“Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra (…) a reafirmar la fe en (...) la igualdad de derechos de hombres y mujeres”. Estas fueron, y no otras, las palabras elegidas en San Francisco en 1945 para el preámbulo del tratado fundacional de la ONU. Pero no se incluyeron porque sí: fueron fruto del empeño de un puñado de mujeres delegadas del hemisferio sur como la brasileña Bertha Lutz que se aseguraron de que aquel texto no olvidara la igualdad de género.

Aquella declaración de intenciones de una comunidad internacional traumatizada por la Segunda Guerra Mundial, que también consagró en un artículo de la Carta que las mujeres y los hombres serían igualmente elegibles para participar en todos los órganos de Naciones Unidas, choca con la práctica 80 años después. Desde que la ONU es ONU, su puesto de liderazgo más importante, la Secretaría General, solo estuvo ocupado por hombres. En concreto, lo ostentaron nueve hombres, del noruego Trygve Lie al portugués António Guterres.

Para GWL Voices, una organización de mujeres líderes que lucha por un sistema multilateral más igualitario, esta histórica ausencia es un “evidente anacronismo” con el que ya es hora de acabar. Sobre esta idea orbita su último informe presentado este jueves en Madrid, en el inicio de un año atravesado por la carrera por la sucesión de Guterres. Para encabezar la organización a partir de 2027, se “busca a una persona diplomática ”excepcional’ con ‘liderazgo probado’ y ‘sólidas capacidades de gestión“, según explica el portal de noticias de la ONU. 

“Necesitamos una secretaria general, pero no porque sea ‘el momento’ para que una mujer ocupe el cargo, por una deuda histórica y ni siquiera por un asunto de justicia. Se trata de lo que la ONU necesita: una nueva perspectiva para afrontar los desafíos globales a los que nos enfrentamos”, dice a elDiario.es María Fernanda Espinosa, exministra de Ecuador que hizo historia al convertirse en la primera mujer de América Latina que presidió la Asamblea General de Naciones Unidas. “La Secretaría General no es solo un cargo administrativo o diplomático, es la encarnación política y moral del multilateralismo”, añade la también directora ejecutiva de GWL Voices. 

Siete de ocho candidatas compitieron en 2016

La organización, que también está detrás de la campaña Madam Secretary-General, analizó cada candidatura para el cargo desde 1945. El resultado es una panorámica de ocho décadas “de infrarrepresentación”: de las 48 candidaturas para este puesto, solo ocho fueron de mujeres.

Su inclusión fue lenta, “a pesar de haber estado cualificadas para liderar la organización”. El informe expone detalladamente cómo, durante las primeras siete elecciones, ningún gobierno nombró a una mujer aspirante y los 28 contendientes fueron hombres. No fue hasta 2006 cuando, en una carrera dominada por ellos, irrumpió la primera mujer candidata, Vaira Vīķe-Freiberga –pero el elegido acabó siendo Ban Ki-moon–. El documento explica que diez años después, en 2016, la ONU “instauró un proceso de selección más transparente” y, por primera vez en la historia hubo más mujeres (siete) que hombres (seis) en las candidaturas, entre las que figuraban varias aspirantes que vivieron este desequilibrio en primera persona y acabaron fundando GWL, como Helen Clark, Susana Malcorra e Irina Bokova –en aquellas elecciones se impuso Guterres–.

La presidenta de la Asamblea General y el presidente del Consejo de Seguridad dieron el tiro de salida al proceso de elección de un nuevo líder a finales del pasado noviembre. Y en una carta, pidieron a los países que “consideren seriamente la posibilidad de proponer candidaturas de mujeres” tras observar “con pesar que ninguna mujer ha ocupado el cargo de Secretaria General, y en el convencimiento de que es necesario garantizar la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres para acceder a cargos superiores con funciones decisorias”.

¿Cómo funciona el proceso? Las candidaturas deben ser presentadas por uno o varios Estados miembros. Se espera que el principal centro de poder dentro de la ONU, el Consejo de Seguridad, inicie su proceso de selección a finales de julio de este año y, cuando sus miembros lleguen a un acuerdo, recomendarán una persona a la Asamblea General, que la nombrará formalmente. Los cinco miembros permanentes del Consejo (EEUU, Rusia, China, Francia y Reino Unido) pueden vetar las candidaturas, lo que GWL Voices considera “un gran obstáculo” para quienes se postulan, puesto que “da igual el apoyo que tengan a nivel global”.

Ya suenan algunos nombres posibles para el relevo de Guterres, que termina su mandato este año. Hasta ahora, solo un Estado ha postulado a su candidato: el Gobierno argentino ha presentado oficialmente a Rafael Grossi, el jefe del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA). El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció que presentará a la exmandataria Michelle Bachelet, quien ha estado presente este jueves en la presentación del informe en Madrid, aunque está por ver qué apoyo recibirá del ultraderechista José Antonio Kast, quien aterrizará en La Moneda el próximo marzo. Costa Rica también ha dicho que propondrá a Rebeca Grynspan, la actual jefa de la Agencia de la ONU para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés). Otros nombres que circulan son el de la argentina Virginia Gamba y el boliviano David Choquehuanca.

La elección de una mujer como secretaria general no es un gesto simbólico ni una distracción, es una señal política potente de renovación, credibilidad y coherencia

María Fernanda Espinosa — Directora ejecutiva de GWL Voices

Existe una regla no escrita según la cual el cargo de secretario general debe ser rotatorio entre los grupos regionales. Ahora, sería el turno de América. “La rotación regional ha operado históricamente como una práctica política, no como una norma formal, y muchas veces se ha aplicado de manera selectiva. Lo que está claro es que América Latina y el Caribe ha demostrado una larga tradición de liderazgo multilateral, compromiso con el derecho internacional y capacidad de mediación”, dice Espinosa, que prefiere no dar ningún nombre –el suyo sonó como una opción–. “Más allá de los nombres, que siempre deben surgir de procesos abiertos y transparentes, la región cuenta con mujeres con trayectoria, legitimidad y visión global más que suficientes para asumir esa responsabilidad. Lo fundamental no es personalizar el debate, sino garantizar que cuando llegue ese momento, las mujeres estén realmente en la mesa de decisiones y no solo en el discurso. El talento está ahí. El momento es ahora”.

Remar a favor de romper el techo de cristal de las organizaciones internacionales no parece una tarea fácil en un momento en el que la apuesta por el multilateralismo se hace trizas, con graves crisis de derechos humanos, críticas a la parálisis de la ONU y dirigentes como Donald Trump que embisten los cimientos del orden internacional construido sobre las cenizas de la Segunda Guerra Mundial.

“Cuando se dice que hay ‘problemas más urgentes’, lo que se está sugiriendo es que la igualdad puede esperar. Pero la crisis del multilateralismo no es ajena a la forma en que se ejerce el poder dentro de las instituciones. La elección de una mujer no es un gesto simbólico ni una distracción, es una señal política potente de renovación, credibilidad y coherencia”, dice la expresidenta de la Asamblea General. “En un momento de desafección ciudadana y de cuestionamiento del orden internacional, demostrar que la ONU es capaz de romper sus propios techos de cristal enviaría un mensaje claro: que la organización es capaz de reformarse desde dentro y de reflejar la diversidad del mundo al que sirve”.

El mensaje de Espinosa es claro: en un mundo “atravesado por crisis simultáneas, conflictos armados, emergencia climática, desigualdades crecientes, desconfianza institucional, es insostenible que la máxima autoridad de la ONU continúe respondiendo a un modelo de liderazgo del siglo pasado, sobre todo porque lo que está en juego es su credibilidad”. “Una mujer al frente de las Naciones Unidas demostraría que el sistema está listo para hacer lo que tanto le demanda la ciudadanía: renovarse. Inyectar una forma distinta de liderazgo en el núcleo del sistema multilateral, en la Secretaría General de la ONU, es crucial”, agrega.

El techo de cristal en las instituciones

Aunque es paradigmática, la ausencia de mujeres en la cúspide de la ONU no es una anomalía. Como cada año, el informe pone la lupa en la composición de género de los puestos directivos y de liderazgo de organismos especializados, fondos, programas, departamentos y oficinas de Naciones Unidas, así como los bancos regionales de desarrollo y organizaciones como la UE, la OCDE o la OEA. En la versión de 2025, han analizado un total de 62 instituciones multilaterales.

Y aunque notan un progreso, recalcan que es frágil: la cantidad de organizaciones lideradas por una mujer a día de hoy es de un 46%, rozando la paridad, pero 21 instituciones nunca han tenido a una mujer al frente –entre ellas el Banco Mundial, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Organismo Internacional de Energía Atómica o la FAO, la agencia de Naciones Unidas que tiene como misión poner fin al hambre– y en 20 solo lo han estado una vez. 

Si se observan los representantes permanentes de los Estados ante la ONU, continúa siendo un mundo masculinizado: ellas representan apenas el 23% de los embajadores acreditados en la actualidad y decenas de países –un total de 72, España entre ellos– nunca han enviado a una mujer para representarlos en Nueva York. De más de 2.800 representantes, solo 219 han sido mujeres y 20 Asambleas Generales, el gran foro de la ONU, se han celebrado sin diplomáticas.

GWL Voices también escudriña los equipos directivos –los cuatro niveles superiores de personal sin contar con la dirección– en 48 organizaciones. Actualmente, las mujeres ocupan una media de un 46% de estos puestos, aunque sigue habiendo brechas, según el análisis. Un total de 15 entidades tienen más de un 50% de mujeres en sus equipos directivos, 31 tienen entre un 25% y un 50% y tan solo una tiene menos de un 25%, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). 

Mucho peor parados salen los órganos de gobierno de las organizaciones, es decir, aquellos donde los gobiernos de los países las supervisan y definen sus prioridades – por lo que refleja decisiones de los Estados miembros, no de las organizaciones–. Según GWL Voices, estos siguen siendo “los más resistentes al cambio”. De 32 órganos analizados, las mujeres representan de media un 29% de las personas que los integran.

Más de una tercera parte de las instituciones (12 en total) tienen menos de un 25% de mujeres en estos puestos, entre ellos varios bancos regionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Solo dos han sobrepasado la paridad: ONU Mujeres y la Unión Interparlamentaria. “Este patrón enfatiza cómo, aunque muchas instituciones multilaterales avanzan internamente en cuestión de género, los Estados miembros siguen nombrando a hombres de manera abrumadora para representarlos en los foros de toma de decisión”, señala el texto.

“El informe confirma algo que quienes hemos trabajado dentro del sistema conocemos bien pero que rara vez se expone con datos tan claros y sostenidos en el tiempo: la exclusión de las mujeres del máximo nivel de liderazgo de las instituciones multilaterales no es una anomalía puntual, es un patrón estructural”, dice Espinosa.

“Ocho décadas sin una mujer al frente de la Secretaría General no pueden explicarse por falta de talento, experiencia o legitimidad política. Tampoco que la Asamblea General haya tenido apenas cinco mujeres presidentas frente a más de 70 presidentes. El informe demuestra que hay mujeres que han liderado Estados, organismos multilaterales, procesos de paz y negociaciones complejas, y aun así el techo de cristal persiste precisamente en el espacio donde se concentra mayor poder simbólico y real. Esa brecha habla menos de las mujeres y más de un sistema que sigue reproduciendo los mismos patrones de poder”, concluye.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOCC) N°3 condenó a 6 años de prisión a un empleado del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que abusó sexualmente de una compañera de trabajo en 2013, en un caso que fue denunciado una década después. En el caso, intervinieron la Fiscalía General Nº3 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional, a cargo de Andrés Madrea, en la etapa de juicio, y la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°2, cuyo titular es Santiago Vismara, durante la instrucción.

El juez Gustavo Valle, que integró de forma unipersonal el tribunal, consideró a F.G.C., de 50 años, como responsable del delito de abuso sexual agravado por su comisión con acceso carnal. Además, ordenó que, una vez que la sentencia quede firme, se obtenga y extraiga el perfil genético del hombre con el objetivo de que sea remitido al Banco de Datos Genéticos, de acuerdo a la Ley N°26.879, que creó el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.

El caso

Durante el alegato, el auxiliar fiscal Jorge Recalde indicó que F.G.C. abusó sexualmente de su compañera de trabajo dentro del domicilio en el que vivía en Villa Lugano entre la última semana de noviembre y antes del 16 de diciembre de 2013, luego de haber ido a una fiesta laboral en un boliche por el fin de año.

Aquella noche, la joven asistió a un local en la zona del Congreso con sus compañeros de trabajo y, al salir, advirtió que no tenía su tarjeta SUBE ni sus documentos. En ese momento, la pareja del agresor le ofreció compartir viaje hasta Villa Lugano, ya que vivían cerca.

Los tres abordaron un taxi. Cuando llegaron, la joven se quedó a dormir en el living del lugar, situación que F.G.C. aprovechó para abusar sexualmente de ella, que se encontraba adormecida y que había ingerido bebidas alcohólicas. Tras esto, la víctima quedó en shock e incluso intentó llamar por teléfono al agresor, que se había ido a su cuarto con su pareja. Sin embargo, éste no le contestó y ella recién pudo irse a media mañana.

El MPF hizo foco y valoró el testimonio de la mujer, quién contó en diversas instancias y durante el juicio lo sucedido. Recordó incluso que, al comentarlo en su trabajo, le dijeron que debía tener cuidado porque una situación de estas características “podía terminar en una denuncia por calumnias e injurias”.

Consideró que sus dichos habían sido “lógicos, firmes, coherentes y, además, fueron sinceros y creíbles”. El auxiliar fiscal recalcó la relevancia de los testimonios de los profesionales de la salud que la atendieron y la denuncia que realizó la víctima en el Centro de Acceso a la Justicia que funcionaba en el Barrio 20 de Villa Lugano en 2023.

Por otra parte, Recalde sostuvo que los actores judiciales no pueden basarse en nociones preconcebidas acerca de quiénes se definen como víctimas de violación, ni extraer inferencias adversas por la demora en la denuncia, ni basarse en estereotipos. Subrayó que “no debía parecerse a Susanita de Mafalda para que le creyeran”, y rechazó tanto la pretensión de encasillarla en un estereotipo de “víctima ideal” como los intentos de desacreditarla a partir de supuestos conflictos laborales o rasgos de su personalidad.

“No se advierte un beneficio económico, un beneficio social, un beneficio laboral, y de ningún tipo de venganza. No hay razones para pensar que diez años después ella busque un beneficio más allá de la justicia”, sostuvo Recalde en el alegato, donde había solicitado 7 años de prisión.

Los fundamentos de la condena

En su resolución -dada a conocer el 8 de octubre pasado-, el juez Valle coincidió con lo expuesto por el MPF y repasó lo sucedido en 2013, luego de que F.G.C., su pareja, varios compañeros de trabajo y la víctima fueran a bailar a un boliche en la zona de Congreso. Validó lo expresado por la denunciante y consideró que se trataba de un relato convincente, al igual que las demás pruebas que respaldaron “la contundencia de sus dichos”.

“Coincido con la fiscalía en cuanto a que el testimonio de M. fue lógico, sólido, coherente, alejado de cualquier tipo de animadversión por el imputado”, sostuvo el juez. De esa forma, repasó el testimonio de la psicóloga, el psiquiatra y un perito del Cuerpo Médico Forense que declararon en el debate y que respaldaron la versión de los hechos expuesta por la mujer. Por otra parte, descartó la hipótesis que llevó adelante la defensa, que se centró en supuestas discrepancias en lo declarado por la víctima, que el juez consideró como irrelevantes. 

Dentro de la resolución, el magistrado hizo foco en que no se debe recurrir a la “construcción de un modelo estereotipado de víctima y un consecuente modo de reacción unívoca a una agresión sexual”.

