El futuro ambiental de Argentina, la conservación de su invaluable patrimonio natural y las medidas y omisiones en política ambiental están en la fila de las decisiones pendientes del presidente electo Javier Milei y la mesa chica que integra con el expresidente Mauricio Macri y la excandidata Patricia Bullrich. 

Lo único que está claro hasta el momento, informaron en La Libertad Avanza (LLA) a elDiarioAR, es que la cartera gubernamental descenderá de categoría, presupuesto, infraestructura y relevancia: pasará de ministerio nacional a secretaría, como mínimo.  

LLA sí tiene hasta el momento un interlocutor con algunos espacios del sector ambiental: Federico Caeiro, exfuncionario porteño, del espacio de Bullrich y enviado por Guillermo Francos, futuro ministro de Interior de Milei. Hasta el momento, se dedicó a escuchar a diferentes referentes ambientales, según pudo reconstruir elDiarioAR de fuentes directas.

Caeiro no es un negacionista del cambio climático, a diferencia del presidente electo, pero sí tiene una concepción del ambiente diferente a la de las muchos ONGs argentinas que trabajan por la conservación del ambiente y la biodiversidad. El exfuncionario es técnico agropecuario y su visión es sobre todo económica o sobre los impactos del cambio climático en la actividad económica. Fue director de la Reserva Ecológica Costanera Sur, bajo la órbita del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

Bajo qué ministerio estará englobada la cartera de Ambiente también está por definirse. Las opciones que se barajan hasta el momento indican que podría estar bajo el mando del ministerio de Interior de Francos; la Jefatura de Gabinete, que estará al mando de Nicolás Pose, ex Corporación América; o Capital Humano, el ministerio que por el momento está a nombre de Sandra Pettovello y engloba Salud, Educación, Trabajo y Niñez y Familia (hoy Desarrollo Social).

Cambios climáticos

La asunción de Milei tendrá un marco ambiental central a nivel internacional: coincidirá con los últimos días de la cumbre climática más importante a nivel global, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, conocida como COP28, que se realizará en Dubai, entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre. 

La COP28 es la reunión anual de líderes de gobiernos, negocios, ONG y sociedad civil para intentar alcanzar soluciones concretas al Cambio Climático, cuya existencia el presidente electo argentino niega por considerarlo  una “invención del socialismo”.

El saliente ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié, tenía planificado hasta el martes encabezar la comitiva argentina del gobierno saliente, que estará en Dubai entre el 30 de noviembre y el 10 de diciembre, pero el funcionario decidió no viajar, al igual que el director General de Proyectos con Financiamiento Externo y Cooperación Internacional, Martín Illescas, según fuentes de su cartera a elDiarioAR, aunque no explicaron los motivos del cambio repentino.

Argentina estará representada por una comisión integrada por técnicos y encabezada por la secretaria de Cambio Climático, Cecilia Nicolini, y la directora nacional de Cambio Climático, Florencia Mitchell, quienes defenderán la posición del gobierno de Alberto Fernández: que el 86% de las emisiones de gases de efecto invernadero es producido en el hemisferio norte, en tanto el hemisferio sur representa el 14% y que por lo tanto no deben exigirse a los países del Sur Global niveles de compromiso que son incumplidos por quienes los reclaman (el Norte Global). De fondo, los países pugnan por cientos de miles de millones de dólares que los países más pobres reclaman a las potencias por las consecuencias del Cambio Climático, como la profundización de inundaciones y sequías. 

LLA aún no confirmó si enviará representantes del nuevo gobierno.

También está pendiente decidir el futuro de la Administración de Parques Nacionales y bajo qué ministerio quedaría englobada. Este organismo es central en la conservación del patrimonio natural de la Nación, ya que es el encargado de mantener el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (55 a nivel federal), destinado a la conservación de la diversidad biológica y los recursos culturales del país. Actualmente depende del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y las versiones hasta el momento hablan de un traspaso a Defensa o Agricultura, que tendrá el nombre de Bioeconomía.

Nota: este artículo se modificó el 24 de noviembre a las 21:36 y el 25 de noviembre a las 11:38.

ED/JJD

Juan Cabandié recibe en su despacho con remera blanca. Uniforme para enfrentar la ola de calor agravada por la crisis climática, más allá de que le funciona el aire acondicionado. Llegó a su cargo de ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible hace tres años y medio sin conocimientos de la materia pero con dotes para la conciliación, necesarias en una área que divide aguas. Venía de unir a Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner. Una alianza malherida. Ahora Cabandié domina el tema de su cartera, pero el calentamiento global y local exige medidas urgentes.

Como ministro de Ambiente, ¿cómo evalúa la ola de calor?

La ola de calor prolongada es un síntoma de de varios factores. Hay un factor que tiene que ver con un fenómeno natural, que es La Niña, que es la sequía, que junto a la ola de calor es el período prolongado más extenso que haya habido. Que haya sido tan extendido es un síntoma de calentamiento global. En los últimos 20 años se registran aumentos consecutivos de la temperatura promedio en Argentina. A eso se le llama calentamiento global, crisis climática, donde los registros que se toman dentro de la Convención Marco del Cambio Climático de Naciones Unidas indican que hemos alcanzado el 1,15 grados por arriba del promedio. El objetivo que tenemos los países y que hemos acordado dentro del Acuerdo de París, que fue en 2015, es no superar el 1,5 en 2030 y estamos cada vez más cerca. De hecho, los registros locales del Servicio Nacional Meteorológico indican que estamos en 1,3 en los últimos 20 años.

Ante esta situación, ¿qué hace Argentina?

Tenemos que hacer lo que estamos haciendo y acelerarlo. Pero nuestro aporte de gases de efecto invernadero que produce el calentamiento global es menor al 0,9%. Estados Unidos es el 15%. Europa es el 12. China, el 25. Siempre reclamamos que se cumpla lo que se estableció en 2009 en Estocolmo, en un encuentro internacional de cambio climático, donde los países centrales se comprometieron a financiar a los países en desarrollo y a los de renta baja, es decir, África, Latinoamérica y países del sudeste asiático en desarrollo, unos 100.000 millones de dólares por año, asumiendo la responsabilidad diferenciada.

Por eso en la última COP (sigla en inglés de Conferencia de las Partes), la COP 27, en Egipto, se discutió eso.

En la anteúltima COP en Glasgow, los países centrales y la ONU nos pidieron a varios países que firmemos un acuerdo de carbono y cuidado de bosques. Hace un año hubo otra reunión, en Egipto. Nos dijeron que ese acuerdo ya no estaba más. “Ahora tenemos un nuevo acuerdo para que firmen.” Entonces es un nunca acabar. Es una tomada de pelo. Ante esa situación, uno se pregunta si los países centrales quieren realmente solucionar los problemas. ¿Están dispuestos a modificar los métodos productivos? Porque si Europa, Estados Unidos, China tienen aspiraciones de seguir creciendo a tasas de 5%, entonces es en vano. Argentina crea más parques nacionales, ya tenemos tres en esta gestión. En el Congreso hay dos con media sanción a punto de ser tratados. Aumentamos la cantidad de recursos para combatir los incendios forestales y triplicamos la cantidad de bases, duplicamos la cantidad de gente, nuevos aviones, alquilamos aviones como nunca antes habíamos alquilado, compramos ropa con equipamiento, transferimos a las provincias y construimos plantas de tratamiento de residuos para que los plásticos no lleguen al mar, para tratar bien los residuos, porque los basurales a cielo abierto también son emisores de los gases de efecto invernadero. Tiene que tener un rol la matriz energética, su modificación, los beneficios para que los países en desarrollo que tenemos dificultades en el acceso a las divisas tengamos una vía accesible para modificar matriz energética.

Sin ese financiamiento, ¿qué puede hacer Argentina hoy para reducir emisiones? Porque el país está tratando de explorar en el mar petróleo, que es uno de los causantes del calentamiento global, está haciendo el oleoducto de Vaca Muerta. Además Greenpeace acusa al gobierno de Chaco de permitir deforestar lugares donde antes no estaba permitido. Y en paralelo hay escuelas y casas que se quedan sin luz ante la ola de calor. ¿Habría que reforzar el sistema energético para que no colapse ante una demanda que aumenta? ¿O habría que mejorar las escuelas para que haya ventiladores o aire acondicionado?

Hoy el desarrollo humano no ha logrado reemplazar en un 100% ni el gas ni el petróleo. Ahora el gas y petróleo reemplazan al carbón sin reemplazar el carbono. Para que los países que utilizan carbón para producir energía dejen de usarlo, se necesitan inversiones. ¿Cuáles son los países que usan carbón? Alemania y China, entre otros. Hoy, Alemania usa más carbón que hace cinco años. China intenta ir reduciendo el uso del carbón y por eso sale a comprar todo el hidrocarburo que se produce en Rusia. Ahora, si nosotros tenemos gas, que es un combustible de transición, según está determinado por la Unión Europea, y con ese gas no solamente nos evitamos importar energía y utilizar dólares, sino que, al contrario, reemplazamos 7.000 millones de dólares anuales, y al mismo tiempo el excedente de nuestro gas se exporta a Alemania o China para que dejen de usar carbón, la verdad es que no veo nada contrario a tener ese gas y utilizarlo en el marco de la transición ecológica. Ahora, si el mundo no desarrolla y no innova con el hidrógeno verde y no reemplaza ese gas con molinos eólicos, paneles solares, estamos en la misma.

El gas es energía de transición, pero el petróleo no. Sin embargo, el Gobierno le pone fichas al petróleo. ¿No es contradictorio seguir apostando por ampliar la producción petrolera cuando en realidad deberías recortarla?

Vos tenés una ventana de diez años donde todavía vas a seguir utilizándolo. A vos eso te permite, en vez de utilizar dólares para importarlo, producirlo vos y además tener un excedente exportable. Va a llegar un momento en que Naciones Unidas va a decir “hasta acá, señores”.

¿Usar ese petróleo no va a dificultar que la Argentina llegue a los objetivos que se comprometió en el Acuerdo de París?

No, no, no. Hay diez años de margen.

¿Qué pasa con los bosques?

La Argentina tiene diversas estrategias. En estos tres años hemos incrementado 15% la cantidad de áreas protegidas. Por otro lado, en el 2009 se votó una ley de bosques. Esa ley ha bajado la curva de desmontes, pero no sin dudas que es perfectible. Hay una presión hacia el desmonte del lado de la ganadería y de la agricultura, en menor medida de la industria forestal. Es más, la industria forestal planificada es algo que incluso genera renovación. Existen tres categorías, tres zonas: una es la roja, que no se toca, otra es la amarilla y otra, la verde. Yo estoy del lado de pensar que que con lo que tenemos, no podemos avanzar un kilómetro más sobre la frontera agropecuaria. Hay que darle valor al bosque nativo para que la presión productiva no se lo lleve puesto. Hace falta financiamiento. Ahí existen varias estrategias. Una que es muy incipiente y que estamos conversando incluso con varios países, entidades, incluso empresas, es la de crear un mercado de servicios ecosistémicos, que sería un tokenización de territorio, sin poner en duda la soberanía. De tal manera, el dueño de la tierra puede tener un incentivo para no desmontar. Nosotros tuvimos una iniciativa en el ministerio de intentar modificar la ley de bosques para eliminar la categoría verde y muchas ONG que son prestigiosas estaban en contra.

¿Con qué argumento?

Que la ley de bosques no se toca.

¿Y de lo que hizo la provincia del Chaco tiene alguna opinión?

No estoy al tanto de la reglamentación. Sí puedo decir que que yo veo un compromiso. En los últimos seis años, Chaco otorgó tierras para los nuevos parques nacionales, tanto El Impenetrable como Laguna del Palmar, que es el que tiene media sanción. Chaco tiene un 20% de su territorio protegido. Un 40% de la provincia del Chaco es bosque nativo.

¿Entonces qué está haciendo hoy la Argentina contra la crisis climática que agrava la ola de calor?

¿Qué puede hacer Argentina hoy? Argentina no puede permitir más deforestación. Número uno. Tenemos que terminar con los basurales a cielo abierto y tratar mejor los residuos. Número dos. Tenemos que modificar nuestra matriz energética. Número tres. Seguir modificándola. Tenemos que modificar el combustible de medios de transporte público. Esas son las cuatro principales tareas.

Y de esas cuatro, ¿en qué está avanzada y en qué está más atrasada?

En la que más estamos atrasados es en modificar el combustible de medios de transporte público. Hay proyectos piloto. Hay entidades avanzando mucho en camiones con GNC, Hay muchos municipios que tiene condonación de algunos impuestos ante el caso particular de comprar vehículos eléctricos o híbridos. Nosotros hemos incrementado sustancialmente el presupuesto de bosques para las provincias. No obstante, el fondo de bosques está establecido en la ley 27, pero no se cumple. Nunca se cumplió. Cuando más nos acercamos fue en este período.

Hay una ley que dice que en 2025 el 20% de la matriz eléctrica debe ser con energías renovables y está difícil que se cumpla. Hoy son el 14%...

Estamos junto a la Secretaría de Energía y otro ministerio trabajando en pos de la generación distribuida. ¿Esto que significa? Si vos ponés parque solares en las regiones de consumo de máximo consumo, evitás la inversión de la línea y de las subestaciones para traer la energía de zonas alejadas y ahí ahorras un montón de dinero. Así emplazás más rápido el parque solar y con eso te ahorrás varios problemas, como, por ejemplo, cortes.

¿Y sobre basurales que se están haciendo?

Ya tenemos inauguradas dos plantas de tratamiento en Formosa y Concordia, pero no lo hicimos formalmente. Vamos a ir seguramente con el Presidente en los próximos días a Concordia. Ahí eliminamos un basural que tenía 25 años. Este año vamos a inaugurar seis plantas más. Son inversiones de entre 8 y 12 millones de dólares cada planta.

¿Cuántos basurales quedan todavía en la Argentina?

Tenés estimaciones de que hay 5.000 basurales. Un municipio de los más complicados en términos de basurales y falta de tratamiento es Quilmes. En mayo inauguramos la planta. En Moreno, en junio. Luján, que tiene el basural a cielo abierto más grande del país, en noviembre. Este año también, Chascomús, Villa María y Valle de Uco. Vamos este año a licitar ocho o nueve plantas más.

