El diputado nacional del Frente de Todos (hoy Unión por la Patria), Eduardo Valdés, cuestionó al fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), Juan Bautista Mahiques, por desetimar las impugnaciones a la precandidatura a jefe de Gobierno porteño de Jorge Macri. “Siempre hay un Mahiques para lo que un Macri guste mandar”, expresó.

El legislador sostuvo que el dictamen del fiscal general de CABA que rechazó las impugnaciones presentadas por Eugenio “Nito” Artaza (radical) y Vanina Basi (Frente de Izquierda) es “vergonzoso” dado que, según dijo, viola la Constitución de la Ciudad. “Dice el artículo 97 que quien aspire a ser jefe de Gobierno debe ser nativo o poseer residencia habitual y permanente no inferior a los cinco años anteriores a la fecha de la elección”, advirtió el diputado, quien aseguró que dichas condiciones no están cumplidas en el caso del primo del ex presidente.

Valdés también reclamó la falta de intervención del Máximo Tribunal de Justicia frente a la postulación del ex intendente de Vicente López. “Jorge Macri está habilitado para presentarse cuando claramente no corresponde y la Corte no se mete, aunque sí me metió en San Juan y en Tucumán. Juegan siempre para el mismo lado”, criticó.

Para el diputado, la precandidatura de Macri debe ser impugnada en tanto el único fallo previo ante un caso similar “ratifica que los cinco años (de residencia en CABA) tienen que ser inmediatamente anteriores a la fecha de la elección, a la inversa de lo que establece ahora Juan Bautista Mahiques”. Dicho antecedente data del 2010, cuando Adrián Pérez, entonces legislador de la Coalición Cívica, debió bajar su candidatura por no tener residencia habitual y permanente en el quinquenio inmediatamente anterior a los comicios en los que pretendía competir por la jefatura de gobierno porteña.

Con información de agencias.

El diputado nacional del Frente de Todos Eduardo Valdés confirmó hoy que la vicepresidenta Cristina Kirchner será de la partida en la marcha que el kirchnerismo prepara para el 25 de mayo en la Avenida 9 de Julio, y conjeturó que ella podría aprovechar el marco de la movilización para anunciar una candidatura.

“Ella va a estar, no va a desairar a la multitud. Y creo que va a decir que va a ser candidata. Tengo toda la expectativa que diga que sí”, señaló.

Valdés es uno de los dirigentes del peronismo más comprometidos con el operativo clamor para que Cristina Kirchner acepte el desafío de una candidatura presidencial, que es el deseo de gran parte de la militancia.

Hasta ahora, las señales que la jefa del kirchnerismo emitió fueron en sentido contrario: desde denunciar que está “proscripta”, pasando por el clásico “no se hagan los rulos” hasta señalar explícitamente en diciembre del año pasado que no será “candidata a nada”.

Sin embargo, desde el kirchnerismo confían en que la vicepresidenta estaría revisando esa postura a partir de una lectura del complicado escenario electoral que asoma para el Frente de Todos, donde solo una candidatura de ella podría sintetizar al espacio y evitar una interna que disperse el voto y fracture a la coalición.  

Esto tiene que ver con que una candidatura de Cristina Kirchner sería la única forma con que el oficialismo podría sortear la competencia interna en las PASO, ya que nadie se animaría a competirle a la ex presidenta.

“Creo que en este momento lo único que no fragmentaría al Frente de Todos es una candidatura de Cristina”, admitió.

“Nadie se imagina hacer unas PASO con Cristina”, planteó Valdés, y lo comparó con la situación en la Libertad Avanza, donde Javier Milei no tendrá rivales internos en las PASO.

“Dicen que el candidato que más está creciendo es Milei y no va a las PASO. Eso es lo que estamos trabajando”, reconoció el diputado nacional.

El dirigente oficialista aseguró que que quedó “afónico de tanto gritar ‘Cristina presidenta’ y consideró que ella reúne todas las condiciones para ser proclamada como candidata única.

Según dijo ,“una candidatura en el Frente de Todos tiene que generar mucha emoción, sorpresa y ella es la que sintetiza todo eso”.

Valdés reconoció que el ministro de Economía, Sergio Massa, puede ser “un buen candidato”, pero aclaró que su expectativa está puesta en que Cristina Kirchner sea la postulante única del oficialismo. 

“Massa puede ser un buen candidato. No lo quiero desestimar pero tengo como objetivo a Cristina”, ratificó, y se mostró esperanzado de que la ex mandataria realice el anuncio de su candidatura junto al presidente Alberto Fernández. 

Con información de NA

El diputado oficialista Eduardo Valdés aseguró este jueves que los jueces de la Corte Suprema “violaron” artículos de la Constitución Nacional y no mostraron “idoneidad” en el fallo por los fondos de la coparticipación, en la restitución de la ley del Consejo de la Magistratura derogada por el Congreso, en la aplicación de la ley del dos por uno en causas de lesa humanidad y en el manejo de la obra social judicial.

