestar económico es resultado del vínculo cercano con Dios, quien proporciona prosperidad, trabajo y bienes materiales. Una lógica bilateral, individualista y para nada revolucionaria: Cristo y capitalismo.

Las iglesias evangélicas fueron extendiéndose con un modelo atomizado y horizontal, arraigando en los barrios de un continente desigual, ofreciendo ayuda y pertenencia allí donde el Estado invisibiliza y abandona. Con el tiempo, esos sermones pronunciados entre sillas de plástico en pequeños locales comerciales acabaron convirtiéndose en arengas continuas frente a audiencias multitudinarias, ceremonias en campos de fútbol repletos, editoriales especializadas y medios de comunicación. Edir Macedo, de la Iglesia Universal del Reino de Dios, es dueño de TV Record, la segunda cadena televisiva de Brasil, un país con 213 millones de habitantes. El consuelo de las almas viró en poder para influir en la opinión pública.

“Me pregunto en qué momento los líderes evangélicos decidieron transformar una iglesia construida sobre la generosidad de sus fieles en una máquina de poder político”, dice la cineasta Petra Costa en su premiado documental Apocalipsis en los trópicos. 

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca no ha hecho sino apuntalar esa enorme influencia política. El cristianismo carismático se ha consolidado como una fuerza ideológica dominante dentro del Partido Republicano. La cosmovisión impulsada por redes como la Nueva Reforma Apostólica, que concibe la arena política como una batalla cósmica contra “espíritus territoriales” y “potestades demoníacas” se ha trasladado a las contiendas electorales latinoamericanas. Y las de Brasil son especialmente importantes para Estados Unidos, porque suponen casi la última barrera —solo quedaría México como potencia gobernada por la izquierda— en una región que, gracias a sus gobiernos de derecha y ultraderecha, está casi perfectamente alineada con los intereses de Washington.

¿Hay un voto evangélico?

En Brasil, los evangélicos han pasado de representar un 5% en los años 70 a cerca del 31% de la población, con proyecciones que sugieren que podrían ser mayoría hacia 2032. “La transformación religiosa más rápida de la historia”, la definió Petra Costa. Ese cambio se replicó también en el mapa político. Si en 1986 había 13 legisladores abiertamente evangélicos, ahora la bancada multipartidista Frente Parlamentar Evangélica ocupa alrededor del 40% de los escaños del Congreso. Estos diputados fueron fundamentales para la victoria de Jair Bolsonaro y también para la destitución de Dilma Rousseff. Y lo serán en estas elecciones, aunque los expertos destacan que en el caso de Brasil el colectivo ha crecido tanto que ya no se puede hablar de un “voto evangélico”. De hecho, la izquierda de Lula da Silva también se ha acercado a ellos.  

No se trata necesariamente de un aumento en las posturas conservadoras sino del peso relativo que los ciudadanos dan a los temas morales al momento de decidir su voto

Lisa Zanotti — investigadora del Laboratorio para el Estudio de la Ultraderecha (Ultra-Lab)

Lo que sí es evidente es su agenda conservadora, bajo la bandera de la defensa de la familia. Según una reciente encuesta, más de la mitad de los evangélicos de Brasil se identifica con las pautas tradicionales de la derecha. Entre ellas, destacan el no al aborto y el rechazo a la llamada 'ideología de género'. 

“No se trata necesariamente de un aumento en las posturas conservadoras —matiza Lisa Zanotti, investigadora del Laboratorio para el Estudio de la Ultraderecha (Ultra-Lab)— sino del peso relativo que los ciudadanos dan a los temas morales al momento de decidir su voto, frente a otras cuestiones como la económica o las preferencias distributivas”.  

¡Bolsonaro es el candidato de los evangélicos!, brama Silas Malafaia en uno de sus vídeos de Instagram. Y los sondeos le dan la razón. Ya antes de la primera vuelta, el Partido Liberal adelantaba al Partido de los Trabajadores de Lula sobre todo entre las rentas altas (47% frente a 34%), en el Sur del país (50 versus 30%) y entre los evangélicos (52% contra 26%).  

Influencia en muchos países 

“Las iglesias evangélicas no estuvieron en el origen ni del movimiento libertario ni de las protestas callejeras contra Dilma Rousseff del Movimiento Brasil Libre (MBL) que dieron alas a Jair Bolsonaro, sino que su apoyo fue una alianza pragmática para tender puentes y pactar con los sectores populares”, detalla Soledad Vallejo, autora del libro Los dueños de la libertad. Think tanks, dinero y batalla cultural: la estructura oculta del libertarismo en América Latina. 

Aunque quizá no al nivel de Brasil, los evangélicos han ido sumando protagonismo en la política de sus países. En Guatemala, el cómico y pastor evangélico Jimmy Morales consiguió la presidencia (2016-2020) con un discurso conservador, mientras que en 2018 el predicador Fabricio Alvarado ganó la primera vuelta electoral en Costa Rica con el lema “¡No se metan con las familias!”, contra la educación laica. En Colombia, estas iglesias tuvieron un papel decisivo en rechazo a los Acuerdos de Paz de La Habana.

Las excepciones son los países donde la llegada de los evangélicos viene demorada: México, Uruguay y Argentina (dos gobiernos de izquierda y otro más economicista que conservador)

Andrés Malamud — investigador de la Universidad de Lisboa

“Su influencia no es solamente política o ideológica, es también organizacional. Su fuerza es precisamente su capacidad de movilizar”, apunta Lisa Zanotti. Las iglesias pentecostales han liderado masivas protestas callejeras en Perú contra el enfoque de género en la educación pública, y han apoyado abiertamente a Keiko Fujimori para llegar a la presidencia, con una agenda marcada por la oposición a los derechos sexuales y reproductivos, el aborto y la unión civil.

En Chile, el ultraderechista José Antonio Kast fichó a asesores evangélicos en su equipo de estrategia, y el mes pasado incluso participó por primera vez como mandatario en el tradicional Te Deum Evangélico.

“Las excepciones son los países donde la llegada de los evangélicos viene demorada: México, Uruguay y Argentina (dos gobiernos de izquierda y otro más economicista que conservador)”, explica Andrés Malamud, investigador principal en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa.

Pero incluso allí van cobrando peso. A diferencia de la relación fría y distante que mantiene con la Iglesia católica, Javier Milei ha integrado formalmente a la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas en la estructura del Estado, participando de sus actos y sobre todo otorgándole fondos de programas de ayuda alimentaria en barrios vulnerables.

“Si Lula continúa siendo presidente, Brasil se hundirá y esta democracia será fallida”, grita Malafaia junto a Flávio Bolsonaro en un acto de campaña en São Paulo. La voz casi quebrada por el esfuerzo recibe la ovación de una multitud en las calles. El pastor habla de las mentiras de la izquierda inspiradas por el demonio, cita el Nuevo Testamento, insiste en la idea del colapso democrático. A su lado, el hijo del expresidente convicto asiente. Ambos aspiran a devolver Brasil a la ultraderecha por la voluntad, dicen, del Espíritu Santo.

Esperanza y miedo. Flávio Bolsonaro se encomendó en la recta final de la campaña al lema Muda Brasil (cambia Brasil), usada por su padre en las elecciones de 2018. Por su parte, la campaña oficial de Lula da Silva endureció su tono contra Flávio, asociándolo a las armas, la inseguridad y a las milicias (paramilitares). El perfil oficial de Lula lanzó a finales de semana el mini documental Peligro, mira esto antes de votar, un duro repaso de los casos de corrupción y de los vínculos con las milicias de Flávio Bolsonaro.

En unos comicios cabeza a cabeza y con el 99,58% de los votos escrutados, Bolsonaro contaba el 47,12% de los votos contra 45,06% de Lula, una ajustada diferencia que obligará a ambos candidatos a enfrentarse en una segunda vuelta.

Dado que el recuento en zonas izquierdistas como el nordeste y del interior de la Amazonia es más lenta, los analistas esperaban, tal como ocurrió una remontada de Lula. Lo mismo ya había pasado en en 2022, cuando el presidente recuperó con el 70% del recuento.

Aún con una tendencia favorable a Lula en las últimas horas, el resultado inicial cayó como un jarro de agua fría en en la campaña del mandatario. Es que apenas cerrados los comicios, Bolsonaro superaba el 50% de los votos, la barrera para ganar en primera vuelta.

El sábado por la noche saltaron todas las alarmas en la campaña del Partido dos Trabalhadores (PT). Las últimas encuestas antes de las elecciones reflejaban una intensificación del voto útil. No solo en Lula, sino también en Flávio. La encuestadora Quaest revelaba un empate ajustado: 46% para Lula, 45% para Flávio en la primera vuelta. Y con victoria bolsonarista en una hipotética segunda vuelta. A pesar de que CNT / MDA acercó la posibilidad de que Lula ganara en la primera vuelta (47,8% de los votos válidos), todas las encuestas reflejaron un ola positiva para Flávio. AtlasIntel aportó un dato preocupante para el PT: Flávio ganaría en Minas Gerais en la segunda vuelta, el Ohio brasileño, el estado que acierta el resultado nacional desde 1955.  

El diputado progresista André Janones, referente en la guerra digital contra la extrema derecha, lanzó la alarma en un canal de su cuenta de Telegram (“FLÁVIO PUEDE VENCER LAS ELECCIONES!) y soltó un vídeocon instrucciones para virar votos (hacer que alguien cambie de voto) con una frase contundente: ”el amor no ganó una MIERDA!. Lo que mueve la red es el odio“. La recta final de la campaña oficial del PT se aferró al miedo a Flávio Bolsonaro para intentar ganar en la primera vuelta. Y a un clan Bolsonaro que cuenta con ocho miembros de la familia candidatos a diferentes cargos. El analista Leonardo Sakamoto, en un artículo publicado ayer, defendía ayer que el ”brasileño exhausto“ de la polarización política podía definir las elecciones, especialmente el 20% de abstencionistas y los mayores de setenta años (que no están obligados a votar y se inclinan mayoritariamente por Lula). 

El voto de los candidatos

Lula, que votó en São Bernardo do Campo (São Paulo), la ciudad industrial donde forjó su carrera sindical y política, se mostró convencido de la victoria y lanzó ataques contra Flávio Bolsonaro sin citar su nombre: “El pueblo va a tener que escoger entre el fortalecimiento del régimen democrático o la barbarie, entre desarrollo o atraso”. Flávio Bolsonaro, que votó en Río de Janeiro, demostró estar convencido del triunfo en la primera vuelta. “Existe un movimiento claro de voto de revuelta ya en este primero turno. Quien iba a votar a otros candidatos ya está votando a Flávio Bolsonaro en esta primera vuelta”, aseguró. Tanto Flávio como la ex primera dama Michele Bolsonaro (candidata a senadora por el Distrito Federal) fueron insultados en sus respectivos colegios electorales. La ex presidenta izquierdista Dilma Rousseff también recibió silbidos cuando votó en Belo Horizonte. 

A pesar de pequeños incidentes, la jornada laboral transcurrió con normalidad. A diferencia de las elecciones de 2022, cuando el gobierno de Jair Bolsonaro y algunos gobiernos locales intentaron impedir el voto en regiones izquierdistas haciendo controles en carreteras y dificultando el transporte público, ayer hubo gratuidad en el transporte público, gracias a una resolución del Tribunal Superior Eleitoral (TSE). “La gratuidad del transporte el día de las elecciones es algo elemental de la democracia, ya que el derecho a acceder a la urna no puede restringirse por cuestiones económicas. En 2022, un estudio mostró que las ciudades que tuvieron gratuidad en el transporte público durante las elecciones tuvieron una reducción de la abstención”, aseguró ayer a El Diario el urbanista Roberto Andrés, una de las principales referencias en la lucha por la gratuidad del transporte. 

Voto útil polarizado

La concentración del voto útil en Lula y Flávio Bolsonaro deslució ayer el voto del resto de candidatos presidenciales, que pasó bastante desapercibido. El aumento del apoyo del candidato bolsonarista de los últimos días se debe más a la ola antiizquierdista que al entusiasmo por Flávio. El antilulismo y el antipetismo han sido uno de los principales combustibles de la campaña de Flávio Bolsonaro y los candidatos de su partido a diputados y senadores. El lema “Fora Lula” (“fuera Lula”) se ha visto a lo largo de la campaña en camisetas, pegatinas, pancartas, carteles, megáfonos e incluso en colectivos, como el usado por Ricardo Salles, ex ministro de Medio Ambiente de Jair Bolsonaro, que la justicia electoral prohibió. El antipetismo ha provocado un movimiento inusitado en iglesias envangélicas, en las que se ha pedido expresamente el voto contra Lula. 

Tras la “alerta roja”, la militancia petista y ciudadanos pro Lula se lanzaron a pescar votos en las redes y las calles. Grandes nombres de la cultura brasileña como Caetano Veloso, Djavan, Chico Buarque, Maria Bethânia o Gilberto Gil reforzaron sus peticiones de voto a Lula. Algunas personas intentaron virar votos incluso en la fila de los colegios electorales. “Conseguí cuatro votos hoy. Mi método... digo que no soy fan de Lula, pero que no hay alternativa. Hablo de los paramilitares de Flávio. Pido sugerencia de votos a diputado y todo fluye. Esto vale hasta en la fila del voto”, aseguraba el sábado por la noche la documentalista Irene (nombre falso), en el grupo de WhatsApp de un club de lectura del estado de Río de Janeiro. La Confederación Nacional de los Obispos de Brasil (CNBB), a la que Flávio Bolsonaro intentó censurar tras la polémica que asociaba al candidato a un proyecto que pretendía retirar el título de patrona nacional a Nossa Senhora da Aparecida, se manifestó en la red social X, pidiendo un “Brasil reconciliado, soberano, justo y fraterno”. Todo un mensaje velado de apoyo a Lula. 

Lula da Silva o Flávio Bolsonaro. Brasil elige este domingo entre dos proyectos radicalmente opuestos. Si ninguno de los candidatos supera el 50% de los votos, el 25 de octubre se celebrará una segunda vuelta definitiva. Tras cuatro años en la oposición, la extrema derecha quiere volver al poder de la mano del hijo del expresidente. Si hace dos semanas, Flávio lideraba las intenciones de voto, ahora Lula gana la primera vuelta (45% frente a 42% de Flávio) y en la segunda (47 a 46), según Datafolha. De la injerencia estadounidense a una virgen negra repudiada por los sectores más radicales, la campaña electoral muestra un país totalmente dividido.

Jean Willys, el diputado que escupió en la cara a Jair Bolsonaro el día del impeachment contra Dilma Rousseff en abril de 2016, que se exilió de Brasil tras recibir amenazas de muerte, confiesa a elDiario.es que es de nuevo candidato (del PT) porque existe una batalla entre dos proyectos antagónicos. “Uno es neofascista, neocolonial y neofeudalista conducido por Trump y su internacional de extrema derecha; y otro, conducido por China, que apuesta por la multipolaridad, la soberanía de los pueblos y en la cooperación para vencer a la crisis climática”, asegura Willys.

