Diputados de Juntos por el Cambio pidieron el “apartamiento preventivo” de su par del Frente de Todos (hoy, Unión por la Patria) Rodolfo Tailhade de la Comisión de Juicio Político por sus vínculos con Ariel Zanchetta, el ex policía imputado por espionaje ilegal a jueces y dirigentes políticos. Así lo hicieron en un escrito dirigido a la presidenta de la Cámara Baja, Cecilia Moreau, en el que indican que la continuidad del legislador kirchnerista pondría “en juego el debido proceso y la garantía constitucional de la defensa de los magistrados investigados” y la imparcialidad del trabajo de la comisión.

“A fin de evitar que se sigan llevando a cabo irregularidades en la tramitación del mencionado juicio político y de garantizar el normal funcionamiento del Congreso y de la Justicia consideramos imprescindible que la presidenta de la Comisión de Juicio Político disponga, de modo urgente, el apartamiento preventivo del diputado Rodolfo Tailhade de la mencionada comisión”, establece el escrito.

Según trascendidos periodísticos, el legislador kirchnerista ─que es uno de los miembros más activos de la comisión a cargo de su compañera entrerriana Carolina Gaillard─ habría mantenido conversaciones vía whatsapp con Zanchetta en las que recibía información del caso “Lago Escondido”. Dicho encuentro es uno de los puntos fundamentales que motivaron el juicio político contra el Máximo Tribunal.

“Como puede apreciarse, resulta sumamente grave que un diputado que integra la Comisión en la que tramita el juicio político promovido contra los cuatro ministros de la Corte Suprema —y en la que, además, y como hemos denunciado en la notas remitidas a esa presidencia el 23 de febrero 2 y el 21 de marzo de 2023,3 se han difundido comunicaciones obtenidas ilegalmente como fundamento para sostener algunas de las acusaciones— haya mantenido innumerables conversaciones telefónicas, precisamente, con quien se encuentra acusado de haber formado parte de la red de espionaje que ilegalmente obtuvo comunicaciones de magistrados, políticos, periodistas, empresarios y personajes de cierta relevancia pública y política”, sostuvieron desde Juntos por el Cambio.

El documento presentado ante Moreau cuenta con la firma del vicepresidente de la comisión, Juan Manual López (Coalición Cívica); el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), Mario Negri, y el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Omar de Marchi (PRO). También cuenta con el apoyo de los legisladores Manuel Ignacio Aguirre, Carla Carrizo, Alejandro Finocchiaro, Ximena García, María de las Mercedes Joury, Francisco Monti, Graciela Ocaña, Paula Oliveto Lago y Dina Rezinovsky.

ACM con información de agencias.

El diputado de Unión por la Patria Rodolfo Tailhade se presentó como “querellante” en la causa en la que se investiga el supuesto espionaje ilegal a políticos, jueces y otros personajes públicos por parte de un ex policía bonaerense calificado por la justicia como “agente inorgánico” de inteligencia.

El diputado oficialista sostiene que también él fue víctima de tareas de espionaje ilegal, pese a que la oposición lo responsabiliza como autor.

Tailhade se presentó “en la causa iniciada por denuncia de varios magistrados por presuntas acciones de inteligencia ilegal” y afirmó que “no hace falta brindar mayores detalles sobre las razones que fundamentan esta presentación”.

“Tan solo basta acudir a las portadas de los principales medios de nuestro país para advertir que me encuentro señalado por diversos periodistas como miembro o incluso jefe de la organización que se investiga en autos”, advirtió Tailhade.

Desde la oposición le pidieron el desafuero para que sea investigado por presunta obtención de datos privados de Elisa Carrió, Luis Juez y por la filtración de los chats de jueces, funcionarios porteños, fiscales y agentes de inteligencia que viajaron al Lago Escondido en octubre de 2022 invitados por dos directivos del Grupo Clarín.

“No hace falta enfatizar que en el dictamen de esta Fiscalía que ha trascendido a la opinión pública no me encuentro mencionado en ninguna de las 169 páginas que integran ese documento”, contrapuso el diputado oficialista.

“Sin embargo –reconoció-, sí es relevante determinar si en el Anexo I, en el que según el dictamen mencionado se encontrarían detallados los 1196 informes de inteligencia, se encuentra identificada una carpeta con mi nombre”.

De esa manera, Tailhade aludió a un artículo periodístico que sostiene que “Entre los perfiles a los que entró Zanchetta”, -en alusión al ex policía Ariel Zanchetta, detenido por acciones de inteligencia ilegal- “se hallan los de los gobernadores … y del diputado oficialista Rodolfo Tailhade”.

“Solicito del Sr. Fiscal se me informe si en el Anexo I del dictamen ya indicado se encuentra una carpeta con información de inteligencia con mi nombre”, reclamó.

Previamente, Tailhade había señalado que está en marcha “una gran operación” para vincularlo con el expolicía Zanchetta, quien se encuentra detenido en la causa por espionaje ilegal, con el propósito de “desacreditar el juicio político a la Corte”, que sigue en la Cámara de Diputados, y había adelantado que se presentaría como querellante en la investigación que involucra al exintegrante de la Federal.

“Acá existe una gran operación que en el fondo busca desacreditar el juicio político que se realiza en Diputados a la Corte, porque quieren cerrarlo”, afirmó el legislador en declaraciones a Radio Con Vos.

Tailhade, que integra la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja que lleva a cabo el proceso de remoción contra los cuatro integrantes del máximo tribunal, reiteró que su nombre “no figura” en el dictamen acusatorio que el fiscal Gerardo Policita formuló sobre las actividades ilegales supuestamente cometidas por Zanchetta.

Reconoció que se comunicó “en tres oportunidades con Zanchetta y contó que el exefectivo policial le ofreció información que consideró ”poco seria“ y que se le había presentado como un periodista que tenía un medio en la localidad bonaerense de Junín. ”Él me mandaba notas, una vez me llamó una atención una y me metí su portal y me di cuenta de que era algo poco serio, nunca le había respondido y seguí sin responderle“, dijo el diputado. ”Yo a Zanchetta no lo conozco y no tengo ni la menor idea quién es“, remarco en la entrevista radial con Ernesto Tenembaum.

“Se veía que los datos que me pasaba no eran serios y no le di bollilla. No tengo ninguna ilegalidad en mi vida. Los que sí espiaron son los macristas, los que le arruinaron la vida a la gente, son ellos. El verdadero espionaje es el que les hicieron por ejemplo a los familiares del ARA San Juan. No son serias estas cosas que me imputan a mí”, subrayó.

Este martes, el interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) en la Cámara baja solicitó una reunión de la Bicameral de inteligencia para tratar “el espionaje a la Corte Suprema” y pidió que se analice el vínculo con la causa de Tailhade, quien a su vez negó conocer al policía detenido y advirtió sobre la puesta en marcha de “una operación armada por (el titular del máximo tribunal) Horacio Rosatti”.

CRM con información de la agencia NA

El diputado nacional del Frente de Todos (FdT), Rodolfo Tailhade, consideró este miércoles que está en marcha “una gran operación” para vincularlo con el expolicía Ariel Zanchetta, quien se encuentra detenido en una causa por espionaje ilegal, con el propósito de “desacreditar el juicio político a la Corte”, que sigue en la Cámara de Diputados, y adelantó que se presentará como querellante en la investigación que involucra al exintegrante de la Federal.

“Acá existe una gran operación que en el fondo busca desacreditar el juicio político que se realiza en Diputados a la Corte, porque quieren cerrarlo”, afirmó este miércoles el legislador en declaraciones a Radio Con Vos.

El legislador, que integra la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja que lleva a cabo el proceso de remoción contra los cuatro integrantes del máximo tribunal, reiteró que su nombre “no figura” en el dictamen acusatorio que el fiscal Gerardo Policita formuló sobre las actividades ilegales supuestamente cometidas por Zanchetta.

Tailhade reconoció que se comunicó “en tres oportunidades con Zanchetta y contó que el exefectivo policial le ofreció información que consideró ”poco seria“ y que se le había presentado como un periodista que tenía un medio en la localidad bonaerense de Junín. ”Él me mandaba notas, una vez me llamó una atención una y me metí su portal y me di cuenta de que era algo poco serio, nunca le había respondido y seguí sin responderle“, dijo el diputado. ”Yo a Zanchetta no lo conozco y no tengo ni la menor idea quién es“, remarco en la entrevista radial con Ernesto Tenembaum.

“Se veía que los datos que me pasaba no eran serios y no le di bollilla. No tengo ninguna ilegalidad en mi vida. Los que sí espiaron son los macristas, los que le arruinaron la vida a la gente, son ellos. El verdadero espionaje es el que les hicieron por ejemplo a los familiares del ARA San Juan. No son serias estas cosas que me imputan a mí”, subrayó.

Tailhade también negó haber recibido en esos mensajes que le envió Zanchetta información sobre el juez de la Corte Suprema Carlos Rozenkrantz, que se encuentra acusado por mal desempeño en el juicio político que se le cursa al máximo tribunal en Diputados.

“Zanchetta me envió tres mensajes. En el primero me dice: 'Te envío una lista de causas de (la exdiputada Elisa) Carrió; un archivo que lo tengo guardado y que nunca abrí porque no me interesaba el tema. Además, sin prejuicio de eso son causas públicas. Luego dice que tiene información sobre (el senador) Luis Juez y le paso mi correo, pero nunca me envió nada. Por último, me pasó algo sobre la causa de Lago Escondido. Me pasa una información que había salido en los diarios ese día con lo cual no era nada confidencial. En eso consistió mi relación con Zanchetta”, reveló.

La entrevista completa

“Soy uno de los espiados por Zanchetta

“Ayer me di cuenta, como un pavo, mirando notas viejas sobre este tema, que, en julio pasado, en Infobae se publicó una nota firmada por Patricia Blanco, en la cual se cuenta que soy uno de los espiados (por Zanchetta). Me acabo de enterar que soy una de las 1196 carpetas que tenia este expolicía. Por eso me voy a presentar en el expediente como víctima, es decir como querellante”, adelantó Tailhade en su raid por los medios de este miércoles.

Y en ese sentido, el diputado agregó: “Es curioso porque ese dato nunca lo informaron a la fiscalía o al juzgado, desde donde dejaron trascender que tuve una vinculación con Zanchetta a través de esos mensajes”.

Este martes, el interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) en la Cámara baja solicitó una reunión de la Bicameral de inteligencia para tratar “el espionaje a la Corte Suprema” y pidió que se analice el vínculo con la causa de Tailhade, quien a su vez negó conocer al policía detenido y advirtió sobre la puesta en marcha de “una operación armada por (el titular del máximo tribunal) Horacio Rosatti”.

No obstante, Tailhade insistió en ser objeto de una operación orquestada por el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti y su asesor, Silvio Robles, que intentan cerrar el proceso de remoción al máximo tribunal.  “Estoy va a terminar en la nada misma, con Tailhade como víctima de Zanchetta o del jefe de Zanchetta, que hay que averiguarlo”.

Asimismo, el dirigente kirchnerista negó estar vinculado con el mundo del espionaje ilegal: “No tengo absoluta nada que ver con ninguna cuestión que esté en el límite de la democracia. Me dedico a laburar, a investigar, a juntar información, a combatir las mafias. No tengo ninguna ilegalidad en mi vida. Los que sí espiaron son los macristas”., concluyó.

Con información de agencias.

IG

El submundo del espionaje ilegal volvió a emerger a la superficie con el nuevo escándalo mediático de la semana y expuso, nuevamente, el funcionamiento de una “comunidad informativa” al servicio de funcionarios, candidatos y estudios jurídicos. Un submundo en donde proliferan seudoperiodistas, policías, hackers e inorgánicos de la Secretaría de Inteligencia (SIDE). Un ecosistema desordenado, desprolijo, sin un jefe que organice -como en otras épocas-, sin verticalidad. Armadores de “carpetas” al mejor postor. Fuego amigo o enemigo. Oficialismo y oposición. Nunca ajeno a las campañas electorales e internas políticas. Así lo explicaron a elDiarioAR fuentes y documentos judiciales, investigadores, víctimas y contactos de estos cuentapropistas del espionaje ilegal. 

Una de esas redes quedó en evidencia esta semana en un caso que investiga el fiscal federal Gerardo Pollicita y que expuso el funcionamiento y los contactos de Ariel Zanchetta, un ex policía federal. Zanchetta -quien asegura ser periodista, escribe en sitios web y cobraba pauta oficial- entregaba información sobre personalidades públicas al funcionario Fabián “Conu” Rodríguez, actual subdirector general de Servicios al Contribuyente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y previamente encargado del área de prensa de Carlos Castagneto, titular de AFIP.

El funcionario es uno de los referentes de comunicación de La Cámpora, espacio que responde a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y encargado durante años de la asignación de pauta oficial, confirmó una fuente del kirchnerismo a elDiarioAR. Este lunes, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó allanamientos en su domicilio y su oficina en la AFIP. En la casa de Rodríguez se secuestraron 11 notebooks y 12 teléfonos celulares, además de dos discos externos y numerosos pendrives, que deberán ser peritados, informó una fuente directa de la investigación. 

En su oficina en la AFIP se secuestró otra computadora portátil. 

Rodríguez, quien aún no presentó abogado en el expediente, quedó comprometido porque de la información secuestrada con anterioridad al expolicía Zanchetta surgió que hubo intercambio de dinero público entre el funcionario y el supuesto periodista a cambio de tareas de supuesto espionaje. El funcionario le consiguió pauta oficial del gobierno de la provincia de Buenos Aires por $200.000 mensuales a cambio de que el expolicía armara “partes” y luego publicara “notas”. El dinero público fue asignado por el Ministerio de Comunicación Pública bonaerense, organismo en el que Rodríguez se desempeñó como Subsecretario de Coordinación de Medios entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.

El caso que más compromete a Rodríguez es el encargo que le hizo a Zanchetta para investigar a Victoria Tolosa Paz, días antes de que asumiera como ministra de Desarrollo Social del gobierno de Alberto Fernández. El funcionario le informó al expolicía en qué country vivía Tolosa Paz y le solicitó un “parte” y una nota símil periodística para publicar en un sitio web, EnClave.ar, en el que Zanchetta hacía sus aparentes operaciones. El “operador” cumplió con ambas tareas, según determinó el fiscal Pollicita en uno de sus dictámenes. 

El “parte” sobre la entonces futura ministra Tolosa Paz incluía “antecedentes laborales, monto de salarios, información crediticia, bancos y cifras con las que opera, constancias de AFIP, participaciones societarias en dos empresas, expedientes civiles y estatuto social, titularidad de automotores e inmuebles, declaraciones juradas patrimoniales de los años 2018 y 2019, imágenes satelitales de su vivienda, información de un supuesto testaferro —con fotografía— y de una propiedad en Miami, Florida, Estados Unidos de América registrada a nombre de aquel”, detalló el fiscal.

Zanchetta tenía otros clientes, como la Municipalidad de San Isidro, a cargo de Gustavo Posse, precandidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires en la fórmula encabezada por Diego Santilli (Juntos por el Cambio). El municipio le destinó al sitio EnClave.ar -vinculado a Zanchetta en el expediente judicial- publicidad oficial $98.000 mensuales entre mayo y octubre de 2023. En dicho portal pueden leerse notas asiduas y amigables con la gestión de Posse, como esta: “Sigue el legado y la buena gestión: Macarena Posse será candidata a intendenta en San Isidro”.