En la segunda reunión de la comisión que trata el juicio político a la Corte, el legislador del Frente de Todos (FdT) argumentó sobre los pedidos de enjuiciamiento a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, a quienes el oficialismo acusa de mal desempeño de sus funciones.

“En el artículo 116 de la Constitución Nacional se establece que los jueces solo pueden decidir en una causa, y una causa es una disputa concreta entre partes contrarias”, y señaló que “además no deben emitir declaraciones ni consultas, solo deben hablar a través de las sentencias, y éstas deben ser de acuerdo al derecho vigente y a la prueba presentada”, dijo Valdés.

“Si no se cumplen esos artículos, entonces se transforma en un acto irracional, eso configura el mal desempeño y demuestra la falta de idoneidad para el cargo”, apuntó, y sostuvo que “según el artículo 16 de la Constitución Nacional todos los ciudadanos son iguales ante la ley y son admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad”.

Valdés inició su intervención afirmando: “Ratifico el proyecto de resolución que pedimos el juicio político de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rozenkratz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti”. Acusó a Rosatti por el “delito en la comisión de sus funciones, proyecto que además contiene el pedido del Presidente de la Nación y 11 gobernadores, presentado en esta cámara con la firma de 15 diputados nacionales”.

El diputado fundamentó como una de las causas de mal desempeño contra los magistrados el fallo sobre coparticipación porteña, ya que “distribuyeron recursos públicos violando el artículo 128 de la Constitución Nacional al no convocar a los gobernadores”, quienes “se presentaron como amicus curiae del tribunal”.

“¿Por qué no escuchó a los gobernadores? ¿Será por la relación de Rosatti con Rodríguez Larreta, vehiculizado por medio de Silvio Robles y Marcelo D'Alessandro, que ya habían sido recusados por la Procuración del Tesoro de la Nación por ese vínculo?”, se preguntó.

Asimismo, subrayó que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación, asumiendo funciones legislativas, prohibidas por la Constitución Nacional, decide asignar recursos públicos, según su propio criterio, asumiendo funciones que la misma solo autoriza al parlamento”.

En cuanto a la Magistratura, Valdés señaló que “a partir de la asunción de Horacio Rosatti como presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pone en marcha lo que podemos denominar como 'el asalto al Consejo de la Magistratura'”. “15 años estuvo vigente esta ley, de los cuales 6 años estuvo durmiendo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para descubrir o no un vicio manifiesto -es claro que no es manifiesto- y si no es manifiesto, no es inconstitucional, por eso es que hay mal desempeño”, agregó.

El diputado aclaró que el juicio político es contra los miembros del tribunal -a diferencia de la Coalición Cívica que solo apunta a Lorenzetti-, ya sea “por la comisión de delitos conforme lo determinen las investigaciones judiciales penales en curso, o en el menor de los casos por 'mal desempeño'”.

Referenciando a otras causas del procedimiento, como haber querido aplicar la ley del dos por uno en el caso Muiño, Valdés dijo que “cuando se es condenado por lesa humanidad, para la CIDH y la Corte Suprema, los sentenciados no pueden tener ningún beneficio por la naturaleza inhumana del crimen cometido, pero los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz violan esa premisa, aplicando el 2 por 1”.

Valdés concluyó su presentación diciendo: “Sueño con una Corte Suprema de Justicia de la Nación donde ningún ministro de la Corte vaya al exterior a decir que este parlamento no debe consagrar derechos ante cada necesidad”.

LC con información de agencia Télam

En el pico de las tensiones que desde hace años divide a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, los cuatro ministros del máximo tribunal mantendrán este jueves por la mañana el primer plenario del año, informó una alta fuente del Palacio de Justicia a elDiarioAR.

Ante la consulta de este medio, los voceros institucionales del tribunal no confirmaron el encuentro, pero en los despachos de los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se preparaban para verse las caras de manera presencial antes del mediodía, con el clima de mayor presión sobre sus espaldas: 14 pedidos de juicio político por presunto mal desempeño que el oficialismo buscará activar en la comisión de la cámara de Diputados.

El encuentro tendrá lugar en el Palacio de Justicia, casi en paralelo al inicio de la segunda sesión de la comisión de Juicio Político, que este jueves a partir de las 11 comenzará a escuchar a quienes solicitaron los proyectos contra los ministros de la Corte. 

En el plenario, los cuatro ministros de la Corte deberán fijar la agenda del tribunal para los próximos meses, incluyendo qué casos tendrán prioridad y qué audiencias públicas se realizarán (hay pendientes varias por temas medioambientales con incidencia política, como la de los desmontes en el Gran Chaco argentino, conocida como la demanda del Yaguareté contra las provincias de Chaco, Formosa, Salta y Santiago del Estero).