“Lo único que persigue M. es que se conozca la verdad, que no es otra que la que se reconstruyó en el juicio y concluyó con la condena de C.”, agregó el juez y descartó cualquier tipo de duda en el caso como pretendía la defensa.

Con información de Fiscales.gob.ar

Las niñas y adolescentes de Argentina dedican el doble de tiempo que los varones de su misma edad al trabajo no remunerado y las tareas de cuidado. Los datos surgen de un estudio difundido por Unicef esta semana y muestra que, a pesar de los avances, la disparidad de género –estas tareas les quitan a las mujeres tiempo para estudiar o divertirse– se arrastra desde pequeñas.

“Desde muy pequeñas, muchas niñas y adolescentes de los hogares más vulnerables ya asumen de forma desproporcionada responsabilidades domésticas y de cuidado en el hogar que limitan su derecho a estudiar, jugar y desarrollarse plenamente”, advirtió Roberto Benes, director regional de Unicef para América Latina y el Caribe.

El estudio fue realizado en Argentina, Chile, Colombia, México y Uruguay y mostró que si se suma todo el tiempo que las dedican a tareas de cuidado, en promedio, cuentan con siete horas menos que los varones para realizar actividades acordes a su edad. Es decir que, mientras podrían estar jugando o estudiando, las niñas deben ocuparse de cuidar de otras personas –hermanos menores, abuelos– o realizar trabajos domésticos.

Pero esta brecha, señala el estudio, es mucho mayor en los niveles sociales más bajos, donde ese tiempo se duplica y llega casi a 14 horas semanales más que los varones.

Para el estudio, en el país fueron entrevistadas 866 adolescentes de entre 14 y 18 años. A partir de esos datos, se puedo determinar que ellas dedicaban 42 minutos diarios a las tareas de cuidado, 2:10 horas a trabajo no remunerado y 1:28 a tareas domésticas. En todos los casos, es el doble del tiempo de los varones. En contraposición, los varones dedican casi media hora más a esparcimiento.

Pero a pesar de tener más tareas, las niñas y adolescentes dedican más tiempo que los niños a estudiar.

María Noel Vaeza, directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, señala que “los cuidados no remunerados constituyen una de las principales barreras para la igualdad de género. La desigual distribución del trabajo de cuidados que impacta incluso en las niñas es un reflejo de estructuras sociales que siguen asignando estas tareas según el género. Para cambiar esta realidad, necesitamos políticas públicas que redistribuyan el cuidado desde el Estado, garanticen tiempo propio para las niñas y adolescentes y promuevan una transformación cultural. Asegurar condiciones de cuidado justas desde la infancia es sembrar las bases para que niñas y adolescentes construyan un futuro con más libertad, igualdad y oportunidades”.

El estudio –Uso del tiempo entre los y las adolescentes en América Latina– tambien pudo mostrar las diferencias que existen de acuerdo al nivel socioeconómico y señala que en Argentina –lo mismo que en Uruguay– “los niños y las niñas de grupos socioeconómicos de alto poder adquisitivo muestran una tendencia a exhibir comportamientos similares. Sin embargo, en los grupos socioeconómicos de bajo poder adquisitivo, las niñas destinan una mayor cantidad de tiempo al trabajo no remunerado que los niños. Entre los niños prácticamente no se registran diferencias entre grupos socioeconómicos”.

En otro tramo indica que “el tiempo que niñas y niños dedican al cuidado está asociado a diversos factores, entre ellos la presencia de menores de cinco años en el hogar, la falta de servicios de cuidado infantil y el comportamiento de sus propios padres, lo que perpetúa patrones intergeneracionales de desigualdad”.

El fallo de un motor en pleno vuelo obliga a reaccionar con rapidez y precisión, ya que la estabilidad de la aeronave depende de una serie de acciones encadenadas que deben ejecutarse sin margen para la duda. El piloto debe identificar el problema, aplicar los procedimientos de seguridad establecidos y reajustar la trayectoria mientras gestiona la comunicación con la torre de control. En esos momentos, cada segundo cuenta y la coordinación entre las manos, la vista y la mente marca la diferencia entre una resolución segura y un incidente grave. Es en este tipo de situaciones donde se han detectado diferencias de rendimiento entre profesionales, según un estudio reciente que ha analizado el comportamiento de pilotos de distinto género.

Un estudio analiza cómo reaccionan pilotos de distinto género ante incidentes simulados

La investigación, realizada por la Universidad de Waterloo en Canadá, evaluó a veinte pilotos con menos de 300 horas de experiencia en simuladores de alta fidelidad. El grupo se dividió a partes iguales entre hombres y mujeres, que afrontaron tanto vuelos de rutina como escenarios de fallo de motor, con tareas diseñadas para poner a prueba su capacidad de reacción. En todos los casos, los participantes utilizaron gafas con seguimiento ocular que permitieron a los investigadores registrar hacia dónde dirigían la mirada y cómo reaccionaban a la información recibida.

Los resultados mostraron que, pese a que ambos grupos presentaban patrones visuales muy similares, las pilotos tendieron a cometer menos errores cuando las condiciones exigían actuar con rapidez y mantener el control. En las aproximaciones de aterrizaje, por ejemplo, las mujeres mantuvieron trayectorias más estables y completaron las maniobras críticas con mayor rapidez. Además, la respuesta ante imprevistos, como la pérdida de potencia en un motor, mostró un mayor grado de consistencia.

La autora principal del estudio, la doctora Naila Ayala, explicó en declaraciones recogidas por el Daily Mail que estos datos pueden tener implicaciones en la forma en que se evalúa a los pilotos, al señalar que “las mujeres pueden ser mejores a la hora de mantener el control y tomar decisiones en escenarios de vuelo estresantes”. Según la investigadora, este hallazgo no implica que un género garantice vuelos más seguros, pero sí que en ciertos contextos específicos algunas habilidades podrían estar más desarrolladas.

El trabajo también reveló que, aunque las mujeres y los hombres centraban su atención visual en los mismos elementos de la cabina y del entorno, las primeras convertían esa información en acciones más rápidas y precisas. Esto sugiere que factores como la gestión de la carga cognitiva o la priorización de tareas pueden influir en la calidad de las decisiones tomadas bajo presión.

Otra de las autoras del estudio, Suzanne Kearns, señaló que comprender cómo distintas personas reaccionan en situaciones de alta exigencia contribuye a “desarrollar mejores programas de formación, cabinas más seguras y sistemas de aviación más inclusivos”. Kearns recordó que, en un momento en que la industria afronta escasez de pilotos, resulta esencial aprovechar al máximo el potencial de todos los profesionales disponibles, sin importar su género.

El sector afronta el reto de aumentar la presencia femenina y aprovechar todo el talento disponible

La investigación también apunta a un reto pendiente en la aviación comercial y privada: la baja presencia de mujeres en la profesión. En España, los sindicatos apuntan a que entre el 3,5% y el 6% del total de pilotos son mujeres, y en algunas compañías la diferencia salarial con respecto a sus colegas hombres supera el 50 %. Ayala afirmó que esta disparidad en la composición de la plantilla, unida a los resultados obtenidos, debería invitar a revisar las barreras de acceso y retención de talento femenino.

El estudio, titulado Exploring gender differences in aviation: Integrating high-fidelity simulator performance and eye-tracking approaches in low-time pilots, fue presentado en el congreso ETRA 2025 y ofrece un enfoque novedoso al combinar datos de simulación avanzada con análisis del comportamiento visual. Según los autores, este método permite evaluar de forma más completa las competencias de un piloto en contextos que simulan la tensión real del vuelo.

Los investigadores esperan que los resultados contribuyan a redefinir los criterios de selección y evaluación en las escuelas de vuelo y en las aerolíneas. El objetivo es que el sector se abra a un abanico más amplio de perfiles, valorando no solo la experiencia acumulada, sino también las capacidades demostradas en circunstancias de alta presión. Y tal vez, con ello, la imagen de un motor apagado a miles de metros deje de ser una prueba temida para convertirse en un reto que más pilotos puedan superar con éxito

Una asamblea de 50 mujeres discute en ronda en La Lagunita, uno de los barrios más pobres de Rosario. Hablan del desborde de los merenderos y comedores, la falta de changas, las que salen a cirujear, las que viven en la calle, la seguridad y el transporte que no llega al barrio. Incluso sale el tema sobre una nueva culpa con la que tienen que cargar: son las supuestas responsables de la baja de la natalidad. Lo que más se repite es que todas ven más situaciones de violencia de género pero sienten que ya no se habla de femicidios. 

—Ya no circulan números. Antes las mujeres sabían cuántos femicidios había por año —dice Maria José Poncino, referente territorial del Movimiento Evita de Rosario. La mayoría de las mujeres son promotoras de género. Lo eran antes de que el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad las reconociera como tal, con un carnet y un cuadernillo. Y lo siguen siendo ahora con un Gobierno que les dice que lo que hacen es ideología y no una política pública.

El 16 de mayo pasado, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció el cierre de 13 programas que habían sido promovidos por el entonces Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades durante el gobierno de Alberto Fernández. Dijo que eran “programas ideológicos kirchneristas, financiados por todos los argentinos”. Incluso se burló porque había uno que se llamaba MenstruAR. “Eliminar estos despilfarros absurdos le ahorrarán más de $6.000 millones de pesos por año a los argentinos de bien”, dijo en redes. 

Unos meses antes, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, había salido con un mensaje similar. Publicó un listado de 127 áreas dadas de baja y casi el 25% eran políticas de  género y diversidad. “Pasen y miren. Van a reír y van a llorar. Advertencia: no apto personas impresionables”, dijo la misma sintonía de Cúneo Libarona de equiparar los derechos con la idea de curro. 

En los dos casos lo que seguía era una lista de nombres de programas sin ninguna explicación de para qué era cada uno y a quiénes estaba dirigido.

Ni los estudiaron

Lucia Cirmi Obón es economista y fue subsecretaria de Políticas de Igualdad del ex Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Varios de los programas eliminados estaban a su cargo. Piensa que el anuncio fue una forma de hacer campaña en medio de la veda por las elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque los  programas de género ya estaban desfinanciados y desarmados: lo que hicieron fue eliminar la estructura. 

—Lo que anuncian como un ahorro de $6.000 millones es cuestionable porque gran parte de esos programas no tenía presupuesto propio y tampoco se estaban ejecutando, así que no hay ahorro. Pero además hay que cuestionar el número: $6.000 millones para el Estado es poco, es un quinto del impuesto a la transferencia de inmuebles que derogaron porque, según su argumento, recaudaba muy poco.

Cirmi Obón también forma parte de Futuros Mejores, un espacio de discusión que nació después de la marcha antifascista con otras referentes transfeministas. Uno de los datos que revelaron dice que las políticas de género y diversidad alcanzaban a 1 millón de mujeres y diversidades y costaban 32 millones de dólares por mes. 

“¿Es mucho o poco eso? Es poco para la riqueza de la Argentina. Con la criptoestafa del Presidente, nueve personas ganaron en una noche 87 millones de dólares, o sea tres veces el presupuesto mensual destinado a políticas de género para toda la Argentina”, dice el documento de lanzamiento.

La ex funcionaria agrega otro dato: por cada 100 pesos que gastaba el Estado solo 20 centavos iban al Ministerio de Mujeres. Para ella, desde el Gobierno eliminaron los programas sin estudiarlos ni saber para qué era cada uno ni cuánto presupuesto tenían cada uno. Algunos ni siquiera tenían partidas asignadas. 

El programa que más alcance tenía era el Acompañar, que daba ayuda económica por seis meses a mujeres víctimas de violencia de género que no se podían ir de la casa porque dependían de su agresor. Llegaba a 500.000 mujeres. 

—El Menstruar para el Estado no significaba nada en términos presupuestarios porque solo distribuía copitas y daba educación sexual. Y para las mujeres era un ahorro muy grande. También entregábamos kit de lactancia para mujeres en situación de vulnerabilidad que querían sostener el trabajo y la lactancia –explica Cirmi Obón

La concejala salteña, Malvina Gareca, presentó esta semana un estudio sobre el costo de la Canasta Básica Menstrual (CBM) y reveló que aumentó 6.383% desde 2018. En 2025 representa un gasto de más de $140.000 anuales por persona. El programa Menstruar buscaba reducir esos costos repartiendo copitas menstruales pero además tenía un impacto ambiental por la reducción de residuos descartables. 

Cirmi agrega que lo mismo pasó con el programa que ayudaba a las personas trans, las más excluidas de los trabajos y de las escuela. Eran montos que para el Estado no eran significativos y a ellas les solucionaba parte de la vida.  Había otros programas que ni siquiera tenían costo. El  Igualar, que estaba a su cargo, consistía en acompañar y guiar a las empresas en qué tipo de políticas tenían que hacer para ser espacios de trabajo más inclusivos. 

—No leyeron de qué trataba cada programa. Pueden tener nombres similares pero son políticas distintas. 

Generar era para que los municipios y comunas crearan sus propias áreas de género, que es a donde tocan el timbre las mujeres que sufren violencia porque el Estado nacional no llega a todos lados. Producir apuntaba a mujeres que habían sufrido situaciones de violencia y las ayudaba a emprender para tener autonomía económica. El Sembrar era con mujeres en la ruralidad, que se trabajaba sin presupuesto porque nunca se consiguió que les asignaran presupuesto. 

La Canasta Básica Menstrual (CBM) aumentó 6.383% desde 2018. En 2025 representa un gasto de más de $140.000 anuales por persona.

Para Cirmi, el Estado nunca estuvo tan ineficiente como durante esta gestión: las pocas trabajadoras del ex Ministerio que quedan están sin tareas, a otras las reubicaron y la mayoría fueron despedidas. Todo este achique de políticas abona a la feminización de la pobreza y a que muchas mujeres se quede en la casa con sus agresores. Y también derrama en las provincias y municipios. 

No hay plan 

—Lo que falta es la propuesta —dice Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoaméricano de Justicia y Género (ELA). —El Poder Ejecutivo tiene la potestad de redefinir las políticas públicas, fijar sus prioridades y definir la arquitectura del Estado como le parezca. Lo que no puede es incumplir con sus obligaciones. Y eso es lo que está pasando. 

Gherardi explica que es una obligación del Estado nacional tener un plan contra la violencia de género. Está en las leyes y en los tratados internacionales: “Podrá tener más o menos presupuesto, hacerlo con un Ministerio o con una Secretaría, todo se puede discutir, lo que no puede es no hacer nada. El Gobierno desarma todo lo que había sin proponer ni implementar una estrategia para abordar un tema que sigue existiendo. Y las provincias están absorbiendo lo que el Estado no hace de manera muy despareja”.

El Ejecutivo tiene la potestad de redefinir las políticas públicas, fijar sus prioridades y definir la arquitectura del Estado como le parezca. Lo que no puede es incumplir con sus obligaciones.

Natalia Gherardi — Directora ejecutiva del Equipo Latinoaméricano de Justicia y Género (ELA)

Y agrega que la eliminación de las políticas de género se hizo de manera intempestiva y sin voluntad de mitigar el daño que se genera. Para ella, las consecuencias de estas políticas las pagan las mujeres con sus vidas, su salud física y mental, y la de sus familias. Y da el ejemplo del Programa Acompañar, que desde el gobierno anunciaron que lo iban a continuar pero en el presupuesto le asignaron cero pesos.  

Desde ELA sostienen que siempre tuvieron una mirada crítica y constructiva de los programas del Ministerio. Varias veces le dijeron al gobierno anterior que se podían mejorar y había lugar para esa discusión. Ahora no hay nada, ni en la propuesta ni en los hechos. 

—Si creían que había una malversación de fondos o una forma irresponsable de usar el dinero público, lo tenían que probar con una auditoría y presentar un uso más racional de los recursos. Pero eso no se hizo. Se están eliminando las políticas solo por la animosidad contra ellas.