Lo mismo sucedía con la Municipalidad de Leandro N. Alem, que informó a la Justicia que había aprobado el pago de $20.000 por mes en concepto de publicidad oficial al portal vinculado a Zanchetta entre marzo y mayo de 2023. Hay diversas notas sobre el intendente Carlos Ferraris (Frente de Todos).

¿Cómo funciona el negocio de los seudoperiodistas y el espionaje ilegal? elDiarioAR consultó a un exfuncionario que los padeció y quien explica que hay distintos servicios y métodos. La mayoría de las veces, en los casos más sofisticados, requieren ser parte de la “comunidad informativa”.

“Comunidad informativa”

Ariel Zanchetta se desempeñó durante 25 años como agente de la Policía Federal Argentina (PFA), entre 1988 y 2013, y también habría sido “agente inorgánico” de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), luego AFI, durante al menos seis años, entre 2009 y 2015, de acuerdo a la información reunida por la fiscalía.

El fiscal detalló en uno de sus dictámenes que Zanchetta investigó “a cientos de personas —políticos, magistrados, funcionarios públicos, periodistas, empresarios, artistas, dirigentes sociales, deportivos y sindicales, entre otros— y habría incluido (entre sus servicios), cuanto menos, la realización de tareas ilegales de inteligencia, la recopilación, almacenamiento, sistematización y análisis de información, la filmación subrepticia de los objetivos y el acceso indebido a bases de datos de acceso restringido de organismos públicos y a correspondencia privada”. elDiarioAR intentó comunicarse con su abogado este lunes, pero no recibió respuesta hasta el momento. 

Hay muchos Zanchetta en el sistema. Se hacen llamar periodistas, tienen sus propios sitios web o programas radiales o televisivos

Zanchetta dijo ante la Justicia durante su declaración indagatoria que ejerce como periodista y que publicaba en el sitio EnClave.ar, que dejó de actualizar su página tras la detención del expolicía.

Hay muchos Zanchetta en el sistema. Se hacen llamar periodistas, tienen sus propios sitios web o programas radiales o televisivos. Hay decenas de portales de seudonoticias como el que se le atribuye.

Algunos trabajan por encargo, como en el caso del “parte Tolosa Paz”; otros son más emprendedores y generan sus potenciales clientes. Arman los “partes” o “carpetas” e intentan “venderlas” a los investigados. “Primero te publican una operación de poca monta en su sitio web, por ejemplo, algo sobre la vida personal. Después te hacen llegar o te comunican que tienen otra cosa más importante o que puede generar mayores problemas y ahí es cuando te piden plata, en negro o en forma de pauta oficial”, explicó un exfuncionario a este medio.

No se trata de grandes espías sino personas del sistema con red de contactos personales: alguien en la Dirección de Migraciones con clave de acceso; o en el Registro de la Propiedad Inmueble; o en el Registro Automotor. Eso es lo que se llama formar parte de la “comunidad informativa”, explican en la Policía Federal, que permite el intercambio de información de bases de datos oficiales y confidenciales. Pero en lugar de ser al servicio de un fin oficial, es para un fin privado y de lucro. Los estudios jurídicos también los utilizan como fuente de información, explicó la fuente.

“La AFIP siempre fue el fuerte de la comunidad informativa de estos tipos porque ahí sí conseguían data más sofisticada”, explica el exfuncionario. Desde consumo de tarjetas de crédito hasta deudas y declaraciones patrimoniales.

“Son servicios al mejor postor. Antes este tipo de espionaje lo hacía el propio Estado a través de la exSIDE, ahora se terceriza”, explicó uno de los investigadores. “El caso de Tolosa Paz es el que mejor demuestra cómo trabajan. Es la punta del ovillo de una operación política, en el marco de una interna dentro del oficialismo”, agregó la fuente consultada.

“El policía es el eslabón más débil, el primero que cae cuando estas redes salen a la luz”, asegura una fuente en la fuerza. El nivel, además, deja que desear, dice el bien entendido. “Espían mal y dejan los dedos pegados”. Zanchetta tenía en sus dispositivos capturas de los chats que lo comprometían.

Efecto Tailhade

El diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) aparece en los chats de Zanchetta. Conocido por su rol de alto perfil en el juicio político contra la Corte Suprema, las denuncias contra Mauricio Macri y Patricia Bullrich, se convirtió esta semana en blanco de las críticas de la oposición y de un sector de los medios. Rápidamente, Juntos por el Cambio (JxC) capitalizó una serie de datos publicados en crónicas periodísticas en las que exponían conversaciones entre un expolicía detenido y procesado en el caso y el diputado. 

Hasta ahora -todavía resta analizar el contenido de muchos dispositivos secuestrados-, los investigadores no ponen el foco en Tailhade del mismo modo en que lo hicieron con Rodríguez, debido a que el contenido de las conversaciones no arrojó la comisión de delitos ni el intercambio de dinero. 

Sin embargo, en conferencia de prensa, Juntos por el Cambio solicitó que Tailhade sea investigado en la comisión bicameral de Inteligencia. Durante la tarde de este lunes trascendió que pedirían el desafuero del legislador pero el diputado no tiene orden judicial de allanamientos ni detención en su contra. Tampoco fue citado a declarar, ni como testigo ni como imputado. Está siendo investigado, informó una fuente con acceso directo a la causa.

Tailhade dijo en una entrevista en la radio AM750: “Esto es una operación de la mafia”. Aseguró que se trata de una “operación” de “(Silvio) Robles y (Horacio) Rosatti”. “Ese es el verdadero origen de todo esto. Ya sea judicial o mediático. Ellos armaron esta operación berreta”, afirmó Tailhade. Se refiere al juez Rosatti, presidente de la Corte Suprema, y a su mano derecha y vocero, Robles, a quien Tailhade interrogó en la comisión de Juicio Político, en el marco del proceso contra los jueces del máximo tribunal. 

La causa contra Zanchetta tiene a otro procesado y detenido, el misionero Ezequiel Núñez Pinheiro, a quien se le adjudica en la Justicia el hackeo a los celulares del ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro; del diputado Diego Santilli; y de los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Los últimos cuatro intervinieron en causas y juicios contra Fernández de Kirchner.

Robles también fue blanco de un intento de hackeo de Pinheiro y pidió ser querellante en el expediente.

Zanchetta “obtuvo y almacenó datos personales” sobre decenas de personalidades públicas, entre ellos, Rosatti y sus colegas de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda; de Hornos y Borinsky; de los también jueces federales Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi, Ricardo Bustos Fierro y Ernesto Kreplak. También de Silvio Robles, dice uno de los dictámenes del fiscal Pollicita.

“No sé quién es (Zanchetta) -respondió Tailhade-. Nunca lo vi. Tengo tres mensajes de él. Dos contestados con un ‘gracias’ y otro sin contestar. Y después en WhatsApp tenía un montón de notas que me iba mandando. Pero no tenía una relación ni por qué sospechar”. “Se presentaba como periodista. Verifiqué el medio, era de Junín. Nunca me pareció demasiado serio y por eso no le presté atención. Pero tengo cero miedo a la mafia de Comodoro Py. Voy a seguir adelante con esto. Todas las conversaciones que me mandaba supongo que se pueden rescatar desde la nube o algún lugar”.

“Hace 17 días le pedí a Martínez de Giorgi que si consideraba que me tenía que citar, me cite de inédito. Nunca me llamó. No sé si querrá que pasen seis años, como pasó en Parques Eólicos, como le pasó a Macri”, se quejó contra el juez de la causa.

ED/DTC

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó el pedido del diputado de Unión por la Patria (UP) Rodolfo Tailhade para que se le prohíba la salida del país al expresidente Mauricio Macri.

El juez fundamentó su rechazo en que “su petición se basa en conjeturas y notas periodísticas que, en definitiva, carecen del sustento necesario para adoptar una decisión como la que se requiere”.

Martínez de Giorgi añadió que “sumado al estado de autos y a que el presentante carece de legitimación en el proceso, a lo solicitado no ha lugar”.

Tailhade pidió en siete causas judiciales que se dicte la prohibición de salida del país de Macri haciéndose eco de artículos periodísticos que le atribuyen al expresidente haber dicho: “Si gana Massa me tengo que ir del país”, por la eventual posibilidad de que se reactiven expedientes en los que figura como imputado.

El diputado oficialista formuló las presentaciones en las causas en las que fue denunciante: el decreto que extendió a familiares de funcionarios los beneficios del blanqueo de capitales, el intento de renegociación de la deuda de la empresa causa Correo Argentino S.A., las presuntas irregularidades en la adjudicación de los parques eólicos; el supuesto espionaje Ilegal a aliados y opositores políticos, la renegociación de la concesión por los accesos a la Capital Federal; la venta de dos centrales térmicas y las actividades de la denominada “mesa judicial” de Cambiemos.

El primero en responder, negativamente, fue Martínez de Giorgi.

“Resulta evidente en este contexto que, más allá de la falta de profundización de la pesquisa en dirección a quién es el principal responsable de las maniobras delictivas que se investigan, deviene indispensable para la investigación que se evite que el imputado Macri abandone próximamente el país y se convierta en prófugo de la ley, tal como lo hizo su principal asesor judicial y abogado personal Fabián Rodríguez Simón”, había advertido Tailhade.

Con información de NA.

IG

A 13 días del balotaje, allanaron a un funcionario kirchnerista por haber mantenido conversaciones con el ex policía, Ariel Zanchetta, imputado y preso por espionaje ilegal a jueces y miembros de la Corte Suprema. Se trata de Néstor Fabián “Conu” Rodríguez, actual Subdirector General de Servicio Al Contribuyente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y ex subsecretario de Coordinación de Medios del gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires.

La Gendarmería estuvo a cargo del allanamiento a la oficina y casa del funcionario oficialista, proceso impulsado por el fiscal Gerardo Pollicita y autorizado por el juez Marcelo Martínez De Giorgi. La decisión se tomó luego de que se descubrieran chats del 9 de octubre de 2022 entre el ex oficial de las fuerzas de seguridad y el integrante de La Cámpora en los que apuntaban contra la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz, según indica Infobae.com.

Durante el allanamiento, se lograron secuestrar computadoras y documentos que podrían ser analizados en el marco de la investigación por espionaje ilegal a miembros del Poder Judicial. Sin embargo, no se pudo incautar el celular personal del funcionario dado que no se encontraba presente en su lugar de trabajo o su domicilio cuando Gendarmería arribó.

Rodríguez no es el único referente del kirchnerismo con el que ha mantenido conversaciones Zanchetta. Según revelan los chats del celular del ex policía imputado, el diputado oficialista Rodolfo Tailhade habría recibido de su parte los nombres de los participantes del viaje a Lago Escondido, un reporte contra la dirigente de la Coalición Cívica, Elisa “Lilita” Carrió, e información sobre el senador de Propuesta Republicana (PRO) Luis Juez.

Dados los recientes hallazgos, el fiscal Pollicita solicitó una nueva indagatoria para Zanchetta, imputado por haber violado la ley de inteligencia entre 2016 y 2023, año en que fue arrestado por haber buscado información del juez de Casación Mariano Borinsky en la base Sudamericana Data el mismo día en que su teléfono resultó hackeado. Precisamente este último hecho ─junto al hackeo del dispositivo móvil de su par Gustavo Hornos y Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, los letrados que llevaban adelante un juicio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner─ fue una de las causas por las que se decidió abrir una investigación por espionaje ilegal contra múltiples magistrados.

En este marco, inicialmente se detuvo a Ezequiel Núñes Pinheiro, quien había sido contactado por un tercero cuya identidad se desconoce para hackear los celulares de tales jueces, además del diputado de Juntos por el Cambio Diego Santilli, y el ex jefe de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro. La información obtenida del teléfono de este último funcionario del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta permitió exponer el encuentro en Lago Escondido y constituyó un pilar fundamental para que el oficialismo instalara en la agenda legislativa el juicio político a la Corte Suprema.

Miembros de esta institución también vieron violada su privacidad: Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti habían sido investigados por Zanchetta, al igual que los jueces Gustavo Hornos, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Ernesto Kreplak y el colaborador de Rosatti, Silvio Robles. A partir de esta investigación, se logró descubrir también la recolección de datos, incluso mediante fuentes clandestinas, sobre políticos opositores y sus allegados. Tal información incluye, pero no se limita a opiniones políticas y religiosas, relaciones íntimas, fotografías, patrimonio dentro y fuera del país y antecedentes penales.

En este sentido, y según señaló Infobae, el fiscal Pollicita considera que existen pruebas suficientes para determinar que el ex policía “obtuvo y reunió grandes volúmenes de información y datos sobre miles de personas, a través de múltiples y variados medios, incluyendo el acceso ilegítimo a bases de datos, la filmación subrepticia de 'objetivos' (a pedido de terceras partes) mediante 'cámaras ocultas' y la obtención de información a través de 'informantes' o de 'medios propios y auscultaciones practicadas de fuentes confiables”.

ACM

Los diputados del Frente de Todos (FdT) que integran la comisión de Juicio Político votaron este jueves avanzar con numerosas medidas de prueba y testigos en la investigación por el supuesto mal desempeño de los cuatro ministros de la Corte Suprema de Justicia, en medio de presiones, negociaciones y pedidos de un sector del oficialismo que se opone a que el kirchnerismo avance sobre dos temas sensibles: el patrimonio y el manejo de contrataciones y fondos millonarios de la Corte durante sus presidencias del juez Ricardo Lorenzetti (2007-2018), como informó este domingo elDiarioAR. 

El juez de Rafaela cuenta con aliados poderosos tanto en la oposición como en el kirchnerismo. El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, solicitó vía telefónica a integrantes del bloque oficialista no avanzar en contra del magistrado respecto de los cargos que le endilgan los diputados de la Coalición Cívica (CC), Paula Oliveto y Juan Manuel López, según afirmaron fuentes parlamentarias a este medio. 

Otro punto informado en la nota de este medio fue que los pedidos de Zamora llegaron a través del diputado Leopoldo Moreau a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de acuerdo a las fuentes consultadas. Se acordó, entonces, para sostener el apoyo de Zamora y su diputado en la comisión, postergar, en la medida de lo posible, la avanzada contra Lorenzetti, a pesar de que ciertos sectores del bloque quieren investigar a todos los jueces por igual.

Un tercer punto informado por elDiarioAR el domingo último: los gobernadores que solicitaron el juicio político contra los jueces de la Corte acordaron entre sí que no estarán entre los primeros testigos citados a declarar en la comisión de Juicio Político, a pesar de haber sido activos promotores del jury por el fallo del tribunal a favor de la Ciudad de Buenos Aires en el reparto de fondos coparticipables de impuestos nacionales.

Ni la vocera de Lorenzetti ni en el entorno de Zamora respondieron las consultas de este medio.

Durante la reunión de comisión de este jueves, la diputada Oliveto afirmó: “El lunes vamos a presentarnos a la Justicia para ver si algún juez en Comodoro Py (los tribunales federales de Retiro) hace algo en relación a las presiones que recibimos ustedes y nosotros, y vamos a pedir que se investigue también al gobernador Zamora. Tarde o temprano van a tener que dar la cara en la Justicia”. La legisladora aliada de Elisa Carrió ya había denunciado presiones por parte del “equipo de Lorenzetti” durante la reunión de comisión de la semana última.

