La intención del Gobierno de gravar con el impuesto a las Ganancias a los salarios del Poder Judicial y de los integrantes del Ministerio Público Fiscal provocó lo mismo que una patada a un hormiguero. Desde la Corte Suprema hasta las distintas asociaciones profesionales salieron a mostrar que no van aceptar mansamente la imposición de tener que tributar.

Así, los integrantes del máximo tribunal junto a las asociaciones de magistrados y funcionarios judiciales comenzaron a preparar su rechazo a la iniciativa.

Para los jueces, la intención del oficialismo representa un avasallamientos a sus atribuciones, en una palabra, es inconstitucional.

El primer indicio de que el conflicto escalaba fue la audiencia que los integrantes de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), que reúne a los jueces de la Justicia Federal y Nacional, pidieron a la vicepresidenta Cristina Kirchner. La presidenta del Senado los recibirá este miércoles.

“A raíz del pedido de audiencia, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibirá a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional el próximo miércoles (26 de octubre) al mediodía”, indicaron voceros de la ex presidenta.

Más tarde, el presidente de la Amfjn, Marcelo Gallo Tagle, y parte de la comisión directiva, se reunió con los jueces de la Corte, el titular Horacio Rosatti; el vicepresidente, Carlos Rosenkrantz, y los ministros Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Según informó Télam,  las vocalías de los miembros de la Corte trabajan buscando jurisprudencia sobre el cobro de impuestos retroactivos y lo que consideran un “avance” sobre sus atribuciones.

Se estima que en su contraataque, la Corte y los magistrados vuelvan a insistir con la reforma judicial que encargó el presidente Alberto Fernández a una comisión de juristas y expertos y la media sanción en Diputados a la ampliación del tribunal.

Desde que el Gobierno anunció la iniciativa, las distintas organizaciones y asociaciones judiciales rechazaron la idea de incluir en el Presupuesto 2023 una cláusula que los obligue a pagar el Impuesto a las Ganancias. Solo Justicia Legítima, cercana al kirchnerismo, apoyó el proyecto: “Nuestra posición ha sido siempre a favor de la igualdad impositiva y del rechazo a todo privilegio”.

Luego que la Corte Suprema se reuniera de urgencia el pasado viernes para analizar la situación, desde el entorno del máximo tribunal se difundieron los documentos de las entidades descalificando el eventual tributo. Este lunes, se conoció la misiva enviada por Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación, donde reclama una reunión con la Vicepresidenta, con Cecilia Moreau y con la Comisión de Presupuesto y Hacienda de ambas cámaras.

Este lunes, en el Salón Delia Parodi de la Cámara baja, se reunieron representantes de la Asociación con las autoridades de la Comisión de Presupuesto y diputados del oficialismo y de la oposición.

En la comunicación oficial enviada a la vicepresidenta, la AMFJN pidió “tenga a bien recibir a una delegación representativa de los distintos estamentos que componen esta institución, con el objeto de ser escuchados respecto del proyecto de ley de Presupuesto que sustituye el artículo 82 incisos 'a' y 'c' de la Ley del Impuesto a las Ganancias”.

El gremio de los trabajadores judiciales, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) que conduce Julio Piumato, se sumó al conflicto y anunció un paro para mañana.

En un comunicado señalo: “El banquero Heller (Carlos, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados), impulsor de esta ridícula medida, quien supo tener una AFJP para esquilmar a nuestros queridos/as jubilados/as ahora, pretende que el pueblo trabajador soporte los despilfarros económicos que generaron sus amigos especuladores financieros”.

Los fiscales también se anotaron

La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal (AFUN) señaló que “ciertos sectores de la política pretenden menoscabar la independencia e imparcialidad de los operadores judiciales, ya que afectan tanto sus remuneraciones como el régimen jubilatorio”.

Los fiscales sentenciaron: “Lo que se quiere disfrazar o confundir a la sociedad, como un reclamo de tratamiento igualitario, en realidad solo está dirigido a condicionar de manera irregular y discriminatoria a los magistrados, funcionarios y empleados judiciales”.

El comunicado, firmado por el presidente de la entidad, Carlos Rívolo, destaca que “este llamado de atención, en modo alguno pretende establecer una defensa corporativa de ningún fiscal o magistrado judicial, y sí por el contrario, tiene el objetivo de poner de manifiesto la defensa de la institucionalidad y legalidad que debe reinar en un Estado de Derecho”.

