Pese a que la mayoría de los sectores económicos de la Argentina no se recuperaron en 2025 de los dos años anteriores de caída, el PBI rebotó de la mano de cuatro actividades que generan poco empleo, los hidrocarburos, la minería, el campo y las finanzas. Pero pese al empuje de esas áreas, la actividad en general derrapó en febrero último. En la comparación contra el mismo mes del año anterior bajó 2,1%, no caía desde noviembre y no se contraía tanto desde septiembre de 2024, cuando empezaba a despegar la economía como conjunto. En relación al mes anterior, se achicó 2,6%, no lo hacía también desde noviembre y no se ajustaba tanto desde diciembre de 2023, cuando Javier Milei iniciaba su destrucción del Estado con la motosierra en la mano.

En febrero, la industria se derrumbó 8,7%; el comercio, 7% y los servicios de gas, luz y agua, 6%. Mermaron la administración pública, 1,5%; la construcción, 0,6%; la actividad inmobiliaria, 0,5% y el transporte y las comunicaciones, 0,3%. Son una caída al segundo o tercer subsuelo porque representan sectores que caen año tras año. La minería y los hidrocarburos, en cambio, vuelan al 9,9%; el campo, al 8,4%; las finanzas, al 6% y la pesca, al 14,8%.

La mayoría de los economistas que más aciertan en los pronósticos descarta que el tropezón general de febrero se repita a lo largo del año. Martín Rapetti, de la consultora Equilibra, vaticina un “crecimiento promedio muy bajo”, del 2%, menor al 5% sobre el que se basa el presupuesto de ingresos y gastos del Gobierno. Es el mismo número de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). “Con los sectores primarios creciendo y el resto cayendo, un sector grande de la economía de mínima está deprimido”, comenta Rapetti.

“Vamos a crecer 2,8% entre los que avanzan y retroceden, pero la desocupación puede aumentar porque los que retroceden son más mano de obra intensiva y los que crecen no ocupan mucha gente”, advierte su colega Orlando Ferreres. En Invecq Consulting, Manuel Cerdan prevé 2,5%, aunque con gran heterogeneidad por sector. “Los orientados al mercado interno enfrentarán un proceso de recuperación más lento”, describe Cerdan. Otro analista, Mauricio Monge, de la consultora británica Oxford Economics, prevé que los números mejoren respecto a febrero por el sector extractivo y por la cosecha del campo.

Como consecuencia de la floja actividad económica, la recaudación tributaria cayó en marzo por octavo mes consecutivo. Esta baja se explica también por otros dos factores. Por un lado, las rebajas de impuestos impulsadas por Milei y aprobadas por el Congreso, sobre todo orientadas a los más ricos. Por otro, que la crisis de los diversos sectores orientados al mercado interno y que más empleo generan lleva a que algunas empresas e individuos comiencen a actuar más en la informalidad, de modo de ahorrar en impuestos. Esta tendencia a la evasión también es una reacción al discurso y la acción del Gobierno: entre los elogios del Presidente a los evasores y su catalogación del tributo como “robo”, los menores monitoreos anunciados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la ley de inocencia fiscal, que también relaja la vigilancia.

El jefe de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, sin dejar de criticar la posición pro evasión del Gobierno nacional, disiente con Milei en que sea esta la razón de la reducción de la recolección de impuestos sino “la depresión del mercado interno, producto de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la desocupación y el sobreendeudamiento de las familias”. Agrega que no se veía una merma tan larga y profunda desde la pandemia.

No obstante, en ARBA también registran un aumento de la evasión. En 2023, había detectado 52.562 contribuyentes, entre empresas e individuos, que no habían emitido factura ante ventas hechas por transferencia o tarjetas de crédito y débito, según la información que le provee los posnet como los de Mercado Pago (de Mercado Libre), que representan la mitad del segmento. En 2025 se observaron 77.231, un 46% más.

Después están los casos de quienes prefieren cobrar en efectivo e incluso ofrecen un descuento a cambio, según observa un exjefe de lo que ahora se llama ARCA. Pero también hay quienes prefieren vender al contado para evitar las comisiones que cobra cada terminal. Por transferencia hay que pagarles 0,8% más IVA; por tarjeta de débito, desde 0,8% más IVA de Fiserv hasta 1,2% de Nave (del grupo Galicia), 2,9% de Ualá 3,19% de Getnet (del Santander) y 3,25% de Mercado Pago; y por la de crédito, desde el 4,5% de Nave y el 4,9% de Ualá hasta el 6,19% de Getnet, 6,29% de Mercado Pago y 6,3% de Fiserv. Aquellos que ya no toleran tantos costos terminan cerrando, como sucedió con 24.000 empresas en la era Milei.

Un reciente informe de la Fundación Mediterránea sobre la recaudación atribuye la baja sobre todo a la “tendencia a la informalidad”. Así lo justifican Marcelo Capello, Gaspar Reyna y Federico Belich: “Mientras el IVA representó 11,8% del consumo privado en el tercer trimestre de 2023, dicha relación bajó casi todos los meses hasta ubicarse en 9,6% en el cuarto trimestre de 2025, una de las relaciones más bajas desde 2015”. Explican que más de un contribuyente optó por financiarse sin pagar impuestos ante las mayores tasas de interés de los créditos.

“La caída en la recaudación asociada a la actividad económica pareciera estar reflejando no sólo las tendencias recesivas que atraviesan a varios sectores vinculados al mercado interno sino probablemente también el incumplimiento tributario, que generalmente es un subproducto de las situaciones de crisis, particularmente del entramado PyME, que siempre cuando el costo del crédito es alto o escaso tienden a financiarse con ARCA”, comenta otro exjefe del organismo. “A ello se suma el relajamiento de los controles tributarios que me cuentan están ocurriendo. La precarización del empleo y el aumento de la informalidad reflejan la misma tendencia”, agrega.

Uno de los principales empresarios de la construcción ratifica el giro a la evasión. Otro de los popes de la Unión Industrial Argentina (UIA) también: “No hay economía y lo poco que hay pide más en negro”. En la Mesa de Enlace, uno de los dirigentes no ve “más economía en negro en el sector, pero que hay economías que están empezando a convertirse en inviables económicamente, como yerba mate, arroz y frutas”. Otro empresario comenta que el campo crece, pero como evade mucho esa bonanza no se refleja en las provincias, donde ante la caída recaudatoria se produjeron conflictos por salarios de docentes, policías o médicos, los tres servicios donde se va la mayoría del gasto de los gobernadores.

Mientras, en la ciudad de Buenos Aires, la venta ilegal callejera aumentó 5% interanual en febrero, según la Cámara Argentina de Comercio (CAC). La misma entidad relevó que en marzo a nivel nacional el consumo cayó 1,5% porque derrapa el masivo y la recreación y están estancados los de ropa, transporte, vivienda y servicios públicos.

Tres contadores de empresas consultados observan que, pese al discurso del Gobierno y la relajación de los contribuyentes, los inspectores de ARCA están tan intensos como siempre con las intimaciones a los pequeños y medianos. Si bien en reuniones con las máximas autoridades del organismo, habían escuchado que se concentrarían en los más grandes, no está sucediendo. Un contador lo atribuye a una actitud histórica de la línea de empleados de la agencia. Otro experto tributario, en cambio, observa un doble discurso del mandamás de ARCA, Andrés Vázquez, que pese al palabrerío libertario de Milei se ve en la obligación de apretar a los contribuyentes ante el mal desempeño de la recolección de gravámenes.

Lo que no se le ocurre a Vázquez es actualizar la resolución de 2018 que impuso el IVA a las ventas de servicios digitales de empresas sin domicilio en la Argentina sino en el exterior. Es así que no paga IVA y, por tanto, tampoco Ingresos Brutos en las provincias ni Uber -su rival Cabify, sí, porque tiene residencia tributaria en el país- ni las chinas Shein y Temu, que compiten de manera desigual con Mercado Libre y con otras compañías del extranjero que están incluidas en aquella resolución, como Amazon y Alibaba. En el caso de Uber, tampoco los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández la incluyeron, quizás porque en paralelo hay una causa judicial para que instale su sede fiscal en la Argentina. En cambio, los fenómenos de Shein y Temu surgieron con la ola importadora de Milei.

En plan de abrir la economía y que los productos importados bajen los precios del mercado interno, ARCA también ha relajado los controles del contrabando, tanto el que pasa en forma clandestina por la frontera como el que llega escondido en contenedores por los puertos y los aeropuertos. El año pasado, los industriales reclamaron más vigilancia, pero todo sigue igual. Hasta huevos se contrabandean, según la Cámara de Productores Avícolas (CAPIA).

Pero lo que más entra sin declarar son los celulares. “Uno de cada tres celulares que se vende en la Argentina no se fabricó ni se importó legalmente”, comenta la directora ejecutiva de la Asociación de Fábricas de Electrónica (Afarte), Ana Vainman. “Lo detectamos por las activaciones”, añade. En una de las principales empresas del sector comentan que la mitad de las activaciones ocurren en la frontera con Paraguay y la otra, en el aeropuerto de Ezeiza.

“El crecimiento del comercio informal de dispositivos móviles está impulsado por canales digitales, con una concentración del 60% en redes sociales y del 40% en plataformas de comercio on line”, apuntan en Afarte. En una compañía electrónica apuntan que por un lado se venden por las redes de Meta (Instagram, Facebook o Whatsapp) y, por otro, por Mercado Libre. “Los vendedores utilizan una modalidad comercial híbrida, mezcla de stock legal e informal, para fragmentar la trazabilidad operativa y ejecutar estrategias de evasión fiscal ante los entes reguladores”, completan en la cámara de la electrónica de Tierra del Fuego, donde con ajuste de personal todavía se ensamblan teléfonos pese a que este año enfrentan la competencia legal sin arancel de importación. Pero a los contrabandeados no hay con qué darles: cuestan entre 40% y 50% menos que los legales porque evaden todo impuesto. A su vez, la importación legal e ilegal se beneficia de un dólar barato que disminuye el precio de su oferta frente a la encarecida producción nacional en un país con mayor inflación medida en moneda norteamericana.

Para completar el cuadro, también crece la informalidad laboral. En 2023, el 41% de los trabajadores argentinos, tanto empleados como cuentapropistas, estaba no registrado. En 2025, el 43%. En cuanto a los que están en relación de dependencia, los carentes de derechos pasaron del 35% al 36%. Leve alza respecto a un nivel heredado alto y pese a la moratoria laboral que dispuso este gobierno.

“En estos procesos en los que se destruye empleo y tejido productivo y no hay crecimiento económico, en lugar de haber una transición progresiva del empleo del textil a los servicios basados en conocimiento o la banca, se van a trabajos informales de subsistencia”, describe Diego Coatz, que dejó su cargo de director ejecutivo de la UIA con el ascenso de Martín Rappallini a la presidencia y ahora es consultor. “Una costurera se va a trabajar al servicio doméstico, un operario a la construcción informal, del comercio en blanco a La Salada, el que tiene un auto se pone un Uber y el que tiene moto o bici se hace repartidor. Son transiciones regresivas, de un empleo bueno a otro malo.”

Con tanta evasión y con el mal desempeño de la actividad económica interna, no es de extrañar que el Estado recaude cada vez menos y que, por tanto, pueda ofrecer peores servicios. Los jubilados de la mínima siguen cobrando menos que en 2023 y sufren los recortes del PAMI en atención médica y acceso a medicamentos, las personas con discapacidad se encuentran con que quienes los atienden se dan de baja, los afiliados a las obras sociales también terminan en los hospitales públicos porque las clínicas no los atienden a tiempo, el Instituto Oncológico Roffo da turnos a seis meses, en las universidades se multiplican los paros, en diversas provincias también los docentes van a la huelga, el Estado deja de comprar libros para las escuelas y promete reemplazarlos con cheques, los colectivos mantienen una reducción del 10% de las frecuencias porque los subsidios y las tarifas no cubren los costos, mientras el acceso a la vivienda social, las cloacas y la urbanización de villas se ha paralizado. Al final de cuentas parece que los impuestos no eran tan malos.

AR/MG

Donald Trump y su principal aliado latinoamericano, Javier Milei, al que rescató de una crisis financiera en plena campaña electoral y logró pavimentarle la reciente victoria en las urnas, anunciaron este jueves un acuerdo marco comercial desequilibrado. El salvataje tuvo este precio. No es el único. El comunicado de la Casa Blanca dejó muchos detalles por aclarar, pero más aún la Casa Rosada, que apenas informó el contenido del pacto. Del texto de Washington se desprende que la Argentina cede en 30 ítems puntuales, mientras que EE.UU. lo hace sólo en dos.

Para la mentalidad del economista libertario toda apertura es buena, pero en las negociaciones comerciales internacionales los países suelen abrir un sector a cambio de otro, no regalarlos con alegría. Veamos qué aspectos concedió la Argentina tras la negociación final que el nuevo canciller Pablo Quirno mantuvo esta semana en la capital norteamericana, después de meses de diálogo del diplomático Luis María Kreckler:

¿Cuáles son las concesiones de EE.UU.? Son dos y están expresada en un solo párrafo: “Eliminarán los aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados destinados a aplicaciones farmacéuticas”. No se explicitan cuáles son esas materias primas que no están en territorio norteamericano, pero apuntan a los minerales, no a los hidrocarburos ni a los alimentos argentinos, que en EE.UU. sobran. Tampoco se aclara qué insumos para remedios se exportarán. No se menciona nada explícito de aluminio, acero o biodiesel, sectores argentinos que esperaban una apertura. Apenas una mención de que EE UU “podría considerar” atender los efectos de la ley que ha usado Trump para frenar a los primeros dos de esos productos.

Aunque el proteccionista Trump hace semanas mencionó en un raro giro liberal que quería importar carne vacuna argentina para bajar los precios internos, después sobrevino la queja de sus ganaderos, usualmente republicanos, y quizás por eso el acuerdo tiene una mención difusa al asunto. Nada concreto para el campo argentino. “Ambos países se han comprometido a mejorar las condiciones recíprocas y bilaterales de acceso al mercado para el comercio de carne vacuna”, es una referencia que no concreta nada y encima abre la puerta para que la Argentina importe bifes estadounidenses. Ya este año ha comprado de Brasil.

Los que por ahora respiran tranquilos son los laboratorios nacionales, porque la alusión del pacto a la protección de patentes, pretensión de sus competidores norteamericanos, tampoco implica algo palpable. Y lo que no se explicita bien en acuerdos comerciales internacionales es porque se patea para adelante. Sólo se menciona que el gobierno de Milei, que cuenta con el respaldo de empresarios farmacéuticos locales como los Bagó y los Sielecki, “se ha comprometido a abordar desafíos estructurales señalados en el informe Especial 301 de 2025 de la Oficina del Representante Comercial de EE.UU., incluyendo los criterios de patentabilidad, el atraso en el otorgamiento de patentes y las indicaciones geográficas, además de avanzar hacia la armonización de su régimen de propiedad intelectual con los estándares internacionales”. Es decir, todos buenos deseos de cambios que quizás algún día se concreten si se modifican leyes. No sólo respiran aliviados los laboratorios locales sino también los agricultores que usan semillas de soja o maíz patentadas por las alemanas Bayer y BASF, la estadounidense Corteva o la china Syngenta.

Quien esperaba un resultado positivo de la negociación comercial con EE.UU. y al parecer no lo consiguió fue el acerero Paolo Rocca, dueño del grupo Techint. Horas antes de conocerse el acuerdo, el empresario italiano residente en la Argentina volvió a un terrorio que él domina, el de la Unión Industrial Argentina (UIA), después de cinco años de ausencia en sus conferencias anuales. Llegó, elogió la motosierra fiscal y monetaria, apoyó las dos reformas que enviará el Gobierno al Congreso en sesiones extraordinarias en febrero próximo -rebaja tributaria y flexibilización laboral-, pero reclamó una “política industrial” a contramano de lo que cree Milei. Reconoció que en el pasado la Argentina fracasó en la materia, pero recordó que también lo había hecho en su receta monetaria y no por eso este gobierno dejó de tenerla. EE.UU., la Unión Europea, China, Japón, Corea del Sur, Brasil y México tienen sus planes manufactureros, pero la Argentina no.