Y una santa entró en campaña

Una virgen negra, Nossa Senhora Aparecida, patrona de Brasil desde 1930 y Generalísima del Ejército, icono del catolicismo popular, ha acudido al rescate de Luiz Inácio Lula da Silva.

La periodista Maria Cristina Fernandes soltó una bomba en un programa de la Rede Globo el 24 de septiembre: “Hay un movimiento en la Iglesia Católica de reacción a una parcela de evangélicos que está movilizando un proyecto de ley para retirar a Nossa Senhora da Aparecida la condición de patrona”. El proyecto aspiraría, según la periodista, a reconocer a Jesucristo como único señor de Brasil, algo que el propio Flávio Bolsonaro defendió en campaña.

Inmediatamente, las redes sociales explotaron, asociando los ataques a la patrona de Brasil a Flávio. La bola de nieve creció y la Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) pidió defender la soberanía de Brasil y la democracia (un guiño a Lula). Flávio Bolsonaro solicitó al Supremo Tribunal Federal (STF) la retirada de miles de posts, incluyendo perfiles religiosos dedicados a Nossa Senhora da Aparecida y el de la CNBB.

Los grandes medios calificaron inicialmente el episodio como fake news. Sin embargo, acabaron revelando que el diputado Victorio Galli, que presentó un proyecto en 2007 para retirar el título de la patrona, fue asesor del expresidente Jair Bolsonaro. También recordaron los estrechos lazos de la familia Bolsonaro con el pastor evangélico J.B. Carvalho, que relaciona en un libro a la patrona de Brasil con la promiscuidad. Flávio Bolsonaro y su mujer se bautizaron en 2024 en el templo de Carvalho.

Lula ha metido a la patrona de Brasil en su campaña. “Mientras yo sea presidente nadie va a denigrar a Nossa Senhora da Aparecida”, afirmó en Belém do Pará. Mientras, un verdadero alud de memes invade las redes sociales. Las encuestas ya reflejan la polémica. Lula creció cinco puntos entre los católicos, hasta alcanzar el 48%, según Quaest. No obstante, las cuestiones morales continúan azuzando a Lula. “No es política, es una división espiritual. Yo no voto a alguien proaborto como Lula”, asegura Maria, una empleada doméstica evangélica, en un audio de WhatsApp en el que comparte un montaje de la popular presentadora Xuxa contra Lula. Da igual que el vídeo sea falso y que Lula esté contra al aborto. María, como el 62% de los evangélicos, se decanta por Flávio.

La prohibición de las apuestas online mediante un decreto presidencial, apoyada por un 78% de los brasileños, también ha contribuido a cierta remontada de la izquierda. Si hace dos semanas, Flávio lideraba las intenciones de voto, ahora Lula gana la primera vuelta (45% frente a 40% de Flávio) y en la segunda (48 a 45), según Datafolha. CNT/MBA insinúa que Lula acaricia el triunfo en la primera vuelta: 47,8% de los votos válidos. Lula y Flávio cerraron la campaña en São Paulo, el mayor colegio electoral del país, donde el actual presidente sube en las encuestas.

Un país dividido

El clima de guerra santa electoral entre protestantes y católicos es la guinda de una campaña turbia sin apenas propuestas políticas. La polarización creciente barrió las posibilidades de pasar a la segunda vuelta del conservador Ronaldo Caiado, del ultraderechista Renan Santos, del centrista Augusto Cury y del liberal Romeu Zema. El abogado de São Paulo Gilberto Canhadas, de 39 años, confiesa a elDiario.es que no “es bolsonarista” y que preferiría votar a Zema, pero que se decanta por el “voto útil” a Flávio ya en la primera vuelta. Prima el antilulismo, el antiizquierdismo. Y se ha reducido el número de indecisos a un 1% de la población, y los blancos y nulos, al 6%, según Datafolha.

Las encuestas dibujan la profunda división de Brasil. Lula gana entre los más pobres, entre las mujeres, los jubilados, los negros y mestizos, católicos y habitantes del nordeste y los menos escolarizados. Flávio Bolsonaro gana entre quienes ganan más de tres salarios mínimos (unos 830 euros), blancos, evangélicos, hombres menores de 44 años y habitantes del sur y el centro-oeste de Brasil.

La izquierda acusa a la extrema derecha de dividir el país entre ciudadanos de bien y el resto. Y la derecha, lo contrario. La polarización también ha desdibujado en la campaña la cuestión ambiental. “Vivimos una emergencia climática y es fundamental mantener la selva en pie, que también es importante para la economía”, afirma a elDiario.es Neidinha Surui, icono de la lucha indígena y candidata a senadora en el Estado amazónico de Rondonia. 

Vivimos una emergencia climática y es fundamental mantener la selva en pie, que también es importante para la economía

Neidinha Surui — candidata indígena a senadora en el Estado de Rondonia

El mercado financiero de Brasil, sinónimo de la avenida Brigadeiro Faria Lima de São Paulo, ha pasado de puntillas por la campaña. A pie de avenida, nadie quiere hablar de política. Abunda la propaganda del liberal Partido Novo de Romeu Zema. Tras semanas negociando con fondos de inversión, ninguno accedió a hablar con El Diario. En la puerta del edificio los fondos Pátria Investimentos, WHG y EGC, las asesorías de prensa no dan la autorización final para subir. “Prefiero no hablar de elecciones”, dice un hombre enchaquetado en la entrada. Tony Volpon, que fue el hombre fuerte de WHG, criticó los “psicodramas de la familia Bolsonaro” en la BBC y manifestó “esperanza de que el próximo ciclo electoral sea más abierto”. Muchos inversores de la Faria Lima, según el mismo artículo, confían en que Renan Santos lidere la (extrema) derecha en 2030. En el centro comercial de lujo Iguatemi, en plena Faria Lima, Alexandre, abogado, manifiesta desconfianza hacia Flávio: “El problema es que con los Bolsonaro Brasil es el hazmerreír del mundo”.

'Big tech' y grandes medios

Barrio de Butantã. Noche cerrada. Un artista visual y un gestor cultural que prefieren no revelar su nombre critican en una terraza que las campañas del PT han invertido demasiado en publicidad en Meta (propietaria de Facebook, Instagram y Whatsapp). “A los activistas nos han dejado de lado. ¿No se dan cuenta de que no se puede confiar en las Big Techs? No van a distribuir el contenido”, afirma uno. Los candidatos ya ha invertido más dinero en post promocionados en Meta que en las dos vueltas de 2022. Y Lula lidera, con 4,7 millones de reales (730.000 euros). 

Si en 2022, las Big Techs intentaron controlar las fake news, en 2026 han jugado levemente contra Lula. Facebook paralizó temporalmente la publicidad de Lula. Projetemos, colectivo que proyecta mensajes políticos paredes de todo Brasil, denunció la suspensión de su grupo de Whatsapp. Instagram tumbó un vídeo del humorista Fábio Porchat sobre la relación de Flávio Bolsonaro y la corrupción del Banco Máster. Y las IA de Google y de X (antiguo Twitter) expandieron fake news pro Flávio Bolsonaro.  

La injerencia estadounidense en las elecciones, de hecho, ha existido. El PT denunció que el fondo de inversiones Rockbridge Network, fundado por el vicepresidente estadounidense J.D. Vance, ha invertido en la campaña de Flávio. Por otro lado, las plataformas de apuestas Kalshi y Polymarket, están interfiriendo desde Miami. El gobierno mandó investigar la financiación de Estados Unidos de un millón de dólares a grupos que cuestionan las decisiones de la justicia brasileña. Por si fuera poco, el gobierno de Estados Unidos cerró el viernes sus consulados en Brasil, argumentando “riesgos de seguridad”. La Revista Fórum reveló que el Sistema Brasileiro de Inteligência (Sisbin) emitió un informe de alerta de operación psicológica (psy-op) para “generar un clima de tensión permanente hasta el domingo”. La campaña de Lula pidió al Tribunal Superior Electoral (TSE) investigar la medida de la Casa Blanca. 

El periodismo industrial piensa que es necesario buscar un equilibrio, incluso cuando no existe. Colocar las sospechas sobre el PT en igualdad con Flávio Bolsonaro es en sí un desequilibrio

Bruno Torturra — periodista en podcast 'Calma Urgente'

Por su parte, los grandes medios arrancaron la campaña en modo anti Lula. La Rede Globo insistió en las sospechas contra Lulinha, hijo de Lula, por su presunto tráfico de influencias. Ninguno de los grandes medios dio excesivo espacio a nuevos escándalos de Flávio Bolsonaro, como el desvío de dinero público hacia los asesinos de la concejala Marielle Franco en 2018 o denuncias que relacionan al candidato con prostitutas. “El periodismo industrial piensa que es necesario buscar un equilibrio, incluso cuando no existe. Colocar las sospechas del PT en igualdad a Flávio Bolsonaro es en sí un desequilibrio”, denunció el periodista Bruno Torturra, en el popular podcast Calma Urgente.  Apenas cuando Flávio empezó a subir en las encuestas, medios conservadores como Estadão publicaron un editorial alertando del riesgo de un hipotético gobierno de Flávio con lógica paramilitar. Algo molesto con los medios, Lula plantó a la Rede Globo en el debate presidencial del jueves. Y apostó en el mismo horario por una entrevista con el youtuber Flow, en el que elogió el papel de los medios alternativos. 

Por el contrario, medios independientes como The Intercept Brasil, Revista Fórum, Agência Pública o ICL Noticias han marcado el ritmo informativo. El caso de la niña de cinco años Ana Clara Gomes Machado, asesinada a tiros por un policía en Río de Janeiro al que Flávio Bolsonaro defendió como abogado, se ha convertido en mainstream gracias a la iniciativa independiente Revelando. 

La voz de las periferias

En la ruta de Campo Limpo, en la periferia sur de São Paulo, dos mujeres negras reparten panfletos de Mônica das Pretas, del Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). Sonríen. En un semáforo ondean banderas del PT. “La campaña no es fácil. Pero es diferente a la de 2022. Ahora es la derecha quien tiene que espabilarse. Nosotros somos gobierno”, asegura Alex Barcellos, gestor de cultura y economía solidaria y fundador de la Agência Solano Trindade, una asociación social y cultural de la ciudad.

En la Agencia, un verdadero hub de campañas electorales, apoyan las candidaturas de Ediane Maria y Natália Boulos, ambas del PSOL. Y una campaña conjunta de las Marinas (la exministra Marina Silva, al Senado, Marina Helou, al Congreso y Marina Bragante, a diputada regional). Todas bajo el paraguas de Lula, que rozó el 60% de los votos en la zona sur de São Paulo en 2022.

El problema es que parte de la juventud no está votando, está desanimada. No ayuda que llegue un sociólogo de izquierda explicando cosas. Por eso trabajamos con batallas de rimas, hip hop

Alex Barcellos — fundador de la agencia electoral Solano Trindade

En una salita, Alex muestra propaganda electoral y dos mapas grandes de Campo Limpo y el Capão Redondo, dos de los barrios con más quebradas (favelas). Sabe exactamente quién es clave para derrotar a Bolsonaro en cada barrio. “El problema es que parte de la juventud no está votando, está desanimada, ni tiene título de elector. No ayuda que llegue un sociólogo de izquierda a la quebrada explicando cosas. Por eso nosotros trabajamos con batallas de rimas, hip hop. A través de los festivales llegamos con mensajes de economía solidaria y política”, matiza.

El nuevo restaurante de la agencia, Orgánicamente Rango, es una apuesta. “Hay gente del barrio que frecuenta el restaurante y acaba entrando en las pautas de la izquierda”, matiza. Barcellos fue uno de los protagonistas del Quilombo Periférico, una experiencia de concejalía colectiva en São Paulo entre 2021 y 2024 del PSOL. “Hackeamos el sistema. Fuimos la concejalía que mandó más recursos a las periferias, 12 millones de reales (2,04 millones de euros)”, recuerda.

Guilherme Simoẽs, exsecretario de periferias del gobierno Lula, asegura a elDiario.es que la izquierda está apostando por la presencia en los territorios: “Tienes que hablar en las redes, pero también estar con la gente, con el pueblo, con un pie en la calle, en el barro, para dialogar”. ¿Quién será el próximo presidente, Lula o Flávio? Lula, en el vídeopodcast de Flow, fue más optimista: “Voy a ganar el domingo”.

La casa de veraneo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro está sellada por la polarización. En la puerta trasera luce un sticker con el lema de la campaña de 2018 que lo llevó al poder: “Brasil por encima de todo, Dios por encima de todos”. En el garage principal, cuatro letras escritas sobre el polvo: Lula. En la casa vecina, en la rua da Praia de la Vila Mambucaba, un distrito de Angra dos Reis —una ciudad de unos 180.000 habitantes del estado de Río de Janeiro salpicada de playas de ensueño y selva tropical—, dos hombres de mediana edad critican a la izquierda.

“Lula es el demonio, un vampiro. Hay que exterminar a la izquierda”, afirma Sandro Castro, de 54 años, jubilado, antiguo trabajador metalúrgico. Aílton Luíz –53 años, transportista autónomo– es aún más radical: pide la intervención de Donald Trump en Brasil. “Que se lleve preso a Lula como hizo con Maduro en Venezuela”, sostiene con vehemencia.

Aunque la economía vive un momento dorado, Sandro y Aílton califican la situación actual de Brasil como catastrófica. Inflación descontrolada. Violencia extrema. Niños adoctrinados por la izquierda en la escuela. Un argumentario calcado del repertorio del bolsonarismo. “Necesitamos más apoyo a los emprendedores y menos Bolsa Familia (el programa asistencial de Lula)”, dice Sandro. Aílton confiesa que votó a la izquierda en 2002, 2006 y 2010. “A partir de 2014, me hice de derecha, y nunca más los votaré. Basta de Lula”, clama.

En Angra dos Reis, estar al lado de los Bolsonaro es un activo político. La ciudad es la niña de los ojos de la familia. Antes de ser encarcelado, Jair daba paseos en moto acuática en sus playas, visitaba a famosos en barcos de lujo y pescaba (ilegalmente) en la reserva ambiental de Tamoios

La evolución de Aílton es también la de Angra dos Reis, donde los sindicatos y la izquierda reinaron en el pasado. En 1997, cuando Jair Bolsonaro compró su casa de veraneo, Angra estaba gobernada por José Marcos Castilho, del Partido de los Trabajadores (PT), la formación de Lula. En 2006, el 68,75% de los angrenses votaron a Lula. La izquierda gobernó la ciudad ininterrumpidamente entre 1989 y 2004 y entre 2013 y 2016. Tras el huracán antiizquierdista y el golpe parlamentario contra la presidenta Dilma Rousseff en 2016, el PT no consiguió ni un solo concejal.

En 2018, Jair Bolsonaro obtuvo el 74,31% de los votos. En 2022, a pesar del retorno de Lula, Bolsonaro consiguió casi el 67%. “Río de Janeiro fue tomada por la onda bolsonarista. Aquí en el interior, más todavía. En Angra están en casa. Con las fuerzas de izquierda y los sindicatos fragilizados, sin el apoyo de la prensa local, no conseguimos enfrentar esa ola”, asegura el exalcalde Castilho.