AR

Pasada la votación del Presupuesto 2023, y en medio de la disputa en el Gobierno por la posible suspensión de las PASO, una iniciativa legislativa que parteaguas en el arco político volverá esta semana a ganar el centro de la escena de Diputados: la ley de Humedales. A más de un mes desde que se suspendió a último momento el plenario de comisión que está discutiendo el proyecto en la Cámara baja, el sector del Frente de Todos que lo impulsa busca quebrar la resistencia de los gobernadores del Norte del país, en su mayoría peronistas aliados a la Casa Rosada.

El nuevo round para el plenario que componen los cuerpos de trabajo de Recursos Naturales –que preside el oficialista Leonardo Grosso–, Presupuesto –Carlos Heller, también del FdT– y Agricultura –liderada por el radical Ricardo Buryaile– tiene agenda para el jueves desde las 11. Aunque hasta el viernes a la tarde no estaba oficializada en la web de Diputados, elDiarioAR accedió a la convocatoria formal pedida por Grosso, cuya comisión encabeza el debate. El diputado, referente del Movimiento Evita, es también autor de la iniciativa que mayor consenso construyó con organizaciones ambientalistas y sociales, y en el mundo académico y científico. 

La intención de Grosso es invitar –por segunda vez en un mes– al grupo de gobernadores del Norte Grande –región que integran Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones–, además de San Juan. Se trata de provincias que denuncian que la ley de Humedales podría afectar sus principales fuentes de ingresos como son la actividad minera o la agricultura, dependiendo del caso.

Como ya contó este medio, el lobby de los gobernadores impidió que el 29 de septiembre se firmara dictamen a favor de la ley. Eso suspendió abruptamente el debate. Con una carta pública los mandatarios exigieron ser escuchados, pero cuando fueron invitados a inicios de octubre al plenario de comisión no asistieron. “Pueden venir ellos o mandar a alguien. Está abierta la convocatoria. Lo importante es que expresen la definición de cada provincia”, adelantó un operador parlamentario al tanto de las nuevas negociaciones. También están invitados intendentes de localidades ribereñas al Delta del Paraná, muy afectadas por los incendios.

Uno de los puntos de mayor fricción en la norma es la conceptualización de los humedales: el proyecto entiende que son áreas donde la principal característica es el agua. Eso abarcaría, por ejemplo, a todos los yacimientos de litio, recurso que hay en abundancia en Jujuy y Salta, y cuyos gobernadores –Gerardo Morales, presidente de la UCR, y Gustavo Sáenz, del Frente Renovador de Sergio Massa– son la avanzada del reclamo provincial. Grosso ya adelantó públicamente que la ley no busca per se prohibir ninguna actividad productiva.

Otro de los artículos que condenan las provincias es la disposición de que se haga un inventario a nivel nacional sobre los humedales, así como ordenó la Ley de Bosques. La argumentación es que violaría la autonomía de las jurisdicciones –artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional–, aunque los autores del proyecto aseguran que la ley la respeta. En principio se guía por la disposición –también de la carta magna– a que el Congreso sancione leyes de presupuestos mínimos, como es este caso. 

“Los diputados de Buenos Aires, que son mayoría, tienen una mirada poco federal en cuanto al impacto ambiental en el resto del país”, se quejó esta semana el secretario de Ambiente de San Juan, Francisco Guevara, ante un medio local. Llamó a la iniciativa “la ley Grosso” y dijo que “el problema está cuando estas leyes son conocidas por apellidos”. En el fondo la pelea parece tener sus reminiscencias personales y sobre la histórica disputa unitarios-federales. “Bienvenidas sean las normas que vengan a cuidar nuestros recursos naturales, pero hay que tener una mirada más federal en estos casos. Los recursos naturales les pertenecen a las provincias”, completó el funcionario del gobierno de Sergio Uñac, parte del FdT pero distante al kirchnerismo.

La interna y el tiempo

El lobby de los gobernadores es parte de un combo de otros riesgos que enfrenta la ley, como son la disputa interna en el FdT y la carrera contra el tiempo. Sobre el primero, un dato: de los diez gobernadores del Norte Grande, ocho son peronistas. Nueve, si se suma el sanjuanino. Es un bloque cada vez más abroquelado, unidos para potenciar una zona geográfica siempre marginada: los propios mandatarios viajaron juntos en septiembre a Estados Unidos para buscar inversiones y el domingo próximo estarán en la cumbre por el clima COP27 en Egipto. 

Políticamente, el Norte Grande ha mostrado tener poder de fuego. Cuando hasta hace un mes la iniciativa sobre Humedales parecía estar encaminada, Grosso había logrado un principio de acuerdo con al menos tres compañeros suyos de la bancada oficialista oriundos de esas provincias: la formoseña Graciela Parola y los catamarqueños Dante López y Anahí Costa. También cerró trato con los sanjuaninos Walberto Allende y Ana Aubone, y con el puntano Carlos Ponce. 

El acuerdo era estratégico, porque ese grupo representaba votos en provincias mineras o agrícolas, y también con firma propia en el plenario de comisiones que discute la ley. Según recogió elDiarioAR, los legisladores habían aceptado acompañar el proyecto si había cambios en detalles en distintos artículos, como extender el plazo de la moratoria que impone la ley para su cumplimiento y ajustar mínimamente la definición de humedales. 

Los que se cagan son los diputados que tienen de jefes a los gobernadores

Había, entonces, cierta confianza en que se tenía los apoyos necesarios para sacar dictamen y, luego, darle media sanción en el recinto. Hecho inédito, porque en diez años nunca llegó la norma a ser votada en Diputados, aunque sí dos veces en el Senado. Pero cuando los gobernadores pusieron un ojo en el tema, los legisladores de las provincias quitaron los pies del plato. 

“Los que se cagan son los diputados que tienen de jefes a los gobernadores”, consideró una voz que sigue muy de cerca el tema. “Se pudrió todo y los números a favor que había ya no son los mismos”, apuntó otro. El cálculo rápido de hace un mes era que en el plenario de comisiones había unas 60 firmas de apoyo –entre FdT e Interbloque Federal–, sobre 55 en contra –de JxC–. Ahora reina la incertidumbre y otros legisladores como los cordobeses ligados tanto a Juan Schiaretti como a Luis Juez o a la UCR también encendieron sus alarmas.

En uno de esos despachos peronistas que responde a una importante provincia minera aseguran que lo conversado con Grosso “sigue en pie”, aunque ponen condiciones para asegurar su voto. “Nadie discute la importancia de los humedales, pero se debe aclarar en la ley que no va a afectar las inversiones. El diputado está a disposición de que haya un proyecto superador. Lo están conversando con Grosso”, apuntó una fuente, que miró la mitad llena del vaso: “Yo creo que se va a destrabar, solo falta un poquito de consenso. Están diciendo lo mismo, pero en distintos idiomas”.

En las últimas semanas hubo contactos directos entre Grosso y algunos de los mandatarios oficialistas, pero el consenso aún no parece llegar. “Los gobernadores dicen que sus propias leyes provinciales imponen estándares de cuidado del ambiente muy altos. Entonces, ¿por qué se oponen a una ley de presupuestos mínimos como esta?”, es una queja repetida. “A nuestros ríos los cuidamos, seríamos muy estúpidos si los contaminamos, si de ahí es donde tomamos agua”, le contestaron desde una provincia minera, que agregaron un dato: en el Presupuesto 2023 se aumentó el canon que deben pagar las empresas extractivistas. 

A nuestros ríos los cuidamos, seríamos muy estúpidos si los contaminamos, si de ahí es donde tomamos agua

Una espada radical de la comisión de Agricultura –que está en contra– se animó a proponer una salida a la encerrona: “Que se siente a todos los sectores en una misma mesa, por fuera de las cámaras de televisión, y que ahí se llegue a un acuerdo. Después vamos y firmamos el dictamen”. 

Ante el panorama de bloqueo permanente y de interna, existe como condimento extra el factor Casa Rosada. Salvo en campaña, Alberto Fernández nunca se pronunció sobre la ley, y no tiene músculo político para imponer su voluntad ante los gobernadores del FdT. También está desdibujado el rol del ministro de Ambiente, Juan Cabandié, que redactó junto a los mandatarios en el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) una ley que cambia el concepto de humedal y es más laxo sobre el inventario. No impone límites para su confección. Nunca tuvo el apoyo de la bancada oficialista. 

“Es de suma importancia tener esta ley y sería propicio que el proyecto ingrese pronto en el recinto para ser tratado”, soltó el funcionario a través de un comunicado conocido el viernes. En el oficialismo de Diputados le salieron con los tapones de punta: “Es un show, ¿ahora nos viene a apurar?”. 

Los días en el calendario son la otra amenaza a la ley de Humedales, porque al Congreso apenas le queda un mes de funcionamiento. Si se tiene en cuenta que el 20 de noviembre comienza el Mundial de Qatar, la atención de los legisladores y de la opinión pública puede perderse antes del 30, día en que terminan las sesiones ordinarias. Y nadie habla de que vaya a haber convocatoria a extraordinarias. 

En el oficialismo quieren apurarse a tener dictamen favorable esta semana o la próxima, para luego llevarlo al recinto. “Creo que hay tiempo suficiente para que las comisiones den dictamen, quizás la semana que viene, y tiempo legislativo para dar, por lo menos, media sanción”, expuso el viernes en una entrevista radial el diputado oficialista Eduardo Toniolli, preocupado porque en su provincia de Santa Fe continúan los incendios.

Pese a todo, no habría ley hasta el 2023. Después de Diputados la norma tiene que pasar a revisión en el Senado, que durante noviembre tendrá en agenda central el tratamiento del Presupuesto del año que viene. Así, una voz oficialista le puso palabras al futuro de la ley de Humedales: “Está muy difícil”.

MC

El humo por los incendios ilegales en el Delta del río Paraná volvió a afectar ayer distintas zonas de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Y en ese marco, se profundiza la demora de la ley de Humedales en la Cámara de Diputados por el lobby de los gobernadores de las provincias del Norte Grande del país que rechazan su tratamiento.

Esta semana fracasó un intento desde el Frente de Todos para convocar a los mandatarios provinciales a discutir la iniciativa en el marco del plenario de comisiones de Diputados –Recursos Naturales, Agricultura y Presupuesto–, según supo elDiarioAR de fuentes legislativas. A su vez, casi dos mil académicos y referentes de la comunidad científica firmaron una solicitada publicada este jueves para exigir el tratamiento de la ley y “rebatir difamaciones dilatorias de su tratamiento”.

La ley de Humedales está frenada en las comisiones de la Cámara baja desde hace dos semanas, cuando la presión de los gobernadores obligó a último momento a aplazar la firma del dictamen del proyecto que estaba previsto para el jueves 29 de septiembre. El hecho iba a ser inédito, porque durante los últimos diez años el tratamiento de la iniciativa que busca conservar estas áreas naturales caracterizadas por contener agua nunca llegó al recinto de Diputados. Solo obtuvo dos veces media sanción en la Cámara de Senadores.

Las provincias del Norte Grande –que integran Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones– buscan frenar la ley porque entienden que la norma afectaría la explotación minera, aunque a priori el texto no establece prohibiciones a ningún tipo de actividad. 

Una invitación fallida

La semana pasada, antes del feriado, todos los mandatarios fueron invitados desde la comisión de Recursos Naturales a discutir este jueves y viernes sobre la ley de Humedales en el ámbito de Diputados. La jugada respondía a lo que los propios gobernadores habían solicitado en la carta de rechazo a la norma que firmaron hace dos semanas desde Estados Unidos, cuando encabezaron una gira de negocios. La iniciativa fracasó. 

El pedido para que los gobernadores “tengan la posibilidad de expresar sus opiniones en reunión plenaria de las comisiones” –tal el texto de la invitación al que accedió elDiarioAR– le había llegado a la titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau, a través del diputado oficialista Leonardo Grosso, presidente de la comisión de RRNN y autor del texto de ley que tiene mayor consenso entre las organizaciones ambientales y la comunidad científica. También había sido invitado el gobernador de otra importante provincia minera: el sanjuanino Sergio Uñac, peronista. 

Consultados al menos tres de los gobernadores invitados, la respuesta que recibió este medio siempre fue negativa. “Hasta ahora los gobernadores dicen no haber recibido nada”, aseguró un importante diputado de Juntos por el Cambio al tanto de la discusión por la iniciativa. “Se ve que entonces no era falta de participación lo que exigían, más bien tenían ganas de obstaculizar”, retrucó un operador en el FdT. 

Desde la oposición aseguraron que su agenda en Diputados está marcada ahora por el Presupuesto 2023, que concentra la atención de la comisión de Presupuesto, presidida por el kirchnerista Carlos Heller. Sin otros temas que compliquen la negociación política, JxC ya dio cierto aval para que se vote en el recinto durante la última semana de octubre. Este calendario complica a la ley de Humedales: por lo menos hasta noviembre no sería discutida en el ámbito del plenario de las comisiones, afirmaron desde la comisión de Agricultura que maneja el radical Ricardo Buryaile. Dada la trascendencia de la norma, es un tiempo corto: las sesiones ordinarias del Congreso finalizan el 30 de noviembre y en diciembre toda la atención pública estará en el Mundial de Qatar.

Para volver a dejar en evidencia a los gobernadores, este jueves se publicó una solicitada de apoyo a la ley de Humedales con casi 1900 firmas de académicos/as e investigadores/as de todo el país. Entre otros, firman Beatriz Sarlo, Maristella Stampa, Carolina Scotto, Roberto Fabián Bó, Roberto Gargarella, Pablo Vommaro y Ezequiel Adamovsky. “En los últimos días hemos sido testigos de cómo ciertos sectores de la política han apelado a un conjunto de argumentaciones falaces inscriptas en intereses sectoriales, claramente contrarios de establecer cualquier tipo de regulación”, reza el texto, iniciativa de Grosso.