Rocca recordó que 46 millones de argentinos no pueden vivir sólo de la producción de materias primas. Que no somos Australia, con 27 millones, ni Chile, con 19 millones. Por eso, aunque ahora gana dinero exportando petróleo y gas de Vaca Muerta con Tecpetrol, abogó por la industria, como sus siderúrgicas Tenaris y Ternium. También defendió la apertura comercial, pero “racional”, en otro pasaje crítico del gobierno libertario.

En su grupo están mirando con atención si se cumple el 20% de compras locales de bienes y obras que exige el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI). Cunde el pánico en la UIA porque están importándose galpones enteros de China, aunque sus competidores locales advierten que no es tan fácil ni barato como traerse ropa de Shein, que si el talle no calza, se tira. El único proyecto RIGI de energías renovables -un sector que espera que se renueve su ley de fomento- es un parque eólico del grupo PCR; tendrá 40% de provisión local y el de la futura siderúrgica Sidersa -de la familia rosarina Spoto-, un 66%; pero se temen que sean casos aislados frente a una mayoría de iniciativas mineras y de hidrocarburos.

En un momento de exitismo de Milei después de su batacazo en las elecciones legislativas, en tiempos en que el triunfo silencia todas las críticas y hasta industriales antes eran opositores ahora se preguntan si los demás no tendrán razón, el dueño de Techint irrumpió con un mensaje para dos públicos. Por un lado, el Presidente. Hombre poderoso que vio pasar muchos gobiernos, hizo oír su voz y habrá que ver si el jefe de Estado reacciona. Por otro, lo escuchó un Centro de Convenciones (CEC) colmado, incluidos empresarios que de un día para el otro están convirtiéndose en importadores y que, por una cuestión de clase social o apabullados por la derrota de sus ideas industrialistas, se abrazan a las que les impone la mayoría que votó a La Libertad Avanza.

Entre los industriales, algunos pocos están bien, como los metalmecánicos que abastecen a Vaca Muerta o al transporte logístico -beneficiado por el comercio electrónico-, pero en otros como calzado, textiles, autopartes, frigoríficos, azúcar o siderúrgico están sufriendo y anticipan más cierres de los que ya ha habido. De todo modos, entre los que andan mal hay quienes esperan que algunos costos bajen con las reforma tributaria y laboral -igual les temen a los juicios en los fueros del trabajo- y que el rescate financiero de EE.UU. evite cualquier estallido hasta las elecciones presidenciales de 2027.

Son los que están contentos de que ya sus empleados no les piden aumento salarial sino que se encomiendan a un repunte del crédito -las tasas de interés bajan, pero no lo suficiente porque los encajes bancarios siguen altos-, pero lamentan un futuro más parecido al modelo peruano del ministro de Economía, Luis Caputo, con menos industria, más desigualdad y más dependencia de EE.UU.

Otros industriales, en cambio, sólo ven el lado negativo del plan económico. Temen que el consumo siga hundido, que las importaciones crezcan y advierten sobre el galopante ascenso del contrabando. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, organizó algunos decomisos testimoniales, pero la fiesta pirata sube el volumen. El director de la Aduana, José Andrés Velis, está preocupado por agilizar el comercio. Mientras, entran por fronteras o puertos, desde electrónicos hasta calzados de contrabando, con inspectores que ya no controlan por orden de arriba o que si lo hacen, piden peaje -siempre lo han hecho, pero ahora están más voraces, según los que los tratan-, no se sabe si para robustecer sus bolsillos ajustados por la motosierra o para contribuir a la corona. ¿Cuál? En el Triángulo de Hierro, en el que los hermanos Javier y Karina Milei crecen frente al asesor presidencial Santiago Caputo, este último aún domina la Aduana. Son nichos de poder que por ahora mantiene, como la Secretaría de Transporte, a cargo de Luis Perrini, que este año renovó la concesión del ferrocarril Nuevo Central Argentino a Aceitera General Deheza (AGD), la empresa de Roberto Urquía que bien supo aportar a la campaña de LLA.

AR/MC

¿Descontrol en la Aduana, uno de los organismos bajo el manto del asesor presidencial Santiago Caputo? Este martes, tras la reunión habitual de la Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA), se emitió un comunicado, como de costumbre, y el asunto principal fue la advertencia sobre un fuerte incremento de ingresos de mercadería por contrabando.

“Este problema genera un aumento en la informalidad, resulta un riesgo para los consumidores y socava el mercado a quienes pagan impuestos”, alertó la UIA. El peligro al que se refiere es que los productos contrabandeados no necesariamente cumplen las normas de seguridad y sanidad que se exigen a los importados legalmentes.

“Los representantes de las cámaras de indumentaria, textil y calzado manifestaron la preocupación sobre la competencia desleal que plantea la venta online de productos desde plataformas sin ningún tipo de pago de impuestos, y el vacío legal en su control”, apuntaron no sólo a Shein y Temu sino también al comercio electrónico por redes sociales de ropa o zapatillas que vienen del extranjero por bagayos en las fronteras con Bolivia o dentro de contenedores que arriban al puerto, y que muchas veces contienen marcas falsificadas.

“La Cámara de Tabaco señaló que los productos sin humo -se refiere la UIA al cigarrillo electrónico- son consumidos por 1,4 millones de adultos en la Argentina, a pesar de la prohibición absoluta de su venta, y planteó las dificultades que ocasiona la falta de normativa local para regular su producción, calidad y componentes”, agregó la entidad. También sigue el clásico contrabando de cigarrillos tradicionales.

“Desde la Cámara de la Industria Cervecera resaltaron que el 40% de la mercadería relevada en puntos de venta en AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) no tenía un origen legal y advirtieron sobre el efecto que genera la ley aduanera actual en la vuelta de los productos confiscados al mercado a través de subastas dispuestas por Aduana, sin los debidos controles sanitarios y a precios viles”, agregó la UIA.

Agustina Briner, directora de los departamentos técnicos de la UIA, aboga por que se refuercen controles y se revise la normativa vigente, que fue modificada por el gobierno libertario para acotar la vigilancia de productos importados en general. A tono con su ideología. Estos cambios sumados a un tipo de cambio que era bajo hasta hace pocos días estimularon las importaciones, incluidas aquellas de contrabando, que no pagan aranceles ni son revisados para ver si entran con dumping (precios por debajo del costo, que son considerados competencia desleal) o si incumplen con normas de seguridad y salubridad.

“Entran alimentos, bebidas, ropa, electrónica, celulares, productos de higiene, calzados, cigarrillos, grifería, caños de acero”, enumera Briner. Son bienes que entran por la frontera, que siempre fue un colador, pero que ahora aparece más permeable. Lo cuentan industriales que anduvieron por el límite con Bolivia, tanto en La Quiaca (Jujuy) como Aguas Blancas (Salta), o por la Triple Frontera con Ciudad del Este (Paraguay) y Foz de Iguazú (Brasil). Pero también se contrabandea en los puertos de Buenos Aires, en productos dentro de contenedores que antes iban por canal rojo, como los de ropa, calzado, ferretería o juguetes, y ahora por el cambio reglamentario van por el verde, con revisiones aleatorias.

“El contrabando es un fenómeno que afecta a todos los productos electrónicos”, cuenta Ana Vainman, directora ejecutiva de la Asociación de Fábricas Terminales de Electrónica (Afarte), que nuclea a las de Tierra del Fuego. “Los celulares son los más afectados. Tanto es así que uno de cada tres celulares que se activa en la Argentina no fue fabricado en el país ni importado legalmente”, continúa Vainman. En una empresa fueguina cuentan que el 40% del mercado de teléfonos de gama baja entra de forma ilegal, sobre todo desde Paraguay.

“Pero también hay contrabando de computadoras, de televisores y hasta de equipos de aire acondicionado, pese al tamaño que tienen”, continúa Vainman. “La mayoría de estos productos son de origen chino, ingresan al país a través de Paraguay y luego se comercializan en plataformas de comercio electrónico. Pero también se han detectado comercializaciones en redes sociales y tiendas físicas”, añade la ejecutiva de Afarte.

“El contrabando de calzado en la Argentina, que va de la mano de la falsificación, ha crecido de una manera exponencial”, describe el secretario de la Cámara de Industria del Calzado, Horacio Moschetto. “Entran millones de pares contrabandeados y falsificados de las dos fronteras nortes, tanto de Bolivia como de la Triple Frontera, en menor medida. Hay muchísima mercadería de contrabando ofrecida a través de las redes”, coincide Moschetto. Por ejemplo, Instagram o Facebook. El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y el gobierno de Javier Milei combaten las ventas de marcas falsas en Once o La Salada, pero entran por otras vías sin control alguno.

La Sindicatura General de la Nación (Sigen), dependiente del Ejecutivo, elaboró un revelador informe reservado sobre la gestión de la Aduana, a cargo de José Velis, hombre de Santiago Caputo, pero que en los papeles responde al jefe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), encabezada por Juan Pazo, colocado allí por el ministro de Economía, Luis Caputo, tío del primero. Según informó el diario La Nación, este reporte señaló que en los depósitos aduaneros hay 190 cámaras de control sin funcionar, tapadas o que enfocan para otro lado.

Marcela Campagnoli, diputada de la Coalición Cívica, alerta sobre este documento: “Es altamente preocupante el informe de la Sigen en cuanto a las deficiencias en el sistema del centro único de monitoreo en la Aduana, la inadecuada distribución de las cámaras y la ausencia de una contratación de mantenimiento. Este incumplimiento, que incluye el tiempo de guarda de las imágenes y la ineficiencia en el control de estas cámaras, provoca muchas veces episodios como los que hubo en Aeroparque con las valijas”, alude Campagnoli al avión que llegó sin control desde Estados Unidos a principios de año y que pertenece al lobbysta, consejero de Santiago Caputo y dueño de Flybondi, Leonardo Scatturice.

En la Aduana no es un secreto que Caputo junior, influido por Scatturice, ha promovido a diversos funcionarios con polémicos antecedentes. Tampoco que la falta de control y los pedidos de sobornos han ido en aumento con la actual gestión, según mencionan fuentes ligadas al organismo, industriales e importadores. Son vicios de siempre en la Aduana, pero reforzados, según comenta la media docena de informantes consultados.

Afectados por el ajuste salarial ordenado por Milei, hay quienes definen a los inspectores como desaforados a la hora de pedir el 10% de comisión para liberar mercadería. Aprovechan que hay un boom de importaciones, que los depósitos aduaneros están llenos y mantener la mercancía allí cuesta mucho dinero, con lo que los importadores se apuran por retirarlos.

Ahora la mayoría de los bienes entran por canal verde, pero se hace costumbre que los inspectores por su cuentan los manden al naranja, donde revisan la documentación y siempre encuentran que falta un papel. Incluso amenazan con derivar el caso a la justicia contencioso administrativa, lo que en los hechos frena el ingreso de la importación. Ante tanta traba, más de una empresa aceita los engranajes de la operatoria.

“Si hay una denuncia concreta por los canales habilitados, se actúa en consecuencia”, responden en ARCA. El problema es que los importadores en general no denuncian, pagan y se mantienen en el negocio.

“Estamos normalizando el comercio exterior en línea con los países de la región como Chile o Perú”, argumentan en las oficinas de Pazo. “Nuestros niveles de canal rojo, cuyo porcentaje no se puede comunicar por secreto fiscal, fueron abusivos durante gestiones anteriores, propios de una economía cerrada al mundo. Se realizan controles con scanners, sumado a controles en destino de las empresas y controles aleatorios basados en el riesgo de cumplimiento de cada operador. Las aduanas del mundo tienen un porcentaje de canal rojo de un 3% promedio. Por ende se utilizan herramientas de control no intrusivos al solo efecto de monitorear las cargas”, agregan en la Aduana, que al igual que el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich vienen dialogando sobre el asunto con la UIA.

Pero despachantes advierten que hay mucha menos mercadería que pasan por scanners y ya no hay controles de Prefectura al salir del puerto. También señalan que antes los productos que iban o venían de España y México siempre pasaban por canal rojo por riesgo de narcotráfico, pero ya no, van directo al verde.

Desde enero a agosto de este año, la Aduana lleva secuestrados en diversos procedimientos en todo el país un total de 1.864.129 unidades de diversas mercaderías, entre ellas indumentaria y calzado, alimentos y bebidas, lubricantes y químicos, aeronaves y embarcaciones, granos y oleaginosas, electrodomésticos, automotores y sus repuestos, electrónica y celulares, bazar, materiales de construcción, tabaco y cigarrillos, divisas, neumáticos, vapers, artículos de tocador, ferretería, productos veterinarios, restos fósiles y sedimentos, antigüedades, suplementos nutricionales, entre otros.

AR/CRM

El kirchnerismo busca sacar provecho lo más rápido posible del escándalo que envuelve al senador Edgardo Kueider, detenido desde este miércoles en Paraguay por cruzar la Triple Frontera con US$ 200.000 y $640.000 sin declarar. El interbloque de Unión por la Patria en la Cámara alta pedirá para la semana que viene una sesión para que se vote su expulsión. Es una jugada desafiante, porque no cuenta con los votos propios suficientes y la oposición más cercana al Gobierno dice que no la acompañaría, con el argumento de que todavía falta una definición de la Justicia argentina, que podría pedir la extradición del senador. En Paraguay fue imputado por “tentativa de contrabando” y ya lleva casi 48 horas demorado.

El movimiento que ensaya el espacio que comanda Cristina Kirchner fue ventilado este jueves por la senadora Juliana Di Tullio (Buenos Aires), jefa de Unidad Ciudadana y una de las principales espadas legislativas que tiene la ex mandataria en el Senado. La intención es que se abra el recinto el miércoles o jueves próximo, supo elDiarioAR en el despacho de la senadora. 

El problema para el peronismo es que no cuenta con quórum propio. Le faltan cuatro apoyos para conseguir la mayoría, pero no tiene pecera de dónde pescar. Y está aún más lejos de conseguir los dos tercios de las 72 bancas para lograr la expulsión. Ni siquiera algunas figuras críticas a Javier Milei estarían dispuestas a sumarse a esa iniciativa.

Lo que pretende la bancada de UP es hacer suyo el “principio de revelación” mileísta, y acusar a los senadores que no den quórum de ser cómplices de Kueider. Esta mañana hubo cruce de dardos entre Milei y Cristina, a partir de que el legislador entró a la Cámara alta por el Frente de Todos, aunque este año se acomodó muy rápido con la Casa Rosada, aprobó la ley Bases y trabó varios acuerdos con Santiago Caputo, como ya publicó este medio.

“La semana próxima tendríamos organizados a nuestros 33 senadores, pero hay que ver si el resto de los bloques van a dar quórum. Con 37 senadores logramos sesionar y con dos tercios favorables alcanzamos su expulsión”, planteó esta mañana Di Tullio. A sabiendas de que no tiene los votos, la senadora bonaerense adelantó: “Vamos a ver quiénes lo defienden y quiénes no, es algo de sentido común. No podemos tener a un contrabandista preso como senador nacional, le hace mal a la Argentina. ¿Quién se va a animar a invertir en un país con leyes votadas por este tipo de personas?”.