Un kit anti-Lula

En el centro de Angra dos Reis llueve a cántaros. Una veintena de personas salen de la sede del Partido Liberal (PL) con banderas de Flávio Bolsonaro, el rival de Lula en las elecciones del domingo, y de Renato Araújo, candidato a diputado federal de la formación ultra. En el primer piso, un anciano organiza el “kit anti-Lula” con stickers y carteles. “Quien se registra en la web lo recibe en casa. El ”fuera Lula“ es nuestro gran hit”, afirma. Léo, uno de los abogados del partido, muestra recelo. “¿La decadencia del periodismo no será culpa de ustedes, periodistas?”, pregunta. A su lado, Raquel Amirata, de unos 50 años, confiesa que “obliga a los seis empleados de su restaurante a hacer campaña por Flávio y por Renato”.

Asomado a la ventana, Gustavo Laranjeiras —39 años, ingeniero químico— destaca el carácter emprendedor de Renato Araújo, amigo personal del clan Bolsonaro. “El gobierno es un vector para abrir espacio a las inversiones y a la meritocracia”, sostiene en tono afable. Confía en la victoria de Flávio. “Estamos en las redes, pero muy intensamente en las calles”. En el grupo de WhatsApp “Renato Araújo Oficial 01”, con 641 miembros, los ánimos están por las nubes. Divulgan las encuestas que dan la victoria a Flávio Bolsonaro. Fluyen imágenes y videos de las muchas caminatas, mítines, actos y debates de la campaña en una ciudad desperdigada a lo largo de 170 kilómetros de litoral continental y 365 islas.

Renato Araújo está hasta el cuello de denuncias legales. La justicia paralizó su promoción inmobiliaria Bellavista Portogalo, un condominio de lujo de 31 mansiones que usurpa terreno público. Renato presume de proximidad con los Bolsonaro. Divulga fotos con el expresidente Jair y Flávio en su casa. En Angra dos Reis, estar al lado de los Bolsonaro es un activo político. La ciudad es la niña de los ojos de la familia. Antes de ser encarcelado, Jair daba paseos en moto acuática en sus playas, visitaba a famosos en barcos de lujo y pescaba (ilegalmente) en la reserva ambiental de Tamoios.

Flávio Bolsonaro usa como si fuera propia una mansión de lujo cedida por un amigo involucrado en corrupción. Y como senador intentó favorecer la especulación inmobiliaria en Angra con la PEC das Praias, un proyecto de ley para privatizar las playas que beneficia directamente a Renato Araújo. “Simultáneamente, al ascenso de la extrema derecha como fuerza política nacional, el bolsonarismo emergió de forma muy intensa en Angra. Tienen casa aquí y son parte de la política local. Eso es devastador”, afirma André Rodrigues, profesor de Pensamiento Político del campus de la Universidade Federal Fluminense (UFF) de Angra dos Reis.

El gran proyecto de Flávio es crear una “Cancún brasileña” a base de resorts y cruceros en una región repleta de reservas ambientales y patrimonio histórico

El gran proyecto de Flávio es crear una “Cancún brasileña” a base de resorts y cruceros en una región repleta de reservas ambientales y patrimonio histórico. André Rodrigues sostiene que la narrativa del turismo arrastra a mucha gente hacia el bolsonarismo: “El turismo de masas como bandera del desarrollo tiene popularidad. También el relato bolsonarista de que las áreas de protección ambiental impiden el desarrollo”.

En el barrio popular de Frade, atravesado por la autopista BR 101, que cercena la ciudad, el militar Westley Amorim argumenta que con “Jair Bolsonaro la gasolina era más barata”, mientras muestra orgulloso un video de su hijo de 14 años conduciendo un coche. En Angra también cala hondo la demanda de los Bolsonaro de terminar con los radares de la autopista. La “patria amada” del bolsonarismo, según escribe el urbanista Roberto Andrés, florece en el asfalto: disminuir controles y multas es un grito común. Priman las manifestaciones en moto y coche (motociatas y carreatas, respectivamente) o con barcos a motor (barqueatas), como las celebradas el 29 de agosto en Angra, con la presencia de Flávio Bolsonaro.

Paramilitares y antiizquierdismo

Raquel Feijó (53 años) y Thaís dos Anjos (30) sostienen banderolas de propaganda del candidato presidencial Augusto Cury en la calle Pereira D'eça, en el distrito de Jacuecanga. “No podemos ni nombrar a la izquierda. Explicamos que Cury es de centro. La gente odia al PT”, dice Thais. En plena contienda electoral, en Angra dos Reis apenas hay banderas rojas del PT. Ni stickers en los coches. Ni carteles. Priman el verde y amarillo del PL. Algunos vehículos tienen calcomanías con el lema “Fuera Lula” o con frases de Bolsonaro. Una es: “Si el bien no ocupa el espacio, el mal lo ocupa”.

Los izquierdistas están dentro del armario. Raquel explica que, hace unos días, un hombre insultó a una empleada de un restaurante tras escucharla elogiar a Lula. En la campaña de 2022, una joven izquierdista de 19 años terminó en el hospital tras ser agredida con un palo en la cabeza por un bolsonarista.

André Rodrigues destaca que Angra dos Reis siempre estuvo atravesada por la violencia. Últimamente, está tomada por el tráfico de drogas y la milicia (paramilitares), con quien la familia Bolsonaro tiene estrechos lazos, según denunciaron publicaciones locales. “Desde 2016 observamos más tráfico de drogas, milicias y conflictos armados. En muchos barrios prevalecen lógicas milicianas, como cobrar tasas por la seguridad, y así se crean corrales electorales donde unos candidatos entran, y otros no”, asegura Rodrigues.

El investigador describe una urbe tomada por la seguridad privada que encaja como anillo al dedo en el bolsonarismo. Cercas, garitas, controles, condominios cerrados. Ricos viviendo en mansiones y un 42% de la población, en favelas. “El discurso sobre seguridad moviliza mucho aquí. Durante los gobiernos de derecha se registró una gran violencia policial”, matiza.

Desde 2016, observamos más tráfico de drogas, milicias, conflictos armados. En muchos barrios prevalecen lógicas milicianas, como cobrar tasas por la seguridad, y así se crean corrales electorales donde unos candidatos entran y otros no

André Rodrigues — Profesor de Pensamiento Político de la Universidade Federal Fluminense

“¿Cómo es posible que Lula defienda los pequeños robos de celulares?”, se pregunta Ludmilla Almeida, de 46 años, dueña de la panadería Trigo Tail’s de Jacuecanga, basándose en fake news. En Frade, Gabriela Câmara, empleada de la pescadería Mar da Galileia, engalanada con propaganda de Flávio Bolsonaro, reclama más seguridad. “Yo crecí en Bangu, uno de los barrios más violentos de Río de Janeiro. Ahora, Angra está igual”, afirma. La frase “bandido bueno, bandido muerto”, eslogan del bolsonarismo, está enraizada en la ciudad. En el Anuario Brasileño de Seguridad Pública 2024, Angra dos Reis figuró como segundo municipio de más de 100.00 habitantes con más muertos a manos de la policía.

Obreros 'bolsonaristas'

Wellinton Terra, presidente del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de Angra dos Reis, destaca cómo Lula invirtió en la industria naval: “Salvó el astillero. En 2019, con Bolsonaro, despidieron a todo el mundo, se quedaron 1.000 trabajadores. Ahora somos 7.000 y otros 1.000 auxiliares”. Wellinton y Manoel Sales, vicepresidente del sindicato, hablan de una Angra que no aparece en las postales turísticas. La Angra de la central nuclear (inaugurada en 1982), del astillero BrasFELS (uno de los mayores de América Latina) y la del puerto petrolífero.

A los trabajadores les preocupa el futuro. “Con Flávio empeorarán las condiciones”, afirma Manoel. Ambos están preocupados por la fuerza del bolsonarismo. “Ya convencí a mi mujer, que votó a Jair Bolsonaro en 2018 y 2022. Pero su familia es bolsonarista radical. Mi hermana también. Incluso algunos trabajadores del astillero”, matiza Wellinton. Habla de sus amigos Fábio y Carlos. El primero no responde al mensaje de WhatsApp. El segundo manda un audio: “Flávio no me convence, pero es menos malo que Lula. Yo soy evangélico. Flávio va a defender a la familia”.

En Mambucaba, Cássio Martins, presidente del Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Energia Elétrica, reconoce que el auge de las iglesias evangélicas está “empujando a algunos trabajadores hacia el bolsonarismo”. En la panadería Trigo Tail’s de Jacuaquenga, Ludmila Almeida, fiel de la iglesia Evangélica Aliança Eterna, citaba la Biblia para recalcar que las mujeres trans no son mujeres. El 62% de los evangélicos de Brasil va a votar a Flávio, frente al 29% de Lula, según DataFolha. El mensaje de Renato Araújo para dicho nicho es nítido: un cristiano no vota al PT (ni a aliados del PT). Incluso el ingeniero Gustavo Laranjeiras, de pose y discurso moderados, mostraba con orgullo en la sede del PL un folleto de propaganda con una familia dentro de una lata de conserva sellada por una frase: “conservados por Jesucristo”.

Leandro Urbino nunca imaginó que una pandemia obligaría a cerrar Giulia Festas, su tienda de productos para celebraciones infantiles, en su momento dorado. Pero, en 2020, dejaron de celebrarse cumpleaños y tuvo que despedir a sus 18 empleados. Con 37 años y un bebé recién nacido, empezó a ofrecer servicios de transporte y reparto en coche a través de la plataforma Uber en São Bernardo do Campo, la ciudad del área metropolitana de São Paulo de 850.000 habitantes donde el presidente Lula da Silva fraguó su carrera sindical y política. Tras perder el automóvil, Leandro alquiló una moto para seguir con los repartos. “El mínimo es 7,5 reales por entrega (1,4 dólares). Tengo que hacer 35 al día. Los sindicatos no hacen nada. Hay que acabar con ellos”, carga.

La opinión de Urbino sobre el Gobierno de Lula es nefasta: “No hizo nada por nosotros”. Critica el proyecto Move Brasil del Ejecutivo, una línea de crédito para comprar coches, porque apenas “retrasa la deuda”. Tampoco valora el espacio Parada Certa (segura) donde descansa, equipado con baños, cocina y televisión, que el Gobierno lanzó para ayudar a los motoboys (repartidores) y conductores que trabajan a través de la aplicación. Leandro elogia al expresidente Jair Bolsonaro. “Nos dejó trabajar durante el confinamiento”, alega. Votará a su hijo, Flávio Bolsonaro, en las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta se celebra el próximo domingo. Cree que es “el menos malo de los candidatos”. 

A un kilómetro de la Parada Certa, Wellington Damasceno, presidente del Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que Lula lideró entre 1975 y 1981, reflexiona sobre el mercado laboral. “No supimos dialogar con los nuevos trabajadores de las aplicaciones. Criticamos la precarización de esas plataformas, sin entender que muchos prefieren eso a trabajar 44 horas semanales, con la presión del jefe”, afirma. Damasceno, de 41 años, cree que los sindicatos y la izquierda tienen que dar respuesta a una gran transición.

Porque quienes teletrabajan apenas pisan las oficinas, los autónomos son precarios y el propio sindicato, que contaba con 115.000 afiliados en 2011, tiene hoy 73.000. El cierre de la fábrica de Ford aún pasa factura. “El problema es que los niños quieren ser youtubers o influencers. Los jóvenes que entran en el mercado laboral crecieron con smartphones. Quieren ser emprendedores, y la extrema derecha controla esa narrativa”, asegura.

El proceso de desindustrialización modificó la región. Hoy, mucha gente trabaja en São Paulo. El movimiento sindical perdió fuerza. Con la crisis del 'lulismo' después de 2015, el PT se debilita en la región y el antipetismo se consolida en los sectores conservadores

Cláudio Penteado — doctor en ciencias políticas y profesor de la Universidad Federal del ABC (UFABC)

Damasceno está preocupado por el debilitamiento de la izquierda en las siete ciudades del ABC Paulista (las siglas del abecedario vienen de los nombres de las tres urbes originales de la conurbación: Santo André, São Bernardo do Campo y São Caetano do Sul). Con sus 2,8 millones de habitantes, sigue siendo una de las áreas más industrializadas de América Latina (industria automovilística, aeronáutica y siderúrgica, principalmente).

En la segunda vuelta de 2002, Lula conquistó el 60,1% de los votos válidos en São Bernardo do Campo. En 2022, el 53,83%. En las siete ciudades del ABC, Lula tuvo el 51,97%. Para Damasceno, las elecciones de 2026 son cruciales, porque “con la excepción de Lula, el resto de candidatos quiere desmontar el sistema de protección social”. ¿Conseguirá Flávio Bolsonaro arañar votos en la cuna política de Lula, donde arrancó la campaña de 2026 con el lema “Donde todo comenzó”?

‘Bolsonarismo’ a pie de calle

El despacho de Nina Braga, concejala del Partido Liberal (PL) de la cámara municipal de São Bernardo do Campo, está forrado con carteles contra Lula (“Lula ladrón”). Ana y José, dos asesores de Braga, comentan que el voto bolsonarista es transversal. “Yo vengo de la favela, y la periferia ya no es petista (que apoya al Partido de los Trabajadores, PT)”, argumenta José. Nina Braga, que no atendió a este medio, es una de los tres concejales del partido de Flávio Bolsonaro de un pleno donde apenas cuatro de los 21 son progresistas.

Desde 2016, tras cuatro mandatos de izquierda, la derecha gobierna São Bernardo. En las elecciones municipales de 2024, el PT ni pasó al segundo turno. En el ABC, el PT solo gobierna Mauá. La extrema derecha gestiona dos ciudades. Los partidos del centrão (gran centro), inclinados a la derecha, el resto. “El proceso de desindustrialización modificó el ABC. Hoy, mucha gente trabaja en São Paulo. El movimiento sindical perdió fuerza. Con la crisis del lulismo después de 2015, el PT se debilita en la región y el antipetismo se consolida en los sectores conservadores”, asegura Cláudio Penteado, doctor en ciencias políticas y profesor de la Universidad Federal del ABC (UFABC). 

¿Hasta qué punto el bolsonarismo es transversal en el cinturón industrial de São Paulo? Marcelo Ferreira, de 45 años, dueño de Bernô Automotive, una tienda de piezas mecánicas, confiesa que votó a Jair Bolsonaro tras saber, dice, que la diputada petista Éryka Kokay “incentivaba el incesto familiar”, algo falso. Cita como supuesta prueba un video del pastor evangélico Silas Malafaia, bolsonarista radical. Marcelo, cuyo padre fue asesinado, apoya a Flávio. Quiere mano dura contra la delincuencia. Por su parte, Anderson Pedrosa, de 32 años, trabajador de un estación de servicio, despotrica contra Lula. “Todo está caro, y la izquierda no para de robar. Bolsonaro lo intentó, pero lo metieron preso”, opina.

