El juez federal de Córdoba Ricardo Bustos Fierro otorgó una medida cautelar solicitada por una empresa de cable de la localidad de Villa del Rosario para suspender la aplicación del decreto de necesidad y urgencia 690, de agosto de 2020, y las resoluciones derivadas que regulan al sector de las telecomunicaciones, de acuerdo a un fallo emitido el lunes al que tuvo acceso elDiarioAR.

Una vez conocida la decisión, las interpretaciones del Gobierno y el Grupo Clarín, el principal operador en el sector a través de su controlada Telecom, fueron opuestas. Para el Ente Nacional de las Comunicaciones (Enacom) y Jefatura de Gabinete, lo dispuesto por Bustos Fierro atañe exclusivamente a TV Cable Color SRL, la empresa de TV paga de la localidad Villa del Rosario (15.394 habitantes en 2010) que cuenta con unos 1.000 abonados. Para el Grupo Clarín, que vía su empresa hermana opera las marcas Telecom (telefonía fija), Personal (telefonía móvil), Fibertel (internet) y Cablevisión (TV paga), lo resuelto es de alcance general y aplica a todo el país.

Por lo pronto, el Gobierno anticipó que apelará la cautelar y ratificó la vigencia del decreto para todas las empresas excepto TV Cable Color SRL, indicaron fuentes oficiales.

Contra la opinión del fiscal, Bustos Fierro entendió que el DNU podría ocasionar daños irreparables a la empresa dado que establecía el congelamiento de tarifas hasta el 31 de diciembre de 2020 y la prohibición de cortar el servicio a quien no pudiera pagarlo. Ello —entendió el magistrado— impediría a TV Cable Color recuperar las inversiones. Además, el juez —uno de los más veteranos del fuero federal— adujo razones de libertad de expresión garantizadas por el Pacto de San José de Costa Rica, dado que la supuesta pérdida de sustentabilidad podría ocasionar el acallamiento de voces, en línea con lo sostenido por el Grupo Clarín y por la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), entidad que agrupa a las empresas de TV paga en la que Cablevisión tiene un peso decisivo.

El amparo tiene validez sólo para quien lo solicita

Gonzalo Quilodrán

“No escapa al tribunal que la declaración de servicio público de una actividad que se ejercía de manera lícita y libre en el mercado resulta violatoria a los derechos adquiridos en el patrimonio de la empresa afectada”, escribió Bustos Fierro.

Para el Ejecutivo, el fallo no sólo se circunscribe al cable de Villa del Rosario sino que la demanda se tornó abstracta. El reclamo de la firma “era por el congelameinto del DNU 690 —fijado en agosto— y después de eso Enacom ya autorizó subas de ocho por ciento en enero y siete por ciento en febrero”, dijo la secretaria de Innovación de Jefatura de Gabinete, Micaela Sánchez Malcolm, a elDiarioAR. La visión es coincidente con la de Claudio Ambrosini, Gustavo López y Gonzalo Quilodrán, presidente, vicepresidente y director del ente regulador, respectivamente. “El amparo tiene validez sólo para quien lo solicita”, afirmó a este medio el salteño Quilodrán. En cuanto a las objeciones de Bustos Fierro por la modificación legislativa vía un DNU, en el Gobierno recordaron que el Senado ratificó la medida por amplia mayoría en la sesión del 7 de septiembre de 2020.

En la mirada opuesta de ATVC, “el Poder Ejecutivo Nacional y al Enacom (deben) abstenerse de emitir y llevar a cabo acto alguno” referido al DNU y las posteriores resoluciones. “El organismo regulador no se encuentra facultado a continuar dictando normas derivadas del DNU 690 ni ejecutando las ya dictadas, las que se encuentran suspendidas de un modo general, alcanzando a todos los operadores TIC de nuestro país”, dijo la asociación mediante un comunicado.

En sus medios, el grupo que tiene al diario Clarín como cabecera asumió la postura de la cámara de TV paga como propia. Telecom Argentina no respondió la consulta de este medio, aunque una fuente cercana coincidió en que la cautelar incluye el negocio del holding.

