El fiscal federal Fernando Domínguez aceptó el segundo ofrecimiento del presidente Alberto Fernández para saldar la causa judicial en su contra por la celebración del cumpleaños de la Primera Dama, Fabiola Yáñez, en la Quinta de Olivos, durante las restricciones del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO), según el dictamen al que accedió elDiarioAR.

La fiscalía consideró “razonable” el último ofrecimiento de reparación integral presentado por el mandatario de $1.600.000 y solicitó al juez federal Lino Mirabelli, de San Isidro, que homologue el acuerdo. Antes deberá establecerse a qué institución médica será destinado el dinero. El fiscal Domínguez propuso en el dictamen que la donación sea para la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Doctor Carlos G. Malbrán”, como había ofrecido Fernández.

El monto ofrecido por el Presidente equivaldría al costo de un respirador y cuatro días de internación para pacientes en cuidados intensivos (UCI) con atención respiratoria motora (ARM), estimó la fiscalía, en base al nomenclador del Ministerio de Salud de la Nación y del Plan de Servicios de Salud del Programa Sumar del ministerio de la provincia de Buenos Aires y del Hospital Central de San isidro. La cifra también equivale a 40 días de internación en un módulo de atención de UCI con ARM de pacientes con Covid-19, según dichos nomencladores oficiales.

La “razonabilidad” de la oferta se basó en el patrimonio del mandatario, según las declaraciones juradas de Fernández ante la Oficina Anticorrupción (OA), estableció el fiscal.

Difícil es mensurar (monetariamente) el daño causado en este tipo de casos a los fines de su reparación.

Fernando Domínguez — Fiscal federal de San Isidro.

La primera dama, Fabiola Yáñez, ofreció donar otros $1.400.000 como reparación por el daño causado por la comisión del delito que plantea el artículo 205 del Código Penal de la Nación.

La pareja podría entonces acordar su sobreseimiento con el pago de un total de $3.000.000 (Fernández deberá donar $1,6 millón y Yáñez, $1,4 millón).

“Entiendo que las características del evento del que participó el imputado, la trascendencia y el impacto institucional que adquirió el suceso, el cargo de su autor y la fecha en la que tuvo lugar (vigencia del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio) son circunstancias que ubican a Fernández en el umbral máximo de responsabilidad penal ponderable a los fines de la reparación”, determinó Domínguez.

“Difícil es mensurar (monetariamente) el daño causado en este tipo de casos a los fines de su reparación; sin embargo, sí se puede intentar fijar algún criterio que permita tornar operativo el instituto conciliando los intereses en juego”, agregó el fiscal. “Entendí que anclar la reparación al costo de insumos hospitalarios permitiría, de algún modo, objetivar la propuesta reparadora analizada, buscar alguna equivalencia entre el reproche penal inherente al hecho imputado, el ‘perjuicio’ causado y la capacidad económica del justiciable”, concluyó Domínguez.

Segunda oferta

En 2021, Fernández había realizado un primer ofrecimiento para donar la mitad de su sueldo durante cuatro meses al Instituto Malbrán, a modo de reparación, lo que implicaba un total de $630.518. Sin embargo, en diciembre esta oferta fue rechazada por el juez Mirabelli.

El segundo ofrecimiento de Fernández fue a principios de mayo. El Presidente mejoró su oferta, elevando el monto a donar a $1.600.000, “equivalente a 40 días de internación en una Unidad de Cuidados Intensivos”, según la defensa de Fernández, y que cubriría también el costo de adquisición de un respirador. El dinero, propuso Fernández, se destinará al establecimiento de salud pública estatal que decida la fiscalía o disponga el juzgado.

El Presidente no está imputado por incumplimiento de deberes de funcionario público, como habían solicitado algunos denunciantes. “No se juzga aquí la gestión de un gobierno, ni siquiera la gestión de la pandemia. Se evalúa en esta causa la realización de una conducta antinormativa”, determinó el fiscal. “El reproche no es moral, ni ético, ni político.; es un reproche jurídico por un hecho antijurídico”, por “la realización de una conducta prohibida por la norma vigente al momento de su concreción”.

“Frente al derecho penal, el doctor Alberto Fernández no tiene menos derechos que el resto de las personas por ser presidente de la Nación”, afirmó Domínguez, quien entendió que el Presidente no está siendo juzgado en esta causa por hechos cometidos en el ejercicio de su función, sino en su vida privada. A pesar de las numerosas denuncias por incumplimiento del ASPO y DISPO, en la Justicia, las causas por hechos similares se resolvieron con reparaciones económicas o fueron diretamente desestimadas por “inexistencia de delito”, explicó ua fuente de la causa.