Para Gherardi un punto a tener en cuenta es el rol del Poder Judicial. Hace un año desde ELA presentaron una acción para que la Justicia proteja los derechos de las mujeres y diversidades e inste Gobierno nacional a dar certezas acerca de cómo los van a garantizar. Todavía no tuvieron una respuesta. 

Ya era poco, ahora es nada 

María José Poncino piensa que las políticas públicas del ex Ministerio de Mujeres se construyeron gracias a la lucha del movimiento transfeminista. Fueron de abajo hacia arriba. También cree que la ejecución no tuvo la suficiente sostenibilidad económica. Porque como dijo Cirmi Obón, el Ministerio tenía poco presupuesto. 

El Registro de Promotoras de Género fue uno de los que vivió de cerca. Era una demanda de los propios movimientos sociales. Acompañaron la política pública y dieron los debates para pensarla desde el territorio. Pero la implementación costó. 

—Ese programa tenía un rol central porque hacía a la prevención de la violencia, desde acercar información a los territorios, posibilitar la escucha hasta detectar una situación extrema. Y no tenía presupuesto. Cuando asumió Milei quedó el título y ninguna ejecución. 

Con el Acompañar costaba la articulación. En Rosario lo bajaba el municipio y fue difícil ejecutarlo de manera rápida cuando eran situaciones de violencia donde estaba en riesgo la vida. 

—Eso no significa que con la excusa de reducir el déficit haya que sacar todo lo que habíamos conseguido. Hay una clara definición de erradicar por completo las políticas de género y es una hipocresía decir que $6.000 millones de pesos modifica el déficit. 

Para ella, el gobierno busca construir un imaginario donde todas las políticas de género son calificadas como ideológicas y partidarias. Los anuncios como los de Cúneo Libarona o Sturzenegger, con la lista de los programas puesta sin explicación, forman parte de esa narrativa. 

—Todos estos programas eran fundamentales para el desarrollo de una vida digna. El feminismo tiene el rol de romper ese prejuicio porque por algo es elegido como el enemigo junto con los movimientos sociales. La derecha tiene un proyecto político claro y saben que ahí hay mayor resistencia. 

En los barrios las promotoras de género están atendiendo las urgencias. Saben que el Estado no está y les cuesta el triple. En la asamblea también hablaron de eso, de las prioridades. Si el hambre o la violencia. Si conseguir más comida para las familias que llenan los comedores o atender a la vecina que hay que sacar de la casa porque el marido le pega. Sí tuvieron una certeza. En el feminismo todavía encuentran un lugar desde donde romper con el sálvense quien pueda. Y el próximo 3 de junio estarán juntas, como hace 10 años, en la calle. 

AB/MG/DTC

Con casi tres siglos de historia desde su consolidación moderna en 1717, la masonería supo sostener una presencia discreta y constante en distintos momentos clave de la historia argentina. En las filas de esta institución –que se define como “filosófica, filantrópica y progresista”– convivieron figuras como Sarmiento, Belgrano, San Martín y también referentes de la vida política, judicial y académica actual. Su lema de trabajo por la libertad, la igualdad y la fraternidad es su carta de presentación, incluso en tiempos donde esos principios parecen, una vez más, estar en disputa.

Tal como reconstruye el periodista Mariano Hamilton en su libro “Masones Argentinos”, la institución supo tener un rol claramente progresista y disruptivo en el siglo XIX, especialmente en su enfrentamiento con el poder de la Iglesia Católica. Desde esa tensión nacieron debates clave que moldearon buena parte del Estado moderno: la defensa de la educación pública y laica, el derecho al divorcio, la legalización de la cremación, entre tantos otros. Fue en respuesta a esta embestida que el poder eclesiástico no dudó en posicionar a la masonería como enemigos de Dios y la tiñó de supersticiones de oscurantismo que, aún hoy, persisten en el imaginario colectivo. 

Sin embargo, la masonería actual insiste en derribar ese mito: “Una vez un youtuber me preguntó: ‘¿Por qué laburan de noche? Pasás caminando de día y no hay nadie’. A lo que respondí: Porque de día estamos todos trabajando”, contó con gracia Pablo Lázaro, Gran Maestre de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones, en diálogo con elDiarioAR.

Lejos de perseguir un halo de secretismo, la Sede Central está ubicada en Perón 1242, Capital Federal, y la logia es fácilmente contactable por redes sociales, número de teléfono o su página web oficial.

A pesar de que la masonería fue un espacio tradicionalmente exclusivo para hombres, las mujeres masonas luchan por su inclusión. Muchos no saben de la existencia de una logia femenina. Según detalló a este medio María Elena Castillo, Gran Maestra de la Gran Logia Femenina de Argentina, “hay más de 4.000 mujeres iniciadas en el marco de la Gran Logia Femenina, pero hay muchas más en el espectro de la participación en otros espacios institucionales, como son las grandes logias mixtas”.

Si bien la masonería pregona los valores de la pluralidad de voces e ideas, la inclusión y reconocimiento de las mujeres masonas es aún hoy un debate abierto en el mundo.

Cuánto influye la masonería en la formación de políticas públicas o decisiones del Gobierno de turno, actualmente libertario, es difícil de medir. Sin embargo, Castillo describió su vínculo con el Estado: “Para ser franca, nos reconocen menos que a la masonería masculina. No nos registran tanto, no nos consultan. Nuestra vocación es poder ser una organización de la sociedad civil con injerencia y participación en la búsqueda de políticas públicas y de acuerdos que trascienden los gobiernos”.

La masonería siempre se planteó como un espacio progresista que hoy le toca atravesar el Gobierno de La Libertad Avanza y sus políticas liberales en lo económico y restrictivas en lo que a derechos sociales respecta: ¿Cómo convive la masonería con las nuevas reglas de juego político? ¿Qué temas de agenda manejan las logias argentinas? Y, sobre todo, ¿cuánto influyen en la actualidad?

Influencia masónica en la actualidad

El arribo de La Libertad Avanza al poder reconfiguró el tablero político y, con él, los desafíos de una institución que durante siglos se autodefinió como promotora de consensos. Al respecto de este tema, Pablo Lázaro instó a desmitificar que la influencia de la masonería es “poner jueces y políticos a dedo”.

“No tenemos diálogo directo con este Gobierno, pero hay masones en todos los partidos, incluso en el oficialismo. Nuestro rol no es partidario, sino fomentar el debate plural”, explicó Lázaro. Sin embargo, admitió que temas como la educación pública, el cambio climático y los derechos humanos hoy chocan con la agenda de Milei.

“Estamos súper preocupados por este contexto, no solo por Argentina sino por el mundo. Porque esto es una antinomia permanente que no solo ocurre acá”, indicó el Gran Maestre, haciendo referencia a un “mundo polarizado” que se guía por el “hartazgo” y vota sólo “en contra de”. “Hoy hay muchos espacios, como el de Donald Trump, que no ganaron ellos, sino que perdieron los demás”, adujo.

La influencia masona en el espectro público es parte de lo que Lázaro define como “soft power”: es decir, no tener una influencia directa, sino indirecta: “Hay masones en los tres poderes del Estado y masones apartidarios, que tienen su empresa o su trabajo, como choferes o panaderos. Y los masones siempre apoyan a otros masones, más allá de su espacio político, porque saben que son personas honestas, por lo que indirectamente siempre hay una influencia”. 

Esta premisa explica uno de los grandes misterios de la historia argentina: cómo Alfredo Palacios logró convertirse en el primer diputado socialista de América, en 1904, en una época dominada por el conservadurismo: el secreto estuvo en la masonería. Muchos de los legisladores conservadores que lo votaron eran, en realidad, hermanos masones. Al reconocer en Palacios a un miembro de la orden —que anteponía los lazos fraternales a las diferencias ideológicas—, decidieron apoyarlo. Este episodio revela cómo, más allá de las disputas partidarias, las redes masónicas operaban como un factor invisible pero decisivo en la construcción de poder.

Pero mientras las logias masculinas continúan ocupando el centro de la escena institucional, las mujeres masonas enfrentan un doble desafío: disputar reconocimiento dentro del mundo masónico y también hacia afuera, en su relación con el Estado y la sociedad civil. “Nosotras encontramos una discordancia o una falta de cadencia entre las decisiones de un gobierno que colinda bastante poco con la libertad y el respeto a la igualdad, especialmente, vemos un desconocimiento palmario al trabajo de las mujeres y de algunos grupos sociales”, apuntó Castillo.

Género y poder 

Aunque la masonería se define como un espacio de construcción filosófica basado en los principios de igualdad, libertad y fraternidad, hacia adentro de la institución los debates en torno al género todavía siguen abiertos. La división entre logias masculinas y femeninas es una muestra concreta: funcionan por separado, no se reconocen mutuamente como iguales y no comparten espacios rituales. Esta separación, arraigada en tradiciones centenarias, limita la posibilidad de construir una masonería verdaderamente plural en términos de representación de género.

La Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones, presidida por Lázaro, forma parte de la llamada masonería regular, que responde a los criterios establecidos por la Gran Logia Unida de Inglaterra. Uno de esos criterios es que solo reconoce como masones regulares a varones, y no acepta ni a logias mixtas ni femeninas. Por lo tanto, aunque existen algunas instancias de diálogo y colaboración en causas comunes, no hay un reconocimiento formal ni igualdad jerárquica con las otras logias.

“Trabajamos en conjunto el 99% de los temas, compartimos sedes, estamos creando una universidad en conjunto -el Instituto Laico de Estudios Contemporáneos-, hacemos actividades filantrópicas, entre otras cosas. Pero pertenecemos a confederaciones diferentes”, explicó Lázaro al respecto. “Somos la misma organización pero con CUIT distinto”, bromeó.

Del otro lado, la Gran Logia Femenina de Argentina nuclea a más de 4.000 mujeres iniciadas y se vincula con obediencias internacionales más inclusivas que sí reconocen logias femeninas y mixtas. 

La masonería como hoy la conocemos data de 1717, y en ese momento cuando se conforma la Gran Logia Unida de Inglaterra, aquellas logias que eran todas masculinas vedaron la posibilidad de ingreso a las mujeres. “Esta decisión sigue vigente en las órbitas de todas aquellas instituciones que dependen de la Gran Logia de Inglaterra. La fraternidad masónica no se pudo escindir de los patrones generales de la época”, apuntó Castillo.

La falta de reconocimiento institucional por parte de las logias históricas masculinas refleja una tensión que muchas masonas señalan como una deuda interna del movimiento. “No hay una masonería única, y eso también es parte de lo que tenemos que discutir”, agregó Castillo, dejando en claro que el camino hacia una masonería verdaderamente plural no solo implica mirar hacia afuera, sino también revisar las propias estructuras de poder al interior de la institución.

“La verdad que para los años de vida institucional que tenemos, que vamos a cumplir 23 y tenemos una década más de formación para la conformación de la Gran Logia Femenina de Argentina —estamos hablando de 33 años dedicadas y abocadas a esto—, realmente es relevante todo el trabajo que se hace”, subrayó Castillo.

El recorrido institucional incluye hitos como la creación del “Supremo Consejo Femenino Grado 33 para la República Argentina”, que integra los altos cuerpos de la masonería y profundiza sus enseñanzas, y la participación fundacional en la Federación Americana de Masonería Femenina, donde la logia argentina ha ocupado la presidencia continental y hoy mantiene la vicepresidencia primera. A su vez, también integra el Llamamiento de Estrasburgo —una instancia internacional que reúne logias masculinas, femeninas y mixtas de América, Europa y Asia—, donde actualmente ejerce la vicepresidencia segunda a través de la ex gran maestra, Mariela Rodríguez Ruiz. “Para los pocos años, es mucha la dinámica social masónica que hemos ejercido para posicionar a la masonería en todos los ámbitos, tanto nacionales como internacionales”, afirmó Castillo.

El desafío de seguir siendo faro

En tiempos de discursos extremos, individualismo y desinformación, la masonería busca mantener su rol como espacio de pensamiento crítico, encuentro humano y búsqueda de sentido. Incluso Lázaro menciona a las logias como un “laboratorio de ideas”, que luego toman forma de, por ejemplo, proyectos de ley. “En plena pandemia, llevamos al Congreso el proyecto de Ley de Educación Ambiental, que se aprobó por unanimidad, que en ese entonces se trabajó con el aval de 15 universidades nacionales y más de 20 consejos deliberantes”, ejemplificó.

Castillo y Lázaro coinciden en que la masonería tiene las puertas abiertas al “librepensador”. O sea, se trabaja desde el consenso. Desde que todos pensamos diferente, el proyecto se hace mucho más sólido, porque todos hacen sus aportes, conceden un poquito, y se logra cierto consenso. Después es más fácil que pase en un lugar como el Congreso.

La Gran Maestra explicó que la masonería es una suerte de “escuela iniciática, filosófica, filantrópica, progresista, que propende al respeto de la dignidad humana, que busca el perfeccionamiento intelectual, ético y moral”. Y que está destinado a “aquella persona que está dispuesta en un momento a cuestionarse todo lo que tiene por verdad, a atreverse a conocer a sí mismo, a cambiar, a ser mejor, a sacar esa mejor versión que todos llevamos dentro”, porque el trabajo masónico es colectivo: se aprende del otro, se construye en el intercambio“. 

Esa lógica, que se opone a los discursos autoritarios o dogmáticos, permite que convivan distintas creencias, sensibilidades e incluso espiritualidades dentro de un mismo taller. 

La polarización del debate en Argentina, exacerbado por discursos de odio, discriminación e intolerancia o por las chicanas políticas que inundan los algoritmos de cada red social encuentran un límite en la masonería, uno de los pocos espacios donde conviven con respeto “masones de La Libertad Avanza, del PRO, del radicalismo, del peronismo, del socialismo, ateos, católicos y de todo color político, religioso o social”.

“Hoy más que nunca, necesitamos espacios donde se pueda disentir con respeto, donde el pensamiento crítico no sea castigado sino promovido. Y la masonería, bien entendida, ofrece eso”, señaló Lázaro. 

Entre la polarización y el deseo de centro

“El mundo está raro”, dice Pablo Lázaro. Y la masonería no vive al margen. En su rol de presidente de la Gran Logia Argentina, recibe visitas de masones y masonas de otros países que le preguntan por la situación del país. “Particularmente me preguntan mucho por Milei, que cómo es, si es así como se lo ve en la tele. Y yo les digo: ‘Mirá, no lo conozco, conozco lo mismo que vos, a través de la tele’. Sí me dicen que Argentina está carísimo, que los sueldos no subieron en consecuencia...”, contó.

Lázaro reconoce que hay algunas medidas del actual Gobierno que parecen haber estabilizado ciertos aspectos, aunque “otras se fueron al diablo”. Y agregó: “De afuera ven que hay movimiento y cierta estabilización que antes no veían. Eso es un poco el comentario general de Estados Unidos, Brasil, Chile estos últimos días”.

Pero más allá de lo económico, lo que observa con mayor claridad es una reacción social frente a lo que él llama “excesos” de uno y otro lado. “Justamente, como hoy todo se expresa en una antinomia: cuando determinadas cuestiones exacerban un extremo, generás una reacción. Este gobierno está tratando de llevar al otro extremo, cuando lo ideal sería el centro. Nuestra esperanza y nuestro trabajo es llegar a un punto medio”.

Al respecto, Lázaro compartió una anécdota personal, fuera del marco institucional pero reveladora: “Además de mi trabajo informático, doy clases; soy director de una carrera, y tengo un montón de alumnos que el año pasado hablaban en lenguaje inclusivo. A mí me parecía interesante porque daba visibilidad a algunas cosas, pero no me parecía ni bueno ni malo. Pero cuando me llegó una nota institucional diciendo que era obligatorio escribir no sé qué cosa en lenguaje inclusivo, yo mismo me calenté. Digo: ‘¿Por qué obligatorio?’”. Para él, esta sensación de imposición generó rechazo en muchos, y provocó un péndulo “hacia el otro extremo”. “Había cosas muy buenas que se usaban mal, como el INADI. Si me preguntás a mí, no hubiera cerrado el INADI; hubiera cambiado absolutamente sus objetivos. Porque las cosas hay que repararlas, no destruirlas”, expresó. 