Los jueces de la Corte deberán tratar las recusaciones presentadas por el Gobierno, que solicitó a los ministros del tribunal que se abstengan de intervenir en la disputa judicial por la coparticipación de los impuestos nacionales entre el Ejecutivo nacional y la Administración porteña. Además, deberán fallar sobre el recurso de reposición presentado por el Gobierno nacional por este mismo caso. En ambos puntos, se espera el rechazo de ambos planteos del presidente Fernández.

El máximo tribunal también tiene pendiente fallar sobre la causa Dólar Futuro, que incide directamente en el futuro judicial de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los jueces ya tienen desde finales de año un dictamen del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, solicitando que revoquen los sobreseimientos anticipados de la expresidenta y del resto de los acusados (como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce) y ordenen realizar el juicio oral y público que nunca comenzó.

Además, los jueces deberán decidir si asistirán a la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso el próximo 1° de marzo, cuando el presidente Alberto Fernández dé su discurso ante el Congreso. Es tradición institucional que los ministros de la Corte asistan, si es que este año son invitados, dado el abierto enfrentamientos con el Gobierno, que busca la destitución de los magistrados.

El primer plenario de los jueces no pasará sin que surja debate sobre el hecho que activó que el Presidente solicitara la apertura de sesiones extraordinarias en el Congreso para avanzar con los pedidos de juicio político contra la Corte (los que estaban sin avances desde hace años y el que presentó el propio mandatario junto a 14 gobernadores aliados por el fallo de la coparticipación a favor de la Ciudad de Buenos Aires).

Se trata de los chats filtrados en internet tras el hackeo al teléfono del ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro en los que el funcionario intercambió información con Silvio Robles, vocero y director de la vocalía del presidente de la Corte, Rosatti, sobre el resultado final del fallo que la Corte iba a dictar a favor del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta por los fondos para financiar la policía porteña.

La Corte está atravesada con una interna política y personal entre sus jueces, divididos en dos bloques: el trío que conforma la mayoría (integrado por Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz) y un unitario (Lorenzetti), quien quedó en minoría tras perder la presidencia de la Corte en 2018. 

En el marco de esa pelea interna de poder, Lorenzetti hizo saber a través de periodistas y allegados que solicitará al trío Rosatti-Maqueda-Rosenkrantz la salida de Silvio Robles, vocero y principal asesor del presidente de la Corte, como informó elDiarioAR.

Aunque los jueces saben que los pedidos de juicio político en su contra no podrán avanzar hasta el final, ya el oficialismo no cuenta con los dos tercios de los votos necesarios para acusarlos en el recinto de Diputados ni para destituirlos en el Senado, aguardan una larga embestida del Frente de Todos en los medios de comunicación a través de la actividades de la comisión de Juicio Político. 

Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz preparan una defensa conjunta. Los jueces de la mayoría, además, ya mantuvieron sus conversaciones durante enero, sin Lorenzetti, aseguró una fuente del tribunal.

En la sesión de este jueves en la comisión parlamentaria está previsto que expongan:

La sesión de la comisión de Juicio Político podría extenderse más de cuatro horas. Los diputados de distintas fuerzas políticas podrán preguntar a los expositores por sus argumentos para solicitar el jury de los jueces del máximo tribunal. 

El próximo jueves 9 de febrero se espera que los diputados de la comisión voten el informe de admisibilidad, el paso necesario para abrir las investigaciones por los 60 hechos denunciados contra los ministros de la Corte. El oficialismo tiene mayoría (cuenta con 16 diputados sobre 31), por lo que se entiende que el informe sería aprobado e iniciaría la etapa de medidas de prueba.

ED

Un sistema de reclutamiento de mujeres pobres para trabajar como servidumbre de miembros de élite y sacerdotes en residencias de puertas cerradas durante décadas y sin pago. Eso denunciaron en septiembre de 2021 ante el Vaticano 43 ex empleadas domésticas del Opus Dei en la Argentina e impulsó la decisión reciente del papa Francisco de revisar algunos privilegios con los que hasta ahora funcionó la todopoderosa y ultraconservadora  “Obra”, fundada por Josemaría Escrivá de Balaguer. 

A un año de que la denuncia llegó al Tribunal para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede y de que recorriera el mundo hasta poner a la institución católica en el ojo público, el Estado argentino se involucra: un pedido de informes al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación ingresó ayer en la Cámara de Diputados: “Resulta absolutamente relevante que la denuncia efectuada por las supuestas víctimas sea completamente esclarecida, determinándose, en el supuesto de que corresponda, la totalidad de las responsabilidades involucradas”, dice el proyecto de resolución de la diputada nacional Mónica Macha y que lleva también la firma del diputado y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara, Eduardo Valdés, quien además fue embajador en el Vaticano entre 2014 y 2015. Ambos integran el Frente de Todos.