Uno de los parámetros que se tuvo en cuenta, agregó la fuente con acceso al expediente, fue que una de las penas económicas más altas por este tipo de casos fue por 500.000 pesos impuestos al dueño de la propiedad de Nordelta donde se había desarrollado una fiesta clandestina para unas 70 personas durante las restricciones de 2021.

El fiscal Domínguez explicó en su dictamen las distintas normas de la legislación nacional y provincial y la jurisprudencia a favor de “los mecanismos de solución alternativa del conflicto”, que también “resultaron altamente beneficiosos” para “afrontar la problemática suscitada tras el establecimiento del ASPO y DISPO”, “en tanto ofrecieron una alternativa preferible para reafirmar la vigencia de la norma”, frente a penas de prisión de seis meses a dos años y de 15 días a un año. Se busca, dijo el fiscal, “una respuesta que sea acorde al hecho concreto”.

La resolución alternativa de conflicto no es “optativo” sino “imperativo”, sostuvo Domínguez para explicar por qué aceptaba llegar a un acuerdo con ambos imputados y no imponer una pena de prisión o un juicio.

ED

No habrá cierre total de fronteras. Pero sí, un esquema más rígido del tránsito migratorio con Brasil. Frente al rebrote en ese país, y la presencia de la cepa de Manaos, considerada más contagiosa, el gobierno prepara un formato para reducir la cantidad de vuelos a y desde ciudades brasileñas, además de fijar un régimen más estricto para el cumplimiento de la cuarentena de 7 o 10 días obligatoria.

No es un dato menor: según datos a los que accedió elDarioAR hay 7.500 argentinos “en tránsito” en Brasil, por turismo, razones laborales o comerciales, que salieron en las últimas semanas y, se presume, que en su mayoría deberán regresar al país en los próximos días. Un cierre total significaría, entre otras cuestiones, volver a desplegar un operativo de repatriación.

Por semana, hay 28 vuelos que unen Ezeiza con distintas ciudades de Brasil. Esa frecuencia es la que el gobierno quiere, en principio, reducir para llevarla a una cantidad “imprescindible” y de ese modo achicar los riesgos del ingreso de la nueva cepa. La restricción afectará otros destinos: también se reducirá la frecuencia desde y hacia México, Perú, Ecuador y Colombia, entre otros países de la región. Además, continúan cerrados los vuelos a y desde Reino Unido y restringidos los destinos al resto de Europa.

Este miércoles, en una entrevista con América 24, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero descartó que esté en estudio el cierre total de fronteras. En el gobierno evalúan, así y todo, medidas para reforzar los controles, entre ellos la posibilidad de reducir la cantidad de vuelos que hay desde y hacia Brasil.

Sigue vigente, en paralelo, la disposición que concentra los vuelos del exterior en Ezeiza, medida destinada a evitar la dispersión del ingreso desde el exterior, que aplica la Dirección de Migraciones que depende del Eduardo “Wado” De Pedro, ministro del Interior.

Restricciones vigentes:

El miércoles a la noche, en una reunión en el ministerio de Salud se analizó qué tipos de medidas tomar a partir del viernes que vence la extensión del DISPO y, en simultáneo, las restricciones que rigen para la circulación hacia y desde el exterior del país. En estas horas, el gobierno firmará el decreto que extiende la Emergencia Sanitaria que el año pasado aprobó el Congreso y que contempló la extensión por decisión del Ejecutivo sin tener que volver al parlamento.

El vencimiento de la emergencia fue el factor que hizo que la última etapa del DISPO sea de 12 días y no, como las dos anteriores, de un mes, que fue lo que ocurrió en enero y en febrero. Una vez que se extienda la emergencia, se podrá avanzar con las medidas de extensión del DISPO y, en paralelo, las decisiones administrativas (DA) que regulan la cuestión migratoria.

Alertas

Esta semana, el ministro de Salud bonaerense Daniel Gollán planteó la necesidad de establecer más restricciones fronterizas mientras que algunos infectólogos, entre ellos Hugo Pizzi, asesor de Nación y las provincias de Córdoba, pusieron el foco en las fronteras.

“No hay ninguna duda de que la frontera es una bomba de tiempo”, advirtió Pizzi al canal TN y dijo que “el grave problema que hay es el hecho incontrastable de que las fronteras argentinas son muy porosas”. Es la misma advertencia que hacen los gobernadores de provincias como Misiones y Formosa. Esta última justifica en ese riesgo sus restricciones internas que generaron marchas y represión la semana pasada.

Por su parte, en conferencia de prensa por el reporte de COVID-19 en provincia de Buenos Aires, Gollán manifestó que “hay preocupación por tres variantes” de la enfermedad, al mencionar las cepas sudafricana, británica y la de Manaos. Aclaró que “en América no hay registro de ingresos ni circulación comunitaria en ningún país de la cepa sudafricana” pero que “la famosa cepa inglesa o británica llegó a tener cuatro o cinco detecciones en nuestro país, aunque no logró expandirse”.