EN/FG/DTC

El término transgénero se refiere a las personas que se identifican con un tipo de conducta sexual que no corresponde a las expectativas convencionales relativas al género que se les asignó al nacer. Las personas que se definen como trans se caracterizan por usar una vestimenta, un comportamiento y una actitud sexual propia de acuerdo al género con el cual se identifican.

Actualmente ya es aceptado en algunos países que las personas transgénero puedan someterse a una cirugía para cambiar sus órganos genitales y que esto les permita identificarse con el sexo con el cual se sientan más a gusto de acuerdo a su orientación sexual. También en algunos casos es necesario establecer una terapia hormonal para que los cambios sean más notables.

Obstáculos y barreras sociales que enfrentan las personas trans

La Organización de las Naciones Unidas aprobó en 2011 una resolución para defender los derechos humanos de todas las personas con una determinada orientación sexual, así como una identidad o expresión de género y donde queda prohibido cualquier tipo de violencia o discriminación en contra de ellas en ningún país del mundo.

Las personas transgénero no deben sufrir ni ser víctimas de ningún tipo de discriminación, que pueda afectar su estilo y calidad de vida. Para los niños y jóvenes que se identifican con una preferencia sexual distinta a como nacieron, el camino resulta mucho más difícil, ya que están expuestos a sufrir burlas y otras agresiones en la escuela, la falta de aceptación de sus familiares y el rechazo de su entorno social.

El aumento de los crímenes de odio en la Argentina

Según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ –de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y la Defensoría del Pueblo de la Nación–, en el año 2024 ocurrieron en Argentina ciento cuarenta (140) crímenes de odio, en donde la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género de todas las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para la vulneración de sus derechos y la violencia contra ellas.

Del total de las personas de la comunidad LGBT+ víctimas de los crímenes de odio registrados en 2024, el 64% de los casos (90) corresponden a mujeres trans; en segundo lugar con el 23% (32) se encuentran los varones gays cis; en tercer lugar con el 8% (11) las víctimas son lesbianas; posteriormente con el 4% (5) del total de casos se encuentran los varones trans; y por último, con el 1% las personas no binarias.

MP

“Me despertaba por las noches teniendo relaciones sexuales sin consentimiento y aun así me quedé. Me decía que si no manteníamos relaciones sexuales siempre que él quería, deterioraría la relación, y que, al fin y al cabo, quien no comía en casa comía fuera y si me era infiel no me sorprendiera. Y aun así me quedé”. La atleta española Ana Peleteiro compartía hace una semana la violencia machista que sufrió por parte de una expareja. Lo hacía en la red social TikTok y bajo el paraguas del “Y aun así me quedé”, una tendencia que está haciendo que muchas mujeres, también famosas, relaten episodios de maltrato o destrato vividos con hombres con los que tenían algún tipo de relación afectiva. Pero lo que puede entenderse como otra manera de romper el silencio acerca del machismo y la violencia conlleva también un peligro. “Y aun así me quedé” parece poner menos énfasis en lo que ellos hicieron que en hecho de que ellas permanecieran ahí.

Peleteiro terminaba su vídeo así: “Si os identificáis con alguna de estas señales, por favor, salid corriendo. Nunca vais a ser felices y os están haciendo muchísimo daño”. ¿Es tan fácil salir corriendo? ¿Corremos el riesgo de volver a señalar el comportamiento de las mujeres, de poner el peso en lo que hacemos o no nosotras, en lugar de apuntar hacia quién comete esos hechos y por qué lo hace? ¿Es posible que reforcemos la idea de que si nos quedamos nos los merecemos o, al menos, que no hicimos lo suficiente para terminar con una relación violenta o dañina?

Un sondeo al azar entre unas cuantas mujeres ofrece algunos resultados interesantes, aunque no concluyentes. La mayoría de ellas oscila entre el horror y la culpa o, al menos, una sensación que parece mezclar identificación, parálisis y malestar. “Me hace sentir mal”. “Me sirve”. “Es horrible ver otra vez las cosas que nos hacen”. “Me siento acompañada”. “Siento culpa”. “Sabes que no solo te ha pasado a ti, pero es terrible”. “No sé bien por qué, pero no me convence”. “Es extraño, me puedo ver en otras, pero creo que hay algo que nos vuelve a cuestionar a nosotras”. “¿Por qué nadie habla de por qué ellos hacían esas cosas?”.

La psicóloga Paula Delgado coincide en las sensaciones encontradas que le produce esta tendencia. Como cada vez que algún contenido sobre violencia y machismo se viraliza en redes, el mensaje, por tiempo y formato, es reduccionista. “Son mensajes que funcionan y no funcionan a la vez. Por un lado, hay un elemento de identificación muy importante. Que haya mujeres de éxito, como Ana Peleteiro o infuencers que son referentes para muchas, que reconozcan que han pasado por esas situaciones y que después consiguieron salir y que ahora tienen su vida, ayuda”, dice. Pero la otra cara también existe: “Por otro lado, al ser un mensaje muy corto, puede faltar la parte de '¿y cuándo dejé de quedarme?', '¿y cómo dejé de quedarme?', '¿cuál fue el punto de salida?'”. Es decir, hablar de cómo y cuándo nos vamos, de qué nos ayuda a irnos y de qué no, de cómo es ese camino y qué hay después.

No nombrar esa parte de la historia puede resultar problemático. Relatar lo dañino y lo violento y terminar con un “y aun así me quedé” puede transmitir la idea de que, de alguna manera, somos responsables de lo que nos sucedió... o de lo que siguió sucediéndonos. Al fin y al cabo, una de las preguntas que las mujeres aún escuchamos con frecuencia cuando hablamos de violencias es “¿y por qué no te fuiste antes?”, y sus otras versiones: ¿por qué te quedaste?, ¿por qué no lo contaste entonces?, ¿por qué no denunciaste? Salir de relaciones violentas o dañinas es mucho más complicado de lo que socialmente se transmite y simplificar esa “salida” nos dibuja como seres un poco torpes, un poco ignorantes, un poco tontas, un poco sospechosas.

En un reportaje reciente sobre la tendencia a decirles a “las otras” lo que tienen que hacer si sufren violencia machista la psicóloga Olga Barroso advertía: “La idea que manejamos socialmente de la violencia de género tiende a ser simplista y reduccionista, pero hay que pensar un poco más profundo. La mayoría son mujeres como tú y como yo”. La socióloga Elena Casado ahondaba en esa idea tan frecuente de ver el machismo como algo que se sortea fácil, casi como una mera cuestión de límites personales o autoestima: “A estas mujeres todo el mundo les decimos lo que tienen que hacer y cómo tienen que sentirse, pero no podemos combatir una situación en la que otro está anulando la capacidad de alguien con esa misma herramienta. Y creo que nos pasa mucho. Debemos acostumbrarnos a dejar de usar tanto imperativo: ”tienes que“, ”no sientas que“...”.

¿Quién hizo qué?

Otra de las aristas del “y aun así me quedé” está en el otro lado de la acción. ¿Quién hizo qué?, ¿quién siguió reproduciendo conductas dañinas o violentas?, ¿por qué y para qué?, ¿de qué las disfrazaba? Si nosotras nos quedamos a pesar de esos comportamientos, alguien está ejerciendo esos comportamientos... Sin embargo, el sujeto de la acción aquí no son ellos, sino nosotras, y la acción, el irse o el quedarse, pero no las agresiones, las faltas de respeto, los ninguneos, la persistencia de conductas que dañan a quien se supone que quieres.

El sociólogo Pablo Santos, que es formador en género y prevención de violencias y coordina el programa para hombres 'Privilegiados', de la organización Otro Tiempo, cree ese “me quedé” podría tener una versión masculina. “Uno que pivote en la idea de 'aunque vi lo que estaba haciendo, seguí haciéndolo'. Al menos, así ese 'y aun así me quedé' serviría para interpelarnos entre nosotros”, señala. Santos duda de los efectos de una exposición emocional como la del “y aun así me quedé” en redes, dice, sin sostén emocional o escucha y sin generar esa interpelación. “¿Abrir algo así a quién beneficia?”, se pregunta.

Ese “y aun así nos quedamos” tampoco incluye que la raíz del problema –y las soluciones para no que suceda, pero también para irnos mientras sigan sucediendo– pasan necesariamente por lo colectivo y lo estructural, y no solo por las decisiones personales. “Además de reconocer las situaciones violentas, tenemos que cuestionar los mitos del amor romántico, el parejocentrismo, las narrativas que tenemos sobre el amor y las relaciones”, plantea la psicóloga Paula Delgado. Porque si nos quedamos es por miedo o por culpa, por precariedad, porque nos han hecho creer que es lo que merecemos o que no merecemos nada mejor, porque nos dijeron que el amor de una pareja lo era todo, porque tenemos dentro el 'algo habrás hecho' o el 'no es para tanto' o el 'exageras'. Porque si nos agreden o nos hacen daño, la única responsabilidad es de quien lo hace.

El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, prometió “detener la locura transgénero” cuando sea el primer día de su mandato, al tiempo que renovó sus dichos contra los cárteles mexicanos y de retomar el control del Canal de Panamá.

“Firmaré órdenes ejecutivas para acabar con la mutilación sexual infantil, sacar a los transgénero del ejército y de nuestras escuelas primarias y secundarias”, afirmó Trump en un acto para jóvenes conservadores en Phoenix, Arizona.

También prometió “mantener a los hombres fuera de los deportes femeninos”. “Será política oficial del gobierno de los Estados Unidos que sólo haya dos géneros, masculino y femenino”, añadió.

Trump echa así leña al fuego en un debate que sacudió la política estadounidense en los últimos años.

Los estados controlados por demócratas y republicanos se movieron en direcciones opuestas en políticas transgénero como el tratamiento médico y qué libros sobre el tema están permitidos en las bibliotecas públicas o escolares.

Una “nueva era” se avecina con su vuelta a la Casa Blanca, aseguró el propio Trump, entre las promesas que adelantó para su segundo mandato.

“El 20 de enero, Estados Unidos pasará para siempre la página de cuatro largos y horribles años de fracaso, incompetencia y decadencia nacional, e inauguraremos una nueva era de paz, prosperidad y grandeza nacional”, declaró Trump, en referencia a su toma de posesión.

Cárteles mexicanos “terroristas”

En su intervención en la conferencia AmericaFest, en uno de los estados más disputados en los que ganó las elecciones de noviembre, el magnate anunció que designará “a los cárteles (mexicanos) como organizaciones terroristas extranjeras”.

“Vamos a hacerlo inmediatamente”, aseveró durante su mitin, según una crónica del sitio RFI.

Trump revivió una iniciativa que ya había barajado durante su anterior mandato (2017-2021), pero que archivó a pedido del entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien aceptó cooperar en seguridad.

La actual mandataria, y primera mujer en el poder en México, Claudia Sheinbaum, rechaza la posibilidad de que las mafias mexicanas sean designadas como terroristas bajo el argumento de evitar una incursión extranjera que atente contra la soberanía del país.

“Nosotros colaboramos, coordinamos, trabajamos juntos, pero nunca nos vamos a subordinar. México es un país libre, soberano, independiente y no aceptamos injerencismos en nuestro país”, advirtió Sheinbaum este domingo durante una visita al estado de Sinaloa, que sufre una escalada de violencia criminal desde septiembre.

Asimismo reiteró que ni bien asuma el poder lanzará “la mayor operación de deportación (de migrantes) en la historia de los Estados Unidos”.

Entre el rosario de promesas que adelantó el domingo sobre su segundo mandato, Trump se comprometió a “poner fin” a los conflictos en Ucrania y Oriente Medio.

“Pondré fin a la guerra en Ucrania. Detendré el caos en Oriente Medio y evitaré, lo prometo, la Tercera Guerra Mundial. Puedo proclamar con orgullo que la edad de oro de Estados Unidos ha llegado”, definió.

Con información de agencias.

IG

1. Ford Argentina y una nueva edición del Mes del Voluntariado

Ford llevó adelante una nueva edición del “Mes Global del Voluntariado” durante septiembre y octubre. Este programa aborda una serie de acciones en las que los colaboradores de la marca brindan asistencia a las comunidades junto a diferentes fundaciones, entre las que se encontraron:

• Contratá Trans: encuentro sobre integración laboral de personas trans y entrenamiento en temas útiles.

• Reciduca: taller de capacitación en huerta y vivero hidropónico.

• Club de Roma: construcción de cisterna y armado de huerta orgánica en la Escuela N°859 de Santiago del Estero.

• San Genaro: arreglos edilicios en la Escuela N°1089 de Santiago del Estero y entrega de medicamentos e insumos.

• Vivienda Digna: construcción de veredas en un barrio de Derqui.

• Cascos Verdes: capacitación sobre las 3R y limpieza de la Reserva Ecológica Tigre.

2. El Nuevo T-Cross amplía su gama presentando una nueva versión

Volkswagen Argentina anuncia el lanzamiento de una nueva versión de entrada de gama del SUVW T-Cross. El Trendline AT 200TSI está equipado con una caja automática de seis velocidades, motor 1.0 litros turboalimentado de 116 CV, seis speakers que aportan una gran calidad de sonido, volante multifunción forrado en cuero con levas incorporadas, dos tomas USB tipo C en la consola central, dos traseras y un apoyabrazos central. El modelo ya está disponible en toda la red de concesionarios Volkswagen. El precio sugerido de venta al público es de $41.015.100, con la posibilidad de financiar a una tasa del 9,90% con un plazo de 12 meses la suma de $10.500.000.

3. Renault Argentina presenta su universidad corporativa “Reknow University”

Renault Group creó ReKnow University, una universidad corporativa dedicada al desarrollo del talento y la transformación de la industria para las profesiones del futuro, que ahora llega a Argentina. Luego de una exitosa inauguración en Francia, Turquía e Iberia, ReKnow University expande ahora su presencia a Latinoamérica: además de Argentina, la universidad estará presente en Brasil, Colombia y México. 

Reknow University promoverá formaciones para desarrollar competencias enfocadas en la economía circular, electrificación, datos, inteligencia artificial, software, ciberseguridad y excelencia operativa para colaboradores, socios comerciales y la comunidad en general, y tiene como objetivo formar 4500 personas en los próximos 3 años.

4.  Uber Boat llega a Argentina

Uber cumplió ya ocho años desde el primer viaje en la Argentina y lo celebra con el lanzamiento de Uber Boat, una opción de viajes en bote dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, en Bariloche. Esta prueba piloto de 10 días, desarrollada en conjunto con la Administración de Parques Nacionales, estará disponible del 9 de diciembre, durante 10 días, para que quienes viven y visitan la ciudad puedan disfrutar de un paseo por el Nahuel Huapi. Los paseos serán ofrecidos y realizados por prestadores registrados y habilitados por la Administración de Parques Nacionales, y quienes visiten o vivan en la ciudad puedan disfrutar de esta experiencia de movilidad similar a la que Uber pone a disposición en otras ciudades del mundo como Londres, Atenas e Ibiza.

5. El equipo de Nissan de Fórmula E inicia la 11º temporada con un test en Madrid

El equipo Nissan de Fórmula E ha completado los test de pretemporada en el Circuito del Jarama, en Madrid, mientras la escudería sigue preparándose para el Campeonato del Mundo ABB FIA de Fórmula E 2024/25.