“Reducción a la servidumbre y violación a los derechos humanos”

El pedido de informes indaga en las formas de pertenencia al Opus Dei y en la relación con la institución de las 43 mujeres denunciantes  y su categoría de “numerarias auxiliares” -forma de membresía que se les da a quienes ingresan como servicio doméstico de la institución-. También pide información acerca de la matriz jurídica y económica de la organización en la Argentina: enumera una lista de 17 Asociaciones Civiles, pregunta cuál es el vínculo de esa red y de quienes las integran con la Prelatura y si les pertenecen las propiedades en las que se desarrollan las actividades de la institución en todo el país. En varias de esas residencias es donde las 43 mujeres denuncian que vivieron en condiciones de semi-esclavitud, “reducción a la servidumbre y violación de los derechos humanos”, describe el proyecto. 

También exige saber las condiciones en las que trabajaron las mujeres, bajo las órdenes de quiénes y lista más de 20 sacerdotes mencionados por las mujeres como sus confesores y quienes dirigían las casas. Esta información se completa con un pedido que va directo a lo que el Opus Dei siempre se negó a revelar: “la nómina completa de miembros sacerdotes y laicos de la Prelatura en la región a cargo del Vicario Presbítero Juan Llavallol”. Llavallol es la máxima autoridad para Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay desde octubre de 2021, después de que la denuncia ingresara en el Tribunal para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede.

Macha explica que decidió avanzar a partir de lo que leyó en los medios y luego de  conversarlo con la asesora presidencial Dora Barrancos, que le marcó la necesidad de usar las herramientas del Congreso para acompañar el proceso. “Venimos mirando, visibilizando y denunciando la violencia hacia las mujeres y tenemos una responsabilidad institucional como representantes frente a esto. En este caso, se violentaron todos los derechos de mujeres pobres y vulnerables desde que eran adolescentes por una institución religiosa. Esta situación es inaudita en esta etapa de la historia y del movimeinto feminista”, explicó. Y agregó: “Lo que tenemos que buscar es que cada una pueda estar con total libertad, apertura y conciencia del lugar en el que está. No parece el caso de estas mujeres”.

El diputado Valdés, ex embajador ante el Vaticano y cercano al papa Francisco, decidió acompañar la iniciativa: “La Fe nos enseña que todos somos hijos de Dios y, por lo tanto, somos hermanos en la Fe. El comportamiento de estas personas que violaron los principios elementales de los derechos laborales vulneraron lo más sagrado del ser humano: su dignidad”, dijo a eldiarioAR.

“Fuimos esclavas” 

A Lucía Giménez la fueron a buscar a su casa en Loreto, Paraguay, y le ofrecieron una escuela en Asunción. En ese momento creyó que era una oportunidad. Tenía 14 años. Unos meses después, con 15, la llevaron a Buenos Aires en un avión de la Embajada argentina y la pusieron a trabajar en un centro de numerarios del Opus Dei en la Ciudad de Buenos Aires. “Estuve 18 años trabajando sin parar y nunca cobré un peso por mi trabajo”, denunció ante el Vaticano. Tampoco le hicieron aportes jubilatorios. “Porque ellos no te decían que estabas trabajando, sino sirviendo a Dios y que vos eras santa”, cuenta. “Realmente no se podía  esperar más tiempo para que una vez por toda el Estado Argentino se hiciera cargo y acompañará de manera especial nuestra denuncia pública. Fuimos engañadas y separadas de nuestra familia para venir a trabajar a los 12, 13 y 14 años como adultas en el Opus Dei. Y fuimos manipuladas por una supuesta vocación divina. Es muy triste que mucha gente de la sociedad haya callado tanto tiempo”, dice la mujer que hoy tiene 56 años. Como ella, el resto de las historias sucedieron entre principios de la década del 70 y continuaron hasta por lo menos 2017, cuando el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires cerró el Instituto de Capacitación Integral en Estudios Domésticos (ICIED), en Bella Vista. Era conocido como “la escuela de mucamas”, porque ahí educaban a las adolescentes en tareas domésticas. A Lucía, como a otras jóvenes paraguayas, las llevaron a trabajar sin pasar por capacitaciones. Aunque el Instituto cerró, decenas de mujeres que a las que reclutaron y formaron en la misma época siguen siendo numerarias auxiliares en el Opus Dei.

Los proyectos se basan en la información detallada que contiene la denuncia de las 43 mujeres ante el Vaticano y también en otra investigación publicada por eldiarioAR que revela que la sede principal del Opus Dei en la Argentina, ubicada en la calle Vicente López 1950, en el barrio de Recoleta, fue donado a la institución durante la dictadura de Alejandro Lanusse y financiado durante la dictadura de Jorge Rafael Videla.