Ambos encajan con el perfil que, según la empresa de encuestas Datafolha, apoya más a Flávio Bolsonaro: hombre entre 25 y 44 años. Marcelo, que tenía 37 años cuando votó a Jair Bolsonaro, confiesa que antes “no le interesaba la política”. Esa generación, según explican los periodistas José Roberto de Toledo y Thais Bilenky en el pódcast A hora, es mucho más crítica con Lula, más antipetista, tiende más a Flávio, y no porque les guste (el 53% votaría al candidato de la ultraderecha, frente al 37% proclive al presidente).

Autocrítica del PT

En la puerta de la sede del PT de São Bernardo do Campo —construida en 1979, cuando el partido aún era ilegal— un motoboy pasa gritando: “Lula ladrón”. “Asociar la corrupción a Lula es como un tatuaje en la piel de Brasil”, afirma con resignación Dircéu Marcos, de 63 años, afiliado al partido desde 1983. Confiesa que el bolsonarismo le resulta inexplicable: “El Gobierno Bolsonaro fue un desastre económico, político, social, humano. Negó las vacunas en la pandemia”.

Dirceu salió de la favela Alves Dias en el año 2000, cuando empezó a trabajar como metalúrgico. A los 40 años, durante el primer mandato de Lula, estudió sociología. En 2010, tenía ya dos posgrados. Opina que la izquierda perdió la calle: “Antiguamente, salíamos, debatíamos, conversábamos con las personas”. Cita las comunidades eclesiásticas de base, vinculadas a la teología de la liberación, claves en la fundación del PT. “Hoy vas a una iglesia católica y estás todo el tiempo de pie. Nadie te abraza ni te acoge. La acogida está en las iglesias evangélicas”, asegura.

Somos la categoría más jodida, nadie nos mira

Un repartidor

En la parte trasera de la iglesia de la Matriz, María Aparecida da Costa, Dona Cida, de 81 años, una figura histórica de la Pastoral Obrera, recuerda que, durante las huelgas de Lula, el obispo protegía a los trabajadores de los militares. Hablando en susurros, Dona Cida culpa a las iglesias evangélicas pentecostales del antipetismo creciente de las periferias. “Usan la Biblia para alienar al pueblo. En 2018, les hicieron creer que Jair Bolsonaro era un hombre de Dios. No lo es. Predica la violencia. Flávio debería estar en la cárcel”, asegura. En la sede del Sindicato de Metalúrgicos do ABC, Nelson Campagnolo —87 años, figura clave en las huelgas históricas y amigo personal de Lula— confiesa que si pudiera, “iría a la puerta de la fábrica a conversar y reunir a la juventud”, pero nadie lo hace porque “todo ocurre dentro del teléfono celular”.

'Motoboys' furiosos 

A 200 metros del sindicato, algunos motoboys charlan. Miran constantemente a sus celulares. Algunos salen disparados sin despedirse. Hablan con recelo. Incluso con rabia. De repente, pasa un repartidor en bicicleta, con una bandera gigante de Brasil. “Somos la categoría más jodida, nadie nos mira”, dice uno. “Los políticos son todos iguales”, argumenta otro. Cleiton Silva, el único que revela su nombre, critica a los sindicatos.

El ensayo colectivo Incêndio. Trabalho e revolta no fim de linha brasileiro (2022) analiza cómo la extrema derecha se aprovecha de la volatilidad organizacional de los trabajadores de las aplicaciones. “Los grupos de WhatsApp desaparecen tras cada movilización, los trabajadores se reúnen y se dispersan, la base se disuelve cuando la acción declina”, señala uno de sus fragmentos. El sindicato del gremio SindiMoto del ABC no respondió a este medio.

Los perfiles en redes sociales de Repartidores Antifascistas, que surgieron durante la pandemia, están inactivos. “Los trabajadores de las aplicaciones compran el sueño del espíritu emprendedor y se desplazan a la derecha. Este precariado, formado por hombres jóvenes y de mediana edad, se alía con la extrema derecha. En lugar de tener consciencia de clase, tiene un resentimiento contra los derechos sociales”, asegura Cláudio Penteado.

Por el contrario, Valter Pomar, profesor de economía política de la UFABC, histórico militante petista, sostiene que los trabajadores más pobres siguen votando mayoritariamente a Lula. “El problema de la izquierda es de discurso, de línea política, de trabajo organizativo”, matiza. Cuando se le pregunta por los trabajadores de las aplicaciones, se enoja: “¿Estás intentando convencerme?”. Y argumenta que “en regiones izquierdistas, los conductores de Uber son de izquierda”. Cierra la conversación de WhatsApp con un sticker de Fidel Castro.

El problema de la izquierda es de discurso, de línea política, de trabajo organizativo

Valter Pomar — profesor de economía política de la UFABC e histórico militante del PT

Rumbo a la plaza da Matriz, donde Lula celebró su último acto electoral antes de las elecciones de 2002, el conductor de Uber Alexandre, de unos 60 años, revela que su ídolo es Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Le gusta su mano dura. “No soy bolsonarista, pero votaré a Flávio. Necesitamos colocar el Congreso dentro de una gran prisión”, argumenta Alexandre, a quien despidieron de un banco en 2011.

En la plaza, Brena Novais, de 18 años, está sentada en una mesita del PT, un reducto rojo en una ciudad tomada por propaganda de candidatos conservadores. Afirma que jamás repartiría propaganda de Bolsonaro. Votará a Lula, como el 62% de las mujeres de entre 16 y 24 años (frente a un 30% de los hombres de esa edad) –según los cálculos de José Roberto de Toledo y Thais Bilenky–.

A unos 50 metros, Isabel de Deus, una mujer de 69 años que vende ropa critica a la clase política. Poco a poco, elogia tímidamente a Lula. Si en 2022, Lula ganó en el ABC gracias al “voto izquierdista y al voto de rechazo a la gestión de Bolsonaro”, según Claudio Penteado, la clave de 2026 podría estar en el voto femenino. El 44% de las mujeres muestra su preferencia por Lula en el primer turno, según la encuestadora Quaest frente al 37% que prefiere a Bolsonaro. Según Atlas/Bloomberg, el resultado nacional está muy disputado: el 45,3% para Lula y el 42,2% para Flávio en primera vuelta, pero empate técnico en la segunda. María de Jesús justifica su apoyo a Lula hablando mal del heredero de Bolsonaro con preguntas: “¿Acaso su padre no está preso? ¿No destrozaron Brasilia el 8 de enero de 2023? ¿No intentaron dar un golpe de Estado?”.

El rey Mohamed VI encargó a Fatima Ezzarah El Mansouri, del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM, liberal), ganador de las elecciones legislativas, la formación de un nuevo gobierno en Marruecos, que por primera vez en la historia del país desde su independencia estará encabezado por una mujer.

Según un comunicado del gabinete real, el monarca recibió este martes a Mansouri en el palacio de Rabat para comunicarle su decisión, seis días después de las elecciones.

En virtud de la Constitución marroquí, el monarca, agrega el comunicado, nombró a la actual coordinadora de la dirección colegiada del PAM “jefa de Gobierno a cargo de formar un nuevo Gobierno”.

A sus 50 años, Mansouri, licenciada en Derecho, cuenta con una larga carrera política que la llevó a la alcaldía de Marrakech, la dirección del PAM y la cartera de Vivienda y Urbanismo en el Gobierno saliente de coalición presidido por el magnate conservador Aziz Ajanuch, a quien ahora sustituirá para el periodo 2026-2031.

Observadores consultados por EFE indican que el nombramiento de Mansouri no responde a una voluntad de proyectar una imagen hacia el exterior sino a su perfil de una responsable con una “larga trayectoria política”.

Recuerdan que no se trata de la primera vez en que las mujeres están en un alto nivel en la vida pública en Marruecos. Desde el inicio de su reinado, el monarca ha designado a mujeres en puestos que hasta entonces eran ocupados de manera exclusiva por hombres, entre ellos la consejera real Zoulija Nasri (1945-2015) o Zineb Adaoui primera wali (gobernador) en el país.

Con información de la agencia EFE

La primera película que Robert De Niro dirigió tiene el mismo título de este artículo. En ella interpreta a un vecino del barrio, un conductor de autobús, que ve cómo su hijo es seducido por el grupo mafioso que controla la calle. Mean Street [Malas calles], es otra historia de violencia urbana de un joven Martin Scorsese, en la que también De Niro se mueve en buena parte por el mismo paisaje. Ambos conocieron el áspero Bronx antes de ser artistas. En un viaje a Nueva York, le pedí consejo a un amigo que vivía en la ciudad para visitar el barrio. Me señaló en qué estación de tren bajar, cuáles eran los lugares más seguros y, finalmente, me indicó una avenida por la que podía pasear. ¿Hasta dónde?, le pregunté al ver que no me lo decía. Te vas a dar cuenta solo, me contestó. Efectivamente, después de una caminata frente a comercios, delis y peluquerías, al llegar a una esquina, mientras aguardaba a que la luz del semáforo me dejara cruzar, vi, en la vereda contraria, varios pares de ojos de unos cuerpos apoyados en el marco del ventanal de una cafetería que me invitaban a no hacerlo. Este es el barrio donde nació, creció y al que regresó al morir su padre, una vez terminados los estudios, para trabajar en un bar de moza y ayudar a su madre, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, posible candidata demócrata en la carrera presidencial de 2028.

El sitio PolitiFact, un verificador de datos y hechos de la política estadounidense, registra que en 2011 el socialismo aún era tabú y que su simple mención en la conversación pública provocaba encendidos debates. Con ironía, pero no sin desdén, se dice aún “S-word”, la palabra que empieza con “S”, al igual que se usa con corrección N-word, por nigger, el insulto racial dirigido a las personas negras. Ya no es así (al menos, con el socialismo) porque desde el enfrentamiento de Bernie Sanders con Hillary Clinton en 2016 y el posterior triunfo de Trump, las cosas cambiaron. Quizás de manera acelerada con la llegada de Zohran Mamdani a la alcaldía de Nueva York. Hoy la palabra forma parte del nombre de la facción demócrata con más fuerza en el partido: Socialistas Democráticos de América (DSA, por sus siglas en inglés).

Cuando en 2018 Alexandria Ocasio-Cortés ganó un escaño en el Congreso, el New York Post de Rupert Murdoch abrió la portada con un titular sensacionalista: “¡ALERTA ROJA!” y el presentador Sean Hannity de Fox News (también de Murdoch), dijo que la nueva congresista era «verdaderamente aterradora». La cuestión es que el trumpismo, al normalizarse como un tsunami destructor de todas las costuras institucionales y habiéndose profundizado la crisis social y económica que prometía revertir, conseguió lo imposible: naturalizar la socialdemocracia en Estados Unidos.

“Se supone que las mujeres como yo no debemos presentarnos a las elecciones. No nací en una familia rica ni influyente... Esta elección enfrenta a la gente y al dinero. Nosotros tenemos a la gente, ellos tienen el dinero. Es hora de que reconozcamos que no todos los demócratas son iguales. Que un demócrata que acepta dinero de las grandes empresas y se lucra con las ejecuciones hipotecarias, no vive aquí, no envía a sus hijos a nuestros colegios, no bebe nuestra agua ni respira nuestro aire, no puede representarnos bajo ningún concepto. Lo que el Bronx y Queens necesitan es Medicare (salud pública) para todos, universidad pública gratuita, una garantía federal de empleo y una reforma de la justicia penal”. Esto era lo que Ocasio-Cortez decía en la campaña de 2018 y es lo mismo que plantea hoy pero no solo en el barrio; ahora en un territorio bañado por dos océanos. 

Esto es algo elemental, mínimo, ni siquiera nuevo bajo el sol, pero Donald Trump, el MAGA y el ejército tecnofeudal de Silicon Valley con su mal hacer lo están convirtiendo en un programa de vanguardia. 

Michael Harrigton fue uno de los fundadores del DSA y los hermanos Kennedy (a excepción del negacionista Robert, el actual secretario de Salud) le prestaron atención. El presidente John F. Kennedy, siguiendo los estudios de pobreza de Harrigton, diseñó un programa para recuperar los barrios marginales, eliminar el hambre y proveer atención médica. Kennedy, como se sabe, fue asesinado pero su sucesor, Lyndon B. Johnson, llevó adelante el proyecto. Aquel esfuerzo realizado con la ampliación de las prestaciones de la Seguridad Social redujo la tasa de pobreza fijada en 22,4% en 1959 hasta el 11,1% en 1973. Hoy parece una meta utópica frente al actual modelo distópico estadounidense.

Harrigton representaba el ala izquierda de los demócratas y se consideraba a sí mismo un posibilista. El Post, Fox y el propio Trump llaman a esto comunismo, lo cual, en contraste, hay que interpretarlo como un atributo. Alexandria Ocasio-Cortez lo define como “el ala izquierda de lo posible” y, al igual que Sanders viene planteando desde 2016, ella propone –con todo el sector caoba de su propio partido fervorosamente en contra–, además de empleo y sanidad universal, igualdad de derechos para las mujeres y las minorías étnicas y sexuales. Buena parte de este programa aún es viable en Europa (en Suecia, afortunadamente, acaba de ser refrendado) aunque se está trabajando a conciencia en el resto del continente para barrer con todo. Ernesto Cardenal le dedicó un poema, una elegía, a otro poeta, Joaquín Pasos, en la que pedía recordarle cuando tuviéramos puentes, carreteras, tractores y buenos gobiernos. En medio del desplome, aún nos quedan cosas que, seguro, serán motivo de nostalgia cuando, a la inversa del poema, nos hayan dejado sin nada. Desde el Bronx, esta joven congresista promete trabajar para levantar lo que han destruido. 

No está sola. El triunfo de Mamdani –al que Steve Bannon saludó señalando el peligro que representa para MAGA– se suman las nuevas alcaldesas Janeese Lewis George en Washington, Katie Wilson en Seattle, además de muchas otras ciudades controladas por el DSA, así como su creciente presencia en las legislaturas estatales y en el Congreso, conforman un frente que debilita las críticas del viejo partido. 

Jonathan Cowan, quien dirige el influyente think tank demócrata Third Way, compara a los socialistas con el movimiento MAGA de Trump, una vanguardia que terminó cooptando al Partido Republicano. “En mi opinión”, opina Cowan, “suponen una amenaza mortal para el Partido Demócrata”. Si bien Kamala Harris se acercó al movimiento y la matriarca Nancy Pelosi elogia (con la boca pequeña) a Alexandria, hay una honda preocupación de perder el poder en manos de una revolucionaria hija de latinos que en Camelot –piensan muchos sin decirlo– formaría parte del personal de servicio.

Alexandria Ocasio-Cortez no se quería ir del Bronx, solo se proponía cambiarlo. Ahora lo imagina en otra dimensión, en todo el país. Hay una mirada popular sobre la evolución del carácter que supone un cambio en la intención de transformar el mundo para, según pasan los años, reducir ese deseo a un propósito más modesto: cambiar en uno mismo aquello que pueda ser mejorable. Ocasio-Cortez se opone, de momento, a esa visión y sube la apuesta. Ella quiere cambiar Estados Unidos y lo explica en tribunas como la del Bronx diseminadas por todo el territorio. Desde la izquierda, se asemeja a una superación pacífica de la tesis foquista de los años setenta cuando se pedían, uno, cien, mil vietnams. Este modelo es el que parece usar hoy Trump, de manera literal, en las ciudades americanas para, mediante el ICE, desterrar violentamente a los inmigrantes. En la vereda de enfrente –de MAGA y de buena parte de su propio partido–, Ocasio-Cortez se opone. 