El kirchnerismo explica su iniciativa de correr a Kueider a partir de los artículos 66 y 69 de la Constitución Nacional, que versan sobre las actitudes de los senadores. “El artículo 69 de la Constitución indica que cuando se lo agarra infraganti a un senador o una senadora se le terminan los fueros y lo que corresponde es aplicar el artículo 66, que es la facultad disciplinaria que tiene la Cámara de Senadores para sus integrantes”, indicó Di Tullio, que agregó: “No estamos pidiendo la expulsión en base a un rumor, sino porque lo agarraron infraganti con dinero que no se sabe de dónde lo sacó ni de quién es”.

El oficialismo de apenas seis senadores se plegó rápido a la narrativa que soltó Milei y hasta Victoria Villarruel de endilgarle las causas de Kueider a Cristina. Sin embargo, hay un sugestivo silencio sobre su continuidad en la Cámara alta. “El Gobierno lo quiere proteger porque es un hombre propio y seguramente tienen miedo de que hable”, cuestionó Di Tullio. Kueider acordó con Villarruel ser el titular de la sensible Comisión de Asuntos Constitucionales y el asesor Caputo le ofreció ser presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, que finalmente quedó para el radical Martín Lousteau, en acuerdo con el PJ.

Antes de prestarse a la expulsión exprés que pide el kirchnerismo, desde el oficialismo y sus aliados en el Senado esperarán a una definición del plano judicial para sellar la suerte de Kueider. “Su expulsión no va a ocurrir hasta que se expida la Justicia”, dijo a elDiarioAR un senador muy cercano a los libertarios.

Esa línea institucional ya la manifestó el bloque del PRO y también el interbloque de Provincias Unidas, del cual forma parte el senador por Entre Ríos. La UCR aún no se pronunció sobre el escándalo, supo este medio, porque varios de sus integrantes no están ni siquiera en el país. “No se discutió el tema”, dijeron en el despacho del jefe de bloque, el correntino Eduardo Vischi. Martín Lousteau, presidente del partido, está de viaje en el exterior.

Desde el radicalismo aportó su comentario personal el senador Pablo Blanco, de Tierra del Fuego: “Ante una denuncia, y más allá de que lo detuvieron infraganti, expulsarlo es un riesgo muy grande para el Senado. Debe actuar la Justicia previamente. Hay que esperar, no me voy a prestar al juego del kirchnerismo”, dijo a elDiarioAR. 

El legislador recordó los casos similares que ya atravesó la Cámara alta hasta hace muy poco tiempo. Uno es el del ex senador tucumano José Alperovich, condenado el año pasado por abuso sexual, a quien el peronismo nunca le abrió juicio político ni propició que le quitaran los fueros, aunque sí avaló que se tome licencia durante dos años. Otro caso, el más rimbombante, es el de la propia Cristina, que procesada en múltiples expedientes y condenada en primeras instancias en la causa Vialidad fue la titular del cuerpo entre 2019 y 2023. 

“Quienes hoy piden la expulsión de Kueider tenían una mirada muy distinta sobre Alperovich, que estuvo dos años de licencia. Y lo mismo con Cristina Kirchner, que estaba procesada y condenada –planteó el senador Blanco–. Yo no tengo doble moral. Hay que esperar a la Justicia. Hay que tener una sola línea de conducta, la ley es para todos iguales”. 

MC/MG

El ex presidente de Fiat Argentina Cristiano Rattazzi fue citado este jueves a declarar en el marco de una causa referida al contrabando de vehículos de alta gama. Interviene el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 4, a cargo de Alejandro Catania. La Dirección General de Aduanas denunció en mayo de 2022 irregularidades en importaciones de autos de reconocidas marcas como Maserati, Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce y Porsche, documentados a nombre de una empresa del empresario ítaloargentino, Modena Auto Sport SA. Rattazzi se ha involucrado en los últimos años en política: fue fiscal de mesa en las elecciones presidenciales de 2019 a favor de la reelección de Mauricio Macri y ahora apoya a Javier Milei.

Combinadas, las multas pretendidas por la Aduana superan los US$ 80 millones en diez causas distintas. Una investigación de agentes especializados del organismo detectó con relación a los vehículos importados facturas por montos superiores a los originalmente declarados por la firma denunciada, que incluían conceptos adicionales facturados por los proveedores del exterior. Asimismo, la Aduana, que conduce Guillermo Michel desde agosto de 2022, investiga más irregularidades en la importación de un vehículo que había sido declarado como mercadería sin uso. Por el contrario, el kilometraje del automóvil indica que sería usado, por lo que se cree que la declaración apócrifa habría apuntado a eludir la prohibición de importación de vehículos usados.

Además, se encuentra bajo análisis una factura que afirma que el vehículo en cuestión habría sido adquirido por Modena Auto Sport a TransCargo ZFM SA, ya que se advirtió la existencia de otra factura, por idéntico vehículo, emitida por la firma The Collection. Finalmente, personal de la Dirección General de Aduanas investiga la utilización de facturas comerciales presuntamente apócrifas, que habrían tenido el objetivo de subfacturar el valor de vehículos de alta gama. En ese marco, fueron citados a declarar, bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes, la firma Modena Auto Sport, representada por Julio César De Marco, así como Gonzalo De Marco, Claudio San Pedro, Ratazzi, Luis Fara y Leandro Fara; los despachantes de Aduana Juan Ramiro Bartolomé y Hugo Caviglia.

AR

Bernardo de Irigoyen es la ciudad más oriental de la República Argentina. Su ubicación geográfica le otorga una particularidad: su frontera seca con Brasil es tan sólo una calle, sin alambrados, sin un río que divide el territorio. Unos pocos pasos separan un país del otro. La localidad misionera limita con dos ciudades: Dionisio Cerqueira del Estado de Santa Catarina y Barracão del Estado de Paraná.

Pero más allá del límite internacional fronterizo, las autoridades locales admiten que las tres ciudades -que están asentadas sobre la trama de drenaje del río Pepirí Guazú, afluente del río Uruguay-, coexisten como una única sociedad. “Tres ciudades que forman un conglomerado urbano único, en el que las divisiones son sólo geográficas y políticas. El flujo de cruce de vecinos es constante y es común que quienes viven en una de estas tres ciudades trabajen en otra, compren en un negocio de cercanía extranjero o tengan que ir al país vecino para asistir a la escuela”, explican desde la Dirección Nacional de Migraciones.

Recorrer las calles de esa ciudad, en este extremo norte del país, devuelve la imagen de otra Argentina, una en la que el portuñol se impone como lengua predominante. Esa fusión de español y portugués da cuenta de la vida en comunidad que hay. Basta con recorrer los negocios de ambos lados de la frontera, para escuchar lo que comparten las emisoras radiales, los programas de televisión. Es difícil distinguir en qué país se está.

La frontera pareciera percibirse sólo en los mapas o cuando se juega un evento deportivo entre equipos de los dos países, pero en la vida diaria se reconocen los propios vecinos como parte de una misma urbe. “Si bien cada una de las tres ciudades mantiene su independencia administrativa y su organización geográfica, interactúan y han crecido casi hasta unirse, por lo que en el devenir diario resulta difícil determinar los límites territoriales. Bernardo de Irigoyen es la localidad con menos densidad poblacional de las tres, tiene 13.250 habitantes, mientras que Dionisio Cerqueira tiene 14.811 habitantes y Barracão 15.399”, indicaron desde el organismo oficial migratorio.

A pocos metros del paso internacional, los tres municipios inauguraron el Parque Turístico Ambiental de Integración, un espacio verde que comparten Bernardo de Irigoyen, Dionisio Cerqueira y Barracao. Es una muestra explícita de lo simbólica que se vuelve la frontera al noreste de Misiones. Los vecinos cruzan por los puentes de madera que separan un país del otro sin realizar ningún trámite migratorio. El recorrido es constante y nadie se cuestiona nada.

Sin embargo, esta cercanía también es propicia para el delito. El contrabando impera en esta frontera seca. “El delito funciona, por lo menos en esta zona, como organizaciones, como si fueran empresas, para que la gente comprenda la naturaleza del fenómeno, si una empresa le conviene fabricar fideos fabrica fideos, el día de mañana esa empresa le conviene fabricar capeletinis y va a diversificar y seguirá fabricando los dos productos; con la delincuencia pasa un poco lo mismo en algún momento fue un gran negocio el contrabando de tabaco, entonces se veía intensificado el ingreso de productos de una tabacalera de Paraguay, que básicamente no tenía mucho destino más que zonal aquí en Misiones y después el gran mercado era Brasil”, plantea el juez federal Miguel Ángel Guerrero.

Cuando se hace un foco particular en Bernardo de Irigoyen quedan lejanas las imágenes del contrabando de cubiertas. El negocio en este punto geográfico es otro: los vinos finos. Argentina, productora por excelencia de buenos vinos, encontró un gran mercado en Brasil pero el mercado transita por una vía paralela e ilegal. “Nos preocupa la gente que está manejando el negocio del lado brasileño. El personal de la Policía Federal de Brasil, inclusive de la Policía Rodoviaria y colegas que están en el tema están investigando, tienen secuestros por casi 290 millones de reales. No me cierra el número con la producción que tienen nuestras bodegas, habría que investigar un poco porque al público de Brasil no le gusta cualquier vino, inclusive por ahí los vinos que están mejor reputados en Argentina no son los que en este momento tienen mejor mercado allá, sino que son vinos más tradicionales con un nombre ya constituido de mercado. Y eso es lo que genera algunas dudas respecto a lo que ellos han secuestrado y su origen”, explica el juez Guerrero.

En esta ciudad no se observa la marginalidad que caracteriza a otros puntos geográficos de la frontera norte. Con una población de 35 mil habitantes tiene, según las estadísticas locales, la mayor cantidad de vinerías por metros cuadrados del país.

Las autoridades locales definen a este punto geográfico como una zona tripartita. La historia muestra que, originalmente, las tres ciudades constituían una sola localidad. Hace más de 100 años no existía la ruta 14, la 12, la 17 y eso contribuyó a que las líneas divisorias se volvieran más difusas. El territorio para los vecinos era uno solo. Esa idiosincrasia dejó su legado: hay vecinos que tienen generaciones dentro de su árbol genealógico, que son de un lado y del otro de la frontera. Es una zona muy particular y una frontera casi única, seca, urbana, que unifica más de lo que divide.

Desde Eldorado hay que tomar la ruta provincial 7 y tomar en dirección hacia el este, para después de dos horas llegar a Bernardo de Irigoyen. Durante el trayecto la radio siempre compañera de viajes, capta otra emisora y la samba brasileña y el mensaje en portugués nos indica la cercanía con el país vecino. Continuamos por ese camino hasta ingresar a la ciudad misionera. El primer impacto es visual: la prolijidad del lugar, los espacios verdes prevalecientes, las calles amplias y pocas edificaciones en altura. El segundo impacto es auditivo, estamos en una localidad argentina, pero todos hablan en portuñol.

“Es un buen clima entre nosotros acá en la frontera. Somos vecinos, nos damos muy bien. La mayoría hablamos el portuñol y convivimos bien. Vivimos con una constante integración entre los dos países, se hacen muchas reuniones, se hacen muchos eventos. Se juntan los países para hacer eventos juntos, algo muy importante”, cuenta Marcos parado en la puerta de su negocio de bebidas alcohólicas. Su remera tiene una bandera argentina en el brazo derecho y en el izquierdo, una brasilera. Las señala, las muestra y con un tono de voz alegre, quizás propio del lugar, añade: “Somos como un gran barrio, un pueblo y entre ambos no hay lo que decir, lo que hacer porque un paso estamos allá, ellos también con un paso están acá. Estamos acostumbrados a toda una vida viviendo así. Es difícil para alguien que viene acá, mira y se sorprenden”.

Lo que los brasileños le compran, grandes cantidades de vinos principalmente, no pasa por el paso internacional fronterizo. “La gente cruza nomás la calle y ya está en Brasil y casi nadie usa el cruce migratorio”, cuenta Marcos siempre con una sonrisa en su rostro, orgulloso de la vida en comunidad que tienen con las dos localidades del país vecino. Le pone una cuota de humor a su comentario: “Los vecinos aprendieron a tomar vinos, llevan champagne, Campari, cerveza. Ellos aman nuestra cerveza, de hecho, la Quilmes es la primera en Brasil, la llevan mucho”.

La desfavorable situación financiera de Argentina terminó beneficiando a los comerciantes de Bernardo de Irigoyen. “Nosotros dependemos de ellos y ellos de nosotros igual, vivimos como una gran ciudad sin pensar en la frontera porque nos separa sólo una calle, y la cruzamos los argentinos para ir al dentista allá, ellos vienen a comprar acá, vienen sus hijos a las escuelas de acá también”, explica Lucrecia, dueña de un local de vinos de grandes dimensiones, a pasos del Parque de la Integración.

Esta frontera urbana construye otra idiosincrasia. Los vecinos se sonríen inmediatamente cuando se les pregunta por el Paso Migratorio. Los comerciantes que exponen las cajas de diversas bodegas de vinos en las veredas, con mesas también al aire libre para degustar en algunos casos, miran desde sus locales el paso fronterizo y sólo ven algo que denominan “simbólico”. El intendente de la ciudad, Guillermo Fernández, expone la particularidad del lugar al señalar que es “una línea, un cordón que separa a dos países y tratamos siempre de trabajar en conjunto. En estos años se ha formado el CIF, que es el Consorcio Intermunicipal de Frontera, donde integran tres intendentes brasileños, tres prefeitos y el intendente de Bernardo de Irigoyen. Tratamos siempre de trabajar en conjunto lo que es la seguridad en toda la zona, el tema de la educación, la cultura. Siempre estamos ayudándonos uno al otro para que a la región le vaya bien”. El concepto de integración determina la gestión diaria.

El Día de la Tradición las tres ciudades la festejan de forma conjunta, en ese gran espacio verde que cuenta, además, con un lago artificial y con un anfiteatro. “Es una frontera muy especial porque no tenemos ni un río que nos separa, éste es el punto más oriental del país, donde comienza la patria. Estamos en la otra punta de Buenos Aires, y lo mismo Dionisio Cerqueira, que está en la otra punta de Brasil. Sabemos que por ahí nuestras realidades son otras, porque estamos bastante alejados, pero somos un punto clave del comercio para el Mercosur y acá el Estado nacional debe invertir más”, explica el intendente.

La postal de Bernardo de Irigoyen es ese gran parque ambiental que supera lo que cartográficamente viene a representar el límite que divide un país del otro. siempre de ambos lados de una frontera tan permeable están las organizaciones criminales.

El Jefe de Escuadrón de Gendarmería de Bernardo de Irigoyen, comandante principal Luis Martínez, conocedor del terreno y de esa frontera seca, considera que en esta zona lo que prevalece, es un “intercambio de mercadería, de consumo, de bienes que lo da justamente la característica geográfica que tiene. Históricamente esta es más una zona de contrabando porque en Argentina no tenemos áreas de cultivo, las áreas de cultivo las tenemos en Paraguay. Paraguay tiene frontera directa con Brasil y el mercado brasilero es muy grande, muchísimo más grande. Hay localidades y ciudades enormes enfrente”.

El tipo de frontera se vuelve un desafío para las autoridades porque no hay ningún elemento geográfico que sirva de línea divisoria, “una cosa es una frontera seca sin límite donde no hay núcleos poblacionales. Entonces, si no hubiera poblaciones aledañas observo quién se acerca a la frontera. Lo puedo ver y es más difícil para la persona, pero si usted tiene una casa y gente que vive, que sale, que está tomando mate en la vereda, y del otro lado tiene gente que está tomando mate en la vereda, es un barrio. No solamente eso sino que muchas veces pasa que el que está viviendo de este lado está, está de este lado pero todos sus familiares están del otro lado, o trabaja de este lado y vive del otro lado”, describe el jefe de Gendarmería.