Disputa en dos velocidades

El fallo de Bustos Fierro llega luego de varios traspiés de empresas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) que procuraron revertir el DNU 690 ante diversos juzgados del país, sin éxito. El citado decreto estableció que toda la industria TIC es considerada “servicio público esencial en competencia”, lo que habilita a Enacom a fijar la tarifa, establecer beneficios sociales y requisitos de calidad y accesibilidad a las empresas, que además de las marcas de Clarín, incluye a Claro, Telefónica, Telecentro, DirecTV y Supercanal. Uno de los reveses judiciales lo tuvo la propia Telecom, cuando el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Walter Lara rechazó un amparo el pasado 29 de enero.

El Poder Ejecutivo Nacional y Enacom deben abstenerse de emitir y llevar a cabo acto alguno con fundamento en dichos decretos, hasta tanto se dicte sentencia definitiva.

ATVC

La puja entre el Gobierno y las empresas del sector tiene dos velocidades. La primera, de fondo, atañe a la regulación general de la industria TIC, que hasta agosto definía unilateralmente las tarifas y el Estado sólo intervenía si las empresas lo aceptaban. A su vez, la definición de accesibilidad, tarifas sociales y calidad había quedado virtualmente liberada durante el Gobierno de Mauricio Macri, lo que fue drásticamente revertido con el cambio normativo de agosto.

En segundo orden, la disputa es por el aumento de tarifas este verano. El Ejecutivo acordó con las empresas un congelamiento que rigió entre abril y agosto de 2020, en la fase crítica del confinamiento. Luego extendió la medida vía el DNU hasta fin de año hasta que, finalmente, habilitó cinco por ciento de alza en enero para las empresas con más clientes, y ocho por ciento para las cooperativas y pequeños prestadores. Esta semana, Enacom dispuso otro siete por ciento de aumento en febrero para los más chicos y se apresta a autorizar una suba para servicios premium de los más grandes. Ese esquema es inadmisible para las empresas del sector, que aducen que los aumentos del primer cuatrimestre de 2020 (hasta 22 por ciento según el Gobierno) no cubrieron la inflación anual de 36 por ciento. En Enacom replican que si bien la industria TIC quedó rezagada el año pasado, vivió cuatro años previos de alta rentabilidad y aceleración de la concentración.

Fallo con doble acción

Bustos Fierro es un juez federal de largo recorrido. En 1999, cobró notoriedad al habilitar un eventual tercer mandato consecutivo de Carlos Menem ante un recurso presentado por José Manuel de la Sota. La re-re de Menem, finalmente, no prosperó por razones políticas. En un movimiento que puede tener consecuencias decisivas, el amparo obtenido por la empresa de cable de Villa del Rosario tuvo como complemento la declaración de inconstitucionalidad de la ley que fija un límite temporal a las cautelares que atañen al Estado.

La empresa cordobesa había solicitado la inconstitucionalidad del artículo cinco de la ley 26.854, que establece un máximo plazo seis meses prorrogable para las cautelares contra una medida del Estado. Bustos Fierro entendió que “no resulta razonable que se le imponga un plazo de vigencia” dado que están en juego derechos fundamentales, por lo que el demandante podría verse en “estado de indefensión” si no se resuelve la cuestión de fondo antes de que caiga el amparo.

Entre varias supuestas falencias de la decisión del juez federal de Córdoba, el equipo jurídico de Enacom anotó en la noche del martes que “tratándose la discusión central de la constitucionalidad de los DNU 690/20 y 311/20, la medida dispuesta no fue notificada al Poder Ejecutivo de la Nación”. “Se privó al PEN de ensayar su argumentación y se decidió la procedencia de la cautelar en base a los dichos unilaterales de la empresa actora”, advirtieron abogados del regulador de las comunicaciones.

SL con la colaboración de Pablo Ibañez

“¿Y si un día prendes tu televisor y la señal ha desaparecido? Claro que puede pasar”, dice una voz en off mientras una mujer, de espaldas y en penumbras, mira la pantalla de un televisor que sólo emite un granulado blanco y negro. El video, firmado por la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones (AET), habla de “los embates de todo tipo” que ha sufrido la industria del cable en los últimos tiempos, y si bien corresponde a los cableros de Entre Ríos, fue circulado también por personas vinculadas a las grandes firmas del sector a nivel nacional, en tensión con el Gobierno por la reciente entrada en vigencia del decreto que convierte a las telecomunicaciones en un servicio público y regula el aumento de sus tarifas.