“Al ser el Opus Dei una Persona Jurídica Pública (dto. 2245/1992) deben brindar las explicaciones correspondientes. También debe hacer saber, como cualquier persona jurídica, quiénes son sus integrantes”, señala el proyecto, que deberá pasar por comisiones antes de tratarse en el recinto. “Decidimos sacarlo con dos firmas para que empiece su recorrido, pero no tengo dudas de que van a empezar a sumarse más”, dijo Macha, que no tienen dudas de que la repercusión internacional de la denuncia tiene que ver con la gravedad de los hechos, violatorios de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre los Derechos del Niño. 

PB

El diputado nacional Eduardo Valdés (Frente de Todos) destacó este viernes que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es “una líder popular” y sostuvo que las manifestaciones de apoyo que están surgiendo tras el pedido de la fiscalía en la causa Vialidad, que solicitó 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, “dan para pensar” una candidatura de cara a las elecciones del año próximo.

“Lo que está surgiendo genuinamente da para pensar en Cristina 2023”, dijo Valdés en declaraciones a Radio 10, en las que sostuvo: “Nadie ama a un corrupto; a Cristina la aman porque hizo cosas por los argentinos, porque les dio vida y dignidad a las personas”.

Valdés dijo que lo conmueve “ver cómo la gente sale a la calle en lugares donde no son peronistas, como en Córdoba o Misiones”, y agregó: “No pueden decir que pusieron colectivos ni nada”.

Según el legislador, “esto es el comienzo de algo gigantesco que viene” y dijo que lo “hace acordar a lo que pasó con Perón en 1972”.

“El pueblo argentino salió a defender a Cristina. Fueron a su casa y se van a quedar hasta que se termine la persecución contra ella”, dijo y afirmó que “va a seguir siendo una semana histórica”.

“No tenemos que irnos; tenemos que seguir apoyando a Cristina”, aseveró.

Militantes de diversas organizaciones sociales, políticas y estudiantiles mantenían este viernes, por quinto día consecutivo, una vigilia frente al domicilio de la Vicepresidenta, en el barrio porteño de Recoleta, donde -a partir de mañana- se instalará una feria de la economía popular.

La vigilia de los manifestantes comenzó el lunes último, luego de que el fiscal Diego Luciani, en el marco del juicio denominado Vialidad, solicitara un pedido de condena a 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Con información de agencias.

IG

En medio de los cruces entre miembros del oficialismo y sectores del “kirchnerismo duro” que reclaman al gobierno de Alberto Fernández una “solución” para los condenados o procesados en casos de corrupción o presunta corrupción, un relevamiento de elDiarioAR arrojó que en el último año y medio, las condiciones de detención se vieron alivianadas para la mayoría de los exfuncionarios y empresarios cuyos casos han tenido alto perfil mediático. Algunos de ellos fueron excarcelados, como el exministro Julio De Vido. Pero hay al menos cuatro excepciones, hasta el momento: los exsecretarios de Transporte, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime; y Martín Báez, hijo mayor de Lázaro, quienes continúan presos en la cárcel de Ezeiza. Allí también se encuentra el exdueño de TBA, Claudio Cirigliano, condenado por la Tragedia de Once, en la que murieron 51 personas y una por nacer, y quedaron heridos 789 pasajeros.

Aún así, el reclamo de una “solución” para los acusados de casos de corrupción o presunta corrupción, llamados “presos políticos” por un amplio sector del kirchnerismo, se centra en que los procesamientos, juicios pendientes, condenas y detenciones domiciliarias siguen vigentes en varios de los casos; y en que algunos de los liberados o beneficiados con el arresto domiciliario podrían regresar a prisión, como De Vido (luego de que Casación confirmó su condena por el caso Once) o el exvicepresidente Amado Boudou (con condena firme en el caso Ciccone), quienes niegan los cargos en su contra.

Las propuestas para “la solución” incluyen desde la revisión de condenadas y procesamientos hasta indultos y amnistías, según han manifestado públicamente dirigentes, abogados defensores y el exjuez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni.

Que estén detenidos en su domicilio no quiere decir que no estén presos. Lo están.

“El indulto no es una vía que se esté evaluando, nadie lo pidió formalmente y esto es algo que debe resolver el poder Judicial, no el Ejecutivo”, dijo a este medio una fuente gubernamental que interviene en materia judicial.

“No quiero ni amnistía ni indulto, quiero juicio justo”, dijo al elDiarioAR el diputado del Frente de Todos Eduardo Valdés, uno de los principales críticos dentro del oficialismo del accionar de jueces y fiscales que avanzaron con detenciones y procesamientos de exfuncionarios de Néstor y Cristina Kirchner, en especial durante el gobierno de Mauricio Macri. La revisión de esos fallos en los que el oficialismo sostiene que supuestamente se violaron derechos procesales de los acusados “la tiene que hacer la Corte, en lugar de rechazar los recursos” de las defensas, agregó Valdés. “La Corte podría abocarse a analizar lo que estuvo bien y lo que estuvo mal (en las decisiones judiciales). Espero que repudie lo que no se ajustaba a derecho”, afirmó el diputado. 