El jefe del bloque del FdT, Germán Martínez, le respondió este jueves sobre la “referencia sobre el tema de las presiones”. El diputado oficialista dijo que su espacio político “respeta mucho la labor periodística” y “cada uno sabrá qué escribe y por qué motivo”, con respecto a las notas citadas por la diputada Oliveto, pero que “ahora hay algunas cosas que se dicen y que se anticipan que por los resultados de las posiciones políticas de nuestro bloque han quedado en otro lugar”.

Sin embargo, además de las menciones explícitas de la diputada de la Coalición Cívica, ninguno de los legisladores del Frente de Todos desmintió o negó los pedidos, presiones y negociaciones informadas por elDiarioAR y resaltadas durante la reunión por la legisladora.

Hay sectores del oficialismo que no están de acuerdo con los pedidos de Zamora o con las señales de otros hombres fuertes en las provincias, como el reasumido gobernador Juan Manzur (Tucumán), quien citó al diputado de su provincia Mario Leito el jueves 26 de enero a las 10.30 en la Casa Rosada, a sabiendas de que el legislador debía presentarse a la primera reunión de la comisión de Juicio Político ese mismo día a las 11 en el Congreso.

El oficialismo votó avanzar con numerosas medidas de prueba y testigos en torno al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, principal pedido de Zamora. 

Además, a instancias del diputado Rodolfo Tailhade, sus compañeros de bancada en la comisión votaron otras medidas para investigar al juez Carlos Rosenkrantz y a dos medidas especialmente relacionadas con los pedidos de juicio político de la Coalición Cívica contra Lorenzetti: incorporar copia certificada del contrato firmado entre la Corte y el Banco Ciudad para resguardar depósitos judiciales y citar a declarar como testigos a Héctor Daniel Marchi (administrador general de la Corte desde al menos las presidencias de Lorenzetti) y al apoderado del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

Además, se confirmó que el Frente de Todos se negó a citar a los gobernadores a la comisión. De hecho, ninguno de sus diputados los incluyó en la lista de testigos, otra sugerencia del gobernador Zamora, también de acuerdo a las mismas fuentes.

El diputado Alejandro Rodríguez (Identidad Bonaerense, espacio de Roberto Lavanga, opositor) pidió citar al presidente Alberto Fernández y los mandatarios provinciales que acompañaron el pedido de juicio político, pero el oficialismo lo rechazó en la votación de este jueves.

Queda pendiente conocer cuál será la prioridad a la hora de avanzar en la investigación y si el Frente de Todos postergará o no los ejes de las acusaciones más sensibles contra Lorenzetti para mantener la armonía interna.

ED/MG

El juicio político contra los jueces de la Corte Suprema ingresará este jueves en la etapa de medidas de prueba y citación de testigos. Hasta bien entrada la tarde del miércoles, los diputados de la comisión parlamentaria a cargo de la investigación por el supuesto mal desempeño de Horacio Rosatti (presidente del máximo tribunal), Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti habían recibido siete archivos con ampliaciones de los pedidos de jury admitidos en la comisión el jueves 9 de febrero y diversas medidas de prueba propuestas por particulares y tres diputados, de acuerdo a los documentos a los que accedió elDiarioAR.

La Corte, en paralelo, mantendrá este jueves, a partir de las 10, su segunda reunión de acuerdo del año, en la que los magistrados se reunirán para la firma de sentencias y organización de su agenda, confirmaron voceros del tribunal a este medio.

El diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) solicitará este jueves que la comisión investigue las líneas telefónicas oficiales, los cruces de llamadas y correos electrónicos de Silvio Robles, vocero de Rosatti y director de su vocalía en la Corte. 

Robles está en la mira del oficialismo debido a una serie de chats filtrados tras el hackeo al teléfono del ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro. En dichas conversaciones, que el funcionario porteño (ahora de licencia) afirmó que estaban adulteradas o falseadas, el asesor de Rosatti aparece intercambiando y adelantando información sobre el fallo de la Corte sobre la coparticipación de impuestos a favor de la administración de Horacio Rodríguez Larreta.

Para ello, de acuerdo al escrito adelantado a sus pares, someterá a votación en la comisión que se le envíe oficios al Consejo de la Magistratura para que desclasifique los correos electrónicos enviados y recibidos en la cuenta oficial del asesor y para que identifique las líneas telefónicas oficiales que le fueron asignadas para someter a peritaje el cruce de llamadas entrantes y salientes.

Tailhade también solicitará las líneas privadas de Robles entre 2016 y 2022. Además, pedirá que se remita un oficio al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a los efectos de que informe los datos de la líneas oficial asignada al ministro de Seguridad y Justicia (en uso de licencia), Marcelo D’Alessandro; que se identifiquen sus líneas privadas; y que se libre oficio al juzgado federal de María Servini para requerir a la jueza “copia certificada de los informes sobre entrecruzamientos de llamadas telefónicas elaborados por la Dirección de Asistencia Judicial de Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) en la causa nro. 16.850/2019 ‘Macri, Mauricio y otros s/asociación ilícita”', en referencia al expediente iniciado por el empresario Fabian De Sousa, socio de Cristóbal López, contra el expresidente y en el que constan los registros telefónicos de Macri y funcionarios del área judicial de su gobierno. Se trata de la investigación por la que Fabián “Pepín” Rodríguez Simón se encuentra prófugo en Uruguay. 

Una vez identificadas las líneas telefónicas, el diputado del Frente de Todos requerirá que Dajudeco -que depende de la Corte- identifique a su vez a los titulares de los abonados telefónicos que registran comunicación con las líneas informadas; los abonados telefónicos frecuentes; y los diez números con los que el asesor Robles (mano derecha del presidente del máximo tribunal) entabló comunicación antes y después de haberse comunicado con D´Alessandro. Lo mismo pedirá sobre las líneas del ministro porteño.

También solicitará que se investigue si existió intercambio de información o datos entre Robles y D’Alessandro a través de redes sociales o plataformas de chats.

Testigos

En la lista de testigos propuestos por Tailhade que se someterá a votación en la comisión se encuentran desde Elisa Carrió -principal denunciante de Lorenzetti y supuesta madrina de Rosatti para asumir en la Corte- hasta Robles, los exfuncionarios de Macri Rodríguez Simón y José María Torello; y los secretario de la Corte y todos los secretarios letrados de Rosatti.

Además, el diputado del Frente de Todos planteó citar a María Burdín, vocera de Lorenzetti; a la contadora, a empleados y ex empleados de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación; y a afiliados de la misma.

Lorenzetti y Rosenkrantz

Los diputados Paula Oliveto y Juan Manuel López (Coalición Cívica) también presentaron un documento este miércoles ante la presidenta de la comisión parlamentaria para incorporar a la investigación contra el juez Lorenzetti, contra quien solicitaron juicio político. Los archivos están vinculados a la administración de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación durante las presidencias del juez de Rafaela, de acuerdo al documentos al que accedió elDiarioAR.

Los aliados de la opositora Elisa Carrió solicitarán que se investiguen resoluciones firmadas por Lorenzetti  y Héctor Daniel Marchi, administrador de la Corte, entre 2009 y 2018. Incluyen licitaciones, contrataciones y prórrogas, liquidaciones de horas horas, adquisición de sistema de seguridad por monitoreo, contratación de personal, de seguros y servicios.

Tailhade también solicitó que se solicite a la Corte y al Banco Ciudad copia certificada del contrato por el cual se acordó que los depósitos judiciales de diferentes fueros del Poder Judicial de la Nación deben efectuarse en dicho banco; como así también toda

modificación, anexos, adendas que se hayan podido haber efectuado respecto de ese contrato. Pidió citar a declarar como testigos a Marchi y al apoderado del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

La investigación sobre Lorenzetti ha dividido al oficialismo, como adelantó elDiarioAR el domingo último, ya que el juez de Rafaela cuenta con aliados poderosos tanto en la oposición como en el kirchnerismo. El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, incluso pidió no avanzar en contra del magistrado a los diputados de la comisión, según afirmaron fuentes parlamentarias a este medio. Hasta el momento, ninguno de los diputados de la comisión de juicio político ha solicitado que se presenten a declarar los gobernadores que acompañaron el pedido de jury del presidente Alberto Fernández contra los cuatro ministros de la Corte, otra sugerencia de Zamora, también de acuerdo a las mismas fuentes.

En el caso del juez Rosenkrantz, Tailhade propuso solicitar a documentación sobre el rol del magistrado en expediente vinculados a empresas que fueron clientes de su estudio jurídico antes de su asunción en la Corte, entre ellos, los referidos a la empresa Supercanal; AMX (Claro); Clínica Estrada; YPF; Supermercados DIA; Grupo América; Pan American Energy; y Piero.

ED

Son días clave en la comisión de Juicio Político de la cámara de Diputados: este miércoles habrá reunión de asesores parlamentarios, previo de la reunión de los legisladores que tendrá lugar este jueves a las 11 y en la que el Frente de Todos expondrá sus argumentos para abrir una investigación contra los cuatro jueces de la Corte Suprema por presunto mal desempeño, impulsada por el presidente Alberto Fernández a través de un pedido de jury contra los magistrados. En el máximo tribunal ya preparan su defensa, aunque dividida por su propia interna política.

Esos argumentos están siendo volcados en un informe de admisibilidad, como se denomina técnicamente a la presentación de las causales que ameritarían iniciar una investigación contra los jueces Horacio Rosatti (presidente del máximo tribunal), Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El oficialismo cuenta con 16 de los 31 integrantes de la comisión parlamentaria y sólo necesita una mayoría simple (la mitad más uno) para conseguir la apertura de esta nueva etapa, por lo que sabe que lo logrará.

Para la oposición, este jueves será “el primer Día D en la comisión”, aseguró una fuente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR). Se espera una sesión extensa y cargada de tensiones. Tras la aprobación del o los informes de adminisibilidad, comenzarán las citaciones a testigos para declarar ante la comisión y medidas de prueba que podrán ordenar los diputados.

En Juntos por el Cambio (JxC) esperan que todos sus 14 diputados en la comisión expongan este jueves. El diputado Mario Negri, presidente del bloque de la UCR y del interbloque de JxC, dijo a elDiarioAR: “Vamos a demostrar con argumentos claros y firmes porqué el pedido de juicio político del kirchnerismo a la Corte Suprema es un disparate que se diluye en sí mismo. No se puede juzgar a un magistrado por sus sentencias y muchísimo menos si no son de fondo. La Corte Suprema no ha legislado, como dice el oficialismo; vamos a demostrar que se trata de una maniobra del Frente de Todos para disciplinar a toda la Justicia”.

La oposición y Lorenzetti

Los informes de admisibilidad deben ser sometidos a votación en la comisión, pero aún no está definido el método que se aplicará este jueves, explicó una fuente parlamentaria con acceso directo a las discusiones de los diputados.

La presidenta de la comisión, Ana Carolina Gaillard (Frente de Todos) tenía la intención de que se sometiera a votación el combo de acusaciones contra los cuatro jueces y por todos los expedientes que tramitan por presunto mal desempeño. 

Sin embargo, la oposición quiere separar los tantos, ya que está dividida en un punto clave: el bloque de la Coalición Cívica (CC), que integra el interbloque JxC, presentará su propio informe de admisibilidad para impulsar una investigación contra sólo uno de los jueces de la Corte, y al que la fuerza política liderada por Elisa Carrió viene denunciando desde hace años. El primer pedido de juicio político de la CC contra Lorenzetti data de 2017, pero nunca se había tratado en la comisión hasta ahora. 

“Con la diputada (Paula) Oliveto estaremos presentando nuestro propio informe de admisibilidad con respecto a Lorenzetti y en base a los argumentos que hemos expuesto en nuestros dos pedidos de juicio político en su contra. Con respecto a los pedidos de juicio político contra el resto de los jueces de la Corte, la Coalición Cívica va a rechazarlos”, ratificó el diputado Juan Manuel López (CC y vicepresidente de la comisión) en diálogo con elDiarioAR.

El resto de JxC (UCR y PRO) no sólo rechazará el informe del Frente de Todos contra los cuatro jueces, sino que tampoco acompañaría el informe de admisibilidad de sus aliados, que cuenta con dos diputados en la comisión, de acuerdo con una fuente consultada en el interbloque.

La Coalición Cívica prefiere que se vote expediente por expediente, y separar los cargos juez por juez, en el mejor de los casos. Eso le permitiría rechazar los cargos contra los jueces Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz, y votar a favor de abrir una investigación contra Lorenzetti sólo por los expedientes que ha presentado esta fuerza política y no por los cargos que le endilga el Frente de Todos al ex presidente del máximo tribunal. Es que los argumentos de unos y otros son totalmente diferentes. 

Los aliados de Carrió apuntan al manejo de fondos económicos de la Corte durante las presidencias del juez de Rafaela y no a sus sentencias, que en el caso de las acusaciones del oficialismo coinciden con los votos del resto de los supremos.

Apertura 

“Los argumentos para avanzar con los pedidos de juicio político no sólo se basan en los fallos de los jueces de la Corte, como la aplicación del 2x1 a condenados por delitos de lesa humanidad. También sobre el manejo de la obra social de los judiciales por lo que escucharemos a damnificados que van a venir a declarar; y sobre dos cuestiones clave en la Corte: el manejo de los fondos, sobre el que nadie salvo ellos tienen control”, adelantó el diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) a elDiarioAR hace dos semanas. De ser así, el oficialismo buscaría un punto de conexión con la CC.

La apertura de una investigación en la comisión de Juicio Político es el paso previo para “el segundo Día D”, como lo llaman en el bloque de la UCR: una vez finalizada la investigación deberá votarse en comisión el dictamen de acusación para definir si el proceso da un nuevo avance crucial: pasar al recinto de la cámara de Diputados, encargada de actuar como acusadora de los sometidos a juicio político.

Una vez en el recinto, el Frente de Todos se enfrentará al dilema que viene arrastrando desde hace años: no cuenta con los votos necesarios para avanzar con esta etapa del proceso. necesita los dos tercios de los votos para que la acusación se formalice y pase al Senado, encargado del juzgamiento. En la cámara alta, además, tampoco cuenta con los dos tercios necesarios para la destitución de los jueces.

Entre las medidas de prueba que vendrán en las próximas semanas, el oficialismo citará a Silvio Robles (vocero y mano derecha del juez Rosatti) y al ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro por el caso de los chats filtrados tras el hackeo al teléfono del funcionario porteño, en el que Robles supuestamente adelanta información sobre el fallo que elevó el enfrentamiento entre el Gobierno y el kirchnerismo con el máximo tribunal hasta su punto más álgido: la medida cautelar dictada por la Corte de forma unánime a favor de la Ciudad en el reparto de los fondos de impuestos nacionales que se coparticipan entre el Estado nacional, las provincias y la Capital Federal.

La declaración del asesor de Rosatti y posiblemente de otros integrantes de su vocalía será el punto de mayor tensión dentro de la Corte, explican fuentes con acceso directo a los magistrados. Robles es un asesor de perfil político, no jurídico, y un cara a cara con los diputados más duros del oficialismo es un escenario en el que la Corte arriesga mucho.