¿Cómo a alguien que creció en las calles de un barrio junto a otros niños hispanos como ella, afroamericanos y muchos más procedentes del sur de Asia se la podría convencer de que hay que limpiar el barrio en lugar de restaurarlo? Que hay que mejorar la vida en lugar de eliminarla (tal y como está haciendo el Gobierno actual). En la película de Scorsese las calles eran malas y lo advertía desde el título. Los seguidores del DSA, en cambio, esperan otro final. 

Partidos vetados, candidatos descalificados y debates con todos los atriles vacíos. Desde este viernes y hasta el domingo los rusos votan para renovar el Parlamento en las primeras elecciones legislativas en tiempos de guerra, las primeras en las que participan los territorios ucranianos ocupados. Unos comicios sin garantías, manipulados por el Kremlin, en que se da por descontada la aplastante victoria de la formación de Vladimir Putin, Rusia Unida, y que, pese a todo, preocupan al presidente ruso hasta el punto de haberse visto obligado a entrar en campaña.

Ninguna de las fuerzas de la llamada oposición sistémica que se enfrentan al partido gobernante cuestiona la invasión de Ucrania, sino que todas forman parte del juego político ruso y contribuyen a legitimar el régimen. Ahora bien, en un contexto de malestar social por los problemas económicos, los bloqueos de Internet y el cansancio del conflicto, el sistema intenta evitar cualquier amenaza y procura que el trámite pase sin pena ni gloria.

En un contexto de malestar social por los problemas económicos, los bloqueos de Internet y el cansancio del conflicto, el sistema intenta evitar cualquier amenaza y procura que el trámite pase sin pena ni gloria

Para conseguirlo, la Justicia dejó fuera de la carrera electoral al único partido pacifista que había sido registrado inicialmente, Yábloko, y eliminó a algunos de los candidatos más populares del Partido Comunista, visto por algunos sectores como la principal alternativa realista a Rusia Unida. Ante este escenario, la oposición antibelicista se debate entre el boicot, el voto nulo y el voto útil.

Todas estas medidas serán insuficientes para impedir que el partido de Putin revalide e incluso amplíe la supermayoría constitucional en la Duma durante cinco años más, gracias a la opacidad del voto electrónico, la movilización de los grupos más leales, el uso de candidatos fantasma y otros ejemplos de juego sucio.

“Un teatro político”

Según los expertos, por mucho que pueda parecer contradictorio en un Estado autoritario, Rusia es un país muy legalista y Putin, un presidente que se afana en fundamentar su poder en la ley, aunque esté redactada siguiendo sus designios y aplicada de manera arbitraria.

El analista Dan Storyev, autor del libro How to Survive Authoritarianism, explica que el líder ruso intenta no romper con los orígenes de la democracia de los años 90, a la vez que busca proyectar “una fachada” de credibilidad para el público mundial y para el público interno.

“Esto no son unas elecciones reales, sino que lo llamamos actividades electorales”, dice Storyev. “Es una especie de teatro político glorificado que se hace para apuntalar el poder del Estado, consolidar su legitimidad y rendir homenaje al legado del pasado”.

Esto no son unas elecciones reales, sino una especie de teatro político glorificado que se hace para apuntalar el poder del Estado, consolidar su legitimidad y rendir homenaje al legado del pasado

Dan Storyev — Analista y autor del libro 'How to Survive Authoritarianism'

En este sentido, el politólogo Mijail Komin, investigador del Centro de Análisis de Política Europea (CEPA), sostiene que, “aunque las elecciones en Rusia no son ni libres ni justas, constituyen un procedimiento formalizado que proporciona al Kremlin precisamente este tipo de legitimidad procedimental”. Además, considera que es también un vehículo del que dispone Putin para asegurarse la lealtad de las clases dirigentes.

Esta necesidad de validación frena a las autoridades a la hora de practicar el fraude electoral sin contemplaciones. “No les gusta manipularlo completamente, no quieren hacerlo al estilo de Corea del Norte”, apunta Storyev. Según Komin, el poder “no tiene capacidad para reescribir por completo los resultados finales” y sitúa el límite de la distorsión entre el 20% y el 30%.

En 2021, en las últimas elecciones legislativas, el matemático Serguéi Shpilkin estableció que la mitad de los votos de Rusia Unida, unos 14 millones, habían sido fraudulentos. Así pues, en lugar de conseguir el 50% de los sufragios, se habría quedado con cerca del 30%.

A día de hoy, las encuestas oficiales dan al partido de Putin entre un 47% y un 53% de los votos. Si bien los sondeos deben entenderse más como un arma de tecnología política que como un instrumento de estudio demoscópico, estas cifras no se corresponden con el descenso de popularidad que sufrió Rusia Unida durante los últimos meses.

En abril, la intención directa de voto a la formación gobernante cayó hasta el 27%, un dato que no se registraba desde antes de la guerra. Según el medio opositor Meduza, esto llevó a la Administración Presidencial a rebajar del 60% a menos del 50% el objetivo fijado para el escrutinio.

Para evitar sorpresas, el presidente ruso, que en anteriores elecciones había tenido un papel menos protagonista, optó por implicarse en la campaña y eclipsó al número uno de la lista de Rusia Unida, el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov.

Putin se dejó ver en regiones de Siberia y del Extremo Oriente, lejos de la amenaza de los drones ucranianos, donde puntualmente se acercó a vecinos y besó a niños. La periodista Farida Rustamova lo interpreta como una señal de que está realmente preocupado por la caída de sus índices de aprobación, ya que no había besado a niños en público desde después del motín de Prigozhin, en 2023.

No obstante, el presidente ruso no consideró oportuno aprovechar la campaña para abordar las cuestiones sociales que inquietan a los ciudadanos. Al contrario, decidió rehuir deliberadamente cualquier ocasión de proponer soluciones y llevó a su partido a hacer lo mismo.

En todas sus intervenciones, Putin se dedicó a pedir a la población que cierre filas con su guerra, con una retórica cercana a la movilización total, exigiendo la unidad de todos los sectores de la sociedad contra el enemigo.

Otro ejemplo más del peso del conflicto en estas elecciones es el hecho de que 76 de los candidatos de Rusia Unida son veteranos de la guerra de Ucrania.

Esta obsesión por hablar de la guerra demuestra la distancia del presidente respecto a las preocupaciones reales de la mayoría de los rusos. “Son cuestiones sociales muy sencillas, exactamente las mismas que afectan a cualquier persona: el costo de la vida, los salarios, las pensiones…”, destaca Storyev.

Y, pese a ello, la victoria del partido de Putin es inevitable. “Muy probablemente obtendrá una mayoría cualificada”, asegura Komin. “Esto será posible gracias al fraude electoral y al hecho de que Rusia Unida está destinada a ganar aproximadamente 210 de los 225 distritos uninominales”, pronostica.

El Parlamento ruso tiene 450 escaños. De ellos, la mitad, 225, se escogen votando una lista de partido, y la otra mitad, mediante el voto a los candidatos individuales que cada formación presenta en las 225 circunscripciones. Como estos candidatos solo necesitan mayoría simple para ser elegidos, Rusia Unida se garantiza fácilmente la hegemonía en la cámara.

Una campaña sin campaña

Las dificultades económicas y la voluntad de la Administración Presidencial de convertir las elecciones en un trámite convirtieron esta campaña en la más barata del siglo XXI. Los partidos gastaron de media menos de la mitad que en 2021.

Los debates territoriales en la televisión estatal se emitieron en horarios intempestivos, a primera hora de la mañana o casi de madrugada. En algunas regiones, como Riazán, los partidos prefirieron directamente no participar, dejando sola a la presentadora en el estudio, mientras que en otras varios candidatos ni siquiera agotaron el minuto final para pedir el voto.

Esto supone un cambio de enfoque respecto a las anteriores convocatorias, en las que se invertía en la campaña y se escenificaba una competencia, aunque estuviera vacía de contenido.

El desinterés de los propios partidos forma parte de las reglas del teatro político ruso en tiempos de guerra. Todos los grupos con representación en la Duma se alinean con Rusia Unida en la inmensa mayoría de las leyes, incluidas las represivas, y todos ellos votaron favorablemente al menos un 95% de las iniciativas de la facción de Putin. Solo algunas fuerzas discreparon en normas muy concretas para apelar a su nicho de votantes.

El Partido Comunista de la Federación Rusa es visto, sobre todo lejos de Moscú, como una formación capaz de desafiar a Rusia Unida, especialmente en cuestiones sociales. Tiene mucho tirón entre los pensionistas y los nostálgicos de la época soviética, y aspira a repetir la segunda posición en el hemiciclo. En las últimas elecciones, en un contexto de estancamiento económico, obtuvo un 19% de los votos, aunque ahora las encuestas le otorgan entre un 13% y un 17%.

El Partido Liberal Demócrata, de extrema derecha populista y que destaca por su retórica antiinmigración, se encuentra en crisis tras la muerte, en 2022, de su carismático y polémico líder, Vladímir Zhirinovski. Además, a raíz de la guerra, su nacionalismo belicista quedó diluido en el discurso oficial. Apoya a Rusia Unida en la Cámara, hace cinco años recibió un 8% de los sufragios y ahora los sondeos le dan entre un 8% y un 11%.

Otro partido en horas bajas es el socialdemócrata Rusia Justa. Su cara visible, Serguéi Mirónov, tuvo que ser hospitalizado durante la campaña sin que se sepa por qué motivo. En 2021 consiguió un 7% de los votos y los sondeos apuntan a que podría, o bien mantenerse, o bien bajar hasta el 4% y, por tanto, quedar por debajo del umbral del 5%, el mínimo para obtener representación.

Todas las formaciones, excepto el Partido Comunista, que se reivindica heredero del Partido Comunista de la Unión Soviética, son productos creados en connivencia con el bloque político del Kremlin para desarrollar su papel y ocupar un espacio en el tablero del sistema político del régimen ruso

Por último, Gente Nueva está concebido como un partido liberal y ganó cierta popularidad por haberse opuesto a los bloqueos de Internet, pese a estar estrechamente vinculado a la administración presidencial. Hace cinco años, en las primeras elecciones en las que participaba, superó el 5% de los votos y ahora como máximo los sondeos lo sitúan en el 10%.

De hecho, todas las formaciones, excepto el Partido Comunista, que se reivindica heredero del Partido Comunista de la Unión Soviética, son productos creados en connivencia con el bloque político del Kremlin para desarrollar su papel y ocupar un espacio en el tablero del sistema político del régimen ruso.

“Todos estos partidos son variantes de los futuros y las políticas aceptables que el Kremlin ofrece al pueblo ruso. Todo es una mutación permitida de la política de Rusia Unida”, explica Storyev.

El analista descarta que ninguno de ellos sea capaz de capitalizar el descontento social. “No creo que el cansancio de la guerra se traduzca necesariamente en castigar a Rusia Unida porque todos y cada uno de los partidos a los que podésvotar, excepto quizá Gente Nueva, pasaron a formar parte de este relato favorable a la guerra”, señala.

Komin añade que la proporción de electores que “real y conscientemente eligen” entre los partidos disponibles “no es muy grande” y la sitúa entre el 12% y el 18%.

Así pues, teniendo en cuenta el fraude electoral, las similitudes programáticas y la inexorable victoria del partido de Putin, ¿qué empuja a la población a votar? Storyev encuentra una explicación: “Es una oportunidad única para los rusos de expresar su opinión al Gobierno. Muchos piensan que es su opción para interactuar con el Estado y conseguir que los escuchen”.

¿Cómo se manipulan unas elecciones?

Una de las principales herramientas que tiene el Kremlin para asegurarse el resultado deseado es la llamada movilización administrativa. Las empresas que dependen del Estado instan a sus trabajadores a votar por Rusia Unida. Se los conoce como votantes dependientes. Ahora, además, el régimen quiere presionar también a sus familiares para que acudan a las urnas y, según escribe en Riddle el periodista Andrei Pertsev, apareció la figura de los “brigadistas de movilización”, que se ocupan de convencer a su entorno para que vote por las candidaturas oficialistas.

Además, las autoridades se encargaron en los últimos años de hacer todavía menos transparente el proceso electoral. La falta de observadores independientes y la extensión del periodo de votación durante tres días son denunciadas de forma recurrente por toda la oposición no sistémica, pero también por algunos candidatos del Partido Comunista, que temen que se aprovechen las dos noches para alterar las papeletas.

En cualquier caso, los expertos coinciden en que la vía más fácil de amañar los resultados es a través del voto electrónico. En 2021 solo estaba disponible en siete territorios rusos, incluida la capital. Entonces, varios candidatos opositores encabezaban el recuento hasta que se volcó el voto telemático de Moscú y dio la vuelta al escrutinio a favor de los representantes de Rusia Unida.

Los expertos coinciden en que la vía más fácil de amañar los resultados es a través del voto electrónico. En 2021, solo estaba disponible en siete territorios rusos, incluida la capital. Entonces, varios candidatos opositores encabezaban el recuento hasta que se volcó el voto telemático de Moscú y dio la vuelta al escrutinio a favor de los representantes de Rusia Unida

En estas elecciones, estará disponible en 33 regiones. Para incentivarlo aún más, la administración sortea vales canjeables por títulos de transporte o compras en cafeterías y supermercados entre quienes voten en línea. Los ciudadanos pueden llegar a ganar el equivalente a 570 dólares.

Por eso, con el fin de minimizar el fraude, los opositores aconsejan ir a votar el domingo presencialmente y hacerlo con una papeleta.

Según Storyev, los comicios “no solo se manipulan mediante obscenos recuentos a la baja y al alza, sino filtrando quién puede y quién no puede participar”. Se refiere, principalmente, a Yábloko, el partido liberal contrario a la guerra que captó la atención de muchos jóvenes después de ser descalificado.

Komin llama la atención sobre el hecho que, así como anteriormente se impedía el registro de las listas de la oposición, en este caso se vio cómo la Justicia se atrevía a eliminar candidaturas previamente registradas. “Es una táctica más sucia, que atrae una atención negativa, pero al mismo tiempo el Kremlin ni siquiera intenta encontrar motivos formalmente aceptables para la descalificación”, apunta.

“Estos motivos absurdos y cínicos, y unas tácticas de retirada todavía más turbias, nos indican que esto no lo llevan a cabo los responsables de la Administración Presidencial, sino más bien los siloviki [los servicios de seguridad], a los que se dio más poder para apartar a candidatos potencialmente peligrosos”, concluye Komin.

Uno de los casos más surrealistas ocurrió en la república de Komi, en el norte de Rusia, donde un candidato del Partido Comunista fue eliminado por no citar al autor de un monumento que aparecía en uno de sus videos y por grabarse delante de un almacén de Wildberries, el Amazon ruso, apoyando a sus trabajadores afectados por los ataques ucranianos, y mostrar el logo de la empresa sin su consentimiento

Entre las razones más frecuentes alegadas por los jueces está la “exhibición de símbolos extremistas”, que suele significar que el candidato mencionó a Aleksei Navalni en alguna publicación. También se suele vetar a políticos por colgar enlaces o logotipos de Facebook e Instagram, prohibidos en Rusia.