Tras las presentaciones de las defensas, distintos tribunales comenzaron a alivianar la situación de varios de los presos por delitos de presunta corrupción durante el segundo semestre de 2019, luego de las elecciones primarias que anunciaron un triunfo de la fórmula Fernández-Fernández. Entre octubre y diciembre de ese año, por ejemplo, José López (quien además integra el programa de protección de testigos y fue reubicado) y Roberto Baratta tuvieron fallos a favor en torno a su libertad, al igual que los empresarios Gerardo Ferreira, Cristóbal López y Fabián De Sousa, en torno a sus prisiones preventivas por el caso de los cuadernos de la corrupción, expediente en el que han negado los cargos. 

El indulto no es una vía que se esté evaluando, nadie lo pidió formalmente y esto es algo que debe resolver el poder Judicial, no el Ejecutivo.

Durante 2020, tras la asunción del gobierno de Alberto Fernández, esa tendencia se expandió a otros detenidos. Un relevamiento por las noticias y fallos del último año, arroja que el exministro Julio De Vido recuperó su libertad en marzo último; el exvicepresidente Amado Boudou y el dirigente Luis D’Elía obtuvieron la domiciliaria en abril; y el empresario Lázaro Báez accedió al mismo beneficio en septiembre último. Son algunos de los que obtuvieron una morigeración de su detención o incluso la libertad. “Que estén detenidos en su domicilio no quiere decir que no estén presos. Lo están”, dijo Valdés. 

En las cárceles federales también se desmanteló el programa de “Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad”, conocido como IRIC, que el gobierno de Cambiemos había dispuesto con el objetivo de agudizar el monitoreo de los presos por causas de corrupción o presunta corrupción. Implicaba, por ejemplo, la vigilancia con cámaras de video las 24 horas, régimen diferencial de visitas y restricciones de las comunicaciones. La Justicia federal de Lomas de Zamora investiga el presunto espionaje ilegal a los detenidos y sus abogados. El exdirector del Servicio Penitenciario Federal, Emiliano Blanco, negó ante la Justicia que se tratara de actividades que violaran la Ley de Inteligencia.  

Nuevas condiciones

La decisión de dar de baja al programa IRIC fue oficializada por la subsecretaría de Asuntos Penitenciarios (que depende del ministerio de Justicia), a cargo de la exjueza María Laura Garrigós de Rébori, confirmó una fuente oficial de la cartera que dirige Marcela Losardo. “El objetivo es luchar contra la corrupción en su totalidad y no orientada a espacios o personas específicas”, agregó la fuente ante la consulta.

Del grupo original de presos IRIC sólo quedan dos exfuncionarios de “alto rango” en la cárcel federal de Ezeiza: Jaime y Schiavi, informaron fuentes del ministerio de Justicia. A excepción de un juicio abreviado en el que Jaime reconoció haber recibido dádiva de empresarios de transporte, ambos niegan los cargos en su contra.

De los más resonantes del ámbito empresarial, Claudio Cirigliano también permanece en el penal, según confirmaron las mismas fuentes y una persona de su entorno. Martín Báez, hijo mayor de Lázaro y ejecutivo de Austral Construcciones, es el único de los imputados en el juicio por el caso de presunto lavado de activos que permanece en la cárcel, confirmaron una fuente del tribunal y su abogada, Elizabeth Gasaro. Tanto los Báez como Cirigliano rechazan las acusaciones judiciales.

No quiero ni amnistía ni indulto, quiero juicio justo.

Las situaciones procesales de los cuatro detenidos en la cárcel son diferentes. Schiavi y Cirigliano tienen una condena firme por la Tragedia de Once; Jaime tiene tres condenas acumuladas, además de procesos en curso con prisión preventiva; Martín Báez cumple prisión preventiva por el juicio por presunto lavado de activos de la corrupción. También son distintas sus situaciones de salud, de acuerdo a las consultas realizadas.

Schiavi tiene una condena de 5 años y medio de cárcel por la Tragedia de Once (confirmada por la Corte Suprema). Era secretario de Transporte de Fernández de Kirchner cuando un tren de la línea Sarmiento chocó contra el andén en la estación ferroviaria, en febrero de 2012. El caso desató una investigación por el estado de los trenes, los subsidios a las concesionarias y la falta de control que derivaron, según la sentencia, en el estrago. Schiavi fue sentenciado por los delitos de administración fraudulenta y estrago culposo agravado. El exfuncionario también tiene una prisión preventiva en el marco de una causa que investiga subsidios al transporte, uno de los expedientes del caso de los cuadernos.