Según detalla el video —que todavía no fue publicado oficialmente pero ya comenzó a circular— “en los últimos meses” los costos operativos del sector aumentaron 52%, con subas que van desde los insumos electrónicos a los impuestos municipales y provinciales y los gastos en movilidad. “En medio de esta realidad se avecina la desaparición de la grilla de señales y baja en la calidad de un servicios. Las inversiones y el mantenimiento no son una opción en un marco económico como el actual, donde el Gobierno sólo actualizó en nuestro rubro una suba del 8%”, añade.

Se refiere al 8% de aumento a partir de enero que fue habilitado por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), luego de 8 meses de congelamiento, para los licenciatarios que posean menos de 100.000 clientes. Para los grandes prestadores, en cambio, sólo autorizó una suba del 5%. 

Según las cuentas de la Jefatura de Gabinete, las empresas del sector implementaron subas de hasta 25% hasta abril de 2020. Si bien el año cerró con los precios de los servicios de telecomunicaciones por debajo de la inflación, durante los cuatro la administración de Mauricio Macri la cuenta fue inversa, además de que se consolidó el liderazgo de los grandes grupos del sector.

“Sin subsidios al sector y con un panorama para nada alentador, sólo nos queda alertar que esta actividad esencial corre el grave riesgo de desaparecer y con ella el reflejo de la realidad, la pluralidad de las voces”, concluye el video, cargado en YouTube por el Canal 5 de San José.

Según detalló la entidad a elDiarioAR, en la provincia de Entre Ríos existen alrededor de 50 empresas proveedoras de televisión por cable, la mayoría de ellas de pequeña envergadura y de origen provincial. Cablevisión, del Grupo Clarín, es el único prestador en las ciudades de Gualeguaychú, Federación y Concepción del Uruguay, y ofrece servicio también en la capital provincial, Paraná, donde también hay otros dos oferentes. Además, DirecTV brinda en localidades de la provincia el servicio de TV satelital.

La estructura de la TV paga en Entre Ríos -con un actor presente en los centros urbanos más importantes, en algunos de ellos en forma monopólica- y varios prestadores locales en pueblos y ciudades con menos habitantes, se repite en todo el país. Cablevisión representa más de 40% del mercado de TV paga en la Argentina, con segmentos superiores a 80% en grandes centros urbanos, como la Capital Federal y ciudad de Córdoba.

Pese a que una persona involucrada en la producción del video manifestó su sorpresa de que ya hubiera sido publicado y dijo que se trataba de una versión preliminar y para “difusión interna en la provincia”, la pieza fue compartida por los WhatsApps de ejecutivos de la industria. 

Más preocupación

Por otro lado, esta mañana la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) difundió un comunicado en el que expresó su “profunda preocupación” por la “política de control de precios” del gobierno argentino, que consideran “sin sustento técnico”. Además, señalaron que “representa una anomalía en la región y pone en grave riesgo la sostenibilidad de cooperativas, pymes y grandes empresas del sector”.

“No es sostenible que con una inflación anual de 36,1% y de 26,2% en el período de abril a diciembre, durante el que permanecieron congelados todos los servicios de telecomunicaciones, se obligue a las empresas a tener un tope de aumento del 5%, insuficiente para cubrir sus costos reales”, apuntó la cámara, cuyo Consejo Directivo está presidido por una ejecutiva de Telefónica y tiene como vicepresidentes a representantes de Telecom y AT&T (Direct TV). 

DT

Pese a las insistentes advertencias del Gobierno, que anticipó que aplicará “las sanciones más duras que se puedan aplicar”, la empresa Telecom mantendrá vigente el aumento de hasta el 20% en sus tarifas, superior al 5% que autorizó a partir de enero el Ente Nacional de la Comunicación (Enacom).

Según confirmó a elDiarioAR, la compañía de Clarín —que opera los servicios de TV paga, Cablevisión, y de internet, Fibertel— esperará que la Justicia se expida sobre un recurso administrativo presentado por la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), que busca bloquear la aplicación del decreto presidencial que declaró “servicio público esencial” a la industria de las telecomunicaciones y estableció la regulación de sus tarifas. 

El aumento del 5% para los servicios de telefonía e internet fijos y móviles, y televisión paga fue autorizado a mediados de diciembre pasado, luego de ocho meses de congelamiento. Para ese momento, las empresas dijeron que ya habían cerrado algunos cortes de facturas que llegarían a los hogares entre las dos últimas semanas del año y enero, ante lo cual el Gobierno concedió que salieran con aumentos superiores, siempre que en el siguiente cobro retrotrajeran el excedente de 15% y devolvieran el importe. 