El documento busca rebatir algunas ideas instaladas por quienes rechazan la iniciativa, como que “la ley avanza sobre las autonomías provinciales en el uso de sus recursos y sobre la propiedad privada”, que “su aprobación afectaría la llegada de inversiones y el desarrollo productivo” y que “de avanzar la ley, se podrán frenar proyectos de desarrollo y eso significa miles de puestos de trabajo que se van a perder”. La solicitada de los académicos cierra con un pedido expreso a los mandatarios: “Instamos a superar las presiones de lobbies poco interesados en la conversación de los humedales”.

La agenda de los gobernadores

Al frente de la estrategia de los gobernadores están el jujeño Gerardo Morales –presidente de la UCR– y el salteño Gustavo Sáenz –aliado del Frente Renovador de Sergio Massa–. Salta y Jujuy rechazan de plano que la ley disponga que tenga que realizarse un inventario a nivel nacional sobre los humedales, así como su conceptualización. Si se tiene en cuenta que los humedales son áreas donde la principal característica es el agua, abarcaría todos los yacimientos de litio, recurso que hay abundancia en esas provincias.

Ayer, los ministros de Producción de Salta y Jujuy, Martín de los Ríos Plaza y Exequiel Lello Ivacevich, respectivamente, cuestionaron la ley durante la Expojuy que se está desarrollando en la capital provincial. “Apoyamos iniciativas que tengan que ver con cuidar el medio ambiente, porque los recursos naturales no son de la generación actual sino de todas, y uno tiene que tener la visión de cuidarlo, pero es importante que las regulaciones y las reglamentaciones no impacten sobre las economías regionales y sobre todo no sea un avance de la Nación sobre las economías regionales”, dijo Lello Ivacevich en declaraciones a El Tribuno de Jujuy.

Cómo responder a las denuncias en su contra de lobby seguramente será tema de debate en la nueva cumbre que mañana tendrán los gobernadores del Norte Grande en Santiago del Estero. La intención oficial es “hacer un balance” tras el viaje por Estados Unidos, pero el tema del ambiente estará incluido en las discusiones. De hecho, según supo elDiarioAR, a la 14° Asamblea de los gobernadores de la región está invitado el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié, muy cuestionado por la gestión de la crisis por los incendios.

Cabadié redactó el año pasado junto con los gobernadores –en el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema)– un proyecto de ley de Humedales que no tuvo el apoyo ni siquiera de los propios legisladores del FdT. El texto cambia la definición de humedal y es más laxo sobre el inventario, porque no impone límites para su confección. Es el proyecto que los mandatarios del Norte Grande quieren impulsar en el Congreso. “Prácticamente es la nada misma”, consideró un legislador opositor.

Por último, los gobernadores del Norte Grande también prevén confirmar mañana su participación en la COP27, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se realizará el próximo mes en Sharm El Sheikh, Egipto.

MC/MG

“No soy ni juez, ni fiscal, ni gobernador, soy del Ministerio de Ambiente, por eso decimos que tiene que haber un abordaje integral”, dijo Juan Cabandié en una entrevista para Radio Con Vos.

El titular de la cartera ambiental agregó: “La instrucción de las investigaciones la tiene la Justicia, no la tiene el Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Justicia tiene que instruir a la fuerza de Seguridad para prevenirlo, estamos hablando de 2,3 millones de hectáreas, con medidas, es una Tucumán y media, no hay caminos, no hay comunicación. Es muy complejo, la Justicia puede prevenirlo con medidas ejemplares”.

Asimismo, el ministro reclamó sanciones disciplinarias para los autores de los incendios, para combatir esta problemática común en la zona. “Hay que reclamarle a la Justicia, le pedimos a la provincia que arbitre medidas, sanciones administrativas para llevar a cabo una integralidad en el abordaje. Mi responsabilidad es apagar el fuego, no puedo hacer inteligencia, no tengo poder de Policía, y tampoco lo pretendo”, se exculpó.

En esta línea, pidió encontrar a quienes llevan adelante dichas quemas, y enfatizó en que las herramientas para detectarlos las tiene la Policía de la provincia y la Justicia, dado que cuentan con los catastros y los títulos de propiedad de los campos afectados.

“Los intendentes no me hacen responsable, de hecho estuve con ellos en la Cámara de Diputados y en el Delta el viernes. Ninguno manifestó responsabilidad al Gobierno. Ellos saben que hay un origen productivo y que la Justicia debería sancionar y caer con el peso del Código Penal y Civil a los responsables que produzcan estas quemas”, resaltó Cabandié.

Para el exdiputado por la Ciudad de Buenos Aires, el origen de los incendios es en mayor medida productivo, por lo que que se están quemando pajonales para ampliar la superficie de pastoreo de ganado para que, con las lluvias, crezca la pastura y que los animales se alimenten. También apuntó a otras dos causas minoritarias, como son la caza furtiva y el desarrollo de proyectos inmobiliarios que se están prohibidos por la legislación entrerriana.

“Estamos hablando de una extensión muy grande, 2,3 millones de hectáreas, lo que ha sucedido en 2020 al 2022, mientras se combate el incendio en determinadas zonas a cien kilómetros aparecen nuevos focos. Es muy complejo si no hay una sanción ejemplar para los responsables de causar esos focos”, insistió el ministro.

Además, reveló que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible aumentó treinta y dos veces el presupuesto destinado al manejo del fuego, e hizo hincapié en la centralidad de poner en marcha un abordaje integral entre la Nación, la Justicia y el Gobierno Provincial.

“El manejo del fuego lo aumentamos 32 veces, estamos comprando aviones, pusimos faros en torres con radio cámaras con detectores de calor y de humo. Hemos invertido, sumamos bases de manejo, más brigadistas, lo que pasa que se necesita un abordaje integral”, finalizó.

LC con información de agencia NA

Una grieta se produjo en el seno del oficialismo con la respuesta del gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, a un posteo en la red social Twitter por parte del ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié. “Pedimos a la provincia de Entre Ríos que arbitre los medios para prevenir nuevos focos ígneos intencionales” escribió Cabandié a través de un tweet, para añadir que el Servicio Nacional de Manejo del Fuego había detectado un nuevo foco ígneo en Entre Ríos y que luego de 3 horas de trabajo, con 13 brigadistas habían logrado controlarlo.

La respuesta de Bordet no se hizo esperar, primero a través de sus redes sociales y luego en declaraciones en medios de comunicación, le indicó a Cabandié que hable menos y trabaje más. “Tuvimos que crear brigadas específicas que significa la incorporación de personal; hemos hecho acuerdos con Bomberos Voluntarios; hay 150 bomberos capacitados para combatir el fuego en Entre Ríos; estamos incorporando lanchas y con los helicópteros de la policía de la provincia estamos trabajando todo el día”, enumeró Bordet ante la prensa para agregar que “hay que trabajar más y hablar menos que es lo que hace falta en estos momentos”. 

El mandatario entrerriano señaló también que “lograr la solución en definitiva es controlar el incendio y después ver concomitantemente cómo se penaliza y se castiga a quienes intencionalmente provocan los focos de incendios”.

La respuesta significó -además de una crítica a un ministro que es cuestionado por su gestión ante distintos problemas ambientales- una ruptura con el tradicional estilo del gobernador, la moderación. Bordet es un dirigente que se ha caracterizado por evitar la confrontación, incluso con sus adversarios políticos. Esta particularidad le ha garantizado tener una imagen positiva por encima del 60 por ciento, incluso en este su segundo mandato. 

Sin embargo, la crítica hacia el gobernador entrerriano ha provenido generalmente por parte de sectores que buscan definiciones más categóricas en distintas cuestiones, como por ejemplo la gestión ambiental. Referentes de distintas organizaciones de Entre Ríos reclaman desde hace tiempo acciones concretas en relación a los incendios en el Delta, la ley de humedales, la ley del uso de agroquímicos, entre otros temas de injerencia directa en una provincia de neto perfil agro-ganadero y donde el tema ambiental es central.

Referentes de distintas organizaciones de Entre Ríos reclaman acciones concretas en relación a los incendios en el Delta, la ley de humedales, el uso de agroquímicos, entre otros temas en una provincia de perfil agro-ganadero

El enfrentamiento de Bordet con Cabandié profundiza un debate urgente sobre la gestión ambiental, al tiempo que abre las aguas dentro del propio oficialismo. Por eso legisladores nacionales de Entre Ríos como el senador Edgardo Kueider, la diputada Carolina Gaillard y el diputado Marcelo Casaretto, al igual que dirigentes provinciales, salieron a respaldar al gobernador, mientras que el diputado nacional por Juntos por Entre Ríos, Pedro Galimberti, fustigó a ambos funcionarios a través de sus redes. “Las cosas no se arreglan por Twitter. Agarrá el teléfono, vení a la provincia. Hablen. Coordinen. Actúen. Lo que sea, pero hagan algo. Ambos son responsables”, expuso el legislador.

Un debate que falta y críticas que no son oídas

La crítica situación provocada por los incendios en el Delta entrerriano dispara nuevamente un punto de inflexión sobre un debate que no se ha saldado, la productividad y el desarrollo sustentable en una de las mayores áreas naturales del litoral. El planteo es sostenido por distintas organizaciones ambientalistas de toda la provincia y se basa en datos y documentos técnicos como los informes de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales -CONAE- que dan cuenta que hasta el jueves 18 de agosto se quemaron 95.000 hectáreas en Entre Ríos y Santa Fe, lo que ha generado invaluables pérdidas en la biodiversidad que afectan la vida de esta generación y las futuras.

Para Enzo Culasso Orué, abogado activista de la Multisectorial por los Humedales de la ciudad de Paraná e integrante de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, las acciones para frenar el fuego deberían ser coordinadas por el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS), un acuerdo interjurisdiccional entre las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y el gobierno nacional, cuyo objetivo es gestionar los humedales del delta del Paraná. Culasso Orué explicó que el PIECAS nace a partir de las intensas quemas que hubo en el 2008 como forma de articular las acciones entre todas las jurisdicciones comprometidas, pero “lamentablemente de alguna manera se lo ha puesto a dormir”. También señaló que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Equística instó nuevamente a la creación de un Comité de Emergencia Ambiental en el marco del Plan Estratégico, que debía ser el responsable de informar periódicamente sobre las medidas a ejecutar, pero tampoco tuvo efecto. 

“Las quemas en el territorio del Delta son ilegales porque la Ley de Manejo del Fuego provincial establece la prohibición, excepto que se otorguen autorizaciones y hasta donde sabemos sobre ese territorio no se ha otorgado ninguna autorización”, aseguró el abogado para quien es fundamental contar con la información catastral de esas tierras para confeccionar actas de infracción e ir teniendo un registro de quienes son las personas que prenden fuego.

“Entre Ríos tiene plena jurisdicción sobre el Delta ya que los recursos naturales pertenecen de manera originaria a las provincias, por ende tiene plena potestad y poder de policía”, indicó Culasso Orué y añadió que “esto no se soluciona poniendo más brigadistas yendo a apagar los incendios porque el camino es otro, es ordenar el territorio y entender que es un Área Natural Protegida, donde no se debe incendiar jamás y mucho menos puede haber ganadería descontrolada”.

Natacha Crimella, de la organización ambientalista “Salvemos el río Gualeguaychú”, con sede en esa ciudad, también coincide en la falta de instrumentación del PIECAS aún cuando hubo consensos entre los gobernadores de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires para suscribir el plan. “Deberían trabajar en conjunto en el marco de este plan, para terminar con los incendios en el Delta”, dice Crimella y advierte que según los informes del Conicet “llevará más de 300 años restaurar los humedales del Río Paraná tras las quemas”. 

“Tenemos que empezar a hablar de un desarrollo sustentable”, dice Crimella para quien el cambio de denominación de “sostenible” a “sustentable” trata de arrojar luz sobre las demandas actuales sin que ello comprometa las necesidades de generaciones futuras. En este sentido la ambientalista explicó que esta idea garantiza el equilibrio de las economías y el respeto al medio ambiente y el bienestar social.  “No se puede hablar de un equilibrio si no pensamos que el Delta es un bien común y no un recurso. Tenemos que empezar a cambiar el paradigma de producción y recordar que la Ley general de Ambiente -25675- habla del principio de equidad intergeneracional, lo que quiere decir que los responsables de la protección ambiental, deben velar por el uso apropiado del ambiente por parte de las generaciones presentes y futuras”, señaló.

Tironeo de responsabilidades

En relación a los cruces entre el gobernador Bordet y el ministro Cabandié, Crimella habló de un tironeo de responsabilidades interjurisdiccionales. “Hay que recordarles a estas tres provincias, a los gobernadores que en el 2008 firmaron el Plan Estratégico para conservar el Delta, que ahora lo tienen que volver a reactivar”, dijo para advertir que “hay que dejar de discutir y de hacer un uso político de este tema porque estamos de cara a las elecciones del 2023 y los discursos pseudo ambientalistas, salen a la luz”.

Con dureza la ambientalista señaló una “falta de conocimiento y arraigo al medio ambiente” por parte de funcionarios tanto municipales, de la provincia como de Nación. “Tienen que dejar de ver al ambiente como una fuente de recursos para la economía”, afirmó para entender que se trata de un bien social finito y por lo tanto estos bienes deben ser considerados como persona no humana sujeta de derechos. “Si no se dejan de discutir que son los que tienen que tomar las decisiones políticas, difícilmente esta situación llegue a buen puerto”, apuntó Crimella para agregar que los funcionarios “tienen que dejar las diferencias políticas para ponerse a la altura de las consecuencias que ellos han generado”. 

Para la ambientalista de Gualeguaychú, el problema es parte de un lobby inmobiliario “no me atrevería a decir agropecuario porque la tierra va a quedar tan inservible que no se va a poder usar para la producción”, refirió.

Culasso Orué sindica como responsable de las quemas al sector ganadero que busca renovar las pasturas. “Estos espacios jamás deben incendiarse y tampoco debe haber ganadería descontrolada”, explicó el abogado y señaló que habría que preguntarse quiénes son los dueños de estas explotaciones ganaderas, cuántos animales se están introduciendo en las islas y con qué parámetros se ingresan. El especialista advirtió que es urgente la sanción de una Ley de Humedales que promueva el uso racional del ecosistema. “Este es uno de los sitios con mayor biodiversidad de la provincia y también de Argentina y por lo tanto tendría que ser un reservorio para poder hacerle frente al cambio climático y a los efectos que ya estamos teniendo en la actualidad”, puntualizó.