PI

El Gobierno de Alberto Fernández prorrogó hasta el 12 de marzo el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (Dispo) por la pandemia de coronavirus a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, en el que destaca que el personal docente y los alumnos están habilitados para usar el transporte público, ante el comienzo de clases en gran parte de las provincias del país.

El nuevo decreto125/2021, firmado por el Presidente y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, ratifica que “podrán reanudarse las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales de acuerdo a los parámetros de evaluación, estratificación y determinación del nivel de riesgo epidemiológico”

También recuerda que el personal docente, no docente y los alumnos “quedan exceptuados y exceptuadas de la prohibición del uso del servicio público de transporte de pasajeros urbano, interurbano e interjurisdiccional, según corresponda”.

Además aclara que “solo podrán realizarse actividades económicas, industriales, comerciales o de servicios, en tanto posean un protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad sanitaria”, como señalaba en decretos anteriores.

Y mantiene restricciones en el transporte, actividades culturales, masivas y reuniones familiares.

Por otro lado, señala que “a la fecha de dictado del presente decreto ningún aglomerado urbano, departamento ni partido de las provincias argentinas se encuentra alcanzado” por el Aislamiento Asocial, Preventivo y Obligatorio (Aspo) que rigió el año pasado.

El decreto vuelve a hacer una lista de todas las actividades esenciales que no estarán encuadradas en las prohibiciones, y deja abierta la puerta para que cada Provincia sume las excepciones que considere pertinentes en cada área.

En su articulo 26, por otra parte, dice que “deberá autorizarse el acompañamiento durante la internación, en sus últimos días de vida, de los y las pacientes con diagnóstico confirmado de COVID-19 o de cualquier enfermedad o padecimiento” según protocolos.

Y más adelante indica que la Dirección Nacional de Migraciones “determinará y habilitará los pasos internacionales de ingreso al territorio nacional que resulten más convenientes” y establecerá “los países cuyos nacionales y residentes queden autorizados para ingresar al territorio nacional”.

La cuarentena, que comenzó el 20 de marzo, se renovó -con distintas modalidades- el 31 de marzo, el 13 de abril, el 27 de abril, el 11 de mayo, el 25 de mayo, el 8 de junio, el 1 de julio, el 18 de julio, el 3 de agosto, el 17 de agosto, el 31 de agosto, el 21 de septiembre, 12 de octubre, 26 de octubre, 9 de noviembre, 30 de noviembre y el 21 de diciembre de 2020.

Las medidas que se renovaron con el nuevo decreto habían sido anunciadas el pasado 1 de febrero y regirán hasta el 12 de marzo próximo.

CB con información de Télam

Sin anuncio, ni Zoom con gobernadores ni foto tripartita con Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, Alberto Fernández resolvió repetir el esquema de enero y extender por un mes el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) que, como ocurrió antes, estará modificado a eventuales cambios.

El fin de semana, el Presidente firmará el decreto que extenderá el DISPO desde el 1 al 28 de febrero, en iguales condiciones en las veinticuatro provincias, y con un mecanismo repetido: la Nación establece un marco general que permite que cada distrito, en función de la situación epidemiológica, pueda aplicar medidas de carácter local, según confirmaron a elDiarioAR fuentes oficiales.

De hecho, se mantendrá la restricción horaria para circular que la Casa Rosada impulsó en enero frente al rebrote que llevó la media de casos a casi 12 mil contagios diarios, estampida disparó todos los alertas y apuró una cumbre remota entre Fernández y los gobernadores.

El formato se aplicará también para el regreso a las clases presenciales. El Consejo Federal de Educación establecerá una serie de pautas y protocolos, y cada provincia resolverá los tiempos y la dinámica del inicio de las clases, además de la modalidad.

El decreto dispone, eso sí, una medida que vale para todo el territorio: incluirá a docentes, no docentes, alumnos y acompañantes de alumnos entre los habilitados para usar el transporte público, un item central que irá ligado a otras resoluciones operativas, como la de escalonar el ingreso y egreso a los colegios para no saturar el sistema de transporte de pasajeros.

Un dato gráfico: a nivel nacional, el universo educativo sumando docentes y alumnos, supera los 15 millones de personas, una cifra que multiplicará exponencialmente el uso de trenes, subtes y colectivos.

Formato

Hay, en la extensión del DISPO, dos segmentos puntuales.