Telecom fue la primera empresa grande en facturar el segundo período del año —las boletas comenzaron a llegar a los hogares el viernes pasado— y no volvió atrás con el aumento, motivo por el que las autoridades del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) le enviaron una intimación para que cumpla con lo regulado. 

Según pudo saber este medio de fuentes oficiales y del sector, Telecom no fue la única firma que superó el aumento autorizado. También se excedieron algunas empresas de cable y telefonía del interior, y todas ellas fueron intimadas a ponerse a regla por el ente oficial. Las otras firmas con “poder de fuego”, como Movistar, Claro y Telecentro, aún no emitieron sus facturas del mes. 

La apuesta de Telecom es a obtener un fallo favorable en la Justicia que le permita sostener su esquema de aumentos. Apelan a que prospere el recurso presentado por la ATVC en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Número 10, que encabeza el magistrado Walter Lara durante la feria. 

En un comunicado de finales de diciembre, la cámara del sector consideró que “la entrada en vigencia de las limitaciones impuestas a los aumentos de los precios y de un Plan Básico Universal obligatorio representan una intervención directa y coactiva por parte del Estado, y un peligroso avance sobre la libertad de expresión”. Además, señaló que “se trata de una nueva imposición que pone en peligro no solo el desarrollo, sino la subsistencia de uno de los sectores más competitivos del país”. 

En Telecom apuestan a que prospere el recurso administrativo presentado por la ATVC en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Número 10

El argumento de que sólo con el aumento del 5% no podrían sostenerse es repetido por Telecom a los usuarios que reclaman por el cobro de más. Fuentes de la Jefatura de Gabinete acotaron que las empresas del sector implementaron subas de hasta 25 por ciento hasta abril de 2020, y que si bien el año cerró con los precios de los servicios de telecomunicaciones por debajo de la inflación, en los años precedentes, durante los cuatro la administración de Mauricio Macri, la cuenta fue inversa y por amplio margen, amén de la consolidación del liderazgo de las firmas del sector y, en particular, del Grupo Clarín.

Cablevisión representa más de 40 por ciento del mercado de TV paga en la Argentina, con segmentos superiores a 80 por ciento en grandes centros urbanos, como la Capital Federal. En internet, la marca Fibertel lidera el mercado por amplio margen tras la fusión entre Cablevisión y Arnet, antiguo servicio de Telecom.

La intimación del ente otorga 10 días a las empresas para definir de qué manera devolverán el dinero a los clientes, que podría ser mediante una nota de crédito incluida en el próximo pago. Todavía no se definió qué multa se aplicará en el caso de que las empresas no cumplan, pero en el Enacom aseguran que hay “diversas posibilidades”, que van desde sanciones económicas a la limitación para presentarse en las licitaciones de espectro. “Si tenemos que sancionar comunicaremos puntualmente cuál es la sanción”, anticiparon.

Gustavo López, vicepresidente de la entidad, ya había anticipado en declaraciones a Télam que se aplicarían “las sanciones más duras que se puedan aplicar”.

DT

El Gobierno intimó al grupo Cablevisión, del Grupo Clarín, a que devuelva el aumento cobrado por demás en las últimas dos facturas, cuando aplicó un incremento del 20% pese a que la autorización fue de sólo 5%.

“Le estamos mandando la intimación a Cablevisón, que fue la empresa que aplicó este aumento, para que no solo devuelva lo que cobró de más en enero, sino que se abstenga de cobrar febrero hasta tanto refacture y lo haga correctamente con el 5% más la devolución del mes anterior”, indicó el vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Gustavo López.

Además informó que desde el Enacom se abrió “un sumario para aplicar las sanciones que correspondan”, porque sostuvo que lo que hizo Cablevisión “es un abuso ilegal”.

López remarcó que “hay un DNU, el 690/2020, aprobado por el Congreso que establece que estos servicios son públicos y esenciales, y determina que hay una Prestación Básica Universal (PBU)”, y subrayó que “a partir de ese momento es el Estado, a través del Enacom, el que fija la posibilidad de un aumento y de cuánto”.