Para Tula Nuñez, guía de pesca e integrante de Guardianes de Victoria, baqueano de la zona del Delta, el problema tiene que ver “con el gran dragado del Río Paraná y el no dragado de las bocas de ingreso al humedal” que ha profundizado que el resto de los arroyos, lagunas y riachos se sequen, lo que constituía un cortafuego natural en la zona. 

“Desde hace años más de 15 años se vienen comprando tierras, sembrando soja, construyendo terraplenes, y la justicia no ha hecho nada con respecto a eso”, dice Nuñez en relación a la situación que se ve agravada en cada bajante. Los relevamientos que han hecho baqueanos del lugar han registrado más de veintidós terraplenes construidos en la zona. Estos terraplenes se han convertido en muros de contención, un obstáculo que va secando paulatinamente el inmenso sistema de vasos comunicantes, característico del Delta. 

Para Nuñez, quienes tienen animales y emprendimientos productivos en las islas saben que no se debe prender fuego porque corren el riesgo de perderlo todo y advierte que los incendios se están produciendo frente a la ciudad de Rosario, donde se sabe que hay un gran interés inmobiliario que se ha incrementado en los últimos años.

SM

El Gobierno informó este miércoles que los incendios declarados en el delta del río Paraná están contenidos y controlados, sin que hayan registrado focos activos en las últimas horas; mientras que las personas detenidas por los focos ígneos ya fueron liberadas.

A través de un comunicado, el Ministerio de Ambiente señaló en un comunicado que el incendio del municipio de Gualeguay (provincia de Entre Ríos) fue “contenido” por parte de los brigadistas, mientras que el foco declarado en el pueblo de Baradero (provincia de Buenos Aires), que hasta este martes permanecía activo, ya está extinguido.

Para los seis focos de incendio que permanecen controlados y contenidos en las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos, el Gobierno mantiene operativos tres aviones hidrantes, cinco helicópteros, dos aviones observadores y cuatro helicópteros para traslado de personal pertenecientes al Ministerio de Defensa. Más de 150 brigadistas y personal de apoyo convocados por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), en tanto, continuarán su despliegue en esta zona.

El ministro de Ambiente, Juan Cabandié, recorrió este martes la zona afectada por los incendios y destacó que en los últimos días se apagaron entre “cuatro y cinco focos nuevos por jornada”. “Esto no es una cuestión de estar en contra de ninguna unidad productiva y menos del sector agropecuario. Lo que nosotros no podemos comprender es que lo hagan de esta manera, que se incendien pajonales para ampliar la superficie de ganado en perjuicio de 10 millones de habitantes”, afirmó.

“Hubo presencia policial y se logró apresar a siete personas y eso seguramente significó una medida ejemplar para que aquellos que están acostumbrados a iniciar focos no lo hagan o lo piensen dos veces”, agregó el ministro. Todos los detenidos fueron excarcelados en las últimas horas, según indicaron fuentes judiciales.

Siete detenidos y una causa judicial en marcha

La Justicia investigaba si los incendios de pastizales en la zona del delta del río Paraná son intencionales tras las denuncias de que fueron iniciados para permitir ciertas actividades agropecuarias, como la ganadería.

La magnitud de los incendios provocó que el humo oscureciera durante varios días el cielo de Buenos Aires y obligó al Gobierno nacional a desplegar efectivos de las fuerzas armadas en la zona.

Hasta el momento hubo siete detenidos que fueron liberados en las últimas horas. Se trata de seis apicultores y un puestero de Victoria acusados por “incendios y otros estragos dolosos, y delitos contra la seguridad pública”, según indicaron las fuentes. Los arrestos comenzaron el 14 de agosto, cuando la Policía de Entre Ríos encontró a tres hombres de Villa Constitución intentando iniciar un fuego en las islas frente a Arroyo Seco.

A las pocas horas de su detención se supo que eran una familia (un padre y sus dos hijos, todos apicultores) que intentaban desarrollar un “contrafuego”, una maniobra que utilizan los expertos como bomberos para frenar el avance de un foco y así proteger a sus colmenas.

Un día después, fue apresado un puestero de Victoria, quien fue sorprendido por el Grupo Albatros, una división de élite de la Prefectura: el detenido optó por no declarar al momento de ser indagado.

En la noche del 22 de agosto, por otro lado, fueron detenidos otros tres sujetos en las islas frente a Ramallo y San Pedro, también acusados por los incendios de la zona. Desde el Juzgado Federal de Victoria indicaron que eran apicultores y que solo uno de ellos brindó testimonio ante la indagatoria.

La Municipalidad de Rosario fue admitida en los últimos días por el Juzgado Federal de Victoria como parte de la querella en la causa de las quemas de las islas del Delta del Paraná. De esa manera, entregó las primeras medidas probatorias y aportó el entrecruzamiento de focos detectados y repeticiones de los mismos, según indicaron fuentes judiciales.

En estos días esperaban poder adjuntar un informe de medición de la calidad del aire realizado por distintos organismos y expertos de la ciudad de Rosario, donde queda demostrado que los niveles de humo tóxico sufridos en el mes de agosto resultan alarmantes y que requieren de una respuesta judicial de manera urgente.

MB con información de agencias de noticias NA y EFE

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, quien recorrió y sobrevoló la zona del delta del Paraná afectada por los incendios, sostuvo que “varias cuestiones” hacen a la problemática, la cual está “principalmente está atravesada por factores climáticos, pero también por factores productivos”.

Sobre los factores climáticos, Cabandié remarcó “el incremento de la temperatura global, que aumentó en comparación con 10, 15, 20, o 30 años atrás”, y enfatizó que “no hay que descartar otros factores que inciden como la sequía y la bajante de la cuenca hídrica del Paraná que tiene tres años consecutivos”.

El ministro, que sobrevoló este viernes la zona, evaluó que es necesario remontarse “al año 94 cuando Argentina toma el modelo sojero y empieza a capitalizar cada vez más el monocultivo”, por lo que “en las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe, la soja expulsó al ganado del continente a las islas del Delta del Paraná”.

“Estamos hablando de dos millones de hectáreas, principalmente de Entre Ríos”, dijo Cabandié y agregó que “lo que sucede es que la avaricia del sector productivo. En vez de esperar que se renueven naturalmente las pasturas o conformarse con la superficie de pastoreo para el ganado, queman pajonales, pasturas para renovarlas antes de las lluvias de primavera y esto es lo que estamos viviendo hoy”.

Y subrayó: “Esta es la razón principal, hay algo vinculado también a proyectos inmobiliarios, quemar para preparar la tierra, un cambio de suelo con futuro de proyectos inmobiliarios, pero el 90% es quema de pajonales para extender la superficie de pastura del ganado”.

Consideró también que están “muy lejos de discutir el modelo productivo que es dañino por varias cuestiones”. “Acá hay culpables, hay 100 o menos delincuentes que están perjudicando a 5 millones de personas. Entonces, si queremos analizar esta problemática desde la perspectiva ambiental, háganlo, pero esto es un tema productivo, tiene consecuencias ambientales pero las razones de por qué tenemos estos fuegos, es un tema productivo”, señaló.

Cabandié, acompañado por el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky, y el director del SNMF, Alberto Seufferheld, sobrevoló este viernes la zona afectada y recorrió la base operativa de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, donde se emplaza el Comando de Operaciones de Emergencias (COE) y que es uno de los puntos estratégicos desde donde se organiza el combate de los incendios de pastizales.

En declaraciones radiales realizadas esta mañana, el ministro también afirmó que “nadie duda que el sector agropecuario es estratégico, la idea no es estigmatizar o generar un encono, pero no pueden hacer lo que están haciendo”. “Le pedimos a la fiscalía y al juez una medida ejemplificadora” y “le planteamos a la justicia que en dos años no hicieron nada”, dijo en declaraciones a Radio con Vos.

“Son 2 millones de hectáreas, no hay población y el sector ganadero lo que hace es quemar pajonales”, aseguró y continuó que “las geolocalizaciones están presentadas y hay distintas firmas de familias poderosas”. “Podrían invertir en pasturas pero lo que están haciendo es optimizar sus recursos a costa de los ecosistemas”, afirmó.

“La Constitución del 94 dice que son las provincias las responsables y que tienen que llamar a la Nación cuando se encuentren desbordadas”, indicó.

MB con información de agencias de noticias Télam

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible demandará información a la provincia de Entre Ríos para conocer la titularidad de los predios donde se desencadenaron los incendios forestales en el Delta del Paraná y presentará los datos ante los juzgados federales donde se radicaron las denuncias, se informó este martes oficialmente, luego de que el humo llegara hasta la Ciudad de Buenos Aires.

Al respecto, el ministro Juan Cabandié expresó que “la acción de la Justicia debería ser una medida contundente y, en algún punto, una forma de disciplinamiento, para desalentar los focos”.

“Si la Justicia actuase y convocase a estas personas, sin duda, los dueños de los campos o quien lo hace, metiéndose en campos que no son suyos, lo pensaría dos veces”, subrayó.

Asimismo, el ministro afirmó que en el ecosistema del Delta las quemas se generan porque “hay muchos intereses”, entre los cuales detalló los “agrícolas, inmobiliarios con cambio de uso del suelo, y cazadores, pero en general está relacionado con la ganadería, con la quema de juncos, cañaverales, en busca de renovación y limpieza para extender la cantidad de hectáreas para las pasturas”.

En la misma línea, el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky, aseguró que “hay una acción deliberada en cuanto a los incendios”.

“Son sectores que piensan mucho más en el interés particular que en el bien común”, sostuvo, y agregó que “quienes lo hacen no pueden desconocer en qué contexto lo están haciendo, una sequía que lleva más de tres años y una bajante histórica del río Paraná”.

La georreferenciación de los Faros de Conservación establecidos por la cartera ambiental en la región permiten, a través de cámaras detectoras de humo y calor complementadas con imágenes satelitales, determinar en forma exacta la latitud y longitud donde se inician los focos ígneos, indicaron.

A partir de ese dato obtenido por el Poder Ejecutivo, se solicitará al Registro de la Propiedad de la provincia de Entre Ríos que indique la nomenclatura catastral del terreno y a partir de ese número, Ambiente pedirá un informe de dominio del predio y podrá determinar quiénes son los titulares de los campos.

La información obtenida será presentada ante la Justicia de la provincia, señalaron y aclararon que “la determinación de un titular registral no necesariamente coincide con el responsable del inicio de un incendio en ese predio”

Resaltaron que “es atribución del Poder Judicial investigar, encontrar y sancionar a los responsables”.

El Ministerio de Ambiente recordó que, a través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), mantiene el despliegue de recursos para combatir los distintos focos ígneos en el territorio del Delta.

En la zona, se encuentran disponibles para operar tres aviones hidrantes, tres helicópteros con helibalde y un avión observador, más dos helicópteros para traslado de personal pertenecientes al Ministerio de Defensa y un helicóptero perteneciente a la provincia de Buenos Aires.

Asimismo, fueron convocados por el SNMF más de 100 brigadistas y personal de apoyo afectado al combate de incendios, pertenecientes a la Brigada Nacional Sur y Centro, Parques Nacionales y la provincia de Buenos Aires.

En la Base de Operaciones de San Pedro se encuentra en funciones el Camión Comando de Emergencia (COE).

CRM con información de la agencia Télam

Más del 80 por ciento de los argentinos se opone a la caza por trofeos, práctica que consiste en matar animales para competir o por placer y así obtener partes de los animales para exhibirlos. En tanto, el 92 por ciento se manifestó a favor de la prohibición de esta práctica.

Cuando la caza de trofeos se trata de especies amenazadas o en peligro de extinción como leones, elefantes y jirafas, la cifra asciende al 93 por ciento, de acuerdo a una encuesta que realizó la organización Humane Society International (HSI).

Asimismo, consultados respecto de la presencia de cazadores extranjeros en territorio argentino, el 91% estuvo de acuerdo en que debería estar prohibida, al igual que las exportaciones de los trofeos que resultan de la caza junto con la importación de trofeos argentinos en el exterior.

Esta tendencia está en línea con el crecimiento de un movimiento mundial que aboga por el bienestar animal, informó este martes la organización en un comunicado de prensa.

“La caza de trofeos es una práctica destructiva que perjudica el bienestar animal y la protección de las especies. Lamentablemente la caza de este tipo existe en todo el mundo y Argentina es uno de los países con mayor nivel de exportación de trofeos de caza”, expresó Marina Ratchford, representante de Argentina de HSI.

Y agregó que “estamos a tiempo de convertirnos en un agente de cambio. Incentivando el cese de esta actividad podemos ser un ejemplo a seguir”.

El ministro de Ambiente, Juan Cabandié, destacó la importancia de la encuesta y señaló que “evidencia la conciencia ambiental creciente” que hay en nuestro país, y remarcó que la cartera ambiental prohibió la importación, exportación y el tránsito interjurisdiccional de trofeos de caza de especies de la fauna silvestre autóctona a través de la Resolución 133/22.

 En ese sentido, anticipó que el Ministerio se encuentra en elaboración de una actualización normativa para prohibir la importación de todo trofeo de caza a nuestro país.

También restaltó los operativos de rescate de especies víctimas del tráfico ilegal llevados adelante por la Brigada de Control Ambiental, que al momento ya rescató más de 700 ejemplares que actualmente se encuentran en centros de rescate y rehabilitación de fauna.

Por su parte, Aerolíneas Argentinas instituyó una política que prohíbe el transporte de trofeos de caza de fauna nativa de nuestro país en cualquier vuelo nacional o internacional.

“Argentina es un importante contribuyente a esta industria poco ética y el país tiene el poder de dar un paso adelante como líder mundial en conservación y poner fin a la importación y exportación de estos macabros trofeos de una vez por todas”, expresó Teresa Telecky vicepresidenta del departamento de vida silvestre de HSI.

Según la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), Argentina estuvo entre los diez países con mayor nivel de exportación de trofeos a nivel mundial entre 2014 y 2018; y fue el vigésimo tercer país con mayor nivel de importación de trofeos de caza de mamíferos protegidos en el mundo.