 Al paro anunciado por la UEJN de Piumato, también se sumó este lunes la Federación Judicial Argentina (FJA), conducida por Matías Fachal,. La entidad, que reúne a 23 sindicatos y a más de 35 mil trabajadores de todo el país, también hará mañana una medida de fuerza

contra la aplicación del Impuesto a las Ganancias sobre el salario de los trabajadores judiciales“ ya que consideraron que ”implicaría una reducción de nuestros ingresos de entre el 30 al 35% aproximadamente“.

Martín Soria defendió el proyecto

En declaraciones radiales, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, aseguró: “Los jueces pagan sus impuestos en todos los países del mundo. Hoy en la Argentina un juez está ganando arriba de 2 millones de pesos, mucho más que un Presidente o una Vicepresidenta. La exención de Ganancias de los jueces no es un derecho adquirido; es un privilegio que estamos en situación de corregir”.

La pelea tendrá mañana un nuevo capítulo cuando la Cámara de Diputados comience a discutir el proyecto del Presupuesto 2023. Durante el día de hoy, tanto el Frente de Todos como los legisladores de Juntos por el Cambio, intentaron acordar una posición común dentro de sus bloques.

LC con información de agencias

Una multitudinaria asamblea vía zoom de jueces y fiscales retrató otra escalada de tensión entre la Justicia y el Ejecutivo, esta vez, ante la decisión de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) de intimar a los magistrados para que definan sobre sus jubilaciones en trámite, según pudo reconstruir elDiarioAR de fuentes directas de la reunión virtual. “La posición mayoritaria es ir a la Justicia” para frenar la decisión del organismo, ratificó el presidente de la Asociación de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle. 

La palabra que resume los ánimos del encuentro es “preocupación”, según los consultados que participaron de la reunión virtual. La medida anunciada en los últimos días apuntó a uno de los puntos sensibles de los integrantes del poder Judicial: la jubilación. Los jueces y fiscales solían tener garantizado un retiro rápido, efectivo y muy bien remunerado. La reforma jubilatoria que el Ejecutivo llevó al Congreso y que se sancionó a principios de 2020 modificó varios ítems de lo que el gobierno de Alberto Fernández consideraba un “régimen de privilegio”. 

“Se sigue hablando de régimen de privilegio, pero era un régimen especial en el que los magistrados seguimos aportando más”, afirmó Gallo Tagle. Sobre la reunión virtual de este jueves, el representante de los jueces dijo que “todos los participantes coinciden en que esta medida genera incertidumbre sobre cuál es la verdadera intencionalidad detrás de la decisión de la Anses”, resumió. “Se observaron posiciones con más o menos pasión, surgieron distintas medidas a tomar, pero una de las más probables es una acción declarativa de inconstitucionalidad”, agregó sobre las medidas que podrían tomar. 

Actualmente, todavía no sabemos cuánto va a cobrar un juez o fiscal jubilado con el nuevo régimen.

Tras escuchar las posiciones en el debate virtual, serán los consejos directivos de la Asociación de Magistrados y funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn) y la Asociación de Fiscales y funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Affun) los que definan el camino a seguir. Tienen previsto reunirse el lunes. “Se actuará en conjunto entre ambas asociaciones”, confirmaron en una de las entidades. 

En los últimos días, la Anses comunicó que intimará a jueces y fiscales a jubilarse en los casos en que hayan iniciado trámites para efectivizar su retiro. El organismo les dará 30 días hábiles para presentar copia de la renuncia al cargo o archivará los trámites iniciados y dejados en suspenso. Habría unos 200 jueces y fiscales en esta situación, según estiman en las asociaciones, y entre ellos se encuentran cargos relevantes para el poder político, como Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia (miembros de la Cámara Federal porteña); la jueza María Servini (con competencia electoral); y los fiscales Carlos Stornelli y Raúl Plée, entre otros.

La reunión llegó a congregar a unos 130 jueces y fiscales de todo el país y se extendió durante casi tres horas. Hubo debate y propuestas y los abogados de las asociaciones explicaron lo que se sabe hasta ahora, los casos concretos y el escenario ante una posible judicialización, sostuvieron magistrados consultados. 

Se observaron posiciones con más o menos pasión, surgieron distintas medidas a tomar, pero una de las más probables es una acción declarativa de inconstitucionalidad,

“Tenes jueces que tienen más de 80 años con carpeta jubilatoria abierta hace 12 años. Hay 29 casos mayores de 70 años. Ellos quieren privilegios, pero en Anses se los trata como ciudadanos comunes”, dijo una fuente de la Anses.