Esa vida en comunidad también es una terreno que facilita que ante las asimetrías económicas, se vuelva más complejo el control del intercambio de productos que se da por circuitos ilegales. “Hay en la ciudad supermercados, vinerías y hay gente que viene y hace lo que tiene que hacer, como corresponde. Entonces, tiene un flujo de gente que va y viene, que va a hacer sus cuestiones, que es la actividad normal. Pero después están quienes no hacen lo correcto, indicó el principal Martínez ”. Ahí se mezcla lo lícito con lo ilícito. Una diferencia que se torna tan difusa como el límite fronterizo.

La escuela 604 de la ciudad argentina es un claro exponente de la vida signada por este tipo de frontera urbana. Desde 2005 se convirtió en el primer establecimiento educativo de modalidad intercultural bilingüe. Está a pocos pasos de la calle que separa ambos países. Ese edificio centenario, de muebles antiguos y una gran vegetación en sus alrededores, supera cualquier límite que se establezca como división entre Argentina y Brasil.

Marizul Dzikoski, quien no sólo estudió allí sino que ejerce hace algunos años como vicedirectora, realiza un recorrido por el lugar. Las aulas tienen carteles en portugués y español, son espacios con pisos de madera que dan cuenta de la historia de la infraestructura. Es sábado y la escuela está más silenciosa que nunca. Así, vacía, parece un edificio más pero los mensajes en sus pizarrones, los afiches colgados en las paredes del patio abierto, le devuelven vida y su sello distintivo: es un lugar sin frontera, que une a dos países.

La ciudad reduce el ritmo que imponen los brasileños con los carros que cruzan la calle cargados de cajas de vinos, cervezas y otras bebidas alcohólicas.

“Acá lo tomamos como algo natural, porque alguno de los chicos que vienen su lengua materna o su primera lengua es el portugués, como también chicos de aquí de la Argentina estudian en Brasil. Nosotros estamos con un programa y formamos parte de la primera escuela bilingüe de la provincia de misiones, trabajamos con una escuela del vecino país, donde la lengua es enseñada por nativos. Entonces, maestros de aquí de la escuela se trasladaban a Brasil y ellos enseñaban el idioma en español. esto viene a oficializar un poco lo que vivimos cotidianamente, que no hay frontera”, cuentala vicedirectora del colegio.

Marizul tiene un tono de voz apacible, pausada en el diálogo que mantenemos mientras muestra con orgullo cada rincón del edificio. Es docente y se refleja en lo didáctica y precisa que es a la hora de brindar explicaciones sobre su labor diaria, con esa facilidad con las palabras: “Nosotros tenemos frontera seca, entonces es cotidiano el cruzamos al otro lado y también las personas de Brasil vengan acá a comprar. Más allá de la parte de la educación también es de la cultura, nosotros tenemos esto como algo cotidiano, entonces tampoco tenemos problema con el idioma, porque es tan natural. No se toma como una frontera, sino como un límite y que nosotros cruzamos caminando, incluso a veces por más que no se debiera, no cruzamos por la aduana ya solamente cruzamos la calle y estamos del otro lado y lo mismo pasa con los brasileños”.

Florencia Carignano, Directora Nacional de Migraciones, no utiliza la palabra “problema” al analizar esta frontera seca, sino que habla de un “desafío”: Para que la gente “entienda que la naturalidad con la que ellos viven eso, que es algo con lo que vivieron, nacieron, se criaron y forma parte de la esencia de ellos, en algunas cuestiones los perjudica. Culturalmente es una cosa y después el desafío es hacerle entender que más allá de que las fronteras son algo que están, que para ellos es algo antinatural, la tienen que respetar y tienen que hacer el cruce porque después las perjudica con muchos trámites administrativos. Es difícil hacer entender eso a alguien que lo tiene tan naturalizado el hecho de que todo es una sola cosa”.

La ciudad reduce el ritmo que imponen los brasileños con los carros que cruzan la calle cargados de cajas de vinos, cervezas y otras bebidas alcohólicas. Incluso los negocios ofrecen un servicio de “delivery” a pie, es decir, tienen personal que cruzan las compras realizadas por la excesiva cantidad de mercadería que se vendió. Es un ir y venir de carritos por el Parque de la Integración, todo a pocos metros del Paso Internacional fronterizo.

Cuando atardece en la ciudad más oriental del país el sonido de las ruedas de esos carros disminuye. Sólo quedan los vecinos paseando por ese gran espacio verde que es el parque que inauguraron las tres localidades que trascienden los límites que vemos en los mapas. A simple vista es imposible distinguir quién está de visita, quién es local. Todos son parte de un mismo suelo.

Este texto pertenece al capítulo “Del contrabando de cubiertas al contrabando ”malbec“: el caso de

Bernardo de Irigoyen“. El libro Fronteras, de Lucía Salinas, es digital y se puede descargar en este link.

La Aduana secuestró casi 500 discos de vinilo de la icónica banda rosarina Vilma Palma e Vampiros que eran ingresados de contrabando desde Uruguay, por el puente internacional Gualeguaychú-Fray Bentos, que une la provincia de Entre Ríos con ese país.

El procedimiento fue realizado en las últimas horas cuando durante un control vehicular se interceptó una camioneta con dos ocupantes procedente del país vecino.

Los agentes de la Dirección General de Aduanas-AFIP, al inspeccionar el vehículo, descubrieron que en el equipaje de las dos personas había 483 vinilos, con el detalle de que todos eran de Vilma Palma e Vampiros, la icónica banda de los primeros años de la década del 90, informó el organismo.

Se estima que el valor de los discos asciende a alrededor de 5 millones de pesos, con lo cual excedían largamente la franquicia de USD 300 por persona para ingresos por vía terrestre.

Ahora, por la insólita cantidad de copias de tan solo dos álbumes del catálogo del mencionado grupo rosarino (Vilma Palma e Vampiros y 3980), el personal de la Aduana advirtió que estaban siendo importados con fines comerciales, lo cual inhabilita su ingreso por la vía del régimen de equipaje.

En ese marco, secuestraron los vinilos y les preguntaron a los ocupantes del vehículo —una persona argentina y otra uruguaya, con residencia permanente en nuestro país— si traían algo más, ya fuera mercadería o divisas, y recibieron una respuesta negativa.

No obstante, al inspeccionar en forma más exhaustiva la camioneta hallaron 28.500 dólares, cuando el monto máximo para transportar en el ingreso a la Argentina es 10.000 de la moneda estadounidense.

Los agentes de la Aduana también incautaron el dinero y dieron intervención al Juzgado de Federal de Primera Instancia de la ciudad de Gualeguaychú, a cargo del Dr. Hernán Viri.

Especialistas aduaneros señalaron que los discos habrían sido comprados en República Checa y de ahí trasladados a España y luego a Uruguay. Sin embargo, llamativamente, tienen la leyenda “Industria Argentina”.

CRM con información de la agencia NA

Tras la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el caso Vialidad llegará en 2023 a los tribunales superiores para la revisión de la sentencia, que también incluye su absolución por el delito de asociación ilícita. A las características inéditas del juicio contra una vicepresidenta en ejercicio del poder, se suma el contexto del año electoral, el renunciamiento de la candidatura de la líder del kirchnerismo que obligará al reordenamiento político y la profundización del enfrentamiento de la expresidenta con los jueces que deberán definir su sentencia firme y por ende, la ejecución de su pena de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. 

Tres jueces de la la Cámara Federal de Casación -máximo tribunal penal del país- y la Corte Suprema serán los encargados de confirmar o revocar la decisión de los jueces del Tribunal Oral Federal número 2. Aunque el caso de Fernández de Kirchner tiene características únicas, estos mismos tribunales, han intervenido en condenas y absoluciones del expresidente Carlos Saúl Menem y en la condena al exvicepresidente Amado Boudou, tal vez los casos más aproximados al de Fernández de kirchner por el peso del poder político del primero y el cargo del segundo.

elDiarioAR revisó los tiempos que se tomaron estos dos tribunales para revisar la condena a Boudou en el caso Ciccone y las condenas y absoluciones a Menem en los juicios orales y públicos del contrabando de armas a Ecuador y Croacia; la encubrimiento del atentado a la AMIA; los sobresueldos; y la venta del precio de La Rural. 

El resultado fue muy disímil. Mientras que la condena a Boudou quedó firme en el lapso de dos años y medio, en los casos de Menem las dilaciones del sistema judicial encontraron el camino para incluso garantizar absoluciones en vida o extinción de la acción penal y sobreseimiento por muerte en expedientes que llevaban más de dos décadas abiertos. 

Debido a que el historial completo de los expedientes penales que llegan a la Corte no está registrado en una única base de datos pública, elDiarioAR realizó este relevamiento a través de la búsqueda de los expedientes en el sistema público de consulta del Poder Judicial de la Nación; el archivo del Centro de Información judicial (CIJ); el Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ) del Ministerio de Justicia de la Nación; el sitio web de consulta del Ministerio Público Fiscal; la consulta a jueces, fiscales, abogados defensores que intervinieron en las causas; y fuentes de la Corte Suprema de Justicia.

Ciccone: firme en dos años y medio

El exvicepresidente Boudou fue condenado en agosto de 2018 por los delitos de cohecho pasivo en concurso ideal con el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. El Tribunal Oral Federal número 4 lo sentenció por haber encabezado un “grupo” que se quedó con el 70% de las acciones de “la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica, a través de The Old Fund (TOF) y de Alejandro Vandenbroele, con el objetivo de contratar con el Estado la impresión de billetes y documentación oficial”, según la acusación. 

Con los votos de dos de los tres jueces del tribunal (Pablo Bertuzzi y Néstor Guillermo Costabel), ordenaron su inmediata detención. La jueza María Gabriela López Iñiguez votó en disidencia.

El caso tuvo la particularidad de que Boudou fue detenido cuatro veces entre noviembre de 2017 y diciembre de 2020, debido a órdenes y contraordenes de los jueces de distintas instancias.

Tras la condena, la defensa recurrió a la Cámara Federal de Casación y pidió su absolución pero la Sala IV del tribunal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, confirmó las condenas en julio de 2019, once meses después de la sentencia. Estos mismos jueces de Casación deberán analizar la condena a Fernández de Kirchner en Vialidad.

La defensa de Boudou volvió a recurrir la confirmación de la condena ante la Corte. El expediente llegó al máximo tribunal en septiembre de 2019 y en menos de un año los ministros rechazaron los recursos de la defensa del exvicepresidente y del resto de los condenados y dejó firme la condena en diciembre de 2020.

Armas: el juego de los plazos

El expresidente Menem murió en febrero de 2021. Para entonces, la absolución por “plazo razonable” que le dictó la Cámara Federal de Casación en octubre de 2018 seguía circulando por el máximo tribunal, de acuerdo con los registros públicos del sitio web del Poder Judicial de la Nación. 

Los jueces Liliana Catucci y Eduardo Riggi argumentaron la absolución de Menem por “la violación de la garantía del justiciable a ser juzgado en un plazo razonable que las defensas habían planteado con insistencia”, mientras que el juez Carlos Mahiques consideró que el expresidente debía ser absuelto por falta de pruebas en su contra.

La causa llegó a la Corte el 26 de diciembre de 2018, tras los recursos presentados por los acusadores contra la decisión de los jueces de Casación.

El último movimiento de este expediente en la Corte quedó registrado en septiembre de 2020, cuando el máximo tribunal recibió “los autos principales” de la causa, es decir, el expediente. El máximo tribunal no llegó a revisar la decisión final en el caso y Menem murió absuelto.

La causa armas se abrió en 1997. En 2001, Menem, ya fuera del poder, fue procesado por asociación ilícita, estuvo cinco meses en prisión domiciliaria pero la mayoría automática de la “Corte menemista” lo absolvió rápidamente. 

En 2007, luego de que la causa pasara al fuero Penal Económico, fue nuevamente procesado y enviado a juicio, un proceso que demoró otros tres años. 

En 2011, fue absuelto pero el fiscal Marcelo Agüero Vera y la AFIP apelaron y llevaron el caso a la Casación. En 2013, la Casación condenó a Menem y ordenó al tribunal oral que fije su pena de prisión: recibió más de 7 años pero nunca fue preso.

El expresidente presentó un nuevo recurso ante la Casación y este tribunal se demoró cuatro años en concederle el recurso. Lo aceptó en 2017 y como consecuencia de sus propias acciones, en 2018, dos décadas después de iniciada la causa, la Casación absolvió a Menem y al resto de los acusados por violación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable.

Menem también murió sin haber sido sometido a juicio oral y público por la explosión intencional de la Fábrica Militar de Río Tercero, Córdoba, vinculada a la supuesta operación para destruir pruebas del contrabando de armas a Croacia y Ecuador.

La Rural: 2,9 años y sigue

Menem fue condenado en marzo de 2019 a una pena de tres años y nueve meses de prisión por un delito de peculado por la venta a precio vil del predio de La Rural durante su mandato. El Tribunal Oral Federal número 2 también condenó al exministro de Economía, Domingo Cavallo, por lo que el expediente continúa tramitando en la Corte a pesar de la muerte de Menem.

Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y José Michelini determinaron que la venta del inmueble ocasionó pérdidas al Estado por cerca de US$100 millones. La causa se había iniciado 18 años antes, en 2001.

En diciembre de 2019, los jueces de la Sala III de la Cámara Federal de Casación revocó por mayoría las condenas y sobreseyó a  Menem y a Cavallo. Fue por decisión de los jueces Liliana Catucci y Eduardo Riggi. Juan Carlos Gemignani planteó la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y votó en disidencia con sus colegas.

Tras la apelación del Ministerio Público Fiscal, el caso llegó a la Corte en julio de 2020. Menem murió siete meses más tarde sin que el máximo tribunal llegara a tratar el caso para revisar si debía ser condenado. El expediente continúa circulando por la Corte. El último movimiento registrado es del 20 de noviembre último. Aún no hay fallo para dejar firme la absolución de Cavallo.

Sobresueldos: siete años y sigue

El expresidente y Cavallo fueron condenados a cuatro años y tres años y medio de prisión, respectivamente, en diciembre de 2015 por el delito de peculado, al igual que el ex ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo. Fueron acusados de “sustraer ilícitamente y de manera sistemática caudales públicos a través de un sistema clandestino de pago instrumentado desde la cúpula gubernamental”. La causa había sido iniciada en 2004.

Tres años más tarde, en octubre de 2018, la Sala I de la Cámara Federal de Casación, integrada por los jueces Ana María Figueroa, Ángela Ledesma y Eduardo Riggi, confirmó las condenas de Menem y Cavallo pero absolvió a Granillo Ocampo.

En diciembre de 2018, el caso llegó a la Corte. Desde entonces, el expediente circula por la Corte. Estuvo un año en la Procuración General de la Nación a la espera del dictamen del jefe de los fiscales, Eduardo Casal, quien ya remitió su posición sobre si las condenadas y la absolución deben ser ratificadas o revocadas.

El último movimiento del expediente en la Corte es de mayo de 2022.

Encubrimiento AMIA: casi 3 años y sigue

Menem fue juzgado en el juicio por el encubrimiento al atentado a la AMIA. El febrero de 2019, el Tribunal Oral Federal número 2 dictó penas de hasta seis años de prisión para algunos de los acusados pero el expresidente y otros cuatro imputados fueron absueltos. 

El riojano estaba acusado de haber intentado desviar la llamada “pista siria” y tanto la fiscalía como las querellas de DAIA y AMIA habían pedido su condena, al igual que el Ministerio de Justicia y las querellas de Memoria Activa y la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA.

La causa aún está en la Cámara Federal de Casación, que celebró las últimas audiencias en noviembre último para escuchar a los acusadores, que recurrieron la absolución de Menem y otros acusados. Los jueces deberán dar su fallo pero Menem ya no será sometido a la Justicia.