Entre los animales que fueron más importados se encuentran el elefante africano, la cebra de montaña de Hartmann, el león africano, el hipopótamo y el papión negro.

Por último, detallaron que la mayoría de las exportaciones de trofeos de caza fueron de antílopes negros y pumas, con caso todos los antílopes negros tomados de la naturaleza y la mayoría de los pumas criados en cautiverio.

DL

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan Cabandié, dijo este miércoles que “el 95%” de los incendios forestales que se desatan en la Argentina son “por acción humana”, y aseguró que “es compleja” la situación actual en la Argentina, donde la sequía y la bajante de los ríos provocó un aumento de los focos ígneos en los últimos años.

“El 95 por ciento de los incendios son por acción humana. El resto son por tormentas eléctricas y otros fenómenos. Pero, en su mayoría, los focos son intencionales y, en menor medida, por imprudencia”, destacó Cabandié.

El funcionario formuló estos conceptos en una reunión de la Comisión de Ambiente del Senado de la Nación a la que asistió para informar sobre la situación de los incendios en la provincia de Corrientes, donde las llamas ya alcanzaron al 15% de la superficie de ese distrito.

“No vimos ningún evento climático natural en estos días. De diciembre a hoy no podemos decir que los incendios fueron por uno o dos o más rayos que prendieron fuego los campos”, resaltó Cabandié. El funcionario agregó que en muchos casos se trata de incendios provocados para la limpieza de campos, pero evitó señalar a los productores.

“¿Son todos los productores? Por supuesto que no”, aclaró el ministro.

Cabandié también destacó “la actuación de los bomberos voluntarios” y buscó aclarar las dudas sobre el uso de aviones para apagar los incendios forestales.

“El uso de aviones hidrantes por sí solo no apaga los incendios, sino que son los brigadistas los que hacen el mayor trabajo”, destacó.

Cabandié también fustigó el rol de la justicia en la búsqueda y castigo de los culpables por la generación de los incendios forestales.

“Desde Ambiente nos acercamos a la Justicia como querellantes, brindando herramientas para las pesquisas. Por ejemplo, para conocer la titularidad de los dominios donde casualmente se incendiaban los campos. Pero la Justicia nunca encontró a nadie”, sentenció.

“Nosotros incrementamos de forma considerable el presupuesto, llevándolo a 2.500 millones de pesos el año pasado y en el vigente a 6.500 millones. Es muy difícil argumentar que se desmanteló el Plan Nacional de Manejo del Fuego, no estaría respaldado en su fase presupuestaria”, sostuvo el funcionario.

Además, mostró una filminas en las que se informó que el presupuesto en la materia fue de 430 millones de pesos en 2015; 308 millones en 2016; 312 en 2017; 246 en 2018 y 196 en 2019.

“Durante 2020 tuvimos que usar el presupuesto de 2019”, señaló Cabandié, quien remarcó que es “un dato objetivo la disminución del presupuesto del 2015 a la fecha”.

“Estamos en una situación claramente compleja, el calentamiento global y el cambio climático empujan incendios forestales más extremos, no es lo mismo combatir un incendio en estos tiempos que hace 10 años. Los especialistas en fuego hablan de fuego de quinta y sexta generación”, agregó, citando una nota periodística de la cadena británica BBC.

DA

 El señor Boschetti miró y dijo:

-Con tal que no llueva.

Parecía preocupado.

-Si la luna se hace con agua – agregó -, estamos perdidos.

Desde septiembre a febrero había llovida día por medio en Corrientes. Había grandes zonas inundadas y las pérdidas eran tremendas: 90% del algodón 60% del tabaco, 80% de arroz. Pero lo que desesperaba al señor Boschetti era la posibilidad de que las lluvias arruinara, además, el carnaval.

En la edición de abril de 1966 de la revista Panorama, Rodlfo Walsh publicaba Carnaval Caté, una crónica antológica sobre los carnavales correntinos de ese año, que tenían lugar mientras media provincia atravesaba una de las peores inundaciones de la década. Las pérdidas económicas habían arrasado la producción local, pero la fiesta debía seguir.

Este viernes a la noche, menos de tres horas después de que el gobernador Gustavo Valdés declarara a Corrientes como zona de desastre ecológico y ambiental, ingresaban a la pista del corsódromo Nolo Alías, las primeras comparsas del demorado Carnaval 2022.

El mundo es otro, el carnaval también. Corrientes, no tanto. Pasaron 56 años del texto Rodolfo Walsh, sin embargo, como un ciclo interminable mientras los corsos empiezan, los correntinos siguen mirando al cielo a la espera de una respuesta ante el desastre climático. Ahora, rogando que se revierta la otra cara de la moneda ambiental: una sequía extrema que amenaza con extenderse aún más tiempo.

Sin tregua

Testimonios desoladores de productores, campesinos y vecinos de cada punto del territorio provincial que luchan contra el fuego; imágenes impactantes de llamas devorando campos, árboles, casas; mapas satelitales con foquitos rojos, con humo. Un bombero agotado entre pastizales llora impotente por el voraz avance de las quemas. Pedidos de ayuda. Oraciones rogando al cielo que llueva. Fauna autóctona de los Esteros del Iberá rescatada de entre las llamas, un pequeño ciervo con las patas vendadas por pisar el fuego, un tatú mulita tomando agua de las manos de su rescatista, carpinchos bañándose en los piletones de las vacas. Desesperación por el agua. Todo lo mediatizado y viralizado sobre el desastre que atraviesa Corrientes omite un sutil detalle, imposible de ser reproducido por medios electrónicos. Hace casi dos meses, quienes vivimos en esta provincia del noreste argentino nos despertamos y nos acostamos envueltos en un amargo olor a humo.

En cada punto del extenso territorio provincial desde diciembre pasado los incendios se propagaron al compás de una tremenda ola de calor, con temperaturas varias veces por arriba de la media. El olor a quemado se convirtió en parte de la vida diaria, el humo en el horizonte, el cielo con una bruma gris por la mañana y anaranjada al atardecer. La picazón en la garganta, en la nariz y los ojos ahora ya no son síntomas posibles de covid sino una señal irrebatible del desastre que amenaza con continuar propagándose en los pastizales y los bosques correntinos.

Según los últimos datos de la sede local del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), se están quemando 30 mil hectáreas por día. Al viernes 18 de febrero, cerca del 9 por ciento del territorio correntino se había quemado, como si la ciudad de Buenos Aires ardiera cuarenta veces. No sólo eso. Sino que todo se quema más rápido. Según el INTA, se subestimó el poder del fuego, pasando en el transcurso de pocas semanas de quemarse 20 mil a 30 mil hectáreas por día.

El informe da cuenta de una serie de datos que agravan el panorama. Las zonas más afectadas fueron los ambientes de humedales con más de 460 mil hectáreas acumuladas, que se corresponden en su mayor parte con los esteros del Iberá. Pero además se quemaron 28 mil hectáreas de bosques nativos, cuya reposición puede tardar varias generaciones.

Una agenda en conflicto

La demora en una reacción contundente y oportuna para avanzar sobre los incendios marca los principales cuestionamientos que hoy giran en torno al gobierno de Gustavo Valdés y salpican a la administración del Gobierno nacional. Recién este viernes, cuando ya se había quemado cerca del 10 por ciento del territorio provincial, el radical decretó el estado de desastre y declaró una serie de medidas para intentar paliar la situación.

Con una conferencia de prensa, tras recibir a Horacio Rodríguez Larreta en Corrientes y fotografiarse en algunas de las zonas afectadas, Valdés puso a los incendios en el centro de la agenda política. Intentando dejar atrás desacertados chispazos que vía Twitter había intercambiado con el ministro de Medio Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, el gobernador correntino oficializó la declaración de Catástrofe Ambiental y Ecológica, que implica destinar recursos extraordinarios para asistir a los afectados. Como en cada intervención previa, aseguró que “solo la lluvia puede poner fin a esta crisis” y detalló que están trabajando en la provincia más de 2.600 bomberos y brigadistas, 10 aviones hidrantes, cinco helicópteros y camiones cisterna. Esta asistencia llegó desde diferentes puntos del país e incluso desde Brasil.

Valdés agradeció tanto recursos humanos como materiales de los gobiernos de Jujuy, Buenos Aires, Santiago del Estero, Córdoba, Mendoza, Chaco y Salta. Y si bien se intenta bajar el tono a la tensión con el gobierno nacional, gracias al aporte de 200 millones de pesos del Tesoro Nacional, 100 millones de Desarrollo Social y 200 millones del convenio firmado con el ministro de Agricultura, Julián Domínguez -que visitará la provincia este domingo-, el desencuentro con Cabandié quedó expuesto cuando el funcionario nacional estuvo en la provincia, sin intercambiar dialogo con Valdés.

No obstante, este sábado el gobernador indicó en declaraciones a la prensa porteña que trabajará junto con el presidente Alberto Fernández y todos los sectores productivos para poder hacer un análisis de los daños y evaluar la mejor manera para hacer frente a las pérdidas.

Las tensiones políticas que siguen ocupando parte del intercambio entre ambos gobiernos se desdibujan en cada punto de la provincia donde el fuego sigue sin dar tregua. Las consecuencias de esta catástrofe aún no se pueden dimensionar. Se habla por el momento, de pérdidas para la producción de 200 mil a 500 mil millones de pesos especialmente para el área de la forestación. El impacto para la naturaleza es mucho más difícil de cuantificar.

Por ejemplo, en Paraje Galarza, el más nuevo de los portales de ingreso a los Esteros del Iberá el fuego arrasó con todo durante dos días de incendio sin tregua. Viviendas, establecimientos turísticos y zonas productivas se redujeron a cenizas. Al borde de la laguna Galarza, la más grande del Iberá, caprichos, yacarés y ciervos perecieron por los incendios. También en Mercedes, una semana atrás, la delegación del INTA perdió el 95% del campo con todos sus ensayos y líneas de investigación, pudieron salvar a parte de los animales, pero el foco afectó el trabajo de décadas. El panorama se repite en la mayoría de los departamentos y se espera una disminución del impacto del fuego para la próxima semana, si el pronóstico de varios días de lluvia se cumple.

Como en 1965, cuando Walsh estuvo en Corrientes, se sigue mirando al cielo. Esta vez, el ruego es para que llueva, mientras los carnavales siguen aferrándose a un intento de recomponer la cultura, la economía y el entretenimiento, tras dos años del otro desastre: la pandemia. 

WC

El ministro de Medio Ambiente de la Nación, Juan Cabandié habló este sábado sobre la delicada situación que se vive con los incendios en la provincia de Corrientes y expresó: “Es una situación compleja, hay simultaneidad de focos, eso hace que sea todo mas difícil ya que hay que multiplicar las brigadas y las temperaturas no ayudan” lo hizo en declaraciones al programa “Palermo Wuhan” en El Destape Radio.

 Cabandié aclaró que factores exógenos favorables, como las lluvias, no se esperan pronto en la zona: “Recién se esperan precipitaciones a partir del lunes (en Corrientes) eso ayudará. No se sabe si extinguirá a todos los focos ígneos. En Misiones beneficiará más pero no podemos anticipar si lo extinguirá de manera completa”.

Sobre las iniciativas ciudadanas, como las que convocó el actor Alfredo Casero, que buscan ayudar en Corrientes, Cabandié expresó: “La ayuda para esta situación tiene que ser especializada porque hay personas que no cuentan ni con las herramientas ni el conocimiento son focos ígneos forestales, tanto pastizales, humedales y para eso se necesitan conocimientos específicos”.

Con respecto a los inicios de los focos ígneos especificó: “Hay situaciones que hay que tener en cuenta, en este caso el 95% de los fuegos tienen como inicio la acción humana, son por decisión de prender fuego, en menor medida por imprudencia pero la verdad que hay una cultura arraigada de quemar campos”. Y enfatizó: “Ciertos productores también tienen como práctica, quemar pastizales, entiendo que eso podría haber sucedido hace 10 o 15 años sin consecuencias. Hoy eso no existe por las altas temperaturas. Es necesario que se arbitre desde el ámbito provincial y obvio también de Nación”.

Además confirmó que el lunes el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación  presentará una denuncia a la Justicia y aseguró que durante todo el 2020 hubo incendios en el delta del Paraná, los habitantes de la franja de la costa los padecieron y la justicia no encontró a ningún responsable. No hay discusión, no hay dudas que es una práctica, una costumbre que tendrá que cambiar“.

La renuncia de Máximo Kirchner y las diferencias en el Frente de Todos

Con respecto a la coyuntura política, Cabandié habló sobre la renuncia de Máximo Kirchner a la Jefatura de bloque del Frente de todos en la Cámara de Diputados de la Nación: “Tiene argumentos que fueron públicos, fue una decisión que tomó. Yo no estoy de acuerdo con lo que hizo. Respeto su acción y se lo dije. Entiendo que es una persona de mucha trayectoria y tengo mucho respeto por su inteligencia política.

Con respecto a cómo ve a al Frente de Todos y las diferencias internas dijo: “Lo veo bien, es natural que existan posiciones antagónicas sobre algunos temas. Las diferencias son saludables, y al mismo tiempo, veo como algo virtuoso la posibilidad de disentir. Tenemos que construir escenarios donde podamos ampliar la mirada, es algo que Néstor (Kirchner) decía muchísimo” subrayó el funcionario.

LG.

La Justicia Federal de Mar del Plata suspendió el proyecto de exploración petrolera en el Mar Argentino y frente a la costa de esa ciudad.

El juez Santiago Martín - a cargo del Juzgado Federal de Mar del Plata 2- consideró tres puntos para suspender la actividad. Primero, el cumplimiento defectuoso de los estándares sobre información y participación que se desprenden de la legislación vigente y del Acuerdo de Escazú (Ley 27.566); segundo, la falta de una instancia de consulta al Municipio de General Pueyrredón en el proceso de toma de decisión y, en tercer lugar, las falencias del Estudio de Impacto Ambiental derivadas de la insuficiente proyección sobre los impactos acumulativos de las exploraciones a realizarse sobre el Mar Argentino.