ED

Los movimientos y el posterior archivo de la denuncia contra el vocero y principal asesor del presidente de la Corte Suprema evidenciaron cómo la interna dentro del máximo tribunal impacta en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, que terminaron despertando sospechas en la comisión de Juicio Político de la cámara de Diputados, de acuerdo a fuentes judiciales y parlamentarias consultadas en los últimos días por elDiarioAR. 

Tanto el juez Horacio Rosatti como el asesor Silvio Robles retomaron la rutina de trabajo en el Palacio de Justicia, con el principal frente judicial controlado: el juez federal Sebastián Ramos archivó una de las denuncias por el contenido de los supuestos chats que se filtraron en un sitio de internet luego del hackeo al ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro.

En los chats, Robles habría intercambiado información y el resultado final del fallo que la Corte iba a dictar a favor del gobierno de la Ciudad por la coparticipación y los fondos para financiar la policía porteña, una decisión de la Corte que despertó la ira del Gobierno y un grupo de gobernadores oficialistas en diciembre último.

En la comisión parlamentaria que inició el proceso para investigar a los cuatro jueces de la Corte por presunto mal desempeño, el oficialismo comenzó a indagar cómo fue que esa denuncia terminó en el juzgado de Ramos y en su posterior archivo, cuando, en principio, la denuncia había caído por sorteo en el juzgado de Ariel Lijo, quien, según pudo reconstruir este medio de fuentes directas de su juzgado, tenía una postura muy distinta a la de Ramos y el fiscal que intervino en la causa, Carlos Stornelli. Lijo no iba a archivar la denuncia sino a activar medidas de prueba.

Sin embargo, como el juez Lijo se encontraba de vacaciones, la denuncia contra Robles ingresó en un periplo tribunalicio y pasó por cuatro jueces y dos fiscales hasta llegar a su destino final, por ahora, en el juzgado de Ramos y su posterior archivo.

La Corte que el presidente Alberto Fernández quiere destituir está atravesada desde 2016 por una interna política y personal entre sus jueces, divididos en dos bloques irreconciliables: el trío que conforma la mayoría (integrado por el actual presidente del tribunal, Rosatti; Juan Carlos Maqueda; y Carlos Rosenkrantz) y un unitario (Ricardo Lorenzetti, quien quedó en minoría tras perder la presidencia de la Corte en 2018). 

Comodoro Py también está atravesado por la interna de la Corte. Los alineamientos con los jueces de la mayoría no se construyeron sobre bases inamovibles, pero los alineados con Lorenzetti tienen nexos mucho más fuertes, aunque son menos. 

El trío que conforma la mayoría en el máximo tribunal sabe que la mayoría de los jueces y fiscales federales de Py no quiere avanzar con la denuncia contra Robles o hacerle lugar a eventuales pedidos del oficialismo en la comisión de Juicio Político para, por ejemplo, llevar a Robles a declarar por la fuerza pública al Congreso. El fiscal Carlos Stornelli es uno de ellos, confió un testigo directo de sus conversaciones con voceros de la Corte. 

De hecho, otro expediente vinculado a la Corte ya les dejó en claro a Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz ese quiebre entre dos sectores de Py: la investigación penal por supuestas irregularidades en contrataciones de la obra social de los judiciales, que administra la Corte y que también será uno de los puntos que el oficialismo busca investigar en la comisión de Juicio Político. 

La mayoría suprema sospecha que la denuncia fue impulsada por Lorenzetti (la presentó un dirigente sindical de los judiciales). Recayó por sorteo en el juzgado de Lijo, de muy buena relación con el ex presidente de la Corte, luego de que el trío Rosatti-Maqueda-Rosenkrantz le recortaran su poder en el máximo tribunal y lo desplazaran, no sólo de la presidencia, sino del manejo de los fondos del Poder Judicial de la Nación. 

El expediente está a cargo del juez Lijo y del fiscal Stornelli, quienes mantienen una disputa por el futuro de la causa. Stornelli pidió su cierre (lo que beneficia a la mayoría en la Corte, especialmente al juez Maqueda, más vinculado al manejo de la obra social), pero Lijo quiere avanzar en la investigación. 

Este mismo escenario iba a repetirse con la denuncia contra Robles. La denuncia recayó por sorteo en el juzgado de Lijo. El fiscal de turno era Carlos Rívolo, quien se inhibió de intervenir en el caso porque su nombre figura entre los supuestos contactos estrechos de D’Alessandro, según la filtración tras el hackeo.

El fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones porteña, José Agüero Iturbe, designó entonces a Stornelli para ocupar el lugar de Rívolo. Mientras tanto, Lijo estaba de vacaciones por la feria de enero y la jueza María Servini firmaba por su juzgado. Servini se excusó de intervenir en la denuncia contra Robles porque involucraba a D’Alessandro, con quien la jueza explicó en un escrito que había tenido una relación de amistad cercana pero estaban enemistados. 

Servini no sólo se excusó, sino que envió la denuncia nuevamente a sorteo, extrayendo el expediente del juzgado de Lijo. Recayó en el juzgado de María Eugenia Capuchetti, quien inmediatamente envió el caso a la Cámara Federal porteña, planteando que debía volver al juzgado de Lijo.

El presidente de la Cámara de Apelaciones ordenó que la causa siguiera en el juzgado de Capuchetti y que al regresar Lijo de sus vacaciones, los jueces se pusieran de acuerdo entre ellos. Capuchetti entró de vacaciones al lunes siguiente. Debía firmar por su juzgado Julián Ercolini, quien no podía intervenir por estar denunciado por la filtración de otro conjunto de chats hackeados a D’Alessandro en el caso Lago Escondido. Así, la denuncia terminó en el juez Ramos.

El archivo

Hace dos semanas, el juez Ramos tomó la decisión de archivar la denuncia y no avanzar en la apertura de una causa contra Robles siguiendo la línea planteada por el fiscal Stornelli en un dictamen. Stornelli consideró que no se podía avanzar en la investigación penal porque la principal prueba, los chats, provienen de una intervención ilegal de comunicaciones telefónicas y por lo tanto, el punto de partida de la denuncia es un ilícito que inhabilita la utilización de esos chats en un proceso judicial, según informó la agencia estatal Télam. 

Robles había sido denunciado por el abogado Gastón Marano, ex asesor de la oposición en la comisión bicameral de Inteligencia del Congreso y defensor de Nicolás Gabriel Carrizo, uno de los procesados por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La denuncia se basaba en las publicaciones de los chats en diversos medios de comunicación.

La presentación de Marano se suma a otras tres denuncias contra Robles por el caso de los supuestos chats y al menos una orden judicial a la Policía Federal Argentina (PFA) que no se ejecutó: la intimación al asesor para que entregue su teléfono celular para “peritar si los chats son reales”, como solicitó el juez Guillermo Molinari, de Santiago del Estero. 

Hay otras tres causas aún abiertas: las iniciadas por los gobernadores Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Ricardo Quintela (La Rioja), que ya llegaron a los tribunales porteños, donde seguramente se acumularán con la denuncia de Marano y podrían ser también archivadas.

La semana pasada, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inició un cuarto expediente en los tribunales federales de La Plata. El juez Alejo Ramos Padilla solicitó la primera medida de rigor antes de dar traslado a la fiscalía, que decidirá si debe o no abrirse un nuevo expediente.

“La denuncia se archivó pero ni el juez ni el fiscal plantearon el sobreseimiento de Robles. Eso significa que la causa no está cerrada, sino archivada y, por lo tanto, la denuncia podría ser eventualmente desarchivada y reabierta”, afirmó a elDiarioAR el diputado Rodolfo Tailhade (Frente de todos), integrante de la comisión de Juicio Político.

Stornelli determinó que en la denuncia del abogado Marano no había “ningún medio o elemento autónomo y autosuficiente” que no fueron los chats obtenidos ilegalmente que le permitan avanzar con la investigación, y expuso que convalidar la investigación con elementos que habrían sido obtenidos como fruto de un accionar delictivo colisionaría con “los más básicos e irrenunciables principios constitucionales”. Esta es una de las líneas que mantiene la jurisprudencia, pero no es la única y no es la que el juez Lijo hubiese aplicado, confirmó elDiarioAR de fuentes judiciales.

La prueba ilegal

En una tesis presentada ante la Universidad Torcuato Di Tella en 2014, Federico Morgenstern, principal asesor penal del juez Rosenkrantz y secretario letrado en la Corte, escribió a favor de repensar si ciertas pruebas obtenidas de manera ilegal deben rechazarse en todos los casos. “¿Cuál es el camino apropiado cuando en un proceso penal se consigue prueba incriminatoria violando un derecho individual del acusado?”, se preguntó el letrado, como publicó el periodista Néstor Espósito en Tiempo Argentino el domingo último. 

Los chats obtenidos tras el hackeo ilegal al teléfono del ministro D’Alessandro -que el funcionario porteño, actualmente de licencia por este caso, sostiene que son falsos y fueron adulterados- entrarían en la categoría de pruebas ilegales. “La exclusión probatoria indiscriminada y automática (de una prueba sólo por el hecho de haber sido obtenida de manera ilegal) es una solución equivocada” y “no hay una previsión legal expresa que prohíba usar la prueba ilícita”, tampoco constitucional, afirmó Morgenstern.

“El sistema vigente debe ser reconfigurado”, a excepción de “los casos de tortura, coacción física y/o psicológica y engaño” por parte de las fuerzas de seguridad o autoridades, que sí deben excluirse como pruebas de manera automática, aclaró.

No es lo que plantean los antecedentes mayoritarios. “Las posiciones unánimes de la jurisprudencia y doctrina argentina pueden reducirse a estas cuatro proposiciones centrales: el Estado no se puede beneficiar de una ilegalidad propia; no excluir esa prueba le quita integridad y credenciales éticas al sistema de justicia penal; el imputado tiene un derecho a la exclusión del proceso de los elementos de cargo obtenidos por vías irregulares; y la exclusión es el único (o mejor) remedio para afrontar la situación”, explicó Morgenstern, también autor del libro “La cosa juzgada fraudulenta”.

Pero Morgenstern se basó en antecedentes de otras jurisdicciones como Alemania, los países del common law, Noruega y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

¿Qué hace primar la necesidad de utilizar este tipo de pruebas? “El descubrimiento de la verdad, la necesidad de mantener una justicia funcional y eficaz, la existencia de cierta proporcionalidad entre la intensidad de la lesión producida y la gravedad del delito investigado y el conocimiento de la violación por parte del agente público”, escribió el secretario letrado de la Corte.

ED

El diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Rodolfo Tailhade consideró hoy que sería “bochornoso” que los miembros de la Corte Suprema no se presenten en Diputados cuando sean citados a ejercer su defensa en el proceso de juicio político que se les sigue a los jueces del tribunal, y valoró la denuncia que la líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, realizó contra el ministro del máximo tribunal Ricardo Lorenzetti, que “seguramente va a alcanzar” a otros integrantes.

La Comisión de Juicio Político abrió el jueves pasado el debate sobre los 14 pedidos de enjuiciamiento que existen contra los ministros del Tribunal y si se declara la admisibilidad de las denuncias, se comenzará un sumario para recolectar las pruebas, donde se convocará a más de cuarenta testigos y a los cuatro acusados.

“Me parecería bochornoso que ninguno (de los integrantes de la Corte) venga y la mejor evidencia que esta gente tiene todo para ocultar”, afirmó Tailhade al referirse a la citación que hará la comisión de Juicio Político a los acusados, cuyo reglamento interno establece que pueden declarar por escrito o de forma presencial.

En tanto, el diputado aseguró en diálogo con Radio 10 que “todas las denuncias” que investiga la comisión de Juicio Político “son sólidas” y consideró que el objetivo en esa instancia es “trabajar con seriedad” para “eventualmente, demostrarle a la sociedad argentina que hay cuatro jueces de la Corte que cometen mal funcionamiento”.

“Me parece que lo mejor que le podía pasar a este proceso es que la oposición lo legitime como una herramienta constitucional que es, y que la discusión transite por ese lado”, valoró en relación a la presencia de la oposición en el debate que inició el jueves pasado.

De esa manera, vaticinó que el cargo presentado por la exdiputada Elisa Carrió contra el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti, por manejos económicos espurios, “seguramente va a alcanzar a otros ministros de la Corte”.

“La acusación de Carrió va a ser el fundamento para que investiguemos los famosos fondos anticíclicos, que no son otra cosa que plazos fijos” que maneja el máximo tribunal, afirmó Tailhade.

Y continuó, al explicar que se desconoce “en qué bancos” están esos fondos, “con qué intereses están trabajando” y “cuál es el monto”, y advirtió que la comisión de Juicio Político “seguramente” va a establecer que de “esa montaña de guita no llega ni un peso a ningún juzgado”.

Además, adelantó que pedirá que se investigue el “negocio gigantesco” entre la Corte Suprema y el Banco Ciudad, ya que, explicó que a partir de un acuerdo, “todos los juzgados están obligados a trabajar en materia de depósitos judiciales” con esa entidad.

CRM con información de la agencia Télam

Los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz comenzaron a preparar sus defensas de manera conjunta ante el avance de la comisión de juicio político en la Cámara de Diputados, confirmó a elDiarioAR una alta fuente del máximo tribunal. El cuarto integrante de la Corte, Ricardo Lorenzetti, quien mantiene un enfrentamiento con sus colegas, elaboraría por el momento su propia defensa.

En el Palacio de Justicia, donde los cuatro jueces volverán a verse las caras en febrero, luego de la feria de verano, los magistrados y sus principales colaboradores se alistan para dar la pelea “con argumentos”. Aunque saben que los pedidos de juicio político en su contra no podrán avanzar hasta el final, dado que el oficialismo no cuenta con los dos tercios de los votos necesarios para acusarlos en el recinto de Diputados ni para destituirlos en el Senado, aguardan una larga embestida del Frente de Todos en los medios de comunicación a través de la actividad de la comisión de Juicio Político. 

La Corte que el presidente Alberto Fernández quiere destituir por presunto mal desempeño está atravesada con una interna política y personal entre sus jueces, divididos en dos bloques: el trío que conforma la mayoría (integrado por el actual presidente del tribunal, Rosatti; Maqueda; y Rosenkrantz) y un unitario (Lorenzetti), quien quedó en minoría tras perder la presidencia de la Corte en 2018. “Las diferencias son irreconciliables”, aseguró una alta fuente del tribunal.

En el marco de esa pelea interna de poder, Lorenzetti hizo saber a través de periodistas y allegados que solicitará al trío Rosatti-Maqueda-Rosenkrantz la salida de Silvio Robles, vocero y principal asesor del presidente de la Corte. Robles ha estado en el centro de las críticas y denuncias del oficialismo por las supuestas conversaciones filtradas en internet tras el hackeo al teléfono del ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro. En los chats, Robles habría intercambiado información y el resultado final del fallo que la Corte iba a dictar a favor del gobierno de la Ciudad por la coparticipación y los fondos para financiar la policía porteña.