Oliver Rowland y Norman Nato salieron a pista con los nuevos GEN3 Evo, que estarán presentes en las dos próximas temporadas, mientras que el viernes por la tarde, la piloto de la Alpine Academy Abbi Pulling participó en la sesión de pruebas exclusiva para mujeres.

Tanto Rowland como Nato salieron al circuito centrados en comprender los nuevos aspectos de los vehículos Nissan e-4ORCE 05, como los neumáticos Hankook mejorados y el sistema de tracción total.

La 11ª temporada comienza en São Paulo el 7 de diciembre de 2024, y la campaña también estará presente en el Tokyo E-Prix de Japón el 17 y 18 de mayo de 2025.

6. Edenor elige la nueva Ford E-Transit 100% eléctrica para su flota

Edenor incorporó unidades de la Nueva Ford E-Transit 100% eléctrica a su flota vehicular. Esta acción se enmarca en la estrategia de electrificación de Ford, y cuenta con el respaldo de Ford Pro. La E-Transit es la versión eléctrica de la Van de carga más vendida del mundo. Ofrece la tecnología más avanzada de Ford, incluyendo la conectividad de serie y sin costo y un potente motor eléctrico de 269 CV y 430 Nm de torque -los mayores del segmento-. Con una batería de capacidad utilizable de 68 KWh, la E-Transit alcanza una autonomía destacada de 317km, y su batería posee un software inteligente que proporciona una estimación de la distancia que puede recorrer con el nivel de carga remanente.

7.  Renault, Holcim y Andreani se unen para potenciar el “Programa Comunidad”

“Programa Comunidad” es una iniciativa de Fundación Renault que busca promover la educación para la empleabilidad, especialmente diseñada para los vecinos de la zona de influencia de su Fábrica Santa Isabel. Enel marco de este programa, se lanzó un nuevo taller de carpintería avanzada. Esta actividad busca promover el reciclaje, la reutilización de materiales y el desarrollo de herramientas para la empleabilidad entre los participantes. En esta edición, se incorpora Andreani como un aliado estratégico. Este respaldo adicional permitirá al programa ampliar su alcance y continuar fomentando el desarrollo de herramientas de oficio. Por su parte, Holcim, aliado desde hace un año en este taller, sigue brindando su apoyo con insumos y conocimientos técnicos.  

JM

“Argentina vota en soledad, contra el resto de la humanidad”. Con ese título, el PRO, el principal aliado del Gobierno salió a cuestionar con dureza la política exterior de la gestión de Javier Milei. Fue horas después de que se confirmara que la Argentina quedó como el único país que votó en contra de una resolución de las Naciones Unidas que llamaba a intensificar los esfuezos para erradicar la violencia contra mujeres y niñas en entornos digitales.

A pocos días de que se celebre en todo el mundo el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 170 decidieron apoyar la resolución votada este jueves en la ONU, apenas 17 se abstuvieron y sólo uno voto en contra, el representante del gobierno de Javier Milei.

La votación de hoy se suma a la del lunes, cuando la Argentina fue el único país que votó en contra de una resolución a favor de los pueblos originarios. Pero además, ocurre en el mismo día en que Argentina fue llamada a otro organismo internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para dar explicaciones por los recortes a los programas de género.

“Desde el PRO estamos convencidos de la necesidad de tener una política exterior equilibrada. No se trata de encolumnarse, ya sea con Estados Unidos o Israel, ni con China. Se trata de actuar con visión estratégica, priorizando los intereses nacionales y promoviendo relaciones diplomáticas que favorezcan el desarrollo y bienestar de Argentina, sin caer en dependencias o confrontaciones innecesarias”, señaló el partido de Macri en el tuit.

Fue una crítica directa a Milei, que inclusive desde antes de asumir definió su alineamiento con Estados Unidos e Israel, aunque en el caso de esta votación se pronunció de manera distinta a la de ambos países.

El comunicado del PRO había sido anticipado por una de las referentes del espacio en la Cámara de Diputados, Silvia Lospennato, quien también en Twitter señaló: “En este voto se evidencia un enorme desconocimiento no solo de los compromisos internacionales sino de nuestra propia legislación nacional. La ley Olimpia 27.736 ya incluyó a la violencia digital como una forma más de violencia a erradicar en el marco de la ley 26.485”.

JJD

Jules lo supo cuando era chica: la feminidad le daba rechazo, se sentía forzada a eso, se daba cuenta de que no era mujer. Cape piensa que la incomodidad estuvo toda su vida. Recuerda el momento exacto en que pasó: fue en 2021 cuando se anunció la posibilidad de marcar con una X el espacio reservado al género en el DNI. Pensó, “ah, claro. Soy esto”. Ari, en cambio, no recuerda cuándo lo escuchó. Elle es más grande y rememora la juventud como una búsqueda. Sabía que no era varón. Sabía que no era mujer. Tal vez, habitó esta identidad sin conocerla. Y todo eso dolía.

Yo, como elles, reconozco el sentimiento de incomodidad. El no encajar, el no entender. Y, de golpe, el alivio de poner en palabras lo que iba por dentro.

Empezar una transición como persona no binaria. 

En general, el proceso de transición es complejo y no siempre fácil de comprender, tanto para quienes lo encaramos como para quienes nos rodean. Muches lo imaginan como un recorrido lineal, un paso de un punto a otro, desde un sexo asignado al nacer a un género construido en base al deseo. Pero, ¿qué pasa si no hay un punto de llegada? ¿Y si una identidad, más que caminar, fluye entre puntos? ¿Si los desdibuja o, incluso, los borra?

No sé en dónde, pero es ahí

Jules es historietista. Empezó su transición alrededor de 2015, cuando escuchó por une amigue hablar del no binarismo. Una de las primeras cosas que hizo después de escuchar esas dos palabras fue googlear. Leyó categorías. Exploró. Aunque no sabía todavía dónde encajaba, sabía que era ahí. 

“Al principio pensé que era una persona agénero”, recuerda la artista que en Argentina es más conocide como Femimutancia. “Tenía una expresión femenina y, al año, me veía con una expresión más neutra, incluso más masculina”, agrega. 

Jules se rapó, cambió el  estilo de su ropa y empezó a indagar. Cuando empezaron a tratarlo en masculino, se sintió increíble. En lo cotidiano, comenzaba a generar confusión en les demás. Por ejemplo cuando iba a comprar a la panadería: la panadera primero le trataba en masculino, pero al escucharle hablar, se disculpaba y cambiaba al femenino.

Por muchos años habitó lo femenino desde el rechazo. Pero, con el tiempo, Jules empezó a amigarse con esa idea. “Ahora, lo estoy atravesando desde otro lugar, desde un lugar más positivo, que antes no me pasaba”, cuenta.

¿Cuál es la diferencia entre aquella feminidad que dolía y la que vivís ahora? 

No es una obligación. Nadie está esperando que me vista o me comporte de alguna manera. Cuando eso pasaba, yo trataba de encajar. Ahora sé que lo hago porque tengo ganas.

Pelo largo y rubio, a media melena de rosa suave o con rapado a cero furioso, Jules transita su identidad entre la masculinidad, la feminidad y la androginia. “Uso todos los pronombres, pero no quiero que me traten siempre en femenino” dice. “Es raro el proceso, hay una intención de preguntar con qué pronombre me identifico, pero después caen siempre en el mismo”.

“Esto no va a ser fácil”

Cape empezó su transición escribiendo sobre sí misme, desde lo privado. Su nombre ya lo había elegido en la infancia y jamás se había identificado con el del documento. Hace tres años, se emocionó al nombrarse en neutro.

Después, le pidió a un grupo pequeño de amigues que utilicen este pronombre. No tuvo mucho que explicarles, elles ya habían notado que estaba explorando. Que algo estaba buscando. De a poco, fue cambiando lo corporal. La manera de vestirse. Las cosas que antes le identificaban y ahora se veían extrañas.

Cape tuvo que decirse, al principio, que la transición no iba a ser fácil. “Necesité ser consciente de dónde vivo, la sociedad en la que vivo y tratar de buscar otras personas para no estar sole”, recuerda.

Hablas de que la transición inició un proceso, pero ¿qué fue eso que empezó? 

Un camino de encontrar mi identidad por dentro y por fuera. 

El cambio en el DNI fue uno de los primeros pasos de Cape. Mucha gente le aconsejó no hacerlo, le dijeron que iba a ser un problema. “Al final, fue un problema. Me da bronca que por tener una X en el DNI siempre tenga que hacer un pasito más que la gente. Como no estoy, tengo que lograr estar”, dice. Las trabas iban desde la falta de actualización de las bases, a no poder conseguir permisos para salir en la pandemia porque la app no identificaba los cambios. Sin embargo, no se arrepiente de la decisión: “me hace sentir orgullose de estar en un país donde reconocen mi identidad”.

En su familia el reconocimiento llegó después. Incluso, cuenta riendo, recién está llegando.

“En mi familia fue el espacio donde más tuve que armarme de paciencia”, dice. No tenían información ni tenían contacto con el mundo trans en general. Mucho menos con el no binario. Le conocen desde chiquite y hay una costumbre muy fuerte en cómo tratarle. “Definitivamente iban a necesitar más tiempo. Pero llegaron”, cuenta.

Antes de poder hablar, bailar

Ari Lorenzo es letrista y bailarine de Invisibl3s, un grupe de folclore diverso. Tiene 42 años y, aunque vivió en otros barrios y hasta en otros países, es de Mataderos. Cuando era chique, empezó a darse cuenta que no se sentía hombre, pero tampoco mujer. No tenía información sobre otras posibles identidades.

“Era una época donde teníamos, a lo sumo, dos referentas mujeres trans que eran visibles, Mariela Muñoz y Cris Miró”, cuenta, “pero también donde la gente se avergonzaba de tener una amiga trans”. Ari pasó más de la mitad de su vida sin conocer el concepto identitario que abrazaría.

Desde que escuchó por primera vez sobre identidades no binaries, hasta entender que esa definición podía definirle, pasaron tres años. “Creo que lo acepté más visiblemente cuando eliminé el ”el“ final mi nombre para ser solo Ari”, dice y agrega, “fue algo muy significativo para mí, aunque pueda parecer chiquito”.

“A mí me cuesta por ser grande. Tenemos una educación bastante diferente. Vivimos reprimiendo, tratando de encajar”, dice. “No me sentía con la capacidad de hablarlo, sentía que no tenía el conocimiento de los libros, de toda la academia, sino solamente de ir viviendo con mis miedos y las imposiciones sociales. De ir a los golpes”. 

A Ari le ayudó folclore en la transición.

Cuando empezó a bailar comenzó a liberar todas las tensiones de cuando era chique, de esto no se puede hacer, qué van a decir, esto no es lo que hace un hombre, sos una mujer.

Esas definiciones estructuradas podía empezar a romperlas desde ahí.

¿Qué sentías al bailar?

En el baile siento que puedo ir liberándome, lentamente, de lo que es la imagen hacia el afuera. Eso no significa que libere todos mis miedos hacia el adentro. Quizá mi imagen puede ser muy visible ahora, pero mis miedos hacia adentro siguen iguales. A veces me reprimo y me da bronca, porque hablo y me pongo en una posición, pero hacia adentro estoy luchando contra eso que lucho también hablando. 

Los primeros cambios en su forma de vestir fueron en los show. Usaba un poncho en el cuello, que parecía una capa. A la mitad del show lo bajaba y lo usaba como pollera. “Era la primera forma que tuve de usar una pollera frente a alguien”, recuerda.

Cuando era chique se probaba la ropa que no correspondía al género que otres le decían que tenía. Eso lo hacía. “Por eso”, dice, “quizá la información me faltó antes”. 

Cuando comenzó la pandemia, la forma de hacer los videos y conectar con su público era con una cámara. “Frente a la cámara yo podía vestirme porque era un show”, dice. “Pero, en verdad, no era solo un show porque estaba en mi casa todo el día así”, agrega. Ari empezaba a sentir que no solo podía estar en un espectáculo  virtual, sino también conduciendo en una entrevista virtual para, así, ir dando un pasito tras otro.

Hoy no va ni al supermercado con la ropa que usaba antes. “Lo que hago es fusionar los estilos dentro del mundo gaucho. Creo que encontré en ese lugar, otra vez, una libertad, una visibilidad”.

Una identidad hecha de redes

A mediados de 2021, una amiga de Cape trabajaba en el Ministerio de Salud. Ella, a su vez, tenía otra amiga que es parte de un equipo de diversidad en un Centro de Salud y Acción Comunitaria (CeSAc). Le sugirió sacar un turno y le consiguió un mail al cual poder comunicarse

Cape sabía que no quería empezar un proceso de hormonización con testosterona, pero sí sabía que  muchas cosas de su corporalidad no las quería más. “Entré con muchas dudas y me encontré con muchísimas respuestas. Me dijeron que había opciones para lograr esos cambios y lloré”, recuerda.

Circular la información

La recomendación de une amigue. Un fanzine publicado por un grupo activista. Un artículo en internet. Un video de Tik Tok. La información sobre transiciones se mueve entre redes de la comunidad o Internet. Si hay algo de suerte, se consigue algún mail o número para ingresar al sistema de salud. 

La médica que atendió a Cape también le dio el contacto para conseguir un binder, una especie de top para comprimir el busto. “Yo los había visto en Sex Education y pensé que acá ni existían, la verdad”.

Así consiguió sus dos primeros binders en Armando Binders, emprendimiento fundado hace más de once años por Mor, un varón trans que inaguró esta industria en Argentina. La misma marca a la que yo llegaría, por recomendación de otres amigues, tiempo después. El mismo emprendimiento al que llevaría a una compañera de trabajo en una de sus visitas desde Paraguay. 

“El binder es una prenda íntima y colectiva, es ropa interior personal pero al mismo tiempo, por su precio, poca accesibilidad e importancia dentro de la comunidad trans masculina y no binaria se hereda, se comparte, el binder, podríamos decir, también transita”, escribía Mag de Santos, artista queer, en un artículo del diario Página/12. El binder, como otros elementos que compartimos, marca nuestras historias en la circularidad de una prenda, de un conocimiento, de un contacto.

La primera persona en tu vida 

Cape entró al lugar donde trabaja por medio de la ley de cupo laboral trans, que establece un cupo mínimo de 1% de los cargos y puestos del Estado Nacional para la comunidad desde hace tres años. Su primer día fue también el de dos varones trans. Un tiempo antes de que elles comenzaran, la oficina tuvo un encuentro para prepararse para recibirles. La mayoría no tuvo problemas con los varones, pero cuando hablaron de una persona no binaria aparecieron más dudas. 

“¡¿Con qué nos vamos a encontrar?!”, fue una de las preguntas de esa charla, según le confesó después un compañero a Cape. 

Ser la primera persona no binaria que conocen en el trabajo, en el club, en la oficina estatal al llenar un formulario, en un bar donde ahora le entrevisto y ningune de les dos corrige el “señoritas” que clava sonriendo la moza. 

“Te debe pasar, la continua respuesta de no saber cómo tratarte, de pedirme paciencia y, a veces, te cansas de ser la primera persona en la vida de todo el mundo”, dice Cape.

Una estadística muestra que de 45 millones de personas en Argentina, mil tienen la X en su documento. Según el censo de 2022, donde por primera vez se incluyó una pregunta sobre identidades trans, 37.330 se identificaron como personas no binarias. La provincia con menos personas NB es Catamarca y superan las 300. 

En el total somos el 0,08%. Al menos esta es la estadística arrojada ante la primera vez que nos preguntaron cómo nos identificamos. 

La prohibición de existir

“En un país normal estarías encerrado en un hospital psiquíatrico”, escribe un usuario de X. La frase se repite por decenas, cientas, de personas que hablan de incapacidad, trastornos, invención, locura, aburrimiento, “problema de burgues” e imposición. Sucede en abril de 2022, cuando Vélez me entregó el primer cárnet no binario del fútbol argentino.