La autorización de la actividad a la empresa Equinor fue a través de un decreto del Gobierno Nacional publicado en el Boletín Oficial el 30 de diciembre de 2020, el último día de actividad del año. En realidad, la Resolución 436/2021 habilita la exploración sísmica en tres zonas del Mar Argentino y también están involucradas las empresas YPF y Shell. Las zonas son las distinguidas como “CAN 100″, ”CAN 108″ y “CAN 114″, de la Cuenca Argentina Norte. Dos de ellas están ubicadas a 307 kilómetros frente a la costa de Mar del Plata, y la CAN 114 a 443 kilómetros.

La resolución que dio luz verde a la actividad offshore lleva la firma del Ministro de Ambiente, Juan Cabandié, y provocó importantes movilizaciones en su contra. A los días surgió un movimiento #Mira conformado por cientos de personalidades que pedían frenar la actividad. Al mismo tiempo, organizaciones ambientalistas presentaron a la Justicia medidas cautelares. En el juzgado federal 2 de Mar del Plata lo hicieron la “Organización de Ambientalistas Organizado”, el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro y un particular. Estas tres hoy tuvieron su resolución y por ella se ordenó la suspensión de la exploración sin límite temporal hasta que se dicte una sentencia definitiva.

En el escrito, el juez habla del incumplimiento de las autoridades nacionales. “Las autoridades competentes no habrían cumplido con el estándar de máxima publicidad que las obliga, en la medida de los recursos disponibles, a poner a disposición del público y difundir la información ambiental relevante para sus funciones de manera sistemática, proactiva, oportuna, regular, accesible y comprensible”, se lee en el fallo. Y, además, indica que “tampoco surge de los elementos obrantes en el expediente las razones que llevaron a las autoridades ambientales a omitir la realización de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), que sería el instrumento adecuado para abordar el análisis de los impactos acumulativos de la exploración sísmica en las distintas áreas del Mar Argentino sujetas a concesión”.

 Una de las mayores preocupaciones de los críticos al proyecto estaba el peligro que implica la exploración para la fauna. El escrito atiende al argumento y asegura el “riesgo de daño inminente en la que se encuentran las poblaciones de Ballenas Francas Australes y de Cetáceos en general, Misticetos, Odontocetos, dado que las explosiones sonoras en su hábitat natural le pueden provocar daño grave e irreparable e inclusive hasta la muerte, debiéndose advertir que muchas de las especies que habitan en las aguas jurisdiccionales argentinas son especies en peligro o amenazadas de extinción o se encuentran en situación de vulnerabilidad”.

PP

La gravedad de los incendios en la provincia de Corrientes no cesa y enciende alarmas a nivel nacional. Desde hace casi un mes distintos departamentos de la región central de la provincia se ven afectados por focos de incendios.

Por esta situación, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, afirmó que unos 80 brigadistas siguen combatiendo el fuego en la provincia de Corrientes y anunció que la Nación sumará un helicóptero al equipamiento de apoyo aéreo que trabaja en la zona y que está compuesto por cuatro aviones hidrantes. Además respondió a las críticas por parte de la oposición de “inacción del gobierno nacional”.

De esta manera expresó: “Hace varios días se vienen combatiendo los focos ígneos, que están concentrados en un área y eso es positivo, pero lo que no es positivo son las altas temperaturas y que para los próximos días no se esperan lluvias”, explicó Cabandié, en declaraciones al canal TN.

El ministro dijo que el gobierno nacional “está presente desde hace varios días con 80 brigadistas, 4 aviones y estamos agregando un helicóptero, además de las autobombas con las que estamos dando combate al incendio forestal”, que ya consumió más de 300.000 hectáreas en la provincia.

Cabandié subrayó que “esperamos en los próximos días seguir avanzando y circunscribir el fuego para tenerlo controlado”.

El titular de la cartera de Ambiente remarcó que “el 23 de enero” el gobierno nacional ofreció medios aéreos y recursos humanos para combatir el fuego y que el 4 de febrero llegó el primer avión por pedido del Parque Nacional Iberá.

Según explicó, el gobierno correntino solicitó ayuda el 5 de febrero y al día siguiente la Nación envió brigadistas para sumarse a las tareas que se realizaban en la zona.

“Cada vez que nos piden estamos presentes, tenemos un despliegue para todo el territorio nacional, pero siempre a pedido de las provincias porque los recursos naturales, de acuerdo a nuestra Constitución, son provinciales”, explicó el ministro.

Y remarcó: “La Nación siempre está, conseguimos presupuesto porque estaba desfinanciado el área de combate de incendios forestales; estamos entregando equipamiento para los brigadistas no solo de Parques Nacionales sino de las provincias y hemos capacitado a 1.400 brigadistas en todo el país”.

Además, subrayó que “estamos encarando la posibilidad de que el Estado pueda adquirir aviones (hidrantes) más allá de que los que alquilamos son suficientes y los tenemos localizados en todo el territorio”.

“El cambio climático y las altas temperaturas nos están demandando que pongamos más foco en los incendios forestales, pasa acá y en todo el mundo”, concluyó.

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) informó que en las provincias de Corrientes, Río Negro y Misiones continúan activos focos.

De acuerdo con el reporte diario del organismo dependiente del ministerio de Ambiente, continúan el fuego en Corrientes en las localidades de Concepción III, San Miguel, Curuzú Cuatiá e Ituzaingó, donde se desplegaron cuatro aviones hidrantes pertenecientes al SNMF junto a 80 brigadistas y personal de apoyo convocados por el organismo y Parques Nacionales, además de dos autobombas, equipamiento y móviles de apoyo. Según la información oficial, se pusieron a disposición recursos por más de 400 millones de pesos.

LG con información de Télam

La expansión de la actividad petrolera y gasífera en el mar Argentino está pasando límites en nombre de la “soberanía energética” y la búsqueda de divisas, según la denuncia de organizaciones y expertos en medio ambiente que advierten sobre la última autorización del ministro de Ambiente, Juan Cabandie, para la exploración o prospección sísmica a 200 millas marítimas de las costas del sur de la provincia de Buenos Aires. Cristian De Haro es uno de los especialistas que ayudó a desarrollar un protocolo para mitigar el impacto de la actividad en ballenas, delfines, tortugas, lobos marinos y peces que deberá ser aplicado en las próximas exploraciones sísmicas.

De Haro es licenciado en Ciencias del Ambiente, investigador y docente del Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente de la Universidad de Buenos Aires (GEPAMA-UBA). Se especializa en el estudio y conservación de cetáceos en la Patagonia y en el impacto de la actividad petrolera en ambientes marinos y costeros desde hace 30 años. 

“Este proyecto de prospección sísmica -que aprobó Cabandie- es uno de varios que se irán presentando. En 2017, hubo una apertura muy grande de permisos y ofertas de bloques de exploración que no se realizaban desde hacía muchos años. Se adjudicaron 18 bloques, de los cuales, ocho, son en la Cuenca Argentina Norte, en el Talud Continental, donde nunca se explotaron hidrocarburos. Otros 10 bloques están en la Cuenca Austral y Cuenca Malvinas Oeste, que ya son explotadas pero buscan extender la exploración allí”, explicó De Haro. 

La exploración sísmica es realizada desde buques que transportan una cola de cañones que disparan aire comprimido en el mar y provocan lo que Greenpeace llamó “bombardeos acústicos”. El sonido que generan estos disparos sonoros viaja hasta el lecho marino y permite identificar la presencia de gas o petróleo. Esa información es obtenida y procesada por compañías especializadas que luego venden los datos a las petroleras para que realicen la extracción.

De Haro explicó a elDiarioAR que estos disparos sonoros se realizan en Argentina desde 1957, con tecnologías que fueron modificándose con el avance del tiempo.

El protocolo que ayudó a elaborar junto a especialistas del ministerio de Ambiente fue aprobado oficialmente en 2021, pero el experto advierte que “es una medida concreta, una piecita”. “Si se cumple, minimiza el riesgo de esta actividad, pero no es función de este protocolo ordenar el impacto de las actividades marítimas. No es que con este protocolo se va a poder expandir la frontera hidrocarburífera sin riesgos”, advierte en diálogo con elDiarioAR. 

Es lo que más le preocupa, aclara: “La expansión de la barrera hidrocarburífera no puede crecer indiscriminadamente” y está avanzando sobre áreas que deberían estar protegidas por el Estado.

La tendencia indica que la exploración de hidrocarburos se superpone con áreas que deben estar protegidas.

¿Cómo afectan estos disparos en el mar a los mamíferos marinos y a otras especies del mar?

Pueden modificar el comportamiento habitual, enmascarar la comunicación, dificultar la percepción del entorno, desplazarlos de hábitats relevantes, provocar reacciones de estrés, interferir con sus funciones vitales, reducir la disponibilidad de presas y, en casos extremos de exposición al ruido puede causar lesiones directas y hasta afectar su supervivencia. Puede afectar tanto a mamíferos como tortugas, aves marinas y peces.

¿Cómo surgió el protocolo para la exploración sísmica?

Hace bastante tiempo que vengo planteando la necesidad de un protocolo unificado pero surgió en función de la resolución conjunta de Energía y Ambiente de 2019. Ambiente empezó a tener un papel protagónico en el proceso de análisis del impacto ambiental de esta actividad. Fue un avance importante. Antes ni siquiera intervenía, todo era manejado por Energía. Es lógico que Energía promueva la producción hidrocarburífera y que Ambiente quiera conservar los recursos naturales, pero lo que no puede pasar es que funcionen como compartimentos estancos o como dos Estados distintos.

Sin embargo, a pesar de que participó Ambiente, las organizaciones ambientalistas fueron muy críticas con Cabandie por haber aprobado el informe de impacto ambiental sin explicar los argumentos. 

Decisiones tan relevantes es mejor tomarlas en otras épocas, cuando la gente no esté de vacaciones o distraída. 

¿Está de acuerdo con la decisión que tomó el ministro Cabandie?

Se supone que Ambiente recibió alguna presentación solicitada a la empresa que le permitió autorizar la prospección pero no sé qué presentaron, qué pidieron. No lo sabemos y por eso hay sectores que reclaman la documentación respaldatoria que hizo que el ministerio cambiara su posición. 

¿Estos bloques en los que se autorizó la exploración sísmica están ubicados muy cerca de zonas protegidas?

Sí. La tendencia indica que la exploración se superpone con áreas que deben estar protegidas, y no sólo en el Talud Continental sino también en la zona austral, están cerca de Cabo Vírgenes. Las torres de petróleo ya están a 20 millas ó 40 kilómetros. Y los bloques de la zona austral están cerca de las áreas marinas protegidas, como Yaganes (al sur de Tierra del Fuego) y Namuncurá (Banco Burdwood, a la altura de Ushuaia). También hay áreas protegidas costeras y marinas provinciales de mucha riqueza. El ministerio de Ambiente incluso sacó un documento con áreas relevantes del mar Argentino sugeridas para la creación de nuevas áreas marinas protegidas. 

Las críticas a Cabandie por la autorización de estas exploraciones en la Cuenca Argentina Norte abrieron también réplicas de sectores que opinan que el cuidado del medio ambiente frenaría el desarrollo económico o la “soberanía energética” de la que habla el Gobierno. ¿Es real la supuesta dicotomía entre ambientalismo y progreso económico?

La discusión de ambientalismo versus progreso económico es arcaica. La conservación y protección del ambiente no va en contra del desarrollo. Todo lo contrario. El tema es cómo un país piensa el aprovechamiento de esos recursos. Si los va a extraer y explotar para generar divisas rápido o si va a planificar a mediano y largo plazo. O cómo vamos a consumir y demandar recursos naturales. Si no diversificamos la matriz energética, la actividad petrolera y gasífera va a tender a expandirse. Tenemos que tomar medidas integrales, buscar alternativas. La expansión de la barrera hidrocarburífera no puede crecer indiscriminadamente. Hay que ordenar las actividades en el mar. Si el Estado decide hacer una prospección sísmica se tienen que aplicar los máximos estándares, seguimientos y controles y contar con información. Está claro que los hidrocarburos son recursos estratégicos pero también son estratégicos el agua, la diversidad, los bienes y servicios ecosistémicos. 

¿Cuál sería el límite?

Hay que exigir una evaluación ambiental estratégica, hasta dónde van a llegar los proyectos hidrocarburíferos y qué impacto van a tener en sus distintas etapas. Es urgente hacer una planificación espacial marina donde se ordenen las actividades socio económicas y de conservación. Eso implica también aumentar las áreas marina protegidas y la eficiencia de las que ya están. 

¿Cómo elaboraron el protocolo?

Está basado en experiencias internacionales. Se aplica una vez que el Estado aprobó la actividad sísmica y le exige a las empresas que contraten expertos en vida marina como observadores en los buques. Determina además las medidas para los observadores marinos a bordo, que tienen que tomar datos y están vinculados a medidas de mitigación. Eleva los estándares y exigencias. La industria también tiene sus estándares y a veces las casas matrices tienen estándares que superan lo que les exige un país. Pero este nuevo protocolo es obligatorio para aguas nacionales y estandariza el procedimiento para todas las empresas. 

La expansión de la barrera hidrocarburífera no puede crecer indiscriminadamente.

¿En qué consiste el procedimiento?

Establece cuántos observadores mínimos tienen que llevar las empresas en los buques y exige que sean no sólo observadores visuales sino también acústicos. Cuando no hay visibilidad en el mar o cuando la prospección sísmica se realiza durante horas nocturnas, los observadores acústicos pueden detectar si hay individuos -ballenas, lobos marinos, tortugas, delfines- en la zona. Además, el protocolo amplía el área de exclusión de 500 a 1.000 metros mínimos. 

¿Pueden los observadores ordenar a la empresa que frene la actividad sísmica?

Los observadores marinos además de tomar datos de las especies tienen que estar observando si aparece al menos un cetáceo, una tortuga, un lobo marino dentro de esa área de exclusión y tiene que avisar a quienes manejan los cañones para evitar que disparen, para que corten la actividad. Lo tienen que hacer. Los observadores luego tienen que informar a la autoridad de control, en este caso Energía, pero sería muy importante que sea en conjunto con Ambiente. 