Para el trío que conforma la mayoría soltar la mano de Robles en medio de la embestida oficialista sería un error estratégico, explicó una fuente al tanto de la defensa que preparan los jueces. Además, el asesor de Rosatti cumple una función central en la organización del Consejo de la Magistratura, que preside el magistrado y se encarga de la selección y sanción de los jueces nacionales. El control sobre el funcionamiento de este organismo es uno de los puntos centrales de conflicto entre el kirchnerismo y la Corte.

Los chats o supuestos chats (el ministro D’Alessandro, quien debió pedirse licencia del cargo por este caso, asegura que son falsos o están adulterados) fueron el argumento central del Gobierno y un grupo de gobernadores para activar la avanzada sobre la Corte en la comisión de juicio político. Hasta la filtración de esas conversaciones, varias denuncias contra los jueces del tribunal se acumulaban en la comisión, sin movimientos.

La publicación de esos chats ocurrió tras el fallo a favor de la Ciudad de Buenos Aires que aumentó de manera cautelar los fondos de impuestos coparticipables que el Gobierno debe entregarle a la Administración de Horacio Rodríguez Larreta.

En las próximas dos semanas, la comisión en Diputados debe escuchar a los autores de los 14 pedidos de juicio político presentados contra los jueces de la Corte y se espera que el jueves 9 de febrero se vote el informe de admisibilidad de las acusaciones para dar inicio a la investigación, que podría alcanzar unos 60 hechos, explicó al final de la primera sesión el diputado Germán Martínez, jefe del bloque del Frente de Todos en la cámara baja. El oficialismo tiene mayoría en la comisión, por lo que se entiende que el informe será aprobado.

Los jueces Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz cuentan con el apoyo de Juntos por el Cambio, pero el juez Lorenzetti tiene pedidos de juicio político por parte de la Coalición Cívica (CC), liderada por Elisa Carrió e integrante del principal bloque opositor. El oficialismo ya adelantó que apoyará por primera vez el avance de las denuncias de los “lilitos” y ese punto es la principal preocupación de Lorenzetti, afirmó a elDiarioAR un allegado al juez de la Corte.

A su vez, Juan Manuel López, diputado de la CC y vicepresidente de la comisión, adelantó a este medio hace dos semanas: “Creo que la estrategia del oficialismo de tratar ahora este pedido de juicio político contra Lorenzetti busca no sólo dividir a Juntos por el Cambio sino también a la Corte, y podría terminar en una negociación entre Lorenzetti y el Frente de Todos”, que dejaría al juez de Rafaela afuera de la avanzada oficialista. En el bloque oficialista lo niegan, en la Corte no lo descartan.

Luego, comenzará una etapa clave que deberá librarse no sólo en la comisión sino también en los medios de comunicación: los integrantes de la comisión deberán escuchar a los testigos. Entre ellos, el oficialismo citará a Robles y D’Alessandro. La declaración del asesor de Rosatti y posiblemente de otros integrantes de su vocalía será el punto de mayor tensión dentro de la Corte, explicó una fuente con acceso directo a los magistrados, y el que nadie en el Palacio de Justicia espera con ansías, a excepción tal vez de Lorenzetti. Robles es un asesor de perfil político, no jurídico, y un cara a cara con los diputados más duros del oficialismo es un partido que los jueces supremos no quieren ver.

Los argumentos para avanzar con los pedidos de juicio político no sólo se basan en los fallos de los jueces de la Corte, como la aplicación del 2x1 a condenados por delitos de lesa humanidad. El diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) explicó a elDiarioAR que los testigos están obligados a presentarse ante la comisión y que en caso de ausentarse o rechazar la citación, se los llevará por la fuerza pública. “Hay antecedentes de la propia Corte que admiten la facultad del Congreso para ordenar arrestos y usar la fuerza pública en casos en que una persona obstaculice el normal funcionamiento de las cámaras, pero el criterio del bloque es que ese eventual requerimiento se realice a través de un juzgado y que en todo caso sea un juez quien traiga por la fuerza pública al testigo”.

“Los argumentos para avanzar con los pedidos de juicio político no sólo se basan en los fallos de los jueces de la Corte, como la aplicación del 2x1 a condenados por delitos de lesa humanidad. También sobre el manejo de la obra social de los judiciales por lo que escucharemos a damnificados que van a venir a declarar; y sobre dos cuestiones clave en la Corte: el manejo de los fondos, sobre el que nadie salvo ellos tienen control”, adelantó Tailhade.

ED

Desde 2016, cuando la Corte Suprema pasó a estar integrada por cinco jueces, el poder en el máximo tribunal tiene nombres pero también un número: tres. Esa es la cantidad de jueces que se requiere para confirmar una mayoría que permita tomar decisiones tanto jurídicas como administrativas y de gestión. Es el número de cartas que los dos jueces más poderosos del máximo tribunal en los últimos 16 años, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, han estado barajando para conservar o intentar conservar el poder supremo.

La Corte que el presidente Alberto Fernández quiere someter a juicio político para impulsar la destitución de sus integrantes está atravesada con una interna suprema, nunca antes vista por abogados, magistrados y colaboradores que habitan el Palacio de Justicia, según reconocieron ante las consultas de elDiarioAR. Todos los consultados hablaron en off the record. 

El poder en la Corte está dividido en dos bloques que actualmente parecen de acero: la mayoría o el trío (integrado por el actual presidente Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz) y un unitario (Lorenzetti), quien supo ser el poderoso presidente del tribunal entre 2007 y 2018, cuando perdió el cargo en manos de Rosenkrantz pero por una movida política atribuida a Rosatti.

Algunos de los consultados en las últimas semanas han sostenido que la avanzada oficialista sobre los cuatro jueces podría obligarlos a unirse. Al fin y al cabo, resaltan, abroquelarse frente a un adversario común es la tendencia en el máximo tribunal últimamente. 

Otros creen que no hay vuelta atrás y que la enemistad entre Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz frente a Lorenzetti es irremediable. La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados tendrá que elevar demasiado la temperatura para derretir el acero que los separa.

El diputado Juan Manuel López (Coalición Cívica), vicepresidente de la comisión parlamentaria y integrante del bloque que viene pidiendo el juicio político de Lorenzetti desde al menos 2017, dijo a elDiarioAR en una nota del domingo último: “Creo que la estrategia del oficialismo de tratar ahora este pedido de juicio político contra Lorenzetti busca no sólo dividir a Juntos por el Cambio sino también a la Corte, y podría terminar en una negociación entre Lorenzetti y el Frente de Todos”, que dejaría al juez de Rafaela afuera de la avanzada oficialista.

El enfrentamiento entre el Gobierno y la Corte se profundizó con el fallo a favor de la demanda de Ciudad por la coparticipación de la recaudación de los impuestos nacionales, que le quitó fondos al Ejecutivo Nacional. A diferencia de otros fallos centrales del tribunal, esta vez Lorenzetti votó en sintonía con el trío Rosatti-Maqueda-Rosenkrantz.

El juicio político contra los jueces de la Corte no prosperaría, al menos con la composición actual en Diputados y Senado: “Nuestro objetivo no es obtener los dos tercios en el recinto de la Cámara de Diputados para que avance el proceso de juicio político, sabemos que ese objetivo es muy difícil de alcanzar porque hoy no están los votos. Pero sí tenemos la cantidad de diputados en la comisión para avanzar con una investigación profunda sobre los cuatro jueces y dejar en evidencia las acusaciones en su contra”, aseguró el diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) a este medio.

elDiarioAR se comunicó con voceros y allegados de los jueces Lorenzetti, Rosenkrantz y Rosatti pero en los dos primeros casos declinaron responder sobre las internas de poder, las denuncias en su contra y el pedido de juicio político por el momento. En el caso del presidente del tribunal, aún no respondieron.

La otra Corte

De los siete miembros que se había conformado durante la presidencia de Néstor Kirchner, habían quedado apenas tres integrantes a finales de 2015, a causa de las muertes durante 2014 de Carmen Argibay Molina y Enrique Petracchi y la jubilación de Raúl Zaffaroni, y el retiro de Carlos Fayt en septiembre de 2015.

Lorenzetti, Maqueda y Highton siguieron en el tribunal y en 2016 el presidente Mauricio Macri nombró por decreto, saltándose el procedimiento impuesto por la Constitución Nacional, a los abogados Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti (quien llegó con el apoyo de Elisa Carrió). Poco después, Macri debió enviar los pliegos de ambos jueces al Senado para cumplir con la Constitución.

La integración de cinco jueces fue impuesta por el kirchnerismo en 2006, con la sanción de  la Ley Nº 26.183, que dispuso reducir el número de ministros a partir de futuras salidas de los magistrados (que entonces eran siete).

Lorenzetti conservó la presidencia. A partir de 2016, comenzó a funcionar la mayoría de tres para sacar fallos o tomar decisiones internas de poder, pero los tríos eran circunstanciales. 

Por ejemplo, entre 2016 y 2018, existió “la mayoría peronista”, como el gobierno de Macri llamó a la alianza entre Rosatti, Lorenzetti y Maqueda, quienes acordaban fallos que disgustaban al macrismo. 

Pero en 2018, el estilo “personalista” de Lorenzetti engendró otro trío, entonces conformado por los últimos dos jueces incorporados al tribunal y Highton, quienes impulsaron en las sombras el desplazamiento de Lorenzetti de la presidencia para nombrar en ese cargo a Rosenkrantz. La interna trepó a niveles inéditos, que se acrecentaron todavía más a partir de 2021.

Última etapa

La Corte quedó integrada por cuatro jueces a finales de 2021, cuando la jueza Elena Highton de Nolasco, única mujer y vicepresidenta del tribunal, decidió jubilarse aunque haía resistido su salida con un amparo. Fue luego de que el trío integrado por Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz votó a Rosatti como presidente del tribunal. 

La costumbre de votarse a sí mismo para el cargo más importante de la Corte no fue inaugurada por Rosatti. Fue una táctica del ex juez Julio Nazareno para mantenerse en la presidencia durante los 90 y ya lo había hecho Rosenkrantz en 2018, pero con el voto forzado de Lorenzetti, a quien Maqueda -otrora aliado indiscutido del juez de Rafaela- convenció de fingir el apoyo a su sucesor impuesto para guardar las formas, como contó la periodista Irina Hauser en su libro Rebelión en la Corte, que, junto con Los Supremos, detalla la historia reciente del máximo tribunal, las personalidades de sus integrantes y sus pujas de poder internas y externas. 

La diferencia en 2021 fue que la designación de Rosatti ocurrió en septiembre, durante un acuerdo extraordinario convocado antes de tiempo, cuando Lorenzetti se encontraba de viaje oficial por el extranjero. Highton, que había sido clave para desplazar a Lorenzetti en 2018, solicitó formalmente que se aguardara a la llegada del juez de Rafaela para la votación, pero el nuevo trío avanzó de todas formas. 

Rosatti sólo pudo ser elegido con su propio voto porque no alcanzaba sólo con el apoyo del presidente saliente, Rosenkrantz y Maqueda. Highton renunció a la Corte poco después y el tribunal quedó atravesado por la disputa de poder interno entre el nuevo trío consolidado (Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz) versus Lorenzetti, quien no renunció a disputar a su manera el poder en el tribunal. O al menos a vengarse de las “traiciones” de 2018 y 2021.

Rosatti y Lorenzetti tienen perfiles muy diferentes. “Durante su presidencia, Lorenzetti buscó siempre que los fallos reflejaran un equilibrio de decisiones que favorecieron a veces y perjudicaran otras a los grupos de poder externos a la Corte (el Gobierno de turno, Clarín, la oposición, los empresarios) y gestionó su poder construyendo una relación muy fuerte con los jueces, en especial con los federales de Comodoro Py. Rosatti, en cambio, construyó su liderazgo desde la confrontación con el gobierno actual y buscando la unión de los jueces abriendo el juego por afuera de Comodoro Py”, afirmó un jurista que conoce de primera mano el funcionamiento de la Corte. 

El nuevo trío tiene ciertas características llamativas: Maqueda, el juez más antiguo del tribunal -lleva dos décadas-, de bajo perfil y sin vocación de presidir la Corte, “viene votando en sintonía con Rosenkrantz, quien se encuentra en las antípodas ideológicas y jurídicas” del juez cordobés, explicó a este medio un hombre del mundo judicial. “Lo unió el adversario común, Lorenzetti”, explica otro magistrado, al tanto de las intimidades del máximo tribunal. 

ED

El oficialismo buscará este miércoles avanzar en la estrategia para llevar a un juicio político a los miembros de la Corte Suprema de justicia. Por un lado, en una reunión de los diputados que integran la comisión encargada de juzgar a los jueces, el Frente de Todos (FdT) intentará asegurarse que no haya deserciones. Por el otro, comenzaron a anticipar lo que podría ser el tono del debate en el Congreso: Quieren llevar a declarar al ministro de Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro -quien se encuentra de licencia- y al asesor del presidente del tribunal, Horacio Rosatti, Silvio Robles, ambos involucrados en los chats de espionaje ilegal.

Así, los diputados del FdT que conforman la Comisión que quiere juzgar por mal desempeño a los magistrados, como anunció el 1° de enero por el presidente Alberto Fernández, mantendrán una reunión virtual para ampliar la investigación sobre  Rosatti y el resto de los integrantes del máximo tribunal. Su objetivo es incorporar el contenido de casos penales que tramitan o tramitaron en Comodoro Py producto de la interna entre los cuatro supremos.

La reunión servirá también para dejar en claro con cuántos legisladores cuentan. Aunque dan por descartado que el juicio tenga alguna chance de avanzar en el recito, el FdT quiere que al menos el debate garantice una plataforma para ventilar los trapos sucios de la Corte.

Por eso, desde hace cinco días, el presidente del bloque del FdT, Germán Martínez, mantiene reuniones con los 15 diputados propios que integran la comisión. Allí también se discutió uno de los puntos del reglamento interno de la propia comisión. Es el que establece que toda persona que sea llamada a declarar está obligada a hacerlo. Los únicos excluidos son los propios acusados quienes tiene derecho a decidir si se presentan o no.

Por eso, el objetivo del oficialismo es reunir toda la información antes de comenzar con las citaciones. Pero ese punto tiene un objetivo en particular. Así lo explicó el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade.  “La idea es proponer la citación de D'Alessandro y de Robles, ya que no están alcanzados por esta inmunidad que da el reglamento de no venir. Ellos van a tener que venir”, dijo en declaraciones a Diputados TV.

En caso de negarse a asistir a Diputados, la comisión tiene la facultad para pedirle a un juez que ordene su traslado por la fuerza pública.

En diálogo con elDiarioAR Tailhade había anticipado la estrategia: “Mi posición y la de varios de los integrantes, la que creemos que va a prevalecer, es la de poner en consideración de la comisión la mayor cantidad de expedientes posibles contra los jueces de la Corte. Es decir, no sólo la presentación del Presidente sino también otras denuncias que se acumulan contra los ministros del máximo tribunal”, había afirmado a este medio.

De esa manera, también quedarían habilitadas para el tratamiento otras iniciativas previas, como un pedido de la Coalición Cívica contra el juez y expresidente del máximo tribunal Ricardo Lorenzetti o una de Vanesa Siley (Frente de Todos) contra el también extitular de la Corte Carlos Rosenkrantz.