Meses después, Cape recibió el suyo en Racing. También enfrentándose a una avalancha de hate en redes sociales.

Esta persona está mal de la cabeza. Hay que encerrarla. Esto no existe. Esto no existe. Esto no existe.

“Yo enloquecí leyendo todo el hate. Es mentira si digo que recibí el mismo amor que odio”, dice elle. “Mirando la experiencia a la larga, lo volvería hacer, porque me parece super importante que se viralicen nuestras historias. Pero tienen un costo. Cuando vos apareciste, yo te hablé, cuando yo aparecí, alguien me habló y hace se va tejiendo una red”.

En junio de 2022, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires prohibió el uso de lenguaje inclusivo en las escuelas. La justificación fue una supuesta difícultad de las infancias para aprender el castellano incluyendo el uso de la “e”. Cuando se pidieron los datos que sustuvieran la idea, se invocó la existencia de un informe que nunca  se compartió publicamente.

Jules recuerda haber tenido contacto con diferentes infancias que iniciaban sus búsquedas identitarias en esta época. “Escuché historias de autolesión o depresión. Se veía la diferencia de poder atravesar tu identidad y experiencia con apoyo familiar o sin eso. Es muy duro”, dice.

La última vez que atacaron a Jules por redes sociales fue hace dos años cuando le invitaron a la Crack Bang Boom de Rosario, el festival de historietas más importante de Argentina. En su biografía aparecía como “dibujante no binarie”. A los segundos, el anuncio se llenó de comentarios de odio. No sabían quién era ni qué dibujaba. Tampoco importaba.

En febrero de 2024, Javier Milei, presidente de Argentina, anunció la prohibición del lenguaje inclusivo y todo lo referente “a cuestión de género” en la administración pública. En agosto, Mariano Cúneo Libarona, Ministro de Justicia, sostuvo que el Gobierno “rechaza las diversidades sexuales no alineadas con la biología”.

Las políticas impulsadas no solo desconocen derechos obtenidos por una población ya reconocida bajo La Ley de Identidad de Género, sino que avanzan en una búsqueda de su borramiento. En estos meses, Jules presentó un proyecto para una muestra en un centro cultural público. La respuesta fue que si tenía “algo feminista o del mundo LGBTIQ+” no podría exponerse.

“El Estado tiene que tener un rol activo, apoyando y protegiendo. Tiene que estar presente y tiene que haber políticas de difusión, salud o educación”.

¿Sos lo que querés ser?

“Si el Folclore es el saber del pueblo y es mi forma de explicar el mundo que me rodea, ¿por qué no podría bailarlo?”, dice Ari arriba del escenario Antonio Torno en la feria de Mataderos. Está vestide de negro, con una mascara de fiesta de carnaval veneciano en color  rosa  y con  brillitos. “Yo soy las plumas y el folclore. Vos, ¿sos lo que querés ser? ¿O lo que te enseñaron a ser?”, recita. Luego, abre su camisa revelando una remera negra con la inscripción “GAUCHE” multicolor. Se saca el pantalón, mostrando una pollera y ligas negras. Empieza a zapatear haciendo tambalear al mundo.

El video se viraliza todos los años. Las agresiones llegan desde  comentarios en redes sociales hasta segmentos enteros en la televisión, como los insultos del periodista Baby Echecopar. “Una vez me dijo (la poeta travesti) Susy Shock que lo que elles quieren es que no disfrutemos y la verdad que me cuesta disfrutar”, dice ahora Ari. “Pasé la mitad de la vida viendo cómo nombrarme. La otra mitad, tratando de decir ”sí, existo“”.

Cape, de alguna manera, concuerda: “A veces pienso que es muy loco que algo que se siente tan genuino, tan correcto para mí, puede generar tanto rechazo”. “No puede ser que por tener una identidad te odien, te quieran pegar, te echen de tu casa”, agrega Jules en otra conversación. 

Antes de cerrar la entrevista, Ari se distrae mirando al costado y susurra: “¡Mirá!”. En una mesa cercana, une niñe toma una chocolata con su mamá. Tiene puesto un vestido de princesa y una crocs rojas del Rayo McQueen, el auto protagonista de la película Cars, como para llegar a toda velocidad a dónde quiera ir, volver o llegar.

MM

El Gobierno Nacional informó cambios en el programa Acompañar destinado a víctimas de violencia de género y para acceder a la asistencia, las mujeres y personas LGBT+ deberán acreditar su situación mediante una denuncia judicial o policial. 

A través del decreto 755/2024 publicado en el Boletín Oficial, la administración libertaria notificó modificaciones en el acceso al programa creado por el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. 

Según detallaron, “para acceder a la prestación del programa Acompañar se requerirá acreditar la situación de riesgo por violencia por motivos de género mediante un informe social de un dispositivo de atención oficial de violencias local, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

“Asimismo, se requerirá acreditar la realización de la denuncia judicial o policial de violencia por motivos de género. Podrá requerir la prestación toda persona residente en el país que sea ciudadana argentina nativa, por opción o naturalizada; o extranjera con residencia permanente en la República Argentina, a partir de los dieciocho (18) años de edad”, explica la letra que lleva la firma del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. 

Hasta el momento de los cambios, para acceder a la asistencia bastaba con presentar un informe social de un dispositivo de atención oficial de violencias local, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). 

Las prestaciones económicas también sufrirán un recorte en el plazo de tiempo en el que se abonará la suma equivalente a un salario mínimo, vital y móvil que pasará de abonarse durante tres meses consecutivos. Anteriormente, se percibía seis meses consecutivos. 

Será “no reintegrable, de carácter personal, no renovable y no contributiva” a percibirse en situación de riesgo por violencia por motivos de género.

Según revelaron fuentes del Ministerio de Justicia, “se detectaron numerosas irregularidades en el Plan Acompañar porque desde el ex Ministerio de la Mujer se entregaban los subsidios de manera discrecional y se utilizaban para hacer política”. 

“Desde el Ministerio de Justicia estamos realizando una auditoría para revisar lo que se entregaba y ordenarlo”, detallaron, aunque aclararon también que no hay medidas paliativas previstas para las víctimas que denuncian y no cuentan con independencia económica. 

El decreto entra en vigencia este 26 de agosto y tras las modificaciones argumentaron que el programa se creó con el objetivo de “promover la autonomía de las mujeres y personas LGBTI+ que se encuentran en riesgo acreditado por situación de violencia por motivos de género, mediante el otorgamiento de una prestación económica y del fortalecimiento de redes de acompañamiento, destinada a cubrir los gastos esenciales de organización y desarrollo de un proyecto de vida autónomo y libre de violencias”.

Preguntas y respuestas

¿Qué es el Programa Acompañar?

Un programa para fortalecer la independencia de mujeres y LBGTI+ en situaciones de violencia de género.

¿De qué manera?

A través de un apoyo económico mensual y acompañamiento psicosocial.

¿En qué consiste el apoyo económico?

En una suma mensual equivalente a un salario mínimo vital y móvil durante 6 meses consecutivos.

¿A partir de qué edad se puede acceder?

Desde los 18 hasta los 65 años.

¿Se necesita denuncia previa?

No, no es requisito presentar denuncia.

¿Es compatible con otras prestaciones sociales?

Sí, es compatible con AUH, AUE, Monotributo social, Asignación por Hijx con Discapacidad, Régimen de Contrato de Trabajo para personal de Casas Particulares y Monotributo Social. Pero es incompatible con: Ingresos por trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado, monotributo y régimen de autónomos (excepto monotributo social); subsidio o prestación monetaria no reintegrable con fines de empleo y/o capacitación otorgada por el Estado nacional; jubilaciones, Pensiones o Retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean nacionales, provinciales, municipales, o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; pensión Universal para el Adulto Mayor dispuesta por el Decreto N° 894/2016; y prestación por desempleo.

¿Cómo puedo acceder?

A través de las Unidades de Acompañamiento de todo el país y en los Operativos Territoriales que están recorriendo el país.

¿Dónde encuentro la Unidad de Acompañamiento más cercana?

Ingresá en la página de Unidades de Acompañamiento o comunicate con la Línea 144 para recibir información, a través de un llamado al 144.

Con información de agencias.

IG

La jueza federal Macarena Marra Giménez rechazó un amparo de Andrés Gil Domínguez en el que cuestionó las postulaciones de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema y reclamó ordenar al Poder Ejecutivo elevar una nueva propuesta que garantice la diversidad de género.

Giménez, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°12, rechazó un amparo en que se solicitaba que se declarara la inconstitucionalidad del acto que postuló a Lijo y a García Mansilla para integrar la Corte Suprema. 

A la vez, se requería ordenar al Poder Ejecutivo Nacional elevar una nueva propuesta que garantice la diversidad de género.

“Desde 2005, el Estado Nacional desarrolló una conducta progresiva que garantizó la diversidad de género en la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bajo ningún punto de vista fáctico o argumental es posible justificarse una regresión estatal en lo atinente a la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación intentando imponer una integración compuesta exclusivamente por hombres”, se sostenía en la demanda que había sido promovida por el abogado Gil Domínguez.

La magistrada sostuvo que el máximo tribunal ha advertido que la invocación de la aptitud de “ciudadano/a” sin la demostración de un perjuicio concreto es insuficiente para sostener la legitimación a los fines de impugnar la constitucionalidad de una norma o acto de gobierno“.

La Fundación Mujeres x Mujeres había adherido al amparo y solicitado ser tenida como co-actora. Sin embargo, la jueza consideró que “la representación del colectivo de mujeres que invoca y su objeto estatutario con especial foco en la no discriminación por razones de género resultan de un grado tal de generalidad, que no se advierte que la Fundación posea en este caso representación con la suficiente especialidad que el cuestionamiento requiere”.

“La acción deducida no puede prosperar, por cuanto no se advierte la presencia de un caso contencioso, ya que -de conformidad con la reseña efectuada- las condiciones que invocan los actores no resultan aptas para autorizar la intervención de la Magistratura en el control que proponen”, argumentó.

Por último, sostuvo: “Por lo demás, expedirse sobre la propuesta de los dos candidatos para cubrir las vacantes del Máximo Tribunal formulada por el Poder Ejecutivo Nacional sin el marco de una adecuada causa que habilite el control judicial importaría avanzar en torno a una cuestión privativa de otro Poder del Estado, en un evidente exceso de la función jurisdiccional”.

MM con información de la agencia NA.

El alumnado español se sitúa justo en la media europea en cuanto a la creatividad a la hora de afrontar tareas escolares. Pero España rinde mejor de lo esperado: su calificación está por encima de lo que debería salir si se atiende a su rendimiento en matemáticas o en lectura, según se desprende de un análisis específico sobre este aspecto realizado por la OCDE (La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) a partir de los resultados de PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes). Los estudiantes españoles obtienen 33 puntos sobre 60 posibles, justo en la media de la OCDE. Por encima, países como Corea, Canadá, Australia, Nueva Zelanda o Estonia, el primer europeo. Por debajo, Bulgaria, Chipre, Colombia y Rumanía cierran el estudio. En el entorno de puntuación español aparecen Polonia, Portugal, Litunia, la República Checa, Francia o Alemania.

Pero el dato global esconde matices. El informe especifica que, en España, los estudiantes socioeconómicamente favorecidos superaron a los desfavorecidos en pensamiento creativo por ocho puntos (en una escala de 60). También las mujeres lo hicieron mejor que los hombres, en este caso por 2,2 puntos. La brecha de género es universal en Europa: en ningún país los chicos obtuvieron mejores resultados que las chicas.

España también presenta diferencias por comunidades autónomas, con un resultado similar al de la prueba de PISA: la mejor calificación la obtiene la Comunidad de Madrid (34,8), seguida de Castilla y León (34,6), Galicia (34,3), Asturias (34,1) Cantabria (33,4), y Aragón (33,2). Cerrando la lista aparecen Cataluña (32,2), Baleares (32,1), Canarias (31,9), País Vasco Andalucía (31,7) y Castilla-La Mancha (31,7).

Además, el informe también explica que “en España, solo un 15 % de los estudiantes de alto rendimiento en pensamiento creativo son también los mejores en matemáticas, y un 14 % son los mejores en lectura”, promedios ambos más bajos que los de la UE, lo que “sugiere que se puede destacar en pensamiento creativo sin sobresalir en ámbitos académicos (y viceversa)”.

La OCDE justifica el análisis específico por “la importancia que el pensamiento crítico tiene en la sociedad actual”, y explica que con el informe puede “medir la capacidad de los estudiantes para responder a las demandas de un mundo en constante cambio, donde la innovación y la creatividad son elementos clave para la adaptación”. La organización ha evaluado la competencia del alumnado en “la generación de ideas diversas, generación de ideas creativas y evaluación y mejora de las ideas”.

Un país compacto

Con carácter general, En España, el 80 % de los estudiantes alcanzó al menos el nivel de rendimiento básico en pensamiento creativo, casi en la media de la OCDE (78 %). Esto quiere Como mínimo, “estos estudiantes pueden generar ideas apropiadas para tareas en las áreas de expresión y de resolución de problemas de complejidad simple a moderada”, y también empiezan a demostrar la capacidad de generar ideas o soluciones originales en contextos de tareas cotidianas. En 21 países de los 64 evaluados, más de 1 de cada 2 estudiantes no alcanzó este nivel básico de competencia en pensamiento creativo.

Por comunidades, las que presentan un mayor porcentaje de alumnado en niveles altos de rendimiento son Madrid (31 %), Castilla y León (31 %) y Galicia (30 %). Las que tienen una proporción más baja son, por este orden, Ceuta, Melilla, Castilla-La Mancha, País Vasco, Canarias y Baleares.

Como es habitual en las pruebas relacionadas con el mundo PISA, España presenta unos resultados con menos excelencia pero más equitativos, similares entre clases sociales, que otros países. El porcentaje de alumnado de alto rendimiento en España es del 25 %, ligeramente inferior al del Promedio OCDE (27%) e igual al del Total UE (25%). Pero a la vez, la quinta parte del alumnado español (20%) presenta un nivel bajo de rendimiento en la competencia de pensamiento creativo, una proporción que es inferior a la media tanto de la OCDE (21%) como de la UE (23%).

Por comunidades autónomas también se observan diferentes rendimientos, tanto en global como cuando se le aplica el filtro de la clase o el género. Con carácter general, hay 7,9 puntos de diferencia a favor del alumnado favorecido socioeconómicamente, un dato inferior al de la OCDE (9,5) y la UE (10,2). Cuando se comparan regiones, las mayores diferencias en el rendimiento en pensamiento creativo por nivel socioeconómico se dan en Melilla (11,5), en la Región de Murcia (9,1) y en Cataluña (8,6). La diferencia más baja se da en Cantabria (4,9) que presenta un valor muy por debajo de la diferencia global de España (7,9).

Lo mismo sucede cuando se mira el género. La diferencia es mayor en todos los casos a favor de las chicas, siendo además significativa en casi todos los casos. En España (2,2) esta diferencia es menor que el promedio OCDE (2,7) y UE (2,6). En cuanto a las comunidades y ciudades autónomas, destacan Aragón (3,1) y Cataluña (2,8) con las mayores diferencias a favor de las chicas. Las menores diferencias significativas se dan en Cantabria (1,2), Comunidad de Madrid (1,5) y Principado de Asturias (1,5).

Tras los rumores de las últimas horas en torno a la situación de funcionarios del Gobierno nacional, con Nicolás Posse como principal apuntado como posible fusible para dejar la Jefatura de Gabinete una vez resulto el futuro de la ley Bases en el Congreso y los dichos del presidente Javier Milei sobre la posible llegada de Federico Sturzzenegger como ministro en una próxima etapa y cambios factibles (“El que no funcionó, se cambia”, dijo), este viernes se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 451/24 por medio del cual se le quitaron competencias al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, y se las dieron al de Justicia, que dirige Mariano Cúneo Libarona.