Pueden generarse situaciones de tensión entre los observadores y los empleados de la empresa a bordo del buque…

No te quepa la menor duda. Por eso es importante que los observadores trabajen en equipo, que haya un seguimiento de ambos ministerios y articulación con la empresa. 

¿Cómo se garantiza la independencia de estos observadores con respecto a las empresas que van a tener que contratarlos?

Son independientes pero los contrata la empresa y tiene que pagarles, es su obligación. Eso no significa que hagan cualquier cosa. Cuanto mejores profesionales e investigadores de las universidades se capaciten, más eficiente va a hacer su trabajo. Es importantísimo que en la aplicación del protocolo se involucre el ministerio de Ambiente, que capacite a los observadores marinos a bordo y que se priorice a los especialistas argentinos.

¿Si se cumple este protocolo se minimiza el riesgo para la fauna marina?

Sí, el protocolo también tiene en cuenta esto: uno de los problemas de las explosiones en el mar es lo repentino y sorpresivo, y eso puede provocar daño físico grave en los individuos. Ese tiempo de corte para ver si finalmente los individuos siguen en el área de exclusión es central. Si se observa que en 20 minutos no aparece, se supone que se alejó, pero en áreas de mucha profundidad se asume que hay buceadores y entonces el corte se lleva a 40 minutos de espera. 

¿Qué se establece sobre los cañones?

El protocolo establece que los cañones se inician con arranque suave, a mínima potencia y van aumentando progresivamente la potencia hasta llegar al máximo permitido por el estudio de impacto ambiental. Esto busca que el sonido se vaya incrementando durante determinado tiempo, una media hora o 40 minutos, y que los individuos tengan un alerta para alejarse de la fuente de sonido. Este procedimiento no es perfecto, tiene cuestionamientos pero es parte de lo que está estipulado internacionalmente. Los buques también arrastran el equipamiento y pueden tener 8 mil metros, es como una cola de novia de cañones. Cuando pega la vuelta, tiene que hacer un giro importante y sale del área permitida. El protocolo indica que cuando hace esa vuelta los cañones no sigan funcionando.

¿Qué datos deben tomar los observadores?

Datos de los individuos, de comportamiento ante el efecto del ruido y la invasión del área. Puede haber especies que reaccionen distinto a otras. En el protocolo se agregó la obligación de registrar y observar tortugas, mamíferos marinos y aves buceadoras (pingüinos principalmente), que no estaban contempladas antes. 

¿Quiénes van a procesar esos datos?

Los datos tienen que volver a Energía y Ambiente. Toda la información y los datos sirven para poder tener un informe anual en el que se plasmen y se analicen. Si lo hubiésemos hecho hace diez años, hoy tendríamos un bagaje de información propia que retroalimentaría alertas y medidas, y sobre los niveles de cumplimiento. Este protocolo es una piecita para eso. Es importante que el control y el seguimiento lo hagan en tiempo real Energía y Ambiente. Por ahora, lo hace Energía pero es esencial que sea conjunto y esto existe como posibilidad en la reglamentación. 

Evidentemente el Gobierno no quiere que Ambiente controle esta actividad de la secretaría de Energía. ¿Por qué sucede esto?

Pasa con todos los ministerios. A Ambiente le vengo insistiendo hace años que tienen que estar involucrados. La resolución de 2019 permite que participe.

ED

Las concesiones petroleras sobre el mar Argentino realizadas por el expresidente Mauricio Macri, ahora validadas y defendidas a capa y espada por el actual gobierno nacional, abrieron un nuevo frente de conflicto en el siempre resbaloso y asimétrico debate entre Ambiente y Desarrollo.

Luego de la resolución que da luz verde (licencia ambiental) a la actividad off shore, rubricado el 30 de diciembre pasado por el Ministro de Ambiente, Juan Cabandié, asistimos a importantes movilizaciones en defensa del mar Argentino en las ciudades de la costa bonaerense, principalmente en Mar del Plata. Como una continuidad inmediata del “Chubutazo”, cuyo impacto social preocupa cada vez más al establishment político y económico, las movilizaciones de la costa dieron cuenta de la importancia creciente de las problemáticas ambientales, en un contexto nacional en el cual se conjugan crisis climática (voracidad de los incendios forestales, crisis hídrica y mayor frecuencia de eventos extremos) y avance de las políticas neoextractivistas del gobierno argentino (en nombre de la necesidad de divisas para pagar la deuda externa). 

Volvamos un segundo atrás para recordar que la cartera ambiental fue la encargada de llamar a la audiencia pública, realizada en julio de 2021, en la cual manifestaron su rechazo más de 400 participantes entre científicos de diferentes campos, ciudadanos de todo el país y organizaciones ecologistas. Tomando en cuenta la postura negativa que predominó en la audiencia pública, así como los acuerdos internacionales de descarbonización y el mandato de la transición energética, al interior del gobierno circularon mensajes de que Cabandié no otorgaría la licencia ambiental a la actividad hidrocarburífera offshore. Sin embargo, meses más tarde, éste hizo tabula rasa de los reclamos ambientales y los compromisos internacionales, reorientando su discurso hasta ponerlo en sintonía fina con la narrativa extractivista del Ministerio de Producción. Vaya a saber cómo operó el disciplinamiento partidario al interior del gobierno, pero resulta evidente que el Ministerio de Ambiente cedió ante las presiones internas y comenzó a hablar otra lengua. Así, los planetas se alinearon.

Ante las enormes movilizaciones costeras que advirtieron sobre la ausencia de licencia social, la respuesta del gobierno nacional no tardó en llegar. La semana pasada, luego de una reunión con el Jefe de Gabinete, Juan Manzur, distintos funcionarios –de energía, producción y ambiente- salieron en amables giras mediáticas a defender la exploración y explotación off shore. También boletines informativos webs se encargaron de replicar, casi calcadamente, la información falaz y maliciosa que hacían circular desde el Ministerio de Producción. Otros medios atacaban al ambientalismo calificándola de “prohibicionista” y “antidesarrollo”, buscando incluso expulsar la palabra “extractivismo” del vocabulario político-social. Para defender el proyecto oficial, desde la cartera liderada por Matías Kulfas, funcionarios de tercer rango pero con numerosos seguidores en las redes sociales, comenzaron a utilizar como máxima autoridad en estos temas al IAPG –Instituto Argentino de Petróleo y Gas- que pese a su nombre, es un ente creado y financiado por las grandes corporaciones petroleras transnacionales como Shell, Chevron, Exxomovil, Total, varias de las cuales forman parte de esta aventura off shore. Resulta curioso que las grandes corporaciones petroleras, muchas de las cuales durante décadas financiaron a nivel global “estudios científicos” para alimentar el discurso negacionista en relación al cambio climático, buscando exculpar a los combustibles fósiles y ocultando su responsabilidad, hoy sean usadas por funcionarios públicos como fuente de información veraz y legítima. Sin embargo, acá no nos interesa abocarnos al tema (el artículo de Marina Aizen en este mismo diario refutó de modo contundente uno a uno los argumentos del IAPG), como indagar sobre otros mitos y realidades de la explotación off shore, difundidos por el gobierno, para contrarrestar la oposición social y cancelar una vez más las voces del ambientalismo crítico.

Para comenzar, muchos repitieron hasta el cansancio que en realidad la explotación off shore no es nada nuevo en el país, pues ya hay plataformas marítimas y que el 19% del gas que llega a nuestras casas remite a este origen. No es un tema menor. Hay aquí también información tramposa. En realidad, la actual autorización es algo incomparable con el off shore que ha habido hasta ahora en el Mar Argentino. No es lo mismo la actividad en plataformas fijas sobre aguas someras - poco profundas de hasta 100 m- tal como se realiza en la cuenca austral (en aguas de Tierra del Fuego), que la extracción en aguas ultraprofundas, que se pretende hacer ahora en el mar Argentino. Como señaló en redes sociales el geógrafo de la Universidad Nacional de Cuyo, Marcelo Giraud “algo que no dicen los funcionarios, el IAPG y demás defensores de la autorización a la empresa Equinor, es que de los actuales 36 pozos gasíferos off shore en el mar Argentino, sólo 1 está sobre una columna de agua mayor a 100 metros, todos los demás son en aguas poco profundas. En cambio en el polígono donde autorizaron a Equinor a hacer exploración sísmica de hidrocarburos, el fondo marino está a unos 1.700 a 3.800 metros de profundidad, califica como off shore ultraprofundo, que jamás se ha hecho en Argentina.” A mayor profundidad del mar, mayores son los riesgos, las operaciones mucho más complejas, todo ello en un contexto bastante más exigente.

En realidad, la actual autorización es algo incomparable con el off shore que ha habido hasta ahora en el Mar Argentino

Tampoco es cierto que los accidentes petroleros ocurridos en aguas marítimas no sean relevantes o que Equinor sea una empresa sin prontuario. Por ejemplo, el desastre de la plataforma de aguas ultra-profundas Deepwater Horizon, ​ en abril de 2010 en el golfo de México, fue el resultado de una explosión que provocó 11 trabajadores muertos y el más importante vertido de petróleo de la historia, al menos, 779.000 toneladas de petróleo crudo. Junto con el hundimiento de la plataforma Petrobras 36 en las costas brasileras, en el año 2001, fue hasta ahora la peor tragedia en una plataforma petrolera desde la explosión de la plataforma británica Piper Alpha en 1988, en el Mar del Norte, que provocó 167 muertos. Todas estas plataformas estaban ubicadas a menor profundidad de la que estarán en el Mar Argentino.

No es cierto, como se difundió hartamente esta semana, que Equinor no tenga antecedentes en accidentes ambientales. En abril de 2021, el regulador noruego de seguridad en alta mar (Autoridad de Seguridad del Petróleo PSA) calificó como “grave” un derrame de petróleo de la plataforma Gullfaks C de Equinor en el Mar del Norte. Antes de ello y según información oficial suministrada por la propia empresa Equinor, durante los primeros tres meses del año 2021, se registraron dos fugas de gas, una en el campo Visund en el Mar del Norte y una fuga de hidrógeno en la refinería de Mongstad. Y también informaron seis fugas para el mismo período del año 2020. 

Por otro lado, hay que consignar también que de los 38 campos hidrocarburíferos propios que el sitio web de Equinor enumera en su página web en el mar noruego, sólo 1 tiene 1.300 m de perfil de agua: Aasta-Hansteen. Todos los demás tienen sólo entre 70 y 380 m de profundidad de agua.

Sucede que la explotación off shore es una energía extrema. En el marco de la crisis socioecológica, el concepto de energías extremas es muy útil, pues como dicen Hernan Scandizzo de Observatorio Petrolero Sur, de Argentina, y Tatiana Roa Avendaño, de Censat-Colombia, ésta se refiere no sólo a las características de los hidrocarburos, sino también a un contexto en el que la explotación de gas, crudo y carbón entraña cada vez mayores riesgos geológicos, ambientales, laborales y sociales; además de una alta accidentalidad comparada con las explotaciones tradicionales o llamadas convencionales. Para el caso argentino hay que agregar que la localización (aguas ultra profundas), además de la envergadura (la gran escala), juega un rol fundamental. 

Hay que destacar que hasta la propia técnica de exploración es severamente cuestionada desde el punto de vista científico: el reconocimiento sísmico funciona efectuando disparos submarinos con cañones de aire que crean sonidos muy fuertes, que provocan un impacto en más de 300.000 km2 (una superficie equivalente a toda la provincia de Buenos Aires). Las ondas sonoras de estos disparos viajan al fondo del océano, se reflejan y son captadas por sensores remolcados detrás del buque de exploración. Los datos recolectados se utilizan para crear mapas del fondo marino detallados, que las compañías petroleras usan para determinar las ubicaciones para la perforación. Esta práctica impacta sobre la biodiversidad, como la ballena franca austral (monumento natural), el delfín franciscana, orcas, lobos marinos y pingüinos que se encuentran expuestas a la desorientación, cambios en su comportamiento, estrés, discapacidad auditiva, lesiones masivas y hasta la muerte por ahogamiento o varamientos.

Desde el punto de vista científico: el reconocimiento sísmico funciona efectuando disparos submarinos con cañones de aire que crean sonidos muy fuertes en más de 300.000 km2 (una superficie equivalente a toda la provincia de Buenos Aires).

Incluso el sector pesquero argentino se encuentra muy preocupado por el impacto ambiental que tienen las actividades hidrocarburíferas off shore en el Mar Argentino donde actualmente se llevan adelante actividades pesqueras, que emplean a miles de personas. Cabe recordar que la petrolera Pan American Energy (subsidiaria de la petrolera británica BP y la China National Offshore Oil Company) en el año 2009 realizó prospecciones sísmicas en el Golfo San Jorge y a posteriori se evidenció una merma significativa en la captura de merluza durante 16 meses.

Nadie ignora que la situación económica y social de la Argentina es muy grave, mucho más frente al legado macrista ligado a la enorme e impagable deuda externa. Pero resulta lamentable que el único “proyecto” del gobierno actual sea pagar la deuda con el FMI. Y que acompañe este mandato con el falso argumento de que la exportación a gran escala de commodities servirá para reducir la pobreza. Ya hemos dicho acá que es un disparate vincular subdesarrollo con protección ambiental. No es que Argentina no logra el desarrollo porque tiene limitaciones ambientales. El agronegocio, el fracking en Vaca Muerta y la megaminería, son todas actividades que se llevan a cabo casi sin límites, ni controles ambientales y estatales. Nuestro país está profundamente liberalizado desde el punto de vista ambiental. Un ejemplo es el monocultivo de la soja que hoy ocupa 24 millones de hectáreas, el cual avanzó en gran parte sobre bosque nativo (desde la autorización en Argentina de la soja transgénica se perdieron 8 millones de hectáreas de bosque nativo), produciendo cambios en el uso del suelo y un nivel de deforestación entre los más altos del mundo, uno de los indicadores responsables de la actual crisis climática. Así, pretender vincular el “subdesarrollo” de Argentina con políticas de protección ambiental es una falacia. Es exactamente al revés: son los modelos de maldesarrollo, que buscan imponerse sin licencia social sobre las poblaciones, los que mantienen a más de la mitad de los niños bajo el nivel de pobreza. O para decirlo de otro modo: si con fracking, agronegocios y minería a cielo abierto tenemos más del 40% de la población bajo la línea de pobreza, una gran concentración de riqueza, y una expansión cada vez mayor de conflictos ambientales, no parece razonable que, haciendo más de lo mismo, en nombre de la reactivación de la economía o de la búsqueda desesperada de dólares (que por otro lado no llegan nunca), vayamos a tener resultados distintos. Desde la propia cartera ambiental se dijo que había que pagar la deuda con el FMI y volvió a hablarse de los millones de pobres, como si el ambientalismo se opusiera a la justicia social. En realidad, no existe un debate sobre los modelos de desarrollo, tampoco un Plan de transición energética. La exacerbación del “mandato exportador” (el concepto es de F. Cantamutto y M. Schorr), nos entrampa en un círculo cada vez más perverso: a más deuda externa, más exportación de commodities, mayor deuda ecológica, mayor sacrificio de poblaciones y territorios.