ED

En la primera cuadra de la calle Tarapacá –una bulliciosa zona comercial ubicada en la ciudad boliviana de La Paz, a más de 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar– un puñado de tiendas ofrecen collares, anillos, aretes y otras joyas de oro. Sobre las paredes de algunos locales que las rodean se observan, además, pizarras o letreros de cartulina en los que se ofrece la venta de mercurio a menos de un dólar el gramo. Cualquier persona puede llegar hasta aquí y comprar sin ningún requisito ni medida de protección la cantidad de mercurio –o azogue, como también lo llaman– que necesite.

—Debo tener cuidado cuando peso, sino es difícil regresarlo a la botella—, advierte una vendedora, al mismo tiempo que coloca unos gramos de mercurio dentro de una bolsa transparente. La descarga del metal la realiza sin ningún implemento de seguridad y desde un diminuto envase blanco que lleva en su diseño letras negras con el título de ‘Mercurio El Español’. El frasco tiene impresa la silueta de un torero que agita su capa roja frente a un toro con los cuernos afilados.

La compra e importación de mercurio está prohibida en varios países –entre ellos Perú, vecino de Bolivia– por su elevada toxicidad y su destructivo impacto en la salud y los ecosistemas, pero en Bolivia este metal se vende libremente. 

Este reportaje de la Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico –que analizó los datos globales de cinco años de exportaciones, accedió y revisó decenas de partidas de empresas importadoras, visitó sus direcciones, y recorrió cinco ciudades entre el altiplano y la Amazonía– expone cómo solo entre 2017 y 2021, tras la regulación del mercurio en Perú, la importación de mercurio a Bolivia casi se duplicó desde México con la participación de empresarios peruanos que registraron sus compañías en La Paz. 

La investigación periodística –que también tuvo acceso a expedientes fiscales– revela la ruta del contrabando y el mecanismo que permite que una parte importante del mercurio que llega a Bolivia formalmente desde un grupo de empresas de México, es enviado por contrabando hacia la Amazonía. Las propias autoridades bolivianas estiman que el 27% del mercurio importado se destina a la minería ilegal.

 A cinco años de la vigencia del Convenio de Minamata –el tratado internacional que entró en vigencia en 2017 y que busca frenar los usos del mercurio– el comercio global de este insumo tóxico continúa sin control entre los países exportadores, ingresa a Bolivia para luego ser enviado ilegalmente a Perú. El tráfico usa las mismas rutas que tienen otros insumos ilegales del contrabando.

La ruta México - Bolivia 

En los alrededores de la capital de Bolivia, en el corazón de La Paz –como ocurre con la calle Tarapacá– la venta de cada frasco que contiene un kilo de mercurio cuesta entre 1.600 a 1.800 bolivianos, lo que equivale a entre USD 231 y USD 260. Pero las personas pueden comprar menores cantidades: dos bolivianos por cada gramo. 

En todo Bolivia la comercialización de este elemento se realiza sin mayores restricciones. Los comerciantes entrevistados señalaron que sus principales clientes son mineros bolivianos y peruanos. La Paz se encuentra a solo cinco horas en auto de la ciudad peruana de Puno.

Con la vigencia del Convenio de Minamata en 2017, en Perú el ingreso de mercurio se prohibió y solo se autorizó para algunos casos muy excepcionales en los que se garantice que el metal pesado se gestionará con seguridad. Mientras, en Bolivia las importaciones de este metal tóxico comenzaron a aumentar.

Entre 2014 y 2022, según los registros de comercio global analizados en esta investigación, Bolivia importó más de 1.100 toneladas del insumo valorizado en más de USD 41’000.000. Más de la mitad de esta cantidad (55,5%) fue enviada desde México y el 44,5% restante desde Rusia, India, Vietnam, Tayikistán y otros países.

Del total de importaciones realizadas por Bolivia desde el 2014, el 70% corresponde precisamente a los años posteriores a la vigencia del Convenio de Minamata. Varias de las empresas que importaron mercurio en este tiempo están relacionadas a ciudadanos peruanos sedes fiscales se encuentran principalmente en La Paz, Cochabamba, El Alto y Santa Cruz. 

Bolivia es desde el 2015 el principal destino del mercurio exportado por empresarios mexicanos. El insumo es enviado en pequeños envases que llevan el nombre El Español, o en frascos más grandes de 30 kilos, que tienen una forma parecida a los balones de oxígeno medicinal.

Las propias autoridades de este país estiman que el 27% de todo el mercurio importado se destina a la minería ilegal.

Peruanos en Bolivia

Entre los principales importadores de mercurio en Bolivia, se identificó a un grupo de empresarios peruanos que a título personal o a través de empresas constituidas en este país importaron este producto entre 2014 y 2018. Desde ese año en adelante, la autoridad aduanera de este país decidió restringir la información, aunque los volúmenes de mercurio continuaron ingresando.

Se trata de las firmas Mercurio y Químicos S.R.L. (Merquim), Alvior Bolivia S.R.L. y Sociedad Química Potosí. También figuran como importadores, los ciudadanos peruanos Juan Orihuela Mamani y Elisa Huamán Chávez.

La primera de las cinco importadoras es Merquim S.R.L., con sede en La Paz, dedicada a la venta de sustancias químicas de uso industrial, y constituida por el ciudadano peruano Juan Sabino Tapia Huanca. La oficina declarada por la empresa se encuentra en el centro de la capital boliviana. 

Entre 2015 y 2018, según información de la aduana boliviana, esta empresa importó de México e India más de 34 toneladas de mercurio valorizados en poco más de USD 1’000.000. En sus redes sociales, Tapia Huanca publica una serie de fotografías con los envases de mercurio El Español y lingoteras, usadas como molde para fundir oro y otros metales.

Entre los peruanos con más importaciones de mercurio también aparece Juan Orihuela Mamani, quien como persona natural ingresó —entre 2016 y 2018— más de 60 toneladas del insumo provenientes de México. En Bolivia, Orihuela Mamani se encuentra registrado como una empresa unipersonal dedicada a las “importaciones de insumos mineros”, con domicilio en la zona de Ferropetrol, en la ciudad de El Alto. 

A menos de cinco minutos en auto del terminal terrestre y a unas cuadras de la primera estación del teleférico que conecta El Alto y La Paz, OjoPúblico recorrió toda la calle N° 6 pero no encontró la dirección reportada por el importador. Las personas entrevistadas en la zona tampoco reconocieron el nombre de Orihuela Mamani o sabían sobre alguna empresa importadora de mercurio. 

Este medio detectó que el mismo correo electrónico declarado por Orihuela Mamani en Bolivia, también se encuentra reportado como contacto en el registro especial de comercializadores de oro del Ministerio de Energía y Minas del Perú. Además, el empresario aparece inscrito como un minero en proceso de formalización, aunque en estado suspendido. Esta situación, en Perú, le impide realizar actividades hasta cumplir los requisitos solicitados por el sector.  

En Perú, Orihuela Mamani se desempeñó como gerente en las empresas J y JP Constructores S.R.L, Planta Concentradora Sagitario S.R.L. y Reyrex International E.I.R.L, todas dadas de baja entre 2014 y 2016. Cuando estaban vigentes, las firmas se dedicaban al rubro de explotación de minerales así como venta de metales. 

Otra de las empresas importadoras es Alvior Bolivia S.R.L., con domicilio en La Paz, que tiene entre sus fundadores a la pareja peruana Luis Orlando Torres Vega y Olga Violeta Rojas de Torres; y a su hijo Aldo Orlando Torres Rojas. Importó desde México, entre 2014 y 2015, más de diez toneladas de mercurio.

Elisa Huamán Chávez es otra representante peruana e importadora de mercurio a Bolivia. De acuerdo a los registros de la aduana boliviana, importó en 2016 más de una tonelada del insumo, proveniente de México. En Perú, Huamán Chávez figura como gerenta general de las empresas G & S Omni E.I. R.L. y Dimeprom e Inversiones S.A.C., ambas con actividades suspendidas a la fecha.

En 2012, antes de que Huamán Chávez realice sus actividades económicas en Bolivia, Dimeprom estuvo implicada en una incautación de mercurio a proveedores que, según la hipótesis fiscal, tenía como destino a la minería ilegal en Puno.

Dentro del grupo de peruanos con operaciones en Bolivia aparece también la firma Sociedad Química Potosí S.R.L., constituida por los ciudadanos peruanos Leopoldo Santiago Rosas Cervantes, Víctor Teobaldo Toribio Tamara, Pastor Pachacútec Apaza y Percy Aguilar Chila; junto al boliviano Pavel Gorki Valencia Barrenechea. En 2015, esta firma importó desde México 345 kilos de mercurio.

Leopoldo Rosas Cervantes, uno de los fundadores de la empresa, fue detenido a inicios del 2016 por integrar la presunta organización criminal La grifa, que según las indagaciones fiscales desviaba insumos químicos a zonas cocaleras en el Valle del Río Apurímac, Ene y Marañón (Vraem) y el Huallaga, a través de las compañías Aqua Mamacocha, Verpe y Adhemax. El 2018, el Poder Judicial peruano lo absolvió del caso.  

OjoPúblico visitó el domicilio declarado por la empresa en los registros bolivianos, pero al llegar señalaron que no funcionaba ninguna empresa que respondiera al nombre de Sociedad Química Potosí. En el lugar, rodeado de vendedores ambulantes así como negocios mayoristas de ropa, juguetes y otros productos, solo funcionaba una agencia de viajes instalada en un edificio comercial del centro de La Paz.

De La Paz a Desaguadero

En la frontera entre Bolivia y Perú hay puestos de control oficiales, pero al mismo tiempo un extenso territorio con nula fiscalización. El punto de cruce más conocido es Desaguadero, pero hay personas que prefieren atravesar la frontera cruzando el río que lleva el mismo nombre y que nace en el lago Titicaca. En el lugar también se ubica un puente fronterizo cuyo tránsito no cuenta con algún impedimento, por parte de los efectivos policiales de ambos países.

Las pequeñas embarcaciones fluviales que recorren el río Desaguadero tampoco tienen algún tipo de revisión a los productos que transportan. Los fiscales ambientales entrevistados en Perú señalan que a través de esta ruta algunas personas trasladan ilegalmente mercurio en mochilas o camuflados en equipajes. 

Atravesar esta frontera no demora más de 15 minutos. Los cargamentos de los comerciantes se descargan en la orilla y luego son colocados en camiones con dirección a las ciudades de Puno y Juliaca (en el altiplano peruano) o en la región amazónica de Madre de Dios, el epicentro de la minería ilegal peruana.

El año pasado, el ministerio de Minería y Metalurgia de Bolivia alertó que el 26,9% (unas 52 toneladas) de todo el mercurio que se importa a este país tiene como destino la minería ilegal y el contrabando hacia Perú. Pero esta cifra es bastante conservadora respecto a los cálculos realizados en años anteriores para el caso peruano, que tasaron hasta en 15 veces más el azogue que ingresa de forma ilegal por la frontera. 

En Perú, las autoridades no tienen estimados sobre el ingreso ilegal de este metal pesado, pero en un reporte preparado por el Consejo de Oro Artesanal de Canadá en 2018 –en el que también participó el Ministerio del Ambiente– calcula que entre 410 a 795 toneladas de mercurio no formal ingresan cada año a Perú desde Bolivia.

La minería ilegal e informal en Bolivia es un asunto complejo. “Esta actividad se encuentra realizada en su mayoría por cooperativas que reciben ”condiciones sociales favorables, incluso sin haber terminado los trámites de constitución mientras desarrollan su actividad“, sostiene Oscar Campanini Gonzales, director del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), una de las organizaciones que más ha investigado los impactos de la contaminación por mercurio en este país. 

“Eres legal porque la ley te lo permite pero [en la práctica] no lo eres porque no has cumplido con todos los requisitos. La ilegalidad en Bolivia es una figura bien rara”, dice. 

Puno y Juliaca

A poca distancia de la plaza de armas de Juliaca, en las primeras cuadras de la calle San Martín, la venta de joyas se encuentra resguardada por la atenta mirada de los vendedores que comentan sobre el aumento de robos a sus negocios. 

Para proteger su mercadería han optado por colocar productos de cobre en sus mostradores en lugar de metales originales. Esta ciudad del sur del Perú, ubicada a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, también se caracteriza por ser destino y tránsito de productos de contrabando, como el mercurio.

Algunas tiendas de esta vía comercial de Juliaca, además, ofrecen la compra de oro para mineros que pueden llegar de zonas de extracción como la ciudad de La Rinconada, capital del distrito puneño de Ananea, ubicada a más de 5.000 metros de altura y una de las principales sedes históricas de la minería ilegal.

—Si me das tu contacto en media hora te puedo conseguir alguien que te venda mercurio. Pero está prohibido, así que esta persona te dirá dónde encontrarse—, responde una persona que dice llamarse Raúl, casi susurrando, y agrega que el frasco de un kilo de El Español tiene un precio de S/920.00 (USD 235.00).

En Juliaca, el insumo solo se vende por envase con previa coordinación y no al peso ni de manera libre como en Bolivia.

En Suche, ubicado en el distrito peruano de Cojata, también frontera con Bolivia, el ambiente se caracteriza por el intenso frío, con temperaturas que en la madrugada descienden a menos un grado centígrado. En este punto, cada jueves o viernes —entre las cuatro y siete de la mañana— se instala una feria llamada La Perla, donde camiones que llegan de Perú y Bolivia ofrecen en carpas sencillas diferentes productos, entre ellos insumos para la minería.

Las transacciones comerciales en la feria se realizan con la vigilancia de una pequeña camioneta de la policía boliviana que permanece inmóvil y cuyos efectivos prefieren permanecer dentro del auto oficial. Los vendedores aseguran que en algunos de los puestos se vende mercurio.

Una parte importante del mercurio que no se vende en Puno continúa su ruta hacia La Pampa, en la región amazónica Madre de Dios, donde —además de la extracción ilícita de oro— los registros sobre la destrucción de los bosques no se han detenido.

Destino Madre de Dios

La carretera Interoceánica acortó los tiempos que unen a la frontera de Bolivia con la Amazonía peruana y brasileña. El mercurio es trasladado a través de camiones de carga o transporte privado. En julio de este año, Madre de Dios registró una producción de 98.000 gramos de oro fino, según el boletín estadístico del Ministerio de Energía y Minas. 

Además, las cifras oficiales del sector minero indican que, entre enero y julio de este año, el oro extraído en esta región se redujo en 16,7% respecto al año pasado. Sin embargo, al no haber una obligación en el reporte de la información, Madre de Dios es la única región de la Amazonía que declara datos de su actividad extractiva, que en varios puntos se desarrolla de forma ilegal sobre los ríos.

En la capital de la región, Puerto Maldonado, OjoPúblico comprobó que también hay lugares donde el mercurio continúa siendo vendido ilegalmente.

En los jirones Puno e Ica, a unos 15 minutos a pie desde la plaza central y a menos de tres cuadras del mercado principal de la ciudad, se ubican algunos locales de venta y compra de oro que —por su reducido tamaño y al no contar con letreros visibles— se confunden entre restaurantes, casas de cambio y ferreterías que también funcionan en estas calles. Los responsables de los sitios consultados mencionaron que habían puntos para acceder a frascos de mercurio, pero que solo era para mineros que ya tenían a sus proveedores en la zona.

Los comerciantes de oro entrevistados en Puerto Maldonado señalaron que el mercurio también se continúa vendiendo en La Pampa, un territorio dominado por la minería ilegal que no ha podido ser controlado a pesar de las múltiples intervenciones militares.

¿Qué hace el Estado?

Este año los gobiernos regionales en Perú culminan su mandato y ni ellos ni los gobiernos de Perú y Bolivia tienen medidas concretas para enfrentar el contrabando de mercurio usado en la extracción ilegal de oro. 