Uno de los casos más surrealistas ocurrió en la república de Komi, en el norte de Rusia, donde un candidato del Partido Comunista fue eliminado por no citar al autor de un monumento que aparecía en uno de sus videos y por grabarse delante de un almacén de Wildberries, el Amazon ruso, apoyando a sus trabajadores afectados por los ataques ucranianos y mostrar el logo de la empresa sin su consentimiento.

Muchas veces, las denuncias para descalificar a candidatos las presentan partidos pequeños que no tienen opciones de entrar en la Duma y que son acusados de actuar a las órdenes de la Administración Presidencial. Se los bautizó como “partidos spoiler”.

Otra estrategia perversa que puede observarse en muchas circunscripciones uninominales es la de registrar candidatos con apellidos similares o iguales a los de otros candidatos con la intención de confundir a los electores. Uno de los partidos que más lo hace es Comunistas de Rusia, que busca perjudicar al Partido Comunista de la Federación Rusa.

Así, por ejemplo, en Moscú, Iván Ulianchenko (PCFR) aparece en la papeleta junto con Serguéi Uliánov (CR); en la región de Altái, Konstantin Kovalev (PCFR) compite contra Grigori Kovalev (CR); o en Omsk, Boris Márkov (PCFR) se enfrenta a Dmitri Márkov (CR). Desde el Partido Comunista denuncian que esto sucede sobre todo en los distritos donde los candidatos de Rusia Unida ganan con menos margen.

El caso más rocambolesco tuvo lugar hace cinco años en las elecciones regionales de San Petersburgo, cuando dos personas intentaron restar votos al candidato de Yábloko, Borís Vishnevski, cambiándose legalmente el nombre y el apellido para ponerse el suyo. Además, se dejaron crecer la barba y se cortaron el pelo para parecerse a él.

Este año, eliminado como partido de las elecciones, Yábloko todavía puede participar en algunas circunscripciones uninominales. Eso sí, según Rustamova, un 17% de sus candidatos fueron apartados, otros se retiraron después de recibir amenazas de muerte, y solo lograron tomar parte poco más de un centenar. Casi ninguno tiene opciones de ser elegido.

También los candidatos del Partido Comunista están sufriendo más de lo habitual, un hecho que demuestra que Rusia Unida puede llegar a verlos como una amenaza. La Justicia vetó a uno de sus aspirantes más populares, Nikolái Bondarenko, que acumula más de un millón de seguidores en la red y tiene un mensaje populista contra la pobreza y las políticas del Gobierno.

El voto pacifista

Aun así, desde Yábloko aseguran que ya consiguieron su objetivo. El portavoz Ígor Yakovlev explica que ahora “ya no se puede afirmar que en Rusia no haya partidarios de la paz o que sean una minoría insignificante”.

El partido dio la consigna a sus simpatizantes de optar por el voto nulo. No quieren que se deje la papeleta en blanco por miedo a que alguien pueda rellenarla, pero tampoco se inclinan por votar al resto de formaciones porque “no se diferencian en nada las unas de las otras y apoyan la guerra”.

En cambio, desde el exilio, el opositor Dmitri Kisiev traslada que, con esta táctica, Yábloko “perdió credibilidad entre aquellos que habían confiado en ellos”. Kisiev, antiguo colaborador de Borís Nadezhdin, el último candidato pacifista que intentó desafiar a Putin en las presidenciales, ahora también exiliado, no es partidario de votar a los candidatos del partido liberal o de otros partidos minoritarios, sino a aquellos que tengan más opciones de desbancar al candidato de Rusia Unida.

Ya no se puede afirmar que en Rusia no haya partidarios de la paz o que sean una minoría insignificante

Ígor Yakovlev — Portavoz del partido pacifista Yábloko

“Para nosotros es importante enviar una señal a la sociedad y al poder de que hay personas en Rusia que no apoyan su política. Esto se hará evidente si el partido del poder obtiene unos resultados peores que hace cinco años”, subraya.

También comparte este planteamiento Yulia Naválnaya, viuda de Navalni, que sigue apostando por el llamado “voto inteligente”. “Esto no significa que le den su apoyo [a los otros partidos]. Simplemente, es una manera de votar como protesta, una manera de quitarle votos a Rusia Unida”, afirmó.

De este modo, en 19 circunscripciones donde Yábloko presenta a un candidato pacifista, Naválnaya apuesta por votar a candidatos del Partido Comunista o de Gente Nueva que apoyan la guerra.

Storyev es muy escéptico con esta fórmula. “Si esta es tu estrategia favorita, adelante, votá a los comunistas, pero no será lo que les haga ganar o perder las elecciones”, dice.

Otra iniciativa de protesta de cara a las elecciones es lo que se conoce como el “mediodía por la paz”. Al igual que en 2024, durante las elecciones presidenciales, se llama a los ciudadanos a acudir a formar largas colas en los colegios electorales a las 12 del mediodía del domingo.

Su impulsor es Ilyá Yashin, excolaborador de Navalni y de Borís Nemtsov, que estuvo en prisión y ahora se halla en el exilio. “Esto permitirá a los ciudadanos expresar su protesta contra la guerra y la dictadura por medios legales”, resume su partido en un comunicado.

Desde Yábloko, sin embargo, lo rechazan porque lo consideran “una especie de happening” en un momento “demasiado serio” para este tipo de escenificaciones.

Storyev, en cambio, cree que es precisamente esta dimensión performativa lo que le da valor. “Si las elecciones son un espectáculo, una gran representación teatral, la forma de oposición más viable también es espectacular”, destaca. “Crea la posibilidad de que la gente establezca vínculos sociales y eso es muy importante. Es una forma de resistencia vital, aunque a primera vista pueda parecer un poco impotente”, acaba diciendo.

El Supremo Tribunal Federal (STF) engulló la campaña electoral de Brasil. La bomba atómica cayó a comienzos de septiembre, cuando el exministro bolsonarista André Mendonça filtró supuestas conversaciones en WhatsApp entre su compañero en el Supremo Alexandre de Moraes y Daniel Vorcaro, presidente del Banco Master, protagonista del mayor escándalo de corrupción de las últimas décadas. La filtración selectiva de la investigación del Banco Master, que incumple la normativa y protege a otros miembros del Supremo, intentaba probar que Alexandre de Moraes, conocido popularmente como Xandão, recibió favores de Vorcaro, entre ellos, contratos millonarios para el estudio de abogados de su mujer. 

La filtración dejó desconcertada a la izquierda y a la campaña oficial de Lula da Silva: Xandão, que lideró el juicio contra Jair Bolsonaro y la trama golpista, puede estar implicado en el mismo caso de corrupción que salpica a Flávio Bolsonaro por la financiación irregular de la película Dark Horse, biopic sobre su padre.

La ofensiva sobre Xandão, el villano oficial del bolsonarismo, es una bocanada de oxígeno para la campaña de Flávio: con el Supremo en el epicentro del caso de corrupción del banco Master, sus menciones en redes sociales pasaron segun un estudio de Datrix, del negativo (-34,1) al positivo (+25,2). Mientras la izquierda estaba procesando el golpe, Mendonça realizó una jugada radical: el martes 8 de septiembre cesó al director de la Policía Federal (PF), Andrei Rodrigues, por “estar espiándolo”. La dimisión de Andrei Rodrigues, pieza clave en el juicio contra la trama golpista y del escándalo del Banco Master, fue ilegal, porque solo el presidente de Brasil tiene potestad para nombrar o renunciar a dicho cargo.

A ritmo de serie audiovisual, el thriller judicial dio un vuelco un día después, cuando Flávio Dino, ministro del Supremo nombrado por Lula, atendió un recurso y restituyó a Andrei Rodrigues en su puesto y reveló un nuevo escándalo de corrupción: dinero público que un diputado bolsonarista desvió ilegalmente hacia la película Dark Horse. 

El presidente del STF, Edson Fachin, estuvo fuera de juego hasta fines de la semana pasada. Presionado por la fiscalía, Xandão y el propio gobierno de Lula, intervino finalmente para intentar terminar con la guerra de medida cautelares de sus compañeros de tribunal. Por un lado, convocó una sesión extraordinaria, celebrada ayer, para que los miembros del Supremo votasen si procede investigar a Alexandre de Moraes o no. Por otro lado, ordenó levantar el secreto sobre la investigación del Banco Master que implica especialmente al campo político conservador de la clase política.

Como resultado, el escándalo de Dark Horse volvió a la luz. Y se hizo pública una sorpresa: El Supremo investigaba a Flávio Bolsonaro desde julio. André Mendonça, relator de la investigación del caso Master, lo había ocultado, así como la vinculación con el escándalo de dos de los ministros bolsonaristas del Supremo, Luiz Fux y Kassio Nunes Marques. Nuevos audios filtrados a la prensa antes de la sesión extraordinaria de ayer enfangan aún más a los ministros bolsonaristas de la suprema corte. ¿Hasta qué punto el huracán del Supremo da alas a Flávio Bolsonaro y perjudica a Lula?

Lula baja en las encuestas

El protagonismo ganado por André Mendonça, al que Jair Bolsonaro definió como “terriblemente evangélico”, involucró a las iglesias en la campaña de Flávio. Incluso las poderosísimas Igreja Universal y Assembléia de Deis, que no estaban apoyando abiertamente al candidato bolsonarista, están surfeando la ola Mendonça. “Estoy viendo una serie de movimientos que dialogan mucho con esa figura de André Mendonça, que ayuda muchísimo a Flávio Bolsonaro”, aseguró Thiago Bronzatto, editor de Política del periódico O Globo, en el videopodcast Fora da Bolha.

La prestigiosa columnista Mônica Bérgamo considera que la guerra civil del Supremo “se ha mostrado peor para el presidente Lula que para el senador Flávio Bolsonaro”. Por su parte, el veterano periodista Josias de Souza tilda la situación de Lula como dramática: “Podemos decir que la crisis del STF es más perjudicial para Lula que para Bolsonaro. Aunque puede atenuarse. Hay que ver cómo reaccionarán los electores a la apertura del sigilo del Banco Master, porque ahora ya se habla de la implicación de Flávio Bolsonaro”. 

Todas las alertas se encendieron en el Partido de los Trabajadores (PT) el pasado jueves, cuando Atlas-Intel, que clavó el resultado electoral de 2022, colocó a Flávio Bolsonaro númericamente por delante de Lula en el segundo turno: 46,4% frente a 46,2%. Sin embargo, DataFolha, la encuesta más tradicional, trajo el viernes cierto alivio a las izquierdas: el 46% para Lula y el 44% para Flávio, en empate técnico. La encuesta del Quaest de este lunes, que registró un aumento de desconfianza en el Supremo, coloca de nuevo a Flávio Bolsonaro por delante: 42% de los votos en el segundo turno, frente al 40% de Lula. ¿Hay espacio para la reacción del PT?

Un Supremo radioactivo

Tras la bomba atómica de Mendonça, Lula pidió la retirada del secreto del caso Master. Unos días después, el presidente se alejó de Alexandre de Moraes, al afirmar que “si es culpable, tiene que pagar por ello”. Moraes afirmó durante la sesión extraordinaria que jamás benefició a Daniel Vorcaro y denunció la ilegalidad e inconsistencia de las pruebas presentadas por Mendonça. Moraes acusó a Mendonça de proteger a un grupo político concreto y de ser parte de un grupo golpista, en una sesión bronca y tensa.

Flávio Dino pidió a última hora de ayer una “vista”, lo que retrasa hasta 90 días la sesión. Para la campaña política de Flávio Bolsonaro, sea cual sea el resultado de la sesión extraordinaria para evaluar la investigación contra Alexandre de Moraes, la medida es doblemente positiva. Refuerza su relato de que el Supremo es un órgano autoritario alineado con el presidente Lula. Y que la prisión de Jair Bolsonaro fue ilegal. 

El PT intenta alejarse a toda costa del huracán del Supremo, ya que considera a Moraes la kriptonita de la extrema derecha. Lula convocó el pasado domingo 13 (número asociado al PT en las urnas electrónicas) un día de militancia en todo el país. Las calles se llenaron de banderas, camisetas, actos, conciertos y caminantes rojos. Diferentes movimientos sociales y colectivos activistas están despertando del letargo para sumarse a la campaña. Por ejemplo, el influyente podcast izquierdista Calma Urgente activó una campaña para ayudar a llevar a los ancianos a los colegios electorales, ya que el 56,2% de los mayores de sesenta años se inclina por Lula, frente al 37,1% de Bolsonaro.

El PT quiere esquivar el huracán del Supremo para reintroducir en la campaña las políticas públicas de su gobierno: los buenos datos de empleo, la inflación controlada, la exención de impuestos a quien gana menos de 5.000 reales (unos 800 euros) o el apoyo de Lula al fin de la escala 6 x 1 (que obligaría por ley a que los trabajadores tengan dos días de descanso por semana, a la que se opone Flávio). Además, para navegar en el una campaña polarizada, sucia, sembrada de fake news y videos elaborados con Inteligencia Artificial, la campaña B del PT lanzó un site que recopila todos los casos de corrupción de Flávio Bolsonaro desde que entró en la política.

Los resultados de las elecciones generales en Suecia todavía pueden variar, pero, tras una noche electoral marcada por un recuento extremadamente ajustado y muchos nervios, el Partido Socialdemócrata de Magdalena Andersson se impuso como la fuerza más votada. Los partidos del bloque progresista lograron además una ajustadísima mayoría parlamentaria, con el 49,5% de los votos y 176 escaños, frente al 49,1% y 173 escaños obtenidos por el bloque conservador.

Estos resultados impiden al primer ministro y líder de los Moderados, Ulf Kristersson, reeditar la mayoría que sostuvo su Gobierno durante la pasada legislatura. En 2022, Kristersson formó una coalición, conocida como Acuerdo de Tidö, junto a los democristianos y los liberales, con el apoyo externo de los ultras Demócratas de Suecia que, pese a ser la segunda fuerza del Parlamento, quedó fuera del Ejecutivo.

El revés más destacado de la noche electoral se lo llevó Demócratas de Suecia, que por primera vez desde su entrada en el Parlamento vio caer su apoyo en unas elecciones generales. En el otro extremo, el Partido de Izquierda, con una agenda feminista y ecologista, se consolida como la formación que más crece y asciende hasta convertirse en la cuarta fuerza parlamentaria.

El desenlace final depende del voto exterior

La noche electoral no dejó un bloque ganador claro, aunque con el 99% del voto escrutado, los partidos del bloque progresista (formados por Socialdemócratas, Partido de Izquierda, Partido Verde y Partido de Centro) tienen una ligera ventaja de 2 escaños por encima de la mayoría parlamentaria. Los resultados finales, sin embargo, pueden tardar hasta el miércoles en saberse, ya que depende del recuento del voto anticipado y del voto en el extranjero emitido en puntos de votación situados en embajadas y consulados.