De esta manera, Capital Humano deja de estar a cargo de las políticas públicas vinculadas a la “prevención y erradicación de la violencia por razones de género y de asistencia integral a las víctimas”. A su vez, también le quitaron la responsabilidad de hacer cumplir los compromisos internacionales “en materia de políticas de género, igualdad y diversidad”. Esas dos funciones quedaron en el ámbito de Justicia.

Dentro de los considerandos de la norma, el decreto firmado por el presidente Milei, Posse, Pettovello y Cuneo Libarona, se fundamentó que fueron “razones de gestión” las que “tornan menester asignar la competencia relacionada con el desarrollo de las acciones en materia de prevención y erradicación de la violencia por razones de género y de asistencia integral a las víctimas del Ministerio de Capital Humano al Ministerio de Justicia”, al tiempo que se asegura que la modificación “resulta impostergable para la gestión del gobierno”.

Asimismo, se establece entre las competencias de la cartera que conduce Cuneo Libarona, “entender en el desarrollo de las acciones tendientes al cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención y erradicación de la violencia por razones de género y de asistencia integral a las víctimas en todos sus ámbitos de actuación”.

Además, la cartera de Justicia podrá “entender en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas orientadas al cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Nacional en materia de políticas de género, igualdad y diversidad, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y demás áreas de la Administración Pública con competencia en la materia”.

La Ley de Ministerios se modificó al inicio de la gestión Milei para avanzar con la transferencia del área, que pertenecía hasta el 10 de diciembre pasado al ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, creado bajo el mandato de Alberto Fernández y que Milei decidió degradar a Subsecretaría.

Asimismo, el Gobierno disolvió el Instituto Nacional de Juventud (INJUVE), creado bajo la órbita de la gestión de Mauricio Macri, y que dependía del ex Ministerio de Desarrollo Social. “Es prioridad del Gobierno Nacional adoptar los mecanismos necesarios para que los recursos con que cuenta el Estado Nacional se gestionen con criterios de eficacia, eficiencia y economía”, señaló el Poder Ejecutivo “transfiriendo sus competencias a la citada Jurisdicción”.

Los objetivos de la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género

Nuevos objetivos que se suman a Capital Humano

De acuerdo al decreto, al Ministerio de Capital Humano se incorporaron como objetivos el “gestionar el diseño e implementación de políticas destinadas a jóvenes; entender en lo relativo al Consejo Federal de la Juventud; fomentar en los jóvenes la participación comunitaria, el compromiso público y valores como la solidaridad, la equidad, la memoria, la responsabilidad y la identidad nacional; fortalecer el reconocimiento de los jóvenes en la sociedad como sujetos activos de derechos; articular la intervención de los organismos gubernamentales competentes en toda materia que se vincule a problemáticas relacionadas con la juventud, comprendiendo aspectos como la capacitación en oficios y primer empleo, terminalidad educativa, políticas culturales, artísticas, iniciativas deportivas, turismo, prevención de adicciones, situación de calle, salud reproductiva, participación ciudadana, violencia institucional o escolar, entre otras”.

En ese sentido, también tiene como finalidad “diseñar e impulsar acciones tendientes a incentivar la participación de la juventud en el abordaje de las distintas problemáticas de la población, en forma complementaria con las políticas estatales; promover la institucionalización y articulación de los espacios de juventud en todas las jurisdicciones del territorio nacional; y entender en materia de subsidios y becas vinculados a las problemáticas relacionadas con la juventud”.

En la cartera a cargo de Sandra Pettovello, el Gobierno agregó como objetivos de la Subsecretaría de Políticas Sociales el “asistir a la Secretaría en lo relativo al Consejo Federal de la Juventud conforme la Ley N° 26.227; proponer programas que fomenten en la población juvenil la participación comunitaria, el compromiso público y valores como la solidaridad, la equidad, la memoria, la responsabilidad y la identidad nacional; y asistir a la Secretaría en la articulación de la intervención de los organismos gubernamentales competentes en toda materia que se vincule a problemáticas relacionadas con la juventud, comprendiendo aspectos como la capacitación en oficios y primer empleo, terminalidad educativa, políticas culturales, artísticas, iniciativas deportivas, turismo, prevención de adicciones, situación de calle, salud reproductiva, participación ciudadana, violencia institucional o escolar, entre otras”.

Qué hace la Subsecretaría de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género

Con información de agencias.

IG

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) creó la Biblioteca de las mujeres, géneros y diversidad, para poner a disposición pública el archivo de la editorial del exMinisterio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que funcionó desde 2019 hasta el año pasado.

“Creemos que disponibilizar estos materiales tiene que ver con la construcción de alternativas hacia el futuro. No se puede borrar con un decreto el lenguaje inclusivo, y no se puede borrar con un decreto años de conocimiento acumulado. Hoy no están disponibles en la página del Gobierno nacional, sí lo están en la página de CLACSO”, explicó Karina Batthyány, Directora Ejecutiva de esa institución.

El propósito de esta nueva Biblioteca “consiste en impulsar transformaciones socioculturales que nos acerquen a una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencias por motivos de género”, informó Clacso en un comunicado.

“En CLACSO hemos respaldado toda la producción del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, creando un espacio que queremos difundir, un espacio en el que están todos los materiales disponibles y con acceso abierto, para todos, todas, en Argentina y también para la región latinoamericana y caribeña, y del mundo, con la garantía de que no van a desaparecer”, agregó Batthyány.

La biblioteca, que se propone como un espacio de consulta, participación activa, cooperación y diálogo con la sociedad civil, las organizaciones sociales y el ámbito académico, está compuesta por seis colecciones.

Estas son: XYZ, con publicaciones que ofrecen conceptos básicos y lineamientos de las temáticas abordadas por el ministerio; XYZ+, con publicaciones que indagan sobre aspectos específicos, intersecciones y cruces del género y la diversidad con otros campos; y Recursos para la acción, con guías, protocolos y manuales para la implementación de programas, pautas para actuar e incidir en la agenda pública desde la perspectiva de género y diversidad.

Las otras colecciones son Ley Micaela, publicaciones destinadas al fortalecimiento de la implementación de la ley para potenciar la formación de agentes de la Administración Pública Nacional; Sala de ensayo: “escritorxs, artistas y pensadorxs contemporáneos reflexionan y ensayan discursos, preguntas y lecturas posibles sobre género, diversidad e igualdad”; y Descifrar, con datos y estadísticas de consulta dinámica y actualizada con perspectiva de género y diversidad.

El 11 de diciembre de 2023 el gobierno de Javier Milei designó a Sandra Pettovello como ministra de Capital Humano, área en la que se creó la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género luego de disolver al Ministerio de Mujeres.

Al día de hoy el sitio oficial de esa Subsecretaría, desde el 19 de febrero a cargo de Claudia Barcia, solo tiene una leyenda: “Estamos actualizando los contenidos del sitio en el marco de la implementación del Decreto 8/2023”. Y los únicos servicios que muestra son la Línea 144 y el buscador de Centros de Atención para Mujeres y LGBTI+.

CLACSO en la Feria del Libro

Fuente: somostelam.com.ar

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En los últimos meses nos hemos sentido muchas veces en medio de conversaciones que atrasan más de un siglo, con la necesidad de argumentar por qué no es aceptable avasallar las bases fundamentales del Estado de derecho o por qué debemos proteger aquellos principios sobre los que se desarrolló un país con aspiraciones de progreso, como que el trabajo infantil está prohibido y que apoyamos la escolaridad pública, laica y obligatoria.

La distopía de hoy es sentir que no hay temas saldados incluso cuando se hayan cimentado en debates profundos, con argumentos basados en la evidencia, con construcción de consensos interpartidarios y federales como fue la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Nuestras certezas se enfrentan cotidianamente con las consecuencias del desfinanciamiento y recortes en el apoyo del gobierno federal, incumpliendo leyes y retrocediendo en políticas públicas.

Mientras tanto, el mundo sigue su marcha y muchos de los foros internacionales siguen marcando un norte que no debemos resignar.

Uno de esos espacios es la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, también conocida como CSW por su sigla en inglés (Commission on the Status of Women), el principal órgano intergubernamental mundial dedicado exclusivamente a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Fundada en 1946, se reúne todos los años por un período de dos semanas en Nueva York, a continuación del Día Internacional de la Mujer que se conmemora cada 8 de marzo. Allí, representantes de los Estados que integran las Naciones Unidas, líderes de las organizaciones de la sociedad civil, especialistas y representantes de las entidades de Naciones Unidas se encuentran para debatir sobre los progresos logrados a nivel global, compartir los desafíos de las distintas regiones y decidir futuras acciones. 

Durante más de 70 años ese espacio ha liderado debates sobre las desigualdades y la discriminación a las que hacen frente las niñas, adolescentes y mujeres en distintas regiones del mundo; han generado atención pública sobre temas sociales de preocupación contribuyendo a derribar estereotipos y a cuestionar las estructuras de desigualdad; y han impulsado la acción para fomentar los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes en todo el mundo con una perspectiva interseccional. 

Argentina, con sus movimientos sociales, feministas y los avances en legislación y en política pública de las últimas décadas ha sido muchos años una fuente de inspiración ocupando un rol relevante entre los países de la región. En esta oportunidad, los debates en torno al tema prioritario del  68º período de sesiones anual (CSW68) “Acelerar el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas abordando la pobreza y fortaleciendo las instituciones y la financiación con perspectiva de género”, nos encontró en un lugar distinto.

Organizaciones y activistas de todo el mundo llegamos a este período de sesiones de CSW para compartir información, evidencia y propuestas que permiten evidenciar los vínculos que hay entre el respeto por los derechos sexuales y reproductivos, la prevención de las violencias, la pobreza y la igualdad de género con la calidad de la democracia. Compartimos preocupaciones, estrategias y oportunidades para que la cooperación entre nuestros países, nuestras organizaciones y alianzas puedan seguir potenciando el progreso de las mujeres y el avance hacia la igualdad

En un contexto geopolítico complejo, de todos modos representantes de los Estados parte de Naciones Unidas llegaron a una declaración final y conclusiones de consenso que reafirman el camino recorrido por la comunidad internacional hasta ahora, enfocados en la necesidad de avanzar de manera decisiva en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con perspectiva de género e interseccionalidad. Asimismo, recuperaron la importancia de los derechos sexuales y reproductivos, la necesidad de continuar apoyando las instituciones y las políticas públicas que promueven la igualdad de género. 

Por eso, en sus conclusiones, la CSW insta a los diversos actores de la comunidad internacional a que tomen medidas para integrar una perspectiva de género en los compromisos de financiación para el desarrollo; aplicar políticas económicas y sociales que respondan a las cuestiones de género y reforzar las instituciones públicas; ampliar el margen fiscal para inversiones que acaben con la pobreza de mujeres y niñas; fomentar nuevas estrategias de desarrollo en pro de economías y sociedades sostenibles; promover condiciones que favorezcan la participación y financiar a organizaciones y colectivos de mujeres; y mejorar la producción de datos y estadísticas sobre pobreza multidimensional.

En medio de nuestra propia distopía es reconfortante comprobar que mientras la comunidad internacional avanza hay un interés sostenido de parte de países de todo el mundo sobre la situación de las mujeres y la democracia en Argentina. Es una reafirmación importante para nuestro trabajo que tanto los organismos de Naciones Unidas como activistas y organizaciones filantrópicas sigan con atención nuestras luchas, argumentos y estrategias para resistir los retrocesos que se anuncian y sobre los cuales se pretende avanzar. 

No será la primera vez que la solidaridad internacional y la posibilidad de apoyar a las organizaciones, movimientos y activistas de nuestro país sea crucial para proteger nuestros valores democráticos. En esto anda el mundo, aunque no siempre llegue a las agendas de quienes hoy marcan el ritmo de nuestra política.

NG/DTC

Entre los 111 juristas que formaron parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en sus 161 años de historia, sólo tres fueron mujeres y las nominaciones que acaba de oficializar el Ejecutivo para cubrir los dos cargos vacantes, apuntan a conservar la uniformidad masculina que caracterizó al máximo tribunal en los últimos tres años. 

De esta forma, la Corte parece alejarse de la conformación que tuvo entre 2004 y 2014, cuando con las presencias de Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay como ministras, hubo dos mujeres entre los siete integrantes de la instancia superior del Poder Judicial argentino.    

Esta situación puso en alerta a diferentes organizaciones de mujeres en la Justicia, que expresaron su rechazo, como la Asociación de Mujeres Juezas y el Colectivo de Mujeres del Derecho.,

También sumaron sus voces de reprobación diferentes espacios feministas y de derechos humanos, como Amnistía Internacional, el Cels, ACIJ, ELA, Feim, CEJIL, Mujeres en Igualdad, GQual y Fundación Siglo 21 que sacaron comunicados de repudio.

Estas organizaciones sostienen que la decisión del presidente Javier Milei es contraria a tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional en Argentina, como la “Convención contra toda forma de discriminación contra la Mujer”, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, y la Convención Americana de Derechos Humanos.

Además, sostienen que la iniciativa oficial pasa por alto el artículo 37 de la Constitución y el decreto 222/2003 sobre la designación de las y los ministros de la Corte, que en su artículo 3 establece que “al momento de la consideración de cada propuesta, se tenga presente, en la medida de lo posible, la composición general del Máximo Tribunal con el propósito de posibilitar que la inclusión de nuevos miembros permita reflejar las diversidades de género, especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de representación de un país federal”.

La doctora en Derecho y docente de la UBA Marisa Herrera aseguró a Somos Télam que el decreto 222 “tuvo una aceptación unánime por parte de la comunidad jurídica” porque “se trataba de receptar reglas claras y a tono con la responsabilidad que implica un cargo como éste, en el marco de un sistema cuasi-vitalicio”. 

Y por eso, “entre los requisitos se encuentra la diversidad de género” en virtud del “pluralismo que debe atravesar a las instituciones en clave democrática, muy especialmente, a la Corte Federal”, remarcó Herrera.

“¿Cómo es posible erradicar la desigualdad de género para poder alcanzar sociedades realmente igualitarias si las máximas instancias de decisión son integradas en su totalidad por varones, es decir, cuando se silencia y ningunea a la mitad de la población que son mujeres? No se trata (en el caso de la Corte Suprema) de una subrepresentación, sino directamente, de su no representación con lo que ello significa en términos de calidad democrática y de beneficio para la sociedad en su conjunto”, observó la jurista.

Y agregó: “Sentencias emblemáticas de la Corte como el resonado caso FAL, Sisnero o decisiones de política judicial como la creación de la Oficina de Violencia de Género y la Oficina de la Mujer -por citar algunas- no son casualidad sino causalidad de un Máximo Tribunal integrado por mujeres, con vivencias personales y profesionales muy diferentes a la de los varones que no solo amplían y enriquecen las funciones de la Corte, sino que también las complejiza e interpela a la vez en clave de igualdad de géneros”.

La Corte comenzó a funcionar en 1863 y su primera integrante mujer fue Margarita Argúas, una doctora en jurisprudencia y docente que fue designada en 1970 por el presidente de facto Roberto Levingston.

Pero la novedad no duraría mucho tiempo, porque Argúas renunció en 1973 y habría que esperar nada menos que 30 años para que se produjera un nuevo ingreso femenino, que, por decisión del entonces presidente Néstor Kirchner, fue por partida doble. 

Tras el juicio político a dos integrantes de la Corte menemista y la renuncia de otros tres para evitar ese proceso, el santacruceño propuso a Argibay y Highton de Nolasco para ocupar dos de los puestos vacantes.