“El Presidente presentó el pedido de juicio político al jefe del bloque (Germán Martínez) y a la presidenta de la comisión (Carolina Gaillard) para que sean ellos quienes lo presenten a su vez en la comisión de juicio político. Eso permite, según el reglamento, darle estado parlamentario de tres años en lugar de sólo un año, que es la diferencia de plazos entre un pedido de jury realizado por un diputado y otro ciudadano”, explicó.

Y agregó: “Eso también implica que la investigación de la comisión puede llegar al recinto dentro de un año o dos”. De esta manera, el oficialismo se asegura una batalla pública a largo plazo contra los supremos, incluso más allá de la actual composición en Diputados y Senado, donde ninguna fuerza política tiene los dos tercios de los votos, necesarios para destituir a un juez de la Corte.

La estrategia de la oposición

La cúpula de Juntos por el Cambio (JxC), por otro lado, acordó este martes utilizar una herramienta habitual en el pulseo legislativo: el quórum. Así esperarán que sea el FdT el que junte el número necesario de legisladores para que la comisión se reúna y luego acuse, y si llega al recinto, intervenir para impedir que se apruebe la elevación que debería, eventualmente, tratar el Senado.

“Que ellos consigan el quórum, si lo tienen. Si lo logran, nosotros tenemos que dar la discusión en la comisión y si van al recinto, tenemos que participar porque se aprueba con los 2/3 de los presentes”, explicó este martes a elDiarioAR uno de los participantes de la mesa de JxC que conoce, al detalle, el procedimiento del juicio político.

La cuestión del recinto es más específica. Como la elevación a juicio en el pleno del cuerpo, requiere la aprobación de 2/3 de los presentes, si JxC no participa de la sesión, facilita que FdT con su propio número logre que el juicio avance y siga el camino hacia el Senado. Por eso, la cúpula cambimieta acordó que los diputados bajen “a dar el debate” y hacer valer su número para que el oficialismo, con sus aliados, no pueda lograr tener los 2/3 de los presentes.

Por su parte, Rodrigo de Loredo, presidente del bloque Evolución Radical que responde Martín Lousteau, anticipó ayer JxC  pedirá el alejamiento de Carolina Gaillard como presidenta de la comisión de Juicio Político. En su cuenta de Twitter, el diputado señaló: Las declaraciones vertidas a la prensa dan cuenta que no se garantizará la objetividad e imparcialidad del proceso“.

MB con información de Télam

El sector más duro del oficialismo prepara su estrategia en la avanzada contra la Corte Suprema: ampliar la investigación sobre los jueces del máximo tribunal en la Comisión de Juicio Político a otros pedidos de jury que van más allá de la presentación del presidente Alberto Fernández, según explicaron a elDiarioAR integrantes del bloque del Frente de Todos (FdT). También buscarán incorporar el contenido de casos penales que tramitan o tramitaron en Comodoro Py producto de la interna entre los cuatro supremos.

Rodolfo Tailhade, uno de los 16 diputados oficialistas de la comisión en la Cámara de Diputados, afirmó a este medio que “la postura del bloque oficialista todavía no está definida y lo hablaremos esta semana posiblemente. Mi posición y la de varios de los integrantes, la que creemos que va a prevalecer, es la de poner en consideración de la comisión la mayor cantidad de expedientes posibles contra los jueces de la Corte. Es decir, no sólo la presentación del Presidente sino también otras denuncias que se acumulan contra los ministros del máximo tribunal”.

“El Presidente presentó el pedido de juicio político al jefe del bloque y a la presidenta de la comisión para que sean ellos quienes lo presenten a su vez en la comisión de juicio político. Eso permite, según el reglamento, darle estado parlamentario de tres años en lugar de sólo un año, que es la diferencia de plazos entre un pedido de jury realizado por un diputado y otro ciudadano”, explicó Tailhade a elDiarioAR. 

“Eso también implica que la investigación de la comisión puede llegar al recinto dentro de un año o dos”, agregó el diputado, uno de los que encabeza la ofensiva pública contra jueces y fiscales enfrentados al kirchnerismo. De esta manera, el oficialismo se asegura una batalla pública a largo plazo contra los supremos, incluso más allá de la actual composición en Diputados y Senado, donde ninguna fuerza política tiene los dos tercios de los votos, necesarios para destituir a un juez de la Corte.

Los jueces de la Corte nunca se han manifestado públicamente sobre las acusaciones en su contra. “Los ministros hablan a través de sus fallos”, suelen responder en el máximo tribunal.

El trío

La Corte está compuesta por una mayoría que vota en sintonía permanente desde la asunción de Horacio Rosatti como presidente de la Corte, a finales de 2021. Está integrada por Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz. El cuarto juez, Ricardo Lorenzetti, quien pretendía recuperar la presidencial del máximo tribunal, quedó en minoría, aunque en el fallo que potenció la crisis entre la Corte y el Gobierno (por la coparticipación de fondos a favor de la Ciudad) votó junto a sus colegas.

“Este Gobierno ha logrado lo impensado: unir a los cuatro jueces de la Corte”, ironizó un magistrado de diálogo constante con Lorenzetti.

En la Comisión de Juicio Político, el sector más duro del oficialismo ya repasó dos pedidos de jury que servirán como argumento para investigar al juez Carlos Rosenkrantz. Se trata de una presentación de 2020 realizada por la diputada (FdT) y consejera de la Magistratura, Vanesa Siley, en la que denunció a Rosenkrantz por su voto a favor de aplicar el 2x1 a condenados por delitos de lesa humanidad.

También, estuvieron releyendo la presentación de la Asociación Americana de Juristas (rama argentina) contra los cuatro ministros de la Corte, anunciada en agosto de 2022, aunque aún no figura en los registros públicos de la comisión. Allí, prestaron especial atención a las acusación contra Rosenkrantz que este grupo de juristas, con buen diálogo con el kirchnerismo, basó a partir de una nota publicada por El Destape, en la que sostenían que el juez de la Corte había supuestamente intervenido en una veintena de fallos ligados a clientes de su ex estudio jurídico. 

El juez Juan Carlos Maqueda, el más antiguo de los cuatro integrantes actuales de la Corte, no tiene pedidos de juicio político individuales en su contra, aunque sí está acusado en la denuncia contra los cuatro jueces que realizó la Asociación Americana de Juristas. 

Aún así, el kirchnerismo anotó en su lista la causa penal que lleva adelante el juez Ariel Lijo en los tribunales de Comodoro Py por presuntas contrataciones irregulares en la Obra Social de los judiciales, que estuvo a cargo de Maqueda durante años, antes de que dejara de estar bajo su órbita, tras la asunción de Rosatti como presidente de la Corte, a finales de 2021, como informó La Nación.

El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, es el principal apuntado en el pedido de juicio político que promueve Alberto Fernández y un grupo de gobernadores. “Ha realizado arbitrarios ataques sobre las facultades constitucionales asignadas al Poder Ejecutivo Nacional y al Poder Legislativo Nacional, lo que implica que han quebrantado con las obligaciones constitucionales que tienen a su cargo, incurriendo en la causal de mal desempeño”, dice la presentación sobre los cuatro jueces del máximo tribunal.

También los acusó de provocar un “grave ataque” al sistema federal por el fallo a favor de la Ciudad de Buenos Aires en el reparto de la coparticipación de impuestos nacionales.

A Rosatti, Fernández lo acusó “por haber incurrido en forma reiterada en conductas que configuran la causal de mal desempeño en sus funciones”. “En su inconfesable vocación cesarista, ha diseñado una maniobra arbitraria e ilegal según la cual (...) asumió en primer lugar y de forma irregular la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; posteriormente, tomó por asalto el Consejo de la Magistratura”, entre otros supuestos hechos.  “Todo ello orquestado junto a la alianza política opositora a este gobierno, específicamente junto a (Marcelo) D’Alessandro, Ministro de Justicia y Seguridad del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como se señaló previamente”, en base a los supuestos chats filtrados en las últimas semanas.

Lorenzetti

Mientras el Presidente ha puesto énfasis en la acusación contra Rosatti, en la Comisión de Juicio Político de Diputados descansan desde 2017 varios pedidos de juicio político contra Ricardo Lorenzetti. Fueron presentados por Elisa Carrió y el bloque de la Coalición Cívica (CC), integrante de Juntos por el Cambio.

El oficialismo analiza rescatarlos del olvido y por primera vez darles tratamiento, explicaron fuentes del bloque del FdT. Allí, la CC ha solicitado que se investigue a Lorenzetti por su patrimonio y supuestas relaciones con empresas privadas y la “oscura e irregular matriz administrativa del Poder Judicial de la Nación” durante su presidencia en la Corte; además de “la inapropiada e intimidatoria injerencia” sobre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

La CC incluso afirmó que en la causa de los cuadernos “habría escuchas donde se menciona ‘al loro’ (sic) -como se lo conoce a Lorenzetti en el Poder Judicial- como operador de esa causa contra el fiscal Carlos Stornelli” y presuntamente intentando “ayudar al ex funcionario de Cristina Kirchner Roberto Baratta”. 

El diputado Juan Manuel López (CC), uno de los opositores que integra la comisión, dijo a elDiarioAR: “En principio, no creo que el oficialismo tenga una real intención de avanzar con nuestro pedido de juicio político contra Lorenzetti”, un juez que ha construido y deconstruido alianzas con el que el kirchnerismo, siempre circunstanciales. “Creo que la estrategia del oficialismo de tratar ahora este pedido de juicio político contra Lorenzetti busca no sólo dividir a Juntos por el Cambio sino también a la Corte, y podría terminar en una negociación entre Lorenzetti y el Frente de Todos”.

“En segundo lugar -aseguró López-, si así lo hicieran será bienvenido por la Coalición Cívica. No vamos a retirar nuestra denuncia y no nos preocupa que se tramite eventualmente en la comisión en este contexto porque cada cargo se tramita por separado, por lo cual las acusaciones contra Lorenzetti pueden avanzar de manera independiente a los pedidos de juicio político del resto de los jueces del tribunal”

“El trabajo en la comisión permite realizar medidas de prueba de cada expediente. Nuestro objetivo no es obtener los dos tercios en el recinto de la Cámara de Diputados para que avance el proceso de juicio político, sabemos que ese objetivo es muy difícil de alcanzar porque hoy no están los votos. Pero sí tenemos la cantidad de diputados para avanzar con una investigación profunda sobre los cuatro jueces y dejar en evidencia las acusaciones en su contra”, sostuvo Tailhade.

Entre las medidas de prueba, la Comisión de Juicio Político puede citar a declarar a magistrados y funcionarios, quienes están obligados a comparecer ante los diputados, de acuerdo con el reglamento parlamentario. Los denunciados también pueden ser citados pero tienen el derecho de optar por un descargo escrito.

ED

Luego de que se difundieran presuntos chats entre Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad porteño y Silvio Robles, director general de la vocalía de la Corte Suprema y colaborador de su presidente Horacio Rosatti, el funcionario desmintió la exixtencia de la conversación y aseguró que se trata de una operación del kirchnerismo.

“Ellos generan una posverdad. Los chats son inventados, son falsos. Nunca tuve una denuncia en mis años de trabajo hasta que la condenaron a Cristina Kirchner y la Corte falló a favor de la Ciudad por los fondos de coparticipación”, se quejó D’Alessandro. “No tienen límites, revisaron las redes sociales de mi familia. Incluso la de menores”, agregó.

El titular de la cartera de Justicia y Seguridad de la Ciudad responsabilizó al diputado del Frente de Todos (FdT) Rodolfo Tailhade: “Deberá presentarse en la Justicia y explicar cómo obtuvo algo que es ilegal y no lo denunció”.

“Acá lo que buscan es distraer para cuidar a la jefa (en alusión a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner). Tailhade tendrá que explicar de dónde consiguió los supuestos chats”, apuntó.

Además de Robles, los supuestos chats filtrados de D’Alessandro también involucran a Silvia Majdalani, ex número dos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y a Marcelo Violante, titular de Dakota, empresa de acarreo contratada por la Ciudad Autónoma. Dados a conocer por el diario Perfil, el ministro habla con el vocero de Rosatti de “da para proponerle negocios a Horacio”, “juntar verdes” y de aparentes sobres con dinero.

La nueva filtración se suma a la que se dio a conocer en octubre pasado entre jueces y fiscales, como Julián Daniel Ercolini y Carlos Alberto Mahiques; funcionarios de la Ciudad, entre los que se destaca Marcelo D'Alessandro; y directivos del Grupo Clarín, donde se reveló que todos ellos se reunieron en la estancia del magnate británico Joe Lewis en Lago Escondido.

Por último, D’Alessandro negó que vaya a dar un paso al costado de su puesto, una de las versiones que trascendió tras darse a conocer el escándalo. “Voy a seguir en mi cargo, como hace siete años. Son operaciones de inteligencia. No tienen límites, voy a ir hasta las últimas consecuencias. Ellos se comportan como mafiosos, quieren a los delincuentes en la calle”, concluyó.

LC con información de agencia NA

La Justicia Federal investiga si el diputado de Juntos por el Cambio (JxC) Gerardo Milman tenía conocimiento que la noche del 1ºde septiembre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sería víctima de un intento de magnicidio y si dijo que, cuando ocurriera el hecho, él estaría “camino a la costa”, según informaron fuentes con acceso a la investigación.

El ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro calificó como “grave” el testimonio de un empleado del Congreso que declaró ante la Justicia que el diputado Milman de JxC tenía conocimiento sobre que se estaba preparando un atentado contra la vicepresidenta.

Por su parte, el diputado nacional por el Frente de Todos (FdT) y presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, Leopoldo Moreau, describió como “es una cuestión delicada” la investigación de la Justicia Federal para corroborar si Milman tenía conocimiento de que se perpetraría el intento de magnicidio.

Además, el diputado nacional por el oficialismo Rodolfo Tailhade aseguró que la jueza federal María Eugenia Capuchetti “ya debería haber citado” al diputado de la coalición opositora.

La pista en investigación

La pista que se investiga en un legajo reservado es el testimonio de un asesor del FdT en la Cámara de Diputados, quien aseguró haber escuchado al diputado Milman hacer referencia al ataque antes de que ocurriera.

El testigo de identidad reservada declaró ante la Justicia que el episodio ocurrió el 30 de agosto después de las 15:20 en el restaurante Casablanca, ubicado a metros del Congreso en la esquina de Riobamba y la Avenida Rivadavia, según la agencia oficial Télam.

El testigo dijo haber escuchado que Gerardo Milman le decía a dos mujeres con quienes compartía mesa que “cuando la maten”, él iba a estar “camino a la costa”; algo que recordó dos días más tarde, cuando se enteró del intento de magnicidio.

Repercusiones en el oficialismo

“No nos imaginábamos que la violencia política podía volver a Argentina. Es muy serio y muy grave la denuncia que dice que un diputado como (Gerardo) Milman tenía conocimiento de este hecho”, señaló el ministro De Pedro en declaraciones a El Destape Radio.

“En los bordes de JxC y el PRO aparecen elementos llamativos. La posibilidad de que haya estado involucrado el diputado (Milman) es una cuestión delicada. En la investigación, la pista tiene que ser tratada con mucho cuidado”, sostuvo el diputado Moreau en diálogo con AM750. Aseguró también que “la Justicia está dando pasos para avanzar en la causa” y “arrojar luz sobre aspectos centrales vinculados” al atentado.