Este recuento final aún podría hacer cambiar el reparto de escaños en el Parlamento, una situación que ya pasó en las pasadas elecciones generales del 2022. En aquel recuento, la diferencia entre los dos bloques de gobierno era de 0,72 puntos porcentuales. Esta vez los resultados fueron aún más ajustados con una diferencia de solamente 0,45 puntos porcentuales, lo que corresponde a 28.600 votos más en favor del bloque de partidos de izquierda-verde. Aun así, según apuntan los análisis de la cadena de televisión pública SVT, estos resultados actuales se mantendrán tras el recuento final de votos.

¿Qué gobierno pueden formar los socialdemócratas?

La victoria de los socialdemócratas fue agridulce. Aunque se mantienen como el partido más votado de Suecia, cosecharon su peor resultado en un siglo. Durante la noche electoral, Magdalena Andersson pidió a sus simpatizantes que esperaran al resultado definitivo del recuento, aunque aseguró que su partido “está dispuesto a asumir la responsabilidad por el resultado” y a “tratar de formar un nuevo Gobierno”.

Los laboristas tendrán que hacer frente a unas negociaciones con una posición debilitada, ya que fueron el único partido de la oposición que retrocedió en votos. Frente al retroceso de los socialdemócratas, destaca el buen resultado del Partido de Izquierda, la formación que más crece en el Parlamento, que obtuvo sus mejores resultados en las grandes ciudades, donde los laboristas perdieron más votos. Con el 8,2% de los votos y 29 escaños, su líder, Nooshi Dadgostar, reclamó a los socialdemócratas que tomen en serio su avance y cuenten con ellos para formar el próximo Gobierno.

Sin embargo, formar una mayoría de Gobierno de izquierda y verdes no será una tarea sencilla para Andersson, ya que los partidos que integran el bloque llegan a las negociaciones profundamente divididos. El partido de Centro (7,1% de los votos y 25 escaños) se negó en campaña a colaborar en un ejecutivo con el Partido de Izquierda tras acusar a sus miembros de promover el antisemitismo y apoyar a grupos palestinos señalados por terrorismo.

Ante este escenario, los socialdemócratas podrían buscar alianzas en el centro político, especialmente con los liberales. Sin embargo, estos ya advirtieron de que no apoyarán un Gobierno del que no formen parte, mientras que el Partido de Izquierda rechaza tajantemente cualquier acuerdo con la polémica líder liberal, Simona Mohamsson. Si, por el contrario, los socialdemócratas optaran por gobernar en minoría en solitario, las posibilidades de que el Partido de Izquierda les brindara su apoyo serían muy escasas.

La ultraderecha frena su ascenso

El ambiente más enrarecido de la noche electoral se vivió en la sede de Demócratas de Suecia, el partido de ultraderecha que aspiraba por primera vez a entrar a un gobierno. En estas elecciones, sin embargo, la formación de Jimmie Åkesson dejó de ser el partido más votado del bloque conservador, lo que pone en riesgo su capacidad para influir en un eventual Gobierno de derechas. Además, SD fue el partido que más apoyo perdió de todo el arco parlamentario.

El partido, de marcado discurso xenófobo, populista y nacionalista, parece haber frenado el ascenso que experimentaba desde su entrada en el Parlamento en 2010. En esta campaña, además, las prioridades de los votantes cambiaron, con la lucha contra el crimen organizado y la inmigración perdiendo peso frente a cuestiones como el estado de los servicios públicos y el coste de la vida.

Los Moderados quieren mantener el poder

En cambio, para los Moderados del primer ministro Ulf Kristersson, la noche electoral resultó más favorable de lo previsto, después de que las encuestas anticiparan un resultado decepcionante para la formación. Finalmente, el partido recuperó su posición como principal fuerza conservadora del Parlamento, un puesto que perdió frente a Demócratas de Suecia en 2022.

En la noche electoral, Kristersson reconoció que los partidos del bloque progresista habían conseguido más escaños, pero a la vez señaló que existen “muchas posiciones irreconciliables” entre los partidos del bloque, por lo que puso en duda su capacidad de llegar a un acuerdo.

En este sentido, Kristersson afirmó que estaba dispuesto a buscar una mayoría alternativa al bloque de izquierda-verde en el Parlamento, “para encontrar una coalición viable que garantice el apoyo a la política económica que los votantes suecos aprobaron” en los últimos cuatro años. Una de las opciones de los Moderados para alcanzar una mayoría sería atraer al Partido de Centro hacia el bloque conservador, pese a que esta formación rechaza cualquier colaboración con la ultraderecha, cuyo apoyo también sería necesario.

Uno de los bloques está encabezado por Magdalena Andersson, líder socialdemócrata y primera mujer que ocupó la jefatura del Gobierno sueco, quien prometió clases con menos alumnos, más viviendas y atención dental gratuita para los jóvenes. El otro está liderado por Jimmie Åkesson, tiene raíces neonazis y se comprometió a bajar los impuestos, mejorar la seguridad pública y tipificar como delito de odio lo “antisueco”.

A las puertas de las elecciones generales de Suecia, previstas para el próximo domingo, los socialdemócratas y los Demócratas de Suecia ocupan, respectivamente, el primer y el segundo puesto en los sondeos, y se prevé que entre ambos concentren alrededor del 50% de los votos.

Sin embargo, el partido al que los suecos sean más propensos a apoyar podría depender, en parte, de su género, en un contexto de creciente brecha entre el electorado masculino y el femenino.

De hecho, las elecciones de 2022 registraron una brecha entre hombres y mujeres sin precedentes en el voto, y los datos apuntan a que la distancia podría ampliarse aún más en estos comicios. Una encuesta de la Oficina de Estadística de Suecia publicada en junio mostró que el apoyo de los hombres a los Demócratas de Suecia, de extrema derecha, duplica el de las mujeres, mientras que el respaldo femenino a los socialdemócratas supera en diez puntos porcentuales al masculino.

Según la encuesta, si solo votaran las mujeres, el bloque de izquierda, liderado por el partido de Andersson, obtendría el 64% de los votos. Si solo votaran los hombres, los partidos de derecha, con el actual primer ministro, Ulf Kristersson, de los Moderados, al frente, obtendrían el 51%.

¿Por qué, en el país supuestamente más igualitario de Europa en materia de género, este factor juega un papel tan importante?

Lena Wängnerud, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Gotemburgo, señala que el giro hacia la izquierda de las mujeres y hacia la derecha de los hombres se viene produciendo desde la década de los 70. Pero la experta puntualiza que, en los últimos años, los Demócratas de Suecia, de extrema derecha, desplazaron a los Moderados, de centroderecha, como la opción política preferida entre los hombres.

Su investigación evidencia que los hombres que trabajan en el sector privado son los más proclives a votar a la derecha, movidos por su apoyo a una reducción de impuestos, un sector público más pequeño y una menor inmigración. “El hecho de que las mujeres no se hayan desplazado hacia la derecha en la misma medida, independientemente de que trabajen en el sector público o en el privado, se explica por su mayor dependencia de un Estado del bienestar que funcione bien, dado que siguen asumiendo la mayor parte de las responsabilidades de cuidados en el ámbito privado”.

“Votan pensando en sus intereses económicos”

Nelly Ailo, de 41 años, una auxiliar de farmacia que estaba almorzando cerca de la calle comercial principal de Södertälje, una ciudad cercana a Estocolmo, comparte una opinión similar sobre las motivaciones de los votantes masculinos. “Lo primero es la economía: lo que más les conviene”, dijo a The Guardian. “Votan pensando en sus intereses económicos. No se preguntan: '¿Es bueno para la ciudadanía? ¿Es bueno para los niños? ¿Es bueno para…?'. No, no, no. Para ellos, lo importante son los salarios altos y los impuestos bajos sobre el combustible”.

Sin embargo, Ermias Balcha, un joven de 23 años, que trabaja en el servicio de viviendas sociales, muestra una opinión contraria a esta teoría. Considera que, bajo el actual Gobierno, las condiciones de vida empeoraron, especialmente para las personas desempleadas y sin hogar. “De hecho, la situación va de mal en peor. Hay jubilados que apenas reciben pensión o prestación”, lamentó. Balcha cree que la mejor opción en las próximas elecciones es votar a los socialdemócratas, pero reconoce que el partido podría hacer más esfuerzos para resultar atractivo a los hombres.

"[los partidos políticos de derechas] Están tan desesperados que no se dan cuenta de que a las mujeres jóvenes también les importa la política

Moska Hassas — Presidenta de la asociación juvenil de los socialdemócratas

Según la encuesta anual sobre simpatías partidistas de la Oficina de Estadística de Suecia, si las elecciones se hubieran celebrado en mayo, el 39% de las mujeres habría votado a los socialdemócratas, frente al 29% de los hombres. Una cuarta parte de los hombres y el 12% de las mujeres afirmaron que votarían a los Demócratas de Suecia. Ambos partidos registraron ligeros aumentos generales en su apoyo. Los Moderados de Kristersson no presentan la misma brecha de género, pero, con solo un 17% del apoyo total, quedaron en tercer lugar.

Los socialdemócratas siguen siendo el principal partido político de Suecia, pero llevan cuatro años en la oposición, después de que el bloque de derecha formara un Gobierno en minoría encabezado por Ulf Kristersson y respaldado por los Demócratas de Suecia.

Si la coalición de centro-derecha, conocida como los partidos de Tidö (por el acuerdo de gobierno que suscribieron en 2022 en el castillo del mismo nombre), gana las próximas elecciones generales, Kristersson se comprometió a permitir que los Demócratas de Suecia, de extrema derecha, entren en el Gobierno por primera vez, prometiéndoles tener “una gran influencia política e importantes cargos ministeriales en materia de migración e integración”.

La entrada del partido en el gobierno marcaría un punto de inflexión en la política sueca. Según los analistas, su influencia como miembros de la coalición ya tuvo un impacto duradero en muchos aspectos del día a día del país, tanto en la vida cotidiana, especialmente para los migrantes, como en el giro hacia la derecha de la política. Esto resulta especialmente evidente en algunas de las políticas de los socialdemócratas, supuestamente de centroizquierda, que, al igual que la extrema derecha de Åkesson, adoptan posicionamientos de línea dura en materia de inmigración, integración y delincuencia.

A la caza del voto de las mujeres

La preocupación de los partidos de derecha por el apoyo femenino dio lugar a que se hable de “una derecha con corazón”, a la aplicación de un descuento del 50% en el transporte público durante seis meses y a que sus dirigentes políticos, mayoritariamente hombres, dediquen cada vez más atención a cuestiones como la fertilidad y la crianza.

Moska Hassas, presidenta de la Socialdemokraternas ungdomsförbund (SSU), la asociación juvenil de los socialdemócratas, afirma que muchas adolescentes y mujeres jóvenes consideran “humillantes” estos intentos de atraer el voto femenino.

Durante un mitin en Södertälje, afirmó: “[los partidos políticos de derechas] Están tan desesperados que no se dan cuenta de que a las mujeres jóvenes también les importa la política”. “Todos los valores tradicionales, como que las mujeres deben estar en la cocina, como hemos oído por parte de los partidos de Tidö, o que las mujeres no deberían cumplir el servicio militar obligatorio, son una reacción retrógrada enfermiza con la que están haciendo retroceder el tiempo”, dijo.

Añadió que entre los adolescentes y los hombres jóvenes hay signos de desilusión con la política, un descontento que aprovechan fuerzas radicales como los llamados “clubes activos” exclusivamente masculinos vinculados a la extrema derecha –que combinan activismo político y entrenamiento físico— y las bandas criminales. “Estas fuerzas explotan el descontento de una forma muy preocupante”, dijo. “Es muy peligroso”.

Traducción de Emma Reverter.

Dos nuevos relevamientos de opinión pública muestran un escenario adverso para el presidente Javier Milei, atravesado por el deterioro de su imagen, una evaluación mayoritariamente negativa de la situación económica y un creciente malestar social. Aunque las mediciones de AtlasIntel/Bloomberg y QSocial utilizan metodologías y muestras diferentes, ambas coinciden en registrar niveles elevados de desaprobación del Gobierno. Y la primera incluye un dato revelador, la diputada de izquierda Myriam Bregman es la dirigente con mejor imagen, seguida por Cristina Fernández de Kirchner.

El último Latam Pulse de AtlasIntel y Bloomberg ubicó la imagen negativa de Milei en el 62%, mientras que su valoración positiva cayó al 35%. Se trata del nivel más bajo de imagen favorable del mandatario desde que comenzó la serie, en octubre de 2024. La principal preocupación: la corrupción, precisamente uno de los ejes de campaña del Presidente quien llevó la lucha contra la “casta” como bandera.

El otro dato relevante de la encuesta es que entre todos los políticos, quien aparece con mejor imagen es Myriam Bregman. La diputada de izquierda tiene 43% de imagen positiva y 51 de negativa. La sigue Cristina Fernández de Kirchner con 39% de imagen positiva y 55 de negativa. Recién en el tercer lugar figura una representante del oficialismo. Se trata de Patricia Bullrich con 38% de imagen positiva y el mismo porcentaje que la expresidenta en la negativa. Así, tres mujeres se ubican en el podio. Recién entonces aparece el primer hombre, Axel Kicillof con 36% de positiva y también 55 de negativa. Javier Milei figura en el quinto lugar con 35% de positiva y 62% de negativa. Su hermana Karina no tuvo mejor suerte. Está en el puesto 13 con una imagen negativa del 71%. La Secretaria General de la Presidencia tiene apenas 17% de imagen positiva y queda en la lista por debajo de Martín Menem, Santiago Caputo y Victoria Villarruel.

La brecha entre ambas variables alcanzó así los 27 puntos porcentuales, la mayor de toda la serie. En enero de 2025, Milei registraba un 55% de imagen positiva y un 41% de negativa. El escenario actual muestra prácticamente la situación inversa.

El deterioro también aparece en la evaluación de su desempeño: el 58% de los encuestados por AtlasIntel desaprueba la actuación de Milei como presidente, frente al 38,1% que la aprueba.

La evaluación general del Gobierno sigue la misma dirección: el 52,7% lo considera malo o muy malo, mientras que el 31,5% lo califica como bueno o excelente y el 15,8% como regular.

El peor clima social de la serie

El QMonitor de QSocial Big Data ofrece otra fotografía del escenario político y social. Según el estudio, la evaluación negativa de la situación actual del país llegó al 55%, seis puntos más que en la medición anterior y el registro más alto de su serie. A la vez, el 59% considera que la Argentina está peor que cuando asumió Milei, también un máximo para ese indicador.

En ese contexto, QSocial registra una señal algo más favorable para el oficialismo: la aprobación de la gestión se ubicó en el 35%, un punto por encima de la medición anterior, mientras que la desaprobación descendió cinco puntos en dos meses y quedó en el 59%. Para la consultora, la variación se explica por un nuevo acercamiento de votantes del PRO y de independientes.

La estabilización, sin embargo, se produce después de un proceso de deterioro. El propio informe muestra que la desaprobación continúa superando ampliamente a la aprobación.