“Juan Pablo está alojado en la misma unidad con Jaime y Martín Báez, pero en distintos pabellones. Ya no se encuentran en un pabellón especialmente asignado a exfuncionarios. Fueron trasladados a otra unidad de Ezeiza, más pequeña y menos burocrática, pero convive con detenidos por lesa humanidad y eso es complejo para él”, dijo la esposa de Schiavi, la médica psiquiatra Verónica Mora Dubuc.

Mora Dubuc también dijo a este medio que el Tribunal Oral Federal número dos rechazó otorgarle la prisión domiciliaria a Schiavi en 2020. La defensa apeló ante la Cámara Federal de Casación para intentar revertir la decisión pero el máximo tribunal penal federal le denegó el recurso porque los peritos médicos oficiales que lo entrevistaron en la cárcel sostuvieron que sus patologías pueden atenderse en prisión, según informó Télam el 30 de diciembre último. “La mera pertenencia a un grupo de riesgo frente al Covid-19 no justifica per se la concesión del arresto domiciliario”, afirmaron los camaristas.

“La situación de Juan Pablo fue analizada por una junta médica, en la que participé como perito de parte y en la que una cardióloga y un neuropsiquiatra confirmaron que Juan Pablo tiene un cuadro grave de hipertensión, que se agravó con una cardiopatía y sufre un compromiso en el metabolismo cerebral, que le provoca mareos, desmayos y deterioro cognitivo que requiere rehabilitación y control sistemático”, dijo Mora Dubuc. “El encierro en la celda no ayuda en absoluto a su hipoxia nocturna y requiere una bomba de oxígeno que, aún hoy, no le fue proveída”, agregó. 

Su esposa contó que en noviembre de 2019, Schiavi sufrió “un síncope” en el penal de Ezeiza, seguido de un infarto que complicó aún más su cuadro de salud. “Han sido particularmente lentos en su caso. El Cuerpo Médico Forense dijo que su tratamiento está incompleto y que es de alto riesgo, pero que se podría hacer dentro del sistema hospitalario del Servicio Penitenciario”, afirmó Mora Dubuc. 

El objetivo es luchar contra la corrupción en su totalidad y no orientada a espacios o personas específicas.

“Juan Pablo no tiene riesgo de fuga y ha estado ajustado a derecho, siempre. Se ha dado la prisión domiciliaria en otros casos similares. La negativa es llamativa, hay un cuadro clínico complejo y tiene más de 60 años. Por eso digo que Juan Pablo es un preso político. Creo que hay una influencia de intereses políticos y presiones mediáticas que hacen que las decisiones judiciales no se ajusten a derecho”, aseguró Mora Dubuc.

Jaime quedó detenido por primera vez los primeros días de abril de 2016 por el presunto pago de sobreprecios en la compra de material ferroviario usado a España y Portugal en 2005. 

En 2015, había sido condenado por la Tragedia de Once (la Casación fijó la pena en ocho años de prisión por el delito de administración fraudulenta y estrago culposo agravado) y acumula otras dos condenas firmes por casos: un juicio abreviado en el que admitió haber recibido dádivas de empresarios a los que debía controlar y otra causa por haber intentado robar pruebas en un allanamiento en su casa de Córdoba.  

El encierro en la celda no ayuda en absoluto a su hipoxia nocturna y (Schiavi) requiere una bomba de oxígeno que, aún hoy, no le fue proveída.

Luego de que Casación confirmó su sentencia en Once, volvió a ser detenido en octubre de 2018. En septiembre de 2020, el Tribunal Oral Federal 2 que lo condenó en 2015 ordenó su libertad, ya que la Corte Suprema dejó el resto de las condenas del caso firmes a excepción de la de Jaime, confirmaron fuentes de su defensa. El máximo tribunal aún debe tratar un recurso del exfuncionario. Jaime continúa detenido por prisiones preventivas en dos casos: presunto enriquecimiento ilícito y cuadernos, confirmó uno de sus abogados.

Por el presunto enriquecimiento ilícito y otros delitos de corrupción que se acumularon al proceso, Jaime atraviesa actualmente un juicio oral y público ante el Tribunal Oral Federal número 6. Al solicitar la prisión domiciliaria, su defensa argumentó que la madre de Jaime es de edad avanzada y que el exfuncionario cumpliría el arresto en su casa para cuidarla; y que el exsecretario de Estado corre riesgo por la pandemia. En abril, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación había acompañado un pedido de los abogados para que la Justicia le concediera el arresto domiciliario. A finales de diciembre último, su última solicitud fue rechazado por el tribunal, informó Infobae, al considerar que había peligro de fuga y de entorpecimiento de la Justicia.  