Esta cuota de equidad que se había asegurado en la Corte durante una década sufrió un retroceso en 2014 con el fallecimiento de Argibay y siete años después, con la renuncia de Highton. En 2021, el cuarto piso del Palacio de Tribunales volvió a ser un territorio sólo poblado por magistrados hombres.

En diálogo con Somos Télam, la exletrada de Argibay, Flora Acselrad, aseguró que la escasa presencia de mujeres en los 161 años de historia de la Corte “deja en claro que no se trata de una cuestión coyuntural”. 

“No es algo sólo de las preferencias de este nuevo Presidente, sino que se trata de una cuestión más compleja, estructural que requiere una reflexión más profunda. Se trata de la persistencia de los prejuicios y estereotipos en torno a las condiciones para acceder a esa instancia, donde las cualidades en torno a lo culturalmente asignado a lo masculino y su jerarquía, tienen preeminencia a la hora de pensar en la elección del candidato”, subrayó Acselrad.

La exfuncionaria judicial, autora del proyecto que devino en la Ley Micaela, afirmó también que “por eso una Corte sólo de varones, no solo deja afuera la diversidad y la experiencia diferencial que pueden aportar las mujeres, sino que reproduce los estereotipos que nuestro país, está obligado a erradicar”. 

En este contexto, las candidaturas formalizadas por el Ejecutivo “implican un gran retroceso en el cumplimiento de las obligaciones internacionales suscriptas por Argentina”. 

De esta forma, se puede “perder la oportunidad de la diversidad que supone la voz de una mujer en esos lugares”, fundamentó Acselrad, quien recordó “lo que en pocos años logró la gestión en el máximo tribunal la ministra Carmen Argibay”. 

Con una conformación enteramente masculina, “se desaprovecha el florecimiento intelectual de toda una generación de mujeres de nuestro país, que, desde los ámbitos jurídicos, académicos y hasta políticos, vienen preparándose para ocupar los lugares de mayor decisión judicial”.

A la pregunta de si basta con que sean mujeres para dotar de perspectiva de género a ese tribunal, la especialista concedió que “no se trata de una condición hormonal sino de formación lo que nos asegura una mirada comprometida con la desigualdad estructural derivada de la condición de género”. 

“En cuanto a los candidatos, entiendo que más allá de su posición respecto de temas específicos, ambos tienen mucha formación, y por lo tanto comprenden perfectamente y conocen las obligaciones asumidas por nuestro país en materia de igualdad”, apuntó en relación al decreto 222 los tratados suscriptos por Argentina.

En ese sentido, Acselrad puntualizó que “más allá del honor y reconocimiento que puede significar una propuesta para integrar el Máximo Tribunal de justicia del país, ambos pueden tomar sus propias decisiones y son responsables de la aceptación o no de una designación que claramente contraría los mandatos constitucionales”.

“En este punto, solo quiero recordar que, cuando Néstor Kirchner llamó a Carmen María Argibay para ofrecerle el cargo de Ministra, ella le advirtió que no podía hacerlo porque aún no había terminado su función en el Tribunal Internacional para la exYugoslavia, y no quería hacer quedar mal a nuestro país, dejando el juicio por una ambición personal. Como sabemos, el entonces Presidente le dijo que la esperaría y por eso Highton asumió antes que ella. El ejemplo, creo que es bastante explicativo, de que, para Carmen Argibay, primero estaba su país”, observó.

Por su parte, Herrera destacó además que “el último informe país que emitió en 2016 el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW)” -que es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención del mismo nombre-, “se recomienda al Estado argentino la aprobación de varios proyectos de ley que en ese momento se encontraban a estudio del Congreso de la Nación relacionados con la paridad de género”.

“En particular, que pidió que se aprueben los proyectos de ley que establecen la paridad de género en el poder ejecutivo, en el Tribunal Supremo y en los cargos electivos. Por lo tanto, el CEDAW estaría recomendando a Argentina adoptar la paridad de género en la Corte Federal, postura contraria a la que adopta el gobierno nacional violándose un principio constitucional-convencional clave como lo es el de progresividad y no regresividad de los derechos”, dijo.

En un comunicado emitido el miércoles por la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina esta organización instó a “la postulación de una mujer como candidata a suplir la vacancia en el cargo de Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como un paso crítico hacia el cumplimiento efectivo de los mandatos de progreso social y equidad de género”.

“A lo largo de su historia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido 108 jueces varones, y solo tres fueron mujeres. Esto representa un desalentador 2,7% de participación femenina en el máximo tribunal de la Nación. Es hora de garantizar una representación equitativa en la más alta instancia de justicia del país. Más mujeres más justicia. Juntas somos más”, dijeron en sus redes sociales al momento de difundir el comunicado.

El Colectivo de Mujeres del Derecho también emitió un comunicado para manifestar “su enérgico rechazo a que las vacantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sean cubiertas con varones” con los lemas #UnaMujerEnLaCorteSuprema #SinMujeresNoHayJusticia.

“Exigimos que las vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación sean cubiertas por mujeres; máxime en un país que cuenta con grandes juezas, académicas y expertas jurídicas. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo Nacional debe nominar mujeres para cubrir esos cargos, so pena de incurrir en responsabilidad internacional”, dijeron.

Por su parte, las organizaciones Amnistía, ELA, Feim, Cels, ACIJ, CEJIL, Mujeres en Igualdad, GQual, Fundación Siglo 21 realizaron un pronunciamiento conjunto para reclamar “Queremos juezas con perspectiva de género en la Corte!” porque “el Estado está en deuda con la igualdad de género en la Justicia”.

“El poder judicial está compuesto por 130.880 personas, de las cuales el 57% son mujeres. Sin embargo, hay 1 mujer cada 2 varones en el nivel máximo de autoridad; y 46% son mujeres en el cargo de magistratura, procurador/a, Fiscal o Defensor/a”, dijeron 

“Esto da cuenta de que el ”techo de cristal“ aparece para las mujeres en el nivel de la Magistratura, y más aún, en el máximo nivel de autoridad”, concluyeron.

FUENTE: somostelam.com.ar

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El pasado 4 de febrero, se celebraron elecciones presidenciales en El Salvador. Fueron las primeras en las que Bianka Rodríguez (1993, San Salvador) pudo votar como mujer. Esta joven trans de 31 años se ha convertido en toda una referente para el movimiento LGTBI de su país, donde los derechos de este colectivo son sistemáticamente vulnerados. Ella fue, en 2022, la primera mujer trans en cambiar su nombre y género del documento de identidad. Lo consiguió después de tres años de batalla judicial en los que fue sometida a todo tipo de peritajes.

“Te desnudan para ver tus cambios morfológicos, tienes que presentar muestras de orina, certificados de denuncias –en mi caso, por un intento de asesinato–, pasas por exámenes psicológicos, fisiológicos… Te revictimizan”, dice. La activista salvadoreña atiende a elDiario.es en la plaza de Pedro Zerolo, en el corazón del barrio madrileño de Chueca, tras participar en unas jornadas en Mérida sobre la cooperación internacional LGBTI. Allí escuchó testimonios parecidos al suyo, como el de Ale López Bemsch, que relató su experiencia como persona intersexual en Argentina, o Alice Nkom, abogada camerunesa conocida por su defensa del colectivo LGTBI. Rodríguez fue invitada como directora ejecutiva de la asociación Comcavis Trans y como primera mujer trans colaboradora de alto perfil de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).

Conseguir un DUI (Documento Único de Identidad) en el que es reconocida como Bianka le ha facilitado la vida en muchos aspectos del día a día. Ya no corre el riesgo de que le denieguen un contrato de alquiler porque el arrendador dude al ver a una mujer con nombre masculino, ni tiene que dar explicaciones de más cuando quiere pagar con la tarjeta de crédito en un supermercado. Pero el momento más simbólico que ha vivido desde entonces fue durante las elecciones. “Me acerqué al colegio electoral nerviosa y con miedo porque pensaba que me iban a acusar de falsificar mi documentación, pero me encontré con todo lo contrario. Por primera vez me dijeron ‘señorita aquí tiene su papeleta’. Por fin he podido votar sin sufrir violencia verbal e institucional”, relata. 

Tras su victoria judicial, la activista ha puesto en marcha un programa para facilitar los trámites a otras personas trans, con el que ya han conseguido ganar otros 22 casos. “Lo más gratificante es saber que he abierto la puerta a que otras muchas personas no sean discriminadas”, explica. Recuerda a una de las mujeres que han podido cambiar su documento de identidad y, gracias a ello, el nombre con el que se identifica aparece en su diploma de graduación: “Esta chica ha podido recoger el título maquillada, con el pelo largo, sin sufrir violencia”. Un avance respecto a lo que ella misma vivió unos cinco años atrás. La presión de algunos de sus profesores universitarios la obligaron a renunciar a su sueño de graduarse en Ingeniería Agroindustrial. 

La transfobia comienza en la infancia

Con 15 años, Rodríguez se vio obligada a huir de su hogar tras toda una infancia soportando maltrato físico, verbal y psicológico por parte de su madre. “Cualquier cosa me recuerda mi niñez, un color de lápiz de ojos o mirar mis cicatrices en el espejo”, dice. “Cuando día tras día te dicen que se arrepienten de que hayas nacido, cuando te golpean por exteriorizar lo que sientes, te acabas creyendo que eres la mayor escoria de la sociedad. Este es el origen de los graves problemas de salud mental y las altas tasas de suicidio entre adolescentes LGTBI”.

Salió adelante con sus propios medios y gracias a algunas personas que la ayudaron en el camino. Pasó dos meses en casa de un compañero del colegio, hasta que una familia cristiana le dio trabajo en una panadería y, posteriormente, se ofreció a alojarla. Cobraba tan solo dos dólares al día, así que era su única opción. “No sabía que me estaba metiendo en la boca del lobo”, dice. En aquella casa descubrió lo que era la explotación laboral. Trabajaba todos los días de la semana y los domingos era obligada a acudir a un culto evangélico de reconversión. “A aquella casa solo pude llevar mi ropa, incluso me hicieron regalar un colchón que tenía. Me dijeron: '¿Ves esos dos sacos de harina? Acomódalos, porque vas a dormir ahí'. Así pasé dos años, viviendo peor que un animal”. Asegura que denunció la situación a las autoridades, pero se rieron de ella. 

Salió de esa pesadilla gracias a su abuela materna, que había regresado a El Salvador tras unos años viviendo en Estados Unidos: “Era una mujer que tendría casi 70 años entonces, del área rural, pero se despojó de su mentalidad y me aceptó tal y como soy. Me dijo: 'No tengo nada más que esta champa [casucha] que ves aquí, pero puedo darte una cama y un plato de comida”. Su abuela le animó a retomar el bachillerato, que terminó con una mención honorífica, según explica. Pero en la universidad, todo cambió. Cuenta que, tras la presión de un catedrático, se vio obligada a decidir entre dar pasos atrás en su transición o abandonar la facultad. Eligió la última opción. Un informe elaborado por Comcavis Trans en 2022 estima que un 35% de la población salvadoreña LGTBI no tiene la educación básica, una cifra que cae al 24% si se miran los estudios superiores. 

“No buscamos derechos especiales. Eso es lo que dice alguien que no ha vivido en la calle, quien no sabe lo que es acostarse con el estómago vacío y no tener ni papel higiénico para ir al baño. Estas son las condiciones en las que vivimos las personas trans, casi por cultura, en El Salvador”, añade la activista. 

Su trayectoria como activista

Al dejar la universidad, se enfrentó a un mercado laboral que le cerraba todas las puertas: “Si tenía suerte me llamaban para alguna entrevista, pero luego me rechazaban por no cumplir con sus valores éticos”. Es en ese momento cuando entró en contacto con Comcavis, y descubrió que su historia era la de muchas otras. Desde 2017, es la directora de la asociación, un cargo que asumió después de que Karla Avellar huyera del país tras varios intentos de asesinato. Otra de las fundadoras, Tania Vázquez, fue asesinada en 2014, cuando Bianka Rodríguez llevaba apenas unos meses como voluntaria. “La policía nos culpó a nosotras y nunca investigó el crimen. Fue muy duro, pero su muerte, y la de Francella Méndez [activista por los derechos LGTBI], nos impulsaron a presentar una reforma del Código Penal, que ahora sanciona la violencia contra las personas del colectivo”.

Ella misma sufrió un secuestro con violencia en 2018, tras salir de un centro comercial. Un hombre armado la obligó a entrar en su coche y la llevó por calles y paradas que frecuentaba habitualmente, dándole a entender que llevaba un tiempo detrás de ella. Mientras, agarraba su pelo y le decía: “Te voy a matar por defender a los maricones”, según su testimonio. La obligó a bajarse en un parque controlado por un grupo criminal. “Pensé, o me mata él, o me matan ellos. Creía que iba a ser una estadística más”. El caso no fue investigado y nunca encontraron a su agresor.

Bianka Rodríguez tiene solo cuatro años menos de la edad media de vida de las mujeres trans en Latinoamérica, que según la red Redlactrans es de entre 35 y 41 años. Otro informe elaborado por la Asociación Solidaria para impulsar el Desarrollo Humano (Aspidh) registró unas 64 denuncias de vulneraciones de derechos de personas LGTBI entre 2017 y 2022, siendo la Policía Nacional Civil la entidad más señalada. Un 61% de esas denuncias las sufrieron mujeres trans y hombres homosexuales. De acuerdo al estudio elaborado por Comcavis un 90% de la población salvadoreña perteneciente al colectivo ha sufrido discriminación y un 83% algún tipo de violencia. Al menos seis de cada diez consultados dicen haber recibido esa violencia desde las instituciones, mientras que entre un 15% y un 30% de ellos aseguran ser discriminados en su entorno familiar, escolar y laboral.

Cuatro años de retroceso

Nayib Bukele fue uno de los invitados estrella de la Conferencia de Acción Política Conservadora, la convención ultra más importante del mundo, celebrada la última semana de febrero en EEUU. Entre sus asistentes, también se encontraban Donald Trump,  Santiago Abascal o Javier Milei. El recién reelegido presidente aprovechó una de sus intervenciones para anunciar la eliminación de toda “ideología de género” de las aulas. “Confiamos nuestros hijos al sistema educativo para que les enseñen cosas útiles, luego vienen y quieren meterles ideología y cosas contrarias a la naturaleza”, dijo, acompañado de la directora de Moms for Liberty, un grupo de mujeres lucha contra el “adoctrinamiento” de lo woke (algo así como progre).

No es la primera medida que adopta en esta dirección. La primera decisión que tomó al llegar al poder en 2019 fue eliminar la secretaría de Inclusión Social y la dirección de Diversidad Sexual. “En esta última legislatura ha habido un cierre del espacio cívico de interlocución”, cuenta la activista. “Nos han mandado archivar los anteproyectos de ley de cambio de nombre y de identidad de género, además de todas las propuestas en igualdad. No están cumpliendo con su obligación constitucional de proteger a los grupos más vulnerables, solo propician el aumento del discurso de odio”.

Respecto a las últimas declaraciones del líder salvadoreño, la activista apunta a lo paradigmático de estar tratando de revertir una política educativa que su Ejecutivo puso en marcha. “Acusa al movimiento LGTBI de 'ideología de género', pero antes de 2019 no existía ningún manual de derechos sexuales y reproductivos, se elaboró en la pandemia”, dice con cierta incredulidad. Bianka Rodríguez define estos últimos cuatro años como de retroceso en materia de derechos, aunque no le sorprende la deriva conservadora de Bukele. “Busca fortalecer un discurso basado en la fe y desarticular todos los movimientos sociales, además de verse influenciado por el movimiento conservador global en el que quiere destacar”. Aun así, se siente orgullosa por lo que han conseguido como movimiento. “No estamos muy lejos de ver a candidatas trans en puestos verdaderamente decisivos”, concluye.