“Actualmente, todavía no sabemos cuánto va a cobrar un juez o fiscal jubilado con el nuevo régimen”, explicó Gallo Tagle. “Hace una semana y media tuvimos otra reunión con jueces que ya están jubilados y que a partir de este año la Anses debía comenzar a liquidarles las jubilaciones. Las quejas que recibimos son varias y apuntan a las demoras y errores en los trámites, a que los obligaban a presentarse personalmente ante las oficinas de Anses en plena pandemia”, aseguró el representante de los jueces. “Nosotros desde la asociación buscamos soluciones a esos reclamos”, agregó. 

Ir a la Justicia

En la Asociación de Magistrados los ánimos están divididos. Marcelo Gallo Tagle, presidente de la entidad que representa a los jueces, dijo a este medio antes de la asamblea virtual: “Nuestra intención es no tener que judicializar esta situación, apostamos al diálogo”. Sin embargo, su posición no es unívoca y otros miembros de la asociación tienen posturas más duras, como quedó en evidencia durante la asamblea. 

Las principales preocupaciones de los jueces y fiscales es en qué estado quedarán sus trámites de jubilación pendientes; cómo actualizará la Anses sus haberes; y cuánto tardarán en cobrar sus jubilaciones en medio de una “animosidad” que perciben de parte del Gobierno, explicaron autoridades de la Asociación de Magistrados y la Asociación de Fiscales. Luego del anuncio de la reforma jubilatoria, tras la asunción de Alberto Fernández, alrededor de 50 jueces y fiscales resolvieron jubilarse antes de lo que tenían previsto. 

La Anses tenía planificado comenzar este jueves con las intimaciones formales, dijo una fuente del organismo a este medio. Tras el anuncio oficial, las autoridades de la Asociación de Magistrados y la Asociación de Fiscales recibieron en los últimos días un aluvión de consultas y esperaban una concurrencia multitudinaria durante la asamblea vía zoom, informaron en ambas instituciones.

Ellos quieren privilegios, pero en Anses se los trata como ciudadanos comunes.

Las instituciones que representan a jueces y fiscales ya recurrieron ante la Justicia en diciembre de 2020 para pedir la inconstitucionalidad de la ley que estableció el nuevo régimen de jubilaciones para magistrados. Sin embargo, el caso aún no tiene un juez, ya que varios magistrados del fuero Contencioso Administrativo Federal se excusaron de intervenir por estar alcanzados por la problemática. “Este caso es por un hecho puntual y creemos que evolucionará”, agregó Gallo Tagle. “La nueva ley no preveía intimaciones a renunciar o a archivar los trámites que los magistrados habían iniciado durante el viejo régimen y sí planteaba que no se afectarían los derechos adquiridos por estas personas”, agregó el Gallo Tagle.

Una de las modificaciones que realizó la reforma de 2020 fue que la liquidación de las jubilaciones de los jueces dejaron de depender del Consejo de la Magistratura y pasaron a la Anses, como las del resto de los jubilados. “Para muchos de nosotros, eso significó que nuestra jubilación pasara a depender del Ejecutivo y eso es una intromisión entre poderes”, dijo uno de los jueces afectados por el nuevo escenario. 

La idea del zoom era “comunicarle a nuestros socios qué es lo que sabemos hasta ahora de la decisión de la Anses y cómo vamos a acompañarlos”, explicó Gallo Tagle. “Uno de los principales temores es qué hará la Anses con los trámites ya iniciados en los casos en que los magistrados decidan no acogerse a la jubilación”, agregó. La principal incertidumbre es que vuelvan a foja cero y entonces los jueces y fiscales deban tramitar su jubilación como un trámite ordinario. Eso demoraría unos seis meses la percepción de la primera jubilación tras la renuncia.

Qué cambió 

Hasta la reforma jubilatoria de 2020, los magistrados podían iniciar sus trámites jubilatorios a partir de los 60 años, tener lista su carpeta y dejar el proceso en suspenso hasta la presentación de la renuncia. Así, su jubilación se hacía efectiva al momento de dejar el cargo. Era uno de los beneficios diferenciales con el resto de los asalariados. Además, las liquidaciones estaban a cargo del Consejo de la Magistratura y no de la Anses. 

El proyecto del Gobierno estableció en 2020 una nueva fórmula para calcular el haber inicial de los magistrados jubilados. Entre las modificaciones, incrementó del 12% al 18% los aportes adicionales de los jueces al sistema; estableció el 82 % móvil sobre un promedio de los sueldos -actualizados- de los últimos diez años (120 remuneraciones), y no sobre el último haber; exigió cesar efectivamente en la función para poder jubilarse; y elimina que magistrados y funcionarios jubilados puedan ser convocados para intervenir en causas y juicios.

ED