Según Infobae, debería permanecer preso hasta octubre de 2026; podría acceder a salidas transitorias a partir de finales de 2022 y solicitar la libertad condicional en 2024. 

elDiarioAR también se comunicó con el abogado de Claudio Cirigliano, quien manifestó que a pedido de la esposa del empresario la defensa no responde consultas de los medios. El exdueño de TBA tiene una condena confirmada por la Corte a siete años de prisión como coautor de los delitos de administración fraudulenta y estrago culposo agravado en el marco de la Tragedia de Once. En abril de 2020, la Justicia le denegó la prisión domiciliaria, según informó Télam.

Caso Martín Báez 

Es uno de los 22 acusados en el juicio oral y público por presunto lavado de activos de la corrupción en la obra pública. El hijo mayor de Lázaro Báez tenía un rol ejecutivo en Austral Construcciones y habría participado en el supuesto blanqueo de más de US$50 millones que se giraron a cuentas en Suiza y paraísos fiscales. 

El Tribunal Oral Federal 4 tiene previsto retomar las audiencias finales en febrero y se espera el veredicto para el 10. Martín Báez es el único imputado del caso que permanece detenido en la cárcel. Su padre accedió al arresto domiciliario en septiembre último. El contador Daniel Pérez Gadín obtuvo la domiciliaria en abril y el abogado Jorge Chueco fue excarcelado con monitoreo electrónico dos meses más tarde, según informaron los medios en esas fechas. 

La abogada de Martín Báez, Elizabeth Gasaro, dijo a este medio que desde que se canceló el programa IRIC su defendido tuvo más acceso a la comunicación con el exterior, aunque la mejora se vio restringida por la pandemia. “Ahora tiene posibilidad de tener una notebook, tienen más contacto con sus familiares y más llamados. Está menos monitoreado”, explicó.

Las visitas recién se retomaron días antes de las fiestas de diciembre último, debido a las restricciones por el Covid-19. “Durante la pandemia, se les permitía realizar un zoom una vez por semana con familiares, pero los turnos estaban limitados a la disponibilidad de internet. Ya no tienen posibilidad de estudiar por la pandemia ni de realizar actividades culturales”, agregó su defensora.

“Está resignado. Pedimos las mismas condiciones de detención que vimos en otros casos con fallos a favor. Llegamos al tribunal (oral) y a Casación y ambos lo rechazaron porque sostienen que Martín podría evadir la Justicia al estar próximo a la condena. Incluso presentamos un informe de la Defensoría de Menores, como realizaron los abogados de Boudou, ya que Martín también tiene dos hijos menores”. Casación entendió que los niños “no se encuentran desprotegido” por la detención de su padre y que el caso de Martín Báez no encuadra en las excepciones legales para un arresto en su domicilio, según el fallo del 30 de diciembre último.

Reclamos internos

El debate en sectores del oficialismo se viene planteando por distintas vías. En el caso del exvicepresidente Amado Boudou, una solicitada juntó en enero al menos 13.000 firmas pidiendo su libertad, luego de que la Corte confirmara su condena por el caso Ciccone a 5 años y 10 meses de prisión. La principal crítica de los defensores de Boudou al máximo tribunal fue que el fallo sobre un caso de relevancia política e institucional se resolviera en apenas media carilla, sin pronunciarse sobre la valoración del proceso o de la prueba. Sus abogados acudirán a la Comisión Internacional de Derechos Humanos para solicitar que la Corte del organismo analice el caso, confirmaron a este medio. 

Días después, un grupo de dirigentes publicó una carta solicitando la liberación de la dirigente de Tupac Amaru y diputada electa del Parlasur, Milagro Sala, quien tiene prisión domiciliaria, un planteo pendiente ante la Corte y niega los cargos en su contra.

De Vido y D’Elía reaccionaron este lunes a declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, rechazando la posibilidad de un perdón oficial a los acusados. “Una amnistía para los casos de corrupción sería absurdo y un gran error”, había dicho el exjefe de Gabinete de Fernández de Kirchner en una nota publicada el domingo por Infobae.

De Vido le respondió por Twitter: “Ya que te preocupa tanto la cuestión de la corrupción sería bueno investigar desde el Congreso la operación de venta de Edenor”.

El exministro de la Corte Suprema y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Eugenio Raúl Zaffaroni encabezó el 15 de enero último un debate virtual con Sala y D’Elía (éste último con condena firme a casi cuatro años de prisión por la toma de una comisaría de La Boca en 2004, cumpliendo prisión domiciliaria. Siempre ha negado las acusaciones en su contra). 

“La solución legal inmediata es el indulto”, dijo Zaffaroni en el encuentro, según reflejó Infobae. “Alberto contesta y dice que es un resabio monárquico y no se puede indultar a un procesado. Hay media biblioteca que dice una cosa y media que dice la otra. Yo leo media biblioteca y él lee la otra”, agregó. “Es una cuestión de costo político no jurídica”, agregó el magistrado.

*Este artículo se modificó a las 15:12 del 27 de enero de 2021 para actualizar información aportada por una fuente de la defensa de Ricardo Jaime.

ED