Lo cierto es que, tal como señaló el licenciado en Ciencias Ambientales Inti Bonomo, “Ibamos a cambiar deuda por acción ambiental y terminamos cambiando ambiente para pagar la deuda”. Pero hay que preguntarse si siquiera servirá para esto, porque incluso en términos estrictamente económicos son bastante dudosos los beneficios de esta actividad. Por la Ley 27.007 (que modifica la Ley 17.319) la producción proveniente de grandes concesiones hidrocarburíferas off shore cuentan con la libre disponibilidad del 60% de las divisas generadas en la explotación de las mismas (es decir, ni siquiera entran al país) y una reducción del 50% de las regalías a pagarse. Si ya el 12% era bajísimo, muy por debajo de otros países de la región como Ecuador y Bolivia, imagínense lo que significa su reducción al 6%. Resulta también difícil incorporar el argumento menemista de que habrá beneficios financieros y económicos porque se trata de grandes inversiones. Con ese discurso se construyó toda la legislación minera de saqueo en los 90 que permite que coexistan empresas mineras inmensamente ricas con poblaciones enormemente pobres. 

Entramos de lleno en la lógica del saqueo, que el gobierno quiere encubrir con una falsa narrativa “soberanista”, en relación al mar Argentino. Más bien, en este sentido, presenta problemas. Como es sabido además de la firma anglo-holandesa Shell también está la petrolera noruega Equinor que tiene como una de sus directoras a Anne Drinkwater, asesora en temas petroleros del gobierno kelper en las Islas Malvinas, como denunció Pino Solanas, cuando era Senador nacional. Más claro, una empresa que tiene como directora a una asesora del gobierno kelper será quien tenga a cargo la exploración y mapeo de los recursos hidrocarburíferos en Mar Argentino.

Preocupa, como ocurrió en Mendoza (a fines de 2019) y hace semanas en Chubut, la desconexión con la realidad de gran parte de la clase dirigente, que –además- acepta pasivamente el extractivismo como si fuese un destino inevitable y no una decisión geopolítica mundial. Llegó el momento de que salgan a recorrer los territorios, vean las problemáticas socioambientales y se compenetren con los nuevos debates que existen en todo el mundo sobre la transición ecosocial.

En fin, batallar para empezar a salir de la civilización del petróleo y avanzar en la transición energética no es una tarea fácil, aún si la crisis climática y la preservación de la vida en el planeta nos lo exige de manera urgente y necesaria. Todos formamos parte de la cultura del petróleo; no solo nuestras estructuras económicas y sociales están arraigadas en ella sino también nuestras estructuras cognitivas y mentales. Pero no por eso debemos capitular ante el lobby de los poderes fácticos, bastardeando nociones como la de Justicia Social y Transición energética. No hay modo en que la ampliación de la frontera hidrocarburífera a través del off shore en aguas profundas pueda ser aceptada en el marco de la transición energética. Esto es claramente un retroceso. De lo que se trata es de dar la batalla cultural, para empezar a salir de la cultura del petróleo, no de sumergirnos más en ella, para iniciar el camino de una transición energética justa, que beneficie y proteja a nuestras poblaciones y territorios. 

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El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, hizo referencia al estudio de impacto ambiental que se realizó sobre exploración offshore en las áreas CAN 100, CAN 108 y CAN 114.

“Es la primera vez que el Ministerio de Ambiente participa del estudio de impacto ambiental y esto es un dato positivo. Porque hubo diversas prospecciones sísmicas a lo largo de estos años”. Sin embargo, “a partir de ahora, la actividad offshore en nuestro país, empieza a tener un componente ambiental”, dijo Cabandié, y explicó que es “para revisar, asistir, tener presencia física en la prospección sísmica, tener técnicos y científicos que puedan dar el visto bueno a cada uno de los procesos”.

Las actividades de exploración —que realizará un buque que recorrerá el área— “se realizarán cumpliendo los más altos estándares internacionales”, según informan desde el Gobierno, tomando las experiencias de Canadá y Brasil. “El Plan de Gestión Ambiental aumentó medidas de control como el radio de exclusión para proteger la fauna marina”, agregan.

Cabandié también se refirió a la necesidad de generar una transición energética y aclaró: “No se puede cortar de la noche a la mañana el uso de hidrocarburos, gas o petróleo, porque entraríamos en un colapso social y económico inimaginable. Tenemos que profundizar la transición energética, ir hacia energías renovables o limpias”.

Por otro lado, el ministro señaló: “Si Argentina tiene sobrantes de gas, podemos exportarlo y eso puede redundar en que países que tienen su matriz energética en base a carbón reduzcan emisiones y consigamos dólares para comprar molinos eólicos”. Cabe señalar que la Contribución Determinada a Nivel Nacional que Argentina presentó en la COP 26 sobre Cambio Climático en Glasgow plantea la necesidad de promover las energías renovables y utilizar el gas natural como combustible de transición energética.

Además, el titular de la cartera de Ambiente enfatizó que “tenemos actividad hidrocarburífera desde 1970. Hoy el 17 % del gas que usamos proviene de la actividad offshore que se realiza en plataformas en el mar argentino”. El funcionario también resaltó: “La política energética la define el Estado Nacional a través de sus órganos correspondientes, en este caso el Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía”.

Las actividades de exploración permitirán mejorar el conocimiento de los recursos existentes en el lecho submarino, para poder planificar el uso de los hidrocarburíferos en el marco de la transición justa hacia una matriz energética sostenible y baja en emisiones de gases de efecto invernadero.

AB

Juan Manzur ofició de árbitro y ordenador: sentó, uno al lado del otro, al ministro de Ambiente Juan Cabandie y al secretario de Energía Darío Martínez, para tratar de administrar el efecto tóxico de un anuncio que el gobierno considera clave pero que arrancó a los tumbos.

Con delay y en medio de tensiones cruzadas, tras cuatro días de ruido público desde la publicación del decreto que dio vía verde a la exploración petrolera y gasífera en la llamada Cuenca Norte, a 307 kilómetros de la costa bonaerense, la Casa Rosada activó para tratar de ordenar ese frente crítico todavía abierto y que puede convertirse en una batalla política dura para el gobierno de Alberto Fernández.

El jefe de Gabinete tuvo, como tarea inicial, sentar en la misma mesa a Cabandié y Martínez para aplacar la tensión entre los responsables de las dos áreas involucradas, de lleno, en el proceso. Una porque dio el OK ambiental; la otra por el factor energético.

Manzur los convocó y los reunió el miércoles, en el que fue el primer mensaje político del gobierno desde que arrancó, el jueves 30, la polémica pública sobre la autorización de la exploración hidro carburífera en la plataforma marina por parte de tres empresas: Equinor, Shell e YPF.

Hasta ahí, ni Martínez ni Cabandié habían hablado. Según reconstruyó elDIarioAR, cada funcionario planteaba que era el otro el que debía salir a explicar el tema.

“Se manejó mal: se debió dar información clara y precisa, contar lo que significa, la importancia estratégica y que actualmente hay explotación off shore en el país. Pero casi que tratamos de que pase desapercibido”, lamentó una fuente oficial involucrada en el proceso. 

Aun con el hecho consumado, y la polémica abierta cuando trascendió el decreto, la reacción oficial fue “lenta y sin dimensionar la gravedad”, se apuntó.

El debate se instaló en las redes, entre los alertas ambientalistas y las explicaciones de los que defendían la medida aunque, entre estos últimos, no había funcionarios de primera línea. En rigor, Cabandié rompió el silencio este jueves, una semana después de la publicación del decreto. La semana pasada, este medio consultó a Ambiente para conocer si habría alguna respuesta o alguna explicación sobre la decisión. La respuesta fue que por el momento no dirían nada.

Scrum

Recién luego de la reunión con Manzur, Martínez habló del tema y desde ahí se armó un scrum político y de gestión. Luego de las declaraciones del secretario de Energía, que difundió Jefatura de Gabinete, también intervino Matías Kulfas, el ministro de Desarrollo Productivo –el área que aparece como promotor de las inversiones- y, como por efecto dominó, también hablaron el Ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa y, horas más tarde, se involucró Axel Kicillof. El jueves, lo hizo la portavoz Gabriela Cerruti.

El comité de crisis que armó Manzur detectó, además, otros ruidos. Uno, que circuló en el Frente de Todos (FdT), apuntó a que el Movimiento Evita de Emilio Pérscio y Fernando “Chino” Navarro, ambos funcionarios nacionales, apareció como convocante a la marcha de esta semana contra la autorización de la exploración del lecho marino.

“¿Y esto?: acá cada uno hace lo que quiere”, se quejó una voz oficial y mostró un flyer virtual de convocatoria al “Atlanticazo” donde aparece como convocante el Movimiento Evita de Mar del Plata. “En muchos de estas movidas, aparecen sectores nuestros. Lo mismo pasó con lo de Chubut”, apuntó.

Todo, asume un funcionario, responde a la misma lógica: la falta de estrategia. “Ni siquiera era necesario que se hable de Mar del Plata en el decreto. Es una autorización de exploración, no de explotación, en la Cuenca Norte, que es amplia y que está muy lejos de la playa”, explicó el funcionario. La molestia en el Gobierno sigue más allá de que pareció ordenarse el frente interno en las últimas horas.

Otro planteo, también referido a un mal manejo de la táctica política, apunta a la explicación sobre todo el proceso y apunta a que dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC), entre ellos el intendente de Mar del Plata, el macrista Guillermo Montenegro, objetó la autorización cuando –recuerdan en el gobierno– son consecuencia de licitaciones que se hicieron durante el gobierno de Mauricio Macri sin que, afirman, hayan existido objeciones del entonces oficialismo en aquel momento.

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Manzur, se reunió este miércoles en su despacho con el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, y el secretario de Energía, Darío Martínez, con el objetivo de analizar la puesta en marcha de la exploración hidrocarburífera en Cuenca Argentina Norte.

Luego de la reunión, Martinez afirmó en diálogo con los periodistas acreditados en Casa Rosada que la Argentina viene desarrollando exploración petrolera off shore desde hace años y que lo seguirá haciendo para generar la energía que necesita el país, y en esa línea, dijo que “hay que hacerlo con los mejores controles y de la manera más exigente para evitar cualquier tipo de accidente”.

El proyecto “Campaña de adquisición sísmica offshore Argentina, Cuenca Argentina Norte”, cuyas áreas serán operadas por la empresa noruega Equinor, en conjunto con la estatal YPF y Shell, permitirá la exploración hidrocarburífera a través del registro de imágenes del subsuelo marino y no contempla la perforación de pozos productores de petróleo o gas.

“Los hidrocarburos hoy representan la mitad del consumo mundial de energía. Estamos frente a un contexto de demanda energética en aumento: por ejemplo, en la última semana, hemos batido el récord de consumo histórico de la Argentina, por tanto es una actividad que hay que profundizar y continuar desarrollando”, indicó Manzur luego del encuentro. 

“Nuestro país cumple con todos los estándares de cuidado del medioambiente al efectuar estas prácticas, de la misma manera que se realiza en los países más desarrollados del mundo, como es el caso de Canadá, Holanda, Noruega y Brasil, que lleva adelante esta actividad en el mar desde hace más de 50 años”, agregó.

“Se trata de una iniciativa que cuenta con el aval del Estado Nacional para desarrollar este recurso, con el fin de aumentar la producción de gas viable para las y los argentinos y también permite la posibilidad de convertir al país en proveedor de gas de toda la región”, explicó.

El titular de la Secretaría de Energía expresó a su turno que “el 17% del gas que se produce en el país sale del offshore, necesitamos gas argentino producido por trabajadores argentinos y Pymes argentinas que se vayan sumando a la cadena de valor; consideramos que es una muy buena decisión en función de un esquema nacional y de una economía que sigue creciendo”.

Y agregó que “en el país desde 1970 se vienen desarrollando offshore, con más de 180 pozos y no se han registrado inconvenientes ambientales. Es fundamental seguir creciendo en un país donde se asegura la soberanía energética. Hay que desarrollar todas las fuentes energéticas de la Argentina, necesitamos más gas y más petróleo para dejar de importar, como así también apostar a las energías renovables, a la nuclear y a la hidroeléctrica”.

“Hay mucho para hacer en materia de generación, entendemos que podemos ser proveedores en materia de gas, que es el primer vehículo en la transición energética, y también hay que dejar de importar y para eso hacen falta obras de infraestructura importantes. Tenemos un plan de acción ambicioso que nos va a posicionar como los proveedores de gas de toda la región y la Argentina”, finalizó.

Actualmente, en nuestro país hay 36 pozos en producción, en las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego. La utilización de la técnica exploratoria sísmica en el Mar Argentino data de fines de los años 50. En las costas bonaerenses, se han registrado desde 1960 unos 50 mil km de sísmica y se han perforado 18 pozos; el último en 1997, informan desde el Gobierno.

En la zona a explorar, ubicada a más de 300 kilómetros de la costa, el procedimiento “implica la instalación de diez cables submarinos que tienen una extensión de entre 8.000 y 10.000 metros y se conectan a tres fuentes de energía desde la que se emiten sonidos. La refracción de esos sonidos es captada por micrófonos submarinos, conocidos como hidrófonos”.

AB