Martín Arana Cardó, ingeniero forestal y parte del equipo que inició la implementación del Convenio de Minamata desde el Ministerio del Ambiente en Perú considera que “si se quiere controlar el mercurio, tiene que haber una adecuada trazabilidad de la producción de oro”. 

Sin embargo, hasta ahora ni el Minem ni la Sunat han podido definir con claridad una propuesta. El análisis de Arana recuerda que recién desde fines de este año será obligatorio que los mineros en proceso de formalización reporten su producción aurífera de forma semestral, aunque esta medida todavía no cuenta con otra que evite la comercialización de oro de origen ilegal.

Es tan grande la minería ilegal en Perú que una evaluación de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) del 2021 la calificó como el segundo delito vinculado a los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) reportadas entre 2012 y 2020, solo superado por los delitos contra la administración pública.

El incremento de estas operaciones alrededor de la minería ilegal guarda una relación con el aumento en el precio de la onza de oro.

Las operaciones vinculadas a esta presunta actividad ilícita involucraron a países como India, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Hong Kong y Suiza. En el periodo analizado, la SBS detectó por lo menos a 3.907 personas en los 1.950 reportes sospechosos con posible delito proveniente de la minería ilegal. 

Desde 2012, el Ministerio de Producción preside un grupo de trabajo binacional para reducir el ingreso de mercadería ilícita en las fronteras de Perú y Bolivia. Tres años después de su conformación, este grupo instaló una mesa para adoptar medidas contra el contrabando de oro.

OjoPúblico accedió a todas las actas de las reuniones realizadas y desde 2018 no hay una mención sobre un compromiso para el control en el uso del mercurio. Las actividades para enfrentar el contrabando de este insumo también han chocado con los límites de las fiscalías ambientales y las aduanas.

Los entrevistados en el despacho fiscal de Puno dijeron a OjoPúblico que uno de los problemas no solo es la falta de presupuesto para el desarrollo de las investigaciones sino también los procedimientos para el almacenamiento y destrucción del insumo tóxico intervenido. “No tenemos dónde guardar el mercurio que decomisamos y sabemos que es peligroso también para nosotros”, indicó el personal entrevistado. 

Para César Ascorra Guanira, director nacional del Centro de Innovación Científica Amazónica (Cincia), el control del mercurio en Perú presenta una falta en el desarrollo tecnológico para el proceso de almacenamiento del insumo. 

“A veces las botellas de mercurio decomisadas están en la misma oficina del fiscal. No tenemos la capacidad para almacenamiento que debería ser en frío y bajo agua para poder asegurar que no haya evaporación a temperatura ambiente”, comenta.

Las cifras oficiales en Perú muestran que, entre 2015 y 2022, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) realizó en Puno tres decomisos de mercurio equivalentes a una tonelada de este insumo, mientras que en la región Madre de Dios se decomisó cerca de cinco toneladas en 47 intervenciones realizadas en los últimos siete años. Ambas regiones representaron cerca del 50% del total incautado desde 2015.

Como parte del cumplimiento del Convenio de Minamata, la Sunat se encuentra a cargo de la autorización final, previa aprobación del Ministerio del Ambiente, de importadores y exportadores de mercurio. Desde la vigencia del tratado, el organismo ha otorgado consentimiento a tres compañías para que importen el insumo: Quimpac S.A., Minera Cambio S.A. y Triveño Mining Company del Perú S.A.C. 

Este año, Triveño Mining Company solicitó al sector ambiental un nuevo consentimiento para ingresar 12 toneladas de mercurio desde México pero el pedido fue denegado. 

Como informó OjoPúblico en un reportaje anterior, entre 2018 y 2021, esta empresa importó tres toneladas de azogue. En 2016, el presidente y director ejecutivo del Grupo Triveño, que integra a esta empresa, Adolfo Triveño Torres tuvo una sentencia en primera instancia por tráfico de mercurio destinado a la minería ilegal.

La implementación del Convenio de Minamata, a cinco años de su vigencia en más de 120 países, ha representado un reto para los gobiernos de Perú y Bolivia. Si bien hay mayores avances para el caso peruano, todavía no se cuenta con un plan de acción nacional para la minería de oro artesanal y de pequeña escala. 

Para el caso boliviano, las conclusiones del primer informe del observatorio andino de mercurio a cargo de la Comunidad Andina (CAN) indican que la coyuntura política no ha permitido que se aprueben medidas para reforzar el control y fiscalización del mercurio y “se congeló sus posibles avances”.

El reporte también recomienda que se genere una herramienta para integrar la información de los países miembros de la CAN con el objetivo de “identificar el movimiento del mercurio” y poder “cruzar información con datos oficiales complementarios”. Pero mientras las intenciones políticas persisten, el paso del mercurio continúa extendiéndose sobre los ríos y bosques de la Amazonía peruana. 

Esta investigación es parte de Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico

Ante el faltante de gasoil en diversas provincias, sobre todo las del norte del país, el Gobierno decidió aumentar las importaciones y controlar con la Gendarmería el contrabando de camiones cisterna en las fronteras, en especial con Bolivia. YPF, que en mayo contrató dos barcos del exterior, con 45 mil metros cúbicos cada uno, elevará las compras a tres en junio y a cuatro en julio, al tiempo que las competidoras privadas adquirirán otro más el presente mes, según fuentes de la Secretaría de Energía, que dirige Darío Martínez. Por la guerra de Ucrania, el combustible cuesta el doble en el exterior que en el mercado local, con lo que las importaciones se hacen a mayores pérdidas que las habituales.

Además, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, reforzará el control en las provincias fronterizas. Sucede que allí el consumo de gasoil crece al 40%, el doble que el 20% que aumenta a nivel nacional, por la reactivación de la economía y la buena cosecha de maíz y soja. La demanda nacional de gasoil tocó máximos niveles históricos, según el Gobierno. En el Gobierno aclaran que la mayor vigilancia de Gendarmería se trata de una medida preventiva. También hay automovilistas de ciudades vecinas al país que cruzan el límite para conseguir gasoil más barato que en sus pagos.

El secretario de Energía negoció también con las petroleras para que refuercen la provisión de petróleo a la refinadora Refinor (50% de YPF, 25% de Pluspetrol y 25% de Pampa Energía) en Salta, de modo de mejorar el abastecimiento en el noroeste, la zona con más faltantes. Además, la estatal Enarsa abastecerá a Refinor del gas necesario para que su planta trabaje al mayor volumen posible. Las principales refinerías argentinas, de YPF, Axion, Shell y Puma, trabajan a pleno, de acuerdo con las fuentes oficiales.

AR

Con las disputas en Juntos por el Cambio por las candidaturas 2023 y un mayor protagonismo en la escena política, el expresidente Mauricio Macri adosó un buen pronóstico judicial en los últimos días. Su único procesamiento vigente quedó cerca de la nulidad y en las principales causas en las que está formalmente imputado o investigado no se han tomado decisiones trascendentales, por ahora, según las consultas realizadas por elDiarioAR a fuentes judiciales con acceso directo a los expedientes.

El presunto espionaje a un grupo de familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan; el expediente penal por el acuerdo de su Gobierno con la empresa de su familia, Correo Argentino SA; el supuesto contrabando de municiones a Bolivia en el marco del derrocamiento del expresidente Evo Morales; y la querella criminal por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de 2018 son las principales causas en las que Macri está formalmente imputado o investigado. También tiene una causa por supuestamente haber presionado al empresario Cristóbal López.

En todos los casos, Macri ha negado las acusaciones. Las cinco causas se encuentran actualmente en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, Retiro, y se suman a una lista de expedientes que rozan al exmandatario por las acusaciones a algunos de los funcionarios de su mayor confianza y que en algunos casos están relacionados con beneficios y negocios del Grupo Macri.

Antecedentes

Macri estuvo procesado como jefe de Gobierno porteño por las supuestas escuchas ilegales pero fue finalmente sobreseído en diciembre de 2015. El juicio oral y público que debía llevarse adelante contra el resto de los procesados nunca comenzó. El principal era su padre, Franco, fallecido en marzo de 2019. 

En 2001, mucho antes de ingresar en la política pero ya como presidente de Boca Juniors, Macri había afrontado un procesamiento por el presunto contrabando durante su gestión en la empresa Sevel. Al igual que su padre, fue acusado de evadir unos 14 millones de pesos de aquel momento (equivalentes a 14 millones de dólares) por supuestamente cobrar reintegros por exportaciones e importaciones simuladas de autopartes de la empresa automotriz de su familia durante 1993. El caso no llegó a juicio. Ante los planteos de las defensas, la Corte Suprema presidida por Julio Nazareno absolvió a padre e hijo.

Su tercer procesamiento llegó en diciembre de 2021 y es el único por un caso relacionado con su gestión como presidente de la Nación. Macri fue procesado por supuestamente haber ordenado que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que dirigían Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, siguiera, se infiltrara y espiara a un grupo de familiares de los tripulantes del Ara San Juan, que se organizaban para reclamar al expresidente por la desaparición del submarino y su tripulación. En esta causa, también quedaron procesados los entonces jefes de la AFI, quienes declararon que la vigilancia a los familiares de los marinos buscó preservar la seguridad presidencial. Sobre ambos exfuncionarios pesan otros procesamientos por otros casos de supuesto espionaje ilegal. 

El viernes último, el fiscal general José Agüero Iturbe dictaminó que el procesamiento de Macri en el caso de supuesto espionaje debe ser anulado, informó la agencia oficial Télam. En su escrito, presentado ante la Cámara Federal porteña, tribunal de apelaciones, el fiscal dio la razón a los planteos de los abogados de Macri, encabezados por Pablo Lanusse, y determinó que el juez federal de Dolores, Martín Bava, cometió “una vulneración del principio de congruencia que afecta insoslayablemente el ejercicio de derecho de defensa en juicio” al procesarlo por hechos por los que supuestamente no lo había indagado. Bava fue quien procesó a Macri, le prohibió salir del país y lo embargó por una cifra en pesos equivalente a US$1 millón.

El fiscal Agüero Iturbe sostuvo que el actual juez de la causa, Julián Ercolini, debería citar nuevamente a indagatoria al expresidente y luego evaluar si debe o no procesarlo. El expediente comenzó en el juzgado federal de Dolores, pero en febrero último fue enviado a Comodoro Py a pedido de las defensas, que sostienen que debía ser investigado en la Ciudad de Buenos Aires, sede de la AFI y de la Casa Rosada. 

Si bien los jueces de la Cámara Federal porteña no están obligados a cumplir lo dictaminado por el fiscal, la evaluación de Agüero Iturbe dejó a Macri muy cerca de su objetivo inmediato en este caso: que los jueces de la Cámara Federal porteña declaren la nulidad de su procesamiento.

Los camaristas Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi se enteraron del dictamen por los medios y al cierre de esta nota no habían analizado la posición del fiscal, confirmaron dos fuentes del tribunal a elDiarioAR. Tampoco han leído el expediente porque el trámite es reciente, pero será el próximo paso de los jueces antes de que se analicen sus votos y traten los planteos en un acuerdo para decidir si anulan el único procesamiento de Macri.

FMI y municiones

Al igual que el caso de supuesto espionaje a familiares del Ara San Juan, que se nutre de documentos e información aportada por la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, otros dos expedientes contra el expresidente fueron motorizados por el gobierno de Alberto Fernández: la querella criminal por el acuerdo con el FMI y el presunto contrabando de municiones a Bolivia.

La causa por el acuerdo con el FMI comenzó en 2019 por una denuncia de dirigentes de la izquierda, pero en marzo de 2021 fue reimpulsada por el Ejecutivo, que presentó una querella criminal a través de la Oficina Anticorrupción (OA) que sostenía que los fondos enviados por el FMI se terminaron fugando del país a través del pago a bonistas.

El fiscal Franco Picardi imputó por los presuntos delitos de administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública a Macri y a cuatro de sus exfuncionarios: los exministros Nicolás Dujovne (Hacienda) y Luis Caputo (Finanzas) y los extitulares del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Adolfo Sturzenegger y Guido Sandleris. 

De avanzar la acusación, los imputados también podrían ser alcanzados por una demanda civil y el eventual pedido de reparación económica al Estado, cuyos trámites ya inició el procurador del Tesoro, Carlos Zannini.

El fiscal solicitó en 2021 que se realice un peritaje multidisciplinario para intentar determinar si la firma del acuerdo configura la comisión de delitos penales o si se trató de “una mala política económica” que no puede ser penalizada, explicó una fuente del expediente. La jueza a cargo es Eugenia Capuchetti. A pesar del impulso oficial, los investigadores aún esperan información y documentos clave del Banco Central para avanzar con la causa, agregó la fuente consultada. Buscan determinar quiénes son los portadores de bonos que se favorecieron.

En julio de 2021, una denuncia del gobierno de Fernández abrió un nuevo frente judicial para Macri, esta vez, por el supuesto desvío de una parte de 70 mil cartuchos antidisturbios que tenían como destino oficial la embajada argentina en Bolivia y que habrían terminado en manos de las fuerzas bolivianas en noviembre de 2019, en el marco del golpe de Estado contra Evo Morales y las manifestaciones en ese país. 

Además de Macri, el fiscal Claudio Navas imputó a los exministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Oscar Aguad (Defensa); al exembajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García; y a ex autoridades y miembros de Gendarmería Nacional. 

Por el momento, la fiscalía continúa con la tanda de testimoniales de los gendarmes que integraron el primer grupo que viajó en el avión de la Fuerza Aérea a Bolivia durante el traslado de las municiones y que se instaló en la sede de la embajada, confirmó una fuente directa del expediente. Además, un juez de Bolivia requirió información sobre el caso argentino.

Correo y Cristóbal 

El caso Correo se divide en distintos fueros: la causa por la presunta quiebra fraudulenta de Correo Argentino SA se encuentra aún en los tribunales comerciales (desde 2001); existe un segundo expediente en el fuero contencioso administrativo federal (un fallo reciente de primera instancia no favoreció a Macri); y el expediente penal, en los tribunales de Comodoro Py, a cargo del juez Ariel Lijo.

Desde febrero de 2017, Macri encabeza la lista de imputados por el fiscal Juan Pedro Zoni (desplazado más tarde de la fiscalía federal por el procurador interino Eduardo Casal), quien solicitó entonces que se lo investigara por los supuestos delitos de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública por el preacuerdo entre el Ejecutivo y la empresa Correo Argentino SA, propiedad de los Macri. 

En junio de 2016, el ministerio de Comunicaciones aceptó la condonación del 98,87% de la deuda de Correo con el Estado, originada por el no pago del canon del servicio postal privatizado (entre 1997 y 2003). En marzo de 2019, fueron indagados Oscar Aguad, entonces ministro de Comunicaciones; su subalterno, Juan Manuel Mocoroa; y dos representantes de Correo Argentino SA que firmaron el acuerdo con el Ejecutivo. El juez Lijo aún no definió sus situaciones procesales. Entre sus últimas medidas, solicitó vía exhorto información sobre la compra de créditos de la quiebra por parte del denunciado Meinl Bank, entre otros, informó una fuente judicial con acceso al expediente.

La jueza María Servini tiene a su cargo un expediente penal originado por el empresario Fabián De Sousa, exsocio de Cristóbal López, contra Macri y exfuncionarios de su gobierno. Los dueños del grupo Indalo acusaron al expresidente de haberlos “presionado” en 2016 para que los medios de comunicación del grupo participaran en una supuesta “campaña” contra Cristina Fernández de Kirchner, y ante la negativa de los empresarios se habrían originado denuncias de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y otros organismos públicos en su contra por un supuesto fraude impositivo pergeñado por la petrolera del grupo, Oil Combustibles. 