También aparece una recuperación en la percepción sobre la capacidad del Gobierno para resolver los principales problemas del país, que subió seis puntos y alcanzó el 38%. La tolerancia al ajuste, entendida como la aceptación de un sacrificio actual a cambio de un beneficio futuro, llegó al 35%, contra el 31% registrado en junio.

Tres de cada diez votantes de Milei ya no aprueban su gestión

Uno de los datos más significativos del QMonitor aparece al analizar el comportamiento de quienes apoyaron a Milei en las elecciones de 2023. Según el estudio, el 31% de quienes lo votaron en la primera vuelta hoy desaprueba su gestión. Ese grupo, al que la consultora denomina “arrepentidos libertarios”, representa aproximadamente el 12% del electorado argentino.

QSocial sostiene además que el alejamiento se explica más por los resultados del Gobierno que por el estilo confrontativo del Presidente. Entre esos antiguos votantes, el 91% considera que Milei perjudica a los sectores más vulnerables y el 89% cree que el ajuste “no valió la pena”. Asimismo, el 62% de los denominados “arrepentidos libertarios” considera que un nuevo triunfo de Milei sería peor para el país que una victoria del peronismo.

La medición de imagen de QSocial también arroja un saldo negativo para el mandatario, aunque con porcentajes diferentes a los de AtlasIntel: Milei tiene 30% de valoración positiva, 15% regular y 54% negativa. Patricia Bullrich iguala al Presidente en imagen positiva, con 30%, mientras que Axel Kicillof registra 28%.

Las diferencias entre los números de las dos consultoras no implican necesariamente una contradicción, ya que se trata de estudios con diseños, períodos de trabajo de campo y metodologías distintos. Sin embargo, ambos ubican la valoración negativa de Milei claramente por encima de la positiva.

El bolsillo, en el centro del malestar

La situación económica aparece como uno de los principales factores detrás del clima social. Según QSocial, el 75% de los hogares tuvo que recortar gastos para poder llegar a fin de mes y seis de cada diez no tienen capacidad de ahorro. Además, el 44% sostiene que sus ingresos no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas. El 63% considera que con el rumbo económico actual “gente como uno” sale perdiendo, mientras que el 47% espera que la inflación aumente en los próximos meses y el 36% considera probable perder su empleo durante el próximo semestre.

El relevamiento detecta, no obstante, algunas señales menos negativas en el plano individual. La evaluación desfavorable de la economía personal cayó del 45% al 38%, mientras que la proporción de personas que conocen a alguien de su círculo cercano que perdió el trabajo descendió del 70% al 61% en tres meses. También mejoró levemente la expectativa sobre el futuro del país: las respuestas positivas pasaron del 24% al 28%.

AtlasIntel registra una percepción económica todavía más crítica. En ese estudio, el 63% califica como mala la situación económica actual del país y apenas el 24% la considera buena. La evaluación del mercado laboral es aún peor: siete de cada diez encuestados creen que su situación es mala. Las expectativas tampoco muestran una reversión clara: el 49% de los consultados por AtlasIntel cree que la economía argentina empeorará durante los próximos seis meses, contra un 37% que espera una mejora. En materia de empleo, el 50% prevé un deterioro y el 34% una recuperación.

La corrupción se instala entre las principales preocupaciones

Otro dato relevante del estudio de AtlasIntel es el crecimiento de la corrupción como preocupación social. El 44,4% la señaló entre los principales problemas de la Argentina, convirtiéndola en la opción más elegida, apenas por encima del desempleo, con 43,9%. Le siguen la situación económica, con 33,1%; la inflación y los altos precios, con 28,8%; la impunidad y el sistema judicial, con 27,9%; y el debilitamiento de la democracia y las instituciones, con 23,8%.

QSocial también mide específicamente la percepción sobre corrupción dentro del Gobierno y su serie muestra que una mayoría de los consultados considera que la mayoría de los funcionarios son corruptos, frente a porcentajes considerablemente menores que creen que lo son solo algunos o ninguno.

Milei conserva competitividad hacia 2027

El deterioro de las evaluaciones sobre la actualidad no se traduce de manera lineal en las expectativas electorales. QSocial detecta incluso una recuperación de Milei cuando la mirada se proyecta hacia 2027. La proporción que prefiere que el Presidente sea reelegido pasó del 30% en julio al 34% en agosto. Sin embargo, un 57% sostiene que preferiría que no obtenga un segundo mandato.

En los escenarios de primera vuelta elaborados por la consultora, Milei aparece primero con entre 31% y 32% de intención de voto. Pero los resultados se revierten en las simulaciones de balotaje: frente a Axel Kicillof, el gobernador bonaerense obtiene 42% contra 40% de Milei; frente a Sergio Massa, el exministro de Economía alcanza 44% y el Presidente, 38%.

El estudio muestra además un electorado fuertemente atravesado por el rechazo: el 50% afirma que podría votar a un candidato no por simpatía sino para impedir el triunfo de otro dirigente.

En conjunto, las dos mediciones describen un escenario en el que el Gobierno mantiene un núcleo de apoyo importante y Milei conserva competitividad electoral, pero enfrenta un marcado predominio de las evaluaciones negativas sobre su figura, su gestión y la marcha de la economía.

El estudio de AtlasIntel y Bloomberg fue realizado entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre sobre 2.193 adultos de todo el país y tiene un margen de error de dos puntos porcentuales. El QMonitor de QSocial, por su parte, se basó en una encuesta online realizada entre el 7 y el 26 de agosto, con una muestra probabilística y estratificada de 1.645 casos efectivos y un margen de error de ±2,4 puntos porcentuales.

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El próximo 6 de septiembre, el estado alemán de Sajonia-Anhalt —gobernado por una coalición tripartita de conservadores (CDU), socialdemócratas (SPD) y liberales (FDP)-- celebrará elecciones locales. Las encuestas marcan un hito sin precedentes desde el fin de la Segunda Guerra Mundial: la formación de extrema derecha Alternativa para Alemania (Alternative für Deutschland, AfD) encabeza los sondeos con un 41,8% de los votos, aventajando ampliamente a la conservadora CDU (22,4%), La Izquierda (12,3%), los socialdemócratas del SPD (7,6%) y los Verdes (5,4%). A nivel nacional la AfD también lidera las encuestas, con 28% de la intención de voto. Sus 150 diputados hacen del partido la segunda bancada del parlamento federal (Bundestag).

Aunque Sajonia-Anhalt es un estado de modesto tamaño (poco más de 2 millones de habitantes), sus indicadores económicos y demográficos explican la temperatura política local. Con un PBI per cápita la mitad de la media nacional (38.000/76.000 euros), niveles de desempleo superior al promedio (8%/6,5% ), una baja natalidad y una histórica migración de jóvenes hacia el oeste, la región arrastra las secuelas no resueltas de la reunificación. Un triunfo del extremismo de derecha aquí no será un hecho aislado: podría sacudir los cimientos de Berlín y la Unión Europea.

¿Qué es la AfD y quiénes manejan sus hilos?

Nacida en 2013 de la mano de académicos y economistas ultraliberales contrarios a los rescates de la Eurozona, la AfD mutó con la crisis migratoria de 2015 hacia una plataforma etnonacionalista, islamófoba, autoritaria y antisistema.

Esa naturaleza heterogénea convive hoy bajo un frágil equilibrio dirigido por figuras con perfiles y prioridades contrapuestas:

En política exterior, el partido apoya oficialmente a Israel en el conflicto de Oriente Medio —utilizándolo como escudo frente a acusaciones de antisemitismo y como argumento contra la inmigración musulmana—, aunque convive con corrientes aislacionistas que rechazan cualquier intervención alemana en el extranjero.

Los cuatro escenarios tras el recuento electoral

Si los sondeos se materializan y las fuerzas menores no logran el 5% requerido para entrar al parlamento, el 40% de los votos bastará para rozar la mayoría absoluta. Ante este panorama, se abren cuatro vías institucionales:

1. Gobierno en solitario de la AfD

Con más de la mitad de los escaños, la AfD asumiría la jefatura de gobierno con Siegmund como Ministro Presidente, sin necesidad de buscar aliados. Esto le otorgaría vía libre para remodelar los planes de estudio escolares, recortar fondos para programas de diversidad, frenar la transición a renovables y reorientar las fuerzas de seguridad locales. Además, la AfD obtendría asientos en el Consejo Federal (Bundesrat), capacidad que utilizaría para entorpecer la legislación nacional en Berlín y tensionar las relaciones con la Unión Europea.

2. Pacto CDU-AfD y ruptura del “cordón sanitario”

Si a la AfD le faltan apoyos, la presión se desplazará hacia la centroderecha (CDU). La CDU se hallaría en una encrucijada histórica: como partido que ha gobernado Alemania durante 53 de los 77 años de la República Federal, siente la responsabilidad de dar estabilidad institucional. Sin embargo, aliarse u otorgar apoyo externo a la AfD rompería el “cordón sanitario” democrático, provocando una ruptura entre la dirección nacional en Berlín y las delegaciones del este, dispuestas a pactar con tal de conservar el poder.

3. “Supercoalición” multipartidista contra la AfD

Para frenar a la extrema derecha, el resto del arco político (conservadores, socialdemócratas, verdes e izquierda radical) podría intentar un gobierno de concentración. La convivencia entre programas económicos e ideológicos diametralmente opuestos llevaría casi con certeza a la parálisis administrativa. Este bloqueo alimentaría la retórica de la AfD, que se proclamaría como la única fuerza de oposición real frente a un “bloque del sistema”.

4. Gobierno en minoría y repetición electoral

Ante la negativa generalizada a negociar, el ejecutivo caería en un gobierno en minoría sin capacidad para aprobar presupuestos o leyes clave. La parálisis obligaría a convocar elecciones anticipadas en pocos meses, en un ambiente de mayor polarización.

Las contradicciones de gobernar y el impacto europeo

Si la AfD accede al poder, se enfrentará a sus propias fracturas internas. Aplicar el programa ultraliberal que promueve Weidel (reducción del gasto público y bajada de impuestos) chocaría de frente con las exigencias de su electorado obrero del este, respaldado por Chrupalla, que demanda un Estado social fuerte y proteccionista (aunque reservado a nacionales).

Más allá de sus tensiones domésticas, el resultado de Sajonia-Anhalt marcará la tendencia para las próximas citas electorales del año en estados clave como Berlín y Mecklemburgo-Antepomerania. Normalizar la presencia de la extrema derecha en el gobierno del motor económico de Europa debilitaría el liderazgo alemán en Bruselas, alentaría a los bloques euroescépticos y pondría a prueba la cohesión de la Unión Europea en materia migratoria y de transición energética. El 6 de septiembre no solo se vota un gobierno regional; se pone a prueba el consenso político de la Europa de posguerra.

Andrés H. Reggiani pertenece al Departamento de Estudios Históricos y Sociales de la Universidad Torcuato Di Tella

El Tribunal Supremo de Estados Unidos levantó este lunes el bloqueo judicial impuesto a un decreto del presidente Donald Trump para restringir el voto por correo. En una decisión respaldada por la mayoría conservadora, el alto tribunal emitió una orden de emergencia que, por el momento, permite al magnate seguir con su plan. A dos meses de las elecciones de medio término, esta decisión suma incertidumbre al horizonte electoral, ya que todavía queda por ver la respuesta de los tribunales inferiores.

Los magistrados dictaminaron que Trump puede implementar la orden ejecutiva firmada el pasado mes de marzo, la cual instruye al Servicio Postal estadounidense a colaborar en el proceso para decidir qué votantes deben recibir los papeles para votar por correo. Según ese mismo decreto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) —el mismo del cual depende ICE— creará listas de ciudadanos que, a discreción del gobierno, podrían utilizarse para monitorear los patrones electorales y para detectar supuesto fraude electoral. Concretamente, personas que no tengan la ciudadanía e intenten votar el próximo 3 de noviembre.

Con la popularidad por los suelos y la guerra de Irán encallada, Trump volvió a reavivar las teorías de fraude electoral. El pasado mes de julio, el mandatario se dirigió a la nación con un mensaje que minaba aún más la confianza en el sistema electoral. El republicano afirmaba que había detectado “vulnerabilidades” que debía corregir, y volvía a insistir en la mentira de que le robaron las elecciones de 2020, donde perdió contra el demócrata Joe Biden. En esta ocasión fue un paso más allá y aseguró que China interfirió para asegurar su derrota en esos comicios.

En 2020 el voto por correo fue decisivo en la victoria de Biden, y desde entonces Trump no paró de cargar contra esta modalidad de voto, que mayoritariamente es usada por los demócratas. El magnate también estuvo alimentando la desconfianza en el sistema asegurando que las personas sin papeles van a votar, e insinúa que lo hacen en favor de los demócratas.

La decisión permite a la administración seguir adelante con su plan de limitar el voto por correo, incluso mientras un tribunal inferior continúa evaluando la legalidad de la orden ejecutiva de Trump. Aun así, no está claro si las normas de la Casa Blanca estarán vigentes para la jornada electoral, en la cual está en juego el control de ambas cámaras del Congreso y todo apunta en favor de los demócratas.

El mismo tribunal inferior que había emitido este bloqueo que ahora fue levantado por el Supremo, también había publicado otra orden que complica aún más el escenario electoral. Esta segunda decisión impide al Servicio Postal aplicar determinadas partes de dicha orden ejecutiva, caso que, probablemente, llegue pronto a la mesa de los magistrados.

En el voto particular de la sentencia del Supremo, respaldado por las tres magistradas progresistas, la jueza Ketanji Brown Jackson advirtió que la decisión “inyecta caos e incertidumbre innecesariamente en las próximas elecciones de medio mandato”.

La restricción del voto por correo forma parte de una amplia maniobra con la cual Trump intenta diezmar la representación de aquellos ciudadanos que en las midterms (elecciones de medio término) puedan votar a favor de los demócratas: ya ganó prácticamente la batalla del rediseño de los mapas electorales, logrando que sea legal partir los principales distritos de votantes afroamericanos en el sur. De esta manera, la fuerza de voto de este grupo queda diluida entre los otros distritos de mayoría blanca.

A pesar de que en 2024 el voto de los hombres negros fue clave para el retorno del republicano a la Casa Blanca, en los últimos años la tendencia entre la comunidad afroamericana fue votar demócrata.

Otra de las medidas que Trump está liderando para interferir en el sistema electoral es la norma Save Act, la cual lleva meses atascada en el Senado. El proyecto de ley plantea cambios profundos en la manera en que votan los ciudadanos. Entre otras medidas, obligaría a los votantes a acreditar la ciudadanía y eliminaría los registros de voto vinculados exclusivamente al voto por correo.

Una serie de modificaciones que, en un país sin un documento de identidad generalizado, amenazan con dejar sin acceso al voto a determinados grupos de población. El Brennan Center for Justice ya advirtió que millones de mujeres casadas podrían ser unas de las grandes damnificadas, ya que sus nombres y apellidos actuales ya no coincidirían con el que tenían cuando nacieron. En EE.UU. las mujeres acostumbran a perder su apellido de solteras y pasan a adquirir el de su marido; de ahí el problema.