El decreto ratificado por el Congreso al que aludió López fue supervisado de cerca por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, e involucra a toda la industria de las tecnologías de la información y la comunicación, que comprende TV paga, telefonía móvil y fija, y acceso a internet. Las empresas reguladas, sobre las que el Estado quedó habilitado para fijar tarifas y calidad del servicio, son Telecom, Personal, Fibertel y Cablevisión (del Grupo Clarín), Movistar y Movistar TV (Telefónica), Claro y Claro TV (America Móvil, Carlos Slim), Telecentro (Miguel Ángel Pierri) y DirecTV (AT&T), entre otras.

“Lo que deben hacer las empresas es una nota de crédito para las próximas facturas. Los procesos de refacturación son tardíos por eso no estamos contentos con lo que hicieron. Son millones de usuarios”, dijo por su parte el titular del ente regulador, Claudio Ambrosini, en diálogo con Radio con Vos.

A la espera de un juez

Desde Cablevisión, ante la consulta de Télam, respondieron que “el aumento informado oportunamente se mantiene vigente”, y explicaron que “la cámara que representa a las empresas del sector, ATVC (Asociación Argentina de Televisión por Cable), ha presentado un recurso administrativo, en defensa de los derechos de sus empresas asociadas”.

“Cualquier novedad se informará a los clientes por los canales habituales y de corresponder se realizarán los ajustes pertinentes”, indicaron las fuentes de la empresa.

Asimismo, puso de relieve que “hay un fallo de la Justicia de la ciudad de Mar del Plata que ya le indica a Cablevisión el mes pasado que tenía que devolver el dinero”, y señaló que “sin embargo, como si fueran los dueños de la Argentina, no sólo no lo hacen, sino que desafían la ley, la autoridad y al fallo del Poder Judicial cobrando un aumento”.

“Nosotros no sólo estamos haciendo esta intimación sino que además estamos procurando denunciar una posible maniobra que está preparando el Grupo (Clarín) con un juez de feria en la Ciudad de Buenos Aires, del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Número 10, (Edgardo) Lara”, afirmó el funcionario.

Explicó que este magistrado “tiene el expediente” a través del cual Cablevisión pretende desconocer la legislación, y advirtió que “si llega a tirar para atrás del decreto 690, va a permitir a las empresas facturar lo que quieran y va a dejar a la gente con un aumento y sin PBU”.

El vicepresidente del Enacom insistió con que el cobro por encima del 5% “es ilegal”, y denunció que “lo que están haciendo está por fuera de la ley”.

En este marco, aseguró que “se aplicarán las sanciones más duras que se puedan aplicar”, y precisó que éstas “son monetarias”.

“Espero que con la intimación que estamos enviando, y con la apertura de sumario para aplicar sanciones, reflexionen”, sostuvo López, quien remarcó que “este mismo Grupo está negando la PBU”.

En ese sentido, subrayó que “habrá nuevas sanciones para quienes no habiliten la PBU”, y puntualizó que “parece que hay un grupo de empresas que está por encima del Estado, de la ley, de los ciudadanos, de la Constitución y que cree que son ellas las que fijan las reglas”.

“Es el Estado el que fija las reglas a través del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El decreto 690 fue ratificado por el Congreso y también por el Poder Judicial”, señaló el funcionario.

A mediados de diciembre último, el Gobierno anunció la puesta en vigencia desde el 1 de enero de una PBU para los servicios de comunicaciones móviles, telefonía fija, internet y tv por suscripción con un precio a partir de 150 pesos.

En esa oportunidad también precisó que los incrementos autorizados serían entre 5% y 8% para las tarifas de estos servicios a partir del primer mes de 2021.

Estos anuncios se plasmaron en las resoluciones 1466/2020 y 1467/2020 del Enacom publicadas el 21 de diciembre.

En la resolución que autorizó el aumento, se precisó que para las empresas de estos servicios públicos en general, sería de hasta 5% para enero próximo.

Pero para el caso de los licenciatarios que posean menos de 100.000 accesos y que no hubieran aumentado sus precios en cualquiera de sus planes y servicios durante 2020, podrían hacerlo hasta un 8%.

Para establecer los porcentajes aprobados, se deberían tomar como referencia los precios vigentes al 31 de julio 2020.

Con cerca de 3,5 millones de clientes, Cablevisión representa más de 40 por ciento del mercado de la TV paga.

SL con Télam