En este expediente, el exfuncionario Fabián “Pepín” Rodríguez Simón tiene un pedido de captura y se lo considera prófugo de la Justicia. La jueza ordenó analizar las llamadas entrantes y salientes y la geolocalización del teléfono celular del expresidente durante un lapso de dos años.

ED

Con su poder de fuego amortiguado por la pandemia y los movimientos de fichas internas y externas, los tribunales de Comodoro Py se adentran en la campaña hacia las legislativas de noviembre con menos causas de impacto político que elecciones anteriores. Esta vez y por ahora, la campaña grande no se afila en los pasillos de Retiro y al menos dos de los principales frentes se tramitan ya en otros terrenos: el fuero Penal Económico y los tribunales de San Isidro. 

Con el clima electoral ya instalado, Comodoro Py había retomado el protagonismo con el presidente Alberto Fernández en el centro de la escena, pero el caso por el cumpleaños de la Primera Dama en Olivos durante la prohibición de reuniones sociales por la crisis sanitaria migró de jurisdicción diez días antes de las PASO. El expediente quedó radicado en los tribunales federales de San Isidro, donde aún no está claro quién será el juez a cargo de la causa. En esta misma jurisdicción, también quedó radicada, por el momento, la denuncia contra Elisa Carrió y otros miembros de la oposición por la fiesta por su natalicio en diciembre de 2020.

Aún con San Isidro y Penal Económico compartiendo la escena, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, varios de sus exministros y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aguardan algunas decisiones de los jueces de Comodoro Py, de acuerdo con el sondeo de elDiarioAR.

Estos son algunos de los casos, por el momento. “La campaña acaba de empezar”, dijo este domingo el Presidente. Es una clásica frase de la política tras las primarias que se escucha también en los despachos judiciales. 

Algunas de las últimas elecciones trajeron consigo nuevos problemas legales: las denuncias por irregularidades y presuntos delitos en la recaudación y rendición de los aportes de campaña, como las que expusieron maniobras de las legislativas de Cambiemos en 2017 o de la presidencial de Cristina Fernández de Kirchner-Julio Cobos en 2007.

Los frentes políticos deben rendir de manera virtual y en tiempo casi real sus gastos ante la Cámara Nacional Electoral. Los informes vienen atrasados, pero ya demuestran mayor austeridad en los fondos destinados a la política, confió una fuente del fuero electoral.

Entre 2015 y 2019, los principales partidos declararon destinar entre el 23% y el 30% de sus gastos de campaña a las redes sociales. Este año, las autoridades prevén que destinen alrededor del 60%. Por la pandemia, la falta de contratos y licitaciones públicas y la escasez de aportes del sector privado, se espera una campaña más austera. Los próximos meses dirán si, además, será una campaña menos penalizada.

Olivos y Bolivia

Entre julio y agosto, la política promovió dos causas judiciales contra contrincantes electorales. La primera fue una iniciativa del Gobierno. A principios de julio, el Ejecutivo denunció a Macri y exmiembros de su gobierno por el supuesto contrabando de municiones a Bolivia, durante el derrocamiento de Evo Morales. 

El expediente tramita en los tribunales de la calle Inmigrantes, sede de los juzgados y fiscalías en lo Penal Económico (el fuero que el Presidente quiere fusionar con los federales en su reforma judicial estancada en el Congreso). Se trata de la causa por presunto contrabando agravado de municiones a Bolivia durante el derrocamiento de Evo Morales. 

La causa, en la que también están imputados los exministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Oscar Aguad (Defensa), entre otros exfuncionarios de Cambiemos, tiene ribetes internacionales y acumula supuestas pruebas documentales aportadas por el Gobierno.

Antes de que terminara julio, Abril Fernández Soto y Marcos Longoni, dos miembros de Republicanos Unidos (de Ricardo López Murphy) -uno de los espacios de la oposición que busca ganar bancas en el Congreso- denunciaron al Presidente por los ingresos y egresos a Olivos y la Casa Rosada durante las restricciones de circulación y reunión de 2020, en base a información pública obtenida por ambos dirigentes. Tras la denuncia, se filtró la foto del cumpleaños de Fabiola Yáñez de 2020 y desató la crisis por el Olivos-Gate.

La causa contra el Presidente y la Primera Dama corrió rápidamente de la agenda de los medios al caso de presunto contrabando contra Macri. Incluso pasó casi desapercibido, al filo de los actos de cierre de campaña, que la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico determinó finalmente quién será el juez a cargo del caso: Alejandro Catania, según confirmó una fuente directa del expediente. 

De esta manera, la causa cambia de juzgado. Javier López Biscayart ya no estará a cargo del expediente, pero la investigación seguirá en manos del mismo fiscal: Claudio Navas Rial. La resolución de competencia destraba ahora el camino para que avance el expediente.

En el caso Olivos, el Presidente está formalmente imputado, al igual que su pareja y otros nueve comensales de la cena del 14 de julio de 2020. Fenrández solicitó ser sobreseído por “inexistencia de delito”, ya que entiende que su participación en el cumpleaños de su pareja durante las restricciones del ASPO no causó daño ni propagó el Covid-19, hasta donde pudo probarse. Como segundo planteo ante la Justicia, Fernández propuso una conciliación para acordar con el fiscal una salida que evite una condena penal. La oferta de Fernández fue donar la mitad de su sueldo durante cuatro meses al Instituto Malbrán. El Presidente debió asumir que había incumplido las normas impuestas por su propio decreto.

Aunque se trata de un delito menor -con penas de seis a dos años de prisión y excarcelable-, la especulación en los tribunales era que el daño para Fernández sería electoral y no penal, y que sumaría puntos a un voto castigo contra el Frente de Todos, un panorama que se confirmaba este domingo por la noche. 

El fiscal Ramiro González avanzó con diversas medidas de prueba hasta que a principios de septiembre, el juez Sebastián Casanello declaró la incompetencia territorial para investigar un hecho ocurrido en la provincia de Buenos Aires (Olivos). El expediente contra el Presidente quedó a cargo del juez Lino Mirabelli, titular del juzgado federal número 2 de San Isidro, quien estaba de turno esa fecha, junto al fiscal Fernando Domínguez. 

Sin embargo, su colega Sandra Arroyo Salgado, exesposa del fiscal Alberto Nisman y titular del juzgado federal número 1 de San Isidro, tiene una denuncia sobre hechos similares que podría convertirla en la jueza del caso. Si la causa pasa al juzgado de Arroyo, el fiscal será Federico Iuspa.

Tanto ambos jueces como los dos fiscales han intervenido en numerosos expedientes contra acusados de incumplir las restricciones que fijó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Fernández. En la mayoría de los casos, los cuatro han optado por una resolución que limitó la criminalidad de los actos (como conciliaciones, probation y reparaciones económicas), según las consultas realizadas por elDiarioAR en el fuero de San Isidro. 

Conexiones

San Isidro no sólo se quedó con el principal capítulo del Olivos-Gate. Además de la investigación por el cumpleaños de Yañez, Casanello también envió a su par Mirabelli la totalidad del expediente, que incluye las denuncias originales sobre todos los ingresos y egresos supuestamente irregulares a la quinta presidencial y a la Casa Rosada durante 2020.

El próximo paso deberá darlo el juez Mirabelli, quien tiene el expediente en su despacho desde el martes último, informó a este medio una fuente del caso. El magistrado podría asumirse como el juez de la causa o remitirlo a Arroyo Salgado. La magistrada también podría rechazarla o incluso reclamar la causa y trabar un conflicto de competencia con su colega. Eso podría seguir extendiendo todavía más la resolución del hecho. Luego, el juez del caso deberá analizar el pedido de sobreseimiento del Presidente.

La exesposa del fiscal Nisman y madre de sus dos hijas no sería la opción más amigable para el Gobierno. Arroyo Salgado sostiene que el extitular de la unidad fiscal AMIA fue asesinado tras presentar su denuncia contra la ahora vicepresidenta Fernández de Kirchner por el supuesto encubrimiento del atentado a la mutual judía a través del memorándum de entendimiento con Irán. El caso llegó a la etapa previa del juicio oral y público pero la líder del kirchnerismo busca que sea anulado antes de comenzar. La decisión está pendiente en el Tribunal Oral Federal número 8 y sería dada a conocer en poco tiempo.

La campaña acaba de empezar.

Alberto Fernández.

Memorándum

Este 2021, la principal apuesta de la vicepresidenta en Comodoro Py es que los jueces que deben juzgarla por el Memorándum con Irán declaren la nulidad de la causa por supuestas irregularidades en el proceso y la sobresean de manera anticipada. Entonces, el juicio oral y público no se llevaría adelante. El fiscal del juicio, Marcelo Colombo, se opuso al planteó en las últimas semanas y opinó que el debate debe realizarse, más allá de que finalmente las defensas tengan o no razones para sostener la inexistencia de delito en la firma del acuerdo con Irán en 2013. 

La vicepresidenta ya tuvo un fallo a favor en una situación similar, aunque con un caso diferente. Fernández de Kirchner y el resto de los procesados por la causa Dólar Futuro nunca afrontaron el juicio oral y público. Fueron sobreseídos este año por inexistencia de delito de manera anticipada por la Sala I de la Cámara Federal de Casación. La misma sala que deberá eventualmente revisar la decisión del Tribunal Oral Federal número 8 sobre la nulidad del juicio del Memorándum.

Dólar Futuro no es un capítulo cerrado. El fiscal Raúl Pleé apeló los sobreseimientos dictados en Casación ante la Corte Suprema, que tiene pendiente analizar el caso.  

La Corte no tiene plazos para fallar. “Hace sólo tres meses que ingresó el planteo del fiscal Pleé”, respondió una fuente del máximo tribunal para dejar en claro que no hay apuro entre los cortesanos por revisar el sobreseimiento de Fernández de Kirchner.

La vicepresidenta acumula recursos en la Corte mientras continúa el desarrollo del único juicio oral y público en su contra que logró ver la luz: el caso Vialidad (o presunta corrupción en la obra pública de Santa Cruz).

En 2019, la Corte dejó pendientes el análisis de nueve planteos de la vicepresidenta en el caso Vialidad. La defensa de Fernández de Kirchner había presentado una serie de recursos de queja ante el máximo tribunal que podrían lograr la suspensión o nulidad del único juicio que se está desarrollando contra la funcionaria por presunta corrupción en la obra pública de Santa Cruz.  

Los reclamos de Fernández de Kirchner incluyen desde planteos por “cosa juzgada” y la competencia de la Justicia de Santa Cruz en el caso -que está siendo juzgado en los tribunales porteños- hasta el pedido de que la pericia se amplíe a los 51 obras (se limitó a sólo 5).

Aquel año, la Corte se había aprestado a tratar los recursos justo antes del inicio del juicio. El 14 de mayo de 2019, el máximo tribunal pidió acceso al expediente y la decisión hizo saltar las alarmas de un sector de los medios de comunicación y la oposición. El juicio oral y público tenía fecha de inicio para el 21 de mayo y la medida parecía poner en riesgo el inicio de las audiencias. Tras el aluvión de críticas, la Corte dio marcha atrás y postergó el tratamiento de los recursos, que siguen pendientes. El 18 de mayo, Fernández de Kirchner anunció que sería candidata a la vicepresidencia y que Alberto Fernández encabezaría la fórmula.   

Tras la victoria del Frente de Todos en 2019, ninguno de los otros juicios pendientes de Fernández de Kirchner llegó al debate oral y público.

Otros ritmos

El expresidente Macri tiene varios frentes, algunos en Comodoro Py, enfocados en su patrimonio y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de 2018, pero, por el momento, Macri no ha sido citado a indagatoria ni se han ordenado medidas invasivas sobre sus bienes o su domicilio, como allanamientos.

El exmandatario también arrastra expedientes de escasa antigüedad en los tribunales de Retiro sobre los que sí se esperan definiciones, como la causa penal por el caso Correo Argentino SA -además de la quiebra de la compañía en el fuero comercial- y la investigación que lleva adelante la jueza María Servini sobre el supuesto “desapoderamiento” del grupo empresarial de Cristóbal López y Fabián De Sousa, entre otros. 

Paseo del Bajo es el caso central en los tribunales federales contra el jefe de Gobierno porteño y principal figura de la campaña de los candidatos de Juntos por el Cambio en la Ciudad y la  provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal y Diego Santilli.

El expediente contra Rodríguez Larreta y el exministro de Transporte de Macri, Guillermo Dietrich, lleva casi tres años de disputas entre magistrados. Más de la mitad de ese periodo estuvo cerrada. Se investigaba el supuesto direccionamiento de un tramo de la obra del Paseo del Bajo a favor de Iecsa, que entonces era propiedad del primo del expresidente, Angelo Calcaterra.

A finales de 2019, el juez Claudio Bonadio sobreseyó a todos los acusados sin indagarlos. Los fiscales Alejandra Mangano y Sergio Rodríguez apelaron pero la Cámara Federal porteña confirmó el fallo a favor de Larreta y el resto de los denunciados. Desde julio, los jueces Alejandro Slokar, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucchi, de la Sala II de Casación, tienen pendiente analizar el caso y resolver si los sobreseimientos fueron prematuros, como plantearon ya tres fiscales de distintas instancias.

ED

El expresidente Mauricio Macri apeló este martes la decisión del juez federal Javier López Biscayart, quien había rechazado el lunes un pedido de los abogados del exmandatario para suspender la investigación interna del Ministerio de Seguridad de la Nación sobre el presunto contrabando de municiones a Bolivia, según informó a elDiarioAR una fuente directa del expediente.

En la cartera a cargo de Sabrina Frederic, Gendarmería Nacional instruye un sumario administrativo para determinar las circunstancias en las que supuestamente se desviaron parte de los 70 mil cartuchos antidisturbios que tenían como destino oficial la embajada argentina en Bolivia y habrían terminado en manos de las fuerzas bolivianas en noviembre de 2019, en el marco del golpe de Estado contra Evo Morales y las manifestaciones en ese país. 

El sumario administrativo o investigación interna es central en el avance de la causa judicial contra Macri; sus exministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Oscar Aguad (Defensa); el exembajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García; y exautoridades y miembros de Gendarmería Nacional imputados en el caso. A través de este sumario, el Ejecutivo nutre al expediente de pruebas oficiales sobre el supuesto contrabando, que la Justicia debe luego corroborar. 

Macri y sus abogados, con Pablo Lanusse a la cabeza, vienen planteando ante el juzgado que se frene con una orden judicial el avance de este sumario administrativo porque afectaría el derecho de defensa del expresidente. Macri y sus exfuncionarios sostienen que la causa es parte de una supuesta persecución política del gobierno de Alberto Fernández en su contra, según declaraciones públicas. elDiarioAR se comunicó con el defensor de Macri pero hasta el momento no obtuvo respuesta.

El juez rechazó este lunes el pedido de paralizar el expediente interno y respondió que el Poder Judicial no puede interferir en las competencias administrativas del Ejecutivo. Macri apeló esa denegatoria y el magistrado López Biscayart deberá decidir si habilita a la defensa a acudir ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico para que sus superiores revisen su decisión contra Macri.

Seguridad presentó este lunes una primera parte del sumario administrativo -que avanza con velocidad- con las declaraciones de un grupo de gendarmes que participaron en el operativo de traslado del arsenal, confirmó una fuente judicial. También aportaron supuestas pruebas sobre la trazabilidad del armamento investigado.

En la investigación interna aún restan medidas, informó una fuente del caso a elDiarioAR, entre ellas, las declaraciones de cuatro de las exautoridades de Gendarmería pasados a disponibilidad que habrían tenido conocimiento del traslado del armamento y municiones del que se habrían contrabandeado una parte.

