El análisis del Proyecto de Presupuesto para el 2025, presentado por el presidente Javier Milei ante el Congreso de la Nación, arroja datos muy preocupantes para mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+. Cuando se hace zoom sobre las partidas presupuestarias de las políticas públicas que buscan la reducción de las brechas de género y la prevención y asistencia frente a la violencia de género, se observa que el proyecto mantiene y amplía reducciones que ponen en riesgo la continuidad de programas e incluso la eliminación completa de partidas presupuestarias que garantizaban herramientas fundamentales.
ELA y ACIJ habíamos analizado la implementación de políticas públicas fundamentales para reducir la desigualdad de género y prevenir y abordar la violencia durante los primeros seis meses del gobierno de Javier Milei. En el informe documentamos que las políticas destinadas a reducir brechas de género, en su conjunto, tuvieron una caída del 80% en la ejecución presupuestaria si se compara con el primer semestre de 2023. Algunas de las políticas más afectadas por este recorte fueron el Programa Acompañar, la Línea 144 y el Plan de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA).
En el caso del Programa Acompañar se observó una caída del 82% en la ejecución interanual y una reducción drástica en su alcance. De las 20.000 altas programadas para el primer trimestre de 2024 sólo se realizaron 434, mientras que en el mismo período de 2023 habían sido 34.023 las personas asistidas. Ello pese a que entre enero y marzo de 2024 se presentaron 2.462 solicitudes y que el 54,4% se encontraba con el máximo nivel de riesgo. Además, se decidió restringir la temporalidad de la prestación y se sumó la existencia de una denuncia como requisito de acceso, un criterio sumamente regresivo y revictimizante.
La Línea 144 –un dispositivo creado a partir del artículo 9° inciso o) de la Ley 26.485, que brinda atención, contención y asesoramiento a personas en situación de violencia por motivos de género a través de un servicio telefónico gratuito, WhatsApp, correo electrónico y por videollamadas– mostró una reducción interanual del 28% al primer semestre. A ello se suma que fueron despedidas el 38% de las personas que trabajaban brindando este servicio, dando como resultado una reducción en la cantidad de intervenciones realizadas.
El Plan ENIA también se encuentra en riesgo. Al primer semestre de 2024 tuvo una reducción interanual del 70%, han sido despedidas 619 personas de los equipos operativos que se desempeñaban en 12 jurisdicciones del país y en lo que va del año sólo se ejecutó el 15% del presupuesto disponible. Ello ha ocasionado falta de insumos médicos en muchas provincias y los efectos de estas medidas en el mediano y largo plazo son desalentadores.
Vemos que esta tendencia se consolida al analizar el Proyecto de Presupuesto 2025. Allí encontramos una respuesta clara a la pregunta que nos hacíamos semanas atrás: de aprobarse tal como fue presentado, definitivamente, las mujeres, diversidades, niñas y adolescentes estarán libradas a su suerte.
Se observan reducciones que ponen en riesgo la continuidad de programas fundamentales para prevenir situaciones de abuso sexual en la infancia (como la ESI) y para reducir el ciclo intergeneracional de la pobreza (como el Plan ENIA). También se eliminan por completo partidas presupuestarias que garantizaban herramientas fundamentales para la prevención y asistencia ante la violencia de género (como el Programa Acompañar).
La inversión en el Plan ENIA cae un 78% con relación a 2023, la Línea 144 deja de tener una partida propia y no sabemos cuánto ni si se va a invertir en su fortalecimiento. También se reduce el presupuesto destinado al fortalecimiento edilicio de jardines infantiles siendo un 69% más bajo que el ejecutado en 2023. La inversión en Infraestructura social y del cuidado cae un 83% respecto a lo ejecutado en 2023.
Si bien se proyectan aumentos en políticas alimentarias, AUH y AUE, el Poder Ejecutivo propone eliminar el ajuste automático de estas prestaciones, medida que, de concretarse, dejaría a las familias bajo dos riesgos: la posibilidad de reducciones por decisiones discrecionales y la pérdida de valor debido a la inflación.
La situación de desprotección que el Proyecto de Presupuesto para 2025 intenta consolidar no sólo vulnera compromisos normativos locales e internacionales sino que es contraproducente para el desarrollo económico del país. Se ha evidenciado que es 22 veces mayor el costo de intervenir de manera tardía en los casos de violencia de género que atender a las mujeres frente a las primeras manifestaciones de la violencia. También se encuentra probado que al Estado le cuesta mucho más caro atender embarazos no intencionales que prevenirlos.
Siguiendo los más altos criterios de eficacia, eficiencia y economía que el gobierno nacional proclama defender, al contrario de lo que el Proyecto de Presupuesto 2025 plantea, se deberían promover y reforzar las políticas públicas orientadas a fortalecer las autonomías de las mujeres para que puedan acceder a espacios y a estrategias de ayuda a tiempo. Ello es fundamental para las mujeres pero también lo es para toda la sociedad.
Como contracara de los recortes en políticas de protección de derechos a las poblaciones más vulnerables, vemos que se sostienen privilegios fiscales injustos. Sólo por poner un ejemplo, lo que el Estado dejó de recaudar en 2023 por no cobrar impuesto a las ganancias a jueces nacionales y provinciales equivale a 4,2 veces lo que costó el Programa Acompañar.
Esperamos que el Congreso incorpore modificaciones al Proyecto para que no se consolide el abandono de las mujeres, niñas y adolescentes a su suerte. Hay espacio fiscal para hacerlo y todo el arco político lo sabe: es una cuestión de prioridades.
La autora es directora del área Jurídica de ELA
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