Clases presenciales. Las clases y “actividades educativas no escolares” presenciales se podrán reanudar bajo los parámetros definidos por el Consejo Federal de Educación, a la vez que cada jurisdicción tendrá la facultad para decidir tanto la reanudación como la eventual “suspensión” de acuerdo con la situación epidemiológica. Sin embargo, ante un escenario de rebrote, el gobierno plantea que se deberán tomar medidas sanitarias y eventuales restricciones pero priorizando el funcionamiento de los establecimientos educativos con modalidades presenciales. En la misma línea, “docentes y personal no docente, alumnos y sus acompañantes quedan exceptuados de la prohibición del uso del servicio público de pasajeros” pero deberán “tramitar el Certificado Único Habilitante de Circulación”, según el detalle del decreto al que accedió elDIarioAR.

Circulación. La extensión del DISPO mantiene, además, el esquema de restricción horaria para la circulación, según las pautas que se establecieron en medio del pico de casos. Esa medida tuvo una aplicación dispar, según la jurisdicción: en algunas se puso en vigencia, en otras ya venía de antes y otro grupo evitó restricciones. Nación, en ese contexto, dispuso dos indicadores para evaluar cualquier tipo de apertura. El Gobierno Nacional mantiene los dos parámetros de riesgo sanitario que deberán seguir teniendo en cuenta las autoridades provinciales para restringir la circulación.: uno tiene que ver con la proporción del aumento de casos, según un coeficiente que estableció el Ministerio de Salud, el otro está ligado a la incidencia, “cuando el número de casos confirmados acumulados de los últimos 14 días por 100 mil habitantes, sea superior a 150”.

“En función de estos indicadores, el Gobierno Nacional instruye a las autoridades locales a aplicar medidas para disminuir los contactos, priorizando la limitación de la circulación nocturna y manteniendo el cumplimiento de los protocolos vigentes”, indica la postura oficial que remite a que el Ministerio de Salud “articulará con las autoridades sanitarias de las distintas jurisdicciones con el fin de colaborar con el monitoreo de los indicadores señaladas”.

Otras prohibiciones

Con el DISPO hasta el 28 de febrero, se mantiene la prohibición de distintas actividades, entre ellas “Los eventos culturales, sociales, recreativos, religiosos o familiares y actividades en general de más de veinte (20) personas en espacios cerrados y en espacios privados al aire libre”, y los “eventos culturales, sociales, recreativos o religiosos en espacios públicos al aire libre con concurrencia mayor a cien (100) personas”. al igual que la “práctica de deportes en lugares cerrados donde participen más de diez (10) personas o que no permita mantener el distanciamiento mínimo de dos metros”. También seguirán cerrados, o con limitación de concurrencia, cines, teatros, clubes y centros culturales.

PI 

El Gobierno nacional extenderá por otras cuatro semanas el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO), según adelantaron fuentes oficiales a elDiarioAR.

En momentos en que las autoridades nacionales buscan evitar una segunda ola de contagios, la idea es continuar con las medidas de cuidado a la vez que impulsar un fuerte monitoreo de la cantidad de nuevos casos que se dan a diario. Al respecto, surge un dato alentador: entre el 12 y el 26 de enero, los casos -a nivel país- bajaron un 42%.

En esta nueva etapa cada provincia seguirá controlando las medidas restrictivas, de acuerdo a la situación epidemiológica que afronte -tomando en cuento la reglamentación del artículo 4 del 1033/2020 (que deja en manos de los gobernadores la potestad de limitar los horarios de circulación y los cierres nocturnos)-.

Si la suba de afectados por COVID-19 supera el coeficiente elaborado por el Ministerio de Salud y se registran más de 150 contagiados en una localidad con más de 100.000 habitantes, el gobernador respectivo deberá “dictar normas reglamentarias para limitar la circulación por horarios o por zonas”. Hasta el momento, esa reglamentación ssiguevigente. Cada mandatario deberá seguir ajustando las medidas, según su contexto sanitario.

Un tema importante es la vuelta de presencialidad educativa, tal como viene repitiendo el ministro de Educación, Nicolás Trotta. Al Gobierno le preocupa la situación del transporte público, sobre todo en AMBA, donde hay más de 3 millones de estudiantes de primaria y secundaria que tienen que movilizarse hacia las escuelas. Estiman que será clave cómo definir turnos y horarios de ingreso y egreso.

Desde el anuncio de la primera llamada “cuarentena”, el 19 de marzo último, esta será la decimoctava prórroga, que han tenido distintos grados de restricciones.

La primera etapa se denominó ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio) y tras varios meses con ese sistema de prevención, en noviembre pasado el presidente Fernández anunció el Dispo (Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio).

En las últimas 24 horas, otras 166 personas murieron y 9.471 fueron reportadas con coronavirus en el país. De esta manera, son 47.601 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.905.524 los contagiados desde el inicio de la pandemia, según informó el Ministerio de Salud.

De los 1.905.524 positivos en el país desde el inicio de la pandemia, 1.693.146 son pacientes recuperados y 164.777 son casos confirmados activos.

DA