Por otro lado, Moreau sostuvo que la clave de la causa a cargo de la jueza Capuchetti está vinculada con la investigación que tiene a cargo el magistrado Marcelo Martínez de Giorgi sobre el grupo Revolución Federal, y sus posibles implicaciones con el hecho ocurrido el pasado 1 de septiembre. “Naturalmente la clave es el financiamiento de Revolución Federal. En ese sentido, en la causa se ha avanzado mucho para encontrar fuentes de recursos que parecían débiles pero se han ido fortaleciendo”, opinó.

Asimismo, expresó que el descubrimiento de dinero destinado a Revolución Federal proveniente de empresas de la familia del exministro de Finanzas de Cambiemos, Luis Caputo, “da una magnitud diferente a la investigación”. Moreau considera que los vínculos aparentes entre el grupo de Jonathan Morel y el ataque a la vicepresidenta hacen que “nos acerquemos a la recalificación de las causas”.

“Mantener la causa como un intento de homicidio es absurdo, creo que estamos ante un hecho de terrorismo. Es un hecho institucional, hay que recalificar la investigación. Todo tiende a unificar las causas”, concluyó el presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia.

El legislador Tailhade, en diálogo con la radio AM990, señaló: “A esta altura la jueza ya debería haber citado a Milman. Es un diputado de la nación, no cualquier persona. No se puede estar dando vueltas alrededor de un tema tan serio. Si tiene miedo que lo llamen como testigo, pero no puede pasar tanto tiempo”. Sostuvo que “la jueza tomó medidas porque ratificó la reunión de Milman con estas dos mujeres y todo lo que dijo el testigo que había pasado, aparentemente ya lo tiene demostrado”.

En ese marco, el diputado de la coalición oficialista y titular de la comisión de Justicia de la Cámara baja advirtió que, hasta ahora, hubo “una respuesta muy lenta y pasiva” por parte de Capuchetti, ya que el testimonio “tiene varios días”. Recordó que Milman “no solo fue jefe de gabinete” de la exministra de Seguridad Patricia Bullrich durante la gestión de Cambiemos, sino que también “estaba a cargo de la inteligencia criminal”, donde se hicieron “muchas operaciones del estilo espionaje ilegal macrista”.

“También tengo el dato que las dos mujeres que estaban con Milman trabajaban en inteligencia criminal en el ministerio de Seguridad”, sentenció, referenciando a Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz, las dos mujeres que en la tarde del 30 de agosto en dicho restorán compartieron la mesa con Milman.

Por otra parte, Tailhade criticó el hecho que las causas de la organización de ultraderecha y la del atentado a la Vicepresidenta no estén unificadas, y atribuyó esa decisión procesal a una “estrategia de Comodoro Py”, para que “no haya resultados en ninguna” de las investigaciones.

Sobre el posible financiamiento a Revolución Federal por parte de un fideicomiso de la sociedad Caputo Hermanos, el diputado advirtió que “no hay nada que cierre alrededor” de aquel grupo empresarial ya que insistió en el hecho que “no hay explicaciones razonables” en la contratación de la carpintería de Morel para unas obras de construcción en Neuquén.

En ese sentido, el legislador del FdT remarcó que el grupo que organizó la Marcha de Antorchas contra la Casa Rosada y que llevaba guillotinas a protestas opositoras “estaba evidentemente muy bien financiado”. Profundizó: “Las explicaciones, de momento, a mí no me cerraron. Cómo llegan a la carpintería de (Jonathan) Morel una empresa constructora del nivel de Caputo cuando no tenía ni un cartel que lo identificara”.

Por último, agregó que desde la sociedad de Caputo Hermanos hubo “especulación” para tratar de mantenerse alejados a la investigación, y que solo se presentaron ante el juzgado cuando “se enteraron que era inevitable”. “Es una cosa detrás de la otra. Uno no quiere pensar mal pero está demasiado explícito”, concluyó.

LC con información de agencia Télam

“Quiero felicitar a la diputada Reyes que se va a integrar el Consejo de la Magistratura. Le deseo mucha suerte en esta tarea”. La frase del kirchnerista Rodolfo Tailhade rompió el clima que había en la reunión de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales, que estaba a punto de iniciar el debate por la reforma del organismo judicial, impulsada por el oficialismo y muy cuestionada por la oposición. En silencio, la radical Roxana Reyes devolvió las gentilezas con un gesto desde su silla.

La decisión de la Corte Suprema de aceptar la designación de los legisladores Reyes, por Diputados, y Martín Doñate, por el Senado, como miembros del Consejo de la Magistratura se coló este martes en el plenario de comisiones que se llevó a cabo en la sala 2 del Anexo C de la Cámara baja.

Fue el propio Tailhade el que metió el tema, luego de haber cuestionado la decisión de la Corte por su demora de más de un mes: “Estaban tratando qué encontrar para joderlos, fundamentalmente a Doñate”, le dijo el diputado del Frente de Todos a elDiarioAR. 

“Borraron con el codo lo que escribieron con la mano, porque (el presidente del máximo tribunal, Horacio) Rosatti dice que no puede funcionar si no está totalmente integrado el Consejo. Entonces era una cuestión que tenía que ser sí o sí. No tenían ningún argumento para rechazarlo”, agregó el titular de la comisión de Justicia.

Reyes fue de las pocas figuras de la oposición que participaron del plenario, pero se retiró antes que finalizara, sin hacer declaraciones a la prensa. Con ella, desde la oposición estuvieron Mario Negri, de la UCR; Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, Luciana Lospenatto y Pablo Tonelli, de PRO, y Margarita Stolbizer, de Encuentro Federal. Varias sillas se mostraron vacías durante el debate, a diferencia del plenario que hubo durante la mañana en el mismo Anexo C sobre la boleta única de papel, iniciativa impulsada por todo el arco opositor.

“Vamos a acompañar a Reyes en su jura; para nosotros el criterio de selección fue el adecuado. Pero no pasó lo mismo en el Senado, donde hubo un fraude a la ley”, dijo Negri, al salir del plenario, sobre el nombramiento de los consejeros. Por la Cámara alta la oposición había propuesto a Luis Juez, que quedó afuera luego de que Cristina Kirchner dividiera el bloque oficialista para ganar dicho asiento como segunda minoría.

La reforma

La reforma del Consejo impulsada por el oficialismo –que dispone el número de miembros de la Magistratura en 17 y excluye a la Corte Suprema– es rechazada por todo Juntos por el Cambio. Desde el lunes 18 de abril, la Magistratura funciona con 20 miembros y está a cargo del supremo Rosatti, luego de que declarara inconstitucional la composición anterior, de 13 miembros.

La agenda del plenario de las comisiones de este martes estuvo marcada por la participación de cuatro invitados, principalmente convocados por el oficialismo para robustecer su proyecto, que ya tuvo media sanción en el Senado. Tres de las cuatro voces especialistas acompañaron el punto de que la Corte esté excluida del Consejo, o por lo menos que no lo presida, una modificación que no contempla la iniciativa original que ahora el kirchnerismo estaría dispuesto a aceptar para que avance su tratamiento en Diputados, donde no tiene el número suficiente de votos propios para darle sanción definitiva. 

Tal como anticipó elDiarioAR, el FdT estudia buscar llegar a un acuerdo con parte de la oposición, como el Interbloque Federal y Provincias Unidas, que acompañarían que el máximo tribunal integre el organismo. En esa estrategia la diputada Graciela Camaño (Interbloque Federal) sería una pieza clave, aunque no participó del plenario de esta tarde. “Ya es una buena señal que Graciela Camaño aporte el debate. Vi un proyecto de ella de 2011 que va en ese sentido”, señaló Tailhade también en declaraciones periodísticas.

“Considero relevante que que sea el propio Consejo el que decida sus autoridades, y no que lo dicte la propia ley”, apuntó Darío Kusinsky, rector de la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPaz), el primero de los especialistas en tomar la palabra en el plenario.

“El consejo no depende del Poder Judicial, sino de todos los poderes del Estado. Es importante que se trabaje y respete la independencia del Poder Judicial”, indicó Marcela Ruiz, presidenta de la Asociación de Magistrados de Tucumán y de la Federación Argentina de la Magistratura. Y apuntó: “Necesitamos un Consejo ágil, despolitizado y sin burocracia”. 

A su turno, Milagros Noli, secretaria letrada de la Suprema Corte de Mendoza, también acompañó que el máximo tribunal no ocupe la presidencia del organismo judicial.

El único invitado en contra de la iniciativa oficialista fue Miguel Piedecasas, ex presidente del Consejo. “La Corte participando también se autolimita”, defendió el abogado jurista, y en un sonado discurso le exigió al plenario de comisiones: “Saquen una ley nueva y compleja, que regule todos los aspectos, con un altísimo consenso para que tenga base política-institucional”.

Con más invitados en agenda, el plenario de las comisiones por el Consejo de la Magistratura continuaría la semana próxima, pero es incierta la fecha en que el oficialismo buscará llevar el proyecto al recinto. Primero, debe conseguir los apoyos necesarios de la oposición para alcanzar el número mágico de 129 voluntades a su favor –hoy apenas tiene 117–, sin el cual la reforma que desvela a Cristina Kirchner está condenada al fracaso.

Oficialismo y oposición coinciden actualmente en muy pocas cosas pero una excepción clara es que ambos sectores están de acuerdo en que la reforma judicial impulsada por el presidente Alberto Fernández en 2020 no será ley, al menos, dicen, por los próximos dos años, de acuerdo con las consultas realizadas por elDiarioAR a legisladores de ambas fuerzas. Un segundo proyecto clave, la nueva Ley del Ministerio Público Fiscal, principal apuesta del kirchnerismo puro contra el Poder Judicial, también retrocedió en el Congreso: volvió a foja cero en Diputados y Argentina está más lejos de tener un jefe o jefa de los fiscales, cargo vacante desde hace cuatro años. El dictamen de comisión que había logrado el kirchnerismo cayó con la renovación legislativa y será muy difícil para el oficialismo volver a conseguir esos números que tanto les costó en 2021.

Si bien ninguno de los dos proyectos de ley perdieron estado parlamentario, su supervivencia en el Congreso hoy sería testimonial. Juan Manuel López, diputado de la Coalición Cívica (Juntos por el Cambio) explicó a este medio que “al tener media sanción del Senado, para ambos proyectos se prorroga el estado parlamentario por un año más” pero confirma que la oposición está a años luz de apoyar ese proyecto en las circunstancias actuales.

“En el caso del proyecto de ley de reforma del Ministerio Público Fiscal, conseguir los votos para el dictamen de comisión fue difícil para el oficialismo ya en 2021. Con la nueva composición en la Cámara, será todavía más difícil volver a conseguir esos números”, agregó López. “Si los proyectos no son aprobados en 2022, entonces sí ambos perderán estado parlamentario en 2023”, aseguró, y entonces quedarán definitivamente fuera de agenda.

“Si nos ajustamos al reglamento de la Cámara, el dictamen de comisión caería a finales de febrero, principios de marzo, cuando se defina la conformación de las comisiones legislativas de Justicia y Asuntos Constitucionales”, se limitó a responder el diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), expresidente de la primera de esas comisiones. 

En el oficialismo, sin embargo, reconocen que la “tradición” en Diputados es que los dictámenes caigan en diciembre. Hay una ventana clave: el kirchnerismo tiene tiempo hasta finales de diciembre para forzar el tratamiento del proyecto en el recinto, con la extensión de las sesiones ordinaria. “Pero eso no va a suceder”, aclaró una fuente del bloque. No existe ni la remota posibilidad de consenso para lograr la ley en los próximos días y la prioridad es la agenda económica, afirman.

Mientras los proyectos se estancan en Diputados, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner logró sus propios triunfos personales en los tribunales federales. En lo que va de 2021, obtuvo tres sobreseimientos anticipados, previos a los juicios orales y públicos previstos en los casos Dólar Futuro, Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces. En este último también iba a ser juzgado Máximo Kirchner, titular del bloque del Frente de Todos en la Cámara baja.

Un/una jefe para los fiscales

El oficialismo tenía hasta el 10 de diciembre para conseguir el quórum en la Cámara de Diputados y tratar en el recinto el dictamen de las comisiones legislativas de Justicia y Asuntos Constitucionales. Desde finales de 2017, Argentina no tiene un Procurador General de la Nación, cargo central en la vida democrática de un país: un jefe o jefa de los fiscales federales y nacionales que lleve adelante la política criminal y judicial del Ministerio Público Fiscal, que active los concursos para nombrar nuevos fiscales y que encabece la aplicación en todo el país del sistema acusatorio, a tono con lo que sucede en el resto del continente, donde los fiscales investigan y los jueces sólo juzgan.

Para conseguir su procurador, el Ejecutivo requiere que los dos tercios del Senado apruebe a su candidato. El proyecto, impulsado por el sector más afín a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, busca flexibilizar las condiciones para nombrar y desplazar al Procurador General de la Nación.

Conseguir la sanción de este proyecto era la “prioridad” de Martín Soria cuando asumió como ministro de Justicia, a finales de marzo. El entonces diputado se incorporó al Gabinete tras el desplazamiento de Marcela Losardo, a quien el kirchnerismo le adjudicaba el fracaso del avance de este proyecto y el de la reforma judicial.

El principal punto del proyecto es que el procurador o el jefe de los fiscales pueda ser elegido por mayoría absoluta en el Senado (el voto de más de la mitad de los presentes), en lugar de los dos tercios exigidos actualmente. También contempla que en Diputados alcance con una mayoría de la mitad más uno de los miembros presentes para iniciar el juicio político y buscar la destitución del procurador. Antes de las elecciones legislativas de noviembre, este proyecto hubiese permitido al Gobierno nombrar a su candidato sin un acuerdo con parte de la oposición. 

El candidato del Presidente para ocupar este cargo central es el juez federal Daniel Rafecas pero, a excepción de Elisa Carrió, tanto la oposición como el kirchnerismo se negaron a impulsar su pliego en el Senado, según reconocen opositores y oficialistas. El juez, además, se opuso públicamente a asumir si se lograba modificar las mayorías para elegirlo. La Procuración está a cargo de Eduardo Casal de manera interina. El funcionario es procurador ante la Corte Suprema y estaba en la línea de sucesión cuando Alejandra Gils Carbó presentó su renuncia, ante el embate del macrismo y un sector de los tribunales federales, en 2017.

La reforma que no será

Con este proyecto para intentar nombrar un Procurador con nuevas condiciones, el kirchnerismo puro desplazó como prioridad de la agenda legislativa al de reforma judicial del presidente Fernández, para el que el mandatario había convocado a una comisión de juristas que lo asesorara.

La reforma judicial también tiene media sanción del Senado pero nunca se trató en comisión de Diputados por lo que ni siquiera estaba en condiciones de pasar al recinto para su tratamiento como ley. 

Fernández propuso un reordenamiento de la Justicia federal en todo el país y en cuanto a los tribunales de Comodoro Py 2002, donde se investigan los casos de presunta corrupción del poder político, propuso fusionar el fuero con Penal Económico -que investiga casos de lavado, tributario y contrabando-, obligando a los jueces y fiscales federales a compartir su cuota de poder con los colegas de la sede de la calle Inmigrantes. Además, los juzgados a cargo de las causas contra el Gobierno pasarían de 12 jueces a 46 (los 12 penales, 12 penales económicos y otros 24 nuevos cargos).