También deben declarar los miembros de la tripulación del Hércules c-130 que realizó el vuelo a Bolivia con el cargamento y agentes del Grupo Alacranes, una fuerza especial dentro de Gendarmería, que viajaban en el avión que realizó el traslado, como informó ayer este medio. 

Según Seguridad, en 2019, el gobierno de Macri envió armamento y municiones de Gendarmería para proteger la sede de la embajada argentina y realizar pruebas de entrenamiento de la fuerza en ese país. En el cargamento, se incluyeron 70 mil cartuchos antidisturbios que serían parte de una adquisición realizada por el ministerio de Bullrich en 2018 para los operativos de seguridad del G-20, que tuvo lugar en Buenos Aires el 30 de noviembre y 1° de diciembre de 2018. 

Sin embargo, parte de esas municiones habrían terminado en manos de la Policía Boliviana, mientras se desarrollaban operativos de represión en el marco del derrocamiento de Evo Morales.

Parte de ese material fue hallado en bolsos rotulados como ‘guantes’, dando cuenta del obrar doloso y malintencionado para ocultar su verdadero contenido.

Denuncia del Gobierno.

Entre las pruebas que incorporó a la causa el sumario interno hay fotografías y documentación sobre el material hallado en los depósitos de la Policía Boliviana, que se corresponde con el material presuntamente contrabandeado, según informó el ministerio de Seguridad. Lo que quedó en los depósitos son “26.900 cartuchos de perdigón de goma; 28 gases aerosol; 19 gases aerosol; 55 granadas gas CN; 53 granadas gas H; 19 granadas gas CS y 2 granadas tipo Béisbol”. Todo fue fabricado por Fabricaciones Militares en Argentina y comercializado a Gendarmería en 2018, informó la cartera de Sabrina Frederic.

“Esto significa que las municiones recibidas por la Policía Boliviana no pudieron tener otro origen que no sea el envío por parte de la Gendarmería, a través del desvío de una parte de las 70.000 balas de gomas que Gendarmería sacó del país el 12 de noviembre de 2019 con el argumento de defender la embajada en el Estado Plurinacional de Bolivia”, agregó la cartera de Seguridad. 

“Parte de ese material fue hallado en bolsos rotulados como ‘guantes’, dando cuenta del obrar doloso y malintencionado para ocultar su verdadero contenido”, sostiene un comunicado oficial de Seguridad sobre las pruebas presentadas este lunes en la Justicia.

El origen de la causa

El 12 de julio, el Gobierno de Alberto Fernández denunció a Macri, a los exministros Bullrich (Seguridad) y Aguad (Defensa); al exembajador argentino en Bolivia; y a exautoridades y miembros de Gendarmería Nacional por el supuesto contrabando de municiones que habrían sido destinadas ilegalmente a las fuerzas que apoyaban el golpe a Morales.

Fue luego de que el actual gobierno boliviano hiciera las primeras acusaciones, tras el hallazgo de una carta que reveló el envío presuntamente ilegal. 

ED

El juez federal Javier López Biscayart rechazó este lunes un pedido del expresidente Mauricio Macri para frenar la investigación interna del Ministerio de Seguridad de la Nación sobre el presunto contrabando de municiones a Bolivia, según informó a elDiarioAR una fuente con acceso directo al expediente.

En la cartera a cargo de Sabrina Frederic, Gendarmería Nacional instruye un sumario administrativo para determinar las circunstancias en las que supuestamente se desviaron 70 mil cartuchos antidisturbios que tenían como destino oficial la embajada argentina en La Paz y habrían terminado en manos de las fuerzas bolivianas en noviembre de 2019, en el marco del golpe contra Evo Morales y las manifestaciones en ese país.

Esa investigación interna es clave en la causa, ya que nutre al expediente de pruebas oficiales que la Justicia deberá luego corroborar. Una primera parte se incorporó este mismo lunes, según confirmó una fuente judicial.

De hecho, este lunes el fiscal Claudio Navas Rial amplió la acusación en la causa en base a información aportada por el Ejecutivo, que avanza rápidamente en la investigación interna. El fiscal imputó a otro excomandante de Gendarmería señalado como el encargado de coordinar con la policía boliviana el envío de los elementos bélicos en noviembre de 2019. Los nuevos elementos aportados por el Gobierno “permiten robustecer la hipótesis del caso originalmente trazada”, sostuvo el magistrado en su dictamen.

Macri había solicitado la suspensión de la investigación de Seguridad porque entiende que no garantiza su derecho de defensa. El juez rechazó el pedido de los abogados de Macri, encabezados por Pablo Lanusse, argumentando que el Poder Judicial no puede interferir en las competencias administrativas del Ejecutivo.

Seguridad presentó este lunes una primera parte del sumario administrativo con las declaraciones de un grupo de gendarmes que participaron en el operativo de traslado del arsenal, confirmó una fuente judicial.

En la investigación interna aún restan medidas y declaraciones, informó una fuente del caso a elDiarioAR, entre ellas, las declaraciones de cuatro de las exautoridades de Gendarmería pasados a disponibilidad que habrían tenido conocimiento del traslado del armamento y municiones del que se habría contrabandeado una parte (79 mil cartuchos antidisturbios)

También deben declarar los miembros de la tripulación del Hércules que realizó el vuelo a Bolivia con el cargamento y agentes del Grupo Alacranes, una fuerza especial dentro de Gendarmería, que viajaban en el avión que realizó el traslado.

El 12 de julio, el Gobierno de Alberto Fernández denunció a Macri, a los exministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Oscar Aguad (Defensa); al exembajador argentino en Bolivia; y a exautoridades y miembros de Gendarmería Nacional por el supuesto contrabando de municiones que habrían sido destinadas ilegalmente a las fuerzas que apoyaban el golpe a Morales.

Fue luego de que el actual gobierno boliviano hiciera las primeras acusaciones, tras el hallazgo de una carta que reveló el envío presuntamente ilegal.

Este lunes, Frederic; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria ampliaron la denuncia original, aportando información sobre el origen de las municiones.

Según Seguridad, esos 70 mil cartuchos serían parte de una adquisición realizada por el ministerio de Bullrich en 2018, cuando adquirió más de 558 mil cartuchos antidisturbios a Fabricaciones Militares para los operativos de seguridad del G-20,que tuvo lugar en Buenos Aires el 30 de noviembre y 1° de diciembre de 2018.

El secuestro de granos crece de la mano de los intentos repetidos de sacarlos de manera ilegal por los diferentes pasos fronterizos y fluviales. Entre las provincias que más aumentos se registraron, Salta lidera el ranking de decomisos, pero la suba es sostenida en varias provincias. El domingo pasado, solo en Salvador Mazza, detuvieron tres camiones que llegaban desde Buenos Aires con 87 toneladas de soja. Y en la misma localidad salteña, dos fines de semanas atrás ya habían parado a otros seis vehículos con sus semirremolques con 136 toneladas de soja y 62 de maíz. En lo que va del año, la cifra asciende a 357 toneladas de granos en esa provincia. Como referencia, en el 2020 se secuestraron, en todo el país, 3.500 toneladas. En paralelo a estos operativos que aumentan, en Comodoro Py, en Córdoba, Santa Fe y Misiones, entre juzgados federales y del fuero penal económico, se investigan denuncias por contrabando, subfacturación y delitos aduaneros contra las principales empresas agroexportadoras. 

“Los procedimientos crecieron casi un 144% entre 2019 y 2020. Pasamos de 57 operativos a 139 el año pasado. Y el decomiso de granos subió también un 55%. Es un tema que nos ocupa y sobre el cual estamos trabajando mucho. En agosto y septiembre de 2020 aumentaron en varios lugares, sobre todo en Salta, en la zona de la ruta nacional 34 y en Corrientes”, explica a elDiarioAR la ministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic. Respecto de las detenciones y las modalidades de transporte en la zona de la frontera explica que “que en muchos lugares, los que mismos llevan granos de contrabando, luego son los que trasladan droga por esos corredores”. Además agregó que “estamos viendo si hay un correlato entre la incautación de divisas que realizamos y esos movimientos de granos”.

El aumento de contrabando está empujado por la diferencia de precios que los granos tienen en la Argentina, respecto de otros países de la región. A esto, en el caso de la soja, hay que sumarle un tercio del descuento por retenciones. Y la posibilidad de -en el caso de los que contrabandean- de quedarse dólares en la mano y beneficiarse con el desdoblamiento cambiario, vendiéndolo en el mercado no oficial. En Brasil o Paraguay la tonelada de soja se puede vender a 500 dólares y aquí a 340. 

Las históricas rutas de contrabando de granos eran desde Misiones hacia Paraguay o Brasil. Pero ahora se percibe un crecimiento de lo que sale por la frontera hacia Bolivia. Salta registra los valores más altos, con el 41% de los procedimientos. Luego Corrientes, con el 23% , Misiones 18%, Córdoba el 9% y Jujuy algo más del 3%. El otro 30% se reparten en el resto de las provincias.

Las históricas rutas de contrabando de granos eran desde Misiones hacia Paraguay o Brasil. Pero ahora se percibe un crecimiento de lo que sale por la frontera hacia Bolivia.

Corrientes también se adelantó y desplazó a Misiones al tercer lugar. En la primera de las dos provincias, hace un par de semanas se secuestraron 170 toneladas de soja, en la segunda, hace una semana, en la localidad de El Soberbio, la Prefectura confiscó 11 toneladas de granos de soja que iban a ser subidas a barcazas para sacarlas desde un puerto natural no habilitado. En Formosa, también hace unos días se detuvo a un camión con 30 toneladas de soja que tenía papeles falsos. Los casos se repiten y las modalidades son parecidas.

“Los camioneros llegan sin cartas de porte (una documentación sobre la mercancía y datos del traslado) o con cartas de porte fraguadas o robadas. Estamos a la cabeza de las cifras pero porque decidimos abordarlo desde hace un tiempo. Acá trabajamos juntos Aduana, Afip y Gendarmería. Estamos atentos a los camiones que se acercan a la frontera. Pero no nos quedamos con las detenciones de los camioneros. Estamos tratando de ver qué organizaciones están detrás, que no tienen otra finalidad que la evasión”, explica a elDiarioAR el fiscal general de Salta Eduardo Villalba. 

Las hipótesis de los investigadores presumen que quienes intentan pasar los granos en camiones hacen base en lugares alejados de las ciudades pero a no más de 20 kilómetros de las fronteras. Que las cargas llegan de origen y quedan unos días en un lugar sin vigilancia y cercano. Y cuando ven la ruta despejada intentan pasar por los distintos pasos desde una distancia breve.    

El investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, Esteban Rodríguez Alzueta, también plantea una relación entre el contrabando de granos y el de drogas, como sugirió Frederic. “El tráfico de drogas y el tráfico ilegal de granos, organizados por importantes empresas que operan también en los mercados legales, no son mundos compartimentados, sino yuxtapuestos. No hay narcotráfico sin tráfico ilegal de granos, sin evasión impositiva, sin fuga de divisas, sin campo argentino”, sostiene en una charla con este diario. “Esa informalidad que se precisa la provocó el tráfico de granos durante décadas. Ellos blaquean una parte de la cosecha y la otra es en negro. Si sale es porque los controles son muy livianos, no sólo fronterizo y de red fluvial sino también las agencias fiscales sobre la contabilidad de las empresas”, agrega. “Es un fenómeno que no comenzó con el macrismo. Tiene muchos más años. Son rutinas inertes que se van reproduciendo y no se las detiene. El capital, para valorizarse, tiene una enormidad de mecanismos ilegales”, concluye. 

El tráfico de drogas y el tráfico ilegal de granos, organizados por importantes empresas que operan también en los mercados legales, no son mundos compartimentados, sino yuxtapuestos. No hay narcotráfico sin tráfico ilegal de granos, sin evasión impositiva

Esteban Rodríguez Alzueta — Investigador de la Universidad Nacional de Quilmes

Todos los consultados analizan el crecimiento de esas modalidades delictivas y de los operativos de las fuerzas federales. Entienden que allí hay un problema y que solo se controla con investigaciones y trabajos específicos. Es una modalidad que crece y se debe atender para que no siga aumentando. Pero también algunos señalan que esos volúmenes son menores respecto del gran negocio que genera la exportación de soja, que tiene una cosecha de 50 millones de toneladas. Por un lado está la prevención del delito y por otro el impacto económico de esas evasiones. Con esa preocupación, los mecanismos de evasión de las grandes agroexportadoras, los que sí mueven el amperímetro tributario, también aparecen bajo la mira de la Justicia.       

La Unidad de Información Financiera (UIF), como parte de la investigación de delitos complejos relacionados con la evasión y contrabando, le apuntó a las cerealeras que operan en el “Corredor litoral”, sus puertos y rutas terrestres. Es una zona que desde hace décadas se utiliza para operaciones de narcotráfico, trata, tráfico de armas hacia la Triple Frontera y, también, el contrabando de granos. Por esas razones pidió ser querellante en una causa donde se investiga el tráfico de cereales y oleaginosas, principalmente soja, en El Soberbio, Paraje El Progreso, Colonia Alicia, Colonia Aurora, Santa Rita, todas localidades misioneras que limitan con Brasil. 

La UIF también se presentó como querellante en dos causas contra los grupos Bunge Argentina y Vicentin. Al primero se le investiga por delitos aduaneros en base a declaraciones juradas de exportación falseadas y por contrabando. La causa se instruye por “probable existencia de conductas de fraude contra la administración pública, la posible comisión del delito de evasión agravada y el potencial lavado de activos”. Según surge de información de la UIF, Bunge habría obtenido una ventaja patrimonial reduciendo el pago de retenciones, y habría declarado exportaciones por más de 7 millones de toneladas de granos antes de la suba del canon, pudiendo haberse ahorrado casi 100 millones de dólares en impuestos. La jueza María Eugenia Capuchetti primero le había denegado a la UIF la posibilidad de ser querellante y luego se declaró incompetente. Ahora el caso le cayó al juez Penal Económico Marcelo Aguinsky, que deberá resolver ese tema. Los imputados por esos delitos son los directivos de Bunge, Adrián Chueco, Ramón Fernández Asenjo, Guillermo Marcotegui, y el ex ministro Agroindustria de Macri, Luis Etchevehere.

En la acción contra Vicentin, el juez Julián Ercolini mandó al juzgado federal de Reconquista, Santa Fe, la parte de la investigación por el contrabando de granos hacia Paraguay, por evasión y por el vaciamiento de la empresa. Lo que se intenta determinar allí es una presunta maniobra por parte Vicentin Paraguay S.A. Saber si Vicentin se benefició irregularmente de exenciones impositivas a la exportación de soja a través de esa filial en el exterior. 

“Algunos sectores voraces vienen desarrollando e impulsado históricamente distintas prácticas para manipular las ventas de productos y la oportuna liquidación de divisas. Prácticas que, a través artimañas como sobrefacturaciones, subfacturaciones o el contrabando presionan sobre el ingreso de divisas”, explica el titular de la UIF, Carlos Cruz.  

Esta semana comenzará en el Tribunal Oral Federal Nº2 de Córdoba una causa contra una veintena de empresarios cerealeros por hacer un armado de empresas falsas para blanquear ventas de cereal que se hicieron en negro y evadir el pago de los impuestos. La comercialización se hizo en Río Tercero, San Agustín, Despeñaderos, todas de esa provincia, y en la Capital Federal también. Las operaciones las hacían, entre otras empresas, F.G. Cereales SA y Cercal SRL. Para esto utilizaban personas o empresas con identidades ficticias, en general insolventes, y ocultaban a los verdaderos dueños, que estaban obligados a los pagos de impuestos. El volumen de comercialización era de tal magnitud que, según los documentos secuestrados, durante 2012 los destinatarios de sus ventas fueron grandes jugadores del sector como Vicentin SAIC, Bunge y Cargill.