ED

La carrera de Rodolfo Tailhade como denunciante serial del macrismo empezó en septiembre de 2015, justo antes de asumir su primer mandato como diputado, con un paquete de presentaciones que no llevó su firma. El dirigente de La Cámpora prefirió delegar esa tarea en un grupo de abogados de confianza, porque acaba de cerrar su paso por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). De regreso en el Ministerio de Justicia, donde había tenido su primera experiencia en la gestión, en 2010, recibió un encargo de su jefe, el entonces secretario de Justicia, Julián Álvarez. “Me pidió: ‘¿Por qué no empezás a hacer algunas denuncias?’. Se ve que alguien había bajado la línea de ‘che, empecemos a denunciar’, y armé 15 o 20 denuncias, entre ellas la de Fernando Niembro”, cuenta, sobre el caso que hizo que el periodista deportivo, acusado de cobrar $21 millones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en concepto de pauta publicitaria y otros servicios, renunciara a su candidatura a diputado, en plena campaña.

“Venías de la AFI e hiciste 15 denuncias. ¿Usaste información de inteligencia?”, pregunta elDiarioAr, en el inicio de un encuentro de más de dos horas. “No, era información de acceso público. Armé un buen equipo. Me di cuenta de que podíamos hacer buenas denuncias, pero que necesitábamos que alguien las amplificara. Hoy hago las denuncias yo, las movemos en los medios y son noticia en todos lados”, responde.

(Julián Alvarez) me pidió: ‘¿Por qué no empezás a hacer algunas denuncias?’. Se ve que alguien había bajado la línea de ‘che, empecemos a denunciar’, y armé 15 o 20 denuncias, entre ellas la de Fernando Niembro

En el despacho de Rodolfo “Rodo” Tailhade, una oficina con vista a la cúpula del Congreso, se respira un aire efervescente. El día anterior, la jueza Marta Ciruli decretó la quiebra de Correo Argentino SA. “Ahora vamos a acusar a Macri por genocidio de pollos”, bromea el diputado, mientras dos colaboradores trabajan en la redacción de una denuncia contra el grupo Socma por la quiebra de un frigorífico en Chapecó, Brasil, en 2005. 

Tailhade y sus colaboradores usan tazas blancas con números negros, que dicen “Pu Lof”, una referencia a la comunidad mapuche que instaló un campamento en Cushamen, Chubut, en 2017. Es un chiste interno: así habían bautizado al despacho, oscuro y casi sin ventilación, que le habían asignado a Tailhade durante el gobierno de Macri. Los números de las tazas también tienen un significado, medio en serio, medio en broma. “Es un regalo de mi cuñada, que había escuchado que acá los chicos siempre me decían ‘El Uno’”, cuenta el diputado, y aclara que, de acuerdo con ese orden jerárquico, el cero le correspondería al ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, su jefe político. Entre varias fotos de Néstor y de Cristina Kirchner, sobre un aparador sobresale una imagen icónica del Mundial 2014: Javier Mascherano, de espaldas, plantado frente a dos jugadores belgas, que le sacan más de una cabeza. “Me la regalaron unas docentes, en 2016, porque decían que así me plantaba yo contra el macrismo”. Pese a la identificación con el público que logró ese seleccionado, dirigido por Alejandro Sabella, al hablar de fútbol Tailhade se declara fanático de Marcelo Bielsa: “Es la mejor persona del mundo, después de Néstor y de Cristina”.       

Nosotros podemos tener algún corrupto, pero ellos tienen una matriz corrupta. Hablo del macrismo. La UCR es otra cosa y la Coalición Cívica también, por eso nunca los denuncié.

-Te fuiste convirtiendo, en la mirada de la oposición, en un supervillano del kirchnerismo. ¿Cómo convivís con eso?

-Me gusta. Cada militante tiene un aporte particular para hacer, y a mí me toca una dimensión que el kirchnerismo nunca había transitado, que es la denuncia, la pelea judicial. 

-Pero el kirchnerismo es crítico de la judicialización de la política.

-Sí, de hecho, compañeros me han criticado. Sé que la política pasa por otros carriles, pero no podemos dejar vacante ese lugar, y yo lo aproveché. No vine para levantar la mano, vine para trascender, siempre con el objetivo de ayudar a mi fuerza política.

Con las distancias que me separan de Carrió y con todas las salvedades que merece esa comparación, mi idea era ser un contrapeso de la estructura y de esa lógica que simboliza Carrió.

-Te convertiste en una suerte de Lilita Carrió del kirchnerismo.

-Sí, puede ser. Es que, con las distancias que me separan de Carrió y con todas las salvedades que merece esa comparación, mi idea era ser un contrapeso de la estructura y de esa lógica que simboliza Carrió. Estoy convencido de que hay que pelearse en el barro. No salís solamente defendiéndote y cuestionando la judicialización, porque así estuvimos 15 años puteando. ¿Qué pasó? Las causas se acumularon hasta que tuvieron el poder y las usaron para sus objetivos políticos. La discusión tenía que ser en el territorio que ellos nos proponían. Teníamos que bajar a ese nivel de pelea, de suciedad, por lo menos para tratar de neutralizarlos. No es que mi propósito sea meter en cana a todo Juntos por el Cambio.

-¿A Macri?

-Me gustaría que Macri tenga un juicio, en algún tema, y se establezca su responsabilidad. Porque hasta ahora, toda su vida ha zafado, de todo. El objetivo central era mostrar que acá no hay, como pretenden instalar, corrupción de un solo lado. No, pará. En todos lados se cuecen habas y, sumergidos en esa lógica, no hay mucha diferencia entre ustedes y nosotros. Creo que logré el objetivo, porque hoy soy una marca. Para algunos, soy un villano; para otros, el que siguió el juego de la judicialización, y para muchos, el que se plantó en pleno auge del poder macrista.

-Mascherano contra los belgas.

-Exacto. Hay de todo. Pero en definitiva logré que ellos ahora estén investigados por corrupción, al igual que nosotros.

-¿La conclusión de eso es: “Ustedes son tan corruptos como nosotros”?

-No. Obvio que hay ejemplos de compañeros nuestros… Ricardo Jaime reconoció… hoy está a las puteadas y creo que tiene razón, pero en algún momento él reconoció, por lo que sea, porque era un juicio abreviado, porque si no le daban una pena mayor, por lo que sea, pero reconoció (haber cobrado dádivas de los empresarios a los que debía controlar). No puedo desconocer eso. Tampoco puedo desconocer los bolsos de López (José). Ahora, la organización política que yo integro no milita para llenarse los bolsillos, o para agarrar una ventaja. En cambio, Macri y toda su banda vinieron a hacer negocios. Es lo que trato de mostrar. Nosotros podemos tener algún corrupto, pero ellos tienen una matriz corrupta. Hablo del macrismo. La UCR es otra cosa y la Coalición Cívica también, por eso nunca los denuncié. 

-Jaime y López venían trabajando con los Kirchner desde Santa Cruz. ¿Nunca se dieron cuenta de que tenían en sus filas a dos corruptos semejantes?

-Habría que ver si estuvieron en la joda toda su vida, cosa que es difícil de afirmar, porque hasta donde sé lo de López tiene que ver con los últimos años de la gestión. No tenía 9 millones de dólares desde los 80. Y Jaime también: el barco, el auto aparecen en la etapa del gobierno nacional. Eso no lo podés hacer en Santa Cruz porque son territorios chicos, donde enseguida se conoce lo que hacen los funcionarios. En el gobierno nacional no es tan sencillo darse cuenta de eso.

Me gustaría que Macri tenga un juicio, en algún tema, y se establezca su responsabilidad. Porque hasta ahora, toda su vida ha zafado, de todo. El objetivo central era mostrar que acá no hay, como pretenden instalar, corrupción de un solo lado. No, pará.

Tailhade llegó a la AFI en enero de 2015, después de la salida de Jaime Stiuso y de la muerte de Alberto Nisman. El entonces Señor 8, Juan Martín Mena, lo convocó para ocupar la subdirección de contrainteligencia. “Fue una buena experiencia”, responde el diputado, sin complejos, sobre esos meses que lo sumergieron en un mundo que lo intrigaba y que, cuenta, le dejó “amigos”, “contactos” y una fama de espía que, dice, trata de usar a su favor. Abandonó el organismo a mitad de ese año, porque quería ser candidato a intendente de Malvinas Argentinas, donde vive desde 2009, con su mujer y sus tres hijos. Pero perdió la pulseada interna con Leonardo Nardini. 

Oriundo de Choele Choel, un pueblito de Río Negro, se había sumado a La Cámpora en 2009, después de trabajar con Mariano Recalde en Abogados por la Justicia Social (Ajus), una agrupación formada para controlar el claustro de egresados de la Facultad de Derecho de la UBA. Hasta entonces, su vida apuntaba hacia otro lado. Había hecho carrera en un estudio penalista de renombre, después de haber trabajado cuatro años en el juzgado de Alberto Baños, el magistrado que investigó el robo de las manos de Juan Perón. Llegó ahí por una gestión de su padre, un frondizista que fue secretario de Trabajo en Río Negro.   

-Ser un supervillano del kirchnerismo implica también peleas públicas, en el recinto y en Twitter, en particular con Fernando Iglesias. ¿Lo disfrutás?

-Sí. No me afecta el trollaje que me tiran. Soy de la idea: “hablen mal, hablen bien, pero que hablen”. El propio Macri me mencionó y me sirvió. Disfruto pelearme con las vacas sagradas, como Morales Solá. Me divierte y no tengo miedo a las consecuencias. La Nación me sacó dos editoriales y Clarín también me pega bastante. Siempre aparezco. El otro día me comentó Cristina: “¿Viste la nota de Van der Kooy de hoy?”. Yo le dije: “No, no leo Clarín”. 

En 2017 hice una intervención en Diputados diciendo que Garavano (Germán) y Laura Alonso querían sacar a Macri del caso Odebrecht, y Cristina me llamó para felicitarme. Se me aflojaron las piernas.

-¿Cuándo llamaste la atención de Cristina por primera vez? 

-En 2016 hicimos con Martín Doñate una denuncia contra el ministro de Energía (Juan José Aranguren) por el negociado con Chile, y ahí tuve un primer comentario que me hizo llegar alguien. Una vez me citó al Patria, a mediados 2016, y ahí tuve mi primera charla. En 2017 hice una intervención en Diputados diciendo que Garavano (Germán) y Laura Alonso querían sacar a Macri del caso Odebrecht, y me llamó para felicitarme. Se me aflojaron las piernas. De ahí en adelante, cada vez que yo hacía alguna movida me llamaba para ver cómo eran las cosas, o me llamaba para darme algo de información y en función de eso que yo tirara del piolín para llegar a algo. 

-¿Son reales las peleas con Iglesias? ¿Qué pasa si te lo cruzás en un pasillo?

-Está acostumbrado a provocar, pero no voy a reaccionar. Como soy mal hablado, dicen que soy violento, están esperando que tenga una reacción, pero no les voy a dar el gusto. Pero la pelea es real. Iglesias me parece un personaje repugnante, que además responde directamente a Macri. Cuando me las agarro con él, me estoy peleando con su jefe.   

Tailhade mantiene su vozarrón intacto, pero perdió peso en los últimos meses por un problema de salud. Padece poliquistosis renal, una enfermedad que heredó de su madre, profesora de Letras, y que no tiene cura. Lunes, miércoles y viernes, de 6 a 10 de la mañana, hace diálisis, mientras espera por un trasplante de riñón. Sus hermanos, que no heredaron la enfermedad, están haciendo estudios de compatibilidad, para avanzar en la donación. El diputado lo cuenta sin cambiar el tono, sin dramatismo. 

-¿Te gustaría que el Gobierno fuese más rápido y más a fondo en temas como la reforma judicial?

-Sí, por supuesto. Creo que nos equivocamos al no plantear que es imprescindible discutir una nueva Corte. Es imposible que este gobierno pueda terminar bien con la Corte que tenemos. Ni en este gobierno ni en el que sigue. 

-En la campaña, Alberto Fernández dijo que no iba a reformar la Corte y que estaba integrada por jueces “honorables”.

-No comparto esa apreciación. Pero entendí que Alberto quiso legitimar a esos jueces, muy cuestionados por nuestro espacio, para que encabezaran un proceso de renovación del Poder Judicial desde adentro. Pero nunca tuvieron la intención de hacer nada de lo que planteaba Alberto. Hoy está claro que nos equivocamos. El camino debió haber sido modificar la Corte. 

-¿Qué habría que hacer?

-Ampliar la Corte. Es una medida elemental frente a una situación tan compleja como la que tenemos. No tenemos los dos tercios para nombrar los nuevos jueces. Pero si ampliás la Corte como hay que ampliarla, a 15, a 18 integrantes o más, el problema de conseguir los dos tercios se neutralizaría. Porque si tenés para nombrar a 12 jueces, podés hacer acuerdos políticos amplios: yo me quedo con tantos, o yo propongo a tantos y vos proponés a tantos. Hay un margen que se abre para la discusión. Lo que pasa es que, evidentemente, el Gobierno no quiere transitar ese camino. 

Hoy soy una marca. Para algunos, soy un villano; para otros, el que siguió el juego de la judicialización, y para muchos, el que se plantó en pleno auge del poder macrista.

-¿Es un gobierno menos transformador de lo que te gustaría?

-Y, bueno, sí, por supuesto. Lo que pasa es que también las transformaciones que uno tiene en mente son demasiado profundas para hacerse en una sola gestión, y menos en medio de una pandemia.

-¿Termina siendo un gobierno tibio?

-No creo que sea tibio. Hay casos en los que podés tener una visión particular. En el caso Vicentín, por ejemplo, más que decirle tibio lo que podés cuestionar es que por ahí avanzó sin tener una idea clara de lo que quería hacer. Pero no es tibio un gobierno que se la jugó por Evo Morales, cuando nadie se la jugaba. 

-¿Estás de acuerdo con que Daniel Rafecas sea el próximo procurador?

-Estoy de acuerdo con la propuesta que haga el Presidente. Si la propuesta es esa, la acompaño. Es de los mejores jueces de Comodoro Py. Es una persona seria y honesta, que estudia y está capacitada. Pero no me parece que sea el más indicado. No creo que el mejor perfil sea un procurador que sea parte del sistema judicial. Sobre todo en la etapa que viene, con sistema acusatorio. Hay que tener arriba una cabeza que no piense en espejo a los fiscales. Tiene que tener una visión integral, superadora. El tema es que como no tenemos los votos, cambiamos la estrategia y ahora vamos a modificar la ley.

-¿Creés en la independencia judicial, o que debería haber un reparto de poder político más equilibrado en la Justicia?

-Los jueces tienen que ser los mejores. Eso quiere decir que tienen que tener conocimiento jurídico, sensibilidad social y eso te lo da una ideología. No digo que tengan que ser todos peronistas, pero nosotros tenemos que buscar un perfil de juez, y en ese perfil de juez tiene que confluir una sensibilidad social por los más débiles. Tienen que estar consustanciados con los intereses nacionales. Eso te da la independencia más importante, que es la independencia de los poderes reales, de los poderes económicos concentrados.

GS/WC